Leire Iglesias (Hondarribia, 1978), es la directora general de Sepes, la entidad pública empresarial de suelo, que va camino de transformarse en la empresa pública de vivienda que el Gobierno prometió a finales del año pasado. Este organismo, que antes únicamente gestionaba suelo, tiene ahora el mandato de impulsar la vivienda pública asequible, ya que España se encuentra a la cola de Europa en esta materia, con tan solo un 3,4% del parque con estas características.

“Las primeras viviendas procedentes de la Sareb entrarán a Sepes este año y seguramente a principios del año que viene podamos empezar a ofertarlas directamente a la ciudadanía”, explica Iglesias en su despacho de Madrid. “Hemos añadido dos patas a Sepes. La primera es que vamos a edificar vivienda, tanto directamente como con colaboración público-privada; la segunda es que también vamos a ser caseros”, resume.

Esta misma semana se ha confirmado que la empresa estatal recibirá 40.000 casas y 2.400 suelos para construir otras 55.000 viviendas procedentes de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como el banco malo). “La transferencia de activos no se hará de golpe, pero las primeras viviendas entrarán este año a formar parte de Sepes”, señala Iglesias, quien insiste en que estas llevarán aparejada la protección de su carácter público a perpetuidad. “No vamos a ceder ninguna parcela propiedad de Sepes, o en la que hayamos invertido para su desarrollo, que no podamos proteger permanentemente”, concluye.

La puesta en marcha del proyecto comenzará por colocar vivienda en las zonas con mayores problemas de precios: “Alrededor de 13.000 de estas casas están en zonas tensionadas y será prioritario incorporarlas al mercado. Además, priorizaremos las zonas afectadas por la dana en Valencia”.

Las competencias de vivienda en España son de las comunidades autónomas y eso ha generado fricciones entre el Ministerio de Vivienda (del que depende Sepes) y algunas regiones, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular. “Para las que quieran llegar a acuerdos sobre la gestión, hemos establecido un modelo y priorizaremos la cooperación con empresas públicas de vivienda, ya sean autonómicas o municipales. En el caso de que no haya esa estructura o no exista esa voluntad, buscaremos la colaboración del tercer sector [por ejemplo, asociaciones de vivienda sin ánimo de lucro]”, señala la directiva.

En el caso de la vivienda que no sea para alquiler, sino para venta, el blindaje de su estatus público será una línea roja. “Esto es una condición sine qua non para nosotros, lo tenemos clarísimo”, enfatiza. “Si los 2,7 millones de viviendas que se han financiado con dinero público desde la democracia siguieran teniendo un precio limitado, se habrían evitado dinámicas alcistas en los precios” y por eso, explica, “no vamos a repetir el modelo de descalificar y liberalizar vivienda”.

Iglesias señala que hay maneras de desarrollar este modelo, aun cuando las comunidades no lo suscriban. “Hay dos formas de hacerlo: vender solo en los sitios que acepten que la vivienda hay que protegerla permanentemente […] o imponiendo cláusulas a las operaciones de venta. Es decir, no venderemos suelo sobre el que no podamos garantizar su protección permanente”.

“Según vayan estando habitables —porque no todas las casas de la Sareb están para entrar a vivir— iremos colocando vivienda. Seguramente será a partir de 2026 cuando empiecen a entregarse”. El proceso de selección tendrá una primera fase en la que se publicará la oferta con las características de cada inmueble y un precio establecido según la renta de cada zona, de manera que el alquiler no supere el 30% de los ingresos del futuro inquilino. A continuación, se llevará a cabo la presentación de documentos y se realizará un sorteo entre quienes cumplan con los requisitos exigidos. “Habrá un máximo y un mínimo de renta para optar a ellas, porque estamos hablando de viviendas en alquiler asequible y no de viviendas sociales. No a haber una concurrencia competitiva en función de las circunstancias sociales de las familias, porque para eso hay otros recursos específicos”, concluye.

Sobre la gestión del alquiler, Iglesias apunta que, en general, se hará con la mediación de asociaciones de vivienda y organismos regionales y autonómicos. “No vamos a abrir distintas sucursales porque no se trata de hacer un despliegue administrativo, sino de aprovechar estructuras que ya existen”, apunta. “Los ciudadanos no van a venir aquí a por la llave de la vivienda, sino que va a haber siempre un mediador. Entre otras cosas, porque multiplicar nuestra presencia en el territorio tendría un coste que después repercute también en el precio de los alquileres”.

Sepes aún no ha culminado su reconversión. “Estamos transformándonos y andando la vez. Esto es tan urgente que mientras que estamos haciendo los planes estratégicos de transformación de la empresa, las ofertas públicas de empleo, la incorporación de créditos y todo lo demás, estamos ya asumiendo esa función de gestionar viviendas y haciendo reservas de suelo”.

Para construir, Iglesias insiste en que el modelo se basará en la colaboración público-privada. “Las licitaciones que hagamos para colaboración público-privada establecerán unos precios máximos de arrendamiento y lo que haremos para que al promotor privado le sea rentable la operación y pueda invertir —porque no nos va a regalar su dinero—, será incorporar financiación además del suelo para que los precios puedan ser asequibles”, explica. Aunque matiza que los márgenes de rentabilidad deben estar controlados.

“Sareb fundamentalmente lo que gestiona es deuda y en ese sentido todavía tiene que completar su actividad. Tal y como estaba previsto entiendo que en 2027 se procederá a la liquidación”, explica la directora general. Esta entidad es conocida como el "banco malo" porque absorbió los activos inmobiliarios tóxicos de la crisis de vivienda. Entre estos había miles de casas y suelos, de los cuales una parte significativa (valorada en 5.900 millones) irá pasando a formar parte de Sepes a través de una donación. Sin embargo, de momento, esta entidad bancaria no desaparecerá.

“Hemos acordado que, por ejemplo, las estructuras de edificios sin terminar que no están en condiciones de habitabilidad, sería bueno que Sareb todavía los pudiera ir transformando en viviendas”, concluye.

Más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos de Sareb con capacidad para albergar otras 55.000 viviendas, activos que en su conjunto tienen un valor de mercado de 5.900 millones de euros, pasarán a formar parte de Sepes, germen de la nueva gran empresa estatal de vivienda que ha puesto en marcha el Gobierno, según informa EFE.

Una vez analizada la cartera de activos del llamado 'banco malo' y, según ha acordado este martes el Consejo de Ministros, estas viviendas y suelos pasarán a ser parte del parque público de vivienda asequible para siempre sin un coste adicional, ya que se hará mediante una donación, primero a patrimonio del Estado y luego a la empresa publica de vivienda. Además, este perímetro podrá ampliarse por razones justificadas.

Asimismo, se ha habilitado a la empresa pública para poder usar otros 593 millones para adecuar estas viviendas, desarrollar los suelos, completar otras adquisiciones o adecuar el resto de inmuebles que se van a ir incorporando.

Según ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se trata de "recuperar esas casas que nunca debimos perder" y pasar de "salvar a los bancos a salvar a las familias" con un parque público de alquiler asequible, cuyo pago no requiera más del 30 % de los ingresos de las familias.

Ya en enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se iban a transferir 30.000 viviendas de Sareb a la nueva empresa pública -13.000 de ellas de forma inmediata- y que en 2026 se añadirían otras 10.000.

Mientras se hacen nuevas viviendas se busca así movilizar de forma urgente suelos e inmuebles y ponerlos en alquiler asequible en un contexto marcado por la escasez de producto para atender a una demanda creciente, que está tensionando los precios y agravando los problemas de acceso, especialmente de los jóvenes y aquellos con menos recursos.

El Gobierno busca gestionar directamente este parque, que ahora gestionan las empresas privadas que trabajan con Sareb, y llegar a acuerdos con compañías autonómicas y municipales, priorizando también a empresas del tercer sector, compañías sin ánimo de lucro o de lucro limitado.

Para determinar el perímetro de activos de Sareb -creada en 2012 tras la crisis financiera y el 'pinchazo' de la burbuja inmobiliaria- que pasará a Sepes se han tenido en cuenta distintos criterios geográficos, económicos, técnicos y urbanísticos.

En el caso de las viviendas, aquellas que están situadas en municipios de áreas metropolitanas e islas, en municipios con más de 5.000 habitantes o en los que la población está creciendo más del 5 % en los últimos diez años. Se incluyen viviendas de hasta 85 m2 útiles, independientemente del valor de tasación, y aquellas de hasta 150 m2 cuyo valor de tasación no supere en un 40 % el que resulta de multiplicar la extensión del inmueble por el precio medio que arroja la estadística de Ministerio.

Los edificios y viviendas no podrán presentar patologías estructurales, estarán acordes con la legislación urbanística y tendrán condiciones de habitabilidad adecuadas. Para aquellas con un contrato de alquiler social en vigor, serán adscritas todas las viviendas.

En el caso de los suelos, el criterio geográfico se extiende a aquellos ubicados en municipios de más de 5.000 habitantes. Se incluyen los suelos viables, estableciéndose un alquiler para una vivienda tipo de 70 m2; con una superficie superior a 150 m²; un uso residencial -plurifamiliar o colectiva-; que puedan albergar promociones de 30 o más viviendas y que estén inscritos en el Registro de la Propiedad y en la Dirección General del Catastro.

Sareb tiene ya perfilado su nuevo plan estratégico para los próximos dos años, su horizonte vital, tras aprobarse el perímetro de activos que pasan a Sepes y confía en llegar a un acuerdo en breve con sus 'sérvicers' o sus proveedores inmobiliarios de gestión en este nuevo escenario para su negocio.

“Estoy en una situación límite. La incertidumbre mata, cuando uno tiene certeza, para bien o para mal, se puede buscar una solución. Pero en la incertidumbre de no saber dónde vas a estar mañana, no se puede vivir”, confiesa J., que prefiere no revelar su identidad, a infoLibre. En 2017 formalizó un contrato de alquiler con una promotora en la calle El Yesero, del barrio madrileño de Vallecas, donde vivía a gusto hasta que en 2020 le comunicaron “por carta” que “la gestión de esos pisos pasaba a otra empresa”, a la que comenzó "a pagarle”. Intentó ponerse en contacto con la entidad “por email y en un teléfono”, pero el silencio fue la respuesta. Más tarde, “alguien del juzgado vino a mi casa a decirme que esos pisos eran propiedad de la Sareb –Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el llamado banco malo– y que en algún momento se haría un proceso de lanzamiento”, relata.

Durante ese proceso siguió abonando la renta “hasta que la cuenta donde enviaba la transferencia me empezó a devolverlas y nadie me atendía”, se queja. Finalmente le llegó la fecha del desahucio: el pasado 10 de abril. “El día antes saqué algunas cosas y las dejé en casas de familiares”, admite, pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas actuó y el lanzamiento “se suspendió 60 días”. El día 10 tuvo que “ir a Correos a recoger una carta” y cuando regresó se encontró “con una persona de la Sareb, dos cerrajeros y un trabajador de seguridad cambiando la cerradura” de su todavía vivienda. De acuerdo a su narración, les explicó que era su casa y les mostró las llaves. “Me dijeron que pensaban que allí no había nadie, pero ya la puerta la habían roto porque no habían podido cambiar una cerradura muy buena que yo había puesto tras quedarme una vez encerrado". Lamenta que tuvo que pasar “desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde en las escaleras sin comer ni nada, esperando, hasta que volvieron a poner una cerradura y darme las llaves nuevas”. “Nadie nos ha explicado nada y estamos siendo víctimas de una seria de cosas sin tener información. Estamos en un limbo”, lamenta el afectado.

José, jubilado y “con una discapacidad de un 59% por la vista”, llevaba nueve años en El Yesero cuando recibió “una notificación del juzgado de que el 10 de abril había un lanzamiento”. “Y, como mucha gente con miedo, te buscas algo por ahí”, desliza. En su caso acabó “dos o tres días antes” de la supuesta salida forzosa, “en un pueblo de Toledo”. Pese a que su desahucio se retrasó igualmente, “cambiaron la cerradura y pusieron una puerta antiokupa”, aunque asegura que ni ha "entregado llaves" ni ha "firmado ningún documento". Reclama "un alquiler social, dada su situación".

Son dos ejemplos de vecinos de ese barrio de Vallecas por los que el movimiento Plan Sareb, integrado por colectivos como Stopdesahucios, la PAH o el Sindicato de Inquilinas de Madrid, irrumpió el jueves 4 de julio en la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –dueño de algo más del 50% de la sociedad de gestión– para exigir la paralización de acciones como esa y de una oleada de desahucios en viviendas ligadas a la Sareb. Fuentes del Plan Sareb cifran en “27” los desalojos que “se iban a intentar ejecutar en unas tres semanas” en distintos puntos del país. Además, denuncian que se “ha cometido allanamiento”.

"Se han ejecutado 20 desahucios en Els Pallaresos, (Tarragona), otro en Villalba (Madrid) y tres en la carretera de Villaverde a Vallecas, y otro por la zona”. Y había previstos más en Els Pallaresos el día 8 julio, junto a los del El Yesero, el 10 de julio. “Sólo nuestra presión ha evitado que se ejecutaran otros 12 desahucios entre el 26 de junio y el 10 de julio: seis en Alcobendas y seis en Casarrubuelos”, señalan, para añadir que denunciarán “penalmente” los intentos de “realizar desalojos extrajudiciales” a través de “allanamientos” y “no sólo contra Sareb". Tienen en el punto de mira a "los mediadores que no han movido un dedo y saben que el allanamiento es ilegal” e implicarán, asimismo, al Defensor del Pueblo en el asunto de los desahucios.

En relación al caso de J., fuentes de la Sareb dan una versión distinta y sostienen que han “recuperado algunas viviendas de El Yesero siguiendo el procedimiento legal y siempre bajo tutela judicial". Y añaden que, “para que el juez permita lanzar, o no hay vulnerabilidad acreditada o no hay colaboración”. Y es en torno a este término sobre el que hay más discrepancias entre las partes. 

Del lado del banco malo aseveran que llevan a cabo un protocolo que incluye hasta cuatro visitas y el diálogo con las familias afectadas. Cuando se trata de personas vulnerables o que han firmado un contrato con “una empresa explotadora”, por ejemplo, “si colaboran y aportan la documentación”, inciden, arranca el programa de alquiler social. Pero, si no lo hacen, “se tiene que seguir adelante con el desalojo de la mano de los servicios sociales”. 

Por parte de los inquilinos, critican que “la Sareb está presionando a la gente para que se vaya, a través de prácticas cuestionables, sobre todo para un ente público”, y sus alquileres están “llenos de cláusulas abusivas dirigidas a vender la casa” con ellos “dentro”. De hecho, han elaborado una guía sobre éstas para “poder reaccionar”.

Diego cuenta su experiencia sobre lo que tilda de “acoso inmobiliario”: “A casa llamó al telefonillo sin avisar una persona que decía ser trabajadora social y no tenía ni tarjeta de identificación. Mi pareja y yo teletrabajamos y tuvimos que abrir. Afirmó que no venía de parte del banco, que era independiente, y que ahora estas casas iban a ser del Estado. Le dije que mentía, nos pedía que le pasáramos datos personales cuando se supone que le pagaba una gestora privada, un fondo, que trabajaba para la Sareb”. Afea que hagan a las familias “visitas personales en las que no queda registrado lo que se habla”. Su mujer y él llevaban siendo “inquilinos de Sareb desde hacía seis años” cuando pasó y algunos meses después: “Nos llegó un burofax amenazándonos con una demanda por usurpación, acusándonos de un delito. Es coacción”, encuadra. “Eso es para ellos no colaborar. Por eso nos hemos organizado para hacerlo todo por escrito y formal", frente al "que somos hostiles o no estábamos", señala. Y concluye: "Ellos quieren una negociación singular con cada familia y nosotros una colectiva a través de nuestros representantes de la plataforma. En este país existe la libertad de asociación y no pueden decidir por los 300 hogares que estamos en la campaña. Ya no abro a nadie sin entregarle todo por escrito”. Valoran “llevar a los tribunales” el presunto mobbing inmobiliario.

"La mayoría de los que están desahuciando no es gente que haya entrado pegando una patada en la puerta ni comprando una llave ni nada eso, sino que tenían su contrato de alquiler. No todo son okupas, como han transmitido vecinos de la zona a algunos medios de comunicación –han tenido conflictos con propietarios de alguna urbanización distintos a la Sareb, aunque los achacan a que temen que "los pisos sociales bajen el precio de los suyos"–, y muchos, cuando les llega el burofax de la Sareb cogen las maletas por no saber qué hacer", proclama desde el movimiento Plan Sareb, para enlazar: "Blanquean su gestión garantizando que ponen mediadores, que lo que hacen es desahuciar sin antidisturbios, según nuestra experiencia".

La Safeb ha anunciado, tras las protestas, que ha solicitado aplazar de forma temporal los desahucios de El Yesero, con el objetivo de recabar “de nuevo la colaboración imprescindible de los habitantes de varias viviendas de su propiedad para confirmar si existen o no situaciones de vulnerabilidad, siempre en coordinación con los servicios sociales municipales”. “La entidad, siguiendo la política de apoyo social implantada desde 2022, mantendrá reuniones uno a uno con el resto de casos para resolver la situación en un breve plazo”, ha hecho público vía comunicado.

