EH Bildu ha denunciado ante la Ertzaintza haber recibido amenazas de muerte contra su secretario general, Arnaldo Otegi, quien declaró este lunes en el juzgado de Vitoria que investiga los hechos.

Fuentes de la formación abertzale ha confirmado la recepción de estas amenazas de muerte, que ha adelantado el diario El Correo, y han explicado que fueron remitidas al grupo parlamentario de EH Bildu en la cámara vasca en diciembre de 2025. Fueron los representantes de EH Bildu en la Mesa del Parlamento Vasco quienes denunciaron los hechos ante la Ertzaintza.

Arnaldo Otegi acudió a declarar este lunes como perjudicado en el juzgado de Vitoria que investiga estas amenazas de muerte.

La formación abertzale ha recordado que estas amenazas se produjeron "horas después" de que el presidente del PP de Euskadi augurase el "exterminio" de EH Bildu.

Las fuentes de EH Bildu han explicado que habían optado por "mantener la discreción respecto a estos hechos", ya que "no acostumbra a hacer público este tipo de situaciones".

El Gobierno Vasco ha solicitado al Ejecutivo central el traslado "temporal" del Guernica de Picasso a Euskadi, una solicitud realizada este martes en Madrid por la vicelehendakari Ibone Bengoetxea y "ya expresada" por el lehendakari, Imanol Pradales, al presidente Pedro Sánchez.

El motivo de esta petición es el deseo de contar con el emblemático cuadro en el marco 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. Propone que la pintura se traslade al Guggenheim de Bilbao para su exposición entre el 1 de octubre de este año y el 30 de junio de 2027, informa el Gobierno Vasco en una nota este martes.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística ha reiterado esta petición al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una reunión en la que subrayado el "profundo significado histórico, simbólico y emocional" para la sociedad vasca que tiene la obra que el Gobierno de la República encargó al artista malagueño y que se expone en el Museo Reina Sofía, además de suponer "un gesto de reparación y dignificación".

"El Ejecutivo vasco considera que este gesto tendría un alto valor simbólico en un contexto especialmente significativo, marcado por el 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. El traslado del Guernica contribuiría a reforzar la memoria histórica y a proyectar, desde el presente, un mensaje claro en favor de la democracia, la libertad y la convivencia', ha remarcado Bengoetxea.

La vicelehendakari ha calificado el encuentro con Urtasun de "constructivo", ya que "ha permitido reforzar la relación bilateral entre Euskadi y el Gobierno español desde el respeto a las competencias y con la voluntad de mejorar la coordinación entre instituciones".

Además, el Gobierno Vasco ha trasladado al ministro varias "cuestiones prioritarias", como "la necesidad de revisar el IVA aplicado al arte para alinearlo con Europa y fortalecer el sector", así como "el avance del Estatuto del Artista, ámbito en el que Euskadi ya ha impulsado mejoras fiscales junto a las diputaciones forales".

También ha hablado de "la consolidación del Alto Horno de Sestao como referente de patrimonio industrial mediante un compromiso de financiación compartido" y se ha incidido "en la importancia de mejorar la coordinación en las políticas culturales y en los mecanismos de gestión entre el Estado y las comunidades autónomas".

La memoria. Ese músculo aparentemente atrofiado que condena a nuestro país a ignorar su pasado y que con tanta fuerza se intenta reanimar. Desde infoLibre,  y con la colaboración de 50 años de Libertad, los esfuerzos para prevenir que la historia se repita se materializan en actos como el de este 12 de marzo, titulado Del acero a la palabra: trabajo, dignidad y memoria en Euskadi. El evento, enmarcado en una gira de charlas por toda España llamada La memoria que somos, ha analizado con diferentes expertos la huella que el franquismo y su represión ha dejado en la sociedad española, y especialmente la vasca.

La charla se ha celebrado en el Auditorio del Museo Marítimo de Bilbao. El lugar elegido no es casualidad. El Museo se levanta en la zona vinculada a los astilleros euskalduna, y cuenta el recorrido de la lucha de los trabajadores de este sector, una zona históricamente obrera y sindicalista.

El silencio en la sala, amplia y con un gran espacio para el público asistente, se ha visto interrumpido por música. Se trataba de dos intérpretes de txalaparta, un instrumento tradicional de Euskadi. El sonido profundo y la pasional interpretación de los músicos ha marcado el tono de un evento con todo el peso de la memoria histórica presente. 

Tras ellos, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, ha dado la bienvenida al evento. El periodista ha asegurado que estas charlas surgen de “la necesidad de reflexionar sobre las formas en las que una comunidad puede reconocerse a sí misma”. Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, ha sido invitada posteriormente a subir al escenario, y ha explicado que tanto para ella como para el proyecto se cumplen “50 años del principio de la salida de la dictadura”, pero no de una democracia directa.

Esta "falsa" Transición y las consecuencias de la represión sufrida han sido debatidas en la posterior mesa de debate, pero antes, Gustrán no podía dejar de declarar: “Memoria histórica también es hablar con tu abuela”.

La mesa redonda ha sido moderadas por la directora general de este periódico, Marta Gesto. Como expertas y expertos, un plantel de lujo con Afra Blanco, sindicalista y tertuliana; Carlos Entenza, politólogo, jurista, codirector de Ideas en Guerra y sindicalista; Iñigo Ugedo Vicario, presidente Consejo de Estudiantes de la EHU; y Eztizen Miranda Bernabé, antropóloga especializada en comunicación y memoria histórica.

Gesto, introducía así: “Euskadi, y Bilbo en particular, representan este vínculo tan especial entre trabajo, organización colectiva y democracia”. El conversatorio, muy rico en aportaciones, ha debatido sobre la construcción colectiva de la identidad a través del trabajo, cómo se encuentra esa cultura obrera en la actualidad y cómo podemos hacerla llegar a los jóvenes, entre otros asuntos. 

Bernabé, la primera en hablar, respondía a la pregunta de qué era hablar de trabajo para Euskadi en el pasado. “Cuando hablaban de trabajo, hablaban de unión”, asegura Bernabé. Sobre el sindicalismo, “todos tenían muy claro que eso era lo que tenían que hacer”. “Sabían que serían represaliados, pero estaban dispuestos a hacerlo por el bien de los demás”, cuenta la experta en memoria. Añade, además, que no sabe si esos valores se están transmitiendo de forma correcta al presente.

Entenza, politólogo, apunta que antes “se aprendía la participación política por el hecho”. “El trabajo tenía un componente fundamental de colectividad, y eso tenía una serie de implicaciones. Ahora el trabajo está más precarizado y más individualizado, y eso dificulta generar comunidad”. Entenza continuaba: “Lo que se tiene que hacer es intentar readaptarnos a los tiempos”. “Puede que cambien muchas cosas. Se pueden inventar mil códigos y la IA, pero la idea de que unidos somos más fuertes, esa no va a cambiar”, afirmaba el experto.

Las claves de los ponentes respecto a la política actual nacían de forma natural al hablar del pasado. La necesidad social de cambio estaba presente en la conversación. Para Bernabé: “Había unos objetivos claros. Sabían contra qué luchaban. Y cuando todos luchan contra lo mismo, es más fácil”. “La fórmula es matemática: ¿Dónde hay mejores condiciones laborales? Donde hay lucha obrera.”, aseguraba Entenza.

La pregunta de “¿Cómo hacemos llegar todo esto a los jóvenes?” también ha revoloteado durante toda la charla. Uno de los ponentes de menor edad, en este caso, Vicario, decía: “Antes estaba todo por conquistar. Ahora vivimos en una sociedad cada vez más individualista". "Vivimos nuevas formas de subordinación que a lo mejor se escapan un poco de lo que era antes. La crisis de la vivienda, la especulación…”.

Sobre la cultura del esfuerzo, Entenza plantea la paradoja de las nuevas generaciones: “Si el trabajo no me garantiza unos mínimos aspiracionales que sí que garantizaba a las generaciones anteriores, entonces quiero que el trabajo no ocupe un rol central, como tenía antes. Esto ha sido caricaturizado como falta de cultura del esfuerzo”. Vicario afirma estas declaraciones: “Somos la generación más preparada, pero no aspiras a tener una casa. Las aspiraciones son distintas”.

Muchas preguntas y respuestas fueron lanzadas durante la hora que duró el conversatorio, y pese a la generalizada sensación de que se había quedado corto, todo se puede resumir con una frase lanzada por el representante de estudiantes, Vicario: “Faltan espacios intergeneracionales para poder hablar de esto”. “Por eso son muy importantes espacios como este”, añadía, refiriéndose a este evento organizado por infoLibre que viajará también a otras ciudades para hablar, incansablemente y sin parar, sobre la lucha democrática.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por que se esclarezca lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía Armada, y que "se juzgue a los responsables", porque si no se hace, ha dicho, se estará "ahondando en la revictimización", según informa EFE.

Pradales, que a primeras horas ha participado en una ofrenda floral en el monolito erigido en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco de Asís donde ocurrieron los hechos, ha dirigido unas palabras en el acto convocado por el Instituto de la Memoria-Gogora para conmemorar el cincuenta aniversario de aquellos trágicos sucesos.

Ha sido tajante al afirmar que "quienes cometieron aquellos crímenes sabían bien lo que hacían" y ha insistido en la necesidad de que se esclarezca y se depuren responsabilidades para que no se creen "víctimas de primera y de segunda".

Todas las denuncias judiciales presentadas hasta ahora para depurar estas responsabilidades penales se han archivado, excepto la causa que abrió en Argentina en 2010 la jueza María Servini contra los crímenes del franquismo cometidos durante la dictadura y la Transición, que sigue activa.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido una desclasificación completa y no "elegida" de los documentos oficiales sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria porque esa es la manera de reparar a las víctimas y rendirles un "verdadero homenaje".

