Durante años, Europa ha centrado gran parte de sus esfuerzos climáticos en la mitigación del cambio climático y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras la adaptación a sus efectos ha ocupado un lugar secundario en el debate político. 

Desafortunadamente, basta mirar lo que está ocurriendo alrededor para entender que esto no puede seguir así. En nuestra realidad cotidiana, experimentamos cada vez más inundaciones devastadoras, sequías persistentes, olas de calor muy severas e incendios forestales de sexta generación, que afectan no solo al medio ambiente, sino también al campo, al precio de los alimentos, al agua, a la salud pública y a la vida de muchas ciudades y pueblos europeos. 

Por eso, la futura ley europea de adaptación y resiliencia climática que está preparando la Comisión Europea y que presentará a finales de año, será una de las decisiones más importantes de esta legislatura, ya que tendrá como objetivo que la Unión Europea se prepare mejor ante las crisis climáticas y que no se limite a reaccionar ante ellas.  

La adaptación al clima debe estar en el centro de las decisiones políticas y tenerse en cuenta en la construcción de infraestructuras, en la planificación de ciudades, en la gestión del agua y en la inversión del dinero público, entre otros ámbitos. Sin embargo, para que el principio de “resiliencia por diseño” y no “por reacción” se integre en nuestras políticas, iniciativas, instrumentos y estructuras, anticipando riesgos en lugar de solo reaccionando ante ellos, debemos cambiar algunas inercias europeas. 

En la actualidad, cada Estado miembro cuenta con su propia metodología y valoración de los riesgos e impactos del cambio climático. La nueva ley deberá establecer un marco común basado en escenarios científicos y en evaluaciones de riesgo climático homogéneas para todos los países de la Unión, ya que los riesgos climáticos no pueden afrontarse eficientemente con 27 enfoques distintos.  

Por otro lado, el nuevo marco climático no sólo debe constar de obligaciones para la adaptación, sino también venir acompañado de soluciones y de recursos; es decir, de capacidad real para aplicarlo. En un contexto en el que las prioridades presupuestarias de la Comisión no pasan por el medioambiente y el clima, quién paga la adaptación y cómo hacerlo de manera justa será, sin duda, uno de los debates más importantes en torno a la nueva ley. Y en esta discusión será determinante tener en cuenta que adaptar Europa al cambio climático costará dinero, pero no hacerlo costará muchísimo más. 

Cada desastre climático tiene un impacto económico enorme y creciente. Por eso necesitaremos más inversión en prevención, preparación y resiliencia, y probablemente también nuevos instrumentos europeos, incluyendo mecanismos que ayuden a cubrir riesgos climáticos que el  mercado privado ya no puede asumir por sí solo.

No obstante, y a pesar de la importancia de los recursos, no podemos reducir la adaptación a una cuestión meramente presupuestaria. A veces seguimos pensando en resiliencia únicamente en términos de hormigón, diques o infraestructuras grises, y olvidamos que la naturaleza y las soluciones basadas en la misma son nuestras mejores aliadas.

Lo hemos aprendido con los incendios, con las inundaciones y con las olas de calor. Los humedales restaurados frenan crecidas. Las ciudades con más árboles soportan mejor las temperaturas extremas. Los ecosistemas sanos ayudan a reducir riesgos y hacen los territorios más resistentes. Así lo defendimos los socialistas durante la negociación de la Ley de Restauración de la Naturaleza y así continuaremos defendiéndolo en las negociaciones de la  ley de adaptación climática, porque defender la naturaleza no es solo una cuestión ambiental, sino también de seguridad y de protección civil. 

Por último, la futura ley tocará políticas y sectores sensibles que pueden resistirse, como el sector agrícola o silvícola, la gestión del agua, la ordenación del territorio, el urbanismo o las infraestructuras civiles o energéticas, por lo que su negociación será un reto político. Las resistencias ya las hubo en la Ley de Restauración de la Naturaleza cuya negociación nos dejó una lección útil. Cuando las políticas climáticas se explican únicamente como una agenda  ambiental, es más difícil construir mayorías; cuando la gente entiende que hablamos de proteger vidas, cultivos, ciudades, empleos o viviendas, el debate cambia. Adaptarse no va de ideología. Va de proteger a la gente frente a riesgos que ya están aquí. Prepararnos mejor no es un lujo ni una exageración. Es probablemente una de las inversiones más inteligentes que Europa puede hacer en los próximos años.

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César Luena es diputado socialista en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Medioambiente, Clima y Seguridad Alimentaria.

Desde España hasta Alemania, en los países miembros de la UE se debate desde hace años, con mayor o menor tensión, sobre el legado tóxico de su imperio colonial. Pero la exposición que acaba de inaugurarse en Bruselas, organizada por la Casa de la Historia Europea, adopta un punto de vista diferente: se atreve a ofrecer una historia transnacional de ese periodo, convencida de que los Veintisiete deben, juntos, enfrentarse a esa época de expansión y conquistas.

“Algunos países no se sienten concernidos por esta historia. Alegan que ellos nunca tuvieron colonias”, afirma la franco-togolesa Ayoko Mensah, una de las comisarias de la muestra. “Pero defendemos la idea de que toda Europa está implicada en esta historia. Por ejemplo, a través de las ramificaciones del comercio. O también porque el proceso de integración europea estuvo ligado a la historia colonial.”

En su primera sala, la exposición titulada ¿Postcolonial? presenta un objeto minúsculo, cedido por el Africa Museum de Tervuren, cerca de Bruselas, que resume por sí solo la locura de la época: un pisapapeles de mármol, regalado en 1860 por el que más tarde sería el rey Leopoldo II a su ministro de Hacienda. Grabado en la piedra, como una orden escalofriante, se lee: “A Bélgica le hace falta una colonia.”

Pero si este pisapapeles anuncia la macabra aventura en el Congo Belga, más o menos conocida por el gran público, a partir de 1885, el museo se adentra también en terrenos mucho menos conocidos: el papel de Suecia y Dinamarca en el comercio de esclavos y posteriormente en la expansión colonial (hasta la esterilización forzada de mujeres inuit por parte del Gobierno danés en la década de 1960), o incluso las ambiciones coloniales —que nunca llegaron a materializarse— de Polonia en la década de 1930, evocadas a través del éxito de un colectivo, la Liga Marítima y Colonial.

Sobre todo, la exposición dedica una pared entera a un tema decisivo, pero aún tabú en la burbuja bruselense: la “Eurafrica”, ese concepto geopolítico racista surgido en los años veinte, que quería que Europa y África tuvieran un destino vinculado. En resumen, que a los africanos les convenía, por su propio bien, dejar que los europeos gestionaran sus territorios. En aquella época, era una forma de dar una nueva legitimidad a un proyecto colonial cada vez más cuestionado.

La exposición evoca el proyecto paneuropeo Atlantropa, ideado por un arquitecto alemán, Herman Sörgel, en la década de 1920: la construcción de presas hidroeléctricas en varios puntos del Mediterráneo, que debían hacer emerger nuevas tierras y dar lugar a un continente autónomo, “eurafricano”.

Décadas más tarde, la Declaración Schuman de 1950, acta de nacimiento de la actual UE, retoma elementos inspirados en esta “Eurafrica”, afirmando que el “desarrollo del continente africano” es una de las misiones de una Europa unida. Y Jean Monnet, otro de los “padres fundadores” de la UE, propone ofrecer las colonias francesas “en dote” a Europa. Como recuerda un cartel, cinco de los seis miembros fundadores de la Comunidad Económica Europea, en 1957, son potencias, o antiguas potencias coloniales. “En aquella época, el 90 % del territorio de la nueva organización se encontraba en África”, señalan los comisarios.

Los trabajos de referencia de Peo Hansen y Stefan Jonsson, dos académicos suecos especialistas en esa “Eurafrica”, son prácticamente desconocidos dentro de las instituciones europeas. Salvo una resolución aprobada en 2020, que tipifica la trata y la esclavitud como crímenes contra la humanidad, el Parlamento Europeo, tan blanco como siempre si nos atenemos al perfil de sus miembros, se mantiene discreto sobre estas cuestiones, desde la colonización hasta la lucha antirracista actual.

Desde este punto de vista, la exposición, organizada por un museo financiado en su mayor parte con el presupuesto del Parlamento Europeo, situado a un paso del hemiciclo de Bruselas, marca un punto de inflexión. La expresión puede sorprender, viniendo de una institución inaugurada en 2017, pero la Casa de la Historia Europea asegura incluso que, con esta exposición, inicia su “descolonización”. “La historia del colonialismo europeo está presente en la exposición permanente, pero de forma muy limitada, en una sola sección”, explica Ayoko Mensah. “Ahora queremos mostrar que esta historia se sitúa en los cimientos de la modernidad europea. La exposición es la primera etapa de un proceso.”

El título de la exposición es sin duda engañoso: no se trata tanto de un “poscolonialismo”, tal y como lo teorizó Edward Saïd, ni de los meros efectos de la colonización, sino más bien de un enfoque “descolonial” más amplio, según el cual la “modernidad”, el “capitalismo” y la “centralidad” de Europa proceden de 1492, año en que se iniciaron las conquistas europeas en América. De ahí la presencia, al inicio del recorrido, de una escultura maya, anterior a la conquista y a Cristóbal Colón. De ahí, también, la insistencia en la “colonialidad” de las sociedades europeas actuales.

En apenas 500 metros cuadrados, la sección ¿Postcolonial? intenta así una hazaña y aborda, desde la trata de esclavos hasta el derribo de estatuas tras la muerte de George Floyd, numerosos temas candentes. La exposición puede llegar a dar la impresión de saturación (de textos y carteles), deseosa de decirlo todo sobre realidades que durante mucho tiempo se han silenciado. Los vídeos de europeas y europeos, a menudo mestizos, recuerdan con acierto la actualidad de esas historias de violencia y necesitas muchos respiros profundos durante el recorrido.

Más allá de los objetos históricos, se incluyen obras de artistas contemporáneos, incorporadas a las colecciones del museo para la ocasión. Una gran fotografía del artista congoleño Sammy Baloji, tomada de la serie “Memoria”, sobre los paisajes industriales devastados de Katanga, hace referencia al extractivismo de las materias primas que aún se practica en los antiguos países colonizados.

Hew Locke, el artista criado en Guyana —que presentó una gran exposición en el British Museum de Londres en 2024, pero sigue siendo poco conocido en Francia—, muestra uno de sus sublimes dibujos a color realizados directamente sobre un certificado de la época, una acción emitida por la “Sociedad agrícola e inmobiliaria franco-africana”, una empresa marsellesa que participaba en la financiación de la expansión colonial.

En una última sala muy densa, ¿Postcolonial? documenta la persistencia de un “racismo estructural” en los países europeos y repasa, entre otras luchas, la batalla judicial de los Colston Four, nombre dado a esos cuatro manifestantes de Black Lives Matter en Inglaterra que derribaron la estatua de un comerciante de esclavos. Al final del recorrido, los comisarios se permiten el lujo de evocar no solo la restitución de obras de arte expoliadas, sino también el pago de reparaciones económicas destinadas a los antiguos países colonizados.

En un momento en que la derecha y la extrema derecha se alían cada vez con más frecuencia en el Parlamento Europeo para frenar cualquier iniciativa progresista, la Casa de la Historia Europea, por su parte, parece mirar para otro lado. “Nos financia el Parlamento, pero nuestra independencia académica es total”, insiste Ayoko Mensah. “Nuestro trabajo se basa en la investigación histórica, en colaboración con un amplio comité de expertos, lo que muestra nuestra seriedad.”

Y aunque muchos sectores de la extrema derecha siguen prefiriendo destacar los aspectos positivos del imperio, como la reciente visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, la experiodista, que pasó por Africultures, insiste: “Lo que ocurre en el seno de las instituciones europeas no es monolítico. Convivimos con fuerzas opuestas. Los movimientos de extrema derecha están a la ofensiva, pero la coordinadora encargada de la lucha contra el racismo nombrada por la Comisión, Michaela Moua, también consigue incluir estos temas en la agenda.”

* La exposición ¿Postcolonial?, comisariada por Kieran Burns, se puede visitar de forma gratuita en la Casa de la Historia Europea, en Bruselas, hasta el 14 de marzo de 2027.

Traducción de Miguel López

La Unión Europea adoptó en 2024 su ley de inteligencia artificial (IA), el primer marco jurídico integral a nivel mundial que aborda el uso aceptable de esta tecnología. La norma establece reglas estrictas sobre los riesgos, transparencia y seguridad para los sistemas de IA desplegados en el continente. Al ser la primera gran área económica en legislar sobre la materia, la UE aspiraba a desencadenar un nuevo Efecto Bruselas: la ambición de que su marco regulatorio se consolidase como el estándar global de facto, tal y como ya logró en el pasado con su estricta normativa de protección de datos. Estaba previsto que la ley entrará de modo efectivo en vigor en sucesivas fases, alcanzando su plena operatividad en agosto de 2026.

Simultáneamente a la adopción de la normativa comunitaria, la Administración Biden publicó una orden ejecutiva que establecía estándares para el desarrollo de la IA en EEUU dentro de un marco de gestión de riesgos, la protección de la privacidad y la promoción de la competencia. La acción concertada de la UE y EEUU catalizó una serie de acuerdos multilaterales en diversos foros –la Conferencia de Bletchley, Naciones Unidas– que contaron con la participación de China y propugnaron un diálogo internacional fundamentado en la gestión conjunta de riesgos y la cooperación en el desarrollo de capacidades.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 desbarató lo que se percibía ya como un nuevo éxito del Efecto Bruselas. Washington incluyó, entre las condiciones de un acuerdo arancelario entre los dos bloques, abordar las “barreras injustificadas al comercio digital”, obligando a la Unión Europea a una revisión de su acervo legislativo tecnológico. Tras un proceso de tramitación de cinco meses, los legisladores comunitarios han consensuado una reforma de la ley de IA. Si bien las modificaciones sustanciales de la normativa son de carácter menor –exclusión de maquinaria industrial, prohibición de generación de imágenes sexualmente explícitas, extensión de excepciones de cumplimiento a empresas de tamaño medio–, se incluye el aplazamiento de su entrada en vigor completa hasta agosto del año 2028.

