Ceuta se ha convertido este verano en el laboratorio de la socialdemocracia, de la misma manera que Torre Pacheco fue el terreno de experimentación de la ultraderecha el año anterior. Cuando Europa pretende ser una fortaleza, descubre que, efectivamente, al otro lado de sus muros hay dragones. El examen, que presiona al Gobierno desde Bruselas, trata de poner a prueba su capacidad para desplegar las medidas y recursos necesarios que garanticen a todos los migrantes la dignidad que merece cualquier ser humano, conforme a los tratados, las leyes y las normas comunitarias que regulan el derecho internacional humanitario. Lo que se está definiendo hoy es el músculo del Ejecutivo ante una crisis que ha convertido la frontera sur de Europa en una kashba.

De pronto, los dragones del África subsahariana han irrumpido en la frontera. Todo lo que asoma intempestivamente en nuestra vida secular, todo lo que trae novedad o cambio se convierte en boca del PP en inseguridad ciudadana o en el Otro. Efectivamente, unas gentes venidas de muy lejos, huidas de donde nace la sangre, fluye lo negro o fructifica el oro, quedan como torcidas y desencajadas en un país tan conservador como el nuestro, en una Europa que vuelve a sentir el deseo oscuro de lo ario. La gran disonancia es la fuerza mediática con la que arremete la derecha contra el Otro y el muro electoral que impide que lleguen al gobierno, propiciando el milagro sanchista de los panes y los peces en la noche ceutí.

Es por eso que Figaredo, el silbato de Vox, ha salido a cazar dragones, un suponer, desde un pueblo de Galicia. Al final, resulta que el dragón era él y ha salido escamado y abucheado. Y es aquí donde la paradoja de las fronteras cobra su fuerza final. España sigue siendo un país que gestiona mejor sus flujos migratorios que cualquier otro de la UE, verificando algo que los demás no acaban de comprender, a saber, que la socialdemocracia funciona.

La venganza de la geografía toma forma en cuerpo de dragón. Vivimos un tiempo de geografías tornadizas y feudales donde el hombre principia a ser sustituido por el sitio. Madrid, con sus áticos tornasolados y su presidenta desenchufada, es la mirada inversa e interior de esa misma paradoja. La derecha española, a rebufo del fascismo, contra las necesidades naturales del mercado (que pide mano de obra), se niega a la inmigración por un economicismo mal entendido, por un racismo mal disimulado y por un patriotismo de saldo y mercadillo demasiado mal integrado. Igualdad para los inmigrantes negros, cobrizos, para "las razas del talón amarillo", como dijera Saint-John Perse. De eso se trata, en una Europa que se ha amurallado contra los dragones.

El Gobierno de Sánchez tiene la obligación de hacer fructificar la igualdad para los negros de África y los negros de Madrid, fraternidad para las tribus erráticas procedentes de Sudán, Níger o el misterio, para toda esa juventud desnuda de los sin trabajo, sin rostro laboral, sin herramienta y sin palabras. Europa es hoy un problema y España, tierra de asilo, una solución que sufre hoy el cerrojo rampante de una derechona con el color de la bandera equivocado, o sea, la de Trump.

Los migrantes que este jueves han sido alojados en dos centros de Ceuta son la metáfora del hogar portátil de la mujer y del hombre sin techo en el mundo. La bandera española parecía haberse decolorado estos días en triste y anónimo silencio, como si los otros dragones, los que atenazan a Bruselas desde el otro lado del Atlántico, la hubiesen quemado. Mientras tanto, aquí, los intelectuales, la izquierda y la famélica legión. Lo de siempre.

Austria, uno de los países europeos que nunca llegó a abandonar el servicio militar obligatorio, quiere que sus jóvenes pasen más tiempo en el Ejército. El Gobierno de coalición formado por conservadores, socialdemócratas y liberales presentó el 27 de julio un proyecto para ampliar la prestación en tres meses, desde los seis actuales hasta un total de nueve. No obstante, los tres meses adicionales no se cumplirían de forma continuada, sino mediante un sistema de maniobras y ejercicios de reservista distribuidos durante los diez años posteriores al servicio inicial. La reforma se justifica por el deterioro de la seguridad europea y las amenazas derivadas de la invasión rusa de Ucrania, aunque también reabre el debate sobre la neutralidad histórica del país, según la información publicada por Mediapart.

El movimiento no supone exactamente la recuperación de la mili, porque en Austria nunca desapareció, pero muestra hasta qué punto el reclutamiento ha regresado a la agenda europea. Tras décadas profesionalizando sus ejércitos, los gobiernos vuelven a preguntarse cómo conseguir soldados suficientes para sostener una política de defensa cada vez más ambiciosa.

Ese debate avanza en paralelo al aumento del gasto militar. En 2025, la inversión en defensa de la Unión Europea alcanzó los 381.000 millones de euros, un 62,87% más que en 2020. España destinó alrededor de 34.000 millones a cumplir el objetivo del 2% del PIB acordado con la OTAN. Sin embargo, ese aumento no ha resuelto la dificultad para atraer y retener personal.

Alemania ha optado inicialmente por un sistema voluntario previsto para comenzar en 2026. Los jóvenes de 18 años deberán pronunciarse sobre su disposición a incorporarse a las Fuerzas Armadas y quienes respondan afirmativamente podrán realizar al menos seis meses de servicio. Aunque la obligatoriedad no forma parte del diseño inicial, la estructura permitiría ampliar el reclutamiento si no se alcanzan los objetivos previstos. En 2025, nueve de los 27 países de la Unión Europea contaban ya con algún tipo de prestación militar.

Bélgica ha recurrido directamente a los incentivos económicos. Su Ministerio de Defensa envió en noviembre de 2025 una carta a casi 150.000 jóvenes de 17 años para ofrecerles un año de servicio voluntario, remunerado con alrededor de 2.000 euros mensuales. En un contexto de precariedad y problemas de acceso a la vivienda, el Ejército aparece así como una salida laboral financiada por el rearme. Los gobiernos evitan imponer el servicio militar, pero utilizan incentivos para cubrir puestos que no consiguen llenar por las vías habituales.

Francia también debate la recuperación de alguna forma de prestación. Un estudio de YouGov situaba en el 69% el porcentaje de franceses favorables a recuperar el servicio, frente al 59% registrado en Alemania, el 49% en Italia y el 43% en Reino Unido.

Otros Estados han ido más lejos. Lituania recuperó la obligatoriedad en 2015 y exige nueve meses de servicio a hombres de entre 19 y 26 años. Letonia hizo lo mismo en 2024 con una prestación de doce meses para hombres de entre 18 y 27 años, seleccionados mediante sorteo.

Suecia reimplantó en 2017 un modelo mixto y selectivo. Cada año incorpora a una pequeña parte de los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, hombres y mujeres. No moviliza a toda una generación, sino que escoge a quienes reúnen las condiciones que necesitan las Fuerzas Armadas. El sistema sueco se ha convertido en una referencia para ampliar las reservas sin asumir el coste de una mili universal.

Dinamarca también recurre al sorteo; Finlandia y Estonia mantienen la obligación para los hombres, y Grecia y Chipre nunca abandonaron el servicio. La proximidad de los países bálticos y nórdicos a Rusia ayuda a explicar por qué el servicio militar tiene allí una aceptación difícilmente trasladable al resto del continente.

La recuperación del servicio obligatorio tampoco garantiza por sí misma una mejora de la capacidad militar. Formar grandes contingentes exigiría más cuarteles, instructores, alojamientos y equipos, además de la manutención de miles de reclutas. Unos pocos meses, además, pueden resultar insuficientes para manejar sistemas cada vez más complejos.

El coste económico constituye una de las principales barreras para recuperar la obligatoriedad universal. También existe un coste social: interrumpir los estudios o el inicio de la vida laboral de una generación. En otro análisis publicado por infoLibre, el militar retirado Jesús Núñez ponía en duda que sumar reclutas implicase necesariamente una mayor capacidad militar y señalaba que el desarrollo tecnológico empujaba hacia ejércitos más reducidos y especializados. 

España permanece, por ahora, al margen de esta corriente. PSOE y Sumar rechazan recuperar el servicio obligatorio y el PP tampoco ha defendido deshacer una de las decisiones del segundo Gobierno de José María Aznar, que suspendió la mili hace ahora justamente 25 años. Vox es el único partido que ha planteado expresamente su regreso.

La vuelta sería jurídicamente posible porque el servicio fue suspendido, no eliminado completamente. La Constitución mantiene ese derecho y el deber de defender España. Por su parte, la ley de la carrera militar contempla la figura del reservista obligatorio. La posibilidad legal, sin embargo, no elimina el rechazo social.

Según una encuesta de YouGov, un 42% de los españoles apoyaba algún periodo de servicio militar obligatorio, frente a un 52% que lo rechazaba. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, los directamente afectados, el respaldo descendía al 34% y la oposición alcanzaba el 62%. La apoyaban el 69% de los votantes de Vox, el 49% de los del PP, el 35% de los del PSOE y el 24% de los de Sumar.

La discusión española se concentra más en las carencias del modelo profesional. Las Fuerzas Armadas tienen 116.739 integrantes frente al objetivo de alcanzar una cifra que se encuadre en el intervalo entre 130.000 y 140.000. El presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, calcula que faltan entre 15.000 y 23.000 efectivos de tropa y reclama mejores salarios, condiciones de vida y salidas profesionales para atraerlos y retenerlos.

La decisión de Austria confirma que el servicio militar ha dejado de ser únicamente un recuerdo europeo. En algunos países nunca desapareció; en otros ha regresado mediante sorteos o sistemas selectivos, y en Alemania, Bélgica o Francia reaparece bajo fórmulas voluntarias e incentivos económicos.

Europa todavía no ha restablecido el reclutamiento masivo que dominó el siglo XX, pero el rearme está trasladando el debate desde los presupuestos hasta la población. Después de multiplicar el gasto y acelerar la compra de armamento, los gobiernos se enfrentan ahora a la cuestión más incómoda de cualquier política militar: quién debe incorporarse a los ejércitos, en qué condiciones y qué parte de su vida tendrán que entregar los jóvenes para sostenerla.

A veces los símbolos surgen de manera espontánea. Alguien detiene su mirada en una imagen que le atrapa, se alza ante ella y la deja prácticamente hipnotizada sin saber muy bien el motivo de ese trance, a continuación puede llegar a pensar que se trata de una advertencia, puede llegar a pensar que ese acto en sí ha conseguido desplazarla a un futuro próximo, y ahí es donde se conforman los símbolos. Los míos, en este caso, han llegado de la mano de la alegoría porque la fotografía que ha impactado en mi retina posee un significado literal (lo que veo) y un significado oculto (la idea real que me transmite).

Les invito a que la busquen, se trata de la plaza Schuman, ubicada en un barrio de Bruselas, flanqueada por la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Servicio de Acción exterior de la Unión Europea. Los bruselenses la han bautizado como “la sartén más grande de Europa”. Parece ser que es fruto de una larga y fallida rehabilitación que, aunque no está concluida, ya la dan por fracasada. La imagen que ofrece es desoladora: sin vegetación alguna (tan solo unas estrechas jardineras), sin techados, sin asientos (mejor no aventurarse a detenerse), diáfana, sin alma (¿por qué no?). Si a esta plaza la revestimos de símbolos, representará una Comunidad Europea tan grande como yerma, tan gris y dura como débil, tan frustrada como ridiculizada, tan condenable como fea y tan sofocada como incendiada.

La plaza Schuman es la idea de que algunas cosas representan a otras. Un espacio como ese nos puede remitir a esos pensamientos, a los que con bastante frecuencia nos asomamos cuando la Europa en la que creemos no cumple nuestras expectativas, los de las promesas incumplidas y los esfuerzos infructuosos.

Esa fisonomía circular no armoniza con ninguna de las construcciones que la rodean, pero al menos es circular, y eso representa el tiempo y el espacio sin un principio ni un fin. Dicen que el círculo refleja el flujo constante del tiempo, el universo y el eterno retorno de la vida. Quizás Europa todavía pueda salvarse, y nosotros con ella.

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Rosa Ángeles Fernández es socia de infoLibre.

Los datos que ayudan a organizar la atención de millones de pacientes del sistema sanitario británico, las comunicaciones entre los sistemas de mando de la OTAN y el software con el que las Fuerzas Armadas españolas analizan información dependen de la tecnología de una misma empresa estadounidense: Palantir.

La compañía no es propietaria de toda esa información. Su poder reside en proporcionar la infraestructura para reunir datos dispersos, relacionarlos y convertirlos en decisiones sanitarias, policiales, empresariales o militares. Una posición que le ha dado acceso a algunas de las funciones más sensibles de los Estados y ha generado dependencias difíciles de romper. Pero el creciente rechazo europeo a la compañía tampoco se explica únicamente por esta dependencia tecnológica.

Peter Thiel, cofundador y presidente de Palantir, es uno de los principales aliados empresariales de Donald Trump y una figura vinculada al universo intelectual de la llamada Ilustración Oscura, una corriente neorreaccionaria que cuestiona la democracia liberal. Alex Karp, cofundador y consejero delegado, ha defendido por su parte una visión militarista de la tecnología.

A ello se suman los contratos de Palantir con el Pentágono, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —ICE— y el Ejército israelí. La actividad de la compañía y las posiciones políticas de sus dirigentes han elevado las dudas sobre la conveniencia de confiarle infraestructuras que sostienen la seguridad, la defensa o los servicios públicos europeos.

Palantir se ha consolidado dentro del aparato de seguridad estadounidense, pero su desembarco en Europa se ha acelerado al calor de las sucesivas crisis que ha afrontado el continente. La inteligencia interior francesa recurrió a la compañía después de los atentados de París de 2015 y la policía del estado alemán de Hesse adoptó Gotham — la plataforma de Palantir para integrar y analizar grandes cantidades de datos policiales, militares y de inteligencia— en 2017 para combatir el terrorismo islamista.

“Es un error explicar el éxito de Palantir centrándonos solo en la tecnología”, sostiene Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora de políticas en European Digital Rights (EDRi). Aunque reconoce la potencia de sus herramientas para integrar y analizar grandes cantidades de información, destaca también la apuesta política de la empresa, las relaciones construidas durante años con los gobiernos y su capacidad para ofrecer soluciones ya preparadas en momentos de crisis.

Palantir no se limita a vender e instalar un programa. Sus ingenieros se integran en las organizaciones, estudian cómo trabajan, qué información utilizan y qué necesidades tienen para adaptar la plataforma a cada cliente. Darío García de Viedma, investigador en política tecnológica y digital del Real Instituto Elcano, señala a infoLibre que este modelo de “consultoría desplegada” constituye una de sus principales ventajas, ya que sus equipos pueden pasar meses dentro de una oficina o un cuartel diseñando una herramienta específica. “No hay dos clientes de Palantir que usen la misma plataforma”, resume.

A medida que el personal aprende a utilizarla y los procedimientos internos pasan a depender de ella, sustituir el sistema se vuelve cada vez más complejo. García de Viedma señala una paradoja: Palantir presenta sus herramientas como una forma de evitar la dependencia de proveedores de modelos de inteligencia artificial como OpenAI o Anthropic, pero termina generando su propia dependencia con los clientes.

El alcance de esa relación se observa en el Servicio Nacional de Salud inglés. Un consorcio encabezado por Palantir obtuvo en 2023 el desarrollo de la Federated Data Platform, destinada a conectar hasta 240 hospitales y organismos sanitarios mediante un contrato con un valor máximo de 330 millones de libras durante siete años.

En España, el Ministerio de Defensa adjudicó en 2023 a Palantir Technologies Spain un contrato de 16,54 millones de euros para una “solución de fusión y análisis de inteligencia” destinada al Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. La contratación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, recibió una única oferta y utilizó el precio como único criterio de adjudicación.

El caso de Francia es hasta ahora el más paradigmático. La Dirección General de Seguridad Interior contrató a Palantir después de los atentados de París de 2015, pero el Gobierno ha seleccionado ahora a la compañía francesa ChapsVision para sustituirla. Sin embargo, el relevo será gradual y puede prolongarse durante varios años para evitar un vacío operativo.

El cambio forma parte de un proyecto impulsado junto a Alemania para construir una “columna vertebral digital soberana” destinada a los servicios europeos de seguridad e inteligencia. Sin embargo, Alemania mantiene una posición contradictoria, ya que varios estados federados utilizan o han utilizado Gotham para el análisis policial, mientras el Gobierno debate su posible extensión a nivel nacional.

El Tribunal Constitucional alemán declaró en 2023 inconstitucionales las normas de Hesse y Hamburgo que permitían analizar de manera automatizada grandes cantidades de datos policiales sin límites suficientes. La sentencia no prohíbe Palantir, sino determinadas formas de vigilancia. El conflicto, por tanto, no se reduce al origen estadounidense del proveedor, sino que afecta también al uso que las administraciones hacen de estas herramientas.