Esteban ha depositado esta martes un ramo de flores en el monolito en memoria de los cinco obreros asesinados acompañado del diputado general de Álava, Ramiro González, y la presidenta del PNV en Álava, Jone Berriozabal.

El líder jeltzale ha afirmado que la masacre del 3 de marzo "dejó una huella muy profunda" en Euskadi y que las víctimas merecen una "reparación real", lo que pasa por conocer la verdad. Para ello, ha continuado, es necesario modificar la Ley de Secretos Oficiales que saque a la luz todos los documentos. "No nos vale tampoco una clasificación elegida", ha advertido. Por otro lado, ha avanzado que el acuerdo que el Consejo de Ministros aprobará este martes en relación con los sucesos 3 de marzo ha "decepcionado" a su partido.

Aunque el contenido de ese acuerdo todavía no se ha hecho público, Esteban ha desvelado que "no cumple con el paso que ya había dado el Partido Socialista de Euskadi recientemente en el Parlamento Vasco al reconocer el papel del Estado en los asesinatos y condenar la actuación del gobierno en aquel momento".

El 28 de febrero celebramos el Día de Andalucía en recuerdo de una jornada histórica vivida en 1980. Los andaluces fuimos convocados a las urnas para votar el tipo de proceso autonómico que deseábamos. La derecha en el Gobierno quería utilizar el artículo 143 de la Constitución. Separaba así la realidad legal andaluza de la ya vivida en Cataluña, el País Vasco y Galicia, las llamadas comunidades históricas. Las instituciones de las ocho provincias del Sur promovieron el apoyo a la vía del artículo 151, un camino que igualaba los derechos autonómicos andaluces con los otros territorios. La discusión fue larga y agitó la vida política durante muchos meses antes incluso de la Constitución. 

Yo cumplí 19 años el 4 de diciembre de 1977, día en el que celebramos una masiva manifestación en apoyo de los derechos plenos para Andalucía. Los amigos que fuimos juntos a la manifestación éramos muy conscientes de las diferencias territoriales y de la manera diversa de vivir nuestra identidad. La historia nos marca, eso ocurre siempre y a lo largo de los siglos, ya se sabe. Pero en Andalucía, además, estaba muy cerca un tiempo de pobreza, de emigración forzada para escapar de la miseria. El desarrollo económico del País Vasco y Cataluña tenía poco que ver con los paisajes campesinos de nuestra tierra y con el subdesarrollo económico provocado por la política caciquil de la dictadura. Si el franquismo había tratado con una clara falta de respeto las identidades culturales catalana y vasca, su violencia contra la economía andaluza había sido mucho mayor. Por eso hay ahora tantos catalanes y vascos de origen andaluz.

La lucha planteada en el Sur no aceptó las diferencias de trato que suponían los artículos 143 y 151. Comprendimos entonces que la única manera de respetar la diversidad histórica es regular un orden común de derechos. Del mismo modo, lector ya de poetas catalanes como Gabriel Ferrater, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo o Joan Margarit, comprendí también que el único modo de legitimar un orden común de convivencia es respetar la diversidad de identidades dentro de una ilusión colectiva.

Los poderes mediáticos de 1980 tenían entonces menos capacidad de manipulación. Pese a los esfuerzos televisivos y radiofónicos del Gobierno, ganamos el referéndum de 1980 los partidarios de una autonomía plena por la vía del 151. A aquel proceso le debo no sólo la ilusión de que en política es posible conseguir una victoria, sino también la suerte literaria y humana de haber conocido a Rafael Alberti. El amigo de García Lorca, el poeta del exilio, el autor de Marinero en tierra y Sobre los ángeles, vino a Granada, entró por fin en Granada, como militante del Partido Comunista de España, para participar en un acto organizado en favor del derecho andaluz a una autonomía plena. Tuve la suerte de cenar con él una noche inolvidable de febrero de 1980.

Tampoco he olvidado las críticas de la derecha contra los que queríamos romper España al no aceptar las diferencias territoriales. Son críticas muy parecidas a las que hoy lanzan los herederos de aquella derecha para acusarnos de poco españoles cuando defendemos el derecho catalán a su propia identidad. ¿Es una contradicción? ¿Los que defendíamos la plenitud andaluza somos hoy unos vendidos a Cataluña? No me lo creo. Prefiero pensar que se trata de seguir defendiendo una igualdad de derechos elaborada desde el respeto a la diversidad y una diversidad capaz de articular su convivencia en la igualdad de derechos.

Y aunque han pasado ya muchos años, hay algo que permanece. Debajo de las polémicas, los dimes y diretes, las paradojas, las contradicciones, los insultos y los reproches, nos conviene distinguir entre los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que intentan que los pobres sean cada vez menos pobres.

Este jueves se prevé una situación de transición entre el paso de frentes asociados a la borrasca Nils sobre la península y Baleares, que dejará precipitaciones, así como rachas muy fuertes de viento en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo, según recoge EFE.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico ha activado el aviso rojo (riesgo extremo) por fuertes rachas de viento en Cantabria, Galicia y Euskadi y el naranja en Andalucía, Baleares, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Continuarán las precipitaciones que serán persistentes en puntos de Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía, donde se registrarán acumulados significativos en Grazalema (Cádiz). En la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos las lluvias serán en general débiles y poco probables en la meseta norte.

Aunque las lluvias irán remitiendo a lo largo del día, la llegada de nuevos sistemas frontales volverá a reactivar precipitaciones en la mitad oeste peninsular, sin descartar que sean localmente fuertes o acompañadas de tormenta en el extremo occidental.

En el resto de la península predominarán los intervalos nubosos, con cielos poco nubosos en el Ebro, fachada oriental y Baleares. Se prevén probables bancos de niebla matinales en montañas de la vertiente atlántica, con mayor persistencia en las sierras del sureste y en Pirineos.

Nevará en montañas del norte, con una cota de nieve en torno a 1.300/1.600 metros, aunque al inicio en Pirineos comenzará en 1.600/1.800 metros.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando las máximas, que ascenderán en el suroeste peninsular, y las mínimas, que lo harán en el noreste de Cataluña. En Canarias, no se registrarán cambios. Habrá heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de montañas de la mitad norte.

Soplará viento intenso de componente oeste, que será fuerte en los litorales, interiores del tercio oriental y Baleares. Se prevén rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo y más moderado en general en el interior.

Las inundaciones provocadas por el temporal de lluvia que afecta a la península mantienen cortadas 73 carreteras en el inicio de la mañana de este jueves, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las cuales 42 se encuentran en Andalucía.

Cádiz continúa siendo la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables diversos tramos en 14 carreteras, según los últimos datos de las 05:45 horas publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El hielo y la nieve afectan a otras 21 carreteras de la red en Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, Cáceres, Navarra y la Comunidad de Madrid, sumando un total de 12 tramos cortados (nivel negro).

En cuatro carreteras de la red secundaria y nacional es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno (nivel rojo), entre ellas la SA-203 en Salamanca o la A-317 en Granada. Por su parte, cinco tramos de la red en la Comunidad de Madrid se mantienen transitables con precaución en nivel verde.

La DGT incide en que hay que extremar la precaución en las zonas afectadas, no cruzar ríos y zonas inundadas, evitar desplazamientos innecesarios e informarse del estado del tiempo y de las carreteras antes de coger el coche.

El temporal de viento ha obligado a desviar 10 vuelos que tenían que aterrizar en el aeropuerto de Barcelona-El Prat a otros aeródromos, mientras que ha obligado a las aerolíneas a cancelar otros 101. Según los últimos datos facilitados por el aeropuerto catalán, el balance de esta mañana es que se han podido operar 199 vuelos y hay pendientes de programar 599 movimientos de aeronaves para el resto del día.

Con todo, se espera que, si se confirma la previsión meteorológica y el viento baja por debajo de los umbrales operativos establecidos, las incidencias vayan a menos y que el aeropuerto recupere paulatinamente la normalidad en las próximas horas.

La Fiscalía Superior del País Vasco ha incoado diligencias de investigación sobre la administración de vacunas caducadas por parte del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.

Según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía, la investigación pretende acreditar la existencia o no de un delito contra la salud pública, después de que Osakidetza haya reconocido que ha administrado 262 dosis de vacunas caducadas a 253 personas, la gran mayoría bebés.

El consejero ha precisado que, de las 253 personas afectadas por la primera vacuna hexevalente caducada que fue detectada, finalmente serán "menos de 30" las que tengan que ser inoculadas de nuevo, y no las 103 que la Osakidetza había previsto revacunar. 

El Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi había recomendado inicialmente volver a vacunar al total de 253 personas afectadas, pero replanteó la situación después de que el Gobierno Vasco recibiera ayer un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el que se planteaba volver a inocular solo a los adultos.

El motivo es que buena parte de los bebés recibieron las dosis cuando aún no estaban caducadas y el resto cuando había pasado poco tiempo desde su caducidad, por lo que la inmunidad está garantizada.

Se trata de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), que se administra en dos dosis, una a bebés de dos a cuatro meses y otra de refuerzo a los once meses, y también a algún adulto con problemas inmunológicos.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado otros dos tipos de vacunas caducadas, distintas a la detectada anteriormente que fue administrada a 253 personas, y que en estos nuevos casos habrían afectado a 78 potenciales pacientes, según ha informado este jueves el consejero Alberto Martínez.

La nuevas incidencias registradas por la Osakidetza corresponden a la vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), que podría afectar a 49 pacientes, y otra a la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), con 29 casos potenciales, todos ellos sin riesgo de efectos adversos para la salud de las personas afectadas.

