España ha pasado a ser este año el destino número uno del gas ruso que llega a Europa en barcos metaneros. Su gran capacidad del almacenamiento en puerto y unos precios atractivos han provocado un fuerte repunte de las descargas cuando apenas quedan seis meses para que se prohíba en la Unión Europea toda compra de gas natural proveniente de Rusia, una norma que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. 

Mientras Francia ha reducido drásticamente sus compras de combustible a empresas ligadas a Moscú frente a 2025 y ha perdido así su tradicional liderazgo, España ha incrementado todavía más estas importaciones hasta situarse en el primer puesto del continente. 

Según un informe publicado hace una semana por ACER, la agrupación de reguladores energéticos europeos, entre enero y abril de 2026 España recibió de Rusia 23,2 teravatios hora (TWh) de gas natural licuado (GNL), que llega en forma líquida transportado en metaneros y tiene que regasificarse al llegar a puerto. Se trata de un 32% más que en las mismas fechas del año anterior.

En los siguientes puestos se situaron Bélgica (18,6 TWh), Francia (18,5 TWh), Países Bajos (7,7 TWh) y Portugal (1,1 TWh). En el mismo cuatrimestre de 2025, España ocupó el segundo puesto porque Francia compró a Rusia 38,5 TWh de gas, pero en un año ha recortado la cifra a la mitad. Sin embargo, en volumen absoluto importado, Hungría superó a España en ese periodo porque adquirió a Rusia 24,7 TWh de gas por tubería. En conjunto, la Unión Europea importó entre enero y abril de 2026 un 11% más de GNL de Rusia que en 2025, lo que representa el 12% de sus compras totales, solo por detrás de Estados Unidos.

Las cifras de Enagás, el operador de la red gasista española, llevan meses mostrando la creciente llegada de gas ruso a España. En marzo se registró un récord histórico de 9,8 TWh, rozando las importaciones de Estados Unidos y de Argelia, los proveedores principales de la península ibérica. Este pico llegó semanas después del inicio de la guerra en Irán, con los precios del gas disparados en el mercado europeo y en medio de una disputa global por asegurarse el abastecimiento.

Expertos europeos que monitorizan este comercio opinan que este giro es inaceptable porque supone incrementar la financiación de la campaña rusa en Ucrania, ya que el Kremlin ingresa ingentes cantidades de dinero a través de los impuestos que cobra sobre las ventas de combustibles. 

"Resulta escandaloso que algunos países de la UE sigan aumentando sus compras de gas ruso a pesar de que el bloque se ha comprometido a poner fin a su dependencia. Si la UE se toma en serio sus compromisos, debería poner fin a estas importaciones lo antes posible, en lugar de esperar hasta el último momento", opina Isaac Levi, portavoz del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), una organización que monitoriza desde 2022 los beneficios de Rusia por la venta de gas y crudo. Según sus cálculos, Europa ya ha pagado por gas a Rusia este año más de 8.000 millones de euros.

Ignacio Urbasos, investigador del Center for Global Affairs de la Universidad de Navarra, señala que la causa principal de este incremento en la importación es el ligero encarecimiento del gas natural en el mercado ibérico frente a países como Francia o Países Bajos, lo que hace más atractivo para los traders internacionales –el nombre que reciben las compañías de compraventa de combustible– llevar el combustible que compran a Rusia hasta España y venderlo ahí.

"Cuando el gas es más caro en la península, llega más combustible ruso por una cuestión oportunista. El beneficio que obtienen aquí los intermediarios es mayor que si lo venden en otros puertos europeos", afirma el experto. La diferencia de precio sigue vigente este mismo miércoles, cuando el gas natural PVB (el del mercado ibérico) vendido para el día siguiente costaba 48,97 euros/MWh, mientras que el PEG (Francia) cotizaba a 47,70 euros/MWh y el TTF (Países Bajos) a 48,10 euros/MWh. La diferencia es pequeña, pero a esa escala comercial supone un factor clave.

La importación de gas no implica que sea consumido en España ni que sea adquirido para consumo interno, recalca el informe de ACER. Como la península ibérica es la región con más plantas regasificadoras de Europa (siete de España y una de Portugal), es habitual que se utilice como puerta de entrada para el GNL, para luego exportarlo por tubería a otros países de la región. De hecho, los últimos datos de Enagás, el gestor de la red gasista, calcula que entre enero y mayo la demanda española de gas creció entre enero y mayo un 1,7% respecto a 2025, un porcentaje mucho menor que el repunte de descargas.

Al mismo tiempo, España es el país europeo con más capacidad de almacenamiento de GNL del continente, con 23.300 GWh, un tercio del total de los Veintisiete, de manera que esos tanques ubicados en puertos se utilizan a menudo como almacenes temporales para después inyectar el combustible en otros metaneros y que su viaje continúe por el mundo. Alrededor del 12% del gas que pasa por España se consume en el extranjero. 

Desde el Ministerio de Transición Ecológica opinan que esta es precisamente la causa de que se disparasen las compras en invierno y primavera. "El aumento de descargas en España responde a una reasignación logística temporal dentro de la UE por la necesidad de los traders internacionales de almacenar el GNL que no puede absorber la demanda de la UE y que tampoco pueden desviar a otros destinos", señalan fuentes de esta cartera.

En todo caso, España está comprometida con cesar todas las importaciones antes del 1 de enero de 2027. En marzo, Transición Ecológica envió a Bruselas su plan de diversificación de suministro gasista, como el resto de socios europeos, pero el documento es confidencial. En todo caso, será la principal gasista de España, Naturgy, la que tendrá que gestionar la ruptura de esta relación, ya que importa cada año de este país 3.000 millones de metros cúbicos de GNL, aunque no es la única compañía que lo hace.

Aunque los datos de ACER solo abarcan de enero a abril, España volvió a importar en mayo desde Rusia una gran cantidad de GNL ruso, por lo que ese pico comercial que se observa en las cifras del primer cuatrimestre no fue puntual. Según Enagás, en mayo se importaron de Rusia 8,72 TWh de gas licuado, el 27,8% del total ese mes, superando incluso las compras a Estados Unidos y solo por detrás de Argelia.

Las cifras recogidas por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), un centro estadounidense, evidencian además que ese combustible de Rusia está entrando, como es habitual, por el puerto de Bilbao, la regasificadora más cercana al norte de Europa. Durante el primer semestre de 2026, el ratio de utilización de esta planta alcanzó el 79%, mientras que un año antes era del 66%. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista energética para Europa del IEEFA, considera normal este repunte temporal de las descargas de gas ruso, ya que siempre que se restringe alguna ruta comercial, los meses anteriores todo el que puede aprovecha para comprar hasta el último día. "Ya pasó cuando se cerró el paso de gas por la tubería de Ucrania. Que en los meses anteriores se registró un pico. Mientras sea legal, seguirán haciéndolo", resume.

Se espera además que el comercio de GNL se dispare en Europa en los próximos cuatro meses, ya que los almacenes de gas natural se encuentran excepcionalmente bajos, rozando el mínimo histórico de los últimos cinco años. Otro informe publicado este martes, también por ACER, advierte de que llegar al 90% de llenado para el 1 de noviembre, de cara al invierno, requerirá recargas adicionales frente a otros años. Esas compras previsiblemente serán más caras que el año pasado por impacto del conflicto de Irán en los precios de la energía.

A finales de enero de 2026, los socios europeos aprobaron definitivamente que a partir del 1 de enero de 2027 quedará prohibida cualquier importación de GNL ruso, incluso el que solo haga escala en un puerto europeo para acabar fuera de la UE. Para evitar disrupciones profundas en países del este del continente, el gas por tubería podrá seguir fluyendo desde Rusia hasta el 30 de septiembre de 2027.

El ultra Alvise Pérez sigue cobrando de empresas privadas por supuestas labores de consultoría mientras ejerce como eurodiputado en Bruselas. Así lo ha desvelado esta semana infoLibre. Esos ingresos, que ascienden a más de 280.000 euros en los primeros meses de 2026, se suman a otra larga lista en los últimos años: su sueldo como eurodiputado, pagos de redes sociales, donaciones de particulares o lo percibido como supuesto influencer.

En total, Alvise ha ingresado al menos 1.255.008 euros entre julio de 2022 y junio de 2026, los últimos cuatro años, según el cálculo realizado por infoLibre a partir de las sucesivas declaraciones de intereses que el eurodiputado ha tenido que ir presentando ante el Parlamento Europeo. Aunque es eurodiputado desde 2024, la institución obliga a todos sus parlamentarios a declarar las retribuciones dinerarias percibidas en los tres años anteriores a ocupar el escaño.

Solo en lo que va de 2026, el ultra ha facturado ya más de medio millón de euros, más que en ningún otro año. Eso se debe, principalmente, a los 288.044 euros que ha cobrado de empresas privadas "del sector de la comunicación", a la asignación que recibe como eurodiputado y a los ingresos por el libro que ha autopublicado.

Además, en la declaración de intereses modificada que ha presentado este mes de julio también ha incluido cobros por suscripciones de usuarios en redes sociales —por lo que infoLibre también ha contabilizado estos ingresos en la suma correspondiente a 2026—. En cualquier caso, en los últimos meses Alvise ha facturado más por los pagos que está recibiendo de empresas —de las que asegura que son españolas pero se niega a aclarar cuáles son— que por cualquier otro concepto, incluido su sueldo de la Eurocámara. 

Antes de lograr su escaño en Bruselas, su principal fuente de ingresos eran lo que él define en sus declaraciones de intereses como ingresos por su actividad profesional como influencer. Aun así, en esos documentos él mismo detalla que las cantidades provenían esencialmente de "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social".

infoLibre ha contactado con Alvise Pérez para preguntarle por ciertos extremos de sus ingresos y de sus declaraciones de intereses que no están del todo claros. El eurodiputado no ha respondido a muchas de las preguntas que se le han hecho llegar, como qué empresas españolas le están pagando por lo que él define como labores de "consultor freelance en redes sociales y comunicación".

En cambio, sí ha asegurado a este medio lo siguiente: "¿Parece mal que dentro de la ley y la normativa siga ganando dinero de mi trabajo, máxime cuando dono el 100% neto íntegro de mi sueldo ordinario de eurodiputado?". Alvise asegura donar su sueldo, pero en plena campaña electoral había prometido algo distinto: sortearlo mes a mes. A pesar de ello, realizó únicamente dos sorteos y hace ya dos años que no lleva a cabo ninguna acción de ese tipo.

Tras esos dos primeros sorteos, en octubre de 2024 anunció públicamente que iba a paralizarlos durante tres meses para donar las cantidades a los afectados por la dana de Valencia. Después de ese periodo no ha vuelto a hablar de sorteos en su canal de Telegram y hace ahora un año reconoció públicamente que los daba por terminados. Como justificación alegó una inspección de Hacienda, pero sin aportar mayor explicación al respecto.

No se volvió a saber nada sobre el destino de su sueldo hasta finales de 2025, cuando aseguró que había intentado donar 50.000 euros a la Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional, pero esta declinó el donativo para mantener la neutralidad política. Fue entonces cuando Alvise anunció que lo intentaría con la Fundación de Huérfanos de la Guardia Civil, pero no se ha vuelto a pronunciar al respecto.

En resumidas cuentas, Alvise solo ha anunciado públicamente el sorteo y donación a particulares de sus primeras asignaciones mensuales como eurodiputado. Concretamente, de las 2,5 primeras —el primer mes de los nuevos parlamentarios europeos no lo ejercieron al completo—. Sobre las siguientes, no se sabe si ha llegado a realizar donaciones de forma efectiva. infoLibre le ha preguntado dónde se pueden constatar esos donativos que ahora asegura estar transfiriendo y a quién los está dirigiendo. "Que dono mi sueldo está en mi declaración de la renta 😆", ha respondido, omitiendo la segunda cuestión y que las declaraciones de la renta no son públicas.

Los europarlamentarios cobran mensualmente 10.255,26 euros brutos, según la asignación establecida por la Eurocámara para 2025 y que se ha mantenido igual para 2026, según ha confirmado el Parlamento Europeo a infoLibre. En 2024, año en el que Alvise llegó a Bruselas, el sueldo mensual era de 10.075,18 euros brutos al mes.

La cuantía de la asignación de los diputados se fija utilizando como referencia el sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: a los miembros del Parlamento Europeo les corresponde el 38,5% de esa asignación base. Desde que llegó a Bruselas en julio de 2024, Alvise ha cobrado ya más de 240.000 euros brutos por este concepto.

Otro asunto que tampoco queda claro con su nueva declaración de intereses es qué ha pasado con las donaciones que, al menos anteriormente, recibía. En la modificación de la declaración de intereses de este mes de julio Alvise asegura: "Desde 2024, estas donaciones no las recibo yo a título personal, sino que se destinan directamente a mi partido político".

La afirmación del eurodiputado de Se acabó la fiesta (SALF) en ese documento oficial resulta sorprendente en tanto que en su declaración anterior, de noviembre de 2025, decía seguir recibiendo las "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social". Aun así, no detallaba cuántos ingresos le suponían y remitía a una "declaración a final de año" en la que "los ingresos exactos generados serán actualizados". En lugar de hacer esa actualización, ahora asegura no percibirlos.

En esa misma línea se ha expresado cuando le ha contactado infoLibre: "He dejado de recibir donaciones, bloqueado la cuenta y animado a todos los que me donaban a que se afiliaran a SALF, algo que ha funcionado con éxito para más de 10.000 afiliados en pocos meses. ¿Tampoco es positivo renunciar a tamaña cantidad económica para que se lo quede el proyecto político? Todos los demás cobran del partido, y yo hago todo lo contrario y sigo siendo criticable. Irónico, ¿no?".

A pesar de lo que asegura el político, este diario ha podido comprobar que el mensaje que tiene fijado en su canal de Telegram —su principal vía para relacionarse con sus seguidores— enlaza tanto a su perfil de Patreon como a una cuenta a su nombre en Revolut. En ambos lugares puede recibir donaciones. De hecho, infoLibre ha certificado que la cuenta de Revolut —que consta a nombre de Luis Pérez Fernández, el nombre real y completo de Alvise— no está bloqueada y se le pueden seguir haciendo transferencias. Tras repreguntar sobre esto a Alvise después de recibir su primera respuesta, no ha vuelto a contestar.

Además, aunque el mensaje fijado en su canal data de 2021, sigue siendo el que el político elige para destacar, de forma que aparece a todos los usuarios que entran a leer su canal. El mensaje es claro: "Ante el hostigamiento judicial, político y mediático, puedes ayudar con donaciones voluntarias a Alvise Pérez".

Los ingresos declarados por Alvise ante el Parlamento Europeo —una obligación normativa para todos los eurodiputados— también recogen lo que él ha descrito como su actividad profesional como influencer. El eurodiputado asegura haber cobrado por ello 156.000 euros en 2021, 198.000 en 2022, 145.200 en 2023 y 140.000 en 2024. En el caso de 2024 los 140.000 euros corresponden únicamente al periodo entre enero y julio, cuando ya pasó a ejercer como eurodiputado.

A pesar de esa descripción como influencer, Alvise reconoce en sus declaraciones que todo ese dinero venía de donaciones de particulares. Según sus palabras, "microdonaciones de particulares". Eso sí, entre los cuatro ejercicios hay una excepción: un pago único de 100.000 euros contabilizado en los ingresos de 2024, que corresponde, según él, a su "participación en una charla (no profesional) sobre la carga fiscal y la libertad financiera, celebrada el 6 de abril de 2024 en Madrid".

El pagador de esa suma fue Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, un empresario de criptomonedas que está en prisión provisional tras ser imputado por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. 

Aunque Alvise dice que recibió el pago debido a su participación en la charla, este se hizo efectivo más de un mes después de la misma y en plena campaña electoral de las elecciones europeas. Los mensajes entre Romillo y Alvise apuntaban más bien a una financiación de la candidatura del segundo. El ultra aseguraba por aquel entonces al empresario que necesitaba "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas". Alvise tiene una causa abierta por presunta financiación irregular en el Tribunal Supremo derivada de estos hechos.

No es el único problema relacionado con la financiación de su partido y candidatura que ha tenido. El Tribunal de Cuentas denunció el verano pasado que Se acabó la fiesta no había presentado las cuentas de la campaña electoral de las europeas y, por tanto, había incumplido la ley electoral y perdido el derecho a recibir la subvención monetaria que se entrega a las candidaturas que obtienen representación.

El Parlamento Europeo también ha sancionado a Alvise. El eurodiputado cuando llegó a Bruselas rellenó la declaración de intereses indicando únicamente que antes de ocupar su escaño había ejercido como "analista y consultor político - por cuenta propia" pero dejó en blanco la casilla referente a cuántos ingresos le había supuesto esa actividad.

