En más de 45 años de trayectoria profesional vinculada al mundo de la televisión, el periodista y ejecutivo de la televisión José Miguel Contreras (Madrid, 1958) ha participado en la creación de media docena de canales de televisión. Desde hace cinco años ha promovido junto a otros profesionales la creación de una nueva cadena de televisión nacional que considera “necesaria, casi indispensable”. Cree que el actual modelo televisivo español “lleva anclado más de veinte años sin haberse adaptado a los cambios sociales y tecnológicos vividos durante este período”. José Miguel Contreras es, además, uno de los principales accionistas de infoLibre. 

“En estos momentos se está conformando el equipo de arranque de lo que será la séptima cadena nacional de televisión en España, que verá la luz en otoño. Sabemos el límite máximo que marca el concurso que dio lugar a esta concesión pública. Tiene que estar en emisión antes del 28 de noviembre, pero no puede estar antes de lo que ya se conoce como el día R, que es un día en el que todos los españoles que quieran acceder a las nuevas señales de ultra alta definición y también a este nuevo canal, tendrán que resintonizar los televisores. Ese día que no está aún fijado. Lo decide la Administración junto a todos los operadores televisivos. No sabremos la fecha exacta, pero creemos que más o menos será en otoño, entre mediados de octubre y mediados de noviembre. Es lo que tenemos calculado como día de arranque de esta nueva oferta televisiva”.   

“Es un proyecto muy difícil, muy complicado. Hoy en día el mercado publicitario en televisión está bajando y ya hay prácticamente 30 cadenas de televisión en abierto operando en España. Por tanto, el proyecto es bastante disuasorio y mucha gente que incluso ha criticado el concurso, aunque en realidad no se han querido presentar porque no creían en que podían llevarlo adelante. Nosotros partimos de la base de que hay manifiestamente un hueco libre para una nueva televisión que represente nuevos valores, que represente nuevas formas de entender el negocio televisivo, sabiendo que es muy difícil, que es muy complicado. Creemos que, si hacemos un modelo televisivo industrialmente diferente a como se ha hecho hasta ahora y además unos contenidos también diferentes a los que hasta ahora se operan, puede que realmente haya un hueco que permita la viabilidad del nuevo canal”. 

"Va a ser un canal fundamentalmente de actualidad y fundamentalmente en directo. De actualidad, en el sentido más amplio que pueda uno imaginarse. Todas aquellas cuestiones que sean de interés público formarán parte de los contenidos del canal. La cuestión de los presentadores, que siempre es lo que más morbo y atención despierta, a día de hoy no hay un solo nombre firmado. Se está en una fase de otear el mercado, de ver la disponibilidad que existe. Tenemos la sensación de que vamos a poder ofertar un grupo de profesionales de primer nivel que realmente le den solidez y hagan el proyecto muy convincente, muy atractivo y muy ambicioso, que es en definitiva lo que pretendemos”. 

“En España existe claramente una desviación y una desproporción manifiesta entre medios conservadores y ultraconservadores y medios más ligados al mundo progresista. Esto es una realidad. Incluso hemos podido observar en los últimos tiempos un crecimiento aún mayor del sesgo conservador en medios que antes no tenían esa línea. En el caso de la televisión, hace casi 20 años se articuló un modelo en el que había unas cadenas importantes (Antena 3 y Telecinco) que mostraban un punto de vista más conservador, otro grupo de cadenas (Cuatro y Lasexta) que presentaban un punto de vista más progresista y una televisión pública claramente situada en un lugar fuera de todo sesgo político, abierta a todo tipo de opiniones y de discursos. Esto hoy en día no existe. El modelo está claramente desequilibrado. El desarrollo económico ha llevado a que prácticamente el sector televisivo está dominado por grupos que trasladan discursos marcadamente conservadores. Y exactamente igual ocurre en todo el mundo digital. Esto es una realidad, yo creo que absolutamente indiscutible”. 

“El nuevo canal se articulará en torno a la creación de un nuevo grupo de comunicación. Seguramente, hacer solo un canal de televisión en abierto hoy en día podría llevar a un desastre económico. La nueva comunicación, la nueva manera que tiene la gente de acceder a los contenidos de actualidad no tiene que ver solo con la televisión. Tiene que ver con un desarrollo digital muy potente y creciente, al que también se dirigen cada vez más la televisión y la publicidad. Por tanto, es importante entender que el nuevo proyecto, la nueva marca, no va a ser un canal de televisión, va a ser un ecosistema de medios diferentes en los que los diferentes contenidos que seamos capaces de crear se van a difundir. Contenidos dirigidos al mayor número posible de seguidores a través del mayor número de vías y de ventanas posibles”.  

“Sería un error manifiesto hacer una apuesta partidista cerrada. Si se quiere tener éxito, si se quiere llegar a una mayoría amplia, tienes que tener una posición que permita que el mayor número posible de gente se incorpore. ¿Esto quiere decir que es un canal o un grupo de comunicación o un medio sin personalidad, sin identidad? Pues no, todo lo contrario. Lo que sí queremos es que sea una identidad no vinculada, desde luego, a partidos políticos ni a ideologías concretas, sino a una manera de entender el mundo.  Desde esta perspectiva, sí apostaremos por la modernidad, apostaremos por la innovación, apostaremos por la diversidad, apostaremos por la ilusión, por el entendimiento colectivo, por encontrar espacios de creación de ilusiones de cara al futuro, de abrirnos no solo a la política, abrirnos a la cultura, abrirnos al entretenimiento, al humor, a todo aquello que interesa a gente que no le guste un mundo tenebroso, un mundo oscuro, un mundo de confrontación permanente, un mundo de gritos y que busque un espacio donde realmente la comunicación le aporte y no le reste ganas de compartir un espacio colectivo”.   

“Con el proyecto de la nueva cadena nacional de televisión pretendemos eso, lo decimos, que se considere la séptima cadena nacional. Por tanto, nuestras expectativas de audiencia están en meternos en ese grupo. Esto no es un proyecto de un pequeño canal de nicho en la TDT de los que existen. Se va a hacer una inversión significativa y potente que obliga a tener unas audiencias importantes y reseñables por el tipo de contenidos que vamos a hacer, que van a ir dirigidos sobre todo a gente urbana, a gente con una mentalidad joven, aunque no necesariamente deban tener esa edad, a una manera ilusionante de entender el mundo y con una mente abierta. Claramente nuestros rivales de audiencia serán en el sector público La 2 y en el sector privado Cuatro y LaSexta. En ese mundo nos tenemos que mover. ¿Cuánto tardaremos en llegar a competir en audiencia con ese tipo de canales? Es una incógnita. Esperemos que sea lo antes posible, pero nuestra aspiración, desde luego, es formar parte de esa competencia”. 

“Parece indudable que la nueva cadena de televisión va a ver la luz en un momento de especial intensidad, que será el arranque de la nueva temporada política. Ahora estamos justo en el final de un periodo político especialmente convulso, casi diría violento en términos del debate público. Por otro lado, suele ser bastante habitual y ya estamos acostumbrados. La oposición ha intentado en las tres temporadas anteriores, siempre lo mismo, derribar al gobierno antes del verano. Una vez más, no lo ha conseguido. Una vez más, el Gobierno sigue, por lo que hemos oído esta semana al presidente del Gobierno en el Parlamento”. 

“Se ha visto un crecimiento enorme de la tensión política trasladada tanto desde el mundo de los partidos de la derecha como de sus medios de comunicación afines. Y esta sensación general de desasosiego creo que impregna ahora mismo nuestra sociedad. La polarización está entrando en una especie de secuestro emocional, como decía Daniel Goleman hace unos años. Cuando las pasiones predominan sobre la razón es muy difícil entenderse, es muy difícil hablarse y es muy difícil distinguir lo que es un estado de ánimo de los hechos reales. Cuando los medios de comunicación y los políticos lo que trasladan no son opiniones concretas o relatos de los hechos, sino estados de ánimo para mucha gente supone un impacto muy vívido. Es algo que sientes en tu piel y es muy difícil que te digan que eso es sólo una percepción. Lo que ocurre es que ese sentimiento no tiene por qué coincidir con los hechos reales de lo que está pasando. Y esta disociación entre el estado de ánimo y la realidad es lo que deberían los medios de comunicación aclarar, separar la opinión de lo que son los hechos reales”. 

“La corrupción es evidente que es noticia. Ha habido un caso particularmente relevante, el caso Ábalos, que recientemente ha sido sentenciado de forma más que contundente. ¿Hasta qué punto la corrupción está sobredimensionada teniendo en cuenta que no se habla de otro tema? Desde la oposición y desde numerosos medios de comunicación se han marcado el objetivo de acabar con este gobierno sea como sea. La relevancia de la corrupción en España se ha extendido de una manera muy por encima de la realidad. La percepción que mucha gente tiene de que la corrupción es la base ahora mismo de la vida política es completamente desmesurada y en algunos casos, manifiestamente falsa. Existen casos de supuesta corrupción que, a juicio cada vez de más especialistas, parecen montajes políticos con participación activa del mundo judicial”.  

“Admiro profundamente la trayectoria política de Zapatero y tengo un enorme aprecio por su figura personal. Desde este sesgo de partida, que lo aclaro de principio, tengo que decir que hasta ahora no he visto ni una sola prueba tangible, ni un solo hecho que implique que haya cometido ningún tipo de acto delictivo. Quien parta del prejuicio contrario, desde la convicción de su culpabilidad, sólo podrá exponer insinuaciones, especulaciones o lejanas referencias de terceros. Lo que me parece indiscutible es que se está produciendo una cacería personal en toda regla.  Estamos hablando de un ciudadano, sin responsabilidad política alguna, al que se está sometiendo a una masacre pública, junto a su familia. Se han invadido y difundido ilegalmente sus comunicaciones personales y sus actividades privadas mucho más allá de los supuestos hechos por los que se le investiga. La responsabilidad es del aparato judicial o del aparato policial, con el enardecido apoyo de la derecha española. Me parece que es una ruptura del orden de valores y del orden de legalidad impropia de una democracia”. 

“A los pocos días del comienzo de la legislatura, PP y Vox pidieron ya un adelanto electoral al considerar ilegítimo el Gobierno, pese a estar apoyado por la mayoría del parlamento español. Desde entonces, la exigencia de nuevas elecciones se ha convertido en un ruido de fondo de toda la actividad política. La exigencia es un poco absurda porque el Gobierno liderado por Pedro Sánchez no tiene mayoría para mantenerse a no ser que el resto de los partidos le apoyen. Con lo cual, digan lo que digan, hagan la declaración que hagan, manifiesten lo que quieran, este gobierno caerá en el momento que uno de los grupos que le apoyó en la investidura decida promover una moción de censura con VOX y con el PP. El día que eso pase caerá el Gobierno. Hasta ahora, ningún grupo, más allá de hacer sonoras proclamas o de pedirle a Pedro Sánchez que dimita, ha dado el paso. De momento, no hay ninguna sospecha ni ningún indicio de que eso vaya a ocurrir de manera inmediata”. 

“La conexión y la interrelación entre los medios de comunicación y la política es prácticamente total. Los medios han perdido mucha capacidad económica para poder ser independientes, a la vez que otros muchos no desean serlo. Los medios en su conjunto tienen una gran capacidad de crear estados de ánimo que posicionen a la gente en un lugar determinado. Cada vez más, parecen haber renunciado a explicar la realidad con la claridad suficiente para que los ciudadanos actúen racionalmente. Hoy, se establece una batalla entre dos formas de entender el periodismo. Por un lado, aquellos medios que promueven la extensión de estados de ánimo casi siempre vinculados a la creación del caos, del miedo, de la inseguridad, de la amenaza y, en definitiva, de la angustia permanente. Por otro, medios que apuestan por contar la realidad, por analizarla, por explicarla. Esta pelea entre la emoción y la razón seguramente es la gran batalla a estas alturas de la historia de nuestra civilización”.

43 de cada 100 personas que participaron en las tertulias de los principales programas informativos y de actualidad de televisión y radio en España la semana pasada fueron mujeres. El dato corresponde a un análisis de los 26 programas más relevantes de RTVE, Atresmedia, Mediaset, Cadena SER, COPE, Onda Cero y RNE realizado por infoLibre del lunes 15 al viernes 19 de junio. La paridad, fijada en el 50%, quedó por debajo en el conjunto del sistema. En televisión, la presencia femenina alcanzó el 44%; en radio, el 42%.

Los datos proceden del recuento de las personas que aparecieron en los bloques de tertulia de cada programa. No se han contabilizado los presentadores ni las presentadoras, sino únicamente los invitados externos y los colaboradores fijos de tertulia.

La Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 establecen la obligación de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los medios. La segunda, que incorpora la directiva europea de servicios de comunicación audiovisual, obliga específicamente a los prestadores de servicio público a garantizar esa representación. Ninguna norma fija un porcentaje mínimo vinculante para las tertulias. Pero el umbral del 50% funciona como referencia habitual en los informes de seguimiento.

El análisis de la semana pasada revela que diez de los 26 programas no alcanzaron el 40% de presencia femenina. Cuatro no llegaron al 30%.

Y ahora Sonsoles, de Antena 3, fue el espacio con mayor proporción de mujeres en sus tertulias: un 72%. En cinco días de emisión, el programa presentado por Sonsoles Ónega invitó a 18 mujeres y siete hombres. El jueves, la tertulia fue íntegramente femenina. El miércoles fue el único día en que los hombres superaron a las mujeres, con tres frente a dos. Se trata de un programa que mezcla actualidad social, política y contenidos de entretenimiento.

Las Tardes de RNE, conducido por David Cantero y Marta Solano, ocupó el segundo lugar con un 71% de presencia femenina en sus tertulias.

La Tarde de la COPE, con Pilar García Muñiz, alcanzó el 60%. En este caso, la muestra es pequeña —dos invitados por día como norma— pero la distribución fue consistente: cuatro días con más mujeres que hombres y uno en empate.

En boca de todos, de Cuatro, con Nacho Abad, fue el programa de actualidad con mayor paridad real de los analizados: 56% de mujeres —22 frente a 17 hombres a lo largo de la semana—. Lo relevante es que la proporción se mantuvo estable los cinco días: en ninguno de ellos los hombres superaron a las mujeres en más de uno.

La Hora de la 1, de RTVE, con Silvia Intxaurrondo —que esta semana estuvo ausente—, superó el umbral con un 54%: 22 mujeres frente a 19 hombres. El martes fue el mejor día, con seis mujeres y cuatro hombres. El lunes fue el peor, con tres mujeres y seis hombres.

Malas Lenguas, de RTVE, con Jesús Cintora, alcanzó el 50% exacto: 15 mujeres y 15 hombres. Todo es Mentira, de Cuatro, también llegó al 50%. El Tiempo Justo, de Telecinco, y Por Fin, el programa vespertino de Onda Cero, se situaron igualmente en el 50%. Vamos a Ver, también de Telecinco, se quedó muy cerca con un 44%: ocho mujeres y 10 hombres en la semana.

Cuatro programas de televisión se quedaron en la franja entre el 40% y el 49%, demasiado cerca de la paridad para sumarse al bloque de los que no cumplieron, pero sin alcanzarla.

Espejo Público, de Antena 3, con Susanna Griso, y Más Vale Tarde, de La Sexta, con Cristina Pardo e Iñaki López (la primera acaba de dejar el espacio para preparar un nuevo proyecto en Antena 3), se situaron ambos en el 45%. En los dos casos, la semana presentó días muy desiguales: Espejo Público tuvo el viernes una sola mujer entre diez tertulianos, pero el martes invirtió la proporción con seis mujeres y tres hombres. Más Vale Tarde siguió un patrón parecido: lunes con una mujer y tres hombres, miércoles y martes con mayoría femenina.

Mañaneros 360, de La 1, con Adela González y Javier Ruiz, y La Noche en 24h, de RTVE, con Xabier Fortes, alcanzaron el 46% y el 44% respectivamente. En Mañaneros la distribución fue estable, con dos o tres mujeres por día. La Noche en 24h trabaja con grupos más pequeños y la presencia femenina osciló entre una y dos personas según el día.

La Brújula, el nocturno de Onda Cero, fue el programa con menor presencia femenina de todos los analizados: un 20%. En una semana completa, el espacio presentado por Rafa Latorre, que a partir de septiembre estará al frente de Más de uno, tuvo cuatro mujeres como tertulianas frente a 16 hombres. El miércoles no hubo ninguna mujer entre los invitados a la tertulia.

Horizonte, el espacio ultraconservador de Cuatro, con Iker Jiménez y Carmen Porter, registró el segundo peor dato: 24%. Ocho mujeres frente a 26 hombres en cinco días. El jueves fue el día más extremo: tres mujeres y nueve hombres. El programa combina política con contenidos de corte conspirativo y su modelo de tertulia tiende a reunir grupos numerosos con predominio masculino.

La Linterna, el programa de la noche de la COPE, con Ángel Expósito, se quedó en el 25% de presencia femenina. El miércoles y el martes, sin ninguna mujer.

Herrera en la COPE anotó un 29%. Carlos Herrera organiza su tertulia en bloques de tres personas y solo en uno de los cinco analizados hubo más de una mujer. El miércoles no tuvo ninguna.

Directo al Grano, de RTVE, con Marta Flich y Gonzalo Miró, llegó al 38%. El viernes fue el día más desequilibrado: tres mujeres frente a siete hombres. El jueves, en cambio, fue el único con paridad.

El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, se quedó en el 37%: 10 mujeres y 17 hombres en la semana. El lunes fue el día de mayor desequilibrio: una mujer frente a tres hombres.

Al Rojo Vivo, de La Sexta, con Antonio García Ferreras, registró un 39% de presencia femenina: 21 mujeres frente a 33 hombres. Es el programa de mayor volumen de tertulianos de los analizados, con invitados que se van dando el relevo hasta alcanzar entre ocho y 12 personas por día. Ese volumen amplía la brecha en términos absolutos.

La radio acumula los datos más bajos. De los ocho programas radiofónicos analizados, solo La Tarde de la COPE y Las Tardes de RNE superaron el 50%. El resto quedó por debajo, con La Brújula y La Linterna en los puestos más bajos.