Esta segunda incidencia, de la que han tenido conocimiento este jueves a través de una madre, está relacionada con la vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), que se administra a los cuatro años de edad, y la tercera, con la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), ha sido comunicada esta la mañana de este jueves por la unidad de farmacia de una OSI.

Sobre los posibles afectados con estas dos nuevas vacunas detectadas, Martínez ha apuntado que la forma de proceder es identificar a esos pacientes "uno a uno", confirmar que han sido vacunados y evaluar el "nivel de registro" que han tenido en el sistema, cotejándolo con la cartilla de vacunación, que refleja tanto el número de lote como la fecha de caducidad real.

Por último, ha anunciado que se ha creado un Comité de Investigación y Trazabilidad de Vacunas, con el objetivo de "esclarecer lo sucedido" en los casos detectados, así como impulsar una "investigación más estructural de la gestión y trazabilidad" de todas las vacunas que administra Osakidetza y "medidas correctoras para incrementar la seguridad del paciente".

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza volverá a vacunar a 103 personas afectadas, la mayoría bebés, por el suministro de vacunas hexevalentes caducadas y que recibieron entre el pasado mes de diciembre y la primera quincena de enero. El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, han comparecido este miércoles ante los medios de comunicación en Bilbao para dar a conocer la resolución emitida por el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi sobre este caso.

Inicialmente este organismo había recomendado volver a vacunar al total de 253 personas afectadas, la mayoría bebés, pero se ha vuelto a analizar la situación después de que el Gobierno Vasco haya recibido un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el que se planteaba volver a inocular solo a los adultos, que son 5. Finalmente, se va a volver a vacunar a 18 lactantes de dos meses de edad; 29 de cuatro meses; 51 bebés de entre 11 y 12 meses, y 5 adultos entre 42 y 69 años.

El motivo es que buena parte de los bebés recibieron las dosis cuando aún no estaban caducadas y el resto cuando había pasado poco tiempo desde su caducidad, por lo que la inmunidad está garantizada.

Se trata de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), que se administra en dos dosis, una a bebés de dos a cuatro meses y otra de refuerzo a los once meses. También a algún adulto con problemas inmunológicos.

El consejero ha explicado que las personas vacunadas entre el 1 de diciembre y el 15 de enero (103) volverán a ser vacunadas "lo antes posible", ya que quienes lo hicieron en noviembre lo fueron con una dosis que no puede considerarse caducada.

La agencia española había determinado que el lote de las vacunas tenía una caducidad real de noviembre de 2025 y, por lo tanto, las dosis administradas ese mes se consideran validas, pese a que en la caja figure la fecha de caducidad del 30 de octubre.

El consejo asesor vasco ha aceptado esta "excepción" pero ha considerado que, "en la práctica diaria, el único referente debe ser siempre la fecha que aparece en el envase, por seguridad, claridad y trazabilidad". A juicio del consejo asesor de vacunas, aunque es probable que la vacuna conserve "potencia tras un breve tiempo fuera de validez", no se puede garantizar la protección a largo plazo, especialmente en lactantes.

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha administrado vacunas caducadas "recientemente" a 253 personas, la mayoría bebés, lo que, según ha explicado, "no conlleva ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso". El caso ha sido denunciado este martes por EH Bildu, que ha registrado una iniciativa parlamentaria dirigida al consejero de Salud, Alberto Martínez, en la que informaba de que se habían administrado vacunas caducadas a "decenas de niños".

Tras conocerse la denuncia, Osakidetza ha confirmado en un comunicado los hechos y ha explicado que se trata de dosis de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) "pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente".

El Servicio Vasco de Salud ha detallado que estas dosis se han administrado a 253 personas, la mayoría bebés, en 12 OSIs (organizaciones sanitarias integradas), de las 13 que hay en Euskadi, es decir, en casi todo el territorio. "Todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias", ha afirmado Salud.

Osakidetza ha consultado el caso con distintas autoridades, como la Agencia Española el Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) y el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE), además de con el fabricante del lote caducado.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha remarcado este martes que no hay "ningún tipo de riesgo" para la salud. Lo ha expresado en rueda de prensa este martes tras su encuentro en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que el gobierno vasco tiene "monitorizados y controlados" estos casos.

Pradales ha destacado que el caso lo dio a conocer el propio Gobierno vasco y que el Consejo Asesor de Vacunaciones de Euskadi ha puesto sobre la mesa una posible revacunación para la que, en caso de producirse, "se están poniendo todos los medios".

No obstante, ha señalado que la Agencia Española del Medicamento ha trasladado al Ejecutivo vasco que "quizá no fuera necesario" revacunar y que no hay "ningún riesgo para la salud". "En todo caso, se está trabajando con el departamento de Salud -vasco- en ese sentido", ha defendido el lehendakari.

Tras estudiar la situación, Salud recomienda que los afectados se administren una nueva dosis de la vacuna hexavalente para asegurar la máxima protección, para lo que los centros sanitarios han comenzado a contactar este martes con las familias para ofrecerles una nueva cita. "Desde Salud Pública se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad, dado que, según los expertos, no se prevén efectos adversos por la administración de estas dosis. Todos los casos están controlados, y se están siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos de salud pública", ha añadido Osakidetza.

EH Bildu, que ha destapado el caso, ha exigido en su iniciativa parlamentaria explicaciones al consejero de Salud, Alberto Martínez. La formación abertzale ha señalado, en la exposición de motivos de su iniciativa parlamentaria, que en algunos casos se han llegado a administrar una segunda dosis también caducada, al tiempo que asegura que Osakidetza "no ha realizado un seguimiento de la trazabilidad de la caducidad de las vacunas" y "no ha cumplido los procedimientos y protocolos establecidos".

La parlamentaria Rebeka Ubera, firmante de la iniciativa, ha sostenido que, al recibir vacunas caducadas, los menores afectados "se encuentran desprotegidos frente a esas seis enfermedades, que pueden llegar a ser graves". Ubera ha afirmado en el texto que "no se ha tratado de un error aislado", sino que ha existido un "grave problema de organización y funcionamiento dentro de Osakidetza".

Además, ha preguntado al consejero de Salud por el número de niños afectados y por si las familias han sido alertadas por Osakidetza de esta situación, entre otras cuestiones.

Los Gobiernos central y vasco han acordado aplazar al día 16 de enero la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias inicialmente prevista para el próximo lunes, debido a que persisten desacuerdos vinculados con la financiación y con algunos aspectos de los traspasos del ámbito de la Seguridad Social, según informe Efe.

El Gobierno Vasco ha señalado, en un comunicado este viernes, que, a día de hoy, "no se dan las condiciones necesarias" para celebrar la Comisión Mixta, que tenía previsto firmar el lunes 29 de diciembre el traspaso de cinco transferencias acordadas en el mes de julio.

Se trata de las competencias de prestaciones de desempleo, de prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

Tras constatar que existían problemas para cerrar los acuerdos, el pasado 22 de diciembre la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, mantuvo un encuentro con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, del que la representante vasca afirmó salir "más preocupada de lo que estaba a la entrada" al constatar "resistencias" surgidas en los últimos días en relación al modo de materializar los acuerdos políticos que ya se habían suscrito.

Desde aquella reunión el Gobierno vasco aprecia avances, pero también constata que "persisten obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes que impiden cerrar los traspasos en los términos acordados".

El Ejecutivo autonómico ha detallado que no se han resuelto "cuestiones fundamentales relativas al sistema de financiación", al tiempo que ha explicado que no hay acuerdo sobre las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social.

Tras tachar de "contrariedad" el aplazamiento de la reunión, el Gobierno Vasco ha subrayado que las dos partes coinciden en que "lo más coherente, serio y responsable es continuar trabajando para cerrar todos los acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas, de forma que puedan ser certificados en la próxima Comisión Mixta de Transferencias".

Por este motivo, se han emplazado al 16 de enero con el objetivo de disponer del tiempo necesario "para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos alcanzados en la reunión bilateral celebrada el pasado mes de julio".

"El Gobierno Vasco no aceptará traspasos que no se ajusten plenamente a la letra y al espíritu de dichos acuerdos", ha advertido.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Política Territorial han explicado que el aplazamiento se ha acordado conjuntamente entre los dos gobiernos con el fin de disponer "del tiempo necesario para avanzar en los acuerdos políticos y cerrarlos con plenas garantías jurídicas y técnicas"

El Gobierno asegura que es consciente "de la importancia y complejidad de las materias que se están negociando", al tiempo que expresa su confianza en que "el trabajo conjunto tenga un resultado satisfactorio que se pueda certificar en esa cita acordada".

Aparte de estas materias quedan pendientes otras diez transferencias recogidas en el Estatuto de Gernika, aprobado en 1979. El Gobierno de España se había comprometido a acordarlas todas antes del fin de 2025, un objetivo que no se podrá cumplir.

El patronato del Museo Guggenheim Bilbao, en el que participan la dirección americana y las instituciones vascas, ha paralizado el proyecto de expansión del centro a la comarca vizcaína de Busturialdea-Urdaibai, que acoge la única Reserva de la Biosfera de Euskadi. El proyecto ha sido duramente criticado por asociaciones ecologistas desde el inicio del mismo, que lo llegaban a calificar de "atrocidad medioambiental".

Este martes el órgano de gobierno del museo ha comunicado el nuevo estado del proyecto, cuyo planteamiento inicial se remonta a 2009. El Ejecutivo Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, principal impulsora de la ampliación, reactivaron con los años las idea de construir dos nuevas sedes del Guggenheim en Gernika y Murueta. Sin embargo, la fuerte respuesta social ante la invasión de este paraje natural ha paralizado el plan, al menos por el momento.