En España, varios medios señalan que el Gobierno ha pedido a empresas públicas y participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que eviten nuevos acuerdos con Palantir en ámbitos estratégicos. No existe, sin embargo, una prohibición pública ni se ha anunciado la cancelación del contrato vigente con Defensa.

Para Lucía Velasco, codirectora del Oxford AI Diplomacy Lab, el creciente rechazo a Palantir responde principalmente a razones estratégicas. Que “funciones tan sensibles como la defensa, la policía o la sanidad dependan de una empresa estadounidense, sometida a su legislación, últimamente imprevisible, parece un factor de riesgo”, sostiene. A su juicio, la soberanía y la dependencia jurídica son los factores que más pesan, aunque el uso de la tecnología de Palantir en conflictos militares, las deportaciones de ICE y las posiciones ideológicas de sus dirigentes han acelerado el rechazo político y social.

La Unión Europea tampoco ha aprobado un veto específico. La revisión del Reglamento de Ciberseguridad permitiría considerar de alto riesgo a determinados proveedores por motivos geopolíticos, mientras la futura Ley de Desarrollo de la Nube y la IA plantea exigir propiedad europea e independencia frente a legislaciones extraterritoriales en los servicios más sensibles. Cualquier restricción necesita una justificación jurídica y una alternativa capaz de prestar el mismo servicio, y aquí reside el principal obstáculo europeo.

ChapsVision es, por ahora, la alternativa más avanzada. Fundada en Francia en 2019, su plataforma ArgonOS aspira a integrar y analizar información para administraciones, empresas y organismos de inteligencia. Además de sustituir a Palantir en la inteligencia interior francesa, ha conseguido contratos en Alemania y ha despertado el interés de otros países.

Francia también impulsa proyectos como Artemis AI y Arcadia, mientras grupos industriales como Thales desarrollan sistemas compatibles con los estándares de la OTAN. Pero Velasco advierte de que “ahora mismo no existe nada comparable a la tecnología de Palantir”, aunque algunos países puedan sustituirla en funciones concretas. El problema, explica, aparece cuando se pretende un reemplazo completo de unos sistemas ya profundamente interconectados.

A ello se añade la fragmentación europea. Los países de la UE aumentaron un 20% su gasto en defensa en 2025 respecto al año anterior, pero Velasco recuerda que persisten carencias en innovación y coordinación. Según los datos de la Agencia Europea de Defensa que cita la experta, la inversión en investigación y desarrollo tecnológico continúa por debajo de los objetivos y solo el 24% de las adquisiciones de material se realizan de forma conjunta.

Pese a la falta de coordinación, al mismo tiempo está apareciendo una nueva industria europea de tecnología militar. La alemana Helsing, valorada en 18.000 millones de dólares tras su última ronda de financiación, desarrolla inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos. Empresas como Quantum Systems, Auterion o la finlandesa NestAI trabajan también en plataformas no tripuladas, redes tácticas y herramientas de mando. Ninguna de ellas constituye todavía un reemplazo directo de Gotham o Foundry. El reto consiste en convertir un ecosistema fragmentado en soluciones interconectadas, capaces de utilizarse en varios países y de competir en contratos públicos dominados durante años por compañías estadounidenses.

García de Viedma considera que Europa difícilmente puede competir con Estados Unidos en las tecnologías más costosas, como los grandes modelos de inteligencia artificial, pero sí tiene margen en la capa de software y aplicaciones donde opera Palantir. El investigador señala que ya existen soluciones europeas y de código abierto, aunque todavía les falta escala, experiencia y una relación suficientemente estrecha con los clientes para competir con una empresa que lleva años personalizando sus sistemas para gobiernos y ejércitos.

Tampoco basta con que el sustituto tenga su sede en la Unión Europea. El experto del Real Instituto Elcano advierte de que la soberanía tecnológica depende de toda la “pila tecnológica”: los servidores donde funciona el sistema, los chips que utiliza o las herramientas de ciberseguridad que lo protegen. “Conseguir que todas esas capas sean completamente europeas resulta poco realista, por lo que el objetivo debería ser reducir las dependencias capaces de convertirse en un riesgo”, detalla García de Viedma.

Domínguez introduce una última cautela. Europa puede desarrollar alternativas, pero la meta no debería ser crear simplemente un clon continental de Palantir. “Si sustituimos una dependencia por otra, habremos cambiado muy poco”, advierte. Una solución verdaderamente soberana debería permitir a las administraciones controlar los datos y la infraestructura, auditar los sistemas y cambiar de proveedor, pero también incorporar garantías democráticas y mecanismos efectivos de supervisión.

“La soberanía no puede convertirse en una excusa para hacer aquí exactamente lo mismo que criticamos cuando lo hace una empresa extranjera”, resume Domínguez.

Una mujer puede haber sido sedada y agredida sexualmente durante meses o incluso años sin ser consciente de ello. Un ejemplo de esto se vio claramente con el caso de Gisèle Pelicot. En algunos casos, la primera noticia de lo ocurrido para la víctima llega cuando la Policía contacta con ella tras localizar vídeos, conversaciones u otros indicios durante una investigación. Las afectadas apenas conservan recuerdos, no perciben los efectos físicos de las agresiones o atribuyen su malestar a una enfermedad. Esto es debido a que el supuesto agresor suele ser una de las personas en las que más confían: su pareja, un familiar, un amigo o alguien con acceso habitual a su vivienda.

Este es el fenómeno que trata de combatir el Proyecto Medusa, una iniciativa internacional puesta en marcha en abril por Alemania y Reino Unido con el apoyo de Europol. Su objetivo es identificar y desarticular comunidades digitales en las que hombres intercambian métodos para sedar o drogar a mujeres, comparten imágenes de las agresiones y, en algunos casos, coordinan la participación de terceros. En el proyecto colaboran España y otros países europeos como Francia, Alemania, Hungría, Países Bajos o Reino Unido. Desde fuera del continente también participan Brasil, Canadá y Estados Unidos.

El último gran intercambio de información se produjo entre el 22 y el 24 de junio en la sede de la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA) en Londres. Allí se reunieron 29 investigadores para cruzar datos sobre víctimas, presuntos agresores y comunidades misóginas. La operación permitió identificar a 156 personas entre afectadas y sospechosos, abrir 274 nuevas líneas de investigación y descubrir cuatro grupos digitales que hasta entonces no estaban localizados.

Esas cifras corresponden únicamente a la operación de junio y no deben confundirse con el balance acumulado del Proyecto Medusa. Desde su creación, los casos vinculados a la iniciativa han dejado 57 personas detenidas, 158 víctimas bajo protección y 113 investigaciones iniciadas. Europol no ha explicado qué parte de las 156 personas identificadas son víctimas y cuál corresponde a presuntos agresores, ni ha distribuido esos resultados por países.

Las agresiones sexuales facilitadas por drogas se producen cuando una persona utiliza alcohol, medicamentos u otras sustancias para incapacitar a otra y anular su capacidad de consentir. Las drogas pueden impedirle resistirse, recordar lo ocurrido o advertir los efectos físicos de la agresión. Además, al ser administradas sin conocimientos médicos o combinadas entre sí, pueden poner en peligro su vida.

El Proyecto Medusa pone el foco en una realidad diferente a la imagen más extendida de la sumisión química, asociada habitualmente a discotecas, festivales o encuentros entre desconocidos. Los casos investigados se producen sobre todo dentro de relaciones sentimentales o círculos de confianza. Unas agresiones que, al tener lugar en el domicilio de la víctima, pueden repetirse durante largos periodos y afectan casi exclusivamente a mujeres, según Europol.

La investigación británica que precedió al lanzamiento del proyecto ayuda a dimensionar el fenómeno. Desde octubre de 2025, la NCA había identificado a más de 270 personas relacionadas con un foro concreto y sus plataformas sucesoras. La agencia elaboró más de 210 informes de inteligencia sobre posibles agresores, sospechosos y víctimas, que dieron lugar al menos a 14 investigaciones en Reino Unido y otros países. La propia NCA reconoce que todavía desconoce la verdadera magnitud de estos delitos porque probablemente están muy infradenunciados.

“Las agresiones sexuales facilitadas por drogas ya no son un comportamiento aislado, sino cada vez más organizado”, advirtió el subdirector de la NCA, Nigel Leary, al presentar los resultados. Las autoridades británicas consideran que las plataformas digitales han permitido conectar a agresores que antes podían actuar individualmente, reforzar sus conductas y facilitar delitos más allá de las fronteras nacionales.

Las investigaciones han encontrado servicios de mensajería cifrada, foros y grupos cerrados en los que sus participantes cosifican y deshumanizan a las mujeres, pero no se limitan a compartir comentarios misóginos. Según Europol, intercambian imágenes y vídeos de víctimas, narran experiencias, explican técnicas de sedación y difunden información sobre medicamentos, drogas y formas de administrarlos.

En estos espacios también se facilita la compraventa ilegal de fármacos y estupefacientes y se preparan logísticamente las agresiones. Europol ha detectado conversaciones en las que algunos miembros permiten que otros hombres abusen de sus parejas o personas cercanas. Después, los participantes comparten el material obtenido, felicitan a los agresores y validan la violencia como una forma legítima de dominación.

El proyecto relaciona estas redes con comunidades digitales que promueven una masculinidad extrema y discursos de odio contra las mujeres. En ellas se presenta a las víctimas como seres inferiores y sin autonomía, se considera el dominio masculino como un derecho y se justifica la violencia o la coacción para obtener acceso sexual. El grupo no solo proporciona conocimientos prácticos: también construye el marco ideológico con el que los participantes legitiman sus actos.

La dificultad para identificar a las víctimas ha obligado a las fuerzas policiales a desarrollar un sistema específico de cooperación. Medusa prevé la creación de un equipo especializado en identificación, encuentros intensivos de analistas de distintos países y el intercambio rápido de información a través de SIENA, la red segura de comunicaciones de Europol.

Los investigadores cruzan bases de datos en tiempo real, analizan información disponible en fuentes abiertas y buscan coincidencias entre direcciones IP. También estudian posibles conexiones con la ‘dark web’, identifican a los usuarios más activos y emplean herramientas de análisis de imágenes para descubrir lugares, objetos u otros elementos que permitan reconocer a una víctima.

Otro de los objetivos es crear una base de huellas digitales o valores ‘hash’ de las imágenes. Estos códigos permiten reconocer copias de un mismo archivo aunque se hayan vuelto a publicar en otras plataformas, lo que facilita retirar contenidos y relacionar investigaciones abiertas en distintos países. Europol proporciona apoyo financiero y analítico, además de coordinar el intercambio de información una vez terminan las reuniones presenciales.

España participa a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos investigadores formaron parte del operativo de junio. Sin embargo, el balance difundido por Europol no detalla cuántas víctimas, sospechosos, detenciones o líneas de investigación corresponden al territorio español. Canadá sí ha hecho público posteriormente que había localizado a 41 personas vinculadas al país entre posibles víctimas y agresores, aunque tampoco ofreció más detalles debido al carácter abierto de las investigaciones.

Uno de los principales obstáculos es que las víctimas pueden carecer de un relato completo. No recordar lo sucedido, no presentar lesiones evidentes o haber consumido alcohol voluntariamente puede dificultar tanto la denuncia como la investigación. En los casos perseguidos por Medusa se añade que el agresor suele controlar el espacio doméstico, puede repetir la sedación durante años y dispone de acceso a medicamentos, dispositivos electrónicos y pertenencias de la mujer.

Las autoridades británicas están tratando de cambiar el enfoque. En lugar de depender únicamente del testimonio de la víctima o esperar que sea ella quien reconstruya lo ocurrido, los investigadores analizan el comportamiento del sospechoso, sus comunicaciones, sus conexiones digitales y los patrones que se repiten en diferentes casos. La prioridad es reunir pruebas y ofrecer protección incluso cuando la mujer todavía desconoce que ha sufrido una agresión.

No obstante, las investigaciones de Medusa no se limitan únicamente a presuntas violaciones o agresiones sexuales. Algunos procedimientos incluyen delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio por el riesgo que implica administrar sustancias sedantes, especialmente cuando se mezclan sin controlar las dosis. La operación continúa abierta y Europol advierte de que la cooperación internacional seguirá activa a medida que las 274 nuevas pistas conduzcan a otros sospechosos, víctimas y comunidades digitales.

Bancos de arena hasta donde alcanza la vista, barcos varados sobre lodo agrietado, un olor pestilente a cieno seco. Este verano, los paisajes del “hermoso Danubio azul” no invitan precisamente a soñar, sino que provocan más bien sudores fríos tanto a sus habitantes como a quienes lo recorren por motivos de trabajo o de vacaciones. En Budapest (Hungría), los muelles, que suelen estar abarrotados de cruceros, están vacíos, lo que simboliza que la navegación está prácticamente paralizada debido a la falta de profundidad suficiente en numerosos tramos.

“En Europa, el verano de 2026 se caracteriza hasta ahora por un calor excepcional y una sequía generalizada”, confirma un estudio reciente de World Weather Attribution. Esta red de científicos lleva algo más de una década analizando las consecuencias del cambio climático y señala las responsabilidades en la crítica situación que atraviesa hoy el Danubio a lo largo de todo su curso, que recorre Europa de oeste a este a lo largo de casi 3.000 kilómetros.

“Todo lo que cultivo en mi huerto se ha secado este año. Absolutamente todo”, se lamenta una anciana del sur de la República Checa, entrevistada por la web Seznam Zprávy. Al igual que ella, los agricultores de todas partes temen cosechas mínimas: algunas estimaciones apuntan a una posible caída de los rendimientos a la mitad. “La situación es crítica”, advirtió ya en mayo Jozef Šumichrast, uno de sus representantes en Eslovaquia.

En estos momentos ya no es posible regar en varias zonas de Rumanía debido a que la presión es demasiado baja para los sistemas de bombeo. En toda la cuenca hidrográfica del Danubio, que se extiende desde el sur de Polonia hasta el norte de Albania, se están imponiendo poco a poco restricciones tanto a particulares como a profesionales, y algunos países están barajando la posibilidad de aplicar cortes temporales.

A pesar de la aportación de los dos principales afluentes del gran río, el Tisza y el Sava, Serbia no corre mejor suerte. Dejan Vladiković, del Instituto Meteorológico Nacional, indica a Radio Slobodna Evropa que “la situación hidrológica actual es muy desfavorable, y especialmente acusada a lo largo de todo el curso del Danubio”. “No se espera ninguna mejora de aquí a septiembre”, añade.

En cuanto a los marinos entrevistados por los distintos medios de comunicación de Europa central y los Balcanes, todos insisten en la excepcional intensidad de la sequía, mientras se baten uno tras otro los récords de bajos caudales. Algunos incluso lo han sufrido en carne propia: un crucero de la compañía suiza Viking encalló en un banco de arena entre Bulgaria y Rumanía y hasta el momento no han logrado reflotarlo. En la zona, el caudal del Danubio apenas alcanza los 1.700 metros cúbicos por segundo (m3/s), apenas un tercio de lo habitual.

Para limitar su calado e intentar mantener sus rotaciones, los buques de mercancías han reducido sus cargas. Estas medidas ya están afectando al transporte de determinados productos, como los cereales o el combustible. “Las barcazas solo pueden transportar entre el 30% y el 40% de su capacidad total”, ha precisado la ministra de Energía serbia, lo que contribuye a encarecer aún más los precios, ya de por sí muy elevados, en las gasolineras.

Porque el Danubio se ha convertido en una vía comercial estratégica en Europa desde el inicio de la guerra en Ucrania, ya que conecta el mar Negro con el mar del Norte, y los meses de verano marcan la temporada alta de las exportaciones de cereales de Rumanía, uno de los principales productores de la UE.

Mientras tanto, los silos se van llenando y nadie sabe aún dónde se podrán almacenar las cosechas de maíz y girasol dentro de unas semanas… Bueno, lo que quede de ellas, ya que estos dos cultivos son especialmente sensibles al estrés hídrico y, por lo tanto, están amenazados por la sequía, agravada por las olas de calor consecutivas.

Mientras Bulgaria se plantea detener por completo la actividad de su única central nuclear, en Kozloduy, a orillas del Danubio, debido a la falta de agua para refrigerar sus instalaciones, Hungría ha anunciado el cierre de la suya el domingo 2 de agosto y Rumanía se ha visto obligada a paralizar de forma preventiva algunos reactores por motivos de seguridad. La producción de las centrales hidroeléctricas también se ve, evidentemente, muy afectada: la de la inmensa doble presa serbio-rumana de las Puertas de Hierro se ha reducido a un tercio de su capacidad, tras haber registrado en primavera la producción más baja de su historia.

