Lo dijo sin rodeos, ante el plenario del I Encuentro por los Derechos Digitales, que concluye este jueves en Barcelona. “Cuanto más conocemos, más nos radicalizamos. Más nos radicalizamos en la conciencia de que llegamos tarde y de que estamos hablando de una cuestión completamente civilizatoria”.

Así de contundente se manifestó el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en la descripción del diagnóstico que hacen quienes trabajan en la gobernanza de la inteligencia artificial desde dentro de las instituciones. “No es una discusión tecnológica, es una discusión política. Política de primera magnitud. Estamos discutiendo sobre soberanía”.

Para explicar el riesgo de llegar tarde, López recurrió a la analogía de la crisis financiera de 2008. El hundimiento de Lehman Brothers en octubre de ese año coincidió con la expansión masiva de las grandes redes sociales, Twitter y Facebook entre ellas. En ambos casos hubo un grito previo a favor de la desregulación, productos opacos que nadie era capaz de explicar del todo y una sensación de que el sistema se había ido de las manos antes de que alguien pudiera frenarlo.

“Yo no quiero que en el futuro, cuando se produzcan comisiones de investigación y juicios sobre lo que pasó con la inteligencia artificial o con las redes sociales, aparezcan ingenieros diciendo que se me fue de las manos”, señaló el ministro. 

López desmintió desde el principio la acusación más frecuente contra los reguladores europeos: que frenan la innovación mientras otros avanzan. Y lo hizo, de nuevo, con una referencia financiera, poniendo esta vez el foco en los bancos españoles, que batieron récord de beneficios el año pasado. Después de la crisis, después de la regulación, después de lo que parecía una camisa de fuerza para el sector. “Parece que la regulación no ha sido contraria a la competitividad”, ironizó.

En la misma línea intervino Carissa Véliz, filósofa de la Universidad de Oxford y autora de Privacy is Power y del reciente Prophecy, que compartió escenario con el ministro. Su versión del argumento fue más allá: “Un producto que es tan poco fiable como lo que tenemos, que gasta tantísima energía y que además está liderado por la gente más desconfiable del mundo, no es un gran producto”. Y la alternativa no es rendirse a ese modelo ni imitarlo, sino adelantarlo. “La ética no es nada más que buen diseño. Cuando tienes una buena silla, donde puedes estar sentado todo el día y no te duele la espalda, eso es ética”.

López enumeró las palancas con las que España intenta construir esa alternativa. 30.000 millones de euros de fondos de recuperación destinados a semiconductores, modelos de lenguaje, cátedras universitarias de IA y ciberseguridad, y planes de minería para tierras raras. Una Carta de Derechos Digitales ya aprobada. Un observatorio específico. Una ley de protección del menor. La prohibición, conseguida hace tres semanas en el marco del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, de los sistemas que permiten las deepfakes sexuales. Y, como telón de fondo de todo ello, el encargo que el presidente del Gobierno le hizo cuando le nombró ministro: hacer con la transformación digital lo que España ha hecho con las renovables.

Fue en ese marco en el que el ministro hizo una promesa para el futuro: ahora, después de la IA, viene el desafío de la computación cuántica. “Y atentos a sus pantallas, porque España va a ser líder mundial” en esta materia.

Si el ministro habló con el lenguaje de la política, Véliz lo hizo con el de la historia. En su intervención, recordó la anécdota de Luis XI de Francia y su astrólogo de la corte. El rey, perturbado porque el astrólogo había predicho la muerte de una dama de la corte y la dama había muerto, ordenó en secreto que lo ejecutaran arrojándolo por una ventana. Antes, como última formalidad, le preguntó cuánto tiempo viviría. El astrólogo respondió sin vacilar: moriría tres días antes que su majestad. Luis XI nunca dio la señal.

“¿El astrólogo encontró la respuesta en las estrellas? Por supuesto que no. El astrólogo entendía el poder de las predicciones y lo usó a su favor”.

Esta historia resume la tesis central de su último ensayo, Prophecy. Según ella, los grandes ejecutivos tecnológicos, los tecnobros, están utilizando sus predicciones sobre el futuro exactamente igual que aquel astrólogo, con la diferencia de que hoy la audiencia es global y los medios las transcriben como hechos. “Lo que estamos viendo es que uno de estos ejecutivos dice algo y se reporta como si fuera un hecho. Y lo que en realidad estamos haciendo es obedecer. Las predicciones muchas veces son órdenes camufladas”.

La advertencia tiene un filo específico para el debate político. Cuando Elon Musk, Peter Thiel o Sam Altman proyectan el futuro de la IA, no están describiendo lo que va a ocurrir. Están intentando que ocurra. La diferencia entre una predicción y una orden depende, en gran medida, de si la audiencia es capaz de distinguirlas.

Véliz introdujo además un argumento sobre los riesgos de que aceptemos, sin más, el uso de la predicción algorítmica en decisiones que afectan directamente a los ciudadanos: los préstamos bancarios, los contratos de alquiler, las oportunidades laborales. Cuando un criterio es explícito —un salario mínimo, un historial de pagos—, el solicitante puede saber qué debe cambiar para obtener un resultado diferente. Cuando el criterio es una predicción algorítmica, no hay manera de impugnarlo. “Si tú me dices, no te doy este préstamo porque yo predigo que no lo vas a pagar, ¿cómo desafías una predicción? No hay manera, porque no es un hecho”.

La democracia, dijo, necesita estar anclada en hechos verificables y en procesos transparentes que el ciudadano pueda contestar. Cuando las decisiones se trasladan al futuro predicho por una máquina, ese ancla desaparece. Y puso un ejemplo histórico: en la antigua Roma, cuando los ciudadanos empezaron a creer más en las predicciones sobre quién sería el próximo emperador que en las instituciones de la república, la república no tardó en desaparecer. “Y la república”, advirtió, “nunca volvió”.

El ministro añadió su propia lectura del problema de la vigilancia digital, haciendo un inciso que mezcló lo cotidiano con lo estructural: si no fuera una cuestión de poder político, los usuarios españoles de una red social no habrían recibido un mensaje del dueño de esa plataforma contra el presidente del Gobierno. “Fijaos en las implicaciones para el modelo democrático”, dijo, aludiendo a los ataques de Elon Musk a Pedro Sánchez a través de X.

Véliz concluyó insistiendo en que el cinismo es la peor respuesta posible: “No vale ser cínico. Es demasiado fácil”. Y señaló que España tiene, a su juicio, algo de lo que otros países de su entorno carecen: valentía. “Si somos valientes ahora, vamos a tener que ser menos valientes en el futuro. Si en este momento mostramos cobardía, va a ser falta ser muchísimo más valientes más adelante”.

López quiso cerrar su intervención con la imagen que usa el presidente del Gobierno como brújula: la transformación energética. España no llegó tarde a las renovables. Llegó cuando llegó y, sin embargo, hoy exporta ese modelo al mundo. La apuesta es que con la IA y con la computación cuántica pueda repetirse el mismo trayecto.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, "en la primera quincena de abril", pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según informa EFE.

Durante su intervención en las jornadas de eldiario.es, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF. 

"Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha dejado claro el ministro.

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

El Gobierno ha comunicado este miércoles a las organizaciones sindicales que inicia el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).

Según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Función Pública ha añadido que convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de Personal de los distintos departamentos ministeriales. Posteriormente, apuntan, elevarán la propuesta a la mesa general de la Administración del Estado donde se negociará con los sindicatos.

UGT y CCOO habían urgido la semana pasada a implantar la jornada de 35 horas semanales de manera inmediata, sin esperar a los futuros presupuestos de 2026. Los sindicatos pedían que se adoptara "en el próximo mes de febrero o a principios de marzo", ya que esperar a los presupuestos -cuyo proyecto todavía no se ha presentado- supondría retrasar su aplicación. Ya en ese momento, el ministro Óscar López señaló que las 35 horas se aplicarían "tan pronto como sea posible". 

Telefónica comenzará a negociar mañana, lunes, tres de los siete expedientes de regulación de empleo (ERE) que ha anunciado que presentará en otras tantas filiales del grupo en un contexto de plan estratégico, con el que busca una reducción de costes operativos de hasta un 25%.

Este lunes comenzará la primera reunión entre dirección y sindicatos, en una mesa de negociación en la que se prevé que la compañía exponga la motivación de los ERE y el número de afectados en Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España, las tres empresas que están amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) del operador, según han informado a EFE fuentes sindicales.

Los ERE restantes, un total de cuatro -en la matriz, Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+- se comenzarán a tratar el martes en una reunión de la mesa de negociación.

De momento no se han adelantado cifras, aunque algunos medios de comunicación apuntan a que pueden llegar a los 6.000 afectados, un extremo que la dirección de Telefónica no ha confirmado.

La compañía notificó que presentaría estos ERE el pasado lunes a los representantes de los trabajadores. A partir de ahí, comenzó a contar el plazo de una semana para constituir las mesas de negociación.

UGT y CCOO han pedido que cualquier medida de este tipo se efectúe con acuerdo de la parte sindical. Además, han reclamado que se garanticen las condiciones laborales del resto de la plantilla hasta 2030.

El sindicato ha puesto como referencia para el acuerdo de estos ERE el modelo acordado en 2024 para Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones y por el que salieron más de 3.400 personas.

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha advertido de que cualquier medida de este tipo en Telefónica tiene que estar consensuada con los sindicatos.

El plan estratégico de Telefónica, presentado el 4 de noviembre, incluye medidas como una reducción del 25% de sus costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación), lo que supone una estimación de unos 2.010 millones en un horizonte de 2030.

Ingeniero, doctor en inteligencia artificial, emprendedor. Ignasi Belda (Alicante, 1979), desde hace algo más de un año director general de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA), con sede en A Coruña, es un friqui de la tecnología inteligente. Prueba todos los dispositivos con IA que se ponen a su alcance e incluso conduce el único modelo de automóvil homologado en España para circular de manera autónoma. A sus órdenes ya trabajan 30 personas, y su plantilla se duplicará en unos meses, justo a tiempo para tomar velocidad de crucero.

“El Gobierno —destaca— ha hecho una apuesta creando la primera agencia, que es la AESIA, para supervisar el cumplimiento del reglamento europeo. Fue el primer gobierno de Europa que creó un sandbox [un entorno de pruebas seguro donde se puede experimentar con nuevas tecnologías o programas sin riesgo de dañar el sistema real ni afectar a los usuarios] para facilitar a las pymes la introducción en el mercado de nuevos productos. Hemos sido también el primer país de Europa en tener una carta de derechos digitales”.

Supervisión sí, pero no control. ¿Hasta dónde puede llegar la agencia?

Lo que hacemos es monitorizar de forma permanente. En febrero de 2025 entró en vigor la prohibición de ocho aplicaciones de inteligencia artificial. Lo que estamos haciendo es confirmar que en España nadie las está utilizando. La buena noticia es que no hemos encontrado a nadie.

[Belda se refiere a ocho usos de la IA considerados de “riesgo inaceptable”: manipular o influir de forma subliminal en el comportamiento de las personas; aprovecharse de su vulnerabilidad (edad, discapacidad o situación social); aplicar sistemas de puntuación social al estilo chino; predecir delitos basándose solo en perfiles personales; usar reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos; crear bases de datos biométricas obteniendo imágenes sin consentimiento; detectar emociones en el trabajo o en la escuela, y clasificar a individuos por características sensibles como raza, religión, orientación sexual u opiniones políticas.]

Cada vez son más las administraciones que incorporan sistemas de IA para gestionar ayudas o seleccionar candidatos. ¿La agencia lo supervisa antes de que empiecen a funcionar o lo hace a posteriori?

A priori y a posteriori. Hay muchas otras agencias, como la Agencia de Protección de Datos o la Agencia de Medicamentos, incluso autonómicas, que también están supervisando. Nosotros actuamos como coordinador central y somos el contacto único en Europa. Estamos ahora mismo en un proceso de formación, de alfabetización, de transmitir a todas las administraciones públicas qué se puede y qué no se puede hacer.