En 2024, la organización ecologista Greenpeace denunció al Gobierno vasco y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático por modificar la Ley de Costas para beneficiar la ampliación de este museo. La organización denuncia que se modificó esta ley para reducir de 100 a 20 metros la zona costera protegida en Murueta (Vizcaya), uno de los dos emplazamientos elegidos para el proyecto, un hecho que Greenpeace considera ilegal. Desde entonces, han continuado con su campaña de concienciación "Urdaibai no se toca, Urdaibai no se vende".

El proyecto, que abarcaría más de 61.000 m2, se había planteado en una zona integrada en la Red Natura 2000,​ una guía de áreas de conservación diseñadas por la Comisión Europea para la protección de la biodiversidad en la Unión Europea. Además, los ecologistas aseguran que la Diputación Foral de Bizkaia estaba presentando el proyecto "por partes" para evitar tener que realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, una evaluación que tiene como finalidad evaluar la afección al medioambiente de la aplicación de planes y programas.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, y la directora del Museo, Miren Arzalluz, han sido las encargadas de dar a conocer la decisión de los patronos al término de su reunión.

En un barrio céntrico se inaugura un nuevo centro concertado, con uniforme obligatorio, aspiraciones académicas elevadas y una larga lista de familias acomodadas esperando plaza. A pocos minutos de allí, una escuela pública recibe otro grupo de alumnos recién llegados, familias con menos margen de elección y estudiantes con necesidades educativas que requieren apoyos permanentes. Esa realidad de contrastes se ha convertido en una seña de identidad del sistema educativo vasco y llevó a la comunidad educativa a movilizarse el pasado fin de semana en Bilbao bajo el lema "Segregazioaren kontra publikoa da bidea" [Contra la segregación, lo público es el camino].

Los datos son contundentes. El estudio Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver, publicado por Comisiones Obreras, señala que Euskadi es la segunda comunidad autónoma que más segrega al alumnado según su origen después de Cataluña. Un informe de Esade y Save the Children ya alertaba en 2021 de que era también el segundo territorio —solo por detrás de Madrid— que más aislaba a los estudiantes de rentas bajas. La dimensión del fenómeno es tal que el 43% del alumnado vasco tendría que ser reubicado para eliminar el problema, según el Grupo de Expertos sobre Segregación Escolar del Observatorio Vasco de Educación (GEPS).

Como consecuencia, la red pública escolariza prácticamente a la mayoría del alumnado de origen extranjero, mientras la concertada mantiene porcentajes mínimos. En 2019, por ejemplo, el 92% del alumnado migrante de Infantil y Primaria de Vitoria-Gasteiz estaba matriculado en centros públicos. Los sindicatos, agrupados en la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro!, subrayan que la red pública atiende al 61% del alumnado becado, al 60% de quienes tienen necesidades educativas especiales y al 68% del estudiantado extranjero del territorio.

La llegada constante de estudiantes recién aterrizados, la diversidad lingüística y la mayor presencia de necesidades educativas exige una dedicación intensa que, sin refuerzos suficientes, sobrecarga al profesorado y limita el acompañamiento individual en la pública. "Cuando la vulnerabilidad se acumula por encima de cierto umbral, la escuela pierde su capacidad de compensar desigualdades", advierten los investigadores del GEPS, que comparan la situación de algunos colegios vascos con dinámicas de grandes ciudades europeas donde la segregación lleva décadas enquistada.

Julen Llanos, responsable de CCOO Irakaskuntza, alerta de que esta problemática está generando "una sociedad de dos o tres velocidades". "La clase trabajadora vasca —que hoy integra a buena parte de la población migrante— está concentrada en la pública, que hace lo imposible por corregir las desigualdades que el sistema reproduce", explica.

A ello contribuye la resistencia de una parte importante de la red concertada a escolarizar alumnado migrante o con necesidades especiales. Aunque los conciertos económicos con la consejería obligan a garantizar la igualdad de acceso, en la práctica operan mecanismos que dificultan la entrada a quienes requieren más apoyos. Haizea Arbide, portavoz de STEILAS, describe un patrón habitual. "Las concertadas no facilitan la admisión de familias vulnerables y cuando llega un alumno con dificultades se le acepta un curso, pero enseguida aparece algún pretexto para decir que no encaja en el proyecto y que estará mejor en la pública. Son invitaciones encubiertas a marcharse", detalla.

Este filtrado indirecto impide que la concertada asuma su parte de responsabilidad y agrava la guetificación en la pública. El caso de Ordizia es ilustrativo, ya que allí el 87% del alumnado extranjero estudia en centros públicos. Llanos añade que esta brecha no puede entenderse sin el "componente aspiracional que recorre la sociedad vasca". "Aquí la segregación no es un error, es una elección social. Parte de las familias buscan distinguirse y ven la concertada como ese espacio diferenciado donde sus hijos recibirán una educación distinta", añade.

El elemento que mejor explica esta deriva es el peso extraordinario de la red privada concertada. Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), el 48,6% del alumnado estudia en centros concertados o privados. Una proporción muy alejada de la media española, situada en el 30%. La singularidad vasca es también presupuestaria debido a que Euskadi es la comunidad que más dinero destina a la concertada, según Save the Children, dedicando alrededor del 23,5% del gasto educativo a financiar conciertos, casi el doble que la media estatal (12%) y por encima de Madrid (19%) o Navarra (18%). Esa combinación convierte a la concertada en un pilar estructural del sistema, no en una red complementaria.

Su fortalecimiento no sería posible sin el creciente respaldo del Gobierno Vasco, sostenido por PNV y PSE. Entre los cursos 2020-21 y 2023-24, la inversión en conciertos pasó de unos 623 millones a más de 816 millones, cerca de un 30% más, mientras el presupuesto educativo ha subido alrededor de un 25%. "Para las instituciones, la prioridad no es la pública; la concertada tiene cada vez más apoyo político y presupuestario", señala Arbide, quien recuerda que "incluso mientras se habla de frenar la segregación, el dinero de los conciertos sigue aumentando".

Esta apuesta quedó consagrada en la ley educativa de 2023, aprobada con los votos del PNV y EH Bildu. La norma introduce el concepto de "servicio público educativo" para referirse por igual a la red pública y la concertada. Para los sindicatos, ese término normaliza un modelo dual en el que dos redes profundamente desiguales obtienen la misma legitimidad. "La ley avala la ficción de que pública y concertada son equivalentes, pero no lo son. No pueden serlo cuando solo una escolariza la diversidad real del país", advierte Llanos.

La tercera pieza del sistema son las ikastolas privadas concertadas, históricamente centrales en el proyecto cultural vasco. Su origen como espacios de euskaldunización en la Transición les otorgó un prestigio que sigue blindándolas frente a cualquier cuestionamiento, aunque hoy operan como cooperativas privadas con conciertos y, en muchos casos, con una composición social muy homogénea. "Se habla de sistema dual, pero las ikastolas son concertadas como el resto. Bildu debería defender sin ambigüedades la escuela pública, pero acaba protegiendo a las ikastolas como si fueran otra cosa", critica Arbide.

El Gobierno Vasco sostiene que el programa Eskola Bikaina Denontzat y la mesa por un pacto contra la segregación escolar suponen un punto de inflexión. La consejera Begoña Pedrosa los define como una "herramienta ambiciosa" para revisar las admisiones y repartir la vulnerabilidad entre todas las redes. Sin embargo, quienes participan en esa mesa discrepan abiertamente.

Las sesiones —en las que están representadas patronales de la concertada, asociaciones de familias, organizaciones sociales y la escuela pública— no han generado compromisos verificables ni un calendario de medidas vinculantes. "Si no se apuesta de forma clara y decidida por reforzar la pública, la segregación no se reducirá", resume Llanos. Arbide añade que "la mesa nace para aparentar movimiento” y cuestiona la posibilidad de construir igualdad “con quienes siguen negándose a escolarizar la diversidad real del país".

Cada año sin cambios profundos acerca a Euskadi a un escenario que Llanos describe como "dos sociedades que se miran de lejos aunque vivan en la misma ciudad". Y, como advierte Arbide, si la política educativa sigue protegiendo la arquitectura que genera la desigualdad, “ninguna mesa, por muy participativa que sea, podrá resolverla”.

El madrileño Teatro del Barrio se quedó el martes por la tarde en silencio, sin aplausos. Así es cómo pudo escuchar el público las historias que hay detrás de una cifra: 6.000. Seis mil son los casos de tortura documentados entre 1978 y 2014 en el País Vasco, aunque se estima que las víctimas podrían ascender a 20.000, algo difícil de confirmar puesto que muchas no quieren someterse a las pruebas de verificación y revivir lo que sufrieron. Son las conclusiones de Francisco Etxeberria Gabilondo, uno de los forenses más reputados de España, después de que se creara un equipo en el Instituto Vasco de Criminología en 2014 para que se investigara la tortura en Euskadi entre 1960 y 2013.

"El principal objetivo de estas jornadas es la reparación de las victimas, además de que la sociedad en su conjunto reflexione sobre algo que ha vivido a sus espaldas, es muy importante unir el tejido social ante esto”, explica a infoLibre Juan Ignacio Ruiz-Huerta, uno de los organizadores. A partir de las investigaciones de Etxeberria surge una petición al Defensor del Pueblo para que se realizara un informe extraordinario sobre ello. Los firmantes fueron el propio Juan Ignacio Ruiz-Huerta junto con Jorge del Cura y Pedro José Larraia, quienes también han organizado estas jornadas en Madrid para exigir una Comisión de la Verdad que dé respuestas y justicia ante algo que se ha vivido en el más absoluto silencio en España.

