La batalla electoral que viene ya ha comenzado. Falta menos de un año para la celebración de elecciones en diez comunidades (Madrid, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Canarias, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Murcia, además de Ceuta y Melilla) y en todos los ayuntamientos de España. Y poco más para las generales, si Pedro Sánchez mantiene su calendario, lo que convierte los próximos doce meses en un escenario en el que el reparto de contrapesos del ecosistema mediático jugará un papel esencial.

En esa ecosfera informativa siempre han tenido, en el caso español, un peso muy relevante los medios orientados editorialmente hacia posiciones favorables a la derecha. Así lo demuestran los datos demoscópicos disponibles acerca de la percepción que los ciudadanos tienen de cada periódico, radio o televisión, combinados con sus audiencias. Con cabeceras que, sobre todo en los últimos años, no han dudado incluso en apoyar abiertamente a partidos como el PP y Vox.

Ese desequilibrio se ha vuelto más acusado en los últimos meses, mostrando un sesgo que muchos observadores del sector de la comunicación creen que irá a más. Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre confirman que el Gobierno da por agotados todos los intentos de reconducir la relación con el grupo Prisa, matriz de El País y la Cadena SER, después de que el presidente de la compañía, el gestor de fondos francoarmenio Joseph Oughourlian, decidiese hace un año poner fin al proyecto comandado por algunos accionistas minoritarios y una parte de los directivos del grupo para impulsar un nuevo canal de televisión en abierto, aprovechando que la reordenación del espacio radioeléctrico había dejado hueco a una nueva cadena.

En aquel momento, el presidente de Prisa llegó a comparar a Sánchez con Franco en un artículo en el que le acusó de “tratar de adueñarse” del periódico “desde el poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento”, en referencia a un supuesto intento de utilizar Telefónica para entrar en el capital de Prisa.

En la decisión de Oughourlian, que acabó con la salida de los directivos partidarios de la apuesta televisiva –entre ellos, el accionista mayoritario de infoLibre, José Miguel Contreras–, la marginación de los miembros del consejo que la apoyaban y la destitución de la periodista Pepa Bueno como directora de El País, pesó, según fuentes consultadas por este diario, la opinión de Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia en Madrid, cuyo grupo audiovisual es líder de audiencia en España. Casals, conocido en el sector con el apodo de “el príncipe de las tinieblas” por su legendaria capacidad para presionar tanto a empresas como a instancias gubernamentales, mantiene una estrecha relación con el presidente ejecutivo de Prisa.

Otras versiones, en cambio, atribuyen aquel conflicto –que acabó dañando la credibilidad de un periódico que en los últimos años había aumentado notablemente su número de suscriptores digitales y había tenido éxito a la hora de reducir, al menos en parte, su enorme deuda– a su principal acreedor, Pimco, una de las gestoras más influyentes del mundo en bonos y deuda, un segmento clave para bancos centrales, fondos de pensiones, aseguradoras y grandes patrimonios.

Pimco significa Pacific Investment Management Company y nació en California en 1971. Hoy forma parte del ecosistema financiero de Allianz, uno de los grandes grupos aseguradores y de gestión de activos del mundo, con base en Alemania (cotiza en la bolsa de Fráncfort). El principal accionista institucional de Allianz, con un 8,33% de la propiedad, es BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta, que dirige desde Nueva York Larry Fink, el hombre más poderoso de los mercados financieros globales.

Oughourlian no es un estratega en el sector de la comunicación ni un empresario mediático al uso. En última instancia, es un gestor de fondos activista, alguien especializado en comprar acciones de empresas baratas y mal gestionadas, como era el caso de Prisa, cambiar la dirección, vender activos o reestructurar deudas —fase en la que se encuentra en estos momentos— y así hacer que la empresa valga más para poder venderla y ganar dinero.

Su ascendiente sobre Pimco, el principal acreedor de Prisa, es tan importante que esta empresa acabó cediendo a su exigencia de que la renegociación de la deuda quedase vinculada a su continuidad al frente de la compañía. Precisamente por haber facilitado información que no era veraz sobre este extremo, la CNMV sancionó a la matriz de El País hace unos meses. De hecho, tienen obligación legal de informar de ello a la próxima Junta General. 

Así que el horizonte financiero de Prisa hasta 2029 está condicionado por una arquitectura de deuda que vincula la viabilidad del grupo al propio Oughourlian. Cualquier movimiento accionarial destinado a destituirle activaría un vencimiento anticipado de aproximadamente 240 millones de euros.

Esta estructura convierte la figura del presidente en un activo financiero en sí mismo, garantizando la paz con los acreedores a corto plazo, pero limitando drásticamente la capacidad de maniobra de la Junta General ante posibles cambios en la estrategia de gestión.

Así que, hasta 2029, Prisa opera bajo un “pacto de estabilidad forzosa” donde la gobernanza corporativa queda subordinada a las exigencias de sus acreedores institucionales. Pimco es, en la práctica, quien tiene la sartén por el mango.

Es en este contexto en el que ha tenido lugar un endurecimiento de la línea editorial de El País en contra del Gobierno tras la destitución de Pepa Bueno, primero, y más recientemente con el anuncio de la salida de Àngels Barceló de la Cadena SER. Este mismo jueves se ha anunciado que será Aimar Bretos, actual responsable de Hora 25, quien conducirá desde septiembre el programa de mayor audiencia de la radio española, Hoy por hoy. 

A esto hay que sumar la decisión de Oughourlian, hecha pública esta semana, de reducir el consejo de administración del grupo de 14 a 11 miembros para echar de él al empresario Andrés Varela Entrecanales (propietario de algo más del 7% de las acciones), con la excusa de que es uno de los promotores de Siete, la empresa que se ha hecho con la licencia de un nuevo canal audiovisual en abierto en España y que comenzará sus emisiones el próximo otoño. 

Junto a Varela Entrecanales perderán su asiento en el consejo Isabel Sánchez —vicerrectora del Instituto de Empresa y doctora en Economía por la Universidad de California— y Béatrice de Clermont —exvicepresidenta de Desarrollo en Lagardère—, ambas alineadas contra Oughourlian.

Esta decisión ha sido recibida por el Gobierno como un paso más en la deriva del grupo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, la comentó con ironía: “La pluralidad editorial se traslada al Consejo”, anotó en la red social X.

El capital de Prisa, según el último registro de la CNMV (fechado el 13 de mayo de 2026), se articula en torno a un núcleo muy concentrado de accionistas significativos, entre los que sobresale el universo Amber/Oughourlian y varios socios internacionales y familiares.

Joseph Oughourlian figura personalmente con un 29,5% de las acciones, el mismo porcentaje que declara Amber Capital UK LLP, el fondo de inversión que él mismo fundó y dirige, con sede en Reino Unido. A este bloque se suma Oviedo Holdings S.à r.l., una sociedad holding luxemburguesa que posee otro 24,7% y que forma parte de la arquitectura de vehículos financieros a través de los cuales Oughourlian y Amber canalizan su participación en Prisa, sin actividad mediática propia, como puro instrumento inversor.

En el accionariado destaca también Vivendi SE, el grupo francés de medios y entretenimiento controlado por el multimillonario ultra Vincent Bolloré, con un 11,7%, que ya intentó en 2022 hacerse con el dominio del grupo y no pudo, precisamente por decisión del Gobierno. 

La razón es que Prisa es considerada una empresa estratégica, al ser dueña de dos de los medios de comunicación más influyentes de España. Eso permitió a Pedro Sánchez aplicar el real decreto antiopas aprobado durante la pandemia para proteger la industria nacional y que permite vetar que un extranjero posea más del 10% de empresas en sectores estratégicos —el Gobierno sí le permitió, el año pasado, pasar del 9,9 al 11,7% actual al convertir bonos durante la operación con la que Oughourlian redujo el peso de los accionistas críticos—.

También están entre los propietarios el holding Global Alconaba SL, que controla un 7,07% y está ligado a intereses financieros españoles liderados por Andrés Varela Entrecanales, y el jeque catarí Khalid Thani Abdullah Al Thani, con un 3,3%.

Junto a ese núcleo duro internacional y financiero, perviven accionistas históricos y otros inversores relevantes que completan el mapa de poder de la compañía. Rucandio SA, de la que es socio Timon SA, el vehículo desde el que los herederos de Jesús de Polanco gestionan su presencia en el grupo, conserva un 7,6% de los derechos de voto. Control Empresarial de Capitales SA, el holding de inversión de la familia del magnate mexicano Carlos Slim, posee un 7% y representa la entrada de capital ligado a su conglomerado empresarial diversificado en telecomunicaciones, construcción y otros sectores.

Completan el cuadro el fondo Amber Capital Investment Management ICAV – Amber Global Opportunities Fund (5,2%), que forma parte del entramado Amber, Banco Santander (4,1%, combinando participación directa e indirecta), el empresario Adolfo Utor (4,9%), propietario de Baleària y uno de los cuatro socios del nuevo canal de TDT, y otros tenedores de menor tamaño.

La junta general de accionistas que previsiblemente sacará a Varela Entrecanales del consejo de administración de Prisa tendrá lugar dentro de un mes, el 29 de junio. Ese día, la propuesta de Oughourlian incluye también una operación de maquillaje del escaso valor de las acciones de la compañía. Se trata de llevar a cabo un contra-split de 10 a 1, que es como convertir 10 billetes de 30 céntimos en 1 billete de 3 euros: tienes menos “papeles”, pero el valor total es el mismo. No ganas ni pierdes dinero en el momento del cambio; lo que cambia es el número de acciones y el precio individual de cada una.

Las empresas hacen esto principalmente para mejorar su imagen. Cuando una acción cotiza a pocos céntimos, el mercado la ve como una empresa muy debilitada, de alto riesgo y propensa a movimientos especulativos bruscos. Al subir el precio artificialmente (de 0,30 € a 3 €), la empresa intenta parecer más sólida y estable (desde su salida a bolsa, las acciones de Prisa se han depreciado un 99,92%).

El grupo Prisa cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros, la segunda cifra más baja en años, pero siete millones más que en 2024, rompiendo la tendencia positiva del ejercicio anterior, cuando el grupo había logrado recortar su endeudamiento en 82 millones.

El plan estratégico aprobado a comienzos de año fijó dos objetivos que hay que leer conjuntamente. El primero es alcanzar en 2029 un resultado operativo de 240 millones de euros anuales. El segundo es que la deuda neta no supere tres veces ese beneficio, lo que sitúa el techo implícito en torno a los 720 millones. El recorrido neto de reducción que el grupo se ha autoimpuesto es de apenas unos 40 millones en cuatro años, muy lejos de los 82 que recortó en 2024.

La lógica no es de austeridad, sino de crecimiento. Lo que Prisa quiere cambiar no es solo el volumen de la deuda, sino su peso relativo sobre la capacidad de generar dinero, con Santillana y los activos de audio como vectores principales.

El escenario tiene dos condicionantes. El primero es que la ratio solo se sostiene si el beneficio operativo crece efectivamente hasta los 240 millones previstos. El segundo es que no todo el flujo de caja irá a amortizar deuda: una parte se destinará a la inversión que hace viable ese crecimiento.

Si la apuesta funciona, Prisa habrá salido de una de las espirales de endeudamiento más largas del periodismo europeo. Si no, los 757 millones de hoy seguirán siendo, dentro de cuatro años, el problema central de un grupo que controla algunos de los activos periodísticos más relevantes en español.

El mercado televisivo nacional suma un nuevo operador. El consorcio Siete –nombre comercial del proyecto de Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo– ha obtenido del Gobierno, en una decisión aprobada este martes en el Consejo de Ministros, la licencia imprescindible para poner en marcha el vigésimo tercer canal privado de cobertura nacional en España.

En la elección de Siete frente a la segunda oferta presentada, la de Mediaset, pesó el criterio del “pluralismo”, toda vez que este grupo ya controla siete canales: Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Divinity, Energy y Be Mad.

A partir de ahora, los promotores de la propuesta ganadora del concurso tienen un plazo legal de seis meses para comenzar las emisiones. Si el calendario se cumple, la señal estará en antena antes de que acabe el otoño de 2026.

Detrás del proyecto está un grupo de cuatro inversores que se reparten el capital a partes iguales –tres de ellos son, además, accionistas minoritarios del grupo Prisa– que cuentan con el asesoramiento estratégico de José Miguel Contreras, fundador de Globomedia, uno de los artífices de La Sexta y principal accionista de infoLibre.

El primer 25% está en manos del empresario Andrés Varela, que lidera el proyecto porque es el único accionista procedente del sector televisivo. Su participación es, en todo caso, a título personal, no a través del llamado Grupo Alconaba, que es la sociedad a través de la cual él y otros socios participan en Prisa, la matriz de El País y la Cadena SER.

El segundo accionista, con idéntico porcentaje, es Diego Prieto, un empresario andaluz que estuvo vinculado al sector de las ambulancias. Otro 25% del consorcio está en manos de una sociedad integrada por personas vinculadas a Adolfo Utor, el dueño de Baleària.

El capital lo completa el empresario argentino José Luis Manzano a través de su sociedad Integra Capital. Manzano es un multimillonario con negocios de todo tipo, muchos de ellos vinculados a la energía y la minería, que fue ministro con Carlos Menem en los años noventa y que en los últimos tiempos se ha hecho fuerte en medios de comunicación de su país.

Integra es, desde hace poco tiempo, la empresa de referencia de la principal emisora de televisión argentina, Telefe. Pero su entrada en Siete no se ha producido a través de ella, sino mediante la sociedad Integra Capital.

Según algunas fuentes, el plan de negocio de Siete parte de un presupuesto operativo anual de entre 20 y 25 millones de euros. Es una cifra notablemente baja para una cadena generalista de cobertura nacional —Mediaset España o Atresmedia mueven presupuestos entre diez y veinte veces superiores— y condiciona directamente el modelo de programación.

Los promotores del nuevo canal aseguran que quieren ir más allá de la TDT y presentan la cadena como la primera etapa de una plataforma de contenidos audiovisuales más amplia, cuyo territorio base será el entorno digital. De ahí que su hoja de ruta contemple una distribución a través de todas las ventanas disponibles.

La cadena prescindirá de servicios informativos, pero se volcará en la actualidad, con el directo como principal seña de identidad. Este modelo, aseguran fuentes del consorcio, es “el único que ha resistido” en el mundo y “el que ha crecido en estos años frente a las plataformas digitales” como Netflix o HBO. Esta “va a ser una tele para estar en directo hablando en todo momento de aquello que sea el tema más interesante”.

La estructura de contenidos se articulará en torno a tertulias, debates y programas de análisis, un formato con costes de producción sustancialmente menores que los boletines o los noticiarios con redacción propia. Los servicios técnicos serán externalizados, así como la gestión comercial, para la que los promotores del canal están considerando contratar a la empresa Pulsa.

La emisora todavía no tiene nombre. Fuentes cercanas al proceso han señalado que el consorcio no descarta llegar a un acuerdo para usar la marca CNN con el fin de dotar al canal de un perfil informativo reconocible y tener acceso a información internacional de primer nivel, si bien las negociaciones ni siquiera han comenzado.

Fuentes del consorcio ganador aseguran que la nueva cadena de televisión buscará competir por “abrirse un hueco” junto a las seis grandes nacionales dirigidas a amplias audiencias. Lo hará “con una rejilla compuesta por una programación original, de producción nacional, basada en la actualidad, en su sentido más amplio, y el directo”. Los contenidos abarcarán “todos los asuntos que puedan despertar el interés de una audiencia que busque estar al día en todo momento y a la que el canal pueda servir de referencia para entender el mundo actual en todas sus facetas”.

Para conseguirlo, el elemento determinante de la apuesta, según las mismas fuentes, “será la presencia de grandes profesionales de la comunicación al frente de cada uno de sus propios espacios” y a los que se respetará “su independencia”. Se busca potenciar “no el personalismo de sus nombres, sino la conjunción de sus diversas personalidades”.

Aunque no hay nada cerrado y, en la mayoría de los casos, ni siquiera se han iniciado las conversaciones, en el punto de mira están algunos de los principales activos de RTVE, desde Javier Ruiz a Jesús Cintora, pasando por Marta Flich, Gonzalo Miró o Silvia Intxaurrondo.

