Solo han pasado tres días desde que comenzó 2024 y ya ha nacido un nuevo partido de izquierdas. Bajo el nombre de Izquierda Española, la candidatura impulsada por el abogado y director del think tank El Jacobino, Guillermo del Valle, se presentará a las elecciones europeas del próximo junio. La noticia ha generado un gran eco alimentado por figuras de relevancia como el ministro Óscar Puente o el diputado de Sumar Íñigo Errejón, e incluso ha sido trending topic en X —antes Twitter— . Pero este eco ha sido especialmente sonoro en los medios conservadores, algunos de los cuales llevan meses promocionando a esta formación y alertando del peligro que puede suponer para los partidos ubicados en el espectro progresista, desde el PSOE a Sumar.

"Nace Izquierda Española, un partido que busca ser la alternativa al PSOE", se lee en el periódico La Razón. "El Jacobino acudirá a las europeas con la marca Izquierda Española en busca de votos del PSOE", remarca The Objective. "Los críticos con la deriva separatista del PSOE impulsan el partido Izquierda Española", lanza Libertad Digital. "Los impulsores de 'El Jacobino' registran el partido Izquierda Española como alternativa al PSOE para las europeas", titula El Debate. "Izquierda Española ya preocupa en La Moncloa: evidencia la deriva de Sánchez", sentencia Esdiario. Los titulares del Abc, El Español, Okdiario y El Confidencial son similares. E incluso los diarios deportivos Marca y As se han apuntado a esta cascada de titulares encantados con el nacimiento de este nuevo partido.

Del Valle ha sido entrevistado este miércoles por Carlos Alsina, el director de Más de Uno (Onda Cero), que le ha dedicado un espacio de media hora. Esta promoción contrasta con el espacio asignado desde los medios progresistas a la candidatura, que nace para "defender la igualdad en todos los planos" en el social, económico y el territorial, según explica el propio Del Valle a infoLibre. El abogado resta importancia al extraño éxito que está teniendo en medios conservadores un partido de izquierdas y asegura que la recepción ha sido en general "positiva".

"Siempre he estado agradecido con el trato que nos han dado los medios de comunicación, algunos más y otros menos, cada uno tiene sus razones e intereses y hay que respetarlo", admite el abogado. En esa línea, asegura que entiende que haya "cadenas muy de derechas" que "en su día auparon a Podemos" que actúen ahora de la misma manera, pero subraya que Izquierda España no cuenta con "grandes patrocinadores" y que se trata de un proyecto "que tiene mucho que ver con el trabajo de nuestros militantes y afiliados" y con el compromiso de quiénes "se han implicado más en estos meses".

Del Valle, en todo caso, agradece a los medios de comunicación que den a conocer su proyecto pero niega que a la derecha le convenga la candidatura que presentará en las europeas. "A la derecha neoliberal, la que defiende el sálvese quien pueda más individualista, lo que le viene bien es una izquierda una izquierda identitaria, una izquierda que abandone los ejes clásicos y ponga más el foco en las cuestiones posmateriales que en las de renta o igualdad", sintetiza. Así, asegura que a la derecha le "debería preocupar" una izquierda que les dispute sus propias banderas, empezando por la de España. Desde las formaciones progresistas rechazan esta visión centralista que, afirman, coincide con la que tiene el nacionalismo español de derechas, pero éste asegura que no es "nacionalista de ningún perímetro ni de ninguna frontera"

Guillermo del Valle es la cara visible del nuevo partido, aunque por el momento no desvela si será él quién concurra como número uno en la lista de las europeas —al ser circunscripción única es más sencillo conseguir el acta— pero sí anticipa que ejercerá como secretario general de la formación. No es la primera vez que participa en política, llegó a formar parte del consejo de dirección de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el año 2016, en la etapa final de la formación. También probó suerte con la Plataforma Ahora, en la que ejerció como portavoz adjunto y responsable de ideas políticas, pero se disolvió en 2019 al no lograr alcanzar acuerdos con otras asociaciones y partidos para las generales de ese año.

Algunas de las figuras que apoyan a El Jacobino son exdirigentes de Ciudadanos como el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Paco Igea, la eurodiputada socialista Soraya Rodríguez, que concurrió como independiente en las europeas de 2019, o el filósofo y escritor Félix Ovejero, uno de los impulsores de Ciutadans. A Del Valle no le preocupa que se les asocie con esas marcas y asegura que Izquierda Española no va a cometer sus mismos errores. "Entiendo que la gente que creyera en una vocación más socialdemócrata de Ciudadanos y UPyD nos apoye, pero esto es una cosa muy distinta", afirma. "Somos una formación profundamente laicista, en lo religioso y en lo identitario, progresistas en lo moral y en lo económico", prosigue. "Tenemos una vocación profundamente redistributiva que nada tiene que ver con lo que acabó defendiendo Ciudadanos, que acabó compitiendo con la derecha más neoliberal". Con todo, sí que coincide con los naranjas en su propuesta para eliminar los requisitos lingüísticos de cara a acceder a un cargo público en las comunidades bilingües.

El abogado se muestra orgulloso del apoyo que le están dando figuras como la de Nicolás Redondo Terreros, histórico dirigente del PSOE vasco, que fue expulsado de la formación hace unos meses por sus discrepancias con la dirección nacional. "Tenemos mucho respeto y admiración hacia su figura, además de una muy buena relación —estuvo durante la presentación oficial de la candidatura—. Cita también a su padre, como una de las "grandes referencias" para El Jacobino, al igual que Marcelino Camacho, y lamenta su expulsión del PSOE. A su modo de ver, criticar "privilegios" como la amnistía "no es hacerle el juego a la derecha": "La amnistía es un privilegio casi feudal, es el trato privilegiado para unos pocos", señala.

Entre los integrantes de Izquierda Española también está el economista Juan Francisco Martín Seco, secretario general de Hacienda durante el Gobierno de Felipe González, cargo que abandonó para adherirse a IU y convertirse en la mano derecha económica de Julio Anguita. Así como otros dirigentes que militaron en la formación como Ángel Pérez, coordinador general del partido en Madrid entre 1993 y 2000 y exdiputado por IU en el Congreso. Sobre cuál será la función de cada uno de ellos dentro de la organización, afirma que "hay que respetar los plazos de las personas" y que serán ellos los que decidan qué quieren hacer.

El proyecto nace del trabajo que ha desarrollado en los últimos tres años El Jacobino y su líder asegura que la organización tendrá una estructura que se dará a conocer en las próximas semanas formada provisionalmente por un Comité Ejecutivo Nacional, que ejercerá como órgano de dirección, y un Consejo nacional que tendrá, según Del Valle, una función de fiscalización. En ese sentido plantea que los mecanismos de control y fiscalización vayan más allá de las primarias que, a su juicio, eliminan los contrapesos dentro de los partidos.

El líder de la Izquierda Española ya avanza que, si consigue un acta, su familia política sería The Left, la misma que la de Podemos o Izquierda Unida. Sin embargo, no ahorra en críticas hacia estas formaciones, a las que acusa de haber dejado huérfanos a muchos votantes, al igual que el PSOE, por su pactos con las formaciones nacionalistas e independentistas. "La izquierda oficial ha sufrido una deriva hacia posiciones identitarias, de exaltación del particularismo y de complicidad con los nacionalismos fragmentarios", señala el abogado. A su modo de ver, todo nacionalismo fragmentario "es de derechas o de extrema derecha" y, si se depende de ello,s se acaban aplicando "políticas lesivas para la igualdad" a modo de beneficios fiscales.