Hoy por Hoy (SER) y Hora 25 (SER) se situaron en el 47% y el 46% respectivamente, los datos más cercanos a la paridad entre los programas de radio. Más de Uno, de Onda Cero, llegó al 42%. La única colaboradora fija presente los cinco días fue Marta García Aller, que a partir de septiembre se hará cargo de La Brújula. Las Mañanas de RNE, con Juan Ramón Lucas, alcanzó el 40%. Por debajo ya se situó 24 Horas de RNE, con Rosa María Molló, que registró un 39%: siete mujeres frente a 11 hombres en la semana, con el jueves sin ninguna mujer en la tertulia.

La televisión, en conjunto, ofreció la semana pasada un panorama algo más equilibrado. Pero la diferencia entre cadenas es grande. RTVE, considerando todos sus programas analizados, superó el 48% de media. Mediaset alcanzó el 47% de presencia femenina agregando los cinco programas analizados —El Programa de AR, Vamos a Ver, El Tiempo Justo, En boca de todos y Horizonte—, aunque con una dispersión muy amplia entre ellos: Horizonte está en el 24% y En boca de todos en el 56%. Atresmedia presentó la mayor asimetría interna: mientras Y ahora Sonsoles superaba el 70%, Al Rojo Vivo no llegó al 40%.

El análisis de las apariciones individuales ofrece un contrapunto a los porcentajes globales. Aunque en conjunto hay más hombres que mujeres en las tertulias, entre quienes más repiten durante la semana predominan ellas. De las nueve personas que más veces aparecieron —con cinco o más intervenciones en distintos programas—, seis son mujeres: Ainhoa Martínez (Abc), Pilar Velasco, Marta García Aller (Onda Cero), Paloma Esteban (Abc), Cristina de la Hoz (elindependiente.com) y Ketty Garat (theobjective.com). Los tres hombres del grupo son Eduardo Inda (okdiario.com), Rubén Amón (elconfidencial.com) y Antonio Naranjo (eldebate.com).

El dato es aún más claro cuando se mide el posicionamiento en diferentes medios y espacios: las ocho personas que aparecen en más programas distintos durante la semana son todas mujeres. Ainhoa Martínez encabeza ese ranking con presencia en seis espacios diferentes —Al Rojo Vivo, Espejo Público, La Brújula, La Noche en 24h, Más Vale Tarde y Más de Uno—. Le siguen Pilar Velasco y Marta Nebot —ambas sin adscripción a un medio concreto—, presentes en cinco programas distintos cada una. Paloma Esteban, Cristina de la Hoz, Ketty Garat, Ana Pardo de Vera (publico.es) y Ángela Martialay (El Mundo) aparecen en cuatro programas diferentes. El primer hombre en este ranking llega empatado con ellas en cuatro programas.

Los números apuntan, por tanto, a una asimetría en la variedad de voces. A lo largo de la semana, infoLibre identificó 185 hombres distintos frente a 132 mujeres distintas. La diferencia no se explica solo por el mayor volumen de intervenciones masculinas: el sistema convoca a un elenco más amplio de tertulianos hombres, mientras que el grupo de mujeres que circula por los distintos espacios es más reducido y más concentrado.

El recuento de presencia no mide otros factores relevantes para evaluar la representación real de las mujeres en las tertulias. No contabiliza el tiempo de palabra por persona, la frecuencia de interrupciones, ni el tipo de temas sobre los que se les pregunta. Tampoco distingue entre colaboradoras fijas e invitadas puntuales.

Los estudios disponibles sugieren que contar sillas no basta. Un análisis de los programas de infoentretenimiento político —La hora de La 1, La mirada crítica y Al rojo vivo— correspondiente a la temporada 2023/24 sitúa la presencia femenina global en el 39,7%, una cifra que mejora los registros de estudios anteriores pero que encubre una desigualdad funcional: las mujeres ocupan el 63,2% de los roles de relatora, aquellos que contextualizan la información sin emitir opinión propia. El rol de experta, el que otorga autoridad en el debate, está en manos de mujeres solo en el 8,5% de los casos.

El libro Tertulianos, publicado en 2025, ofrece otro ángulo. Entre los 53 tertulianos más frecuentes de la quincena analizada —aquellos que aparecen más de dos veces por semana—, solo 18 son mujeres, lo que representa el 34%. El núcleo duro del sistema es más masculino que la media.

Un informe de 2025 del CAC —el Consell de l'Audiovisual de Catalunya— sitúa en esta comunidad la presencia femenina entre los tertulianos más reclamados en torno al 30%, y concluye que la representación global en la programación se ha estancado alrededor del 40%, sin avanzar hacia la paridad desde hace varios años.

Lo que sí permite el recuento semanal es establecer una línea base propia, actualizada y desagregada por programa. Esa línea sitúa al conjunto del sistema mediático español siete puntos por debajo de la paridad. En televisión, seis puntos. En radio, ocho.

Las mujeres presentan el 44,2% de los informativos y programas de actualidad en las nueve cadenas de televisión y emisoras de radio con más audiencia de España. Pero la cifra global esconde diferencias muy amplias entre un medio y otro.

En televisión, la media sube al 50,9%. En radio cae al 35,7%. Tres de las cinco cadenas analizadas superan el 50% de presentadoras. Ninguna de las cuatro emisoras de radio lo consigue.

El recuento incluye los informativos diarios y los principales programas de actualidad de mañana, mediodía, tarde y noche en RTVE, Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), Mediaset (Telecinco y Cuatro), Cadena SER, COPE, Onda Cero y RNE. Cuando un espacio tiene dos presentadores, cada uno cuenta como una persona sobre el total de la cadena o emisora. No se incluyen colaboradores, tertulianos ni presentadores invitados, solo los titulares de cada espacio.

Sumados los nueve medios, hay 61 presentadores en los espacios analizados. 28 son mujeres y 33 son hombres.

RTVE reparte ocho espacios entre 11 presentadores. Seis son mujeres. Silvia Intxaurrondo dirige en solitario La Hora de La 1, Alejandra Herranz el Telediario 1 y Pepa Bueno el Telediario 2.

Jesús Cintora y Xabier Fortes presentan en solitario Malas Lenguas y La Noche en 24 Horas (en este caso, en la cadena de noticias 24 Horas). Los otros tres espacios, el Telediario Matinal, Mañaneros 360 y Directo al Grano, los comparte un hombre con una mujer. El resultado es un 54,5%.

Antena 3 es la cadena con más presentadoras de todo el análisis. Susana Griso, Sandra Golpe y Sonsoles Ónega dirigen en solitario Espejo Público, Antena 3 Noticias yY ahora, Sonsoles. Solo Manu Sánchez presenta en solitario un espacio, el informativo de la mañana.

La segunda edición del informativo de noche la conducen Vicente Vallés y Esther Vaquero. Antena 3 llega al 66,7% de mujeres.

En La Sexta ocurre lo contrario. Antonio García Ferreras, Rodrigo Blázquez y Joaquín Castellón presentan en solitario Al Rojo Vivo, La Sexta Noticias de las 20 horas y La Sexta Clave. Helena Resano conduce sola el informativo de las 14 horas y Cristina Pardo compartía Más Vale Tarde con Iñaki López (acaba de abandonar el programa para preparar un proyecto en Antena 3). La Sexta se queda en el 33,3% (menos si se tiene en cuenta la salida de Pardo).

Atresmedia, si se suman sus dos cadenas, reparte sus doce puestos casi al 50%. Pero ese resultado global esconde un desequilibrio entre canales. Antena 3 dobla el porcentaje de presentadoras de La Sexta.

Telecinco también supera la media. Ana Terradillos, Ana Rosa Quintana, Patricia Pardo e Isabel Jiménez presentan en solitario cuatro de los siete espacios analizados. Ángeles Blanco comparte el informativo de las 21 horas con Carlos Franganillo. Solo Bricio Segovia y Joaquín Prat dirigen en solitario un espacio cada uno. El resultado es un 62,5%.

Cuatro reparte sus cinco espacios en tres parejas y dos programas presentados en solitario por hombres, Nacho Abad en En Boca de Todos y Risto Meijide en Todo es Mentira. Marta Reyero, Mónica Sanz y Carmen Porter comparten informativo o programa con un compañero. Cuatro se queda en el 37,5%.

Mediaset repite el patrón de Atresmedia. Sumadas Telecinco y Cuatro, el grupo se sitúa en el 50%, con Telecinco muy por encima y Cuatro por debajo.

Los espacios de primera hora de la mañana están presentados sobre todo por hombres. Manu Sánchez lo hace en solitario en Noticias de la Mañana en Antena 3 y Bricio Segovia en los Informativos T5 Matinal en Telecinco. El Telediario Matinal de RTVE es la única franja matinal con una mujer, Mireia Alzaría, y la comparte con Álex Barreiro.

El cálculo cambia poco si en lugar de la media de los cinco porcentajes de televisión se cuentan los 39 presentadores de las cinco cadenas en conjunto. El resultado es un 51,3% de mujeres, una décima por encima de la media por cadena.

En radio ocurre algo parecido. Sobre los 22 presentadores de las cuatro emisoras, las mujeres son el 36,4%, frente al 35,7% que sale de la media de los cuatro porcentajes por separado.

De los 39 presentadores de televisión, 20 son mujeres. De los 22 de radio, lo son solamente 8. La diferencia entre un medio y otro no está en el número de espacios analizados, similar en ambos casos, sino en quién los dirige.

En la Cadena SER, tras la salida de Àngels Barceló, solo Mara Torres dirige en solitario un espacio, El Faro, que se emite de madrugada. José Luis Sastre, Javier Casal, Carles Francino y Aimar Bretos presentan los otros cuatro programas. La SER tiene el porcentaje más bajo de todo el análisis, un 20%.

En COPE, Pilar García de la Granja y Pilar García Muñiz conducen en solitario los informativos de mediodía y el programa de la tarde. Carlos Moreno, Carlos Herrera y Ángel Expósito dirigen los otros tres espacios. La emisora llega al 40% de peso femenino al frente de sus programas informativos y de actualidad.

Onda Cero reparte sus cinco programas entre dos mujeres, Gemma Ruiz en No Son Horas y María Hernández en el informativo de mediodía, y tres hombres, Carlos Alsina, Carlos Cantizano y Rafa Latorre. El resultado es también un 40%.

RNE es la emisora que más se acerca a la paridad dentro de la radio, aunque tampoco la alcanza. Sandra Urdín presenta en solitario el informativo de las 14 horas y Rosa María Molló el de las 24 horas. Marta Solano comparte Las Tardes con David Cantero.

Gorka Rodríguez, Juan Ramón Lucas y Carlos Núñez dirigen en solitario El Despertador, Las Mañanas y Mediodía. De los siete presentadores de RNE, tres son mujeres. El resultado es un 42,9% de cuota femenina en la emisora pública.

Las cuatro radios comparten un mismo rasgo. Las mujeres dirigen en solitario los informativos de mediodía de COPE y Onda Cero y los de RNE de las 14 y las 24 horas. En el resto de la franja, de la mañana a la noche, los programas de actualidad están presentados por hombres, salvo El Faro en la SER, que se emite de madrugada.

RTVE y RNE pertenecen a la misma corporación pública, la Corporación de Radio y Televisión Española. La televisión del grupo supera la paridad con el 54,5%. Su radio se queda en el 42,9%.

Si se ordenan los nueve medios de mayor a menor porcentaje de mujeres, el resultado queda así. Antena 3 encabeza la lista con el 66,7%, seguida de Telecinco con el 62,5% y RTVE con el 54,5%. Esas tres son las únicas que superan el umbral de la paridad.

Por debajo del 50% y de la media global del 44,2% se sitúa RNE, con el 42,9%. El resto queda por detrás. Cuatro y La Sexta rondan el 35%, COPE y Onda Cero se quedan en el 40% y la Cadena SER cierra la tabla con el 20%.

Si el umbral de referencia es la paridad, el 50%, solo tres de los nueve medios analizados lo alcanzan, y los tres son de televisión. Los otros seis, dos cadenas y las cuatro emisoras de radio, se quedan por debajo. Ninguna radio se acerca siquiera a esa cifra.

Nuestro idioma está lleno de colores. Encontramos ejemplos en diversas situaciones: te puedes poner morado a consecuencia de una abundante comilona; te puedes poner rojo, como un acto de timidez supina; o te pueden poner verde, incluso sin motivos. También podemos, siguiendo esta misma línea de metonimias, ver los colores y expresar con ellos estados de ánimo. Hay quienes lo ven todo negro, yo intento mantenerme alejado de ellos. Hay otros que prefieren verlo todo de color rosa, que es una forma no lisérgica de afrontar la vida de manera positiva. De estos intento alejarme aún más.

Pero últimamente también podemos encontrar a quienes ven las cosas de color amarillo, de manera literal, porque usan filtros de este color en sus gafas. La verdad es que hay que reconocerles que nos pongan tan fácil el identificar su estupidez. No hace falta escucharlos. Sólo ver lo que llevan puesto. Algo así como en su día fue levantarse el cuello de la camisa. Hoy, uno de los grandes precursores de esta nueva moda ocular es Marcos Llorente, futbolista de profesión y necio de vocación, que no duda de "divulgar" sus ocurrencias a sus millones de seguidores, ya sea en redes sociales, como en programas de televisión. En el mundo digital es complicado poner coto a estas situaciones, quizás sí sea más sencillo en los entornos televisivos, por ejemplo, no invitando a estos personajes a que se expresen sin ningún tipo de pudor, ¿no?

Este mismo pelotero ya ha sido noticia en más de una ocasión por cuestiones alejadas del ámbito deportivo. Es un ferviente defensor de tomar el sol sin protección. Yo le diría que no echarse crema solar es como si descartas poner barrera cuando el rival te va a lanzar una falta al borde del área. Aunque puestos a elegir, yo preferiría un gol en contra a un melanoma. También defiende determinados estilos de nutrición alejados de la evidencia, o polémicas acciones como salir semidesnudo a la calle mientras pasea a su perro. También alude a teorías conspiranoicas cuando tiene ocasión. Por ejemplo, con los conocidos como chemtrails, es decir, las estelas de vapor de agua que dejan los aviones y que algunos intentan vincular con una especie de plan para envenenarnos. Que yo pienso, puestos a que nos fumiguen, que lo hagan con colonia; los que utilizamos el transporte público a menudo lo agradeceríamos.

El problema es que la legitimidad que aporta la fama es más que suficiente para muchos incautos que siguen el veredicto de sus ídolos en su día a día. No son “particulares teorías”, como destacan algunos titulares, son opiniones pseudocientíficas o bulos, con un daño potencial muy elevado. Lo que me resulta llamativo es que alguien sea capaz de hacer gala de su ignorancia frente a una audiencia masiva. Imagino que el ego de estas figuras públicas es directamente proporcional a su insolencia. Lo que me perturba es que, en un contexto donde podemos acceder a información fidedigna al momento, estos discursos se tornen tan populares. Y me perturba aún más que no haya consecuencias. Que sí, que el derecho a la libertad expresión es sagrado, ¿pero convertirse en un posible peligro público no debería tener represalias por parte, al menos, de las propias redes sociales? “Es que es mi opinión”. No, disculpe, decir que la Tierra es plana no es una valoración subjetiva; elegir jugar al contragolpe o a través de posesiones largas, sí lo es.

Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos revertirlo? Es sencillamente complejo, sólo hace falta darse cuenta de las lentes (entiéndase como sesgos cognitivos) que todos llevamos encima de manera involuntaria y que nos hacen interpretar el mundo de una determinada manera. La clave es ser consciente de estas propias limitaciones y dudar, siempre dudar, de los colores que ven nuestros ojos. Cómo envidio a los daltónicos.

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José María Gómez Vallejo es socio de infoLibre.

Las redes sociales y los servicios de vídeo superan ya a las webs y aplicaciones propias de los medios como la vía más usada en el mundo para acceder a las noticias. Ocurre por primera vez desde que el Digital News Report mide esta variable. La edición 2026 del informe del Reuters Institute for the Study of Journalism que se presentó este martes sitúa el uso medio de redes y vídeo en el 54% entre los encuestados de los 48 mercados analizados. Las webs y apps de las cabeceras quedan en el 51%.

El informe, la decimoquinta edición del Digital News Report, dirigida este año por el investigador Jim Egan, describe el fenómeno como una “plataformización” creciente del consumo de noticias. 

A la migración hacia redes y vídeo se suma un actor nuevo. Uno de cada diez encuestados ya usa chatbots de inteligencia artificial para informarse —tres puntos más que el año pasado—. El uso es mayor entre los menores de 35 años, donde alcanza el 16%, y la función que más valoran sus usuarios es la posibilidad de hacer preguntas de seguimiento —la cita el 42%—.

El vídeo informativo en plataformas ajenas a los medios llega ya al 77% de la población mundial cada semana, una mayoría que se registra por primera vez en los 48 países del estudio. En 45 de esos mercados, más gente ve ya vídeo informativo online que televisión convencional, y solo en Alemania, Dinamarca y Países Bajos la televisión mantiene la delantera o un empate.

TikTok es la red que más crece, aunque parte de una base pequeña, con un 20% de uso global para noticias, mientras Instagram avanza de forma más moderada pero con una presencia mayor, del 26%. Facebook sigue siendo la red más usada en conjunto, con un 43%, y revierte así caídas de años anteriores. Una cuarta parte de los encuestados ve ya noticias por demanda en aplicaciones como YouTube desde el televisor.

Mientras estas plataformas ganan terreno, el uso de la televisión y de las webs propias de los medios cae 13 y 12 puntos respectivamente desde 2020, un retroceso que el informe considera tan relevante en el caso de las webs como en el de la televisión, aunque menos conocido.

La confianza global en las noticias ha caído este año en 29 de los 48 mercados, hasta el 37%, el nivel más bajo registrado desde 2015, con descensos de más de cinco puntos en 19 países. En Estados Unidos, solo una cuarta parte de los encuestados confía en las noticias la mayor parte del tiempo, mientras la preocupación por las noticias falsas sube cuatro puntos, hasta el 62% de media, y solo retrocede en Brasil.