En todo caso, la cadena asegura que no apostará “por la uniformidad generacional, estética o editorial, sino por la apertura de un espacio diverso y plural en el que cada profesional pueda desarrollar con plena independencia su propio discurso”.

Uno de los objetivos de Siete es alcanzar acuerdos con otros actores informativos en un sentido muy amplio, desde diarios digitales a plataformas y creadores de contenidos. “Tendremos que ver cómo acumular y llegar a acuerdos con todo el mundo”, señalan las fuentes de Siete consultadas por infoLibre. Alianzas que también les den acceso a información deportiva y económica.

Los promotores se proponen competir en la liga de los seis principales canales, empezando por los dos más pequeños: Cuatro (Mediaset) y La Sexta (Atresmedia). Sobre todo este último, toda vez que la composición del accionariado de Siete apunta a un perfil informativo progresista, que durante un tiempo fue el principal público de esta cadena.

No obstante, advierten las fuentes consultadas, “para hacer un canal de televisión rentable no puedes hacer un canal militante. Hacer televisión implica actualidad” no exclusivamente volcada en la política, sino con abundantes contenidos de música, cultura, entretenimiento, cocina, viajes o humor.

Con la licencia formalizada, el consorcio abre ahora la fase de ejecución. El primer nombre incorporado al proyecto es Luis Morales Losada como Production Manager, exdirectivo de Mediapro, con experiencia en la puesta en marcha de empresas audiovisuales de producción y distribución. El reto inmediato es cerrar contratos con el personal técnico y los perfiles mediáticos que ocuparán los distintos espacios, además de consolidar la estructura comercial.

Desde 1989, todos los gobiernos han convocado concursos públicos para adjudicar frecuencias de televisión privada. El nuevo canal es el resultado del último de esos procesos y convierte a España en uno de los mercados europeos con mayor densidad de canales generalistas de ámbito nacional.

El ministro Óscar López, titular del departamento de Transformación Digital, responsable del concurso, recordó este martes que la adjudicación del nuevo canal es una obligación legal derivada de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que en su artículo 26 establece la necesidad de convocar nuevos concursos cuando exista capacidad técnica disponible.

“Eso ocurrió en el año 2005, cuando pasamos de la televisión analógica a la televisión digital”, recordó López, y “volvió a ocurrir en el año 2015, porque pasamos de la televisión digital terrestre a la televisión digital terrestre de alta definición y, por lo tanto, se volvió a comprimir la señal, volvió a haber espacio y hubo otro concurso”.

“Ahora hemos pasado de la alta definición a la ultra alta definición, que vuelve a comprimir la señal y vuelve a dejar espacio libre”. El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2025 el nuevo plan técnico de la televisión digital terrestre y convocó el 20 de noviembre un concurso “que se ha resuelto en tiempo y forma, con toda normalidad”, subrayó el ministro.

El mercado audiovisual en España ha entrado en una fase de recomposición. Los resultados del bienio 2024-2025 de los tres grandes grupos —Atresmedia, Mediaset España y RTVE— dibujan un mapa muy distinto al de hace apenas cinco años: el liderazgo ha cambiado de manos en publicidad, la televisión pública ha saneado sus cuentas con una velocidad que nadie anticipaba y Mediaset España gestiona un deterioro de audiencia que ya tiene consecuencias directas en sus ingresos. 

Todo ello mientras las cadenas privadas presionan para intentar ahogar el acceso de RTVE a la financiación a través de patrocinios y a la espera de que se materialice un cambio en el tablero que previsiblemente tendrá consecuencias en el sector: este año el Gobierno adjudicará una nueva licencia de televisión en abierto en la TDT, el primer canal nuevo en entrar al mercado en más de una década.

Los números no mienten, aunque a veces engañen si se leen deprisa. Conviene leerlos despacio. Y sobre todo conviene compararlos. Entre 2024 y 2025, Atresmedia vio caer su beneficio neto de 120 a 62 millones de euros —una pérdida de 58 millones, aunque buena parte de ella responde a un gasto extraordinario por el plan de renovación de plantilla; sin ese efecto puntual, el retroceso real es de unos 24 millones—. 

El negocio televisivo de Mediaset España en España sufrió un golpe mucho más severo en términos operativos: el dinero que genera antes de pagar impuestos e intereses pasó de 146 millones en 2024 a poco más de 43 millones estimados en 2025, un desplome de más de 100 millones en un solo ejercicio. 

En el lado opuesto, RTVE pasó de perder 12,8 millones en 2024 a ganar 55,7 millones en 2025: una mejora de 68,5 millones. Dicho de otra manera, lo que ha ganado en salud financiera la televisión pública tiene una magnitud comparable a lo que han perdido juntas las dos privadas en su negocio doméstico. 

Es un dato que, por sí solo, ayuda a entender el empeño que las televisiones privadas han puesto en cuestionar los ingresos de RTVE en un contexto general de retroceso del mercado publicitario.

El hecho más significativo del ejercicio 2025 no es que Atresmedia haya vuelto a liderar la audiencia —lo hace por cuarto año consecutivo, con una cuota de grupo del 26,1%— sino que por primera vez en la historia del sector ha superado a Mediaset España en ingresos publicitarios. 

Atresmedia facturó 753,9 millones de euros en publicidad —incluyendo televisión, plataformas digitales, webs propias y espacios de terceros— frente a los 679,8 millones de ingresos publicitarios netos de la filial española de MFE. Son cifras que no miden exactamente lo mismo, pero el orden de magnitud es claro: una ventaja de 74 millones a favor de Atresmedia. Durante décadas, la hegemonía publicitaria de Telecinco (Mediaset) fue un axioma del sector. Ya no lo es, y ya no lo es por un margen amplio.

El grupo presidido por José Creuheras y controlado por la familia Lara (Grupo Planeta) ha logrado este resultado en un entorno adverso: el mercado publicitario televisivo cayó un 4,4% en 2025, y sus propios ingresos por publicidad bajaron un 6,2%. Lo que ha compensado esa caída es una apuesta deliberada por diversificar las fuentes de ingresos. 

La división de radio creció un 4% y los ingresos procedentes de eventos y otras actividades se dispararon un 61,8%, impulsados principalmente por la incorporación de la empresa organizadora de eventos deportivos Last Lap. 

El resultado es un grupo que ya no puede describirse únicamente como una televisión comercial: es un conglomerado de entretenimiento que gana dinero por vías que hace cinco años no existían en su balance.

La salud financiera de Atresmedia al cierre de 2025 refleja esa transformación. Tiene más dinero en caja del que debe —su posición financiera es positiva en 58,1 millones de euros—, lo que le ha permitido firmar en septiembre de 2025 la compra de Clear Channel España, la empresa de publicidad en mobiliario urbano y vallas, por 115 millones de euros. 

La operación está pendiente del visto bueno de la CNMC, pero su lógica encaja perfectamente en la estrategia de diversificación del grupo: después de hacerse con Last Lap en julio del mismo año, Atresmedia tiene ahora presencia en la publicidad exterior, un negocio que ha crecido un 14% en España entre 2021 y 2024. 

El beneficio neto, no obstante, cayó un 48,4% en el año, de 120 a 62 millones, pero ese retroceso es puntual y tiene como explicación una dieta de adelgazamiento de mano de obra laboral: el grupo destinó 45,6 millones a un plan de salidas voluntarias para renovar su plantilla. Sin ese gasto extraordinario, el beneficio del año rondaría los 96 millones.

Los resultados de Mediaset España en 2024 y 2025 cuentan juntos una historia más clara que por separado. En 2024 todavía mantenía una apariencia de estabilidad: los ingresos publicitarios cayeron apenas un 0,4%, hasta los 778 millones de euros brutos, y el beneficio operativo del negocio español cerró en 146 millones. 

Pero los márgenes ya acusaban presión: el dinero que el grupo ganaba antes de pagar impuestos e intereses cayó ese año un 14,6%. La audiencia dibujaba la misma tendencia. El grupo Mediaset España cerró 2024 con una cuota del 24,9% sobre el total de individuos, con Telecinco en el 9,8%. Números aún defendibles, pero con dirección inequívoca.

En 2025 la erosión se aceleró. La cuota del grupo cayó al 24,3%, su mínimo histórico. Telecinco cerró el año en el 9,4%, a 3,4 puntos de distancia de Antena 3: la mayor diferencia registrada entre ambas cadenas. 

En ingresos publicitarios, la filial española sufrió una caída del 9,7%, casi el doble de la caída media del mercado. El golpe en los beneficios fue aún más severo: en los nueve primeros meses de 2025, el resultado operativo del negocio español se redujo en más de la mitad respecto al año anterior, pasando de 75 a 33 millones de euros. 

La rentabilidad final del ejercicio completo —185 millones de beneficio neto consolidado— se sostiene por el control estricto de los gastos y por la inercia de una estructura construida en años mejores, no por la dinámica actual del negocio español.

Conviene precisar el marco en que se producen estos resultados. La empresa matriz de Mediaset España, el grupo italiano MFE-MediaForEurope controlado por la familia Berlusconi, completó a finales de 2025 la compra de la televisión alemana ProSiebenSat.1, convirtiéndose así en el mayor grupo televisivo privado de Europa, con presencia en Italia, España, Alemania, Austria y Suiza. 

En ese nuevo contexto de escala continental, la filial española aporta ingresos relevantes pero decrecientes, y su bajo rendimiento relativo aumenta la presión sobre la dirección local. La apuesta del grupo pasa por vender publicidad de forma conjunta en todos sus mercados y por desarrollar formatos de publicidad digital más rentables que el espacio convencional en televisión. La incógnita es si esa transformación llegará a tiempo de modificar las tendencias.

Con todo, el cambio más sorprendente del bienio lo protagoniza RTVE. La corporación pública pasó de perder 12,8 millones de euros en 2024 a cerrar 2025 con un superávit de 55,7 millones: la mejor cifra en la historia reciente de la empresa. 

No es un fenómeno exclusivamente contable. La 1 terminó 2025 con un 11% de cuota de pantalla, su mejor resultado en 13 años, y la cuota del grupo RTVE en su conjunto llegó al 16,6%.

El impacto se ha trasladado a los ingresos comerciales: RTVE obtuvo 85,5 millones de euros en publicidad y patrocinios en 2025, la cifra más alta desde 2009.

La mejora de la gestión ha acompañado a la recuperación de audiencia. Los gastos de funcionamiento cayeron un 7,6% y el dinero destinado a programas bajó un 18,7%, sin que ello haya afectado a la competitividad editorial. No obstante, los riesgos no han desaparecido: la dependencia del presupuesto del Estado sigue siendo el principal factor de vulnerabilidad, y los litigios fiscales pendientes —entre ellos una disputa con Hacienda por el IVA— representan una incertidumbre real.

El panorama, en todo caso, está lejos de ser estable. Al cambiante mundo de la publicidad hay que añadir que el Gobierno se dispone a aprobar la concesión de una nueva licencia de televisión en abierto en la TDT. Estamos ante la posibilidad de la llegada del primer operador nuevo que entre al mercado en abierto desde hace más de diez años.

El impacto directo sobre la audiencia puede ser limitado al principio —los operadores nuevos tardan años en construir cuotas significativas—, pero el efecto sobre el mercado publicitario puede hacerse notar antes. Los anunciantes tendrán una opción más donde repartir sus presupuestos en un mercado televisivo que ya no crece. 

En un contexto en que Mediaset España ha perdido casi un punto de cuota publicitaria en dos años y en que Atresmedia acaba de arrebatar el liderazgo del sector por un margen mínimo, la llegada de un nuevo competidor por la misma tarta es, en el mejor de los casos, una distracción; en el peor, una presión adicional sobre ingresos que ya están en retroceso.

Para RTVE, la ecuación es distinta. Un nuevo operador en abierto no compite directamente por sus ingresos publicitarios —la corporación tiene limitada su capacidad de hacer publicidad convencional—, pero sí por la audiencia, y en particular por el público joven que La 1 ha recuperado con tanto esfuerzo.

Los buenos resultados de RTVE son, paradójicamente, el principal argumento de quienes piden su debilitamiento. El razonamiento de las televisiones privadas, articulado a través de la patronal UTECA, es sencillo: si la televisión pública ha recuperado audiencia y genera ingresos comerciales crecientes, está compitiendo por un dinero que ya escasea.

El argumento de las privadas tiene una lógica comprensible: si el Estado financia a un operador que luego compite por el mismo dinero de los anunciantes, el terreno de juego no es el mismo para todos. Pero el contraargumento es igualmente sólido: RTVE emite sin publicidad convencional en sus canales principales, sus ingresos comerciales son una fracción de los de sus competidores, y su función —información de servicio público, cobertura universal, acceso a eventos de interés general— no se puede medir únicamente en puntos de share.

El sector audiovisual español está cambiando. Los equilibrios que lo definieron durante años se están moviendo. Lo que venga después depende, en parte, de decisiones regulatorias que están todavía por tomar. Pero los números de 2024 y 2025 ya dicen lo esencial: hay un ganador operativo claro, una televisión pública que ha recuperado el pulso y un grupo que necesita repensar su modelo antes de que el control del gasto deje de ser suficiente para tapar los agujeros que está abriendo la caída de audiencia.

Una ex camarera de Hooters, cadena de bares estadounidenses en la que solo atendían mujeres de pechos grandes en diminutos pantalones, una antigua estrella de la lucha libre o una creadora de contenido en OnlyFans son los personajes fáciles de caricaturizar que se muestran con mayor humanidad en Margo tiene problemas de dinero.

La serie de ocho episodios que puede verse ya en parte en Apple TV+ se basa en la novela del mismo nombre escrita por Rufi Thorpe. La autora llegó a comprender el mundo de fantasía de la lucha libre por su afición al drag, el travestismo performativo.

Se dio cuenta de que compartían la conversión de los protagonistas en personajes ficticios a través de sus propios cuerpos y creó su novela a partir de seres que comparten esta forma peculiar de construir su identidad.

Desde fuera solo vemos sus máscaras exageradas, pero son exactamente iguales, o diferentes, a cualquiera. El mítico creador de series David E. Kelley se hizo encantado con el material del libro.

Kelley, de setenta años, estudió política en Princeton y derecho en Boston antes de debutar en televisión como guionista en La ley de los Ángeles, en 1986, y ascender hasta máximo responsable de la serie. A partir de ahí se convirtió en productor y creador de numerosísimas series, muchas de ellas de abogados, contribuyendo al boom del género.

En los dos mil parecía que su momento había pasado y sus series no lograban la renovación hasta Big little lies, un éxito que volvió a alinearle con los tiempos. Aunque su público estuviera envejeciendo un poco de más para la televisión en abierto, su nicho resulta más que suficiente entre los suscriptores de plataformas.

Kelley se casó con la superestrella de cine, Michelle Pfeiffer en 1993 y ha conseguido que acepte un personaje, la madre de la protagonista, para el que todo el equipo la veía perfecta. Pfeiffer luce una vis cómica que no suele exhibir.

Lidera el reparto Elle Fanning. Una elección lógica, especialmente después de que protagonizara The Great, una biografía gamberra de Catalina la Grande en la que demostró enormes dotes para el humor y desinhibición. Ambos, talentos muy útiles en esta serie.

Margo, su personaje, es una buena estudiante que comete errores garrafales para su propio futuro y aún así tiene que seguir luchando desesperadamente por salir adelante.

Fanning tiene muchas más escenas de desnudos de las que se suelen ver en las últimas décadas en ficciones con este tono. La intérprete convierte la situación más chocante en algo natural y muy divertido.

El padre de la protagonista sale de un centro de rehabilitación tras haber caído en la droga a través de los analgésicos que necesitaba por una vida de estrella de la lucha libre.

Está interpretado por un tierno y voluminoso Nick Offerman, cómico, actor, presentador y carpintero, todo un personaje en el mundo del espectáculo conocido por ejemplo por Parks and recreation.

El reparto incluye a Greg Kinnear (Mejor imposible), Thaddea Graham (Sex education) o Michael Angarano (This is us), con apariciones de Marcia Gay Harden (Pollock), Laura San Giacomo (Sexo, mentiras y cintas de vídeo) y Nicole Kidman, asidua colaboradora de David E. Kelley.