La segunda de estas jornadas giró en torno a una mesa redonda entre Gabriela López del Centro SiRa, en el que se asiste a víctimas de torturas; Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y Ruiz-Huerta, ex jefe de Gabinete del Defensor del Pueblo. En una charla moderada por Sara López, de la Comisión Legal Sol - 15M, los ponentes analizaron el estado y las consecuencias de la investigación de las denuncias por tortura desde que murió Franco. La primera parte de estas jornadas tuvo lugar el pasado 1 de octubre con la proyección del documental Arg(h)itzen, del director Mikelatxo Urbi.

La gran cantidad de casos hacen imposible que se pueda hablar de sucesos aislados. Sin embargo, denuncian que sus reclamaciones han caído en saco roto. Ruiz-Huerta, del Cura y Larraia ya denunciaban en infoLibre la inacción del Defensor del Pueblo. En esta carta publicada en este medio explicaban cómo, en la respuesta que recibieron ante la petición de un informe extraordinario sobre las torturas en Euskal Herria, la institución sacaba pecho por haber elaborado cientos de recomendaciones y sugerencias para prevenirla, mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU expuso que estas recomendaciones apenas se habían aplicado en las instituciones españolas. 

Estaban convencidos de que con Ángel Gabilondo al frente del órgano sería distinto. Sin embargo, su respuesta no fue la que esperaban. El Defensor del Pueblo alegó que los “casos de gravedad" sucedieron entre el franquismo y la Transición. Sin embargo, los organizadores de la jornada aseguran, que las torturas han formado parte del Estado español hasta hace solo unos pocos años. “Esto es lo que se dice siempre, que son cosas del pasado, en los noventa se decía que era algo de los ochenta, y así a cada década”, expresan antes de entrar.

“El Defensor del Pueblo puede hacer lo que quiera, puede velar y supervisar a todas las administraciones y pedir los documentos secretos. Lo que queremos es que haga un informe sobre la tortura, que se cree una comisión, porque queremos que se escuche su voz, porque el silencio es el cómplice indispensable de los torturadores”, denuncia Ruiz-Huertas.

Uno de los objetivos principales de estas jornadas es el planteamiento de una Comisión de la Verdad, que siga la estela de la que José Antonio Martín Pallín creó en relación a las 7.291 personas que murieron en residencias durante la pandemia por los "Protocolos de la Vergüenza". Aun así, entienden que puede haber obstáculos, como que en ella tendrían que participar aquellos que perpetraron esas torturas y, según las reacciones de los sindicatos policiales, no parece que esto vaya a ser viable.

El sistema judicial parece estar más de un lado concreto denuncia el catedrático Joaquín Urías. “Lo que demuestra que un país es una democracia, no es que no haya torturas, sino que se puedan investigar. Los que se encargan de esto son los jueces. El problema que tenemos es hay muchos que no han pasado la Transición. Los mismos jueces que metían a la cárcel a alguien por participar en política, ahora son los que aplican las leyes democráticas o son quienes han preparado a los que ahora ocupan su cargo”, explica Urías. 

“En España se tortura”, añade y la propia policía impide que estas torturas se investiguen. Siempre sucede lo mismo: una persona denuncia a la policía por malos tratos y la policía dice que la misma persona les ha agredido. Los jueces se inclinan por la segunda versión y, por lo tanto, no se investiga. Solo se puede dar en el caso de que haya vídeos, aunque en muchas ocasiones, tampoco da resultado o se alega que “era la fuerza necesaria”. 

Según un informe del Instituto Vasco de Criminología, la investigación de los casos de tortura se puede complicar ante el silencio que provoca el trauma en las victimas. También la falta de una investigación ha provocado en ellas “un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones y el sistema de justicia”, según el informe.

En este sentido, Gabriela López afirma que "la sociedad civil rellena los huecos que faltan". Por ello, insiste, la colectivización es vital para que aquellos que han sido torturados entiendan que el fallo no es suyo, sino del sistema.

"Ayuso Entzun, Euskadi euskaldun” Así reivindicaba la lengua y la cultura vascas el lehendakari Imanol Pradales durante su intervención en el Alderdi Eguna (el día del partido) del PNV, así respondía a Isabel Díaz Ayuso después del último desplante que la presidenta de Madrid puso en escena durante la conferencia de presidentes celebrada en Barcelona, cuando Pradales continuaba su intervención en euskera. La presidenta madrileña respondió este lunes: “Lo de Ayuso entzun, pim pam pum, es lo que se decía antaño y es preocupante”. La última tabernera de Sol convirtió el euskera en “amenaza y violencia verbal, que es lo que están haciendo los socios de Pedro Sánchez”.

Del mismo modo que al socialismo le resulta muy difícil gobernar contra Madrid, a Madrid le resulta prácticamente imposible iniciar la reconquista en Catalunya y el País Vasco. La última reyerta entre Ayuso e Imanol Pradales, el último samurai vasco, ha puesto de manifiesto el intento baldío del centralismo aznarí por despertar los viejos fantasmas de ETA, dejando en evidencia la debilidad política del PP intramuros. Sugerir, como viene haciendo la presidenta de la Comunidad desde la última Vuelta Ciclista a Sarajevo, el resurgimiento del terrorismo se ha convertido en una extravagancia política que merece una interpretación.

El centralismo madrileñista del PP es una tara congénita que ha conjugado mal con el PNV desde que José María Aznar logró su mayoría absoluta en el 2000. Firmar un acuerdo de investidura con Xabier Arzalluz, en 1996, no logró aliviar los efectos del jacobinismo popular que llegó, incluso, a incomodar a un presidente de la Xunta tan jacobino como franquista llamado Manuel Fraga Iribarne. Fraga pudo haber sido el padre de todas las derechas en la divertida década de los 80 y haber nacido con el Estado dentro de su cabeza, pero nunca logró una mayoría absoluta como la de Aznar ni se codeó con los mandas del Imperio que repartían juego y misiles por todo el orbe mundial. Así se mide el poder. 

La mayoría absoluta de Ayuso en 2022 no es sólo una extravagancia política en el desarrollo de la España plurinacional. Se ha convertido en una excrecencia de la propia aznaridad que comienza a entregar más protagonismo a Cayetana Álvarez de Toledo y a Espinosa de los Monteros (otra pareja feliz) que la inquilina de Chamberí. 

La vieja resistencia vasca del PNV, a través del euskera, es hoy un ejercicio modélico de institucionalidad democrática, completamente alejada de los parámetros en los que se mueve el gobierno de la CAM. España se empeña siempre en dar la impresión de que está por hacer, de que al puzle le falta siempre una pieza, sin importar cuándo ni cómo ni por dónde lo mires. Y hoy, la pieza que no encaja en el mapa político español no es el País Vasco ni Catalunya sino una anomalía llamada Madrid, un Madrid absurdo y hambriento, permanentemente encabronado y convertido en una taberna donde hacen colas soviéticas todos los paletos.

Ayuso ha iniciado una política de acoso y derribo al PNV, a Aitor Esteban, el último sumotori, a Pradales, a los vascos, cuando los vascos se han enganchado al PNV tanto como a Bildu y el PSE, o sea, a la democracia y lo que los comunistas han definido como la vieja correlación de fuerzas. Ayuso hace la guerra por libre, influida por la estrategia de comunicación de su visir, Miguel Ángel Rodríguez. El ruido de Ayuso, su pim pam pum, no debe impedirnos observar que el triángulo virtuoso de la democracia ha dejado al margen de la institucionalidad (incluida la Corona) al PP, empeñado en convocar elecciones generales anticipadas en España, obstinado en perder el rumbo, desnortado y perdido en su propio laberinto. 

El anterior presidente del PNV, Andoni Ortuza, y el actual, Esteban, sostienen un legado blindado dentro y fuera del País Vasco. En el PNV siempre fulge el alma de la tradición y la forja industrial de la economía y las finanzas. El último partido analógico (Juliana dixit) ya no tiene vibraciones independentistas. Lejos queda la vía Ibarretxe, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que logró disolver ETA. Aquel Gobierno dejó surcos y estableció nuevas correlaciones de fuerzas.

La estabilidad política de los nacionalistas vascos ha sido siempre una referencia. Han impregnado la política española de cierta disciplina que les ha permitido no sucumbir al ruido. Aitor Esteban y Andoni Ortuzar han sido los dos luchadores de sumo de la política vasca en la última década. En el arte marcial –el deporte nacional nipón–, el respeto entre adversarios es sagrado; perder la compostura descalifica y salirse del círculo, conocido como dohyo, equivale a una derrota. Así es el PNV en la política española, así es el PNV en el Congreso de los Diputados, así es el PNV en la Lehendakaritza. En el sumo, lo importante es no salirse del círculo, expulsar al adversario y evitar que te expulsen. En la política española también. Se impone la filosofía del todos dentro. En el sumo, el dohyo simboliza el cielo y en el Parlamento español, el dohyo es la convivencia. 

La irrupción de Aznar y el eco cacofónico de Ayuso nos producen la repelente y exasperante sensación de lo ya visto, ya oído, ya dicho. Hace mucho tiempo que Ayuso y Feijóo se encuentran fuera del círculo. La presidenta de Madrid ha colocado sus cañones apuntando a Ajuria Enea y se ha quedado sola. Pradales es el último samurái de la política vasca y hay quien ha visto en el lehendakari la versión correcta de Pedro Sánchez. Gobierna con el apoyo de Eneko Andueza. El secretario del PSE es un buen puente para mantener dentro y fuera del País Vasco la estabilidad en el Parlamento español. La relación entre los socialistas de la margen izquierda del Nervión y la burguesía de Neguri se inspira en las mismas reglas del sumo: todos dentro, mientras el PP se empeña en estar fuera. Este arte marcial, que funde la religión y la calle, es tan poderoso y atractivo que hasta Bildu también lo practica mientras el Euzkadi Buru Batzar observa qué sucederá con los próximos Presupuestos Generales.