Sobre el modelo de Estado actual, Del Valle asegura que él es una persona "de vocación republicana" porque "está en contra de todos los privilegios" pero evita marcar una posición definitiva y admite que se pueden garantizar "algunos principios republicanos" con la monarquía parlamentaria y prioriza "la organización territorial igualitaria" del Estado. A su juicio, el "principal problema" del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es haber "abandonado" las ideas "de igualdad" para "mantener el poder de cualquier forma".

Pese a sus numerosos reproches hacia estas formaciones, reconoce que el PSOE y Sumar serían sus aliados naturales en caso de conseguir representación en el Congreso. "Hay muchas cuestiones en las que podemos estar de acuerdo con la izquierda oficial. Por ejemplo, cuando se ponga encima de la mesa la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la recuperación de la negociación colectiva del despido", ahonda. Es más, Del Valle afirma que él comparte la admiración que tiene Sumar hacia el economista francés Thomas Piketty y se muestra contrario a cualquier pacto con la derecha que implique recortes o privilegios para los más ricos.

Sobre las previsiones que ya están realizando algunos politólogos, que subrayan las dificultades que tendrá esta candidatura para hacerse un hueco en España por ser centralista y mostrarse en contra de las políticas identitarias como la teoría queer o el lenguaje inclusivo, Del Valle opina que "cada vez más gente" comparte que la igualdad comienza desde el propio Estado. "Esto tiene mucho futuro porque hay gente que empieza a darse cuenta de que el elefante está en la habitación, de que los pactos fiscales y la secesión de las regiones más ricas no es progresista".

El escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha asegurado este jueves que votará al líder del PP, Pablo Casado, en las próximas elecciones generales porque "el partido liberal en España ha dejado de existir", en alusión a Ciudadanos. 

Así se ha pronunciado Vargas Llosa en su intervención en la cuarta jornada de la Convención Nacional del PP que se celebra en Sevilla, en la que ha compartido debate con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el opositor venezolano Leopoldo López. "Yo tengo que hacer una confesión, yo he votado hasta ahora por el partido liberal, que era el que estaba más cerca de las cosas que yo creo, pero en las siguientes el partido liberal en España ha dejado de existir en términos concretos y entonces voy a dar mi voto al Partido Popular", ha revelado, unas palabras que han provocado un fuerte aplauso de todos los asistentes.

Asimismo, el escritor también ha aprovechado su ponencia para señalar la "difícil situación" que vive América Latina en referencia a lo que considera dictaduras, y ha sentenciado que se saldrá de ella "cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal", ya que sostiene que algunos países no han votado bien y lo han pagado "muy caro". "Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien", ha sentenciado.

"Votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. Y entonces no hay que engañarse, las elecciones libres son muy importantes pero también es muy importante que quienes votan, voten bien. Votar bien no es fácil", ha afirmado en su turno de palabra el Premio Nobel. Así, Vargas Llosa ha dado su apoyo a Casado en un diálogo junto al líder opositor venezolano Leopoldo López.

En septiembre de 2007 participó en el acto de presentación de UPyD, de cuya Fundación fue nombrado patrono de honor. En las elecciones generales de 2011, el escritor anunció en una tribuna de El País que votaría por la formación que en ese momento encabezaba Rosa Díez. Posteriorme, en 2018, fue invitado estrella en varios actos de Ciudadanos.

El escritor peruano ha felicitado a Pablo Casado -sentado en primera fila en el cónclave- por la "maravillosa labor que ha llevado a cabo", ya que, según ha dicho, ha realizado una "labor admirable que ha defendido las libertades para España".

Cree que se premiará el mérito de Casado defendiendo la libertad

Por eso, se ha mostrado convencido de que Casado va a "ser premiado en estas siguientes elecciones" porque "el pueblo español va a reconocer el mérito extraordinario" que tiene "defendiendo la libertad y genuina democracia". "Ojalá sea así", ha proclamado. Vargas Llosa ha asegurado que “España estuvo a punto de desviarse y pareció derrumbarse por un mal camino”, pero “afortunadamente estuvo ahí el PP para impedirlo”.

En su discurso, Vargas Llosa ha manifestado además que la democracia ha ido superando todas sus limitaciones y ha alcanzado cada vez más mayores márgenes de igualdad de oportunidades poniendo al alcance de todas las personas lo que pueden y quieren hacer, y también a quienes no quieren hacer nada.

En el caso de España, ha subrayado que es "muy interesante y admirable" porque la dictadura de Franco armó un sistema para prolongarse en el tiempo y gracias al rey, ese plan no funcionó. "Fue destruido por el rey y es un rey al que tenemos que estar enormemente agradecidos todos los que tenemos el privilegio de estar viviendo en España", ha subrayado.

Más Madrid y Unidas Podemos han presentado sendos recursos ante la Mesa de la Asamblea madrileña para que ésta recupere 97 comparecencias en la comisión de investigación de Avalmadrid que rechazó el pasado día 11. Entre ellas, se encuentran las intervenciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como de sus cinco antecesores en el cargo: Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes. Ignacio González, Ángel Garrido y Pedro Rollán. La Mesa de la Asamblea, integrada por dos miembros del PP, dos de Ciudadanos, dos del PSOE y uno de Vox, tumbó también las comparecencias de todas las personas relacionadas con MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de Díaz Ayuso y que no devolvió los 400.000 euros de un aval concedido por la sociedad de garantías madrileña.

El PSOE ha anunciado que también presentará un escrito del mismo tenor cuando la Mesa le traslade el documento con el rechazo motivado de sus solicitudes, según explican fuentes socialistas. Estos tres grupos se quejan de que la Mesa de la Asamblea aún no les ha facilitado la respuesta formal con los argumentos que han servido para denegar sus solicitudes de comparecencia.

Tanto Más Madrid como Unidad Podemos sostienen que la Mesa de la Asamblea se ha “extralimitado” en sus funciones, ya que no puede “calificar la oportunidad o no de la comparecencia”, una cuestión que “corresponde a los proponentes”. A juicio del grupo de Íñigo Errejón, este órgano debería haberse atenido a “comprobar que las justificaciones realizadas por los grupos son acordes con el objeto de la comisión”. Por el contrario, la Mesa de la Asamblea utilizó “criterios ex post”, argumenta en su escrito, “no presentes en las normas aprobadas”, como la obligación de establecer “periodos temporales” en los cargos que desempeñaban los comparecientes solicitados, o la de designar sólo personas físicas en lugar de representantes de empresas o de instituciones.

Además, considera que la asistencia de Isabel Díaz Ayuso y del resto de los presidentes autonómicos es de “especial relevancia”. La primera, por su “relación directa” con la supuesta mediación que realizó ante Avalmadrid a fin de conseguir un “trato de favor” para la empresa de sus padres. A su juicio, es “poco razonable” que se hurte su testimonio cuando las referencias a las relaciones de Díaz Ayuso con la entidad semipública “han sustentado la misma creación de la comisión”. Y la segunda, por la participación de la Comunidad de Madrid en el accionariado de Avalmadrid, un 26,1%, lo que convierte su funcionamiento en un asunto de interés público. De ahí que Más Madrid califique de “arbitrariedad” excluir del objeto de la comisión a quienes “deben su responsabilidad política” a la Asamblea madrileña.