La serie cuenta una versión edulcorada de los apuros económicos de sus personajes, llena de color y en la que la horterada no llega a ser completamente verosímil, se reviste con mucho encanto. Acierta de pleno al centrarse en personajes que solemos ver como espectadores también en la vida real.

Todos se dedican a profesiones basadas en la impostura, pertenecen a una parte del mundo del espectáculo que no tiene dimensión artística. Desde la camarera que se hace la conejita playboy, al falso luchador de esa gran farsa que cautiva en todo el planeta, la lucha libre.

Destaca, aunque no desde el principio de la historia, cómo una nueva actividad se ha añadido a estas profesiones de rol, las OnlyFans. Casi en su totalidad mujeres que se convierten en personajes casi siempre sexuales que cobran a los suscriptores a sus canales en la plataforma.

Una realidad de la que se habla muy poco teniendo en cuenta esta es ya la novena plataforma en volumen en España, con 1.700.000 usuarios. Y que el nuestro es, por ejemplo, el quinto país del mundo en volumen de videos subidos a sus servidores.

La novelista Rufi Thorpe tuvo más fácil documentarse sobre luchadores de la liga americana del falso deporte que con OnlyFans. Según cuenta a Reeding between the lines cada luchador o luchadora tiene al menos una biografía ya que sus seguidores quieren conocer a la persona tras el disfraz.

En cambio, las modelos de OnlyFans son muy suspicaces con su intimidad. La autora se suscribió a un montón de canales y les ofrecía veinte dólares por cada pregunta contestada tras aclarar que no quería escribir nada sobre ellas que hiciera juicios de valor al respecto.

“Cuando eres una trabajadora sexual tienes que tener unos límites extra claros. Y tienes que ser una experta en decir que no”, explica. Las pocas jóvenes que accedían a hablar con ella podían llegar a contestar sobre aspectos técnicos, pero se cerraban cuando se trataba de sus sentimientos o consecuencias de este trabajo en sus vidas personales.

Estas trabajadoras se sitúan en un punto intermedio entre los influencers y las prostitutas. De los primeros toman la creación de un personaje virtual y de las segundas la satisfacción de un deseo sexual de un cliente por dinero.

Muchas niñas no entienden hoy qué puede tener de malo ganar dinero sin arriesgar el físico, además cuando son expulsadas de muchos campos de los creadores de contenido digital, en los que reina la misoginia.

Esta serie no parece aportar una reflexión sobre el particular, y se basa en un pequeño engaño, la adorable nueva figura en la plataforma está encarnada por una chica lectora, escritora, con ciertas armas para entender dónde se está metiendo.

Faltan por emitir episodios en los que se verá si la cosa se llega a embellecer tanto como en Pretty woman, que hacía parecer de la prostitución una cosita de nada, sin mayor importancia, o presenta una versión un poco más poliédrica del asunto.

La autora de la novela defiende que el humor amplía el abanico de temas que estamos dispuestos a escuchar. Lo que como drama árido mucha gente no tolera, con la risa se puede abordar.

Pero afirma que no le interesa tanto el código de una comedia romántica en el que considera que “nada es demasiado real y el peligro nunca está demasiado cerca” como el de comedias tipo monologuista que pueden decir cosas duras que de otra manera no está permitido tocar.

Aunque los hechos de la novela van a ser contados al completo esta temporada, la serie está concebida para seguir por su cuenta con guiones originales porque el grupo de personajes ofrece muchas posibilidades. Por su parte, Thorpe no descarta escribir una secuela de esta ficción. Está por ver si el mundo de Margo se desdobla en dos en un próximo futuro.

La cadena pública británica BBC recortará en torno a un 10% de su plantilla de unos 21.500 trabajadores en un periodo de tres años para reducir costes, informan este miércoles los medios británicos.

El personal de la corporación de radiotelevisión fue informado de los planes en una teleconferencia en la tarde de este miércoles, sin que por el momento se sepan los detalles de las unidades o secciones donde recaerán los recortes, considerados los mayores desde 2011.

La noticia se conoce antes de que el 18 de mayo asuma el cargo de director general de la emisora el exdirectivo de Google Matt Brittin, que sustituirá a Tim Davie, quien anunció su dimisión en noviembre tras la polémica por la edición manipulada de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la prensa, los recortes son parte de los planes presentados en febrero para reducir costes en un 10% —unos 500 millones de libras (575 millones de euros)— en los próximos tres años a fin de abordar las "presiones financieras" que afronta la compañía.

El anuncio se produce cuando a BBC está inmersa en una negociación con el Gobierno para revisar sus estatutos, que caducan en 2027, y su método de financiación, que actualmente consiste en un canon de 180 libras anuales (más de 200 euros) que pagan los hogares británicos que cuentan con un televisor.

Como otros medios de comunicación, la BBC se enfrenta a la competencia de plataformas de contenidos digitales y a la carta, así como a la presión de empresarios y políticos británicos, sobre todo de derecha, que consideran que su actividad supone una competencia desleal al sector privado.

Brittin, de 57 años y expresidente de las operaciones de Google para Europa, Oriente Medio y África, asumirá el puesto en un momento clave para la radiotelevisión pública británica, que afronta una demanda multimillonaria presentada por Trump que ahora se discute en un tribunal de Florida.

El presidente de la BBC, Samir Shah, destacó, cuando fue nombrado en marzo, que el nuevo responsable "aporta una profunda experiencia liderando organizaciones complejas y en transformación" y lo definió como "un líder excepcional".

Por su parte, Brittin expresó sus ganas de "empezar el trabajo" en un contexto que describió como "un momento de verdadero riesgo, pero también de verdadera oportunidad".

"El Reino Unido necesita una BBC próspera que funcione para todos en un mundo complejo, incierto y en rápida evolución", señaló, para añadir que la corporación "necesita la velocidad y la energía para estar donde están las historias y las audiencias".

La salida de Davie se produjo tras la controversia por la edición supuestamente engañosa de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, que podía dar la impresión de que el presidente había incitado los posteriores disturbios en el Capitolio.

La BBC pidió disculpas por el programa, que se emitió antes de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, pero se negó a pagar la compensación que pedía Trump, lo que derivó en una demanda por difamación del presidente.

El Consejo de Informativos (CDI) de TVE no rectificará, como pidió el Consejo de Administración de RTVE, las acusaciones de 'sesgo ideológico y falta de rigor a los programas de Mañaneros 360 y Malas Lenguas, al considerar que "queda acreditado" que el muestreo de su informe de enero "es más que suficiente, válido y permite que los resultados sean concluyentes".

No obstante, sí esta abierto a hacer alguna matización, "en ánimo de buena voluntad" sobre algún extremo, aunque sus miembros están convencidos, tal y como han señalado a EFE, de que "nunca se había llegado a una situación como la que se está viviendo" y que la respuesta del Consejo de Administración a su informe supone "un ataque sin precedentes".

El CDI de TVE ha enviado esta tarde a la plantilla y al Consejo de Administración un avance de su contestación al documento que aprobó el pasado día 17 febrero el Consejo de Administración de RTVE, en el que replicaba a las acusaciones de 'sesgo ideológico y falta de rigor' que hizo en el informe el CDI en un informe anterior.

El órgano interno de TVE, compuesto por trece profesionales, y que vela por la independencia y la objetividad de la televisión pública, se ha tomado su tiempo y dice estar abierto a matizar algún párrafo de su informe y quiere dejar claro que en el mismo "no ha pretendido estigmatizar ni desacreditar a ningún profesional".

Sostiene además que "no imputa en ningún caso conductas delictivas ni formula acusación alguna contra persona concreta, ni tampoco hace referencia a la comisión de delitos de odio".

Lo mantiene porque el Consejo de Administración, en su documento Hechos verificables que refutan el informe de Informativos de TVE sobre Mañaneros y Malas lenguas, que avalaron 11 consejeros frente a 4 (los del PP), pedía al CDI una rectificación inmediata.

La pedía porque entendía que el informe de enero del CDI se basaba, a su juicio, en "una muestra mínima y sin garantías metodológicas", y porque "se acusaba a RTVE de servir "de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".

"Una acusación —apuntaba el Consejo de Administración— que coloca a un medio público bajo la sospecha de estar contribuyendo a la comisión de un delito de odio". Ahora el CDI advierte de que la frase que destaca el Consejo de Administración de su informe "es incompleta y está sacada de contexto".

Lo está, según el CDI, porque su párrafo era el siguiente: "Algunos tertulianos y colaboradores usan un lenguaje agresivo. Las descalificaciones son frecuentes. Aunque son opiniones personales y en ese sentido respetables, es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad. Recordamos que es obligado que estos programas hagan cumplir el manual de estilo a sus colaboradores".

Pero además, ante las dudas sobre la validez del muestreo, el CDI asegura que "el porcentaje de muestra es bastante mayor que el planteado por el documento del Consejo de Administración, ya que hasta la fecha de estudio serían de un 18,92% de los programas de Mañaneros 360 y un 14,29% de los de Malas Lenguas".

Los miembros del CDI denuncian, además, que solamente conozcan de forma oficiosa la dirección editorial externa de estos programas y advierten también de que es "razonable considerar que unos programas que podrían incurrir en los supuestos incumplimientos normativos" que apuntan "no contribuyen a una mejor valoración sobre RTVE".

Además, el Consejo asegura que lleva meses intentando realizar una encuesta entre los profesionales de la información de la televisión para contar con más datos sobre la percepción interna de estos programas y de otras cuestiones, como de los programas informativos en sí, su independencia, la carrera profesional y el cambio de la ley. La intención del Consejo es hacerla este mismo mes, aunque sea en urnas de cartón, según sus miembros.

El PSOE ha registrado este martes en el Senado una petición a la Mesa para que reconsidere que se vaya a votar en el Pleno la creación de una comisión de investigación para fiscalizar la gestión de RTVE, cuando ya existe una comisión mixta con ese fin, y, si se rechaza, los socialistas se plantearán acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

En el escrito de reconsideración, el PSOE señala que la comisión mixta de diputados y senadores específica para RTVE, que se reúne mensualmente, es "el único instrumento ad hoc que prevé el ordenamiento jurídico vigente para controlar la gestión del ente público".

Por tanto, la creación de una comisión de investigación en el Senado, propuesta por el PP, "no solo no es pertinente, sino que es ilegal", ha dicho en una rueda prensa el portavoz adjunto del PSOE en el Senado, Alfonso Gil.

Para que se cree una nueva comisión tiene que "estar perfectamente delimitado el objetivo" y no ser coincidente con el de otra comisión ya existente, ha apuntado Gil, quien ha advertido de que en este asunto los socialistas van a "ser beligerantes", porque el PP "quiere atacar la pluralidad" informativa.

Por ello, ante el probable rechazo al escrito de reconsideración en la Mesa, en la que tiene mayoría el PP, en el grupo socialista se plantean "incluso acudir al Tribunal Constitucional", ha apuntado Gil.

El PP ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público, según inform aE.

La solicitud de creación se ha registrado este lunes, ha explicado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha llamado "Telepedro" a TVE, porque, a su juicio, en los gobiernos presididos por Pedro Sánchez la televisión pública estatal adolece de "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias".

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la dana, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

García ha destacado que RTVE sufre una grave instrumentalización política y además tiene capítulos oscuros como la inédita repetición de unas oposiciones y la devolución de 29,4 millones de euros de fondos europeos, más 1,3 millones en intereses de demora, por una incompetencia para su ejecución.

Según la solicitud registrada, facilitada a la prensa por el PP, para la "contraprogramación política" a la oposición, con "propaganda partidista y gubernamental", RTVE recurre a productoras privadas externas, "bajo el eufemismo de infoentretenimiento". 

En opinión de García, la pérdida de credibilidad y neutralidad de RTVE es tan grande que indagar sobre las causas requería una comisión diferenciada a la ya existente, mixta de diputados y senadores.

Preguntada sobre la gestión de RTVE en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, la portavoz del PP en el Senado ha evitado una comparación y ha reiterado su referencia a las irregularidades recientes en la gestión de los fondos europeos, como asunto que la nueva comisión de investigación tendrá que analizar. 

En cuanto a quiénes comparecerán, una vez que sea aprobada por el Pleno y que cuente con un plan de trabajo aprobado en la comisión, fuentes del PP han señalado que quien lo hará seguro será el presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López.

La guerra entre las televisiones privadas y RTVE por la publicidad del Mundial de Fútbol 2026 ha escalado en pocas horas. Apenas un día después de que la patronal de las cadenas comerciales, UTECA, enviara un requerimiento exigiendo a la corporación pública que dejara de vender espacios publicitarios a marcas que no sean patrocinadoras oficiales del torneo, RTVE ha respondido por burofax con una carta que deja poco espacio a la diplomacia. La cadena pública no solo rechaza cada uno de los argumentos de UTECA, sino que va más lejos: acusa a la asociación de emprender una campaña para desprestigiarla y se reserva el derecho a llevarla ante los tribunales.

El documento, firmado por Alfonso María Morales, secretario general de CRTVE, desmonta el razonamiento jurídico de UTECA desde el principio. La patronal de las privadas argumentaba que la ley de financiación de RTVE de 2009 solo permite a la corporación pública vender publicidad vinculada a los patrocinios que forman parte del propio contrato de retransmisión. En otras palabras: si la FIFA vende los derechos del Mundial con tres patrocinadores incluidos, RTVE solo podría ofrecer espacio publicitario a esas tres marcas, y a ninguna más.

RTVE rechaza de plano esa lectura. Según la corporación, esa interpretación quedó descartada hace tiempo. En 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —el organismo encargado de vigilar que RTVE cumple las reglas— respondió a una consulta de la propia cadena pública y dejó por escrito que la ley no exige que los patrocinios formen parte “indivisible” de la compra de derechos. En lenguaje llano, eso significa que RTVE puede buscar sus propios anunciantes para el Mundial, más allá de los que la FIFA imponga en el contrato.

La CNMC, recuerda RTVE, reiteró este criterio en 2025 a raíz de una denuncia de la propia UTECA. Es decir, las televisiones privadas ya intentaron por la vía regulatoria que se pusiera coto a la publicidad del Mundial en RTVE y perdieron. La CNMC archivó el expediente sin dar la razón a UTECA.

RTVE añade, además, que lo que está haciendo con el Mundial no es ninguna novedad. La corporación ha aplicado el mismo modelo comercial en los últimos años para retransmitir la Copa del Rey, la Eurocopa femenina, la Liga de Naciones y los partidos de las selecciones nacionales. En todos esos casos, buscó sus propios anunciantes más allá de los patrocinadores que venían incluidos en los contratos de derechos. Y en ninguno de esos casos UTECA se quejó. Ahora que llega el Mundial —el evento más grande y con más dinero en juego—, las privadas sí reaccionan. Para RTVE, ese cambio de actitud no es casual y forma parte de algo más grande.

El párrafo más duro de la carta de RTVE no está en los argumentos jurídicos, sino casi al final. La corporación acusa directamente a UTECA de difundir manifestaciones e imputaciones inexactas que pueden causarle “daños sustantivos”, y lo califica de “significada temeridad”, teniendo en cuenta que la asociación ya conoce los pronunciamientos del regulador. Luego va más lejos: “Somos conscientes de que estas actuaciones forman parte de una campaña que busca el descrédito de este servicio público”.

En términos legales, RTVE advierte de que lo que ha hecho UTECA podría ser considerado un acto de denigración —figura regulada en la ley de competencia desleal— y que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales. En la práctica, la cadena pública está amenazando con demandar a las televisiones privadas, que son las que habían amenazado con demandar a RTVE. El choque frontal está servido.

Para entender por qué esta disputa es tan intensa, hay que ver las cifras. RTVE pagó 55 millones de euros por los derechos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es una inversión enorme para una cadena que no tiene publicidad convencional. La única forma de recuperar parte de ese dinero es a través de los patrocinios que la ley le permite. Cuantos más anunciantes pueda atraer gracias al tirón del Mundial, más dinero recupera.

Para las televisiones privadas —Atresmedia y Mediaset son los grandes nombres detrás de UTECA—, cada euro que un anunciante destina a patrocinar el Mundial en RTVE es un euro que no va a sus canales. El mercado publicitario televisivo no crece: lleva años bajo presión por el avance de las plataformas digitales, y los grandes eventos deportivos son uno de los pocos contenidos que todavía garantizan audiencias masivas y, con ellas, tarifas publicitarias altas.