La Eurocámara le penalizó quitándole dos días de dietas. Tras la sanción, Alvise accedió a modificar su declaración de intereses e incluir los ingresos previos a su llegada a Bruselas. Ahora, ha seguido actualizándola para cumplir con el código de conducta del Parlamento Europeo, que especifica cómo tienen que rellenar los eurodiputados la obligatoria declaración de intereses y establece sanciones para los que mientan u oculten información.

"Consultor freelance" para "empresas españolas del sector de la comunicación". Esa labor llevada a cabo en el sector privado, según declara él mismo, le ha reportado al eurodiputado ultra Alvise Pérez 288.044 euros en el último trimestre.

Unas cantidades que se suman, como mínimo, a los 106.000 euros que aseguró haber recibido ya a finales del año pasado con el mismo origen, tal y como reveló también infoLibre. En total, Alvise ha ingresado al menos 390.000 euros de "empresas españolas del sector de la comunicación" en los últimos 12 meses. 

Los eurodiputados pueden trabajar para el sector privado durante su mandato, pero la normativa establece una serie de prohibiciones. Por ejemplo, no pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y vinculadas a la Unión Europea (UE), ni trabajar para empresas que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario.

El problema con Alvise, como ya explicó infoLibre, es que oculta qué empresas españolas le están pagando por esas supuestas labores de consultoría. Ello impide fiscalizar si realmente está cumpliendo con las prohibiciones de la UE.

El parlamentario ha notificado la recepción de los 288.044 euros en una modificación de su declaración de intereses, el documento en el que los eurodiputados deben detallar sus ingresos y actividades tanto previos a su labor parlamentaria como durante su mandato, con el objetivo de rendir cuentas y evitar posibles conflictos de intereses. Esta última modificación la ha presentado este mes de julio, pero al igual que en sus declaraciones anteriores, no detalla las empresas de las que está cobrando.

En esta modificación, Alvise asegura que los pagos que recibe como freelance los anota en su declaración de forma trimestral. Sin embargo, hacía ocho meses que no actualizaba su declaración de intereses. La última vez correspondió al tercer trimestre de 2025, según reconoció a infoLibre, cuando indicó haber cobrado esos otros 106.000 euros. 

Si ha actualizado la declaración con prontitud, los pagos que declara ahora deberían corresponder al segundo trimestre de 2026. infoLibre ha preguntado a Pérez si no ha recibido ingresos de ese tipo en el último trimestre de 2025 y el primero de 2026. El eurodiputado ha respondido a este medio pero no ha querido aclarar esos extremos. El año pasado, Alvise aseguró a este medio que antes del tercer trimestre de 2025 no había cobrado como freelance mientras era eurodiputado.

Este medio también ha preguntado a Pérez qué empresa o empresas le han pagado esos 288.044 euros, pero tampoco ha contestado. Tras la publicación de su declaración anterior por parte de la Eurocámara, se negó a aclarar a infoLibre para quién estaba trabajando, pero respondió: "No son un lobby ni nada que condicione mi mandato".

La modificación de la declaración presentada por el eurodiputado también ha actualizado información sobre otro tipo de ingresos. Alvise Pérez asegura en la misma que ha dejado de recibir donaciones a nivel individual: "Desde 2024, estas donaciones no las recibo yo a título personal, sino que se destinan directamente a mi partido político".

"No recibo pagos directos de patrocinadores ni de ninguna empresa por mis antiguas actividades como influencer", añade en la declaración presentada ante el Parlamento Europeo.

Las afirmaciones firmadas por Alvise Pérez en la reciente modificación contrastan con la declaración que presentó a finales del año pasado, en la que aseguraba que seguía recibiendo "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social". Aun así, no especificaba cuántos ingresos le suponían y en su lugar indicaba: "Los ingresos exactos generados serán actualizados en esta declaración a final de año". En lugar de realizar esa actualización, ahora asegura no percibir los ingresos.

A pesar de ello, el canal de Telegram de Alvise sigue teniendo como fijado un mensaje de 2021 en el que el ahora eurodiputado enlaza a su perfil de Patreon, una web que permite suscribirse a usuarios o comunidades a cambio de un pago, y recuerda su número de cuenta en Revolut, donde puede recibir transferencias. En ningún momento se avisa de que esos donativos ahora vayan a su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF), en lugar de a sí mismo.

Al ser preguntado por esto sí ha respondido a infoLibre: "He dejado de recibir donaciones, bloqueado la cuenta y animado a todos los que me donaban a que se afiliaran a SALF, algo que ha funcionado con éxito para más de 10.000 afiliados en pocos meses". A pesar de ello, infoLibre ha podido comprobar cómo la cuenta de Revolut que difunde en su Telegram, asociada a su propio nombre 'Luis Pérez Fernández', aún funciona y se le pueden realizar transferencias. Este medio le ha repreguntado al respecto, pero Alvise no ha contestado.

La nueva declaración del eurodiputado también refleja que ha cobrado 146.792 euros por los derechos de autor de Devuélveme a mi país, un libro que autoeditó y publicó en Amazon. Pérez asegura en la declaración que esos ingresos varían "según el número de libros vendidos".

Tal y como explicó infoLibre, el hermetismo de Amazon con sus cifras de venta impide saber cuánto ha vendido realmente Pérez u otros autores. Lo cierto es que el libro del eurodiputado se vendió únicamente en la plataforma, al margen de las librerías tradicionales, las grandes cadenas y el sector editorial en general, por parte del cual el eurodiputado ultra denunció un boicot.

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

Esta información ha sido actualizada a 7 de julio de 2026 para incluir las respuestas de Alvise Pérez a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre y añadir citas textuales de su última modificación de la declaración de intereses ante el Parlamento Europeo.

Este presidente Trump, con su America first, es un peligro. Para todos. Sus decisiones unilaterales ponen en riesgo a la Unión Europea y a España.

Veamos lo que acaba de ocurrir, y con quién no hay que ser aliados, ni para unos ejercicios navales. Y, por supuesto, el secretario general de la OTAN (de Estados Unidos), Mark Rutte es otro peligro y del que cualquier país miembro debería deshacerse.

Este secretario general de la OTAN, Rutte, ha subrayado el 18 de junio de 2026, en una entrevista con Fox News, el apoyo europeo a la acción militar de Estados Unidos contra Irán, y ha revelado que miles de vuelos han despegado de bases europeas para respaldar esa acción. "Estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 misiones de vuelo", afirmó Rutte.

Mark Rutte, durante la entrevista, subrayó que los aliados, "incluida Italia, han aplicado los acuerdos bilaterales existentes en materia de bases y sobrevuelos".

En base a esas declaraciones de esa autoridad de la OTAN, del conocimiento de los datos que manifiesta, se hacen las siguientes consideraciones y consejos al gobierno español que debieran significar el abandono de la OTAN y desprenderse de cualquier alianza militar con Estados Unidos, por lo menos mientras que el presidente Trump y cualquier acólito esté en la Casa Blanca.

La primera consideración es que el ataque efectuado por Estados Unidos e Israel a la República Islámica de Irán es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional.

La segunda es que el secretario general de la OTAN manifiesta su apoyo a un ataque militar ilegal.

El secretario general de la OTAN, con conocimiento de los pormenores, afirma que se han utilizado para dichos ataques ilegales acuerdos bilaterales entre los atacantes, y específicamente de Estados Unidos y un número de países europeos miembros de la OTAN y presumiblemente de la Unión Europea.

La siguiente consideración lógica es que, desde el punto de vista del derecho internacional, Irán está legitimado para contraatacar a los directos atacantes y los orígenes y el apoyo logístico que hayan recibido los atacantes. Es decir, está legitimado para contraatacar a los atacantes y a cada uno de los países europeos que bilateralmente hayan facilitado los ataques ilegales.

Pero a continuación, sabemos que los Estatutos de la OTAN y el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea establecen que si un Estado europeo es atacado por un tercer país, el resto de los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea deben defender a dicho país y, en su caso, atacar al país originario del ataque.

Si sumamos todas estas consideraciones, se percibe un grave problema de defensa y cohesión europea. 

Decisiones bilaterales afectan al conjunto de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea.

Decisiones bilaterales que son ilegales desde el plano del derecho internacional pueden afectar al conjunto de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea.

Por lo tanto, las conclusiones son evidentes.

Por último, una nota al pie.

El asalto a las Flotillas de hace unas semanas, por parte israelí, se hizo en aguas internacionales, cerca y con permiso de Grecia, Chipre, la base inglesa en Chipre que ayuda a Israel en su control e inteligencia de la palestina Gaza. Los países mencionados son miembros de la OTAN y los dos primeros de la Unión Europea. Dado que los barcos de las Flotillas (Sumud y Freedom Flotilla) tenían pabellones europeos, Francia, Italia, Polonia, Grecia, Reino Unido,... por activistas españoles iba el Bribón(a), el antiguo yate del emérito rey, y que su derrota era pública a través de su señalización satelital, conocida por el ejército israelí, pero también por todos los demás ejércitos, incluyendo los de la OTAN, ¿por qué no fueron defendidas las Flotillas por la OTAN y el conjunto de países de la Unión Europea, según dictaminan tantos Estatutos y Tratados, el derecho internacional, y se permitió durante días que hubiera abordajes de unos piratas de un tercer país, como es Israel?

¿Para qué aumentar un presupuesto militar al servicio unilateral estadounidense, que es el que dicta quién es el enemigo?

Prescindamos de Rutte, la OTAN y las bases militares hispano trumpistas.

Y rompamos el bloqueo de Gaza, paremos el genocidio en Palestina y combatamos la ocupación y colonización israelí.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

Los europeos pagaron un 5,1% más por la vivienda en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. Los españoles lo han tenido aún más complicado: el precio de la vivienda ha crecido en el país un 12,8%, de acuerdo con Eurostat. En el mar de cifras y porcentajes con el que se cuenta la crisis de vivienda, España emerge como uno de los países de la Unión Europea (UE) donde más rápido crecen los precios, aunque los factores que alimentan la subida son prácticamente los mismos en toda la UE: poca vivienda social; la resaca de la crisis financiera que dejó el estallido de la burbuja en 2008 y que frenó en seco la construcción de obra nueva; y una concentración de la demanda en los núcleos urbanos que genera “una creciente demanda de viviendas y el hacinamiento en las ciudades”, a la vez que aumenta el número de casas vacías en zonas rurales. Según el Parlamento Europeo, estas son algunos de los motivos de un problema que crece en toda la región y que es especialmente serio en España.

“Una de las causas principales es el suelo. Se calcula que el precio de una vivienda corresponde en un 70% al precio de este y la demanda está muy concentrada en ciertas localizaciones”, explica Iván Auciello, experto en vivienda e investigador en la Universidad CY Cergy París. Si a eso se une que esos lugares de alta demanda son precisamente aquellos en los que no hay demasiada disponibilidad, la tendencia al alza está servida.

No son problemas distintos de los que aquejan a España, aunque al mirar las cifras surgen otras preguntas como por qué en España la vivienda se encarece más del doble que en Europa. De hecho, el crecimiento a doble dígito es la norma a nivel nacional desde el segundo trimestre de 2025. Si se toma el desglose por países, es el quinto país en el que más han subido los precios en el primer trimestre del año. Los cuatro anteriores son Portugal (17,8%), Bulgaria (14,8%), Eslovaquia (14,4%) y Croacia (14,3%).

La explicación, señala Auciello, no está en un único factor. "España ha recibido en los últimos años grandes flujos migratorios, más que otros países de Europa, pero tampoco el ritmo de construcción es adecuado", señala. Otro gran problema que agudiza la crisis a nivel nacional es el carácter turístico de España. "En un país donde la presión turística es mayor, las viviendas turísticas se desplazan hacia ese mercado. Esto último es común a otros países, como Portugal o Croacia, donde se observa un gran crecimiento de los precios", concluye.

La escasez del parque público de vivienda es un factor más a tener en cuenta, aunque aquí la Unión Europea identifica ese problema a nivel global. Según sus datos, la oferta de viviendas sociales en los centros urbanos no ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico de los últimos años. En 2021 había alrededor de 14 millones de viviendas sociales en toda la UE, lo que representaba solo el 8% del parque de viviendas total. Y lo peor es que la tendencia es negativa: en 2010 había un 11%. Si miramos a España, las cifras son aún peores. El porcentaje de vivienda pública se sitúa en torno al 3,4%, más de cuatro puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria.

Y aquí entra en juego el factor de la despoblación y la concentración demográfica en centros urbanos. Un "desequilibrio" que lleva al "hacinamiento" en las ciudades y que dificulta la construcción de vivienda donde más se necesita. "A medida que las ciudades siguen atrayendo a personas para trabajar y estudiar, la población se concentra cada vez más en centros urbanos grandes y medianos. Mientras tanto, muchas zonas rurales se enfrentan a una despoblación constante", señala el informe del Parlamento Europeo.

Una de las cuestiones en las que se ha insistido en la UE es en la necesidad de reactivar la construcción. La fuerte demanda y la escasa oferta es el mantra que se repite en España para explicar la crisis inmobiliaria, pero también es un problema a nivel europeo. El análisis del Parlamento achaca este problema al lastre que dejó la crisis económica de 2008 y en el que también incidió la pandemia. "La crisis financiera mundial de 2008 provocó un importante descenso de la inversión en vivienda nueva. La pandemia de covid-19 ralentizó aún más la construcción residencial al interrumpir la concesión de licencias, retrasar la entrega de materiales y provocar escasez de mano de obra", recoge en su análisis el organismo europeo.

A nivel nacional, el ritmo de construcción también se ha desplomado en los últimos años, aunque las medidas para reactivar el sector han conseguido que empiecen a crecer poco a poco desde 2021 los visados de obra nueva. En 2025, último dato disponible, se solicitaron 139.016, un dato muy alejado de aquellos 860.000 que hubo en 2006, antes de la gran crisis.

Los datos publicados este jueves por Eurostat corroboran que el comportamiento de los precios a nivel europeo sigue caminando al alza. Su precio sube en todos los países del conjunto de los 27 con una única excepción: Finlandia. En todos los demás, incluida Austria, adalid del conocido modelo vienés que ha llevado la vivienda pública en Viena a niveles muy altos, los precios suben.

Hemos estrenado el verano, pero no hay manera de que el verano se materialice. La actualidad no da tregua y los rigores estivales no se atenúan ni con un mundial de fútbol. Vale que es uno raro, en territorio poco amigable, pero es que históricamente estos campeonatos acaparan un gran espacio mediático relegando las noticias más duras a espacios menos transitados. El fútbol todo lo matiza, todo lo unifica (para lo bueno y para lo malo). Pues este verano, tampoco. Y menos en la carrera desbocada de la inteligencia artificial. Un día hablamos de soberanía tecnológica; al siguiente, de empresas estadounidenses que quieren componentes chinos; luego irrumpe Europa con su autonomía estratégica mientras intenta asegurarse el acceso a una compañía yanqui para no quedarse fuera de la frontera tecnológica… no hay descanso y todo se acelera en un ejercicio de velocidad que sería casi cómico si no fuera porque detrás se están moviendo leyes y dependencias.

No hay manera de pararse a reflexionar con calma, a dejar que las decisiones que se van tomando hagan poso… y no estamos acostumbrados a esta sucesión de acontecimientos que viene a romper con lo establecido sin darnos tiempo a respirar. Tenemos a la Casa Blanca legislando (¡legislando!) para intervenir el mercado de la IA, a empresas enormes tratando de romper el bloqueo a la tecnología china para poder seguir creciendo al ritmo que marcan los inversores, a Europa pidiendo autonomía y decidiendo contra ella...

En este país somos de reflexión lenta, de dejar pasar el tiempo que permite analizar desde la distancia. Quién le iba a decir a Rocío Jurado que veinte años después de su muerte sería más universal que nunca, que se analizarían sus letras en clave feminista y que sería un icono para una nueva generación de mujeres que no ha escuchado una copla en su vida. Así somos, necesitamos veinte años (que dicen que no son nada, pero sabemos que son exactamente eso, veinte años) para analizar con perspectiva, para ver lo que hay detrás de la máscara… Y aquí estamos, tratando de entender qué pasa hoy en un mercado despiadado que sólo quiere crecer y derriba a su paso cualquier norma escrita (o no escrita) con la que ordenamos el mundo.