En el nuevo orden mundial, fundamentado en el principio de la ley del más fuerte, las concesiones tienen un impacto inmediato. A la limitada capacidad industrial de la Unión Europea en el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial y su carencia de soberanía tecnológica en todos los niveles –incluyendo chips, infraestructura en la nube y modelos de lenguaje–, se añaden ahora las reservas e incertidumbres en materia regulatoria. Europa ha sido relegada por las máximas instancias de decisión internacionales en IA, quedando visible en el ámbito corporativo y geopolítico.

El comportamiento de Darío Amodei –consejero delegado de Anthropic– en el marco de la pre comercialización de su último modelo de lenguaje –Mythos– es representativo del desdén hacia Europa de las grandes tecnológicas. El 7 de abril, Amodei anunció la retención de la difusión de la aplicación, argumentando sus capacidades para explotar vulnerabilidades tecnológicas. Además del establecimiento del proyecto Glasswing para definir e implementar una estrategia defensiva en colaboración con otras entidades estadounidenses, compartió el modelo con la Administración Trump y entidades financieras de su país. La postura adoptada hacia Europa ha sido considerablemente diferente. A pesar de los sucesivos requerimientos, Amodei se ha rehusado hasta el momento a facilitar el acceso al modelo a las compañías del Viejo Continente y a la Comisión Europea, y ha declinado la solicitud de comparecencia ante el Parlamento Europeo.

La Administración Trump ha hecho también evidente que niega cualquier papel a Europa en la concepción de un marco global de gobernanza de la IA. En la agenda de la visita oficial del presidente de EEUU a China se ha incluido el lanzamiento de las negociaciones para establecer un marco global de mitigación de riesgos en el desarrollo de la IA. El objetivo final sería la definición conjunta por la dos superpotencias de directrices de seguridad para el despliegue de modelos, creación de mecanismos de intercambio de información y establecimiento de canales de comunicación de emergencia para incidentes relacionados con la IA. El acuerdo bilateral supondría un vaciamiento absoluto del Efecto Bruselas sobre la regulación global de la tecnología emergente. 

La IA ha pasado de ser un producto comercial a considerarse un activo estratégico y la UE no está en la mesa de decisiones. ¿Puede recuperar su protagonismo en el desarrollo global de la IA? Sí, pero necesita para ello complementar su capacidad regulatoria con una reorientación de su política industrial y una estrategia sólida de alianzas internacionales. 

La recuperación del impulso tecnológico en la IA en Europa pasa por apostar por la expansión de las capacidades propias en el paquete de medidas sobre infraestructuras digitales previsto para finales de mayo. La Comisión Europea debería presentar una propuesta de la Ley de Chips 2.0 que fomente la autonomía estratégica en el sector de los semiconductores, en sintonía con lo establecido en la propuesta de ley de aceleración industrial para el acero, el cemento, el aluminio, los automóviles y las tecnologías de cero emisiones netas. Del mismo modo, el proyecto de Ley de Desarrollo de la Nube y la IA que proponga el Ejecutivo comunitario debería incorporar requisitos de soberanía en la contratación pública, análogos a los aplicados en los servicios recientemente adquiridos por la Comisión Europea.

En paralelo, la Unión Europea debe asumir su posición como potencia media. El continente europeo es cada vez menos equiparable a las otras dos grandes potencias mundiales. El peso del poder económico de Europa ha experimentado un descenso desde 2016, pasando de representar un 22% del PIB mundial a situarse en el 17,5% actual. La hoja de ruta esbozada por Mark Carney en Davos 2026 nos confronta con una realidad ineludible: la autonomía digital estratégica europea no puede limitarse a un ejercicio de introspección, sino que debe constituir un acto de diplomacia audaz cimentado en una alianza de potencias medias – Brasil, Canadá, Corea del Sur, India, Japón, Reino Unido–. Esto resulta igualmente crucial para alcanzar el objetivo de una gobernanza global de la IA que sea genuinamente multilateral.

La coyuntura geopolítica europea, especialmente en el ámbito de la IA, evoca la máxima de Gramsci: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Si bien es preciso reconocer las dificultades del panorama actual, resulta indispensable mantener una determinación firme para intervenir y modificarlo. La inacción, por el contrario, conduciría a una subordinación y un vasallaje tecnológico.

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Emilio García García, colaborador de Fundación Alternativas y coautor de “Chips y poder”.

Christian Schmidt, alto representante internacional en Bosnia y Herzegovina, anunció hace unos días, desde Nueva York, su dimisión por “motivos personales”. Este exministro de Agricultura alemán (Unión Demócrata Cristiana, CDU), que llegó a Sarajevo en agosto de 2021, nunca logró el consenso y parecía cada vez más debilitado. Pero su salida improvisada hace tambalear el marco institucional surgido de los acuerdos de Dayton.

Desde la firma de esos acuerdos, en diciembre de 1995, Bosnia y Herzegovina, formalmente soberana, es en realidad un protectorado internacional. El alto representante dispone de poderes exorbitantes, precisados en 1997 durante la Conferencia de Bonn: puede imponer o derogar leyes o destituir a dirigentes electos, por ejemplo.

Es nombrado por el Consejo de Implementación de la Paz (Peace Implementation Council, PIC), que agrupa a 55 países y agencias internacionales, y la costumbre exigía que este nombramiento fuera validado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante el cual el alto representante presenta un informe semestral.

Pero no fue así con el nombramiento de Christian Schmidt, ya que los países occidentales temían un veto de Rusia, o incluso de China. Por ello, Milorad Dodik, entonces presidente de la República Srpska, lo consideró ilegal.

Milorad Dodik, que sigue siendo el verdadero líder de la entidad serbia de Bosnia y Herzegovina aunque ya no sea su presidente, dice que ha abordado el asunto de Schmidt con Vladimir Putin, con quien se reunió en Moscú el 9 de mayo, con ocasión de la conmemoración de la victoria de 1945. El líder nacionalista serbio reivindica la dimisión del alto representante como una victoria personal, y así lo escribió en la red social X: “Christian Schmidt abandona Bosnia y Herzegovina de la misma manera que llegó: sin legitimidad, sin una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU y sin tener el derecho internacional de su parte.”

Milorad Dodik, agitando desde 2010 la amenaza de una secesión de la República Srpska, al tiempo que la sometía a un sistema organizado de depredación en beneficio de un estrecho círculo de cortesanos, no ha parado de lanzar provocaciones contra Christian Schmidt, lo que le valió una condena que, en teoría, lo apartaba de la vida política. A finales del verano de 2025, destituido de su cargo de presidente de la República Srpska y con la prohibición de ejercer cualquier cargo público durante seis años, parecía a punto de jugárselo todo a una carta al convocar un referéndum que podría haberse convertido en un plebiscito a favor de la secesión.

En el peor momento de la crisis, a principios de septiembre, dos de sus colaboradoras más cercanas, Željka Cvijanović y Ana Trišić Babić, se desplazaron a Washington, donde habrían llegado a un acuerdo secreto con la Administración Trump. De hecho, Milorad Dodik renunció a sus planes de referéndum, aceptó retirarse de la presidencia mientras el Parlamento de la entidad derogaba las leyes “secesionistas” previamente aprobadas. A cambio, Estados Unidos levantó las sanciones que pesaban sobre Milorad Dodik y su círculo. Quedó así demostrado que la diplomacia transaccional promovida por la Casa Blanca era más eficaz que los principios defendidos por la Unión Europea. Mientras, Christian Schmidt se veía marginado.

Según fuentes anónimas citadas por el Frankfurter Allgemeine Zeitung, Estados Unidos habría exigido la salida de Christian Schmidt, ya que no respondía a sus exigencias en relación con el proyecto del gasoducto Southern Interconnection. Este proyecto prevé el transporte de gas licuado procedente de Estados Unidos hacia Bosnia y Herzegovina, que actualmente se abastece al 100 % de gas ruso. El objetivo de reducir la dependencia de Moscú esconde enormes intereses económicos.

El pasado 26 de abril, Bosnia y Herzegovina adjudicó a la empresa estadounidense AAFS Infrastructure and Energy el transporte de gas desde la terminal de GNL de Omišalj, en la isla de Krk, en Croacia. Esta empresa, hasta ahora desconocida, estaría dispuesta a invertir 1.500 millones de euros en la construcción de un gasoducto de 200 kilómetros. La firma pertenece a dos personas cercanas a Donald Trump: Joe Flynn, hermano de Michael Flynn, asesor de seguridad nacional durante su primer mandato, y Jesse Binnall, el abogado que lo defendió contra la acusación de haber incitado al asalto al Capitolio en 2021. Otro motivo de vergüenza: la concesión no fue objeto de ninguna licitación, tal y como señaló Transparency International.

El acuerdo exige una modificación de la ley sobre los bienes del Estado de Bosnia y Herzegovina, que se hicieron intransferibles por una decisión tomada hace más de veinte años por Paddy Ashdown, predecesor de Christian Schmidt. Washington esperaba, por tanto, que el alto representante flexibilizara esta disposición. “La nueva línea política de Washington, que antepone los intereses económicos de Estados Unidos, ha contribuido en gran medida a la salida de Schmidt”, explica Ivana Marić, analista política en Sarajevo, citada por Radio Free Europe-Radio Liberty.

Mientras Bruselas sigue abogando por la transición ecológica en los países candidatos a la adhesión, cambiar la dependencia del gas ruso por la del GNL estadounidense equivale, de hecho, a anclar a los Balcanes en la órbita de las energías fósiles. Christian Schmidt parece haber sido la primera víctima de la guerra energética desatada en los Balcanes entre Bruselas y Washington.

En Sarajevo, muchos temen también que Bosnia y Herzegovina se cuente entre las víctimas, si este conflicto culmina en una retirada occidental. Por eso Damir Mašić, jefe del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SDP) en la Cámara de Representantes de la Federación de Bosnia y Herzegovina, ha pedido a Christian Schmidt que dé explicaciones sobre su dimisión: “Debe una respuesta a los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina: ¿por qué dimite? ¿Es cierto que se ha visto obligado a hacerlo, y por quién?”

Christian Schmidt precisó, el martes 12 de mayo ante el Consejo de Seguridad, que dejaría sus funciones “a lo largo de junio”. Circulan nombres para su sucesión, pero ¿habrá aún un alto representante? Vassili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU, ya ha pedido la “supresión inmediata” de este cargo, una postura que casi comparte Washington. Tammy Bruce (embajadora adjunta ante la ONU, ndt), en nombre de Estados Unidos, pidió el “fin del intervencionismo político”, afirmando que el nuevo alto representante debería tener poderes “considerablemente reducidos” y se encargaría “de transferir las responsabilidades a los actores políticos nacionales”.

Esta postura fue teorizada por Max Primorac, un conservador estadounidense de origen croata. Miembro influyente de la Heritage Foundation, afirmó en julio de 2025 que “los diplomáticos internacionales han usurpado los poderes soberanos de Bosnia y Herzegovina”. Según él, sería “hora de devolver a los bosniacos, croatas y serbios su soberanía y su capacidad para resolver sus propios problemas”.

Esto supondría la desaparición de las instituciones centrales de Bosnia y Herzegovina, en beneficio de tres entidades étnicas, que es la posición defendida por Milorad Dodik, pero también por los nacionalistas croatas. Así, según Max Primorac, el país “podría convertirse en un socio energético estratégico desarrollando las exportaciones de gas estadounidense a Europa y contrarrestando los esfuerzos de China, Rusia e Irán”.

La posible desaparición del cargo de alto representante corre un gran riesgo de desmantelar todo el entramado institucional establecido por los acuerdos de Dayton, sumiendo a Bosnia y Herzegovina en un periodo de gran incertidumbre, a pocos meses de las elecciones generales, el 4 de octubre. También supondría el fin de una época en la que la “comunidad internacional” creía poder hablar con una sola voz y resolver las crisis en un marco multilateral, bajo la responsabilidad última del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Traducción de Miguel López

“No buscamos adhesiones pasivas, sino la movilización consciente contra los pilares del régimen de guerra permanente: el rearme, la militarización de la vida pública y la normalización cultural de la violencia”. Así lo recoge el manifiesto Otra paz es posible, firmado por más de 200 personas con el propósito de impulsar que la ciudadanía salga a las calles para exigir que cese la guerra. El texto se presentará el viernes 15 de mayo, coincidiendo con la conmemoración de la Objeción de Conciencia.

En los últimos años, el rearme se ha instalado de forma recurrente en el debate público. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sus exigencias a los aliados europeos han vuelto a situar el gasto militar en el centro de la agenda internacional. El ejemplo más evidente es la presión para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en los países de la OTAN, una meta de la que España se ha desmarcado al defender el límite del 2,1%. 

Pero, más allá de las exigencias del presidente de Estados Unidos, el proceso de rearme ya estaba en marcha. Según el informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) de 2025, el gasto militar aumentó el año pasado en todas las regiones del mundo excepto en el continente americano. Estados Unidos mantuvo el primer puesto, mientras Europa registró un incremento del 14%. Además, solo cinco países concentraron el 58% del gasto militar mundial: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India. 

Para los firmantes del manifiesto, este escenario encierra una contradicción de fondo: se invoca la paz mientras se prepara la guerra. “La acumulación de armamento y tecnologías de muerte, incluida la inteligencia artificial aplicada a la guerra, no nos hace más libres ni seguros: agrava la fragilidad de la vida, acelera la destrucción de los ecosistemas y alimenta conflictos en todo el mundo”, denuncian. 

Esta forma de “prevenir la paz” haciendo uso de la fuerza, a golpe de amenaza, sostienen, no es más que una forma de control. “La paz militarista sirve para dominar: es cuando uno habla y el otro calla. Eso no es paz. Eso es no dar problemas y mantener una injusticia, que nos come los recursos, en vez de invertir en una seguridad humana basada en lo público”, cuenta a infoLibre Ovidio Bustillo, uno de los firmantes. 