El Mundial es exactamente ese tipo de contenido. Que RTVE lo use para captar anunciantes —con el respaldo de los fondos públicos y las aportaciones obligatorias de los propios competidores— es algo que las privadas no están dispuestas a aceptar sin pelear.

La disputa entre RTVE y las televisiones comerciales sobre el reparto de la publicidad no nació con este Mundial. Es un conflicto estructural que viene de 2009, cuando el Gobierno de Zapatero retiró la publicidad convencional de los canales públicos a cambio de que las privadas aportaran una parte de sus ingresos para financiar RTVE. Ese pacto tenía una lógica: si las privadas pagan para que RTVE funcione sin publicidad, el mercado publicitario queda libre para ellas.

El problema es que la ley dejó abierta una puerta: RTVE puede seguir comercializando patrocinios. Y lo que está en discusión ahora mismo es exactamente qué tan ancha es esa puerta. Las privadas quieren que sea lo más estrecha posible. RTVE, respaldada por los pronunciamientos de la CNMC, sostiene que es mucho más amplia de lo que UTECA pretende.

Con la reguladora del lado de RTVE y los tribunales como única vía que le queda a UTECA, la cuestión ahora es si las televisiones privadas cumplirán su amenaza de llevar esto ante un juez sabiendo que no cuentan con el respaldo del organismo regulador. De momento, la guerra de comunicados ha terminado en empate técnico. Pero el Mundial empieza en junio, y el tiempo apremia.

Trump es "el alfa en todas y cada una de las salas, en todos y cada uno de los lugares, por todo el mundo". La frase es de Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) —el organismo que regula las ondas hertzianas en Estados Unidos y que, sobre el papel, es el árbitro imparcial de las licencias de televisión y radio— y la pronunció la semana pasada en uno de esos pódcast donde los poderosos se sienten cómodos y bajan la guardia.

Que el máximo regulador de las comunicaciones del país profese públicamente semejante devoción por el inquilino de la Casa Blanca es la clave de bóveda que explica todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el ecosistema mediático norteamericano.

Lo que se ha venido construyendo desde que comenzaron los bombardeos sobre Irán es una estrategia de presión sistemática, con múltiples frentes, que usa la guerra como detonador y como coartada para intentar disciplinar a las televisiones que no responden al gusto de la Casa Blanca. La mecánica es conocida en su estructura —la presión a los medios en tiempos de guerra tiene una historia larga—, pero su instrumentación concreta, a través del regulador, resulta inédita en Estados Unidos.

Carr ha ido explicitando durante los últimos meses una advertencia que mezcla la normativa con la política: la legislación obliga a las emisoras a operar en “interés público”, fórmula que el presidente de la FCC interpreta como alineamiento con el relato oficial sobre el conflicto. Bajo esa lectura, quienes no se ajusten a ese estándar pueden enfrentarse a procedimientos de no renovación o retirada de licencia, presentados por el propio Carr como un instrumento legítimo frente a medios que, según él, “engañan” al público sobre la guerra.

Las advertencias no se han producido en el vacío. Han llegado a rebufo de los ataques verbales de Donald Trump contra las principales cadenas por su cobertura de los bombardeos y las represalias iraníes. Trump ha acusado a varios medios de exagerar los daños a activos militares estadounidenses, de magnificar el coste humano y económico de la campaña y, en algunos casos, de actuar como correa de transmisión de Teherán. En algunas declaraciones ha llegado a sugerir que determinados enfoques informativos rozan la “traición” —un delito que en Estados Unidos puede acarrear la pena de muerte—.

Todo comenzó, formalmente, hace pocos días. Trump publicó en su red social, Truth Social, una diatriba contra The Wall Street Journal por su cobertura de un ataque iraní a aviones cisterna estadounidenses desplegados en la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudí. Según Trump, el titular era “intencionadamente engañoso” y el periodismo del diario, “terrible”. El presidente concedió que los cinco aviones habían resultado dañados, aunque “ninguno destruido”, una precisión que el diario en ningún momento había negado. Era, en suma, una queja sin base factual sólida. Pero bastó.

Tres horas después, Carr se sumó con entusiasmo a la queja del presidente advirtiendo a los radiodifusores de que “perderán sus licencias” si no “operan en el interés público”. En un post en X, escribió que los operadores que “difunden bulos y distorsiones informativas —también conocidas como noticias falsas— tienen ahora la oportunidad de corregir el rumbo antes de que lleguen sus renovaciones de licencia”.

El encadenamiento causa-efecto es difícil de disimular: el presidente se queja, el regulador amenaza. Trump celebró el movimiento en Truth Social ese mismo domingo por la noche, declarándose “encantado” de que Carr estuviera “revisando las licencias” de algunas “organizaciones de noticias altamente antipatrióticas”.

Aunque Carr suele evitar nombres concretos, sus mensajes han llegado inmediatamente después de piezas muy críticas emitidas por grandes cadenas sobre la destrucción de aviones cisterna, el alcance real de los ataques iraníes y la vulnerabilidad del tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz. Desde la Casa Blanca y el Pentágono se ha señalado en particular a CNN por reportajes que cuestionaban el triunfalismo oficial y ponían el foco en la capacidad de Irán para desestabilizar la región, una línea editorial que el entorno de Trump ha calificado de “derrotista” y “desinformadora”.

En este marco, la amenaza de las licencias funciona como aviso preventivo y como mecanismo disciplinario. O las cadenas "corrigen el rumbo" o se exponen a que el regulador active el arma administrativa de la no renovación. El resultado es una forma de presión estructural sobre el ecosistema audiovisual que subordina el derecho a emitir a la sintonía con lo que el Gobierno y la FCC deciden, en cada momento, que constituye el “interés público” en tiempos de guerra.

¿Tiene Carr poder real para ejecutar estas amenazas? Los expertos legales coinciden en que, técnicamente, muy poco. Las licencias de televisión ni siquiera se renuevan hasta finales de 2028, y cualquier acción gubernamental contra un licenciatario desencadenaría una batalla legal prolongada, en la que las cadenas probablemente invocarían el historial de declaraciones de Trump para montar un caso basado en la Primera Enmienda.

El abogado de causas de interés público Andrew Jay Schwartzman lo resumió en declaraciones a CNN: las amenazas de Carr carecen de base legal. La FCC no ha denegado una renovación de licencia en décadas. La comisionada demócrata Anna Gomez, la única voz discordante en la comisión, publicó en X que las amenazas “violan la Primera Enmienda y no llegarán a ningún lado”, urgiendo a los radiodifusores a seguir cubriendo las noticias “con fiereza e independencia”.

Pero aquí reside la trampa. Carr no necesita ejecutar la amenaza para que surta efecto. Los grupos de defensa de los medios han señalado que la presión busca precisamente que las empresas mediáticas se sometan y se autocensuren, logrando parte de su objetivo sin necesidad de acción gubernamental explícita. El arma real no es la revocación de licencias: es el miedo a la actuación regulatoria. El “verdadero martillo” de Carr, según Schwartzman, es la “amenaza implícita” de no conceder a los radiodifusores el alivio regulatorio que buscan en procesos como fusiones corporativas o aprobaciones de adquisiciones. Y ahí es donde el cuadro se vuelve más denso.

El caso de The Late Show with Stephen Colbert ya ilustra el mecanismo: CBS, propiedad de Paramount —la corporación que quiere hacerse con Warner— se negó a emitir una entrevista filmada con un candidato demócrata al Senado de Texas, temerosa de que la FCC alegara violaciones de la norma de igualdad de tiempo. Nadie ordenó a CBS que cortara esa entrevista. La cadena lo decidió sola, haciendo sus propios cálculos de riesgo regulatorio. Eso es exactamente lo que los analistas identifican en la estrategia en curso: un sistema en el que la amenaza es suficiente para alterar conductas editoriales sin dejar huella jurídica.

Mientras Carr agitaba el espectro de las licencias, la FCC aprobaba en paralelo la fusión entre Nexstar Media Group y Tegna por 6.200 millones de dólares. La entidad resultante controlaría 265 estaciones de televisión en 44 estados, alcanzando aproximadamente al 80% de los hogares estadounidenses. Trump no ha ocultado sus simpatías por la operación, afirmando públicamente que una Nexstar consolidada ayudaría a “noquear a las Noticias Falsas” de las cadenas nacionales.

Ocho fiscales generales estatales, liderados por Rob Bonta (California) y Letitia James (Nueva York), han presentado una demanda alegando que la fusión viola las leyes antimonopolio y una norma federal que limita la propiedad de medios al 39% de los hogares. Advierten de que la concentración redundará en aumento de tarifas para los consumidores y, sobre todo, en la erosión del periodismo local mediante el cierre de redacciones y despidos masivos.

La conexión entre este proceso y las amenazas sobre las licencias no es difícil de trazar. Si los propietarios de cadenas locales saben que la benevolencia regulatoria de la FCC puede influir en la aprobación de sus operaciones corporativas, el incentivo a la autocensura se vuelve económicamente calculable. En ese escenario, el 80% de la televisión local estadounidense podría ajustar sus informativos sin que nadie les haya ordenado formalmente hacerlo. La disciplina no vendría de un decreto, sino de la aritmética.

El tercer vértice de este triángulo añade una dimensión estructural que va más allá de la afinidad política coyuntural. El secretario de Defensa Pete Hegseth, durante su rueda de prensa del viernes sobre la guerra, señaló directamente a CNN, afirmando que “cuanto antes David Ellison se haga con esa cadena, mejor”. Era una declaración sin precedentes: un secretario de Defensa expresando públicamente su preferencia sobre quién debería ser el propietario de un medio de comunicación, y haciéndolo en el contexto de una guerra que ese mismo medio está cubriendo.

David Ellison, hijo del fundador de Oracle Larry Ellison —uno de los grandes donantes y aliados de Trump en el mundo tecnológico—, lidera Paramount-Skydance en su proceso de adquisición de Warner Bros. Discovery por 111.000 millones de dólares. Si la operación se cierra, Ellison controlará CNN, HBO y CBS News simultáneamente.

Lo que más preocupa a los analistas va más allá de la afinidad política. Larry Ellison es el fundador de Oracle, uno de los principales contratistas del Departamento de Defensa estadounidense, cuya infraestructura tecnológica gestiona datos críticos para operaciones militares. Si su hijo se hace con el control de CNN —la cadena que más cobertura dedica a los conflictos bélicos internacionales—, el mismo grupo empresarial que suministra tecnología al Ejército decidirá cómo se informa al público sobre las guerras que ese Ejército libra. Algunos analistas lo denominan ya el “complejo militar-tecnológico-mediático”: una concentración de poder informativo, económico y de seguridad nacional en manos de un mismo ecosistema de intereses.

Las señales del cambio editorial ya se perciben. Se han denunciado maniobras para instalar “monitores de sesgo” en las redacciones de cadenas afectadas y se han producido despidos o renuncias de productores veteranos que se negaron a orientar sus reportajes en una dirección determinada.

Hay más razones para temer lo peor. Bari Weiss, nombrada por Ellison editora jefa de CBS News en octubre de 2025, ha generado una crisis profunda en la credibilidad de la cadena al cancelar abruptamente un reportaje de 60 Minutes sobre deportaciones de venezolanos a la prisión CECOT de El Salvador, solo horas antes de su emisión en diciembre de 2025, exigiendo cambios como incluir determinadas voces y evitar términos como “migrantes”.

Esta decisión, calificada por la autora del reportaje, Sharyn Alfonsi, como “censura política” en una comunicación interna, provocó amenazas de dimisiones masivas, filtraciones y acusaciones de sumisión a presiones de la Casa Blanca de Trump, erosionando la reputación de independencia de CBS y 60 Minutes, hasta el año pasado un pilar del periodismo estadounidense.

No faltan motivos para que los más críticos vean en Weiss, fundadora de The Free Press, un portal de noticias "anti-woke", un giro derechista financiado por multimillonarios trumpistas como Ellison, dispuestos a sacrificar estándares éticos por favores políticos.

Tara Puckey, directora ejecutiva de la Radio Television Digital News Association, fue directa en su respuesta a Carr: "Seamos claros: lo que está describiendo es el control gubernamental de la prensa". Aunque, en realidad, ese control no necesita ser directo para ser eficaz. Los regímenes que han conseguido domesticar a los medios raramente comenzaron por la censura formal. Empezaron por crear un clima en el que los propios medios se censuraron. Se llama chilling effect, efecto amordazante: la autocensura que generan las amenazas, aunque jamás se ejecuten.

Carr ha prometido además impulsar políticas en la FCC para “reequilibrar” el panorama mediático, citando como ejemplo su Pledge America Campaign, que insta a las cadenas a emitir contenidos “pro-americanos” para conmemorar el 250 aniversario de la fundación del país. La definición de qué es “pro-americano”, en ese marco, recaería en el propio Gobierno.

La guerra con Irán ha dado a Trump el argumento del patriotismo, uno de los escudos más difíciles de perforar en la cultura política estadounidense. Quien cuestiona la cobertura oficial de un conflicto bélico puede ser presentado como antipatriótico, como alguien que da munición al enemigo o traiciona a los soldados en combate. Es, históricamente, un argumento de enorme eficacia para silenciar voces críticas sin necesidad de prohibirlas formalmente.

Las grandes asociaciones europeas de televisión han lanzado una advertencia formal a la Comisión Europea: los sistemas operativos de los smart tv o televisores conectados y los asistentes virtuales —cada vez más potenciados por inteligencia artificial generativa— están acumulando un poder creciente sobre el acceso a los contenidos audiovisuales sin estar sometidos a ninguna de las obligaciones que impone la regulación digital de la UE.

La declaración, dirigida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Teresa Ribera, llega en un momento clave: la Comisión Europea se encuentra en plena preparación de la próxima revisión de la ley de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la principal herramienta regulatoria de la UE para frenar los abusos de las grandes plataformas tecnológicas. El texto está suscrito por once organizaciones del sector, entre ellas la Asociación Europea de Servicios Comerciales de Televisión y Vídeo bajo Demanda (ACT), la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la española UTECA y la alemana VAUNET.

El documento pone el foco en la rápida concentración del mercado europeo de sistemas operativos para televisores conectados. Entre 2019 y 2024, aseguran, Android TV —propiedad de Google— ha pasado de una cuota del 16% al 23%. Amazon Fire OS ha escalado del 5% al 12%, impulsado por su modelo de dispositivos propios y licencias a fabricantes. Tizen, el sistema operativo de Samsung, se mantiene en torno al 24%. Tres operadores, en definitiva, controlan en la práctica la puerta de entrada a los contenidos audiovisuales de millones de hogares europeos.

Las asociaciones advierten de que esta concentración no es un dato estadístico neutro: implica que un número muy reducido de empresas tecnológicas tiene una capacidad “cada vez mayor” para decidir qué ven los usuarios, con qué facilidad acceden a determinados servicios y qué aplicaciones aparecen destacadas en la pantalla de inicio. Los smart tv, subrayan, actúan como intermediarios centrales entre los proveedores de contenidos y los ciudadanos, y pueden distorsionar esa relación mediante decisiones técnicas, contractuales o de diseño de interfaz.

El riesgo más inmediato, según los firmantes, es el de las llamadas prácticas de cierre: los proveedores de sistemas operativos tienen incentivos para mantener a los usuarios dentro de su propio ecosistema, lo que puede traducirse en restricciones técnicas o contractuales que dificulten la navegación entre aplicaciones de distintos medios, obstaculicen plataformas agregadoras de recomendaciones o limiten la interoperabilidad entre servicios.

La segunda gran preocupación de los radiodifusores son los asistentes virtuales. La DMA los contempla explícitamente como una de las categorías de servicios de plataforma que pueden ser designados como “guardianes de acceso” —la figura que obliga a las grandes tecnológicas a cumplir con requisitos de transparencia, no discriminación y acceso justo—, pero ningún asistente virtual ha recibido esa designación hasta la fecha.