¿Cómo es el procedimiento estándar? Si una oficina pública pone en marcha un sistema asistido por IA para seleccionar candidatos a un puesto, ¿lo correcto es que antes lo someta a la opinión de la agencia?

Ya hemos contestado unas 500 consultas. Al final, esto es lo que le importa a la gente. Además, de forma potestativa, ofrecemos a las administraciones públicas que concierten con nosotros para que les podamos ayudar más allá de una pregunta puntual. Si es un caso de alto riesgo —y lo que acabas de mencionar lo sería— se exige una autocertificación de que se cumplen determinados criterios que marca la ley: que no haya sesgos, que haya trazabilidad, que haya transparencia.

¿No haría falta una especie de sello que certifique, por ejemplo, que la agencia da su visto bueno a un proceso que utiliza IA?

Eso es. La autocertificación te habilita para recibir un sello, que es la marca CE, la conformidad europea que existe para muchos productos: ascensores, juguetes, dispositivos radioeléctricos. A partir de ahora, los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo también tendrán este sello, este marcado CE, que se obtiene a través de esa autocertificación. Lo presentas en un órgano notificado, que es la agencia; la agencia lo revisa todo y, si está bien, te otorga el marcado.

La Administración no parece haber tenido una actitud muy transparente en relación con estos mecanismos. Hace poco la Fundación Civio culminó una batalla de siete años para obligar a hacer público el código fuente del algoritmo que decide quién merece el bono social y quién no.

La respuesta es compleja. Lo que exige la ley es la certificación de que la aplicación no tenga sesgos. Es decir, que si el ciudadano quiere pedir explicaciones, se le puedan ofrecer. También transparencia, pero transparencia sobre por qué se ha tomado una decisión. No transparencia algorítmica, que es otro tema. Funcionan como las cajas negras de los aviones. Esto es lo que se requiere en los sistemas de alto riesgo: que haya una caja negra. Porque si hay un problema, hace falta que las autoridades puedan abrir esa caja y ver qué ha pasado.

La IA tiene una peculiaridad: una vez ha aprendido, tú puedes mirar el algoritmo, pero no tenemos ni idea de cuáles son los caminos de razonamiento que ha seguido para averiguar, en este caso, cómo se otorga una subvención. Por lo tanto, hoy en día tiene poco sentido dar el código fuente, porque el ciudadano, cuando lo reciba, no va a entender nada. Es mucho más interesante la vía por la cual va el reglamento: asegurarse de que no hay sesgos, que hay trazabilidad, que hay transparencia en las decisiones.

¿La Administración pública española está preparada para decidir qué debe seguir siendo una decisión humana y qué puede dejarse en manos de la IA?

Esto lo determina el reglamento europeo. Cuando estamos ante un caso de alto riesgo, tiene que haber siempre una última palabra del ser humano. Nos guste o no. Si es de bajo riesgo o riesgo medio, es otra historia. Pero en alto riesgo, que principalmente es cuando un derecho fundamental se puede ver afectado, ahí siempre tiene que haber un humano con la última palabra.

¿Qué les dice a quienes afirman que las normas frenan el progreso de la tecnología?

Regulación e innovación no están reñidas. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial nos ofrece una IA ética, sostenible y confiable, a diferencia de otras legislaciones, como la estadounidense o la china, donde esto no sucede. Es importante hacer ver a las empresas que no se añade más burocracia. Estamos simplemente monitorizando casos de alto riesgo —que son muy pocos— donde algún derecho fundamental se puede ver afectado. Esto afecta casi siempre a las administraciones públicas y muy poco a las empresas. En realidad, el reglamento tiene muchas vías para fomentar la innovación.

¿No teme que el uso generalizado de la IA a la hora de tomar decisiones, sobre todo en lo público, erosione la confianza de los ciudadanos?

No tiene por qué. Es una tecnología que va a suponer una revolución y yo confío en que habrá más decisiones tomadas desde la racionalidad, porque a una máquina es muy fácil programarla para que no tenga sesgos. En cambio, los humanos estamos cargados de sesgos. En una máquina es muy fácil eliminarlos y lograr que tome decisiones mucho más justas y acertadas. Estoy convencido de que la inteligencia artificial va a incrementar la confianza de la sociedad en las administraciones públicas.

Pero la gente desconfía, porque el mal uso de la IA destaca más.

Un buen ejemplo es el de la conducción autónoma. Los coches autónomos tienen muchos menos accidentes que los conducidos por humanos. ¿Por qué? Porque el algoritmo no se cansa, ve de noche igual que ve de día, es respetuoso con las normas de circulación. Cuando hay un accidente de un coche autónomo lo vemos en titulares muy grandes, pero la realidad estadística es muy diferente.

¿La inteligencia artificial sirve a la democracia o la pone en riesgo?

Esta tecnología va a convertir a toda la sociedad en una sociedad más justa y más democrática. Yo vengo del campo de la medicina y ahí es muy evidente. Ahora mismo hay multitud de experimentos y estudios clínicos que demuestran que los sistemas de IA funcionan mejor con pacientes que el método antiguo, que es un médico sin ningún instrumental automático. El médico tiene que estar, evidentemente, pero con herramientas de las que antes no disponía. Esto se puede extrapolar a cualquier otra parte de la Administración: la agricultura, las subvenciones, las agencias tributarias, la justicia…

Uno de los usos de mayor riesgo democrático para la IA es todo lo que tiene que ver con su utilización en política. ¿La agencia se va a ocupar también de esto?

Sí, es una de las prioridades del ministro Óscar López. Tenemos un mandato específico para trabajar en estos ámbitos. El reglamento europeo ya pone un umbral muy alto. Estamos contentísimos de poder estar ya trabajando en investigación, incluso en nuevas herramientas para aumentar el nivel de calidad.

El reglamento clasifica los contenidos generados de forma automática como de riesgo limitado, que es cuando el ciudadano se puede ver, de alguna forma, engañado por una máquina. Hoy en día es muy fácil discernir cuándo te llama una máquina y cuándo te llama una persona. Pero dentro de poco va a ser completamente indiscernible. Entonces, lo que el reglamento dice es: siempre que haya una interacción ciudadano-máquina, habrá que avisar de que está hablando una máquina. Si no se hace, es ilegal. Ese es uno de los ámbitos que nosotros supervisamos. Otro ejemplo: un periódico que tiene una noticia y la genera con inteligencia artificial. ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer, no pasa nada, pero tiene que avisar de que la ha generado con inteligencia artificial.

Yo me refería sobre todo a la utilización de la IA con fines de manipulación de la opinión pública. ¿La agencia puede hacer algo para impedirlo?

Sí, siempre que incluya el elemento de IA. En el ámbito de los usos prohibidos ya hay dos capítulos que pueden incidir aquí. Uno es la manipulación subliminal y otro es la explotación de personas vulnerables. Estas dos vías nos abren la puerta, en coordinación con Europa, para poder atajar ese tipo de problemas, que en el futuro quizás vayan a más.

El año que viene tenemos dos elecciones, en Castilla y León y en Andalucía. ¿Podemos pensar que la agencia va a estar pendiente?

Colaboramos con otras instituciones que supervisan los procesos democráticos en España para prepararnos para esto, efectivamente. De la misma manera que estamos en contacto con autoridades que supervisan el tráfico marítimo o el tráfico ferroviario, también estamos en contacto con las autoridades que supervisan procesos democráticos.

La IA está teniendo graves consecuencias para el sector de los medios. ¿Esto también es una tarea que atañe a la agencia?

La agencia también prepara un laboratorio de ideas que estamos creando para adelantarnos a los impactos de la IA en los diferentes sectores económicos y sociales. Estamos trabajando en muchos ámbitos —educación, sanidad, administraciones públicas— e invitando a académicos, sindicatos, empresas y administraciones, porque queremos dar voz a todo el mundo.

¿El director general de la AESIA utiliza chatbots como ChatGPT?

Sí, porque quiero ser productivo. El Gobierno de España ha financiado uno de ellos, que utilizamos muy a menudo en la agencia, que es Alia. Una herramienta muy potente que nos ofrece un aumento de productividad espectacular. Por lo tanto, ¿por qué no utilizarlo?

Más allá del estruendo mediático y de la trinchera judicial, numerosas asociaciones de altos funcionarios han formado también un amplio frente contra el Gobierno. El proyecto de reforma de la Administración Pública, mediante el que el ejecutivo pretende impulsar un cambio radical en el modelo de acceso a la Administración General del Estado, ha provocado una sonora respuesta en plena canícula veraniega.

La intención del Ejecutivo consiste en convertir el dilatado proceso de oposiciones, caracterizado por un esfuerzo memorístico de utilidad cuestionable y por sistemas de preparación mayoritariamente privados —y en los que participan activamente los altos funcionarios—, en un máster público de dos años al que daría acceso una prueba selectiva, y que concluiría con otro examen. Los distintos cuerpos de máximo rango de la Administración, agrupados en la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), consideran que dicho cambio atentaría contra la equidad y el acceso meritocrático a una función pública que debe escoger a los mejores y carecer de sesgo ideológico y arbitrariedad.  

No tiene por qué faltarles razón —aunque la superioridad actual del sistema vigente está por demostrar—, pero hay mucho más. Pese a que estos cuerpos han sido invitados a proponer sus ideas este próximo martes con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el enfrentamiento viene de antes. Se trata del levantamiento intermitente de una primera línea del Estado, una confederación de élites corporativas de las que depende el funcionamiento de la maquinaria administrativa central.

Esta red de mecánicos estatales ha sido considerada por muchos estudiosos como una verdadera clase burocrática. Para expertos académicos y también funcionarios de primera línea como Mariano Baena del Alcázar, Narciso Pizarro, Juan Linz, Amando de Miguel o Miguel Beltrán, la élite de los altos funcionarios era la única manera de hacer política de manera alternativa al mal llamado partido único de la dictadura. Se trataba de una élite cerrada, dotada de un grado de movilidad social mínimo. 

La llegada de la política democrática no ha reducido el papel de lo que el sociólogo francés Pierre Bordieu denominaría la ‘nobleza del Estado’, una posición dominante en la que influye la meritocracia, la procedencia social, y, sobre todo, las ventajas que el espíritu corporativo de los distintos cuerpos otorga a sus miembros, muchas veces incluso desde las academias preparatorias.

Dichos cuerpos andan especialmente activos desde el principio de la legislatura. La declaración del expresidente José María Aznar –“el que pueda hacer que haga”—, realizada a principios del mes de noviembre de 2023, unos días antes de que las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios otorgaran a Pedro Sánchez la oportunidad de volver a ser presidente del gobierno, ha coincidido con una serie de movimientos que tienen su origen en la oposición a las consecuencias de la ley de amnistía, pero también en fuertes diferencias ideológicas muchas veces difíciles de disimular. 

Pocos días después del pronunciamiento del decano de la derecha española, distintos cuerpos de altos funcionarios realizaron comunicados contrarios a la medida de gracia, acordada para que el nuevo gobierno fuera posible. A los altos cuerpos de la judicatura se unieron las asociaciones mayoritarias de los abogados del Estado, de los técnicos comerciales, los inspectores de trabajo o los administradores civiles, entre otros. Sin embargo, no todos los altos burócratas integrados en estas estuvieron de acuerdo: en FEDECA, el colectivo que agrupa a todas las asociaciones, la presidenta, Laura Yuste, fue acusada de haber disuelto y rebajado la protesta. Unas semanas más tarde esta sería reclutada como asesora en el gabinete del ministro de Economía, y sustituida, a su vez, por Ana Ercoreca de la Cruz, de talante más crítico. Desde asociaciones como la Academia Española de la Administración Pública, de orientación progresista, se criticó entonces la ruptura de la neutralidad política por parte de unos altos funcionarios que teóricamente basan su acción en su saber técnico, pero que no pueden ignorar su ideología. 

