Tras un 2025 convulso, con la convalidación el pasado junio de la ley de amnistía y mientras avanzan las múltiples cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo asociados a esa misma norma, el Tribunal Constitucional vive, desde hace semanas, un período de tregua y tranquilidad lejos de los furibundos ataques a los que PP, Vox y la judicatura más conservadora han sometido al órgano de garantías –en especial, a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y la mayoría progresista actual– durante la tramitación del recurso de inconstitucionalidad del PP.

Los intentos de socavar la legitimidad de una institución en cuya composición participan los tres poderes del Estado y los principales partidos y sensibilidades ideológicas representados en cada uno de ellos –y que hasta 2023 estuvo dominado por los conservadores– han cesado a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre el encaje de la disposición del perdón en los tratados y el resto del derecho comunitario.

En los asuntos pendientes, el recurso de amparo de Carles Puigdemont y los del resto de líderes independentistas condenados y procesados contra la polémica decisión del Supremo de no aplicarles la amnistía, serán, previsiblemente, los casos más polémicos a tratar en los primeros meses del año. La mayoría progresista y los cinco magistrados conservadores han rebajado su nivel de enfrentamiento y, de común acuerdo, han rechazado las medidas cautelares planteadas por el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, que reclamaban que, antes de tomar una decisión definitiva, el tribunal dejara sin efecto sus respectivas penas de inhabilitación. También han desestimado la petición de Puigdemont de dejar sin efecto su orden de detención que impide su regreso a España sin ser detenido.

Las decisiones de fondo no se adoptarán, según fuentes del tribunal, hasta que se pronuncie el tribunal de Luxemburgo sobre las cuestiones prejudiciales contra la amnistía presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El abogado general de la UE, cuyo parecer acoge el tribunal europeo en la mayoría de ocasiones, dio un fuerte revés a las tesis conservadoras y aseguró el pasado 13 de noviembre que la amnistía no afecta a la normativa europea sobre terrorismo. En cuanto a su abanico de efectos, aseguró que es aplicable también a la malversación –en contra de lo que sostuvo el Supremo con un retorcido argumento sobre el lucro–, como reclaman los procesados y condenados.

En contra de lo que sostiene el PP, el Supremo y los magistrados del sector conservador, el alto funcionario europeo defiende que los gastos con los que se financió el proceso no afectaron a los intereses financieros de la UE. El abogado general también rechazó el argumento del PP de que fuera una autoamnistía y centró la aprobación de la ley en un "procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista" para "dar respuesta a una situación excepcional".

Si el TJUE sigue finalmente el criterio del abogado general también en este caso, el Constitucional no tendrá ya ningún obstáculo para decidir sobre el amparo de los líderes del procés. Fuentes del órgano de garantías creen que sus peticiones saldrán adelante –con toda probabilidad tras otro debate muy bronco y un festival de votos particulares– por lo que con toda probabilidad se levantarán definitivamente las penas a los condenados y decaerán las órdenes de detención contra los exdirigentes huidos, Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín.

Esperar al pronunciamiento europeo tiene, además, una segunda ventaja. Porque, en principio, impediría al Supremo o a cualquier otro tribunal que tuviera que aplicar las sentencias de amparo y aplicar la ley presentar una nueva cuestión en Luxemburgo durante la ejecución de las mismas. Cuestionar al TC después de que pronuncie sobre un caso es algo que ya ha hecho la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. El Constitucional anuló las sentencias y ordenó a ese tribunal rebajar las penas de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, así como de otros consejeros condenados. La Audiencia se negó a hacerlo y recurrió a esa fórmula, la cuestión prejudicial, para desobedecer su fallo.

Más allá de los últimos coletazos del procés, al Constitucional también llegará próximamente el recurso de amparo anunciado por el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra la polémica sentencia que lo inhabilitó –en un proceso sin prueba directa y con serias dudas sobre sus garantías procesales– por desmentir el bulo difundido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que el Ministerio Público hubiera orquestado una operación de Estado contra su pareja, el comisionista Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. La Fiscalía ha presentado este miércoles un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo que, previsiblemente, será rechazada. Pero la vía al Constitucional quedará ya abierta a partir de ese momento.

Este 2026 que empieza es, además, el año en el que al Constitucional le toca afrontar la renovación parcial de cuatro de sus magistrados. Se trata de los cuatro designados por el Senado, que acaban de cumplir su mandato de nueve años. La Cámara tendrá que buscar a los sustitutos del actual presidente, Conde-Pumpido, de la también progresista María Luisa Balaguer, y de los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías (este es muy probable que sea renovado al haber sido nombrado en 2024). El presidente, Pedro Rollán, ya ha iniciado el trámite al solicitar a los parlamentos autonómicos que presenten a sus candidatos, pero el PP, en pleno momento de debilidad del Gobierno de Sánchez por el caso Ábalos y las denuncias de acoso sexual, ya ha anunciado que, por el momento, no piensa negociar nada con el PSOE.

Tradicionalmente PSOE y PP se han repartido en ambas Cámaras los nombramientos –dos para cada uno– al no alcanzar en ninguna los tres quintos de votos necesarios para sacarlos adelante. Al partido de Feijóo, que cuenta ahora con mayoría absoluta de senadores, y sus aliados naturales (UPN y Vox) les faltan únicamente 11 votos para poder designar a los cuatro nuevos magistrados por sí mismos, sin recurrir por primera vez en democracia a los socialistas.

Es más que previsible que el principal partido de la oposición mantenga el bloqueo –como hizo durante más de cinco años en el Poder Judicial– a la espera de que Sánchez se vea obligado a convocar elecciones. En ese escenario, la victoria del PP y el previsible ascenso de Vox que vaticinan todas las encuestas, podría poner en manos del PP la posibilidad de nombrar, por sí mismo o con la ultraderecha, los cuatro nuevos jueces constitucionales, lo que supondría un vuelco inédito en el reparto de mayorías en el tribunal, en el que los conservadores volverían a ser mayoría, algo que no se esperaba hasta 2032.

La tentación es grande, porque si la aspiración del PP se cumple, derecha y ultraderecha acumularán una de las mayores cuotas de poder desde la dictadura. Controlarán los tres poderes del Estado –Gobierno, Cortes y Judicatura–. Pero también el Constitucional. El árbitro que actúa entre ellos.

El verano pasado estalló uno de los casos más sonados de la historia reciente de Luxemburgo. Marc Crochet, director general de Cáritas Luxemburgo, denunció el 16 de julio, tras volver de sus vacaciones, que la organización había sufrido un desfalco que había dejado sus cuentas a cero. Seis días después se detuvo como posible responsable a Stéphanie Friob, la directora financiera de la organización, que se presentó ante la policía como víctima de la conocida como 'estafa del CEO'. 

Friob aseguró haber recibido correos electrónicos que suplantaban a Crochet —y a un abogado que supuestamente representaría al director general— en los que se le ordenaba la realización de transferencias bancarias. En total, el fraude ascendió a 61,21 millones de euros, que salieron de las cuentas de Cáritas en más de un centenar de transferencias entre febrero y julio de 2024.

La estafa supuso la paralización de las actividades de Cáritas Luxemburgo. Friob sigue siendo investigada por su posible implicación en la trama, pero hay más detenidos y la justicia de Luxemburgo ha condenado ya a dos ciudadanos búlgaros. Se trata de los primeros sentenciados por este caso que ha sumido a la ONG de la Iglesia católica en Luxemburgo en una crisis financiera absoluta.

Con las transferencias se vació todo el dinero de las cuentas de Cáritas. Incluso decenas de esos millones provenían de préstamos que la ONG había solicitado a bancos de Luxemburgo. Gran parte de ese dinero acabó en cuentas del BBVA pertenecientes a empresas fantasma abiertas por esos dos ciudadanos búlgaros en España.

Tal y como ha adelantado el medio luxemburgués Reporter.lu —socio del consorcio de investigación OCCRP, al igual que infoLibre—, la Séptima Sala Penal del Tribunal de Distrito de Luxemburgo ha declarado culpables a Ivan Teofilov y Rafaelo Iliev, dos ciudadanos búlgaros que ejercieron como los testaferros de menor rango dentro de la trama. Ambos, que llevan en prisión preventiva desde su arresto el pasado mes de enero, han llegado a un acuerdo con la fiscalía y tras cooperar en la investigación, han aceptado el cargo de participación pasiva en una red de fraude. 

El tribunal les ha impuesto una pena de 18 meses de prisión y una multa de 3.000 euros. Debido a su cooperación y a que no tienen antecedentes penales en Luxemburgo ni en Bulgaria, 15 de esos meses han quedado suspendidos. Así que tras la sentencia, y después de haber llegado a un acuerdo, podrían ser puestos en libertad este mismo verano siempre y cuando no incurran en nuevas infracciones.

Entre el resto de detenidos, hay otros supuestos testaferros de la trama. En esos casos, no han llegado a un acuerdo y aún están pendientes de juicio. Todos ellos tenían a su nombre empresas fantasma a las que se les transferían fondos de Cáritas Luxemburgo. Tanto la sentencia contra Ivan como la dictada contra Rafaelo muestran los vínculos de la estafa con España.

El 15 de febrero de 2024, Rafaelo Iliev acudió, acompañado de una mujer, a una notaría en Granada para firmar la constitución de Koselig Partners SL. Cuatro días después hizo lo mismo en Málaga. Allí creó Mondaze Premium SL. Después abrió cuentas bancarias en el BBVA para ambas empresas. Así lo ha explicado el propio Rafaelo a la fiscalía de Luxemburgo. Esas dos sociedades servirían luego como empresas pantalla para desfalcar los fondos de Cáritas en el país europeo.

Aún así, Rafaelo ha asegurado no saber que esas empresas estaban siendo utilizadas para ese fin. Según su declaración, había acudido a España desde Bulgaria con una promesa de trabajo y por ello accedió a firmar los documentos de creación de las empresas y de apertura de las cuentas bancarias. Supuestamente recibió el soplo para ir a España de su amigo Ivan Teofilov, el otro ciudadano búlgaro que ha sido condenado por el caso. 

Ivan le puso en contacto con una persona que supuestamente podía conseguirle trabajo en nuestro país, pero según Rafaelo, tras no conseguir empleo, regresó a Bulgaria sin haber cobrado dinero alguno. El testaferro asegura, aunque el tribunal define parte de sus explicaciones como "inverosímiles", que nunca tuvo control de las cuentas abiertas y que le dijeron que las empresas y las cuentas se cerrarían porque finalmente la oferta laboral que le habían prometido no se había materializado.

Pero esto no fue así. El 22 de marzo de 2024 Rafaelo volvió a Bulgaria y entre finales de mayo y principios de junio algunas de las transferencias de Cáritas Luxemburgo se estaban realizando ya con destino a las cuentas de sus empresas españolas, que nunca habían sido cerradas. Parte de ese dinero se transfirió después a otras cuentas de las mismas empresas fantasma en otros bancos españoles y finalmente se le acabó perdiendo la pista. Otra parte del dinero se movió a cuentas de las empresas de otros testaferros.

Ivan hizo lo mismo que Rafaelo pero unos meses antes. En su caso, abrió tres empresas en España en noviembre de 2023 tras viajar a nuestro país procedente de Londres el 7 de ese mes y quedarse hasta el 15 de diciembre. Las sociedades tenían su supuesta sede en Boadilla del Monte, Madrid ciudad y Málaga. 

Tanto esas tres compañías que se registraron con Ivan como socio y administrador único de las mismas como las dos de Rafaelo constan con una sede social radicada en un lugar de coworking. Estos espacios ofrecen habitualmente a las compañías que les contratan la posibilidad de indicar su sede social en las instalaciones del coworking. En los casos de Ivan y Rafaelo las sentencias hablan directamente de "sociedades ficticias", mismo adjetivo con el que definen las sedes de las supuestas empresas.

A través de esas compañías fantasma, registradas a nombre de los dos ciudadanos búlgaros, salieron algo más de 20 millones de euros del desfalco a Cáritas: unos 14 a través de las de Ivan y otros 6,5 millones a través de las de Rafaelo, según las sentencias dictadas en contra de ambos a las que ha tenido acceso infoLibre. Ese dinero supone un tercio del que perdió la ONG de la Iglesia católica en Luxemburgo. 

"El objetivo era apropiarse, al menos parcialmente, de dichos fondos y redistribuirlos a través de innumerables cuentas en todo el mundo", concluye el tribunal luxemburgués, que también asegura que la labor de ambos "facilitó el movimiento de fondos ilícitos, ocultó su origen y blanqueó el dinero".

Aún así, no está claro aún qué ocurrió exactamente. La policía de Luxemburgo recopiló en un primer momento "indicios sólidos que respaldan la hipótesis de la 'estafa del CEO'", según recogen las sentencias. Pero la exdirectora financiera continúa siendo investigada. Se la acusa de fraude, falsificación, robo, fraude informático y abuso de confianza.

En cualquier caso, las consecuencias para la organización han sido totalmente devastadoras. Tras la denuncia del escándalo, el Gobierno luxemburgués cortó inmediatamente toda subvención pública a la organización y esta ha paralizado, al menos por el momento, sus actividades. Cáritas Luxemburgo se ha centrado, de hecho, en una etapa de reestructuración, auditoría y limpieza administrativa con la intención de volver a poder operar en el futuro.

Las actividades esenciales y las labores de servicios sociales que la organización realizaba en el país, como la atención a refugiados o grupos vulnerables, han sido transferidas a una nueva ONG, llamada Hëllef um Terrain (HUT). Organización a la que se le transfirieron la mayoría de empleados de Cáritas Luxemburgo. Otra parte de las actividades de la ONG ha sido asumida por la Fundación Partage Luxembourg, también católica.

Del mismo modo, los proyectos internacionales de la organización —con programas en países como Sudán del Sur, Ucrania, Moldavia, Laos, Turquía o Bangladesh— han sido asumidos por las divisiones de Cáritas en otros países o por otras organizaciones o, incluso, directamente suprimidos.

Al menos 60 programas en el extranjero han sido cancelados, según informó la propia Cáritas Luxemburgo. La organización también ha tenido que despedir a un centenar de trabajadores, entre empleados en Luxemburgo y en otros países en los que desarrollaban su labor.

Cáritas Luxemburgo, al igual que el resto de divisiones de Cáritas, actúa bajo el paraguas de Caritas Internationalis, una organización no gubernamental, perteneciente a la Iglesia católica y con sede en Roma, que sirve como alianza de las organizaciones de Cáritas existentes en más de 160 países. Las ONG a nivel nacional se dedican a labores humanitarias y de asistencia y servicios sociales. Según la propia organización, Cáritas se dedica a combatir la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación.

A pesar de esa alianza global, las organizaciones estatales cuentan con entidad jurídica propia. Actualmente, Cáritas Luxemburgo "se encuentra en un período de reorganización y estabilización", según indica su propia web. La organización explica que están intentando resolver sus deudas y pagar todas las cuentas que tienen pendientes: "La reanudación de las actividades benéficas, el núcleo de nuestra misión, solo podrá tener lugar una vez finalizada esta fase de consolidación". "Cáritas Luxemburgo mantiene su determinación de continuar su compromiso con los más vulnerables, tan pronto como las condiciones operativas y financieras lo permitan", reza la organización.

La vía abierta para cuestionar desde cualquier juzgado o tribunal ordinario las resoluciones del Tribunal Constitucional que ha inaugurado la sección primera de la Audiencia de Sevilla con el caso de los ERE nació en el interior del propio tribunal de garantías. Fueron tres magistrados propuestos por el PP, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, los que introdujeron la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que invoca ahora tanto ese partido como el tribunal provincial sevillano para intentar saltarse, por primera vez en 45 años, las resoluciones del máximo intérprete de la Constitución del que forman parte. La resolución europea que consideran aplicable al caso, permite desobedecer decisiones del Constitucional si su independencia del Gobierno y el Parlamento no está garantizada, algo que el PP da por hecho pese a haber nombrado a cinco de sus actuales miembros.

Tanto el presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, como parte de sus miembros -los del sector progresista- consideran que la cuestión prejudicial ante el TJUE anunciada por la Audiencia de Sevilla supone una sacudida a la estructura institucional del Estado, porque permite a cualquier tribunal ordinario -desde un juzgado de primera instancia e instrucción de pueblo hasta el Tribunal Supremo- cuestionar resoluciones del Constitucional o suspender su aplicación mientras Luxemburgo resuelve. El nuevo mecanismo alentado por los magistrados conservadores puede afectar también a todo el sistema de recursos dentro de la propia justicia ordinaria permitiendo la insubordinación frente a tribunales superiores, tal y como avisan desde el órgano de garantías.

Los tres autores intelectuales de la crisis generada (que el Constitucional abordará en su próximo pleno la semana que viene sin que, previsiblemente, se llegue a ningún acuerdo) introdujeron la sentencia de Luxemburgo en el caso Euro Box Promotion -referida a un Estado como Rumanía, sometido a permanente monitorización de sus sistema judicial y de lucha contra la corrupción por la UE desde su incorporación al club comunitario en 2007- en varios votos particulares sobre las sentencias que redujeron las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros cargos políticos de la Junta.

En toda la trayectoria del caso ERE, desde el inicio de la instrucción de la juez de Sevilla Mercedes Alaya hasta el Constitucional, solo los votos particulares de estos tres magistrados han hecho referencia a hipotéticas vulneraciones derecho de la Unión Europea que permitirían la intervención del TJUE algo que no aparecía en la sentencia del Supremo ni en la previa de la Audiencia de Sevilla. Los magistrados de este tribunal provincial, sin embargo, han apreciado esas infracciones justo ahora, inspirados por el PP y los tres jueces conservadores del Constitucional, cuando tienen que dictar nuevas sentencias contra los cargos políticos tras la anulación de las previas por el órgano de garantías.