Pese a este clima, la mayoría dice preferir noticias que no tomen partido, y el 45% de los encuestados se inclina por la “imparcialidad” como ideal, más del doble que quienes prefieren información que comparta su punto de vista, aunque ese apoyo ha bajado desde 2020.

El informe detalla el avance de los creadores individuales, que ya aportan parte de las noticias a una cuarta parte de los encuestados en el conjunto de los 48 mercados, mientras casi la mitad recurre a algún tipo de creador. La mayoría los combina con los medios tradicionales en lugar de sustituirlos, ya que solo el 3% depende únicamente de ellos, frente al 13% que cubre con creadores la mayor parte de sus necesidades informativas.

El interés general por las noticias también retrocede, ya que desde 2021 la proporción de personas muy o extremadamente interesadas en la información ha caído una media de 13 puntos. Una cuarta parte de los encuestados son ya usuarios pasivos, que consultan noticias como mucho una vez por semana, frente al 16% de 2021.

En España, Instagram se confirma como la red más usada para informarse, con un 32% de los encuestados, 14 puntos más que el año anterior, seguida de Facebook, con el 31% (siete puntos más), y de WhatsApp, con el 29% (cinco puntos más).

TikTok escala hasta el 16% como fuente de noticias, cinco puntos más que en 2025, mientras X se mantiene casi igual, en el 16% (un punto más), y YouTube no varía, en el 19%. Los chatbots de IA, todavía minoritarios, llegan al 8% de uso para informarse, el doble que el año pasado.

La comparación con la media global matiza el dato, ya que Instagram se usa más en España (32%) que en el conjunto de los 48 mercados (26%), mientras TikTok queda por debajo de la media mundial (20%).

Ese avance de las plataformas no se traduce, sin embargo, en más confianza, que en España se sitúa en el 33% (dos puntos más que el año pasado), en la zona media de los 48 mercados encuestados, frente a una media global que cae al 37%, el nivel más bajo registrado desde 2015.

El dato medio esconde diferencias entre cabeceras, ya que RTVE, Antena 3 y la prensa regional o local rondan el 52% de confianza entre quienes conocen la marca, mientras okdiario.es y Telecinco se quedan en el 35% y el 36%. Persisten además diferencias entre encuestados de izquierda y derecha sobre la mayoría de las marcas evaluadas, algo que el informe vincula a la polarización del país, mientras el porcentaje de españoles que evita las noticias a veces o a menudo se mantiene sin cambios, en el 37%.

En los 26 países con medios públicos que analiza el informe, la valoración media de su impacto social es positiva, con un 37% frente a un 22% negativo, aunque esa media no se cumple en todos los mercados. España aparece, junto a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, entre los países con mayor diferencia de opinión entre izquierda y derecha sobre el papel social de la radiotelevisión pública.

El informe detecta además una brecha según la fuente principal de información, ya que entre quienes en España se informan sobre todo por redes sociales, la valoración de la cobertura de los grandes temas es negativa en todos los casos analizados, con un saldo de -41 puntos en inmigración, frente a los -15 puntos de quienes se informan principalmente por televisión. En el conflicto de Ucrania la diferencia es de -21 frente a +12, y en la guerra de Oriente Próximo, de -27 frente a -2.

Quienes tienen las webs de noticias como fuente principal se sitúan en un punto intermedio, con saldos negativos pero más moderados en la mayoría de los temas, una brecha que el informe interpreta como reflejo del menor filtro editorial de las redes frente a las webs y la televisión.

Solo el 9% de la población española paga por acceso a noticias digitales, un punto menos que el año anterior, mientras a escala global ese porcentaje se mantiene sin cambios en el 17%, en la cesta de 20 países que el informe sigue desde hace años. En el extremo opuesto, Suecia llega al 32% de población que paga por noticias, uno de los niveles más altos del estudio.

Esa cifra del 9% convive, sin embargo, con un dato distinto, ya que España cuenta ya con algo más de un millón de suscriptores de noticias digitales, según los datos de las propias empresas editoras, con El País a la cabeza, con 451.000, seguido de El Mundo (181.000) y La Vanguardia (167.000). El estudio no detalla, sin embargo, el efecto sobre esas cifras de las agresivas ofertas de estas cabeceras, que llegan. Ofrecer suscripciones mensuales por debate del euro.

El millón de suscriptores se concentra, en todo caso, en unos pocos medios nacionales, y la proporción de población dispuesta a pagar no crece al mismo ritmo. El informe advierte de que el flujo de personas que llegan a las webs de medios para suscribirse se reduce a medida que el consumo se desplaza hacia las plataformas.

A escala global, quienes pagan por noticias lo hacen sobre todo por el acceso directo al contenido que quieren leer, motivo que cita el 81% de los encuestados, mientras casi la mitad, el 46%, añade motivaciones de valores, como apoyar el periodismo por su papel social, algo que algunas cabeceras ya explotan en sus campañas de captación.

El informe recoge datos ya conocidos, como la evolución del sector publicitario español, que cerró 2025 en 12.700 millones de euros, un descenso del 2,6% que puso fin a cinco años de crecimiento, según los datos de InfoAdex que recoge el informe. La publicidad en prensa escrita se mantuvo estable, en 750 millones, mientras la inversión en noticias digitales, con 412,5 millones, superó ya a la del papel, con 337 millones.

El Reuters Institute agrupa ambos fenómenos, el trasvase hacia plataformas y la dificultad para convertirlo en pago, bajo lo que llama “el alejamiento del consumo directo de noticias”, ya que, a medida que menos gente llega a las webs de los medios, también se reduce el embudo por el que esas mismas webs convierten visitas en suscripciones.

Para cubrir la visita de León XIV a España, RTVE ha movilizado a 660 profesionales: 400 de TVE, 200 de RNE y 60 del área digital. En la calle, 170 cámaras y más de 100 kilómetros de cableado. En el aire, un helicóptero y drones. En tierra, 17 unidades móviles y cinco estudios de producción. La corporación lo ha descrito, sin falsa modestia, como uno de los mayores despliegues técnicos de su historia.

Los diarios de papel y la mayoría de los digitales han renunciado al resto de la actualidad (y algunos incluso a sus propios principios) para multiplicar unos contenidos que tratan de narrar, a veces desde ángulos insospechados, la visita del papa. Dando, de paso, un respiro al Gobierno, asediado por titulares relacionados con el caso Leire Díez, y echando por tierra la estrategia de máxima presión y desgaste puesta en marcha por el PP para tratar de forzar elecciones.

Lo llamativo es que todo esto está pasando en un país mayoritariamente secularizado y con un Estado aconfesional. Según el barómetro del CIS de marzo de 2026, apenas el 16,2% de los españoles se declara católico practicante. Hay otro 36,6% que se declara católico, pero no practicante. El 44,8% restante son ateos, agnósticos, indiferentes y creyentes de otra religión.

Frente a esa España, el dispositivo mediático de esta semana resulta chocante. Horas y horas de televisión pública en directo, con narrativas bordeando a veces lo confesional y decisiones tan relevantes como la supresión del informativo de RTVE la noche del sábado. La actualidad sucumbió ante el papa.

Lola Bañón-Castellón, periodista y profesora de Periodismo en la Universitat de València, lo explica con el argumento de que la cobertura no puede leerse solo en clave religiosa. “Una visita papal no es un acontecimiento estrictamente religioso en absoluto. Es un acontecimiento cultural y social”, afirma en conversación con infoLibre.

Frente a las críticas de quienes no entienden esta inflación vaticana, los defensores del despliegue argumentan con las cifras en la mano. La 1 lideró el fin de semana con una media del 13,8% de cuota y 7,8 millones de espectadores acumulados, datos muy por encima de sus registros habituales. El especial matinal por la misa en Cibeles alcanzó el 21,2% de share con 732.000 espectadores de media. El sábado, solo la llegada del papa a Barajas le había dado ya un 22,6% y 804.000 espectadores en la mañana.

Antena 3, en cambio, se quedó en el 7,6% y 283.000 espectadores con su especial dominical. Telecinco no llegó al 3% en esa misma franja: 111.000 espectadores, por debajo de Trece, la televisión de los obispos. El sábado, la cadena solo interrumpió diez minutos su emisión para mostrar la llegada al aeropuerto. Apostó por la contención y pagó el precio. Telemadrid dedicó 13 horas al evento y obtuvo un 11,1% de share. Televisión Canaria, que emite para otra de las comunidades con actos papales, alcanzó un 10,7%.

La misa en Cibeles, emitida por nueve canales entre nacionales y autonómicos, reunió en torno a un millón y medio de espectadores en la franja de mañana. Es una cifra importante, pero queda lejos de los 9,8 millones que concentró la final del Mundial de Catar 2022 en La 1, o de los cerca de 14 millones que vieron la final de Sudáfrica 2010. La boda de Felipe y Letizia en 2004 acumuló 25,1 millones de espectadores únicos entre todas las cadenas.

La visita de León XIV es un evento potente, pero concentrado. No ha parado el país.

Entonces, ¿a qué viene tanta atención mediática, la mayor parte de ella claramente militante a favor de una figura como el jefe del Estado Vaticano?

El primer elemento es aritmético. Los católicos practicantes son solo el 16% de la población, pero en números absolutos son más de ocho millones de personas. Ese segmento está concentrado en los mayores de 55 años, que son precisamente el grupo que más televisión lineal consume. Un nicho así, activado al máximo durante horas, es suficiente para mover el share de cualquier cadena. El público joven y no religioso está en plataformas de streaming y no interfiere en ese cálculo.

Para Marta Martín Llaguno, catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Alicante, esa aritmética no agota la explicación. La agenda de León XIV ha incluido más de veinte actos, discursos en el Congreso y misas multitudinarias con desplazamientos por varias ciudades. “Hay un impacto institucional, diplomático, logístico y económico que trasciende a los creyentes y afecta al conjunto del país”, señala. Desde esa lectura, la cobertura no está sobredimensionada. “Se cubre la figura del papa como un símbolo que mezcla religión, política, geopolítica y marca-país”.

El segundo elemento es cultural. La socióloga británica Grace Davie explicó hace años un fenómeno que encaja bien con la España de hoy: la religión vicaria. Una mayoría que ya no practica delega esa práctica en una minoría activa, pero sigue aprobando que la iglesia esté ahí para los grandes rituales colectivos. Quien no va a misa puede sintonizar la visita papal porque reconoce en el papa un guardián de una memoria compartida, no porque busque orientación espiritual.

Bañón-Castellón añade otra capa de lectura que tiene que ver con la antropología del ritual. “Hay determinados momentos en los que las personas necesitamos la comunión con el grupo”, explica. Pone el ejemplo del Mundial de fútbol: “Gente a la que no le gusta el fútbol ve los partidos y se entusiasma y celebra o se enfada, según el resultado”.

El Vaticano, más allá de un Estado, “es escenografía, ritual. El ritual está en la esencia de todos nosotros y hace muchas veces el papel de bálsamo, de crear comunidad para ayudarnos a transitar un poco por este mundo”.

El mecanismo, sostiene, es el mismo. “Nuestro cerebro funciona igual desde hace 30.000 años. Es un cerebro que necesita rituales y reconexión con la tribu”. En las grandes coberturas, también cuando se producen grandes catástrofes, señala, hay puntos en los que se genera la necesidad “de confluir con el colectivo”.

El tercer elemento tiene que ver con cómo funcionan los medios. Cuando la televisión pública y las grandes privadas interrumpen su programación con el rótulo de directo, crean una sensación de excepcionalidad. El espectador asume que algo histórico está pasando. A eso se suma la dimensión política del evento: qué le dirá el papa al Gobierno, cómo reaccionarán los partidos, qué harán los nacionalismos. La visita papal es también un episodio de la crónica política habitual.

El cuarto elemento es el más antiguo de todos. Émile Durkheim, el fundador de la sociología moderna, describió hace más de un siglo la atracción que ejercen los momentos de efervescencia colectiva: plazas llenas, miles de personas compartiendo las mismas emociones. Esa energía tiene una fuerza visual propia que funciona con independencia de la ideología de los congregados. Se puede ver sin creer.

A eso se suma, apunta Bañón-Castellón, el perfil propio que León XIV ha construido en solo un año. “En un momento muy delicado de la actualidad internacional se ha pronunciado despertando simpatías en sectores que no se sentían nada tocados por esta cuestión”. Y lo ha hecho justo cuando “estamos muy huérfanos de liderazgos sólidos, de figuras carismáticas”.

Es verdad que los datos de audiencia del fin de semana validan la apuesta de RTVE, pero no responden a la pregunta más incómoda.

El artículo 16.3 de la Constitución establece que España es un Estado aconfesional. La televisión pública ha tratado históricamente la simbología católica como un eje de identidad nacional, y esa inercia atraviesa gobiernos de distinto signo. La Semana Santa, los funerales de Estado, las visitas papales: todos reciben una cobertura que no se cuestiona.

Bañón-Castellón, que ha analizado las diferencias entre la cobertura de RTVE y la BBC con motivo del cónclave del año pasado, llega a una conclusión que sorprende: “Desde el punto de vista de la disposición de realización y narrativa visual, Televisión Española gana por goleada. Es sorprendente, porque la BBC es la madre de los modelos de prestigio televisivo”.

Pero la distancia es otra. “La BBC mete más a gente experta. Entre la gente experta que mete Televisión Española, la gente básicamente tiene una postura del ámbito católico”. Los presentadores españoles, añade, no hacen proclamas evangélicas, “pero sí comunican entusiasmo”, porque hacer “televisión sin emoción es una mesa con tres patas”. La apuesta por dar voz a la gente de la calle en lugar de a analistas produce un relato más vívido, pero también más unilateral.

La cobertura tiende a enfocar a las multitudes. La vigilia en la plaza de Lima, la misa en Cibeles, el encuentro en el Movistar Arena: cientos de miles de personas, banderas, emoción. Esas imágenes transmiten una sensación de unanimidad que los barómetros no apoyan.

Los investigadores Daniel Dayan y Elihu Katz hace décadas que explicaron este mecanismo: el evento mediático no solo retransmite lo que ocurre, sino que lo construye como un hito histórico de visionado casi obligatorio. Lo que importa para la lógica televisiva no es cuánta gente profese la fe, sino la escala visual y la capacidad de movilización.

Martín Llaguno desglosa los engranajes concretos de esa construcción. El primero es el directo prolongado, con emisión minuto a minuto y desconexiones constantes que crean la sensación de que el espectador puede entrar y salir de un flujo ininterrumpido. El segundo es la coreografía visual: las plazas más icónicas de Madrid, el Congreso, la catedral de la Almudena, con banderas, liturgia y planos que maximizan la emoción a través de símbolos. El tercero son las cifras y los superlativos, repetidos una y otra vez para dar sensación de evento histórico. 

A todo ello se suma la lógica de competencia entre cadenas. “Nadie quiere quedarse fuera”, señala, y eso empuja a que el acontecimiento aparezca en todo momento y en todas las cadenas, reforzando la percepción de excepcionalidad. “Lo que era un hecho religioso y diplomático se codifica como espectáculo mediático mediante recursos técnicos, narrativos y comerciales”, concluye.

León XIV merece cobertura. Como la merecería cualquier líder con capacidad de convocar a cientos de miles de personas y con presencia en la agenda política del país. Pero Martín Llaguno pone el acento en el cómo. La visita tiene relevancia informativa indiscutible, dice, porque afecta a una institución que todavía agrupa en términos identitarios a más de la mitad de la población, y porque sus efectos políticos, económicos y de seguridad alcanzan al conjunto de la ciudadanía. 

“La obligación es informar, no hacer propaganda religiosa ni antirreligiosa”. La sobrecobertura, añade, responde también a la lógica de un mercado de atención fragmentado: un gran evento es una oportunidad para concentrar audiencias dispersas, reforzar la marca de las cadenas y captar publicidad.

La pregunta que queda es si 660 profesionales, 170 cámaras y una semana entera de parrilla alterada responden a criterios periodísticos o a una inercia que da por supuesto que el auditorio comparte una fe que los datos llevan años desmintiendo. Una cobertura proporcional informaría sobre los actos centrales, analizaría el mensaje del pontífice y haría sitio también a quienes se relacionan con la institución de forma crítica o distante. Una cobertura de espectáculo convierte al papa en el protagonista audiovisual de la semana sin preguntarse demasiado para quién.

The Late Show with Stephen Colbert ya es Historia de la televisión. Su último programa, emitido simultáneamente en CBS y Paramount+ la noche del 21 de mayo, se alargó media hora más de lo habitual con un desfile de talento, compañeros de profesión y hasta un agujero de gusano. El último entrevistado fue sir Paul McCartney, que volvió al histórico escenario del Teatro Ed Sullivan, donde en 1964 The Beatles ofrecieron su primer concierto televisado para la audiencia norteamericana.

Colbert convirtió el último episodio en una celebración de su legado, con escasas referencias políticas (y sin mencionar a Trump en su monólogo). También describió el Late Show como una “máquina de felicidad” (joy machine, en inglés), y ese ha sido el tono que el presentador ha mantenido durante su semana de despedida: alegría y gratitud, tanto hacia los espectadores como hacia las más de 200 personas que integran el equipo del programa.

Al cierre de este artículo, el último monólogo de Colbert ya había sobrepasado un millón de visualizaciones en YouTube, apenas seis horas después de su publicación en el canal. Se espera que los datos de audiencia de este episodio sean históricos, sobre todo teniendo en cuenta que, para apoyar a Colbert, sus compañeros en la franja del late night decidieron “irse a negro” y emitir repeticiones de programas antiguos.

Ha pasado menos de un año desde que, en julio de 2025, Stephen Colbert anunció que la cadena CBS (que forma parte del grupo mediático Paramount Skydance) preveía cancelar su Late Show en mayo de 2026 por “motivos puramente financieros”. Esta decisión levantó sospechas tanto entre el público como en distintos sectores de la industria.

La cronología de los hechos resulta cuando menos llamativa. En primavera de 2025, la matriz de CBS, Paramount, buscaba la aprobación federal para su fusión con Skydance, un proceso que topaba con la resistencia de la Administración Trump y la FCC (Comisión Federal de las Comunicaciones). El 1 de julio, Paramount pagó 16 millones de dólares para zanjar la demanda de Trump contra el programa 60 Minutes, de CBS, por el montaje de una entrevista con Kamala Harris en 2024, un caso que ningún experto jurídico consideró entonces con fundamento legal.