La relación con los inquilinos no es la única zona de sombras de la Sareb. El denominado banco malo fue creado en el marco del rescate de las entidades financieras españolas que quebraron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. “Nace por la necesidad, compartida por el Gobierno español y las autoridades europeas, de recapitalizar varias entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria iniciada en 2008. Su mandato es gestionar y liquidar los activos deteriorados procedentes de esas entidades y con ello repagar la deuda que Sareb emitió, con el aval del Estado, para su pago”, se puede leer en su propia página web. 

Se constituyó con un capital de 4.800 millones, de los que el 45% fue aportado por el Estado a través del FROB, si bien, su financiación provenía de un préstamo de 51.000 millones de euros del Banco Central Europeo (BEI) que fue avalado por el Estado. Debido a ese aval y a las pérdidas millonarias de Sareb, la Comisión Europea planteó en 2021 que el Estado español contabilizase su abultada deuda –31.276 millones, según las cuentas de 2022–, por lo que pasó a ser pública. “Se montó para vender sus bienes y, con ese dinero, devolver el préstamo que concedió el BEI, pero cada vez tienen menos viviendas y ha cedido la gestión a dos fondos buitre: Blackstone y KKR”, aporta el abogado Manuel Gabarre. “La Sareb es una entidad pública –engarza–, pero se está privatizando mediante dos fondos que no dan ninguna información de a quién están vendiendo los pisos que son objeto de desahucio de las personas que hay allí. No sabemos ni con quién ni por qué precios ya que, mientras la venta de cualquier bien público está sujeta a la Ley de Patrimonio del Estado, los de Sareb excepcionalmente no lo están”.

A su juicio, “se está malvendiendo el patrimonio público, es un agujero negro”, lanza. A la luz de la información que maneja Gabarre, se han enajenado “activos inmobiliarios a fondos de inversión por valor de 7.500 millones de euros y los actores más relevantes del mercado español” como Cerberus y Blackstone, “han obtenido importantes comisiones”, al tiempo que “promotores locales y pequeñas inmobiliarias han adquirido activos de Sareb” y consumidores “muchas de sus viviendas”. Finaliza lamentando que el “secretismo de Sareb” impide tener una radiografía fiable sobre la misma. Lo que sí tiene claro es que el hecho de que cuando se declaró pública “en vez de pasar a la Secretaría de Estado de Vivienda, lo hiciera a la de Economía, demuestra que la vivienda en España, y Sareb en concreto, se considera un bien financiero y no un derecho, que es lo que es”. 

En ese sentido, expertos han censurado que “se haya pretendido que las administraciones paguen precios elevados por casas en las que ya se habían invertido fondos públicos”. “Han ido dando bandazos”, indican fuentes del Plan Sareb y en la actualidad “están ofreciendo el poco parque que les queda a las administraciones públicas, pero las casas están destrozadas o en zonas donde nadie quiere vivir, por lo que no están entrando”, advierten las fuentes sondeadas.

Con todo, la compañía destaca que “fruto de su mandato y compromiso social”, ha aprobado en los últimos dos años “más de 7.000 alquileres sociales y ha fomentado la inserción laboral de 2.700 inquilinos”. Los contratos firmados eran 5.292, al cierre del Informe de actividad de 2023, según consta en dicho documento. Y se está en la última fase de preparación del Proyecto Viena, por el que se construirán unas 15.000 viviendas de alquiler asequible con un modelo de colaboración público-privada. 

La operación que quiso ser un pelotazo urbanístico de los años del boom inmobiliario y se quedó en pufo millonario para la Sareb, el banco malo, tenía también una historia política. Como desveló en su día infoLibre, una finca rústica y “especialmente protegida” de 14,5 hectáreas, valorada en 504.000 euros, fue hipotecada por 20,7 millones a la espera de una recalificación que iba a servir para levantar 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial. Y que nunca se produjo. En principio, sólo otro cuento de la lechera más de los muchos que jalonaron aquella década de euforia inmobiliaria. Ocurrió en 2006 en Torrelodones, un pueblo de la sierra norte de Madrid entonces gobernado por el PP. Tras el pinchazo de la burbuja y el rescate a Bankia, el préstamo que concedió Caja Ávila a la promotora del proyecto terminó en la cartera de activos tóxicos de la Sareb. Allí sigue. Proyectos Inmobiliarios Burke no ha devuelto ni un euro de lo que, 17 años después, se ha convertido en una deuda de 44,4 millones. Pero el PP ha colocado como número dos de su lista a la alcaldía de Torrelodones a Sagrario Cillero, la apoderada de la inmobiliaria que firmó el préstamo con Caja Ávila.

El partido la presenta como militante del PP local desde hace “más de una década” y como actual directora jurídica de PNG Desarrollos, una promotora inmobiliaria de la que fue administrador único Eduardo Morales Santiago hasta 2013. Morales también era el administrador único de Burke y de Proyectos Styx Dos, los compradores de la finca en 2003 y 2006, respectivamente –la primera se la pasó a la segunda–. Según un informe que la Sareb encargó a la consultora FTI Consulting Spain y entregó a la Fiscalía en 2016, Eduardo Morales poseía “vínculos personales y profesionales” con Mario Mingo, expresidente del PP local y alcalde de Torrelodones entre 1987 y 1996. También con Carlos Galbeño, que gobernó con el PP este consistorio de la sierra madrileña entre 2003 y 2011. La lista del PP la encabeza Almudena Negro, diputada en la Asamblea de Madrid.

Además, como publicó El País, Eduardo Morales se sentaba en el patronato de una fundación, denominada Escuela Superior de Arte Dramático, junto al alcalde Carlos Galbeño y el diputado autonómico del PP Juan Van Halen. Su presidente era Mario Mingo. Eduardo Morales también era propietario de C-15, entonces una de las mayores constructoras de Torrelodones y la empresa que aparece como “fiadora solidaria” de Burke en la compra de la finca. 

El Ayuntamiento del PP no tuvo problemas para aprobar la recalificación del terreno en 2006, pese a estar “especialmente protegido”. Pero en 2009 la Comunidad de Madrid se negó a ratificar el cambio de uso, después de que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un informe desfavorable y dictaminara que el proyecto era “medioambientalmente inviable”. El proyecto se volvió inviable.

Seis años después, el Ayuntamiento, con un nuevo grupo político al frente, Vecinos por Torrelodones, denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Y en noviembre de 2016, tras examinar la operación y encargar el informe a FTI Consulting Spain, la Sareb presentó su propia denuncia por estafa y tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado.

La finca de Torrelodones es uno de los múltiples cadáveres que ha dejado la burbuja inmobiliaria, pero también una buena muestra de la lentitud de la maquinaria judicial y de la ineficacia de los procedimientos puestos en marcha para que el contribuyente recupere el dinero perdido en el rescate del ladrillo tóxico. El informe de FTI Consulting apreciaba en el caso los delitos de estafa “de especial gravedad, debido a la elevada cuantía del préstamo”, y de tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado trasladó la investigación a la Fiscalía de Madrid, que incoó diligencias el 19 de diciembre de 2016 y lo mandó el 9 de febrero de 2017 a la Fiscalía de Ávila, donde tenía su sede social la caja de ahorros que concedió el préstamo. Las diligencias, finalmente sólo por administración desleal, fueron archivadas un mes después porque el delito había prescrito.

Pero el banco malo no se dio por vencido y encargó en 2018 un nuevo informe, esta vez a Ejaso ETL Global, el despacho del que fue consejero el exfiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana y cuya unidad de Derechos Fundamentales dirige la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas. Su dictamen jurídico apreciaba en la operación urbanística vinculada al préstamo impagado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, “con especial gravedad debido a la elevada cuantía dineraria afectada”, así como otro más de administración desleal continuada.

En contra del criterio de la fiscalía, el informe concluía que los delitos de cohecho, estafa agravada y continuada y administración desleal no estarían prescritos hasta 2022, por lo que recomendaba a la Sareb que interpusiera “denuncia o querella” ante el juzgado de instrucción competente –Ávila o Villalba– o ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Sobre el supuesto delito de prevaricación, el documento, que firmaba el propio Castresana como jefe del Departamento de Derecho Penal, establecía que no estaba prescrito cuando fue denunciado por la Sareb ante la Fiscalía General, en 2016, pero prescribió en 2017. Sin embargo, considera que, si éste se aprecia en relación con los delitos más graves anteriores, la prevaricación tampoco ha prescrito. Además, aconsejaba al banco malo que ejerciera, “al menos”, acciones civiles.

Esa fue la vía escogida por la Sareb, pero hubo que esperar hasta julio de 2021 para que presentara una demanda de ejecución dineraria hipotecaria contra Proyectos Inmobiliarios Burke. Según recoge el documento, al que ha tenido acceso este periódico, le reclama 44,44 millones de euros: 20,7 millones por el capital del préstamo, 4,14 millones por los intereses remuneratorios y otros 19,6 millones por los intereses de demora. No obstante, el banco malo ha pactado una liquidación de 25,35 millones por la “responsabilidad hipotecaria”, tras reducir los intereses. “Lo que no significa que se renuncie a cobrar los 44,4 millones”, precisan fuentes de la Sareb tras recordar que está obligada a obtener “los máximos ingresos con la venta de sus activos para cancelar el mayor importe posible de su deuda, que se encuentra avalada por el Estado, y, recuperar así el dinero los contribuyentes”.

De momento, sin embargo, la demanda se encuentra atascada en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado Villalba, a la espera de que su titular tome una decisión y determine la salida a subasta de la finca. En cualquier caso, el precio que se pague entonces no servirá para cubrir ni una ínfima parte de la deuda: en 2015 una valoración encargada por la propia Sareb tasó el terreno en sólo 915.082 euros. Además, es muy improbable que ese precio suba, teniendo en cuenta que el suelo seguirá calificado como rústico al encontrarse en un “espacio especialmente protegido”, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Por si fuera poco, Proyectos Inmobiliarios Burke quedó extinguida en diciembre de 2022 después de que el concurso de acreedores en que había entrado se cerrara por la falta de patrimonio de la empresa.

Por lo que se refiere a la vía penal que el despacho de Castresana recomendaba a la Sareb, ésta ya la consideró cerrada después de que la Fiscalía de Ávila considerara prescritos los delitos. “No tiene recorrido”, aseguran fuentes del banco malo.

En resumen, las posibilidades de recuperar el dinero del contribuyente son escasas además de lejanas en el tiempo.

Tras la publicación de esta información, el PP ha emitido un comunicado en el que no desmiente ni uno solo de los datos y hechos publicados por este periódico sobre la operación urbanística. El partido se limita a afirmar que Sagrario Cillero es actualmente empleada de PNG Desarrollos, tal y como reseña infoLibre, y precisa que en 2006, cuando ella firmó la solicitud del crédito que luego resultaría impagado, era "empleada de C-15" y "apoderada de forma mancomunada, junto a otras personas, de dicha empresa". También explica que Cillero "no tiene propiedad alguna en el área homogénea norte que se menciona en la noticia, ni hay ni ha habido contra ella procedimiento judicial alguno".

El PSOE rechazó hace poco más de seis meses en el Congreso una propuesta de Unidas Podemos para sacar al mercado las viviendas de la Sareb alegando que esta sociedad estatal no es un instrumento público en políticas de viviendas y que tampoco dispone de tantos inmuebles.

Precisamente este domingo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de dedicar alquiler social unas 50.000 viviendas de la Sareb, el conocido como 'banco malo' creado tras la crisis financiera.

Fue en septiembre del año pasado cuando Unidas Podemos defendió en el Pleno del Congreso una proposición no de ley pidiendo la cesión de inmuebles y suelo de la Sareb a ayuntamientos y comunidades autónomas. La iniciativa contó con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, pero sin embargo no salió adelante por el rechazo, entre otros, de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox.

En el debate, el diputado socialista Valentín García Gómez explicó que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria "no es el principal instrumento público para desarrollar políticas de vivienda". "Es más, ni siquiera es un instrumento público para desarrollar políticas de vivienda", llegó a decir, porque "no lo permite ni el tamaño del paquete de viviendas que poseen ni un análisis objetivo del mercado de la vivienda".

De hecho, la propia página web de la Sareb indica que, a fecha de este lunes, la sociedad cuenta con 46.542 viviendas en toda España, unas 14.200 en construcción y suelo para otras 24.619.

Después de que la semana pasada el Gobierno llegase a un acuerdo para sacar adelante la ley de vivienda, Sánchez afirmó que había que ir "más allá" y poner miles de inmuebles a disposición de jóvenes y familias. La idea del Ejecutivo es destinar estas viviendas a alquiler asequible de jóvenes y familias.

En este sentido, la intención del Gobierno es ofrecer a municipios y comunidades autónomas 21.000 viviendas e impulsar el alquiler social de 14.000 ya habilitadas de ese parque. Además, se promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb.

La medida se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Unidas Podemos, que venía reclamando esta medida desde hace años y que asegura no haber recibido información previa del anuncio del presidente, ha adelantad que lo apoyará aunque pueda verse como algo electoralista.

"Podemos llegar a añorar las cifras de desahucios de 2011, 2012, 2013, 2014, los años más duros de la crisis anterior, que entonces nos parecían terribles".

Son palabras de Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ilustran el clima de alerta que cunde el movimiento en defensa a una vivienda digna. Cuando la legislatura encara su último año, este movimiento –uno de los más emblemáticos de la izquierda social, sobre todo a raíz de la Gran Recesión– ha agudizado su acción en la calle y promete más acción para forzar al PSOE a cambiar su posición sobre la ley de vivienda. La advertencia es clara: no se aceptará la norma salida del Consejo de Ministros, porque no garantiza control de precios ni paralización de desahucios de familias sin alternativa.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, no sólo comparte el diagnóstico del movimiento antidesahucios, sino que ella misma lanzó este martes un mensaje convocando protestas para mover la posición del PSOE. La vivienda, concretamente los desahucios, reaparecen en el centro de la escena política y el conflicto social.

El acuerdo presupuestario para 2023 ha dejado fuera la ley de vivienda, que está bloqueada en el Congreso porque no logra poner de acuerdo al PSOE, por un lado, con Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas de izquierdas, por otro. "Nosotros seguimos donde estábamos, presionando para una ley que realmente sea útil. Entendemos que los presupuestos son una cuestión más amplia, pero se ha perdido una oportunidad de asegurar una ley que termine con la especulación codiciosa con un bien de primera necesidad como es la vivienda", explica Morote.

El portavoz de la PAH anuncia movilizaciones. Ya las ha habido en Valencia y en Madrid y habrá más, asegura. "Queremos que la movilización sea sostenida. Además, vamos a visitar las sedes de los partidos que gobiernan. Ellos tienen la oportunidad de cambiar las cosas y vamos a exigirles que actúen correctamente". ¿Visitar las sedes? Su intención es movilizarse frente a las formaciones gobernantes y, si los responsables aceptan, reunirse con ellos para presentar sus propuestas, explica Morote.

"Entre enero de 2021 y febrero de 2022 ha habido 52.000 desahucios. Está habiendo subidas de alquiler abusivas y podemos acabar el año con el euríbor en el 4%. Ante una situación tan grave, la política tiene que aprobar medidas útiles", insiste Morote, que participará el sábado en un coloquio sobre la película En los márgenes, de Juan Diego Botto, con las interpretaciones de Penélope Cruz y Luis Tosar, que aborda el problema de los desahucios.

Mano a mano con la PAH trabaja el Sindicato de Inquilinas. "Confiábamos en un desbloqueo [de la ley] en septiembre, que no se ha producido", señala su portavoz, Pablo Martínez, que asegura que las medidas para el control de precios y la paralización de desahucios incluidas en la ley en tramitación no darán resultados, pese a lo cual el PSOE ha rechazado todas las enmiendas presentadas por el movimiento por la vivienda digna a través de los grupos políticos de la mayoría de investidura.

Llegados a este punto, Martínez anuncia más movilizaciones que den continuidad a las ya empezadas, como las protestas en Barcelona contra la ministra con competencias en vivienda, Raquel Sánchez, y el exministro y exalcalde socialista Joan Clos, presidente de la patronal de propietarios de viviendas en alquiler Asval. "Vamos a seguir presionando", señala Martínez. Una de las iniciativas en marcha de esta organización es el apoyo a 300 inquilinos de Blackstone que se niegan a pagar una subida que consideran "abusiva".

La movilización se extiende a decenas de colectivos. Entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre la llamada Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda ha celebrado la "semana de acción por el derecho a la vivienda", exigiendo cambios en la ley. Se trata de una campaña impulsada por veinte organizaciones entre las que están la PAH, CCOO, UGT, CGT, el Sindicato de Inquilinas, la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones... Pesos pesados del movimiento asociativo. A este grupo promotor dan apoyo cerca de 90 organizaciones más. La Coordinadora de Vivienda de Madrid también se encuentra inmersa en movilizaciones para forzar el cambio de la ley.