En varios de sus votos particulares, Arnaldo señala que el derecho de la UE no es directamente aplicable al caso de los ERE "al no tener los fondos públicos malversados origen comunitario", pero considera que las sentencias del Constitucional sacadas adelante con el voto de la mayoría de magistrados podrían vulnerar "los principios del derecho de la Unión Europea sobre el control del gasto público". "No me parece aventurado afirmar que esa gestión, en el conocido como 'caso de los ERE de Andalucía' (...) ha sido contraria no solo al derecho interno, sino también al derecho de la Unión Europea", sostiene en su voto opuesto a la sentencia de Griñán entre otras. Después, se refiere a la sentencia Euro Box Promotion como la que sistematiza "la actividad presupuestaria y la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito de los fondos europeos", fondos que, como el propio magistrado conservador reconoce, no aparecen en el caso andaluz.

Espejel, por su parte cita esa misma resolución del TJUE al considerar que la doctrina sacada adelante por la mayoría del Constitucional en los ERE "incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política y cuando tenga proyección en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea producirá un incumplimiento de las obligaciones de España" que, según la magistrada, sería incompatible con los tratados comunitarios.

Su compañero César Tolosa cita la sentencia de Luxemburgo en la misma línea al asegurar que "de tratarse de fondos procedentes de la UE" (los supuestamente malversados no lo son), la decisión del Constitucional sobre los ERE "generaría un riesgo sistémico de impunidad respecto a las infracciones de fraude grave". La unidad de esos los tres magistrados a propuesta del PP contrasta con la posición de su compañero de sensibilidad Ricardo Enríquez, que, pese a oponerse al criterio mayoritario, no se refiere a la polémica sentencia sobre Rumanía en ninguno de sus votos particulares discrepantes.

Ninguno de esos votos particulares lo recoge expresamente, pero la sentencia del TJUE que invocan, además de referirse a la corrupción o el fraude que afecte a los intereses de la Unión, implica un juicio sobre la falta de autoridad y de legitimidad del propio Constitucional. Porque el apartado tercero de su fallo establece que "las resoluciones del tribunal constitucional nacional vinculan a los órganos jurisdiccionales ordinarios", pero siempre que "el derecho nacional garantice la independencia de dicho tribunal constitucional, en particular respecto de los poderes legislativo y ejecutivo".

Ese fue, precisamente, el argumento que, el pasado 10 de febrero contenía el escrito del PP que, como acusación popular en el caso ERE, reclamó a la Audiencia de Sevilla que cuestionara ante el TJUE la sentencia del Constitucional sobre los ERE. "El derecho nacional", es decir, el español, "no garantiza la independencia del Tribunal Constitucional, en particular respecto de los poderes Legislativo y Ejecutivo", sostenía el documento del partido de Feijóo. Un ataque directo y al centro del máximo intérprete de la Constitución, garante de los derechos fundamentales y uno de los pilares de nuestra estructura institucional, inspirado, desde dentro, por varios de sus miembros.

La convalidación de penas de presos que han cumplido condena en otro país lleva una década generando un intenso debate jurídico. Sobre todo, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2014. Hasta ese momento, los tribunales habían aplicado sin discusión la directiva europea que permitía a presos de la banda terrorista ETA acumular condenas. Pero los límites que el Ejecutivo de Mariano Rajoy incluyó en la nueva norma provocaron un giro radical. Desde entonces, los tribunales se negaron a preguntar a la justicia europea si ese obstáculo era compatible con la normativa europea. Un candado que, a diferencia de lo que ocurre con otros asuntos, se ha mantenido durante años.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es el órgano encargado de interpretar o aplicar la legislación comunitaria. Lo primero se hace a través de las llamadas cuestiones prejudiciales, preguntas que formulan los tribunales de los Estados miembro cuando dudan sobre la interpretación de una norma europea o la compatibilidad de una ley o práctica nacional con la legislación comunitaria. Las mismas representan casi siete de cada diez asuntos en Luxemburgo. Y España está entre los países que más preguntan. Solo entre 2018 y 2022, según los últimos datos disponibles, nuestros jueces plantearon 237 cuestiones, solo por detrás de Alemania e Italia.

La ley que ahora está en proceso de reforma siempre generó dudas en parte de la judicatura. Al fin y al cabo, dicha norma transponía una decisión marco que obligaba a los Estados miembro a tener en cuenta el tiempo de prisión cumplido fuera de nuestras fronteras en el límite de treinta años que impone nuestra ley pero introduciendo, al mismo tiempo, cortapisas que en la práctica impedían que de eso pudieran beneficiarse buena parte de presos de la banda terrorista ETA. "Propicia un trato desfavorable para los condenados", sostenían algunos magistrados. "La limitación reduce de modo muy relevante el efecto buscado por la decisión marco", lanzaban otros.

Pero tanto el Supremo como la Audiencia Nacional bloquearon durante años todo intento por preguntar a Luxemburgo sobre la posibilidad de que un Estado incluyese exclusiones al transponer decisión marco. El Alto Tribunal fue el primero en hacerlo. En enero de 2015, una Sala de lo Penal dividida fijó que con la ley de Rajoy ya no podían convalidarse penas: "La norma interna no reconoce efectos a todas las condenas en el extranjero de manera ilimitada, sin atender a criterios objetivos ni temporales". Y rechazó plantear una cuestión prejudicial al entender que las normas eran claras y no se precisaba una interpretación para resolver el recurso del etarra Kepa Pikabea: "Si no hay duda, no es precisa".

Pero en la Sala de lo Penal había dudas. De ahí que media docena de magistrados –Cándido Conde-Pumpido, Joaquín Gimenez, Miguel Colmenero, Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Ana Ferrer– redactaran un voto particular en el que justificaban la necesidad de plantear la cuestión prejudicial: "Resulta contradictorio que una norma que la propia Decisión Marco nos dice que debe interpretarse para evitar supuestos de dureza desproporcionada para el delincuente, pueda ser empleada como cobertura de una disposición de transposición al derecho interno que perjudica al condenado, privando de efectividad alguna el tiempo de privación de libertad cumplido en el extranjero".

El Supremo, desde entonces, rechazó una y otra vez cualquier intento por preguntar al TJUE. Y algo parecido sucedió en la Audiencia Nacional, que hasta hace algunos meses se había negado a tocar la puerta de Luxemburgo. En la primavera de 2015, la Sección Tercera del tribunal se había planteado formalizar una cuestión prejudicial sobre este asunto. Pero tras hacer una encuesta entre los magistrados, el entonces presidente de la Sala de lo Penal y ahora ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió que fuera el Pleno, y no cada una de las secciones, quien decidiese si había que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con una mayoría muy ajustada de once a nueve, la Sala capitaneada por Grande-Marlaska, que en la actualidad justifica la reforma que acaba con las limitaciones de la ley de Rajoy, rechazó que se formalizara la cuestión prejudicial apoyándose en lo que ya había dicho el Supremo. Y, de nuevo, magistrados de todas las sensibilidades –Manuela Fernández, Javier Martínez Lázaro, José Ricardo de Prada, Ramón Sáez Valcárcel, Clara Bayarri, Ángeles Barreiro, Carmen Lamela y Fermín Echarri– formularon voto particular. "La interpretación que se ha impuesto propicia el trato desigual en perjuicio del condenado por otro Estado miembro, vulnerando la finalidad de la norma europea que así lo enuncia de manera concreta", recogía el mismo.

Y mientras se evitaba abrir el debate en Luxemburgo en torno a esta cuestión, se recurría con total normalidad a la justicia europea en otros asuntos de menor peso político. El Alto Tribunal promovió en esos años cuestiones prejudiciales sobre la indemnización por cese del personal interino, sobre las comisiones de apertura en los préstamos hipotecarios, sobre el plazo de prescripción de los gastos hipotecarios o sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en un pleito por una demanda del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego contra la Industrial Quesera Cuquerella.

Ocho años han sido necesarios para que un tribunal español pregunte a Luxemburgo por la compatibilidad con la normativa europea de la ley que ahora se busca reformar. Lo hizo el pasado mes de octubre la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una causa que afecta a la dirigente etarra Soledad Iparraguirre, alias Anboto. Una tardanza que contrasta con la agilidad que se ha demostrado en otro de los asuntos de gran impacto político y judicial: la Ley de Amnistía. En cuestión de meses, sobre la mesa del tribunal de Luxemburgo se han ido acumulando varias cuestiones prejudiciales planteadas en relación a la norma.

Han tocado a la puerta de la justicia europea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal de Cuentas o la Audiencia Nacional, lo que ha dejado en pausa la aplicación del olvido jurídico para varios cargos y ex altos cargos, entre los que se encuentran los dirigentes de ERC Josep María Jové y Lluís Salvadó o el expresident Quim Torra, así como para los doce activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista. El Supremo, por el momento, no ha activado esa vía. Pero no descarta hacerlo, tal y como expuso en un auto reciente, si el Constitucional acaba considerando que la malversación puede ser amnistiable.

“Salven la Fundación Cáritas”, se leía el pasado jueves en un cartel colgado  en el exterior del palacio Gran Ducal, donde el papa Francisco era recibido por la familia real luxemburguesa como parte de su visita oficial. Mientras, las fiscalías de dos países investigan el desfalco de 61 millones de euros sufrido por Cáritas Luxemburgo, la organización católica que depende de los obispos. El ministerio público del Gran Ducado indaga si los bancos luxembugueses BGL-BNP y Spuerkeess infringieron las leyes contra el blanqueo de dinero con las 120 transferencias que vaciaron las cuentas de Cáritas entre febrero y julio de este año. Y la Fiscalía de Marbella cumple con la Orden Europea de Investigación (OEI) recibida desde el Gran Ducado: los 61 millones llegaron a 14 cuentas del BBVA en España y de allí partieron a rumbo desconocido.

Además, investigan el caso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), el supervisor financiero luxemburgués, y el Banco Central Europeo (BCE).

Según ha informado el medio luxemburgués Reporter.lu, la fiscalía luxemburguesa investiga las condiciones en las que los bancos permitieron la salida de los fondos hacia España. Se trata de una investigación preliminar, la primera etapa antes de que se abra una investigación judicial y se remita el caso a un juez de instrucción.

“El objetivo principal es determinar si ha habido infracciones del artículo 9 de la ley de 2004 [incumplimiento de las obligaciones profesionales”, indicaron fuentes judiciales a Reporter.lu. Aunque las autoridades judiciales no los mencionan por sus nombres, las entidades investigadas son el BGL BNP Paribas y el Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) o Spuerkeess: el primero es propiedad del Estado luxemburgués en un 34% y el segundo, al 100%.

Además, según Reporter.lu, ambos bancos fueron registrados por la policía luxemburguesa el pasado mes de agosto. El Código Penal del Gran Ducado autoriza al fiscal a pedir al juez de instrucción que “ordene un registro, una incautación, la audiencia de un testigo o un peritaje sin que se haya abierto una investigación preparatoria”.

Al tiempo, la justicia luxemburguesa ha emitido una Orden Europea de Investigación dirigida a la Fiscalía de Málaga que, a su vez, la ha remitido a la Fiscalía de Marbella, según ha podido saber infoLibre.

Una Orden Europea de Investigación es un instrumento legal, creado por una directiva de la UE de 2014 y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico nacional en 2019. Con esa resolución judicial, la justicia luxemburguesa pide a la española que lleve a cabo medidas de investigación que permitan obtener pruebas. Esas medidas pueden incluir desde la declaración de testigos hasta la identificación de los titulares de un número de teléfono, la dirección IP de un ordenador o una cuenta bancaria. De hecho, la mayoría de las OEI que recibe la justicia española se refieren a fraudes. Y la petición más habitual es precisamente la información bancaria.

El pasado julio, Cáritas Luxemburgo denunció haber sido víctima del conocido como “fraude del CEO”: su directora financiera dijo haber recibido correos, supuestamente del director gerente de la institución, Marc Crochet, en los que éste le ordenaba que hiciera las transferencias urgentemente, en teoría para financiar una misteriosa inversión. Sin embargo, son muchas las sospechas que se ciernen sobre esa versión, mientras los medios luxemburgueses apuntan hacia un posible golpe desde dentro.

Según la información a la que ha tenido acceso Reporter.lu, la institución diocesana desembolsó 9,049 millones de euros desde BGL hasta tres cuentas de una falsa Caritas Internationalis en el BBVA. Las transferencias se hicieron en poco más de un mes, entre el 9 de febrero y el 12 de marzo.

Los días 5, 7 y 12 de marzo se efectuaron tres pagos diarios de casi 500.000 euros sin que el BGL se alarmara. Spuerkeess transfirió 52,15 millones de euros a la ONG turca ASAM, muy por encima de su capacidad de pago: el 27 de junio se firmaron cinco transferencias por importe de 2,49 millones de euros, cinco días después otras siete por 3,49 millones de euros y el 4 de julio seis transferencias más por 2,99 millones de euros.

Ni Caritas Internationalis, la matriz de la institución diocesana, ni ASAM tenían cuentas en España, sólo en El Vaticano y en Turquía, respectivamente. Las cantidades abonadas y el elevado ritmo al que se realizaron deberían haber activado los mecanismos de alerta con los que cuentan los bancos, tanto en España como en Luxemburgo, y haberles llevado a preguntar a sus clientes sobre la naturaleza de las operaciones. El BBVA alega que “con anterioridad a ser informado” del fraude, ya “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo.

El papel de los dos bancos luxemburgueses es doblemente complicado. No sólo hicieron las transferencias, sino que también concedieron préstamos y líneas de crédito a Cáritas por importe de 33 millones de euros. Spuerkeess aceptó un acuerdo para cubrir descubiertos por importe de 10 millones de euros con fecha de 25 de junio de 2024 y a un tipo de interés del 4% a tres meses, reembolsable el 25 de septiembre.

El documento consultado por Reporter.lu está redactado en nombre de la institución diocesana. Por parte de Cáritas figuran su presidenta, Marie-Josée Jacobs, que fue ministra de Familia, y Alphonse Wagner, uno de sus directores. Sin embargo, el acuerdo fue rubricado y firmado por la directora financiera y el director de Operaciones. Ese mismo día, Spuerkeess redactó un contrato de cesión de crédito en el que aparecen de nuevo los nombres de Marie-Josée Jacobs y Alphonse Wagner como representantes de Cáritas, pero esta vez firman la directora financiera y la directora de recursos humanos.

El contrato garantizaba el reembolso del préstamo mediante la devolución de las subvenciones que el Estado luxemburgués paga a Cáritas por los servicios asistenciales que le presta.

Según Reporter.lu, los dos bancos luxemburgueses aún no han recurrido a los tribunales para obligar a institución católica a devolverles los préstamos.

Al término de la visita del papa al Gran Ducado, el cardenal Jean-Claude Hollerich anunció que, tras una colecta en la diócesis, los fieles habían reunido 176.000 euros para donarlos a la organización benéfica internacional. Francisco decidió entonces donar esta suma a Cáritas Luxemburgo, quizá en un gesto para paliar la quiebra en que está sumida la institución desde este verano.

La justicia de Luxemburgo emitió el pasado martes una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a la Fiscalía de Málaga para pedirle su colaboración en el caso Cáritas, el desfalco de 61 millones de euros que ha dejado en la ruina a la institución benéfica. Según ha podido saber infoLibre de fuentes de la Fiscalía española, no ha sido hasta ese momento cuando Luxemburgo se ha puesto en contacto con España, pese a que la denuncia la presentó Cáritas el pasado 16 de julio.

El desfalco, que ha causado un enorme escándalo en el Gran Ducado por las numerosas subvenciones públicas que recibe Cáritas, se extiende hasta España porque el dinero robado a la institución diocesana se desvió a 14 cuentas del BBVA, de las que desapareció enseguida rumbo a un destino desconocido.

Además de la Fiscalía, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y el Banco Central Europeo (BCE) están investigando el caso. También la propia Cáritas ha encargado una auditoría a un comité de crisis y a PriceWaterhouseCoopers. Ni el Banco de España, el supervisor financiero español, ni el Sepblac, que depende del Ministerio de Economía e investiga los casos de blanqueo de capitales, han querido confirmar a infoLibre si están indagando en las posibles ramificaciones españolas del desfalco luxemburgués.

Una Orden Europea de Investigación es un instrumento legal, creado por una directiva de la UE de 2014 y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico nacional en 2019. Con esa resolución judicial, la justicia luxemburguesa pide a la española que lleve a cabo medidas de investigación que permitan obtener pruebas. Esas medidas pueden incluir desde la declaración de testigos hasta la identificación de los titulares de un número de teléfono, la dirección IP de un ordenador o una cuenta bancaria.

Según explica la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2023, recién publicada, el delito predominante en las OEI recibidas por España es el de estafa y, más concretamente, el fraude telemático, el 36%. En la mayoría de los casos “se solicita información bancaria, al haberse transferido las cantidades defraudadas a cuentas abiertas en entidades bancarias” abiertas en España, explican los fiscales. Además, han aumentado las suplantaciones de identidad en “la apertura fraudulenta de las cuentas, especialmente cuentas online, como consecuencia de la falta de adecuada supervisión de la aplicación de la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales por parte de los responsables de las entidades bancarias”.

La investigación abierta por la Fiscalía del Gran Ducado es por fraude, abuso de confianza, falsificación y blanqueo de capitales.

A preguntas del medio Reporter.lu, que como infoLibre pertenece al consorcio de investigación OCCRP, la Fiscalía Europea (EPPO) y la OLAF, la autoridad anticorrupción de la UE, se han negado a revelar si están investigando el caso Cáritas, a pesar de que parte del dinero robado procedía de fondos europeos, por lo que el caso sería de su competencia.

Como se sabe, la Costa del Sol es una de las zonas favoritas de la delincuencia internacional para blanquear el dinero que obtiene de forma ilícita. Todas las grandes organizaciones del crimen organizado están presentes en esa área del sur de España. De ahí que la Fiscalía de Málaga sea la segunda fiscalía provincial con más volumen y la tercera, en términos absolutos, tras la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado (UCIF) en expedientes de cooperación internacional, según destaca la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Así, Málaga registró el año pasado un total de 1.000 expedientes de cooperación internacional, 137 más que en 2022 un 9,85% más. De esos expedientes, 413 fueron OEI, un 8,03% más que en 2022. La memoria, que considera a la Fiscalía de Málaga como “uno de los puntales y referencias en España en materia de cooperación internacional”, explica que las solicitudes ejecutadas suelen estar relacionadas con “investigaciones de delincuencia organizada compleja”.