Bustillo fue uno de los primeros objetores de conciencia al servicio militar durante el franquismo y la Transición. También formó parte del grupo de objeción y servicio civil de Can Serra, en Barcelona, y fue editor de la revista pacifista Oveja Negra. Para el activista, la sociedad civil tiene que exigir un cambio de rumbo. A su juicio, tiene que ser la ciudadanía quien empuje esa transformación, porque la política —también la izquierda— no está siendo lo suficientemente firme para frenar lo que considera un “peligro para la supervivencia”. 

En ese sentido, Bustillo sostiene que tampoco la acción del Gobierno de España está siendo suficiente. Es más, considera que su defensa de la paz es “puramente testimonial”. “El PSOE es el partido que más ha impulsado el uso de la fuerza, porque ha invertido en defensa sin pasar por el Congreso. Lo cierto es que tiene una política militarizadora”, denuncia. 

“Es una contradicción”, prosigue. “Tiene mérito enfrentarse a los más poderosos y ser la voz progresista en Europa, pero todo se queda en las palabras y lo que necesitamos son hechos y políticas más audaces”, reclama. 

Por eso, los firmantes del manifiesto defienden que la verdadera presión tiene que venir de la calle. Un buen ejemplo son las protestas que inundaron las calles de todo el mundo para exigir el fin del genocidio en Gaza. También la respuesta ciudadana en Minneapolis frente a las agresiones y detenciones del ICE contra la población latina en Estados Unidos. “Tanto en las protestas por Gaza como en Estados Unidos se puede ver cómo distintos colectivos, por ejemplo feministas o ecologistas, incorporan estas luchas en sus propios espacios. Tenemos que aprender de ellas y tomarlas como modelos de movilización”, sostiene Bustillo. 

Se trata de un término que durante mucho tiempo se limitó a los márgenes del movimiento identitario francés, para acabar imponiéndose con fuerza en el vocabulario de la extrema derecha europea en los últimos años. La “remigración”, corolario de la teoría racista y conspirativa del “gran reemplazo”, diseña un proyecto de expulsión a gran escala de extranjeros o de ciudadanos de origen extranjero de los países del continente.

La AfD, partido de extrema derecha alemán, lo menciona con frecuencia; el FPÖ austriaco sueña con dedicarle un puesto de comisario europeo; y el 18 de abril en Milán, durante un mitin de los Patriotas por Europa, el grupo político del Parlamento Europeo presidido por Jordan Bardella (Agrupación Nacional, RN), los asistentes corearon ese término, animados por un presentador entusiasta. Incluso Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reivindica este concepto.

Esta popularidad se debe en gran medida a un hombre: Martin Sellner. A sus 37 años, este austriaco ha teorizado sobre cómo podría llevarse a cabo la “remigración” en un libro referencia de la extrema derecha germanoparlante, Remigration: Ein Vorschlag (Remigración: una propuesta).

Sellner, un veterano del movimiento identitario en su país, en su juventud se codeó con el movimiento neonazi y llamó la atención a los 17 años al pegar pegatinas con esvásticas en las paredes de una sinagoga de Baden, en las afueras de Viena: “Un grave error”, reconoce en una entrevista con Mediapart el propio Sellner, que dice haber comprendido entonces que aquello era un “callejón sin salida” y que era necesario un nuevo movimiento.

En 2012, participó en la fundación del Movimiento Identitario Austriaco (IBÖ), inspirado en el modelo del grupo francés Generación Identitaria (disuelto en 2021). Sellner retomó su método: acciones espectaculares y mediáticas para llamar la atención y dar a conocer el movimiento, a pesar de su escaso número de militantes. Siempre educado, bien peinado y vestido a la moda del momento, moderniza la imagen del militante de extrema derecha al tiempo que refina su discurso y rechaza, al menos públicamente, la violencia.

En 2016, los activistas del IBÖ interrumpieron la representación de una obra de la premio Nobel de Literatura (2004), Elfriede Jelinek, interpretada por personas refugiadas. Rociaron sangre falsa sobre el escenario y lanzaron panfletos contrarias al multiculturalismo. El IBÖ organizó también desfiles con antorchas en la colina de Kahlenberg, para conmemorar la batalla que puso fin al asedio de Viena por parte del Imperio otomano en 1683.

Pero, sobre todo, Martin Sellner hace suyo el concepto de metapolítica, analizado por Bernhard Weidinger, investigador del Centro de Documentación de la Resistencia Austriaca (DÖW), en un informe sobre el extremismo de derecha encargado por el Ministerio del Interior austriaco: “En lugar de participar directamente en la competencia partidista, ellos [los identitarios] buscan reorientar los debates, imponer sus propios conceptos y problemáticas […] con el fin de alcanzar una hegemonía cultural, necesaria para obtener éxitos políticos duraderos.”

Según el investigador, su actuación tiende hacia un objetivo que prima sobre todos los demás: garantizar la homogeneidad étnica de un país. Un objetivo amenazado, según Martin Sellner, por la perspectiva de un “gran reemplazo” que habría que evitar con la “remigración”.

El activista acaparó los titulares de la prensa internacional en 2019 cuando se supo que el terrorista Brenton Tarrant, que mató a 51 personas en dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, había mantenido contacto con él y había donado 1.500 euros a su movimiento. En su manifiesto, Tarrant reivindicaba el concepto de “gran reemplazo”. La investigación sobre Martin Sellner a este respecto fue archivada sin más.

Pero fue un artículo de prensa alemán lo que le valió una nueva notoriedad: en enero de 2024, el medio de investigación Correctiv reveló que se había celebrado una reunión secreta en Potsdam, cerca de Berlín, entre el activista y miembros de la AfD, para tratar un proyecto de expulsión a gran escala de personas extranjeras y de ciudadanos de origen extranjero. La conmoción fue enorme en el país y salieron a la calle cientos de miles de personas. A Martin Sellner se le prohibió entonces la entrada en territorio alemán, una decisión que logró anular ante los tribunales.

Desde entonces, no ha dejado de denunciar “mentiras”. Afirma que nunca habló de expulsar a ciudadanos alemanes y ha publicado un libro para presentar su concepto que, según él, es legal: “No se admitirá a ningún clandestino, serán expulsados. No habrá naturalización masiva. Y las sociedades paralelas serán sometidas a presiones económicas y culturales para integrarse. Habrá incluso medidas incentivadoras para fomentar las salidas voluntarias. Todo esto es perfectamente conforme a la Constitución. Todos los ciudadanos serán tratados en pie de igualdad y, por supuesto, un ciudadano no podrá ser expulsado”.

Para Bernhard Weidinger es un argumento falaz: “Esta conformidad con la ley de la que habla supone transformar o suspender ciertas normas legales. Quiere, por ejemplo, derogar la Convención de Ginebra sobre los refugiados o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. […] Dice que no quiere expulsar a ciudadanos, pero prevé que se pueda retirar la ciudadanía a quienes la hayan obtenido. […] Por último, menciona los retornos voluntarios, pero dice que hay que ejercer presión, hacerles la vida difícil a estas personas y hacerles comprender por todos los medios posibles que no son bienvenidas”.

Para el investigador no hay duda de que se trata de un concepto racista según el cual ciertas personas, procedentes sobre todo de países musulmanes, representarían una “carga cultural” debido a su origen, su lengua o su religión, lo que haría imposible la convivencia. Ve en este plan “una variante legalista de una limpieza étnica” para tender hacia la utopía identitaria: un “apartheid a escala mundial”, mediante el cual el multiculturalismo daría paso a una separación de los grupos étnicos. Todo ello presentado de manera positiva: en el lenguaje identitario, no se está en contra de los “extranjeros”, sino a favor de la preservación de la propia identidad cultural.

Los servicios de inteligencia austriacos (DSN) no se equivocaron al respecto. En su informe anual, estiman que uno de los principales objetivos del movimiento identitario es el establecimiento de un Estado autoritario. Un análisis que Martin Sellner rechaza: “Los servicios de inteligencia están, en mi opinión, instrumentalizados con fines políticos. Por supuesto que queremos preservar la democracia. Lo que estos señores entienden por democracia liberal es, en realidad, un dominio de la izquierda dentro de la democracia”, asegura. En cuanto a las acusaciones de racismo: “Es falso. Pero tengo que decir que prefiero que los supuestos expertos me tachen de racista antes que convertirme en una minoría en un país dominado por el islam”.

Este activista ejerce hoy una influencia considerable en los movimientos de extrema derecha germanoparlantes, e incluso más allá, estima Bernhard Weidinger: “Es el identitario más conocido a nivel internacional, tiene seguidores en Estados Unidos. De hecho, Trump ha utilizado varias veces el término ‘remigración’. Ciertamente, no se puede vincular esto directamente con Sellner, pero es sin duda uno de los principales impulsores de este concepto”.

En Francia, la notoriedad de Martin Sellner sigue limitada a los círculos identitarios, pero ha permitido que el concepto de “remigración”, impulsado en un primer momento por activistas franceses, cobre un nuevo impulso en Europa, señala Marion Jacquet-Vaillant, especialista en movimientos identitarios: “Los identitarios habrían tenido quizá dificultades objetivas para que este término se impusiera en un espacio europeo más amplio sin el apoyo de una figura como Martin Sellner. Tiene una competencia muy importante en ese papel de transmisor: habla varios idiomas. Y el hecho de poder difundir estas ideas en el espacio anglófono les confiere una importancia muy diferente”.

Martin Sellner ha iniciado ahora una recaudación de fondos para crear un “instituto para la remigración” destinado a difundir este concepto lo más ampliamente posible, fiel a un lema: “Antes de que la remigración sea políticamente viable, debe ser socialmente aceptable.”

Bernhard Weidinger ha revisado las citas que se le atribuyen sin modificarlas.

Traducción de Miguel López

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox que ha ganado gran protagonismo y foco mediático en los últimos tiempos, asistirá como ponente a la Remigration Summit 2026 —en español: Cumbre de la Remigración 2026—, un evento internacional de políticos y activistas de la extrema derecha, que se celebrará el próximo 30 de mayo en Oporto (Portugal). Así lo han anunciado los organizadores del evento ultra, que definen la remigración como "la única solución para salvaguardar el futuro de la civilización occidental".

La remigración es un término acuñado por la extrema derecha para referirse a la deportación masiva de personas de origen migrante. Los ultras europeos llevan años utilizando este concepto, ampliamente ligado a la teoría del gran reemplazo. En los últimos tiempos, Vox se ha sumado cada vez más a este tipo de teorías xenófobas. Por ejemplo, tras las elecciones autonómicas que se han celebrado a lo largo de este año, defendiendo el concepto de 'prioridad nacional', nuevo en la agenda mediática española, pero conocido desde hace años en otros países europeos, como Francia, por su uso por parte de la ultraderecha.

Quero, uno de los nuevos hombres fuertes de Vox, lleva tiempo viendo crecer su presencia e influencia pública. En gran parte gracias a su discurso alrededor del problema de la vivienda —área de la que es responsable en Vox—. Quero ha vinculado esa problemática que se está sufriendo en España, especialmente por parte de los jóvenes, al aumento de población migrante. "¿Qué tipo de inmigración necesitamos? La que se vaya", aseguró el pasado mes de marzo en un acto en el Parlamento Europeo.

Ahora acudirá a la ciudad portuguesa para participar en el evento ultra. Allí compartirá escenario con destacadas y controvertidas figuras de la ultraderecha europea. Su incorporación se ha anunciado en los últimos días junto a la del italiano Andrea Ballarati y a la del francés Jean-Yves Le Gallou. Ballarati es un activista de extrema derecha que se encargó de organizar la cumbre anterior: la Remigration Summit 2025, que tuvo lugar en Gallarate, ciudad cercana a Milán. En los próximos meses, el italiano será juzgado por incitación al odio debido a sus discursos contra los migrantes en redes sociales. 

Le Gallou es un político francés. Fue eurodiputado del Frente Nacional en los tiempos de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, actual lideresa de la ultraderecha francesa. En 1985 se publicó La Préférence Nationale: Réponse à l'Immigration —en español: La preferencia nacional: Respuesta a la inmigración—. Le Gallou fue el principal autor de ese ensayo, que acuñó el término de preferencia o prioridad nacional, que más de 40 años después ha traído Vox a España. 

El político, que ya tiene 77 años, formó parte del equipo de Éric Zemmour —el candidato de ¡Reconquista!, aún más a la derecha que Le Pen— para las elecciones presidenciales francesas de 2022. Le Gallou aseguró que lo apoyaba por haber puesto la remigración y la teoría del gran reemplazo en el centro del debate público, y acusó a Marine Le Pen de moderada y de actuar con "corrección política". El político francés también firmó en 2010 una carta pidiendo la liberación de un negacionista del Holocausto nazi y este mismo 2026 ha asegurado que las personas de origen africano tienen un cociente intelectual más bajo.

El historial de Le Gallou, que está casado con la hija de un militar nazi, asusta, pero no es una excepción. La cumbre ultra, que en su edición de 2025 congregó a entre 250 y 400 asistentes —según los medios que cubrieron el evento—, cuenta con multitud de ponentes con hitos parecidos a sus espaldas, como la defensa del supremacismo blanco o vínculos con el neonazismo.

Quero no es el único que representará a los de Abascal en esta cumbre en Oporto. La presencia de Vox, junto a lo más ultra y radical de la extrema derecha europea, ya estaba confirmada con la asistencia de Rocío de Meer, tal y como adelantó El País. De Meer fue precisamente quien habló en una rueda de prensa el pasado mes de julio de deportar de España a ocho millones de migrantes. De hecho, la diputada ultra aseguró que se trataría de un "proceso extraordinariamente complejo de remigración", pero necesario por el "derecho a sobrevivir como pueblo".

El discurso antiinmigración cada vez más radical por parte de Vox, representado en esas palabras de De Meer, casa con las ideas y teorías que la ultraderecha europea está impulsando a nivel global con eventos y alianzas como la de la Remigration Summit.

La propia web de la cumbre defiende que la remigración tiene como objetivo "impedir el reemplazo de la población mediante la inversión de los flujos migratorios, restaurando así la soberanía, la independencia y la identidad de los países, a través de la defensa de su especificidad etnocultural".

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana explica que este concepto utilizado por la extrema derecha se refiere a "la expulsión de todos los 'extranjeros'" con la intención de crear "sociedades definidas étnicamente". La Oficina asegura que se trata de un concepto vinculado al ideal de "etnopluralismo". Según el cual, la nueva extrema derecha europea, busca "la creación de sociedades étnicamente puras y, por consiguiente, la expulsión de todos aquellos considerados 'ajenos al pueblo'".