La PAH, al igual que otras asociaciones del movimiento antidesahucios, considera que Unidas Podemos comparte sus críticas a la ley. No obstante, el socio minoritario también es objeto de presión por parte de las asociaciones.

La pasada semana representantes de la PAH, del Sindicato de Inquilinas y del Movimiento sin Hogar se reunieron con UP, ERC, EH-Bildu, la CUP, Más País y el BNG. Estos partidos se han mostrado a favor de cambios en la norma reclamados por el movimiento en defensa del derecho a la vivienda como la prohibición de los desahucios sin alternativa, mayor control de los precios del alquiler para evitar "subidas abusivas", más vivienda social o la imposición a los grandes tenedores de la obligación de ofrecer un alquiler social antes de interponer una demanda de desahucio, entre otras.

La posición de UP no es sencilla. Comparten las medidas del movimiento antidesahucios, que de hecho fue clave en la eclosión de Podemos, pero al mismo tiempo forman parte del Gobierno junto al PSOE. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, fue este martes extremadamente contundente. No sólo se alineó con la PAH, sino que hizo directamente una llamada a la movilización.

"El PSOE ha mostrado una resistencia total a desbloquear la ley de vivienda, a pesar de que los altísimos precios, tanto de los alquileres como de las hipotecas de tipo variable, son uno de los problemas principales de millones de personas. Esta resistencia sólo se explica por que el PSOE está excesivamente alineado con los intereses de la patronal inmobiliaria", afirmó Belarra en un vídeo grabado y difundido tras el acuerdo presupuestario.

"Quiero pediros –añadió– que en los próximos meses todos los que pensáis que en nuestro país se deberían poder intervenir y limitar los precios de los alquileres, que no es humano echar de sus casas a familias vulnerables sin alternativa habitacional, o que la Sareb debería pone todas sus viviendas al servicio del parque público, nos ayudéis a empujar, que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda. Quizás solas no podamos, pero juntas estoy segura de que lo lograremos".

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

El precio de los alquileres de viviendas se elevó en julio hasta los 11,21 euros el metro cuadrado de promedio, alcanzando así su máximo nivel desde 2006. Al menos, según el índice inmobiliario que elabora la empresa Fotocasa. Según su directora de estudios, María Matos, se trata de “un hito en la evolución de este mercado”: el precio de los arrendamientos lleva 33 meses –desde noviembre de 2019– por encima de los 10 euros el metro cuadrado y nueve meses consecutivos encadenando subidas. De media, los alquileres se han encarecido un 7,4% en el último año, pero hay tres provincias donde se han disparado por encima del 20%: Girona, Huelva y Málaga. La comunidad autónoma con mayor aumento en el último año es la Comunidad Valenciana, con un 17,5%, seguida de Baleares –14,5%– y Cantabria –14%–. En Madrid los precios han crecido un 11,2% y en Cataluña un 7,3%. Donde menos han subido ha sido en La Rioja, sólo un 2,7% desde julio de 2021.

Independientemente de las subidas, Madrid es el territorio con la vivienda en alquiler más cara, 15,39 euros el metro cuadrado, seguido de Cataluña, con 14,79 euros. Baleares es la tercera, con 13,51 euros. Los alquileres más baratos están en Extremadura y Castilla-La Mancha, donde cuestan menos de la mitad que en las más gravosas: 6,21 y 6,48 euros, respectivamente. Por provincias, en cambio, Barcelona se convierte en la más cara, con 15,77 euros el metro cuadrado, por delante de Gipuzkoa, con 15,52 euros. Por el contrario, en Zamora no se superan los 5,49 euros y en Cáceres los 5,67 euros el metro cuadrado.

Alejandro Inurrieta, economista, expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler y autor del libro Vivienda, la revolución más urgente, también cree que los arrendamientos están en máximos. “Los precios de los alquileres condicionan los precios de las ventas de viviendas, sobre las que hay estadísticas mucho más precisas”, explica, “y el precio de las ventas se encuentra en el mismo nivel máximo que antes de la crisis de 2008, por lo que ese dato me invita a pensar que lo mismo ocurre con los alquileres”. Inurrieta pone en duda la fiabilidad de los datos de Fotocasa. “En todo caso, la empresa puede hablar de sus clientes, pero nada más”, objeta el economista, que se queja de la falta de información estadística sobre el alquiler, “un mercado opaco que carece de controles e inspecciones”. En España no se sabe ni cuántas viviendas hay de alquiler ni cuánto suben los precios, protesta.

Aun así, según sus cálculos, el déficit de vivienda pública de alquiler, el número de pisos que serían necesarios para igualar a los países de la UE, asciende a siete millones de pisos. “Es evidente que el mercado del alquiler está tensionado, sobre todo en algunos territorios, como Ibiza, por ejemplo, por la falta de vivienda social”, sostiene. Un factor al que hay que añadir el tirón de la demanda turística de este año. Los datos de Fotocasa no distinguen entre alquileres turísticos y alquileres habitacionales, por lo que sus estadísticas, apunta Inurrieta, “están contaminadas”.

Pero sí se puede deducir que el “aluvión de turistas” del primer verano sin restricciones pandémicas tiene mucho que ver con la burbuja de precios. Por ejemplo, el municipio con el mayor aumento de precios del alquiler ha sido Gandía, con un 53,2%, seguida de Benidorm –43%–, Torrevieja –36,9%– y Fuengirola –36,8%–. Además, el ayuntamiento con el alquiler más caro de España en julio resulta ser Calvià, con 19,43 euros el metro cuadrado, más que Barcelona capital, con 18,43 euros o La Moraleja (Madrid), con 17,62 euros o San Sebastián, que llega a 17,06 euros. El precio medio en Madrid capital es de 16,57 euros. Otro municipio con gran demanda turística es Laredo (Cantabria), donde alquiler un piso alcanza los 16,46 euros el metro cuadrado, casi tanto como en Madrid. También en las subidas del último año se refleja el empujón del alquiler turístico: en Alicante, los precios han crecido un 26,4%, la mayor alza por municipios.

Al mismo tiempo sorprenden los enormes aumentos de la ciudad de Cuenca, que ha disparado sus alquileres un 18,7% en el último año, el 14,1% de Badajoz capital o el 13,9% de la provincia de Lugo. Todas ellas, zonas en principio inmunes al calentamiento turístico.

Fotocasa atribuye todos estos aumentos “sin precedentes” a la reducción de la oferta y al alza de la inflación, “que influye en las viviendas que salen al mercado”. Pero Alejandro Inurrieta rebate esa segunda causa. “Los recibos de la luz o el gas los paga el inquilino, no el casero, a éste no le afecta la inflación”, indica. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación de los alquileres de la vivienda principal sólo ha subido un 1,4% en el último año. Pero el epígrafe que engloba la vivienda con sus consumos se ha disparado un 23% hasta julio. El efecto inflación sí que se nota en el hecho de que el del alquiler funciona como un modelo de mercado “líder-seguidor”, apunta Inurrieta, en el que un casero sube el precio y “todos se suben al carro”. La demanda está disparada y el “inmenso” poder negociador del propietario del piso hace el resto frente a un inquilino “indefenso”.

“Así que es evidente que el control de precios establecido por el Gobierno no está funcionando”, concluye el economista. Como parte del plan de choque contra la inflación, el Ejecutivo aprobó en marzo limitar las subidas de los alquileres al 2%. La medida fue prorrogada en mayo hasta el 31 de diciembre. La Ley de Vivienda, que en estos momentos se tramita en el Congreso y el Gobierno quiere tener aprobada en octubre, también incluye un mecanismo de control de los precios del alquiler en zonas tensionadas. Lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas y las gobernadas por el PP ya anunciaron que no lo aplicarán.

Sobre el papel, el objetivo es estimular fiscalmente el alquiler de la vivienda habitacional de manera asequible con deducciones que van del 50% al 90% en el IRPF. La ley establece una moratoria de 18 meses antes de que rija el índice de referencia de los precios en las áreas tensionadas. La definición de área tensionada también tendrán que hacerla las comunidades autónomas. Alejandro Inurrieta pone en duda que la Ley de Vivienda salga adelante, porque ve difícil que los fondos de inversión, que ya controlan el 4,4% del mercado del alquiler en España, vayan a aceptar controles de precios.

Estos, asegura, están actuando de “líder del sector”. Cada vez más, los fondos están comprando edificios enteros en zonas con precios bajos –Inurrieta cita Puente de Vallecas, Usera o Carabanchel en Madrid–, que reforman y ponen en alquiler a precios altos–1.000 euros–. Los mayores propietarios de viviendas en arrendamiento son Caixabank, con un catálogo de 25.000 inmuebles, el fondo estadounidense Blackstone a través de Testa Home, que posee otros 20.000 y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, que suma 15.583, según un informe de Atlas Real Estate Analytics. En total, hay 16 sociedades con una cartera superior a las 1.000 viviendas. Entre las españolas, Azora o Renta Corporación, y entre las extranjeras, la estadounidense Cerberus Capital, la francesa Axa o Anticipa, también propiedad del fondo Blackstone. Según este informe, en España hacen falta 1,8 millones de viviendas en alquiler, un mercado con amplio margen de crecimiento porque sólo el 18% de la población vive como inquilina.

La nacionalización de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tiene una consecuencia inmediata para sus directivos: sus sueldos quedarán limitados como los del resto de los altos ejecutivos de las empresas públicas. Así lo establece el real decreto-ley de 18 de enero donde se faculta al Estado para hacerse con el control del banco malo, del que hasta ahora poseía un 45,9% de las acciones, compartiendo capital con Caixabank, Santander, Sabadell y hasta una veintena de entidades financieras y aseguradoras. Esa restricción significa que ninguno de sus consejeros ni altos directivos podrán cobrar más de 210.000 euros al año entre retribución fija --105.000-- y variable, tal y como aprobó el Gobierno del PP en 2012 en plena batalla por el recorte del gasto público.

Es el mismo tope que se impuso, por ejemplo, al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al resto de los máximos responsables de las empresas públicas que la integran. Ahora, pese a que la Sareb seguirá sometida al ordenamiento jurídico privado –no se convertirá en sociedad mercantil estatal–, para no entorpecer su “capacidad de actuación”, sí deberá obedecer las normas de contratación del sector público si quiere convocar un concurso, así como el régimen de contratos mercantiles y alta dirección de las sociedades estatales. Para adaptarse a ese nuevo marco retributivo tiene un plazo de tres meses, excepto en lo que respecta a las indemnizaciones, si los ejecutivos deciden abandonar el banco malo, que se aplica de inmediato.

La diferencia retributiva es sustancial. Desde su creación, en 2012, y hasta 2020 –el informe anual y de retribuciones de 2021 aún no está disponible–, la cúpula de la Sareb ha cobrado 36,48 millones de euros, sumando retribuciones fijas y variables. Tanto su presidente y consejero delegado como el resto de los miembros del consejo de administración y su equipo de alta dirección.

Hasta el momento, las remuneraciones en el banco malo se regían por el mismo real decreto-ley y la misma orden ministerial que se aplicaba a las entidades financieras rescatadas con dinero público. Aunque la Sareb no lo era. Pero sí contaba con una participación mayoritaria del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). De modo que podía pagar a sus consejeros ejecutivos un máximo de 500.000 euros al año de retribución fija y una variable que no podía exceder del 60% de la anterior –si lo aprobaba el Banco de España podía elevarse al 100%–, pero que éstos debían percibir diferida a lo largo de tres años. Los consejeros externos podían cobrar hasta 100.000 euros al año como retribución fija.

La polémica que siguió a la difusión de estas condiciones, en una entidad semipública que no ha dejado de tener pérdidas desde su fundación, forzó una bajada de sueldo de su primera presidenta, Belén Romana, en 2014. Entonces renunció a un 30% de su remuneración fija. Y abandonó la Sareb un año más tarde.

Su sucesor, Jaime Echegoyen, tenía topada en 485.100 euros anuales su retribución anual, de los que 100.100, un 26%, correspondía a la parte variable que se cobra si se consiguen determinados objetivos. En 2020 recibió una nómina anual de 375.375 euros; en 2019, de 385.000. Ambas cifras corresponden a su sueldo fijo. Cuando cobraba variable, percibía entre 25.000 y 33.000 euros al año por cada tercio.

Echegoyen fue reemplazado en octubre de 2020 por Javier García del Río, quien ha rebajado sus emolumentos hasta un máximo de 415.800 euros: 330.000 euros de sueldo fijo y 85.800 de variable. En 2020, cobró un total de 286.777 euros: 204.000 como director general –cargo para el que fue fichado en febrero– y 82.777 euros entre octubre y diciembre tras ser nombrado consejero ejecutivo. Debido a la crisis del covid, consejeros y altos ejecutivos del banco malo han renunciado a cobrar el complemento variable tanto en 2020 como en 2021. Tampoco devengaron un euro por este concepto en 2019. Como lo perciben en tercios distribuidos en tres años, el último que cobraron fue el de 2017, según consta en los informes anuales y de retribuciones de la entidad. Además, el salario base de los consejeros se redujo un 15%, por lo que los presidentes de los comités de auditoría y de retribuciones, por ejemplo, han pasado de ingresar 95.000 euros a 83.750. Así, en 2020 los 15 miembros del consejo de administración se llevaron 639.791 euros, mucho menos que en 2019 –863.000 euros– y que en 2018, cuando rozaron el millón –906.000 euros–.

Aun así, el recorte salarial será cuantioso. Sobre todo, para su presidente ejecutivo, que deberá limitar su nómina a 210.000 euros anuales, casi la mitad del máximo que tiene reconocido.

Por lo que se refiere al equipo directivo, cobró 1,18 millones de euros en 2020, la menor nómina desde que se creó la Sareb. La razón es que la alta dirección pasó de tener 19 miembros a sólo siete ese año. Y cuenta con uno menos desde 2021. En 2018 llegó a sumar 20 ejecutivos. Los informes de retribuciones, gobierno corporativo y de actividad no facilitan más que las cifras agregadas de salarios de todos los altos directivos. Que son generosas. La mayor remuneración corresponde a 2016, cuando percibieron en conjunto 4,83 millones de euros, de los cuales 506.000 fueron como complemento variable y 1,05 millones respondieron a un “plan de fidelización”, que premia la permanencia en la empresa y cobraron 15 de los 19 miembros del equipo directivo de entonces. En 2018 la parte variable distribuida entre los altos ejecutivos se elevó hasta los 688.000 euros. En esa cuantía suele situarse la remuneración por objetivos repartida. En 2019 devengaron 650.000 euros por este concepto, que no han llegado a percibir al estallar la crisis del coronavirus y limitarse sus retribuciones. La plantilla tiene congelados sus sueldos desde ese año.

Al percibir esta parte de la nómina distribuida a lo largo de tres años y como el número y los nombres de los directivos han cambiado de año en año, resulta difícil establecer cuánto gana cada uno de ellos. Pero dividiendo la remuneración total entre la veintena de altos ejecutivos, la cifra supera los 221.000 euros de media. Es decir, exceden en 10.000 euros anuales el tope fijado para los directivos del sector público estatal.

Cuestión aparte son las indemnizaciones. La norma para las empresas públicas dicta que su cuantía no podrá rebasar los siete días por año trabajado, con un límite máximo de seis mensualidades. El cálculo, además, debe realizarse sobre la retribución fija, excluidos los complementos variables. Y ello siempre que el ejecutivo sea despedido. En 2019, dos de los directivos que abandonaron sus puestos en el banco malo recibieron indemnizaciones por importe de 248.000 euros. 

La nacionalización del banco malo, como se dio en llamar a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que acaba de decidir el Consejo de Ministros en un decreto ley, es sólo el penúltimo caso en que los contribuyentes terminan pagando sumas milmillonarias por fiascos que, en principio, no les iban a costar “ni un euro”. Esa fue la promesa del Gobierno respecto al rescate financiero, en palabras del exministro del PP Luis de Guindos. También la que repitió su compañera de partido y exministra Ana Pastor sobre las autopistas radiales quebradas. Pero la compra del banco malo resulta ser especialmente escandalosa no sólo por su cuantía, unos 35.000 millones de euros, sino porque, además, el desembolso viene a sumarse a los 66.577 millones de euros públicos que ya ha costado el rescate financiero entre 2012 y 2018, según los últimos cálculos del Tribunal de Cuentas.

Otros pufos sonados, aunque de menor volumen, saltan a la memoria, la mayoría relacionados con infraestructuras acometidas bajo la fórmula de la colaboración público/privada por constructoras a las que ha tenido que rescatar o indemnizar el Estado. Es decir, el contribuyente. Las autopistas radiales, el proyecto Castor, el túnel del Pertús o la AP-7 son los casos más sangrantes.