Después de este intento de condicionar la investidura gubernamental ha habido un nivel de actividad política creciente. El 13 de marzo de 2024 se presentó en la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona, centro perteneciente a la Asociación de los Propagandistas Católicos, el Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, firmado para luchar contra la supuesta injerencia del Gobierno en la Justicia y contra las consecuencias de las supuestas cesiones realizadas a Cataluña.

Entre sus portavoces se encontraban sindicatos de la Policía Nacional, de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del resto de cuerpos anteriormente mencionados. Destacaba Cristina Dexeus, perteneciente a la mayoritaria Asociación de Fiscales y furibunda crítica del proceso independentista catalán. El representante de APSITAL, la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, Alberto Bravo Queipo de Llano, mostró su preocupación por la descentralización de competencias para la selección de altos funcionarios para los ayuntamientos catalanes, lo que podría convertirse en una fuente de clientelismo.

Como representante de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado estaba su presidenta, Ana de la Herrán Piñar, especialmente activa en las tribunas periodísticas, en las que ha denunciado la medida de gracia como un paso decisivo para la demolición del Estado y el proyecto de reforma funcionarial como un cambio lesivo para la Administración. De la Herrán es nieta e hija de altos funcionarios: su abuelo fue Blas Piñar Gutiérrez, notario y fundador de la corriente ultraderechista Fuerza Nueva; su padre, Pedro de la Herrán Matorros, también notario, se presentó como número uno por Valladolid en las elecciones de 1979 por la coalición de extrema derecha Unión Nacional Española; solo su suegro, Blas Piñar, logró escaño en el Congreso.

La asociación de técnicos comerciales y economistas del Estado también ha sido especialmente combativa. El presidente de este colectivo es, desde hace unos meses, Álvaro Rengifo Abbad, que ha publicado recientemente un artículo en The Objective sobre las amenazas contra el Estado de derecho. Rengifo fue compañero de promoción de Luis de Guindos; su segundo en la asociación es Íñigo Fernández de Mesa, antigua mano derecha de De Guindos en Lehman Brothers y actual vicepresidente de la CEOE. En 2017, Rengifo fue incorporado al equipo económico de De Guindos como presidente de la empresa CESCE. Su padre, Álvaro Rengifo Calderón, también fue técnico comercial del Estado, y figuró como subsecretario de comercio en los últimos años del tardofranquismo; en 1976 juró el cargo de ministro de Comercio con Adolfo Suárez. Emparentado con el marqués de Villaverde a través de su esposa, Álvaro Rengifo Calderón jugó un papel importante en el inicio de la transición democrática. 

La colonización de las asociaciones mayoritarias es solo una forma más de la captura del Estado a la que se puede hacer progresivamente frente. La nueva ley de acceso a la función pública podría incrementar a medio plazo la diversidad social de los altos cuerpos burocráticos, pero, entretanto, la politización y la polarización de todo asunto público prometen una cruenta batalla administrativa. La nobleza estatal continúa en rebeldía al borde del fundido a negro del verano. 

El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público de 2025 con un total de 36.588 plazas, incluidas las ofrecidas en Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, lo que supone 3.546 menos que la oferta récord del año pasado o un descenso del 8,8%, según informa EFE.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la oferta para la Administración General del Estado (AGE) alcanza las 26.889 plazas de funcionario y personal laboral con especial foco en mejorar la atención directa al ciudadano.

De esas plazas, 20.324 son de turno libre y 6.565 de promoción interna y supondrán la creación de 5.400 empleos netos, destaca Función Pública. Para la Policía son 3.139 plazas, para Guardia Civil, 3.713, y para Fuerzas Armadas, 2.847. Por quinto año consecutivo, subrayan, se bate un récord del total de plazas de nuevo ingreso, 27.697, mientras que 8.891 plazas serán de promoción interna.

López ha incidido en la apuesta por lo público y ha comparado las 64.000 plazas convocadas por la anterior Administración del PP, 10.566 al año de media, con las 262.000 aprobadas en estos años de Gobierno de coalición, lo que supone 32.522 plazas al año de media y triplicar las cifras previas. López ha enumerado también que las prioridades de esta oferta pasan por reforzar el Estado del Bienestar, digitalizar la función pública y revertir los recortes de la anterior etapa.

En el desglose, las plazas para la Administración General del Estado para este año suponen un descenso del 14,5% frente a las 31.465 del pasado, una situación que llevó a los sindicatos a rechazar la oferta en las negociaciones mantenidas con el Gobierno.

Tanto CSIF como UGT y CCOO consideran estas cifras insuficientes para paliar el déficit de plantilla existente en la actualidad en la Administración del Estado. Pese al menor número de plazas ofertadas, el Gobierno subraya que se prevé generación de empleo neto, es decir que haya más ingresos que bajas.

Durante tres años consecutivos, destacan, se ha producido una generación de empleo neto, "lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas".

En los últimos años, señalan, la edad media del empleado público ha bajado en dos años, pasando de los 51 a los 49 años actuales gracias a las incorporaciones: en 2024 las altas duplicaron a las bajas, con un crecimiento neto de 9.000 efectivos. Otra de las medidas que está impactando en esa recuperación del empleo público, inciden, es la agilización de los procesos selectivos.

Función Pública también detalla que la oferta se enfoca hacia la atención a la ciudadanía, con 8.851 plazas en cuerpos y escalas para reforzar las oficinas de asistencia en materia de registros y las oficinas de tramitación y prestaciones.

Estas plazas reforzarán las oficinas de asistencia en materia de registros y las oficinas de tramitación y prestaciones, en centros como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Seguridad Social, Dirección General de Tráfico (DGT), oficinas de extranjería, gerencias territoriales de justicia, Catastro, Agencia Tributaria, Oficinas de expedición del DNI, homologación de títulos educativos, bibliotecas, archivos y museos estatales y capitanías marítimas.

Como ya ocurriera en 2024, la OEP 2025 reserva el 10 % de las plazas para personas con discapacidad, en total 2.610 plazas, de las que 538 serán para personas con discapacidad intelectual. En las convocatorias se podrá especificar la distribución territorial de las plazas y una previsión orientativa de las provincias en las que se ofertarán destinos.

 España, Francia y Grecia han presentado una propuesta conjunta para establecer una edad mínima en la Unión Europea para poder acceder a las redes sociales, con el objetivo de proteger a los menores de edad. Los tres países han presentado la medida, a la que tuvo acceso EFE, de cara a la siguiente reunión de los ministros de telecomunicaciones que se celebrará en Luxemburgo el próximo 6 de junio.

En el documento, el ministro español de Transformación Digital, Oscar López; la ministra delegada francesa de Inteligencia Artificial y Digitalización, Clara Chappaz; y el ministro griego de Digitalización, Dimitris Papastergiou, no plantean cuál debería ser esa edad mínima, a la espera de ver cómo se desarrolla el debate entre los socios europeos, explicaron fuentes diplomáticas.

El objetivo principal es crear mecanismos obligatorios en la Unión Europea que permitan verificar la edad de los usuarios, así como un software de control parental para todos los dispositivos con acceso a internet en el mercado.

También plantean el establecimiento de normas europeas que exijan diseños adaptados a la edad, "minimizando así arquitecturas adictivas y persuasivas, como por ejemplo ventanas emergentes, la personalización de los perfiles o la reproducción automática de videos". "Europa se enfrenta a un problema de responsabilidad intergeneracional que requiere acción colectiva a nivel europeo. La protección de los menores frente a los daños y riesgos de internet", señala el documento, de tres páginas.

España, Francia y Grecia subrayan que su intención "no es ni criminalizar el uso de la tecnología ni proponer soluciones inaplicables a un desafío creciente", dado que existen "nuevos caminos para el aprendizaje, la comunicación, la creatividad y el entretenimiento". "Sin embargo, este progreso conlleva desafíos, especialmente para nuestros niños", por "las dinámicas de las plataformas digitales, cuyos mecanismos algorítmicos diseñan ambientes que capturan la atención de los usuarios e incrementan su exposición a diseños adictivos y, a menudo, contenidos y contactos dañinos", continúan los ministros.

España, Francia y Grecia señalan que el Reglamento General de Protección de Datos establece una protección adicional para la información de los menores y que la reciente ley de servicios digitales (DSA) obliga a las plataformas a ser más transparentes en el diseño de sus algoritmos y les prohíbe mostrar publicidad personalizada a los que no han alcanzado los 18 años.

Asimismo, celebran que la Comisión Europea esté preparando unas directrices que deberán seguir las plataformas en el marco de la DSA para garantizar la protección de los menores, con medidas como la verificación de la edad de los usuarios o la imposibilidad de que puedan interactuar con desconocidos.

Bruselas, además está desarrollando actualmente una aplicación móvil de verificación de la edad para toda la UE, que permitirá a los usuarios demostrar a una compañía que son mayores de 18 años, sin especificar cuál es su edad exacta. Todo ello "establece un estándar global para la protección de los menores en internet, pero aún queda mucho trabajo por hacer", aseguran los ministros. 

España aprobó el año pasado un anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales que prevé elevar a 16 años la edad de acceso a las redes y que tipifica como delito.

También Francia aprobó el pasado mes de abril una ley que obliga a todas las páginas web de contenidos para adultos tener mecanismos de verificación de la edad. Además, el presidente, Emmanuel Macron, se ha mostrado a favor de prohibir el uso de teléfonos móviles antes de los 11 años y de las redes antes de los 15.

Mientras que Grecia ha puesto en marcha una estrategia para la protección de los menores de internet, con medidas que pasan por informar a los padres sobre las herramientas de control parental que están a su disposición. 

La celebración institucional del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, ha puesto de manifiesto una vez más la ruptura entre los presidentes nacional, Pedro Sánchez, y la autonómica, Isabel Díaz Ayuso, con el Ejército, el Gobierno y el PSOE-M ausentes en el acto de la Puerta del Sol.

A los actos institucionales de este año no ha sido invitado ningún miembro del Gobierno tras el veto de Díaz Ayuso por la ruptura de la relaciones institucionales entre Sol y Moncloa, derivada de la cancelación, por parte del Ministerio de Defensa, de la tradicional parada militar y el desfile aéreo de la Patrulla Águila, con el pretexto de que se trataba de un acto cívico y no militar.

La ausencia del Ejército –que solo ha participado en la ofrenda floral a los Héroes del Dos de Mayo en el cementerio de la Florida– ha estado presente en el discurso de Díaz Ayuso. "Este año el pueblo de Madrid está dolido y echa de menos a sus Fuerzas Armadas", ha dicho la presidenta.

"Desde los Reyes Católicos contamos con un ejército nacional. Desde 1811 las Cortes de Cádiz ordenaron que se celebrara de forma perpetua,...con formación de tropas y salvas militares”, la muerte de los sacrificados en Madrid el 2 de mayo de 1808 en defensa de España, en “una jornada de horror y gloria para la Nación española", ha dicho la dirigente madrileña del PP.

La presidenta madrileña, vestida con los colores de la bandera de España con una blusa en forma de capa amarilla y una falda roja, ha ensalzado durante su discurso en varias ocasiones al Ejército, al que los madrileños "quieren y admiran". "Madrid, unida y alegre, volverá a celebrar a sus héroes con su Ejército", ha asegurado.

En un discurso más institucional de lo habitual, Díaz Ayuso ha lanzado críticas veladas al Gobierno y ha dicho que "no podemos acostumbrarnos al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira", al recordar "el bochornoso apagón que dejó España a oscuras" el pasado lunes. Ha dicho que, pese a "la fabulosa solidaridad" de la ciudadanía y los servicios públicos, no se debe olvidar "la gravedad de lo ocurrido".

También ha mencionado que, a la invasión francesa, le siguieron "la inestabilidad, la división social, la politización de todo y las ideologías totalitarias", como el nacionalismo, el comunismo y el fascismo, así como "el guerracivilismo".