Las autoridades han sido pilladas sorpresa, tienen dificultades para reaccionar y se les acusa de no haber hecho nada para anticiparse a tal escenario. Pero la crisis actual era previsible, por no decir temida, desde hacía muchos meses: este invierno, las temperaturas han sido muy suaves, lo que ha limitado la acumulación de nieve, mientras que, desde la primavera, todos los meses han sido históricamente secos, a excepción de junio.

Ya en los primeros días de mayo algunos hidrólogos dieron la voz de alarma, como la veterana eslovaca Jana Poórová: “Los niveles de agua y los caudales de los manantiales son inferiores al 20% de lo normal”. En otras palabras, incluso las aguas subterráneas se encuentran en su nivel más bajo.

En la vecina República Checa, el observatorio de sequías InterSucho, dirigido por un equipo de científicos, señala, a través de las palabras de su coordinador, Miroslav Trnka, que “la mayoría de las proyecciones climáticas para Europa Central indican que los episodios de sequía serán más frecuentes, más prolongados y afectarán esencialmente a todo nuestro territorio, pero también a los territorios situados al este y al sureste”.

Los datos actuales ya le dan la razón. Según la Unión Europea, Croacia se encuentra entre los Estados miembros más vulnerables al cambio climático, hasta el punto de que el país “ha registrado el mayor número de muertes relacionadas con el calor en la UE en los últimos años”. “Las necesidades anuales de inversión para la adaptación al cambio climático se estiman en alrededor del 0,8 % del PIB, un porcentaje superior a la media de la UE (0,5%)”, añade el informe. Sin embargo, no se dispone de datos sobre las inversiones del Estado croata.

En Hungría la situación es similar, con un calentamiento un 20% más rápido que la media europea. En las últimas décadas se ha triplicado el número de días con temperaturas superiores a los 30 °C. Y, sin embargo, durante los cuatro mandatos consecutivos de Viktor Orbán, el país no ha tenido ministro de Medio Ambiente. Finalmente, tras 16 años de vacío, el nuevo primer ministro, Péter Magyar, nombró a László Gajdos en primavera. Tras decretar el estado de emergencia el 28 de julio, ha hecho un llamamiento a todos los países ribereños del Danubio para que intensifiquen la cooperación en la gestión conjunta de los recursos hídricos.

Muchos esperan que la crisis actual sirva de lección y permita, por fin, superar los egoísmos nacionales que persisten a lo largo del río más grande de la UE. Pero las declaraciones contradictorias de László Gajdos son motivo de preocupación, pues fue él mismo quien afirmó: “No hay que dejar que el agua fluya libremente a través de Hungría; es imprescindible retenerla de una forma u otra.”

Traducción de Miguel López

España acaba de superar los peores días del gran incendio entre Ávila y la Comunidad de Madrid, con más de 80.000 hectáreas calcinadas en parajes naturales de gran valor ecológico y medioambiental y el grave peligro añadido de afectar a zonas con importantes núcleos de población. Sin embargo, en Bruselas el nivel de alerta no se relaja y permanecerá al máximo durante las próximas semanas ante el temor a un nuevo estallido de grandes incendios.

Este miedo es extensible a otras partes del continente. Los ojos de los técnicos, científicos y responsables de la Comisión Europea, del Mecanismo de Protección Civil y del sistema de satélites Copernicus están pegados a las imágenes captadas en tiempo real y a las previsiones meteorológicas para el centro de Francia, el sur de Italia o Grecia, donde se temen, como en anteriores veranos, incendios de gran magnitud por un viento local típico de estas fechas.

En la capital comunitaria nunca se había visto un despliegue semejante, tanto de medios como político. Hace sólo tres semanas, la comisaria europea de Emergencias, Hadja Labib, ya reconoció este temor y el peligro real durante un debate en el Parlamento Europeo. Ello ha llevado a la UE a poner a disposición de los Estados miembros 22 aviones contra incendios y cinco helicópteros de la flota comunitaria y, por primera vez en la historia, establecer un equipo especial de seguimiento de los incendios operativo hasta el 15 de septiembre.

La Unión tiene desplegados en España hidroaviones de esa flota común, equipos que han trabajado en la extinción del incendio entre Ávila y la Comunidad de Madrid. Desde el Centro desde el Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias (ERCC) aportan además una coordinación adicional por si España necesita ayuda durante lo que queda de verano. “Es fundamental tener una imagen operacional conjunta, que sepamos lo que está pasando, que las autoridades españolas no tengan que hablar con 37 países —porque el ERCC también coordina ayuda de otros países europeos no pertenecientes a la UE, como Reino Unido o Turquía— para solicitar asistencia y comprobar si algo les llega”, explica Borja Miguélez, número dos de esta unidad especializada de la Comisión Europea.

El sur de España, especialmente Andalucía, la costa mediterránea y el centro de la Península, son ahora mismo los territorios que mayor preocupación y alerta entre los expertos europeos, mientras Galicia y el noroeste de Castilla y León parecen haberse librado hasta ahora de ese riesgo extremo. “Prácticamente la parte central española, el Levante y el sur están en alto riesgo. La zona del Cantábrico y Galicia, si no hay viento, presentan mejores condiciones, pero cuidado, porque esto no significa que se haya acabado, ni mucho menos”, señala con cautela Moisés Galán, responsable del equipo específico sobre incendios.

El impacto de las olas de calor de junio, julio y la actual, las condiciones del terreno —que ha experimentado un gran crecimiento de vegetación gracias a las lluvias de invierno—, sumados al abandono rural y a la proliferación durante décadas de los bosques con especies altamente inflamables, como pinos y eucaliptos, son el caldo de cultivo perfecto para esta emergencia. “Tenemos por delante el mes de agosto, así que seguimos en un escenario de riesgo”, advierte el responsable.

En Bruselas, dentro del Centro de Coordinación ante Emergencias, tienen muy presentes los 15 días fatídicos de agosto del 2025, en los que ardieron 400.000 hectáreas entre España y Portugal en incendios descomunales que superaron la capacidad de los operativos de extinción. “Podemos afirmar que, prácticamente después de la segunda ola de calor del verano, el combustible ya está disponible. Eso significa que factores complementarios, como la meteorología o el viento, hacen que, en el momento de una ignición, estemos fuera de la capacidad de extinción”, lamenta Galán, antiguo jefe de incendios en la Generalitat de Catalunya.

En todo el continente el año pasado se quemaron más de un millón de hectáreas, una cifra histórica que los expertos y técnicos de la Comisión temen superar este año. “Todos los países están bajo presión por los fuegos forestales, no podemos permitirnos mandar ayuda que no vaya a ser eficaz, nadie quiere hacerlo. Por eso es tan importante que trabajemos juntos y de manera coordinada, además de contar con la cofinanciación del transporte, con tanta simultaneidad de desastres", insiste Borja Miguélez.

De esa flota común de emergencias diseña por la Comisión Europea también forman parte aeronaves con capacidad para cargar toneladas de agua y descargarlas sobre las llamas o de forma preventiva sobre la vegetación en Francia, Portugal, Italia, Croacia, Grecia o Suecia, además de otros equipos de extinción desplegados en Rumanía, República Checa o Eslovaquia. Hay, además, 777 bomberos distribuidos en 14 países europeos, listos en localizaciones claves para ser movilizados si un Estado miembro ve desbordados sus medios de extinción. Se trata de un operativo sin precedentes para un verano que se presenta especialmente complicado

Este año, destacan en Bruselas, es la primera vez que se activan tan pronto los equipos del Mecanismo de Protección Civil de la UE: fue el 30 de abril, en los Países Bajos. Ya se han registrado más de 120 grandes incendios, los más graves en Francia, Croacia, Grecia, Italia, Portugal y España. Moisés Galán advierte de que “estamos todavía en plena campaña, a finales de julio, y la situación no va a evolucionar a mejor. La zona central de Francia ha alcanzado niveles de riesgo que no había registrado en muchísimos años. En Alemania, Chequia y el centro de Europa se están alcanzando niveles de riesgo extremo e incluso muy extremo. Además, comienza en Grecia y Turquía un episodio de vientos que históricamente siempre ha generado problemas. El foco está puesto en distintas zonas donde sabemos que puede iniciarse un gran incendio forestal”.

Ante esta situación, reconocen los expertos europeos, los servicios de extinción ya no son suficientes para hacer frente a los incendios de nueva generación. La prevención, insisten en la Comisión Europea, debe convertirse en el eje central de la estrategia, con la gestión forestal como prioridad. La creación o recuperación de un mosaico forestal que frene el avance del fuego sigue siendo una asignatura pendiente en los bosques españoles, pero también en los portugueses, franceses e incluso en países que hasta hace pocos años estaban relativamente a salvo de los grandes incendios, como Alemania o Polonia.

La prevención también pasa por reactivar las economías rurales, para frenar la despoblación y recuperar los terrenos agrícolas colonizados por el monte. Los viñedos, los olivares o las dehesas son paisajes autóctonos españoles con una importante actividad económica que, además, ayudan a romper la continuidad del combustible vegetal y dificultan el avance de las llamas.

Quizá el mayor reto geopolítico que afronta Europa sea su competencia en la Red. La Red se ha convertido en el condensador de las grandes inversiones. Para analizar qué conexiones existen entre las grandes tecnológicas, las grandes corporaciones de la Red y todo el entramado económico que vehícula, hay que comenzar por conocer qué se juega en cada una de las capas de internet.

Internet se suele descomponer en seis niveles, cada uno de los cuales cumple ciertas funciones y acumula cierto valor. Una primera capa responde a la pregunta ¿por dónde circulan los datos? Esta capa tiene carácter físico y se limita a transportar físicamente paquetes de bits de un punto a otro. Se trata de la primera infraestructura: cable submarino, cable terrestre, satélites e infraestructura de soporte de estas líneas. Concentra una actividad intensiva de capital y añade poco valor, por lo que el margen económico es bajo. Sin embargo, la inversión es estratégica, pues nada podría funcionar sin esta infraestructura. Fabricantes de cable, empresas encargadas de instalación y tendido, de mantenimiento y reparación, etc., apenas tienen margen económico. Su tecnología, una vez instalada, es relativamente estable y estándar. Pero sus instalaciones son fundamentales estratégicamente.

El 90% del tráfico de internet circula por cable submarino, cables de enorme envergadura que unen continentes y están casi en su totalidad bajo titularidad de empresas norteamericanas. En el cable terrestre alcanzan gran importancia empresas europeas como Deutsche Telekom, Telefónica, Bt, etc. Sin embargo, en zonas dónde no puede llegar el cable por dificultad geográfica o geopolítica, guerras, territorios arrasados, aislados, etc., el sistema satelital de baja altura LEO cumple la transmisión no cableada de información. En Occidente, la ventaja la tienen las Big Tech, Elon Musk especialmente.

La segunda capa responde a ¿cómo circulan los datos? Y forma la Red IP. Es decir, la red que asigna a cada dispositivo una etiqueta de identificación. Aquí aparecen los routers, switches, protocolos, BGP y MPLS. Ya no sólo transportan bits, deciden dónde los transportan. Aquí el valor añadido aumenta al introducir algoritmos que direccionan el mercado. Brevemente definidos: el router permite interconectar redes con distinto prefijo en las direcciones IP; los switches son dispositivos que permiten conectar distintos dispositivos a una misma red LAN; los protocolos en la segunda capa tienen por función principal transferir datos sin errores entre dispositivos conectados a una misma red física; el protocolo de enrutamiento entre dominios BGP desempeña un papel crucial a mantener unida internet y proporcionar la ruta para que los paquetes IP fluyan entre las redes de todo el mundo operadas por diferentes proveedores; una red MPLS es una Red Virtual Privada (VPN) que proporciona la comunicación entre sedes o delegaciones de una empresa de manera totalmente segura y fiable.

La tercera capa responde a ¿dónde se ejecuta? Y está compuesta básicamente por los centros de datos (data-centers), no se decide sólo las rutas, se decide también dónde se ejecuta una aplicación, dónde se guardan los datos, qué servidor se va a utilizar y cómo se va a repartir la carga. Esta capa compone el nivel de infraestructura digital en la que los datos, las aplicaciones y los recursos computacionales son organizados dinámicamente para ejecutar funciones, distribuir cargas de trabajo, almacenar información y prestar servicios digitales. Aquí aparece mucho software, con multitud de funciones, pues deben activarse numerosas aplicaciones. El consumo energético es máximo.

En la cuarta capa, la nube (cloud) responde a la pregunta ¿qué recursos computacionales solicito? Aquí, el usuario deja de comprar servidores y compra servicios. Se trata del uso de servidores remotos a través de Internet para almacenar, administrar y procesar datos, eliminando la necesidad de una infraestructura física local. En la actualidad prácticamente todos los servicios y herramientas de internet pueden estar en la nube. A este nivel hay grandes plataformas que gestionan globalmente las redes como cloud, las más importantes Amazon EC2, Azure Virtual Machines, Google Cloud Run.

Por ejemplo, una empresa quiere crear una aplicación que analice videos o imágenes. A este nivel la empresa debe construir su propia solución; debe elegir el modelo de IA a utilizar, pensar cómo diseñar la aplicación, cómo almacenar los vídeos, las imágenes, cómo gestionar los usuarios y cómo distribuir el tráfico. La nube le ofrece los recursos para construirla. Aquí el valor añadido ya es alto, pues el cliente no compra infraestructura, sino inteligencia. Pero en este caso, la empresa aún debe construir su solución.

La quinta capa responde, no ya a qué recursos, sino a qué funciones quiero. Está formada por grandes plataformas que ofrecen un entorno funcional ya organizado. Grandes plataformas como Amazon, por ejemplo, no extraen su rentabilidad de la propiedad de la fibra, ni de tener servidores repartidos por todo el mundo, AWS en este caso, obtiene los beneficios sobre todo de la venta de bases de datos administradas, de la seguridad, del aprendizaje automático y gracias a que disponen de una plataforma integrada y completa.

Las grandes plataformas ofrecen albergue a otras plataformas, por ejemplo médicas. En este caso ofrecen medios técnicos para la identidad, las APIs, la seguridad, el almacenamiento, la nube, la IA, la distribución y centro de datos. Así, por ejemplo, un hospital utiliza una plataforma médica digital que se alberga en una plataforma técnica. La plataforma médica proporciona cuentas de médicos, almacenamiento de imágenes, historial de pacientes, gestión de permisos, interfaz, conexión a modelos IA, auditoría y facturación. En este hospital, un médico sube una radiografía, la plataforma se ocupa de todo el flujo operativo: identifica al médico, comprueba permisos, almacena la imagen, envía la imagen al servicio adecuado y devuelve el resultado. Se convierte así en el ecosistema operativo del servicio. Pero, aunque la plataforma haga desaparecer la complejidad técnica del usuario, esto no significa que ella misma sea la inteligencia que interpreta el contenido.

Ahora bien, lo que sucede es que la quinta y la sexta capa cada vez están más integradas. La sexta corresponde a la IA y va penetrando todos los niveles (por ejemplo, gestiona el consumo energético de un Data Center). Ciñéndonos al caso, la IA analizaría la radiografía, efectuaría un reconocimiento de patrones, compararía con datos aprendidos, realizaría procesos de inferencia e interpretaría “Existe una probabilidad elevada de que este paciente tenga tal enfermedad”, etc. Aquí es la IA, y no el médico, quién interpreta la imagen.

La IA no sólo funciona en la relación usuario-máquina; también lo hace mediante IoT (siglas en inglés de Internet of things, en español: Internet de las cosas), interviniendo entre máquina-máquina. Por ejemplo, en las calles de una ciudad puede haber cámaras, sensores de tráfico, semáforos conectados, sensores de calidad del aire, vehículos conectados a una plataforma de gestión urbana y un sistema de IA. Así, si se produce un accidente, los sensores transmiten en tiempo real datos (mediante Starlink, por ejemplo), a una plataforma IoT dotada de IA. La IA interpreta “Se ha producido un accidente. Se acumula el tráfico, se aproxima una ambulancia, necesita una ruta rápida, es necesario modificar la circulación” y decide: cambia los semáforos, crea una ruta prioritaria para la ambulancia, desvía el tráfico en determinadas calles, ajusta los paneles informativos, reduce la velocidad máxima, activa cámaras adicionales y todo ello sin que nadie haga nada. Y esa información se acumula como experiencia y sirve para las siguientes situaciones.

Como se ve, la sexta capa, la IA, aunque en periodo de transición, es la que puede generar mayor valor añadido. En esta capa prácticamente desaparece la informática para el cliente. Con la IA el usuario no tiene que buscar ni elegir el modelo que quiere, lo hace la IA porque sabe qué necesita. De ahí las ingentes inversiones en IA y la competencia exacerbada que despierta por ganar el mercado de modelos IA.