Si la Jurado fue durante décadas la reina de la copla y hoy (casi) nadie la percibe de ese modo, con la IA pasa algo parecido pero sin la cortesía del paso del tiempo. Aquí no hay veinte años para revisar el mito, hay apenas una semana entre un anuncio y su contrario. La tecnología avanza, su necesidad de financiación se multiplica, los gobiernos reaccionan y la estructura mental con la que lo analizamos se convierte en un vestido de lentejuelas viejo que no se ajusta a un cuerpo nuevo. Puede que sea vistoso, pero aprieta por todos lados.

Hace apenas unos días hablábamos aquí de cómo España entraba en juego con más de 700 millones para una gigafactoría o de que EEUU legislaba en nombre de la seguridad nacional. El viejo relato liberal empezó a chirriar cuando las viejas potencias entendieron que esta tecnología estratégica no puede quedar a merced del mercado. Sigue siendo una buena tesis, pero la apisonadora de la actualidad viene dispuesta a reventarla. Hoy tenemos a Apple (ojo a esto) presionando a Trump para que le dé cobertura política antes de comprar chips a CXMT, una empresa que aparece en la lista de compañías chinas que el Pentágono ha vinculado al aparato militar del Estado. ¿Y por qué pide Apple un poco de cintura para ella a expensas de la seguridad nacional? Por dinero, claro. Por abaratar sus costes. Fabricar un iPhone Pro de nueva generación será más caro, mucho más caro. La IA, encareciendo directamente el aparato que llevamos en el bolsillo y Apple, símbolo perfecto del capitalismo, mirando a China cuando Washington quiere impulsar sus cadenas de producción internas. El mundo al revés.

Hay algo delicadamente rociero en esta historia, si me permiten ustedes la irreverencia. Estábamos cantando una copla sobre la independencia tecnológica de occidente y llegando al estribillo suben los costes, falta memoria y la gran empresa americana pide a Trump que le deje llamar a la puerta de China. Como en las coplas de la más grande: el orgullo por un lado y el deseo, por el contrario.

Si EEUU no observa el mercado desde la barrera, Europa vive en su propia contradicción. Aprueba un paquete de medidas de soberanía tecnológica mientras la Comisión constata el peso dominante de Amazon y Microsoft en la nube europea. Mientras, Austria quiere explorar fórmulas para alojar la tecnología de Anthropic, una vez que la Casa Blanca prohibió el acceso extranjero a sus modelos avanzados. Pragmatismo, desde luego. Pero también una confesión de debilidad. Europa quiere ser soberana, pero le faltan piezas para lograrlo y se las encarga a empresas extranjeras, contra las que quiere construir su soberanía. Si esto no es una contradicción, que me lo expliquen.

Capítulo aparte para Meta, siempre dispuesta a vendernos como producto cosas que antes llamábamos comunidad. Cuenta el Financial Times que está acelerando el uso de modelos de lenguaje para revisar contenido y anuncios. No olvidemos que, además de Facebook e Instagram, Meta es la dueña de WhatsApp. Quiere que la IA haga de moderador en sus plataformas, automatizar su control de lo que se dice y cómo se dice. Nos está colando una estafa gigante: publicaciones que desaparecerán por obra y arte de la IA y moderación que no protege al agredido.

Hay algo agotador en este ritmo, pero es apasionante. La velocidad a la que suceden las cosas nos obliga a mirar la realidad con menos comodidad. No nos sirven las estructuras mentales a las que siempre hemos acudido para analizar el presente, pero de alguna manera tenemos que separarnos de esta vorágine de contradicciones si queremos entender qué está pasando. Si la Jurado consiguió que estrofas cantadas hace décadas tengan sentido hoy, la IA afina en la misma nota: todo sucede ahora, todo exige respuesta inmediata. Y las noticias de hoy envuelven el pescado de mañana… nada nuevo bajo el sol.

Una cifra oficial y muchas preguntas. El sábado 27 de junio, diez días después del inicio de la ola de calor, la agencia nacional Salud Pública Francia (SPF) dio a conocer sus primeras estimaciones sobre el exceso de mortalidad provocado por esta ola de calor excepcional: desde el 24 de junio, según indica, se han registrado unas 1.000 muertes adicionales (ver despiece a pie de página) con respecto a lo habitual, principalmente en las regiones en alerta roja.

Se han alzado voces a lo largo de la semana criticando la falta de preparación del Gobierno y sus deficiencias en la lucha contra el calentamiento global. Críticas que Emmanuel Macron y Sébastien Lecornu han tratado de desestimar: el primero, defendiendo su gestión y explicando que “no te adaptas a un pico que no tiene parangón”; el segundo, arremetiendo contra los “inspectores de obras terminadas” en una carta dirigida a los alcaldes.

Más allá de las meras batallas políticas, se multiplican las críticas, tanto a nivel estructural —la lucha contra el cambio climático y la adaptación de las infraestructuras— como desde el punto de vista de la gestión de la crisis en sí misma —prevención a la población, política colectiva de salud pública, transparencia… “No se ha aprendido nada de las olas de calor anteriores”, critica el doctor François Bourdillon, fundador y antiguo director de SPF, en declaraciones a Mediapart.

“No se previene, se reacciona, y, solo lo mínimo, en situación de crisis. Cuando ya desde [la crisis de] 2003, como mínimo, podríamos haber adaptado los hospitales, los centros educativos, el transporte público y las viviendas…”, continua François Bourdillon. El viernes 26 de junio, en el noveno día de la ola de calor, el sistema sanitario se encontraba sometido a una tensión muy intensa, especialmente en Île-de-France, donde los hospitales (la mitad de los cuales carecían de aire acondicionado) estaban saturados y los bomberos, abrumados por las llamadas.

De hecho, fue ese mismo viernes cuando el primer ministro, Sébastien Lecornu, terminó por “aprobar” un pedido de “30.000 aparatos de aire acondicionado para los hospitales”, a propuesta de la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist. En los últimos días, mientras Francia ya atravesaba su segunda ola de calor del año, Lecornu también pidió a los ministros implicados que elaboraran diferentes escenarios para el futuro. “Van con retraso en todo, da la sensación de que se ven arrastrados por lo que está pasando”, confían desde el sector público.

En este contexto, opina François Bourdillon, las medidas de prohibición adoptadas por el Gobierno —como la relativa a la compra de alcohol o su consumo en la vía pública— tienen como objetivo “desvincularse de los problemas estructurales e individualizar la culpa”. Una crítica compartida por otros profesionales de la sanidad pública, que no dejan de establecer un paralelismo con la desastrosa gestión de la crisis del covid.

En una nota dirigida a Macron el 14 de abril de 2020, Jean-François Delfraissy, presidente del Comité Consultivo Nacional de Ética y, en aquel momento, presidente del consejo científico dedicado a la pandemia del covid, invitó al jefe de Estado a involucrar urgentemente a la sociedad en la gestión de la crisis sanitaria para no alimentar “la crítica a una gestión autoritaria y desconectada de la vida de la gente”. No sirvió de nada, como todo el mundo recuerda.

El profesor recordaba entonces al presidente de la República que “incluso en una situación de emergencia, la adhesión de la población es una condición importante para el éxito de la respuesta”; que las organizaciones de la sociedad civil cuentan con una “experiencia” determinante, sobre todo gracias a su “excelente conocimiento de la diversidad de los entornos sociales”; y que “gran parte de las respuestas a la crisis son respuestas locales, que se basan en los impulsos de solidaridad y en el ingenio de las asociaciones”.

Seis años después, la gestión de la ola de calor despierta esos recuerdos: las autoridades insisten en las medidas individuales —no beber alcohol, no practicar deporte, no instalar piscinas en la vía pública, no hacer fiestas…— sin presentar ni el más mínimo esbozo de una respuesta solidaria que tenga en cuenta todas las necesidades de la sociedad. Hacen recaer sobre los hombros de cada uno la presión del sistema hospitalario.

“La ola de calor no es una fatalidad”, recuerda, sin embargo, una fuente prefectoral, que califica de “deplorable” el enfoque del Ejecutivo. Tras la ola de calor de 2003, el informe de la Asamblea Nacional sobre la “crisis sanitaria y social” recordaba así la importancia de una estrategia inclusiva. “Organizarse —escribía entonces el ponente Denis Jacquat—, significa difundir mensajes de prevención a nivel local, identificar de antemano a las personas más vulnerables, localizar entre su entorno a aquellas personas que puedan constituir redes locales de solidaridad, y localizar los lugares ‘frescos’ a los que se les pueda llevar para que se recuperen durante unas horas en caso de ola de calor”.

Evidentemente, se han llevado a cabo algunas medidas en los últimos veinte años, sobre todo por iniciativa de las administraciones locales, a las que, sin embargo, el primer ministro ha señalado con el dedo en los últimos días. Se han creado registros, de carácter voluntario, destinados a las personas vulnerables que deseen que se les contacte en caso de ola de calor, sobre todo para intentar romper el aislamiento social. Pero la gestión del Gobierno, por su parte, sigue siendo invariablemente vertical.

Entre los profesionales de la salud pública entrevistados por Mediapart, algunos lamentan también la falta de coordinación con el sector asociativo o la ausencia de mensajes políticos contundentes dirigidos a los jóvenes, que, sin embargo, se verán gravemente afectados por la ola de calor (enfermedades crónicas, riesgos psiquiátricos…). Pero, al igual que durante la pandemia del covid, en lugar de apoyarles en esta crisis, la mayoría de las declaraciones tienen como objetivo sancionarles o hacerles sentirse culpables.

El tema es tan delicado que el Ministerio del Interior ha impuesto una línea firme a sus equipos: los prefectos tienen prohibido hacer un recuento público del número de ahogamientos, según indicó la dirección de comunicación del ministerio durante una videoconferencia organizada con carácter de urgencia el jueves 25 de junio.

Según el acta de esa reunión, a la que Mediapart ha tenido acceso, el Gobierno aún no disponía en esa fecha —una semana después del inicio de una ola de calor anunciada con mucha antelación— de una estrategia nacional de prevención frente a los ahogamientos. Un riesgo que, sin embargo, aparece claramente en cada episodio de altas temperaturas.

“El Ministerio de Deportes está preparando una campaña nacional que se pondrá en marcha en los próximos días”, justificó un representante de Interior durante la videoconferencia. Mientras tanto, las prefecturas deben limitarse a difundir “mensajes de prevención difundidos por la agencia Vías Navegables de Francia”, mientras el número de tragedias no deja de aumentar.

Preguntados sobre la prohibición de comunicar el número de fallecidos, el gabinete del ministro del Interior dio marcha atrás y ofreció una interpretación totalmente diferente de sus instrucciones. “Hemos precisado que no es aconsejable realizar un recuento diario de ahogamientos, salvo en casos excepcionales. Pero la ola de calor es un caso excepcional”.

El sábado 27 de junio, según nuestra información, las autoridades registraron la muerte de 74 personas en todo el territorio desde el inicio de la ola de calor a causa de ahogamientos (lo que supera los niveles habituales). Es decir, 19 fallecidos más que dos días antes, en una fecha en la que la ministra de Deportes, Marina Ferrari, ya lamentaba un “balance dramático” en France Info.

Ya en 2025, mientras la Federación Francesa de Natación llevaba años dando la voz de alarma, SPF había señalado un "aumento notable" de las muertes por ahogamiento durante las olas de calor. Este año, a la vista de las previsiones meteorológicas, la agencia había decidido adelantar su vigilancia de los ahogamientos, a partir del 1 de mayo, para adaptarse al “contexto del cambio climático”. Sin embargo, en lo que respecta a la prevención, no se ha puesto en marcha ninguna medida.

Traducción de Miguel López

Durante años el presidente húngaro Viktor Orbán fue el gran referente internacional de Vox. Hungría representaba la prueba de que una derecha nacionalista, ultraconservadora y enfrentada a Bruselas podía gobernar y marcar la agenda europea. Pero el tablero ha cambiado y, en paralelo, la organización ha intensificado la construcción de una comunidad política transatlántica articulada en torno al concepto de "Iberosfera".

La idea, impulsada desde la Fundación Disenso presidida por Santiago Abascal, plantea la existencia de un espacio común formado por España, Portugal y los países hispanoamericanos, unido por la lengua, la historia, la religión católica y determinados valores políticos. La Iberosfera no es sólo una un concepto para la formación ultra, es una horizonte geopolítico destinado a construir una red internacional de gobiernos, partidos, fundaciones y líderes ultras a ambos lados del Atlántico.

La apuesta americana de Vox coincide además con una tendencia más amplia de la derecha estadounidense. La nueva Administración de Donald Trump ha recuperado una visión hemisférica de la política exterior de EEUU en la que América vuelve a ser ese espacio prioritario de influencia. En ese contexto, las victorias de dirigentes conservadores y ultraderechistas en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador o El Salvador adquieren un significado que va más allá de la política nacional.

El nuevo mapa americano que mira Vox tiene hoy varios nombres propios. El que más destaca es el de Javier Milei en Argentina, pero en los últimos meses se han sumado nombres como el de José Antonio Kast en Chile y recientemente Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, a falta de la confirmación oficial. También se mira desde Vox al Salvador autoritario de Nayib Bukele — aunque con ciertos matices— , mientras que las victorias de Santiago Peña en Paraguay y Daniel Noboa en Ecuador, ambos conservadores y proestadounidenses, sirven para completar su relato de cambio de ciclo.

Para Vox, esos gobiernos representan algo más que aliados ideológicos. Son la evidencia de que la derecha radical está encontrando en América el terreno donde puede seguir acumulando victorias en el momento en el que en Europa se ha vuelto más difícil.

La derrota de Orbán en Hungría el pasado abril, unido a la incapacidad de Marine Le Pen para alcanzar — por el momento— el poder en Francia a la espera de la decisión su inhabilitación, el estancamiento de André Ventura en Portugal, la pérdida de influencia de Geert Wilders en Países Bajos o las dificultades de la AfD alemana para romper el cordón sanitario han reducido el número de victorias de la familia política de Vox en Europa.

Incluso Giorgia Meloni, que sigue gobernando Italia, ya no ocupa el lugar de referencia estratégica que tuvo para la formación de Santiago Abascal. La primera ministra italiana ha buscado consolidarse como interlocutora de Bruselas y Washington, ha tomado posiciones más pragmáticas en política exterior y ha evitado alineamientos automáticos con Donald Trump en cuestiones sensibles. Esa evolución ha ampliado la distancia política con Vox.

La derecha radical europea continúa siendo una fuerza ascendente en términos electorales, pero acumula dificultades para transformar ese apoyo en gobiernos estables. La derrota de Orbán, los límites de Le Pen, los problemas de Wilders y la creciente autonomía de Meloni han coincidido con una sucesión de victorias conservadoras y ultras en América Latina. En ese contexto, Vox y la Fundación Disenso han reforzado la apuesta por la Iberosfera como espacio prioritario de influencia política.

Las publicaciones más recientes de la Fundación Disenso reflejan con claridad ese desplazamiento. En abril de 2026, la fundación promovió en Madrid la conferencia "Una Nueva Alianza: por qué las Américas son importantes para el futuro de Europa", organizada por Patriots for Europe Foundation. El objetivo declarado era "fortalecer los vínculos entre las fuerzas patriotas de América y del Viejo Continente" y pasar de la cooperación ideológica a una "hoja de ruta geopolítica práctica".

En el texto publicado en la web de Disenso, se sostiene que América Latina constituye una “reserva estratégica de petróleo, gas, litio, cobre y minerales críticos imprescindibles para la economía europea”. La relación ya no se plantea únicamente en términos identitarios o culturales, sino también energéticos, económicos y geopolíticos. La tesis central es que Europa sólo podrá mantener su autonomía estratégica si estrecha lazos con gobiernos afines en el continente americano. América aparece así como alternativa tanto a la dependencia china como a la influencia de las élites europeas consideradas "globalistas".

Si existe un país que simboliza esta nueva etapa es Argentina. Disenso acaba de publicar el ensayo "El cambio de época: Argentina como catalizador de la libertad en la Iberosfera (2020-2025)", donde el gobierno de Javier Milei es presentado como la demostración práctica de que es posible derrotar a la izquierda y “desmantelar el Estado intervencionista”. El texto afirma que el liderazgo de Milei ha demostrado que pueden desmontarse los "pilares de la estructura woke kirchnerista" y convertir Argentina en el motor de una transformación política para toda la Iberosfera.

No se trata únicamente de simpatía ideológica. Milei fue uno de los primeros dirigentes latinoamericanos en adherirse a la Carta de Madrid, el documento fundacional impulsado por Disenso y Foro Madrid. Argentina se ha convertido así en el principal escaparate del proyecto internacional de Vox.