Toda esa influencia e importancia otorgada a los conceptos étnicos concuerda con lo que la mayoría de partidos de ultraderecha defienden en la actualidad: no solo la expulsión de las personas migrantes extranjeras, sino también de los inmigrantes de segunda generación o de los nacionales de origen extranjero. De hecho, la propia De Meer en sus polémicas declaraciones sobre la expulsión de ocho millones de migrantes aclaró que habría que incluir a los de "segunda generación".

Los principales impulsores de la Remigration Summit son el belga Dries Van Langenhove y el austríaco Martin Sellner. Estos dos activistas de ultraderecha llevan años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en Europa.

Van Langenhove es exdiputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto. Sellner, por su parte, ha anunciado este mes de febrero que fundará el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir como una ONG. El diario austríaco Kleine Zeitung ha revelado los vínculos de Sellner con el neonazismo y que en 2006 pintó esvásticas en sinagogas.

De la edición de la cumbre de este año en Oporto se está encargando también, como embajador local, otro activista de extrema derecha: el portugués Afonso Gonçalves. Es el líder de un movimiento supremacista blanco llamado Reconquista y está siendo investigado por delitos de odio y discriminación por la Fiscalía de Portugal, según explicó el medio portugués Expresso. 

Además de ellos, De Meer, Quero, Ballarati o Le Gallou también acudirán como ponentes el suizo Manuel Corchia, el eslovaco Milan Mazurek o el estadounidense Joey Mannarino. Entre el resto de participantes también hay ultras radicales con historiales de bastante dudosa reputación. Es el caso, por ejemplo, de Mazurek. En 2015, este eurodiputado eslovaco formó parte de un grupo que gritó, insultó y lanzó piedras a una familia musulmana que paseaba con un bebé por el centro de Bratislava. 

Mazurek, además, ha difundido discursos de odio contra el pueblo gitano y ha negado el Holocausto, tal y como recoge el medio eslovaco O médiách. En 2019 fue incluso condenado por "un delito intencionado de difamación a una nación, raza o creencia" por sus palabras contra el pueblo gitano. El Tribunal Supremo eslovaco le multó y anuló su mandato parlamentario como diputado nacional —cargo que ocupaba por aquel entonces—, algo que sucedió por primera vez en la historia del país.

La presencia de Vox con esos acompañantes internacionales confirma su giro a posiciones aún más ultras y radicales y su asunción de los discursos de la ultraderecha internacional más dura. En 2025 ningún representante del partido de Abascal —ni ningún otro español— participó como ponente en la Remigration Summit.

Pero sí hubo presencia española. Según publicó Crónica Global, Christian L. F., autoproclamado cabecilla en España de Deport Them Now EU, fue al evento como asistente. Cualquiera puede acudir como público. Las entradas para la edición de este mes de mayo se venden en la página web de la organización por 45 euros. También hay una opción VIP por 150 y una premium por 325. 

La cumbre no solo la utilizan activistas y políticos de primera línea de la extrema derecha para tejer alianzas y coordinar estrategias; seguidores, militantes y simpatizantes de los movimientos más ultras del continente hacen lo mismo acudiendo como público. De hecho, según la Global Network on Extremism and Technology, la Remigration Summit de mayo del año pasado fue fundamental para la visibilidad del movimiento ultra Deport Them Now, una red ultraderechista y xenófoba a nivel europeo que se ha dedicado a impulsar las ideas de la remigración.

La rama española cobró protagonismo solo dos meses después, cuando fue el principal grupo impulsor de los sucesos de Torre-Pacheco (Murcia). En el canal de Telegram que utilizaba el grupo se acumularon durante esos días los mensajes llamando a atacar mezquitas y comercios de la comunidad magrebí y las soflamas racistas y nazis, hablando incluso de la caza de migrantes. Christian L. F., el supuesto cabecilla, llegó a ser detenido e ingresó en prisión provisional. Este mes de febrero fue puesto en libertad, pero la investigación por hechos como incitación al odio sigue su curso.

Por ahora, no se conoce públicamente si Christian L. F. u otros representantes de la rama española de Deport Them Now acudirán a la cumbre de este año en Oporto. Quienes sí lo harán son Carlos Hernández Quero y Rocío de Meer.

Desde mi experiencia en el ámbito migratorio, llevo años denunciando que las políticas europeas han estado atravesadas por una lógica sostenida de deshumanización desde hace décadas. No se trata de una deriva reciente, sino de la consolidación progresiva de un modelo que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos explotables, al tiempo que normaliza y reproduce el racismo institucional en todas sus formas.

La reciente aprobación del Reglamento de Retorno en el Parlamento Europeo es una muestra más de esta deriva. La consolidación de un sistema que normaliza la exclusión y jerarquiza vidas haciendo que los derechos dejen de ser universales para convertirse en privilegios.

No se trata únicamente de un endurecimiento administrativo; es algo mucho más profundo. Se trata de un clima que se instala, de una normalización del odio que se ha blanqueado sibilinamente. De una idea que avanza de forma escurridiza como lo hacen todas las ideas del fascismo: se deslizan, se filtran casi sin ser percibidas, y acaban impregnando narrativas que hoy se imponen sin apenas resistencia en barrios obreros, en bares y en espacios donde antes habría resultado impensable.

La idea de fondo es terrible: hay vidas que valen menos, hay cuerpos más sospechosos, hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas, y por tanto no tienen los mismos derechos que el resto.

Hannah Arendt dejó muy claro cuál era la disputa que hoy está en juego: “el derecho a tener derechos”. Esa es la base de toda comunidad política y cuando ese principio se quiebra, lo que se erosiona no es solo la vida de quienes quedan fuera, sino el propio fundamento de la democracia.

El Reglamento de Retorno se asienta precisamente sobre esa ruptura. Se presenta como una herramienta técnica de la burocracia europea para gestionar las migraciones de forma ‘ordenada’. Pero su contenido revela algo mucho más profundo: forma parte de una arquitectura política, orientada a convertir la expulsión en el eje central de la política migratoria europea.

Si realmente hubiese voluntad política para ‘ordenar’ las migraciones, solo tendrían que poner en marcha vías legales y seguras pero, ‘por lo que sea’, de eso, ni hablamos.

Cuando, ante el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por guerras ilegales, genocidios y desplazamientos forzados, la Unión Europea debería estar reforzando los mecanismos de protección internacional. Sin embargo, el bloque de las derechas (la derecha ultra y la ultraderecha, más mimetizadas que nunca) ha optado por acelerar la construcción de una maquinaria de deportación masiva para continuar con su guerra contra las personas que huyen de su país buscando un lugar seguro o una oportunidad en la Europa que un día fue tierra de acogida.

La Europa que se reivindicaba como espacio de derechos humanos avanza hacia un modelo de detención, persecución y expulsión. Bajo este paradigma, la migración deja de entenderse como un fenómeno social que representa un desafío a la vez que una oportunidad, para convertirlo intencionadamente en un problema de seguridad. 

Se construye así una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y moral: una línea que separa a quienes son considerados sujetos de derechos de quienes pasan a ser sujetos administrables, detenibles y expulsables.

El objetivo es claro: acelerar las deportaciones, reducir garantías, ampliar la detención y facilitar expulsiones incluso hacia terceros países donde la persona migrante puede no tener ningún tipo de vínculo. 

Por tanto, no se trata solo de expulsar, sino de hacerlo lo más lejos y rápido posible, automatizando el proceso sin garantías, y convirtiéndolo en una rutina cruelmente institucionalizada.

En este marco, Europa se configura como un sistema que produce activamente vidas deportables. Sujetos cuya existencia queda atravesada por la amenaza constante de detención, sospecha, criminalización y expulsión. Personas cuya identidad queda subordinada a su estatus administrativo.

En palabras de Achille Mbembe, vivimos en regímenes donde el poder decide “quién puede vivir y quién debe morir”, o, en este caso, quién puede permanecer y quién debe ser expulsado. 

El Reglamento de Retorno encarna esa lógica: no elimina vidas, pero las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad estructural.

Y lo vemos en los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que son Guantánomos europeos que representan la expresión más nítida de esta deriva de valores. Centros externalizados fuera del territorio de la Unión donde las personas migrantes serán retenidas por tiempo indefinido. Espacios sin garantías jurídicas efectivas, donde la responsabilidad se diluye. Espacios de tránsito sin identidad, sin derechos y sin reconocimiento.

Se trata de una estrategia que erosiona derechos fundamentales al limitar el acceso a la defensa jurídica, acortar los plazos de recurso y suprimir efectos suspensivos que impedirían la expulsión mientras se tramitan los recursos. En la práctica, esto vacía de contenido el derecho, que deja de ser una garantía efectiva, y deforma el propio marco jurídico para facilitar la expulsión de quienes son considerados “expulsables”, alejándolos del espacio europeo y de sus mecanismos de protección bajo la lógica de que aquello que no se ve resulta más fácil de ignorar.

Las advertencias sobre la posible vulneración del derecho internacional no han sido en absoluto marginales. Sin embargo, para quienes han situado a las personas migrantes en el centro de una ofensiva política sostenida, han caído en saco roto. Organismos internacionales han alertado del riesgo de quebrantar el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho de asilo, así como de la posibilidad de detenciones arbitrarias y graves déficits en las garantías procesales. Pese a ello, estas advertencias han sido ignoradas. Y no por desconocimiento, sino por cálculo: incluso si el reglamento acaba siendo cuestionado o corregido por instancias judiciales internacionales, su aplicación inmediata permite avanzar en una agenda política que convierte la persecución de las personas migrantes en objetivo preferente y en rédito electoral.

Lo que emerge con claridad es un modelo de control que transforma la migración en un campo de vigilancia permanente. Didier Fassin lo dice muy claro, las políticas migratorias contemporáneas operan mediante una “economía moral” que jerarquiza vidas y legitima la desigualdad en nombre de la seguridad.

En este contexto, la detención deja de ser una medida excepcional vinculada a delitos y pasa a ser un instrumento ordinario de gestión migratoria. Incluso menores pueden verse afectados, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado el horizonte ético europeo.

Cuando cada día abrimos los informativos con imágenes durísimas que ilustran las políticas migratorias de Trump, amenazando la cohesión interna  y la convivencia ciudadana en EEUU, es inevitable hacer una proyección de lo que puede suponer el Reglamento de Retorno. El modelo que subyace apunta en la misma dirección que políticas impulsadas por agencias como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde la migración se gestiona mediante dispositivos policiales basados en la sospecha permanente. El Reglamento insta a los Estados Miembros a identificar, detener y expulsar, abriendo la puerta a prácticas de perfilado racial que llevarán a intensificar los controles selectivos en función del color de piel, el acento o la apariencia. De este modo se incentiva las redadas y la persecución policial de personas migrantes en el espacio público, normalizando su criminalización. 

De este modo, se construyen las condiciones para un sistema de vigilancia y castigo que, de consolidarse, podría desembocar en una suerte de “ICE europeo”, donde la excepcionalidad se convierte en norma y determinados cuerpos pasan a ser objetivo permanente de control estatal.

Por tanto, estamos ante la consolidación de un auténtico “apartheid migratorio”: un sistema que distribuye derechos en función del origen, en un marco profundamente desigual y atravesado por lógicas neocoloniales.

Y es aquí donde conecta directamente con el discurso de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox y asumido por el Partido Popular para mantenerse en el poder en los gobiernos autonómicos. Esta idea no es una simple consigna electoral: es el soporte ideológico que legitima políticas como el Reglamento de Retorno.

La lógica del postulado de la prioridad nacional conduce a producir exclusión dentro de nuestra sociedad, establiendo una frontera interior que divide a la ciudadanía entre quienes merecen derechos plenos y quienes quedan subordinadas.

Lejos de proteger a la mayoría social, esta lógica la debilita. En lugar de ampliar derechos, los restringe. En lugar de reforzar lo público, lo fragmenta. Y, sobre todo, divide a la clase trabajadora, enfrentando a personas que comparten condiciones materiales similares, enfrentando a los penúltimos contra los últimos, convirtiendo a las personas migrantes en las culpables sobre las que descargar las insatisfacciones e inseguridades que tienen causas mucho más profundas.

La asunción de este marco por parte del Partido Popular no es anecdótica. Representa la normalización de un discurso que erosiona los fundamentos del Estado social. Cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos.

Lo más preocupante no es solo la norma en sí, sino el silencio con el que se ha asumido esta barbaridad que acaba con los principios humanistas y solidarios de nuestra sociedad. Porque lo que se está normalizando no es únicamente una política, sino una forma de entender quién merece derechos y quién no.

El Reglamento de Retorno no solo redefine la política migratoria europea desde un punto de vista reaccionario. Redefine el propio proyecto europeo y plantea una disyuntiva clara: o se reconstruye un marco basado en la igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, o se consolida una Europa que ha decidido asumir la exclusión como principio.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

Cuando la relación de fuerzas está desequilibrada, es comprensible sentir la tentación de doblegarse ante la grosería y la intimidación. Pero, a largo plazo, esa estrategia rara vez sale bien. Eso es precisamente lo que acaba de experimentar amargamente el canciller alemán.

Hace apenas dos meses, el 3 de marzo, Friedrich Merz fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump. El cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos acababa de desencadenar una nueva guerra contra Irán, ahora convertida en un atolladero militar, económico y humanitario. Merz no solo no se distanció de esta aventura contraria al derecho internacional, sino que se mostró impasible cuando Trump, frustrado porque las fuerzas estadounidenses ya no podían utilizar sus bases en Europa para este conflicto, arremetió con críticas contra sus homólogos español y británico.

Al presidente Pedro Sánchez, calificado de aliado “deplorable” ante las cámaras, no le gustó nada esa falta de solidaridad por parte del canciller. Desde entonces, la ira de Washington hacia Madrid no ha remitido. A finales de abril, se filtró oportunamente un correo electrónico interno del Departamento de Defensa estadounidense, en el que se planteaba abiertamente la posibilidad de “suspender” a España de la OTAN (algo que no tiene base jurídica). Ironías de la historia, esa ira acabó dirigiéndose sobre todo contra el propio Merz, al anunciar represalias mucho más concretas contra su país.