"El siglo XIX: lleno de revoluciones, de ruina", ha afirmado, y ha advertido de que "nadie se crea que puede tomarnos por tontos, que se puede acabar con nuestro buen nombre en el mundo, porque nos costó casi dos siglos recuperarlo".

Pese a su veto al Gobierno, Díaz Ayuso sí había invitado a las portavoces del PSOE-M en la Asamblea (Mar Espinar) y el Ayuntamiento de la capital (Reyes Maroto). Pero no han asistido al acto y los socialistas han organizado una celebración alternativa.

Allí ha estado el secretario general del PSOE-M, Óscar López, quien ha querido celebrar el Dos de Mayo "en una fiesta moderna" alejada "del sectarismo ya conocido" de Díaz Ayuso.

"Madrid es muy grande, Madrid es de todos, Madrid es un sitio abierto, plural, tolerante, donde la señora Ayuso monta polémicas de estas todos los días", ha dicho, en referencia a la celebración. "No hay precedentes de que de una fiesta como esta se excluya al presidente del Gobierno", ha subrayado el secretario general del PSOE-M.

López ha dicho que, tras la crisis energética del lunes y todo lo que ha pasado el martes, el jefe de Gabinete de la señora Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se ha dedicado a decir a los periodistas: "Por encima de mi cadáver el Gobierno va a entrar en esta fiesta".

También ha denunciado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha dedicado a mandar correos a las agrupaciones del PP para pedirle que militantes vayan a Sol.

"A mí me da mucha pena que la señora Ayuso no tenga ni un mínimo institucional, que no entienda que es la presidenta de todos los madrileños y que dedique recursos y actos institucionales como este a hacer mítines contra el PSOE y contra el presidente del Gobierno", ha resaltado.

En su opinión, "un presidente de la Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es una fiesta abierta a todo el mundo, cuanto más abierta mejor", pero la señora Ayuso se empeña en convertirla en "un mitin del PP". López ha garantizado que cuando haya un presidente socialista en esta Comunidad la fiesta va a ser de todos.

Al no estar representado el PSOE-M, cuya ausencia ha sido muy criticada por el PP, Más Madrid ha sido el único partido de la izquierda que ha participado en el acto, pese a igualmente considerar que Díaz Ayuso lo ha convertido en un "mitin". "Ni Maduro hubiera llegado tan lejos", ha dicho su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Por primera vez, el acto principal de la Comunidad se ha desarrollado íntegramente al aire libre en la Puerta del Sol. Y por ende ha sido protagonista la lluvia, muy intensa y acompañada de truenos en los momentos previos al inicio del acto, hasta el punto que ha causado un apagón en las carpas instaladas en la Puerta del Sol para evitar que se mojaran los alrededor de mil invitados y los medios de comunicación.

Expuestos al agua han quedado, en cambio, los ciudadanos asistentes a la celebración, que pese al chaparrón han llenado las gradas (dos, con capacidad para 250 personas cada una) levantadas para la ocasión en la plaza.

En el acto ha tenido lugar la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, la primera de las cuales ha recaído sobre los profesionales y voluntarios que ayudaron en la dana de Valencia, cuyos vehículos (como coches de bomberos, ambulancias, coches policiales, grúas y hasta una quitanieves) han protagonizado un desfile en plena Puerta del Sol.

Las demás condecoraciones se han otorgado al Restaurante Botín, Jorge Martín, José Coronado, FAD Juventud y Proyecto Hombre Madrid, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, Ilia Topuria, José Mercé, la Cuesta de Moyano, Pedro Schwartz, los profesionales del centro de ELA del Hospital Enfermera Isabel Zendal, los fundadores del Hayedo de Montejo, Massiel y Onda Madrid.

El Gobierno prevé licitar el nuevo canal de televisión en abierto antes de julio, según ha anunciado este jueves el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, que ha descartado instar a Telefónica a que concurra a esta convocatoria. En un desayuno organizado por Europa Press, el ministro ha afirmado que el nuevo canal de televisión en abierto se adjudicará en el plazo de tres meses después de que se haya aprobado (la semana pasada) el nuevo Plan técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT), según informa EFE.

A partir de que se licite este nuevo canal, comenzarán los trámites para su adjudicación, lo que conllevará un periodo de unos seis meses. Con ello, se prevé que este canal se adjudique en otoño o invierno.

En este desayuno, el ministro ha sido preguntado por la posibilidad de que inste a Telefónica a que concurra a la licitación de este canal de TV, teniendo en cuenta que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee el 10%, y ha descartado esta posibilidad.

Este nuevo canal resulta de la redistribución del espacio radioeléctrico a raíz de que haya quedado libre espacio con motivo del paso de la televisión de alta definición a la de ultraalta definición. "La ley establece que no puede haber espacio radioeléctrico libre y que el Gobierno tiene la obligación de convocar un concurso para redistribuirlo", ha dicho López.

Ha destacado el consenso con "todo el sector audiovisual" con el que se ha elaborado este plan técnico y ha afirmado que existe un plazo de tres meses para convocar el concurso. "Le convocaremos en este plazo", ha dicho el ministro. Preguntado por si le "incomodó" el rechazo del grupo Prisa para acudir a la convocatoria del nuevo canal, no ha querido "opinar sobre un grupo privado de comunicación". "Habrá un concurso con normalidad como ha habido siempre".

También ha sido preguntado por cuándo se contempla crear el registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y no ha dado fecha: "Se creará cuando se apruebe la ley". Un sistema de IA para estimar la edad del comprador, seleccionado para los ensayos sobre IA

Por otro lado, se ha referido al sandbox (banco de pruebas) de inteligencia artificial (IA), que España ha puesto en marcha para que las empresas españolas puedan testar los requisitos establecidos por el reglamento europeo para los sistemas de alto riesgo y ha anunciado que ya están seleccionados los 12 sistemas de IA que participarán en el ensayo. Entre los elegidos, según ha avanzado, figura un sistema de IA para estimar la edad del comprador a través del reconocimiento facial.

El objetivo es que, una vez concluidas las pruebas, se publiquen las guías destinadas a todas las empresas españolas como paso previo a la implantación de este reglamento de IA, así como las sanciones que estarán en marcha en agosto. Para elegir a estos 12 sistemas, se abrió una convocatoria a la que se han presentado 45 solicitudes de sistemas de IA de alto riesgo presentado por un centenar de empresas.

Momentos frenéticos en la política internacional y en la española. “Nos estamos jugando el modelo europeo”, reflexiona el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que defiende la conveniencia de aumentar el gasto en seguridad y de invertir principalmente en tecnología, a la vez que recuerda los formas híbridas de ataques cibernéticos que sufre España por parte de países como Rusia.

López (Madrid, 1973), uno de los hombres fuertes del Gobierno y nuevo líder del PSOE de Madrid, niega en la entrevista con infoLibre haber presionado a accionistas de Prisa frente a las acusaciones vertidas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la última sesión de control. “El PP sí ha amenazado a periodistas y ha financiado pseudomedios”, indica el ministro, que asimismo vaticina que se agotará la legislatura. Y mira también a su rival en el ruedo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, para pedirle que renuncie a su cargo y pida perdón a las familias de las personas que murieron en las residencias durante la pandemia. Con otro mensaje además sobre los negocios de su pareja: “Todo acaba en un ático, no tiene escapatoria”.

Estos días el mundo está pendiente de las negociaciones en la UE para el aumento del gasto en seguridad y por la pinza entre Donald Trump y Vladímir Putin que está cambiando el orden mundial. Esta semana el presidente, Pedro Sánchez, ha logrado un cambio en el lenguaje para definir como proyecto de seguridad y Preparación 2030 lo que hasta ahora se denominaba rearme. ¿Está en juego la propia democracia y el proyecto europeo social y de valores? 

Es evidente que nos estamos jugando el modelo europeo, basado en las libertades públicas, los derechos civiles, la democracia avanzada y un sistema económico donde el Estado juega un papel fuerte. Hay una ola reaccionaria que pretende desregular y privatizar todos los servicios públicos. Y a la vez hay una amenaza para la seguridad. Nosotros no tenemos una frontera física con Rusia, pero España es uno de los países que más ciberataques recibe, muchos de ellos provenientes de Moscú. ¿Nos conviene reforzar nuestra seguridad? La respuesta es evidente: sí. 

Una de las incógnitas es cómo se financia ese aumento del gasto en seguridad. Lo que ha planteado Sánchez en Bruselas es que no solo sean préstamos, sino que haya transferencias y fondos protegidos por deuda común. ¿Es factible ese objetivo?

Lo veo. Y hoy en día invertir en seguridad en gran parte es en tecnología. Hace años que los informes del Departamento de Seguridad Nacional alertan de que hay muchas amenazas híbridas. Le conviene a España invertir en reforzar las telecomunicaciones y el escudo digital y a Europa en soberanía tecnológica. 

¿Garantizando el Estado del Bienestar?

Eso es defender Europa. Nuestro sistema tiene muchos enemigos, y algunos son viejos. Pero tienen nuevas y poderosas herramientas. Nuestras democracias tienen caballos de Troya, que están dentro del sistema y se camuflan. Lo que hacen es intentar que implosione desde dentro. Hemos visto muchas estrategias de Rusia para desestabilizar y deslegitimar el modelo. Hay voces que vienen de gigantes tecnológicos que están poniendo en cuestión una administración pública fuerte. Es un debate muy serio, nos estamos jugando lo que somos. 

El debate sobre el incremento del gasto en defensa se vive también a nivel nacional. Sobre la mesa está la presentación de los presupuestos generales. ¿Ha tirado la toalla el Ejecutivo sobre las cuentas? ¿Se dan un tiempo de negociación con los socios?

No hemos tirado la toalla. El Gobierno va a buscar los votos hasta debajo de las piedras y va a seguir trabajando para sacar esos presupuestos. Nunca ha sido fácil. Llevamos cinco años de Gobierno de coalición progresista. ¿Y qué ha pasado? Crecemos más que los países de la zona euro y de la OCDE, batimos récords de empleo, avanzamos en derechos, suben las pensiones y el SMI y se crea el ingreso mínimo. Es el Gobierno que más gasto social ha hecho en la historia y que más ha reducido las desigualdades. Es muy importante reivindicar que el modelo español funciona y que es el país que le demuestra al mundo que se pueden hacer políticas de justicia social y crecer. Hemos derrotado a la ortodoxia neoliberal. Por eso somos el gran enemigo de la ola ultra. Esta moda ultra pasará y afortunadamente España habrá estado protegida por un Gobierno progresista.

Este jueves se dividió el voto del PSOE y de Sumar en iniciativas simbólicas sobre Defensa. Además, el Congreso rechazó la ley sobre la agencia pública de salud por el ‘no’ de Junts y del PP.  ¿Se puede mantener así la coalición? ¿Y el bloque de investidura?

Se va a mantener la coalición, se va a agotar la legislatura y se van a alcanzar acuerdos en el Parlamento. No es fácil. En los últimos años hemos visto en España coaliciones de izquierdas y de derechas (PP y Vox y PP y Cs), y estas últimas saltaron todas por los aires. La coalición progresista lleva cinco años gobernando, y es uno de los Ejecutivos más estables de Europa. Se va a agotar la legislatura. El Gobierno de coalición tendrá diferencias, pero las resuelve. Hay dificultades y las va a seguir habiendo porque hay muchas formaciones en el Parlamento. Por ejemplo, me siento muy lejos ideológicamente de un partido como Junts, pero somos capaces de llegar a acuerdos. ¿Merece la pena? Claro.

Se acaban de cumplir cinco años de la declaración del estado de alarma y de la aprobación del protocolo de la vergüenza en la Comunidad de Madrid que reveló infoLibre. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni ha pedido perdón ni ha recibido a las familias de las víctimas. ¿Hay alguna vía para que se asuman responsabilidades políticas por lo ocurrido?