“Ayuso entzun, Euskadi euskaldun!”. El lehendakari, Imanol Pradales, es un político de maneras contenidas, de ritmo suave, de corrección de domingo. Pero este fin de semana subió el tono de forma contundente en su reivindicación de la lengua y la cultura vascas durante su intervención en el Alderdi Eguna (el día del partido) del PNV, centrando las críticas en su homóloga madrileña.

Con las derechas radicalizando su discurso en una suerte de competición entre el PP y Vox, los dirigentes del Gobierno vasco y del PNV se han convertido en el contrapeso dentro del mundo conservador a la hora de entender la política. Y Euskadi –donde gobiernan los nacionalistas en coalición con el PSE-EE– se presenta estos días como el modelo contrapuesto a la Comunidad de Madrid, con medidas como la aprobación este lunes de Vitoria como zona tensionada en términos inmobiliarios y la autorización a los colegios para que luzcan banderas palestinas como expresión de rechazo al genocidio que está perpetrando Israel en Gaza.

Pradales no perdona que Díaz Ayuso se levantara y se fuera de la última reunión de la Conferencia de Presidentes cuando él pronunció parte de su discurso en euskera. El lehendakari se ha puesto como una de sus principales misiones la defensa de la cultura y del idioma vascos frente a las ansias recentralistas que emanan de la Puerta del Sol. El enfrentamiento ha subido peldaños en las últimas horas.

En el acto del PNV de este domingo, Pradales puso el foco en lo que supondría un Gobierno central pactado entre los populares y la extrema derecha de Vox: “Pueden venir tiempos oscuros para Euskadi”. Para remarcar: “Tiempos de crisis o de cuestionamiento” del autogobierno, de las instituciones propias y de la propia identidad del pueblo vasco. Y de manera muy clara le dijo en euskera: "Ayuso escucha, Euskadi es vasca".

El enfrentamiento se ha encarnizado con la propia presidenta de Madrid respondiendo este lunes en otra entrevista con Ana Rosa Quintana: “Lo de Ayuso entzun, pim pam pum, es lo que se decía antaño y es preocupante”. La presidenta madrileña criticó a Pradales que utilice el euskera como “amenaza y violencia verbal, que es lo que están haciendo los socios de Pedro Sánchez”.

Este choque supone ahondar más en la brecha existente entre los peneuvistas y el Partido Popular. Un enfrentamiento que se ve claramente en el Congreso de los Diputados, donde Alberto Núñez Feijóo ha pasado de cortejar a los jeltzales a atacarlos constantemente. En el pleno sobre corrupción del pasado verano, la nueva portavoz del PNV, Maribel Vaquero, le dijo directamente al líder popular: “¿Cree que va a gobernar insultando o tratando de desacreditar al adversario? ¿Qué más sabe hacer? ¿Tratar de ensuciar el nombre del PNV?”. Además, los nacionalistas vascos han rechazado cualquier amago del Partido Popular de enfrentar a los socios del PSOE para encarrilar una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Madrid y Euskadi son las dos autonomías más ricas de España en términos de PIB per cápita. Y, además, son dos lugares donde el precio de la vivienda se ha convertido en un gran problema para los ciudadanos. Pero también este lunes se evidenció una gran diferencia a la hora de gestionar la solución, con el Gobierno vasco materializando un paso más en la aplicación de la ley de vivienda al declarar Vitoria, capital de la comunidad, como zona tensionada. En cambio, el Gobierno de Ayuso ha dado por completo la espalda a la norma aprobada por el Gobierno central que ofrece un paraguas para poder limitar el precio de los alquileres. 

La orden se publicó este lunes en el Boletín Oficial del País Vasco con la idea de que entre en vigor a finales de octubre, cuando el BOE actualice la lista. La medida permitirá aplicar políticas públicas para ampliar la oferta con la construcción de más de 3.000 viviendas protegidas en tres años –de las cuales 1.629 las levantará el Ejecutivo vasco– y, previsiblemente, controlar los precios del alquiler.

Con la incorporación de Vitoria-Gasteiz a esta lista, en la que también figuran San Sebastián y Bilbao, casi la mitad de la población vasca –el 47,7% para ser exactos, más de un millón de habitantes– vive ya en municipios tensionados. Y esa cifra superará el 50% en los próximos meses cuando se sumen las localidades de Lezo, Zestoa, Arrasate-Mondragón, Tolosa y Hernani.

En el caso de Vitoria, tras aprobar la orden, el EUSTAT (instituto estadístico del Gobierno vasco) ya está desarrollando una metodología que permita obtener la información necesaria, cruzando los datos tributarios con sus bases de datos propias y las del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana (en manos del PSE-EE), para obtener un número suficiente de viviendas por distrito que permita realizar una proyección estadística fiable y robusta, según el Ejecutivo vasco. El horizonte con el que se trabaja es el del primer semestre del año que viene.

Y en estos días hay otra gran diferencia entre el Gobierno de Pradales y el de Ayuso: su posición respecto a Palestina. El lehendakari, durante el debate de política general en el Parlamento vasco el pasado día 18, se mostró en contra del “genocidio”: “Estamos enfurecidos, cansados y hartos. Esta violencia nos genera dolor, rabia e impotencia”. 

Ayuso, en cambio, sigue defendiendo abiertamente a Israel. Este lunes incluso cuestionó las palabras de Felipe VI durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde el monarca se dirigió al Gobierno de Benjamin Netanyahu de esta manera: “Clamamos, imploramos, exigimos, detengamos ya esta masacre”. La dirigente popular matizó que “el rey reina, pero no gobierna y no tiene que tomar más postura que la conciliación”.

Con otra palpable entre las dos Administraciones respecto a este asunto: en Euskadi se pueden ver banderas de Palestina en los colegios e institutos, mientras que Ayuso ha emprendido una cruzada contra los centros escolares que muestren símbolos de apoyo a Gaza. “No vamos a consentir que se instrumentalicen los centros para la guerra ideológica”, sostiene la dirigente popular, que en este caso actúa de manera contraria a como lo hizo con el respaldo a Ucrania.

El genocidio en Gaza ha irrumpido como gran tema de preocupación en España. Cada día más ciudadanos quieren expresar su enfado por los asesinatos que comete constantemente el Gobierno de Netanyahu en la Franja. Y, además, se ha convertido en el tema central sobre el que gira el debate público en las Cortes Generales y en los medios de comunicación ante las impactantes imágenes que llegan desde Palestina.

El mundo de la cultura ha vuelto a ponerse en primer plano para criticar de manera masiva la actuación pilotada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Actos de protesta, manifiestos, peticiones al Gobierno y declaraciones ante los medios se suceden por parte de artistas, cineastas, músicos y escritores. Pero, de manera paralela, el mundo del deporte simboliza estos días el silencio mayoritario ante la masacre y el dominio de los valores mercantilistas frente a la defensa de los derechos humanos.

La Vuelta a España de ciclismo es la muestra más contundente hasta el momento del abismo entre el sentir de la población (un 82% de la sociedad está en contra del genocidio, según las encuestas de Real Instituto Elcano) y el mundo de la élite empresarial deportiva y las grandes figuras. La organización se negó a expulsar al equipo israelí y el director del campeonato, Javier Guillén, decidió poner en su punto de mira a los manifestantes: "Lamento y condeno lo ocurrido en la última etapa de la Vuelta. Las imágenes hablan por sí solas. Es inaceptable lo que ocurrió, especialmente en el circuito. No se saca nada bueno de lo que ocurrió. Lamento la imagen que se dio, y eso no se puede repetir".

Pero esa sensación de silencio mayoritario se extiende en todos los deportes. Por ejemplo, lo ha denunciado Ana Peleteiro, medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio, respecto al mundo del atletismo: “Hago un llamamiento a mis compañeros y compañeras, así como a las instituciones que nos representan, para que se pronuncien. Levantar la voz e un acto mínimo de responsabilidad”.

“Duele ver cómo el mundo del atletismo, que tiene la capacidad de inspirar a millones de personas, guarda silencio frente a la violencia y las violaciones de los derechos humanos que se están viviendo”, explicó en sus redes sociales, para lanzar esta idea a continuación: “No es fácil hablar, lo sé. Pero nuestro compromiso con los valores que defendemos en las pistas y fuera de ellas debería ir más allá de las medallas”.

También domina el silencio de manera abrumadora en el mundo del fútbol, el deporte rey en España. Por ejemplo, el Real Madrid ha vetado la posibilidad de exhibir las banderas palestinas y se requisaron las enseñas por parte de los equipos de seguridad a aficionados del Olympique de Marsella que asistían a un partido en el estadio Santiago Bernabéu.

A pesar de su inacción, se están dando pequeños gestos simbólicos como que el Athletic de Bilbao sí permitió que entraran banderas palestinas y que la selección de fútbol de Euskadi va a jugar un partido amistoso con el combinado de Palestina el próximo 15 de noviembre en San Mamés.

El Gobierno español ha apoyado estos días las manifestaciones a favor de Palestina durante las etapas de la Vuelta y, además, el presidente, Pedro Sánchez, ha planteado que Israel no participe en las grandes competiciones internacionales “mientras dure la barbarie”, como pasa con Rusia tras la invasión de Ucrania.

La petición hecha por España ha caído de momento en saco roto por parte del COI, que rechaza expulsar a Israel. El organismo ha tratado de zanjar así la propuesta: “Tanto el comité olímpico nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas”.