Europa posee empresas muy competitivas en las capas inferiores; por ejemplo, la ASML fabrica la maquinaria más avanzada para producir chips; la Prysmian, para cable; Nokia y Ericsson son suministradores muy importantes de infraestructura de telecomunicaciones; Airbus desarrolla sistemas muy competitivos aeroespaciales.

Sin embargo, las empresas norteamericanas AWS (Amazon), Microsoft, Google Cloud, Open AI y Meta, o las correspondientes chinas, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud y sus propios modelos de IA, copan el mercado de las capas de más valor añadido. No es que las capas inferiores no tengan valor, son imprescindibles, pero valor y poder de mercado se acumula en las superiores porque éstas acumulan el software, los datos, la capacidad de innovación inmediata y sobre todo, la relación inteligente y directa con el cliente.

Por tanto, la dependencia europea radica en las capas altas de internet. Europa trata de contrarrestar este déficit desarrollando una infraestructura cloud frente al predominio de los proveedores estadounidenses; también intenta hacer frente a las grandes plataformas de servicios digitales copados por plataformas USA, a la conectividad aérea dominada por el emporio satelital de Elon Musk Starlink. Frente a esto último, Europa trata de asegurar la conectividad para situaciones críticas, mediante la red satelital IRIS —para los servicios fundamentales: administración pública, defensa, sanidad, investigación, infraestructuras críticas, industria— e, igualmente, reforzar la producción de semiconductores y ampliar la capacidad de los Data Center intentando crear un ecosistema cloud más soberano. Por tanto, no se trata de emular a EEUU o a China, cosa imposible, sino de lograr un mínimo de independencia y garantía al menos en la nube (OVH Cloud, IONOS, Scale Way, etc.). El reto está justo en cómo, teniendo EEUU el control de las redes físicas y satelitales —y por tanto la circulación, priorización y velocidad de los datos—, Europa puede conseguir un ecosistema independiente.

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

En el corazón de Bruselas, a pocas manzanas del barrio europeo, se levanta un moderno edificio de oficinas de casi 100 metros de altura —Covent Garden Building—que alberga numerosos servicios de la Comisión Europea. Otro enorme y vanguardista edificio de cristal, a diez minutos a pie de distancia, hace las veces de sede operativa de la Policía Federal belga. Ninguno de los inmuebles da ninguna pista a viandantes o trabajadores de que pertenecen en parte —en ambos casos, al 50%— a sociedades controladas por el banco central de la República Popular China.

El caso de Bruselas, el corazón de una Unión Europea (UE) cada vez más preocupada por su soberanía, es paradigmático pero está lejos de ser una anomalía. La Administración Estatal de Divisas de China (SAFE, por sus siglas en inglés), que opera como un organismo bajo el paraguas del banco central del propio país oriental, controla o participa en activos en al menos ocho Estados europeos. 

Así lo revela la investigación transnacional OpenLux, liderada por el consorcio de investigación periodística OCCRP —y realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva en España—. Además de los dos edificios institucionales en Bruselas, la lista incluye varios activos de valor estratégico como tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas, un servicio de ferry entre la isla de Wight y la costa inglesa, una operadora de fibra óptica y centros de datos en Francia o centros logísticos en Polonia. 

Las participaciones del organismo público chino varían mucho dependiendo de la inversión concreta, desde un porcentaje minoritario del 1% hasta la propiedad al completo. En cualquier caso, en ciertos sectores, como el energético, la propia UE está preocupada por la inversión china y está estudiando la posibilidad de limitarla. 

"Estas inversiones están siendo analizadas por la Unión Europea porque se considera que la presencia china en sectores estratégicos puede resultar excesiva. China, por su parte, no abre su sector energético a la inversión extranjera al considerarlo estratégico, ya que es importante evitar dependencias excesivas, como demostró el caso de Alemania con el gas ruso", explica Alicia García-Herrero, investigadora sénior del centro de estudios económico Bruegel y profesora adjunta en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, a infoLibre.

SAFE no solo está optando por el sector energético. También cuenta con activos en España o incluso con inversiones inmobiliarias en otros países europeos. La institución china tiene parte de la propiedad, por ejemplo, del histórico Grand Hotel Krasnapolsky en Ámsterdam —usado con frecuencia por la Corona neerlandesa para recepciones de Estado—, varios inmuebles residenciales en el barrio rojo de la misma ciudad, oficinas y centros comerciales en el Reino Unido o residencias universitarias en varias ciudades británicas. 

Detrás de cada uno de esos activos hay una arquitectura societaria de tres o cuatro capas registradas en Luxemburgo. Todas esas cadenas —28 sociedades en total en Luxemburgo— culminan a su vez en empresas ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción cuyo registro mercantil impide conocer al titular real en estos casos.

Son doce las sociedades identificadas en el territorio caribeño; cada una controlando una porción del conjunto, y todas ellas actuando como agentes del brazo inversor del Banco Popular de China. Esa arquitectura es la que ha permitido a Pekín adquirir infraestructuras, inmuebles y participaciones en compañías europeas sin que su nombre aparezca públicamente asociado a las inversiones.

A diferencia de otros bancos centrales, que operan con cierta autonomía respecto a sus gobiernos, el Banco Popular de China opera bajo la dirección directa del Consejo de Estado y del Partido Comunista Chino. SAFE es la agencia responsable de gestionar los 3,4 billones (millones de millones) de dólares en reservas de divisas que acumula el Estado chino —las mayores del mundo— y convertirlos en activos internacionales: deuda soberana, acciones cotizadas, inmuebles e infraestructura.

"SAFE ha dedicado en los últimos tiempos esfuerzos considerables a enmascarar el tamaño de sus inversiones. Es evidente que la agencia quiere permanecer fuera del foco", afirma Brad Setser, investigador del think tank Council on Foreign Relations y ex subsecretario adjunto del Tesoro estadounidense. En total, infoLibre y los socios de OCCRP han identificado 28 sociedades luxemburguesas utilizadas por SAFE durante los últimos 14 años para adquirir participaciones en un abanico heterogéneo de activos europeos. La mayoría de esas sociedades no habían sido públicamente vinculadas al banco central chino hasta ahora.

Junto a los dos edificios institucionales de Bruselas, los activos con mayor peso estratégico identificados por el consorcio se concentran en el sector energético, los transportes y las telecomunicaciones.

En el capítulo energético, SAFE controla el 49% de tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas, un porcentaje que la convierte en la mayor accionista del conjunto y le otorga capacidad de influencia relevante sobre la operación de esa capacidad de generación renovable en territorio británico.

En transporte, una de las sociedades caribeñas del entramado, Okra Gee Investment, posee, entre otros activos, el 10,63% del servicio de ferry que conecta la isla de Wight con la costa inglesa. Se trata de una participación minoritaria, pero simbólicamente reveladora del alcance del ecosistema inversor de SAFE: una conexión marítima cotidiana entre una isla británica de 140.000 habitantes y el puerto de Portsmouth —que linda con una de las principales bases navales del Reino Unido— figura, indirectamente, en el balance de activos del banco central chino.

En telecomunicaciones, el brazo inversor de Pekín mantiene, a través de un fondo de inversión luxemburgués, alrededor del 0,8% del capital de Vauban Infra Fibre, operadora francesa que despliega redes de banda ancha en zonas rurales y ha comenzado a operar centros de datos urbanos. Es una participación pequeña en términos porcentuales, pero se traduce en presencia en un sector de infraestructuras críticas.

El capítulo logístico se concentra en Polonia: nueve sociedades polacas utilizadas como vehículos de inversión por SAFE, a través de Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas, figuran como titulares en más de 71 asientos del registro de la propiedad polaco. Cada uno de esos asientos cubre múltiples parcelas repartidas por el país, en las que se levantan centros logísticos y almacenes explotados por gigantes como Amazon y DPD. Ocho de las nueve sociedades comparten oficina en Varsovia.

En el sector inmobiliario, además del Krasnapolsky y de los inmuebles residenciales en el barrio rojo de Ámsterdam —canalizados a través de una sociedad denominada Limba Luxco 2 Sàrl, que posee el 50% del grupo hotelero—, SAFE mantiene participaciones en un edificio corporativo de doce plantas en el oeste de Londres, en los centros comerciales Cabot Circus de Bristol y Fosse Shopping Park de Leicester, y en residencias universitarias de varias ciudades británicas.

El primer hilo del que tirar vino de una investigación previa del diario belga De Tijd, socio de la investigación OpenLux, sobre la propiedad del edificio que alberga la sede de la Policía Federal belga. Aquel trabajo desveló que una sociedad registrada en Luxemburgo y controlada, a su vez, desde las Islas Vírgenes Británicas había hecho inversiones para SAFE, incluida la adquisición de esa sede. A partir de ahí, los periodistas de OCCRP, De Tijd, Le Monde, Follow the Money, FRONTSTORY.PL/VSquare e infoLibre replicaron el ejercicio: identificaron a los accionistas y administradores de aquella sociedad y descubrieron que las mismas personas ocupaban idénticas posiciones en al menos otras 27 sociedades luxemburguesas, la mayoría con la misma dirección postal en la capital del ducado, y todas propiedad última de sociedades caribeñas.

El siguiente paso consistió en cruzar los informes anuales presentados en Luxemburgo y en el Reino Unido, donde aparecieron menciones expresas a las sociedades caribeñas como agentes fiduciarios de SAFE. Los registros mercantiles y de la propiedad de los distintos países europeos permitieron después identificar los activos concretos adquiridos por esas sociedades interpuestas. En algunos casos hubo que deshacer cadenas societarias de múltiples capas.

Aunque las Islas Vírgenes Británicas han puesto en marcha recientemente un registro de beneficiarios reales, las sociedades participadas por entidades estatales o filiales del Estado quedan exentas de aportar esa información. Cuando OCCRP y los medios socios solicitaron formalmente los datos de titularidad de doce sociedades caribeñas identificadas en la trama, el sistema devolvió un mensaje de error en todos los casos.

El Parlamento Europeo y las agencias de inteligencia comunitarias han expresado en los últimos años inquietud por los riesgos de dependencia económica, espionaje y sabotaje asociados a la presencia china en infraestructuras críticas y sectores estratégicos del club comunitario.

"Está claro que las estructuras de propiedad ambiguas u ocultas, especialmente en sectores económicos o infraestructuras estratégicas, pueden suponer un riesgo enorme", advierte Engin Eroğlu, eurodiputado alemán del partido centrista Freie Wähler. "Ya sabemos por Estados Unidos que empresas chinas, algunas de ellas de propiedad estatal, adquieren específicamente terrenos junto a instalaciones militares. Un problema similar podría surgir en Europa si no obtenemos una visión clara de este enfoque no transparente".

Mario Esteban, profesor de estudios sobre Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid, matiza que esas preocupaciones deben ser sopesadas con la necesidad de inversión china: "Tenemos que caminar por la línea fina que separa evitar la sobredependencia y demonizar toda inversión china; algunos de estos proyectos aportan valor real al país". Esteban advierte también de una tendencia general hacia la opacidad en la titularidad empresarial: "No es exclusivo de China. Hay una tendencia cada vez más generalizada hacia la opacidad por parte de los grandes inversores".

Mientras los grandes inversores procuran cubrir sus huellas, destaparlas resulta cada vez más difícil por la falta de coordinación entre los registros mercantiles europeos y el coste de acceder a la información. Una sentencia dictada en 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que restringió el acceso público a los registros de titularidad real de las sociedades con el argumento de proteger la privacidad individual, ha agravado el problema, sostiene Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network: "Debemos temer al anonimato. Es mejor para todos saber quién es propietario de los inmuebles o de las infraestructuras críticas".

La preocupación se produce además en plena rivalidad entre Estados Unidos y China, con tensiones por Taiwán, el control de los semiconductores, las tierras raras, las tecnologías verdes, las telecomunicaciones y las rutas comerciales. La propia Comisión Europea advierte de que las potencias están utilizando cada vez más los aranceles, las dependencias económicas y otros instrumentos comerciales para alcanzar objetivos geopolíticos.

Si durante décadas Europa trató las inversiones y el comercio principalmente como cuestiones económicas, la guerra de Ucrania y la dependencia alemana del gas ruso mostraron que una relación comercial puede convertirse rápidamente en una vulnerabilidad estratégica. De ahí que la UE haya adoptado la idea de "reducir riesgos" —concepto conocido como de-risking, en inglés—. En la práctica: no romper sus vínculos con China, pero sí evitar dependencias excesivas en sectores imprescindibles.

No cabe duda de que en los últimos meses se está produciendo en Europa una cohesión en materia de política exterior y de seguridad cada vez más fuerte. La primera presidencia de Trump fue un primer empuje en la puesta en marcha de la segunda Estrategia de Seguridad, donde nace frente a él, por parte de la Alta Representante Federica Mogherini, la noción "autonomía estratégica", que fue desarrollada por el Alto Representante Josep Borrell, quien a su vez aprueba la Brújula Estratégica. Sin embargo, es sabido que la Brújula Estratégica se elaboró un poco antes de la agresión rusa a Ucrania; por lo tanto, el cambio profundo en la política exterior, de seguridad e incluso de defensa nace posteriormente como consecuencia de los últimos cuatro años de la agresión rusa a Ucrania desde el 24 de febrero del 2022. Por lo tanto, en estos cuatro años se ha dado un empujón enorme a la defensa, urgidos por la necesidad.

En las últimas semanas o meses, especialmente desde las elecciones húngaras del 12 de abril, se está produciendo un despertar estratégico de Europa. Día a día, pero que posiblemente empezó hace un año con el Libro Blanco de Defensa presentado por el comisario de Defensa y del Espacio Kubilius en marzo de 2025. Asimismo, hay que tener en cuenta que en los últimos meses se está produciendo un debate en torno a la política de seguridad y la necesidad de su reforzamiento. Está habiendo diversas publicaciones en torno a las distintas posiciones de los Estados miembros, en concreto de Alemania y Francia, aunque se busca un refuerzo compartido.

Estamos pendientes de la publicación de la tercera estrategia de seguridad de la UE, que parece que será inminente, y que de alguna forma será el punto de partida de los nuevos desarrollos y debates futuros, como en materia de defensa, por ejemplo la operacionalización del artículo 42.7, y estamos seguros de que tendrá una repercusión grande en la política de defensa europea. En el mes de junio, ha sido designada una nueva secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, en sustitución de la española Belén Martínez Carbonell, quien a pesar de la corta duración de su mandato ha desempeñado un papel importante. Su sustituta es la exministra de Defensa holandesa, Kajsa Ollongren, lo cual tiene dos implicaciones. Por un lado, significa que los gobiernos quieren reforzar la política de seguridad y defensa, y por otro, al designar a una exministra de uno de los seis países importantes se está mostrando que la puesta en marcha de la defensa europea autónoma será un hito importante de la política exterior para los próximos años.

Asimismo, el día 1 de julio, Irlanda asumió la presidencia de turno de la Unión Europea. Ha planteado los tres pilares de su presidencia. En materia de seguridad plantea la necesidad de desarrollo de capacidades de defensa crítica, así como impulsar el trabajo sobre la nueva estrategia europea: “Promoveremos el desarrollo y evolución de la política de defensa de la Unión Europea, para asegurar que siga respondiendo a las crisis actuales, e impulsaremos el trabajo sobre movilidad militar y adquisiciones de defensa…”. Plantea, además, otros temas en defensa, lo cual es muy significativo, teniendo en cuenta que Irlanda es uno de los únicos cuatro países neutrales de los 27 Estados miembros de la UE. Hay que resaltar también que se está negociando estos días el Plan Financiero Plurianual (2028–2034), donde el incremento en defensa es espectacular (entre cuatro y diez veces el plan anterior), lo cual refleja que la defensa es una de las primeras prioridades de la Unión para la próxima década.

En los últimos días, el 13 de julio de 2026, se ha aprobado una Coalición Integrada de Misiles Antibalísticos en la que participan diez países de Europa (Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia, de la UE, además de Noruega, Reino Unido y Ucrania). Los integrantes reconocen la creciente amenaza que representan los misiles balísticos y la importancia cada vez mayor de las capacidades de defensa para la seguridad del continente europeo. Esta coalición tiene un carácter estrictamente defensivo.

Por otro lado, al día siguiente, el 14 de julio, Día de La Bastilla, Fiesta Nacional Francesa, ha habido un desfile militar en el que la gran novedad ha sido la participación de los 35 países de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, donde han marchado 500 soldados aliados junto a las tropas francesas. Entre ellos, 25 ucranianos y 21 españoles, con representación de tropas de tierra, infantes de marina y miembros del Ejército del Aire y del Espacio. También participó un caza F-18 con base en Zaragoza. El eslogan del desfile de este año era: "El despertar estratégico de Europa". Además de los europeos, estuvieron Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y participaron 25 Jefes de Estado y de Gobierno, lo cual manifiesta el respaldo y la mejora de la situación de Ucrania en la guerra.