El TC ya sentenció en contra de la Mesa

Más Madrid va a recurrir la denegación de cada una de las 71 comparecencias que la Mesa de la Asamblea le ha rechazado en cuanto reciba la comunicación formal de su rechazo. “Ya lo hizo otro grupo en el pasado”, explica a infoLibre el diputado de esa formación Eduardo Gutiérrez. Se refiere a UPyD, que recurrió en 2013 la denegación por la Mesa de la Asamblea de Madrid de decenas de peticiones de comparecencia y de preguntas sobre Bankia, Eurovegas, la corrupción o el nepotismo en el Gobierno madrileño. El Tribunal Constitucional dictó en 2015 hasta cinco sentencias en las que dio la razón a los recursos de amparo interpuestos por UPyD. En todos los casos el tribunal estableció que la Mesa, controlada entonces por el PP, había vulnerado el derecho de su representante a “ejercer las funciones representativas” que le reconoce la ley y anulaba las decisiones de ese órgano.

Además, dejaba claro que a la Mesa de la Cámara autonómica “sólo le corresponde analizar los requisitos de legitimación, así como el ámbito de competencia” de la persona cuya presencia se solicita, pero no puede rechazar la solicitud de admisión “mediante argumentos de índole material”. Es decir, la Mesa se ha excedido en su función realizando un juicio de valor, que le está “vedado”, sobre el contenido de la propuesta.

“Ahora se ve que el PP es recalcitrante a la hora de ningunear el derecho de los diputados a preguntar y controlar la gestión pública”, destaca Eduardo Gutiérrez, “y que si había mucho que ocultar entonces, ahora con Avalmadrid también, ya que se comportan igual”. El diputado recuerda que los “herederos de UPyD”, en referencia a Ciudadanos, son ahora quienes vulneran el derecho que el Constitucional reconoció a sus predecesores.

La comparecencia de Díaz Ayuso, “imprescindible”

Por su parte, Unidas Podemos está estudiando si dirigirse al Tribunal Constitucional o a la justicia ordinaria para recuperar los comparecientes que rechazó la Mesa de la Asamblea, a la espera de que ésta les haga llegar la comunicación formal con los motivos de denegación, según ha explicado su portavoz, Isabel Serra. “Sólo la Mesa de la Comisión tiene facultad para entrar en los motivos de fondo y rechazar o admitir las solicitudes de comparecencia”, subraya.

En su recurso, Unidas Podemos reitera que la presencia de Isabel Díaz Ayuso en la comisión que investigará el supuesto trato de favor de Avalmadrid a determinadas empresas es “imprescindible”, a fin de conocer “hasta qué punto influyó en razón de su cargo” en la concesión de un aval a la compañía de la que eran socios sus padres. También consideran que deben comparecer el resto de los presidentes autonómicos desde 2007, para que aclaren “las directrices políticas y de gestión” que se dieron a Avalmadrid durante sus mandatos. Además, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes presidieron el PP de Madrid, por lo que, a juicio de Unidas Podemos, deberían también explicar en la comisión los vínculos de dicho partido con las personas y empresas a las que la entidad semipública concedió avales.

Igualmente pide que la Mesa reconsidere su decisión y admita la comparecencia de los cuatro matrimonios socios y avalistas de MC Infortécnica SL y de un representante legal de esta empresa, para que detallen el proceso de solicitud y concesión del aval que recibieron, así como sus vínculos con Díaz Ayuso y si Avalmadrid les exigió alguna garantía al no haber devuelto su importe, 400.000 euros.

En su día, el partido morado reclamó la asistencia del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que ahora reiteran. El banco es dueño del 25,3% del capital de Avalmadrid. También repiten la petición de comparecencia de un representante de Cobralia, la empresa de cobro de morosos a la que Avalmadrid había cedido la recuperación del aval impagado por MC Infortécnica SL.

El Banco de España y las consultoras Forest Partners y PricewaterhouseCoopers, que elaboraron distintos informes y desvelaron múltiples anomalías en el funcionamiento de Avalmadrid deberían igualmente acudir a la comisión, resalta Unidas Podemos en su escrito. Otros siete altos ejecutivos de la entidad semipública, e incluso el presidente de su comité de empresa, son también requeridos por el grupo morado para que den cuenta de cuál era el funcionamiento de Avalmadrid durante el periodo investigado.

Ciudadanos y UPyD han firmado un acuerdo de cara a las elecciones generales para que el líder magenta, Cristiano Brown, y Fernando Savater se incorporen a las listas de Ciudadanos por Madrid. "Buena noticia para España: Ciudadanos y UPYD sumamos fuerzas y nos presentamos juntos a las elecciones generales", ha anunciado el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, en un mensaje en su perfil en Twitter.

"Es un honor compartir proyecto con personas tan valientes y comprometidas con la libertad como, entre otros, Fernando Savater o Maite Pagazaurtundúa", ha recalcado el dirigente de Cs.

Brown ocupará el puesto número 7 y Savater cerrará la lista de Ciudadanos por Madrid, ha informado el partido naranja en un comunicado. De esta forma, Ciudadanos suma el apoyo de UPYD en unos comicios "decisivos para el constitucionalismo" e incorpora "el talento de estos dos profesionales", explican desde el partido de Albert Rivera.

Hace dos semanas, UPyD aprobó por amplia mayoría presentarse a las urnas el próximo 10 de noviembre y negociar con otros partidos la posibilidad de concurrir para sumar fuerzas ante la actual situación de bloqueo político.

El líder magenta ya se incorporó a la lista de Cs en las elecciones europeas del pasado mes de mayo, ocupando el puesto número 11. Entonces, el número 2 de la lista lo ocupó Pagazaurtundúa, también ex-diputada europea por UPyD

En las pasadas elecciones generales del 28 de abril, el partido decidió no concurrir a los comicios y pidió el voto para Ciudadanos.

Ciudadanos y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) han firmado un acuerdo de colaboración para los procesos electorales de este año por el cual la formación magenta no se presentará a los comicios generales y apoyará a Albert RiveraAlbert Rivera como candidato a la Moncloa. En el caso de las elecciones europeas, representantes de UPyD se incorporarán a las listas de Cs, y este mismo objetivo se perseguirá para las municipales y las autonómicas.

Así lo han anunciado este jueves en rueda de prensa el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, y el líder de UPyD, Cristiano Brown. Según han explicado, han decidido sumar esfuerzos para responder a la "situación complicada" que creen que existe tanto en España como en Europa, para hacer frente a "los nacionalismos y los populismos".

En las elecciones generales, ambos partidos trabajarán juntos para evitar que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, gobierne con el apoyo de Podemos y de los partidos independentistasPSOEPedro SánchezPodemos. En las europeas, la candidatura de Cs incluirá a representantes de UPyD como la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, en el segundo puesto, y el propio Cristiano Brown, en el duodécimo.

La que fuera líder de UPyD, Rosa Díez, se ha quejado este miércoles de que Wikipedia la mencione como militante de Ciudadanos y ha pedido que se corrija porque es "mentira".

Rosa Díez ha hecho esta denuncia en las redes sociales tras detectar que en la ficha personal de su perfil en la citada enciclopedia online figura como militante de Ciudadanos desde este año, según informa Europa Press.

"En este caso es mentira. Corríjanlo, por favor —ha escrito en Twitter—. Como todo lo que se publica sobre el crecimiento de ese partido sea como esto...".

Desde que abandonó UPyD, alegando que quería un "final digno" para el partido que había perdido, Rosa Díez se mantiene alejada de la política activa aunque sigue haciendo públicas sus opiniones de actualidad en distintos medios de comunicación.

El portavoz municipal de UPyD, Cosme Aranguren, respondió a un tuit del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en el que criticaba que el jefe de Estado en España "es elegido por fecundación" asegurando que daba mucho que pensar que "el mejor espermatozoide" de su fecundación hubiese sido el propio Echenique. Estos mensajes fueron publicados el pasado día 31, con motivo del cumpleaños de Felipe VI y la imposición del Toisón de Oro a su hija, la princesa Leonor.  