Frente a estos silencios, la cultura española está alzando la voz de manera mayoritaria para apoyar al pueblo palestino y condenar el genocidio que está perpetrando Netanyahu. El lunes ese sentimiento se cristalizó de manera abrumadora con el acto de lectura de los nombres de los niños asesinados. Pusieron su voz figuras como Pedro Almodóvar, Ara Malikian, Eva Ugarte, Alauda Ruiz de Azúa, Alberto San Juan, Juan Mayorga, Hernán Zin, Bárbara Lennie, Fernando Colomo, Kiti Mánver, Rosa Montero, Leticia Dolera, María León, Joaquín Reyes, Paco León, Ester Expósito, Ana Wagener, Carlos Bardem, Eduardo Casanova, Javier Fesser, Aitana Sánchez-Gijón, Juan Diego Botto, Carlos Hipólito, Alberto Amman o Raúl Arévalo. Además, estuvieron Luis García Montero, Fernando León de Aranoa, Andrés Lima, Loles León y Agustín Almodóvar. También periodistas como Jesús Maraña, director editorial de infoLibre.

España se ha puesto asimismo a la cabeza en el mundo cultural y mediático con la decisión de no participar en Eurovisión, el concurso musical más importante del mundo, si Israel mantiene su participación en la edición del próximo mes de mayo en Viena (Austria). RTVE encabeza esta decisión junto las cadenas de Islandia, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia.

También el festival de cine de San Sebastián, que ha arrancado este viernes, ha sido el primer certamen de clase A que ha emitido un comunicado oficial en el que se señala: “Es obligado condenar hoy la sistemática y programada conculcación de derechos humanos y el genocidio que está perpetrando el Gobierno de Netanyahu”. “Aunque pueda parecer ingenuo, exigimos un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes que están secuestrados por Hamás y deseamos una futura convivencia pacífica de los pueblos israelí y palestino”, reza el texto.

Además, el mundo de la cultura a lo largo de estos meses lleva presionando al Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar el embargo de armas, una decisión que se adoptará de manera formal en la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes a través de un decreto, que también incluirá la prohibición de la entrada de productos correspondientes a los territorios ocupados.

Esa petición la hicieron en una carta firmada por 1.200 artistas y enviada al Gobierno en el pasado mes de julio y que se visualizó en un acto este verano en el que participaron personalidades como Nathalie Poza, Guillermo Solana, Ana Wagener, Luis Tosar, María Botto, Javier Fesser, Samantha Hudson, Carlos Bardem, Rocío Sáiz, Silma López, Inés Hernand y Oliver Laxe.

Asimismo, muchos de los artistas aprovechan sus intervenciones y entrevistas en medios de comunicación para mostrar su rechazo al genocidio en Gaza. Por ejemplo, Maribel Verdú declaró en infoLibre: “Palestina es la gran vergüenza de nuestro tiempo, como lo fue la guerra de Sarajevo”. También en este medio la escritora Alana S. Portero aseveró que “es una vergüenza universal cada ser humano que muere en Gaza”. Y Fernando León sostuvo: “Bajo las ruinas de Gaza no hay sólo cadáveres, está el fracaso de nuestra sociedad”.

La indignación de buena parte de la sociedad española por el genocidio en Gaza ha cristalizado en las protestas a favor de Palestina durante las etapas de la Vuelta ciclista. De esta manera, se ha convertido en el primer gran evento multitudinario deportivo en el que se ven diariamente banderas de Estado palestino y en el que muchos espectadores muestran su rechazo contra la participación de un equipo israelí.

La Vuelta a España tiene un alto simbolismo y despierta pasión de generación en generación. Y, además, es un gran espectáculo mediático, que reúne cada tarde a casi un millón de espectadores de media en la retransmisión en TVE. De ahí la importancia de la visibilidad de las manifestaciones, algo que no ha ocurrido en otros eventos similares en el ciclismo como el Tour de Francia.

Las protestas también han tenido momentos de tensión como los que se vivieron en Bilbao, donde la Ertzaintza detuvo a tres personas tras los incidentes que provocaron lesiones a cuatro agentes. También en alguna etapa se ha tenido que acortar el recorrido para evitar problemas a los corredores. Y ahí es donde se está agarrando parte de la derecha, capitaneada por el PP de Madrid, para focalizar sus críticas.

Estas concentraciones tienen un gran componente simbólico al producirse alrededor del mundo del deporte, un espacio en el que domina el silencio y no hay condena clara al genocidio que está perpetrando Israel en Gaza. Tienen su foco en la participación en la Vuelta del equipo Israel Premier-Tech, cuyo propietario es el millonario Sylvan Adams, amigo íntimo de Benjamin Netanyahu y que lleva años tratando de lavar la imagen de Israel a través del deporte. 

Sin ir más lejos, la oficina del primer ministro ha distribuido en la red social X un mensaje de Netanyahu celebrando que el equipo siga en la competición: “¡Gran trabajo, Sylvan y el equipo ciclista de Israel por no ceder ante el odio y la intimidación! ¡Israel se siente orgulloso de vosotros!”.

El conjunto mantiene su intención de continuar participando: “Somos profesionales y vamos a seguir compitiendo hasta el final”. Sólo la UCI puede expulsarlo de la competición y el órgano internacional no quiere mover ficha por “su compromiso con la neutralidad política, la independencia y la autonomía del deporte, de conformidad con los principios fundacionales del movimiento olímpico”.

La carrera encara su recta final a partir de este fin de semana y concluirá el día 14 en el centro de Madrid. Para ese día ya se están convocando manifestaciones masivas alrededor del circuito para mostrar ante el mundo entero el rechazo a la guerra de Gaza y a favor del Estado palestino. Una imagen muy potente que ya incomoda a la derecha madrileña, que lleva meses volcándose con Israel.

Las protestas durante la Vuelta han irrumpido de lleno en el mundo político. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha convertido en la voz más potente a favor de esas manifestaciones. Ha señalado durante estos días que la sociedad española con esas acciones está dando una "lección de humanidad" y demuestra su "compromiso con la paz y los derechos humanos".

Rego, de origen palestino, pertenece a Izquierda Unida, partido que también está volcado con las protestas. La formación liderada por Antonio Maíllo ha denunciado además que "Israel utiliza La Vuelta para limpiar su imagen mientras continúa el genocidio”: “El sionismo no debería participar en ninguna competición deportiva".

Los ministros del ala de Sumar están presionando al PSOE para tomar más medidas ante la guerra en Gaza y han pedido declarar persona non grata a Netanyahu y aprobar de forma inmediata la ley de embargo de armas, además de la retirada de la embajadora española en Tel Aviv y la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

El ala socialista, según explicó el propio ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, está de acuerdo en que deje la competición de la Vuelta el equipó de Israel y apoya el “mensaje” de que este país no puede seguir en las competiciones deportivas como si no sucediera nada. 

En el lado contrario, el PP de Madrid está desplegando mensajes en todos los formatos para apoyar a Israel y atacar las protestas durante la Vuelta. La más activa está siendo la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien este viernes dijo: "No es la primera vez que se atenta contra deportistas israelíes, como en las olimpiadas de Múnich". Además, relacionó las protestas durante esta semana con el terrorismo etarra:  “Han expulsado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cualquier otra autoridad nacional del País Vasco. Y una vez en la Historia de la vergüenza, se someten a los etarras. Cobardes que se ceban con los deportistas, artistas… Y por supuesto, son antisemitas y odian éxitos españoles como La Vuelta”.

Y se ha lanzado contra la ministra Rego el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticando que “ha jugado un papel lamentabilísimo en lo que está sucediendo en la Vuelta ciclista a España alentando el antisemitismo que ya mostró en el Parlamento Europeo cuando se negó a condenar los ataques terroristas del 7 de octubre de Hamás”. Ha llegado a decir que la titular de Juventud e Infancia está “incapacitada para estar en política”.

Los países de la Unión Europea volvieron a aplazar este viernes la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego ante la falta de unanimidad que se requiere para aprobar la petición de España. La de este viernes fue la séptima vez que los Veintisiete abordaron la cuestión, en una discusión que duró alrededor de 45 minutos y en la que tomaron la palabra más de una decena de países, según dijeron a EFE fuentes europeas.

A su llegada a la reunión, el ministro de Exteriores de Luxemburgo y ex primer ministro del país, Xavier Bettel, dijo entender "completamente que para los españoles y el multilingüismo, las tradiciones son muy importantes", pero consideró que "realmente, no es el momento adecuado" para aprobar la oficialidad de las lenguas. "Hemos necesitado días para acordar las sanciones (a Rusia), todavía no somos capaces de tener decisiones sobre Israel y tener un alto el fuego en Palestina, ¿pero aprobamos el gallego, el euskera y el catalán?", preguntó retóricamente. "Si al final del día la gente se pregunta hacia dónde va Europa, esta es la cuestión", continuó.

La ministra de Austria para Europa, Claudia Plakolm, dijo que "mientras no haya una propuesta sobre la mesa con la que se aclaren las cuestiones jurídicas y financieras, no se puede dar ningún consentimiento" a la propuesta española.

También Francia, Polonia y Finlandia apuntaron que España no ha resuelto aún sus dudas, principalmente jurídicas.

Sin embargo, el secretario de Estado español de la UE, Fernando Sampedro, consideró que España "ha abordado todas las dudas" políticas, económicas y jurídicas y pidió a sus socios "no secuestrar o retrasar" la decisión sobre la oficialidad de las lenguas. "Los Tratados son muy claros, los Tratados dicen que la identidad nacional de los Estados miembros, en este caso la identidad nacional plurilingüe, nuestro sistema constitucional debe ser respetado", por lo que no hace falta cambiarlos, como sí creen, en cambio, los servicios jurídicos del Consejo de la UE.