El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, no quiere llamarla “nacionalización”, pero la compra por un precio simbólico de las participaciones del resto de los accionistas de la Sareb supone su toma de control por el Estado. Desde que Eurostat obligó a España a reclasificar como sector público al banco malo e incluir sus 10.500 millones de patrimonio neto negativo como déficit público y sus 34.918 millones pendientes de devolver como deuda del Estado, el cambio de su régimen jurídico era obligado. Aunque también hay otra realidad imperiosa: la Sareb se encuentra en quiebra técnica. Ni siquiera la conversión de 1.429 millones de euros de deuda subordinada en capital el pasado julio –hubo otra en 2016, por 2.170 millones–, que debería haber servido para restablecer el equilibrio patrimonial y compensar las pérdidas de 2020 –1.073 millones– ha conseguido salvar al banco malo.

Según admite la Sareb en el informe de actividad del primer semestre de 2021, los números rojos han consumido íntegramente sus fondos propios, incluida la deuda subordinada. Pero, como desde marzo de 2020 y mediante real decreto-ley, al banco malo no se le aplica el artículo de la Ley de Sociedades de Capital que obliga a una sociedad a disolverse si su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social, se le permite seguir trabajando “incluso con insuficiencia de recursos propios”.

La Sareb fue una idea controvertida desde su nacimiento. Cuando en 2012 adquirió los más de 200.000 activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas –inmuebles y préstamos morosos– lo hizo por un precio inflado: 50.781 millones de euros. La Comisión Europea calculó que se habían pagado 19.000 millones por encima de su valor de mercado. En sus nueve años de vida ha conseguido vender el 40% de esa cartera y cancelar el 31,2% de la deuda que emitió para adquirir el ladrillo tóxico. Mientras acumulaba unas pérdidas que rozan los 6.000 millones de euros. En ese último informe semestral, la Sareb reconoce que le va a resultar “imposible” generar flujos de caja suficientes” hasta 2027 –el plazo fijado para vender todos los inmuebles– con los que amortizar íntegramente la deuda emitida.

Ésa es la sociedad que compra ahora el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ya ha hecho una oferta a los 26 bancos y aseguradoras con los que se reparte el capital social de la Sareb: un céntimo por cada 39.710 acciones. Lo que supone valorar el banco malo en 360 euros. El FROB compraría las participaciones de las entidades privadas por un máximo de 194,35 euros.

Hasta ahora, el FROB poseía el 45,9% de la Sareb. Y no podía por ley superar el 50%. Es lo que acaba de cambiar el Gobierno para adaptarse a las exigencias de la UE. El resto del capital se lo reparten el Santander –22,23%–, CaixaBank –12,24%–, Sabadell –6,61%–, Kutxabank –2,53%–, Ibercaja –1,43%–, Bankinter –1,37%–, Unicaja –1,27%–, Cajamar –1,21%–, Mapfre –1,11%– y otras 17 entidades bancarias y aseguradoras con paquetes inferiores al 1%.

La próxima duda es si los bancos venderán toda su participación, lo que les haría perder sus activos fiscales diferidos o DTA, que les permiten rebajar la factura con Hacienda por el impuesto de sociedades. También si será necesario prorrogar más allá de 2027 la vida de la Sareb, en vista de los problemas que está teniendo para cumplir con su mandato y liquidar el ladrillo tóxico que se pudre en sus cuentas.

El agujero del banco malo hará un poco más indigerible si cabe la enorme factura del rescate financiero. La última cifra sobre su coste corresponde al Tribunal de Cuentas, que eleva en 852 millones el cálculo del Banco de España. El supervisor bancario no actualiza el dato desde noviembre de 2019 y con números referidos a diciembre de 2018. Según el Tribunal de Cuentas, el coste asumido por el FROB se eleva a 45.344 millones de euros, mientras que los 21.295 millones restantes han corrido a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones de los bancos. De la cifra total, sólo se han recuperado, de acuerdo con el Banco de España, 4.477 millones de euros. Y únicamente podrán recuperarse 9.560 millones de euros cuando el FROB venda su participación en la antigua Bankia, desde marzo integrada en Caixabank.

La fusión de ambos bancos obligó al FROB, que poseía un 61,83% de la rescatada Bankia, a actualizar el valor contable de esa participación, que se convirtió en un 16,12% de CaixaBank. Esa revisión se tradujo en un impacto negativo de 3.556 millones de euros para la entidad pública. Por ese motivo sus pérdidas en 2020 se multiplicaron por 13. En resumen, otro roto más en el descosido monumental del rescate financiero. Ateniéndose sólo a las cifras previstas por el Banco de España, sólo se ha recuperado el 9,8% del dinero público empleado y, en el mejor de los casos, sólo podrá recuperarse el 31% si se privatiza Bankia al precio que prevé el FROB.

Tampoco está claro el desenlace de otro capítulo negro para las finanzas públicas, pese a que arranca incluso más atrás que la crisis financiera. Las autopistas radiales empezaron a inaugurarse en 2003 y las empresas que las construyeron a cambio de explotarlas en régimen de concesión durante 30 años –con peajes para los usuarios– quebraron una tras otra a partir de 2012. Nunca alcanzaron el tráfico mínimo que les habría permitido sobrevivir. Abertis, ACS, Sacyr, Ferrovial, Isolux Corsán, OHL, Comsa, Globalvía, Ploder, Sando, Azvi, Europistas, Budimex… vieron en la colaboración público/privada que les ofrecía el Estado una oportunidad de oro. Nada más lejos de la realidad. Todas ellas terminaron por reclamar la Responsabilidad Patrimonial del Estado, el derecho que asiste a cualquier ciudadano de ser indemnizado por toda lesión que sufra en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

El procedimiento para obtener esa reparación es largo. En el caso de las nueve radiales aún no se ha cerrado. Así que, en el transcurso de la última década, los bancos acreedores de las constructoras han tenido tiempo de vender su deuda a toda una serie de fondos: King Street, Taconic, Attestor Capital, Titulización de Activos son algunos de ellos. En otras palabras, el dinero que les pague el Estado caerá en manos de estos fondos de inversión.

Y no es poco. Según los cálculos del propio Gobierno para los Presupuestos Generales de 2019, puede alcanzar los 1.800 millones de euros. Ese mismo año, el Consejo de Ministros decidió limitar la responsabilidad patrimonial por las radiales a un máximo de 3.305 millones. Pero los propios acreedores lo elevan hasta los 4.500 millones. La patronal de la construcción, Seopan, llegó a cifrar en 5.657 millones el rescate.

De momento, las radiales R3 (Madrid-Arganda) y R5 (Madrid-Navalcarnero) costarán 119,15 millones de euros de dinero público; la AP-41 (Madrid-Toledo), 52,92 millones; la M-12 (Madrid-Barajas), 46,46 millones y la AP-36 (Ocaña-La Roda en Albacete), 319,6 millones. Las liquidaciones aún provisionales de la Circunvalación de Alicante y la Circunvalación Cartagena-Vera suponen 307,5 y 282,7 millones, respectivamente. La R-4 (Madrid-Ocaña), costará cero euros, porque el Estado tendrá que pagar por expropiaciones más de lo que costó la autopista. Y la R-2 (Madrid-Guadalajara) está aún pendiente de cálculo.

En los Presupuestos Generales de este año, se ha consignado el pago de 560 millones que, sumados a los 255,4 millones destinados a este fin en los de 2021, suponen 815,4 millones como factura inicial. Aunque la batalla puede alargarse aún más porque los fondos han recurrido en el Tribunal Supremo la fórmula utilizada por el Gobierno para calcular las indemnizaciones.

Las nueve radiales son ahora gestionadas por una sociedad estatal, Seittsa, dependiente del Ministerio de Transportes, y las autopistas son gratuitas.

También está pendiente de cálculo la compensación que reclama Abertis por el fin de la concesión de la AP-7, la Autopista del Mediterráneo. En agosto de 2021 venció el contrato, uno de los que el Gobierno decidió no renovar para que las autopistas pasaran a ser gratuitas. Acesa, filial de Abertis y ésta, a su vez, propiedad de la española ACS y la italiana Atlantia, reclama 3.826 millones al Estado por la ampliación y mejora de la autopista, que sufragó en la confianza de que el aumento del tráfico haría más que rentable la inversión. Ambas partes firmaron un convenio en 2006 que obligaba al Estado a compensar a la empresa si esa expectativa de tráfico e ingresos no se cumplía. La crisis de 2012 estalló y se llevó por delante los peajes de la AP-7. Pero el Ministerio de Transportes sólo está dispuesto a pagar a Abertis 1.291 millones. Preguntada por infoLibre al respecto, la empresa asegura que se encuentra a la espera de que la Administración se pronuncie. Por su parte, el departamento de Raquel Sánchez explica que está “terminando de calcular la cifra” y que ésta “no es objeto de negociación con la concesionaria”. “El resultado que se obtenga”, apunta, “será el de aplicar las directrices previstas en los reales decretos, los convenios firmados, las normas, etcétera, interpretados de acuerdo con los criterios jurídicos de la Abogacía del Estado y los criterios de los técnicos del departamento”. El ministerio tenía seis meses para contestar, un plazo que acaba este mismo mes de febrero.

Si el nombre de Abertis se repite en la reclamación al Estado por las autopistas radiales y por la AP-7, el de ACS, la constructora de Florentino Pérez, aparece por duplicado en otros dos fiascos pagados por el contribuyente: el proyecto Castor y el túnel del Pertús.

El cierre del almacén de gas que Escal UGS, una empresa propiedad de ACS y la canadiense UGS, construyó frente a las costas de Castellón, ha costado a las arcas públicas 1.350 millones de euros. Es la cantidad que la firma pidió al Estado en 2014 después de que los múltiples seísmos que se atribuían a la instalación pusieran en pie de guerra a los vecinos de Vinarós y forzaran su clausura. La inyección de gas en el depósito submarino había encendido las alarmas de ecologistas y partidos políticos. Pero la revelación de que, además, el Estado había firmado con la empresa una compensación millonaria por el fin abrupto de la concesión –30 años– desató el escándalo.

Aún faltaban más detalles para redondear la operación. El Gobierno adjudicó el almacén a la semipública Enagás, que además debía encargarse de pagar a Escal UGS. Y para cubrir ese desembolso, le permitió utilizar una cantidad a cuenta de los peajes y cánones del gas: 80 millones al año. De manera que sería el consumidor quien abonara en sus recibos la indemnización.

Pero Enagás transmitió ese derecho de cobro a tres bancos, Santander, Caixabank y Bankia, que le adelantaron el dinero para pagar a Escal UGS. A su vez, las tres entidades pasaron a recibir los abonos procedentes de los peajes y cánones del gas, que les ingresaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Hasta que el Tribunal Constitucional anuló ese derecho de cobro en diciembre de 2017, atendiendo a un recurso presentado por el Parlament y la Generalitat de Catalunya, junto con 50 diputados nacionales del PSOE. Los bancos acudieron al Tribunal Supremo y éste les dio la razón en octubre de 2020.

Sin embargo, ACS no se da por satisfecha y, según publicó Cinco Días, está estudiando presentar un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica por el lucro cesante de la concesión otorgada en 2008 por 30 años. La empresa de Florentino Pérez no ha querido confirmar a infoLibre si, en efecto, va a demandar al Gobierno por la clausura de Castor.

El contrato que otra filial de ACS, TP Ferro, constituida al 50% con la francesa Eiffage, firmó con el Gobierno también incluía una cláusula de rescate en caso de que el negocio no cumpliera sus expectativas de lucro. Lo suscribieron en 2004 para construir y explotar el tramo ferroviario entre Figueres (Girona) y Perpiñán (Francia), que incluye el túnel del Pertús y por donde debería pasar el AVE. Para la obra, TP Ferro recibió una subvención de la UE de 636 millones de euros, la mitad del coste.

Al igual que ocurrió con las autopistas, las previsiones de tráfico de TP Ferro en ese tramo no se cumplieron. La empresa se declaró en concurso de acreedores en septiembre de 2015 y fue liquidada un año después. En cumplimiento del contrato, pide una indemnización al Estado de 450 millones de euros, más otros 250 millones por daños y perjuicios. Pero ni España ni Francia quieren pagar. Así que TP Ferro acudió en 2020 al tribunal arbitral de Ginebra para conseguir la compensación. La empresa culpa de la falta de tráfico en el tramo fronterizo a los retrasos en la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo. Desde que se liquidó TP Ferro, son las empresas públicas española y francesa, Adif y SNCF, las encargadas de gestionar los 44,4 kilómetros de vías, a través de una sociedad constituida al 50% y llamada Línea Figueras Perpignan SA.

Sumando sólo este puñado de grandes fiascos, el coste para los contribuyentes de la socialización de pérdidas empresariales durante la última década puede alcanzar los 72.871 millones de euros.

Un mes después del cese de Jaime Echegoyen como presidente del banco malo Sareb, el nuevo máximo ejecutivo de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Javier García del Río, ha presentado una reestructuración de la cúpula, según confirma a infoLibre la sociedad participada en un 45% por el FROB. Once ejecutivos han sido despedidos este jueves 3 de junio, varios de ellos pertenecientes al comité de dirección. 

La reorganización era esperada debido a la última polémica acaecida en abril pasado que ha afectado a la sociedad encargada de liquidar los activos tóxicos de la banca española derivados de la anterior recesión económica (2008-2014): las pérdidas acumuladas desde el nacimiento de Sareb en 2012 alcanzaron los 35.000 millones este año, y el Estado ha tenido que anotar esa merma como deuda pública. Una anotación que echa por tierra cualquier perspectiva del Gobierno sobre la deuda una vez se supere la crisis del coronavirus y que puede acarrear más reformas a asumir ante la Comisión Europea, siempre vigilante ante las cuentas públicas de los Veintisiete.   

En concreto, saldrán de Sareb los miembros de la máxima dirección Iker Beraza (director comercial) e Idoia Maguregui (Medios e Innovación). Ambos se situaban justo por debajo de García del Río en el escalafón, como parte de los ocho miembros de la cúpula. Pero en una segunda línea, dejarán la sociedad también otros nueve directivos, entre los que se encuentran los principales responsables de Gestión Social de Activos en Responsabilidad Social Corporativa, de Cumplimiento, Control Interno y Relaciones Institucionales o de Planificación, entre otras áreas.

Cabe destacar la reducción de miembros de la alta dirección por parte de Sareb en los últimos tiempos. Al inicio de la pandemia eran 26 miembros. Después quedaron reducidos a 18, y finalmente se han ido recortando hasta quedar ocho personas. Este 3 de junio por la tarde García del Río (que ha sido consejero delegado de Sareb el último año antes de ascender a la Presidencia) ha presentado los cambios a la plantilla. A finales de 2020, en el banco malo trabajaban 382 personas, según el último informe de gestión. 

La Sareb fue diseñada por Luis de Guindos, cuyo equipo aseguraba en el momento de su creación que no costaría ni un duro al erario público. Nueve años después ha sucedido todo lo contrario. Las razones son varias, pero la primera de todas es que al echar a rodar la sociedad se pagó un sobreprecio por el ladrillo tóxico de las entidades financieras. En 2016 el Gobierno incluso llegó a aprobar un cambio contable para que no afloraran las pérdidas acumuladas de 3.200 millones de euros, reconociéndose solo 751 millones. 

García del Río es el tercer presidente de Sareb tras Belén Romana (2012-2015) y Echegoyen (2015-2021). 

Días turbulentos para la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, el banco malo diseñado por el ex ministro de Economía y actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que absorbió en 2012 gran parte del ladrillo tóxico para evitar la quiebra de varias entidades financieras. Casi de sopetón, el instituto europeo de estadística, Eurostat, confirmaba la semana pasada que la deuda de 35.000 millones de la sociedad público-privada pasaría a cebar la deuda pública hasta el 120% del PIB, además de anotar otros 7.000 millones de euros al déficit del actual ejercicio. Un hecho que adelantó El País. 

infoLibre ha querido repasar algunos hitos desde su creación, a finales de 2012, cuando sucedía lo peor de la crisis financiera: rescate de Bankia, rescate financiero de España, prima de riesgo por las nubes y tasa de desempleo desbocada un poco como consecuencia de todo lo anterior. 

Rentable y sin computar deuda 

Cuando Guindos y su equipo ultimaban la creación del banco malo, todo lo que dijeron entonces se ha revelado como completamente equivocado. Los portavoces de la sociedad en 2012 auguraban que Sareb dará más beneficios a partir de “la mitad o el último tercio de su vida”; y teniendo en cuenta que estatutariamente Sareb tendrá que ser liquidada en 2027 –salvo que cambien los planes y se reformen los estatutos–, ya estaríamos de lleno en esa fase. El propio Guindos hablaba de una rentabilidad del 15%, promesa que escuchada hoy suena a broma de mal gusto. 

Peor suenan los viejos vaticinios de que las pérdidas no computarían como deuda pública. Justificaban esta posición al ser el Tesoro "solo" avalista y al no tener el Estado la mayoría del capital (principal accionista con el FROB, que posee un 45%). "Si Sareb tuviera problemas de solvencia, entonces sí podría contabilizarse como deuda y quizá como déficit", razonaba un artículo de El País en octubre de 2012. Esto último es lo que ha ocurrido. 