Por ello, el grupo de Podemos en Segovia pidió este viernes la dimisión del portavoz al considerar un "desprecio inadmisible" hacia las personas con diversidad funcional y que sus palabras son "intolerables" e "impropias" de un representante público.

El partido morado le insta a que, en vez de insultar, muestre su desacuerdo "dando ejemplo y con argumentos" y que ofrezca una "rectificación sincera y pública" para quienes se hayan sentido ofendidos.

Por su parte, el concejal pidió disculpas en un receso del Pleno de este viernes porque en ningún momento pretendía "ofender a una discapacidad".

Aseguró que en el mensaje usó el mismo tono sarcástico que el que uso Echenique. Insistió en que no retirará su crítica política hasta que Echenique haga lo mismo respecto a lo dicho sobre el rey y su hija. 

El PSOE propone pagar las pensiones creando un nuevo impuesto a la banca y estableciendo de inmediato el impuesto a las transferencias financieras que la UE lleva desde 2011 intentando implantar sin éxito. La idea de gravar los beneficios del sector financiero no es nueva: Unidos Podemos presentó una proposición no de ley hace ahora un año que reclamaba un “impuesto solidario” y “temporal” que ayudara a recuperar las ayudas públicas recibidas por las bancos durante la crisis. Ya en 2013 UPyD pidió en otra proposición no de ley “un recargo transitorio en el Impuesto de Sociedades aplicable a los bancos” a fin de recuperar las ayudas públicas recibidas. No llegó a ser tramitada.

Sin embargo, ésta es la primera vez que se liga el impuesto a los bancos con el pago de las pensiones. Según explica a infoLibre Manuel Escudero, secretario de Política Económica del PSOE, se trata de que, “si el contribuyente ha rescatado a la banca, sean ahora los bancos los que rescaten a la Seguridad Social, el sistema que mejor representa el bien común, ahora que padece un déficit estructural”.

Si se cumplieran sus cálculos, podrían recaudarse unos 860 millones de euros al año, por lo que sumados hasta 2050 equivaldrían a 25.000 millones, lejos aún de los 57.000 millones de euros en que el Banco de España ha cifrado el rescate bancario entre 2008 y 2014. El supervisor prevé que sólo se recuperará el 6,8% de esa cantidad.

Para ese impuesto, los socialistas se han fijado en el Banking Corporation Tax Surcharge que el Reino Unido estableció en 2015. Grava el 8% de la base imponible de los bancos que tengan beneficios y el Gobierno conservador de David Cameron lo planteó como la “justa contribución” que las entidades financieras “deben seguir haciendo respecto a los riesgos potenciales que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y el resto de la economía”. “Es una especie de seguro”, resume Escudero, “frente al peligro sistémico que puede representar una banca que ha tomado excesivos riesgos y para evitar que se repita en el futuro el perjuicio causado a la sociedad en el pasado”. Ese mismo 8% es el que el PSOE propone también para un posible impuesto a la banca español. “Si se ha establecido en el segundo centro financiero mundial, pensamos que es algo sensato, lógico y viable hacerlo también aquí”, resalta. Según la agencia Bloomberg, el Gobierno británico tiene previsto recaudar 9.000 millones de libras –10.210 millones de euros– hasta 2022 por este concepto. Sólo en 2017 ingresó 1.500 millones de libras.

También en Francia existe un impuesto que grava a los bancos por su riesgo sistémico, la TRS (Taxe de Risque Systémique), que en 2012 se elevó del 0,25% al 0,50% de la base imponible. Desde 2014 ha empezado a reducirse gradualmente hasta su prevista desaparición en 2019, pero en 2015 se creó otro impuesto similar destinado a financiar a los ayuntamientos que contrataron préstamos tóxicos. En 2012 el fisco francés recaudó 500 millones de euros gracias a la TRS.

Para el impuesto sobre transferencias financieras el PSOE se ha inspirado en el caso francés. París no esperó a Bruselas para implantarlo en su territorio. Desde 2011 la UE lleva intentando ponerse de acuerdo para aplicarlo en el mayor número posible de países, de momento son 10 los dispuestos a hacerlo. El Gobierno de Nicolas Sarkozy lo estableció por su cuenta en Francia en 2013. Empezó siendo un 0,2% en la compraventa de acciones de empresas con sede en el país y con un valor en Bolsa por encima de 1.000 millones de euros, apenas un centenar de sociedades. En 2014 se añadió un 0,01% a las transacciones intradía –compraventa en el mismo día–. Y desde enero de 2017 se paga un 0,3% por ambos tipos de operaciones. En 2016 la recaudación por este impuesto superó los 932 millones de euros.

La batalla por gravar los depósitos bancarios

Por el contrario, en España, al menos hasta ahora, la banca sólo paga un impuesto específico que, no obstante, puede considerarse casi simbólico: el IDEC, que grava los depósitos bancarios. Lo creó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2012, pero con un tipo del 0%; es decir, no se pagaba. La medida pretendía anular los impuestos a los depósitos bancarios que habían comenzado a crear las comunidades autónomas a partir de 2001, aunque lo presentó como una figura necesaria para “homogeneizar” el sistema tributario y mantener la unidad del mercado bancario. La primera en implantarlo, ese año, fue Extremadura, pero le siguieron Andalucía (2010), Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana (2012) y Asturias (2013).

En 2014, para cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo, Montoro elevó el IDEC hasta el 0,03%. Con ese tipo tan bajo, el Estado tenía previsto recaudar en 2017 sólo 237 millones de euros, según consta en los Presupuestos Generales ahora prorrogados. Esa cantidad la reparte Hacienda entre las comunidades autónomas, que no pueden aplicar sus propios IDEC desde que el Tribunal Constitucional los anuló en junio de 2015. El tribunal dictaminó que los impuestos autonómicos eran “idénticos” al estatal, por lo que vulneraban la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y la propia Constitución. De hecho, sólo se diferenciaban por la cuota. Las autonómicas eran mucho más altas. La catalana estaba fijada en un 0,3% para las entidades que captaran depósitos por importe de 150 millones de euros; en un 0,4% si la cantidad depositada se situaba entre 150 y 600 millones, y en un 0,5% si superaba los 600 millones de euros.

Cuando Cataluña anunció que impondría una tasa a los depósitos, en diciembre de 2012, el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, advirtió de que las entidades lo “repercutirían en los clientes”. También la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) mostró su rechazo a la medida “especialmente en un contexto de crisis como el actual, su efecto es un encarecimiento del crédito”.

Ahora, tras conocerse la propuesta del PSOE para crear un impuesto específico, José Luis Martínez Campuzano, portavoz de su patronal, la AEB, adelanta que “establecer un impuesto a la banca sólo en España para costear las pensiones tendría efectos negativos sobre la competitividad” de las entidades financieras, que están “volcadas en la financiación a familias y empresas”. Por eso reclama un “profundo análisis previo que evalúe tanto la eficacia recaudatoria como las posibles consecuencias económicas que podrían derivarse de la medida”. A su juicio, la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas es un problema “a escala europea”, que requiere “soluciones a escala europea”.

En cualquier caso, la batalla por gravar los depósitos bancarios no está cerrada. El pasado mes de junio el Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al Gobierno a suprimir el impuesto estatal de forma que las comunidades autónomas recuperen su propio tributo. La iniciativa partió de Esquerra Republicana y la apoyaron PSOE, Unidos Podemos, Compromís y el PDeCAT. PP y Ciudadanos votaron en contra.