El 8, 9 y 10 de julio, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo realizó un curso de verano en la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial que ha tenido una gran repercusión en los medios. Se titulaba El imperativo de la seguridad y defensa de la Unión Europea, con objetivo de analizar y plantear las diversas alternativas que se están produciendo en esta circunstancia histórica que lleva a la necesidad imperativa de relanzar la política de defensa europea, de forma autónoma y con capacidad de disuasión suficiente. Entre las ponencias, destacó la presencia y participación de Javier Solana, ex Alto Representante de la Unión Europea para la PESC y el responsable de la Estrategia Europea de Seguridad de 2003, titulada "Una Europa segura en un mundo mejor".

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Francisco Aldecoa Luzárraga es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y Catedrático Emérito de Relaciones Internacionales de la UCM

Alberto Núñez Feijóo eligió este miércoles un foro internacional organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid para presentar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como un gobernante autoritario. En la inauguración de Libertas, el líder de la oposición describió, sin citar a Sánchez, el retrato de quien “recela de los jueces”, “desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen”, cuestiona la “independencia institucional” y “teme a las urnas si no le aseguran el poder”. “No busquen más, eso es un presidente autoritario”, proclamó. Lo hizo delante del presidente del PPE, Manfred Weber, del vicepresidente italiano Antonio Tajani, del primer ministro portugués, Luís Montenegro y de dirigentes latinoamericanos como María Corina Machado y Keiko Fujimori, que intervinieron telemáticamente. 

Feijóo aseguró también que España atraviesa una etapa de “democracia debilitada” y prometió revertir las políticas que, en su opinión, la han aproximado al populismo y a las dictaduras. Una alocución que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso incrementó todavía más. “Hoy nos gobierna en España un movimiento de destrucción del Estado de derecho”, aseguró. “Desde hace años hay un frente puesto en marcha por el Gobierno y sus socios para eternizarse en el poder”, prosiguió. “La deriva autoritaria que está sufriendo España va a tener consecuencias catastróficas”, advirtió Ayuso, que aseguró que “si lo ilegítimo es votado, es válido”.  

La intervención resume la posición en política exterior que Feijóo ha ido construyendo desde que llegó a Génova: la conversión de casi cualquier crisis internacional, cumbre europea o encuentro diplomático en una prolongación del combate contra Sánchez. Más que una doctrina sobre el lugar de España en el mundo, el presidente del PP ha desplegado una oposición exterior al Gobierno de PSOE y Sumar. Su posición suele definirse no tanto por lo que hacen Washington, Israel, Bruselas o las potencias regionales, sino por la necesidad de impugnar lo que decida La Moncloa.

La estrategia no es nueva. Feijóo ha utilizado las reuniones del PPE en Bruselas para sembrar dudas sobre los fondos europeos, la reforma de las pensiones, la independencia judicial y el viaje de Sánchez a China, entre otras cuestiones. También ha pedido “perdón” ante sus colegas europeos “en nombre de los españoles” por la actuación del Gobierno. Y a comienzos de este año intentó que el PPE condenara expresamente la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo. Regresó de Zagreb únicamente con una declaración genérica contra las regularizaciones masivas, pero sin una mención a España ni a Sánchez.

La lógica de trasladar cualquier acontecimiento al terreno de la confrontación política interna trasciende incluso a lo deportivo. Este miércoles, después de que la selección española de fútbol se clasificara para la final del Mundial, el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, aseguró que la victoria le había venido "maravillosamente" a Sánchez porque había permitido que la condena al hermano del presidente pasara a un segundo plano. Otros dirigentes de la formación como la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, y el diputado Rafael Hernando, pidieron a Sánchez que no viaje a Nueva York, donde se celebrará la final, porque “es gafe”.

La influencia de Feijóo es relevante dentro de la familia del Partido Popular Europeo — la del PP español es la segunda delegación más numerosa en el Parlamento Europeo, por detrás de la alemana—, pero bastante menor en el ámbito institucional de la Unión Europea y todavía limitada fuera del espacio conservador de la UE. Desde que llegó al cargo hace cuatro años, sus posiciones rara vez alteran las decisiones europeas y su proyección exterior sigue dependiendo de la política española. 

Un área que Feijóo asumió personalmente. En septiembre de 2024 nombró secretario de Política Internacional al diplomático Ildefonso Castro, antiguo secretario de Estado de Asuntos Exteriores con Mariano Rajoy y exembajador en Irlanda. Pero en el congreso nacional de julio de del pasado año, el dirigente conservador anunció que las relaciones internacionales dependerían directamente de él. Castro quedó como coordinador de Acción Exterior, aunque incluso dentro del partido existen dudas sobre el alcance efectivo de su influencia.

Pero la centralización de competencias no ha alumbrado, hasta ahora, una doctrina reconocible. Tampoco ha corregido una carencia que condiciona la creación de vínculos personales con mandatarios extranjeros: su escaso dominio del inglés. En la campaña de 2023 aseguró que estudiarlo era una “obligación” para alguien que aspiraba a presidir el Gobierno. Pero recientemente ha reconocido que no tenía previsto hacerlo. “No lo toco, ahora con el móvil ya me lo traduce directamente. Voy con el traductor”, explicó en el programa El Hormiguero. Fuentes del PP justificaron la renuncia señalando que los avances de la inteligencia artificial permiten suplirla. 

La cuestión del idioma es secundaria frente a otra limitación más relevante: la ausencia de una posición autónoma cuando los intereses estratégicos de España chocan con los de gobiernos conservadores aliados del PP o con la nueva derecha estadounidense. El patrón se ha repetido con Israel, Donald Trump, Groenlandia, Venezuela y la guerra de Irán, entre otras cuestiones.

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Feijóo respaldó el derecho de Israel a defenderse. Conforme aumentaron las víctimas civiles y la destrucción de Gaza, el conservador moduló paulatinamente su lenguaje, pero siempre varios pasos por detrás del Gobierno. Cuando España anunció en mayo de 2024 el reconocimiento del Estado palestino, acusó a Sánchez de apoyar “la desaparición de Israel” y evitó comprometerse con un calendario propio para ese reconocimiento. Su margen estaba condicionado además por el apoyo explícito de Ayuso y el expresidente José María Aznar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En julio de 2025, después de haber guardado silencio ante la hambruna en la Franja durante una intervención ante la dirección del PP, terminó considerando “inadmisibles” determinadas acciones israelíes y habló de “incumplimientos”. No utilizó, sin embargo, el término genocidio y mantuvo como punto de partida la legitimidad de la respuesta israelí. Frente al Gobierno español el PP ha empleado calificativos como aislamiento, irresponsabilidad, radicalidad o autoritarismo que sin embargo raramente aplica a los aliados internacionales de la derecha.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca agravó esa contradicción. El PP admitía internamente su preocupación por el efecto del trumpismo sobre las derechas europeas y por el espacio internacional que proporcionaba a Vox, cuyo líder sí había cultivado relaciones directas con el movimiento MAGA. Pero Génova evitó una confrontación política con el presidente estadounidense. Incluso desautorizó a González Pons cuando lo llamó “ogro naranja”, mientras la FAES de Aznar describía a Trump como un populista proteccionista, aislacionista e impredecible.

Cuando Trump amenazó con hacerse con Groenlandia, el PP restó importancia a sus palabras alegando que no estaba claro si existía un riesgo real o se trataba de una escalada verbal. Feijóo evitó censurarloy se refugió en la necesidad de preservar la alianza transatlántica. También eludió enfrentarse a Washington cuando Trump recriminó a España que no destinase el 5% del PIB a defensa. El PP trasladó la presión sobre Sánchez y calificó su resistencia de irresponsable, aunque tampoco se comprometió a alcanzar ese porcentaje tras haber firmado con el PPE un objetivo del 3%. Ante los aranceles estadounidenses, el líder del PP fue más crítico: los calificó de error, como un ataque comercial, pero siguió evitando personalizar la responsabilidad en Trump.

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán volvió a mostrar la dificultad del PP para responder a una actuación de Trump sin que Sánchez determinase su posición. Génova respaldó inicialmente los bombardeos, concentró su condena en el régimen iraní y evitó reproches a Washington y al Gobierno de Netanyahu. Tampoco aclaró si apoyaba el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques.

Cuando Trump amenazó con cortar el comercio con España por la oposición de Sánchez a la ofensiva, Feijóo no respaldó al Gobierno frente al magnate estadounidense. Afirmó que la relación bilateral debía preservarse “tengamos o no discrepancias con el presidente” y acusó a Sánchez de utilizar sus necesidades políticas contra la seguridad de España. Paralelamente, había prometido al secretario de Estado, Marco Rubio, que un Gobierno del PP sería un “aliado fiable”, tras una llamada telefónica.

La evolución posterior fue significativa. Tras varias semanas sin sumarse al lema utilizado por el Gobierno, Feijóo terminó proclamando en el Congreso: “No a la guerra y no a usted”. Incluso cuando adoptó la posición pacifista, la formuló como una censura personal a Sánchez, a quien llamó el “traidor de Europa”. El PP también ha censurado en varias ocasiones el “abandono” del socialista a la causa saharaui, aunque tampoco ha logrado explicar su posición en caso de llegar a la Moncloa.

En el caso de Venezuela, donde el PP ha apoyado sin matices a la oposición, su contundencia encontró un límite cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación cuestionada por su encaje en el derecho internacional y Trump optó por mantener a Delcy Rodríguez al frente del país durante una transición tutelada. El PP celebró la caída de Maduro y criticó a Rodríguez, pero evitó censurar directamente la operación estadounidense y trasladó de nuevo el grueso de sus ataques al Gobierno de Sánchez. Feijóo se opuso al resultado político diseñado por Trump —“el futuro no es Delcy”, dijo— sin romper con el presidente que lo había hecho posible.

La búsqueda de aliados ha llevado al PP a estrechar relaciones con una derecha latinoamericana cada vez más radicalizada. El caso más claro es el de María Corina Machado, a quien Feijóo ha presentado como “símbolo de la democracia” y ejemplo de “coherencia y determinación”, aunque su programa económico ultraliberal y sus alianzas internacionales la sitúan en el ala dura de la derecha. 

Más revelador es el acercamiento a Keiko Fujimori, heredera política de un movimiento marcado por el autogolpe y las violaciones de derechos humanos cometidas durante la presidencia de su padre. Feijóo ha celebrado su llegada al poder como parte del avance de la derecha en América Latina y la ha incorporado al escaparate internacional del foro de Madrid. En una intervención posterior a la de Feijóo, la presidenta madrileña trasladó “su más sincera felicitación” a Fujimori. “Ojalá este triunfo se haga extensible a todas las naciones de Hispanoamérica, naciones hermanas sumidas en el nacionalismo, el socialismo bolivariano, el narcotráfico… que tanto daño están haciendo a la convivencia y a la libertad de sus pueblos”, señaló Ayuso.

El presidente del PP también felicitó al ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella tras su victoria electoral en las elecciones del pasado 21 de junio. Calificó el resultado de “buena noticia para Colombia y para toda Hispanoamérica”, la misma elección celebrada por Trump, el presidente argentino Javier Milei y Vox. De la Espriella había construido su campaña sobre un discurso de mano dura, rechazo al acuerdo de paz y confrontación frontal con la izquierda.

Con todo, Feijóo sí mantiene posiciones claras en algunos asuntos. Ha reiterado su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, reclama una paz justa y duradera para Kiev, defiende el vínculo atlántico y se alinea generalmente con los planteamientos del PPE en materia de defensa. Pero esos elementos no han terminado de articular una política internacional propia. En las grandes crisis, Feijóo ha alternado el silencio, la equidistancia y los cambios de posición para evitar dos riesgos: enfrentarse a Trump y Netanyahu o dejar a Sánchez ocupar en solitario el espacio de oposición a ambos. 

Desde que se reservó personalmente las competencias internacionales, su principal aportación no ha sido definir qué alianzas necesita España, cómo debería responder Europa a la ruptura del orden multilateral o qué límites deben imponerse a los socios occidentales. Ha consistido en exportar el argumentario de Génova contra el presidente del Gobierno. La política exterior de Feijóo parece subordinada a que ninguna crisis internacional termine fortaleciendo a Pedro Sánchez.

Es más, la propia Ayuso advirtió sobre esta cuestión en el foro. “Los populares debemos tener agenda propia, no podemos aceptar el marco ajeno sobre el que marcar distancias, parecernos o disculparnos. No jugamos en campo contrario ni con el lenguaje del adversario siempre cargado de trampas, tenemos ideas propias, somos el grupo político que más prosperidad ha dado a Europa. Defendemos llevar la delantera con propuestas realistas y sanas. ¿Cuánto negocio absurdo hemos dejado crecer sin plantarle cara? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido permitiendo que se creara un mundo paralelo ideológico y tirano?”. Sin citarlo directamente, pareció una forma de pedir a Feijóo que de la batalla cultural en sus propios términos y no en los del ‘sanchismo’.

España ha pasado a ser este año el destino número uno del gas ruso que llega a Europa en barcos metaneros. Su gran capacidad del almacenamiento en puerto y unos precios atractivos han provocado un fuerte repunte de las descargas cuando apenas quedan seis meses para que se prohíba en la Unión Europea toda compra de gas natural proveniente de Rusia, una norma que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. 

Mientras Francia ha reducido drásticamente sus compras de combustible a empresas ligadas a Moscú frente a 2025 y ha perdido así su tradicional liderazgo, España ha incrementado todavía más estas importaciones hasta situarse en el primer puesto del continente. 

Según un informe publicado hace una semana por ACER, la agrupación de reguladores energéticos europeos, entre enero y abril de 2026 España recibió de Rusia 23,2 teravatios hora (TWh) de gas natural licuado (GNL), que llega en forma líquida transportado en metaneros y tiene que regasificarse al llegar a puerto. Se trata de un 32% más que en las mismas fechas del año anterior.

En los siguientes puestos se situaron Bélgica (18,6 TWh), Francia (18,5 TWh), Países Bajos (7,7 TWh) y Portugal (1,1 TWh). En el mismo cuatrimestre de 2025, España ocupó el segundo puesto porque Francia compró a Rusia 38,5 TWh de gas, pero en un año ha recortado la cifra a la mitad. Sin embargo, en volumen absoluto importado, Hungría superó a España en ese periodo porque adquirió a Rusia 24,7 TWh de gas por tubería. En conjunto, la Unión Europea importó entre enero y abril de 2026 un 11% más de GNL de Rusia que en 2025, lo que representa el 12% de sus compras totales, solo por detrás de Estados Unidos.

Las cifras de Enagás, el operador de la red gasista española, llevan meses mostrando la creciente llegada de gas ruso a España. En marzo se registró un récord histórico de 9,8 TWh, rozando las importaciones de Estados Unidos y de Argelia, los proveedores principales de la península ibérica. Este pico llegó semanas después del inicio de la guerra en Irán, con los precios del gas disparados en el mercado europeo y en medio de una disputa global por asegurarse el abastecimiento.

Expertos europeos que monitorizan este comercio opinan que este giro es inaceptable porque supone incrementar la financiación de la campaña rusa en Ucrania, ya que el Kremlin ingresa ingentes cantidades de dinero a través de los impuestos que cobra sobre las ventas de combustibles. 

"Resulta escandaloso que algunos países de la UE sigan aumentando sus compras de gas ruso a pesar de que el bloque se ha comprometido a poner fin a su dependencia. Si la UE se toma en serio sus compromisos, debería poner fin a estas importaciones lo antes posible, en lugar de esperar hasta el último momento", opina Isaac Levi, portavoz del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), una organización que monitoriza desde 2022 los beneficios de Rusia por la venta de gas y crudo. Según sus cálculos, Europa ya ha pagado por gas a Rusia este año más de 8.000 millones de euros.

Ignacio Urbasos, investigador del Center for Global Affairs de la Universidad de Navarra, señala que la causa principal de este incremento en la importación es el ligero encarecimiento del gas natural en el mercado ibérico frente a países como Francia o Países Bajos, lo que hace más atractivo para los traders internacionales –el nombre que reciben las compañías de compraventa de combustible– llevar el combustible que compran a Rusia hasta España y venderlo ahí.

"Cuando el gas es más caro en la península, llega más combustible ruso por una cuestión oportunista. El beneficio que obtienen aquí los intermediarios es mayor que si lo venden en otros puertos europeos", afirma el experto. La diferencia de precio sigue vigente este mismo miércoles, cuando el gas natural PVB (el del mercado ibérico) vendido para el día siguiente costaba 48,97 euros/MWh, mientras que el PEG (Francia) cotizaba a 47,70 euros/MWh y el TTF (Países Bajos) a 48,10 euros/MWh. La diferencia es pequeña, pero a esa escala comercial supone un factor clave.