Las publicaciones recientes de Disenso muestran también otro elemento constante: la reivindicación de la Hispanidad como instrumento político contemporáneo. Artículos como "Ayuso, Sheinbaum y la Hispanidad reducida a bronca política" o "México y el perdón por existir" recuperan una narrativa según la cual España y América comparten una herencia histórica injustamente cuestionada por las corrientes progresistas y los movimientos decoloniales. La Hispanidad aparece presentada como una comunidad cultural que debería convertirse en sujeto político internacional. Esa idea conecta directamente con el concepto de Iberosfera y con la aspiración de construir un bloque conservador transatlántico.

Detrás de esta estrategia hay una figura menos conocida que Abascal pero fundamental para entender el despliegue americano de Vox: Jorge Martín Frías. Director de la Fundación Disenso, eurodiputado y principal arquitecto intelectual del proyecto internacional de Vox, Martín Frías ha sido uno de los impulsores de la red de alianzas con dirigentes latinoamericanos. Él mismo ha defendido públicamente la necesidad de apoyar a fuerzas políticas que compartan una agenda de libertad, soberanía nacional y combate contra la izquierda latinoamericana.

Su nombre aparece de forma recurrente en las actividades internacionales de Disenso: encuentros con think tanks conservadores de América Latina, participación en foros organizados por la Heritage Foundation en Estados Unidos, reuniones con dirigentes opositores venezolanos y coordinación de la red creada alrededor de Foro Madrid.

César Vallejo escribió el poema “España, aparta de mí este cáliz” durante la Guerra Civil española. Con ese título se reunieron después los poemas que el maestro peruano dedicó al drama bélico abierto por el golpe de Estado de 1936. El deseo de que la palabra España deje de significar un sacrificio late ahora en el corazón de muchos españoles heridos por la atmósfera muy crispada de nuestra convivencia. La economía no va mal, la realidad no es un campo de fuego, pero se impone día a día un relato de odios y enfrentamientos. Necesitamos encontrar una salida, y quizá sea bueno recordar que César Vallejo escribió su poema sobre España y el cáliz doloroso como un diálogo con los niños del mundo. No vivía la posible derrota como un problema nacional español, sino como un horizonte que afectaba a la política internacional. 

Creo que es una buena estrategia para resistir en esta situación que invita al desánimo. No se trata de un problema solitario español, sino de una dinámica desatada contra los valores democráticos. Y la palabra "mundo" adquiere mucho protagonismo. Por eso podemos recordar también el libro de Pablo Neruda titulado España en el corazón, y sentir que el amor por España se equivoca hoy cuando se encierra en los límites nacionales. Así que le pido permiso a Neruda para ampliar su título y escribir 'Europa en el corazón', tomando conciencia de la realidad global de la palabra "mundo". Las derivas nacionalistas de la extrema derecha ponen en riego el papel de Europa como unidad de valores democráticos, algo que interesa por igual a los viejos mandarines totalitarios y a las nuevas formas de dictadura que nacen de la ambición neoliberal, el capitalismo dispuesto a romper el Estado social para separar la libertad de los compromisos de la igualdad y la fraternidad. Así que la mejor manera de pensar en la Madre España de Vallejo es pedirle permiso a Neruda para vivir hoy con Europa en el corazón.

Los populismos nacionalistas suponen en la Comunidad Europea una proyección política de la cultura individualista que ha impuesto el neoliberalismo. Frente a la convivencia y las ilusiones colectivas impera la ley del más fuerte y la lucha por el triunfo de lo mío frente a las responsabilidades compartidas. Esta es la lógica que le da fuerza al racismo y a las prioridades nacionales contra los derechos humanos y la justicia universal. El cáliz de la crispación española, además de hacerme vivir con España y Europa en el corazón, gracias a Neruda, me devuelve a la poesía de César Vallejo y a su poema titulado “Masa”. Tanto amor y no poder contra la muerte, fue la queja del poeta peruano que buscaba en la oscuridad motivos para la esperanza. Escribió la historia de un combatiente muerto en la batalla. A su cadáver se acercó un hombre, y luego dos, y después veinte, cien, mil, quinientos mil, millones de individuos con un ruego común: quédate hermano. Cuando todos los seres humanos de la Tierra llegaron a rodear al individuo muerto, el cadáver se incorporó y se echó a andar.

La imagen solidaria de Vallejo me ayuda a luchar en mí mismo por una resurrección de la esperanza. La mejor manera de apartarme del cáliz de las desilusiones y las renuncias es comprender que no se trata de una batalla española, sino mundial, y que no puedo dejar que los mandatos del individualismo me hagan olvidar el compromiso colectivo con la dignidad de los seres humanos de la tierra. Las prioridades individuales sólo encuentran un buen destino en las ilusiones colectivas. 

Madre España que vive con Europa en el corazón. Cosas de la poesía.

Desde hace unos años se habla tímidamente del momento en el que la población mundial empezará a decrecer. Si las previsiones actuales se mantienen, esto sucederá alrededor del año 2070. En Europa hemos empezado este año 2026 y Eurostat estima que la eurozona reducirá su población a partir de 2030 y calcula que en 2100 habremos perdido más del 11% de la actual, situándonos por debajo de los 400 millones, es decir unos 50 millones menos que ahora. Y entonces, ¿qué sucederá? ¿Cómo podremos mantener el estado del bienestar? Desde luego no con el modelo actual.

Allá por el año 2022 hice una entrevista sobre la situación migratoria en España para la radio estadounidense NPR. Al acabar la entrevista, la última pregunta era cuál pensaba yo que serían las soluciones para la supuesta crisis migratoria. 2021 había acabado con la reactivación de la ruta canaria después de muchos años y en navidades había tenido lugar un pico fuerte de entradas. Respondí lo que habría contestado a día de hoy: la migración está a 50 años de dejar de ser un problema tal y como lo entendemos ahora. El decrecimiento de la población de los países de la OCDE va a convertir a la migración en algo indispensable, escaso y deseable. Cinco años más tarde no puedo dejar de sorprenderme por el hecho de que no haya mucha más gente abordando este asunto. Por eso es el gran tema que debería ocuparnos cuando hacemos proyecciones futuras.

Ya son unos cuantos los países que están en pleno decrecimiento demográfico. Unos pocos han perdido población debido a las guerras; otros, como China, por subestimar el efecto de las políticas antinatalidad; y muchos de nuestros vecinos europeos han decrecido por la combinación de emigración de nativos sumada a su incapacidad absoluta de atraer a población migrante suficiente para compensar la baja natalidad. Los países del Este son los peor parados de Europa en este sentido. Rumania y Bulgaria están a la cabeza de un pelotón que se pierde población sin remisión. Muy de cerca les siguen nuestros socios mediterráneos, liderados por Italia, que ocupa el número 10 en el ranking histórico mundial de pérdida demográfica. Junto a ese país, Grecia en el puesto 16. El think tank Bruegel sacó el año pasado un informe analizando esta situación, anticipando lo que hoy ya es incuestionable. Los países del sur y el este de Europa se despueblan, generando una situación de extrema desigualdad en nuestra frágil Unión Europea.

¿Y qué pasa cuando pierdes población? Si las razones de esta pérdida son la combinación de una baja natalidad con una falta de atracción de población migrante, la situación demográfica del país se representa por una pirámide con forma de nube de hongo de una bomba atómica. Una base muy fina que se ensancha a partir de los 55 años. Esto significa que la población mayor de esa edad representa un porcentaje muy alto, marcando las necesidades socioeconómicas del país. En los Estados miembros de la OCDE, donde la esperanza de vida es cada vez más alta, las personas mayores comienzan a representar un grupo cada vez más numeroso que depende de las capacidades de los Estados y del resto de la población para poder sobrevivir dignamente. Y esto no es relativo a la capacidad económica individual de las personas mayores. Hay que tener en cuenta que un buen tratamiento de cáncer, por poner un ejemplo, es absolutamente inasumible por una sanidad privada. Es decir que, tomando el caso de la salud, sin un buen sistema de sanidad pública hasta las personas mayores con dinero acabarán pasándolo mal. El profesor Daniel Markovits describía durante una charla reciente el decrecimiento demográfico de China, Italia, Japón o Corea como devastador. Señalaba que todas estas sociedades se han construido sobre un sistema de pensiones que grava a las generaciones futuras. Dado que dichas generaciones van a ser muy inferiores a las actuales, el sistema va a colapsar.

El punto curioso de esto es que, como también comenta en su análisis Markovits, todos estos países tienen un discurso y unas políticas antimigratorias bastante fuertes. Japón es uno de los precursores históricos de las políticas de puerta cerrada. El país enfrenta un desafío demográfico sin precedentes, con una población envejecida y una baja natalidad que amenazan su fuerza laboral. Para contrarrestar el estancamiento, el país optó por una estrategia multidimensional basada en la automatización y la robótica, evitando depender de la inmigración. En el ámbito laboral ha tenido que elevar progresivamente la edad de jubilación. También ha habido un incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, todas estas medidas han tenido lugar en un marco de fuerte desigualdad que se ha ido acrecentando con los años. Las mujeres y los jóvenes son los principales afectados, encontrándose con sueldos y condiciones muy inferiores a las de los hombres mayores de 55 años. El profesor Kohei Saito analiza esta situación en su superventas El Capital en el Antropoceno, advirtiendo que el sistema, tal y como está concebido, está destinado a derrumbarse. Mientras, el país ha tenido que ir abriendo la mano inexorablemente a la tan temida migración.

¿Y qué pasa con Europa? La Italia de Giorgia Meloni representa uno de los futuros posibles. Un país en caída libre demográfica donde la fuerza que gobierna es activamente antimigratoria. Este maridaje está llevando al país a una situación crítica. Muchos de los sectores esenciales no encuentran trabajadores. La crisis económica y la falta de calidad de vida, incluyendo la seguridad democrática como uno de los factores a tener en cuenta, han llevado a cientos de miles de italianos a abandonar su país. Y aunque Meloni anunció la emisión de medio millón de visados para trabajadores extracomunitarios, ¿quién va a querer ir a un país donde te pueden detener y deportar a Albania? La previsión del estudio de Bruegel es que esta tendencia a la despoblación de los países del sur y del este de Europa se va a agudizar con los años. Las poblaciones autóctonas europeas van a empezar a moverse a los países de la Unión que mejores condiciones de vida ofrezcan. Estas migraciones internas van a ir acompañadas de las migraciones extracomunitarias, conformando un mapa desigual de la Unión.

De modo que parece que aquella predicción del año 2022 se está cumpliendo con una celeridad impensable y en breve empezaremos a vivir este cambio de ciclo donde la migración será más que deseable.

En España, el Gobierno progresista ha conseguido frenar nuestra caída demográfica que, sin población migrante, habría sido de unas 100.000 personas en 2025. Sin duda, gracias a esto, nuestra economía es la que tiene una de las mejores previsiones de la eurozona. Sin embargo, el debate público sigue estando intoxicado por un discurso racista y antimigratorio que lidera la extrema derecha, e incluso la derecha en general. Para contrarrestar este tipo de situaciones, Suiza realizó un referéndum hace unos días. La propuesta, impulsada precisamente por la extrema derecha del Partido Popular Suizo (UDC), planteaba limitar la población a 10 millones de habitantes para frenar la inmigración. El resultado fue un contundente "no" con el 55% de los votos. Me parece interesante cómo, a pesar de la intensa campaña de la derecha, la ciudadanía y el tejido empresarial priorizaron un enfoque pragmático y económico sobre el relato emocional y aislacionista.

En nuestro país quizás haría falta algo parecido. Es cierto que por el momento el progresismo sigue en el Gobierno y, pese a todas las miserias y corrupciones que van aflorando, la ventana de una renovación progresista no está del todo cerrada. Pero el mero hecho de que exista una posibilidad de un cambio de ciclo que deje nuestras posibilidades futuras en manos de quienes quieren aplicar las mismas medidas que Meloni da escalofríos.

El futuro de nuestros países pasa por entender que tenemos que ser competitivos en amor, entendido este como un acto político: asegurar calidad democrática, integración, servicios públicos sanos y potentes, y comunidades libres de odio. Lo contrario es declive y decadencia. Ojalá cuando llegue la hora de votar esto tenga el peso específico que se merece.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Más de 70 países en todo el mundo, desde Francia a China, pasando por Australia o Brasil, han gastado miles de millones de euros de dinero público para suavizar el impacto de la crisis energética. Ya pasó en Europa tras la invasión de Ucrania y la escasez de gas natural, pero ahora el shock es global y líderes de todos los rincones han recurrido a esta medida fácil y rápida, pero muy controvertida entre los economistas. Reducir artificialmente el precio del combustible es muy caro, incentiva su consumo en tiempos de escasez, ayuda más a las rentas altas que a las bajas y desincentiva que ciudadanos y empresas apuesten por el autoconsumo solar o el ahorro energético.

España es, de hecho, el país de la Unión Europea que más ha gastado en subsidiar la energía para evitar que esa subida de precios se traslade al resto de la economía. El Gobierno ha destinado desde marzo 4.747 millones de euros a rebajar el IVA en las gasolineras, la luz y el recibo del gas, así como a abaratar 20 céntimos el combustible profesional. Según una comparativa europea del think tank Bruegel, el segundo país que más dinero ha dedicado es Alemania, con 1.600 millones de euros.

No todas esas rebajas siguen disponibles en España. En el caso de la electricidad y el gas, el IVA ya ha vuelto a la normalidad, pero continuarán recortados hasta el 30 de junio el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, así como el IVA de las gasolineras y el impuesto sobre hidrocarburos.

Parchear la situación a base de dinero público es el recurso rápido y fácil para una crisis así, pero que conlleva muchos problemas de fondo, opina Diego Rodríguez, investigador de Fedea y doctor en Economía. "Tiene sentido que la hayan activado durante solo tres meses, pero no cumple el criterio que propondría cualquier economista: que se destine a los consumidores vulnerables".

Como la ayuda no hace distinción por renta, llega a todos los bolsillos, pese a que son las rentas bajas las que realmente dependen de esta subvención para poder seguir cogiendo el coche, poniendo la calefacción o encendiendo el aire acondicionado. Según un estudio reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los deciles superiores de renta son los que más porcentaje de la ayuda disfrutan sobre su coste total, especialmente en la gasolina y el diésel. 

Por ejemplo, los tres deciles más bajos –el 30% de los hogares españoles con menos renta– reciben el 20,3% de las ayudas totales al combustible, según la AIReF, mientras que los tres deciles más altos se benefician del 39%, casi el doble. "La razón es sencilla y directa: consumen más energía", resumen los autores.

Tanto la AIReF como Diego Rodríguez reclaman que las futuras ayudas estén ajustadas por nivel de renta, pero es cierto que no hay manera fácil. El experto de Fedea habla de una fórmula recurrente, una compensación en la declaración de la renta del año siguiente, aunque con el impedimento obvio de que la cobertura llegaría un año tarde. "No es fácil encontrar una solución, pero desde luego habría que reflexionar para estar preparados en el futuro", dice el investigador.

La AIReF, por su parte, plantea "la creación de un registro de hogares actualizado o el desarrollo de sistemas de identificación personal mensual de los ingresos de las familias por parte de la Agencia Tributaria", una manera de tener clasificada a la población por renta y poder después dar ayudas clasificadas por estratos.

La segunda crítica es que estas ayudas reducen la sensación de escasez de combustibles que hay en la economía global, haciendo que la demanda no caiga a la misma velocidad que la oferta. En este momento se producen cada día unos 14 millones de barriles menos de lo habitual debido al cierre casi completo del Estrecho de Ormuz, lo que equivale a aproximadamente el 14% del consumo mundial, pero esa tensión en la oferta no se traslada al surtidor porque la gasolina y el diesel tienen un precio artificialmente bajo.

"Los precios del combustible subvencionado no muestran realmente el problema que hay de suministro. Estamos alterando el balance del mercado", opina Ana María Jaller-Makarewicz, analista energética para Europa del Instituto de la Economía de la Energía y el Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés).

El resultado es que en los países ricos, con más capacidad para soportar con dinero estas subvenciones y donde la población tiene más renta, la caída del consumo está lejos de reflejar el agujero real. Según datos de la consultora Argus, en el segundo trimestre de 2026 Europa reducirá su demanda de crudo en 300.000 barriles diarios, mientras que la de Asia-Pacífico recortará unos 3.000.000 en ese periodo, un recorte diez veces mayor. La diferencia también radica en que Asia depende mucho más del petróleo de Oriente Medio que Europa.