Montoro y De Guindos, a favor

Mientras el sector financiero era rescatado con millones en ayudas públicas, el Congreso debatía e incluso aprobaba decenas de proposiciones no de ley urgiendo al Gobierno para que impulsara en Bruselas los intentos de crear un impuesto europeo sobre las transacciones financieras. Las iniciativas partieron de IU, Podemos, PSOE, UPyD y la antigua CiU. Según los cálculos europeos podría recaudar hasta 60.000 millones de euros, de los que entre 5.000 y 6.000 millones corresponderían a Españaentre 5.000 y 6.000 millones corresponderían a España.

Los ministros Montoro y Luis de Guindos se han manifestado repetidamente a favor de la implantación de esta tasa. Hace sólo un mes, el titular de Economía esperaba de Bruselas un acuerdo “lo suficientemente amplio” a principios de este año. Pero también precisaba que los trabajos continúan “a nivel técnico porque todavía quedan muchos aspectos que definir y limar”. Ya se ha llegado a un consenso, explicó De Guindos en el Senado, sobre el gravamen, las operaciones que estarán sujetas al tributo y los principios territoriales. Pero el principal temor es que se produzca una “deslocalización de las transacciones financieras”: que los operadores se trasladen a países donde no se les cobre el impuesto. Un temor que Manuel Escudero desecha: “No ha ocurrido en Francia”, zanja. Por el contrario, Ciudadanos, en una enmienda a la última proposición no de ley aprobada al respecto objetaba que el impuesto sobre las transacciones financieras puede “distorsionar el funcionamiento de los mercados, fragmentar el mercado único europeo e incluso perjudicar en un 0,5% el PIB”.

En principio, el impuesto europeo se plantea como una tasa del 0,1% sobre el valor de cada acción y del 0,01% sobre los derivados; es decir, una cuota pequeña que grava una base imponible muy grande. El Banco de España recuerda que, además de Francia, otros países como Bélgica, Grecia, Finlandia, Irlanda, Polonia, Reino Unido o Suiza cuentan con impuestos sobre diferentes tipos de transacciones de valores.

Directo, conciso y concreto, el diputado Toni Cantó lanzaba ese tuit el domingo. Aunque quizás, las respuestas recibidas no han sido todas como las que se esperaba...

La eurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset ha acompañado este jueves al exdiputado de UPyD en el Parlamento vasco, Gorka Maneiro, en la presentación en Madrid de la Plataforma Ahora, según ha informado Europa Press.

También han estado presentes la directora que se negó a que su instituto participara en la consulta organizada por la Generalitat el 9 de noviembre, Dolores Agenjo, y el portavoz adjunto de la plataforma, Guillermo del Valle.

Según el impulsor del movimiento, Gorka Maneiro, se trata de una plataforma "constructiva" que se ubica en la "izquierda cívica" y nace bajo los principios de "igualdad, socialdemocracia, ciudadanía, unidad, justicia social, regeneración, reformas, laicismo y europeísmo".

En ese sentido, ha agregado que es una "plataforma transpartidaria" y ha recalcado que podrán adherirse todas aquellas personas que "asuman las ideas esenciales", independientemente de que pertenezcan a algún partido político.

"Es un instrumento que ponemos en marcha para aportar a la política española aquello que no aportan los principales partidos políticos, en demasiadas ocasiones ensimismados en lo suyo y más dispuestos a defender sus intereses antes que los intereses de los ciudadanos", ha justificado.

Por ello, uno de los objetivos que se plantean es "reclamar una izquierda que defienda la igualdad en España", impulsando medidas de regeneración democrática, la defensa del Estado de bienestar y de una justicia independiente, así como la reforma del Estado Autonómico. "La Plataforma Ahora es necesaria para que se enfrente con argumentos a los nacionalistas que quieren romper España".

"Absolutamente necesaria"

Para Punset, esta plataforma es "absolutamente necesaria" porque, a su juicio, la política española vive "dos grandes dramas": por un lado la "matraca insoportable de los nacionalismos periféricos" y por otro el "entreguismo" de la izquierda española a los independentistas.

Aunque ha dejado claro que la iniciativa impulsada por Maneiro se trata de una plataforma civil y no de un partido político, ha apuntado que su futuro "dependerá de los éxitos" que pueda tener.

Entre los que han firmado el manifiesto de apoyo a la plataforma se encuentran también el cofundador de UPyD Fernando Savater, Féliz Ovejero, Sevi Mora, Luis de Velasco, David Ortega, María Domingo, José Domingo, Josep Lago, Mikel Arteta, Félix de Azúa, Andrés Trapiello, Juan Antonio Cordero, Aurelio Arteta, Ramón de España, Javier Tajadura, Mano Montero y Gonzalo Sichar.

El abogado de la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, ha concluido en el juicio de las black que las tarjetas se crearon "para comprar voluntades" o para "pacificar" el consejo de administración.

Asimismo, el letrado de la acusación popular ha acusado a los 65 procesados en el caso de las tarjetas black de "inventar" excusas para tratar de alejar su reponsabilidad penal en el caso.

En su alocución ante el tribunal de la Audiencia Nacional presidido por la magistrada Ángela Murillo, el exdirigente de UPyD, autor también de la querella que dio inicio a la investigación del caso Bankia, caso Bankia, ha asegurado que los procesados, entre los que se encuentran los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, se agarran "a un clavo ardiendo" tratando de considerar que el origen de las black estaba en la presidencia de Jaime Terceiro, el antecesor de Blesa.

Asimismo, el letrado del sindicato ha acusado a los procesados de mantener "una estrategia" para hacer más complicada la instrucción. En este sentido, Herzog, que ha dicho que casi "hay una versión para cada uno de los acusados", ha explicado también que como representante de la Confederación Intersindical de Crédito no comparte la benevolencia de la acusación del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia: "No es admisible que un sindicato se financie de esta manera. Ya lo dijo Terceiro en su declaración, que si CCOO y UGT no se hubieran adherido al vergonzoso pacto que llevó a Blesa a la Presidencia, probablemente no estaríamos aquí".

Gonzalo Postigo es el presidente de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que tras el abandono por parte de UPyD del caso Bankia, ha heredado la responsabilidad de ejercer la dirección letrada de la acusación popular, que este lunes ha logrado sentar en el banquillo de los acusados a Miguel Blesa y a Rodrigo Rato, así como otros 63 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia.

Pese a que tiene fijada su residencia en Zaragoza, Postigo vive realmente en el AVE entre la capital maña y Madrid, ciudad a la que acude casi todas las semanas en representación de la Confederación Intersindical de Crédito, que hasta la caída de las cajas de ahorros incluía la palabra Cajas en vez de Crédito.

Pregunta. ¿Por qué ustedes llevan la dirección letrada de la acusación del caso de las tarjetas black, que es una pieza separada del caso Bankia? caso de las tarjetas blackcaso Bankia

Respuesta. "Nosotros, al igual que UPyD interpusimos una querella contra Bankia, pero tras abandonar la formación política el caso, la dirección letrada recayó en nosotros".

P. Su sindicato ha pedido penas de cárcel muy por encima de lo que reclamó la Fiscalía Anticorrupción...

R. "Si, además, en nuestro escrito de acusación mantenemos dos delitos para Blesa, Rato y Sánchez Barcoj, que son en concreto apropiación indebida y administración desleal. Y en total les solicitamos diez años de cárcel para ellos, y seis para los 62 restantes. Con ello la acusación popular respresentada por la CIC obstenta el techo de las penas, ya que la Fiscalía sólo pedía seis años para Blesa y cuatro y medio para Rato. Asimismo, hemos conseguido evitar que algunos imputados no comparecieran en el juicio oral, como es el caso del exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno y otros, sobre los que la Fiscalía no veía delito".