¿Por qué se hizo creer que un vehículo para liquidar activos inmobiliarios contaminados daría incluso beneficios? "Esta rentabilidad", responden portavoces de Sareb, "figuraba en el plan de negocio elaborado con anterioridad al traspaso completo de los activos. Una vez se estudió la composición y características de los activos transferidos, se descartó públicamente este objetivo de rentabilidad".

El problema es que este descarte se produjo oficialmente por primera vez... en 2017. 

El sobreprecio por el ladrillo tóxico de la banca 

Habla una fuente que conoce muy bien los entresijos de Sareb: "El banco malo arranca en un punto controvertido: los activos que se traspasan a su cartera del balance de las entidades no se valoran". Se trata de 400.000 inmuebles repartidos por toda España y valorados en su momento en 50.000 millones. "Alguien decide entonces que hay que aplicar una quita sobre el valor en libros de esos activos del 50%. Y por un momento los gestores están convencidos de que eso sería suficiente para garantizar la rentabilidad". 

Esto ocurrió durante la presidencia de Belén Romana, en la que se concibió la sociedad: Sareb empezaría a funcionar con un capital de 4.800 millones de euros (3.600 millones de los cuales eran deuda subordinada), de los que el Estado puso el 45% y el resto los accionistas. Y emitió bonos por el valor de sus activos tóxicos –50.000 millones– avalados por el Estado, una operación que hoy está en el centro del exagerado aumento de deuda pública.  

A la llegada de Jaime Echegoyen, en 2015, la sociedad decide valorar activo por activo para saber qué es lo que tiene en sus carteras. Y se da de bruces con la realidad: el FROB ha pagado un precio superior en más de 5.000 millones de euros al valor real de su portfolio, a pesar del haircut sobre la deuda. 

"El sobreprecio pagado fue calculado por las autoridades internacionales en el momento del propio traspaso de los activos", defienden en el banco malo. 

El sobreprecio está en el origen de los problemas de la sociedad, y explica la premura con la que se concibió este vehículo. En la sociedad que dirige Echegoyen hacen otra lectura: "La sociedad se constituyó de cero en un momento de completa paralización del sector inmobiliario y con una crisis de confianza en las instituciones financieras. Se le transfirió de acuerdo con los precios fijados por la Administración, una cartera valorada en su momento en 50.780 millones de euros, la mayor parte prestamos impagados", indican portavoces. 

El cambio contable de 2016 para salvar la quiebra 

A los cuatro años de vida de Sareb, sus gestores entendieron que era un pozo sin fondo. Y el momento clave vino con una autorización del Consejo de Ministros, tal y como reveló El Confidencial: se autorizó a la sociedad a no contabilizar como pérdidas las minusvalías latentes, esto es, el sobreprecio abonado al crear el banco malo; así, Sareb se anotaba solo sus pérdidas considerando el valor de mercado de los activos y no el deterioro resultante de pagar más por inmuebles que valían menos.

La presentación de resultados en abril de 2017 confirmó este cambio relevante: donde tenía que anunciar la pérdida de 3.200 millones, solo reconoció 751 millones. El equipo de comunicación entonces se fajó por desmentir algo que hoy todo el mundo en todos los medios asegura: que el arte del birlibirloque contable permitía reducir a un cuarto las pérdidas oficiales, mientras las reales se hallaban bajo la alfombra. 

Con el tiempo este cambio contable ha cobrado mucho sentido, aunque para los gestores Sareb ha sorteado la quiebra en incontables ocasiones, y ha tenido que tirar de argucia para no entrar en causa de disolución técnica. 

El lío de los 'servicers' 

Una vez creada la sociedad, había que liquidar los inmuebles y encoger la cartera. Eso significaría que la deuda de la sociedad mermaría. De Guindos confiaba en que la recuperación del mercado inmobiliario haría todo lo demás. Y no se equivocó en lo primero (la recuperación), solo que, hasta la irrupción del covid, el nuevo auge de la vivienda ha estado muy ligado al turismo y, por tanto, se ha concentrado en unas pocas grandes ciudades, con los problemas que ello acarrea. 

Antes de la salida europea de la recesión, Sareb decidió que sus inmuebles los venderían las propias entidades que los traspasaron como parte de sus activos tóxicos a la sociedad. "Y, como era de prever, los bancos no se interesaron en vender, porque esos activos no eran ya su problema", confía una fuente. 

Belén Romana tomó cartas en el asunto a finales de 2014, y puso la mitad de sus activos en manos de servicersdesvinculados de dichos inmuebles: Servihabitat, Haya, Cerberus... Todo esto implicó gastar más dinero, sin explorar siquiera si la plantilla –entre 300 y 400 personas, según el momento– podía asumir esa tarea. Actualmente Sareb lleva ya varias revisiones del contrato con los servicers. 

"Queda lo suficientemente demostrado que los primeros directivos de Sareb no tenían ni idea del mercado inmobiliario", lamenta el economista Alejandro Inurrieta, ex presidente de la Sociedad Pública de Alquiler en la etapa de Zapatero. "Eran muy poco profesionales". 

Otros contratiempos en la gestión

A finales de 2016, el equipo de Valoración de Riesgos (un área clave dentro de Sareb) pidió salir, hecho que se consumó. Al parecer estos profesionales solo veían un horizonte marcado por la disolución por causa de quiebra, precisamente por el sobreprecio original.

En 2018, durante un juicio por su despido, el ex tesorero de la sociedad, Francisco Cordero, denunció que Sareb malvendía sus activos. A comienzos de 2020 el despido del tesorero era declarado nulo. 

Otro de los hechos más escandalosos fue la celebración de onerosas fiestas para toda la plantilla, ya en tiempos de Jaime Echegoyen. Hasta dos veces al año, los trabajadores se reunían en codiciados lugares como el Palco del Santiago Bernabeu o el Hipódromo para celebrar la llegada de las festividades. La publicación de la noticia, en junio de 2018, terminó con estas prácticas. 

Sin embargo, el episodio más sangrante dentro de la gestión fue la contratación en 2013 de un crédito swapswap para la mayor parte de su cartera de bonos senior, en teoría un escudo para defenderse de la subida de los tipos de interés, en aquel momento por las nubes. La caída del Euribor justo después de firmar el swap impidió a la sociedad ahorrar en concepto de costes financieros en los años venideros. En 2019 la Comisión Europea advirtió a Echegoyen de que el swap suscrito ahora hace ocho años suponía "altos costes de financiación". Las últimas estimaciones retratan pérdidas por valor de hasta 3.000 millones de euros.

Inurrieta apunta también a la "falta de transparencia". "Si el Estado es el principal accionista, ¿por qué no sabemos dónde están las viviendas de Sareb? Se dice que hay mucha vivienda en municipios pequeños y mucho suelo rústico...". 

Portavoces de Sareb resaltan que la sociedad "ha realizado su actuación contribuyendo al saneamiento de la economía española y sin distorsionar el mercado inmobiliario, contribuyendo a su dinamización y recuperación". Y destacan la nueva misión de Sareb: convertirse en una suerte de agencia de la vivienda social, cometido que nada tiene que ver con el inicial: "Estamos movilizando una cartera de 15.000 viviendas que se destinarán a programas de vivienda social a través de ayuntamientos y comunidades autónomas".  

El peor 'banco malo' de la UE

La asunción de 35.000 millones de euros de deuda solo se entiende por un fracaso tanto en el diseño como en la gestión. Sin paliativos. Un fracaso que aumenta al comparar a Sareb con otros bancos malos europeos. 

"No es posible comparar la actuación de Sareb con otras entidades similares", creen en la sociedad, "sin tener en cuenta muchos factores". Los enumeran: "Las particularidades de los mercados inmobiliarios, el momento del ciclo en el que fueron creadas, la tipología de los activos transferidos, la ubicación de los mismos, la evolución de los precios en cada mercado o la composición inicial de su accionariado".

Pero otras fuentes creen que la comparativa es necesaria.

Nama, el banco malo irlandés, saldó sus deudas en marzo de 2020, justo la víspera de las restricciones globales por el covid-19. Creado en 2009 por las autoridades irlandesas para colocar 70.000 millones en activos tóxicos, se espera que arroje beneficios este 2021, según anunció su CEO en febrero. Los beneficios irían directos a las arcas públicas.

Muy similar es la situación del banco malo británico, Northern Rock. Al parecer, éste habría seguido los pasos de Nama y saldado su pasivo. Y lo mismo ocurrió en Países Bajos con el hegemónico ING, que se convirtió en una suerte de banco malo al ser por sí mismo un banco sistémico en su propio país. En 2014, ING devolvió al Estado holandés todo el dinero movilizado para su rescate. 

La primera y exitosa experiencia de banco malo se produjo en Suecia, a finales de los ochenta y principios de los noventa. Afectado por una grave crisis inmobiliaria, el país escandinavo vio cómo se desplomaban los precios de la vivienda y aumentaba el paro. En 1992 decidió nacionalizar las tres principales entidades financieras afectadas, Gota Bank, Nordbanken y Forsta Sparbanken, que habían recibido desde 1989 cuantiosas ayudas públicas. 

En 1993 el Gobierno de Estocolmo diseñó su banco malo: creó dos entidades, la Autoridad de Apoyo a los Bancos (AAB) y las Compañías de Administración de Activos (CAA). Una recapitalizaba, vendía o fusionaba los bancos intervenidos y la otra se quedó con los activos tóxicos, para revenderlos en lotes. Ambas entidades aceleraron sus operaciones para rebajar el coste del rescate. De 65.000 millones de euros, Suecia recuperó casi 50.000 millones. En nueve años, Sareb solo ha rebajado la deuda en unos 15.000 millones de euros. 

El último capítulo de Sareb ocurrió el pasado miércoles 31 de marzo, cuando la sociedad anunció pérdidas de 1.073 millones en 2020. 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), grupos de StopDesahucios y el Sindicato de Inquilinos han presentado e iniciado este miércoles el PlanSareb, una ofensiva de acciones y campañas contra la Sareb, que han arrancado con el acceso este miércoles a la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en Madrid, principal accionista del banco malo, según informa Europa Press. 

Este acto se ha producido después de que los tres colectivos hayan explicado frente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital en qué consistía esta nueva campaña del movimiento de vivienda contra la Sareb.

Entre sus demandas se encuentran que las viviendas de Sareb pasen a formar parte del parque de vivienda pública y se incluyan en la Ley de Vivienda o que se archiven todos los procedimientos de desahucios de la Sareb.

También piden iniciar una negociación colectiva de todos los casos de Sareb de la Comunidad de Madrid y que se resuelva así favorablemente la situación del las 112 familias en viviendas de Sareb con desahucios "en curso o al filo de ellos" en esta región de España.

Después de presentar esta campaña contra la Sareb, más de 20 personas han ocupado toda la entrada de la sede del FROB y algunos portavoces han logrado reunirse con la presidenta del organismo, Paula Conthe.

Uno de los negociadores y portavoces del PlanSareb ha denunciado, en declaraciones a Europa Press, que hay "un montón de activos inmobiliarios y pisos controlados por el Estado que están vacíos y se están malvendiendo a fondos buitre". "Lo está haciendo de forma expresa el Ministerio de Economía y el Gobierno", ha apostillado el portavoz.

Asimismo, ha indicado que han acudido a estas oficinas porque es "en el FROB donde están las personas que pueden decidir que esto cambie".

La presidenta del FROB, por su parte, se ha comprometido a mantener un encuentro "lo antes posible, antes del 8 de abril" con este colectivo, que espera que la propuesta vaya en serio y que se tome "cuanto antes" solución a este problema que va a servir no solo a las familias en amenaza de desahucio, sino a la política de vivienda en general.

La sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, Sareb, el banco malo creado en 2012 para dar salida a aquellos activos tóxicos que amenazaban la viabilidad de las entidades bancarias en plena crisis financiera, ha vivido un verano convulso. Entre julio y agosto se produjo la salida de 12 empleados, varios de ellos pertenecientes a la estructura de alta dirección. La sociedad que preside Jaime Echegoyen habla de "reestructuración", versión que desmienten varios de los cesados. Algunos han optado incluso por denunciar a su ya ex empresa y elevan a 15 la cifra de despidos.

Nunca antes se había producido una cascada de destituciones tan numerosa en los ocho años de vida que tiene la entidad, la cual por estatutos desaparecerá en 2027 si no quiebra antes (ha llegado a rozar la causa de disolución este año). De acuerdo con portavoces de Sareb, los ceses tienen que ver con una "reorganización" del vehículo gestor, cuyo capital es un 45% público (el primer accionista es el Fondo de Reestructuración Bancaria, FROB). El año pasado sus números rojos rozaron los mil millones de euros.

"Las salidas se enmarcan en el proceso de reorganización que lanzó Sareb hace unos meses en la búsqueda de una mayor eficiencia, y también de optimización del contrato que mantiene con sus servicers. Forma parte de los ajustes normales en la operativa habitual de una compañía", indican. Los portavoces ponen como ejemplo el área de márketing, tarea de la que van a encargarse los servicers, con los que Sareb está renegociando su relación profesional. 

Pérdidas desbocadas

Varios de los afectados rechazan que esa sea la causa, asegurando que solo dos de los destituidos pertenecían al departamento de Márketing. Por ejemplo, cargos con experiencia y bien considerados sin relación con el área citada han salido del banco malo. Es el caso de Juan Antonio García, ex director de Ventas Inmobiliarias, de Andrés Sánchez-Heredero, que ha ostentado varios puestos en la cúpula, o de Manuel Enrich, ex director de Relaciones con Inversores. 

La plantilla total tiene casi 400 personas. No existen precedentes de lo sucedido este verano. A finales de 2016 el equipo de valoración de riesgos abandonó la sociedad (siete personas, cuatro de ellas subcontratadas). 

A comienzos de 2013, la Sareb gestionada activos valorados en torno a 50.000 millones de euros procedentes de diferentes entidades financieras. En los últimos años, las pérdidas se han desbocado: 565 millones en 2017, 878 millones en 2018 y 947 millones de euros de pérdidas el año pasado, según las últimas cuentas presentadas en abril. 

Sin retribución variable

También en abril, durante el confinamiento por la crisis desatada por la pandemia del covid-19, Sareb congeló el salario a su plantilla y anuló una "retribución variable" de entre el 8% y el 25% para toda la plantilla. Sareb congela el salario de toda la plantilla y su cúpula renuncia al 'bonus' por la crisis

"Desde nuestra particularidad como entidad nacida en la anterior crisis económica, queremos sumarnos a los esfuerzos que están haciendo las empresas y el conjunto de la sociedad para contribuir en la búsqueda de soluciones", indicó entonces Echegoyen en un comunicado.

El último informe de actividad de Sareb reportó que el número de directivos creció de 20 a 26 entre 2018 y 2019. Recientemente Sareb ha conseguido el plácet de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para construir hasta 17.000 viviendas a través de una filial, Árqura Homes. Las últimas polémicas del banco malo se refieren a intentos de desahucios, como el que recientemente se ha paralizado y que afectaba a una familia en el madrileño distrito de Vallecas.

Dice Manuel Gabarre que su breve ensayo Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler (Traficantes de Sueños) no tiene un propósito académico. Ni siquiera tiene un propósito meramente descriptivo, asegura, aunque él forme parte del Observatorio Contra Delitos Económicos (Observatorio CODE), un colectivo que pretende denunciar los abusos en lo público ocasionados por los grandes fondos de inversión, conocidos como fondos buitre. Se trata de crear un mapa que señale dónde están los monstruos marinos, personificados en este caso en Blackstone y compañía, pero para "detectar [sus] debilidades". 

En las apenas 90 páginas del libro, Gabarre ofrece algunas claves. Que la llegada de los grandes fondos estadounidenses no podría haber tenido lugar sin un fomento por parte del Estado español a través de beneficios fiscales y legales. Que el antídoto frente a la irrupción de estos gigantes en el mercado inmobiliario es la "vivienda pública en alquiler social". Que un buen momento para haberla desarrollado hubiera sido la creación de la Sareb, la especie de sociedad inmobiliaria formada con los activos de las entidades bancarias rescatadas, y con un 45% de capital público. Que, pese a haber perdido esa oportunidad, aún no es tarde para crear un parque de vivienda pública. Que el estallido de la Sareb, es decir, el momento de la devolución de su préstamo, del que el Estado es avalista, está próximo, y que entonces será la ocasión de asomarse al banco malo y señalar responsabilidades políticas de su gestión. 

Pregunta. Una de las ideas centrales del libro es que el hecho de que los alquileres hayan subido tanto no es algo casual, sino una estrategia de negocio bien orquestada. ¿En qué momento se empieza a perfilar esto por parte de los grandes inversores?

Respuesta. En mi opinión, esto comienza a percibirse cuando la banca tradicional, con toda su vivienda, se va al garete en España, algunos quiebran y otros se mantienen como zombis, y se da paso además a una sociedad precarizada con trabajos temporales y bajos salarios que no puede acceder a una hipoteca. ¿Dónde está el dinero para comprar esa vivienda [de los bancos arruinados]? Está escondido en paraísos fiscales, y lo tienen fondos de inversión, normalmente estadounidenses. ¿Qué se decide? Que quien tenga el dinero, que compre, porque de esta manera la banca puede mejorar su solvencia vendiendo todo este patrimonio. Y que el mercado pase al alquiler, porque aquí el riesgo que existe es que un inquilino no te pague la mensualidad, pero no que te deje sin pagar una hipoteca de 180.000 euros. Ahí es donde se decide cambiar el modelo.