Mientras, según informa Reporter.lu, el comité de crisis de Cáritas ha creado una organización sucesora para hacerse cargo de sus actividades Luxemburgo: Hëllef um Terrain [Ayuda sobre el terreno en luxemburgués] (HUT). A partir del 1 de octubre, HUT se encargará de la acogida de refugiados o la ayuda a los sin techo, que el Estado luxemburgués había confiado anteriormente a Cáritas. A los cerca de 350 empleados en estas actividades se les ha ofrecido la oportunidad de incorporarse a HUT.

Además, este lunes, la Archidiócesis de Luxemburgo se pronunció por primera vez sobre el caso. En un comunicado de prensa, el cardenal Jean-Claude Hollerich agradeció los esfuerzos de todos los implicados, que han permitido continuar gran parte de las actividades de la “antigua” Cáritas. La archidiócesis no estará representada en HUT y dice que respetará plenamente su independencia. Al tiempo, una treintena de empleados encargados de coordinar proyectos internacionales perderán su empleo. La misma suerte correrán 70 empleados que eran responsables de los proyectos sobre el terreno, así como cientos de socios y consultores de los países afectados, como Sudán del Sur y Laos. 

El caso estalló cuando el director general de Cáritas en Luxemburgo, Marc Crochet, denunció el desfalco y, seis días después, fue detenida la directora financiera de la institución católica, Stéphanie Friob, que se ha presentado ante la policía como víctima del conocido como fraude del CEO o timo del jefe: contó que había recibido un correo de alguien que se hizo pasar por su superior y que le ordenó hacer unas transferencias urgentes. Autorizó un total de 120 transferencias a lo largo de cinco meses, desde febrero hasta julio, que no sólo dejaron a cero las cuentas de Cáritas –28 millones de euros–, sino que también dejó en manos de los ladrones otros 33 millones de créditos que la institución pidió a dos bancos de Luxemburgo, con la excusa de que eran adelantos sobre las subvenciones que iba a recibir del Gobierno. Algunas de esas transferencias alcanzaron los 500.000 euros.

La directora financiera de Cáritas fue puesta bajo vigilancia judicial en su domicilio de Bélgica, tras ser interrogada y luego imputada a principios de agosto por el juez de instrucción.

Uno de los supuestos beneficiarios de esas transferencias es una ONG turca vinculada a Cáritas, ASAM (Asociación para la Solidaridad con Solicitantes de Asilo y Migrantes), y otro es Caritas Internationalis, la matriz con sede en Roma que coordina las 160 Cáritas repartidas por todo el mundo. Pero ni una ni otra recibieron el dinero. Según la radio pública luxemburguesa Radio 100.7, que destapó el escándalo, los números IBAN no coincidían con los titulares de las cuentas.

Según ha publicado el medio digital reporter.lu, las transferencias desde Luxemburgo se hicieron “a un ritmo frenético”. Hasta siete diarias, por valor de varios millones de euros. Entre principios de febrero y mediados de marzo, salieron nueve millones de euros en una veintena de transferencias desde una cuenta de BGL BNP Paribas hasta la supuesta cuenta de Caritas Internationalis en el BBVA. Otros 52 millones se desviaron supuestamente a la turca ASAM, una ONG cuyo presupuesto, sin embargo, no supera los dos millones de euros y sólo trabaja con bancos de su propio país.

El BBVA asegura que “con anterioridad a ser informado” del fraude, el banco “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo. 

El BBVA tampoco ha querido desvelar si la Fiscalía luxemburguesa, el CSSF, el BCE o el Banco de España le han incluido en sus investigaciones y pedido información sobre las transferencias sospechosas. Ni quiere revelar si llevó a cabo la preceptiva investigación conocida como Know Your Client (KYC) a los titulares de esas 14 cuentas a las que fue a parar el dinero de Cáritas Luxemburgo. Los bancos están obligados a identificar a quienes contratan con ellos, así como a “acreditar y documentar el origen de sus fondos y su actividad económica y financiera”, tal y como repite el BBVA en su propio Código de Conducta, en cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y el fraude.

Según los expertos consultados por este periódico, lo ocurrido en Cáritas Luxemburgo no se ajusta en absoluto al patrón del fraude del CEO, que suele ejecutarse con un par de transferencias a lo sumo en un periodo muy corto de tiempo, y no con más de un centenar a lo largo de cinco meses. De ahí que los medios luxemburgueses sospechen de un golpe desde dentro: alguien en Cáritas estaba compinchado con quien quiera que urdió el fraude, u otra persona suplantó a quien o quienes tenían poderes para ordenar las transferencias. No obstante, o al menos de momento, la Fiscalía del Gran Ducado mantiene la hipótesis del fraude del CEO para explicar el insólito robo en Cáritas Luxemburgo.

El pasado 3 de mayo, el fraude que ha arruinado a Cáritas en Luxemburgo podría haber sido desenmascarado y el importe del desfalco, 61 millones de euros, reducido por lo menos a la mitad. Ese viernes, justo cuando abrían las oficinas, un empleado de Grant Thornton, la empresa que audita las cuentas de Cáritas, llamó al departamento financiero de la institución benéfica para informar de unas transferencias realizadas sin justificantes. El mensaje sembró el pánico en el departamento financiero. El correo electrónico iba acompañado de un archivo adjunto en el que el auditor pedía explicaciones sobre una serie de transferencias realizadas entre finales de enero y finales de febrero de 2024, según las informaciones del medio luxemburgués Reporter.lu, socio de infoLibre en el consorcio de medios de investigación OCCRP.

Los fondos en cuestión salieron de una cuenta en el Spuerkeess con destino a la ONG turca ASAM a través de varias cuentas sospechosas del BBVA en España. Se trata de una anomalía, ya que la ONG, colaboradora de Cáritas en la ayuda a las víctimas del terremoto de Turquía de febrero de 2023 –50.000 muertos–, sólo trabaja con bancos de su país de origen. ASAM es una de las dos organizaciones humanitarias utilizadas, sin su conocimiento, en el desfalco; la otra fue Caritas Internationalis, la matriz con sede en Roma de la institución diocesana. Ninguna de ellas llegó a ver el dinero.

Ese 3 de mayo, dos meses antes de que se descubriera el fraude, el auditor pidió explicaciones sobre los cuantiosos pagos efectuados a la organización turca. A nadie en Cáritas parecía haberle extrañado que los fondos, que hasta ese momento siempre se habían ingresado en la cuenta turca de la organización, hubieran acabado ahora en un banco en España, donde ASAM no tenía actividad ni razón de ser.

Más de cinco millones de euros, divididos en 11 pagos, fueron cargados en la cuenta del BBVA en el espacio de unas pocas semanas. Y el ritmo de transferencias se aceleró a medida que el mes de febrero avanzaba. El 29 de febrero se hicieron cuatro transferencias de algo menos de 500.000 euros. Pero fue más tarde, en junio y julio, en ausencia del director general de Cáritas Luxemburgo, Marc Crochet, cuando se produjo el desfalco masivo.

A principios de mayo de 2024, Grant Thornton está finalizando la auditoría financiera del ejercicio de 2023 de Cáritas. Faltan dos semanas para que se aprueben las cuentas en la junta general de la fundación. El auditor debe asegurarse de que no se han producido hechos significativos con impacto en las cuentas después de la fecha de cierre del 31 de diciembre de 2023. Por este motivo, uno de los empleados pregunta a la organización diocesana sobre los pagos posteriores al cierre efectuados en los primeros meses de 2024. Se trata de algo rutinario.

Pero un asistente del departamento financiero y la directora financiera entran en pánico por la incursión de Grant Thornton. Esta agitación sin precedentes es un factor que pone en duda el fraude del CEO que esgrimió la Fiscalía de Luxemburgo en su primer comunicado sobre el caso, el pasado 6 agosto.

El asunto Cáritas comenzó el miércoles 7 de febrero de 2024, a las 16.48 horas, con un correo electrónico en el que la directora del departamento financiero de Cáritas Luxemburgo recibía instrucciones desde una dirección de correo electrónico, no profesional –@gmail.com– y desconocida hasta entonces, de una persona que se hacía pasar por el director general Marc Crochet.

El supuesto director gerente menciona la inminencia de una importante transacción financiera, que debe mantenerse en la más estricta confidencialidad hasta que se anuncie de forma oficial el 21 de febrero. Y pide a la directora financiera que no haga ninguna referencia al asunto en persona o por teléfono. A las 17.01 horas, sin alertar previamente a sus superiores ni comprobar la credibilidad de estos requerimientos, la directora financiera cae en la trampa: se apresura a responder que está esperando instrucciones de su supuesto jefe. Una usurpación de identidad que el verdadero Marc Crochet no descubriría hasta julio, a la vuelta de sus vacaciones, al mismo tiempo que el desfalco que ha arruinado a la institución.

En nombre de esta misteriosa inversión prevista por una organización caritativa que no se dedica a hacer negocios comprando empresas, las cuentas de Cáritas se vaciarán en el espacio de unos meses. Señalada por su nombre en la denuncia que presentó la institución diocesana inmediatamente después de descubrirse el desfalco, la directora financiera ha hecho saber a través de su abogado que ella no es ni la autora ni la beneficiaria del fraude.

En primavera ya se habían quedado a cero las reservas financieras de Cáritas, que sumaban 28 millones de euros. Así que se abrieron negociaciones con los bancos BGL BNP Paribas y Spuerkeess para obtener líneas de crédito que endeudarán a la institución benéfica en 33 millones de euros. La directora financiera dirigió en solitario las conversaciones con estas entidades financieras. Tiene la plena confianza del comité de dirección y poderes para gestionar las cuentas bancarias.

En mayo, el motivo de la agitación en el departamento financiero de Cáritas fue que Grant Thornton había enviado su correo electrónico no sólo a la directora financiera y a su asistente, sino también, en copia, a otra empleada de la institución. Y ella no tenía ni idea de las operaciones secretas que se estaban haciendo a sus espaldas.

Las transferencias de más de cinco millones de euros realizadas durante esas semanas a la ONG turca podrían desencadenar una reacción o, como mínimo, algunas preguntas incómodas. Porque la contribución financiera de Cáritas al presupuesto de la verdadera ASAM apenas superaba los dos millones anuales.

Así que, a continuación, se hicieron enormes maniobras para comprobar que la empleada no había hecho saltar ninguna alarma tras la recepción inesperada del correo electrónico de Grant Thornton. Una asistente de la directora financiera se encarga de apagar el fuego yendo a tranquilizar en su oficina a la destinataria por error del mensaje. Al auditor se le pide un recall del mensaje –que lo recupere– pero sin ponerla a ella en el bucle. La operación de desactivación fue un éxito. La empleada está sobrecargada de trabajo. No ha tenido tiempo de comprobar el contenido explosivo del archivo que documentaba las anómalas transferencias bancarias enviadas a España.

En un mensaje enviado de nuevo el 3 de mayo al falso Marc Crochet, la directora financiera le informaba de que había tenido que facilitar a Grant Thornton el balance general hasta finales de febrero. Le preocupaba que el auditor hubiera solicitado un justificante de pago a ASAM y sugería que no se accediera a esa petición. La directora financiera también dijo que quería hablar por el móvil con el auditor sobre las problemáticas transferencias a ASAM en España. En respuesta, el supuesto director general la felicitó por su trabajo y le aseguró que se pagarían primas a los empleados que lo merecieran y que hubieran contribuido al éxito de la operación.

Al ser contactada por Reporter.lu, Grant Thornton declinó hacer comentarios sobre el episodio del 3 de mayo: “En nuestra calidad de auditores autorizados de las asociaciones sin ánimo de lucro mencionadas, estamos obligados por las disposiciones legales vigentes al secreto profesional”, declaró el socio de Grant Thornton encargado de auditar a Cáritas. También declinó revelar si las transferencias españolas a ASAM habían suscitado o no dudas sobre su legalidad, lo que habría obligado a la auditora a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (CRF) luxemburguesa.

En abril, dos semanas antes del correo enviado por Grant Thornton, la directora financiera confiesa al director general falso su preocupación por la situación financiera de Cáritas, por las primeras facturas impagadas y los retrasos en la entrega de documentos a los auditores para cerrar el balance de 2023. La directora financiera sugiere que la misteriosa inversión está lastrando la tesorería de la institución y que también supone un riesgo financiero para acabar la auditoría en el plazo previsto.

La directora financiera añade que espera reunirse pronto con un abogado parisino, supuestamente encargado de llevar a cabo la transacción financiera secreta. La operación, que en principio debía haberse cerrado y estaba previsto anunciar el 21 de febrero, no dejaba de aplazarse por motivos caprichosos. Sin embargo, el dinero para esa compra seguía saliendo de las arcas de Cáritas.

Como ha publicado Reporter.lu, el abogado con el que la directora financiera pretende comunicarse por teléfono y correo electrónico es efectivamente miembro del Colegio de Abogados de París. Pero la dirección de correo electrónico de su bufete había sido manipulada. Contactado por el medio luxemburgués, el abogado insiste en que nunca ha tenido ningún contacto con Cáritas, ni ningún caso con la institución. También le es ajeno el nombre de la directora financiera de la institución diocesana. “Puedo confirmar que nunca he estado en contacto con Cáritas Luxemburgo, a la que no conozco. Tampocoa la directora financiera. Ni yo ni nuestra empresa estamos implicados en este fraude del que nos hablan”, contestó.

La directora financiera de Cáritas fue puesta bajo vigilancia judicial en su domicilio de Bélgica, tras ser interrogada y luego imputada a principios de agosto por el juez de instrucción. Aún no se ha hecho pública ninguna información sobre un posible registro de su domicilio. Según Reporter.lu, la directora financiera entregó su teléfono móvil de trabajo y su ordenador portátil a petición de los investigadores. Por tanto, estos dispositivos deberían ofrecer pistas sobre lo ocurrido.

Los testimonios de los dos empleados del departamento financiero que llevaron a cabo las órdenes de transferencia sospechosas sin encontrar nada de lo que informar, también serán decisivos para el avance de la investigación y para descubrir la verdad. Uno de los empleados ya ha sido citado por la policía judicial y el otro deberá comparecer ante los agentes en breve.

Jean-François Boulot, fiscal adjunto del Estado que trabaja en el caso mano a mano con Max Braun, su homólogo en la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró a la cadena de radio RTL que la investigación sobre el desfalco en Cáritas es la prioridad de la fiscalía, que está haciendo todo lo posible para esclarecer el caso e intentar recuperar el dinero.

Según las informaciones de Reporter.lu, los investigadores luxemburgueses han recibido documentación de las autoridades españolas y del BBVA sobre las cuentas en España, algo que el banco no ha querido confirmar a infoLibre amparándose en la protección de datos de sus clientes. La consulta del registro nacional de cuentas IBAN puede aportar información valiosa sobre la identidad de quienes abrieron las cuentas en varias sucursales bancarias del BBVA y sobre la ruta seguida después por el dinero. Queda por ver si la fiscalía mantendrá la hipótesis del fraude del CEO, según la cual una red criminal abusó de la credulidad de la directora financiera de Cáritas, engañada por un un director gerenal ficticio.

El desfalco que ha vaciado las cuentas, y arruinado la reputación, de Cáritas en Luxemburgo tiene una significativa implicación española: los 61 millones robados pasaron por 14 cuentas del BBVA antes de perderse aún no se sabe dónde. El BCE y el supervisor financiero luxemburgués (CSSF) investigan el comportamiento de las dos entidades bancarias del Gran Ducado que permitieron las 120 transferencias realizadas a lo largo de cinco meses desde Cáritas hasta el BBVA en España. La Fiscalía luxemburguesa también indaga si se trata de un fraude, como denuncia la institución benéfica, o si, además, se puede hablar incluso de blanqueo de capitales.

“Desde luego no se ajusta al patrón del fraude del CEO”, apunta Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom) y abogado del despacho Écija Abogados. Ese es el fraude del que se han presentado como víctimas la directora financiera de Cáritas y la propia institución diocesana. “El mayor [fraude del CEO] que se ha dado en España no superó las cuatro transferencias y por importes no tan elevados”, explica. En el caso de Cáritas, las cuantías alcanzaron los 500.000 euros. Algunos días se hicieron hasta siete transferencias. Empezaron en febrero y no terminaron hasta julio de este año. De los 61 millones, 28 procedían de las reservas de la institución, pero el resto fueron préstamos que Spuerkessee y BGL BNP Paribas, los dos bancos que ordenador las transferencias, concedieron a Cáritas como adelanto de las subvenciones que ésta recibe del Gobierno del Gran Ducado.

Así que Alonso Hurtado, al igual que los medios luxemburgueses, sospecha de un golpe desde dentro: alguien en Cáritas estaba compinchado con quien quiera que urdió el fraude, u otra persona suplantó a quien o quienes tenían poderes para ordenar las transferencias. No se entiende, añade el abogado, que la directora financiera no preguntara, en persona y a lo largo de cinco meses, al superior que supuestamente le ordenaba –se supone que desde un despacho próximo– que hiciera esas operaciones, el director general de Cáritas, Marc Crochet, por el sentido de esas transferencias tan voluminosas mientras la tesorería se iba vaciando. Y que nadie en cinco meses revisara las cuentas de la institución. Fue Crochet quien interpuso la denuncia ante la policía.

“En un fraude descubierto en España, uno de los ladrones estuvo un año trabajando en la empresa víctima; por tanto conocía perfectamente cómo funcionaba, transfería cantidades más o menos habituales a otras empresas también habituales, no llamaban la atención”, recuerda Alonso Hurtado. Las salidas de fondos de Cáritas, en cambio, deberían haber hecho saltar las alarmas enseguida dentro de la institución.