Las asociaciones describen un escenario de despliegue acelerado: asistentes reforzados por IA generativa, chatbots y agentes autónomos que ocupan ya posiciones privilegiadas en teléfonos, altavoces inteligentes y sistemas de infoentretenimiento en vehículos. La ausencia de regulación efectiva crea, a su juicio, un vacío que permite a estos sistemas convertirse de facto en guardianes del acceso al contenido multimedia sin asumir ninguna de las obligaciones que la ley exige a otros intermediarios digitales equivalentes.

La explicación de este vacío, según los firmantes, tiene varias capas. Para que la DMA se aplique a un asistente de inteligencia artificial, el sistema debe superar unos umbrales de uso que las televisiones europeas consideran excesivamente restrictivos, lo que deja fuera a plataformas con un peso real considerable en el mercado. A eso se suma que la ley tiende a subestimar la influencia efectiva de estos sistemas sobre empresas y ciudadanos, tratando como actor secundario lo que en la práctica funciona como una puerta de entrada central a la información y los servicios.

Pero el problema más de fondo es otro: la DMA solo reconoce como “usuario empresarial” de un asistente virtual a quien haya desarrollado una aplicación o funcionalidad específica integrada en él. Esto excluye a medios de comunicación, comercios y empresas de todo tipo que dependen de estos sistemas para llegar a su audiencia, pero que nunca han construido ninguna integración técnica directa con ellos. Un periódico cuyos contenidos aparecen —o dejan de aparecer— en las respuestas de un asistente no tendría, bajo esta definición, ningún derecho reconocido por la ley.

Las asociaciones advierten de que esta interpretación tiene una consecuencia especialmente grave: en la práctica, otorga a los propios proveedores de los asistentes el poder de decidir quién queda dentro o fuera del marco regulatorio, simplemente modificando cómo diseñan su sistema de interoperabilidad con terceros. Dicho de otro modo, las empresas reguladas pueden rediseñar las reglas técnicas para esquivar la regulación, sin que la ley tenga hoy instrumentos para impedirlo.

El tono final de la carta es de urgencia. Los radiodifusores recuerdan que la experiencia en otros mercados digitales muestra que, una vez que los intermediarios consolidan prácticas de cierre y los usuarios se acostumbran a entornos sesgados, resulta “extremadamente difícil” restaurar la competencia efectiva. El momento actual, insisten, es una “oportunidad única” para intervenir antes de que se repita ese patrón en el sector audiovisual.

Las demandas concretas que trasladan a Bruselas son tres. Primero, que se designe como guardianes de acceso a los principales proveedores de sistemas operativos de televisores conectados y de asistentes virtuales. Segundo, que si alguno de ellos no alcanzara los umbrales cuantitativos actuales, se abra una investigación de mercado basada en los umbrales cualitativos previstos en el artículo 3(8) de la DMA para evaluar su poder efectivo. Y tercero, que se revise la definición de “usuarios comerciales” vinculada a los asistentes virtuales para que abarque a todas las empresas que dependen de estas plataformas para llegar a su audiencia.

Las once organizaciones firmantes se declaran dispuestas a aportar datos, análisis y experiencia técnica a la Comisión, y solicitan una reunión para debatir los próximos pasos. Con este esfuerzo coordinado, la radiodifusión europea —pública y comercial— intenta influir en el rediseño de la regulación digital de la UE en un momento en que la inteligencia artificial está reconfigurando quién controla el acceso a la información y el entretenimiento.

La ofensiva abierta por el actual Consejo de Informativos de TVE (CdI) contra algunas decisiones del presidente de la corporación, José Pablo López, en particular su cuestionamiento de dos de los programas de infoentretenimiento en los que se está apoyando la recuperación de audiencias de la cadena —Mañaneros 360 y Malas Lenguas— ha derivado en un enfrentamiento que amenaza el buen momento que vive una redacción atrapada en el fuego cruzado entre ambos bandos. Y que cada vez se ve más presionada para tomar partido en un asunto en el que, según las fuentes consultadas por infoLibre, abundan las zonas grises.

Más allá de las consignas, los periodistas con historia en TVE, muchos de los cuales vivieron desde dentro el sometimiento de la radio y la televisión pública al PP de Mariano Rajoy durante el mandato de José Antonio Sánchez, no se casan con el diagnóstico feroz con el que el CdI trata de descalificar estos programas, pero tampoco con la furibunda reacción del presidente y del Consejo de Administración, que han fijado mediados del mes de marzo como límite para que se haga pública una rectificación bajo la amenaza de emprender acciones legales contra los representantes de los periodistas y técnicos de los que dependen los informativos de la casa. Una rectificación que la dirección de TVE asegura focalizar en un asunto muy concreto: la acusación de que “RTVE tiene altavoces que difunden mensajes de odio”.

En contra del retrato simplista que algunos medios han hecho de él como un peón de la derecha, fuentes consultadas por este diario describen a Óscar Nieto, el actual presidente del CdI, como un profesional vinculado sindicalmente a Comisiones Obreras, una organización que siempre ha sido muy combativa con los presidentes de RTVE. Aunque, en reralidad, la elección de los miembros del CdI se hace de manera individual, en candidaturas personales que no representan a ninguna organización.

Es verdad, admiten las mismas fuentes, que las elecciones al Consejo de Informativos han ido perdiendo interés por parte de los llamados a votar (periodistas, técnicos y profesionales de la redacción). Y que cada vez hay menos personas dispuestas a asumir el coste personal y profesional de defender la independencia de los servicios informativos, lo que ha reducido el peso de los periodistas con más experiencia, los que recuerdan en primera persona las épocas en las que los informativos estaban sometidos al poder político.

El Consejo de Informativos, preguntado al respecto por infoLibre, asegura haber recibido la reacción de los actuales responsables de la corporación “con sorpresa”. “No hay precedentes en los 18 años de existencia de los Consejos de informativos de RTVE”, aseguran.

De momento, el CdI no quiere pronunciarse acerca del plazo que les han puesto para rectificar porque “está estudiando el escrito recibido y le dará respuesta cuando pueda, porque es un órgano colegiado”. Tampoco han decidido si va a llamar a la movilización de los periodistas de la cadena.

Entretanto, no van a responder a su contenido ni a las críticas de los medios que les acusan de politización, toda vez que su único objetivo, subrayan, “es garantizar la independencia de RTVE”.

Es aquí donde muchos se muestran críticos con el CdI: en el coste que sus pronunciamientos están teniendo para la reputación de los telediarios y los programas informativos que sí son elaborados por el personal de la casa.

Preocupa "la imagen que se está construyendo contra Televisión Española desde algunos medios, los más de derechas y conservadores". En la época en la que "la manipulación era brutal en los telediarios, no decían nada. Y ahora, si coges cualquier telediario al azar de los últimos dos años —desde los matinales hasta el cierre de noche— no hay color con lo que había antes", lamenta un periodista de TVE que prefiere no revelar su nombre.

Muchos en la redacción viven esta situación con pesar, sobre todo porque coincide con un momento en el que los informativos mejoran semana a semana en términos de audiencia e incluso han sido capaces de ganarse el liderazgo en eventos especiales, precisamente cuando la demanda de información es mayor.

"Comparado con lo que había hace nueve años, la diferencia es abismal". Quien hace esta afirmación rememora casos sonados de noticias censuradas y de redactores que recibían directamente el argumentario del PP para construir las piezas que después iba a emitir el telediario. "Ahora no hay ni una pega", subraya.

Fuentes conocedoras de la atmósfera que se respira estos días entre los trabajadores de RTVE aseguran que, aunque es verdad que el CdI pudo cometer hasta "errores de bulto" en su informe sobre Mañaneros 360 y Malas Lenguas, "la dirección también se equivoca al entrar en enfrentamiento con ellos", porque con independencia de la opinión que merezca el trabajo que está haciendo, sigue siendo el órgano que representa a los que tienen la responsabilidad de elaborar la informaicón que después llega a los ciudadanos.

Eso sin contar con el hecho de que, incluso quienes son críticos con la beligerancia del CdI, en particular en estos momentos, admiten que estos dos programas "están algo sesgados y a veces se pasan un poco". Pero también es verdad, añaden, "que están teniendo una audiencia enorme y parece que desde el Consejo de Informativos se está haciendo un juego sucio a unas empresas que están cosechando muy buenos datos".

Los que sostienen esta opinión lamentan además que los elementos criticables de estos programas estén siendo utilizados por determinados medios, afines a la derecha, que nunca denunciaron "la manipulación y la censura grosera" de la época del PP, para hacer "una enmienda a la totalidad de unos informativos" que la mayoría de los trabajadores considera "impecables".

El conflicto, además, no se basa solo en el supuesto sesgo, mayor o menor, de esos programas, sino que se alimenta de un asunto que desde hace décadas genera tensiones entre la presidencia de RTVE y sus empleados: la externalización de la producción. Un frente de batalla que, en realidad, es más del Comité de Empresa que del Consejo de Informativos, porque tiene que ver con lo laboral y no con los contenidos, que son los únicos acerca de los cuales tiene competencias el CdI.

Al final del día, en la redacción de informativos de RTVE lo que más molesta, según las mismas fuentes, es "que se utilice un informe sesgado del Consejo de Informativos para manchar el producto informativo de Televisión Española". En particular "en un momento en el que nos va muy bien de audiencia y en el que los datos de los informativos son impecables". Nada de lo que se está denunciando, insisten, aunque fuese en su totalidad cierto, sería "comparable con lo que había antes".

El pasado 2 de diciembre de 2025, cuando el presidente del Consejo de Informativos (CdI) de TVE, Óscar Nieto, tomó la palabra por videoconferencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se produjo una paradoja.

La sesión había sido convocada para revisar una petición sobre "la independencia, neutralidad y pluralidad de RTVE" registrada en 2017, ocho años antes, cuando en España gobernaba el PP y al frente de la radiotelevisión pública estaba José Antonio Sánchez, hoy cabeza visible de la independiente Telemadrid y entonces orgulloso votante del PP.

El salto temporal —hoy RTVE la preside José Pablo López, al que Ayuso puso en la calle para acabar con el periodo de mayor prestigio e independencia de la historia de la tele pública madrileña— no fue sin obstáculos, porque la situación ha cambiado mucho. Pero Nieto no desaprovechó la oportunidad que le brindaba una iniciativa que había permanecido dormida en Estrasburgo durante casi una década para asegurar que el problema de RTVE "sigue vigente", dando a entender que la situación de sometimiento y control político de entonces es equiparable a la de hoy. Aunque las evidencias puestas sobre la mesa y, sobre todo, las denuncias a cara descubierta, sean incomparables.

El presidente del CdI, eso sí, explicó a los eurodiputados que "RTVE ha vivido malas épocas bajo distintos Gobiernos, del PSOE y del PP”. Y que, con el cambio de ley de 2024 —el que desbloqueó la gobernanza de los medios públicos devolviendo el control a la mayoría absoluta del Congreso, un modelo incompatible con el vigente Reglamento Europeo de Libertad de Medios, EMFA por sus siglas en inglés—, "hubo protestas de los trabajadores y del Consejo de Informativos por considerar que supuso un ataque a la independencia, la neutralidad y el pluralismo".

La base de la acusación pública del CdI tiene que ver más con la externalización de determinados programas y su praxis profesional que con denuncias concretas sobre consignas dirigidas a los periodistas de RTVE. En el punto de mira, programas como Mañaneros 360, Malas Lenguas o Directo al grano, que el CdI considera informativos —lo que impediría su externalización—, pero que la actual presidencia de la corporación califica de "programas de actualidad", lo que le permite echar mano de productoras privadas.

Nieto denunció también los ataques que reciben los periodistas de RTVE y, aunque no los citó por su nombre, también aludió a las reiteradas amenazas de Vox de disolver la corporación y entrar en ella "con lanzallamas y motosierras".

Para entender el alcance del conflicto es imprescindible comprender qué es el Consejo de Informativos. Nacido al amparo de la Ley 17/2006, que refundó RTVE como corporación pública, es el órgano elegido por los propios periodistas, técnicos y profesionales de la televisión para velar por la independencia, la neutralidad y el pluralismo de los contenidos informativos.

Sin capacidad sancionadora directa, sí tiene poder de denuncia, de investigación interna y de presión institucional. Y a lo largo de su historia ha actuado como contrapeso frente a Gobiernos de distinto signo: lo hizo contra los excesos del PP durante la etapa Rajoy, y lo hace ahora —según sus propios miembros— frente a lo que consideran una deriva análoga bajo el Gobierno de coalición.

En su versión actual, el CdI se constituyó el 4 de abril de 2025. Óscar Nieto, camarógrafo de profesión y, según algunas fuentes, próximo a Comisiones Obreras, fue elegido presidente y su mandato expira en abril del año que viene, a las puertas de lo que se avecina como una durísima campaña electoral en la que el papel de los medios públicos será juzgado con lupa. El CdI no respondió a las peticiones de información que le ha hecho llegar infoLibre en los últimos días para conocer, entre otras cosas, la composición completa de este órgano de representaciñón profesional.

Sus críticos han señalado que la participación en la elección que llevó a Nieto a la presidencia rondó el 40% del censo, lo que situaría su respaldo directo en torno al 14% del total de la plantilla con derecho a voto. Un argumento esgrimido con frecuencia para cuestionar la legitimidad representativa del órgano, pero que apenas se sostiene si se compara con elecciones anteriores. Es verdad que ha descendido la participación, pero no tanto como para cuestionar la legitimidad del Consejo.

Es el historial combativo del CdI lo que alimenta las críticas de quienes celebran los nuevos programas y no observan —o minimizan— los sesgos políticos en sus contenidos. Porque el nuevo Consejo no tardó ni un mes en hacer su primera gran jugada. El acta constitutiva del 4 de abril de 2025 incluía ya el anuncio de una investigación interna sobre el documental 7291, emitido el 13 de marzo en La 2 y Canal 24 Horas. El documental abordaba las muertes en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

Las preguntas que el Consejo trasladó a la dirección eran de calado editorial, pero muchos vieron en ellas una equidistancia incompatible con la gravedad de lo ocurrido en las residencias bajo la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso: ¿por qué se programó un "especial" para una producción externa? ¿Por qué el foco geográfico se limitó exclusivamente a Madrid y a un periodo concreto? ¿Cumplía el tratamiento los criterios de equilibrio territorial y proporcionalidad que exige el manual de estilo de RTVE? El CdI pretendía poner sobre la mesa, desde el primer momento, el debate sobre la externalización de contenidos informativos y la posible influencia de la agenda política en las decisiones de programación.

El caso 7291 fue también la primera chispa de la guerra política en torno al Consejo. Medios y voces afines al Gobierno señalaron que la investigación respondía a una lectura sesgada de la realidad: que cuestionar un documental sobre las muertes en residencias madrileñas durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso era, en sí mismo, un acto de alineamiento con la derecha. El Consejo rechazó esa lectura y defendió que su función es velar por los criterios editoriales con independencia del color político del contenido cuestionado.

Pero el verdadero campo de batalla del mandato está siendo, sin embargo, la externalización de programas de actualidad política, parte sustancial de la mejora sin precedentes en cuotas de audiencia que acompaña a RTVE desde hace meses. Un asunto que, en rigor, es más competencia del Comité de Empresa que del CdI.

La dirección de RTVE, con José Pablo López al frente, apostó por una parrilla que incluía espacios de infoentretenimiento producidos por empresas externas: Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz y Adela González; Malas lenguas, conducido por Jesús Cintora; y Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró.

El Consejo de Informativos ha hecho del combate a estos programas una prioridad. El argumento central es editorial y laboral: que esos formatos no solo profundizan en la subcontratación de la producción, sino que externalizan también la agenda informativa, delegando en productoras privadas el control sobre qué se discute y desde qué ángulo se presenta en la televisión pública.

Durante ese periodo, el Consejo también impulsó la vuelta simbólica a los "viernes negros", la protesta por la que los trabajadores se visten de ese color para expresar su malestar con la gestión editorial, aunque de momento con alcance poco más que testimonial. Y denunció que la dirección había puesto trabas a la realización de una encuesta interna sobre el estado de ánimo de la plantilla respecto a esos programas de actualidad, algo que la corporación ha desmentido argumentando que lo único que hizo fue proteger los datos de los trabajadores, no impedir la encuesta.