P. Y es aquí donde irrumpen los que llamamos fondos buitre.

R. Sí, porque el Estado español les ha puesto una alfombra roja: se crean las socimis, no pagan impuestos de sociedades, se restringe el derecho de tanteo [frente a los fondos]… Y que además hay un gran patrimonio de vivienda que pueden comprar muy barato, porque en aquel momento no hay dinero para invertir dentro de España y la gente tiene que seguir viviendo debajo de un techo, es negocio seguro. Y aciertan, porque han conseguido unos beneficios enormes. En mi opinión, es una oportunidad de inversión diseñada desde las altas esferas. Hay acuerdos a nivel más amplio que el español que deciden que esto sea así.

P. Cuenta que el mercado del alquiler en España pasa de ser un mercado muy disgregado, con muchos pequeños actores, a ser un mercado concentrado en manos de grandes caseros. ¿En cuánto tiempo se produce esta transformación?

R. Esto se produjo, desde que se decidió hasta que se materializó, en un plazo de cinco años. Se decidió en torno a 2010-2011, en 2012 se diseñó legalmente y en 2014 o 2015 estaban entrando estos grandes fondos. Antes, el problema que tenían es que la vivienda estaba muy dispersa. Pero al adquirir el patrimonio inmobiliario de todas las cajas y bancos, es cuando irrumpe esta nueva realidad.

P. El libro también carga contra la idea, muy extendida, de que si el mercado del alquiler está tan caro es porque no hay suficiente vivienda, que es una cuestión de oferta y demanda. En 2011, con los últimos datos disponibles, el INE estimó que había 2,9 millones de viviendas deshabitadas en buen estado…

R. Lo que yo creo que ocurre es que como no hay suficiente vivienda pública, evidentemente el mercado tira hacia arriba, particularmente donde hay escasez, que en el caso de España es en las grandes ciudades y en los lugares con presión turística. Esto sucede porque no hay ningún tipo de control público. Necesitamos vivienda pública en alquiler social que llegue a diferentes capas de la población. Ahora, solamente el 2% de las viviendas son públicas, y por lo tanto no pueden influir en el mercado, más allá de a quién vayan dirigidas.

P. En el libro recoge ejemplos de ciudades europeas con grandes parques de vivienda pública, como Viena. ¿Por qué no ha sucedido algo similar en ninguna gran ciudad española?como Viena

R. La principal razón de que aquí no haya ocurrido esto es que estos parques de vivienda pública se desarrollaron tras la Segunda Guerra Mundial, cuando estos países estaban gobernados por partidos socialdemócratas, o por partidos que no lo eran pero que apostaron por políticas socialdemócratas, quizás por el temor al comunismo. España estaba sufriendo una dictadura, y no es casual que los países mediterráneos que han sufrido dictaduras en estas fechas no hayan tenido nunca parques de vivienda social.

P. En ese momento se perdió el tren, ¿pero se podría haber recuperado?

R. Sí, en cualquier momento. Una buena ocasión fue la quiebra de las bancas y la configuración del Sareb.

P. Una de las objeciones que se ponen ante la compra o construcción de vivienda pública es que la Administración no puede hacer frente a un gasto de este tipo.

R. Pero realmente no es así. Al decidirse el Estado a rescatar a la banca, precisamente por el asunto de la vivienda, ya se hizo ese gasto. Con lo cual, podría haber conseguido un parque público de vivienda que le estaría generando ingresos. En algunos casos, no los generaría, porque las casas irían destinadas a personas con rentas bajas, pero en otros sí, y a largo plazo podría ser perfectamente viable para el Estado.

P. Quienes cuestionan ese modelo, aseguran que no es sostenible para la Administración desde el punto de vista económico.

R. Hombre, habría que estudiar los modelos exitosos, como el de Viena, que tiene 400.000 viviendas en alquiler social, 200.000 de gestión pública y 200.000 con algún tipo de protección, en una ciudad de 2 millones. Este modelo de gestión es serio y viene de hace más de un siglo. Podría hacerse perfectamente, claro que sí, igual que funcionan la educación o la sanidad. Aparte, claro, del hecho de garantizar el acceso a la vivienda, cumpliendo el mandato constitucional.

P. Esto, con la creación de la Sareb, no estuvo nunca encima de la mesa.

R. No, nunca se planteó.

P. Lo que sí ha estado encima de la mesa, aunque no se ha llevado a cabo, ha sido el control del precio del alquiler por ley. ¿Es una solución viable y suficiente?

R. Son varias medidas que contribuyen al fin de que la vivienda no consuma los recursos de la población. Por supuesto que es una medida útil. En otros países, como Alemania, el precio del alquiler no puede subir: el contrato de alquiler es indefinido, y la mensualidad no puede subir. ¿Funciona? Relativamente. No es que sea perfecto: el precio no se puede subir a no ser que el casero haga reformas. ¿Qué ocurre? Que el precio de la reforma se imputa al inquilino, es una forma de amedrentarle y de hacer que se vaya. Esto, en ciudades como Berlín, donde el 90% del alquiler está en manos privadas (eran públicas, pero se vendieron), ha generado muchos problemas debido a la presión turística, porque era rentable comprar casas y subir el alquiler por medio de esta vía de las reformas. En suma: hay que combinar diferentes medidas. Congelar los precios de los alquileres es más inmediato y más fácil de hacer que componer un parque de vivienda social, sobre todo cuando ya se ha hecho el rescate.

P. El Gobierno optó por no limitar el precio del alquiler, pero ampliar los contratos de tres a cinco años, siete si el casero es una empresa. ¿Ha sido efectivo?ampliar los contratos

R. Siempre es positivo alargar los plazos, porque el de tres años estaba pensado para, según cómo vaya el ciclo económico, que los propietarios de vivienda se adapten al precio más alto del ciclo. Al estar en cinco años, hay más protección para el inquilino. ¿Es suficiente? Yo diría que no, pero todos los pasos que sean favorables deberían ser bien recibidos, porque suponen al menos un cambio de tendencia.

P. Hace poco, la periodista Analía Plaza publicaba en eldiario.es un artículo en el que contaba cómo los precios del alquiler en Madrid siguen creciendo, pero a un ritmo mucho menor que en los últimos años. ¿Está cambiando algo en el mercado?Analía Plaza publicaba en eldiario.es

R. Los fondos de inversión no son empresas que tengan vocación de permanencia en ninguna actividad económica. Lo que hacen es comerciar con dinero. Ellos han estructurado de tal manera sus inversiones en España de manera que, para sacar rentabilidades del 8% o del 10%, tienen que venderlo a otro fondo. Es un casino, y lo que se pretende es crear una burbuja y que suba la apuesta. Como además en España no había limitaciones al precio del alquiler, esto se ha fomentado.

P. Es decir, que para los fondos de inversión España ya no es el negocio que era.

R. Claro, si se ralentiza el crecimiento, es más complicado venderlo. Y si baja el precio del alquiler, podemos tener un problema, porque los fondos de inversión funcionan endeudándose mucho: hacen apuestas muy grandes, pero no con su dinero. Aunque para el inquilino, la consecuencia de que tu casero sea un fondo u otro, tampoco es excesivamente relevante. Y lo que está sucediendo es un cambio de manos. Blackstone, que ahora es el principal propietario de vivienda en España, en julio manifestaba que quería salir del mercado. Creo que tiene que ver con que la banca internacional se regula por los acuerdos de Basilea, y Basilea III decía que antes de 2020 la banca tenía que alcanzar una solvencia. La consecuencia de esto, entre otras cosas, es que la banca española tenía que vender sus activos inmobiliarios. Claro, entonces había mucho para vender, y a partir de 2020 va a haber menos. Quizás la oportunidad era esta venta de patrimonio de la banca, ya fuera por sí misma o a través del Sareb.

P. Dedica parte del libro a hablar de la Sareb, justamente, el llamado banco malo. Haciendo un ejercicio de ficción, ¿cómo se imagina que hubiera sido el negocio de estos fondos de no haber existido la Sareb, o si esta no hubiera puesto su patrimonio inmobiliario a la venta?banco malo

R. Los fondos de inversión podrían haber accedido, como han hecho, a una gran parte del inmobiliario español, de las cajas que no fueron rescatadas. Pero no hubieran podido acceder a las que fueron rescatadas, que es importante. Si las viviendas de estas últimas se hubieran puesto en alquiler social, los fondos no habrían tenido tanto interés por acceder al mercado español, porque los beneficios potenciales habrían sido menores. La vivienda pública en alquiler social es el enemigo número uno de los fondos de inversión, porque rebaja los precios.

P. Recuerda que la Sareb recibió un préstamo europeo de 50.000 millones de euros, préstamo del que el Estado es aval. Y asegura que se sabía desde el principio que el modelo empresarial de la Sareb no permitiría devolver este préstamo. ¿Por qué se diseñó una operación de este tipo?

R. Una de las finalidades de la Sareb era que no computara como deuda ni como rescate esta parte que en realidad lo es. ¿Cuánto tendrá que asumir al final el Estado? No lo sabemos, pero va a ser una cantidad de decenas de miles de millones porque ya está en pérdidas y todavía debe 40.000 millones. ¿Qué sucede? Que en 2012, cuando España fue rescatada con un memorándum de entendimiento —dicen que no fue un rescate, pero sí que lo fue, por las condiciones que se plasmaron en este documento—, si se hubieran añadido 40.000 millones de euros de una tacada a la deuda española, las cuentas hubieran arrojado unos déficits del 14% o el 15%. Tengamos en cuenta que en 2012, España estaba en un déficit del 10%, que es una cifra elevadísima. Además de que la ciudadanía se hubiera percatado de que el importe del rescate era mucho mayor, en un momento además de gran inestabilidad política y cuando rondaban por ahí partidos como Syriza.

P. Sostiene en el libro que, si nadie tiró del freno de alarma ante la escasa solvencia de la operación, fue porque el Estado había diseñado estas condiciones.

R. Eso es. El fundamento del negocio es que hay un aval del Estado a Sareb, y sin este aval no le habrían prestado un duro. ¿Qué compró Sareb? Los activos inmobiliarios llamados deteriorados de las cajas. Estaban en estos paquetes muchísimos terrenos donde nadie piensa que se vaya a edificar nada en un plazo razonable, por ejemplo. Por barato que lo compres, eso siempre es mal negocio. Fue una operación de rescate a la banca encubierta.

P. Uno de los aspectos que explica es que la Sareb ahora mismo está dormida desde un punto de vista contable. Asegura que Luis de Guindos diseñó una "artimaña legal" para evitar que las entidades financieras y el Estado tuvieran que hacer nuevas aportaciones que cubrieran las pérdidas de Sareb. Dice que lo hizo para "ganar tiempo" y que las consecuencias de la operación recayeran en los Gobiernos posteriores. Si esto es una bomba de relojería, ¿cuándo estallará?

R. Como la opacidad de la Sareb es enorme, porque no dicen exactamente qué bienes tienen, o qué créditos al promotor, que es su principal activo, no lo sabemos. Con la normativa contable que se aplica a cualquier sociedad, Sareb tendría que estar en quiebra, y así sería si no se hubiera hecho una normativa específica para Sareb. Vemos que en los últimos años se han presentado resultados con pérdidas de miles de millones, que todavía se deben 40.000 millones, y que se han vendido bienes por valor de 24.000 millones de euros. ¿Cuándo va a estallar? Imagino que alguien lo estará previendo, pero desde luego en la agenda política no está. Probablemente traten de que no explote todo de una vez. Si la Sareb se concibió para 15 años, intentarán que el pago del aval se reparta en 7 o en 8 años, e imagino que la Unión Europea, que es el acreedor en última instancia, dará las facilidades que pueda. Para las arcas españolas es un gran problema, porque nos encontraremos con una deuda y sus intereses. Es verdad que la deuda del Estado español supera el billón de euros y en los últimos años se ha multiplicado por tres. 40.000 millones son muy poco comparado con esto, pero no necesitamos más lastres.

P. ¿Se asumirán responsabilidades políticas por esta operación?

R. El máximo responsable de la configuración de la Sareb es Luis de Guindos, que es una persona que proviene de la banca de inversión y tiene sobrada capacidad técnica y política para diseñar lo y hablar con los principales actores que intervinieron. Fue ascendido: ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo. Y en la Sareb hay cosas que yo diría que son muy raras. Rodolfo Martín Villa [ministro con Arias Navarro y Adolfo Suárez, expresidente de Endesa] era consejero de la Sareb, y no sé cuáles fueron las razones para incluir a esta persona. Por poner un ejemplo.

P. ¿Y qué salida hay para Sareb?

R. Habrá que revisar cómo se han hecho estas ventas, si se han hecho adecuadamente. Pero el volumen de lo que se ha vendido es tal que no parece haber mucha esperanza de que se pueda sacar provecho para la sociedad española de lo que ha pasado aquí. También es verdad que en otros procesos que parecían perdidos, como la venta de vivienda pública en Madrid, parece que no está todo cerrado. Habrá que esclarecer las responsabilidades políticas, sobre todo cuando llegue el momento del pago del aval.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el banco malo, fue creada en 2012 para digerir el ladrillo tóxico que atoraba los balances de los bancos nacionalizados e intervenidos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Participado en un 45% por el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –otra criatura de la crisis financiera–, y por bancos, aseguradoras y la eléctrica Iberdrola en el 55% restante, tiene como mandato dar salida en el mercado en un plazo que acaba en 2027 a los 200.000 activos, entre inmuebles y préstamos, que adquirió por 50.781 millones de euros. En los seis años que lleva en funcionamiento, el banco malo ha vendido el 32,6% de su cartera tóxica. Pero acumula unas pérdidas de 2.193 millones de euros.

Una cantidad que equivale casi exactamente a la aportación realizada por el FROB al capital de la Sareb, 2.192 millones de euros, cuyas posibilidades de recuperación el presidente del primero, Jaime Ponce, considera “escasas”, según escribió en un artículo publicado en el último número de la Revista de Estabilidad Financiera del Banco de España.

Pese a que son unos números rojos considerables, lo cierto es que podrían ser incluso más abultados. Porque en su corta vida las cuentas de la Sareb ya han sufrido dos reformulaciones, en 2015 y 2016. Tras la primera, las pérdidas de 2013 alcanzaban 1.609 millones de euros y las de 2014, 804 millones. Un total de 2.413 millones de euros.

Después de la última, en aplicación del Real Decreto-ley de Medidas Urgentes en Materia Financiera, de diciembre de 2016, las pérdidas en 2013 quedaron reducidas a 47 millones y el resultado pasó incluso a ser positivo en 2014: unos beneficios de 67 millones.

Pero, aun con los nuevos criterios contables, el banco malo no ha hecho más que aumentar sus números rojos desde entonces. Ha pasado de perder 102 millones de euros en 2015 a cerrar con 878 millones negativos en 2018. Es decir, ha multiplicado sus pérdidas por 8,5 en cuatro ejercicios.

Patrimonio neto negativo

La reformulación también afectó a la manera de calcular su patrimonio neto. Gracias a los cambios dispuestos en el decreto antes citado, el banco malo ha dejado de computar en el patrimonio neto las pérdidas latentes que le ocasionó una operación con derivados realizada en 2013 –1.221,2 millones para cobertura de tipos de interés– y las correcciones por el deterioro de sus activos financieros –5.091 millones–. De forma que lleva desde 2016 en cifras positivas: 2.619 millones ese ejercicio, 2.055 millones en 2017 y 1.177 millones en 2018. Pero, si no se realizara esa maniobra contable, el patrimonio neto negativo de la Sareb alcanzaría la nada despreciable cifra de 5.136 millones de euros. De hecho, en 2015 ya tuvo que convertir en capital 2.171 millones de euros de deuda subordinada para evitar su disolución, obligada cuando el patrimonio neto de una empresa es inferior a la mitad de su capital social, como ocurría con el banco malo entonces.

José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, asegura que las peculiaridades de los bancos malos, “unos instrumentos diseñados muy ad hoc”, explican que se hagan ese tipo de ajustes. Y aclara que otros cambios, como los de las tasaciones de los activos a los que le obligó el Banco de España en una circular de 2015, propinó a la Sareb “un golpe tremendo” disparando sus pérdidas. El banco malo compró los inmuebles y los préstamos con un descuento medio del 63%. “La compra se llevó a cabo muy rápidamente, el último día del año, fue todo un poco caótico”, lamenta García Montalvo. Aun así, un portavoz de la Sareb reconoce que los activos “fueron adquiridos por encima de su precio real”. Tras el cambio de criterio del Banco de España, el banco malo tuvo que hacer provisiones por importe de 2.400 millones de euros en 2015: mientras acumulaba plusvalías en inmuebles, las minusvalías en préstamos ascendían a 3.012 millones de euros.