Colbert calificó públicamente ese acuerdo de “soborno en toda regla”. Tres días más tarde, CBS anunciaba su cancelación. Y una semana después, la FCC aprobaba la fusión Skydance-Paramount.

El late night está viviendo una crisis que, de manera generalizada, se presenta como un problema económico, consecuencia de la migración de las audiencias a nuevas plataformas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y se ve condicionada por otros factores, como los intereses de los grandes conglomerados mediáticos o un intervencionismo político sin precedentes.

La historia del formato se remonta a los orígenes mismos de la televisión, que adaptaba fórmulas ya probadas con éxito en la radio. En sus inicios giraba en torno a un tipo de entretenimiento apolítico, siguiendo la estructura de un programa de variedades con música, danza, actores y cómicos.

El late night como lo conocemos hoy en día debutó formalmente en la NBC en 1954, con Tonight Starring Steve Allen, que estableció una estructura en segmentos y unas características formales que todavía hoy persisten.

Como género televisivo, el late night es un programa de entrevistas definido por su ubicación en la franja horaria nocturna, que bebe tanto del entretenimiento como de la actualidad informativa. Esta última, como ha expresado el propio Colbert, vertebra uno de los ejes del formato, el monólogo inicial: “No marcamos la agenda; reflejamos lo que ha ocurrido durante tu día y te lo devolvemos filtrado por nuestras propias emociones”. Dentro de este contexto, la sátira es el vehículo para dicha interpretación. El presentador expone, cuestiona e interpreta el mundo que rodea al televidente.

El late night nació ligado al acto de ver la tele en casa, un día y una hora en concreto. Así que es fácil comprender por qué el desembarco del streaming supuso un golpe directo al corazón del formato, que se vio obligado a adaptarse. A partir de 2015, el replanteamiento en la difusión de los programas se hizo más evidente, con YouTube convertido en una línea de flotación clave, donde un sketch de cuatro minutos podía generar millones de visualizaciones.

La plataforma no se transformó únicamente en una forma de diseminación del contenido, sino en una fábrica de contenidos satélite. Es el caso de Carpool Karaoke, de James Corden, que acabó teniendo su propia serie original en Apple Music; o Lip Sync Battle, que de segmento del programa de Jimmy Fallon pasó a ser un reality de competición.

La popularidad en redes de los contenidos generados por late night shows no ha bastado, sin embargo, para tranquilizar a los ejecutivos de las cadenas, que han visto cómo programas que en tiempos contaban con una audiencia masiva ahora son incapaces de congregar unos pocos millones de espectadores delante del televisor. Entre 2015 y 2020, los principales late night shows de Estados Unidos registraron caídas de audiencia de hasta un 80% en el grupo demográfico de 18 a 49 años.

La paradoja más llamativa de este período es la posición de Colbert. CBS describió la cancelación de su Late Show como una decisión puramente financiera, pese a que lideró la audiencia durante nueve temporadas consecutivas, el récord histórico de la franquicia. Según datos Nielsen Live+3, la semana del 21 de julio de 2025 (la primera tras el anuncio de cancelación) fue la de mayor cuota semanal de toda la historia del programa, con un 12.63%. Colbert también registró su mejor audiencia en dos años, con 3.059 millones de espectadores nocturnos, más que sus dos competidores juntos.

Los ejecutivos de las grandes cadenas estadounidenses continúan anclados en un modelo de medición de audiencias propio del siglo XX. Uno de los grandes referentes del género, The Tonight Show Starring Johnny Carson (1962-1992), llegó a tener una audiencia media de 16 millones de espectadores por programa, cifra que sería impensable en el contexto televisivo contemporáneo.

Al mismo tiempo, y según Jimmy Kimmel, los números indican que hoy en día hay más personas que nunca viendo late night shows, en plural. Simplemente consumen estos formatos de manera diferente. Es más, a pesar de que ahora estos programas compiten con una oferta infinita de contenidos audiovisuales a la carta, Kimmel afirma que “la audiencia sigue volviendo a nosotros”.

Durante el segundo mandato de Donald Trump, las cadenas de televisión también están experimentando presiones políticas, ejercidas por parte de la FCC.

El propio Colbert ha hecho públicas estas presiones de manera recurrente. Por ejemplo, las nuevas normas de la FCC hicieron que la CBS impidiera la emisión en abierto de una entrevista a James Talarico, candidato al Senado como representante del Partido Demócrata de Texas. Desde el Late Show decidieron subir esa entrevista a su canal de YouTube, donde en menos de 24 horas fue vista por 3 millones de personas.

Disney también ha recibido su ración de presión por parte de la FCC. Su presidente ha amenazado en dos ocasiones con retirar las licencias de emisión de la cadena. La primera, en septiembre de 2025, cuando Jimmy Kimmel hizo comentarios sobre las reacciones de Trump al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que no sentaron bien en las filas republicanas. La consecuencia fue la suspensión temporal del programa. La segunda tuvo lugar hace menos de un mes. La FCC ordenó a Disney renovar anticipadamente las licencias de sus estaciones de ABC (que vencían entre 2028 y 2031) alegando que sus políticas de diversidad, equidad e inclusión podrían vulnerar normas antidiscriminación, concediéndole un plazo de apenas 30 días para hacerlo.

A esto se suman las acciones manifiestas de Trump. El presidente de Estados Unidos ha demandado a varias cadenas, incluso más allá de sus fronteras, por emitir contenidos que considera difamatorios, y ha pedido abiertamente la cancelación de los late night shows que le critican.

Por tanto, los ejecutivos no están únicamente preocupados por los datos de audiencia; también se están viendo afectados por el control de un gobierno que puede bloquear sus decisiones e intereses empresariales.

Cabría suponer que estas presiones políticas podrían tener un impacto en el contenido de los late nights. Es decir, para evitar una potencial cancelación de sus programas, los presentadores podrían autocensurar sus chistes o blanquear sus mensajes.

Sin embargo, desde que se anunció la cancelación de Colbert en julio de 2025, los late nights en abierto de Colbert, Kimmel y Meyers han mantenido un tono muy crítico con la administración Trump. Incluso Jimmy Fallon, considerado el presentador menos político del late night, ha hecho comentarios sobre esta situación. El propio Late Show ha tenido una semana de despedidas en la que los invitados se han cargado de comentarios contra el presidente de Estados Unidos.

Por tanto, no parece que lo que está ocurriendo vaya a generar un blanqueamiento del formato en sí mismo… Aunque sí es posible que a medio plazo la FCC persiga “domesticar” esta franja horaria: que los programas y los presentadores incómodos desaparezcan, para ser reemplazados por otros contenidos más del agrado de quienes mandan.

Tras la cancelación de The Late Show with Stephen Colbert, CBS ha optado por una solución de transición que prioriza la rentabilidad inmediata sobre la ambición creativa. Ha cerrado un acuerdo de un año con el empresario Byron Allen para que su programa Comics Unleashed ocupe la franja de las 11:35 de la noche bajo la fórmula del time buy. Es decir, Allen paga a la cadena por ocupar el espacio en lugar de ser al revés. La cadena, al parecer, no cierra la puerta a otras fórmulas, aunque ha descartado el formato clásico de talk show.

Por su parte, Colbert ya ha anunciado un nuevo proyecto que le llevará de la televisión a las salas de cine: está coescribiendo el guion de una película que forma parte de la saga de El señor de los anillos, de la que es un fan apasionado.

Está claro que no le faltará trabajo y que continuará siendo un referente para la opinión pública norteamericana. Como dijo David Letterman, histórico creador del Late Show, en su última entrevista con Colbert: “A un hombre puedes quitarle su programa, pero no puedes quitarle su voz”.

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Isadora García Avis es profesora de Narrativa Audiovisual en la Universitat Internacional de Catalunya y Elena Neira trabaja como profesora colaboradora de los Estudios de la Comunicación y de la Información de la Universitat Oberta de Catalunya

La batalla electoral que viene ya ha comenzado. Falta menos de un año para la celebración de elecciones en diez comunidades (Madrid, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Canarias, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Murcia, además de Ceuta y Melilla) y en todos los ayuntamientos de España. Y poco más para las generales, si Pedro Sánchez mantiene su calendario, lo que convierte los próximos doce meses en un escenario en el que el reparto de contrapesos del ecosistema mediático jugará un papel esencial.

En esa ecosfera informativa siempre han tenido, en el caso español, un peso muy relevante los medios orientados editorialmente hacia posiciones favorables a la derecha. Así lo demuestran los datos demoscópicos disponibles acerca de la percepción que los ciudadanos tienen de cada periódico, radio o televisión, combinados con sus audiencias. Con cabeceras que, sobre todo en los últimos años, no han dudado incluso en apoyar abiertamente a partidos como el PP y Vox.

Ese desequilibrio se ha vuelto más acusado en los últimos meses, mostrando un sesgo que muchos observadores del sector de la comunicación creen que irá a más. Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre confirman que el Gobierno da por agotados todos los intentos de reconducir la relación con el grupo Prisa, matriz de El País y la Cadena SER, después de que el presidente de la compañía, el gestor de fondos francoarmenio Joseph Oughourlian, decidiese hace un año poner fin al proyecto comandado por algunos accionistas minoritarios y una parte de los directivos del grupo para impulsar un nuevo canal de televisión en abierto, aprovechando que la reordenación del espacio radioeléctrico había dejado hueco a una nueva cadena.

En aquel momento, el presidente de Prisa llegó a comparar a Sánchez con Franco en un artículo en el que le acusó de “tratar de adueñarse” del periódico “desde el poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento”, en referencia a un supuesto intento de utilizar Telefónica para entrar en el capital de Prisa.

En la decisión de Oughourlian, que acabó con la salida de los directivos partidarios de la apuesta televisiva –entre ellos, el accionista mayoritario de infoLibre, José Miguel Contreras–, la marginación de los miembros del consejo que la apoyaban y la destitución de la periodista Pepa Bueno como directora de El País, pesó, según fuentes consultadas por este diario, la opinión de Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia en Madrid, cuyo grupo audiovisual es líder de audiencia en España. Casals, conocido en el sector con el apodo de “el príncipe de las tinieblas” por su legendaria capacidad para presionar tanto a empresas como a instancias gubernamentales, mantiene una estrecha relación con el presidente ejecutivo de Prisa.

Otras versiones, en cambio, atribuyen aquel conflicto –que acabó dañando la credibilidad de un periódico que en los últimos años había aumentado notablemente su número de suscriptores digitales y había tenido éxito a la hora de reducir, al menos en parte, su enorme deuda– a su principal acreedor, Pimco, una de las gestoras más influyentes del mundo en bonos y deuda, un segmento clave para bancos centrales, fondos de pensiones, aseguradoras y grandes patrimonios.

Pimco significa Pacific Investment Management Company y nació en California en 1971. Hoy forma parte del ecosistema financiero de Allianz, uno de los grandes grupos aseguradores y de gestión de activos del mundo, con base en Alemania (cotiza en la bolsa de Fráncfort). El principal accionista institucional de Allianz, con un 8,33% de la propiedad, es BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta, que dirige desde Nueva York Larry Fink, el hombre más poderoso de los mercados financieros globales.

Oughourlian no es un estratega en el sector de la comunicación ni un empresario mediático al uso. En última instancia, es un gestor de fondos activista, alguien especializado en comprar acciones de empresas baratas y mal gestionadas, como era el caso de Prisa, cambiar la dirección, vender activos o reestructurar deudas —fase en la que se encuentra en estos momentos— y así hacer que la empresa valga más para poder venderla y ganar dinero.

Su ascendiente sobre Pimco, el principal acreedor de Prisa, es tan importante que esta empresa acabó cediendo a su exigencia de que la renegociación de la deuda quedase vinculada a su continuidad al frente de la compañía. Precisamente por haber facilitado información que no era veraz sobre este extremo, la CNMV sancionó a la matriz de El País hace unos meses. De hecho, tienen obligación legal de informar de ello a la próxima Junta General. 

Así que el horizonte financiero de Prisa hasta 2029 está condicionado por una arquitectura de deuda que vincula la viabilidad del grupo al propio Oughourlian. Cualquier movimiento accionarial destinado a destituirle activaría un vencimiento anticipado de aproximadamente 240 millones de euros.

Esta estructura convierte la figura del presidente en un activo financiero en sí mismo, garantizando la paz con los acreedores a corto plazo, pero limitando drásticamente la capacidad de maniobra de la Junta General ante posibles cambios en la estrategia de gestión.

Así que, hasta 2029, Prisa opera bajo un “pacto de estabilidad forzosa” donde la gobernanza corporativa queda subordinada a las exigencias de sus acreedores institucionales. Pimco es, en la práctica, quien tiene la sartén por el mango.

Es en este contexto en el que ha tenido lugar un endurecimiento de la línea editorial de El País en contra del Gobierno tras la destitución de Pepa Bueno, primero, y más recientemente con el anuncio de la salida de Àngels Barceló de la Cadena SER. Este mismo jueves se ha anunciado que será Aimar Bretos, actual responsable de Hora 25, quien conducirá desde septiembre el programa de mayor audiencia de la radio española, Hoy por hoy. 

A esto hay que sumar la decisión de Oughourlian, hecha pública esta semana, de reducir el consejo de administración del grupo de 14 a 11 miembros para echar de él al empresario Andrés Varela Entrecanales (propietario de algo más del 7% de las acciones), con la excusa de que es uno de los promotores de Siete, la empresa que se ha hecho con la licencia de un nuevo canal audiovisual en abierto en España y que comenzará sus emisiones el próximo otoño. 

Junto a Varela Entrecanales perderán su asiento en el consejo Isabel Sánchez —vicerrectora del Instituto de Empresa y doctora en Economía por la Universidad de California— y Béatrice de Clermont —exvicepresidenta de Desarrollo en Lagardère—, ambas alineadas contra Oughourlian.

Esta decisión ha sido recibida por el Gobierno como un paso más en la deriva del grupo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, la comentó con ironía: “La pluralidad editorial se traslada al Consejo”, anotó en la red social X.

El capital de Prisa, según el último registro de la CNMV (fechado el 13 de mayo de 2026), se articula en torno a un núcleo muy concentrado de accionistas significativos, entre los que sobresale el universo Amber/Oughourlian y varios socios internacionales y familiares.

Joseph Oughourlian figura personalmente con un 29,5% de las acciones, el mismo porcentaje que declara Amber Capital UK LLP, el fondo de inversión que él mismo fundó y dirige, con sede en Reino Unido. A este bloque se suma Oviedo Holdings S.à r.l., una sociedad holding luxemburguesa que posee otro 24,7% y que forma parte de la arquitectura de vehículos financieros a través de los cuales Oughourlian y Amber canalizan su participación en Prisa, sin actividad mediática propia, como puro instrumento inversor.

En el accionariado destaca también Vivendi SE, el grupo francés de medios y entretenimiento controlado por el multimillonario ultra Vincent Bolloré, con un 11,7%, que ya intentó en 2022 hacerse con el dominio del grupo y no pudo, precisamente por decisión del Gobierno. 

La razón es que Prisa es considerada una empresa estratégica, al ser dueña de dos de los medios de comunicación más influyentes de España. Eso permitió a Pedro Sánchez aplicar el real decreto antiopas aprobado durante la pandemia para proteger la industria nacional y que permite vetar que un extranjero posea más del 10% de empresas en sectores estratégicos —el Gobierno sí le permitió, el año pasado, pasar del 9,9 al 11,7% actual al convertir bonos durante la operación con la que Oughourlian redujo el peso de los accionistas críticos—.

También están entre los propietarios el holding Global Alconaba SL, que controla un 7,07% y está ligado a intereses financieros españoles liderados por Andrés Varela Entrecanales, y el jeque catarí Khalid Thani Abdullah Al Thani, con un 3,3%.

Junto a ese núcleo duro internacional y financiero, perviven accionistas históricos y otros inversores relevantes que completan el mapa de poder de la compañía. Rucandio SA, de la que es socio Timon SA, el vehículo desde el que los herederos de Jesús de Polanco gestionan su presencia en el grupo, conserva un 7,6% de los derechos de voto. Control Empresarial de Capitales SA, el holding de inversión de la familia del magnate mexicano Carlos Slim, posee un 7% y representa la entrada de capital ligado a su conglomerado empresarial diversificado en telecomunicaciones, construcción y otros sectores.

Completan el cuadro el fondo Amber Capital Investment Management ICAV – Amber Global Opportunities Fund (5,2%), que forma parte del entramado Amber, Banco Santander (4,1%, combinando participación directa e indirecta), el empresario Adolfo Utor (4,9%), propietario de Baleària y uno de los cuatro socios del nuevo canal de TDT, y otros tenedores de menor tamaño.

La junta general de accionistas que previsiblemente sacará a Varela Entrecanales del consejo de administración de Prisa tendrá lugar dentro de un mes, el 29 de junio. Ese día, la propuesta de Oughourlian incluye también una operación de maquillaje del escaso valor de las acciones de la compañía. Se trata de llevar a cabo un contra-split de 10 a 1, que es como convertir 10 billetes de 30 céntimos en 1 billete de 3 euros: tienes menos “papeles”, pero el valor total es el mismo. No ganas ni pierdes dinero en el momento del cambio; lo que cambia es el número de acciones y el precio individual de cada una.

Las empresas hacen esto principalmente para mejorar su imagen. Cuando una acción cotiza a pocos céntimos, el mercado la ve como una empresa muy debilitada, de alto riesgo y propensa a movimientos especulativos bruscos. Al subir el precio artificialmente (de 0,30 € a 3 €), la empresa intenta parecer más sólida y estable (desde su salida a bolsa, las acciones de Prisa se han depreciado un 99,92%).

El grupo Prisa cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros, la segunda cifra más baja en años, pero siete millones más que en 2024, rompiendo la tendencia positiva del ejercicio anterior, cuando el grupo había logrado recortar su endeudamiento en 82 millones.