No solamente no ha pedido perdón, sino que se ha dedicado a negar los testimonios o a recibir a los familiares. Lo primero que tiene que tener un gobernante es empatía. Ayuso tendría que pedir perdón y renunciar a su cargo. Hay un hecho incontestable: sólo Madrid tuvo un protocolo que dijo claramente que no derivaran a los hospitales. El documental 7291 tuvo un 25% de audiencia en la Comunidad de Madrid. Hay un momento que hiela la sangre: cuando se le pregunta al responsable de las residencias qué pasó con los mayores que tenían un seguro privado y con toda naturalidad responde que “por supuesto fueron derivados a su hospital privado”. No es admisible que en pleno siglo XXI la vida o la muerte dependa de tener un seguro privado.

La Fiscalía ha trasladado a los juzgados denuncias por discriminación en las residencias, un delito nuevo respecto a los que habían archivado los tribunales hasta hoy. ¿Cree que habrá responsabilidades judiciales y penales sobre los responsables de los protocolos?

Espero que sí, y el PSOE hace todo lo que puede. Toda la discusión judicial se ha basado hasta ahora en torno a si ese protocolo era vinculante o no. No sobre si existió o no como pretende decir Ayuso. Existió, lamentablemente. Los propios gestores de las residencias señalan que por supuesto que lo recibieron y lo aplicaron. No hay discusión, ustedes lo publicaron. Tuvo consecuencias y efectos lamentablemente.

Y con unos criterios diferentes a cualquier otro protocolo de otro lugar.

La Comunidad de Madrid mandó un protocolo a las residencias en el que decía que no se mandara a los hospitales a las personas de las residencias porque no se les iba a atender. Un responsable de residencias dijo en la comisión que cuando comprobaban que un mayor tenía un seguro privado, en cambio, llamaban al hospital privado y mandaban una ambulancia. 

Esta semana la jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos nuevos delitos: corrupción en los negocios y administración desleal. ¿Cree que acabará condenada la pareja de Díaz Ayuso? ¿Tiene responsabilidades políticas la presidenta de Madrid aunque ella diga que es una cuestión personal?

Todo acaba en un ático, no tiene escapatoria y le puede dar las vueltas que quiera. Todos sabemos que Miguel Ángel Rodríguez lo tiene grabado en el móvil como Alberto Quirón, con el nombre de uno de los mayores contratistas de la Comunidad. Todos sabemos lo que hay detrás, es cuestión de tiempo. Le dijo a todo Madrid que se había comprado un piso y no pone ninguno en la declaración de bienes. Fíjese que en Madrid uno no se encuentra con su ex, pero se compra el piso de arriba ¡Qué casualidad, anda que no hay áticos! Casualmente hay un piso a nombre de él y un ático a nombre de una sociedad que tiene que ver con él. Lo que hemos visto judicialmente esta semana es otro peldaño más hacia el ático.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, centró su pregunta en la sesión de control de esta semana al presidente del Gobierno sobre el contacto que usted mantuvo en París junto al presidente de Telefónica con directivos de Vivendi, accionista de Prisa, supuestamente para intentar que retiren su apoyo al actual presidente de la compañía, Joseph Oughourlian, y así intentar controlar desde el Gobierno a un medio de comunicación privado. ¿En qué consistió ese encuentro y de qué hablaron?

Como ministro que lleva el tema de la relación con los grupos de comunicación y con las plataformas, tengo reuniones todos los días. En París, en Davos, en Bruselas o en Madrid. No creo que haya ni un solo grupo con el que no me haya reunido. En el marco de una cumbre sobre IA en París, hablé con los directivos de Vivendi con toda normalidad. Por supuesto que no fue una reunión a tres bandas. Nos cruzamos luego con el presidente de Telefónica. Por lo tanto, nunca se produjo una reunión para presionar. Este Gobierno no presiona a ningún medio de comunicación. Más bien, al contrario. Fueron otros los que alimentaron guerras mediáticas en el pasado. Y son otros los que están ahora alimentando un bulo que, como las peores mentiras, siempre tienen una base, que vi a los directivos de Vivendi. Nunca lo he negado. Nadie nunca podrá decir que he presionado a un medio de comunicación. Es mentira, pero así se construye un bulo.

Es decir, ¿ni siquiera se produjo un encuentro a tres bandas?

No hubo una reunión como tal. Si cada vez que alguien me ve con un directivo de un medio especula sobre el contenido, no acabaríamos nunca. Me reúno con todos los grupos. Ahora bien, lo que provoca sonrojo son las guerras mediáticas que algunos tratan de alimentar.

¿Le preocupa al Gobierno que un grupo de comunicación como Prisa pueda quedar en manos de accionariado extranjero cuando ya lo están las principales empresas audiovisuales? 

Se hizo una normativa en España y en toda Europa en su día para proteger la estabilidad de las empresas estratégicas. Ahora bien, el Gobierno no va a entrar en una ninguna guerra accionarial en algún grupo. E insisto: el PP utilizó Telefónica en el pasado. Primero, para la compra por parte de unos accionistas concretos de una emisora, que era Antena 3. Eso ocurrió.

Fue en la época de José María Aznar y de Juan Villalonga en Telefónica.

Luego la utilizó en paralelo para intentar hundir a Prisa. El PP llegó a hacer una ley y una normativa para decir que el Madrid-Barça era de interés general y no había que pagar a un grupo de comunicación que tenía los derechos del fútbol. El PP ha hecho esto siempre. Este Gobierno jamás ha presionado a un medio. Si algo podemos ver todos los días, es que el 80% de los tertulianos, de la opinión públicada y de los medios son críticos con el Ejecutivo. Lo llevamos con toda naturalidad, cuando las personas que nos consideramos progresistas representamos el 50% de la población. Creo que tiene mucho más peso en la opinión publicada la derecha que lo que tiene en la sociedad y en la calle.

¿Cómo puede un Gobierno ejercer su deber constitucional de proteger la pluralidad mediática y el derecho de la ciudadanía a una información veraz sin traspasar la línea de violar la libertad de prensa y de empresa? 

Pues aplicando la normativa que refuerce el pluralismo y la independencia de los medios. Por eso hemos hecho un proyecto de ley y un plan de acción por la democracia que refuerza a los medios y que aplica en España la normativa europea, que establece medidas tan sensatas como la transparencia. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber quién está detrás de un medio de comunicación y cómo se financia. Si algo quiere este Gobierno es transparencia. Es la derecha la que siempre ha alimentado con opacidad estas guerras mediáticas. Los medios dependen de quién tiene dinero. La persona más rica del planeta ha comprado la red social más poderosa del planeta, que ha pasado de Twitter a X, y hemos visto qué ha pasado. ¿Qué va a hacer este Gobierno? Aplicar la normativa europea, reforzar a los medios y garantizar el artículo 20 de la Constitución, que dice que los ciudadanos tienen derecho a una información veraz. Para eso hace pluralismo informativo, que es lo que siempre ha fomentado este Ejecutivo.

Está en elaboración ese proyecto de ley para la mejora de gobernanza democrática de servicios digitales y de los medios, que pasó una primera vuelta ya en el Consejo de Ministros. ¿En esta tramitación se puede ir incluso más allá de lo que establece el reglamento europeo en transparencia, como que las plataformas tengan una responsabilidad sobre los contenidos? ¿Habrá apoyo en el Congreso? ¿Cuándo se aprobará?

Como siempre que se aplica un reglamento europeo a la legislación nacional, hay medidas que entran en vigor por la propia aplicación y otras que van en la ley. Hemos traído el triple escudo: los reglamentos de la EMFA, de servicios digitales y de IA. Estos nos protege como ciudadanos para que los medios sean plurales, para que haya transparencia, también en los algoritmos, y para evitar el abuso y el mal uso de la inteligencia artificial para crear deep fakes o fake news. La democracia tiene viejos enemigos con nuevas herramientas. El Gobierno va a proteger la libertad, la independencia y el pluralismo de los medios.

¿Se va a exigir en ese registro de medios que se conozcan los accionistas con nombre y apellidos y se sepan quiénes están detrás?

Por supuesto. En este país los pseudomedios digitales brotan como setas. Y nadie sabe quién está detrás. ¿Quién puede temer la transparencia? Quien tenga algo que ocultar. Y, por cierto, saber la financiación con medios públicos que pagamos todos. Se están financiando e incluso creando pseuomedios con dinero público. La mejor receta se llama transparencia.

El PP ha pedido su comparecencia en el Congreso para informar sobre la citada reunión en París y para explicar esa acusación de interferencia desde el Gobierno en una empresa privada. ¿Va a hacerlo?

He respondido preguntas, y seguro que responderé a muchas más. Las comparecencias se decidirán en el Parlamento. En todo caso va a acabar rápido porque nunca se produjo una reunión como la que se ha contado para presionar. Me da una excelente oportunidad para contar lo que sí ha hecho el PP: amenazar a periodistas y medios, financiar a pseudomedios e intervenir como hizo en el pasado.

Esta semana el Consejo de Ministros aprobó el decreto para la reubicación de menores no acompañados ante la situación de hacinamiento en Canarias y Ceuta. El PP ha sido muy crítico y ha llegado a amenazar con boicotear el nuevo sistema. Ayuso ha dicho finalmente que “cumplirá la ley” aunque no le guste, pero señala que el Gobierno central “envía a los menores”. ¿Teme que cale un discurso xenófobo? ¿El PP terminará aplicando con normalidad esa ley?

No veo diferencia entre el discurso del PP y el de Vox, lamentablemente. Los populares están colonizados absolutamente por las ideas de la ultraderecha. Claro que es un discurso racista y xenófobo. ¿Ha escuchado a alguien del Partido Popular hablar del número de refugiados menores ucranianos en Madrid? No. ¿Y por qué son un problema los menores que vienen de Canarias? Eso es racista. Ahora se pone por fin solución a un problema crucial en las islas y se hace con una receta que se llama solidaridad. Se hace con criterios que son transparentes. Y le exijo a Ayuso que haga lo mismo cuando sepamos el número de menores: que diga con transparencia cuántos tienen que ir a Fuenlabrada, a Pozuelo o a Majadahonda. 

Esta semana se produjo el pacto entre Carlos Mazón y Vox para los presupuestos de la Generalitat Valenciana. ¿Qué valoración hace del acuerdo?

El PP ha vendido su alma al diablo y ha sido capaz de ir contra toda la política europea para sostener a Mazón. Nunca podrá escapar de lo que pasó el día de la dana. Feijóo lo acabará pagando.

El caso de González Amador tiene otra derivada judicial en torno al fiscal general del Estado. ¿Confía en su inocencia?

No me cabe ninguna duda de que, por muchas tretas judiciales que se traten de hacer, la verdad siempre sale a la luz. Y es tozuda. Ningún español sabría que Alberto Quirón estaba pactando con la Fiscalía si no nos lo hubiera dicho el jefe de gabinete de Ayuso, que filtró esa información a El Mundo contándolo al revés de lo que es y estableciendo un bulo. Cada día que pasa es uno menos para que se esclarezca la verdad.

¿Confía en que la instrucción del juez Hurtado en el Supremo acabará archivada? ¿Cómo va a reaccionar el Gobierno si el fiscal general acaba sentado en el banquillo imputado aunque hasta ahora no hayan aparecido pruebas que respalden la acusación de esta filtración?

Llevo vistas cosas estos años que me llevan a no afirmar cómo va a evolucionar una instrucción. Han pasado cosas que me parecen increíbles como admitir a trámite denuncias y querellas que nunca debían haberlo sido según la propia doctrina del Supremo en base a recortes de prensa, algunos de ellos claramente falsos.

¿Habla del caso que afecta a la esposa del presidente?

Por supuesto que sí. Hemos visto montar causas prospectivas. Cuando se acusa de algo, hay que hacerlo con pruebas y sobre un asunto concreto y no abrir una investigación judicial genérica sobre su vida desde que su marido es presidente, como se ha llegado a afirmar. Pero creo que la verdad es tozuda y sale a la luz. 

El pasado mes de febrero asumió el liderazgo del PSOE de Madrid. ¿Puede la izquierda realmente ganar las próximas autonómicas?