Jaime Ponce, presidente del FROB, el principal accionista del banco malo, advirtió hace unos días en la Universidad Menéndez Pelayo de que el plazo de 15 años dado a la Sareb para sanear todo el ladrillo tóxico adquirido bien puede ampliarse, pese a que el decreto que la creó no prevé una prórroga, informa Europa Press. Pero descartó que el banco malo necesite una inyección de capital público a corto plazo. En el mismo sentido se ha pronunciado un portavoz de la Sareb a preguntas de infoLibre.

Una cartera de difícil venta

García Montalvo considera que el patrimonio negativo de la Sareb “no tiene relevancia crítica”. Pero también deja claro que las pérdidas del banco malo las pagarán, al final, los contribuyentes. “Lo ideal sería venderlo todo y a buen precio, naturalmente”, explica, “pero la experiencia de otros bancos malos en otros países tampoco es muy positiva”. Los accionistas privados “ya han perdido todo lo que pusieron”, destaca además el catedrático de la Pompeu Fabra, “pero sabían que lo iban a perder desde el principio, por eso el BBVA, por ejemplo, no quiso entrar”. Entonces el dilema consistía en dejar quebrar a las entidades financieras o en imputar el coste al contribuyente: “Había que elegir entre lo malo y lo peor”. Y, a su juicio, dejar quebrar a los bancos no era la mejor alternativa.

Además, la cartera de préstamos e inmuebles de la Sareb es complicada de vender, resalta. “Está por debajo de la media: segundas residencias, viviendas en arrabales de ciudades pequeñas y medianas, lugares con poca demanda...”. Lo refrenda el portavoz del banco malo: “No tienen un potencial de revalorización evidente”.

En su artículo de la revista del Banco de España, Jaime Ponce reconoce también que la Sareb no lo tiene fácil debido a los “riesgos muy significativos del mercado inmobiliario, del ritmo de desinversión y de la capacidad de absorción de sus activos”, teniendo en cuenta “un contexto de gastos financieros y de estructura muy elevados”. Por eso considera que el Estado no recuperará el dinero invertido en su puesta en marcha.

En cualquier caso, García Montalvo cree que hay múltiples fórmulas para restructurar y absorber las pérdidas del banco malobanco malo, teniendo en cuenta que ahora el coste de financiación es muy bajo por los tipos de interés en caída histórica. “Mientras la operación no se compute como deuda, no es un problema”. En su opinión, no sería lo “deseable”, pero sí “lógico” que se prorrogase el mandato inicial de 15 años para vender todo ese ladrillo tóxico de tan difícil digestión, aunque para ello habría que cambiar los bonos que soportan el pasivo de la Sareb, apunta. Para el banco malo, continúa, la solución es “más política que técnica”.

Fuera préstamos, mejor inmuebles

Al presentar las cuentas del último ejercicio, el presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen, atribuyó el fuerte aumento de las pérdidas, un 55% respecto a 2017, a la reducción de las operaciones institucionales y a los “brutales” descuentos con que se colocan los préstamos debido a la elevada competencia, así como a un margen de maniobra que “comparado con la banca es prácticamente cero”. Así que el banco malo se niega a entrar en esa guerra de rebajas y ha decidido dedicar sus esfuerzos a transformar los préstamos en inmuebles, más fáciles de vender. El plan es impulsar la gestión especializada de activos singulares y, sobre todo, convertir préstamos en inmuebles por importe de 1.800 millones de euros este año y por 3.000 millones en 2020. En 2018 transformó préstamos al promotor por valor de 1.400 millones en inmuebles.

Para colocar esos productos especiales la Sareb ya ha creado varios Fondos de Activos Bancarios (FAB), un instrumento financiero que tributa sólo al 1% y está destinado sólo a clientes institucionales. El último se llama Árqura Homes y con él pretende vender 17.095 viviendas nuevas repartidas en 15 comunidades autónomas, con una inversión de 2.238 millones de euros. En esta nueva promotora se ha asociado con el fondo estadounidense Värde, que se ha hecho con el 10% del capital. La inmobiliaria Aelca, propiedad de Värde, será la encargada de la comercialización de los pisos. La idea de la Sareb es repetir el modelo para otro tipo de inmuebles como centros comerciales, oficinas u hoteles. Además, a través de Haya Real State, uno de sus cuatro proveedores externos –junto con Altamira, Servihabitat y Solvia– acaba de lanzar una campaña para vender 844.000 metros cuadrados repartidos en 380 suelos, de los cuales 55 son de uso industrial.

La tristeza del parqué español dejó en 2018 en el arcén la salida a Bolsa de la segunda petrolera del país, Cepsa, cuando ya había registrado su folleto en la CNMV. También ha aplazado sine die la anunciada privatización de Bankia. El año pasado sólo se presentó una oferta pública de valores –el regreso de Metrovacesa tras su marcha en enero de 2013– en comparación con las siete registradas en 2017. Sin embargo, hay un sector que parece inmune al desaliento y disfruta de su propia dinámica. Las socimis –Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario– llevan cuatro años consecutivos de “fuerte crecimiento” y cotizan ya en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) un total de 64, casi un 40% más que en 2017, según destaca el informe anual de la CNMV.

Otro tanto puede decirse de su capitalización, que se ha disparado un 32,8% en el último ejercicio, hasta alcanzar los 10.513,4 millones de euros.

A estas 64 hay que sumar las tres socimis que cotizan en el mercado continuo –Hispania, Lar España Real Estate y Árima Real Estate– y las dos que forman parte el ÍBEX 35 –Colonial y Merlin Properties–.

Las socimis son la versión española de los REIT (Real Estate Investment Trust). Nacidos en 2009, estos vehículos de inversión se dedican a comprar inmuebles para ponerlos luego en alquilercomprar inmuebles para ponerlos luego en alquiler. Desde 2013 cuentan con un régimen fiscal especial que ha determinado su explosión: no pagan impuesto de sociedades y gozan de una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Pero están obligadas a salir a Bolsa en los dos años siguientes a su creación y a distribuir como mínimo el 80% de los beneficios obtenidos de sus alquileres y el 50% de los conseguidos con las ventas de inmuebles. Por esos dividendos tributan sus accionistas. El capital mínimo de una socimi debe ser superior a cinco millones de euros.

Sólo el año pasado se incorporaron a los mercados de valores españoles 19 socimis, de las que 18 lo hicieron en el MAB, el mercado donde buscan capitalización empresas de menor tamaño y la consiguen con costes más reducidos.

De Blackstone a la Sareb

El gigante Blackstone, el mayor casero privado de España y el segundo hotelero, es el propietario de cinco socimis en el MAB: Testa Residencial, Albirana, Fidere, Corona Patrimonial y TorbelTesta Residencial, que superan los 1.507 millones de euros de capitalización.

Incluso la Sareb, el banco malo, la sociedad semipública creada para dar salida al ladrillo tóxico de la banca, ha lanzado su propia socimi, Témpore Properties. Lo hizo el pasado abril, con 1.500 activos valorados en cerca de 152,7 millones de euros. Su capitalización actual asciende a 300,5 millones de euros.

La única salida a Bolsa en el mercado continuo la protagonizó Árima Real Estate el pasado mes de octubre. Promovida por el ex fundador de otra socimi, Axiare, Luis López de Herrera-Oria, tiene una capitalización de 138 millones de euros. Axiare fue absorbida el pasado verano por otra socimi, Colonial, cuyo valor en Bolsa queda a nivel estratosférico de sus compañeras del MAB: 5.167 millones de euros. Mayor aún es la capitalización del otro gigante del sector en el ÍBEX, Merlin Properties, que se eleva hasta los 5.750 millones.

Sicavs a la baja

La buena salud del mercado de alquileres y de las socimis contrasta con el bajo tono que acompaña a otro vehículo de inversión con el que comparten beneficios fiscales: las sicavs. Las Sociedades de Capital de Inversión Variable se hundieron en diciembre de 2018 a su punto más bajo de lo que va de siglo, tanto en número como en patrimonio. Según el informe anual de la CNMV, a finales del año pasado el regulador tenía registradas 2.713 sicavs, un 4,4% menos que en 2017. El máximo lo vivió este tipo de sociedades en 2015, cuando sumaban 3.409. Es decir, en tres años ha desaparecido el 20,4%. El número de sus accionistas se redujo un 1,2% en 2018 –ahora son 416.029–, mientras que el descenso de su patrimonio ha sido mucho mayor, un 11,4%. Si en 2015 superaba los 34.000 millones de euros, al final del año pasado había encogido hasta 27.836 millones, detalla el informe de la CNMV. Empujados por las liquidaciones de sicavs y la atonía bursátil, también han caído el patrimonio medio por sicav, un 7,2%, y el patrimonio medio por accionista, un 9,8%.

Las sicavs, que deben tener un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes, son utilizadas por las grandes fortunas son utilizadas por las grandes fortunaspara invertir su patrimonio para aprovechar sus ventajas fiscales: los beneficios sólo tributan un 1%. Los motivos de su pinchazo en los dos últimos años los atribuye la CNMV a la “incertidumbre sobre posibles cambios regulatorios”. Sujetas a polémica, el acuerdo que firmaron el pasado octubre el Gobierno y Unidas Podemos para aprobar los Presupuestos del Estado incluía la propuesta de proporcionar a la Agencia Tributaria un mayor control sobre estos vehículos de inversión y asegurarse así de que cumplen los requisitos sobre el número de accionistas. También se planteaba el establecimiento de un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor. El temor a que se apliquen estos requisitos para evitar el fraude ha movido a un buen número de fortunas familiares a liquidar sus sicavs, pese a que aún el Gobierno no ha concretado nada al respecto.

El mismo acuerdo presupuestario preveía un tipo de gravamen del 15% para los beneficios no distribuidos de las socimis, que también está en el aire a la espera del nuevo Ejecutivo.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha renunciado a perseguir penalmente un pelotazo urbanístico que el propio banco malo denunció ante la Fiscalía General del Estado por estafa y tráfico de influencias. Un promotor, Proyectos Inmobiliarios Burke, le adeuda 34,8 millones de euros por un préstamo impagado a Caja Ávila, del que tras su fusión con Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja se hizo cargo Bankia y que, una vez rescatada ésta, pasó a la cartera de la Sareb. La operación tenía como garantía una finca rústica de 14,5 hectáreas situada en el muncipio madrileño de Torrelodones (Madrid), cuyo valor se infló gracias a la expectativa de una recalificación urbanística que nunca llegó a aprobarse.

Pese a la cuantía de la deuda y las sospechas sobre la legalidad de la operación urbanística detrás del préstamo, el banco malo no va a recurrir el archivo del caso, decretado en febrero de 2017 por la Fiscalía de Ávila –donde terminó recalando la investigación–. La decisión de la Sareb desoye un informe que ella misma encargó para consultar sobre el caso y que le recomendaba que recurriera el archivo para actuar por la vía penal. Así lo ha revelado a infoLibre un portavoz de la sociedad, que es propiedad en un 49% del Estado.

El fiscal de Ávila, que finalmente investigó el supuesto pelotazo sólo como un posible delito de administración desleal, lo consideró prescrito. La Sareb asegura que la notificación de ese archivo no le llegó hasta el pasado mes de junio, año y medio después de que el fiscal tomara su decisión. Entonces el banco malo encargó un informe a Ejaso ETL Global, el despacho del que son consejeros el exfiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana y la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas. Su dictamen jurídico, con fecha de 27 de julio y al que ha tenido acceso este periódico, aprecia en la operación urbanística vinculada al préstamo impagado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, “con especial gravedad debido a la elevada cuantía dineraria afectada”, así como otro más de administración desleal continuada.

En contra del criterio de la fiscalía, el informe concluye que los delitos de cohecho, estafa agravada y continuada y administración desleal no estarán prescritos hasta 2022, por lo que recomienda a la Sareb que interponga “denuncia o querella” ante el juzgado de instrucción competente (Ávila o Villalba) o ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Sobre el supuesto delito de prevaricación, el documento, que firma el propio Castresana como jefe del Departamento de Derecho Penal, establece que no estaba prescrito cuando fue denunciado por la Sareb ante la Fiscalía General, en 2016, pero prescribió en 2017. Sin embargo, considera que, si éste se aprecia en relación con los delitos más graves anteriores, la prevaricación tampoco ha prescrito. Además, aconseja al banco malo que ejerza, “al menos”, acciones civiles.

“Es una opinión más”, responde la Sareb cuando se le pregunta por el informe que ella misma encargó. “Ya ha decidido el fiscal la prescripción completa y no tiene sentido ir en contra”, justifica el portavoz. En cambio, añade, sí está estudiando el banco malo qué acciones civiles va a emprender para recuperar el dinero que se le adeuda.

1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial

En octubre de 2008 Proyectos Inmobiliarios Burke recibió de Caja Ávila 20,7 millones de euros hipotecando la finca 2266 del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, un terreno rústico y especialmente protegido cuyo valor entonces no superaba los 504.000 euros. La tasación de la finca se infló –la multiplicó por 41– gracias a la expectativa de una recalificación municipal como terreno urbanizable que no llegó a producirse. El Ayuntamiento de Torrelodones, entonces en manos del PP, pretendía construir en la zona 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial.

Para ello, el consistorio aprobó la recalificación del terreno, que no sólo era rústico sino que además tenía la consideración de “especialmente protegido”. Pero en 2009 la Comunidad de Madrid no ratificó el cambio de uso, después de que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un informe desfavorable y dictaminara que el proyecto era “medioambientalmente inviable”.

Seis años después, el Ayuntamiento, con un nuevo grupo político al frente, Vecinos por Torrelodones, denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Y en noviembre de 2016, tras examinar la operación y encargar un informe a la consultora FTI Consulting Spain, la Sareb presentó otra denuncia por estafa y tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado, que la remitió a la Fiscalía de Madrid. Ésta, a su vez, incoó diligencias el 19 de diciembre de ese año y las mandó el 9 de febrero de 2017 a la Fiscalía de Ávila, donde tenía su sede social la caja de ahorros que concedió el préstamo. Un mes después, las diligencias fueron archivadas.

El pasado mes de julio la finca 2266 continuaba inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de Proyectos Inmobiliarios Burke, que la había adquirido en noviembre de 2006 por importe de 20,27 millones de euros a otra empresa, Styx. Ambas compartían entonces el mismo administrador único: Eduardo Morales Santiago, según consta en el informe elaborado por la Fiscalía de Madrid y al que también ha tenido acceso infoLibre. El ministerio público reproduce el documento encargado por la Sareb a FTI Consulting, donde se deja constancia de que Morales Santiago posee “vínculos personales y profesionales” con Mario Mingo, entonces presidente del PP local y alcalde de Torrelodones entre 1987 y 1996. También con Carlos Galbeño, que gobernó ese consistorio de la sierra madrileña entre 2003 y 2011, igualmente al frente del PP.

Cuando este periódico se puso en contacto con Eduardo Morales este verano para preguntarle por el caso, éste se limitó a contestar que había vendido la empresa hace tiempo y ya no tiene ninguna relación con ella.

Una finca difícil de vender

Aunque la Sareb compra los activos tóxicos con descuento, el importe de la deuda que el banco malo ha dejado de reclamar en el caso de la finca 2266 asciende a un total de 34,8 millones de euros, puesto que al préstamo propiamente dicho y los intereses se les suma una línea de crédito de 1,83 millones. Proyectos Inmobiliarios Burke no devolvió ni un solo euro desde 2008, pese a que Caja Ávila le concedió dos prórrogas antes de desaparecer como tal. De hecho, la propia Sareb destacaba en su denuncia la “especial gravedad” de los supuestos delitos cometidos “debido a la elevada cuantía del préstamo”.

Creada en 2012 a partir de los activos tóxicos que le traspasaron las entidades de crédito tras el rescate financiero, la Sareb está obligada a “maximizar la recuperabilidad” de los préstamos y activos tóxicos que adquiere, “vía recobro o venta”, según consta en su último informe anual de actividad. De hecho, su plan de negocio tiene como objetivo “acelerar” la conversión de los activos financieros –menos líquidos– en activos inmobiliarios. Pero de su cartera de inmuebles, sólo el 4% son suelo rústico, como es el caso de la finca de Torrelodones. El banco malo prima las “soluciones consensuadas con los deudores” de forma previa a la ejecución de las garantías de los préstamos. Así, negocia la modificación de plazos de vencimiento, tipos de interés y garantías aportadas. Incluso puede llegar a la condonación o quita parcial de la deuda. Si no hay acuerdo, abre la vía judicial.

Además, la Sareb prioriza la recuperación de unos activos sobre otros tras evaluarlos según “criterios comerciales”, puesto que su meta es vender viviendas y terrenos si no es posible conseguir la devolución del préstamo. Estos criterios son el tipo de producto, su localización, los precios de venta en cada momento, los costes de transformación… Como la finca de Torrelodones tiene carácter rústico y está especialmente protegido, no es un activo fácil de vender.