En todo caso, los descuentos españoles no han sido suficientes para devolver el coste del litro a su situación previa a la guerra de Irán y el golpe se ha notado igualmente. En el mes de abril la demanda de combustible en gasolineras en España cayó un 5,2% frente al mismo mes del año pasado, según los últimos datos de Eurostat. Menos que en otros países, como Alemania (-10%), Bélgica (-8,9%) o Noruega (-12,2%), pero en la línea de Francia (-4,1%). En el conjunto de la UE, la demanda de combustible cayó en abril un 3,5% respecto a ese mes de 2025.

En cuanto a la demanda eléctrica, en España se mantuvo sin cambios en mayo frente al año pasado, con un incremento del 0,1% una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad, según Red Eléctrica. El consumo de gas también estuvo casi congelado en mayo, con una caída del 1% interanual, si bien se desplomó un 6,3% en el apartado de hogares e industria, compensado por una subida del consumo de cisternas para almacenamiento.

Por último, muchos grupos ecologistas y defensores de las energías limpias critican que estas ayudas vuelven a ser un ejemplo más de cómo los países ricos siguen incentivando el uso de combustibles fósiles a pesar de la emergencia climática.

Argumentan que, tanto la crisis derivada de la invasión de Ucrania –que llegó a encarecer el gas más de diez veces– como la actual son la mejor oportunidad para invertir en autoconsumo fotovoltaico, baterías y en medidas de eficiencia energética, porque es ahora cuando más dinero permiten ahorrar, pero en su lugar se destinan miles de millones al petróleo y al gas. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que en 2022 y 2023, la Unión Europea gastó en subvenciones a combustibles y electricidad unos 250.000 millones de euros. 

Por ejemplo, tras conocerse en marzo el paquete español contra la crisis, Greenpeace reaccionó diciendo que "el Gobierno vuelve a tropezar en la piedra de las ayudas indiscriminadas a los combustibles y el gas". "Está demostrado que estas medidas son ineficaces socialmente, dañan el clima, y costarán miles de millones al contribuyente", añadió también.

Será el mayor presupuesto en la historia de la Unión Europea, un gigantesco pastel cercano a los dos billones de euros a distribuir entre los 27 Estados Miembros de 2028 a 2034. Con un cambio sustancial en su estructura por primera vez en décadas, desde la Política Agraria Común de los 60 o la Política de Cohesión y sus fondos estructurales a finales de los 80, los dos ejes sobre los que hasta ahora ha pivotado el Marco Financiero Plurianual (MFF).

Los nuevos tiempos geopolíticos, con guerras en las fronteras orientales o la renovada carrera espacial, el cambio de peso de los sectores económicos del continente, el mundo digital y la irrupción de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la transición ecológica... son factores que demandan una UE más autónoma, reindustrializada y capaz de relanzar sustancialmente sus inversiones internas. Ahora empieza la negociación de verdad sobre cuánto y en qué. La Comisión Von der Leyen habla de unas cuentas para “las realidades de hoy y también para los desafíos de mañana”.

El próximo presupuesto comunitario va a disparar sus recursos. Se parte de la base presentada hace un año por la Comisión Europea de 1,76 billones de euros. Chipre, como presidencia rotatoria del Consejo, acaba de realizar una primera contraoferta que espera de consenso entre los 27 para luego negociar con el Parlamento. 1,73 billones de euros, un 2% menos respecto a las cuentas de la Comisión, tocando principalmente las partidas de competitividad o para la acción exterior, 28.000 millones de euros cada una. La negociación va a ser guerra política.

“Hemos escuchado atentamente a todos los Estados Miembros de la UE, reflexionado mucho sobre sus prioridades, sensibilidades y líneas rojas para actuar como un negociador honesto”, explicaba este jueves la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, reconociendo la dificultad de poner de acuerdo ahora a los 27. “Desde el principio, y esto es un hecho, ha habido posturas muy fuertes desde todos los lados y, con mucha frecuencia, opuestas”.

Los países tradicionalmente austeros, contribuyentes netos del presupuesto comunitario, ya están objetando las cifras. Para el ministro de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen, acercarse a los dos billones de euros “no se puede permitir, es desequilibrado y equivocado. El volumen conjunto sigue siendo demasiado alto”, reaccionó el político, quien ni siquiera se ve satisfecho por la reducción chipriota, “un marco a donde no ir”.

Países Bajos, Alemania, Austria, Suecia o Finlandia exigen hasta un recorte del 20% en el importe del MFF sin tocar las partidas destinadas a defensa, seguridad, I+D o control migratorio, reduciendo las transferencias para el sector agrícola, ganadero y pesquero y a regiones, los fondos de cohesión y estructurales, y eso que en la propuesta de la Comisión estos pagos bajan del 60% actual a cerca del 45%.

La Defensa será sí o sí la gran ganadora en las negociaciones presupuestarias, pese a los cambios de mero maquillaje que consiga introducir el Parlamento Europeo durante los próximos meses, tras el año de tanteo durante el que los países han marcado sus posiciones, como España, Francia e Italia junto a Grecia y Portugal en el conocido como Grupo de los Amigos de la Cohesión o las críticas procedentes de Alemania, Países Bajos y Austria en favor de unas cuentas más austeras.

La Comisión informa oficialmente que habrá como mínimo 130.000 millones de euros en partidas directamente militares, para seguridad o espacio, cinco veces más que en el actual, sin embargo realmente la cifra es mucho mayor porque el Fondo Europeo de Defensa, que pasará de tener sólo 8.000 millones de euros a 130.000 millones.

Bruselas intenta disimular este importante aumento de los fondos militares dentro de la segunda gran partida: el Fondo de Competitividad Europea, que incluirá las inversiones para ciencia, investigación e innovación. Este segundo pilar incorpora el Fondo Europeo de Defensa. “Sabemos que la seguridad es una gran preocupación para nuestros ciudadanos y gobiernos. La inversión fortalecerá nuestra base industrial y capacidades”, ha justificado la presidenta Von der Leyen.

Desde el grupo parlamentario de La Izquierda denuncian que la Comisión apuesta deliberadamente por canalizar fondos desde las partidas sociales y medioambientales hacia la militarización. El eurodiputado Joao Oliveira, del PCP portugués, habla de que mismo dentro del Parlamento Europeo “no se está cambiando fundamentalmente la dirección negativa ya establecida por la Comisión” en la que “cohesión, agricultura o pesca son marginadas mientras se financia la militarización y la llamada competitividad”.

En paralelo, la Comisión quiere potenciar los recursos de la política migratoria moviendo esos fondos cogestionados por autoridades locales, regionales y la sociedad civil hacia los nuevos Programas Nacionales y Regionales de cada país. La migración, el asilo, la gestión fronteriza y la seguridad interna estarán controlados por los gobiernos centrales en un diálogo bilateral con Bruselas. Las propuestas del MFF actuales, tanto de la Comisión como de Chipre, contemplan unos 38.000 millones para lo que se denuncia como “Europa fortaleza”.

La gestión migratoria exterior que pivotaba sobe los fondos de la la cooperación pasarán al también nuevo Instrumento Global Europeo, más flexible a la hora de adaptar las inversiones hacia las prioridades políticas que señale la Comisión, sin objetivos fijos de gasto para ayuda humanitaria, gestión de crisis, desarrollo internacional o preservación de los derechos humanos.  

El actual Marco Financiero Plurianual cuenta con un total de 52 programas de inversión de los que salen los fondos distribuidos a cada país, para la construcción de carreteras o líneas férreas, los programas de inversión científica, los subsidios agrícolas, el empleo juvenil o el intercambio universitario Erasmus. La Comisión Von der Leyen propone simplificarlos en sólo dieciséis, organizados en cuatro grandes pilares, como explicó en su momento el comisario europeo de Presupuestos, Piotr Serafin.

La mitad de los cerca de 1,7 billones de euros que plantea Bruselas entre 2028 y 2034, concretamente el 48%, serían para los Planes Nacionales y Regionales, el primer gran pilar. Ahí entrarían 300.000 millones de agricultura y 218.000 millones para cohesión, cifras inferiores a las actuales. La tercera partida sería el programa Erasmus, que se dispara hasta los 40.000 millones, aunque represente sólo un 3% del total, y el cuarto pilar iría destinado Cooperación al Desarrollo y Política Exterior, el 11%.

Recientemente un grupo de dieciséis países suscribieron un documento exigiendo a Bruselas un aumento de la inversión para los fondos regionales, agrícolas y pesqueros. España es uno de los firmantes, así como tradicionales socios de estas demandas como Italia, Grecia o Portugal a los que se sumaron la totalidad de los socios del este liderados por Polonia y Hungría. Demandas que chocan con la postura de los países frugales del norte y centro Europa.

Los líderes de los 27 se reunirán en unos días en Bruselas para la, posiblemente, última Cumbre antes del verano. “Deberíamos centrar nuestra discusión en los principales elementos —del Marco Financiero Plurianual— para facilitar un acuerdo a finales de año”, les acaba de escribir por carta el presidente del Consejo, Antonio Costa. “Y esto incluye progresar en nuevos recursos, que serán decisivos para cumplir nuestras ambiciones con los medios necesarios”, pide el portugués.

Nuevos recursos significa que la UE introduzca nuevas tasas, impuestos, gravámenes en áreas de su competencia o cogestionados junto a los Estados Miembros para financiar el presupuesto europeo. Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo están reclamando una tasa al juego online que recaude el 1% de los ingresos generados por estas empresas, con capacidad para financiar la totalidad de los siete años del programa Erasmus. Desde Los Verdes presionarán en favor de iniciativas con recorrido en el debate comunitario como la tasa a los servicios digitales o a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, una demanda de varios países a la que ahora la Comisión sí está abierta.

Las negociaciones acaban de abrirse oficialmente, tras un año de tanteo entre Bruselas, las capitales y el Parlamento Europeo. La batalla no sólo estará en el importe final de los próximos presupuestos de la UE o en las ligeras modificaciones en favor de la cohesión o las inversiones medioambientales. El gasto en defensa ya ha salido ganador, ahora falta por ver si se financiará a costa completamente del contribuyente o si la Unión se atreve a introducir nuevos impuestos.

"Nuestro plan es España y España no puede soportar ni una entrada más ni de legales ni de ilegales; de ningún continente, ni de África ni de Sudamérica, ni por barco ni por avión". Así se expresó este sábado sobre los migrantes la diputada de Vox Rocío de Meer, portavoz del partido sobre 'Emergencia demográfica y políticas sociales', rodeada de lo más ultra de la extrema derecha europea en una cumbre antimigrantes.

Por si había dudas del giro de Vox, incluyendo a los migrantes legales en el fin de las entradas al país, su presidente, Santiago Abascal, ha reafirmado la postura este mismo miércoles. El político ha mostrado su apoyo a la Save Europe Act, una iniciativa ciudadana europea (ICE) que busca que la Unión Europea (UE) "ponga fin a la inmigración de sustitución, proteja nuestras fronteras y defienda la identidad etnocultural de las naciones europeas", según las palabras de sus impulsores. La iniciativa propone "un cese inmediato y total de la inmigración y la creación de un sistema europeo integral de remigración".

No son hechos aislados. Los creadores de la iniciativa son Martin Sellner y Eva Vlaardingerbroek, dos de los principales activistas europeos de extrema derecha por la deportación masiva de migrantes —idea que defienden bajo el término que han acuñado como remigración—. De hecho, Sellner y Vlaardingerbroek son también dos de los impulsores de la Remigration Summit —en español: Cumbre de la Remigración—, un acto anual en el que la extrema derecha de todo el continente se da cita para hablar de estas ideas y tejer alianzas.

La de 2026, que ha sido la segunda edición, ha tenido lugar este sábado en Figueira da Foz (Portugal). En esa cumbre es en la que Rocío de Meer, como ponente del acto, realizó sus declaraciones contra la entrada de migrantes. También habló Eva Vlaardingerbroek, que aprovechó su intervención para anunciar el lanzamiento de la Save Europe Act.

La ultra emitió un vídeo durante su mitin en la cumbre, que también publicó en sus redes sociales, en el que Sellner y ella anuncian el lanzamiento de la iniciativa: "Reconociendo que la continuidad etnocultural de los pueblos de Europa es fundamental para su preservación, exigimos a la Comisión Europea que imponga una suspensión total y definitiva de la inmigración no occidental, tanto legal como ilegal. A partir de ahora, nadie más entra y millones se van". El mensaje está completamente en línea con el que expresó en el acto De Meer.

Este miércoles Abascal ha reaccionado al vídeo de Vlaardingerbroek en X —antes Twitter— con alabanzas: "Hay jóvenes europeos que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras les arrebatan sus naciones y su futuro. Nuestra amiga Eva Vlaardingerbroek es una de ellos". El político español ya aparece en la web de la iniciativa como uno de los firmantes más destacados, junto a otros políticos como el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán o el exeurodiputado francés Jean-Yves Le Gallou, creador del concepto de preferencia o prioridad nacional, que tanto está utilizando Vox en los últimos tiempos.

La iniciativa solicita, primero de todo, "una moratoria formal sobre las nuevas vías de inmigración no occidentales ni europeas" y, para ello, pide paralizar tanto "la tramitación de solicitudes de asilo para migrantes económicos y solicitantes procedentes de países de origen seguros" como "la concesión de nuevos visados de estudios y de reagrupación familiar para personas no europeas".

Los firmantes como Abascal solicitan, además, que durante esa moratoria se produzca "una reforma fundamental de los actuales sistemas de migración y asilo de la UE" y que se garantice "la repatriación sistemática y acelerada de los migrantes en situación irregular, los solicitantes de asilo rechazados y las personas que hayan cometido delitos o supongan una amenaza para el orden público".

La iniciativa también solicita a la Comisión que se establezca "un marco armonizado a escala de la UE para una remigración más amplia, que incluya medidas de remigración voluntarias e incentivadas para los migrantes no europeos que no se hayan integrado o que supongan una grave carga cultural o financiera para los Estados miembros".

Además, va un paso más allá que el concepto de prioridad nacional de Vox. La Save Europe Act pide directamente que se eliminen "los incentivos y prestaciones de bienestar social que actúan como factores de atracción de la migración" y que se restrinja el "acceso de los no ciudadanos y los migrantes recientes a determinadas prestaciones sociales y sistemas de apoyo".

La iniciativa lanzada este mismo fin de semana aprovechando la celebración de la Remigration Summit tiene un plazo de un año para recoger las firmas necesarias para poder llegar a las instituciones europeas y que estas se sienten con los impulsores para debatirla. Se requiere al menos un millón de firmantes en toda la UE y, además, cumplir con el umbral mínimo para cada país concreto en al menos siete de los Estados miembros.

Una iniciativa ciudadana europea es el símil comunitario a la iniciativa legislativa popular. Permite a los ciudadanos presentar proyectos legislativos a la UE para que la Comisión pueda proponer legislación al respecto. Según los impulsores, la Save Europe Act habría superado ya, en poco más de tres días, las 150.000 firmas.

No es una sorpresa que Sellner y Vlaardingerbroek sean los impulsores de la iniciativa. Ambos son habituales en este tipo de proyectos. El austríaco Martin Sellner lleva años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en toda Europa. De hecho, este año ha anunciado también su intención de crear el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir con forma de ONG. El ultra, según reveló el diario austríaco Kleine Zeitung, tuvo una juventud vinculado al mundo neonazi y en 2006 se dedicó a poner pegatinas con la esvástica en sinagogas.

Eva Vlaardingerbroek, una activista e influencer de extrema derecha de los Países Bajos, es otra de las piezas centrales en la alianza ultra europea que defiende la remigración. Tiene solo 29 años y se ha hecho famosa tras defender conceptos como el de la remigración y teorías como la del gran reemplazo y otros postulados xenófobos. En la cumbre de este fin de semana recibió también un premio otorgado por los organizadores por haber utilizado "su voz para defender la identidad europea" y llevar "ideas a espacios donde una vez fueron completamente excluidas". La activista ha llegado a hablar incluso de "genocidio blanco" en Europa.

Sellner y Vlaardingerbroek se presentan a sí mismos como cofundadores de la iniciativa ciudadana y son los dos que aparecen en el vídeo en el que se anuncia la misma. Aun así, la web oficial ya reivindica a otras figuras célebres de la ultraderecha europea como impulsores o primeros firmantes. Es ahí donde ahora aparecen Abascal, Orbán o Le Gallou, pero también muchos otros, como los activistas ultras Afonso Gonçalves, Dries Van Langenhove o Andrea Ballarati.