P. ¿Qué eran para usted las tarjetas opacas?

R. "Miguel Blesa perfeccionó un mecanismo, el de las tarjetas black, que eran una máquina de ocultar dinero al fisco. Este hecho nos causa una tremenda indignación, ya que este señor procedía profesionalmente de la función pública, y más concretamente de la Agencia Tributaria. Blesa perfeccionó este mecanismo ilegal, para mantenerse en la presidencia de Caja Madrid, creando una red clientelar pagada en parte con las black, mientras por otro lado se mantenía una gestión delictiva que produjo el saqueo y rescate de Caja Madrid-Bankia".

P: En esa red clientelar que usted denuncia estaban el PP, PSOE e IU, pero también la patronal y los sindicatos...

R. "Sí, entre los que utilizaron las tarjetas black se encuentran sindicalistas de CCOO, UGT y ACCAM (Cuadros de Caja Madrid). Nos causa estupor que entre todos dispusieran de 1,4 millones de Blesa, sabiendo que Pedro Bedia Pérez participó en las negociaciones del convenio colectivo y que Francisco Baquero, pareja sentimental de la responsable de banca de CCOO, María Jesús Paredes, firmase los acuerdos del sector. Esto tienen que saberlo los compañeros, para poder dar una explicación a la pérdida de derechos que desde 1986, convenio tras convenio, hemos tenido que soportar los trabajadores del sector de ahorro". 

P. Los sindicalistas y el resto de procesados aseguran que era un complemente retributivo legal...

R. "Las black de estos sindicalistas son doblemente ilegales, porque todo lo que atañe a las relaciones sindicales debe estar recogido en un acuerdo recogido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y este no existe o dicho acuerdo no ha sido aportado a la causa, vulnerando de esta manera, una vez más, la libertad sindical. Nosotros vamos a llegar hasta el Tribunal Supremo para evitar que ocurra lo que ocurrió en el caso de las cajas gallegas, en el que sus dirigentes no han ingresado en prisión, y nosotros mantendremos la misma petición de penas hasta el final".

La Generalitat valenciana acaba de despedir a 37 inspectores de tributosdespedir a 37 inspectores de tributos que se encargaban de la gestión de los impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas: patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y sobre el juego. Pero, al tiempo, la Comunidad Valenciana se gasta millones de euros cada año en pagar a los registradores de la Propiedad para que hagan ese mismo trabajo. En 2014 fueron 12 millones. Los registradores cobran un tanto por ciento del dinero que recaudan. En la Comunidad Valenciana era un 4% hasta 2013, cuando el Gobierno de Alberto Fabra, acuciado por las estrecheces económicas, recortó en un 24% las retribuciones a los registradores. Pretendía así ahorrar un total de 17,2 millones hasta 2017.

Pero no es la valenciana la única comunidad autónoma que paga a los registradores de la Propiedad y Mercantiles por gestionar los tributos cedidos por el Estado. En realidad, lo hacen todas menos Asturias, Baleares, Canarias y Murcia. Y desde hace mucho tiempo, desde 1959 al menos, cuando se les encargó por decreto la recaudación del impuesto sobre derechos reales, lo que ahora sería el impuesto de sucesiones. Sólo que con la cesión a las comunidades autónomas de un puñado de impuestos en 2001, cada una de ellas firmó su correspondiente convenio o encomienda de gestión con el colegio de registradores respectivo. Como queda dicho, se les paga un porcentaje de lo recaudado: el 5% en La Rioja, por ejemplo, aunque en Canarias llegó a ser del 8%.

Así, la Comunidad de Madrid pagará 38,6 millones a los registradores hasta 2019. Cataluña les compensó con 19,4 millones de euros en 2014, a razón de un 1,9% por los primeros 6,89 millones ingresados; un 1,5% hasta 13,8 millones, y el 1% por encima de esa cantidad. También se quedan con el 20,6% de lo que recaudan en concepto de liquidaciones complementarias y sanciones firmes. Andalucía llegó a pagarles 22,7 millones en 2010, aunque desde entonces ya les ha recortado en tres ocasiones los honorarios, la última el pasado mes de enero. No obstante, siguen llevándose el 5% de la recaudación.

infoLibre se puso en contacto con el Colegio de Registradores para obtener su punto de vista y apreciaciones sobre la actividad liquidadora que realizan. Sin embargo, no ha conseguido una contestación en la última semana.

En resumen, ingresan cantidades considerables si se tiene en cuenta que, en buena parte de las comunidades autónomas, las oficinas liquidadoras de los tributos cedidos que gestionan los registradores son las responsables de casi la mitad de la recaudación por este concepto. Según los informes anuales que elabora el Ministerio de Hacienda sobre la gestión de cada administración autonómica, en Andalucía recaudan el 43% de la cantidad ingresada por esos tributos, que asciende a 1.618,4 millones de euros; en la Comunidad Valenciana, el 55% de 1.241,7 millones.

Asturias asumió en 2009 las funciones de estas oficinas; Baleares lo hizo en 2010. Murcia y Canarias suprimieron sus convenios con los registradores en 2013. En todos los casos, el trabajo lo asumieron funcionarios de sus respectivas administraciones. No sin polémica en el caso canario, puesto que los registradores recurrieron los decretos del Gobierno de Paulino Rivero, que fueron anulados primero por el Tribunal Superior de Justicia y, en 2015, por el Tribunal Supremo.

Funciones incompatibles

En realidad, que los registradores de la Propiedad ejerzan de liquidadores de impuestos, además de resultar un trabajo caro, despierta suspicacias legales. En 2009, UPyD presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que se instaba a reconocer la “incompatibilidad” entre la función de registrador y de liquidador tributario. La Ley Hipotecaria prohíbe a los registradores ejercer cualquier otro “cargo o empleo público, en propiedad o por sustitución, esté o no retribuido con fondos del Estado, de la provincia o del municipio”. Y si quieren realizar otra actividad deben obtener un permiso del Ministerio de Presidencia para que no se modifiquen ni la jornada de trabajo ni el horario de ambos puestos, que se prestan de cara al público. Además, no pueden percibir al mismo tiempo dos retribuciones, tal y como dispone la Ley de Incompatibilidades de 1984. Y de sumarse ambas remuneraciones, en ningún caso podrían ser superiores al sueldo de un director general.

Según explica la proposición no de ley, existe otro factor que convierte en “manifiestamente ilegal” la figura del registrador/liquidador. Los registradores cobran de los ciudadanos un arancel por registrar el “valor comprobado” de los bienes, y luego, como liquidador tributario, deben comprobar ese valor. Es decir, destaca UPyD, tienen un incentivo que “pone en riesgo su imparcialidad”.

Finalmente, cada Registro de la Propiedad tiene una competencia territorial exclusiva, por lo que, apunta la proposición parlamentaria, su titular ejerce la actividad de liquidador “en régimen de monopolio”. Lo que, a su vez, “desincentiva que los ciudadanos interpongan recursos contra las comprobaciones de valor”. La proposición no de ley ni siquiera llegó a ser debatida en la Cámara baja.

También ha resultado polémico el hecho de que las comunidades autónomas hayan otorgado a los registradores/liquidadores la capacidad de proponer sanciones, de las que, además, cobran un tanto por ciento. Y que el personal de sus oficinas maneje información tributaria pese a no ser funcionarios; son contratados por cada registrador, al que les une una relación laboral de Derecho privado. Hay unos 12.000 empleados de registros en toda España.