De las últimas seis elecciones en Madrid, la izquierda tendría que haber gobernado tres veces. En 2003 sufrimos el tamayazo y en 2015 faltó un escaño por la división de la izquierda. Tomen nota para la próxima. En 2019 Ángel Gabilondo fue el más votado. 

En Madrid el principal problema de los ciudadanos ahora mismo es la vivienda ante los precios estratosféricos. ¿No puede hacer nada el Ejecutivo central para que se aplique la ley de vivienda en la comunidad y haya efectos positivos como se está viendo en Cataluña?

Estamos buscando vías. El problema de la vivienda es que es un mercado imperfecto. ¿La gente tiene un millón y medio de euros para comprar una vivienda? ¿Y 1700 euros al mes para un alquiler? No. El mercado tiene esos precios porque durante años no se ha hecho vivienda pública y la que había se ha vendido a fondos buitres. Además, estaban las golden visa y hay apartamentos turísticos. También han venido multimillonarios a Madrid a comprar patrimonio. Hay que intervenir un mercado imperfecto. Ahora sabemos que en Cataluña la aplicación de la ley ha bajado el precio del alquiler y con más oferta. Solo con su mera aplicación en Madrid habría medio millón de propietarios que estarían pagando menos impuestos y un millón de inquilinos que abonarían menos. Pero la derecha tiene otra política: el negocio y el pelotazo. Hay un grupo de alcaldes que están presentando iniciativas y no descarto que vayan a donde haga falta para que se aplique la norma.

¿Seguirá como ministro hasta la campaña de las elecciones de 2027?

Ser ministro o no sólo depende de una persona.

¿Pero cree que como candidato lo procedente es estar hasta esa fecha?

El presidente nombra y cesa a los ministros. No puedo contestar a esta pregunta.

El Gobierno tiene previsto obligar por ley a identificar los contenidos que se generan con inteligencia artificial (IA) y establecerá además un régimen sancionador para quienes utilicen esas tecnologías de forma perversa, con multas que pueden alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7 por ciento de la facturación de una empresa.

Así se recogerá en la Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, cuyo anteproyecto ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y con el que el Ejecutivo pretende asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de esta tecnología y facilitar que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales, según recoge EFE.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado la trascendencia de esta nueva norma, y se ha referido a la inteligencia artificial como un "poderoso" instrumento que puede favorecer el crecimiento económico, favorecer la lucha contra muchas enfermedades o el desarrollo de nuevos fármacos, pero también ser una herramienta para difundir bulos, para expandir el odio y atacar a la democracia.

Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha resumido además el contenido de un informe sobre el uso de la inteligencia artificial y su implementación en España, y ha destacado que el estudio señala que el PIB nacional podría crecer hasta un 8% -más de 100.000 millones de euros- en los próximos diez años si se aplica esta tecnología de forma correcta.

El ministro ha enmarcado el nuevo anteproyecto en el "escudo europeo" que protege los derechos digitales y que se complementa con el anteproyecto de ley de servicios digitales y los medios de comunicación y ha informado de que la nueva norma adaptará la legislación española al reglamento europeo de Inteligencia artificial, que está ya en vigor.

El anteproyecto, como el reglamento europeo, establece las prácticas prohibidas de la inteligencia artificial, y entre ellas el uso de técnicas subliminales (como las imágenes o los sonidos imperceptibles) para manipular decisiones sin consentimiento, o el uso por ejemplo de un chatbot que identifica usuarios con adicción al juego y les incita a entrar, con técnicas subliminales, en una plataforma de juego online.

Prohibirá además explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o situación socioeconómica para alterar sustancialmente comportamientos de modo que les provoque o pueda provocar perjuicios; el ministro ha citado como ejemplo que un juguete infantil habilitado con IA anime a los niños a completar retos que les pueden producir daños físicos graves.

La nueva norma prohíbe también la clasificación biométrica de las personas por raza u orientación política, religiosa o sexual, la puntuación de individuos o grupos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales como método de selección para, por ejemplo, denegarles la concesión de subvenciones o préstamos, o valorar el riesgo de que una persona cometa un delito basándose en datos personales como su historial familiar, su nivel educativo o su lugar de residencia.

Las sanciones que se pondrán para este tipo de sistemas oscilan entre los 7,5 y los 35 millones de euros, o entre el 2 y el 7 por ciento del volumen de negocio mundial de la empresa responsable, aunque en el caso de las pymes esa cuantía podrá ser inferior.

El ministro ha informado durante la rueda de prensa de que las autoridades u organismos encargados de vigilar los sistemas prohibidos serán la Agencia Española de Protección de Datos (para sistemas biométricos y gestión de fronteras); el Consejo General del Poder Judicial (para sistemas de IA en el ámbito de la justicia), la Junta Electoral Central (para sistemas que IA que afecten a procesos democráticos) y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en el resto de los casos.

La ley establece además, de acuerdo con el reglamento europeo, 'sistemas de alto riesgo', e incluye entre ellos todos los que se pueden añadir como elementos de seguridad a productos industriales, a juguetes, equipos radioeléctricos o productos sanitarios, o sistemas; los sistemas para la garantía del derecho, migración, asilo y gestión del control fronterizo; o los sistemas para su uso en la administración de justicia y en procesos democráticos.

Estos sistemas deben cumplir una serie de requisitos y en caso de incumplimientos se establecen también sanciones en función de la gravedad que pueden oscilar entre los 500.000 y los 7,5 millones de euros, o hasta el 2 y el 3 por ciento del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior de la empresa responsable.

Entre las infracciones graves estará la de no cumplir con la obligación de etiquetar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo que se generado o manipulado con IA y que muestren a personas reales o inexistentes diciendo o haciendo cosas que nunca han hecho o en lugares donde nunca han estado, lo que constituye una "ultrasuplantación" (deepfake).

La aprobación de este anteproyecto en el Consejo de Ministros se ha producido varios días después de que el PP haya difundido a través de las redes sociales dos vídeos creados por inteligencia artificial; el primero, titulado La isla de las corrupciones, fue publicado y después eliminado tras las protestas de la República Dominicana, y en él, y sobre imágenes del país caribeño, se cargaba contra el PSOE y los presuntos casos de corrupción que afectan al partido.

En el segundo, que el PP tituló La manifestación que no verás hoy (publicado el 8M; Día de la Mujer) se suceden imágenes virtuales de varios dirigentes o exdirigentes de la izquierda y de la esposa del presidente del Gobierno, y entre ellas una de Pedro Sánchez junto al exministro José Luis Ábalos con un "catálogo" de mujeres. EFE

El rey Felipe VI ha presidido este domingo en Barcelona la tradicional cena de bienvenida al congreso MWC, un evento de gala que ha estado marcado por la normalidad institucional y por las menciones a la guerra en Ucrania, según informa EFE. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido al monarca a la entrada del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), donde se ha celebrado la cena, un saludo entre el presidente catalán y el jefe del Estado que no se producía desde hacía ocho años en el MWC. Desde 2017, cuando lo había hecho por última vez Carles Puigdemont, el presidente catalán no participaba en la recepción al rey.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, el de Transición Digital, Óscar López, la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Teresa Ribera, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, estaban asimismo entre las autoridades que le han recibido.

A la cena, que da cada año el pistoletazo de salida al mayor congreso mundial del sector de la conectividad, que comienza este lunes, han asistido unos 250 invitados, incluidos empresarios e inversores internacionales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el año pasado asistió a la cena, ha estado este domingo en Londres, donde ha sido recibido por el primer ministro británico, Keir Starmer, para participar en una cumbre en la que los principales líderes europeos han abordado la situación en Ucrania.

En su discurso, Felipe VI ha enviado un mensaje de solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano "en su legítima defensa" y en su derecho de lograr una paz justa y duradera, "defendiendo su independencia y su integridad territorial".

El jefe del Estado ha recordado que ya hace tres años de la edición del Mobile en la que también condenó el comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania por la invasión rusa. "Las razones para la firme condena y rechazo de tal agresión contraria a la legalidad internacional y a la Carta de Naciones Unidas siguen muy vigentes y nuestro país, junto a la UE y muchos otros así lo seguimos haciendo", ha recalcado el rey.

Illa ha mencionado asimismo que la situación en Ucrania atraviesa un "momento crítico" y ha abogado por fortalecer un orden mundial basado en normas y en el "multilateralismo", así como por avanzar hacia una paz "duradera" y "justa" en Ucrania.

Antes del comienzo de un congreso que estará marcado por la irrupción de la inteligencia artificial, el rey ha pedido que la industria reafirme su compromiso con el desarrollo seguro y responsable de esa tecnología. "Seamos abiertos y receptivos, pero también cautelosos y no ingenuos", ha advertido.

"Avanzar de manera coordinada será fundamental para garantizar que implementemos esta transformación con la máxima seguridad y protección para los consumidores, que tienen preocupaciones totalmente comprensibles sobre la protección y la privacidad. Ahora, como ha sido tan a menudo el caso, la clave será lograr el equilibrio adecuado entre innovación y regulación", ha indicado Felipe VI.

Illa ha defendido en su intervención la "cooperación entre administraciones" como la mejor vía para impulsar el crecimiento. Tanto las administraciones implicadas como la sociedad catalana y Fira de Barcelona han remado en la misma dirección desde la primera edición del evento: "No nos hemos enfrentado los unos a los otros", ha señalado.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha destacado por su parte la digitalización como "una oportunidad para la concordia". "Debemos reivindicar, hoy más que nunca, el valor de la cooperación y el multilateralismo", ha dicho el ministro, que ha apostado por fortalecer la colaboración público-privada.

Ha intervenido asimismo en los parlamentos previos a la cena el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha destacado el impacto del MWC en "la economía, la actividad, la proyección internacional y la transformación urbana" de la capital catalana. El Mobile es "mucho más que un congreso", que se ha convertido con los años en "una fuerza que impulsa las oportunidades, las alianzas", y donde "se da forma al futuro de la tecnología", ha dicho.

“Quiero un partido de ganadores”. La orden dada por Pedro Sánchez en su discurso final en el congreso federal de Sevilla fue muy clara. Tras aquel terremoto del 28M, el socialismo se prepara para recuperar terreno en las próximas citas electorales. El poder regional es clave y el partido ha decidido ir a por todas. Darle la vuelta al marcador, una de las especialidades del relato del presidente del Gobierno.

De hecho, uno de los factores claves que llevaron a Sánchez a convocar el congreso federal ya en diciembre del año pasado fue poner a punto los territorios (cuyos cónclaves son después del nacional). La nueva geografía socialista se ha configurado y los líderes están siendo proclamados en sus congresos en las últimas semanas. Este domingo le tocará asumir el mando a Francisco Lucas del PSRM.

Y el PSOE, con más unidad que ruido, ha conformado desde enero al nuevo equipo, donde hay hasta nueve nuevos secretarios generales de las 17 autonomías. Entran a liderar sus federaciones respecto a los anteriores comicios y son candidatos in pectore para las próximas autonómicas: María Jesús Montero (Andalucía), Pedro Casares (Cantabria), Óscar López (Madrid), Carlos Martínez (Castilla y León), Francisco Lucas (Murcia), Pilar Alegría (Aragón), Miguel Ángel Gallardo (Extremadura), Diana Morant (Comunidad Valenciana) y Javier García (La Rioja).

Se mantienen como líderes tras competir en las anteriores elecciones: Emiliano García-Page (Castilla La-Mancha), Eneko Andueza (País Vasco), Ángel Víctor Torres (Canarias), José Ramón Gómez Besteiro (Galicia), Salvador Illa (Cataluña), Francina Armengol (Balears) y Adrián Barbón (Asturias). 