En cualquier caso, es muy probable que los dos bancos luxemburgueses sean considerados responsables civiles del fraude, por no haber tomado las medidas de diligencia debida a la hora de identificar a los beneficiarios detrás de las cuentas del BBVA y no haberlas paralizado, asegura el experto en compliance. Así lo establece la directiva de servicios de pago de la UE, que sólo considera responsable al ordenante –Cáritas en este caso– si éste ha “actuado de manera fraudulenta” o ha “incumplido, deliberadamente o por negligencia grave, una o varias de las obligaciones” de seguridad.

Cuestión distinta es la posible responsabilidad del BBVA. Alonso Hurtado la considera más difícil de determinar. Así, el banco debe llevar a cabo un procedimiento conocido como Know Your Client (Conoce a tu cliente) antes de que cualquier particular o empresa contrate sus productos o servicios. Se trata de un protocolo estandarizado en todo el mundo que los bancos “cumplen siempre”, recalca el abogado.

Así que se trata de un proceso por el que debieron de pasar los clientes que abrieron las 14 cuentas adonde se desvió el dinero de Cáritas. De momento, sólo se ha hecho pública la identidad de dos: Caritas Internationalis, la matriz de la institución diocesa, con sede en Roma, y la ONG turca Asam, que tiene vínculos con Cáritas. Pero ni una ni otra recibieron el dinero, según han publicado los medios luxemburgueses.

Como establece el reglamento que desarrolla la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, los bancos deben “identificar y comprobar, mediante documentos fehacientes” quiénes son las personas físicas o jurídicas que van a ser sus clientes. Si se trata de un particular, basta con el DNI o el pasaporte, pero las sociedades, instituciones o empresas deben acreditar con documentos públicos su “denominación social, forma jurídica, domicilio, identidad de los administradores, estatutos y número de identificación fiscal”. Es decir, deben aportar documentación del Registro Mercantil. Es más, tienen que acreditar quiénes son sus titulares reales, aquellas personas físicas que poseen más del 25% del capital.

Pero el control no se queda ahí. El banco también debe pedir a sus futuros clientes información que acredite “la naturaleza de su actividad profesional o empresarial”. Incluido su volumen de negocio y el de las transacciones previas que han realizado. De forma que, si se hacen operaciones por importes mucho más elevadas, saltan las alarmas y la empresa debe explicar a qué se debe la anomalía. “En el procedimiento hay una parte automática y otra manual: todo lo que se sale de los patrones marcados, lo analizan personas físicas para comprobar si hay algo raro o no”, detalla. Además, los bancos están obligados a hacer “un seguimiento continuo” de las operaciones con su cliente, “un escrutinio” que el reglamento define como “integral”, con procedimientos de revisión periódicos.

E incluso exige medidas “reforzadas” en actividades o clientes con mayor riesgo de blanqueo de capitales, cuando, por ejemplo, las transferencias superen los 3.000 euros, los clientes no residan en España o las operaciones se realicen en “circunstancias inusuales”.

Alonso Hurtado no cree que Cáritas, por el hecho de ser una organización benéfica, ligada además a la Iglesia católica, pudiera haber recibido un trato más laxo que cualquier otra empresa o institución. Más bien al contrario. “Las ONG, fundaciones y asociaciones están sometidas a una vigilancia reforzada, porque suelen ser utilizadas para blanquear capitales: tienen menores controles regulatorios y es habitual que mantengan relaciones con países en desarrollo, con controles no tan estrictos”, advierte.

Alonso Hurtado cree que el BBVA ha cumplido con esos procedimientos. “Cuestión distinta”, precisa, “es si los autores del fraude les enviaron documentos falsos para abrir las cuentas”. O si se trataba de clientes antiguos, el banco se hubiera conformado con un KYC menos estricto del que se exige actualmente. La ONG turca Asam no ha contestado a las preguntas que sobre el caso le ha enviado infoLibre.

Además, los 61 millones de euros no estuvieron mucho tiempo en las 14 cuentas del BBVA. “Seguro que ya estaban programadas las transferencias para sacar el dinero antes incluso de recibirlo”, apunta. Los ingresos en cada cuenta debieron de salir fragmentados en transferencias más pequeñas a otras entidades. En otros casos de fraude del CEO, los receptores han sido personas físicas, mulas que se quedan con un porcentaje del dinero y transfieren el resto a los cerebros de la trama.

El BBVA asegura que tomó “medidas restrictivas” al detectar “anomalías” antes de haber sido informado desde Luxemburgo del fraude. Alonso Hurtado apuesta por el bloqueo de las cuentas. El banco no ha querido precisar a infoLibre en qué momento de los cinco meses que duró la operativa del desfalco adoptó esas medidas pero, si no lo hizo con rapidez, es difícil que haya conseguido impedir la desaparición de todos los fondos de Cáritas.

Ni el BCE ni el supervisor financiero luxemburgués (CSSF) ni el Banco de España ni el Sepblac, el organismo español contra el blanqueo de capitales, han querido confirmar a infoLibre si están investigando al BBVA por este caso o siquiera si le han pedido información.

Pero el banco que preside Carlos Torres Vila tiene su propio historial de incumplimientos. Según reconoce en su último informe anual, en 2023 resolvió 167.269 expedientes de investigación, que dieron lugar a 105.845 comunicaciones de operaciones sospechosas remitidas a las autoridades de México, Turquía, Argentina, Colombia y España. Los bancos están obligados por las leyes internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a informar a las autoridades de cualquier operación dudosa.

En ese mismo informe, el BBVA publica que el Sepblac le multó el año pasado con 4,83 millones de euros por carecer de un sistema protocolizado contra el blanqueo en sus filiales y sucursales en terceros países. Antes ya le había impuesto otra sanción de 13,12 millones por infracciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales. El banco ha recurrido ambas multas.

La mención a las filiales del banco no es casual. En 2019, su filial turca, Garanti BBVA, fue condenada en Francia con 33 millones de euros por infringir la normativa sobre blanqueo de capitales al ayudar a empresas implicadas en un fraude fiscal permitiéndoles utilizar sus servicios bancarios. Y ese mismo año, Garanti BBVA fue denunciado en Turquía por un grupo de inversores víctimas de la estafa piramidal montada por un británico que utilizó las cuentas de la entidad para robarles sus ahorros. A principios de este año, la oposición iraní denunció que la filial turca del BBVA mantenía relaciones de negocios con dos petroleras públicas del régimen de los ayatolás pese a que habían sido sancionadas por Estados Unidos. Como queda dicho más arriba, uno de los supuestos titulares de las cuentas receptoras de los fondos de Cáritas es una ONG turca.

El banco, por su parte, asegura que tiene “los protocolos y procedimientos que requiere la normativa de prevención del blanqueo de capitales y antifraude, y los aplica de manera continuada”. También destaca las “numerosas medidas de control” que implementa para asegurar que sus productos y servicios “no son utilizados con fines ilícitos”.

Nada más regresar de sus vacaciones, el pasado 16 de julio, el director general de Cáritas Luxemburgo, Marc Crochet, denunció ante la policía que la entidad diocesana había sufrido un desfalco que ha dejado sus cuentas a cero. La Fiscalía del Gran Ducado abrió inmediatamente una investigación por fraude, abuso de confianza, falsificación y blanqueo de capitales. Seis días después, fue detenida la directora financiera de Cáritas, Stéphanie Friob, que se ha presentado ante la policía como víctima del conocido como fraude del CEO o timo del jefe: recibió un correo de alquien que se hizo pasar por su superior y le ordenó hacer unas transferencias urgentes.

Pero las dudas han saltado enseguida a las portadas de los principales periódicos de Luxemburgo, donde el desfalco ha causado tal escándalo que ha hecho intervenir hasta al primer ministro. “No daremos ni un euro más a Cáritas hasta que se esclarezca la gestión de los fondos y hasta que tengamos una visión más clara de la gobernanza de la institución”, declaró Luc Frieden. “El Gobierno”, subrayó, “no confía en las estructuras actuales. Exigimos un administrador interino que sea nuestro contacto”.

La suspicacia del gobierno y de los medios luxemburgueses, que llevan días desnudando el caso, está más que justificada. Porque el robo no se ajusta en absoluto al manual del fraude del CEO. De hecho, el desfalco se llevó a cabo mediante 120 transferencias bancarias que se sucedieron entre febrero y julio de este año. Cinco meses. Por cuantías que difícilmente podían pasar inadvertidas, pues alcanzaron los 500.000 euros. Y la guinda era española: todas ellas tuvieron como destino 14 cuentas bancarias abiertas en el BBVA en España.

En algunos casos, el supuesto beneficiario era una ONG turca vinculada a Cáritas, ASAM (Asociación para la Solidaridad con Solicitantes de Asilo y Migrantes), y en otras Caritas Internationalis, la matriz con sede en Roma que coordina las 160 Cáritas repartidas por todo el mundo. Pero ni una ni otra recibieron el dinero. Según la radio pública luxemburguesa Radio 100.7, que destapó el escándalo, los números IBAN no coincidían con los titulares de las cuentas. Pero eso no fue obstáculo para que los dos bancos emisores, los luxemburgueses Spuerkeess y BGL BNP Paribas, hicieran las transferencias. Ni para que el BBVA, a su vez, permitiera a los beneficiarios de las 14 cuentas receptoras mover 61 millones de euros a no se sabe dónde.

Es más, de esa cantidad, 28 millones procedían de las reservas financieras de Cáritas Luxemburgo, pero el resto fueron préstamos, líneas de crédito que Spuerkeess y BGL BNP Paribas abrieron a la institución diocesana, supuestamente como adelanto de las subvenciones públicas que iba a recibir, pero que terminaron igualmente en las cuentas de los ladrones en España.

De forma que, además de la Fiscalía, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y el Banco Central Europeo (BCE) están investigando el caso. También la propia Cáritas ha encargado una auditoría a un comité de crisis y a PriceWaterhouseCoopers.

A preguntas de infoLibre, el BBVA asegura que “con anterioridad a ser informado” del fraude, el banco “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo. Y se remite al Banco de España, que en su Memoria de Reclamaciones de 2022 establece que es el ordenante quien debe comprobar el IBAN. Además, la orden de pago no se puede revocar.

El BBVA tampoco quiere desvelar si la Fiscalía luxemburguesa, el CSSF, el BCE o el Banco de España le han incluido en sus investigaciones y pedido información sobre las transferencias sospechosas. Ni quiere revelar si llevó a cabo la preceptiva investigación conocida como Know Your Client (KYC) a los titulares de esas 14 cuentas a las que fue a parar el dinero de Cáritas Luxemburgo. Los bancos están obligados a identificar a quienes contratan con ellos, así como a “acreditar y documentar el origen de sus fondos y su actividad económica y financiera”, tal y como repite el BBVA en su propio Código de Conducta, en cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y el fraude.

Respecto a las medidas restrictivas que el BBVA podía adoptar sobre las 14 cuentas sospechosas, el Banco de España cita algunas de las posibles: cancelar la operación, cerrar la cuenta, bloquearla, ordenar “restricciones operativas” e incluso cancelar todas las posiciones del titular en el banco, añaden las fuentes bancarias consultadas. Según apuntan, incluso se está empezando a utilizar la Inteligencia Artificial para identificar posibles irregularidades, lo que permite detectarlas con mayor rapidez.

El banco que preside Carlos Torres Vila tampoco ha querido contestar si ha abierto algún tipo de investigación interna sobre este asunto y si sospecha de que los desfalcadores contaron con ayuda interna de algún empleado del banco para sortear los protocolos de seguridad. [En la caja negra al final de esta información infoLibre reproduce las preguntas que envió al BBVA y éste no ha respondido].

Según ha publicado el medio digital reporter.lu, las transferencias desde Luxemburgo se hicieron “a un ritmo frenético”. Hasta siete diarias, por valor de varios millones de euros. Entre principios de febrero y mediados de marzo, salieron nueve millones de euros en una veintena de transferencias desde una cuenta de BGL BNP Paribas hasta la supuesta cuenta de Caritas Internationalis en el BBVA. Otros 52 millones se desviaron supuestamente a la turca ASAM, una ONG cuyo presupuesto, sin embargo, no supera los dos millones de euros y sólo trabaja con bancos de su propio país.

Reporter.lu también revela que Caritas Luxemburgo consiguió que BGL BNP Paribas le ampliara al menos dos préstamos de emergencia por importe de 16 y siete millones de euros utilizando como garantía las subvenciones que le concede el Estado luxemburgués.

El primer ministro, Luc Frieden cifró en 45 millones de euros el dinero que Cáritas recibe cada año del Gran Ducado por servicios como la gestión de instalaciones de acogida para refugiados, personas sin hogar, mujeres y enfermos mentales. También lleva a cabo proyectos humanitarios en Siria, Ucrania, Mali, Sudán del Sur o Laos a cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores luxemburgués. “Cáritas emite facturas que pagamos una vez hemos comprobado que se han prestado los servicios. Desde principios de año se han pagado 21 millones de euros, y sólo por servicios que se han llevado a cabo”, explicó a los periodistas tras saltar el escándalo.

Ahora todos esos servicios corren peligro. También los salarios de los 500 trabajadores de Cáritas en Luxemburgo, que sólo están garantizados hasta este mes de agosto. El cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, se ha limitado hasta ahora a publicar un comunicado en el que expresa su “profunda indignación” por el “escandaloso desvío” de fondos que “afecta a una organización católica cuyo objetivo es ayudar a los necesitados en el Gran Ducado y en el extranjero”.

Mientras la policía y los supervisores financieros investigan, los medios luxemburgueses no dejan de destapar los problemas de gobernanza que sufren tanto la propia Cáritas como los bancos implicados. Una tara fundamental para una institución que depende para financiarse de donaciones de particulares y de empresas, subvenciones públicas e incluso fondos de la Unión Europea.

Radio 100.7 asegura que el departamento financiero de Cáritas ya tenía problemas antes de que estallara el escándalo, por lo que el año pasado se encargó una auditoría a un consultor externo. Varios empleados abandonaron el departamento, mientras la directora financiera restringía el acceso de otros a la contabilidad. Según reporter.lu, eran cuatro las personas del comité de gestión, incluida Stéphanie Friob, que tenían poderes para operar con las cuentas bancarias de Cáritas. Friob, que se entregó a la policía el 20 de julio, se encuentra desde entonces bajo arresto domiciliario. Pero los investigadores buscan otros coautores o cómplices, en Cáritas y en los bancos, que pudieran haber ayudado en el desvío de los 61 millones de euros.

El Gobierno de Luc Frieden se ha comprometido a presentar en septiembre un plan de crisis que garantice el mantenimiento de los servicios sociales hasta ahora cubiertos por Cáritas. Precisamente cuando el papa Francisco tiene previsto visitar Luxemburgo, concretamente el día 26.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que afirma que la conversión judicial "automática" de los trabajadores interinos en indefinidos no es una medida que pueda derivarse "en ningún caso" del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), de 22 de febrero, y resulta "incompatible" con el sistema español de Administración Pública, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, según ha informado Europa Press.

La sentencia del Supremo, que parte de un recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la Junta de Castilla y León, señala asimismo que "tampoco se deriva" del fallo europeo "una radical igualdad entre el régimen jurídico de los trabajadores fijos y de los temporales", pues la directiva europea 1999/70/CE permite, en su cláusula cuarta, un trato diferente entre temporales y fijos por razones objetivas.

El TJUE dictó el pasado mes de febrero una sentencia en la que denunciaba que la legislación española no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal y planteaba, como solución, hacer fijos a los trabajadores afectados.

El Supremo, en este fallo, deja claro que no puede interpretarse que esta sentencia implique una conversión judicial automática de los trabajadores indefinidos no fijos en trabajadores fijos porque ello sería "incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública -que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la Función Pública- y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente".

Con esta sentencia, el Alto Tribunal estima el recurso de casación presentado por la Junta de Castilla y León contra un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad que declaraba el derecho de una trabajadora indefinida no fija, auxiliar de enfermería en una residencia, a ser admitida en un concurso de traslados pese a no tener la condición de fija.

Este fallo del TSJ de Castilla y León fue recurrido por la Junta ante el Supremo, alegando la contradicción que existía entre la sentencia recurrida y otra dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 2019, en la que se denegaba el derecho de una trabajadora indefinida no fija a participar en un concurso de traslados.

El Alto Tribunal aprecia contradicción entre ambas sentencias, pues se trata en ambos casos de trabajadoras con contratos laborales, indefinidos no fijos, que prestan servicios en un organismo público, y que solicitan participar en un concurso de traslados. Mientras que la sentencia recurrida estimaba el recurso de la trabajadora y la posibilidad de que participara en el concurso, la sentencia de contraste, la de Extremadura, se la denegaba. En ambos casos rigen sendos convenios colectivos que limitan la participación en este tipo de concursos al personal laboral fijo.

Para el Supremo, la adscripción del personal temporal a un puesto de trabajo concreto, "conectado inevitablemente" con una causa de temporalidad, algo también aplicable a los indefinidos no fijos, "constituye elemento objetivo suficiente" que impide la equiparación entre trabajadores fijos y trabajadores temporales en los supuestos de traslado.

En su opinión, respecto de la exigencia legal de equiparación entre personal fijo e indefinido no fijo, el Tribunal Supremo subraya que la diferencia más trascendente entre ambos para el acceso a una plaza fija consiste en que este tipo de personal está prestando servicios en el ámbito público sin haber ingresado a través de un procedimiento en el que se hayan garantizado los principios de igualdad capacidad y mérito, tal y como exige la Constitución española.

"El indefinido no fijo lo es porque su ingreso en la Administración o en la empresa pública para un puesto de trabajo fijo se ha producido sin haberse seguido un proceso selectivo para su incorporación basado en los constitucionales principios de igualdad, capacidad y mérito. Principios que se insertan en el núcleo básico de la regulación de la organización y funcionamiento de las administraciones públicas españolas, en garantía del principio de igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución", expone.

Para el Supremo, tal diferencia puede considerarse "como una circunstancia objetiva y razonable que apoye lícitamente la exclusión del personal indefinido no fijo del concurso de traslados previsto en el convenio colectivo y excluya cualquier atisbo de discriminación en contra de tal tipo de trabajadores".