La tensión ha acabado tomando color político. PP y Vox mantienen una batalla frontal contra el actual presidente de RTVE, intensificada desde que la audiencia sonríe a la nueva programación y amenaza la hegemonía de sus aliados audiovisuales privados, en particular Antena 3. Y algunos medios alineados con la izquierda han hecho de la caracterización del CdI como un organismo dominado por afines a la derecha su principal argumento para tratar de desautorizar las protestas que formula en nombre de los trabajadores de RTVE.

En las últimas semanas, el enfrentamiento ha alcanzado una dimensión sin precedentes. Tras recibir más de un centenar de quejas internas y actuar también de oficio, el Consejo hizo público un extenso análisis sobre Mañaneros 360 y Malas lenguas en el que concluía que ambos programas incumplían de forma habitual y grave el Manual de Estilo de RTVE. Los cargos concretos: tratamiento sesgado de la actualidad, selección de tertulianos que proyecta una visión política determinada y confusión sistemática entre opinión e información, presentando la primera con apariencia de la segunda.

El informe subrayaba también la responsabilidad institucional de RTVE por avalar con su marca y sus infraestructuras formatos que delegan el control de la agenda política en productoras externas y en sus propios criterios editoriales. Era, en definitiva, la acusación más articulada que el Consejo había lanzado hasta ese momento.

La réplica de la corporación, a través del consejo de administración, fue contundente. No solo desmontó, una a una, las acusaciones del CdI, sino que, en defensa de la reputación de RTVE, amenazó a los representantes de los trabajadores con llevarlos a los tribunales si no rectificaban públicamente el informe en el que cuestionaron los programas de La 1. El plazo para que presenten esa rectificación acaba a mediados de marzo, cuando se celebre la próxima reunión del Consejo de Administración.

La batalla interna está teniendo lugar en un momento extremadamente delicado, en el que las audiencias de la televisión en abierto —privadas y públicas— no dejan de caer, en el que los partidos políticos españoles —a izquierda y derecha— se niegan a abrir el debate sobre la regulación de la independencia en los términos que mandata la EMFA, y a las puertas de una campaña electoral decisiva.

La participación femenina en la recién culminada 40ª edición de los Premios Goya ha dado mucho que hablar. Para empezar, ha habido un notable incremento en la presencia de mujeres entre las nominaciones, hasta alcanzar el 38%: 90 mujeres frente a 146 hombres. Además, la película de Alauda Ruiz de Azúa, Los domingos, se ha convertido en la niña bonita de la edición, obteniendo hasta cinco premios, entre ellos el de Mejor Dirección. Así, la directora vizcaína se ha convertido en la cuarta mujer en toda la historia de los Premios Goya en alzarse con este galardón. Por otro lado, Sirat ha conseguido –entre otros– el premio a Mejor Sonido, con un equipo íntegramente femenino que, además, está nominado al Oscar en la misma categoría.

La directora de fotografía Teresa Medina, conocida por haber trabajado en proyectos como Cosas que nunca te dije, de Isabel Coixet, y en la primera temporada de Las chicas Gilmore, reconoce el beneficio que supone para las cineastas ganar premios de prestigio: “Da prestigio, visibilidad. Y es que las mujeres lo necesitamos para que confíen en nuestro trabajo y nos den proyectos con mayor presupuesto”.

La guionista Marina Parés, galardonada con el Goya a Mejor Guion Adaptado en 2021, pincha la burbuja triunfal para expresar, con temor, que los casos de éxito se podrían tomar como representativos y dar por hecho que la situación está ya equilibrada. “Incluso parece que las mujeres tienen más presencia, pero la realidad es que no es así”, advierte.

Porque, aunque la foto fija invita al optimismo, los algoritmos siguen siendo los mismos. En la mayoría de categorías, de cinco nominados, dos son mujeres. En Dirección de Fotografía, uno de los departamentos más masculinizados del cine, solo ha habido una mujer nominada, al igual que en Montaje. En Dirección de Arte, únicamente una mujer ha obtenido el galardón en toda su historia. Muy distinto a lo que Medina denomina “las tipificadas”: Mejor Diseño de Vestuario y Maquillaje, donde las nominaciones suelen estar copadas por mujeres.

La expresidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu, asegura que el incremento de mujeres “no está consolidado”. Atribuye esta tendencia a las cuotas de género en las ayudas públicas al cine, que han permitido “dar una oportunidad a las cineastas para demostrar que sí tienen talento”. Sin ellas, sostiene, difícilmente habrían tenido ese espacio. “Sin las cuotas no habría mujeres en el audiovisual, de la misma forma que no las habría en el Congreso si no existieran mecanismos de corrección”, afirma.

El objetivo, explica, es seguir utilizándolas hasta que, en un futuro, los proyectos liderados por mujeres hayan demostrado su valía y dejen de ser necesarias.

Vanessa Marimbert, montadora de El buen patrón y de uno de los filmes presentes en esta edición, La cena, confiesa la contradicción que siente ante las cuotas: “Yo no quiero que me llamen por ser mujer, sino porque soy buena profesional, y quiero verlo en las miradas de mis compañeros”.

Las profesionales coinciden en que el triunfo femenino en la última edición de los Goya es apenas el fotograma de un largometraje todavía pesado.

“Lo que necesitamos es conseguir el poder, ese que apenas tenemos en casi ningún estamento”, sentencia Andreu. “Me gusta decir la palabra poder porque, cuando lo dicen los hombres, no suena tan mal como cuando lo decimos nosotras”. Confía en que, con un poder equilibrado entre hombres y mujeres, habría más igualdad y menos violencia.

La industria del cine es tradicionalmente masculina, construida por hombres y para hombres. Marina Parés explica que, cuando el productor es un hombre, el equipo suele estar masculinizado y la presencia femenina ronda el 33%. Como en tantas otras industrias, los puestos de decisión siguen ocupados mayoritariamente por hombres, y eso se traduce en equipos donde la diversidad es aún la excepción.

Las profesionales con las que ha contactado infoLibre coinciden en haber vivido situaciones de hostilidad, especialmente en sus inicios. Cristina Andreu relata que, cuando empezó en los rodajes, a menudo era la única mujer y que llegó a ser tratada “como una minusválida” por el hecho de serlo. Sus compañeros se sentían con derecho al paternalismo, a hablar por ella. “Para no ser pisadas, las mujeres acabamos construyendo una personalidad muy fuerte, aunque sea fingida, y eso provoca un desgaste terrible”.

Desde la escritura, Marina Parés admite haberse sentido incomprendida: “En un equipo repleto de hombres, cuando presento mi manera de entender el mundo, a veces se desecha. Hemos tenido experiencias de vida distintas y mi mirada no les parece pertinente. Si el equipo fuera mayoritariamente femenino, quizá sería diferente. Pero no lo es”.

Vanessa Marimbert también recuerda experiencias que “te hacen sentir pequeña”: “He dado opiniones en salas de mezcla y nadie se ha girado siquiera a escucharme”. Hoy cuenta que ya no le ocurre. Pero ocurrió.

Todo ello desemboca en lo que Teresa Medina denomina el “complejo de la impostora”: no sentirse suficientemente válida, tanto por esas situaciones concretas como por “tantos años de educación y sistema que pesan sobre las mujeres”.

La universalidad masculina en el cine también se refleja en la jerarquización de los relatos. Como critican las entrevistadas, el cine dirigido por mujeres ha comenzado a etiquetarse como “cine de mujeres”, como si fuera un género aparte. “¿Qué tiene que ver una película de Alauda Ruiz de Azúa con una de Pilar Palomero? ¿Que están protagonizadas por mujeres? ¿Que cuentan relatos de mujeres? También lo hacen las películas dirigidas por hombres”, señala Parés, evidenciando lo absurdo de esa categoría.

"Si no hay voluntad, la igualdad no llega sola”, sentencia Cristina Andreu sobre la pobre financiación privada que reciben los proyectos liderados por mujeres. Los datos recientes confirman que la situación sigue siendo desigual, aunque con excepciones. Según el último informe de CIMA, de 2024, RTVE apoyó un total de 53 largometrajes, de los cuales un 38% fueron dirigidos y guionizados por mujeres. Atresmedia Cine financió 13 proyectos, con un 31% de dirección femenina, mientras que Telecinco Cinema se mantuvo rezagada: de cuatro largometrajes apoyados, solo un 33% fueron dirigidos por mujeres y ninguno guionizado por ellas. Entre las plataformas de streaming, Movistar+ lidera el respaldo a cine español dirigido por mujeres con un 34% de 29 producciones, seguida de Netflix (22% de 8 producciones) y Amazon Prime Video (13% de 8 producciones).

Si algo empieza a cambiar —aunque todavía con timidez— es el lugar que ocupan los relatos protagonizados y pensados por mujeres. No se trata solo de contar más historias, sino de contarlas de otra manera. De ampliar el encuadre.

La montadora Vanessa Marimbert lo percibe en su propio oficio. “Somos diferentes, y eso se nota en la sensibilidad”, afirma. Cada vez más, en equipos de montaje de series, se busca deliberadamente una composición mixta: “Nos dicen que quieren hombres y mujeres para tener las dos visiones”. Esa voluntad de equilibrio, explica, empieza a formar parte consciente del proceso creativo.

En el montaje, la mirada lo es todo. “Un montador trabaja sobre el material, y su sensibilidad condiciona cómo va a elegirlo”. No se trata de trazar una línea rígida entre lo femenino y lo masculino —ella misma reconoce que coincide en muchas decisiones con compañeros hombres—, pero sí de admitir que la experiencia influye en cómo se interpreta una escena, en "qué elemento se subraya y cuál se descarta".

La guionista Marina Parés también aprecia esa evolución. “Ahora hay muchas más mujeres que protagonizan el relato. Inevitablemente, al tener un personaje que lidere la historia, tienes más espacio para explorarlo, para darle más ambigüedad o más complejidad”.

Parés señala además un cambio en la escritura colectiva: “Cuando empiezas a trabajar en cualquier equipo de guionistas, sea de hombres o de mujeres, una de las primeras preocupaciones es cómo abordar personajes fuera del estereotipo, y sobre todo un personaje femenino”. Aunque los clichés no han desaparecido —esa pareja del protagonista que solo existe para sostenerle emocionalmente sigue asomando en algunas ficciones—, cada vez generan más incomodidad. “Como espectadores, cuando vemos personajes así, muchas veces los cuestionamos ya de manera natural”. Y eso, subraya, ya es un avance cultural.

Pero para Cristina Andreu la cuestión va más allá de la representación: tiene que ver con la mirada. “No digo que sea mejor ni peor, pero las mujeres miran lo que ocurre en la sociedad de manera diferente”. Esa diferencia no nace de una esencia, sino de la experiencia de vivir en una sociedad patriarcal. “Toda esa mirada se tiene que contar para conseguir una sociedad mejor para todos y para todas. No solamente para las mujeres, sino para que podamos relacionarnos mejor, que nos conozcamos”.

Antena 3 se mantiene como la cadena líder de audiencia en febrero, con un 13% de cuota de pantalla por decimoctavo mes consecutivo, mientras que La 1, cada vez más cerca, alcanza un 12,3% con su mejor febrero de los últimos catorce años, según el informe mensual de la consultora Barlovento Comunicación, que recoge EFE.

Tanto Antena 3 como La 1 han aumentado su cuota de pantalla respecto al mes anterior, aunque el mayor crecimiento lo ha experimentado la cadena pública, con una subida de 1,8 puntos, frente a las dos décimas de la privada, según el informe realizado a partir de las datos de la empresa Kantar.

En tercer lugar se sitúa el grupo de las televisiones autonómicas, con un 9,1% de la cuota al subir seis décimas respecto a enero; el cuarto puesto es para Telecinco, que disminuye nueve décimas y logra un 8,7%; el quinto lo ocupa Cuatro, que crece una décima hasta el 6,1%, mientras que La Sexta baja cinco décimas y ocupa el sexto lugar con un 6,1%.

Los informativos diarios de Antena 3 son los más vistos en España con 2.125.000 de audiencia media y 19,5% de cuota de pantalla, en el promedio de las ediciones de sobremesa y noche de lunes a domingo por 6 años y 2 mes consecutivos.

La emisión más vista corresponde al partido de fútbol de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona (emitido en La 1 el pasado 12 de febrero) con 3.699.000 de audiencia media y un 26,7% de cuota de pantalla. En este mismo encuentro también se produjo el minuto de oro del mes con una audiencia de 4.402.000 espectadores.

Con un 15,1% de cuota de pantalla, TV3 encabeza el ránking de las cadenas autonómicas, seguida de Aragón TV (12,8%), con el mejor febrero de la historia, y Canal Sur, con un 10,5%.

El conjunto de temáticas de pago consiguieron el 11,8% de cuota de cuota de pantalla y el número de espectadores fue de 21.119.000 siendo las más vista DAZN LaLiga (0,5%), LaLiga TV por Movistar Plus+ (0,5%) y Eurosport (0,3%). 

En febrero se registraron 43,4 millones de espectadores únicos acumulados, lo que representa el 91,2% de la población de España, según detalla el informe, que subraya que 27,9 millones de españoles ven cada día la televisión tradicional al menos un minuto, es decir, el 58,7% de la población.

Por otro lado, se detectaron 4.187.0000 telefóbicos, es decir, españoles que no han visto en ningún momento la televisión, esto supone el 8,8% de la población de España.

El tiempo de consumo de televisión tradicional por espectador al día se mantiene respecto al año pasado y se sitúa en 290 minutos. Sin embargo, el tiempo del consumo híbrido -otros consumos audiovisuales- es de 187 minutos, seis minutos más con respecto a febrero de 2025. La audiencia exclusiva diaria de esta modalidad de consumo en la que las personas usan el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional es de 3.585.000 espectadores.

Esta modalidad de consumo representa el 26% del total del uso del televisor en España y se compone de Internet (servicios de streaming), con 53 minutos; Play (reproducciones de contenidos grabados), con 4 minutos; y otros en los que tienen cabida videojuegos y radio con 2 minutos.

El tiempo total de uso del televisor, tradicional más híbrido, es de 345 minutos por espectador al día, tres minutos más que el mismo mes del año anterior. Los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión son: por sexos, las mujeres 181 minutos y, por cortes de edad, las personas de 64 a 74 años lo hacen 339 minutos, mientras que los mayores de 74 años alcanzan hasta los 369 minutos.

Ocho argumentos numerados, una petición de rectificación y una pregunta que recorre todo el texto como una corriente de fondo: ¿puede un órgano institucional acusar de delitos de odio, sesgo sistemático y mala praxis a periodistas concretos a partir del análisis del 3% de su producción? 

La respuesta que la corporación pública ha dado este martes es un ‘no’ rotundo. El consejo de administración de RTVE (su máximo órgano de gobierno) ha aprobado por mayoría absoluta —con los votos del bloque de investidura y el rechazo de los consejeros propuestos por el PP— adherirse a un documento elaborado por la dirección de TVE que rebate de forma pormenorizada el informe que el Consejo de Informativos (CDI) publicó el pasado 13 de enero contra Mañaneros 360 y Malas Lenguas, e insta al CDI a rectificar.

El conflicto viene de lejos. En mayo de 2025, el Consejo de Informativos anunció que abría una investigación de oficio sobre los dos programas de actualidad —producidos en colaboración con empresas externas— tras recibir supuestamente más de cien quejas internas. Ocho meses después, publicó un informe de 144 páginas en el que concluía que ambos espacios “incumplen, de forma habitual y reiterada, las normas fundamentales para la elaboración de información“ en RTVE. 

Las acusaciones eran de calado: sesgo sistemático a favor del Gobierno y del PSOE, difusión de noticias falsas, responsabilidad editorial opaca, uso ilegítimo de la marca VerificaRTVE y —la más grave— emisión de contenidos que podían constituir “mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad“. El informe fue remitido a más de mil personas de la plantilla de TVE y obtuvo una amplia repercusión mediática, además de dar lugar a encendidas intervenciones en la comisión del control del Congreso.

La réplica de la corporación ha tardado un mes en llegar y su tono es inusualmente contundente para un texto institucional. El documento aprobado este martes identifica ocho “hechos verificables” que, a juicio de la dirección, refutan las conclusiones del CDI. 