En esta selección del equipo autonómico hay varios hechos destacables como, por ejemplo, la presencia de hasta cinco ministros (Montero, López, Alegría, Morant y Torres). Para Ferraz no significa ningún problema, sino que evidencia la conexión entre los militantes y el Ejecutivo. Asimismo, destaca que cambian de liderazgo respecto a las anteriores urnas las tres federaciones con más militantes (Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana). Son tres espacios clave, junto a Cataluña, para retener el Gobierno central en las próximas generales. A la vez hay esencia del municipalismo con la llegada de Martínez (alcalde de Soria) y de García (primer edil de Arnedo). 

Desde la sala de máquinas del PSOE señalan sobre el nuevo mapa de poder autonómico: “Lo primero: esto es fruto de un proceso congresual que comenzó en Sevilla, y que el PP lleva casi ocho años sin hacer. No ven necesario consultar con sus bases ni sus acercamientos bochornosos a la ultraderecha o la formación de gobiernos con los ultras”.

“Ya dijimos en Sevilla que el congreso federal era el pistoletazo de salida a la renovación de las federaciones autonómicas para comenzar a preparar las elecciones de 2026 y 2027. Vamos a recuperar gran parte del poder territorial en esos comicios. Y decimos ‘el poder’, sí, porque lo queremos para hacer lo que el PP no hace: mejorar la vida de la gente”, indican fuentes socialistas, que añaden: “El poder no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para el cambio a mejor. Estamos viendo cómo la derecha, solo por cálculo político, se niega a reducir la deuda de las autonomías en las que gobierna. Pero, ¿qué gobernante que se debe a los ciudadanos es capaz de hacer eso?”

Conscientes del choque que está suponiendo con el PP la condonación de la deuda en la política territorial, en Ferraz explican: “Feijóo apuesta contra el Gobierno con el dinero de sus comunidades y, por extensión, de los ciudadanos que viven en ellas. Es la firma de un político sin escrúpulos”. A lo que añaden en el cuartel general del socialismo: “En las próximas elecciones autonómicas hay que devolver los gobiernos progresistas a muchos lugares de España, y los congresos autonómicos, provinciales y las asambleas locales son la primera piedra de ese edificio por construir”.

Para rematar desde la dirección del partido: “El PSOE tiene un liderazgo fuerte en Pedro Sánchez, y Feijóo será un lastre para los candidatos del PP si es que aguanta hasta 2027. Tiene una valoración peor que la de Pablo Casado. Y era difícil. Las dudas están en Génova. En Ferraz solo hay seguridad en lograr los objetivos y ganas de que llegue el momento”.

El ciclo electoral arrancará el año que viene con las elecciones en Castilla y León y en Andalucía, si no aprietan antes el botón electoral algún presidente del PP tras la salida de Vox de sus gobiernos (como podría ser el caso de Murcia o Balears). A pesar de que en el Partido Popular creían que gobernar en solitario podía beneficiarles en las autonomías, entre los populares ahora se ve con preocupación el ascenso de Vox en los sondeos, impulsados por temas como la migración y subiéndose a la ola populista desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Por eso hay dudas de que algunas autonomías populares vayan a elecciones para “no hacerse un Mañueco”, como hay gente del PP que define a la situación de terminar dependiendo de la ultraderecha sin lograr una mayoría absoluta.

Las tres federaciones más importantes saben, además, que jugarán un papel clave a nivel nacional para aguantar en La Moncloa. La gran apuesta del desembarco autonómico es María Jesús Montero, vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, que tiene la complicada misión de recuperar el Palacio de San Telmo y mantener el pulso electoral en el sur de cara a unas generales. La dirigentes sevillana tomó el control del PSOE-A el paso fin de semana en el congreso de Armilla (Granada) elaborando una Ejecutiva de integración en la que juegan papeles destacados María Márquez y Paco Rodríguez. Ahora la federación está inmersa en el relevo provincial, que se está produciendo de manera consensuada a excepción de las primarias abiertas en Jaén y Cádiz.

Las otras joyas de la corona internas del socialismo son Madrid y la Comunitat Valenciana, por el número de afiliados. En el primer caso Óscar López ejerce ya como líder y ha girado la dirección política respecto a Juan Lobato, además de poner como pilares a Pilar Sánchez Acera (secretaria de Organización) y Mar Espinar (portavoz en la Asamblea). Y en el levante Morant ha tomado las riendas en un momento en el que el socialismo aspira a desbancar, junto a Compromís, a un muy tocado Carlos Mazón. En clave interna, la ministra de Ciencia está atenta a lo que pase este domingo en las primarias provinciales en Valencia y Castellón.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) será la columna vertebral del futuro registro de medios, que el Gobierno impulsa ya a través de un anteproyecto como una de sus principales medidas del plan de regeneración y como consecuencia de la aplicación en España de la Ley de Servicios Digitales de la UE y el reglamento de medios (EMFA).

El Consejo de Ministros dio este martes un importante paso y estudió en primera vuelta el anteproyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, en el que lleva tiempo trabajando el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. 

El anteproyecto de ley llega además en un contexto en el que retroceden los procesos de verificación en las redes sociales, proliferan prácticas como las deepfake y se extiende la preocupación en todo el continente por las injerencias a través de las redes de terceros actores en los procesos electorales. Este ha sido uno de los temas que  más ha vigilado Bruselas en los recientes comicios en Alemania, donde Elon Musk, dueño de X, ha apoyado activamente al partido ultraderechista de AfD.

El texto, que no se ha hecho público en su integridad, tiene como uno de sus platos fuertes el registro de medios, que emana de las exigencias europeas. El modelo que ha elegido el Gobierno para su supervisión pasa por el organismo de la CNMC porque, indican fuentes del Ejecutivo, quieren dotar de mayor independencia este proceso.

El registro estatal de medios deberá ser accesible a los ciudadanos y en él tendrán que inscribir su estructura de propiedad, además de constar los fondos públicos que reciban (tanto de carácter nacional como extranjero) en concepto de publicidad. Esa información se debería ir actualizando a través de la Comisión. En este sentido, el Gobierno prevé en su propuesta que se creen registros autonómicos, que estarán coordinados con el sistema estatal y en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito local.

Además, la Comisión tendrá que velar en sus procedimientos para evaluar procesos de concentración de medios y garantizar tanto la pluralidad informativa como la independencia editorial, según el Ejecutivo. Aunque ahora mismo en el ecosistema informativo español no hay una alta concentración de propiedad en los medios digitales, fuentes del Gobierno indican que, como mandata la UE, hay que estar atentos por si se dan situaciones como que un “multimillonario comprara quince medios”. Asimismo, en el Gobierno creen que la CNMC puede jugar el papel de poner en común las peticiones de medios y editores.

La otra gran pata de este anteproyecto tiene que ver con los servicios digitales para avanzar en la protección de los derechos digitales y “en la defensa de la calidad de la democracia”, según defiende el Gobierno. También se nombra a la CNMC como coordinadora y trabajará de la mano de la Comisión Europea para que los proveedores, tanto plataformas como buscadores, cumplan con el reglamento.

Deberá también designar “alertadores fiables”, que son entidades acreditadas para alertar sobre contenidos ilícitos, y propiciar que los proveedores de servicios de internet se doten de canales de denuncia de contenidos ilícitos. Además, a través de la futura ley, se exigirá transparencia sobre los criterios de los algoritmos y sobre la publicidad presente en sus plataformas.

El anteproyecto establece además un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.

Como consecuencia de las nuevas atribuciones, el anteproyecto supone una modificación de la ley de creación de la CNMC para ampliar sus competencias en materias de control, supervisión, inspección y sanción sobre plataformas digitales. Además, la Agencia Española de Protección de Datos será la responsable de supervisar las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores. 

Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, López subrayó la "importancia" de la norma en un contexto en el que hay retrocesos en los sistemas de verificación de las redes: "El reglamento europeo es un gran escudo que nos protege a todos". Para el ministro de Transformación Digital y Función Pública, “hoy más que nunca, Europa y España deben ofrecer un espacio digital seguro donde se protejan todos los derechos fundamentales y los derechos específicos de los consumidores y usuarios”.

Este anteproyecto forma parte del plan de regeneración impulsado por el Gobierno después de los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el año pasado. La hoja de ruta consta de 31 medidas principalmente, que fueron pactadas por el PSOE y por Sumar el pasado mes de septiembre y que se pretenden implementar a lo largo de la legislatura. 

Respecto a los medios, ese plan incluye una reforma de la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación de asignación. El Ejecutivo prevé en este eje una reforma de la ley para garantizar sistemas de medición de audiencia. A la vez, se pondrá en marcha una Estrategia Nacional de lucha contra la desinformación y se marcarán límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, prevé aprobar este mes la orden ministerial que prohíbe las llamadas comerciales desde números que correspondan a móviles. "Quedará terminantemente prohibido poder hacer una llamada comercial con un número que no sea un 800, un 900 o que empiece con un prefijo de una provincia española. No podrá recibir usted una llamada comercial desde un móvil", ha asegurado este jueves el ministro en declaraciones a Rac-1 que ha recogido EFE.

Además, se podrán denunciar estas malas prácticas ante la oficina de atención al consumidor de las telecomunicaciones y se habilitarán "sanciones" para quien no cumpla la ley, ha añadido. Esta orden ministerial, que se aprobará de forma "rápida", dado que no debe pasar por el Congreso, ha recordado, también busca "combatir las ciberestafas".

Por otra parte, el ministro ha recordado que este miércoles se presentó el Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa que pone de manifiesto que España está siendo "pionera" en la protección de los derechos digitales. Asimismo, ha destacado que España está desarrollando su propio modelo de inteligencia artificial, Alia.

Preguntado por si se plantea abandonar la red social X, ha asegurado que él prefiere seguir estando en esa red, pero que para ello usará también sus "propias reglas", aunque también ha dicho que respeta a quienes han decidido abandonarla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desvelado que han desaparecido de su teléfono móvil las conversaciones “de poca importancia” que había mantenido con el presidente Pedro Sánchez durante la pandemia.

En una entrevista en Telecinco que ha recogido EFE, Díaz Ayuso ha contado que tenía “tres o cuatro conversaciones” con Sánchez “que han desaparecido” y se ha preguntado “qué no estarán utilizando” desde el Ejecutivo para que ella ya no tenga esos chats en su móvil.

La presidenta regional ha ahondado en que “tenía conversaciones con el presidente de poca importancia, sin salsa política, sobre la pandemia” y ha insistido en "qué programas no estarán utilizando desde la Moncloa” para hacer que esos mensajes ya no estén.

Al ser preguntada por si está denunciado un espionaje de su teléfono ha dicho: “No sé si del mío o de mucha gente que tenía un chat con él (Sánchez)”, pero ha recalcado que sus mensajes con él “han desaparecido” y en su contacto “ahora aparece uno sin avatar”.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha insistido este lunes en que los socialistas serán la "alternativa" a la "internacional ultra" que representa la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso porque "se puede cambiar madrileños". Así lo ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, después de que este fin de semana haya sido ratificado en su cargo durante el Congreso regional celebrado en Leganés, en el que los socialistas madrileños han puesto el foco en la política "hiperventilada" del PP de Madrid.

"La estrategia de Ayuso pasa por no hablar de los problemas que tiene Madrid. Pasa por generar y alimentar polémicas muchas veces absurdas. Una vez más, exactamente igual que la internacional ultra. Es decir, hablemos de si los inmigrantes comen perros y gatos", ha aseverado el secretario del PSOE-M.

En el Congreso celebrado este fin de semana, Ayuso protagonizó varios pasajes del Congreso, como el vídeo de arranque el sábado en que tuvo el protagonismo junto a líderes internacionales de derecha como el argentino Javier Milei o la italiana Georgia Meloni, con el mensaje.

Al ser preguntado por una autocrítica después de que el PSOE lleve treinta años sin gobernar Madrid, López ha asegurado que se ha debido a una "suma de circunstancias", desde "crisis internas a que la oposición desgasta mucho", pero que en este Congreso se ha vivido "un ambiente extraordinario". Además de su "obligación" es que se vea que hay una "alternativa" y ha remarcado que su intención es que la ciudadanía "le escuche", así movilizar el abstencionismo. "Para todos aquellos que piensen que Madrid es de derechas, yo sinceramente creo que no", ha remarcado. 