La importación de gas no implica que sea consumido en España ni que sea adquirido para consumo interno, recalca el informe de ACER. Como la península ibérica es la región con más plantas regasificadoras de Europa (siete de España y una de Portugal), es habitual que se utilice como puerta de entrada para el GNL, para luego exportarlo por tubería a otros países de la región. De hecho, los últimos datos de Enagás, el gestor de la red gasista, calcula que entre enero y mayo la demanda española de gas creció entre enero y mayo un 1,7% respecto a 2025, un porcentaje mucho menor que el repunte de descargas.

Al mismo tiempo, España es el país europeo con más capacidad de almacenamiento de GNL del continente, con 23.300 GWh, un tercio del total de los Veintisiete, de manera que esos tanques ubicados en puertos se utilizan a menudo como almacenes temporales para después inyectar el combustible en otros metaneros y que su viaje continúe por el mundo. Alrededor del 12% del gas que pasa por España se consume en el extranjero. 

Desde el Ministerio de Transición Ecológica opinan que esta es precisamente la causa de que se disparasen las compras en invierno y primavera. "El aumento de descargas en España responde a una reasignación logística temporal dentro de la UE por la necesidad de los traders internacionales de almacenar el GNL que no puede absorber la demanda de la UE y que tampoco pueden desviar a otros destinos", señalan fuentes de esta cartera.

En todo caso, España está comprometida con cesar todas las importaciones antes del 1 de enero de 2027. En marzo, Transición Ecológica envió a Bruselas su plan de diversificación de suministro gasista, como el resto de socios europeos, pero el documento es confidencial. En todo caso, será la principal gasista de España, Naturgy, la que tendrá que gestionar la ruptura de esta relación, ya que importa cada año de este país 3.000 millones de metros cúbicos de GNL, aunque no es la única compañía que lo hace.

Aunque los datos de ACER solo abarcan de enero a abril, España volvió a importar en mayo desde Rusia una gran cantidad de GNL ruso, por lo que ese pico comercial que se observa en las cifras del primer cuatrimestre no fue puntual. Según Enagás, en mayo se importaron de Rusia 8,72 TWh de gas licuado, el 27,8% del total ese mes, superando incluso las compras a Estados Unidos y solo por detrás de Argelia.

Las cifras recogidas por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), un centro estadounidense, evidencian además que ese combustible de Rusia está entrando, como es habitual, por el puerto de Bilbao, la regasificadora más cercana al norte de Europa. Durante el primer semestre de 2026, el ratio de utilización de esta planta alcanzó el 79%, mientras que un año antes era del 66%. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista energética para Europa del IEEFA, considera normal este repunte temporal de las descargas de gas ruso, ya que siempre que se restringe alguna ruta comercial, los meses anteriores todo el que puede aprovecha para comprar hasta el último día. "Ya pasó cuando se cerró el paso de gas por la tubería de Ucrania. Que en los meses anteriores se registró un pico. Mientras sea legal, seguirán haciéndolo", resume.

Se espera además que el comercio de GNL se dispare en Europa en los próximos cuatro meses, ya que los almacenes de gas natural se encuentran excepcionalmente bajos, rozando el mínimo histórico de los últimos cinco años. Otro informe publicado este martes, también por ACER, advierte de que llegar al 90% de llenado para el 1 de noviembre, de cara al invierno, requerirá recargas adicionales frente a otros años. Esas compras previsiblemente serán más caras que el año pasado por impacto del conflicto de Irán en los precios de la energía.

A finales de enero de 2026, los socios europeos aprobaron definitivamente que a partir del 1 de enero de 2027 quedará prohibida cualquier importación de GNL ruso, incluso el que solo haga escala en un puerto europeo para acabar fuera de la UE. Para evitar disrupciones profundas en países del este del continente, el gas por tubería podrá seguir fluyendo desde Rusia hasta el 30 de septiembre de 2027.

El ultra Alvise Pérez sigue cobrando de empresas privadas por supuestas labores de consultoría mientras ejerce como eurodiputado en Bruselas. Así lo ha desvelado esta semana infoLibre. Esos ingresos, que ascienden a más de 280.000 euros en los primeros meses de 2026, se suman a otra larga lista en los últimos años: su sueldo como eurodiputado, pagos de redes sociales, donaciones de particulares o lo percibido como supuesto influencer.

En total, Alvise ha ingresado al menos 1.255.008 euros entre julio de 2022 y junio de 2026, los últimos cuatro años, según el cálculo realizado por infoLibre a partir de las sucesivas declaraciones de intereses que el eurodiputado ha tenido que ir presentando ante el Parlamento Europeo. Aunque es eurodiputado desde 2024, la institución obliga a todos sus parlamentarios a declarar las retribuciones dinerarias percibidas en los tres años anteriores a ocupar el escaño.

Solo en lo que va de 2026, el ultra ha facturado ya más de medio millón de euros, más que en ningún otro año. Eso se debe, principalmente, a los 288.044 euros que ha cobrado de empresas privadas "del sector de la comunicación", a la asignación que recibe como eurodiputado y a los ingresos por el libro que ha autopublicado.

Además, en la declaración de intereses modificada que ha presentado este mes de julio también ha incluido cobros por suscripciones de usuarios en redes sociales —por lo que infoLibre también ha contabilizado estos ingresos en la suma correspondiente a 2026—. En cualquier caso, en los últimos meses Alvise ha facturado más por los pagos que está recibiendo de empresas —de las que asegura que son españolas pero se niega a aclarar cuáles son— que por cualquier otro concepto, incluido su sueldo de la Eurocámara. 

Antes de lograr su escaño en Bruselas, su principal fuente de ingresos eran lo que él define en sus declaraciones de intereses como ingresos por su actividad profesional como influencer. Aun así, en esos documentos él mismo detalla que las cantidades provenían esencialmente de "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social".

infoLibre ha contactado con Alvise Pérez para preguntarle por ciertos extremos de sus ingresos y de sus declaraciones de intereses que no están del todo claros. El eurodiputado no ha respondido a muchas de las preguntas que se le han hecho llegar, como qué empresas españolas le están pagando por lo que él define como labores de "consultor freelance en redes sociales y comunicación".

En cambio, sí ha asegurado a este medio lo siguiente: "¿Parece mal que dentro de la ley y la normativa siga ganando dinero de mi trabajo, máxime cuando dono el 100% neto íntegro de mi sueldo ordinario de eurodiputado?". Alvise asegura donar su sueldo, pero en plena campaña electoral había prometido algo distinto: sortearlo mes a mes. A pesar de ello, realizó únicamente dos sorteos y hace ya dos años que no lleva a cabo ninguna acción de ese tipo.

Tras esos dos primeros sorteos, en octubre de 2024 anunció públicamente que iba a paralizarlos durante tres meses para donar las cantidades a los afectados por la dana de Valencia. Después de ese periodo no ha vuelto a hablar de sorteos en su canal de Telegram y hace ahora un año reconoció públicamente que los daba por terminados. Como justificación alegó una inspección de Hacienda, pero sin aportar mayor explicación al respecto.

No se volvió a saber nada sobre el destino de su sueldo hasta finales de 2025, cuando aseguró que había intentado donar 50.000 euros a la Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional, pero esta declinó el donativo para mantener la neutralidad política. Fue entonces cuando Alvise anunció que lo intentaría con la Fundación de Huérfanos de la Guardia Civil, pero no se ha vuelto a pronunciar al respecto.

En resumidas cuentas, Alvise solo ha anunciado públicamente el sorteo y donación a particulares de sus primeras asignaciones mensuales como eurodiputado. Concretamente, de las 2,5 primeras —el primer mes de los nuevos parlamentarios europeos no lo ejercieron al completo—. Sobre las siguientes, no se sabe si ha llegado a realizar donaciones de forma efectiva. infoLibre le ha preguntado dónde se pueden constatar esos donativos que ahora asegura estar transfiriendo y a quién los está dirigiendo. "Que dono mi sueldo está en mi declaración de la renta 😆", ha respondido, omitiendo la segunda cuestión y que las declaraciones de la renta no son públicas.

Los europarlamentarios cobran mensualmente 10.255,26 euros brutos, según la asignación establecida por la Eurocámara para 2025 y que se ha mantenido igual para 2026, según ha confirmado el Parlamento Europeo a infoLibre. En 2024, año en el que Alvise llegó a Bruselas, el sueldo mensual era de 10.075,18 euros brutos al mes.

La cuantía de la asignación de los diputados se fija utilizando como referencia el sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: a los miembros del Parlamento Europeo les corresponde el 38,5% de esa asignación base. Desde que llegó a Bruselas en julio de 2024, Alvise ha cobrado ya más de 240.000 euros brutos por este concepto.

Otro asunto que tampoco queda claro con su nueva declaración de intereses es qué ha pasado con las donaciones que, al menos anteriormente, recibía. En la modificación de la declaración de intereses de este mes de julio Alvise asegura: "Desde 2024, estas donaciones no las recibo yo a título personal, sino que se destinan directamente a mi partido político".

La afirmación del eurodiputado de Se acabó la fiesta (SALF) en ese documento oficial resulta sorprendente en tanto que en su declaración anterior, de noviembre de 2025, decía seguir recibiendo las "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social". Aun así, no detallaba cuántos ingresos le suponían y remitía a una "declaración a final de año" en la que "los ingresos exactos generados serán actualizados". En lugar de hacer esa actualización, ahora asegura no percibirlos.

En esa misma línea se ha expresado cuando le ha contactado infoLibre: "He dejado de recibir donaciones, bloqueado la cuenta y animado a todos los que me donaban a que se afiliaran a SALF, algo que ha funcionado con éxito para más de 10.000 afiliados en pocos meses. ¿Tampoco es positivo renunciar a tamaña cantidad económica para que se lo quede el proyecto político? Todos los demás cobran del partido, y yo hago todo lo contrario y sigo siendo criticable. Irónico, ¿no?".

A pesar de lo que asegura el político, este diario ha podido comprobar que el mensaje que tiene fijado en su canal de Telegram —su principal vía para relacionarse con sus seguidores— enlaza tanto a su perfil de Patreon como a una cuenta a su nombre en Revolut. En ambos lugares puede recibir donaciones. De hecho, infoLibre ha certificado que la cuenta de Revolut —que consta a nombre de Luis Pérez Fernández, el nombre real y completo de Alvise— no está bloqueada y se le pueden seguir haciendo transferencias. Tras repreguntar sobre esto a Alvise después de recibir su primera respuesta, no ha vuelto a contestar.

Además, aunque el mensaje fijado en su canal data de 2021, sigue siendo el que el político elige para destacar, de forma que aparece a todos los usuarios que entran a leer su canal. El mensaje es claro: "Ante el hostigamiento judicial, político y mediático, puedes ayudar con donaciones voluntarias a Alvise Pérez".

Los ingresos declarados por Alvise ante el Parlamento Europeo —una obligación normativa para todos los eurodiputados— también recogen lo que él ha descrito como su actividad profesional como influencer. El eurodiputado asegura haber cobrado por ello 156.000 euros en 2021, 198.000 en 2022, 145.200 en 2023 y 140.000 en 2024. En el caso de 2024 los 140.000 euros corresponden únicamente al periodo entre enero y julio, cuando ya pasó a ejercer como eurodiputado.

A pesar de esa descripción como influencer, Alvise reconoce en sus declaraciones que todo ese dinero venía de donaciones de particulares. Según sus palabras, "microdonaciones de particulares". Eso sí, entre los cuatro ejercicios hay una excepción: un pago único de 100.000 euros contabilizado en los ingresos de 2024, que corresponde, según él, a su "participación en una charla (no profesional) sobre la carga fiscal y la libertad financiera, celebrada el 6 de abril de 2024 en Madrid".

El pagador de esa suma fue Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, un empresario de criptomonedas que está en prisión provisional tras ser imputado por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. 

Aunque Alvise dice que recibió el pago debido a su participación en la charla, este se hizo efectivo más de un mes después de la misma y en plena campaña electoral de las elecciones europeas. Los mensajes entre Romillo y Alvise apuntaban más bien a una financiación de la candidatura del segundo. El ultra aseguraba por aquel entonces al empresario que necesitaba "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas". Alvise tiene una causa abierta por presunta financiación irregular en el Tribunal Supremo derivada de estos hechos.

No es el único problema relacionado con la financiación de su partido y candidatura que ha tenido. El Tribunal de Cuentas denunció el verano pasado que Se acabó la fiesta no había presentado las cuentas de la campaña electoral de las europeas y, por tanto, había incumplido la ley electoral y perdido el derecho a recibir la subvención monetaria que se entrega a las candidaturas que obtienen representación.

El Parlamento Europeo también ha sancionado a Alvise. El eurodiputado cuando llegó a Bruselas rellenó la declaración de intereses indicando únicamente que antes de ocupar su escaño había ejercido como "analista y consultor político - por cuenta propia" pero dejó en blanco la casilla referente a cuántos ingresos le había supuesto esa actividad.

La Eurocámara le penalizó quitándole dos días de dietas. Tras la sanción, Alvise accedió a modificar su declaración de intereses e incluir los ingresos previos a su llegada a Bruselas. Ahora, ha seguido actualizándola para cumplir con el código de conducta del Parlamento Europeo, que especifica cómo tienen que rellenar los eurodiputados la obligatoria declaración de intereses y establece sanciones para los que mientan u oculten información.

"Consultor freelance" para "empresas españolas del sector de la comunicación". Esa labor llevada a cabo en el sector privado, según declara él mismo, le ha reportado al eurodiputado ultra Alvise Pérez 288.044 euros en el último trimestre.

Unas cantidades que se suman, como mínimo, a los 106.000 euros que aseguró haber recibido ya a finales del año pasado con el mismo origen, tal y como reveló también infoLibre. En total, Alvise ha ingresado al menos 390.000 euros de "empresas españolas del sector de la comunicación" en los últimos 12 meses. 

Los eurodiputados pueden trabajar para el sector privado durante su mandato, pero la normativa establece una serie de prohibiciones. Por ejemplo, no pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y vinculadas a la Unión Europea (UE), ni trabajar para empresas que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario.

El problema con Alvise, como ya explicó infoLibre, es que oculta qué empresas españolas le están pagando por esas supuestas labores de consultoría. Ello impide fiscalizar si realmente está cumpliendo con las prohibiciones de la UE.

El parlamentario ha notificado la recepción de los 288.044 euros en una modificación de su declaración de intereses, el documento en el que los eurodiputados deben detallar sus ingresos y actividades tanto previos a su labor parlamentaria como durante su mandato, con el objetivo de rendir cuentas y evitar posibles conflictos de intereses. Esta última modificación la ha presentado este mes de julio, pero al igual que en sus declaraciones anteriores, no detalla las empresas de las que está cobrando.

En esta modificación, Alvise asegura que los pagos que recibe como freelance los anota en su declaración de forma trimestral. Sin embargo, hacía ocho meses que no actualizaba su declaración de intereses. La última vez correspondió al tercer trimestre de 2025, según reconoció a infoLibre, cuando indicó haber cobrado esos otros 106.000 euros. 

Si ha actualizado la declaración con prontitud, los pagos que declara ahora deberían corresponder al segundo trimestre de 2026. infoLibre ha preguntado a Pérez si no ha recibido ingresos de ese tipo en el último trimestre de 2025 y el primero de 2026. El eurodiputado ha respondido a este medio pero no ha querido aclarar esos extremos. El año pasado, Alvise aseguró a este medio que antes del tercer trimestre de 2025 no había cobrado como freelance mientras era eurodiputado.

Este medio también ha preguntado a Pérez qué empresa o empresas le han pagado esos 288.044 euros, pero tampoco ha contestado. Tras la publicación de su declaración anterior por parte de la Eurocámara, se negó a aclarar a infoLibre para quién estaba trabajando, pero respondió: "No son un lobby ni nada que condicione mi mandato".

La modificación de la declaración presentada por el eurodiputado también ha actualizado información sobre otro tipo de ingresos. Alvise Pérez asegura en la misma que ha dejado de recibir donaciones a nivel individual: "Desde 2024, estas donaciones no las recibo yo a título personal, sino que se destinan directamente a mi partido político".

"No recibo pagos directos de patrocinadores ni de ninguna empresa por mis antiguas actividades como influencer", añade en la declaración presentada ante el Parlamento Europeo.

Las afirmaciones firmadas por Alvise Pérez en la reciente modificación contrastan con la declaración que presentó a finales del año pasado, en la que aseguraba que seguía recibiendo "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social". Aun así, no especificaba cuántos ingresos le suponían y en su lugar indicaba: "Los ingresos exactos generados serán actualizados en esta declaración a final de año". En lugar de realizar esa actualización, ahora asegura no percibir los ingresos.

A pesar de ello, el canal de Telegram de Alvise sigue teniendo como fijado un mensaje de 2021 en el que el ahora eurodiputado enlaza a su perfil de Patreon, una web que permite suscribirse a usuarios o comunidades a cambio de un pago, y recuerda su número de cuenta en Revolut, donde puede recibir transferencias. En ningún momento se avisa de que esos donativos ahora vayan a su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF), en lugar de a sí mismo.