El belga Dries Van Langenhove, que fue diputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto, fue el principal impulsor de la creación de la Remigration Summit junto a Sellner. Ballarati y Gonçalves, por su parte, han sido los anfitriones de la cumbre en sus dos primeras ediciones, que han tenido lugar en 2025 en Italia y en 2026 en Portugal. La lista de participantes de la cumbre guarda muchas coincidencias con la de firmantes de la nueva iniciativa europea.

En el caso de Vox, el partido mandó a Rocío de Meer a la cumbre pero el principal firmante de la nueva iniciativa es el propio presidente, Santiago Abascal. Los organizadores de la cumbre por la remigración también habían anunciado la participación del diputado Carlos H. Quero, tal y como explicó infoLibre, pero el responsable de Vivienda del partido finalmente no habló durante el acto. infoLibre ha preguntado a Vox para saber si Quero finalmente no asistió a Portugal y el motivo de que no participara como ponente en el acto, pero el partido no ha respondido.

En cualquier caso, la asistencia de Vox a la cumbre de 2026 escenifica también su giro hacia una mayor radicalidad y su alianza con elementos aún más ultras de la extrema derecha europea y mundial. En el evento de 2025 ningún político del partido español participó como ponente o con otro papel oficial.

El discurso de Rocío de Meer en el acto se centró en defender que las acusaciones de discurso de odio contra ellos son infundadas y que España y Europa necesitan parar la migración: "Nos han dicho que debíamos dejar de lado nuestras tradiciones en silencio, por si acaso ofendían a alguien. Y nuestro mensaje es: no, ya hemos tenido suficiente. Ese no es nuestro destino. E intentaremos detener a los poderosos enemigos de Europa. Nuestro plan es España y España no puede soportar ni una entrada más ni de legales ni de ilegales; de ningún continente, ni de África ni de Sudamérica, ni por barco ni por avión".

infoLibre ha preguntado a Vox por las palabras de De Meer para saber si representan la postura oficial del partido. Tampoco ha habido respuesta. Aun así, Abascal parece haber hecho lo contrario a desautorizarla al firmar y promover la nueva iniciativa europea que defiende esas mismas ideas y que ha sido impulsada por los mismos activistas ultras que organizaron el acto donde habló la diputada.

De Meer también hizo referencia a otros temas durante su intervención en Figueira da Foz, como a la propia remigración: "Es de sentido común la remigración de aquellos que, ya sean legales o ilegales, estén viviendo de las ayudas públicas o no respeten nuestro modo de vida. O de aquellos que colapsan nuestros servicios públicos y sociales. No basta con detener el fenómeno de la migración masiva, sino que debemos revertirlo". 

También presumió de la fuerza de Vox imponiendo la prioridad nacional a los Gobiernos del PP y criticó a las feministas: "España necesita familias fuertes. Necesita madres. Necesita padres. Necesita niños jugando en las calles, abuelos que transmitan sus recuerdos y colegios llenos de esperanza. Necesita que las mujeres no tengan que pedir permiso a las feministas para ser madres".

Mientras, De Meer estaba rodeada de los activistas más ultras de Europa. Entre ellos, por ejemplo el propio anfitrión, Afonso Gonçalves, que en 2024 aseguró en un podcast que las mujeres son menos inteligentes que los hombres y que solo los hombres deberían tener derecho al voto.

Durante años, Europa ha centrado gran parte de sus esfuerzos climáticos en la mitigación del cambio climático y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras la adaptación a sus efectos ha ocupado un lugar secundario en el debate político. 

Desafortunadamente, basta mirar lo que está ocurriendo alrededor para entender que esto no puede seguir así. En nuestra realidad cotidiana, experimentamos cada vez más inundaciones devastadoras, sequías persistentes, olas de calor muy severas e incendios forestales de sexta generación, que afectan no solo al medio ambiente, sino también al campo, al precio de los alimentos, al agua, a la salud pública y a la vida de muchas ciudades y pueblos europeos. 

Por eso, la futura ley europea de adaptación y resiliencia climática que está preparando la Comisión Europea y que presentará a finales de año, será una de las decisiones más importantes de esta legislatura, ya que tendrá como objetivo que la Unión Europea se prepare mejor ante las crisis climáticas y que no se limite a reaccionar ante ellas.  

La adaptación al clima debe estar en el centro de las decisiones políticas y tenerse en cuenta en la construcción de infraestructuras, en la planificación de ciudades, en la gestión del agua y en la inversión del dinero público, entre otros ámbitos. Sin embargo, para que el principio de “resiliencia por diseño” y no “por reacción” se integre en nuestras políticas, iniciativas, instrumentos y estructuras, anticipando riesgos en lugar de solo reaccionando ante ellos, debemos cambiar algunas inercias europeas. 

En la actualidad, cada Estado miembro cuenta con su propia metodología y valoración de los riesgos e impactos del cambio climático. La nueva ley deberá establecer un marco común basado en escenarios científicos y en evaluaciones de riesgo climático homogéneas para todos los países de la Unión, ya que los riesgos climáticos no pueden afrontarse eficientemente con 27 enfoques distintos.  

Por otro lado, el nuevo marco climático no sólo debe constar de obligaciones para la adaptación, sino también venir acompañado de soluciones y de recursos; es decir, de capacidad real para aplicarlo. En un contexto en el que las prioridades presupuestarias de la Comisión no pasan por el medioambiente y el clima, quién paga la adaptación y cómo hacerlo de manera justa será, sin duda, uno de los debates más importantes en torno a la nueva ley. Y en esta discusión será determinante tener en cuenta que adaptar Europa al cambio climático costará dinero, pero no hacerlo costará muchísimo más. 

Cada desastre climático tiene un impacto económico enorme y creciente. Por eso necesitaremos más inversión en prevención, preparación y resiliencia, y probablemente también nuevos instrumentos europeos, incluyendo mecanismos que ayuden a cubrir riesgos climáticos que el  mercado privado ya no puede asumir por sí solo.

No obstante, y a pesar de la importancia de los recursos, no podemos reducir la adaptación a una cuestión meramente presupuestaria. A veces seguimos pensando en resiliencia únicamente en términos de hormigón, diques o infraestructuras grises, y olvidamos que la naturaleza y las soluciones basadas en la misma son nuestras mejores aliadas.

Lo hemos aprendido con los incendios, con las inundaciones y con las olas de calor. Los humedales restaurados frenan crecidas. Las ciudades con más árboles soportan mejor las temperaturas extremas. Los ecosistemas sanos ayudan a reducir riesgos y hacen los territorios más resistentes. Así lo defendimos los socialistas durante la negociación de la Ley de Restauración de la Naturaleza y así continuaremos defendiéndolo en las negociaciones de la  ley de adaptación climática, porque defender la naturaleza no es solo una cuestión ambiental, sino también de seguridad y de protección civil. 

Por último, la futura ley tocará políticas y sectores sensibles que pueden resistirse, como el sector agrícola o silvícola, la gestión del agua, la ordenación del territorio, el urbanismo o las infraestructuras civiles o energéticas, por lo que su negociación será un reto político. Las resistencias ya las hubo en la Ley de Restauración de la Naturaleza cuya negociación nos dejó una lección útil. Cuando las políticas climáticas se explican únicamente como una agenda  ambiental, es más difícil construir mayorías; cuando la gente entiende que hablamos de proteger vidas, cultivos, ciudades, empleos o viviendas, el debate cambia. Adaptarse no va de ideología. Va de proteger a la gente frente a riesgos que ya están aquí. Prepararnos mejor no es un lujo ni una exageración. Es probablemente una de las inversiones más inteligentes que Europa puede hacer en los próximos años.

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César Luena es diputado socialista en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Medioambiente, Clima y Seguridad Alimentaria.

Desde España hasta Alemania, en los países miembros de la UE se debate desde hace años, con mayor o menor tensión, sobre el legado tóxico de su imperio colonial. Pero la exposición que acaba de inaugurarse en Bruselas, organizada por la Casa de la Historia Europea, adopta un punto de vista diferente: se atreve a ofrecer una historia transnacional de ese periodo, convencida de que los Veintisiete deben, juntos, enfrentarse a esa época de expansión y conquistas.

“Algunos países no se sienten concernidos por esta historia. Alegan que ellos nunca tuvieron colonias”, afirma la franco-togolesa Ayoko Mensah, una de las comisarias de la muestra. “Pero defendemos la idea de que toda Europa está implicada en esta historia. Por ejemplo, a través de las ramificaciones del comercio. O también porque el proceso de integración europea estuvo ligado a la historia colonial.”

En su primera sala, la exposición titulada ¿Postcolonial? presenta un objeto minúsculo, cedido por el Africa Museum de Tervuren, cerca de Bruselas, que resume por sí solo la locura de la época: un pisapapeles de mármol, regalado en 1860 por el que más tarde sería el rey Leopoldo II a su ministro de Hacienda. Grabado en la piedra, como una orden escalofriante, se lee: “A Bélgica le hace falta una colonia.”

Pero si este pisapapeles anuncia la macabra aventura en el Congo Belga, más o menos conocida por el gran público, a partir de 1885, el museo se adentra también en terrenos mucho menos conocidos: el papel de Suecia y Dinamarca en el comercio de esclavos y posteriormente en la expansión colonial (hasta la esterilización forzada de mujeres inuit por parte del Gobierno danés en la década de 1960), o incluso las ambiciones coloniales —que nunca llegaron a materializarse— de Polonia en la década de 1930, evocadas a través del éxito de un colectivo, la Liga Marítima y Colonial.

Sobre todo, la exposición dedica una pared entera a un tema decisivo, pero aún tabú en la burbuja bruselense: la “Eurafrica”, ese concepto geopolítico racista surgido en los años veinte, que quería que Europa y África tuvieran un destino vinculado. En resumen, que a los africanos les convenía, por su propio bien, dejar que los europeos gestionaran sus territorios. En aquella época, era una forma de dar una nueva legitimidad a un proyecto colonial cada vez más cuestionado.

La exposición evoca el proyecto paneuropeo Atlantropa, ideado por un arquitecto alemán, Herman Sörgel, en la década de 1920: la construcción de presas hidroeléctricas en varios puntos del Mediterráneo, que debían hacer emerger nuevas tierras y dar lugar a un continente autónomo, “eurafricano”.

Décadas más tarde, la Declaración Schuman de 1950, acta de nacimiento de la actual UE, retoma elementos inspirados en esta “Eurafrica”, afirmando que el “desarrollo del continente africano” es una de las misiones de una Europa unida. Y Jean Monnet, otro de los “padres fundadores” de la UE, propone ofrecer las colonias francesas “en dote” a Europa. Como recuerda un cartel, cinco de los seis miembros fundadores de la Comunidad Económica Europea, en 1957, son potencias, o antiguas potencias coloniales. “En aquella época, el 90 % del territorio de la nueva organización se encontraba en África”, señalan los comisarios.

Los trabajos de referencia de Peo Hansen y Stefan Jonsson, dos académicos suecos especialistas en esa “Eurafrica”, son prácticamente desconocidos dentro de las instituciones europeas. Salvo una resolución aprobada en 2020, que tipifica la trata y la esclavitud como crímenes contra la humanidad, el Parlamento Europeo, tan blanco como siempre si nos atenemos al perfil de sus miembros, se mantiene discreto sobre estas cuestiones, desde la colonización hasta la lucha antirracista actual.

Desde este punto de vista, la exposición, organizada por un museo financiado en su mayor parte con el presupuesto del Parlamento Europeo, situado a un paso del hemiciclo de Bruselas, marca un punto de inflexión. La expresión puede sorprender, viniendo de una institución inaugurada en 2017, pero la Casa de la Historia Europea asegura incluso que, con esta exposición, inicia su “descolonización”. “La historia del colonialismo europeo está presente en la exposición permanente, pero de forma muy limitada, en una sola sección”, explica Ayoko Mensah. “Ahora queremos mostrar que esta historia se sitúa en los cimientos de la modernidad europea. La exposición es la primera etapa de un proceso.”

El título de la exposición es sin duda engañoso: no se trata tanto de un “poscolonialismo”, tal y como lo teorizó Edward Saïd, ni de los meros efectos de la colonización, sino más bien de un enfoque “descolonial” más amplio, según el cual la “modernidad”, el “capitalismo” y la “centralidad” de Europa proceden de 1492, año en que se iniciaron las conquistas europeas en América. De ahí la presencia, al inicio del recorrido, de una escultura maya, anterior a la conquista y a Cristóbal Colón. De ahí, también, la insistencia en la “colonialidad” de las sociedades europeas actuales.

En apenas 500 metros cuadrados, la sección ¿Postcolonial? intenta así una hazaña y aborda, desde la trata de esclavos hasta el derribo de estatuas tras la muerte de George Floyd, numerosos temas candentes. La exposición puede llegar a dar la impresión de saturación (de textos y carteles), deseosa de decirlo todo sobre realidades que durante mucho tiempo se han silenciado. Los vídeos de europeas y europeos, a menudo mestizos, recuerdan con acierto la actualidad de esas historias de violencia y necesitas muchos respiros profundos durante el recorrido.

Más allá de los objetos históricos, se incluyen obras de artistas contemporáneos, incorporadas a las colecciones del museo para la ocasión. Una gran fotografía del artista congoleño Sammy Baloji, tomada de la serie “Memoria”, sobre los paisajes industriales devastados de Katanga, hace referencia al extractivismo de las materias primas que aún se practica en los antiguos países colonizados.

Hew Locke, el artista criado en Guyana —que presentó una gran exposición en el British Museum de Londres en 2024, pero sigue siendo poco conocido en Francia—, muestra uno de sus sublimes dibujos a color realizados directamente sobre un certificado de la época, una acción emitida por la “Sociedad agrícola e inmobiliaria franco-africana”, una empresa marsellesa que participaba en la financiación de la expansión colonial.

En una última sala muy densa, ¿Postcolonial? documenta la persistencia de un “racismo estructural” en los países europeos y repasa, entre otras luchas, la batalla judicial de los Colston Four, nombre dado a esos cuatro manifestantes de Black Lives Matter en Inglaterra que derribaron la estatua de un comerciante de esclavos. Al final del recorrido, los comisarios se permiten el lujo de evocar no solo la restitución de obras de arte expoliadas, sino también el pago de reparaciones económicas destinadas a los antiguos países colonizados.

En un momento en que la derecha y la extrema derecha se alían cada vez con más frecuencia en el Parlamento Europeo para frenar cualquier iniciativa progresista, la Casa de la Historia Europea, por su parte, parece mirar para otro lado. “Nos financia el Parlamento, pero nuestra independencia académica es total”, insiste Ayoko Mensah. “Nuestro trabajo se basa en la investigación histórica, en colaboración con un amplio comité de expertos, lo que muestra nuestra seriedad.”

Y aunque muchos sectores de la extrema derecha siguen prefiriendo destacar los aspectos positivos del imperio, como la reciente visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, la experiodista, que pasó por Africultures, insiste: “Lo que ocurre en el seno de las instituciones europeas no es monolítico. Convivimos con fuerzas opuestas. Los movimientos de extrema derecha están a la ofensiva, pero la coordinadora encargada de la lucha contra el racismo nombrada por la Comisión, Michaela Moua, también consigue incluir estos temas en la agenda.”

* La exposición ¿Postcolonial?, comisariada por Kieran Burns, se puede visitar de forma gratuita en la Casa de la Historia Europea, en Bruselas, hasta el 14 de marzo de 2027.

Traducción de Miguel López

La Unión Europea adoptó en 2024 su ley de inteligencia artificial (IA), el primer marco jurídico integral a nivel mundial que aborda el uso aceptable de esta tecnología. La norma establece reglas estrictas sobre los riesgos, transparencia y seguridad para los sistemas de IA desplegados en el continente. Al ser la primera gran área económica en legislar sobre la materia, la UE aspiraba a desencadenar un nuevo Efecto Bruselas: la ambición de que su marco regulatorio se consolidase como el estándar global de facto, tal y como ya logró en el pasado con su estricta normativa de protección de datos. Estaba previsto que la ley entrará de modo efectivo en vigor en sucesivas fases, alcanzando su plena operatividad en agosto de 2026.

Simultáneamente a la adopción de la normativa comunitaria, la Administración Biden publicó una orden ejecutiva que establecía estándares para el desarrollo de la IA en EEUU dentro de un marco de gestión de riesgos, la protección de la privacidad y la promoción de la competencia. La acción concertada de la UE y EEUU catalizó una serie de acuerdos multilaterales en diversos foros –la Conferencia de Bletchley, Naciones Unidas– que contaron con la participación de China y propugnaron un diálogo internacional fundamentado en la gestión conjunta de riesgos y la cooperación en el desarrollo de capacidades.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 desbarató lo que se percibía ya como un nuevo éxito del Efecto Bruselas. Washington incluyó, entre las condiciones de un acuerdo arancelario entre los dos bloques, abordar las “barreras injustificadas al comercio digital”, obligando a la Unión Europea a una revisión de su acervo legislativo tecnológico. Tras un proceso de tramitación de cinco meses, los legisladores comunitarios han consensuado una reforma de la ley de IA. Si bien las modificaciones sustanciales de la normativa son de carácter menor –exclusión de maquinaria industrial, prohibición de generación de imágenes sexualmente explícitas, extensión de excepciones de cumplimiento a empresas de tamaño medio–, se incluye el aplazamiento de su entrada en vigor completa hasta agosto del año 2028.