El detonante fue una breve frase pronunciada por el canciller el pasado lunes ante unos estudiantes de secundaria en Renania del Norte-Westfalia. “Toda una nación está siendo humillada por los dirigentes iraníes, en particular por esa supuesta Guardia Revolucionaria”, afirmó refiriéndose a Estados Unidos, del que lamentó que se hubiera embarcado en un conflicto “claramente sin ninguna estrategia”. Unas declaraciones que reflejan un cambio de postura, condicionado por las reacciones dentro de su propia coalición y por el coste económico que la guerra en Oriente Medio supone para Alemania y para el conjunto de Europa.

“No sabe de lo que habla”, replicó rápidamente Donald Trump en su red social Truth Social. Posteriormente, el Pentágono anunció, el viernes 1 de mayo, la retirada de 5.000 soldados estadounidenses actualmente desplegados en Alemania. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, este país es el que alberga, en Europa, el mayor número de efectivos del ejército americano (36.000 de los 86.000 repartidos por todo el continente). Aunque los detalles aún son imprecisos, el traslado podría llevar entre seis y 12 meses.

El asunto ocupó las portadas de la prensa alemana durante todo el fin de semana. Los responsables de la coalición gubernamental intentaron claramente minimizar la gravedad de la decisión estadounidense. Boris Pistorius, el ministro socialdemócrata de Defensa, explicó que tal retirada de tropas “era previsible”. En la misma línea se expresó Friedrich Merz, quien declaró el domingo por la noche, durante una entrevista en la cadena pública ARD, que no “renunciaba a trabajar en favor de las relaciones transatlánticas [ni] a colaborar con Donald Trump”.

Sin embargo, el problema no se limita a la retirada de 5.000 militares en sí misma. Esa reducción no impediría que Alemania siguiera siendo el segundo país del mundo, después de Japón, con más tropas estadounidenses desplegadas en su territorio. Además, supondría simplemente volver anterior a 2022 y a la invasión a gran escala de Ucrania, en un contexto en el que desde hace tiempo se insta a los europeos a implicarse más en su propia defensa. Pero lo que resulta mucho más preocupante es el carácter descoordinado y punitivo de la decisión.

“Desde un punto de vista estrictamente militar, no es significativo”, confirma la investigadora Gesine Weber, del think tank Center for Security Studies de Zúrich (Suiza). “Pero el efecto psicológico es grave, ya que este episodio demuestra que la OTAN no soporta las críticas entre aliados y que los desacuerdos políticos provocan respuestas directamente relacionadas con la seguridad, al menos por parte de su miembro más poderoso. Esto le dice mucho a Putin sobre la cohesión de esta alianza”.

No se trata de la única represalia en el ámbito militar anunciada a finales de semana. Al parecer, el Pentágono estaría revocando una decisión, tomada bajo el mandato de Joe Biden, de desplegar en Alemania un batallón encargado de manejar misiles de crucero Tomahawk y misiles hipersónicos Dark Eagle. Se trata de misiles de largo alcance, capaces de causar a Rusia daños similares a los que esta podría intentar infligir a sus vecinos europeos en caso de escalada.

“El hecho de que […] este vacío en materia de disuasión convencional no se haya subsanado es un verdadero problema”, opina Nico Lange, ex alto cargo del Ministerio de Defensa alemán, citado por el Wall Street Journal. “Tenemos nuestras propias tropas, pero nadie en Europa cuenta aún con esa capacidad específica”. “Una vez más”, añade Gesine Weber, “esto es una señal para Rusia de que la voluntad de Estados Unidos de defender a los europeos y participar en la disuasión es limitada, en cualquier caso más que con Biden”.

Además, Trump ha amenazado con aranceles adicionales a los coches fabricados en Europa, lo que afectaría principalmente a la industria alemana, especialmente la del poderoso sector del automóvil. La relación con las palabras de Merz es menos clara que en el caso de las represalias en materia de seguridad, pero la lógica de presión y chantaje, propia del "padrino Trump", es la misma.

Debido al desequilibrio comercial entre Estados Unidos y Alemania, a favor de esta última, la administración Trump siempre se ha mostrado severa con este país europeo. Pero el episodio actual marca un claro deterioro de las relaciones e ilustra hasta qué punto tiene sus límites la estrategia “conciliadora” de Merz.

De hecho, sabemos lo complaciente que se mostró el canciller, incluso con anterioridad a este año, ante la escalada militarista de Washington y Tel Aviv en Oriente Medio. En junio de 2025, durante la anterior oleada de bombardeos contra Irán, elogió así el “trabajo sucio” realizado por el Estado hebreo en nombre del bando occidental. Incluso se atrevió a decir, durante el secuestro del presidente venezolano por parte de Estados Unidos en enero de este año, que “la evaluación jurídica de la intervención estadounidense [era] compleja”.

Al elevar su gasto militar, Alemania aparece además como uno de los mejores alumnos de la OTAN, después de que Trump arrancara a sus miembros el compromiso de dedicar el 3,5% de su riqueza nacional a este fin de aquí a 2035. Por otra parte, llama la atención que la estrategia militar de Berlín, presentada a finales de abril por Pistorius, esté concebida íntegramente en el marco de una Alianza Atlántica que no ha cambiado de naturaleza, y en la que el Ejército alemán es el pilar de unos planes de defensa concebidos desde una visión estadounidense.

“Es una apuesta”, advierte preocupada Gesine Weber, “que presupone contar con un socio estadounidense realmente dispuesto a apoyar la defensa del continente. Pero lo que vemos es más bien una serie de indicios de una retirada caótica, problemática por su imprevisibilidad, ya que no ofrece ninguna visibilidad a los dirigentes europeos sobre su calendario ni su dirección”.

La dependencia de Alemania respecto de Estados Unidos en materia de seguridad, economía e incluso cultura es muy profunda, lo que contribuye a explicar, junto con el temor a un abandono total de Ucrania por parte de la Administración Trump, las contorsiones a las que se ha visto sometido el Ejecutivo alemán. Pero los beneficios obtenidos no son, a estas alturas, muy convincentes. “Ni un Merz obsequioso ni una simpatizante como Giorgia Meloni han logrado orientar de forma duradera los bandazo de Trump en favor de la UE”, señaló el exdiplomático austriaco Klemens Fischer al Tagesspiegel.

Berlín apenas ha iniciado preparativos ante una posible parálisis de la OTAN orquestada por Washington, o ante su evolución hacia un marco cada vez más coercitivo bajo la égida de una potencia estadounidense desinhibida, como han dejado entrever las pretensiones de anexión de Groenlandia. Y, en cualquier caso, no lo ha hecho de manera coordinada con los demás Estados miembros de la Unión Europeani ha contribuido a tranquilizarlos sobre las modalidades de su rearme nacional.

El director de la revista Internationale Politik Quarterly, Henning Hoff, resumió el problema de la política exterior alemana, tanto con Merz como con su predecesor Olaf Scholz: ambos cancilleres han proclamado rupturas históricas al tiempo que deseaban mantener prácticamente intacto ese famoso vínculo transatlántico. “En la mente de los responsables alemanes de la política exterior”, escribe, “el orden [internacional] actual se asemeja al gato de Schrödinger: muerto y vivo al mismo tiempo. Eso crea un gigantesco agujero negro donde debe encontrarse la estrategia alemana.”

Para darse cuenta de hasta qué punto la defensa del continente se encuentra en una encrucijada, el mejor barómetro quizá no sea Madrid —donde Sánchez se apoya en una antigua desconfianza popular hacia las grandes potencias y las guerras imperialistas— sino Varsovia.

Los liberales que gobiernan Polonia no están, sin duda, tan alineados con Washington y la extrema derecha trumpista como sus rivales nacional-conservadores que le precedieron. Se preocupan sobre todo por tener varias cartas en la manga para la defensa del país. En una nación que se adhirió a la OTAN en 1999 y que también está muy vinculada a Estados Unidos en materia de seguridad, las recientes declaraciones del primer ministro Donald Tusk no son baladíes.

El 24 de abril, Tusk confesó al Financial Times que “la cuestión más importante para Europa [era] saber si Estados Unidos [estaba] dispuesto a demostrar tanta lealtad como prevén [los] tratados [de la OTAN]”. El sábado, tras el anuncio de la retirada de los 5.000 soldados estadounidenses, declaró en X: “La mayor amenaza para la comunidad transatlántica no proviene de sus enemigos externos, sino de la continua desintegración de nuestra alianza”.

Es un escenario que él mismo desea evitar, pero su mención pública, con tanta claridad, debería sonar como una urgencia para elaborar "planes B".

Traducción de Miguel López

Las bases militares de Estados Unidos en Alemania son la "punta de lanza" del Ejército estadounidense en Europa para operaciones en el continente, África y Oriente Medio, con una decena de bases de peso y más de 36.000 soldados desplegados en el país centroeuropeo, que se beneficia de esa presencia no solo militarmente y por su efecto disuasorio, sino también económicamente, según informa EFE.

Estados Unidos tenía aproximadamente 68.000 militares asignados de forma permanente a sus bases en Europa en diciembre de 2025, según el Defense Manpower Data Center (DMDC), cifra que no incluye a las fuerzas rotatorias enviadas a misiones o ejercicios. Eso significa que casi la mitad se encuentra en Alemania, país con más militares del país norteamericano fuera de EE.UU. solo por detrás de Japón, que cuenta con unos 54.000.

En Alemania se calcula que hay unas 40 instalaciones militares estadounidenses de diferente tamaño, si bien las grandes son aproximadamente una decena y se encuentran sobre todo en el sur y suroeste del país.

Por ejemplo, la base aérea de Ramstein, la mayor fuera de Estados Unidos se encuentra en el estado federado de Renania-Palatinado. La base es, además de la logística, importante para el despliegue de drones, incluido en Oriente Medio. 

En esta base también se encuentra desde 1974 el cuartel general del Mando Aéreo Aliado, que es responsable de planificar, realizar ejercicios y ejecutar operaciones integradas de defensa aérea y antimisiles dentro del área de responsabilidad europea de la OTAN.

A su vez, la sede del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) y del Mando para África (AFRICOM) se encuentra en Stuttgart, en la región de Baden-Württemberg; el mayor hospital militar fuera de Estados Unidos está en Landstuhl; también en Renania-Palatinado; y el mayor campo de entrenamiento militar fuera del país norteamericano está situado cerca de Grafenwöhr, en Baviera.

Además, se estima que hay unas 20 armas nucleares tácticas en la base aérea de Büchel, en Renania-Palatinado, un dato que recoge la cadena de televisión pública ARD, pero que no es público.

De ahí que no sea de extrañar que el anuncio de la retirada de unos 5.000 soldados que hizo el Pentágono el viernes y la advertencia en la víspera del presidente Donald Trump de que al final serán "muchos más" hayan generado inquietud en las regiones que acogen las diferentes bases estadounidenses.

Miles de puestos de trabajo dependen de la presencia militar estadounidense en Alemania.

Todavía se desconoce qué regiones se verán afectadas. Por ahora ha trascendido que Estados Unidos quiere retirar en los próximos seis a doce meses una brigada completa ya desplegada y a un batallón de fuego de largo alcance que debía llegar al país más adelante este año, según medios como CBS News y The Washington Post.

Sin embargo, la inquietud ya se percibe al menos en Renania-Palatinado, donde muchos empleos dependen de la presencia estadounidense. 

"La fuerza económica de la presencia militar estadounidense puede estimarse en más de 2.000 millones de dólares por año fiscal", afirmó la víspera el alcalde de Ramstein, Ralf Hechler. 

El propietario del restaurante Big Emma en Ramstein, Andreas Hausmann, dijo a la cadena de televisión NTV que cada puesto de trabajo en el municipio de unos 18.000 habitantes depende directa o indirectamente de la base aérea. El primer ministro saliente de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer, también se mostró preocupado por el anuncio. 

El primero recalcó que "no se trata solo de la cooperación en cuestiones de política de seguridad". "También es una cuestión de política económica que las fuerzas estacionadas estén aquí", dijo.

Al mismo tiempo pidió cautela, porque, según dijo, "hay indicios" de que la retirada parcial de soldados podría tener lugar en Grafenwöhr, en Baviera.

Cualquier pensamiento independiente, sea conservador o progresista, estará observando con gran inquietud que una parte de los poderes del Estado —el judicial— muy importante e imprescindible en una democracia, da la sensación o parece querer entorpecer, por no decir perjudicar, anular o destruir a otra parte, al poder ejecutivo y su presidente al frente, al que quieren sentar en el banquillo. Esto es el pensar de muchos ciudadanos. Desde el mismo día que Rajoy fue expulsado por el parlamento democráticamente elegido, venimos asistiendo a un acoso y derribo por una oposición que no acepta las reglas democráticas, o más grave, las malutiliza sólo para destruir al adversario y sentarse en el poder. En vez de alternativas, se erige en un ventilador de bulos o mentiras que han sido creadas por una prensa afín y bien pagada, con el único objetivo de destruir y no para construir una alternativa. Alimentan, o mejor dicho, institucionalizan la corrupción. ¿Acaso habrá mayor corrupción que la de aquellos diputados con un discurso que se limita al insulto, en vez de elaborar con inteligencia y conocimiento alternativas y programas que fuesen útiles a los ciudadanos que les pagan el escaño?

Al oírlos a veces me recuerdan a aquellos malos estudiantes que copiaban para aprobar. Pero lo que pasa ya ha pasado, Goebbels creó una propaganda para anular la inteligencia crítica del ciudadano. El miedo, relatos falsos, confusión y miedo, era el objetivo. Hay un ambiente de sospecha generalizada de que la justicia no es igual para todos. Varios ejemplos aseveran esta preocupante sospecha: el desarrollo y sentencia contra el fiscal general, la pertinaz persecución a la mujer del presidente del Gobierno, los fallecimientos de ancianos en las residencias de Madrid y la pasividad de la justicia, la gran tragedia de la dana en Valencia en donde el sospechoso aún ocupa un puesto oficial..., y ahora la Gürtel y la Kitchen en donde los testigos con responsabilidad y mando no se acuerdan de nada. ¿Para qué decir la verdad si no me va pasar nada?