Al ser preguntado por esto sí ha respondido a infoLibre: "He dejado de recibir donaciones, bloqueado la cuenta y animado a todos los que me donaban a que se afiliaran a SALF, algo que ha funcionado con éxito para más de 10.000 afiliados en pocos meses". A pesar de ello, infoLibre ha podido comprobar cómo la cuenta de Revolut que difunde en su Telegram, asociada a su propio nombre 'Luis Pérez Fernández', aún funciona y se le pueden realizar transferencias. Este medio le ha repreguntado al respecto, pero Alvise no ha contestado.

La nueva declaración del eurodiputado también refleja que ha cobrado 146.792 euros por los derechos de autor de Devuélveme a mi país, un libro que autoeditó y publicó en Amazon. Pérez asegura en la declaración que esos ingresos varían "según el número de libros vendidos".

Tal y como explicó infoLibre, el hermetismo de Amazon con sus cifras de venta impide saber cuánto ha vendido realmente Pérez u otros autores. Lo cierto es que el libro del eurodiputado se vendió únicamente en la plataforma, al margen de las librerías tradicionales, las grandes cadenas y el sector editorial en general, por parte del cual el eurodiputado ultra denunció un boicot.

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

Esta información ha sido actualizada a 7 de julio de 2026 para incluir las respuestas de Alvise Pérez a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre y añadir citas textuales de su última modificación de la declaración de intereses ante el Parlamento Europeo.

Este presidente Trump, con su America first, es un peligro. Para todos. Sus decisiones unilaterales ponen en riesgo a la Unión Europea y a España.

Veamos lo que acaba de ocurrir, y con quién no hay que ser aliados, ni para unos ejercicios navales. Y, por supuesto, el secretario general de la OTAN (de Estados Unidos), Mark Rutte es otro peligro y del que cualquier país miembro debería deshacerse.

Este secretario general de la OTAN, Rutte, ha subrayado el 18 de junio de 2026, en una entrevista con Fox News, el apoyo europeo a la acción militar de Estados Unidos contra Irán, y ha revelado que miles de vuelos han despegado de bases europeas para respaldar esa acción. "Estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 misiones de vuelo", afirmó Rutte.

Mark Rutte, durante la entrevista, subrayó que los aliados, "incluida Italia, han aplicado los acuerdos bilaterales existentes en materia de bases y sobrevuelos".

En base a esas declaraciones de esa autoridad de la OTAN, del conocimiento de los datos que manifiesta, se hacen las siguientes consideraciones y consejos al gobierno español que debieran significar el abandono de la OTAN y desprenderse de cualquier alianza militar con Estados Unidos, por lo menos mientras que el presidente Trump y cualquier acólito esté en la Casa Blanca.

La primera consideración es que el ataque efectuado por Estados Unidos e Israel a la República Islámica de Irán es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional.

La segunda es que el secretario general de la OTAN manifiesta su apoyo a un ataque militar ilegal.

El secretario general de la OTAN, con conocimiento de los pormenores, afirma que se han utilizado para dichos ataques ilegales acuerdos bilaterales entre los atacantes, y específicamente de Estados Unidos y un número de países europeos miembros de la OTAN y presumiblemente de la Unión Europea.

La siguiente consideración lógica es que, desde el punto de vista del derecho internacional, Irán está legitimado para contraatacar a los directos atacantes y los orígenes y el apoyo logístico que hayan recibido los atacantes. Es decir, está legitimado para contraatacar a los atacantes y a cada uno de los países europeos que bilateralmente hayan facilitado los ataques ilegales.

Pero a continuación, sabemos que los Estatutos de la OTAN y el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea establecen que si un Estado europeo es atacado por un tercer país, el resto de los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea deben defender a dicho país y, en su caso, atacar al país originario del ataque.

Si sumamos todas estas consideraciones, se percibe un grave problema de defensa y cohesión europea. 

Decisiones bilaterales afectan al conjunto de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea.

Decisiones bilaterales que son ilegales desde el plano del derecho internacional pueden afectar al conjunto de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea.

Por lo tanto, las conclusiones son evidentes.

Por último, una nota al pie.

El asalto a las Flotillas de hace unas semanas, por parte israelí, se hizo en aguas internacionales, cerca y con permiso de Grecia, Chipre, la base inglesa en Chipre que ayuda a Israel en su control e inteligencia de la palestina Gaza. Los países mencionados son miembros de la OTAN y los dos primeros de la Unión Europea. Dado que los barcos de las Flotillas (Sumud y Freedom Flotilla) tenían pabellones europeos, Francia, Italia, Polonia, Grecia, Reino Unido,... por activistas españoles iba el Bribón(a), el antiguo yate del emérito rey, y que su derrota era pública a través de su señalización satelital, conocida por el ejército israelí, pero también por todos los demás ejércitos, incluyendo los de la OTAN, ¿por qué no fueron defendidas las Flotillas por la OTAN y el conjunto de países de la Unión Europea, según dictaminan tantos Estatutos y Tratados, el derecho internacional, y se permitió durante días que hubiera abordajes de unos piratas de un tercer país, como es Israel?

¿Para qué aumentar un presupuesto militar al servicio unilateral estadounidense, que es el que dicta quién es el enemigo?

Prescindamos de Rutte, la OTAN y las bases militares hispano trumpistas.

Y rompamos el bloqueo de Gaza, paremos el genocidio en Palestina y combatamos la ocupación y colonización israelí.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

Los europeos pagaron un 5,1% más por la vivienda en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. Los españoles lo han tenido aún más complicado: el precio de la vivienda ha crecido en el país un 12,8%, de acuerdo con Eurostat. En el mar de cifras y porcentajes con el que se cuenta la crisis de vivienda, España emerge como uno de los países de la Unión Europea (UE) donde más rápido crecen los precios, aunque los factores que alimentan la subida son prácticamente los mismos en toda la UE: poca vivienda social; la resaca de la crisis financiera que dejó el estallido de la burbuja en 2008 y que frenó en seco la construcción de obra nueva; y una concentración de la demanda en los núcleos urbanos que genera “una creciente demanda de viviendas y el hacinamiento en las ciudades”, a la vez que aumenta el número de casas vacías en zonas rurales. Según el Parlamento Europeo, estas son algunos de los motivos de un problema que crece en toda la región y que es especialmente serio en España.

“Una de las causas principales es el suelo. Se calcula que el precio de una vivienda corresponde en un 70% al precio de este y la demanda está muy concentrada en ciertas localizaciones”, explica Iván Auciello, experto en vivienda e investigador en la Universidad CY Cergy París. Si a eso se une que esos lugares de alta demanda son precisamente aquellos en los que no hay demasiada disponibilidad, la tendencia al alza está servida.

No son problemas distintos de los que aquejan a España, aunque al mirar las cifras surgen otras preguntas como por qué en España la vivienda se encarece más del doble que en Europa. De hecho, el crecimiento a doble dígito es la norma a nivel nacional desde el segundo trimestre de 2025. Si se toma el desglose por países, es el quinto país en el que más han subido los precios en el primer trimestre del año. Los cuatro anteriores son Portugal (17,8%), Bulgaria (14,8%), Eslovaquia (14,4%) y Croacia (14,3%).

La explicación, señala Auciello, no está en un único factor. "España ha recibido en los últimos años grandes flujos migratorios, más que otros países de Europa, pero tampoco el ritmo de construcción es adecuado", señala. Otro gran problema que agudiza la crisis a nivel nacional es el carácter turístico de España. "En un país donde la presión turística es mayor, las viviendas turísticas se desplazan hacia ese mercado. Esto último es común a otros países, como Portugal o Croacia, donde se observa un gran crecimiento de los precios", concluye.

La escasez del parque público de vivienda es un factor más a tener en cuenta, aunque aquí la Unión Europea identifica ese problema a nivel global. Según sus datos, la oferta de viviendas sociales en los centros urbanos no ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico de los últimos años. En 2021 había alrededor de 14 millones de viviendas sociales en toda la UE, lo que representaba solo el 8% del parque de viviendas total. Y lo peor es que la tendencia es negativa: en 2010 había un 11%. Si miramos a España, las cifras son aún peores. El porcentaje de vivienda pública se sitúa en torno al 3,4%, más de cuatro puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria.

Y aquí entra en juego el factor de la despoblación y la concentración demográfica en centros urbanos. Un "desequilibrio" que lleva al "hacinamiento" en las ciudades y que dificulta la construcción de vivienda donde más se necesita. "A medida que las ciudades siguen atrayendo a personas para trabajar y estudiar, la población se concentra cada vez más en centros urbanos grandes y medianos. Mientras tanto, muchas zonas rurales se enfrentan a una despoblación constante", señala el informe del Parlamento Europeo.

Una de las cuestiones en las que se ha insistido en la UE es en la necesidad de reactivar la construcción. La fuerte demanda y la escasa oferta es el mantra que se repite en España para explicar la crisis inmobiliaria, pero también es un problema a nivel europeo. El análisis del Parlamento achaca este problema al lastre que dejó la crisis económica de 2008 y en el que también incidió la pandemia. "La crisis financiera mundial de 2008 provocó un importante descenso de la inversión en vivienda nueva. La pandemia de covid-19 ralentizó aún más la construcción residencial al interrumpir la concesión de licencias, retrasar la entrega de materiales y provocar escasez de mano de obra", recoge en su análisis el organismo europeo.

A nivel nacional, el ritmo de construcción también se ha desplomado en los últimos años, aunque las medidas para reactivar el sector han conseguido que empiecen a crecer poco a poco desde 2021 los visados de obra nueva. En 2025, último dato disponible, se solicitaron 139.016, un dato muy alejado de aquellos 860.000 que hubo en 2006, antes de la gran crisis.

Los datos publicados este jueves por Eurostat corroboran que el comportamiento de los precios a nivel europeo sigue caminando al alza. Su precio sube en todos los países del conjunto de los 27 con una única excepción: Finlandia. En todos los demás, incluida Austria, adalid del conocido modelo vienés que ha llevado la vivienda pública en Viena a niveles muy altos, los precios suben.

Hemos estrenado el verano, pero no hay manera de que el verano se materialice. La actualidad no da tregua y los rigores estivales no se atenúan ni con un mundial de fútbol. Vale que es uno raro, en territorio poco amigable, pero es que históricamente estos campeonatos acaparan un gran espacio mediático relegando las noticias más duras a espacios menos transitados. El fútbol todo lo matiza, todo lo unifica (para lo bueno y para lo malo). Pues este verano, tampoco. Y menos en la carrera desbocada de la inteligencia artificial. Un día hablamos de soberanía tecnológica; al siguiente, de empresas estadounidenses que quieren componentes chinos; luego irrumpe Europa con su autonomía estratégica mientras intenta asegurarse el acceso a una compañía yanqui para no quedarse fuera de la frontera tecnológica… no hay descanso y todo se acelera en un ejercicio de velocidad que sería casi cómico si no fuera porque detrás se están moviendo leyes y dependencias.

No hay manera de pararse a reflexionar con calma, a dejar que las decisiones que se van tomando hagan poso… y no estamos acostumbrados a esta sucesión de acontecimientos que viene a romper con lo establecido sin darnos tiempo a respirar. Tenemos a la Casa Blanca legislando (¡legislando!) para intervenir el mercado de la IA, a empresas enormes tratando de romper el bloqueo a la tecnología china para poder seguir creciendo al ritmo que marcan los inversores, a Europa pidiendo autonomía y decidiendo contra ella...

En este país somos de reflexión lenta, de dejar pasar el tiempo que permite analizar desde la distancia. Quién le iba a decir a Rocío Jurado que veinte años después de su muerte sería más universal que nunca, que se analizarían sus letras en clave feminista y que sería un icono para una nueva generación de mujeres que no ha escuchado una copla en su vida. Así somos, necesitamos veinte años (que dicen que no son nada, pero sabemos que son exactamente eso, veinte años) para analizar con perspectiva, para ver lo que hay detrás de la máscara… Y aquí estamos, tratando de entender qué pasa hoy en un mercado despiadado que sólo quiere crecer y derriba a su paso cualquier norma escrita (o no escrita) con la que ordenamos el mundo.

Si la Jurado fue durante décadas la reina de la copla y hoy (casi) nadie la percibe de ese modo, con la IA pasa algo parecido pero sin la cortesía del paso del tiempo. Aquí no hay veinte años para revisar el mito, hay apenas una semana entre un anuncio y su contrario. La tecnología avanza, su necesidad de financiación se multiplica, los gobiernos reaccionan y la estructura mental con la que lo analizamos se convierte en un vestido de lentejuelas viejo que no se ajusta a un cuerpo nuevo. Puede que sea vistoso, pero aprieta por todos lados.

Hace apenas unos días hablábamos aquí de cómo España entraba en juego con más de 700 millones para una gigafactoría o de que EEUU legislaba en nombre de la seguridad nacional. El viejo relato liberal empezó a chirriar cuando las viejas potencias entendieron que esta tecnología estratégica no puede quedar a merced del mercado. Sigue siendo una buena tesis, pero la apisonadora de la actualidad viene dispuesta a reventarla. Hoy tenemos a Apple (ojo a esto) presionando a Trump para que le dé cobertura política antes de comprar chips a CXMT, una empresa que aparece en la lista de compañías chinas que el Pentágono ha vinculado al aparato militar del Estado. ¿Y por qué pide Apple un poco de cintura para ella a expensas de la seguridad nacional? Por dinero, claro. Por abaratar sus costes. Fabricar un iPhone Pro de nueva generación será más caro, mucho más caro. La IA, encareciendo directamente el aparato que llevamos en el bolsillo y Apple, símbolo perfecto del capitalismo, mirando a China cuando Washington quiere impulsar sus cadenas de producción internas. El mundo al revés.

Hay algo delicadamente rociero en esta historia, si me permiten ustedes la irreverencia. Estábamos cantando una copla sobre la independencia tecnológica de occidente y llegando al estribillo suben los costes, falta memoria y la gran empresa americana pide a Trump que le deje llamar a la puerta de China. Como en las coplas de la más grande: el orgullo por un lado y el deseo, por el contrario.

Si EEUU no observa el mercado desde la barrera, Europa vive en su propia contradicción. Aprueba un paquete de medidas de soberanía tecnológica mientras la Comisión constata el peso dominante de Amazon y Microsoft en la nube europea. Mientras, Austria quiere explorar fórmulas para alojar la tecnología de Anthropic, una vez que la Casa Blanca prohibió el acceso extranjero a sus modelos avanzados. Pragmatismo, desde luego. Pero también una confesión de debilidad. Europa quiere ser soberana, pero le faltan piezas para lograrlo y se las encarga a empresas extranjeras, contra las que quiere construir su soberanía. Si esto no es una contradicción, que me lo expliquen.

Capítulo aparte para Meta, siempre dispuesta a vendernos como producto cosas que antes llamábamos comunidad. Cuenta el Financial Times que está acelerando el uso de modelos de lenguaje para revisar contenido y anuncios. No olvidemos que, además de Facebook e Instagram, Meta es la dueña de WhatsApp. Quiere que la IA haga de moderador en sus plataformas, automatizar su control de lo que se dice y cómo se dice. Nos está colando una estafa gigante: publicaciones que desaparecerán por obra y arte de la IA y moderación que no protege al agredido.

Hay algo agotador en este ritmo, pero es apasionante. La velocidad a la que suceden las cosas nos obliga a mirar la realidad con menos comodidad. No nos sirven las estructuras mentales a las que siempre hemos acudido para analizar el presente, pero de alguna manera tenemos que separarnos de esta vorágine de contradicciones si queremos entender qué está pasando. Si la Jurado consiguió que estrofas cantadas hace décadas tengan sentido hoy, la IA afina en la misma nota: todo sucede ahora, todo exige respuesta inmediata. Y las noticias de hoy envuelven el pescado de mañana… nada nuevo bajo el sol.

Una cifra oficial y muchas preguntas. El sábado 27 de junio, diez días después del inicio de la ola de calor, la agencia nacional Salud Pública Francia (SPF) dio a conocer sus primeras estimaciones sobre el exceso de mortalidad provocado por esta ola de calor excepcional: desde el 24 de junio, según indica, se han registrado unas 1.000 muertes adicionales (ver despiece a pie de página) con respecto a lo habitual, principalmente en las regiones en alerta roja.

Se han alzado voces a lo largo de la semana criticando la falta de preparación del Gobierno y sus deficiencias en la lucha contra el calentamiento global. Críticas que Emmanuel Macron y Sébastien Lecornu han tratado de desestimar: el primero, defendiendo su gestión y explicando que “no te adaptas a un pico que no tiene parangón”; el segundo, arremetiendo contra los “inspectores de obras terminadas” en una carta dirigida a los alcaldes.