En el nuevo orden mundial, fundamentado en el principio de la ley del más fuerte, las concesiones tienen un impacto inmediato. A la limitada capacidad industrial de la Unión Europea en el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial y su carencia de soberanía tecnológica en todos los niveles –incluyendo chips, infraestructura en la nube y modelos de lenguaje–, se añaden ahora las reservas e incertidumbres en materia regulatoria. Europa ha sido relegada por las máximas instancias de decisión internacionales en IA, quedando visible en el ámbito corporativo y geopolítico.

El comportamiento de Darío Amodei –consejero delegado de Anthropic– en el marco de la pre comercialización de su último modelo de lenguaje –Mythos– es representativo del desdén hacia Europa de las grandes tecnológicas. El 7 de abril, Amodei anunció la retención de la difusión de la aplicación, argumentando sus capacidades para explotar vulnerabilidades tecnológicas. Además del establecimiento del proyecto Glasswing para definir e implementar una estrategia defensiva en colaboración con otras entidades estadounidenses, compartió el modelo con la Administración Trump y entidades financieras de su país. La postura adoptada hacia Europa ha sido considerablemente diferente. A pesar de los sucesivos requerimientos, Amodei se ha rehusado hasta el momento a facilitar el acceso al modelo a las compañías del Viejo Continente y a la Comisión Europea, y ha declinado la solicitud de comparecencia ante el Parlamento Europeo.

La Administración Trump ha hecho también evidente que niega cualquier papel a Europa en la concepción de un marco global de gobernanza de la IA. En la agenda de la visita oficial del presidente de EEUU a China se ha incluido el lanzamiento de las negociaciones para establecer un marco global de mitigación de riesgos en el desarrollo de la IA. El objetivo final sería la definición conjunta por la dos superpotencias de directrices de seguridad para el despliegue de modelos, creación de mecanismos de intercambio de información y establecimiento de canales de comunicación de emergencia para incidentes relacionados con la IA. El acuerdo bilateral supondría un vaciamiento absoluto del Efecto Bruselas sobre la regulación global de la tecnología emergente. 

La IA ha pasado de ser un producto comercial a considerarse un activo estratégico y la UE no está en la mesa de decisiones. ¿Puede recuperar su protagonismo en el desarrollo global de la IA? Sí, pero necesita para ello complementar su capacidad regulatoria con una reorientación de su política industrial y una estrategia sólida de alianzas internacionales. 

La recuperación del impulso tecnológico en la IA en Europa pasa por apostar por la expansión de las capacidades propias en el paquete de medidas sobre infraestructuras digitales previsto para finales de mayo. La Comisión Europea debería presentar una propuesta de la Ley de Chips 2.0 que fomente la autonomía estratégica en el sector de los semiconductores, en sintonía con lo establecido en la propuesta de ley de aceleración industrial para el acero, el cemento, el aluminio, los automóviles y las tecnologías de cero emisiones netas. Del mismo modo, el proyecto de Ley de Desarrollo de la Nube y la IA que proponga el Ejecutivo comunitario debería incorporar requisitos de soberanía en la contratación pública, análogos a los aplicados en los servicios recientemente adquiridos por la Comisión Europea.

En paralelo, la Unión Europea debe asumir su posición como potencia media. El continente europeo es cada vez menos equiparable a las otras dos grandes potencias mundiales. El peso del poder económico de Europa ha experimentado un descenso desde 2016, pasando de representar un 22% del PIB mundial a situarse en el 17,5% actual. La hoja de ruta esbozada por Mark Carney en Davos 2026 nos confronta con una realidad ineludible: la autonomía digital estratégica europea no puede limitarse a un ejercicio de introspección, sino que debe constituir un acto de diplomacia audaz cimentado en una alianza de potencias medias – Brasil, Canadá, Corea del Sur, India, Japón, Reino Unido–. Esto resulta igualmente crucial para alcanzar el objetivo de una gobernanza global de la IA que sea genuinamente multilateral.

La coyuntura geopolítica europea, especialmente en el ámbito de la IA, evoca la máxima de Gramsci: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Si bien es preciso reconocer las dificultades del panorama actual, resulta indispensable mantener una determinación firme para intervenir y modificarlo. La inacción, por el contrario, conduciría a una subordinación y un vasallaje tecnológico.

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Emilio García García, colaborador de Fundación Alternativas y coautor de “Chips y poder”.

Christian Schmidt, alto representante internacional en Bosnia y Herzegovina, anunció hace unos días, desde Nueva York, su dimisión por “motivos personales”. Este exministro de Agricultura alemán (Unión Demócrata Cristiana, CDU), que llegó a Sarajevo en agosto de 2021, nunca logró el consenso y parecía cada vez más debilitado. Pero su salida improvisada hace tambalear el marco institucional surgido de los acuerdos de Dayton.

Desde la firma de esos acuerdos, en diciembre de 1995, Bosnia y Herzegovina, formalmente soberana, es en realidad un protectorado internacional. El alto representante dispone de poderes exorbitantes, precisados en 1997 durante la Conferencia de Bonn: puede imponer o derogar leyes o destituir a dirigentes electos, por ejemplo.

Es nombrado por el Consejo de Implementación de la Paz (Peace Implementation Council, PIC), que agrupa a 55 países y agencias internacionales, y la costumbre exigía que este nombramiento fuera validado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante el cual el alto representante presenta un informe semestral.

Pero no fue así con el nombramiento de Christian Schmidt, ya que los países occidentales temían un veto de Rusia, o incluso de China. Por ello, Milorad Dodik, entonces presidente de la República Srpska, lo consideró ilegal.

Milorad Dodik, que sigue siendo el verdadero líder de la entidad serbia de Bosnia y Herzegovina aunque ya no sea su presidente, dice que ha abordado el asunto de Schmidt con Vladimir Putin, con quien se reunió en Moscú el 9 de mayo, con ocasión de la conmemoración de la victoria de 1945. El líder nacionalista serbio reivindica la dimisión del alto representante como una victoria personal, y así lo escribió en la red social X: “Christian Schmidt abandona Bosnia y Herzegovina de la misma manera que llegó: sin legitimidad, sin una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU y sin tener el derecho internacional de su parte.”

Milorad Dodik, agitando desde 2010 la amenaza de una secesión de la República Srpska, al tiempo que la sometía a un sistema organizado de depredación en beneficio de un estrecho círculo de cortesanos, no ha parado de lanzar provocaciones contra Christian Schmidt, lo que le valió una condena que, en teoría, lo apartaba de la vida política. A finales del verano de 2025, destituido de su cargo de presidente de la República Srpska y con la prohibición de ejercer cualquier cargo público durante seis años, parecía a punto de jugárselo todo a una carta al convocar un referéndum que podría haberse convertido en un plebiscito a favor de la secesión.

En el peor momento de la crisis, a principios de septiembre, dos de sus colaboradoras más cercanas, Željka Cvijanović y Ana Trišić Babić, se desplazaron a Washington, donde habrían llegado a un acuerdo secreto con la Administración Trump. De hecho, Milorad Dodik renunció a sus planes de referéndum, aceptó retirarse de la presidencia mientras el Parlamento de la entidad derogaba las leyes “secesionistas” previamente aprobadas. A cambio, Estados Unidos levantó las sanciones que pesaban sobre Milorad Dodik y su círculo. Quedó así demostrado que la diplomacia transaccional promovida por la Casa Blanca era más eficaz que los principios defendidos por la Unión Europea. Mientras, Christian Schmidt se veía marginado.

Según fuentes anónimas citadas por el Frankfurter Allgemeine Zeitung, Estados Unidos habría exigido la salida de Christian Schmidt, ya que no respondía a sus exigencias en relación con el proyecto del gasoducto Southern Interconnection. Este proyecto prevé el transporte de gas licuado procedente de Estados Unidos hacia Bosnia y Herzegovina, que actualmente se abastece al 100 % de gas ruso. El objetivo de reducir la dependencia de Moscú esconde enormes intereses económicos.

El pasado 26 de abril, Bosnia y Herzegovina adjudicó a la empresa estadounidense AAFS Infrastructure and Energy el transporte de gas desde la terminal de GNL de Omišalj, en la isla de Krk, en Croacia. Esta empresa, hasta ahora desconocida, estaría dispuesta a invertir 1.500 millones de euros en la construcción de un gasoducto de 200 kilómetros. La firma pertenece a dos personas cercanas a Donald Trump: Joe Flynn, hermano de Michael Flynn, asesor de seguridad nacional durante su primer mandato, y Jesse Binnall, el abogado que lo defendió contra la acusación de haber incitado al asalto al Capitolio en 2021. Otro motivo de vergüenza: la concesión no fue objeto de ninguna licitación, tal y como señaló Transparency International.

El acuerdo exige una modificación de la ley sobre los bienes del Estado de Bosnia y Herzegovina, que se hicieron intransferibles por una decisión tomada hace más de veinte años por Paddy Ashdown, predecesor de Christian Schmidt. Washington esperaba, por tanto, que el alto representante flexibilizara esta disposición. “La nueva línea política de Washington, que antepone los intereses económicos de Estados Unidos, ha contribuido en gran medida a la salida de Schmidt”, explica Ivana Marić, analista política en Sarajevo, citada por Radio Free Europe-Radio Liberty.

Mientras Bruselas sigue abogando por la transición ecológica en los países candidatos a la adhesión, cambiar la dependencia del gas ruso por la del GNL estadounidense equivale, de hecho, a anclar a los Balcanes en la órbita de las energías fósiles. Christian Schmidt parece haber sido la primera víctima de la guerra energética desatada en los Balcanes entre Bruselas y Washington.

En Sarajevo, muchos temen también que Bosnia y Herzegovina se cuente entre las víctimas, si este conflicto culmina en una retirada occidental. Por eso Damir Mašić, jefe del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SDP) en la Cámara de Representantes de la Federación de Bosnia y Herzegovina, ha pedido a Christian Schmidt que dé explicaciones sobre su dimisión: “Debe una respuesta a los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina: ¿por qué dimite? ¿Es cierto que se ha visto obligado a hacerlo, y por quién?”

Christian Schmidt precisó, el martes 12 de mayo ante el Consejo de Seguridad, que dejaría sus funciones “a lo largo de junio”. Circulan nombres para su sucesión, pero ¿habrá aún un alto representante? Vassili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU, ya ha pedido la “supresión inmediata” de este cargo, una postura que casi comparte Washington. Tammy Bruce (embajadora adjunta ante la ONU, ndt), en nombre de Estados Unidos, pidió el “fin del intervencionismo político”, afirmando que el nuevo alto representante debería tener poderes “considerablemente reducidos” y se encargaría “de transferir las responsabilidades a los actores políticos nacionales”.

Esta postura fue teorizada por Max Primorac, un conservador estadounidense de origen croata. Miembro influyente de la Heritage Foundation, afirmó en julio de 2025 que “los diplomáticos internacionales han usurpado los poderes soberanos de Bosnia y Herzegovina”. Según él, sería “hora de devolver a los bosniacos, croatas y serbios su soberanía y su capacidad para resolver sus propios problemas”.

Esto supondría la desaparición de las instituciones centrales de Bosnia y Herzegovina, en beneficio de tres entidades étnicas, que es la posición defendida por Milorad Dodik, pero también por los nacionalistas croatas. Así, según Max Primorac, el país “podría convertirse en un socio energético estratégico desarrollando las exportaciones de gas estadounidense a Europa y contrarrestando los esfuerzos de China, Rusia e Irán”.

La posible desaparición del cargo de alto representante corre un gran riesgo de desmantelar todo el entramado institucional establecido por los acuerdos de Dayton, sumiendo a Bosnia y Herzegovina en un periodo de gran incertidumbre, a pocos meses de las elecciones generales, el 4 de octubre. También supondría el fin de una época en la que la “comunidad internacional” creía poder hablar con una sola voz y resolver las crisis en un marco multilateral, bajo la responsabilidad última del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Traducción de Miguel López

“No buscamos adhesiones pasivas, sino la movilización consciente contra los pilares del régimen de guerra permanente: el rearme, la militarización de la vida pública y la normalización cultural de la violencia”. Así lo recoge el manifiesto Otra paz es posible, firmado por más de 200 personas con el propósito de impulsar que la ciudadanía salga a las calles para exigir que cese la guerra. El texto se presentará el viernes 15 de mayo, coincidiendo con la conmemoración de la Objeción de Conciencia.

En los últimos años, el rearme se ha instalado de forma recurrente en el debate público. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sus exigencias a los aliados europeos han vuelto a situar el gasto militar en el centro de la agenda internacional. El ejemplo más evidente es la presión para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en los países de la OTAN, una meta de la que España se ha desmarcado al defender el límite del 2,1%. 

Pero, más allá de las exigencias del presidente de Estados Unidos, el proceso de rearme ya estaba en marcha. Según el informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) de 2025, el gasto militar aumentó el año pasado en todas las regiones del mundo excepto en el continente americano. Estados Unidos mantuvo el primer puesto, mientras Europa registró un incremento del 14%. Además, solo cinco países concentraron el 58% del gasto militar mundial: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India. 

Para los firmantes del manifiesto, este escenario encierra una contradicción de fondo: se invoca la paz mientras se prepara la guerra. “La acumulación de armamento y tecnologías de muerte, incluida la inteligencia artificial aplicada a la guerra, no nos hace más libres ni seguros: agrava la fragilidad de la vida, acelera la destrucción de los ecosistemas y alimenta conflictos en todo el mundo”, denuncian. 

Esta forma de “prevenir la paz” haciendo uso de la fuerza, a golpe de amenaza, sostienen, no es más que una forma de control. “La paz militarista sirve para dominar: es cuando uno habla y el otro calla. Eso no es paz. Eso es no dar problemas y mantener una injusticia, que nos come los recursos, en vez de invertir en una seguridad humana basada en lo público”, cuenta a infoLibre Ovidio Bustillo, uno de los firmantes. 

Bustillo fue uno de los primeros objetores de conciencia al servicio militar durante el franquismo y la Transición. También formó parte del grupo de objeción y servicio civil de Can Serra, en Barcelona, y fue editor de la revista pacifista Oveja Negra. Para el activista, la sociedad civil tiene que exigir un cambio de rumbo. A su juicio, tiene que ser la ciudadanía quien empuje esa transformación, porque la política —también la izquierda— no está siendo lo suficientemente firme para frenar lo que considera un “peligro para la supervivencia”. 

En ese sentido, Bustillo sostiene que tampoco la acción del Gobierno de España está siendo suficiente. Es más, considera que su defensa de la paz es “puramente testimonial”. “El PSOE es el partido que más ha impulsado el uso de la fuerza, porque ha invertido en defensa sin pasar por el Congreso. Lo cierto es que tiene una política militarizadora”, denuncia. 

“Es una contradicción”, prosigue. “Tiene mérito enfrentarse a los más poderosos y ser la voz progresista en Europa, pero todo se queda en las palabras y lo que necesitamos son hechos y políticas más audaces”, reclama. 

Por eso, los firmantes del manifiesto defienden que la verdadera presión tiene que venir de la calle. Un buen ejemplo son las protestas que inundaron las calles de todo el mundo para exigir el fin del genocidio en Gaza. También la respuesta ciudadana en Minneapolis frente a las agresiones y detenciones del ICE contra la población latina en Estados Unidos. “Tanto en las protestas por Gaza como en Estados Unidos se puede ver cómo distintos colectivos, por ejemplo feministas o ecologistas, incorporan estas luchas en sus propios espacios. Tenemos que aprender de ellas y tomarlas como modelos de movilización”, sostiene Bustillo. 

Se trata de un término que durante mucho tiempo se limitó a los márgenes del movimiento identitario francés, para acabar imponiéndose con fuerza en el vocabulario de la extrema derecha europea en los últimos años. La “remigración”, corolario de la teoría racista y conspirativa del “gran reemplazo”, diseña un proyecto de expulsión a gran escala de extranjeros o de ciudadanos de origen extranjero de los países del continente.