Se está cumpliendo a rajatabla aquella fatídica frase que se perpetuará en la historia negra de la política: "El que pueda hacer que haga". Los líderes de la maldad que infiltran, contaminan y dictan el pensamiento conservador, aquí como en el mundo, saben que no pasa nada. Les arropa el poder que los mueve como marionetas. El poder por el poder siempre ha preferido marionetas o mediocres sin escrúpulos para poderlos mover a su antojo. Los valores que deben regir al ser humano en caída libre. Se asesina a niños y mujeres en Gaza, y la Europa de la democracia y el humanismo muda o tibia sin actuar, que es peor. Se rapta a un presidente de un país soberano, se le encadena y se le juzga por los mismos que lo raptaron en contra de las leyes internacionales, y no pasa nada. Se invade y se bombardea a civiles en Irán con falacias, y tampoco pasa nada. Pero ya viene de antes, no pasó nada cuando dejaron a Libia como tierra sin Estado, o tras la invasión y destrucción de Irak ajusticiando con brutalidad a su presidente para vergüenza de los que se autoproclaman defensores de la justicia. Esa inestabilidad de los países de Oriente medio, incluyendo a Siria, ha empujado a millares, por no decir millones, de refugiados que escapaban para morir en el Mediterráneo, quizá la mayor tumba de inocentes. No los han dejado entrar —¡oh, paradoja!— aquellos que crearon las guerras en sus países. Pero tampoco pasa nada tras la guerra ilegal contra Irán, promovida por el sionismo y su aliado, los EEUU, del encarecimiento de la vida.

Las repercusiones negativas deberían pagarlas aquellos ciudadanos —¿súbditos?— que están a favor de las guerras. Lo peor es que continúa el silencio a excepción de algunas voces que protestan reclamando una dignidad perdida ante los que se autoproclaman líderes de la democracia, pero que siguen sin hacer nada. Pero lo preocupante es que aquellos que quieren destruir lo conseguido, con esfuerzo y sacrificios, pueden ser elegidos por los mismos a los que les quieren quitar el pan, las medicinas o la libertad. El mundo al revés. Pero ya también ha ocurrido cuando millones de europeos, y no sólo alemanes, vitoreaban a Hitler y sus secuaces.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

El debate sobre el precio de los medicamentos y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios en Europa ha adquirido una importancia creciente en los últimos años. Factores como los avances científicos, el envejecimiento de la población y la presión sobre los presupuestos públicos han puesto de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos actuales de financiación y acceso. En este contexto, cobra fuerza la idea de avanzar hacia una estrategia coordinada a nivel europeo que mejore la transparencia, aumente la eficiencia y garantice la equidad en el acceso a los tratamientos.

Uno de los principales problemas es la falta de transparencia en la formación de los precios de los medicamentos. Aunque los Estados negocian con las compañías farmacéuticas, muchos acuerdos incluyen cláusulas de confidencialidad que impiden conocer el coste real de los fármacos. Esta opacidad dificulta la comparación entre países, reduce el poder de negociación de los sistemas públicos y genera desconfianza en la ciudadanía, que percibe que los precios no siempre están justificados.

A esta cuestión se suma el debate sobre el llamado doble pago. Una parte importante de la investigación biomédica, especialmente en fases tempranas, se financia con recursos públicos a través de universidades y centros de investigación. Sin embargo, los ciudadanos vuelven a pagar cuando los medicamentos llegan al mercado, ya sea mediante impuestos o copagos. Esto plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la inversión pública y los beneficios privados, así como sobre la necesidad de mecanismos que aseguren un retorno social más claro.

En cuanto a la rentabilidad del sector farmacéutico, los datos muestran que se trata de una industria altamente lucrativa. En Europa, aunque los márgenes son generalmente inferiores a los de Estados Unidos debido a una mayor regulación, siguen siendo elevados. Además, existen diferencias significativas entre países europeos en términos de precios y acceso a medicamentos, lo que refleja la fragmentación del mercado y la ausencia de una política común.

La financiación de la sanidad constituye otro eje clave. En la mayoría de los países europeos, los sistemas sanitarios se sustentan en una combinación de financiación pública —a través de impuestos o cotizaciones sociales— y aportaciones privadas, como copagos. Sin embargo, el peso de cada componente varía considerablemente. Mientras que algunos países cuentan con sistemas altamente financiados por el sector público, en otros la carga sobre los ciudadanos es mayor, lo que se traduce en desigualdades en el acceso.

Estas diferencias también se reflejan en el gasto farmacéutico y en la cobertura de los tratamientos. En general, los países del norte y centro de Europa presentan mayores niveles de financiación pública y menores barreras económicas, mientras que en el sur y el este las dificultades de acceso son más frecuentes. En comparación con Estados Unidos, Europa ofrece una cobertura más amplia y precios más bajos, pero afronta desafíos en términos de rapidez de acceso e incentivos a la innovación.

El proceso de aprobación de medicamentos en Europa es en gran medida centralizado en lo que respecta a la evaluación científica, pero no lo es en cuanto a la fijación de precios y financiación, que siguen siendo competencias nacionales. Esto provoca retrasos significativos en la disponibilidad de los tratamientos. En algunos casos, el tiempo entre la aprobación y el acceso efectivo puede superar los dos años, lo que genera desigualdades entre países, y pone de relieve la necesidad de una mayor coordinación europea en este ámbito. 

La posibilidad de establecer políticas comunes, especialmente para medicamentos esenciales o de alto impacto, podría reducir las diferencias y acelerar el acceso. No obstante, esta opción plantea el reto de conciliar la soberanía nacional con los beneficios de una acción conjunta. En este contexto, la fijación de precios máximos a nivel europeo, al menos para los medicamentos básicos, es una de las medidas que podría contribuir a evitar grandes divergencias, aunque requeriría mecanismos flexibles para adaptarse a las distintas realidades económicas.

La comparación internacional ofrece enseñanzas relevantes. El modelo estadounidense, más liberalizado, se caracteriza por precios más elevados y una mayor participación del sector privado. Si bien esto ha favorecido la inversión en innovación, también ha generado importantes desigualdades en el acceso. Europa, por su parte, ha optado por un enfoque más regulado, que garantiza una mayor cobertura, pero que debe encontrar formas de seguir incentivando la investigación y la innovación.

En paralelo, las listas de espera se han convertido en un indicador clave del rendimiento de los sistemas sanitarios. En España, han aumentado en la última década, con importantes diferencias entre comunidades autónomas y especialidades. En otros países europeos, la situación es diversa: algunos han logrado mantener tiempos de espera reducidos gracias a una mayor inversión y eficiencia, mientras que otros presentan retrasos incluso mayores.

Esta diversidad refuerza la necesidad de mejorar la transparencia y la comparabilidad de los datos. La creación de un Observatorio europeo que recopile y publique información sobre listas de espera permitiría identificar buenas prácticas, detectar ineficiencias y fomentar la rendición de cuentas. Más que imponer sanciones, este tipo de herramienta podría actuar como incentivo para la mejora continua.

Por otra parte, la positiva experiencia reciente de la compra conjunta de vacunas durante la pandemia ha demostrado el potencial de la cooperación europea. La extensión de este modelo a otros medicamentos, especialmente los más costosos, permitiría mejorar el poder de negociación, reducir precios y garantizar un acceso más equitativo entre países. 

Para solventar los inconvenientes y desafíos antes mencionados, creemos necesarias medidas como las siguientes:

1. Plataforma Europea de Transparencia de Precios: Creación de una Plataforma o Base de datos pública y obligatoria que compare los precios de adquisición de todos los medicamentos en los 27 Estados miembros, la cual facilitaría la toma de decisiones informadas por parte de gobiernos, profesionales y ciudadanos, y evitaría, además, que un mismo fármaco cueste el doble en un país con menor PIB simplemente por falta de información.

2. Fijación de Precios Máximos coordinada: Establecer un techo de precio europeo para medicamentos esenciales. No es sostenible ni eficiente que los medicamentos tengan precios radicalmente distintos en un mercado único. Se debería tender a una convergencia de precios basada en el poder adquisitivo de cada país pero bajo un marco común.

3. La Huella de financiación pública: Cada medicamento debería incluir una memoria de transparencia que detalle cuánta financiación pública recibió durante su fase de desarrollo. Ese porcentaje debería deducirse automáticamente del precio final de venta al sistema público.

4. Observatorio de Listas de espera y mecanismos de control: Establecimiento de indicadores comunes de demora; si un país supera de forma reiterada los límites permitidos, la UE debería tener potestad para intervenir mediante fondos de cohesión específicos o, en última instancia, sanciones financieras que obliguen a la reforma del sistema local.

5. Agencia Europea de Compras para fármacos estratégicos: Extensión del modelo de las vacunas COVID a los 100 medicamentos más utilizados y costosos. La compra centralizada garantizaría el suministro y reduciría los costes administrativos y de comercialización.

6. Transparencia en la rentabilidad de farmacéuticas: Obligación a las empresas farmacéuticas que operan en Europa a desglosar sus beneficios por país y producto, permitiendo una fiscalización social sobre si el beneficio obtenido es proporcionado al valor terapéutico aportado.

7. Reducción de los tiempos de acceso a medicamentos y fomento de los genéricos: Se deberían armonizar los procesos de evaluación de dichos tiempos entre países, e impulsar los genéricos como herramienta clave común para reducir costes sin afectar la calidad.

Europa se enfrenta a una oportunidad histórica para redefinir su modelo sanitario en un contexto de crecientes desafíos, y solo con medidas como las anteriores y la determinación de nuestros mandatarios se podrá avanzar lo necesario. Creemos necesaria una Unión Europea de la Salud, en la cual la transparencia en los precios, la equidad y la agilidad en la atención dejen de ser una aspiración para convertirse en una norma de obligado cumplimiento. Únicamente así será posible garantizar un sistema sanitario europeo sostenible, cooperativo y transparente que responda a las necesidades de la población sin comprometer la innovación ni la viabilidad económica.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista 'Encuentros Multidisciplinares'.

Hay poderes que no necesitan ocupar el Estado, les basta con encontrar una rendija por la que colarse para colonizar sus sistemas. Esa rendija puede ser la necesidad de ordenar mejor la información, o de herramientas que permitan al propio Estado decidir qué merece prioridad y qué cuestiones pueden quedarse al final de la lista, esperando tiempos mejores. A ese tipo de poderes no les hace falta tomar el palacio, sólo necesitan hacerse con el control de la puerta, desde la que son capaces de trabajar con gran éxito para convertirse en imprescindibles.

En estos últimos días, uno de estos poderes, la megacompañía tecnológica estadounidense Palantir, ha presentado públicamente su carta de intenciones en forma de un manifiesto que no tiene desperdicio. Hay que agradecerle que no se haya dejado nada en el tintero en este primer programa político de una empresa tecnológica: la deuda moral de la élite de Silicon Valley con la defensa de la nación; la necesidad de mano dura (en forma de software) para que las sociedades democráticas prevalezcan; la mili obligatoria; la supremacía religiosa; el desprecio al pluralismo… Ahora ya no queda duda de por dónde van sus tiros y nadie podrá decirnos que no estábamos avisados.

No estamos hablando de una empresa más de Silicon Valley, sino de una compañía que lleva años creciendo allí donde el poder público se vuelve operativo: seguridad, defensa, sanidad, policía. Hace tiempo que su negocio no consiste sólo en vender software, sino en ofrecer a los gobiernos su propia fórmula para reunir datos, procesarlos y convertirlos en decisiones. Ya trabaja con la CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU y su responsable de tecnología tiene despacho propio en el Pentágono. Ha extendido sus tentáculos a casi todas las formas perversas de autoridad, como el ICE de Trump o el Ejército de Netanyahu. 

¿Y por qué traigo hoy a Palantir al Cuarto de máquinas? Porque su tecnología con inteligencia artificial ha puesto el ojo en Europa una vez que ha colonizado el corazón mismo del Estado estadounidense. La puerta de entrada ha sido el Reino Unido, donde ha firmado contratos con el Sistema Nacional de Salud británico, el Ministerio de Defensa, distintos ayuntamientos y cuerpos policiales menores. Y ahora negocia un contrato multimillonario con Scotland Yard que podría darle acceso a datos sensibles de víctimas de delitos en el Reino Unido. 

Palantir ha encontrado ya la rendija por la que colarse en Europa y aquí el problema no es la innovación, es quién entra en la cocina de las decisiones públicas más importantes, quién organiza la información con la que se toman las decisiones y cuál es su agenda. Porque ahora, manifiesto mediante, ya sabemos que la tiene. Londres está a un paso de externalizar una parte importante de sus decisiones estratégicas y de dejarlas en manos de una compañía fundada por el estratega político e inversor Peter Thiel, uno de los millonarios que financiaron la campaña de Trump.

Y Thiel, al igual que la empresa que ha fundado, tampoco esconde sus ideas conspiranoicas. A la vanguardia del conservadurismo estadounidense, se define como un cristiano ortodoxo y se sabe de él que vive preocupado por el anticristo y la llegada del Armagedón, que podría acelerarse por los límites impuestos a la tecnología, las agencias internacionales o el ecologismo. Lleva más de una década en el círculo cercano a Trump y es uno de los impulsores de la carrera de JD Vance. El epítome de la oligarquía tecnológica. Hizo su primera fortuna como cofundador de Paypal y desde ese momento ha sumado miles de millones de dólares a su cuenta invirtiendo en Facebook, SpaceX, OpenAI y otras compañías tecnológicas. En resumen, la mezcla perfecta de dinero, tecnología y buenas relaciones políticas. 

La incursión de la élite de Silicon Valley en el corazón del Estado británico no ha pasado inadvertida en las islas. Seguramente han ayudado los focos mediáticos sobre el manifiesto con las ambiciones reales de Palantir. Esta semana, más de 200.000 personas han pedido al Gobierno británico que rompa los acuerdos ya firmados. Algo más que lógico, si se tiene en cuenta que ahora sabemos el tipo de sociedad al que aspira el gigante tecnológico. Hay cesiones que no necesitan de una ley para convertirse en realidad, y parece que cada vez son más los ciudadanos que no están dispuestos a firmar ese contrato.