Deben cobrar el IVA cuando gestionan impuestos

Los registradores de la Propiedad son funcionarios públicos, pero poseen características especiales. A diferencia de los segundos, no cobran sus salarios de los Presupuestos Generales del Estado, sino que sus remuneraciones proceden del arancel que cobran a los particulares. Dependen del Ministerio de Justicia cuando funcionan como tales, pero están integrados en su correspondiente administración tributaria autonómica cuando ejercen como liquidadores de impuestos.

Las peculiaridades de su figura se evidenciaron, por ejemplo, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en noviembre de 2009 que deben cobrar el IVA cuando ejerzan como liquidadores de impuestos. Los jueces comunitarios fallaban así en contra del Gobierno español, que sostenía que, como funcionarios públicos cuya actividad como liquidadores tributarios no tiene “carácter económico”, no debían estar sujetos al régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por el contrario, el TJUE dejó claro que las funciones de los registradores como liquidadores son retribuidas, no sólo con una compensación por las prestaciones que realizan, sino también con una contrapartida económica por encima del gasto que soportan. “Los registradores/liquidadores”, destaca el tribunal europeo, “no ejercen su actividad liquidadora y recaudadora en calidad de órgano de Derecho público, puesto que no están integrados en la organización de la Administración pública, sino como una actividad realizada en el marco de una profesión asimilada a una profesión liberal”.

El caso es que, apoyados en esa doble condición –funcionarios asimilados a profesionales liberales–, los registradores no sólo gestionan tributos autonómicos, sino también municipales. Llevan años firmando convenios con ayuntamientos para liquidar y recaudar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la conocida como plusvalía municipal, que se paga en la compraventa de inmuebles. A cambio, suelen cobrar un 10% de la recaudación. Más de 250 ayuntamientos han firmado convenios de este tipo con los registradores. Otra fuente generosa de ingresos para el gremio.

Cifuentes, de duelo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha aparcado su sonrisa habitual en su cuenta de Instagram para solidarizarse con el pueblo italiano, que sufre las consecuencias del devastador terremoto del pasado miércoles. La líder del PP de Madrid ha subido una foto de la bandera italiana en la sede de la Comunidad y de ella misma guardando el minuto de silencio de rigor.

Serra representa a Podemos en la piscina

Durante este agosto ha habido que rebuscar en las profundidades de la red social para encontrar alguna instantánea divertida de los principales dirigentes de Podemos. Mientras que Alberto Garzón compartía su feria, su playa, sus vacaciones y su compromiso matrimonial, tanto Iglesias como Errejón y otros pesos pesados han hecho mutis por el foro. Así que ya se encarga la responsable del Área de Mujer e Igualdad del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Clara Serra, de demostrar que la izquierda también veranea. En su caso, con su perro en la piscina. No hace falta más.

Idoia Mendia se va de fiestas

Esta semana se ha celebrado la Semana Grande de Bilbao, la Aste Nagusia. El sábado pasado se disparó el txupinazo, dando comienzo a unos días de música, teatro, folklore y, cómo no, comida y bebida. La secretaria general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Idoia Mendia, se queda con esto último. La socialista ha subido una foto de un plato de bacalao con una pinta tremenda, elaborado por la asociación Federiko Ezkerra.

Rufián, ¿ese es Goku?

El diputado de ERC Gabriel Rufián estuvo este jueves en el Museo de Arte Moderno de Céret, localidad francesa en los Pirineos. El político aprovechó unos caballetes a disposición de los visitantes para hacer un boceto de GokuGoku, el protagonista de la serie de animación Dragon Ball. Sabemos que es Goku porque lo dice él, porque sus dotes artísticas tampoco dan para la identificación plena. Rufián bromeó con sus seguidores sobre su mano buena: "Con la derecha no sé ni escribir", aseguró.

'Bonus track': Maneiro también tiene Instagram

El portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, cuenta con una pequeña ventaja derivada del hecho de que su formación ya no esté en primera línea: su cuenta de Instagram se mantiene en el anonimato. Con apenas 200 seguidores, el líder del partido magenta es más de paisajes y familia que de actividad política. Se libra de que te llamen asesino por mostrarte contrario a la inhabilitación de Otegi, como le pasó a Garzón con su última foto en la playa. En esta instantánea Maneiro disfruta de un apacible rato con sus amigos, vino y cerveza mediante.

Aunque no sólo la socialista Susana Díaz ha sido blanco de las burlas tuiteras. El exdiputado de UPyD Toni Cantó también estaba en boca de los tuiteros por los malos resultados obtenidos por Ciudadanos:

Aunque todo apunta a que las principales formaciones políticas repetirán candidatos a la Presidencia del Gobierno, ya ha comenzado el chorreo de abandonos. En concreto, este jueves se ha conocido que Carme Chacón y la exUpyD Irene Lozano se desmarcan:

Irene Lozano, quien fuera número cuatro del PSOE por Madrid en las elecciones generales de diciembre, no repetirá en las candidaturas socialistas para el próximo 26 de junio, tal como ella misma ha confirmado este jueves con un mensaje en su perfil en Twitter. Su renuncia se suma a la de Carme Chacón, cabeza de lista por Barcelona el 20-D y que ha alegado "motivos políticos" para dar un paso atrás.

"Le acabo de trasladar a Pedro Sánchez mi decisión de no ir en las listas del PSOE en las próximas elecciones. Agradezco muchísimo su confianza en mí y su deseo de contar conmigo de nuevo. En este momento mi intención es involucrarme en proyectos profesionales que exigirán de mi dedicación completa", ha escrito Lozano, quien ha agregado que "hacer política en el PSOE" ha sido "una experiencia única y un aprendizaje". 

La inclusión de Lozano –diputada de UPyD en la pasada legislatura– en la candidatura socialista por Madrid provocó tensiones internas entre los socialistas en diciembre. Además, y tras resultar elegida en las elecciones generales, su presencia pública había sido reducida, lo que había alentado las dudas sobre si repetiría como candidata. 

Chacón también renuncia

La exministra y diputada del PSC Carme Chacón también ha comunicado este jueves su renuncia a volver a ser la candidata del PSC por Barcelona a las generales del 26 de junio, noticia que adelantó El Periódico a última hora del miércoles. Chacón había encabezado la lista del PSC por Barcelona en las tres últimas elecciones al Congreso –2008, 2011 y 2015–.

En una rueda de prensa, Chacón ha alegado "motivos políticos" que "no son importantes" –aunque no los ha detallado– para no repetir como diputada, si bien ha anunciado que seguirá haciendo política. Entre otras cuestiones, la dirigente seguirá al menos por ahora como secretaria de Relaciones Internacionales en la Ejecutiva del PSOE, donde ha subrayado estar "muy a gusto".

Poco después de conocerse la noticia, el secretario general Pedro Sánchez no ha descartado que Meritxell Batet, secretaria de Estudios y Programas del PSOE, se convierta en la cabeza de lista por Barcelona para el 26-J. El líder socialista, de hecho, ha destacado que se trata de una persona de su "máxima confianza" a preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso.

Batet, por su parte, ha abierto la puerta a esa posibilidad al decir que "hay tiempo para pensar". "Y creo que me lo voy a tomar, aunque sean unas horas", ha agregado la dirigente catalana tras ser preguntada por si se convertirá en la número uno por Barcelona. El PSC tiene prevista una reunión extraordinaria de su Ejecutiva este viernes para abordar la celebración de unas primarias en las que elegir al candidato por Barcelona.