El plan estratégico aprobado a comienzos de año fijó dos objetivos que hay que leer conjuntamente. El primero es alcanzar en 2029 un resultado operativo de 240 millones de euros anuales. El segundo es que la deuda neta no supere tres veces ese beneficio, lo que sitúa el techo implícito en torno a los 720 millones. El recorrido neto de reducción que el grupo se ha autoimpuesto es de apenas unos 40 millones en cuatro años, muy lejos de los 82 que recortó en 2024.

La lógica no es de austeridad, sino de crecimiento. Lo que Prisa quiere cambiar no es solo el volumen de la deuda, sino su peso relativo sobre la capacidad de generar dinero, con Santillana y los activos de audio como vectores principales.

El escenario tiene dos condicionantes. El primero es que la ratio solo se sostiene si el beneficio operativo crece efectivamente hasta los 240 millones previstos. El segundo es que no todo el flujo de caja irá a amortizar deuda: una parte se destinará a la inversión que hace viable ese crecimiento.

Si la apuesta funciona, Prisa habrá salido de una de las espirales de endeudamiento más largas del periodismo europeo. Si no, los 757 millones de hoy seguirán siendo, dentro de cuatro años, el problema central de un grupo que controla algunos de los activos periodísticos más relevantes en español.

El mercado televisivo nacional suma un nuevo operador. El consorcio Siete –nombre comercial del proyecto de Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo– ha obtenido del Gobierno, en una decisión aprobada este martes en el Consejo de Ministros, la licencia imprescindible para poner en marcha el vigésimo tercer canal privado de cobertura nacional en España.

En la elección de Siete frente a la segunda oferta presentada, la de Mediaset, pesó el criterio del “pluralismo”, toda vez que este grupo ya controla siete canales: Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Divinity, Energy y Be Mad.

A partir de ahora, los promotores de la propuesta ganadora del concurso tienen un plazo legal de seis meses para comenzar las emisiones. Si el calendario se cumple, la señal estará en antena antes de que acabe el otoño de 2026.

Detrás del proyecto está un grupo de cuatro inversores que se reparten el capital a partes iguales –tres de ellos son, además, accionistas minoritarios del grupo Prisa– que cuentan con el asesoramiento estratégico de José Miguel Contreras, fundador de Globomedia, uno de los artífices de La Sexta y principal accionista de infoLibre.

El primer 25% está en manos del empresario Andrés Varela, que lidera el proyecto porque es el único accionista procedente del sector televisivo. Su participación es, en todo caso, a título personal, no a través del llamado Grupo Alconaba, que es la sociedad a través de la cual él y otros socios participan en Prisa, la matriz de El País y la Cadena SER.

El segundo accionista, con idéntico porcentaje, es Diego Prieto, un empresario andaluz que estuvo vinculado al sector de las ambulancias. Otro 25% del consorcio está en manos de una sociedad integrada por personas vinculadas a Adolfo Utor, el dueño de Baleària.

El capital lo completa el empresario argentino José Luis Manzano a través de su sociedad Integra Capital. Manzano es un multimillonario con negocios de todo tipo, muchos de ellos vinculados a la energía y la minería, que fue ministro con Carlos Menem en los años noventa y que en los últimos tiempos se ha hecho fuerte en medios de comunicación de su país.

Integra es, desde hace poco tiempo, la empresa de referencia de la principal emisora de televisión argentina, Telefe. Pero su entrada en Siete no se ha producido a través de ella, sino mediante la sociedad Integra Capital.

Según algunas fuentes, el plan de negocio de Siete parte de un presupuesto operativo anual de entre 20 y 25 millones de euros. Es una cifra notablemente baja para una cadena generalista de cobertura nacional —Mediaset España o Atresmedia mueven presupuestos entre diez y veinte veces superiores— y condiciona directamente el modelo de programación.

Los promotores del nuevo canal aseguran que quieren ir más allá de la TDT y presentan la cadena como la primera etapa de una plataforma de contenidos audiovisuales más amplia, cuyo territorio base será el entorno digital. De ahí que su hoja de ruta contemple una distribución a través de todas las ventanas disponibles.

La cadena prescindirá de servicios informativos, pero se volcará en la actualidad, con el directo como principal seña de identidad. Este modelo, aseguran fuentes del consorcio, es “el único que ha resistido” en el mundo y “el que ha crecido en estos años frente a las plataformas digitales” como Netflix o HBO. Esta “va a ser una tele para estar en directo hablando en todo momento de aquello que sea el tema más interesante”.

La estructura de contenidos se articulará en torno a tertulias, debates y programas de análisis, un formato con costes de producción sustancialmente menores que los boletines o los noticiarios con redacción propia. Los servicios técnicos serán externalizados, así como la gestión comercial, para la que los promotores del canal están considerando contratar a la empresa Pulsa.

La emisora todavía no tiene nombre. Fuentes cercanas al proceso han señalado que el consorcio no descarta llegar a un acuerdo para usar la marca CNN con el fin de dotar al canal de un perfil informativo reconocible y tener acceso a información internacional de primer nivel, si bien las negociaciones ni siquiera han comenzado.

Fuentes del consorcio ganador aseguran que la nueva cadena de televisión buscará competir por “abrirse un hueco” junto a las seis grandes nacionales dirigidas a amplias audiencias. Lo hará “con una rejilla compuesta por una programación original, de producción nacional, basada en la actualidad, en su sentido más amplio, y el directo”. Los contenidos abarcarán “todos los asuntos que puedan despertar el interés de una audiencia que busque estar al día en todo momento y a la que el canal pueda servir de referencia para entender el mundo actual en todas sus facetas”.

Para conseguirlo, el elemento determinante de la apuesta, según las mismas fuentes, “será la presencia de grandes profesionales de la comunicación al frente de cada uno de sus propios espacios” y a los que se respetará “su independencia”. Se busca potenciar “no el personalismo de sus nombres, sino la conjunción de sus diversas personalidades”.

Aunque no hay nada cerrado y, en la mayoría de los casos, ni siquiera se han iniciado las conversaciones, en el punto de mira están algunos de los principales activos de RTVE, desde Javier Ruiz a Jesús Cintora, pasando por Marta Flich, Gonzalo Miró o Silvia Intxaurrondo.

En todo caso, la cadena asegura que no apostará “por la uniformidad generacional, estética o editorial, sino por la apertura de un espacio diverso y plural en el que cada profesional pueda desarrollar con plena independencia su propio discurso”.

Uno de los objetivos de Siete es alcanzar acuerdos con otros actores informativos en un sentido muy amplio, desde diarios digitales a plataformas y creadores de contenidos. “Tendremos que ver cómo acumular y llegar a acuerdos con todo el mundo”, señalan las fuentes de Siete consultadas por infoLibre. Alianzas que también les den acceso a información deportiva y económica.

Los promotores se proponen competir en la liga de los seis principales canales, empezando por los dos más pequeños: Cuatro (Mediaset) y La Sexta (Atresmedia). Sobre todo este último, toda vez que la composición del accionariado de Siete apunta a un perfil informativo progresista, que durante un tiempo fue el principal público de esta cadena.

No obstante, advierten las fuentes consultadas, “para hacer un canal de televisión rentable no puedes hacer un canal militante. Hacer televisión implica actualidad” no exclusivamente volcada en la política, sino con abundantes contenidos de música, cultura, entretenimiento, cocina, viajes o humor.

Con la licencia formalizada, el consorcio abre ahora la fase de ejecución. El primer nombre incorporado al proyecto es Luis Morales Losada como Production Manager, exdirectivo de Mediapro, con experiencia en la puesta en marcha de empresas audiovisuales de producción y distribución. El reto inmediato es cerrar contratos con el personal técnico y los perfiles mediáticos que ocuparán los distintos espacios, además de consolidar la estructura comercial.

Desde 1989, todos los gobiernos han convocado concursos públicos para adjudicar frecuencias de televisión privada. El nuevo canal es el resultado del último de esos procesos y convierte a España en uno de los mercados europeos con mayor densidad de canales generalistas de ámbito nacional.

El ministro Óscar López, titular del departamento de Transformación Digital, responsable del concurso, recordó este martes que la adjudicación del nuevo canal es una obligación legal derivada de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que en su artículo 26 establece la necesidad de convocar nuevos concursos cuando exista capacidad técnica disponible.

“Eso ocurrió en el año 2005, cuando pasamos de la televisión analógica a la televisión digital”, recordó López, y “volvió a ocurrir en el año 2015, porque pasamos de la televisión digital terrestre a la televisión digital terrestre de alta definición y, por lo tanto, se volvió a comprimir la señal, volvió a haber espacio y hubo otro concurso”.

“Ahora hemos pasado de la alta definición a la ultra alta definición, que vuelve a comprimir la señal y vuelve a dejar espacio libre”. El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2025 el nuevo plan técnico de la televisión digital terrestre y convocó el 20 de noviembre un concurso “que se ha resuelto en tiempo y forma, con toda normalidad”, subrayó el ministro.

El mercado audiovisual en España ha entrado en una fase de recomposición. Los resultados del bienio 2024-2025 de los tres grandes grupos —Atresmedia, Mediaset España y RTVE— dibujan un mapa muy distinto al de hace apenas cinco años: el liderazgo ha cambiado de manos en publicidad, la televisión pública ha saneado sus cuentas con una velocidad que nadie anticipaba y Mediaset España gestiona un deterioro de audiencia que ya tiene consecuencias directas en sus ingresos. 

Todo ello mientras las cadenas privadas presionan para intentar ahogar el acceso de RTVE a la financiación a través de patrocinios y a la espera de que se materialice un cambio en el tablero que previsiblemente tendrá consecuencias en el sector: este año el Gobierno adjudicará una nueva licencia de televisión en abierto en la TDT, el primer canal nuevo en entrar al mercado en más de una década.

Los números no mienten, aunque a veces engañen si se leen deprisa. Conviene leerlos despacio. Y sobre todo conviene compararlos. Entre 2024 y 2025, Atresmedia vio caer su beneficio neto de 120 a 62 millones de euros —una pérdida de 58 millones, aunque buena parte de ella responde a un gasto extraordinario por el plan de renovación de plantilla; sin ese efecto puntual, el retroceso real es de unos 24 millones—. 

El negocio televisivo de Mediaset España en España sufrió un golpe mucho más severo en términos operativos: el dinero que genera antes de pagar impuestos e intereses pasó de 146 millones en 2024 a poco más de 43 millones estimados en 2025, un desplome de más de 100 millones en un solo ejercicio. 

En el lado opuesto, RTVE pasó de perder 12,8 millones en 2024 a ganar 55,7 millones en 2025: una mejora de 68,5 millones. Dicho de otra manera, lo que ha ganado en salud financiera la televisión pública tiene una magnitud comparable a lo que han perdido juntas las dos privadas en su negocio doméstico. 

Es un dato que, por sí solo, ayuda a entender el empeño que las televisiones privadas han puesto en cuestionar los ingresos de RTVE en un contexto general de retroceso del mercado publicitario.

El hecho más significativo del ejercicio 2025 no es que Atresmedia haya vuelto a liderar la audiencia —lo hace por cuarto año consecutivo, con una cuota de grupo del 26,1%— sino que por primera vez en la historia del sector ha superado a Mediaset España en ingresos publicitarios. 

Atresmedia facturó 753,9 millones de euros en publicidad —incluyendo televisión, plataformas digitales, webs propias y espacios de terceros— frente a los 679,8 millones de ingresos publicitarios netos de la filial española de MFE. Son cifras que no miden exactamente lo mismo, pero el orden de magnitud es claro: una ventaja de 74 millones a favor de Atresmedia. Durante décadas, la hegemonía publicitaria de Telecinco (Mediaset) fue un axioma del sector. Ya no lo es, y ya no lo es por un margen amplio.

El grupo presidido por José Creuheras y controlado por la familia Lara (Grupo Planeta) ha logrado este resultado en un entorno adverso: el mercado publicitario televisivo cayó un 4,4% en 2025, y sus propios ingresos por publicidad bajaron un 6,2%. Lo que ha compensado esa caída es una apuesta deliberada por diversificar las fuentes de ingresos. 

La división de radio creció un 4% y los ingresos procedentes de eventos y otras actividades se dispararon un 61,8%, impulsados principalmente por la incorporación de la empresa organizadora de eventos deportivos Last Lap. 

El resultado es un grupo que ya no puede describirse únicamente como una televisión comercial: es un conglomerado de entretenimiento que gana dinero por vías que hace cinco años no existían en su balance.

La salud financiera de Atresmedia al cierre de 2025 refleja esa transformación. Tiene más dinero en caja del que debe —su posición financiera es positiva en 58,1 millones de euros—, lo que le ha permitido firmar en septiembre de 2025 la compra de Clear Channel España, la empresa de publicidad en mobiliario urbano y vallas, por 115 millones de euros. 

La operación está pendiente del visto bueno de la CNMC, pero su lógica encaja perfectamente en la estrategia de diversificación del grupo: después de hacerse con Last Lap en julio del mismo año, Atresmedia tiene ahora presencia en la publicidad exterior, un negocio que ha crecido un 14% en España entre 2021 y 2024. 

El beneficio neto, no obstante, cayó un 48,4% en el año, de 120 a 62 millones, pero ese retroceso es puntual y tiene como explicación una dieta de adelgazamiento de mano de obra laboral: el grupo destinó 45,6 millones a un plan de salidas voluntarias para renovar su plantilla. Sin ese gasto extraordinario, el beneficio del año rondaría los 96 millones.

Los resultados de Mediaset España en 2024 y 2025 cuentan juntos una historia más clara que por separado. En 2024 todavía mantenía una apariencia de estabilidad: los ingresos publicitarios cayeron apenas un 0,4%, hasta los 778 millones de euros brutos, y el beneficio operativo del negocio español cerró en 146 millones. 

Pero los márgenes ya acusaban presión: el dinero que el grupo ganaba antes de pagar impuestos e intereses cayó ese año un 14,6%. La audiencia dibujaba la misma tendencia. El grupo Mediaset España cerró 2024 con una cuota del 24,9% sobre el total de individuos, con Telecinco en el 9,8%. Números aún defendibles, pero con dirección inequívoca.

En 2025 la erosión se aceleró. La cuota del grupo cayó al 24,3%, su mínimo histórico. Telecinco cerró el año en el 9,4%, a 3,4 puntos de distancia de Antena 3: la mayor diferencia registrada entre ambas cadenas. 

En ingresos publicitarios, la filial española sufrió una caída del 9,7%, casi el doble de la caída media del mercado. El golpe en los beneficios fue aún más severo: en los nueve primeros meses de 2025, el resultado operativo del negocio español se redujo en más de la mitad respecto al año anterior, pasando de 75 a 33 millones de euros. 

La rentabilidad final del ejercicio completo —185 millones de beneficio neto consolidado— se sostiene por el control estricto de los gastos y por la inercia de una estructura construida en años mejores, no por la dinámica actual del negocio español.

Conviene precisar el marco en que se producen estos resultados. La empresa matriz de Mediaset España, el grupo italiano MFE-MediaForEurope controlado por la familia Berlusconi, completó a finales de 2025 la compra de la televisión alemana ProSiebenSat.1, convirtiéndose así en el mayor grupo televisivo privado de Europa, con presencia en Italia, España, Alemania, Austria y Suiza. 

En ese nuevo contexto de escala continental, la filial española aporta ingresos relevantes pero decrecientes, y su bajo rendimiento relativo aumenta la presión sobre la dirección local. La apuesta del grupo pasa por vender publicidad de forma conjunta en todos sus mercados y por desarrollar formatos de publicidad digital más rentables que el espacio convencional en televisión. La incógnita es si esa transformación llegará a tiempo de modificar las tendencias.

Con todo, el cambio más sorprendente del bienio lo protagoniza RTVE. La corporación pública pasó de perder 12,8 millones de euros en 2024 a cerrar 2025 con un superávit de 55,7 millones: la mejor cifra en la historia reciente de la empresa. 

No es un fenómeno exclusivamente contable. La 1 terminó 2025 con un 11% de cuota de pantalla, su mejor resultado en 13 años, y la cuota del grupo RTVE en su conjunto llegó al 16,6%.

El impacto se ha trasladado a los ingresos comerciales: RTVE obtuvo 85,5 millones de euros en publicidad y patrocinios en 2025, la cifra más alta desde 2009.

La mejora de la gestión ha acompañado a la recuperación de audiencia. Los gastos de funcionamiento cayeron un 7,6% y el dinero destinado a programas bajó un 18,7%, sin que ello haya afectado a la competitividad editorial. No obstante, los riesgos no han desaparecido: la dependencia del presupuesto del Estado sigue siendo el principal factor de vulnerabilidad, y los litigios fiscales pendientes —entre ellos una disputa con Hacienda por el IVA— representan una incertidumbre real.

El panorama, en todo caso, está lejos de ser estable. Al cambiante mundo de la publicidad hay que añadir que el Gobierno se dispone a aprobar la concesión de una nueva licencia de televisión en abierto en la TDT. Estamos ante la posibilidad de la llegada del primer operador nuevo que entre al mercado en abierto desde hace más de diez años.

El impacto directo sobre la audiencia puede ser limitado al principio —los operadores nuevos tardan años en construir cuotas significativas—, pero el efecto sobre el mercado publicitario puede hacerse notar antes. Los anunciantes tendrán una opción más donde repartir sus presupuestos en un mercado televisivo que ya no crece. 

En un contexto en que Mediaset España ha perdido casi un punto de cuota publicitaria en dos años y en que Atresmedia acaba de arrebatar el liderazgo del sector por un margen mínimo, la llegada de un nuevo competidor por la misma tarta es, en el mejor de los casos, una distracción; en el peor, una presión adicional sobre ingresos que ya están en retroceso.

Para RTVE, la ecuación es distinta. Un nuevo operador en abierto no compite directamente por sus ingresos publicitarios —la corporación tiene limitada su capacidad de hacer publicidad convencional—, pero sí por la audiencia, y en particular por el público joven que La 1 ha recuperado con tanto esfuerzo.

Los buenos resultados de RTVE son, paradójicamente, el principal argumento de quienes piden su debilitamiento. El razonamiento de las televisiones privadas, articulado a través de la patronal UTECA, es sencillo: si la televisión pública ha recuperado audiencia y genera ingresos comerciales crecientes, está compitiendo por un dinero que ya escasea.