Estos entienden que habría que modificarlos porque el artículo 55.1 del Tratado de la UE menciona las 24 lenguas en las que está redactado y entre las que solo recoge el castellano. En cambio España alega que la base legal con la que se ha modificado el reglamento que regula los idiomas oficiales de la UE es el artículo 342.

Por tanto, Sampedro dijo que "veinte millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios españoles en los que residen no se traten exactamente igual que las lenguas que son oficiales en otros países" e insistió en que España está dispuesta a asumir el coste de la propuesta. La Comisión Europea ha estimado que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego podría costar 132 millones de euros, pero se trata de una evaluación preliminar en base a los costes que existen con la traducción y la interpretación del gaélico.

En el informe que publicó en 2023, Bruselas apuntó que para saber el coste definitivo hay que saber el personal que hay que contratar, así como cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudar a las labores de traducción y el posible periodo de transición que se pactaría antes de la entrada en vigor de la oficialidad de las lenguas. Un punto este último que ya ha aclarado España, pues ha propuesto una implementación progresiva a partir de 2027.

Durante su intervención en la reunión, Sampedro incidió de nuevo en que la oficialidad del euskera, el gallego y el catalán no crearía ningún precedente para otros idiomas cooficiales, como temen los países nórdicos y del este. En concreto, dijo que ninguna otra lengua cumple simultáneamente todos los requisitos que tienen las lenguas cooficiales españolas: que tienen un origen histórico; que están reconocidas en la Constitución; que se pueden emplear en el Parlamento; que existen acuerdos administrativos con las instituciones europeas para poderlas usar; que la legislación comunitaria -incluso los tratados europeos- se traduce a cada una de las lenguas en las comunidades respectivas y que el Gobierno está dispuesto a asumir el coste.

Aunque no sean idiomas oficiales, el gallego, el euskera y el catalán se pueden usar ya en el Consejo de la UE, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. El Parlamento Europeo sigue discutiendo si aprobar su uso, mientras la Escuela Europea ha decidido ofrecer el catalán como asignatura optativa. 

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha negado tajantemente que el acuerdo alcanzado este martes con el Gobierno vasco para transferir la gestión de prestaciones no contributivas suponga la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, como sostiene el PP. En rueda de prensa en Moncloa tras la reunión de la comisión bilateral que ha acordado un nuevo paquete de traspasos a Euskadi, el ministro ha aseverado: "Es una falsedad decir que se rompe la caja única de la Seguridad Social".

De este modo ha rechazado los reproches del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, para quien el Gobierno de Pedro Sánchez ha negociado con el PNV "desguazar" la Seguridad Social en el País Vasco en "otra ruptura y otra patada a la unidad de España".

El ministro ha aclarado que lo pactado en la reunión ha sido la "gestión" de las prestaciones no contributivas, algo que constata el propio acuerdo, donde está recogido "de manera taxativa", ha aseverado.

Y ha leído el texto que refleja que esta transferencia respeta "el modelo unitario y el principio de solidaridad y la caja única de la Seguridad Social". En consecuencia, ha instado a Bendodo a corregir su afirmación por ser "falsa".

Torres ha calificado la reunión con el lehendakari, Imanol Pradales, de "fructífera" tras haber concluido "con acuerdos consensuados" y ha criticado que la oposición recurra al "disenso y a "lo más fácil en la política", que "es la crispación, el insulto, la demagogia y el populismo", ha lamentado.

Asimismo, ha destacado que el Gobierno seguirá con su calendario de bilaterales "con todas aquellas" autonomías que se lo soliciten "de manera oficial" y ha zanjado que "más autonomía, no es menos España, sino justamente todo lo contrario".

"El Gobierno de España sigue trabajando, lo va a seguir haciendo, lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo hasta el final de su camino, que es la presente legislatura, que quedan dos años por delante con voluntad de continuidad", ha dicho Torres, para reafirmar el compromiso del Ejecutivo con los acuerdos firmados en el marco Constitucional y los estatutos de autonomía.

Pero no ha sido el único acuerdo al que han llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari. En total, han acordado avanzar en siete materias clave reclamadas desde hace tiempo por Euskadi, entre ellas la transferencia al País Vasco de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social a la familia.

Así se ha acordado en la segunda reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, en la que se han dado nuevos pasos para ir completando las cerca de 25 transferencias pendientes que reclama Euskadi tal y como acordaron los socios del Gobierno Vasco PNV y PSE, en un momento delicado de la legislatura en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez necesita afianzar el apoyo de sus socios.

A las siete materias a las que se ha dado luz verde se suma otro acuerdo importante para cerrar la venta de Talgo.

Estos son los ocho acuerdos:

Los acuerdos sobre competencias deberán ser ratificados en una comisión mixta de transferencias antes del final de año. 

El Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia-San Sebastián, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional y sin fianza del joven detenido el lunes en Renteria (Gipuzkoa) sobre el que pesaba una orden de arresto por su presunta relación con la agresión a un vecino de 68 años de Torre Pacheco (Murcia).

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al detenido, de 19 años de edad, se le imputa la posible comisión de un delito de lesiones.

El juzgado ha acordado remitir el procedimiento por lugar de los hechos a los juzgados de San Javier, ya que el municipio de Torre Pacheco pertenece a ese partido judicial. De momento, según han precisado a EFE fuentes de la investigación, el joven será traslado a la prisión de Martutene.

Fue detenido en la noche de este lunes por la Ertzaintza después de que la Guardia Civil lo identificase e informara a todas las fuerzas de seguridad de que había salido de la localidad murciana.

Es el tercer y último supuesto autor de la agresión la semana pasada a un hombre de 68 años en Torre Pacheco, donde se han registrado violentos incidentes durante varias noches.

Además, tres nuevas detenciones la pasada madrugada elevan ya a 13 los arrestos por los altercados racistas ocurridos en la localidad murciana de Torre Pacheco, que se encuentra blindada con más de un centenar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los tres detenidos, de nacionalidad marroquí, están acusados de lanzar objetos contra agentes de la Guardia Civil que trataron de disuadirles para que depusieran su actitud violenta durante los altercados.

Así lo ha explicado el coronel Jefe de la Guardia Civil en la Región de Murcia, Francisco Pulido, quien ha señalado que se ha identificado a más de 120 personas, a muchas de las cuales se les han incautado instrumentos que podrían ser usados como armas en este tipo de altercados.

La mayor parte de los identificados, ha dicho Pulido, proceden de fuera de la Región de Murcia y venían en grupos organizados. "El despliegue del dispositivo de seguridad que hemos establecido en la localidad está dando sus frutos, así como las detenciones practicadas, pues trasladan el mensaje de que no se va a permitir ningún tipo de alteración del orden público", ha afirmado.

Ante las convocatorias en redes para acudir a Torre Pacheco, el coronel ha apuntado que se mantiene el dispositivo de seguridad y prevención de estos días, "que está siendo reforzado y que permitirá actuar en cualquier momento en función de la situación que se vaya produciendo", ha comentado. "Es un dispositivo gradual que se va desarrollando a lo largo de las horas, de forma que podamos disponer de la mayor cantidad de fuerza en los momentos en los que puedan producirse más altercados", ha asegurado Pulido.

La Guardia Civil continúa investigando la procedencia de los convocantes de estos altercados. En este sentido, la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, ha relatado, desde que se detectó, el pasado jueves, a través de las redes sociales una convocatoria para participar en "una cacería" contra inmigrantes en Torre Pacheco, se pusieron en marcha los mecanismos necesarios para controlar posibles altercados.

"Fuimos previsores, nos adelantamos, porque eso se estaba convocando para los días 15, 16 y 17 de julio, pero pensamos que el pasado fin de semana podía ser ya movido y pusimos todos nuestros efectivos en alerta y desplegados", ha dicho.

Por ello, según la delegada del gobierno en Murcia, "no ha habido un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, aunque sí lanzamientos de objetos en algunos momentos, a consecuencia de lo cual se han practicado numerosas detenciones, se han impuesto numerosas sanciones y ha habido numerosos identificados". "La convocatoria real que se promociona desde la semana pasada en las redes sociales era la de hoy. Nosotros tenemos nuestro dispositivo preparado por si sucediera eso que van anunciando", ha afirmado.

Con respecto al aumento de plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Torre Pacheco de forma permanente, Guevara ha señalado que la semana pasada se incorporaron 7 nuevos agentes y que está previsto que en septiembre hagan lo propio otros 8.

La magistrada de guardia de San Javier ha acordado este martes la puesta en libertad de los dos detenidos por colaborar en la agresión a un vecino de Torre Pacheco de 58 años el pasado miércoles, y les ha impuesto como medidas cautelares una orden de alejamiento, la obligación de comparecer en sede judicial cada quince días y la entrega del pasaporte.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha informado de que la magistrada, titular de la plaza 5 de San Javier, partido judicial al que pertenece Torre Pacheco, les investiga como presuntos autores de un delito de lesiones y contra la integridad moral, sin perjuicio de calificación posterior.

Además, como diligencias esenciales para esclarecer los hechos, la magistrada ha tomado declaración esta mañana a la víctima, y se ha solicitado su reconocimiento por parte del médico forense.

Según fuentes de la investigación, ambos podrían haber colaborado con el autor material de la agresión y facilitado su huida a Rentería (Guipuzcoa), donde fue detenido ayer cuando planeaba tomar un tren hacia Francia.

El presunto agresor, de 19 años y nacionalidad marroquí, como los dos que han quedado en libertad, ha pasado este martes a disposición judicial en San Sebastián, donde se ha acordado su ingreso en prisión provisional sin fianza.