En este sentido, recuerda que el Tribunal Constitucional ha defendido "reiteradamente" que el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la Constitución "no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica", de manera que "no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el citado precepto constitucional, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales".

Así, el Supremo subraya que lo que prohíbe el principio de igualdad "son las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables".

"También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. En resumen, el principio de igualdad, no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un "juicio de proporcionalidad" en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida", argumenta.

“El último escándalo de Orpea: los oscuros negocios con una trama societaria oculta en Luxemburgo”. Así titulaba infoLibre, en mayo de 2022, una información sobre un holding llamado Lipany y formado por más de 40 compañías que ayudaron a la expansión del grupo de residencias por media Europa. Un año y medio después, fuerzas policiales de de seis países han realizado registros en busca de pruebas sobre actividades presuntamente delictivas ejecutadas a través de dicha trama.

La amplia operación transfronteriza tuvo lugar en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia y Portugal los pasados días 11 y 12 de enero, a petición de las autoridades galas. La Fiscalía de Nanterre –localidad al oeste de París– es la que investiga la comisión de hasta cinco presuntos delitos: fraude, apropiación indebida de activos empresariales, blanqueo de capitales, corrupción y abuso de confianza.

Ochenta y cuatro agentes franceses llevaron a cabo registros e interrogatorios junto con sus homólogos europeos. No se ha facilitado información sobre la ubicación exacta de los registros.

Las actividades de Lipany fueron desveladas por el consorcio periodístico Investigate Europe, en una investigación en la que participó infoLibre.

Un fiscal implicado en el caso confirmó a Investigate Europe que los registros se refieren, al menos en parte, al holding secreto luxemburgués Lipany, que había sido creado por algunos de los principales directivos del grupo de residencias.

Por su parte, un portavoz de Orpea declaró que “el grupo está cooperando plenamente con las autoridades”.

Las redadas policiales no afectaron a España, donde Orpea es el segundo mayor grupo de residencias de mayores, solo por detrás de DomusVi. En la Comunidad de Madrid, Orpea es la empresa líder del sector. En el conjunto de España gestiona más de 50 centros residenciales.

Cuando los periodistas de Investigate Europe contactaron a Orpea, antes de publicar la información en mayo de 2022, un portavoz del grupo admitió que algunas de las conclusiones de la investigación periodística coincidían con una denuncia formal contra "personas anónimas" que Orpea acababa de presentar. Dicho portavoz añadió que, dos semanas después de recibir las preguntas de Investigate Europe, Orpea había despedido a Sébastien Mesnard, antiguo director financiero del grupo y uno de los implicados en Lipany.

Descrito como un posible "vehículo de blanqueo de capitales y corrupción" por una fuente cercana a la investigación, Lipany amasó activos por valor de casi 100 millones de euros, en su mayoría propiedades vinculadas a Orpea en Italia, Francia, Bélgica y, en menor medida, Alemania.

Lipany es propiedad oficial de Roberto Tribuno, antiguo jefe de Orpea en Italia. La mayoría de las filiales y actividades del holding también implicaban estrechamente a Sébastien Mesnard.

La investigación periodística detalló cómo la pareja utilizó Lipany y su laberinto de filiales para operaciones dudosas. En Francia, encubrieron el pago de una comisión secreta de 700.000 euros a un intermediario y registraron información fiscal falsa en los estados financieros de al menos 14 empresas vinculadas a proyectos de Orpea. En Italia, burlaron las normas del IVA y vendieron sistemáticamente residencias de Orpea a Lipany, con lo que el grupo pagaba luego alquileres al holding luxemburgués.

Posteriores revelaciones de Investigate Europe e infoLibre mostraron que, en julio de 2022, Orpea prometió nuevos fondos a su socio luxemburgués casi sin intereses, en un esquema que involucraba a Mesnard, a pesar de que oficialmente había sido despedido dos meses antes. En 2023, Orpea también compró varias propiedades francesas a Lipany por una cantidad no revelada y le cedió la supervisión de dos instalaciones en Italia.

Tanto Mesnard como el ex consejero delegado del grupo Yves Le Masne se encuentran en prisión preventiva desde junio de 2023. También se está investigando a un tercer exdirectivo.

Orpea, que gestiona 1.000 centros médicos en todo el mundo, está sumido en una grave crisis desde la publicación en enero de 2022 de Les Fossoyeurs (Los sepultureros), un libro en el que se describen pautas de maltrato a los pacientes en las residencias del grupo. Las autoridades francesas recibieron decenas de denuncias de familiares de residentes por negligencia grave e incluso homicidio. En diciembre de 2023, el Estado francés adquirió una participación mayoritaria en la endeudada empresa como parte de un rescate de 605 millones de euros con fondos públicos.

"Es chocante, sí. Más que sorprendente, porque sabemos que esto existe, es chocante. Actúan a las claras, sin disimulo".

Quien así habla es Miguel Alba, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, tras darse un rápido paseo por la oferta digital offshore disponible en España. A golpe de clic, uno puede montarse desde España, con unas pocas y sencillas gestiones y asistido telemáticamente, una compañía en una jurisdicción considerada paraíso fiscal por la UE y la Hacienda nacional. Sí, es como suena. Empresas privadas ofrecen servicios de constitución de compañías en jurisdicciones offsore, es decir, en el extranjero, a menudo en territorios de tributación, cooperación y transparencia bajos. Los principales alicientes están claros: pocos impuestos y mucha discreción. Se trata, subrayan empresas prestadoras de estos servicios, de una práctica legal de elusión fiscal, no de evasión.

Foster Swiss, con oficinas centrales en Ginebra (Suiza) y un cuadro de dirigentes donde se destacan las carreras en Credit Suisse, presume de ser "una de las consultoras más activas en la creación de empresas offshore a nivel internacional", con más de 10.000 clientes sobre todo en Latinoamérica y Europa, incluida España. Ofrece servicios de apertura de sociedades y cuentas bancarias en más de 120 países, entre ellos Seychelles, Vanuatu y Samoa, todos ellos destinos que figuran en el listado de "países y territorios no cooperadores a efectos fiscales" de la UE y también en el catálogo de "jurisdicciones no cooperativas de la Agencia Tributaria". Otras opciones, fuera de los listados oficiales pero en el punto de mira de las asociaciones por la justicia fiscal, son Andorra, Delaware –Estado norteamericano donde hay más empresas que habitantes–, Luxemburgo y Suiza.

Con un capital muy bajo o incluso sin capital, estas firmas son ideales para fondos de inversión o sociedades de comercio electrónico. Foster Swiss expresa a las claras los alicientes. "¡Pagar menos impuestos merece la pena!", proclama en su web, que recuerda que las sociedades en los territorios y jurisdicciones offshore están exentas del impuesto sobre sociedades, sobre beneficios y dividendos, sobre sucesiones y sobre actividades económicas. Y afirma, promocionando sus servicios de "planificación holding": "Si IKEA o APPLE paga CERO impuestos, su empresa también puede". ["En IKEA cumplimos escrupulosamente con todos nuestros compromisos fiscales, que son, además, una de nuestras principales vías de contribución allá donde estamos presentes", señala la multinacional de origen sueco y remite a dos enlaces: aquí y aquí. Apple no respondió al mensaje de infoLibre].

La compañía suiza insiste en que todo es "totalmente legal", porque no se trata de "evasión", sino de "elusión fiscal", es decir, de "aprovechar todos los recursos legales para pagar menos impuestos". Aquí, aclara Foster Swiss, no hay "lavado de dinero". "La elusión fiscal se puede lograr por medios legales, siempre y cuando se cumplan las leyes y tratados existentes", señala. Entre las obligaciones que Foster Swiss especifica está la de "notificar a las haciendas locales la constitución de una sociedad y la apertura de una cuenta bancaria". Así evitaremos "encontrarnos con sorpresas", subraya.

En declaraciones por escrito a infoLibre, el director general, Manuel García, insiste en que todo es "absolutamente legal" y apunta el dedo acusador contra las grandes empresas, mencionando a Google, Microsoft e Ikea, que "sangran a las arcas del Estado" en "connivencia con los gobiernos", algo que no está al alcance de las empresas pequeñas y medianas. Sobre el ofrecimiento de destinos offshore en las listas de la UE y España, el directivo de Foster Swiss afirma: "Sí, obviamente, muchos de ellos lo están pero hay que entender qué significa esto, qué lobbies internacionales son los que marcan las directrices". A su juicio, la falta de "peso internacional" de España hace que acepte listas negras con destinos que excluyen a países como Holanda o Luxemburgo, de facto "paraísos fiscales y no cooperadores".

Offshore Company Corp, compañía con oficina principal en Hong Kong y presencia en Estados Unidos, Lituania y Vietnam, también ofrece la constitución de sociedades en jurisdicciones incluidas en los listados oficiales europeo y español, como es el caso de Seychelles. ¿Alicientes? "Los detalles de los accionistas y beneficiarios finales no están sujetos a divulgación pública. No pague impuestos, derechos de timbre u otros impuestos recaudados en Seychelles", recoge la propia promoción de los servicios de la compañía. Offshore Company Corp no responde a la comunicación remitida por infoLibre.

Si responde en cambio Foster Swiss, para quien su oferta offshore permite que se "democratice" una práctica que –según se concluye de sus respuestas– es el pan nuestro de cada día de la élite empresarial. "Nunca ha existido ninguna empresa cotizada en el IBEX que no cuente con decenas de empresas de ésta índole", asegura su director, Manuel García. Y añade: "Hoy en día es una opción para cualquier pequeño y mediano empresario español".

"Actualidades: lo que revelan los 'Paradise papers' y por qué es una buena cosa", se lee en la web de Merrit Middle East, compañía radicada en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, una escisión del grupo de Hong Kong Merrit. Se dedica a crear sociedades offshore en Emiratos, una de las más ricas petromonarquías árabes, para actuar como empresas de importación-exportación, consultoría, asesoría o cabeza de holding.

La sociedad, aclara Merrit, no puede tener actividad en Emiratos, aunque sí cuenta bancaria, y entre sus alicientes están: "Ningún impuesto: no hay impuesto de sociedades, no hay retención, no hay IVA. No hay intercambio de información con el extranjero". Más: "Los Emiratos no pondrán nunca problemas a nivel jurídico y fiscal para sus clientes y socios". De nuevo, la compañía –que no responde a las preguntas de infoLibre– defiende el carácter legal de su actividad, al tiempo que advierte a sus posibles clientes de que deberá responder a "ciertas preguntas" sobre la actividad de la sociedad en Emiratos, que no está en la lista negra de la UE ni de España pero sí de la organización Tax Justice Network.

En cuanto a Panamá, está en la lista europea, no en la española. Legal Solutions Panama, firma con sede en Panama City y oficina en Madrid, ofrece la apertura de empresas offshore en dicho país centroamericano sin moverse de España. ¿El gancho? "Cualquier profesional o pyme con beneficios superiores a 30.000 dólares puede beneficiarse de una sociedad offshore con una reducción de costes de hasta el 75%".

Preguntada por los requisitos para la legalidad, la directora general, Kathia Rivera, responde: "Esta es una muy buena pregunta, toda vez que es verdad que las personas piensan que tener una sociedad fuera de España es ilegal, cosa que no es así. Como ciudadanos tenemos el derecho de constituir una empresa en cualquier país del mundo, siempre que cumplamos los requerimientos que nos exijan las leyes del país en el cual residimos y tenemos nuestra residencia fiscal".

Rivera afirma que los conocidos papeles de Panamá, o Panama papers a nivel internacional, "hicieron mucho daño a nuestra actividad y prueba de ello fue el decrecimiento sistemático, durante los años siguientes, de la inscripción de sociedades en Panamá". "No fue justo que a la investigación se le denominara Panama papers, ya que no sólo se trataba de la filtración de documentos de una firma ubicada en Panamá, sino que lo realmente llamativo es que la firma panameña creaba las sociedades principalmente fuera de Panamá, en otros paraísos fiscales. Es decir, las sociedades estaban creadas en su gran mayoría en otras jurisdicciones [como] Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles, y si sumamos todas las sociedades offshore que fueron creadas en estas jurisdicciones, podemos afirmar que sobrepasan, con creces, las creadas en Panamá. Por tanto, Panamá no es el mayor paraíso fiscal mundial como se ha querido transmitir a raíz de los Panama papers", añade Rivera, que reivindica las medidas introducidas tras el escándalo para para evitar la llegada de "fondos opacos". "Vienen mejores días para Panamá. No perdemos la esencia pero sí establecemos mecanismos que nos alejan de proteger blanqueadores, personas políticamente expuestas y terroristas", concluye la directora de la compañía, única empresa latinoamericana en la feria de servicios jurídicos Expo Spain Legal 2022, celebrada en Madrid.

LABE, con más de treinta años de experiencia y sede en el Paseo de la Castellana, en Madrid, es un despacho de abogados dedicado –entre otras tareas– a la constitución de empresas offshore, que según la propia firma tienen como "beneficios" la reducción de impuestos –"optimizar fiscalidades"–, la privacidad y la protección de activos ante demandas, embargos y otras acciones legales. "En general, es legal tener una sociedad offshore. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes fiscales de diferentes países pueden diferir en cuanto a cómo se tratan", señala la compañía, que no responde a las preguntas de este periódico.

Desde la Agencia Tributaria, fieles a su máxima de no comentar casos concretos, se limitan a enmarcar legalmente la cuestión, sin nombrar ni valorar la actividad de ninguna empresa. "Las sociedades offshore, que es un concepto anglosajón sin traducción jurídica concreta en España, se rigen por la normativa mercantil y de toda índole del país donde se constituyen. A efectos de España, lo obligado es la adecuada declaración de todas sus rentas por parte del contribuyente español. Y para ello analizar el uso que se da a esa sociedad constituida en el extranjero. La Administración Tributaria puede utilizar los sistemas de intercambio de información internacional".

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, afirma que una clave legal está en acreditar que hay un "motivo legítimo" para montar la sociedad y que no es "una pantalla" e insiste en la necesidad de dotar a las administraciones de normas y herramientas para evitar que las jurisdicciones offshore acaben sirviendo para propósitos indebidos. ¿Como cuáles? Según Mollinedo, entre estos –que no atribuye a ninguna compañía en concreto– está la posible ocultación de activos o ingresos tributables en España, posibles tarjetas para tener acceso a dichos activos, el posible uso de sociedades tapadera para desplazar beneficios al extranjero, incluyendo la posible utilización de "facturas ficticias o cobrando de más (o de menos) en transacciones entre entidades afiliadas”. Tomando como referencia los criterios de la OCDE, Mollinedo cita como el posible mecanismos de defraudación de "mayor sofisticación" la creación por parte de multinacionales y entidades financieras de estructuras que desplazan "artificialmente" sus ingresos hacia jurisdicciones de baja tributación y gastos hacia jurisdicciones de alta tributación".

Se consulte donde se consulte, la respuesta sobre la legalidad es siempre la misma: es legal, siempre que... Es decir, si se cumplen unos requisitos. "Crear sociedades offshore no es ilegal. Tampoco lo es tener dinero en paraísos fiscales, pero sí podría llegar a serlo si su creación se produce para ocultar patrimonio (con ánimo de eludir el pago de impuestos), o la procedencia ilícita de un capital", explica la gestoría Ficotec. Obviamente, prácticas así hay que demostrarlas, no van de suyo con la mera constitución de la sociedad. Añade Ficotec en su web: "Si bien las sociedades offshore no tributan en el país en el que se domicilian, los activos y bienes con los que operan sí deben haber liquidado los correspondientes impuestos en el país en el que se originaron". Ese es el abecé de la mecánica. Pero Ficotec enciende la alerta: "La práctica nos indica que a través de estas sociedades opacas se pueden realizar múltiples operaciones económicas que se ocultan a la Administración", entre ellas "impago de impuestos y blanqueo de capitales". Ficotec afirma que para prevenir el delito el elemento fundamental es la "información", precisamente la madre del cordero.

ILP Abogados, en un apartado de su web con información que orienta a quien esté pensando en montar una sociedad offshore, recuerda obligaciones básicas para hacerlo dentro de la normativa, como las impuestas por la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que establece que las empresas españolas que tengan filiales en países o territorios calificados como paraísos fiscales deben declarar y tributar por las rentas obtenidas allí, o la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que fija que las entidades financieras deben informar a la Agencia Tributaria sobre las operaciones "sospechosas" que realicen con empresas offshore.

Para Miguel Alba, de Oxfam Intermón, el gran problema está en que, más allá de las obligaciones fijadas en la letra legal, las empresas offshore se deben básicamente a las reglas del país en el que se forman, que por su propia naturaleza suele ser laxa, y se benefician de lo que a su juicio es el gran déficit: la "falta de gobernanza global" a nivel fiscal. "Los movimientos transnacionales de capitales trascienden la soberanía de los Estados. Nosotros reclamamos que sea la ONU la que asuma a papel, como también que los listados [de paraísos fiscales] sean mucho más ambiciosos de lo que son ahora".

"Pero, ¿y esto es legal?". La pregunta surge ante la lectura de la información publicada por infoLibre y titulada así: Un grupo controlado desde las Islas Caimán gestiona casi la mitad de los pisos del plan de alquiler de Ayuso. Y la respuesta, una vez analizada la legislación y recabadas opiniones de expertos, es que a priori sí. "¿Y no se puede hacer nada?". Aquí la respuesta se complica. Sí, en teoría se podría, al menos para dificultarlo. Pero hacerlo con garantías exige reformas legales que llevarían a una batalla judicial con las empresas afectadas. Mientras estas reformas no se llevan a cabo, el margen para intentar evitar situaciones como la desvelada por este periódico se reduce al mínimo.

El contraste está servido. Por un lado, una estructura empresarial con presencia en territorios de escasa o nula tributación y cooperación judicial. Por otro, un acuerdo con la Administración, la misma que tiene entre sus cometidos la recaudación fiscal. Y no tiene por qué ser un contrato lo que marca el contraste. Puede ser también una ayuda pública. Un ERTE, por ejemplo. De hecho, en España el debate se abrió en 2020, precisamente por los ERTE. Era otro contexto. La pandemia de covid-19 parecía haber anulado certezas inmutables. Se hablaba de desglobalización, de reindustralización, de intervencionismo... Y de excluir de los beneficios del Estado a empresas en paraísos fiscales.