La AfD, partido de extrema derecha alemán, lo menciona con frecuencia; el FPÖ austriaco sueña con dedicarle un puesto de comisario europeo; y el 18 de abril en Milán, durante un mitin de los Patriotas por Europa, el grupo político del Parlamento Europeo presidido por Jordan Bardella (Agrupación Nacional, RN), los asistentes corearon ese término, animados por un presentador entusiasta. Incluso Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reivindica este concepto.

Esta popularidad se debe en gran medida a un hombre: Martin Sellner. A sus 37 años, este austriaco ha teorizado sobre cómo podría llevarse a cabo la “remigración” en un libro referencia de la extrema derecha germanoparlante, Remigration: Ein Vorschlag (Remigración: una propuesta).

Sellner, un veterano del movimiento identitario en su país, en su juventud se codeó con el movimiento neonazi y llamó la atención a los 17 años al pegar pegatinas con esvásticas en las paredes de una sinagoga de Baden, en las afueras de Viena: “Un grave error”, reconoce en una entrevista con Mediapart el propio Sellner, que dice haber comprendido entonces que aquello era un “callejón sin salida” y que era necesario un nuevo movimiento.

En 2012, participó en la fundación del Movimiento Identitario Austriaco (IBÖ), inspirado en el modelo del grupo francés Generación Identitaria (disuelto en 2021). Sellner retomó su método: acciones espectaculares y mediáticas para llamar la atención y dar a conocer el movimiento, a pesar de su escaso número de militantes. Siempre educado, bien peinado y vestido a la moda del momento, moderniza la imagen del militante de extrema derecha al tiempo que refina su discurso y rechaza, al menos públicamente, la violencia.

En 2016, los activistas del IBÖ interrumpieron la representación de una obra de la premio Nobel de Literatura (2004), Elfriede Jelinek, interpretada por personas refugiadas. Rociaron sangre falsa sobre el escenario y lanzaron panfletos contrarias al multiculturalismo. El IBÖ organizó también desfiles con antorchas en la colina de Kahlenberg, para conmemorar la batalla que puso fin al asedio de Viena por parte del Imperio otomano en 1683.

Pero, sobre todo, Martin Sellner hace suyo el concepto de metapolítica, analizado por Bernhard Weidinger, investigador del Centro de Documentación de la Resistencia Austriaca (DÖW), en un informe sobre el extremismo de derecha encargado por el Ministerio del Interior austriaco: “En lugar de participar directamente en la competencia partidista, ellos [los identitarios] buscan reorientar los debates, imponer sus propios conceptos y problemáticas […] con el fin de alcanzar una hegemonía cultural, necesaria para obtener éxitos políticos duraderos.”

Según el investigador, su actuación tiende hacia un objetivo que prima sobre todos los demás: garantizar la homogeneidad étnica de un país. Un objetivo amenazado, según Martin Sellner, por la perspectiva de un “gran reemplazo” que habría que evitar con la “remigración”.

El activista acaparó los titulares de la prensa internacional en 2019 cuando se supo que el terrorista Brenton Tarrant, que mató a 51 personas en dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, había mantenido contacto con él y había donado 1.500 euros a su movimiento. En su manifiesto, Tarrant reivindicaba el concepto de “gran reemplazo”. La investigación sobre Martin Sellner a este respecto fue archivada sin más.

Pero fue un artículo de prensa alemán lo que le valió una nueva notoriedad: en enero de 2024, el medio de investigación Correctiv reveló que se había celebrado una reunión secreta en Potsdam, cerca de Berlín, entre el activista y miembros de la AfD, para tratar un proyecto de expulsión a gran escala de personas extranjeras y de ciudadanos de origen extranjero. La conmoción fue enorme en el país y salieron a la calle cientos de miles de personas. A Martin Sellner se le prohibió entonces la entrada en territorio alemán, una decisión que logró anular ante los tribunales.

Desde entonces, no ha dejado de denunciar “mentiras”. Afirma que nunca habló de expulsar a ciudadanos alemanes y ha publicado un libro para presentar su concepto que, según él, es legal: “No se admitirá a ningún clandestino, serán expulsados. No habrá naturalización masiva. Y las sociedades paralelas serán sometidas a presiones económicas y culturales para integrarse. Habrá incluso medidas incentivadoras para fomentar las salidas voluntarias. Todo esto es perfectamente conforme a la Constitución. Todos los ciudadanos serán tratados en pie de igualdad y, por supuesto, un ciudadano no podrá ser expulsado”.

Para Bernhard Weidinger es un argumento falaz: “Esta conformidad con la ley de la que habla supone transformar o suspender ciertas normas legales. Quiere, por ejemplo, derogar la Convención de Ginebra sobre los refugiados o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. […] Dice que no quiere expulsar a ciudadanos, pero prevé que se pueda retirar la ciudadanía a quienes la hayan obtenido. […] Por último, menciona los retornos voluntarios, pero dice que hay que ejercer presión, hacerles la vida difícil a estas personas y hacerles comprender por todos los medios posibles que no son bienvenidas”.

Para el investigador no hay duda de que se trata de un concepto racista según el cual ciertas personas, procedentes sobre todo de países musulmanes, representarían una “carga cultural” debido a su origen, su lengua o su religión, lo que haría imposible la convivencia. Ve en este plan “una variante legalista de una limpieza étnica” para tender hacia la utopía identitaria: un “apartheid a escala mundial”, mediante el cual el multiculturalismo daría paso a una separación de los grupos étnicos. Todo ello presentado de manera positiva: en el lenguaje identitario, no se está en contra de los “extranjeros”, sino a favor de la preservación de la propia identidad cultural.

Los servicios de inteligencia austriacos (DSN) no se equivocaron al respecto. En su informe anual, estiman que uno de los principales objetivos del movimiento identitario es el establecimiento de un Estado autoritario. Un análisis que Martin Sellner rechaza: “Los servicios de inteligencia están, en mi opinión, instrumentalizados con fines políticos. Por supuesto que queremos preservar la democracia. Lo que estos señores entienden por democracia liberal es, en realidad, un dominio de la izquierda dentro de la democracia”, asegura. En cuanto a las acusaciones de racismo: “Es falso. Pero tengo que decir que prefiero que los supuestos expertos me tachen de racista antes que convertirme en una minoría en un país dominado por el islam”.

Este activista ejerce hoy una influencia considerable en los movimientos de extrema derecha germanoparlantes, e incluso más allá, estima Bernhard Weidinger: “Es el identitario más conocido a nivel internacional, tiene seguidores en Estados Unidos. De hecho, Trump ha utilizado varias veces el término ‘remigración’. Ciertamente, no se puede vincular esto directamente con Sellner, pero es sin duda uno de los principales impulsores de este concepto”.

En Francia, la notoriedad de Martin Sellner sigue limitada a los círculos identitarios, pero ha permitido que el concepto de “remigración”, impulsado en un primer momento por activistas franceses, cobre un nuevo impulso en Europa, señala Marion Jacquet-Vaillant, especialista en movimientos identitarios: “Los identitarios habrían tenido quizá dificultades objetivas para que este término se impusiera en un espacio europeo más amplio sin el apoyo de una figura como Martin Sellner. Tiene una competencia muy importante en ese papel de transmisor: habla varios idiomas. Y el hecho de poder difundir estas ideas en el espacio anglófono les confiere una importancia muy diferente”.

Martin Sellner ha iniciado ahora una recaudación de fondos para crear un “instituto para la remigración” destinado a difundir este concepto lo más ampliamente posible, fiel a un lema: “Antes de que la remigración sea políticamente viable, debe ser socialmente aceptable.”

Bernhard Weidinger ha revisado las citas que se le atribuyen sin modificarlas.

Traducción de Miguel López

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox que ha ganado gran protagonismo y foco mediático en los últimos tiempos, asistirá como ponente a la Remigration Summit 2026 —en español: Cumbre de la Remigración 2026—, un evento internacional de políticos y activistas de la extrema derecha, que se celebrará el próximo 30 de mayo en Oporto (Portugal). Así lo han anunciado los organizadores del evento ultra, que definen la remigración como "la única solución para salvaguardar el futuro de la civilización occidental".

La remigración es un término acuñado por la extrema derecha para referirse a la deportación masiva de personas de origen migrante. Los ultras europeos llevan años utilizando este concepto, ampliamente ligado a la teoría del gran reemplazo. En los últimos tiempos, Vox se ha sumado cada vez más a este tipo de teorías xenófobas. Por ejemplo, tras las elecciones autonómicas que se han celebrado a lo largo de este año, defendiendo el concepto de 'prioridad nacional', nuevo en la agenda mediática española, pero conocido desde hace años en otros países europeos, como Francia, por su uso por parte de la ultraderecha.

Quero, uno de los nuevos hombres fuertes de Vox, lleva tiempo viendo crecer su presencia e influencia pública. En gran parte gracias a su discurso alrededor del problema de la vivienda —área de la que es responsable en Vox—. Quero ha vinculado esa problemática que se está sufriendo en España, especialmente por parte de los jóvenes, al aumento de población migrante. "¿Qué tipo de inmigración necesitamos? La que se vaya", aseguró el pasado mes de marzo en un acto en el Parlamento Europeo.

Ahora acudirá a la ciudad portuguesa para participar en el evento ultra. Allí compartirá escenario con destacadas y controvertidas figuras de la ultraderecha europea. Su incorporación se ha anunciado en los últimos días junto a la del italiano Andrea Ballarati y a la del francés Jean-Yves Le Gallou. Ballarati es un activista de extrema derecha que se encargó de organizar la cumbre anterior: la Remigration Summit 2025, que tuvo lugar en Gallarate, ciudad cercana a Milán. En los próximos meses, el italiano será juzgado por incitación al odio debido a sus discursos contra los migrantes en redes sociales. 

Le Gallou es un político francés. Fue eurodiputado del Frente Nacional en los tiempos de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, actual lideresa de la ultraderecha francesa. En 1985 se publicó La Préférence Nationale: Réponse à l'Immigration —en español: La preferencia nacional: Respuesta a la inmigración—. Le Gallou fue el principal autor de ese ensayo, que acuñó el término de preferencia o prioridad nacional, que más de 40 años después ha traído Vox a España. 

El político, que ya tiene 77 años, formó parte del equipo de Éric Zemmour —el candidato de ¡Reconquista!, aún más a la derecha que Le Pen— para las elecciones presidenciales francesas de 2022. Le Gallou aseguró que lo apoyaba por haber puesto la remigración y la teoría del gran reemplazo en el centro del debate público, y acusó a Marine Le Pen de moderada y de actuar con "corrección política". El político francés también firmó en 2010 una carta pidiendo la liberación de un negacionista del Holocausto nazi y este mismo 2026 ha asegurado que las personas de origen africano tienen un cociente intelectual más bajo.

El historial de Le Gallou, que está casado con la hija de un militar nazi, asusta, pero no es una excepción. La cumbre ultra, que en su edición de 2025 congregó a entre 250 y 400 asistentes —según los medios que cubrieron el evento—, cuenta con multitud de ponentes con hitos parecidos a sus espaldas, como la defensa del supremacismo blanco o vínculos con el neonazismo.

Quero no es el único que representará a los de Abascal en esta cumbre en Oporto. La presencia de Vox, junto a lo más ultra y radical de la extrema derecha europea, ya estaba confirmada con la asistencia de Rocío de Meer, tal y como adelantó El País. De Meer fue precisamente quien habló en una rueda de prensa el pasado mes de julio de deportar de España a ocho millones de migrantes. De hecho, la diputada ultra aseguró que se trataría de un "proceso extraordinariamente complejo de remigración", pero necesario por el "derecho a sobrevivir como pueblo".

El discurso antiinmigración cada vez más radical por parte de Vox, representado en esas palabras de De Meer, casa con las ideas y teorías que la ultraderecha europea está impulsando a nivel global con eventos y alianzas como la de la Remigration Summit.

La propia web de la cumbre defiende que la remigración tiene como objetivo "impedir el reemplazo de la población mediante la inversión de los flujos migratorios, restaurando así la soberanía, la independencia y la identidad de los países, a través de la defensa de su especificidad etnocultural".

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana explica que este concepto utilizado por la extrema derecha se refiere a "la expulsión de todos los 'extranjeros'" con la intención de crear "sociedades definidas étnicamente". La Oficina asegura que se trata de un concepto vinculado al ideal de "etnopluralismo". Según el cual, la nueva extrema derecha europea, busca "la creación de sociedades étnicamente puras y, por consiguiente, la expulsión de todos aquellos considerados 'ajenos al pueblo'".

Toda esa influencia e importancia otorgada a los conceptos étnicos concuerda con lo que la mayoría de partidos de ultraderecha defienden en la actualidad: no solo la expulsión de las personas migrantes extranjeras, sino también de los inmigrantes de segunda generación o de los nacionales de origen extranjero. De hecho, la propia De Meer en sus polémicas declaraciones sobre la expulsión de ocho millones de migrantes aclaró que habría que incluir a los de "segunda generación".

Los principales impulsores de la Remigration Summit son el belga Dries Van Langenhove y el austríaco Martin Sellner. Estos dos activistas de ultraderecha llevan años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en Europa.

Van Langenhove es exdiputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto. Sellner, por su parte, ha anunciado este mes de febrero que fundará el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir como una ONG. El diario austríaco Kleine Zeitung ha revelado los vínculos de Sellner con el neonazismo y que en 2006 puso pegatinas de esvásticas en sinagogas.

De la edición de la cumbre de este año en Oporto se está encargando también, como embajador local, otro activista de extrema derecha: el portugués Afonso Gonçalves. Es el líder de un movimiento supremacista blanco llamado Reconquista y está siendo investigado por delitos de odio y discriminación por la Fiscalía de Portugal, según explicó el medio portugués Expresso. 

Además de ellos, De Meer, Quero, Ballarati o Le Gallou también acudirán como ponentes el suizo Manuel Corchia, el eslovaco Milan Mazurek o el estadounidense Joey Mannarino. Entre el resto de participantes también hay ultras radicales con historiales de bastante dudosa reputación. Es el caso, por ejemplo, de Mazurek. En 2015, este eurodiputado eslovaco formó parte de un grupo que gritó, insultó y lanzó piedras a una familia musulmana que paseaba con un bebé por el centro de Bratislava. 

Mazurek, además, ha difundido discursos de odio contra el pueblo gitano y ha negado el Holocausto, tal y como recoge el medio eslovaco O médiách. En 2019 fue incluso condenado por "un delito intencionado de difamación a una nación, raza o creencia" por sus palabras contra el pueblo gitano. El Tribunal Supremo eslovaco le multó y anuló su mandato parlamentario como diputado nacional —cargo que ocupaba por aquel entonces—, algo que sucedió por primera vez en la historia del país.

La presencia de Vox con esos acompañantes internacionales confirma su giro a posiciones aún más ultras y radicales y su asunción de los discursos de la ultraderecha internacional más dura. En 2025 ningún representante del partido de Abascal participó como ponente en la Remigration Summit.

Pero sí hubo presencia española. Según publicó Crónica Global, Christian L. F., autoproclamado cabecilla en España de Deport Them Now EU, fue al evento como asistente. Cualquiera puede acudir como público. Las entradas para la edición de este mes de mayo se venden en la página web de la organización por 45 euros. También hay una opción VIP por 150 y una premium por 325. 

La cumbre no solo la utilizan activistas y políticos de primera línea de la extrema derecha para tejer alianzas y coordinar estrategias; seguidores, militantes y simpatizantes de los movimientos más ultras del continente hacen lo mismo acudiendo como público. De hecho, según la Global Network on Extremism and Technology, la Remigration Summit de mayo del año pasado fue fundamental para la visibilidad del movimiento ultra Deport Them Now, una red ultraderechista y xenófoba a nivel europeo que se ha dedicado a impulsar las ideas de la remigración.

La rama española cobró protagonismo solo dos meses después, cuando fue el principal grupo impulsor de los sucesos de Torre-Pacheco (Murcia). En el canal de Telegram que utilizaba el grupo se acumularon durante esos días los mensajes llamando a atacar mezquitas y comercios de la comunidad magrebí y las soflamas racistas y nazis, hablando incluso de la caza de migrantes. Christian L. F., el supuesto cabecilla, llegó a ser detenido e ingresó en prisión provisional. Este mes de febrero fue puesto en libertad, pero la investigación por hechos como incitación al odio sigue su curso.

Por ahora, no se conoce públicamente si Christian L. F. u otros representantes de la rama española de Deport Them Now acudirán a la cumbre de este año en Oporto. Quienes sí lo harán son Carlos Hernández Quero y Rocío de Meer.