El argumento de las privadas tiene una lógica comprensible: si el Estado financia a un operador que luego compite por el mismo dinero de los anunciantes, el terreno de juego no es el mismo para todos. Pero el contraargumento es igualmente sólido: RTVE emite sin publicidad convencional en sus canales principales, sus ingresos comerciales son una fracción de los de sus competidores, y su función —información de servicio público, cobertura universal, acceso a eventos de interés general— no se puede medir únicamente en puntos de share.

El sector audiovisual español está cambiando. Los equilibrios que lo definieron durante años se están moviendo. Lo que venga después depende, en parte, de decisiones regulatorias que están todavía por tomar. Pero los números de 2024 y 2025 ya dicen lo esencial: hay un ganador operativo claro, una televisión pública que ha recuperado el pulso y un grupo que necesita repensar su modelo antes de que el control del gasto deje de ser suficiente para tapar los agujeros que está abriendo la caída de audiencia.

Una ex camarera de Hooters, cadena de bares estadounidenses en la que solo atendían mujeres de pechos grandes en diminutos pantalones, una antigua estrella de la lucha libre o una creadora de contenido en OnlyFans son los personajes fáciles de caricaturizar que se muestran con mayor humanidad en Margo tiene problemas de dinero.

La serie de ocho episodios que puede verse ya en parte en Apple TV+ se basa en la novela del mismo nombre escrita por Rufi Thorpe. La autora llegó a comprender el mundo de fantasía de la lucha libre por su afición al drag, el travestismo performativo.

Se dio cuenta de que compartían la conversión de los protagonistas en personajes ficticios a través de sus propios cuerpos y creó su novela a partir de seres que comparten esta forma peculiar de construir su identidad.

Desde fuera solo vemos sus máscaras exageradas, pero son exactamente iguales, o diferentes, a cualquiera. El mítico creador de series David E. Kelley se hizo encantado con el material del libro.

Kelley, de setenta años, estudió política en Princeton y derecho en Boston antes de debutar en televisión como guionista en La ley de los Ángeles, en 1986, y ascender hasta máximo responsable de la serie. A partir de ahí se convirtió en productor y creador de numerosísimas series, muchas de ellas de abogados, contribuyendo al boom del género.

En los dos mil parecía que su momento había pasado y sus series no lograban la renovación hasta Big little lies, un éxito que volvió a alinearle con los tiempos. Aunque su público estuviera envejeciendo un poco de más para la televisión en abierto, su nicho resulta más que suficiente entre los suscriptores de plataformas.

Kelley se casó con la superestrella de cine, Michelle Pfeiffer en 1993 y ha conseguido que acepte un personaje, la madre de la protagonista, para el que todo el equipo la veía perfecta. Pfeiffer luce una vis cómica que no suele exhibir.

Lidera el reparto Elle Fanning. Una elección lógica, especialmente después de que protagonizara The Great, una biografía gamberra de Catalina la Grande en la que demostró enormes dotes para el humor y desinhibición. Ambos, talentos muy útiles en esta serie.

Margo, su personaje, es una buena estudiante que comete errores garrafales para su propio futuro y aún así tiene que seguir luchando desesperadamente por salir adelante.

Fanning tiene muchas más escenas de desnudos de las que se suelen ver en las últimas décadas en ficciones con este tono. La intérprete convierte la situación más chocante en algo natural y muy divertido.

El padre de la protagonista sale de un centro de rehabilitación tras haber caído en la droga a través de los analgésicos que necesitaba por una vida de estrella de la lucha libre.

Está interpretado por un tierno y voluminoso Nick Offerman, cómico, actor, presentador y carpintero, todo un personaje en el mundo del espectáculo conocido por ejemplo por Parks and recreation.

El reparto incluye a Greg Kinnear (Mejor imposible), Thaddea Graham (Sex education) o Michael Angarano (This is us), con apariciones de Marcia Gay Harden (Pollock), Laura San Giacomo (Sexo, mentiras y cintas de vídeo) y Nicole Kidman, asidua colaboradora de David E. Kelley.

La serie cuenta una versión edulcorada de los apuros económicos de sus personajes, llena de color y en la que la horterada no llega a ser completamente verosímil, se reviste con mucho encanto. Acierta de pleno al centrarse en personajes que solemos ver como espectadores también en la vida real.

Todos se dedican a profesiones basadas en la impostura, pertenecen a una parte del mundo del espectáculo que no tiene dimensión artística. Desde la camarera que se hace la conejita playboy, al falso luchador de esa gran farsa que cautiva en todo el planeta, la lucha libre.

Destaca, aunque no desde el principio de la historia, cómo una nueva actividad se ha añadido a estas profesiones de rol, las OnlyFans. Casi en su totalidad mujeres que se convierten en personajes casi siempre sexuales que cobran a los suscriptores a sus canales en la plataforma.

Una realidad de la que se habla muy poco teniendo en cuenta esta es ya la novena plataforma en volumen en España, con 1.700.000 usuarios. Y que el nuestro es, por ejemplo, el quinto país del mundo en volumen de videos subidos a sus servidores.

La novelista Rufi Thorpe tuvo más fácil documentarse sobre luchadores de la liga americana del falso deporte que con OnlyFans. Según cuenta a Reeding between the lines cada luchador o luchadora tiene al menos una biografía ya que sus seguidores quieren conocer a la persona tras el disfraz.

En cambio, las modelos de OnlyFans son muy suspicaces con su intimidad. La autora se suscribió a un montón de canales y les ofrecía veinte dólares por cada pregunta contestada tras aclarar que no quería escribir nada sobre ellas que hiciera juicios de valor al respecto.

“Cuando eres una trabajadora sexual tienes que tener unos límites extra claros. Y tienes que ser una experta en decir que no”, explica. Las pocas jóvenes que accedían a hablar con ella podían llegar a contestar sobre aspectos técnicos, pero se cerraban cuando se trataba de sus sentimientos o consecuencias de este trabajo en sus vidas personales.

Estas trabajadoras se sitúan en un punto intermedio entre los influencers y las prostitutas. De los primeros toman la creación de un personaje virtual y de las segundas la satisfacción de un deseo sexual de un cliente por dinero.

Muchas niñas no entienden hoy qué puede tener de malo ganar dinero sin arriesgar el físico, además cuando son expulsadas de muchos campos de los creadores de contenido digital, en los que reina la misoginia.

Esta serie no parece aportar una reflexión sobre el particular, y se basa en un pequeño engaño, la adorable nueva figura en la plataforma está encarnada por una chica lectora, escritora, con ciertas armas para entender dónde se está metiendo.

Faltan por emitir episodios en los que se verá si la cosa se llega a embellecer tanto como en Pretty woman, que hacía parecer de la prostitución una cosita de nada, sin mayor importancia, o presenta una versión un poco más poliédrica del asunto.

La autora de la novela defiende que el humor amplía el abanico de temas que estamos dispuestos a escuchar. Lo que como drama árido mucha gente no tolera, con la risa se puede abordar.

Pero afirma que no le interesa tanto el código de una comedia romántica en el que considera que “nada es demasiado real y el peligro nunca está demasiado cerca” como el de comedias tipo monologuista que pueden decir cosas duras que de otra manera no está permitido tocar.

Aunque los hechos de la novela van a ser contados al completo esta temporada, la serie está concebida para seguir por su cuenta con guiones originales porque el grupo de personajes ofrece muchas posibilidades. Por su parte, Thorpe no descarta escribir una secuela de esta ficción. Está por ver si el mundo de Margo se desdobla en dos en un próximo futuro.

La cadena pública británica BBC recortará en torno a un 10% de su plantilla de unos 21.500 trabajadores en un periodo de tres años para reducir costes, informan este miércoles los medios británicos.

El personal de la corporación de radiotelevisión fue informado de los planes en una teleconferencia en la tarde de este miércoles, sin que por el momento se sepan los detalles de las unidades o secciones donde recaerán los recortes, considerados los mayores desde 2011.

La noticia se conoce antes de que el 18 de mayo asuma el cargo de director general de la emisora el exdirectivo de Google Matt Brittin, que sustituirá a Tim Davie, quien anunció su dimisión en noviembre tras la polémica por la edición manipulada de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la prensa, los recortes son parte de los planes presentados en febrero para reducir costes en un 10% —unos 500 millones de libras (575 millones de euros)— en los próximos tres años a fin de abordar las "presiones financieras" que afronta la compañía.

El anuncio se produce cuando a BBC está inmersa en una negociación con el Gobierno para revisar sus estatutos, que caducan en 2027, y su método de financiación, que actualmente consiste en un canon de 180 libras anuales (más de 200 euros) que pagan los hogares británicos que cuentan con un televisor.

Como otros medios de comunicación, la BBC se enfrenta a la competencia de plataformas de contenidos digitales y a la carta, así como a la presión de empresarios y políticos británicos, sobre todo de derecha, que consideran que su actividad supone una competencia desleal al sector privado.

Brittin, de 57 años y expresidente de las operaciones de Google para Europa, Oriente Medio y África, asumirá el puesto en un momento clave para la radiotelevisión pública británica, que afronta una demanda multimillonaria presentada por Trump que ahora se discute en un tribunal de Florida.

El presidente de la BBC, Samir Shah, destacó, cuando fue nombrado en marzo, que el nuevo responsable "aporta una profunda experiencia liderando organizaciones complejas y en transformación" y lo definió como "un líder excepcional".

Por su parte, Brittin expresó sus ganas de "empezar el trabajo" en un contexto que describió como "un momento de verdadero riesgo, pero también de verdadera oportunidad".

"El Reino Unido necesita una BBC próspera que funcione para todos en un mundo complejo, incierto y en rápida evolución", señaló, para añadir que la corporación "necesita la velocidad y la energía para estar donde están las historias y las audiencias".

La salida de Davie se produjo tras la controversia por la edición supuestamente engañosa de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, que podía dar la impresión de que el presidente había incitado los posteriores disturbios en el Capitolio.

La BBC pidió disculpas por el programa, que se emitió antes de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, pero se negó a pagar la compensación que pedía Trump, lo que derivó en una demanda por difamación del presidente.

El Consejo de Informativos (CDI) de TVE no rectificará, como pidió el Consejo de Administración de RTVE, las acusaciones de 'sesgo ideológico y falta de rigor a los programas de Mañaneros 360 y Malas Lenguas, al considerar que "queda acreditado" que el muestreo de su informe de enero "es más que suficiente, válido y permite que los resultados sean concluyentes".

No obstante, sí esta abierto a hacer alguna matización, "en ánimo de buena voluntad" sobre algún extremo, aunque sus miembros están convencidos, tal y como han señalado a EFE, de que "nunca se había llegado a una situación como la que se está viviendo" y que la respuesta del Consejo de Administración a su informe supone "un ataque sin precedentes".

El CDI de TVE ha enviado esta tarde a la plantilla y al Consejo de Administración un avance de su contestación al documento que aprobó el pasado día 17 febrero el Consejo de Administración de RTVE, en el que replicaba a las acusaciones de 'sesgo ideológico y falta de rigor' que hizo en el informe el CDI en un informe anterior.

El órgano interno de TVE, compuesto por trece profesionales, y que vela por la independencia y la objetividad de la televisión pública, se ha tomado su tiempo y dice estar abierto a matizar algún párrafo de su informe y quiere dejar claro que en el mismo "no ha pretendido estigmatizar ni desacreditar a ningún profesional".

Sostiene además que "no imputa en ningún caso conductas delictivas ni formula acusación alguna contra persona concreta, ni tampoco hace referencia a la comisión de delitos de odio".

Lo mantiene porque el Consejo de Administración, en su documento Hechos verificables que refutan el informe de Informativos de TVE sobre Mañaneros y Malas lenguas, que avalaron 11 consejeros frente a 4 (los del PP), pedía al CDI una rectificación inmediata.

La pedía porque entendía que el informe de enero del CDI se basaba, a su juicio, en "una muestra mínima y sin garantías metodológicas", y porque "se acusaba a RTVE de servir "de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".

"Una acusación —apuntaba el Consejo de Administración— que coloca a un medio público bajo la sospecha de estar contribuyendo a la comisión de un delito de odio". Ahora el CDI advierte de que la frase que destaca el Consejo de Administración de su informe "es incompleta y está sacada de contexto".

Lo está, según el CDI, porque su párrafo era el siguiente: "Algunos tertulianos y colaboradores usan un lenguaje agresivo. Las descalificaciones son frecuentes. Aunque son opiniones personales y en ese sentido respetables, es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad. Recordamos que es obligado que estos programas hagan cumplir el manual de estilo a sus colaboradores".

Pero además, ante las dudas sobre la validez del muestreo, el CDI asegura que "el porcentaje de muestra es bastante mayor que el planteado por el documento del Consejo de Administración, ya que hasta la fecha de estudio serían de un 18,92% de los programas de Mañaneros 360 y un 14,29% de los de Malas Lenguas".

Los miembros del CDI denuncian, además, que solamente conozcan de forma oficiosa la dirección editorial externa de estos programas y advierten también de que es "razonable considerar que unos programas que podrían incurrir en los supuestos incumplimientos normativos" que apuntan "no contribuyen a una mejor valoración sobre RTVE".

Además, el Consejo asegura que lleva meses intentando realizar una encuesta entre los profesionales de la información de la televisión para contar con más datos sobre la percepción interna de estos programas y de otras cuestiones, como de los programas informativos en sí, su independencia, la carrera profesional y el cambio de la ley. La intención del Consejo es hacerla este mismo mes, aunque sea en urnas de cartón, según sus miembros.

El PSOE ha registrado este martes en el Senado una petición a la Mesa para que reconsidere que se vaya a votar en el Pleno la creación de una comisión de investigación para fiscalizar la gestión de RTVE, cuando ya existe una comisión mixta con ese fin, y, si se rechaza, los socialistas se plantearán acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

En el escrito de reconsideración, el PSOE señala que la comisión mixta de diputados y senadores específica para RTVE, que se reúne mensualmente, es "el único instrumento ad hoc que prevé el ordenamiento jurídico vigente para controlar la gestión del ente público".

Por tanto, la creación de una comisión de investigación en el Senado, propuesta por el PP, "no solo no es pertinente, sino que es ilegal", ha dicho en una rueda prensa el portavoz adjunto del PSOE en el Senado, Alfonso Gil.

Para que se cree una nueva comisión tiene que "estar perfectamente delimitado el objetivo" y no ser coincidente con el de otra comisión ya existente, ha apuntado Gil, quien ha advertido de que en este asunto los socialistas van a "ser beligerantes", porque el PP "quiere atacar la pluralidad" informativa.

Por ello, ante el probable rechazo al escrito de reconsideración en la Mesa, en la que tiene mayoría el PP, en el grupo socialista se plantean "incluso acudir al Tribunal Constitucional", ha apuntado Gil.

El PP ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público, según inform aE.

La solicitud de creación se ha registrado este lunes, ha explicado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha llamado "Telepedro" a TVE, porque, a su juicio, en los gobiernos presididos por Pedro Sánchez la televisión pública estatal adolece de "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias".

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la dana, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

García ha destacado que RTVE sufre una grave instrumentalización política y además tiene capítulos oscuros como la inédita repetición de unas oposiciones y la devolución de 29,4 millones de euros de fondos europeos, más 1,3 millones en intereses de demora, por una incompetencia para su ejecución.

Según la solicitud registrada, facilitada a la prensa por el PP, para la "contraprogramación política" a la oposición, con "propaganda partidista y gubernamental", RTVE recurre a productoras privadas externas, "bajo el eufemismo de infoentretenimiento". 

En opinión de García, la pérdida de credibilidad y neutralidad de RTVE es tan grande que indagar sobre las causas requería una comisión diferenciada a la ya existente, mixta de diputados y senadores.

Preguntada sobre la gestión de RTVE en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, la portavoz del PP en el Senado ha evitado una comparación y ha reiterado su referencia a las irregularidades recientes en la gestión de los fondos europeos, como asunto que la nueva comisión de investigación tendrá que analizar. 

En cuanto a quiénes comparecerán, una vez que sea aprobada por el Pleno y que cuente con un plan de trabajo aprobado en la comisión, fuentes del PP han señalado que quien lo hará seguro será el presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López.

La guerra entre las televisiones privadas y RTVE por la publicidad del Mundial de Fútbol 2026 ha escalado en pocas horas. Apenas un día después de que la patronal de las cadenas comerciales, UTECA, enviara un requerimiento exigiendo a la corporación pública que dejara de vender espacios publicitarios a marcas que no sean patrocinadoras oficiales del torneo, RTVE ha respondido por burofax con una carta que deja poco espacio a la diplomacia. La cadena pública no solo rechaza cada uno de los argumentos de UTECA, sino que va más lejos: acusa a la asociación de emprender una campaña para desprestigiarla y se reserva el derecho a llevarla ante los tribunales.

El documento, firmado por Alfonso María Morales, secretario general de CRTVE, desmonta el razonamiento jurídico de UTECA desde el principio. La patronal de las privadas argumentaba que la ley de financiación de RTVE de 2009 solo permite a la corporación pública vender publicidad vinculada a los patrocinios que forman parte del propio contrato de retransmisión. En otras palabras: si la FIFA vende los derechos del Mundial con tres patrocinadores incluidos, RTVE solo podría ofrecer espacio publicitario a esas tres marcas, y a ninguna más.

RTVE rechaza de plano esa lectura. Según la corporación, esa interpretación quedó descartada hace tiempo. En 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —el organismo encargado de vigilar que RTVE cumple las reglas— respondió a una consulta de la propia cadena pública y dejó por escrito que la ley no exige que los patrocinios formen parte “indivisible” de la compra de derechos. En lenguaje llano, eso significa que RTVE puede buscar sus propios anunciantes para el Mundial, más allá de los que la FIFA imponga en el contrato.

La CNMC, recuerda RTVE, reiteró este criterio en 2025 a raíz de una denuncia de la propia UTECA. Es decir, las televisiones privadas ya intentaron por la vía regulatoria que se pusiera coto a la publicidad del Mundial en RTVE y perdieron. La CNMC archivó el expediente sin dar la razón a UTECA.