Con el trauma económico acompañando al golpe sanitario, a los desbordados gobernantes les quedaba al menos alzar banderas de solidaridad con el pueblo sufrido. Y no había figura que encarnase mejor la insolidaridad que un paraíso fiscal. Así que se desató una especie de carrera. Empezó Dinamarca, que introdujo en un paquete de ayuda por valor de 13.400 millones de euros una enmienda que vetaba el acceso a empresas en paraísos. Ideas similares se extendieron por Francia, Italia, Polonia, Holanda, Bélgica, Austria... Y España.

Aquí la ola no llegó con excesiva fuerza, pero llegó, en parte por el empeño de Más País. El decreto-ley de mayo de 2020 de defensa del empleo recogía lo siguiente: “Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en [...] paraísos fiscales [...] no podrán acogerse a los ERTE”. Desde su misma publicación hubo dudas sobre su utilidad por dos motivos: 1) Los listados español y europeo de paraísos fiscales dejaban –y dejan– fuera buena parte de los territorios problemáticos. 2) Quedaba abierta una gatera para empresas con filiales o matrices en territorios de baja tributación. Aunque es difícil cuantificar el impacto exacto de la medida –una empresa podría autoexcluirse de la convocatoria al conocer el decreto–, todo apunta a que fue cero o irrelevante. infoLibre preguntó esta semana al Ministerio de Trabajo (Sumar), sin respuesta.

Al menos aquella iniciativa dejó un rastro. Y lo siguió Mònica Oltra. En 2021, la entonces vicepresidenta del Govern de la Comunitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas recogió el testigo al anunciar su propósito de vetar la contratación para gestionar residencias de mayores a compañías que "operen" en paraísos fiscales. Oltra entraba en un área clave: la investigación publicada por infoLibre sobre la gestión de las residencias ha evidenciado la pertenencia de algunas de las principales empresas del sector a estructuras societarias que pasan por jurisdicciones como Luxemburgo o Jersey.

Una vez pasado a la letra pequeña, el anuncio de Oltra se concretó en un decreto que establecía que la adjudicataria de un contrato debía comprometerse "a evitar la evasión fiscal en el marco de la prestación contractual, así como a garantizar la correcta tributación de las rentas derivadas del contrato". La fórmula establecida para hacerlo es la "declaración responsable". ¿En qué ha quedado aquello? La actual Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Comunitat Valenciana asegura que dicha declaración "nunca llegó a introducirse en las licitaciones" porque hubo informes jurídicos que concluyeron que "contraviene la Ley de Contratos del Sector Público", explica dicho departamento [ver aquí la respuesta completa]. No obstante, Compromís cita una licitación en 2022 para la construcción de una residencia, un centro de día y tres viviendas tuteladas en cuyo pliego venía un anexo con la declaración responsable [ver aquí la respuesta completa y aquí el pliego con el citado anexo en la página 88].

Un funcionario autonómico afirma que la cláusula valenciana "es novedosa", pero que "básicamente consiste en que la empresa diga lo obvio, que cumple la ley". Y añade que el hipotético impacto de las declaraciones responsables, aun siendo un intento de "abrir camino", queda lejos de lo que recogieron algunos titulares al anunciarse la medida, cuando se leyó que "Oltra prohíbe que empresas que operan en paraísos fiscales puedan gestionar residencias" o que "El País Valencià excluirá a empresas que operen en paraísos fiscales de la gestión de residencias de mayores". "Eso es mucho decir. Lo máximo que se puede afirmar es que la declaración lanza un mensaje interesante, que exige a las empresas un gesto de buena voluntad y que, si hay después un trabajo de supervisión, aporta transparencia", añade el citado funcionario.

Lo cierto es que el Gobierno de la Comunitat Valenciana no tenía margen para llevar mucho más lejos sus pretensiones, según los especialistas consultados. Porque cualquier iniciativa para limitar el acceso a fondos públicos a empresas vinculadas a paraísos fiscales se enfrenta a dos obstáculos. El primero, la propia definición –o más bien indefinición– de "paraíso fiscal", lo que afecta a los listados sobre los mismos. La UE trabaja con un listado de 16 "países y territorios no cooperadores a efectos fiscales" y la Agencia Tributaria con otro de 24 "jurisdicciones no cooperativas". Aunque el listado español pone el listón más alto –en el de la UE ni siquiera está Islas Caimán–, lo cierto es que ni en uno ni en otro hay países de la propia UE. Esto, que puede parecer lógico, supone a juicio de grupos como Tax Justice Network (TJN) un corsé que hace inviable una acción eficaz.

El informe de TJN El eje de la evasión fiscal estima que los Estados de la UE pierden más de 24.700 millones/año en impuestos de sociedades por esquemas fiscales que pasan por Luxemburgo, Países Bajos –ambos en la propia UE–, Suiza y la red de Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona de Reino Unido. “Las jurisdicciones que figuran en la lista negra de la UE causan menos del 2% de las pérdidas fiscales mundiales”, concluye otro informe de Tax Justice Network, cuyo listado de los diez paraísos fiscales más dañinos sí incluye a Países Bajos, Suiza y Luxemburgo.

Tove Maria Ryding, coordinadora de fiscalidad de la European Network on Debt and Development (Eurodad), sitúa el listado de la UE como cogollo del problema. "La UE no puede, debido a las normas de unanimidad de la UE para decisiones fiscales, criticar a los Estados miembros de la UE. También se ha mostrado muy reacia a criticar a los grandes países de la OCDE que tienen prácticas nocivas, como Suiza", explica Ryding, que incluye a Irlanda junto a Luxemburgo y los Países Bajos en el listado de países de la UE con "prácticas fiscales perjudiciales". La lista de la UE, añade, es "una broma", porque los países que la integran son "irrelevantes".

infoLibre preguntó a Eurodad se le constaba que en países de la UE se hubieran consolidado medidas de limitación de acceso a contratos, convenios o ayudas para empresas vinculadas directa o indirectamente a paraísos fiscales, haciendo firme la idea surgida con el covid-19. La "respuesta rápida y sencilla" es que no, señala. "Es muy cierto que hubo intentos en este sentido durante la pandemia, pero quedaron varados", añade.

Esta respuesta vale no sólo para los países europeos que Eurodad llama paraísos fiscales, sino también para jurisdicciones consideradas así oficialmente. Lo demuestra el caso de España, donde hay empresas con contratos con la Administración que forman parte de estructuras que pasan por jurisdicciones que la propia Agencia Tributaria considera "no cooperativas". Por ejemplo, las Islas Caimán.

¿Cómo ocurre algo así? Aquí llegamos a otro obstáculo. Si el primero eran los listados, el segundo es la legislación. Sus lagunas, más bien. La directiva europea sobre contratación no recoge la posibilidad de establecer prohibiciones ni criterios de valoración que no tengan relación con la ejecución del contrato. En cuanto a España, la ley obliga a estar al corriente con Hacienda, pero no permite negar el acceso a la contratación pública por dónde se tributa, cuánto menos por dónde tributa una filial o una matriz, siempre que sea legal. Todo ello deja "un margen escaso", explica Santiago Lesmes, abogado especialista en derecho administrativo. "Tenemos un problema jurídico de base: la elusión fiscal –no la evasión, la elusión– es legal".

A juicio de Lesmes, combatir el problema exigiría una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para dejar fuera a las empresas que practiquen la elusión y una ampliación del listado de jurisdicciones opacas o no cooperativas. Pero aquí apunta a un quid: "Eso perjudicaría a la inmensa mayoría de compañías del IBEX 35, que tienen filiales en paraísos fiscales y son contratistas de la Administración". Lesmes cita a Oxfam Intermón, que en un informe de 2023 analiza 24 empresas que han cotizado en el IBEX para concluir que sólo dos, Endesa e Indra, no tienen ninguna filial en paraísos fiscales, categoría en la que Oxfam incluye a Luxemburgo e Irlanda, pero también otras jurisdicciones como Islas Caimán, Barbados o Jersey, que la propia Agencia Tributaria recoge en su lista. El destino preferido del IBEX es Delaware, que no figura en el listado de la UE ni de la Agencia Tributaria a pesar de que hay un dato que hace sospechar seriamente de su condición: tiene más empresas que habitantes.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Julio González coincide con Lesmes en que introducir reformas eficaces en listados y normas "perjudicaría al IBEX". A su juicio, ahí está la clave de que, durante la tramitación de la ley en 2017, el PP tumbara las enmiendas en este sentido PSOE, Podemos y ERC, como recuerda en este artículo. "Pero ahora, con la actual mayoría, tampoco se está impulsando esa reforma", recalca.

González recuerda cómo, a raíz del cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos, hubo voces que reivindicaron su exclusión de la contratación pública. "Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces, que sea Países Bajos y no España los que les den contratos de obra pública, ¿no? El dinero público español mejor invertirlo en contratos con empresas que pagan sus impuestos aquí", declaró el entonces portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Aquel propósito no se concretó. Parece lógico: se antoja difícil que España, un miembro de la UE, pudiera vetar a una empresa con sede en otro país de la UE y que cumple la ley. Más cabe cuestionarse que tampoco se puedan poner límites a empresas controladas por otras en destinos que sí son oficialmente opacos o no cooperadores, o que tengan filiales allí.

Este periódico preguntó a las dos fuerzas del Gobierno, PSOE y Sumar, por sus planes para limitar el acceso a beneficios públicos de empresas con vínculos con paraísos fiscales. Por parte del PSOE, no hay respuesta. Carlos Martín Urriza, portavoz de economía de Sumar, afirma que su partido tiene la voluntad, recogida en su programa, de "combatir los paraísos fiscales", aunque añade que es pronto para adelantar las medidas concretas. La reforma legal para introducir limitaciones está "dentro de nuestro ideario", así como hacer cambios para garantizar la "transparencia" y la "responsabilidad fiscal", asegura.

A falta de una reforma legal, ¿qué pueden hacer las administraciones? La organización que ha intentado facilitar respuesta a esta pregunta es Oxfam, impulsora de la iniciativa Zona Libre de Paraísos Fiscales, que ofrece a los ayuntamientos una guía para evitar la contratación de empresas con presencia directa o indirecta en territorios opacos y de baja o nula tributación. La guía incluye una cláusula, para meter en cada contrato público, que obliga a la empresa a no derivar a paraísos fiscales dinero de las rentas derivadas de la ejecución de dicho contrato. Al igual que en la vía Oltra, se tira del recurso de la "declaración responsable"

Lesmes, uno de los autores de la guía, cree que la campaña ha tenido utilidad "pedagógica", pero no le consta la exclusión de ninguna empresa de ningún proceso. "Incluso en el caso de los [más de 90] ayuntamientos que apoyan esta iniciativa, es decir, ayuntamientos que tienen una voluntad que en muchos otros casos no existe, hay un problema de dificultad técnica. Muchas veces los funcionarios de intervención tienen dudas legales", afirma. Dudas incrementadas por informes como el de 2018 de la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat de Cataluña, que niega la viabilidad jurídica de prohibir la contratación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales, por supuesto también si el vínculo es a través de otras firmas del grupo. Pero los límites legales no son los únicos. "Un ayuntamiento que dejara fuera a una empresa se tendría que enfrentar a sus abogados. Y non todos tienen recursos para hacerlo. Es la lucha de David contra Goliat", dice Lesmes.

Colaboración público-privada. Suena bien. Pero no siempre es fácil, porque las naturalezas del Estado y la empresa son diferentes. A veces, difíciles de conciliar. Así que juntar política y negocio puede dar resultados chocantes, conflictivos, más aún cuando en la misma ecuación en la que caben unos elevados propósitos sociales entran también un joven millonario, una poderosa saga bancaria, un fondo de inversión, una compleja estructura societaria y un territorio de baja tributación.

Vayamos al caso. Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) es una empresa mixta, conformada como sociedad público-privada en 2021 con el respaldo de la entonces alcaldesa Ada Colau (Barcelona en Comú), la responsable institucional más asociada en España a la lucha por el derecho a la vivienda, que conquistó el bastón de mando tras dar guerra como líder de la PAH. ¿El propósito de HMB? Facilitar a miles de personas acceso a techo en alquiler a precios por debajo de mercado en la capital catalana y su área metropolitana. ¿La paradoja? Al mismo tiempo que persigue estos fines, HMB mantiene en su accionariado a una empresa de la que forma parte un holding radicado en Luxemburgo, una jurisdicción paradisíaca para los fondos de inversión que pretenden minimizar su factura fiscal.

El broche a la historia lo pone un insigne nombre propio. Porque desde el Gran Ducado hace negocio con esta colaboración público-privada –CPP, se llama a estas fórmulas en argot ejecutivo– Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautola, hijo mayor de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y nieto de Emilio Botín, que también fue presidente de dicho banco. ¿Y cómo participa en todo esto? Morenés está detrás, junto a su socio y amigo Juan Pepa, de Stoneshield, accionista luxemburgués de la promotora inmobiliaria Neinor Homes, a su vez copropietaria de la sociedad mixta HMB.

Mientras participan en esta destacada iniciativa de colaboración con las instituciones, Neinor y Stoneshield son nombres vinculados a la defensa de los intereses del sector inmobiliario frente a las políticas de intervención públicas. Ambas compañías han sido participantes en la última edición de The District, la cita inmobiliaria en Barcelona que reúne a inversores, bancos y lobistas y que ha sido boicoteada por el movimiento antidesahucios por considerar que encarna las posiciones más especulativas. El presidente de Neinor es Ricardo Martí Fluxá, que a su vez es presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), uno de los puntales del lobby del ladrillo y una destacada voz contra la Ley de Vivienda del PSOE y Unidas Podemos. Un dato más: Neinor figura, en un documento de la propia empresa de febrero de 2023, como miembro del grupo de presión a favor de los propietarios de viviendas Asval, detrás del cual se encuentra el fondo Blackstone. Neinor ya formaba parte del mismo cuando se incorporó a HMB en 2021.

¿Qué dicen los aludidos en esta información? Ni Neinor ni Stoneshield respondieron a las preguntas planteadas por infoLibre [ver al final La Caja Negra]. Tanto el Área Metropolitana de Barcelona como el Ayuntamiento, socios e impulsores públicos del proyecto, coinciden en destacar la transparencia del proceso. Desde Barcelona en Comú, el grupo al que pertenece Colau, recalcan que el contrato que fija la actuación de HMB blinda el alquiler a precio por debajo de mercado. "Bajo ningún concepto estas viviendas pueden acabar en el mercado especulativo, como sí ocurrió con otros edificios de vivienda pública en los 90 o recientemente en la Comunidad de Madrid", añade. Todo ello es así, señala la misma fuente de los comuns, "independientemente de quién sea accionista del operador" o de "qué otros negocios tengan más allá de este". Y añade: "Barcelona en Comú ha destacado precisamente por enfrentarse a fondos buitres, lobbies y especuladores, lo que nos ha llevado a declarar hasta en 15 ocasiones en una guerra sucia judicial que ha ido archivando todas y cada una de las causas, destacando la de Vauras, un fondo de inversión similar a Stoneshield".

HMB es un "operador" de "vivienda de alquiler asequible" cuyo objetivo es construir y gestionar 4.500 viviendas en arrendamiento con protección pública. Nació en marzo de 2018 como una entidad enteramente pública fundada por el Área Metropolitana y a la que se sumó sólo tres meses después el Ayuntamiento. El reparto quedó entonces 50-50, todo público. Pero ese no era el objetivo. Desde su origen HMB tuvo vocación de buscar capital privado, como recogen sus propios estatutos. Se trataba de construir una sociedad de vivienda potente, a la altura de una política de vivienda que también quería serlo.

No fue fácil encontrar a los socios. Ni rápido. La entrada de dinero privado no se encarriló hasta julio de 2021, cuando el consejo de administración de HMB adjudicó a Neinor y Cevasa la condición de accionistas para "transformar HMB SA en una sociedad de economía mixta" y en un "ejemplo de colaboración público-privada". Ambas empresas constituyeron Nicrent Residencial SL, cuya entrada en HMB se formalizó en noviembre de 2021.

El accionariado de HMB es desde entonces un 50% público y un 50% privado. Sus socios públicos son el Área Metropolitana (25%) y el Ayuntamiento (25%). El privado es Nicrent (50%). Cevasa y Neinor tienen cada una un 50% de Nicrent. Es decir, un 25% cada una de la compañía mixta. El consejo de administración de HMB expresa este equilibrio: dos miembros del Área Metropolitana, dos del Ayuntamiento, dos de Cevasa, dos de Neinor y un independiente.

HMB no ha sido un proyecto técnico, administrativo, de segunda línea. Al contrario, ha sido un proyecto de alto perfil político, una apuesta de una figura tan relevante en el ámbito de la vivienda como Colau, que fue alcaldesa entre 2015 y 2023. Desde noviembre de 2021, cuando se formaliza la entrada de Cevasa y Neinor, el Ayuntamiento publicita HMB como "el primer operador de vivienda público-privado del Estado". Aquel mismo mes tuvo lugar un acto institucional en el que los accionistas públicos y privados de HMB comparecieron juntos para detallar las distintas fases del proyecto de la "primera sociedad mixta de vivienda de alquiler asequible de España". Así promocionaba el evento En Común Podem.

La iniciativa, que según se anunció debía construir sus 4.500 viviendas en ocho años, se ponía en marcha con la aportación de 6 millones de euros por parte del Ayuntamiento, otros 6 por parte del Área Metropolitana y 12 por parte del socio privado compuesto al 50% cada uno por Cevasa y Neinor, compañía de la que aún no formaba parte Stoneshield. Los fondos aportados por los socios debían servir para la construcción de 640 viviendas. La aportación final prevista para el conjunto de los socios es de 116 millones de euros. La sociedad mixta "construirá viviendas de alquiler asequible, a precio protegido y de forma permanente, sin perder nunca esta calificación, con la garantía de control público, gobernanza conjunta y evitando que acaben en el mercado privado libre", afirmaba Colau durante aquella presentación.