Cambios en las listas

Este martes Pedro Sánchez señaló que su intención era que no se modificaran las listas que concurrieron al 20-D. Este miércoles, la dirección federal socialista acordó proponer al Comité Federal –máximo órgano del PSOE entre congresos y que se reúne este sábado– que se repitan las planchas electorales, a excepción de los cambios obligados por "circunstancias sobrevenidas" o que soliciten las ejecutivas autonómicas.

La salida de Lozano y el posible movimiento de Batet a Barcelona obligarán a modificar la lista por Madrid, donde Sánchez busca un golpe de efecto para impulsar al partido después del descalabro sufrido en diciembre en la circunscripción más simbólica, cuando los socialistas cayeron de diez a seis escaños y cosecharon el 17,8% de los votos –su mínimo histórico y nueve puntos menos que en 2011–. 

La poca presencia pública de la excomandante Zaida Cantera –fichada por los socialistas como número seis por Madrid para el 20-D– también había alentado los rumores sobre su posible salida. Este jueves, la propia Cantera ha dicho, sin embargo, que estaría "encantada" de repetir como candidata, si bien ha añadido que esa decisión está en manos de los "mecanismos internos" del partido.

Las listas del PSOE tienen formato cremallera y en Madrid las mujeres ocupan los puestos pares. Entre las candidatas que podrían volver a la capital está el de Luz Rodríguez, secretaria de Empleo del partido y que el 20-D se presentó por Guadalajara. Por esa circunscripción podría concurrir ahora Pablo Bellido, exalcalde de Azuqueca de Henares, tras el archivo de la causa en su contra que le obligó a dar un paso atrás en diciembre.

El coordinador de la gestora que dirige UPyD desde hace dos meses y medio y diputado en el Parlamento vasco, Gorka Maneiro, fue elegido con el 83,2% de los votos para ocupar la Portavocía del partido magenta, que se disputaba con el exconcejal de Brunete (Madrid) Fernando Castellano, informa Europa Press.

Tras ser elegido como nuevo portavoz del partido, Maneiro señaló que "ha llegado la hora de la cantera de UPyD", que es "extraordinaria". "Mantengámonos unidos, dediquémonos a resolver los problemas de la gente", dirigió Maneiro a la militancia de UPyD.

"Ha llegado la hora de hablar del paro, de la precariedad laboral, de las pensiones, de la dependencia", apuntó el dirigente de UPyD, que agradeció a los fundadores del partido haber dado "el paso" de crearlo y anunció "malas noticias" a "los corruptos, los recortadores sociales y los nacionalistas que quieren romper el país", ya que "UPyD ha vuelto".

"Las puertas están abiertas, queremos que toda la gente buena que se alejó vuelva", añadió.

Los alrededor de 3.000 afiliados de la formación estaban llamados este sábado a elegir entre las dos candidaturas que optaban a tomar el mando del partido para intentar revitalizar el proyecto y devolverlo a la primera línea política. Ambos proyectos apostaban por la continuidad del partido pese a la delicada situación en que se encuentra.

UPyD afrontaba así este sábado el Congreso Extraordinario después de meses de honda crisis que llegó a su punto máximo el pasado 8 de febrero, cuando Rosa Díez y su último líder, Andrés Herzog, anunciaron su baja como militantes ante el convencimiento de que el partido debía disolverse para preservar la pureza de sus ideas.

"El nacionalismo es enemigo jurado de la diversidad"

Por su parte, la exdiputada del PP y portavoz de la asociación Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha enviado un mensaje para su lectura en el congreso en el que señala que "el nacionalismo es enemigo jurado de la diversidad" y "la España constitucional" es "su más firme aliado".

"Si el separatismo es capaz de avanzar impúdicamente en la desconexión entre españoles; si el populismo de sucia inspiración chavista puede campar política y mediáticamente a sus anchas; si un terrorista convicto tiene posibilidades de convertirse en lehendakari, es solamente por el desistimiento de los que estaban llamados a evitarlo", añadió.

El parlamentario vasco Gorka Maneiro anunció que presentará su candidatura para dirigir UPyD a partir del próximo 2 de abril, fecha en la que la formación celebrará su Congreso Extraordiario, informó Europa Press.

En un post publicado en su blog, indicó que esta decisión "no es un acto de valentía sino de responsabilidad política y de lealtad" con el proyecto político que llevan ocho años defendiendo "y con cada uno de los afiliados, los dueños del partido".

"Y lo hago convencido de que el empeño merece la pena y de que, si acertamos con las decisiones que deben tomarse, UPYD recuperará sin duda la confianza de los ciudadanos", añadió.

Maneiro aseguró que su propósito es conformar una candidatura integradora de personas "convincentes y convencidas" que representen la esencia política de UPyD, estén dispuestas a "impulsar los cambios" que necesitan y que "congenien con la inmensa mayoría de la sociedad española".

"Conociendo a las personas que conforman UPyD y el compromiso de todas ellas, no tengo dudas de que será la candidatura que una y vuelva a ilusionar a la afiliación y recupere la confianza de la ciudadanía", aseguró.

Para ello, según apuntó, hará falta "inteligencia y habilidad política, ingenio e imaginación, profesionalidad y experiencia" y también "pasión, desparpajo y valentía a raudales". "Y optimismo. Y alegría", aseguró.

Maneiro señaló que va a ser "indispensable arriesgar, innovar y sorprender" y afirma que es una "evidencia" que hay "espacio político" para UYyD. Aseguró que ahora se trata de "ser audaces y acertar con las decisiones que se tomen" y reconocer que "no va a ser fácil", pero considera que "merece la pena seguir peleando"

"La mayor parte de las ideas esenciales que llevamos defendiendo ocho años no han sido alcanzadas, es decir, no hemos logrado nuestros objetivos, aunque desde luego hemos logrado un éxito evidente que deberíamos reconocerlo públicamente", afirmó.

Tras indicar que han "revolucionado" la política española, manifiestó que ningún otro partido defiende todo lo que UPyD defiende, "ni, desde luego, lo hace con la misma profundidad, claridad y coherencia ni con los mismos principios".

"Basta con analizar el acuerdo firmado por el PSOE y Ciudadanos esta misma semana (y su presentación pomposa y, por lo tanto, fraudulenta): más allá de que haya determinados elementos positivos como la supresión de aforamientos, descartan reformar a fondo y en todos sus ámbitos el mastodóntico Estado Autonómico y blindar la igualdad de los ciudadanos españoles", señaló.

Asimismo, indicó que, en ese acuerdo, reconocen los "hechos diferenciales"; "salvaguardan" los privilegios fiscales vascos y navarros; asignan a las CCAAs responsabilidades en política exterior y proponen "cambiar el nombre" de las diputaciones pero no suprimirlas mientras blindan las diputaciones forales vascas.

A su juicio, todo ello y el panorama político en general demuestran que UPyD es "necesario" y, por ello, defendió "abrir una nueva etapa" en la formación.

Añade que para lograr sus objetivos deben ser un partido político "más abierto y flexible" y que "escuche más a sus propios afiliados y a los ciudadanos en su conjunto".

"Un partido político que lance un mensaje de optimismo y esperanza a los votantes y que utilice un lenguaje que enganche. Un partido político más permeable a los movimientos sociales y más cercano a la calle. Un partido político organizativamente más flexible, ligero y descentralizado", afirmó.

Asimismo, defendió un partido político que "recupere a las valiosísimas personas que se fueron" y abra de "par en par sus puertas a quienes quieran incorporarse por vez primera a este proyecto".

"Y obviamente, un partido político inequívocamente nacional, laico y profundamente progresista que defienda la igualdad en España y más bienestar para todos", indicó Maneiro, que reconoció que tuvieron "grandísimos aciertos" pero también "errores".