Y aunque lo vendiera, el banco malo no podría recuperar la totalidad del dinero perdido. Cuando pidió en 2015 a UVE Valoraciones que la tasara, le calculó un valor de mercado de sólo 915.082 euros. Una tasación que, además, no aumentará en el futuro debido a su especial protección, según reconocía el informe de la Fiscalía. “La Sareb está buscando cuál es la mejor fórmula para recuperar el dinero”, asegura el portavoz.

El fondo Blackstone ha acaparado el protagonismo del mercado inmobiliario con el fin del verano. En agosto se convirtió en el segundo empresario hotelero de España al comprar la socimi (sociedad cotizada anónima de inversión en el mercado inmobiliario) Hispania. Solo Meliá posee más hoteles y habitaciones –142 y 16.600, respectivamente– que este fondo oportunista de Nueva York –70 hoteles, casi 19.000 habitaciones–. El 17 de septiembre pasó a coronarse además como el mayor casero privado del país, tras adquirir el 50% de la mayor socimi de activos residenciales en España, Testa, propietaria de 10.964 viviendas valoradas en 2.300 millones de euros. Además, abrió el mes de octubre poniendo a la venta dos millones de metros cuadrados del Banco Popular, valorados en 500 millones de euros, donde podrán levantarse 18.300 viviendas. Este mismo lunes Acciona ha anunciado que le venderá su 20% en Testa por 379 millones de euros, por lo que el fondo pasa a controlar el 70% de la socimi.

En total, Blackstone lleva invertidos en España más de 23.000 millones de euros y posee una cartera que supera las 32.000 viviendas. Para hacerse una idea del volumen, basta con comparar con los activos tóxicos que figuran en los libros de la Sareb, el banco malo, que a finales de 2017 sumaban 37.179 millones de euros, de los cuales 12.154 millones corresponden a su cartera de viviendas. El fondo neoyorquino gestiona en todo el mundo activos por importe de 439.000 millones de euros, de los que 119.400 proceden de su negocio inmobiliario. El resto se reparte entre inversiones de capital riesgo, inversiones en fondos de alto riesgo –hedge funds– y fondos de crédito y deuda. De modo que el negocio inmobiliario y hotelero en España representa ya nada menos que el 21% de los activos mundiales de Blackstone. Las 18.894 habitaciones que gestiona en España suponen el 12,4% de su cartera hotelera global, que incluye la cadena Hilton.

En España el año del pistoletazo para Blackstone fue 2013. El fondo buitre aprovechó el peor momento de la crisis para emprender una carrera vertiginosa alimentándose de los cadáveres dejados por el estallido de la burbuja y el derrumbe del ladrillo. Aunque había llegado a España en 2003, no fue hasta una década después cuando puso el ojo en el negocio inmobiliario y ya no paró. Saltó a las primeras páginas de los periódicos cuando Ana Botella le vendió 5.315 inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), de los que 1.860 eran pisos y el resto, garajes y trasteros, por 128,5 millones de euros. El equipo de gobierno de Manuela Carmena y los inquilinos afectados han terminado llevando la operación a los tribunales, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado día 12 que la Abogacía General del Estado va a personarse en ambos procedimientos para anular la venta. Un centenar de personas fueron desahuciadas de esas viviendas con alquiler social cuando no pudieron pagar las rentas, un 40% más elevadas, que empezó a exigirles Blackstone.

Un año más tarde el fondo neoyorquino se hizo con la cartera Hércules, 41.000 millones de euros en activos tóxicos de la extinta Catalunya Caixa. Pagó 3.600 millones de euros por ellos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), propietario de la entidad nacionalizada. Pero el golpe de efecto lo dio Blackstone cuando en agosto de 2017 compró el 51% de la cartera Quasar, 30.000 millones de euros en activos de Aliseda, propiedad del Banco Popular y traspasada al Santander cuando éste adquirió la entidad de Emilio Saracho por un euro apenas dos meses antes. Pagó por ella 5.100 millones de euros.

Además, el pasado julio Blackstone adquirió por 120 millones de euros otra socimi, Lar España, y por 210 millones el edificio que alberga a la editorial Planeta en Barcelona. Pero también posee 100.000 metros cuadrados de oficinas, 83.000 metros cuadrados de locales comerciales y 1,2 millones de metros cuadrados en solares logísticos.

El fondo distribuye todo este volumen de negocio a través de un puñado de socimis que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB): además de Testa Residencial, Albirana, Fidere, Corona Patrimonial y Torbel suman 2.372,3 millones de euros de capitalización. Las socimis, un vehículo de inversión creado en 2009, se dedican a comprar inmuebles para ponerlos luego en alquiler. Desde 2013 cuentan con un régimen fiscal especial que ha determinado su explosión: no pagan impuesto de sociedades, pero están obligadas a cotizar en Bolsa y son los accionistas quienes tributan por los dividendos que se reparten. En estos momentos hay 63 en España, de las que cotizan en el mercado continuo Merlin, Colonial, Hispania y Lar España; el resto lo hacen en el Mercado Alternativo Bursátil, pensado para que las pymes encuentren financiación. Por ejemplo, también la Sareb ha sacado al MAB una socimi, denominada Témpore, que tiene una capitalización de 152,6 millones de euros.

El alquiler es el rey tras la muerte de la hipoteca

Es decir, Blackstone se apoya en los segmentos de negocio más boyantes, el alquiler, el turismo e incluso el juego, puesto que también se hizo con el 100% de Cirsa el pasado mes de abril. Por el líder español de los juegos de azar, con casinos y locales de apuestas en 10 países, el fondo abonó 2.000 millones de euros. Pero sin duda donde ha hincado el diente es en el mercado de alquiler, un bocado sabroso para este tipo de fondos, que trabajan pensando en obtener el máximo beneficio en un plazo no superior a los siete años. Y es que el precio de la vivienda en alquiler lleva 41 meses consecutivos subiendo: en barrios de Madrid como Chamberí ha aumentado un 19,9% el último año, según los cálculos del portal Fotocasa. En el distrito de Salamanca, el metro cuadrado alcanza los 18,21 euros, mientras que en Sarriá, en Barcelona, llega a los 16,86 euros. Según los últimos datos de la Sociedad de Tasación, la rentabilidad media del alquiler es del 7,5%, pero en Castellón, por ejemplo, supera el 14%.

Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa Real Estate, el gestor inmobiliario de Blackstone, ve claro dónde está el nicho de negocio: los llamados millenials que, a su juicio, quieren “flexibilidad” tanto financiera como laboral. “El alquiler ha venido para quedarse y está siendo la alternativa más demandada por las familias, no sólo debido una caída del poder adquisitivo tras la crisis, sino también a un cambio estructural”, aseguró en enero a Europa Press. Y hay un margen sustancioso para crecer, puesto que España está aún lejos del 35% del parque de viviendas en alquiler que tiene Europa. Además, todavía es un mercado muy atomizado, en manos de una multitud de arrendadores particulares. Las socimis piensan en traer a España el modelo de grandes plataformas de alquiler que ya funcionan en otros países europeos. En España, sólo el 5% de los pisos en alquiler se halla en manos de fondos de inversión.

En el folleto que Testa Residencial emitió para su estreno en el MAB el pasado verano, antes de ser comprada por Blackstone, la socimi –entonces propiedad de Santander, BBVA, Acciona y Merlin– calculaba que el margen para subir los alquileres de sus viviendas es aún del 25%. El 60% de sus inmuebles están situados, asegura el documento, en edificios que son propiedad enteramente de Testa. Es el modelo que prefieren estos gestores profesionales porque así “optimizan” los gastos operativos de la administración de esas propiedades. Otro dato que da idea de cómo diseñan el negocio: el 65% del valor bruto de su cartera se encuentra en la Comunidad de Madrid; en Barcelona, sólo el 5%.

En el origen, Lehman Brothers 

Blackstone no publica las cifras de sus beneficios en España, pero sí las mundiales. En 2017 ganó 1.131 millones de dólares (982.000 millones de euros), un 8,8% más que el año anterior. Sus principales accionistas son Morgan Stanley, Bank of America, el fondo Fidelity JP Morgan. Pero también participan en el capital el Deutsche Bank y Goldman Sachs. Fue fundado en 1985 por dos antiguos ejecutivos de Lehman Brothers, Peter G. Peterson, ya fallecido, y Stephen A. Schwarzman. No sólo son dueños de la cadena de hoteles Hilton, sino también de Sea World Parks & Entertainment, el principal competidor de los parques Walt Disney en el mundo.

El hombre del fondo buitre en España es Claudio Boada, quien fue presidente del Círculo de Empresarios entre 2004 y 2012. También trabajó durante 15 años para Lehman Brothers. Hijo de Claudio Boada Villalonga, presidente del INI de 1970 a 1974 y del Banco Hispano Americano ya en la democracia, de 1985 a 1994, no ha tenido tanta suerte con su empresa familiar, el grupo de ingeniería Abantia, que se declaró en concurso de acreedores en febrero de 2016. En la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre la crisis financiera, el hombre de Blackstone en España aseguró el pasado junio que fondos como el suyo trabajan “en pro del desarrollo del país”. “Hemos dado liquidez al sistema financiero y saneado los balances de las entidades bancarias”, destacó, al recordar que la mayor parte de su cartera la han adquirido a los bancos y al Estado.

El PP abrirá un expediente informativo al concejal de Torrelodones (Madrid) Ángel Viñas, que intentó chantajear a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, para que su partido, Vecinos por Torrelodones, no se presente a las elecciones municipales de mayo de 2019. En la conversación, difundida por la Cadena Ser, Viñas le ofrece a Biurrun y a su concejal de Urbanismo y esposo, Santiago Fernández, no denunciar ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una supuesta irregularidad en una obra a cambio de que Vecinos por Torrelodones se abstenga de repetir en las urnas. Pese a que el concejal del PP reconoce que el equipo de gobierno municipal no actuó “de mala fe” en ese proyecto, presenta su oferta como un intento para evitar un “conflicto” y las consecuencias políticas e incluso “personales” que supondría la denuncia, “demasiado castigo”, resalta, para gente “que no se ha metido ni un puto euro en el bolsillo”.

Además del intento de extorsión, que Ángel Viñas intenta vender casi como un favor a unos “adversarios políticos” a quienes no deja de elogiar y expresar su “admiración” por haber echado “nada más y nada menos que al Partido Popular”, la grabación deja al descubierto inesperadamente las disputas internas en el PP local, así como las relaciones entre éste y los grandes promotores inmobiliarios de la zona.

Viñas repite en varias ocasiones a lo largo de la conversación que “nadie” en el PP local sabe que está haciendo esa propuesta a la alcaldesa, sin ahorrarse críticas mordaces a sus compañeros de partido. “Con vosotros tengo adversarios políticos”, dice refiriéndose a Vecinos por Torrelodones, “en mi partido tengo auténticos hijos de puta alrededor”. “Los hijos de puta crecen como champiñones en esta casa”, abunda. Incluso llega a asegurar que “probablemente” estaría “más cómodo en Vecinos por Torrelodones que en el Partido Popular”. “Yo soy muy poco del PP”, deja caer nada más comenzar la conversación. Y tras insistir a sus interlocutores en que “desde junio” ha intentado “ralentizar” la presentación de la denuncia, les advierte de que el proceso “está en marcha” y que lo sabe todo el comité ejecutivo del PP local, “que son unos bocachanclas”bocachanclas. Antes ya había alabado la “capacidad que tiene el PP para hacer juego sucio” e incluso admite “lo indigna” que puede ser la historia del PP de Torrelodones.

A la reunión, el concejal Viñas acudió acompañado de Jorge García González, quien fue portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrelodones entre 2015 y 2017. Ese año presentó su dimisión tras perder las primarias locales del partido frente al actual presidente, Arturo Martínez Amorós. Obtuvo el 39% de los votos en unas elecciones donde participaron 85 del centenar de afiliados. En un momento de la conversación, Jorge García acusa a un promotor inmobiliario de Torrelodones, José Luis Velasco Sanz, de haber comprado los votos de Arturo Martínez: “A mí se me acusó de comprar votos y resulta que fue Velasco quien fue soltando pasta, hubo ahí un lío de la leche”. A continuación revela que de las personas afiliadas fraudulentamente al partido para participar en esas primarias, “ahora sólo queda el 2% o 3% de los que votaron, queda uno”.  

Jorge García dimitió, tanto de su cargo orgánico como de concejal, porque, según explicó entonces, no se sentía “identificado en absoluto” con la candidatura que había ganado en el PP local. Anunció que seguiría militando en el partido, pero que sus “principios y valores” le impedían representar al nuevo comité.

Cuando en la reunión el concejal de Urbanismo, Santiago Fernández, le reprocha a Ángel Viñas que, con su maniobra, puede conseguir que José Luis Velasco “vuelva a manejar Torrelodones”, el edil del PP le responde que, si tiene “la posibilidad de hacer algo, evidentemente no será contando con esta calaña de gente”. En los primeros minutos de la conversación, Viñas recalca que Jorge García es la única persona de su grupo de la que se fía, “la única”. García González trabaja como director general de ECorreduría en el grupo Shopnet Brokers, que fundó y preside el propio Ángel Viñas. También se sienta en su consejo de administración. La empresa, creada en 2000, se dedica a la venta y administración de carteras de seguros por internet.

Pelotazos urbanísticos

José Luis Velasco Sanz es promotor inmobiliario y uno de los principales propietarios de las 128 hectáreas del Área Homogénea Norte (AHN), unos terrenos rústicos y especialmente protegidos que el Ayuntamiento de Torrelodones quiso recalificar en 2008 para construir 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial. El proyecto no se llevó a cabo finalmente, pero provocó un cisma político dentro del PP local y levantó duras acusaciones contra el gobierno municipal, entonces en manos del PP. De hecho, fueron dos concejales populares, Jesús Pacios y Reyes Tintó del Val, quienes denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas irregularidades en la gestión del alcalde, Carlos Galbeño, quien había intentado despojar a los terrenos de la AHN de su especial protección para urbanizarlos. Tras ser destituidos de sus cargos, los concejales rebeldes fueron expulsados del partido. Según su denuncia, esos terrenos habían sido adquiridos, tras hacerse público el proyecto municipal, por José Luis Velasco, que era “amigo” de Galbeño, y por otro conocido promotor urbanístico local, Eduardo Morales, al frente de la constructora C-15 y a su vez relacionado con un exalcalde, Mario Mingo, a través de una fundación municipal.

El préstamo otorgado a otra empresa de Eduardo Morales, Proyectos Inmobiliarios Burke, para adquirir una de las parcelas de ese proyecto fallido, terminó llegando igualmente a la Fiscalía Anticorrupción. Los 20,7 millones de euros concedidos a esa empresa por Caja Ávila 20,7 millones de euros concedidos a esa empresa por Caja Ávilase convirtieron en uno de los activos tóxicos que años después Bankia –fruto de la fusión de esa caja de ahorros con Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Canarias, Caixa Laietana y Caja Rioja– traspasó a la Sareb, el banco malo. La promotora no los devolvió y la Sareb jamás los reclamó. Al ser recalificado por el Ayuntamiento como urbanístico, este terreno, de 14,5 hectáreas, multiplicó por 41 su valor.

Velasco Sanz era dueño entonces de la promotora Real Estate Accord, ahora en concurso de acreedores, así como presidente de la Agrupación de Propietarios del Área Homogénea Norte. Además, es hijo del último alcalde franquista de Torrelodones, José Luis Velasco Serrano. El País informó el 2 de marzo de 1978 de la sospechosa adjudicación del casino de Torrelodones, que se construyó en terrenos de los que era copropietario el alcalde. Velasco Serrano figuraba también como socio, con un 13% del capital, del adjudicatario Enrique Uzal, que representaba a Casino de Juego Gran Madrid. Según el periódico, el alcalde de Torrelodones y su familia directa –los terrenos estaban a su nombre y el de sus hermanos– iban a cobrar 57,5 millones de pesetas (345.582 euros) por el suelo vendido.

El túnel bajo la A6

Otro de los proyectos urbanísticos de hace una década, el Área Homogénea Sur, ha vuelto a primera línea de fuego con el intento de chantaje del concejal Ángel Viñas. Sus promotores deberían haber construido un túnel bajo la autopista A-6 como condición para que pudieran urbanizar y construir en la zona. Pero el Ayuntamiento de entonces, 2007, concedió licencias para 707 viviendas y un centro comercial a  pesar de que no existía el paso inferior necesario para que los coches tuvieran acceso. No fue hasta 2014 cuando los promotores –el Casino, Kutxabank, Corio y Alcampo (Centro Comercial Espacio Torrelodones)– pagaran 6,7 millones de euros para ejecutar la obra. La corporación se la adjudicó a FCC con un precio cerrado.

Pero, según el PP, la constructora “construyó menos, por tanto debería habérsele pagado menos”, en concreto 388.177 euros menos. La cifra es el resultado de un informe encargado a “un ingeniero colegiado” que ha costado “miles de euros” pagados por el PP, en palabras de Ángel Viñas. El actual equipo municipal lo niega: la obra la pagaron los promotores, no el Ayuntamiento y, como fue a precio cerrado, por definición no hubo sobrecoste. El PP ya ha anunciado que el expediente a su concejal en Torrelodones no impedirá que lleve la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.