Toda la retórica que envolvía al proyecto remitía a lo social, lo cooperativo, lo novedoso. No sólo en la presentación de noviembre de 2021. Un año después un folleto del Instituto de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona afirmaba que Neinor se implicaba en HMB por su "dimensión social".

Para entonces la luxemburguesa Stoneshield ya estaba dentro de Neinor.

Neinor no es una empresa cualquiera del sector inmobiliario. Nacida en 2015 y con una plantilla de 300 trabajadores, se presenta como la "compañía cotizada líder en el mercado de promoción residencial en España", con más de 1.800 millones de euros de patrimonio. Bajo la presidencia de Ricardo Martí Fluxá, presidente al mismo tiempo de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) y del lobby de la seguridad y defensa Tedae, Neinor se lanzó a la CPP optando junto a Cevasa al puesto en la sociedad mixta impulsada por Colau. Y ganó. Neinor estuvo representada en el acto de noviembre de 2021 en la persona de su directivo Jordi Argemí, que aseguró que HMB iba a ser "un referente para otros proyectos en todo el país".

Poseedora desde entonces del 25% de HMB, Neinor es la empresa que conduce ahora hasta Luxemburgo y hasta Morenés, hijo, nieto y biznieto de presidentes del Santander, que está haciendo fortuna en el negocio de la inversión. Veamos en detalle la operación que certificó la llamativa situación de que un ambicioso proyecto de colaboración público-privada acabe teniendo como participante a un holding radicado en un territorio de baja tributación. El 23 de enero de 2022, cuando ya era parte de HMB, Neinor recibió una comunicación del fondo luxemburgués Stoneshield Capital, del que son cofundadores y socios Morenés y Juan Pepa, su más estrecho aliado y colaborador. La comunicación informaba de la entrada en Neinor de una entidad del grupo, Stoneshield Southern Real Estate Holding II, con cerca de un 18,5% del capital.

Estaba hecho: Stoneshield había entrado –y sigue– en Neinor, que a su vez estaba –y está– en HMB. Es decir, la empresa público-privada de alquiler social en Barcelona quedaba –y sigue– vinculada accionarialmente al fondo luxemburgués de un hijo de la banquera más importante de España. Stoneshield no se quedó en ese porcentaje inicial. Su trozo de la tarta ha crecido hasta situarse en un 25% en agosto de este año, según el registro publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las estructuras de muñeca rusa son habituales en Luxemburgo, jurisdicción donde existen importantes beneficios fiscales respecto a las plusvalías, los dividendos, el pago de intereses a sociedades del mismo grupo o las comisiones que cobran los gestores de los fondos. La clasificación extraoficial de referencia de paraísos fiscales, elaborada por Tax Justice Network, cita a Luxemburgo como la sexta jurisdicción que más ayuda a rebajar el pago del impuesto de sociedades.

Las firmas Stoneshield ofrecen un ejemplo del tipo de madeja societaria que suele florecer en el Gran Ducado. Hay al menos seis compañías bajo la denominación Stoneshield creadas en Luxemburgo y vinculadas entre sí, según la información registral examinada por infoLibre. La primera fue fundada en marzo de 2018 por Morenés y Pepa con una distribución del 50% para cada uno. Se trata de la sociedad de control Stoneshield Holding, que es dueña del 100% de Stoneshield GP, empresa a su vez socia de Stoneshield Investment Fund, accionista única de Stoneshield Southern Real Estate Holding II.

Esta última sociedad citada, Stoneshield Southern Real Estate Holding II, es la entidad que entró en Neinor en 2022 y la que figura como titular directa de las acciones de Neinor, mientras Stoneshield Holding es es el titular indirecto, todo ello según información del registro de Luxemburgo y de la CNMV.

El 26 de enero de 2022, tres días después de que Stoneshield informase de su entrada en Neinor, Morenés pasó a ser consejero de dicha compañía por su vinculación con la compañía Stoneshield Southern Real Estate Holding II, registrada en Luxemburgo en julio de 2021. En realidad, Morenés no era nuevo en Neinor. En 2015 ya entró como consejero con el respaldo de la gestora de activos estadounidense Lone Star, uno de los tres principales fondos especulativos inmobiliarios que operan en España junto a Blackstone y Cerberus. De hecho, Morenés y Juan Pepa se habían conocido en Lone Star, firma ligada a la propia creación de Neinor, compañía surgida en 2015 de la compra por parte de la gestora de activos de la promotora de Kutxabank.

Pero Lone Star fue sólo un peldaño en el ascenso de Morenés y Pepa, que en 2018 fundaron Stoneshield Capital, nombre de un proyecto que el hijo mayor de Ana Botín define como "mezcla de real estate, private equity e, incluso, venture capital". Desde hace ya cerca de dos años el puesto en el consejo de Neinor de Morenés obedece a su prominente posición en su propio grupo, Stoneshield. Morenés es además miembro de las comisiones de Inversiones Inmobiliarias, de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones de Neinor. Por su parte, Juan Pepa, su socio, también es consejero de Neinor por su vinculación en Stoneshield y es además miembro de la Comisión de Inversiones Inmobiliarias.

Stoneshield, que además de apostar en el sector de la vivienda tiene participación en compañías de residencias de estudiantes, innovación científica o logística, se refiere así a su "estratégica" inversión en Neinor: "Desde la adquisición de Neinor por parte de Stoneshield, la empresa ha triplicado la remuneración a los inversores". En cuanto a Neinor, parece tener fe en su posición posición en HMB. En su informe de 2022, la promotora señala que Nicrent –la empresa a través de la que participa en la sociedad mixta – obtendrá una "remuneración de mercado" por la "gestión administrativa y patrimonial" de HMB.

Lo cierto es que de momento las cosas van despacio en HMB. La sociedad mixta ha iniciado las obras de 110 viviendas en Sant Boi de Llobregat y prevé iniciar en breve tres promociones más: dos en Montgat (72+58) y otra en Sant Adrià de Besòs (56), según el balance facilitado a este periódico por el Área Metropolitana. "La sociedad de nueva creación está arrancando, a pesar de las dificultades de incremento de costes de la construcción, de aprovisionamiento de materias primas consecuencia de la situación geopolítica, y de la dificultad de acceso al mercado financiero", señalan desde esta institución.

En cuanto a la participación de Stoneshield en Neinor, el Área Metropolitana de Barcelona se limita a destacar que la selección del socio privado para HMB fue fruto de una "licitación pública" sujeta a la "normativa aplicable". Este periódico preguntó si la institución era consciente de que Stoneshield, que entró en Neinor en 2022, opera desde Luxemburgo y reclamó una valoración sobre ello. "Esta institución metropolitana no emite valoraciones subjetivas de este calibre", respondió la institución por escrito a través de un portavoz.

El Ayuntamiento de Barcelona, también en respuesta por escrito a través de un portavoz, afirma: "El proceso de adjudicación, realizado en el pasado mandato municipal con los gobiernos anteriores, se hizo de acuerdo con la normativa que regula la contratación pública y con todas las garantías aplicables". Añade que las promociones en Barcelona que levante HMB no perderán "nunca" la "titularidad 100% pública municipal del suelo".

Más extensa fue la respuesta escrita de los Comuns, grupo con el que contactó infoLibre para conocer la posición de Ada Colau, que ha perdido la alcaldía este año pero fue una de las impulsoras de la sociedad mixta en 2021. Una fuente del grupo señala que, "independientemente de las variaciones en el accionariado", el contrato entre las partes pública y privada de HMB "blinda el uso público" de las viviendas previstas, así como la "titularidad pública" del suelo, y también "limita al detalle los beneficios que obtendría la empresa de su explotación, que debe alquilar las viviendas a precio protegido –por debajo del de mercado– de manera indefinida y que no puede cobrar dividendos de los mismos".

"HMB está dirigido –añade– por un consejo de administración del que la mitad de representantes pertenecen al Ayuntamiento y al Área Metropolitana, de manera que se garantiza la gobernanza pública del proyecto y la fiscalización y transparencia de todo el proceso [...] hasta la adjudicación a los vecinos beneficiarios. Un consejo que vigila, además, que no haya una privatización de beneficios para los actores privados ni adjudicación de pérdidas a los públicos".

El Real Madrid ha devuelto a Providence Equity Partners 136,03 millones de euros, poco más de la mitad –el 54,4%– de los 250 millones que recibió en virtud del contrato de cuenta en participación que había firmado en 2017 con una de las filiales luxemburguesas del fondo de inversión estadounidense, cuyos beneficiarios últimos son dos sociedades domiciliadas en las Islas Caimán. Así consta en las cuentas que esa filial, PQ Media Sàrl, ha depositado en el Registro Mercantil de Luxemburgo y que ha consultado infoLibre.

A cambio de esos 250 millones, el club debe remunerar al fondo con un tanto por ciento de la cantidad en que aumenten sus ingresos por patrocinio: un fijo de 6,25 millones de euros anuales, o el 10% de los ingresos netos obtenidos en cada ejercicio, más un importe variable, cuya cuantía total acumulada al cabo de los cuatro años de contrato no puede superar los 230 millones.

Al menos así era en el momento de la firma del contrato. Pero llegó la pandemia y el negocio del fútbol se vio tan afectado como el resto de la economía. De forma que, en los tres primeros ejercicios, la retribución a Providence quedó muy por debajo de las previsiones iniciales del club. Tan es así que ambas partes renegociaron el acuerdo en el ejercicio 2019/2020 –los ejercicios fiscales del Real Madrid coinciden con las temporadas deportivas, de junio a junio–: Providence aumentó de 200 a 250 millones el préstamo inicial, y el periodo de vigencia, en principio cuatro años prorrogables otros dos más, se extendió a un máximo de nueve años. Hasta 2027.

Es decir, de no haber renegociado el contrato y ampliado el periodo de reembolso, el Real Madrid debería haber devuelto ya en 2023 los 200 millones iniciales que Providence le ingresó. Y no habría podido, ya que en cinco años sólo ha podido pagarle 136 millones. Ahora tiene cuatro años más para abonar al fondo los restantes 114 millones que le quedan hasta completar los 250 millones finalmente concedidos.

Entrando en detalle, en junio de 2018, el primer ejercicio en que estuvo en vigor el contrato, el Real Madrid pagó a Providence un total de 12.653.593 euros. En 2019, le ingresó 16.473.333 euros. En 2020, 27.343.000 euros, según las cuentas depositadas en Luxemburgo por PQ Media Sàrl. En 2021, la cantidad ascendió a 36.981.000 euros y el año pasado, a 42.581.000. Es decir, en cinco años ha devuelto 136.031.926 euros. Las últimas cuentas que PQ Media Sàrl ha depositado en el Registro de Luxemburgo se refieren al año fiscal que termina en junio de 2022; es decir, aún no entregado las de 2022/2023, el ejercicio cerrado en junio de este año.

Pese al aumento en las cuantías de los reembolsos experimentado en los dos últimos ejercicios, las cifras siguen aún lejos de las presupuestadas originalmente por el club de Florentino Pérez. También después de superado el bache de la pandemia, cuando los estadios estaban cerrados.

Tal y como revelaron los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, la entidad blanca había programado un pago de 27,66 millones para 2019 y otro de 61,22 millones para 2020. Para 2021, la previsión era retribuir al fondo con 63,5 millones de euros más. Football Leaks es un proyecto de investigación periodística que destapó el lado más oscuro de la industria del fútbol, a partir de una filtración de más de 70 millones de documentos: desde el fraude fiscal de Cristiano Ronaldo y Mourinho hasta los de Messi y Neymar, pasando por los mecanismos pergeñados por el Manchester United y el Paris Saint Germain para burlas las reglas del juego limpio financiero de la UEFA.

Para cumplir con lo comprometido, el Real Madrid está obligado a aumentar considerablemente sus ingresos por patrocinios. Al menos ésas eran sus expectativas cuando firmó el contrato con Providence en noviembre de 2017. De hecho, el plan que el entonces recién contratado director global de Patrocinios, David Hopkinson, presentó al club al hacerse cargo de la tarea consistía en elevar a entre 113 y 195 millones de euros los 68 millones en que estaban presupuestados los ingresos por este concepto en 2019, excluidos los dos principales contratos, Adidas y Emirates. También quedan fuera del acuerdo con el fondo los patrocinios deportivo y comercial de la camiseta y de los naming rights –derechos sobre el nombre– de los estadios y campos de entrenamiento.

Pero, según puede comprobarse en las cuentas anuales del club, los ingresos por licencias y patrocinio no han tenido la explosión esperada. En 2019 crecieron sólo un 0,38% respecto al año anterior. En 2020 aumentaron un 8,5% y en 2021 el alza anual fue del 6,7%. Ese año alcanzaron los 278,48 millones de euros. Pero en 2022 la cifra cayó un 16,9%, tras reducirse a 231,28 millones, y en 2023, hasta junio, se han encogido aún más, hasta 231,7 millones, una cifra inferior incluso a la de 2018, cuando ascendieron a 239,68 millones de euros.

En el informe económico, el Real Madrid sólo menciona el contrato con Providence en una breve nota donde se hace constar un “saldo acreedor” derivado de ese acuerdo por importe de 4,07 millones de euros en el último ejercicio, etiquetado como “acreedores de marketing”. En ese capítulo no figura ninguna cifra correspondiente al ejercicio anterior.

“Estos acuerdos suponen debilitar la economía de los clubes a medio plazo”, advierte Marc Ciria, presidente de la gestora financiera Diagonal Asset Management, “tienen un coste financiero muy alto y no aportan valor a los clubes”. A su juicio, son “pan para hoy y hambre para mañana”: ayudan a pagar las facturas pero, si los ingresos no aumentan en la magnitud esperada, dañan su competitividad en el futuro.

Ciria, que formó parte de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del FC Barcelona de 2015 destaca, además, que este tipo de acuerdos –LaLiga ha suscrito también un contrato de cuenta en participación con otro fondo, el británico CVC– no se firman con las condiciones de “una entidad financiera normal”, sino que, por el contrario, éstas suelen ser “más agresivas en el retorno”. “Lo visten como ‘tengo un partner estratégico que me va a ayudar a desarrollar mi negocio digital’ pero, en realidad, es un préstamo participativo de toda la vida”, critica.

La cifra de negocio del Real Madrid tampoco ha recuperado aún los niveles precovid. En el ejercicio cerrado el pasado junio, ascendió a 804,49 millones de euros, un 11,5% más que en 2022, pero aún un 2,2% por debajo de los 822,1 millones que ingresó en el ejercicio 2019/2020. También los beneficios del club han disminuido en 2023, un 8,6% respecto al año fiscal anterior, cuando ganó 12,93 millones de euros. En 2019, el club obtuvo unos beneficios de 38,4 millones de euros, casi el triple.

Aunque para 2024 ha presupuestado un aumento de ingresos totales del 11%, hasta los 939,54 millones, el Real Madrid prevé que los beneficios caigan hasta los 6,35 millones, una cifra que equivale a la mitad de lo que ganó en cada uno de los dos últimos ejercicios. El club de Florentino Pérez, según declara en el último informe económico, confía en que el fin de las obras del estadio Santiago Bernabéu este mismo año le permita aumentar sus ingresos en 2024, cuando cree que todas las líneas de negocio estarán ya “a plena explotación”.

El grupo francés de residencias Orpea siguió haciendo negocios con la compañía luxemburguesa Lipany después de que Investigate Europe (IE) e infoLibre revelaran el año pasado las supuestas operaciones irregulares de ambas compañías, que están ahora bajo investigación judicial en Francia [puedes leer aquí la información]. Así lo demuestran nuevos documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo, a los que ha tenido acceso IE. Lipany es un holding que está controlado por antiguos directivos de Orpea y que llegó a amasar activos por valor de casi 100 millones de euros. La multinacional francesa de residencias también está siendo investigada en el país vecino por presuntos malos tratos a residentes y malversación de fondos públicos.

Las nuevas revelaciones muestran que, incluso después de que Orpea presentara en abril de 2022 una denuncia a las autoridades contra exdirectivos del grupo en la que se cita expresamente a Lipany, ambas compañías siguieron haciendo negocios entre sí. En julio de 2022, Orpea prometió nuevos fondos a Lipany casi sin intereses, en un plan en el que participó el ex director financiero del grupo, despedido oficialmente dos meses antes. En 2023, Orpea también compró varias propiedades francesas a su socio luxemburgués por una cantidad no revelada y le cedió la supervisión de dos instalaciones en Italia.

Fundada en 2007, Lipany pertenece a Roberto Tribuno, un contable de 60 años que fue consejero delegado de Orpea Italia hasta 2017. Aunque en teoría es independiente del grupo de residencias, el holding luxemburgués acumuló acciones en centros de Orpea en Italia y Francia y, en menor medida, en Alemania, así como inversiones en Bélgica. Tras las revelaciones periodísticas, Orpea perdió el 19% de su valor en Bolsa y anunció oficialmente el despido del director financiero, Sébastien Mesnard.

Orpea es la empresa que más residencias explota en la Comunidad de Madrid y la segunda en el conjunto de España, donde tiene más de 50 centros y 8.000 plazas. Solo DomusVi gestiona más geriátricos. La multinacional francesa, que cuenta en todo el mundo con más de mil residencias, se ha visto inmersa en un gran escándalo desde la publicación en enero de 2022 de Les Fossoyeurs, un libro en el que se describen los malos tratos en centros del grupo. Su autor, el periodista galo Victor Castanet, acusaba a la empresa de maltratar a sus 260.000 residentes enfermos o ancianos, en particular racionándoles la comida y los productos de higiene. Las denuncias hundieron las acciones de Orpea, al tiempo que se multiplicaban las quejas de las familias afectadas. Las autoridades francesas investigan ahora si el maltrato institucional formaba parte de la actuación del grupo.