RTVE añade, además, que lo que está haciendo con el Mundial no es ninguna novedad. La corporación ha aplicado el mismo modelo comercial en los últimos años para retransmitir la Copa del Rey, la Eurocopa femenina, la Liga de Naciones y los partidos de las selecciones nacionales. En todos esos casos, buscó sus propios anunciantes más allá de los patrocinadores que venían incluidos en los contratos de derechos. Y en ninguno de esos casos UTECA se quejó. Ahora que llega el Mundial —el evento más grande y con más dinero en juego—, las privadas sí reaccionan. Para RTVE, ese cambio de actitud no es casual y forma parte de algo más grande.

El párrafo más duro de la carta de RTVE no está en los argumentos jurídicos, sino casi al final. La corporación acusa directamente a UTECA de difundir manifestaciones e imputaciones inexactas que pueden causarle “daños sustantivos”, y lo califica de “significada temeridad”, teniendo en cuenta que la asociación ya conoce los pronunciamientos del regulador. Luego va más lejos: “Somos conscientes de que estas actuaciones forman parte de una campaña que busca el descrédito de este servicio público”.

En términos legales, RTVE advierte de que lo que ha hecho UTECA podría ser considerado un acto de denigración —figura regulada en la ley de competencia desleal— y que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales. En la práctica, la cadena pública está amenazando con demandar a las televisiones privadas, que son las que habían amenazado con demandar a RTVE. El choque frontal está servido.

Para entender por qué esta disputa es tan intensa, hay que ver las cifras. RTVE pagó 55 millones de euros por los derechos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es una inversión enorme para una cadena que no tiene publicidad convencional. La única forma de recuperar parte de ese dinero es a través de los patrocinios que la ley le permite. Cuantos más anunciantes pueda atraer gracias al tirón del Mundial, más dinero recupera.

Para las televisiones privadas —Atresmedia y Mediaset son los grandes nombres detrás de UTECA—, cada euro que un anunciante destina a patrocinar el Mundial en RTVE es un euro que no va a sus canales. El mercado publicitario televisivo no crece: lleva años bajo presión por el avance de las plataformas digitales, y los grandes eventos deportivos son uno de los pocos contenidos que todavía garantizan audiencias masivas y, con ellas, tarifas publicitarias altas.

El Mundial es exactamente ese tipo de contenido. Que RTVE lo use para captar anunciantes —con el respaldo de los fondos públicos y las aportaciones obligatorias de los propios competidores— es algo que las privadas no están dispuestas a aceptar sin pelear.

La disputa entre RTVE y las televisiones comerciales sobre el reparto de la publicidad no nació con este Mundial. Es un conflicto estructural que viene de 2009, cuando el Gobierno de Zapatero retiró la publicidad convencional de los canales públicos a cambio de que las privadas aportaran una parte de sus ingresos para financiar RTVE. Ese pacto tenía una lógica: si las privadas pagan para que RTVE funcione sin publicidad, el mercado publicitario queda libre para ellas.

El problema es que la ley dejó abierta una puerta: RTVE puede seguir comercializando patrocinios. Y lo que está en discusión ahora mismo es exactamente qué tan ancha es esa puerta. Las privadas quieren que sea lo más estrecha posible. RTVE, respaldada por los pronunciamientos de la CNMC, sostiene que es mucho más amplia de lo que UTECA pretende.

Con la reguladora del lado de RTVE y los tribunales como única vía que le queda a UTECA, la cuestión ahora es si las televisiones privadas cumplirán su amenaza de llevar esto ante un juez sabiendo que no cuentan con el respaldo del organismo regulador. De momento, la guerra de comunicados ha terminado en empate técnico. Pero el Mundial empieza en junio, y el tiempo apremia.

Trump es "el alfa en todas y cada una de las salas, en todos y cada uno de los lugares, por todo el mundo". La frase es de Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) —el organismo que regula las ondas hertzianas en Estados Unidos y que, sobre el papel, es el árbitro imparcial de las licencias de televisión y radio— y la pronunció la semana pasada en uno de esos pódcast donde los poderosos se sienten cómodos y bajan la guardia.

Que el máximo regulador de las comunicaciones del país profese públicamente semejante devoción por el inquilino de la Casa Blanca es la clave de bóveda que explica todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el ecosistema mediático norteamericano.

Lo que se ha venido construyendo desde que comenzaron los bombardeos sobre Irán es una estrategia de presión sistemática, con múltiples frentes, que usa la guerra como detonador y como coartada para intentar disciplinar a las televisiones que no responden al gusto de la Casa Blanca. La mecánica es conocida en su estructura —la presión a los medios en tiempos de guerra tiene una historia larga—, pero su instrumentación concreta, a través del regulador, resulta inédita en Estados Unidos.

Carr ha ido explicitando durante los últimos meses una advertencia que mezcla la normativa con la política: la legislación obliga a las emisoras a operar en “interés público”, fórmula que el presidente de la FCC interpreta como alineamiento con el relato oficial sobre el conflicto. Bajo esa lectura, quienes no se ajusten a ese estándar pueden enfrentarse a procedimientos de no renovación o retirada de licencia, presentados por el propio Carr como un instrumento legítimo frente a medios que, según él, “engañan” al público sobre la guerra.

Las advertencias no se han producido en el vacío. Han llegado a rebufo de los ataques verbales de Donald Trump contra las principales cadenas por su cobertura de los bombardeos y las represalias iraníes. Trump ha acusado a varios medios de exagerar los daños a activos militares estadounidenses, de magnificar el coste humano y económico de la campaña y, en algunos casos, de actuar como correa de transmisión de Teherán. En algunas declaraciones ha llegado a sugerir que determinados enfoques informativos rozan la “traición” —un delito que en Estados Unidos puede acarrear la pena de muerte—.

Todo comenzó, formalmente, hace pocos días. Trump publicó en su red social, Truth Social, una diatriba contra The Wall Street Journal por su cobertura de un ataque iraní a aviones cisterna estadounidenses desplegados en la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudí. Según Trump, el titular era “intencionadamente engañoso” y el periodismo del diario, “terrible”. El presidente concedió que los cinco aviones habían resultado dañados, aunque “ninguno destruido”, una precisión que el diario en ningún momento había negado. Era, en suma, una queja sin base factual sólida. Pero bastó.

Tres horas después, Carr se sumó con entusiasmo a la queja del presidente advirtiendo a los radiodifusores de que “perderán sus licencias” si no “operan en el interés público”. En un post en X, escribió que los operadores que “difunden bulos y distorsiones informativas —también conocidas como noticias falsas— tienen ahora la oportunidad de corregir el rumbo antes de que lleguen sus renovaciones de licencia”.

El encadenamiento causa-efecto es difícil de disimular: el presidente se queja, el regulador amenaza. Trump celebró el movimiento en Truth Social ese mismo domingo por la noche, declarándose “encantado” de que Carr estuviera “revisando las licencias” de algunas “organizaciones de noticias altamente antipatrióticas”.

Aunque Carr suele evitar nombres concretos, sus mensajes han llegado inmediatamente después de piezas muy críticas emitidas por grandes cadenas sobre la destrucción de aviones cisterna, el alcance real de los ataques iraníes y la vulnerabilidad del tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz. Desde la Casa Blanca y el Pentágono se ha señalado en particular a CNN por reportajes que cuestionaban el triunfalismo oficial y ponían el foco en la capacidad de Irán para desestabilizar la región, una línea editorial que el entorno de Trump ha calificado de “derrotista” y “desinformadora”.

En este marco, la amenaza de las licencias funciona como aviso preventivo y como mecanismo disciplinario. O las cadenas "corrigen el rumbo" o se exponen a que el regulador active el arma administrativa de la no renovación. El resultado es una forma de presión estructural sobre el ecosistema audiovisual que subordina el derecho a emitir a la sintonía con lo que el Gobierno y la FCC deciden, en cada momento, que constituye el “interés público” en tiempos de guerra.

¿Tiene Carr poder real para ejecutar estas amenazas? Los expertos legales coinciden en que, técnicamente, muy poco. Las licencias de televisión ni siquiera se renuevan hasta finales de 2028, y cualquier acción gubernamental contra un licenciatario desencadenaría una batalla legal prolongada, en la que las cadenas probablemente invocarían el historial de declaraciones de Trump para montar un caso basado en la Primera Enmienda.

El abogado de causas de interés público Andrew Jay Schwartzman lo resumió en declaraciones a CNN: las amenazas de Carr carecen de base legal. La FCC no ha denegado una renovación de licencia en décadas. La comisionada demócrata Anna Gomez, la única voz discordante en la comisión, publicó en X que las amenazas “violan la Primera Enmienda y no llegarán a ningún lado”, urgiendo a los radiodifusores a seguir cubriendo las noticias “con fiereza e independencia”.

Pero aquí reside la trampa. Carr no necesita ejecutar la amenaza para que surta efecto. Los grupos de defensa de los medios han señalado que la presión busca precisamente que las empresas mediáticas se sometan y se autocensuren, logrando parte de su objetivo sin necesidad de acción gubernamental explícita. El arma real no es la revocación de licencias: es el miedo a la actuación regulatoria. El “verdadero martillo” de Carr, según Schwartzman, es la “amenaza implícita” de no conceder a los radiodifusores el alivio regulatorio que buscan en procesos como fusiones corporativas o aprobaciones de adquisiciones. Y ahí es donde el cuadro se vuelve más denso.

El caso de The Late Show with Stephen Colbert ya ilustra el mecanismo: CBS, propiedad de Paramount —la corporación que quiere hacerse con Warner— se negó a emitir una entrevista filmada con un candidato demócrata al Senado de Texas, temerosa de que la FCC alegara violaciones de la norma de igualdad de tiempo. Nadie ordenó a CBS que cortara esa entrevista. La cadena lo decidió sola, haciendo sus propios cálculos de riesgo regulatorio. Eso es exactamente lo que los analistas identifican en la estrategia en curso: un sistema en el que la amenaza es suficiente para alterar conductas editoriales sin dejar huella jurídica.

Mientras Carr agitaba el espectro de las licencias, la FCC aprobaba en paralelo la fusión entre Nexstar Media Group y Tegna por 6.200 millones de dólares. La entidad resultante controlaría 265 estaciones de televisión en 44 estados, alcanzando aproximadamente al 80% de los hogares estadounidenses. Trump no ha ocultado sus simpatías por la operación, afirmando públicamente que una Nexstar consolidada ayudaría a “noquear a las Noticias Falsas” de las cadenas nacionales.

Ocho fiscales generales estatales, liderados por Rob Bonta (California) y Letitia James (Nueva York), han presentado una demanda alegando que la fusión viola las leyes antimonopolio y una norma federal que limita la propiedad de medios al 39% de los hogares. Advierten de que la concentración redundará en aumento de tarifas para los consumidores y, sobre todo, en la erosión del periodismo local mediante el cierre de redacciones y despidos masivos.

La conexión entre este proceso y las amenazas sobre las licencias no es difícil de trazar. Si los propietarios de cadenas locales saben que la benevolencia regulatoria de la FCC puede influir en la aprobación de sus operaciones corporativas, el incentivo a la autocensura se vuelve económicamente calculable. En ese escenario, el 80% de la televisión local estadounidense podría ajustar sus informativos sin que nadie les haya ordenado formalmente hacerlo. La disciplina no vendría de un decreto, sino de la aritmética.

El tercer vértice de este triángulo añade una dimensión estructural que va más allá de la afinidad política coyuntural. El secretario de Defensa Pete Hegseth, durante su rueda de prensa del viernes sobre la guerra, señaló directamente a CNN, afirmando que “cuanto antes David Ellison se haga con esa cadena, mejor”. Era una declaración sin precedentes: un secretario de Defensa expresando públicamente su preferencia sobre quién debería ser el propietario de un medio de comunicación, y haciéndolo en el contexto de una guerra que ese mismo medio está cubriendo.

David Ellison, hijo del fundador de Oracle Larry Ellison —uno de los grandes donantes y aliados de Trump en el mundo tecnológico—, lidera Paramount-Skydance en su proceso de adquisición de Warner Bros. Discovery por 111.000 millones de dólares. Si la operación se cierra, Ellison controlará CNN, HBO y CBS News simultáneamente.

Lo que más preocupa a los analistas va más allá de la afinidad política. Larry Ellison es el fundador de Oracle, uno de los principales contratistas del Departamento de Defensa estadounidense, cuya infraestructura tecnológica gestiona datos críticos para operaciones militares. Si su hijo se hace con el control de CNN —la cadena que más cobertura dedica a los conflictos bélicos internacionales—, el mismo grupo empresarial que suministra tecnología al Ejército decidirá cómo se informa al público sobre las guerras que ese Ejército libra. Algunos analistas lo denominan ya el “complejo militar-tecnológico-mediático”: una concentración de poder informativo, económico y de seguridad nacional en manos de un mismo ecosistema de intereses.

Las señales del cambio editorial ya se perciben. Se han denunciado maniobras para instalar “monitores de sesgo” en las redacciones de cadenas afectadas y se han producido despidos o renuncias de productores veteranos que se negaron a orientar sus reportajes en una dirección determinada.

Hay más razones para temer lo peor. Bari Weiss, nombrada por Ellison editora jefa de CBS News en octubre de 2025, ha generado una crisis profunda en la credibilidad de la cadena al cancelar abruptamente un reportaje de 60 Minutes sobre deportaciones de venezolanos a la prisión CECOT de El Salvador, solo horas antes de su emisión en diciembre de 2025, exigiendo cambios como incluir determinadas voces y evitar términos como “migrantes”.

Esta decisión, calificada por la autora del reportaje, Sharyn Alfonsi, como “censura política” en una comunicación interna, provocó amenazas de dimisiones masivas, filtraciones y acusaciones de sumisión a presiones de la Casa Blanca de Trump, erosionando la reputación de independencia de CBS y 60 Minutes, hasta el año pasado un pilar del periodismo estadounidense.

No faltan motivos para que los más críticos vean en Weiss, fundadora de The Free Press, un portal de noticias "anti-woke", un giro derechista financiado por multimillonarios trumpistas como Ellison, dispuestos a sacrificar estándares éticos por favores políticos.

Tara Puckey, directora ejecutiva de la Radio Television Digital News Association, fue directa en su respuesta a Carr: "Seamos claros: lo que está describiendo es el control gubernamental de la prensa". Aunque, en realidad, ese control no necesita ser directo para ser eficaz. Los regímenes que han conseguido domesticar a los medios raramente comenzaron por la censura formal. Empezaron por crear un clima en el que los propios medios se censuraron. Se llama chilling effect, efecto amordazante: la autocensura que generan las amenazas, aunque jamás se ejecuten.

Carr ha prometido además impulsar políticas en la FCC para “reequilibrar” el panorama mediático, citando como ejemplo su Pledge America Campaign, que insta a las cadenas a emitir contenidos “pro-americanos” para conmemorar el 250 aniversario de la fundación del país. La definición de qué es “pro-americano”, en ese marco, recaería en el propio Gobierno.

La guerra con Irán ha dado a Trump el argumento del patriotismo, uno de los escudos más difíciles de perforar en la cultura política estadounidense. Quien cuestiona la cobertura oficial de un conflicto bélico puede ser presentado como antipatriótico, como alguien que da munición al enemigo o traiciona a los soldados en combate. Es, históricamente, un argumento de enorme eficacia para silenciar voces críticas sin necesidad de prohibirlas formalmente.

Las grandes asociaciones europeas de televisión han lanzado una advertencia formal a la Comisión Europea: los sistemas operativos de los smart tv o televisores conectados y los asistentes virtuales —cada vez más potenciados por inteligencia artificial generativa— están acumulando un poder creciente sobre el acceso a los contenidos audiovisuales sin estar sometidos a ninguna de las obligaciones que impone la regulación digital de la UE.

La declaración, dirigida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Teresa Ribera, llega en un momento clave: la Comisión Europea se encuentra en plena preparación de la próxima revisión de la ley de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la principal herramienta regulatoria de la UE para frenar los abusos de las grandes plataformas tecnológicas. El texto está suscrito por once organizaciones del sector, entre ellas la Asociación Europea de Servicios Comerciales de Televisión y Vídeo bajo Demanda (ACT), la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la española UTECA y la alemana VAUNET.

El documento pone el foco en la rápida concentración del mercado europeo de sistemas operativos para televisores conectados. Entre 2019 y 2024, aseguran, Android TV —propiedad de Google— ha pasado de una cuota del 16% al 23%. Amazon Fire OS ha escalado del 5% al 12%, impulsado por su modelo de dispositivos propios y licencias a fabricantes. Tizen, el sistema operativo de Samsung, se mantiene en torno al 24%. Tres operadores, en definitiva, controlan en la práctica la puerta de entrada a los contenidos audiovisuales de millones de hogares europeos.

Las asociaciones advierten de que esta concentración no es un dato estadístico neutro: implica que un número muy reducido de empresas tecnológicas tiene una capacidad “cada vez mayor” para decidir qué ven los usuarios, con qué facilidad acceden a determinados servicios y qué aplicaciones aparecen destacadas en la pantalla de inicio. Los smart tv, subrayan, actúan como intermediarios centrales entre los proveedores de contenidos y los ciudadanos, y pueden distorsionar esa relación mediante decisiones técnicas, contractuales o de diseño de interfaz.

El riesgo más inmediato, según los firmantes, es el de las llamadas prácticas de cierre: los proveedores de sistemas operativos tienen incentivos para mantener a los usuarios dentro de su propio ecosistema, lo que puede traducirse en restricciones técnicas o contractuales que dificulten la navegación entre aplicaciones de distintos medios, obstaculicen plataformas agregadoras de recomendaciones o limiten la interoperabilidad entre servicios.

La segunda gran preocupación de los radiodifusores son los asistentes virtuales. La DMA los contempla explícitamente como una de las categorías de servicios de plataforma que pueden ser designados como “guardianes de acceso” —la figura que obliga a las grandes tecnológicas a cumplir con requisitos de transparencia, no discriminación y acceso justo—, pero ningún asistente virtual ha recibido esa designación hasta la fecha.