El destierro de la vida pública, el deterioro progresivo de los derechos sexuales y reproductivos, el arrinconamiento en la privacidad del hogar y hasta el fin de la participación política. Es, en síntesis, el proyecto abanderado por influencers, tecno-oligarcas y líderes ultra para la mitad de la población. En alianza con la manosfera, cada vez más voces en todo el mundo tratan de divulgar un modelo social antifeminista sustentado sobre la base de la supremacía masculina y el sometimiento de las mujeres. Algunos empiezan incluso a clamar por lo que parecía una regresión impensable: el fin del voto femenino.

Así empieza a suceder en suelo estadounidense. La lógica es la siguiente: si el voto femenino tiende a inclinarse por opciones progresistas, entonces supone una amenaza al proyecto ultra jaleado por los tecno-oligarcas. Repeal the 19th nace en Estados Unidos hace cerca de una década, pero se hace fuerte en el último año. Sus partidarios claman por una medida radical: derogar la decimonovena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, la que permite el sufragio femenino desde hace más de un siglo.

No se trata de consignas meramente simbólicas, ni de proclamas que alienten a las mujeres a dar un paso atrás en la vida política: son discursos deliberadamente pensados para reclamar la abolición del voto femenino sin matices. Uno de los máximos exponentes de esta particular batalla es Nick Fuentes. 

El influencer estadounidense de apenas 27 años se ha erigido como una de las principales figuras encargadas de difundir estos postulados. "Yo eliminaría el derecho al voto a cientos de colectivos. A las mujeres, por supuesto", expresaba el activista ultra en una entrevista. No es fruto de un ataque fortuito e imprudente de sinceridad, sino que se trata de un discurso minuciosamente estructurado en torno a la idea de arrebatar a las mujeres sus derechos como sujetos políticos.

La aparente excentricidad discursiva del activista ultra no es óbice para que sus ideas hayan calado en un sector nada desdeñable de la población estadounidense. Y de hecho, no son pocos quienes las replican. Andrew Tate, otra estrella de la manosfera, ha apoyado de forma explícita el fin del sufragio femenino. Joel Webbon, pastor nacionalista cristiano, ha defendido restringir el sufragio excluyendo a las mujeres y Dale Partridge, otro pastor estadounidense, ha demandado directamente derogar la enmienda que concede el derecho a voto a las mujeres. Muchos de sus simpatizantes más fundamentalistas –incluso mujeres– se inclinan por la idea de un voto por hogar. Representado, eso sí, por el varón como máxima figura de autoridad.

Según este artículo, firmado por la investigadora Theresa K. Vescio y el profesor Nathaniel Schermerhorn, la defensa de los valores asociados a la masculinidad hegemónica se ha traducido, en contextos electorales, en un apoyo generalizado a Donald Trump. Así que no resulta extraño que sea en esta órbita donde se haya instalado en mayor medida el rechazo total a los derechos de las mujeres. El impacto de la idea no es residual y ha encontrado acomodo incluso en las altas esferas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, divulgó a finales del año pasado en sus redes sociales un reportaje en el que líderes nacionalistas cristianos abogan abiertamente por erradicar el derecho al voto femenino. John McEntee, ex alto cargo de la Casa Blanca de Donald Trump, aseguró de forma jocosa que la decimonovena enmienda debe desaparecer, mientras que el abogado Paul Ingrassia –muy próximo a la Casa Blanca tras haber desempeñado labores de asesor y enlace con distintos departamentos– sugirió que los planteamientos contrarios al voto femenino pueden llegar a ser "muy lógicos".

Todos estos eslabones conforman una cadena de legitimación en aumento: voces de notable relevancia, especialmente en el plano digital, difunden un discurso radicalmente opuesto a los derechos de las mujeres, mientras que figuras de peso a nivel político lo normalizan arropando las ideas planteadas, por muy descabelladas que parezcan.

Pero ¿tienen estos discursos incidencia política? ¿En qué se traduce toda esta batalla cultural? Lo cierto es que sus efectos empiezan a asomar también en el plano político. El Senado de Estados Unidos está actualmente debatiendo en torno a la Ley SAVE America, una propuesta que exigiría presentar una prueba de ciudadanía para poder votar. Se trata de una traba burocrática con sesgos de género, puesto que en suelo estadounidense muchas mujeres adoptan el apellido de su cónyuge, por lo que su certificado de nacimiento no coincidiría con sus datos actuales. Según una encuesta de Pew Research, alrededor del 85% de las mujeres cambian su apellido tras contraer matrimonio.

La iniciativa fue impulsada por republicanos y respaldada por el presidente. Aunque tiene mal pronóstico en el Senado, lo cierto es que algunos líderes republicanos han tomado la iniciativa de presentar sus propios proyectos en estados como Florida, Misisipi, Dakota del Sur y Utah.

Pero la negación del voto femenino es, en realidad, una pieza más de todo un ecosistema alentado por la reacción antifeminista y que trata de arrinconar a las mujeres hasta su desaparición de la vida pública. Más allá de los derechos políticos de las mujeres, la ofensiva ultra se ha materializado en iniciativas ultraconservadoras en distintas esferas. Un ejemplo claro son las políticas que buscan poner trabas al ejercicio de la libre interrupción del embarazo, especialmente en lo que respecta al apoyo decidido a organizaciones antiabortistas, pero también los incentivos pronatalistas que buscan apuntalar la institución de la familia tradicional en oposición a los avances feministas y las disidencias sexuales.

"Es importante recalcar que la del movimiento por los derechos de los hombres no es una comunidad que pueda adscribirse únicamente a lo que entenderíamos como la manosfera en términos virtuales, ya que surgió en Estados Unidos en la década de los 70 y desde entonces se ha ido expandiendo por diferentes estados como el español", observa la politóloga Alicia Valdés en su libro Auge. Género, juventud y extrema derecha (Endebate, 2026). El análisis de casos como el del movimiento por los derechos masculinos, continúa la escritora, es un claro ejemplo de que "lo virtual no tiene una demarcación única en internet".

La propuesta de la agenda "ultraderechista y antifeminista estaría permeando no solo a chicos jóvenes, sino también a otros sectores poblacionales mediante el conjunto de espacios en los que se mueven figuras como los coaches, los mentores de gaming o de gimnasio, las tradwives y los criptoinfluencers", completa Valdés. Además, la autora señala que "estas figuras poseen un alto grado de parasitismo ideológico que les permite generar ideales masculinos adaptables a las narrativas políticas que más les convengan". 

Ahondan en la misma idea Paula C. Chang y Andrea G. Galarreta. En su ensayo Criptoprofetas. Hipermasculinidad y nueva derecha (Seriecero, 2026), las autoras coinciden en que "el mundo cibernético no es paralelo ni un complemento del mundo real", sino que está inscrito en él. "El hombre blanco, instalado en su masculinidad exaltada", deambula en la búsqueda de "identidad, inmerso en una dialéctica que actúa por oposición, señalando a las mujeres feministas". 

La ola reaccionaria que nació en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado "reivindicaba el patriotismo, la familia o la religión y operaba mediante estructuras asociativas como los partidos, y su propaganda era difundida por los medios tradicionales", mientras que en la actualidad "se mueven en la hiperconexión de subjetividades insularizadas". Así consiguen llegar a un público amplio que acoge con los brazos abiertos propuestas tan anacrónicas como el fin del derecho a voto para las mujeres.

El peor momento de Vox ha llegado. Los iconos de su ecosistema ideológico están hundidos y tocados, el partido vive un shock interno sin saber si lo próximo será otra dimisión o la explosión de un escándalo –a los críticos los carga el diablo– y la cita andaluza juega a la contra. En solo una semana ha caído el régimen húngaro de Viktor Orbán —financiador y anclaje en la UE—, y Trump, valedor absoluto, está aislado incluso dentro de la ultraderecha europea. La acumulación de salidas de fundadores y cargos clave —responsables de gobiernos autonómicos incluidos— tiene un denominador común: la denuncia de irregularidades en las cuentas y la gestión interna. Están metidos en un sándwich demoscópico a la baja, tras el frenazo en Castilla y León y la posibilidad de no llegar al 15% en Andalucía. Donde todo parecían éxitos se abre ahora la incertidumbre de cómo llegarán a las generales. No hay un colapso como tal, pero sí cierto derrumbe. 

El último episodio de Vox encaja con la frase de Santiago Abascal a Alberto Núñez Feijóo: “Nos tratan como salvajes”. Exactamente el tipo de comportamiento que tuvo el diputado José María Sánchez en el Congreso. El incidente de Muñoz bebe de la cultura política del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Igual que Trump contemplaba a la turba a unos metros, Abascal siguió desde su escaño la embestida de Sánchez sin inmutarse. Nunca antes había ocurrido un asalto a la Mesa del Congreso. Esa amenaza prácticamente física a un centímetro del vicepresidente. Y ante la gravedad de unos hechos sin precedentes, la falta de arrepentimiento. Para que no sigamos normalizando comportamientos inaceptables, el Grupo Popular pudo haber salido en tromba a condenar el incidente, presionar al socio, forzarle a rectificar. Demostrar que en la derecha manda el PP. La respuesta ha sido tibia y el “y tú más” hacia el Gobierno la neutraliza. 

Feijóo está aliviado ante un Abascal más débil. Lejos de aprovecharlo, no hay signos de que vaya a beneficiarse de esa debilidad. No consigue imponerse, ni salir de la agenda de Vox, que es precisamente donde gana el original. Ojalá no estuviera librando esa batalla ideológica a costa de los migrantes. Dijo que no les daría la espalda al aceptar la tramitación de la regularización extraordinaria, pero ahora se refiere a ella como un coladero “a granel” de agresores de mujeres y delincuentes. Una cosa es la letra pequeña del Consejo de Estado para reforzar el trámite, y otra, una criminalización cogida del molde de Vox e impropia de un partido liberal. 

La exageración absurda hace imposible que se escuche al PP. Mientras toda Europa celebra la caída de Orbán, su lectura pasa por llamar a Sánchez el Orbán del sur, una etiqueta ridícula hacia fuera. La realidad desmantela cada intento de descrédito burdo desde enero. Génova apuesta por desechar el liderazgo de España y que sean los socios europeos quienes hablen primero. Ahora que Trump ha cargado contra el socialista británico Starmer, el liberal Macron en Francia y la ultraconservadora Meloni, ¿qué tiene que decir el PP?  

En la etapa más tóxica de Vox (los verdaderos Orbán del sur), a Feijóo le toca cerrar los gobiernos autonómicos, lo que sitúa al PP en la peor coyuntura para esa fiesta. En la otra pantalla internacional, Trump carga cada día contra un nuevo aliado. Lo que demuestra que Sánchez se anticipó y habló primero. La derecha no está sabiendo leer el pulso del país. Por eso gana Sánchez desde la izquierda y Meloni desde la ultraderecha. 

El patinazo de la portavoz Ester Muñoz dejando solo al soldado español mientras Italia y España defendían que “un casco azul” nuestro “no se toca” es la imagen de un PP en tierra de nadie por no molestar ni a Israel ni a Trump. Igual tienen razón los estrategas de La Moncloa. Con ese pulso no se ganan elecciones autonómicas, pero es el necesario para las generales. Y, sobre todo, para anclar la cita en 2027. El debate del adelanto electoral ha desaparecido por algo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precariedad" del trabajador, según informa EFE. 

En concreto, la corte de Luxemburgo señala que el Derecho comunitario se opone a esta transformación de la relación laboral en indefinida no fija en el sentido de que "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos".

Además, los jueces europeos señalan que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador tampoco "parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión".

El TJUE responde así a las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo, que buscaba claridad por parte de la Justicia europea para dilucidar si era obligatorio para España convertir a los interinos en trabajadores fijos para subsanar una situación de abuso por el encadenamiento de contratos temporales. 

Se da el caso de que España tiene unos 627 millones de euros del fondo de recuperación bloqueados después precisamente de que dos sentencias del TJUE emitidas en febrero y julio de 2024 ya dictaminasen que el país no cuenta con medidas efectivas para sancionar la concatenación abusiva de contratos temporales con la Administración pública. 

En esta ocasión, el Supremo recurrió a la Justicia europea antes de resolver el caso de una trabajadora que encadenó desde marzo de 2016 un total de seis contratos de interinidad como cuidadora de niños en un centro educativo público de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Esta trabajadora denunció su situación y reclamó que su relación laboral fuese declarada fija para compensar los abusos derivados de esta sucesión de contratos temporales, pero el juzgado de primera instancia optó por declararla como indefinida no fija, calificación que supone una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades una vez se extinga la relación laboral.

La causa llegó al Tribunal Supremo, instancia que elevó la cuestión al TJUE para que la Justicia europea "disipe las dudas" que existen al respecto "a la vista de la interpretación y aplicación divergente" que están haciendo los tribunales españoles al valorar casos similares.

En el fallo publicado este martes, el TJUE no se pronuncia sobre si España está obligada a convertir a los interinos en fijos, pero explica que la conversión en indefinidos no fijos "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos" puesto que "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por lo tanto, la situación de precariedad del trabajador afectado".

Al mismo tiempo, expone que "no parece" que la indemnización con "doble límite" que se aplica en el caso de trabajadores indefinidos no fijos "puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada".

Con respecto al régimen de responsabilidad de la Administración, la sentencia apunta que tampoco constituye una medida adecuada debido a su "carácter ambiguo, abstracto e imprevisible" y al hecho de que "no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas".

Por último, el Tribunal de Justicia evalúa los procesos selectivos para cubrir plazas en la Administración y concluye que, si bien valoran la experiencia previa del trabajador y el tiempo de servicio, no se limitan a "aquellos candidatos que hayan sido víctimas de los abusos", por lo que "tampoco constituyen una medida adecuada".

Sobre este punto, señala que es posible que las víctimas de los abusos "no participen en el proceso selectivo o que no lo supere", así como que la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio "parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso".

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha defendido este martes que la sentencia no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público.