El primero y más estructural afecta a la metodología: el Consejo de Informativos analizó apenas 13 programas de un universo de más de 400 emisiones, es decir, aproximadamente el 3% del total. “Un análisis basado en 13 observaciones no permite, según los estándares metodológicos de la investigación social, realizar inferencias válidas ni generalizar resultados”, afirma el texto. Con ese tamaño muestral, y sin acreditar criterios de selección aleatoria, sistema de codificación replicable ni control de sesgos, la dirección de RTVE considera “improcedente” presentar como habitual o reiterada una supuesta mala praxis y, más aún, trasladarla como un “identificativo de la Corporación”.

Pero es en el segundo punto donde el documento eleva la apuesta. La frase del informe del CDI que aseguraba que “es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad” recibe una respuesta que va más allá de la discrepancia editorial para adentrarse en el terreno jurídico. 

La corporación subraya que “mensajes de odio” no es una etiqueta retórica ni un adjetivo intercambiable; es un concepto con carga jurídica y social, estrechamente vinculado a conductas que el ordenamiento sanciona y que, en determinados supuestos, pueden constituir delito”. Imputar a RTVE que “sirve de altavoz”, argumenta el texto, no equivale a reprochar un enfoque periodístico discutible, sino a atribuir a la corporación “una actuación activa de amplificación o legitimación de discursos de odio”. Una acusación de esa naturaleza, concluye, exige una prueba que el informe del CDI nunca aporta.

El tercer punto desmonta lo que la dirección califica de falsedad “objetiva y documental”. El informe del Consejo de Informativos afirmaba en dos pasajes distintos que no le había sido posible identificar a los “verdaderos responsables editoriales” de los programas. 

Sin embargo, en el propio cuerpo del documento figura una respuesta escrita de la directora de Magacines de TVE en la que se identifica expresamente el marco de responsabilidad editorial: “La línea editorial la marca la Dirección de Magacines y la dirección de TVE y en cada programa hay personas de RTVE en el equipo de dirección que trabajan diariamente en la escaleta y la selección de contenidos”. El adjetivo “verdaderos”, utilizado por el CDI, no matiza nada, sostiene la réplica: directamente convierte una afirmación desmontada por la propia documentación del informe en una insinuación de opacidad.

El documento también confronta al Consejo de Informativos con lo que denomina su “doble rasero”. El CDI ha sostenido de forma reiterada que los especiales informativos deben recaer en los Servicios Informativos de TVE y no en programas elaborados por productoras externas. Esa exigencia, señala la dirección, se ha aplicado de forma específica cuando los especiales guardaban relación con la política —comités federales del PSOE, congresos de partidos—, pero no cuando otros programas producidos también externamente han cubierto emergencias meteorológicas de alcance nacional. 

La pregunta que formula el texto es directa: “¿Por qué el Consejo de Informativos de TVE no ha denunciado cuando el programa de productora Aquí la tierra ha elaborado especiales sobre los temporales de febrero?”. El órgano de representación no ha respondido todavía a esa pregunta.

En el extenso anexo que acompaña al documento —firmado directamente por los equipos de ambos programas—, las acusaciones de sesgo ideológico son rebatidas con los propios datos del informe. En los 13 programas analizados por el CDI, Leire Díez aparece en 103 ocasiones, Santos Cerdán en 70, Ábalos en 15 y Koldo García en 10: un total de 198 menciones a asuntos sensibles para el PSOE. “Resulta, por tanto, difícil sostener que los programas ‘dejan en un segundo plano’ lo incómodo para el Ejecutivo”, señala el texto, que recuerda que Mañaneros 360 llegó a realizar especiales con los ingresos en prisión de Ábalos, Koldo y Cerdán.

Sobre la acusación de no rectificar los errores cometidos —en particular el relacionado con el episodio de la “bomba lapa”: el programa difundió una información que resultó errónea sobre mensajes de WhatsApp de un agente de la UCO—, el anexo documenta que la corrección se realizó “de forma inmediata, clara, explícita y reiterada” en el primer programa posterior al error. 

El presentador Javier Ruiz explicó públicamente la interpretación correcta, se emitieron rótulos aclaratorios y el propio informe del CDI tuvo que modificar su redacción inicial quince días después de publicarlo, sustituyendo la acusación original de que los errores no se habían corregido “como marca la ley” por el más impreciso término “adecuadamente”. “Ninguno de los medios que habían publicado la primera versión se hicieron eco del reconocimiento del error”, apunta el texto con evidente ironía.

Quizá el fallo metodológico más revelador es el que afecta al análisis del pluralismo de Mañaneros 360. El CDI utilizó un listado de “analistas habituales en plató” para evaluar el equilibrio ideológico del programa. De los nueve colaboradores citados, cinco nunca habían aparecido en pantalla y un sexto no pertenecía al medio que se le atribuía. El margen de error en el elemento básico sobre el que se sustentaba la acusación de desequilibrio era, en consecuencia, del 66%. El Consejo de Informativos suprimió la tabla silenciosamente, también quince días después de la publicación y sin que los medios que habían difundido el informe informaran del cambio.

La exigencia de rectificación no es una mera declaración a beneficio de inventario. El consejo de administración ha anunciado que examinará en su próxima sesión de marzo la respuesta que reciba del CDI y que adoptará entonces “las medidas que considere pertinentes”. 

La pelota está, pues, en el tejado de un órgano que nació precisamente para vigilar el rigor ajeno y que ahora se enfrenta a una exigencia de acreditarlo en el propio. El texto de la dirección lo formula con la precisión de quien conoce bien el terreno: “Si el Consejo aspira a ejercer su función con autoridad, debe empezar por aplicar a sus propios informes el mismo estándar de rigor, verificación y responsabilidad que exige a los demás”.

En juego, más allá de los programas de Ruiz y Cintora, está la arquitectura de los controles internos en la televisión pública. Y qué ocurre con el daño reputacional infligido, entretanto, si un informe plagado de errores verificables ha circulado durante semanas entre miles de profesionales y en decenas de medios de comunicación.

El Consejo de Administración de RTVE ha contestado al Consejo de Informativos de TVE, que acusó de 'sesgo' ideológico y falta de rigor a los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas, presentado por Javier Ruiz y Jesús Cintora respectivamente, con otro informe que le ha trasladado el presidente, José Pablo López, y que ha sido aprobado por mayoría, en el que pide una rectificación a este órgano interno de participación.

Se trata de un documento de diecinueve páginas, que lleva por titulo Hechos verificables que refutan el informe de Informativos de TVE sobre Mañaneros y Malas lenguas, un informe con ocho "hechos verificables" que ha trasladado el presidente al Consejo y que ha sido avalado por once vocales, los propuestos por los grupos que conforman el Gobierno de coalición, frente a los cuatro del PP.

Según el Consejo de Administración, las conclusiones del informe incurren en una "generalización temeraria, metodológicamente indefendible y jurídicamente arriesgada". Lo cree porque para sus consideraciones solo ha analizado trece programas sobre más de 400 emitidas, es decir, cerca de un 3% del total universo. "Con una muestra tan exigua —dice el texto—, y sin acreditar un diseño mínimamente representativo de selección aleatoria, ni un sistema de codificación replicable, ni criterios de evaluación estables, ni control de sesgos, es improcedente presentar como habitual o reiterada una supuesta mala praxis del conjunto de los programas y mucho menos trasladarlo como un identificativo de la Corporación".

Por eso, la mayoría del Consejo de Administración defiende que "un informe construido sobre una muestra mínima y sin garantías metodológicas ni criterios verificables no solo debilita sus propias conclusiones, también compromete la credibilidad del Consejo de Informativos TVE como órgano de garantía".

Pero el órgano de Gobierno cree que lo más grave del informe del Consejo de Informativo es que considere "impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".

Advierte de que esta "no es una crítica profesional", sino "una acusación que coloca a un medio público bajo la sospecha de estar contribuyendo a la comisión de un delito" de odio, y ello lo lleva a pedir una rectificación "de manera inmediata, clara y proporcional" porque mantener una acusación "de este calibre, sin una sola prueba compromete injustificadamente el honor" de TVE.

También en el documento se refiere a la responsabilidad editorial de los programas, a la que había aludido el Consejo de Informativos, al que acusa de tener "doble rasero" al defender que, cuando se producen hechos informativos de especial trascendencia, la cobertura debe recaer en sus servicios y no en programas elaborados por productoras. "Ese planteamiento —dice el Consejo de Administración— sería coherente, según sus argumentos, si se fija como principio que los especiales informativos corresponden a Informativos. La regla debería aplicarse siempre", apunta.

Se pregunta, entonces, por qué el Consejo de Informativos no ha denunciado cuando el programa de productora Aquí la tierra ha elaborado especiales sobre los temporales de febrero.Y continúa cuestionándose si existe un "doble rasero" y si "se activa la defensa estricta del ámbito de Informativos solo cuando el contenido es político".

Hay más argumentos en el informe para rebatir una presunta falta de credibilidad de RTVE por "estos programas y sus prácticas" y también por un posible uso de Verifica para "reforzar la tesis del programa" Malas Lenguas: "es una imputación implícita de enorme calado institucional, formulada sin una sola prueba y sin señalar un solo caso concreto que la respalde", señala.

También contesta a las acusaciones sobre una posible falta de diversidad de "voces y la pluralidad" y sobre que el humor de los guiñoles en Malas lenguas solo se utiliza para satirizar a una parte del espectro político. Se trata, según el texto, de una afirmación "falsa, formulada sin matices y sin respaldo empírico" y por ello, en su opinión, "exigiría, para ser mínimamente sostenible, un análisis sistemático del conjunto de piezas humorísticas emitidas".

La televisión, durante décadas altar indiscutible de la inversión publicitaria en España, acaba de cerrar su peor año en la última década. El Estudio InfoAdex 2026, recién publicado, certifica que el medio perdió 82,7 millones de euros en 2025, un desplome del 4,4% que sitúa su facturación en 1.784 millones frente a los 1.867 del ejercicio anterior. Es la confirmación definitiva de una tendencia que ya no admite eufemismos: los anunciantes están reordenando sus prioridades y la pequeña pantalla ya no figura entre las intocables.

El dato cobra mayor relevancia si se contextualiza. Mientras la televisión se desangra, el mercado publicitario español apenas resiste: cerró 2025 con una inversión total de 12.745 millones de euros, un retroceso del 2,6% respecto al año anterior. Pero dentro de ese deterioro generalizado, la caída de la televisión resulta especialmente pronunciada.

Conserva, es cierto, el liderazgo por volumen de negocio con el 28,5% de los medios controlados por InfoAdex —aquellos cuya inversión publicitaria puede medir esta organización directamente porque monitoriza de forma sistemática los anuncios que aparecen en ellos, como televisión, radio, prensa, revistas, exterior, cine, buscadores, redes sociales y websites—, pero ha perdido 1,6 puntos de cuota en un solo año. No se trata de un tropiezo coyuntural: es la manifestación de un cambio estructural en los hábitos de consumo y en las estrategias de las marcas.

La erosión del reinado televisivo se produce, paradójicamente, en un contexto económico favorable. España cerró 2025 con un crecimiento del PIB del 2,8%, el doble que la media de la zona euro, según datos del INE. Sin embargo, la inversión publicitaria no acompañó ese dinamismo macroeconómico. Al contrario: el peso de la publicidad sobre el PIB cayó hasta el 0,76%, seis centésimas menos que en 2024 y la cifra más baja registrada en años recientes. Es una señal inequívoca de que las empresas ajustan presupuestos, recalibran estrategias y exigen retornos medibles con una exigencia desconocida en la era analógica.

Frente al declive televisivo, lo digital se expande. La publicidad en buscadores como Google, fundamentalmente los anuncios que aparecen cuando alguien busca un producto o servicio, alcanzó los 1.000,9 millones de euros, con un crecimiento del 2,4% que lo consolida en segunda posición por volumen de inversión, solo por detrás de la televisión. Es un dato elocuente: las marcas invierten más en aparecer cuando un consumidor manifiesta una intención de compra explícita que en casi cualquier otro formato publicitario.

Las redes sociales, con 880,6 millones y un alza del 2,8%, ocupan el tercer puesto en el ranking de medios controlados. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn y el resto de plataformas sociales consolidan su posición como espacios privilegiados para alcanzar audiencias segmentadas con formatos visuales, interactivos y virales.

Le sigue de cerca la publicidad en websites —aquella que aparece en portales y páginas web que no son medios de comunicación tradicionales ni redes sociales—, que creció un 8,8% hasta los 559 millones. Se trata de banners, vídeos insertados y otros formatos display que pueblan sitios de comercio electrónico, blogs especializados, foros y toda clase de destinos digitales donde las marcas pueden encontrar a sus públicos objetivos.

Pero quizá el dato más revelador se encuentra en los medios estimados, ese territorio menos visible pero igualmente significativo —marketing telefónico, mailing, buzoneo, patrocinio, contenido patrocinado, influencers, ferias…—.

Los influencers despuntaron con un espectacular 23,5% de incremento, alcanzando los 128,7 millones de euros. Es un crecimiento que trasciende lo anecdótico: refleja cómo las marcas buscan conectar con audiencias a través de prescriptores que generan confianza, cercanía e interacciones en nichos específicos.

La recomendación personalizada, el micro-targeting —mensajes muy específicos dirigidos a segmentos extremadamente precisos de la población, definidos a partir de datos personales, comportamientos digitales y patrones de consumo, con el objetivo de maximizar la persuasión— y la autenticidad percibida —valores ausentes en el spot televisivo tradicional— se han convertido en moneda de cambio preferente para una parte creciente del tejido empresarial.

Lo digital, además, ya representa más del 55% de la inversión en medios controlados, según destaca el informe. Es una cifra que marca un punto de inflexión: la publicidad española es, mayoritariamente, digital. Y lo es por razones que van más allá de la moda.

Los entornos digitales ofrecen segmentación precisa, optimización en tiempo real, métricas exhaustivas y capacidad de ajuste inmediato. Permiten saber no solo cuántos vieron un anuncio, sino quiénes, cuándo, durante cuánto tiempo y qué hicieron después. Esa transparencia resulta irresistible para anunciantes que deben justificar cada euro invertido ante consejos de administración cada vez más orientados a incrementar la rentabilidad de las inversiones.

El exterior emerge como otro ganador inesperado de este reordenamiento. Con un crecimiento del 6,7% y una inversión de 460,5 millones de euros, este medio demuestra que la publicidad física no solo conserva su capacidad de impacto sino que cotiza al alza. La publicidad exterior se beneficia de su propia reinvención: pantallas digitales, formatos interactivos, integración con dispositivos móviles y presencia en espacios de alto tránsito urbano la han convertido en un canal complementario eficaz para campañas que buscan notoriedad masiva sin depender de la televisión.

Radio y audio digital, por su parte, también se anotan un crecimiento significativo, con un alza del 2,6% hasta los 590,2 millones de euros. Este medio se beneficia del auge del podcast y de las plataformas de streaming sonoro como Spotify, que han revitalizado el consumo de audio entre públicos jóvenes.

La radio ha sabido adaptarse, diversificando soportes y apostando por contenidos bajo demanda que conviven con la emisión lineal tradicional. Incluso el cine, con sus modestos 25 millones, creció un 6,2%, señal de que la experiencia colectiva en salas mantiene un nicho de valor para marcas que buscan asociarse con el impacto sensorial de la gran pantalla.

Los diarios y dominicales, a su vez, muestran una estabilidad casi milagrosa en un contexto adverso: crecieron un exiguo 0,1%, situándose en 750,1 millones. Es un estancamiento que esconde realidades contrapuestas: mientras la prensa impresa continúa su declive estructural, las ediciones digitales de los grandes medios captan inversión publicitaria que compensa parcialmente las pérdidas. De hecho, de los 750 millones totales, 412,5 corresponden a publicidad digital y solo 337,6 a la versión impresa, según el desglose del informe. Las revistas, con 216,3 millones y un crecimiento testimonial del 1%, siguen una trayectoria similar: 126,6 millones en papel, 89,7 en digital.

Pero no todo es ascenso fuera de la televisión. Los medios estimados —ese cajón de sastre que engloba desde marketing telefónico hasta contenido patrocinado— sufrieron un descenso conjunto del 5,7%, pasando de 6.873 a 6.478 millones de euros. Es un retroceso que afecta a prácticas publicitarias muy diversas, algunas de las cuales están pagando el precio de su saturación y falta de relevancia.