Más allá de las meras batallas políticas, se multiplican las críticas, tanto a nivel estructural —la lucha contra el cambio climático y la adaptación de las infraestructuras— como desde el punto de vista de la gestión de la crisis en sí misma —prevención a la población, política colectiva de salud pública, transparencia… “No se ha aprendido nada de las olas de calor anteriores”, critica el doctor François Bourdillon, fundador y antiguo director de SPF, en declaraciones a Mediapart.

“No se previene, se reacciona, y, solo lo mínimo, en situación de crisis. Cuando ya desde [la crisis de] 2003, como mínimo, podríamos haber adaptado los hospitales, los centros educativos, el transporte público y las viviendas…”, continua François Bourdillon. El viernes 26 de junio, en el noveno día de la ola de calor, el sistema sanitario se encontraba sometido a una tensión muy intensa, especialmente en Île-de-France, donde los hospitales (la mitad de los cuales carecían de aire acondicionado) estaban saturados y los bomberos, abrumados por las llamadas.

De hecho, fue ese mismo viernes cuando el primer ministro, Sébastien Lecornu, terminó por “aprobar” un pedido de “30.000 aparatos de aire acondicionado para los hospitales”, a propuesta de la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist. En los últimos días, mientras Francia ya atravesaba su segunda ola de calor del año, Lecornu también pidió a los ministros implicados que elaboraran diferentes escenarios para el futuro. “Van con retraso en todo, da la sensación de que se ven arrastrados por lo que está pasando”, confían desde el sector público.

En este contexto, opina François Bourdillon, las medidas de prohibición adoptadas por el Gobierno —como la relativa a la compra de alcohol o su consumo en la vía pública— tienen como objetivo “desvincularse de los problemas estructurales e individualizar la culpa”. Una crítica compartida por otros profesionales de la sanidad pública, que no dejan de establecer un paralelismo con la desastrosa gestión de la crisis del covid.

En una nota dirigida a Macron el 14 de abril de 2020, Jean-François Delfraissy, presidente del Comité Consultivo Nacional de Ética y, en aquel momento, presidente del consejo científico dedicado a la pandemia del covid, invitó al jefe de Estado a involucrar urgentemente a la sociedad en la gestión de la crisis sanitaria para no alimentar “la crítica a una gestión autoritaria y desconectada de la vida de la gente”. No sirvió de nada, como todo el mundo recuerda.

El profesor recordaba entonces al presidente de la República que “incluso en una situación de emergencia, la adhesión de la población es una condición importante para el éxito de la respuesta”; que las organizaciones de la sociedad civil cuentan con una “experiencia” determinante, sobre todo gracias a su “excelente conocimiento de la diversidad de los entornos sociales”; y que “gran parte de las respuestas a la crisis son respuestas locales, que se basan en los impulsos de solidaridad y en el ingenio de las asociaciones”.

Seis años después, la gestión de la ola de calor despierta esos recuerdos: las autoridades insisten en las medidas individuales —no beber alcohol, no practicar deporte, no instalar piscinas en la vía pública, no hacer fiestas…— sin presentar ni el más mínimo esbozo de una respuesta solidaria que tenga en cuenta todas las necesidades de la sociedad. Hacen recaer sobre los hombros de cada uno la presión del sistema hospitalario.

“La ola de calor no es una fatalidad”, recuerda, sin embargo, una fuente prefectoral, que califica de “deplorable” el enfoque del Ejecutivo. Tras la ola de calor de 2003, el informe de la Asamblea Nacional sobre la “crisis sanitaria y social” recordaba así la importancia de una estrategia inclusiva. “Organizarse —escribía entonces el ponente Denis Jacquat—, significa difundir mensajes de prevención a nivel local, identificar de antemano a las personas más vulnerables, localizar entre su entorno a aquellas personas que puedan constituir redes locales de solidaridad, y localizar los lugares ‘frescos’ a los que se les pueda llevar para que se recuperen durante unas horas en caso de ola de calor”.

Evidentemente, se han llevado a cabo algunas medidas en los últimos veinte años, sobre todo por iniciativa de las administraciones locales, a las que, sin embargo, el primer ministro ha señalado con el dedo en los últimos días. Se han creado registros, de carácter voluntario, destinados a las personas vulnerables que deseen que se les contacte en caso de ola de calor, sobre todo para intentar romper el aislamiento social. Pero la gestión del Gobierno, por su parte, sigue siendo invariablemente vertical.

Entre los profesionales de la salud pública entrevistados por Mediapart, algunos lamentan también la falta de coordinación con el sector asociativo o la ausencia de mensajes políticos contundentes dirigidos a los jóvenes, que, sin embargo, se verán gravemente afectados por la ola de calor (enfermedades crónicas, riesgos psiquiátricos…). Pero, al igual que durante la pandemia del covid, en lugar de apoyarles en esta crisis, la mayoría de las declaraciones tienen como objetivo sancionarles o hacerles sentirse culpables.

El tema es tan delicado que el Ministerio del Interior ha impuesto una línea firme a sus equipos: los prefectos tienen prohibido hacer un recuento público del número de ahogamientos, según indicó la dirección de comunicación del ministerio durante una videoconferencia organizada con carácter de urgencia el jueves 25 de junio.

Según el acta de esa reunión, a la que Mediapart ha tenido acceso, el Gobierno aún no disponía en esa fecha —una semana después del inicio de una ola de calor anunciada con mucha antelación— de una estrategia nacional de prevención frente a los ahogamientos. Un riesgo que, sin embargo, aparece claramente en cada episodio de altas temperaturas.

“El Ministerio de Deportes está preparando una campaña nacional que se pondrá en marcha en los próximos días”, justificó un representante de Interior durante la videoconferencia. Mientras tanto, las prefecturas deben limitarse a difundir “mensajes de prevención difundidos por la agencia Vías Navegables de Francia”, mientras el número de tragedias no deja de aumentar.

Preguntados sobre la prohibición de comunicar el número de fallecidos, el gabinete del ministro del Interior dio marcha atrás y ofreció una interpretación totalmente diferente de sus instrucciones. “Hemos precisado que no es aconsejable realizar un recuento diario de ahogamientos, salvo en casos excepcionales. Pero la ola de calor es un caso excepcional”.

El sábado 27 de junio, según nuestra información, las autoridades registraron la muerte de 74 personas en todo el territorio desde el inicio de la ola de calor a causa de ahogamientos (lo que supera los niveles habituales). Es decir, 19 fallecidos más que dos días antes, en una fecha en la que la ministra de Deportes, Marina Ferrari, ya lamentaba un “balance dramático” en France Info.

Ya en 2025, mientras la Federación Francesa de Natación llevaba años dando la voz de alarma, SPF había señalado un "aumento notable" de las muertes por ahogamiento durante las olas de calor. Este año, a la vista de las previsiones meteorológicas, la agencia había decidido adelantar su vigilancia de los ahogamientos, a partir del 1 de mayo, para adaptarse al “contexto del cambio climático”. Sin embargo, en lo que respecta a la prevención, no se ha puesto en marcha ninguna medida.

Traducción de Miguel López

Durante años el presidente húngaro Viktor Orbán fue el gran referente internacional de Vox. Hungría representaba la prueba de que una derecha nacionalista, ultraconservadora y enfrentada a Bruselas podía gobernar y marcar la agenda europea. Pero el tablero ha cambiado y, en paralelo, la organización ha intensificado la construcción de una comunidad política transatlántica articulada en torno al concepto de "Iberosfera".

La idea, impulsada desde la Fundación Disenso presidida por Santiago Abascal, plantea la existencia de un espacio común formado por España, Portugal y los países hispanoamericanos, unido por la lengua, la historia, la religión católica y determinados valores políticos. La Iberosfera no es sólo una un concepto para la formación ultra, es una horizonte geopolítico destinado a construir una red internacional de gobiernos, partidos, fundaciones y líderes ultras a ambos lados del Atlántico.

La apuesta americana de Vox coincide además con una tendencia más amplia de la derecha estadounidense. La nueva Administración de Donald Trump ha recuperado una visión hemisférica de la política exterior de EEUU en la que América vuelve a ser ese espacio prioritario de influencia. En ese contexto, las victorias de dirigentes conservadores y ultraderechistas en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador o El Salvador adquieren un significado que va más allá de la política nacional.

El nuevo mapa americano que mira Vox tiene hoy varios nombres propios. El que más destaca es el de Javier Milei en Argentina, pero en los últimos meses se han sumado nombres como el de José Antonio Kast en Chile y recientemente Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, a falta de la confirmación oficial. También se mira desde Vox al Salvador autoritario de Nayib Bukele — aunque con ciertos matices— , mientras que las victorias de Santiago Peña en Paraguay y Daniel Noboa en Ecuador, ambos conservadores y proestadounidenses, sirven para completar su relato de cambio de ciclo.

Para Vox, esos gobiernos representan algo más que aliados ideológicos. Son la evidencia de que la derecha radical está encontrando en América el terreno donde puede seguir acumulando victorias en el momento en el que en Europa se ha vuelto más difícil.

La derrota de Orbán en Hungría el pasado abril, unido a la incapacidad de Marine Le Pen para alcanzar — por el momento— el poder en Francia a la espera de la decisión su inhabilitación, el estancamiento de André Ventura en Portugal, la pérdida de influencia de Geert Wilders en Países Bajos o las dificultades de la AfD alemana para romper el cordón sanitario han reducido el número de victorias de la familia política de Vox en Europa.

Incluso Giorgia Meloni, que sigue gobernando Italia, ya no ocupa el lugar de referencia estratégica que tuvo para la formación de Santiago Abascal. La primera ministra italiana ha buscado consolidarse como interlocutora de Bruselas y Washington, ha tomado posiciones más pragmáticas en política exterior y ha evitado alineamientos automáticos con Donald Trump en cuestiones sensibles. Esa evolución ha ampliado la distancia política con Vox.

La derecha radical europea continúa siendo una fuerza ascendente en términos electorales, pero acumula dificultades para transformar ese apoyo en gobiernos estables. La derrota de Orbán, los límites de Le Pen, los problemas de Wilders y la creciente autonomía de Meloni han coincidido con una sucesión de victorias conservadoras y ultras en América Latina. En ese contexto, Vox y la Fundación Disenso han reforzado la apuesta por la Iberosfera como espacio prioritario de influencia política.

Las publicaciones más recientes de la Fundación Disenso reflejan con claridad ese desplazamiento. En abril de 2026, la fundación promovió en Madrid la conferencia "Una Nueva Alianza: por qué las Américas son importantes para el futuro de Europa", organizada por Patriots for Europe Foundation. El objetivo declarado era "fortalecer los vínculos entre las fuerzas patriotas de América y del Viejo Continente" y pasar de la cooperación ideológica a una "hoja de ruta geopolítica práctica".

En el texto publicado en la web de Disenso, se sostiene que América Latina constituye una “reserva estratégica de petróleo, gas, litio, cobre y minerales críticos imprescindibles para la economía europea”. La relación ya no se plantea únicamente en términos identitarios o culturales, sino también energéticos, económicos y geopolíticos. La tesis central es que Europa sólo podrá mantener su autonomía estratégica si estrecha lazos con gobiernos afines en el continente americano. América aparece así como alternativa tanto a la dependencia china como a la influencia de las élites europeas consideradas "globalistas".

Si existe un país que simboliza esta nueva etapa es Argentina. Disenso acaba de publicar el ensayo "El cambio de época: Argentina como catalizador de la libertad en la Iberosfera (2020-2025)", donde el gobierno de Javier Milei es presentado como la demostración práctica de que es posible derrotar a la izquierda y “desmantelar el Estado intervencionista”. El texto afirma que el liderazgo de Milei ha demostrado que pueden desmontarse los "pilares de la estructura woke kirchnerista" y convertir Argentina en el motor de una transformación política para toda la Iberosfera.

No se trata únicamente de simpatía ideológica. Milei fue uno de los primeros dirigentes latinoamericanos en adherirse a la Carta de Madrid, el documento fundacional impulsado por Disenso y Foro Madrid. Argentina se ha convertido así en el principal escaparate del proyecto internacional de Vox.

Las publicaciones recientes de Disenso muestran también otro elemento constante: la reivindicación de la Hispanidad como instrumento político contemporáneo. Artículos como "Ayuso, Sheinbaum y la Hispanidad reducida a bronca política" o "México y el perdón por existir" recuperan una narrativa según la cual España y América comparten una herencia histórica injustamente cuestionada por las corrientes progresistas y los movimientos decoloniales. La Hispanidad aparece presentada como una comunidad cultural que debería convertirse en sujeto político internacional. Esa idea conecta directamente con el concepto de Iberosfera y con la aspiración de construir un bloque conservador transatlántico.

Detrás de esta estrategia hay una figura menos conocida que Abascal pero fundamental para entender el despliegue americano de Vox: Jorge Martín Frías. Director de la Fundación Disenso, eurodiputado y principal arquitecto intelectual del proyecto internacional de Vox, Martín Frías ha sido uno de los impulsores de la red de alianzas con dirigentes latinoamericanos. Él mismo ha defendido públicamente la necesidad de apoyar a fuerzas políticas que compartan una agenda de libertad, soberanía nacional y combate contra la izquierda latinoamericana.

Su nombre aparece de forma recurrente en las actividades internacionales de Disenso: encuentros con think tanks conservadores de América Latina, participación en foros organizados por la Heritage Foundation en Estados Unidos, reuniones con dirigentes opositores venezolanos y coordinación de la red creada alrededor de Foro Madrid.

César Vallejo escribió el poema “España, aparta de mí este cáliz” durante la Guerra Civil española. Con ese título se reunieron después los poemas que el maestro peruano dedicó al drama bélico abierto por el golpe de Estado de 1936. El deseo de que la palabra España deje de significar un sacrificio late ahora en el corazón de muchos españoles heridos por la atmósfera muy crispada de nuestra convivencia. La economía no va mal, la realidad no es un campo de fuego, pero se impone día a día un relato de odios y enfrentamientos. Necesitamos encontrar una salida, y quizá sea bueno recordar que César Vallejo escribió su poema sobre España y el cáliz doloroso como un diálogo con los niños del mundo. No vivía la posible derrota como un problema nacional español, sino como un horizonte que afectaba a la política internacional. 

Creo que es una buena estrategia para resistir en esta situación que invita al desánimo. No se trata de un problema solitario español, sino de una dinámica desatada contra los valores democráticos. Y la palabra "mundo" adquiere mucho protagonismo. Por eso podemos recordar también el libro de Pablo Neruda titulado España en el corazón, y sentir que el amor por España se equivoca hoy cuando se encierra en los límites nacionales. Así que le pido permiso a Neruda para ampliar su título y escribir 'Europa en el corazón', tomando conciencia de la realidad global de la palabra "mundo". Las derivas nacionalistas de la extrema derecha ponen en riego el papel de Europa como unidad de valores democráticos, algo que interesa por igual a los viejos mandarines totalitarios y a las nuevas formas de dictadura que nacen de la ambición neoliberal, el capitalismo dispuesto a romper el Estado social para separar la libertad de los compromisos de la igualdad y la fraternidad. Así que la mejor manera de pensar en la Madre España de Vallejo es pedirle permiso a Neruda para vivir hoy con Europa en el corazón.

Los populismos nacionalistas suponen en la Comunidad Europea una proyección política de la cultura individualista que ha impuesto el neoliberalismo. Frente a la convivencia y las ilusiones colectivas impera la ley del más fuerte y la lucha por el triunfo de lo mío frente a las responsabilidades compartidas. Esta es la lógica que le da fuerza al racismo y a las prioridades nacionales contra los derechos humanos y la justicia universal. El cáliz de la crispación española, además de hacerme vivir con España y Europa en el corazón, gracias a Neruda, me devuelve a la poesía de César Vallejo y a su poema titulado “Masa”. Tanto amor y no poder contra la muerte, fue la queja del poeta peruano que buscaba en la oscuridad motivos para la esperanza. Escribió la historia de un combatiente muerto en la batalla. A su cadáver se acercó un hombre, y luego dos, y después veinte, cien, mil, quinientos mil, millones de individuos con un ruego común: quédate hermano. Cuando todos los seres humanos de la Tierra llegaron a rodear al individuo muerto, el cadáver se incorporó y se echó a andar.

La imagen solidaria de Vallejo me ayuda a luchar en mí mismo por una resurrección de la esperanza. La mejor manera de apartarme del cáliz de las desilusiones y las renuncias es comprender que no se trata de una batalla española, sino mundial, y que no puedo dejar que los mandatos del individualismo me hagan olvidar el compromiso colectivo con la dignidad de los seres humanos de la tierra. Las prioridades individuales sólo encuentran un buen destino en las ilusiones colectivas. 

Madre España que vive con Europa en el corazón. Cosas de la poesía.