"El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra", señalan en una nota remitida a los medios. "La sentencia del TJUE, conocida hoy, es meramente aclaratoria: no afecta a la normativa nacional ni impone sanción de ningún tipo", inciden.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado, añade Función Pública, que el acuerdo marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos temporales.

"Ante este fallo el Gobierno de España reitera su firme compromiso con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración pública y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo", concluyen.

Hungría es un país pequeño, con 9,5 millones de habitantes y representa solo el 1% del PIB de la Unión Europea (UE). Sin embargo, su influencia política en la UE va más allá. Se deja sentir por el poder de veto en decisiones que requieren unanimidad, como los paquetes de ayuda a Ucrania, las sanciones a Rusia o la adhesión de nuevos miembros. A ello se suma la longevidad política de Viktor Orbán (Fidesz): ha sido jefe de Gobierno durante los últimos 16 años, además de un primer mandato entre 1998 y 2002.

Pese a haber utilizado todos los recursos políticos para perpetuarse eternamente en el poder, su ciclo podría concluir con las elecciones parlamentarias que se celebran este domingo, tal como predicen las encuestas. La duda es si su rival, Péter Magyar, logrará la supermayoría que haría posible reformas constitucionales y legales de fondo.

Orbán, quien representa la versión húngara del sueño MAGA (siglas de Make America Great Again, lema de los seguidores de Trump) y de la extrema derecha, ha visto como, en los últimos meses, personas cercanas al régimen han aparecido envueltas en escándalos. Unos casos que han provocado rechazo hasta entre sus votantes más fieles.

El primer ministro se declaró “defensor de la familia numerosa tradicional” y protector de los menores “frente a la visibilidad LGBTI”.

Sin embargo, en 2024, la antigua presidenta (nombrada por Orbán) y la exministra de Justicia concedieron un indulto a un hombre condenado por encubrir abusos sexuales en un orfanato. Ambas dimitieron inmediatamente, pero, según versiones, firmaron siguiendo órdenes de Orbán y fueron usadas como “chivos expiatorios”. En 2025 han salido a la luz otros casos de abuso infantil en centros educativos estatales, con acusaciones sobre un posible encubrimiento de los culpables.

Mientras las listas de espera se alargan en hospitales obsoletos y el sistema educativo carece de profesores en edad de trabajar, en 2025 se estrenó un documental titulado Dinastía sobre el enriquecimiento de la familia y amigos de Orbán gracias a fondos europeos y licitaciones amañadas.

Los casos más chirriantes son los del yerno favorito de Orbán (fortuna de unos 500 millones de euros), el padre octogenario del primer ministro (ha comprado un palacete de los Habsburgo), y el amigo de la infancia y presunto testaferro de Orbán, Lőrinc Mészáros. Este último multiplicó su fortuna por 100 en una década y hasta posee un palacio que alberga cebras.

El país ocupa la primera posición como el Estado más corrupto de la UE, según Transparency International. También es considerado como un estado de derecho debilitado por Freedom House. Los principales medios de comunicación están en manos afines al gobierno, difundiendo propaganda gubernamental y bulos, desde mucho antes de que arrancara la campaña electoral.

Las filtraciones por parte del ministro de exteriores húngaro de datos sensibles sobre reuniones de la Unión Europea con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, revelan la evolución de Hungría hacia un modelo de Estado mafioso. De todo ello se desprende que sale todavía más barato comprar hidrocarburos rusos a cambio de traicionar a la UE.

Pero a Orbán le ha salido competencia desde dentro de Fidesz, con un componente personal digno de una telenovela. Péter Magyar, el exmarido de la ministra que fue obligada a dimitir, es casi 20 años más joven que Orbán y, aunque no ocupó una posición de poder, fue testigo de la corrupción dentro del partido.

Decidió fundar el Partido del Respeto y de la Libertad (Tisza), un juego de palabras porque también es nombre de un río húngaro. Esta formación ha logrado atraer a votantes desencantados con Orbán, así como anti-Orbán, como ningún otro partido de la oposición había logrado antes. Magyar se beneficia de su ambivalente condición de insider-outsider (parte del sistema y opuesto a él). Además, cuenta con un perfil conservador, pero transparente.

El eje central de su campaña es la denuncia de la corrupción, los servicios públicos deteriorados y el bajo crecimiento económico unido a la erosión del poder adquisitivo. Ha prometido restablecer los vínculos amistosos con las instituciones europeas para obtener los fondos que Bruselas congeló por violar los valores fundamentales europeos.

No obstante, evita algunos temas sensibles que podrían ahuyentar al votante magiar promedio, que sigue siendo conservador si se compara con el de otros países occidentales. En temas migratorios, no propone una postura radicalmente distinta a la del gobierno actual ni sugiere un enfoque progresista sobre derechos LGBTI.

Pero el tema más delicado es sin duda Ucrania. Aunque Tisza apoya la orientación europeísta de Hungría, su actitud hacia la ayuda ucraniana y la adhesión de Ucrania a la UE es cautelosa. Muchos votantes húngaros son escépticos en relación con la idea de enviar recursos fuera del país o involucrarse profundamente en políticas bélicas. Pese a ello, Orbán acusa a su rival de ser espía de Zelensky.

Incluso si las encuestas aciertan y Tisza gana, su gobernabilidad seguiría estando limitada por las redes de Orbán. Durante 16 años, el primer ministro ha extendido sus tentáculos para nunca soltar el poder, colocando a sus secuaces en los principales tribunales: Constitucional, Supremo y de Cuentas. También controla la fiscalía general, empresas estatales y buena parte de la prensa.

Tisza necesitaría dos tercios de los escaños en el Parlamento para acabar con el régimen, modificando la Constitución y las leyes. Algo que parece muy difícil.

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Eszter Wirth es profesora de Economía Internacional en ICADE, Universidad Pontificia Comillas. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Una destructiva bomba social extremadamente peligrosa es que el poder actúe contra la ciudadanía mundial. Lo tenemos muy cerca; lo sentimos muy lejos, si solamente nos asimos a la visible e inmediato. Podemos considerar como axioma global la idea de que la violencia tapa el sentido común; ese que nos inclina a pensar que el diálogo siempre es preferible a un conflicto brutal. Lo son las actuales guerras, aunque aquí vamos a referirnos solamente a la actual en Oriente Medio. Tras el preludio del genocidio de Gaza, viene ahora  el epítome de la guerra iniciada por el señor Netanyahu con el patrocinio del señor Trump. Todas las guerras comportan demasiadas amarguras en forma de bajas civiles, con previsibles daños ambientales y unas vergonzosas violaciones del derecho internacional.

El actual atraco militar que desempeñan Israel, Estados Unidos y el Irán represor de los ayatolás son los principales contaminadores del equilibrio humanitario siempre deseable. Refuerzan los vínculos entre la guerra, el poder y la destrucción ambiental; todo es amargura ética. Otro tanto sucede en Ucrania y en todos esos lugares de los que las grandes agencias no nos sirven noticias. 

Los impactos de la guerra actual del petróleo –nos atrevemos a llamarla así aunque lleva el hiriente contaminador moral del caudillo israelí– son tremendos. Nos tememos que serán perturbadores duraderos de la vida de los más pobres. Escasearán el petróleo, el gas o la energía comunitaria; o serán tan caros que los países pobres se sumirán en el desconsuelo social. La cascada inflacionista la pagarán los más pobres, incluso las clases medias; por todo el mundo.

Parece que la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) ha aconsejado a sus países miembros que adopten  medidas para responder a los posibles amargos efectos de la guerra, y la consiguiente crisis energética. Entre otras, reducir la velocidad en las autopistas y fomentar el teletrabajo. Teme una interrupción del suministro ahora que las dianas de los bombardeos buscan instalaciones petroleras. La AIE también manifestó estar dispuesta a liberar las reservas de los países para mitigar la que declaró la "mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero". Me pregunto las afecciones ambientales, económicas y sociales que la guerra provocará en las poblaciones pobres de las mega ciudades africanas o asiáticas. El estrecho de Ormuz se estrecha mucho más para Asia, a donde va casi el 90 % del GLP (gas licuado del petróleo) que lo atraviesa. 

Todo lo anterior interacciona con la preocupación climática. Estos días hemos leído justificaciones de que la acción climática es demasiado costosa. Ya se encargan la extrema derecha y las grandes empresas de instrumentalizar la inestabilidad social para bloquear el bienestar global. Despliegan sus batallas o guerras contra la protección del medioambiente. Se comenta que la misma Unión Europea se está rearmando con dineros hurtados a la protección ambiental y a la cooperación internacional para reducir desigualdades. 

Se hubieran paliado una parte de los efectos si las energías renovables fuesen el pegamento vivencial de los estados. Se dice que en España –después de tres años de fuertes inversiones en eólica y solar– el gas ha determinado el precio de la electricidad, por ahora, solo en el 15% de las horas en 2026, en comparación con el 89% en Italia. La diferencia viene motivada por los años de inversión en energía solar y eólica, con aciertos y errores, pero generadores de electricidad. Ayudaría reconocer que el gas es un débil eslabón climático y productivo. Cuanta más energía se autogenere un país, en forma de energías renovables respetuosas con el entorno, menos dependerá del exterior. Se suprimen amarguras varias.

En realidad, mucho nos tememos que medidas como las subvenciones, que vendrán, no hagan sino reposicionar a los combustibles fósiles. Ya se encargan de difundir esta solución los mensajes públicos de las grandes petroleras sobre el cambio climático en los últimos años, en los que invierten elevadas sumas de dinero. Los medios de comunicación, complacientes con ellas, difuminan los efectos contaminadores. Se olvidan de que la quema de petróleo, gas y carbón es la principal causa del aumento de la temperatura global y de las olas de calor, sequías, tormentas y subida del nivel del mar que de él se derivan. Una noticia publicada en Reuters estos días informaba de que “en respuesta al conflicto, las compañías eléctricas en Asia están "aumentando la generación de energía a partir del carbón para reducir costos y salvaguardar el suministro energético",

Me impresiona la claridad con la que ve esta amarga guerra bélica y climática un artículo publicado en Social Europe (19/03/2026) titulado libremente como “¿Conflicto armado o supervivencia mutua? Viene a esclarecernos que el militarismo y el colapso ecológico no son emergencias separadas. Sino la misma contingencia, que se retroalimenta en una espiral que la humanidad no puede permitirse ignorar. Copiamos casi textualmente. El mundo se hunde en el militarismo, las confrontaciones múltiples y la guerra que amenaza al mundo entero. Justo cuando la humanidad más necesita una cooperación internacional para afrontar la crisis climática.

Lo podemos comprobar en el compadreo con el que hablan algunos presidentes de países –el señor Trump a la cabeza– que demandan un aumento vertiginoso de los presupuestos militares; no les importa justificar la destrucción. Es más, cargó contra España porque el presidente Sánchez “solo” se comprometió a que apenas alcanzase el 2%. Donald Trump habría declarado que Estados Unidos podría atacar varias veces el mayor centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg, en Irán; "solo por diversión". La bravuconería es moralmente grosera. La cultura política que este señor exhibe, y sus muchos imitadores en países diversos con una incultura políticosocial “en la que la devastación de lugares lejanos se discute con ligereza, como si la matanza de extranjeros apenas importara”.

En ese artículo tan inspirador, anteriormente mencionado, se remarca que la guerra no es solo una catástrofe humanitaria; también es una catástrofe ambiental. Algunas estimaciones sobre las emisiones durante el genocidio de Gaza afirman que las de GEI se acercaron al total anual de 36 pequeños países. La militarización no es inocua para el medioambiente: consume enormes cantidades de combustible, energía, acero, hormigón, materiales escasos, talento científico y recursos públicos. Además, las bombas contra la ética global no hacen sino incrementar el miedo de la población, la rivalidad entre países diversos. En suma, la amenaza de la militarización actual trunca la cooperación internacional de la que depende la construcción de un mundo sostenible; ¡Cuántas reuniones para los llamados “alto el fuego” de Gaza, o la reducción de la supuesta amenaza nuclear iraní han fracasado! La inutilidad de las malas intenciones.

Wislawa Szimborska (Nobel de Literatura 1996) se preguntaba en su poema “Principio y fin”: “Después de cada guerra alguien tiene que limpiar… Aquellos que sabían de qué iba la cosa, tendrán que dejar su lugar a los que saben poco. Y menos que poco. E incluso prácticamente nada.” Recordemos la cordura de Rosa Regàs: “No hay cosa más amarga que la inutilidad.”

La OCDE recomienda a España que disminuya la fiscalidad sobre el trabajo, que desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales, según informa EFE.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media.

Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35% en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30% en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún "significativo".

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las "elevadas" cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible.

Su receta es "impuestos menos distorsionadores" como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

La OCDE reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno. 

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que "seguir agilizando" la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para "hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro".

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó de "traición" el comportamiento del entorno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras las revelaciones periodísticas, reveladas en España por infoLibre, sobre la transmisión de contenidos confidenciales de la Unión Europea (UE) a Rusia, según informa EFE.

"Es una traición a la exigencia de solidaridad que se impone entre los países de la Unión Europea si queremos ser fuertes", manifestó Barrot en una entrevista a la radio France Inter al ser preguntado por las informaciones según las cuales el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría compartido detalles de reuniones internas de los Veintisiete con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. 

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que, aunque puedan existir desacuerdos entre socios, "es la unidad la que debe prevalecer" en el club comunitario.

Barrot advirtió que este tipo de comportamientos pone en riesgo la cohesión europea en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes. "Si no estamos unidos y somos solidarios, nos convertiremos en vasallos o en juguetes de las grandes potencias, y eso es precisamente lo que rechazamos", afirmó.

Barrot señaló además que estas filtraciones "arrojan una sombra de duda sobre la integridad de nuestras deliberaciones" en el seno de los consejos europeos, e instó a Orbán a respetar tanto sus compromisos políticos, en particular respecto al apoyo a Ucrania, como los principios de solidaridad que rigen el funcionamiento de la Unión Europea. 

Nuevas grabaciones de audio publicadas el miércoles por varios medios de investigación -VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak- recogen conversaciones entre los ministros de Exteriores húngaro y ruso entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 en las que se deduce, según esos medios, que Szijjártó entregó en varias ocasiones documentos de la Unión Europea a Lavrov.