El mailing digital y físico se desplomó un 16,6%, perdiendo 217 millones hasta quedar en 1.090 millones. Es la caída más pronunciada en términos absolutos y refleja el hartazgo del consumidor ante bandejas de entrada saturadas y buzones físicos repletos de publicidad no solicitada.

El buzoneo, por su parte, sufrió una debacle del 20%, perdiendo 45 millones y quedando en 179,6 millones. Son cifras que evidencian el rechazo creciente a formatos intrusivos, poco personalizados y de bajo valor percibido.

El contenido patrocinado, pese al valor que le otorgan los anunciantes y a la apuesta de muchas marcas por contenidos que se camuflan como de calidad, retrocedió un 9,7% hasta los 506,2 millones. Es un dato que invita a la reflexión: ni siquiera las estrategias más sofisticadas están a salvo de la contracción presupuestaria cuando los anunciantes priorizan resultados inmediatos sobre construcción de marca a largo plazo.

El marketing telefónico perdió 73 millones, un 4,2% menos, situándose en 1.651 millones. Sigue siendo el mayor medio estimado por volumen, pero su retroceso señala las limitaciones de un canal cada vez más regulado y resistido por los consumidores.

En contraste, otros medios estimados mostraron dinamismo. La animación en punto de venta creció un 12,5%, las ferias y exposiciones un 9,8%, y los regalos publicitarios offline un 17,9%. Son incrementos modestos en términos absolutos, pero significativos en términos estratégicos: indican que la experiencia física, el contacto directo y la sorpresa tangible conservan valor en un mundo digitalizado.

Los actos de patrocinio, mecenazgo y responsabilidad social corporativa también subieron un 4,6%, alcanzando los 407,3 millones, mientras el patrocinio deportivo cayó un 4,3% hasta los 631,7 millones, posiblemente afectado por la ausencia de grandes eventos internacionales en 2025.

La televisión paga el precio de su modelo en este nuevo tablero. Audiencias fragmentadas entre canales generalistas, temáticos y plataformas de streaming; consumo bajo demanda que elude la publicidad tradicional; competencia de gigantes internacionales como Netflix, Amazon Prime o Disney+ que no insertan publicidad convencional o lo hacen con formatos radicalmente distintos. Los anunciantes, por su parte, descubren que en digital pueden comprar audiencias específicas, optimizar campañas en tiempo real y obtener métricas precisas sobre impacto, conversión y retorno.

Lo que no hace el informe InfoAdex 2026 es abordar específicamente el impacto de la migración de las búsquedas desde buscadores tradicionales hacia herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Perplexity o los nuevos asistentes conversacionales.

Este es, de hecho, un punto ciego significativo del estudio. La irrupción de herramientas de IA generativa que responden directamente a preguntas sin mostrar resultados tradicionales de búsqueda —y por tanto, sin espacios publicitarios convencionales— representa una amenaza potencial para el modelo de negocio de los buscadores tradicionales.

En este ámbito, todo indica que habrá cambios. OpenAI ha empezado a probar la inserción de anuncios en ChatGPT, por ahora en planes gratuitos y de bajo coste, con formatos claramente etiquetados y situados fuera del cuerpo de las respuestas. Es un movimiento relevante: por primera vez, un asistente conversacional de uso masivo se plantea como soporte publicitario directo.

El resto de grandes actores del sector, sin embargo, está siguiendo estrategias distintas. Gemini, de Google, no incluye por ahora publicidad en las conversaciones y prioriza los modelos de suscripción; Claude, desarrollado por Anthropic, ha hecho bandera explícita de mantenerse libre de anuncios; mientras que Perplexity experimenta con fórmulas híbridas más cercanas al patrocinio en contextos de búsqueda.

Decía Mariló Montero hace unos días en televisión que ella no necesita ningún estudio científico para saber cómo se transmiten el VHI, el sida y el VHS. Que cualquiera podría decir que ya estamos fuera de peligro, porque en pleno 2026 ya nadie tiene en su casa reproductores para esos virus. El hecho de que la mujer que aseguró que cuando se trasplantaba un órgano de una persona a otra se le trasplantaba también el alma de la persona fallecida no sea una experta científica no es algo que haya sorprendido a nadie en exceso. Lo que sí sigue sorprendiendo es cómo los medios –y en especial muchas televisiones– deciden hacer uso del estigma, de los bulos y del negacionismo científico para levantar un par de míseros puntos de audiencia aunque sea a costa de la imagen, la seguridad y la salud física y mental de comunidades enteras. 

Parece que lo busquen. Que necesiten desesperadamente una comunidad sobre la que existan prejuicios y estigmas para poder crear un circo de los horrores a su alrededor y crear un clima de preocupación y miedo que mantenga a la audiencia enganchada a la pantalla. Que requieran, también, crear polémica, siendo más importante dar unos gritos que la veracidad de las informaciones que puedan lanzarse. Para hablar de un tema tan serio como es el VIH no se dignan a llevar a un científico. O a un médico. O a un investigador. Tampoco se sientan a escuchar la opinión de una persona experta. Reconocen que ni siquiera esa es su intención, sino la confrontación, quedando claro con el rótulo que destaca: “Mariló vs Trakatrá, el asalto final”. Da igual el daño que podamos hacer, da igual los bulos que lancemos: lo que importa es que hemos rellenado cinco o seis minutos de tele. Eso sí, a pesar de estar Mariló tremendamente vetada y tener prohibido hablar porque vive en la época de la censura que le impone la izquierda. Lo sé porque lo dijo hace poco en La Revuelta, en La 1. También lo dice cada día por la mañana en Antena 3 y por la noche en Telemadrid. Si le censuran un poco más, va a acabar sustituyendo al Rey en su mensaje de Navidad. 

Que le hayan cogido cariño al tema no nos resulta nuevo: vieron que funcionaba hace unas semanas con Eduardo Casanova. También lo tenían reciente de su trato a la viruela del mono. O de ese debate en el que Antonio Naranjo decía que si una persona era promiscua y tenía VIH tenía la obligación de contárselo a la gente con la que se relacionaba.

No queda tan lejos esa televisión que, a finales de los 90, tenía en pantalla a Alessandro Lecquio asegurando, entre risas, que había dado algún que otro bofetón a alguna mujer. Algo que antes no se veía tan mal, y que es una batalla que ahora, gracias al feminismo, parece estar algo más ganada que antes. Ya no veríamos normal un debate sobre si es aceptable o no pegar a una mujer. Tenemos claro que no lo es, aunque seguro que a muchos medios les encantaría poder volver a llevar ese debate a la pantalla para rentabilizar la polémica. No permitimos en nuestras pantallas a negacionistas de la violencia de género. Tampoco de la violencia vicaria, o del cambio climático, o de que la pandemia de covid-19 fue real. ¿Por qué con temas como el VIH o la serofobia sí lo aceptamos?

Entiendo que sentar a un científico o a un activista bien formado en un plató de televisión para informarse, escucharle y educar a la población de forma que se reduzcan estigmas y la vida de otros sea más fácil quizá se vea poco televisivo. Qué pena que, por el contrario, hayamos normalizado unos medios que se dedican a buscar grupos vulnerables a los que poder convertir en marginales, en enemigos, en los señalados, porque han decidido no evolucionar de una época en la que esa era su mejor baza para liderar en audiencia. Pero recordad: si el espectáculo sustituye a la ciencia, lo que se emite no es opinión; es irresponsabilidad.

Por primera vez, alguien invoca ante la justicia la violación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024 y en vigor desde 2025. Un texto legal que, en España, casi nadie está cumpliendo. Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana admitió a trámite la primera demanda presentada en nuestro país basada en la EMFA. Una iniciativa que abre un frente judicial inédito que, en teoría, puede redefinir las reglas del juego en la gestión de las radiotelevisiones autonómicas.

La historia que ha llevado a los tribunales valencianos a tantear este territorio inexplorado tiene todos los ingredientes de un caso paradigmático: un cambio de gobierno, una reforma legislativa exprés, unos mandatos interrumpidos sin justificación y, sobre todo, una nueva herramienta legal europea cuya eficacia real está aún por demostrar. 

Miquel Francés, expresidente del desaparecido Consejo Rector de la corporación que regula los medios públicos valencianos, junto con los vocales Lola Bañón y Javier Marzal, han decidido plantar cara a lo que consideran un cese de facto inmotivado, amparado en una ley que, según su lectura, vulnera de raíz las salvaguardas que Bruselas ha establecido para blindar a los medios públicos frente a las interferencias políticas. Los tres accedieron en su día a estos puestos en representación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

La cronología de los hechos dibuja un patrón conocido. Tras el vuelco electoral de mayo de 2023 en la Comunitat Valenciana, la nueva mayoría parlamentaria (PP y Vox) aprobó la Ley 2/2024, que suprimió la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y creó en su lugar la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (CACVSA) con el único objetivo de someterla al control del Ejecutivo. En apariencia era un simple cambio de estructura corporativa. En la práctica, una vía para resetear el órgano de gobierno del ente público sin tener que esperar al fin natural de los mandatos vigentes. 

Los tres recurrentes ostentaban cargos con plazo de expiración fijado para el 15 de abril de 2029, es decir, con casi cuatro años por delante. Pero, desde el 11 de marzo de 2025, dejaron de ser convocados. Si la demanda es atendida, los tres tendrán que ser convocados a las reuniones del consejo de administración de la nueva corporación, el primero en calidad de presidente, hasta la finalización de sus mandatos en 2029.

Este tipo de operaciones a medida no es una novedad en el panorama mediático autonómico español. A lo largo de los últimos años, las radiotelevisiones públicas han funcionado en muchos territorios como botín político, con consejos de administración renovados al compás de los cambios electorales mediante reformas legislativas que permitían eludir la continuidad de los órganos de gestión. 

La novedad, esta vez, es que existe un instrumento jurídico europeo que puede frenar estas prácticas. El Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como EMFA, entró en vigor el 8 de agosto de 2025 y tiene aplicación directa en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición nacional. Es decir, desde esa fecha, cualquier decisión sobre la gobernanza de un medio público en España debe ajustarse a sus exigencias.

El núcleo de la demanda presentada ante el TSJCV se centra en el artículo 5.2 del Reglamento, que establece un conjunto de garantías diseñadas específicamente para evitar que los gobiernos puedan controlar a los medios públicos a través del nombramiento y cese de sus directivos. 

La norma europea es clara: los mandatos de los responsables de los medios de servicio público deben tener una duración suficiente para garantizar su independencia efectiva. Además, solo pueden ser cesados antes de que expire su periodo de forma excepcional, por no cumplir ya las condiciones profesionales requeridas, y nunca por razones políticas o por cambios legislativos instrumentales. Por último, cualquier decisión de destitución debe estar debidamente justificada, notificada previamente y sujeta a revisión judicial.

Los demandantes argumentan que la ley valenciana ha buscado precisamente lo que el reglamento europeo pretende impedir: acortar mecánicamente los mandatos mediante una reforma estructural que, bajo la apariencia de modernización corporativa, permite renovar el órgano de gobierno sin justificación profesional alguna y sin control judicial previo. 

En su recurso, los demandantes solicitan tres cosas: la anulación de la exclusión de sus cargos en el nuevo consejo de administración, su reposición inmediata como presidente y vocales hasta el fin de su mandato original en 2029, y el abono de las dietas y salarios dejados de percibir desde que fueron apartados.

La Sala Cuarta del TSJCV, al admitir la demanda a trámite, ha emplazado a la Generalitat Valenciana a contestar en un plazo de veinte días. Es solo un trámite procesal, pero también un hito simbólico: por primera vez en España, un tribunal examina si una reforma autonómica sobre un medio público vulnera las nuevas salvaguardas europeas. La decisión que se tome en València puede sentar jurisprudencia y condicionar la manera en que otras comunidades autónomas gestionan sus entes audiovisuales.

El caso se produce, además, en un contexto de preocupación por la deriva de À Punt. Desde el cambio de gobierno, se han denunciado decisiones como el intento de restringir las funciones del Consejo de Informativos, el desmantelamiento de servicios de documentación y un descenso en los contenidos en valenciano, elementos todos ellos que han generado inquietud entre profesionales y observadores del sector. La cuestión de fondo no es solo quién gobierna el medio, sino cómo se gobierna y con qué garantías de independencia editorial y funcional.

La EMFA representa, en efecto, un cambio de paradigma. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se introduce una regulación sustantiva sobre el funcionamiento de los medios de servicio público. Hasta ahora, su independencia era un principio reconocido en diversas directivas y recomendaciones, pero sin la fuerza vinculante de un reglamento. Con la EMFA, la independencia de los medios públicos se eleva a la categoría de requisito de cumplimiento de la legislación de la Unión, lo que permite un control judicial más estricto sobre las estructuras de gobernanza nacionales.

Las consecuencias prácticas de esta norma son de largo alcance. En primer lugar, establece un blindaje efectivo contra los ceses políticos. Los directivos y miembros de los consejos de administración de los medios públicos ya no pueden ser destituidos al albur de los cambios de gobierno o de mayorías parlamentarias. Solo caben destituciones excepcionales, por causas profesionales tasadas de antemano, y siempre con posibilidad de revisión judicial. 

En segundo lugar, la EMFA exige la aprobación de una financiación estable para los medios públicos. Los Estados miembros deben asegurar recursos financieros adecuados, sostenibles y previsibles, preferiblemente decididos de forma plurianual, para evitar que el presupuesto se convierta en un instrumento de presión política.

El Reglamento refuerza, en tercer lugar, la independencia editorial y funcional. Los medios públicos tienen la obligación legal de proporcionar información e ideas de manera imparcial y plural. Una manera de garantizar eso es la creación de órganos independientes de representación de los trabajadores, como los consejos de informativos que la actual corporación está intentando ahora mismo limitar. 

Y, en cuarto lugar, cada Estado debe designar una autoridad u organismo independiente, libre de influencia gubernamental, para supervisar el cumplimiento de estas salvaguardias. En España, ese papel recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo representante, de hecho, presidió en 2025 el nuevo regulador europeo, conocido como Media Board, el organismo encargado de coordinar la aplicación de la EMFA en toda la Unión. Y, a escala valenciana, en el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) que, sin embargo, no se ha pronunciado todavía sobre la corporación de medios públicos autonómicos y el modo en que la regulación vigente incumple lo dispuesto en el reglamento europeo.

Los cambios que la EMFA impone a la regulación española son significativos. Al ser un reglamento, tiene efecto directo y es vinculante desde su entrada en vigor, lo que obliga a España a ajustar cualquier ley interna contradictoria. Pero ningún gobierno —ni los autonómicos ni el central— lo está haciendo.

La práctica de suprimir entes públicos para crear otros nuevos con el fin de renovar sus consejos queda bajo escrutinio judicial europeo. Se espera que la regulación española deba garantizar la inamovilidad de los consejeros incluso frente a cambios estructurales de los entes, si estos mantienen las mismas funciones. Las decisiones de destitución en medios públicos españoles deberán incluir obligatoriamente la posibilidad de control judicial, permitiendo que los cesados recurran si consideran que no hay una justificación profesional válida según criterios establecidos previamente.

El caso de À Punt es, en este sentido, una prueba de fuego. Si el TSJCV concluye que la reforma valenciana vulnera el reglamento europeo y ordena la reposición de los consejeros cesados, habrá sentado un precedente que puede disuadir a otras comunidades autónomas de intentar maniobras similares. Si, por el contrario, avala la legalidad de la operación, habrá abierto una vía para eludir las salvaguardas europeas mediante cambios corporativos formales que, en el fondo, persiguen el mismo objetivo político: controlar el mensaje del medio público.

No habrá, en todo caso, una respuesta rápida. El trámite contencioso-administrativo puede demorarse varios años. Y después, cualquiera de las dos partes puede recurrir al Constitucional.

Pero lo que está en juego va más allá de tres cargos institucionales. Lo que se dirime en los tribunales valencianos es si Europa puede efectivamente proteger a los medios públicos de la captura política o si las viejas prácticas nacionales y autonómicas encontrarán siempre un resquicio legal para perpetuarse.