El exsecretario general del PSOE en Madrid Juan Lobato ha anunciado este lunes que continuará como senador en el nuevo período de sesiones, pero sin sueldo, en una labor que compaginará con su puesto en la Agencia Tributaria.

Lobato ha dado a conocer su renuncia a la asignación salarial del Senado en un comunicado en la red social Bluesky, un día después de que el congreso regional del PSOE haya ratificado al ministro Óscar López como su sustituto al frente de los socialistas madrileños. "Es bueno que quienes nos dedicamos en algún momento a la política tengamos una carrera profesional y no nos desvinculemos de ella", afirma Lobato, para quien "nunca hay que estar en la política para vivir de la política".

Subraya que "recuperar contexto y realidad social es muy conveniente cada cierto tiempo" y añade que este momento en una buena ocasión para hacerlo, ahora que ya está fuera de la primera línea política después de nueve años como alcalde y portavoz parlamentario.

Según dice, esta decisión le facilitará "para futuras etapas políticas" poder disponer de "una concepción profunda y actualizada de la realidad en el ámbito profesional y fuera de la política".

Lobato considera además un deber completar el trabajo desarrollado en las comisiones de Hacienda, Economía y Comunidades Autónomas del Senado y puntualiza que compaginar participación política y trabajo profesional "es algo deseable y además común en la inmensa mayoría de los 'políticos' de este país" de todos los partidos sin distinción.

"Políticos/as municipales con mayúsculas que viven de su sueldo profesional y que dedican su tiempo y esfuerzos a sus vecinos sin esperar tener un sueldo público", destaca el exlíder del PSOE en la Comunidad de Madrid.

El exsecretario general pretende reincorporarse a su puesto en la Agencia Tributaria y asistir a las sesiones del Senado mediante el permiso que tienen los funcionarios para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.

Lobato lo ha explicado así este lunes, unas horas después de publicar en su cuenta de Bluesky que quiere volver a ejercer como funcionario y al mismo tiempo seguir siendo senador, aunque sin cobrar el sueldo como parlamentario.

Acerca de la prohibición que dicta la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su artículo 157.2, para ejercer al mismo tiempo como senador y funcionario, Lobato ha indicado que habrá que ver qué dice la Comisión de Incompatibilidades del Senado en su momento.

En este sentido, ha señalado que aún no ha solicitado en el Senado dejar de percibir la retribución y ha admitido que "cuando llegue el momento y lo registre" serán los senadores de esa comisión los que tendrán que validar su intención de dejar de cobrar de la Cámara Alta y reincorporarse a la Agencia Tributaria. "Veremos qué dicen. Hay tiempo", ha apuntado Lobato en referencia a lo que tendrá que decidir la Comisión de Incompatibilidades del Senado. 

El PSOE de Madrid abre una nueva etapa. Superada la crisis de la salida de Juan Lobato, toca el turno de Óscar López. El ministro desembarca oficialmente este fin de semana con su ratificación en el congreso regional. Y el desfiladero es pronunciado: un partido en tercera posición frente a una Isabel Díaz de Ayuso con mayoría absoluta y en el que hay reconstruir la unidad tras años de suspicacias internas y familias enfrentadas.

López llega “ilusionado”, como indican en su entorno, y con la idea de que sí es posible desbancar al Partido Popular de la Puerta del Sol a pesar de los resultados de las dos últimas contiendas electorales. El nuevo secretario general parte con la premisa de que “Madrid no es de derechas”. Y tiene por delante la misión de aplicar una estrategia diferente a la de Juan Lobato, que tenía la teoría de que podía robar voto al PP. El proyecto orgánico que pone sus bases este fin de semana lleva por bandera la máxima de la “izquierda valiente”.

El ministro de Transformación Digital es un animal político y ha diseñado una hoja de ruta para vencer a Díaz Ayuso. El PSOE tiene que luchar principalmente contra la abstención de muchos votantes progresistas en las citas autonómicas y busca activar y movilizar a los ciudadanos que se quedan en sus casas en esas elecciones pero que luego sí acuden a las urnas en unas elecciones generales.

Por eso, a partir de ahora López y los suyos se van a multiplicar por toda la comunidad, pero especialmente buscan conectar con los progresistas del sur. Ahí es donde está la clave del éxito y se fijan especialmente en el PSOE de Madrid en localidades como Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles y Leganés. De hecho, la elección de esta última localidad como sede del cónclave regional responde a ese simbolismo. Y de carácter doble: se celebrará en la Universidad Carlos III. La educación pública es uno de los pilares del socialismo madrileño en una región en la que se han creado cinco universidades privadas desde 2019.

López tiene en la cabeza todos los números de participación en las elecciones y está obsesionado con esa movilización. Además, recalcan las fuentes, hay que transmitir que es “posible” ganar a la derecha, una sensación psicológica imprescindible para reactivar el voto progresista. El análisis que hacen en el PSOE es que se puede conseguir como se ha demostrado en tres ocasiones: las elecciones que fueron truncadas por el tamayazo, la contienda de 2015 que se fastidió por pocos votos al no conseguir Izquierda Unida el 5% con Luis García Montero y la cita de 2019, cuando Ángel Gabilondo se impuso pero el PP mantuvo la Presidencia gracias a un pacto con Ciudadanos.

En el PSOE de Madrid ven agua en la piscina tirando de datos. Una de sus metas es lograr revertir la tendencia de municipios en los que el PP gana en las autonómicas y luego se imponen los socialistas en las generales. Otra vez el ejemplo más claro es Leganés. Díaz Ayuso se impuso en las regionales con más del 37% en mayo de 2023 (sacándole hasta doce puntos al PSOE), pero dos meses después en las generales los socialistas superaron a los populares con un diferencial de cuatro puntos.

¿Y cómo lo quiere hacer López? La idea que maneja el nuevo líder es poner principalmente en agenda los temas que son competencias de Ayuso y sobre los que no quiere hablar la presidenta, que siempre focaliza en asuntos nacionales contra Pedro Sánchez. Por eso, las propuestas se centrarán en sanidad, educación, residencias y dependencia. Y poniendo principalmente el foco en vivienda: “Es la principal preocupación de los madrileños. Será la prioridad número uno de este proyecto. Nos vamos a desgañitar con propuestas alternativas. Contamos también con lo que están haciendo nuestros alcaldes”.

Muchas de esas ideas quedarán plasmadas en los textos que apruebe el congreso este fin de semana en los que han trabajado 80 ponentes y a los que se han presentado hasta 1.700 enmiendas. Entre las propuestas bandera está la moratoria de no crear más universidades privadas en los próximos años mientras no se garantice la financiación suficiente para las públicas.

López, tras la época de Lobato, llega también con la idea de lanzar a los ciudadanos un “mensaje nítido de izquierdas” frente a la batalla cultural de Díaz Ayuso. Las fuentes indican: “Llama bolivariano y norcoreano al Gobierno central, pero las políticas de Sánchez han demostrado lo contrario: España, haciendo políticas de izquierdas, crece más que los demás países”. Los socialistas diagnostican que la política de la presidenta de Madrid busca precisamente la desafección de muchos ciudadanos y promover la abstención de los progresistas.

Asimismo, a la hora de plantear la oposición a Ayuso, se distinguen las formas y el fondo. López contestará con “contundencia” aunque no caerá en el estilo polarizado de la presidenta. Además, hará una política “coherente” y acudirá a todas las reuniones y actos institucionales frente a la actitud desleal de la jefa del Ejecutivo madrileño, que no acudió al Palacio de La Moncloa cuando Sánchez hizo la ronda con los líderes autonómicos.

Este estilo impregna ya el propio congreso del PSOE de Madrid. Uno de los invitados estrella el sábado será el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. En el equipo de López le dan una gran importancia a este hecho: “Madrid es el foco de la polarización y de la estrategia ultra. No queremos que sea la capital del enfrentamiento y del insulto. Illa representa lo mejor de la política. Es el contrapeso de Ayuso, es talante. La buena gestión frente a la propuesta hiperventilada. Además, es el mensaje potente de colaboración entre Madrid y Cataluña”.

El programa del congreso del sábado incluye también las intervenciones de los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Exteriores, José Manuel Albares (los dos son militantes del PSOE de Madrid). Asimismo se reservará un lugar destacado al discurso del número tres del partido, Santos Cerdán. El gran cierre del día tendrá como estrella al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, protagonista del diálogo La izquierda valiente. Además, se ha organizado un ágora, bajo el título de La vivienda en Madrid, con la ministra del ramo, Isabel Rodríguez y los alcaldes Ángel Viveros (Coslada), Saran Hernandez (Getafe) y Javier Ayala (Fuenlabrada). El domingo tendrán lugar las votaciones de las candidaturas a los órganos regionales y el acto de clausura con Pedro Sánchez (militante también de la federación) y Óscar López.

En el nuevo equipo, López ha situado a Paca Sauquillo como presidenta del partido, todo un símbolo de la lucha por los derechos sociales y laborales. Según fuentes socialistas, Pilar Sánchez Acera tendrá un “lugar destacado” en la dirección. La Ejecutiva será “extensa” y el líder dará cabida a las diferentes sensibilidades del PSOE de Madrid para lograr la “unidad”. También tendrá en cuenta el equilibrio territorial. No revelan en el entorno del secretario general qué pasará con el grupo en la Asamblea, donde ahora está como portavoz Jesús Celada de forma provisional. Tampoco hay respuesta sobre si se pedirá que deje su acta como senador a Juan Lobato, con quien no ha hablado todavía su sucesor. En cambio, se da por segura la continuidad de Reyes Maroto al frente del grupo en el Ayuntamiento de la capital.

López se mantendrá como ministro de Transformación Digital, algo que ve compatible con su cargo orgánico. “Es como si tuviera que dimitir de la Presidencia Díaz Ayuso para ser líder del PP de Madrid”, argumentan en su entorno. Y no entienden que sea un problema no tener escaño en la Asamblea para enfrentarse a la popular. En este punto, reflexionan en su núcleo duro que es muy importante la presencia en los medios de comunicación. Dentro de esa estrategia, la relación con Más Madrid será de “absoluta cordialidad y normalidad”. La conexión con Mónica García es “excelente”, los dos políticos coinciden una vez al menos a la semana en el Consejo de Ministros. “El objetivo es ganar al PP”, resumen los socialistas.

La histórica abogada Paca Sauquillo será la nueva presidenta del PSOE de Madrid, que celebrará este fin de semana su congreso regional para encumbrar a Óscar López como nuevo líder y aprobar la Ejecutiva.

Sauquillo ha aceptado la oferta planteada por López, según fuentes cercanas al nuevo secretario general del PSOE de Madrid. El también ministro de Transformación Digital ha pensado en ella como referente del espacio progresista desde hace décadas y como uno de los símbolos del proyecto que arranca bajo el lema de la "izquierda valiente".

Nacida en Madrid en 1943, Sauquillo es una histórica defensora de los derechos sociales y laborales. El pasado mes de noviembre recibió el Premio infoLibre 2024, junto a Manuela Carmena y Cristina Almeida.

Con motivo de aquel galardón, concedió una entrevista a este medio dejando una serie de reflexiones como que ve algunas "similitudes" entre lo vivido durante la nada pacífica Transición y la época actual: "Entonces, en la extrema derecha de Blas Piñar se escuchaban discursos contra la democracia, contra los sindicatos y con una visión arcaica de la mujer sometida al hombre. Y ahora pasa un poco lo mismo. Se lanzan mensajes contra los emigrantes, contra la participación social a través de organizaciones, contra los avances sociales de las mujeres".

Además, lamentó no se haya formado a las nuevas generaciones en "ideas democráticas": "Hemos fallado a nivel educativo. Tenemos que explicar la importancia de la democracia, que entiendan que aunque haya decisiones malas las mismas pueden cambiarse eligiendo a otras personas cada cuatro años".