Las asociaciones describen un escenario de despliegue acelerado: asistentes reforzados por IA generativa, chatbots y agentes autónomos que ocupan ya posiciones privilegiadas en teléfonos, altavoces inteligentes y sistemas de infoentretenimiento en vehículos. La ausencia de regulación efectiva crea, a su juicio, un vacío que permite a estos sistemas convertirse de facto en guardianes del acceso al contenido multimedia sin asumir ninguna de las obligaciones que la ley exige a otros intermediarios digitales equivalentes.

La explicación de este vacío, según los firmantes, tiene varias capas. Para que la DMA se aplique a un asistente de inteligencia artificial, el sistema debe superar unos umbrales de uso que las televisiones europeas consideran excesivamente restrictivos, lo que deja fuera a plataformas con un peso real considerable en el mercado. A eso se suma que la ley tiende a subestimar la influencia efectiva de estos sistemas sobre empresas y ciudadanos, tratando como actor secundario lo que en la práctica funciona como una puerta de entrada central a la información y los servicios.

Pero el problema más de fondo es otro: la DMA solo reconoce como “usuario empresarial” de un asistente virtual a quien haya desarrollado una aplicación o funcionalidad específica integrada en él. Esto excluye a medios de comunicación, comercios y empresas de todo tipo que dependen de estos sistemas para llegar a su audiencia, pero que nunca han construido ninguna integración técnica directa con ellos. Un periódico cuyos contenidos aparecen —o dejan de aparecer— en las respuestas de un asistente no tendría, bajo esta definición, ningún derecho reconocido por la ley.

Las asociaciones advierten de que esta interpretación tiene una consecuencia especialmente grave: en la práctica, otorga a los propios proveedores de los asistentes el poder de decidir quién queda dentro o fuera del marco regulatorio, simplemente modificando cómo diseñan su sistema de interoperabilidad con terceros. Dicho de otro modo, las empresas reguladas pueden rediseñar las reglas técnicas para esquivar la regulación, sin que la ley tenga hoy instrumentos para impedirlo.

El tono final de la carta es de urgencia. Los radiodifusores recuerdan que la experiencia en otros mercados digitales muestra que, una vez que los intermediarios consolidan prácticas de cierre y los usuarios se acostumbran a entornos sesgados, resulta “extremadamente difícil” restaurar la competencia efectiva. El momento actual, insisten, es una “oportunidad única” para intervenir antes de que se repita ese patrón en el sector audiovisual.

Las demandas concretas que trasladan a Bruselas son tres. Primero, que se designe como guardianes de acceso a los principales proveedores de sistemas operativos de televisores conectados y de asistentes virtuales. Segundo, que si alguno de ellos no alcanzara los umbrales cuantitativos actuales, se abra una investigación de mercado basada en los umbrales cualitativos previstos en el artículo 3(8) de la DMA para evaluar su poder efectivo. Y tercero, que se revise la definición de “usuarios comerciales” vinculada a los asistentes virtuales para que abarque a todas las empresas que dependen de estas plataformas para llegar a su audiencia.

Las once organizaciones firmantes se declaran dispuestas a aportar datos, análisis y experiencia técnica a la Comisión, y solicitan una reunión para debatir los próximos pasos. Con este esfuerzo coordinado, la radiodifusión europea —pública y comercial— intenta influir en el rediseño de la regulación digital de la UE en un momento en que la inteligencia artificial está reconfigurando quién controla el acceso a la información y el entretenimiento.

La ofensiva abierta por el actual Consejo de Informativos de TVE (CdI) contra algunas decisiones del presidente de la corporación, José Pablo López, en particular su cuestionamiento de dos de los programas de infoentretenimiento en los que se está apoyando la recuperación de audiencias de la cadena —Mañaneros 360 y Malas Lenguas— ha derivado en un enfrentamiento que amenaza el buen momento que vive una redacción atrapada en el fuego cruzado entre ambos bandos. Y que cada vez se ve más presionada para tomar partido en un asunto en el que, según las fuentes consultadas por infoLibre, abundan las zonas grises.

Más allá de las consignas, los periodistas con historia en TVE, muchos de los cuales vivieron desde dentro el sometimiento de la radio y la televisión pública al PP de Mariano Rajoy durante el mandato de José Antonio Sánchez, no se casan con el diagnóstico feroz con el que el CdI trata de descalificar estos programas, pero tampoco con la furibunda reacción del presidente y del Consejo de Administración, que han fijado mediados del mes de marzo como límite para que se haga pública una rectificación bajo la amenaza de emprender acciones legales contra los representantes de los periodistas y técnicos de los que dependen los informativos de la casa. Una rectificación que la dirección de TVE asegura focalizar en un asunto muy concreto: la acusación de que “RTVE tiene altavoces que difunden mensajes de odio”.

En contra del retrato simplista que algunos medios han hecho de él como un peón de la derecha, fuentes consultadas por este diario describen a Óscar Nieto, el actual presidente del CdI, como un profesional vinculado sindicalmente a Comisiones Obreras, una organización que siempre ha sido muy combativa con los presidentes de RTVE. Aunque, en reralidad, la elección de los miembros del CdI se hace de manera individual, en candidaturas personales que no representan a ninguna organización.

Es verdad, admiten las mismas fuentes, que las elecciones al Consejo de Informativos han ido perdiendo interés por parte de los llamados a votar (periodistas, técnicos y profesionales de la redacción). Y que cada vez hay menos personas dispuestas a asumir el coste personal y profesional de defender la independencia de los servicios informativos, lo que ha reducido el peso de los periodistas con más experiencia, los que recuerdan en primera persona las épocas en las que los informativos estaban sometidos al poder político.

El Consejo de Informativos, preguntado al respecto por infoLibre, asegura haber recibido la reacción de los actuales responsables de la corporación “con sorpresa”. “No hay precedentes en los 18 años de existencia de los Consejos de informativos de RTVE”, aseguran.

De momento, el CdI no quiere pronunciarse acerca del plazo que les han puesto para rectificar porque “está estudiando el escrito recibido y le dará respuesta cuando pueda, porque es un órgano colegiado”. Tampoco han decidido si va a llamar a la movilización de los periodistas de la cadena.

Entretanto, no van a responder a su contenido ni a las críticas de los medios que les acusan de politización, toda vez que su único objetivo, subrayan, “es garantizar la independencia de RTVE”.

Es aquí donde muchos se muestran críticos con el CdI: en el coste que sus pronunciamientos están teniendo para la reputación de los telediarios y los programas informativos que sí son elaborados por el personal de la casa.

Preocupa "la imagen que se está construyendo contra Televisión Española desde algunos medios, los más de derechas y conservadores". En la época en la que "la manipulación era brutal en los telediarios, no decían nada. Y ahora, si coges cualquier telediario al azar de los últimos dos años —desde los matinales hasta el cierre de noche— no hay color con lo que había antes", lamenta un periodista de TVE que prefiere no revelar su nombre.

Muchos en la redacción viven esta situación con pesar, sobre todo porque coincide con un momento en el que los informativos mejoran semana a semana en términos de audiencia e incluso han sido capaces de ganarse el liderazgo en eventos especiales, precisamente cuando la demanda de información es mayor.

"Comparado con lo que había hace nueve años, la diferencia es abismal". Quien hace esta afirmación rememora casos sonados de noticias censuradas y de redactores que recibían directamente el argumentario del PP para construir las piezas que después iba a emitir el telediario. "Ahora no hay ni una pega", subraya.

Fuentes conocedoras de la atmósfera que se respira estos días entre los trabajadores de RTVE aseguran que, aunque es verdad que el CdI pudo cometer hasta "errores de bulto" en su informe sobre Mañaneros 360 y Malas Lenguas, "la dirección también se equivoca al entrar en enfrentamiento con ellos", porque con independencia de la opinión que merezca el trabajo que está haciendo, sigue siendo el órgano que representa a los que tienen la responsabilidad de elaborar la informaicón que después llega a los ciudadanos.

Eso sin contar con el hecho de que, incluso quienes son críticos con la beligerancia del CdI, en particular en estos momentos, admiten que estos dos programas "están algo sesgados y a veces se pasan un poco". Pero también es verdad, añaden, "que están teniendo una audiencia enorme y parece que desde el Consejo de Informativos se está haciendo un juego sucio a unas empresas que están cosechando muy buenos datos".

Los que sostienen esta opinión lamentan además que los elementos criticables de estos programas estén siendo utilizados por determinados medios, afines a la derecha, que nunca denunciaron "la manipulación y la censura grosera" de la época del PP, para hacer "una enmienda a la totalidad de unos informativos" que la mayoría de los trabajadores considera "impecables".

El conflicto, además, no se basa solo en el supuesto sesgo, mayor o menor, de esos programas, sino que se alimenta de un asunto que desde hace décadas genera tensiones entre la presidencia de RTVE y sus empleados: la externalización de la producción. Un frente de batalla que, en realidad, es más del Comité de Empresa que del Consejo de Informativos, porque tiene que ver con lo laboral y no con los contenidos, que son los únicos acerca de los cuales tiene competencias el CdI.

Al final del día, en la redacción de informativos de RTVE lo que más molesta, según las mismas fuentes, es "que se utilice un informe sesgado del Consejo de Informativos para manchar el producto informativo de Televisión Española". En particular "en un momento en el que nos va muy bien de audiencia y en el que los datos de los informativos son impecables". Nada de lo que se está denunciando, insisten, aunque fuese en su totalidad cierto, sería "comparable con lo que había antes".

El pasado 2 de diciembre de 2025, cuando el presidente del Consejo de Informativos (CdI) de TVE, Óscar Nieto, tomó la palabra por videoconferencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se produjo una paradoja.

La sesión había sido convocada para revisar una petición sobre "la independencia, neutralidad y pluralidad de RTVE" registrada en 2017, ocho años antes, cuando en España gobernaba el PP y al frente de la radiotelevisión pública estaba José Antonio Sánchez, hoy cabeza visible de la independiente Telemadrid y entonces orgulloso votante del PP.

El salto temporal —hoy RTVE la preside José Pablo López, al que Ayuso puso en la calle para acabar con el periodo de mayor prestigio e independencia de la historia de la tele pública madrileña— no fue sin obstáculos, porque la situación ha cambiado mucho. Pero Nieto no desaprovechó la oportunidad que le brindaba una iniciativa que había permanecido dormida en Estrasburgo durante casi una década para asegurar que el problema de RTVE "sigue vigente", dando a entender que la situación de sometimiento y control político de entonces es equiparable a la de hoy. Aunque las evidencias puestas sobre la mesa y, sobre todo, las denuncias a cara descubierta, sean incomparables.

El presidente del CdI, eso sí, explicó a los eurodiputados que "RTVE ha vivido malas épocas bajo distintos Gobiernos, del PSOE y del PP”. Y que, con el cambio de ley de 2024 —el que desbloqueó la gobernanza de los medios públicos devolviendo el control a la mayoría absoluta del Congreso, un modelo incompatible con el vigente Reglamento Europeo de Libertad de Medios, EMFA por sus siglas en inglés—, "hubo protestas de los trabajadores y del Consejo de Informativos por considerar que supuso un ataque a la independencia, la neutralidad y el pluralismo".

La base de la acusación pública del CdI tiene que ver más con la externalización de determinados programas y su praxis profesional que con denuncias concretas sobre consignas dirigidas a los periodistas de RTVE. En el punto de mira, programas como Mañaneros 360, Malas Lenguas o Directo al grano, que el CdI considera informativos —lo que impediría su externalización—, pero que la actual presidencia de la corporación califica de "programas de actualidad", lo que le permite echar mano de productoras privadas.

Nieto denunció también los ataques que reciben los periodistas de RTVE y, aunque no los citó por su nombre, también aludió a las reiteradas amenazas de Vox de disolver la corporación y entrar en ella "con lanzallamas y motosierras".

Para entender el alcance del conflicto es imprescindible comprender qué es el Consejo de Informativos. Nacido al amparo de la Ley 17/2006, que refundó RTVE como corporación pública, es el órgano elegido por los propios periodistas, técnicos y profesionales de la televisión para velar por la independencia, la neutralidad y el pluralismo de los contenidos informativos.

Sin capacidad sancionadora directa, sí tiene poder de denuncia, de investigación interna y de presión institucional. Y a lo largo de su historia ha actuado como contrapeso frente a Gobiernos de distinto signo: lo hizo contra los excesos del PP durante la etapa Rajoy, y lo hace ahora —según sus propios miembros— frente a lo que consideran una deriva análoga bajo el Gobierno de coalición.

En su versión actual, el CdI se constituyó el 4 de abril de 2025. Óscar Nieto, camarógrafo de profesión y, según algunas fuentes, próximo a Comisiones Obreras, fue elegido presidente y su mandato expira en abril del año que viene, a las puertas de lo que se avecina como una durísima campaña electoral en la que el papel de los medios públicos será juzgado con lupa. El CdI no respondió a las peticiones de información que le ha hecho llegar infoLibre en los últimos días para conocer, entre otras cosas, la composición completa de este órgano de representaciñón profesional.

Sus críticos han señalado que la participación en la elección que llevó a Nieto a la presidencia rondó el 40% del censo, lo que situaría su respaldo directo en torno al 14% del total de la plantilla con derecho a voto. Un argumento esgrimido con frecuencia para cuestionar la legitimidad representativa del órgano, pero que apenas se sostiene si se compara con elecciones anteriores. Es verdad que ha descendido la participación, pero no tanto como para cuestionar la legitimidad del Consejo.

Es el historial combativo del CdI lo que alimenta las críticas de quienes celebran los nuevos programas y no observan —o minimizan— los sesgos políticos en sus contenidos. Porque el nuevo Consejo no tardó ni un mes en hacer su primera gran jugada. El acta constitutiva del 4 de abril de 2025 incluía ya el anuncio de una investigación interna sobre el documental 7291, emitido el 13 de marzo en La 2 y Canal 24 Horas. El documental abordaba las muertes en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

Las preguntas que el Consejo trasladó a la dirección eran de calado editorial, pero muchos vieron en ellas una equidistancia incompatible con la gravedad de lo ocurrido en las residencias bajo la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso: ¿por qué se programó un "especial" para una producción externa? ¿Por qué el foco geográfico se limitó exclusivamente a Madrid y a un periodo concreto? ¿Cumplía el tratamiento los criterios de equilibrio territorial y proporcionalidad que exige el manual de estilo de RTVE? El CdI pretendía poner sobre la mesa, desde el primer momento, el debate sobre la externalización de contenidos informativos y la posible influencia de la agenda política en las decisiones de programación.

El caso 7291 fue también la primera chispa de la guerra política en torno al Consejo. Medios y voces afines al Gobierno señalaron que la investigación respondía a una lectura sesgada de la realidad: que cuestionar un documental sobre las muertes en residencias madrileñas durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso era, en sí mismo, un acto de alineamiento con la derecha. El Consejo rechazó esa lectura y defendió que su función es velar por los criterios editoriales con independencia del color político del contenido cuestionado.

Pero el verdadero campo de batalla del mandato está siendo, sin embargo, la externalización de programas de actualidad política, parte sustancial de la mejora sin precedentes en cuotas de audiencia que acompaña a RTVE desde hace meses. Un asunto que, en rigor, es más competencia del Comité de Empresa que del CdI.

La dirección de RTVE, con José Pablo López al frente, apostó por una parrilla que incluía espacios de infoentretenimiento producidos por empresas externas: Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz y Adela González; Malas lenguas, conducido por Jesús Cintora; y Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró.

El Consejo de Informativos ha hecho del combate a estos programas una prioridad. El argumento central es editorial y laboral: que esos formatos no solo profundizan en la subcontratación de la producción, sino que externalizan también la agenda informativa, delegando en productoras privadas el control sobre qué se discute y desde qué ángulo se presenta en la televisión pública.

Durante ese periodo, el Consejo también impulsó la vuelta simbólica a los "viernes negros", la protesta por la que los trabajadores se visten de ese color para expresar su malestar con la gestión editorial, aunque de momento con alcance poco más que testimonial. Y denunció que la dirección había puesto trabas a la realización de una encuesta interna sobre el estado de ánimo de la plantilla respecto a esos programas de actualidad, algo que la corporación ha desmentido argumentando que lo único que hizo fue proteger los datos de los trabajadores, no impedir la encuesta.

La tensión ha acabado tomando color político. PP y Vox mantienen una batalla frontal contra el actual presidente de RTVE, intensificada desde que la audiencia sonríe a la nueva programación y amenaza la hegemonía de sus aliados audiovisuales privados, en particular Antena 3. Y algunos medios alineados con la izquierda han hecho de la caracterización del CdI como un organismo dominado por afines a la derecha su principal argumento para tratar de desautorizar las protestas que formula en nombre de los trabajadores de RTVE.

En las últimas semanas, el enfrentamiento ha alcanzado una dimensión sin precedentes. Tras recibir más de un centenar de quejas internas y actuar también de oficio, el Consejo hizo público un extenso análisis sobre Mañaneros 360 y Malas lenguas en el que concluía que ambos programas incumplían de forma habitual y grave el Manual de Estilo de RTVE. Los cargos concretos: tratamiento sesgado de la actualidad, selección de tertulianos que proyecta una visión política determinada y confusión sistemática entre opinión e información, presentando la primera con apariencia de la segunda.

El informe subrayaba también la responsabilidad institucional de RTVE por avalar con su marca y sus infraestructuras formatos que delegan el control de la agenda política en productoras externas y en sus propios criterios editoriales. Era, en definitiva, la acusación más articulada que el Consejo había lanzado hasta ese momento.

La réplica de la corporación, a través del consejo de administración, fue contundente. No solo desmontó, una a una, las acusaciones del CdI, sino que, en defensa de la reputación de RTVE, amenazó a los representantes de los trabajadores con llevarlos a los tribunales si no rectificaban públicamente el informe en el que cuestionaron los programas de La 1. El plazo para que presenten esa rectificación acaba a mediados de marzo, cuando se celebre la próxima reunión del Consejo de Administración.

La batalla interna está teniendo lugar en un momento extremadamente delicado, en el que las audiencias de la televisión en abierto —privadas y públicas— no dejan de caer, en el que los partidos políticos españoles —a izquierda y derecha— se niegan a abrir el debate sobre la regulación de la independencia en los términos que mandata la EMFA, y a las puertas de una campaña electoral decisiva.