A preguntas de Investigate Europe, Orpea declinó hacer comentarios sobre las últimas transacciones con Lipany. "Es probable que las cuestiones planteadas entren en el ámbito de investigaciones pasadas, actuales o futuras", indicó un portavoz, añadiendo que el grupo denunció a las autoridades malas prácticas internas. Esto llevó a los jueces a abrir una investigación en junio de 2023 sobre abuso de confianza, fraude corporativo, blanqueo de capitales y corrupción. Mesnard e Yves Le Masne, ex consejero delegado de Orpea, fueron detenidos por la policía en el marco del procedimiento.

"Es muy raro que se detenga a sospechosos por delitos de cuello blanco", admite una fuente jurídica cercana a la investigación. El papel de Mesnard en Lipany es fundamental para la investigación. "La empresa puede haber sido utilizada como vehículo de blanqueo de capitales y corrupción", añade dicha fuente. "Orpea puede seguir siendo rehén de sus inversiones compartidas con Lipany, ya que sus lazos comerciales son difíciles de romper", concluye. Los abogados de Mesnard no respondieron a las preguntas planteadas por los periodistas de IE.

Aunque los investigadores están estudiando las actividades de Lipany hasta la denuncia de Orpea de abril de 2022, Investigate Europe descubrió otras operaciones dudosas que se han producido desde entonces.

El 5 de julio de 2022, Casamia International, filial italiana de Orpea, aumentó su línea de crédito a Lipany a 150 millones de euros, con un interés nominal del 0,1%, según los documentos corporativos depositados en el Registro de Luxemburgo. Los implicados se han negado a revelar el límite anterior, pero el 31 de diciembre de 2021 ya se habían utilizado 82 millones de euros de la línea existente. No se utilizó más dinero el año siguiente y Orpea no quiso decir si se prestó alguno en 2023. A través de Casamia International, el grupo es un acreedor histórico de Lipany, con préstamos por valor de decenas de millones de euros registrados en cuentas luxemburguesas e italianas desde 2017.

Aunque Mesnard fue despedido por Orpea dos meses antes, se mantuvo como presidente de Casamia International hasta el 6 de julio de 2022, un día después de que se firmara la ampliación de crédito a Lipany. Unas semanas antes, había presidido una asamblea ordinaria de Casamia International.

Al mismo tiempo que Orpea comprometía más efectivo para Lipany, también cancelaba la paga de beneficios de sus empleados. "Los directivos del grupo explicaron entonces que tenían que devolver 55 millones de euros [de fondos públicos malversados] al Estado por sus chanchullos y que no había más dinero para nosotros", afirma Kéline Sivadier, representante sindical de los trabajadores. "Estamos muy enfadados al conocer estas nuevas revelaciones", añade, en declaraciones a IE.

Laurent Guillot, el nuevo jefe de Orpea, prometió "tolerancia cero" tras su toma de posesión el 1 de julio de 2022, lo que no impidió que la compañía y Lipany prosiguieran sus intercambios inmobiliarios en 2023. El 29 de marzo, Orpea adquirió RSS Seniors+ y sus participaciones en 13 residencias francesas en las que Orpea era hasta entonces socio minoritario. El precio de venta o las conexiones con Lipany no se revelaron en las cuentas anuales.

En Italia, dos centros construidos con financiación de Orpea abrieron sus puertas en primavera bajo la marca Comfortcura, la red de residencias de Lipany. Situadas en Milán y cerca de Venecia, pertenecen a Rodevita, una firma luxemburguesa participada en un 45% por Orpea y en un 55% por Roberto Tribuno. En 2018, Orpea concedió a Rodevita un préstamo sin intereses de 20 millones de euros, con la aprobación de Sébastien Mesnard.

Aunque Sébastien Mesnard ya ha sido sustituido al frente de las estructuras italianas de Orpea, los datos del Registro Mercantil de Italia apuntan a que sigue en el consejo de dos filiales de Lipany en las que también participa el grupo, vinculadas a un geriátrico en Génova.

Lipany y su propietario, por su parte, no han sido apartados por Orpea, aunque figuraban en su denuncia por malversación de activos de la empresa. Roberto Tribuno sigue figurando como director de varias empresas propiedad conjunta de Lipany y Orpea, según el registro italiano. También figura como miembro del consejo de administración de tres filiales de Orpea en Italia, entre ellas Casamia International y su dueña directa, otra compañía denominada LTC Invest.

La relación de Tribuno con estas dos entidades es profunda. Lipany mencionó por primera vez un préstamo sin intereses de 40 millones de euros de Casamia International en sus cuentas de 2017. En diciembre de ese año, Lipany compró Casamia International a LTC Invest, para volver a vendérsela doce meses después por el mismo precio. Las transacciones tuvieron siempre lugar unos días antes del cierre de las cuentas anuales.

De 2009 a 2018, Lipany y Orpea intercambiaron 14 empresas italianas vinculadas a geriátricos, algunas de ellas cambiando de manos varias veces. Desde que estalló el escándalo de Orpea el año pasado, su dirección se ha apresurado a culpar a un puñado de exdirectivos. "Se ha robado a los accionistas, igual que se ha robado a la empresa", insistía Guillot a principios de año. "Han sido víctimas de la anterior dirección".

La operación "manos limpias" se ha acelerado recientemente, ya que Orpea está a punto de ser nacionalizada parcialmente. El Estado francés acordó en febrero inyectar 605 millones de euros en Orpea antes de finales de año, a cambio de una participación mayoritaria en la endeudada empresa.

Si los problemas legales ya han comenzado en Francia para Sébastien Mesnard, su socio Roberto Tribuno parece relativamente tranquilo. En marzo de 2023, fue absuelto de los cargos de fraude y malversación en una residencia propiedad de Lipany en Liguria. Los jueces italianos dictaminaron que las pruebas documentales sobre una presunta malversación de 260.000 euros de fondos públicos, se presentaron demasiado tarde.

Durante el último año, Tribuno reorganizó algunas de sus inversiones, añadiendo una nueva capa de opacidad a su estructura empresarial. Desde julio, casi todas sus filiales italianas son filiales de dos nuevas sociedades luxemburguesas creadas por Lipany: Turbie SA y Simplon SA. Como resultado, el nombre de Lipany ya no es visible como accionista directo de Orpea en Italia. Tribuno no quiso responder a ninguna de las preguntas planteadas por IE.

Orpea también está estudiando un cambio de nombre para hacer borrón y cuenta nueva. "Sin duda ocurrirá cuando estemos preparados, para hacer realidad nuestra evolución", anunció el consejero delegado Laurent Guillot en la televisión este verano. Pero los casos judiciales no desaparecerán. Las familias de los residentes han presentado tantas denuncias por malos tratos contra la empresa que su dirección no fue capaz de establecer el número exacto en su último informe anual.

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Con información de Lorenzo Buzzoni.

Edición: Chris Matthews, Manuel Rico.

La mecánica parlamentaria establece que la elección de primeros ministros depende de las mayorías de escaños de las Cámaras de cada país. Lo más habitual en nuestro continente son gobiernos liderados por los partidos más votados, especialmente si tienen mayoría absoluta. Esto es así no porque hayan contabilizado más votos que sus adversarios sino porque, por regla general, son los que están en mejor situación a la hora de armar mayorías parlamentarias suficientes. 

Eso es exactamente lo que sucede en 20 de los 27 estados miembros de la Unión Europea y también lo que ha venido pasando tradicionalmente en España.

Pero no ocurre, ni mucho menos, en todos los casos. En siete de los 27 países que forman parte de la UE el gobierno no lo lidera, ni lo integra siquiera, el partido mas votado en sus respectivas elecciones generales. Una consecuencia directa de la aplicación del sistema parlamentario que, como en España, atribuye a los parlamentos, y no a los electores, la responsabilidad indelegable de elegir a los primeros ministros.

La elección directa, que el jefe de Gobierno sea automáticamente el candidato de la lista que obtenga más votos, es lo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta conseguir proponiendo al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, la firma de un acuerdo que contradice abiertamente lo dispuesto en la Constitución y que no existe en ningún país de Europa. Una reforma de hecho de la Carta Magna sin pasar por las urnas, eso es lo que Feijóo plantea estos días. Una metamorfosis política al margen de la Constitución para que España deje de tener un sistema político parlamentario y empiece a funcionar como si tuviese un modelo presidencialista. 

En realidad, con esta propuesta Feijóo no hace otra cosa que tratar de anticiparse a un hipotético resultado —improbable a la vista de las encuestas— que permitiese a PSOE y Sumar armar una mayoría suficiente para volver a investir presidente a Sánchez aunque el PP haya sido la fuerza más votada en las elecciones del 23J. El líder del PP trata de desacreditar por anticipado, la legitimidad de cualquier solución que no pase por un gobierno en manos del partido más votado.

Pero lo cierto es que esa es, precisamente, la normalidad democrática de buena parte del continente, en el que en este momento hay siete ejectuvos como los que Feijóo considera antidemocráticos, formados por coaliciones negociadas en los parlamentos con el fin de construir mayorías capaces de sacar adelante no sólo investiduras sino también presupuestos y programas políticos sin que nadie en la UE cuestione su legitimidad. 

Siguiendo la lógica de Feijóo, el Gobierno de Bélgica carece de toda legitimidad porque está formado por una coalición de siete partidos entre los cuales no están los que obtuvieron el primer y el segundo lugar en número de votos en las elecciones generales de 2019.

Los más votados en aquella convocatoria fueron los ultraderechistas flamencos del N-VA (16% de los sufragios) y de VB (11,9%) y ninguno de los dos forma parte del gobierno del país, nacido de una larguísima negociación que se prolongó durante 16 meses y que dio lugar a la llamada coalición Vivaldi (el nombre hace referencia las Cuatro Estaciones del compositor italiano: roja como el verano, naranja como el otoño, azul como el invierno y verde como la primavera, en referencia a los colores de los partidos que la forman).

A Feijóo probablemente le escandalizaría saber que el primer ministro, el liberal flamenco Alexander De Croo, milita en Open VLD, un partido que en las elecciones de 2019 quedó en quinto lugar con el 8,5% de los votos. Su asombro sería aún mayor si se fijara en que De Croo preside un ejecutivo en el que se sientan representantes de dos partidos liberales (el suyo y MR, con un 7,5%), dos socialistas (PS con un 9,4% y Vooruit con un 6,7%), dos ecologistas (Ecolo y Groen, cada uno de ellos con un 6,1% de los votos) y los cristiano demócratas flamencos del CD&V (8,9%).

La república irlandesa votó en generales por última vez en el año 2020. Aquellas elecciones las ganó el partido nacionalista de izquierdas Sinn Féin con un 24,5% de los votos. Pero se quedó fuera del gobierno, también como consecuencia de la normalidad democrática resultado de las decisiones del parlamento del país. 

El ejecutivo está desde entonces en manos de los que quedaron segundos, terceros y cuartos: el liberal conservador Fianna Fáil (22,2%), el democristiano Fine Gael (20,9%) y el Partido Verde (7,1%).

Los tres pactaron un acuerdo en virtud del cual Micheál Martin (FF) y Leo Varadkar (FG) se han turnado como primeros ministros. Varadkar, líder de la tercera fuerza en las elecciones, es hoy el primer ministro de Irlanda, además de socio de Feijóo en el PP europeo.

Las elecciones generales de 2021 las ganó el partido populista del millonario Andrej Babiš (Alianza de Ciudadanos Descontentos, conocido como Ano 2011) con un 27,13 de los votos y 72 escaños).

Pero, después de dos meses de negociaciones, gobierna una coalición integrada por la formación derechista ODS (que obtuvo un 27,7% de los votos pero un escaño menos que Ano 2011), un partido liberal de alcaldes e independientes, el Partido Pirata, la Unión Cristiana y Demócrata–Partido Popular Checoslovaco (KDU-CSL) y el partido liberal conservador TOP 09.

El caso sueco es particular. Las elecciones generales del año pasado las ganaron los socialdemócratas un un 30,33% de los votos, lo que Feijóo seguramente llamaría una “mayoría suficiente”. Pero en cambio gobierna una coalición en minoría integrada por el Partido Moderado (19,1%), los cristiano demócratas (5,3%) y los liberales (4,6%). No han dado asiento en el ejecutivo a la extrema derecha (Los Demócratas de Suecia, que obtuvieron un 20,5% de los sufragios) pero dependen de su apoyo parlamentario para poder gobernar.

El resultado es que el Gobierno sueco representa apenas al 29% de los electores que acudieron a las urnas en 2022.

El gobierno de la república chipriota está en manos de tres formaciones: el centrista nacionaista DIKO, el socialdemócrata EDEK y el el nacionalista Movimiento de Solidaridad (KA). 

Sin embargo, en las elecciones del año 2021 el ganador no fue ninguno de los tres sino la Agrupación Democrática, que obtuvo el 27,7% de los votos, seguido del izquierdista Akel (22%). De hecho, el Movimiento de Solidaridad (KA) está en el ejecutivo a pesar de que en esas elecciones perdió todos sus escaños.

En la República Eslovaca no es primer ministro en estos momentos ni el cabeza de lista de la candidatura más votada ni ninguno de sus rivales. Al frente del gobierno está, desde el pasado mes de mayo, el vicegobernador del del banco central del país, Ludovít Ódor, a la espera de que se celebren las elecciones convocadas para septiembre. 

Los comicios de 2020 los ganó la formación populista y conservadora Gente Común con el 25% de los votos, seguida por los socialdemócratas (18,3%).

En el gran ducado, en el corazón de la Unión Europea, tampoco gobierna la lista más votada, como le gustaría a Feijóo. 

La última vez que los ciudadanos luxemburgueses acudieron a las urnas volvieron a votar mayoritariamente por el CSV. La formación socialcristiana obtuvo el 28,3% de los sufragios, pero fue incapaz de encontrar aliados entre los demás partidos.

La consecuencia fue una reedición de la coalición formada por los socialistas de LSAP (con el 17,6% de los votos y 10 escaños), los liberales del Partido Democrático (16,9% y 12 escaños) y los ecologistas de Déi Gréng (15,1%).

El líder del PP quizá no lo sepa, pero el primer ministro del país es el liberal Xavier Bettel, cuyo partido fue el tercero en votos en las elecciones de 2019.

Policías franceses y luxemburgueses registraron a mediados de abril las oficinas del fondo de inversión Peninsula Capital, creado por el presidente de Mediaset España, Borja Prado, en la capital del Gran Ducado. La operación se lleva a cabo después de que Mediapart, infoLibre e Il Fatto Quotidiano, socios en la red EIC (European Investigative Collaborations), revelasen que Peninsula había pagado 3,3 millones de euros al expresidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría financiera en 2018.

Según publica la revista semanal francesa Marianne, la redada fue ordenada por el juez de instrucción Serge Tournaire, que dirige el departamento de delitos financieros del tribunal de París y está al cargo de la investigación penal abierta en 2016 por la adjudicación del Mundial de Fútbol de 2022 a Catar. De forma que Peninsula y Borja Prado se encuentran bajo investigación en la causa penal que abrió la Fiscalía Nacional Financiera al expresidente Nicolas Sarkozy y al expresidente de la UEFA Michel Platini, de los que sospecha que recibieron contrapartidas económicas de los cataríes. La Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF) dirige las indagaciones bajo la supervisión del juez, a quien le fue asignado el caso por el fiscal.

Serge Tournaire quiere comprobar si Catar pagó a Sarkozy a cambio de su ayuda para conseguir el Mundial, lo que sería constitutivo de los delitos de corrupción activa y pasiva y blanqueo de capitales, de acuerdo con las leyes francesas. La pista que detonó la causa fue un almuerzo en El Elíseo, el 23 de noviembre de 2010, al que asistieron Nicolas Sarzkozy, Michel Platini y el entonces príncipe heredero de Catar, Tamin Ben Hamad Al Thani, quien se convirtió en emir tres años más tarde. Platini, que en un principio se había mostrado en contra de la candidatura catarí, terminó dándole su apoyo. La justicia francesa sospecha que hubo un intercambio de favores. Nueve días después de la comida, Platini votó a favor de Catar en el comité ejecutivo de la FIFA, de la que era vicepresidente. Siete meses más tarde, el Paris Saint-Germain fue vendido por su entonces dueño, el fondo estadounidense Colony Capital, al fondo soberano de Catar, Qatar Sports Investments (QSI). Al año siguiente abrió en Francia la cadena BeIN Sports, también propiedad del mismo fondo soberano.

Pero lo que ahora interesa al juez Tournaire son los 3,3 millones de euros que Peninsula Capital pagó a Sarzkozy supuestamente por haber asesorado al fondo de Borja Prado en la compraventa de NTV, el operador privado de la alta velocidad italiana. Sin embargo, la investigación llevada a cabo por Mediapart, infoLibre e Il Fatto Quotidiano siembra dudas sobre el trabajo que realmente hizo el expresidente en la operación, que le sirvió a Peninsula para ganar 181,5 millones de euros y fue su primer gran éxito financiero. Borja Prado había contratado a Jean Sarkozy, el hijo del expresidente, en marzo de 2017. Desde entonces es su director general, con competencias en Francia y el Benelux.

Poco después, el 29 de junio de 2017, el fondo compró por 66 millones de euros el 12,8% de NTV, la empresa italiana que explota trenes de alta velocidad bajo la marca Italo, y en abril de 2018 el fondo de inversión estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) adquirió todas las acciones de NTV por 1.980 millones de euros. Así que, en menos de un año, Peninsula se embolsó una plusvalía de 181,5 millones de euros. El dinero llegó en dos plazos, en abril y luego el 31 de julio de 2018. Diez días después, Nicolas Sarkozy recibió 3,15 millones de euros, mediante dos transferencias, en su cuenta del Edmond de Rothschild de París.

Para justificar el pago, el bufete luxemburgués Van Campen/Liem, asesor de Peninsula, envió una carta al banco: “Desde 2018, Nicolas Sarkozy [...] ha sido asesor principal [senior advisor] de Peninsula Capital II”, la sociedad luxemburguesa que gestionó la operación de NTV. La carta añade que a Sarkozy se le remunera mediante una participación en los beneficios, y que tras “salir Peninsula de la inversión mantenida en NTV, el asesor principal recibió parte de los intereses a los que tiene derecho”.

Sin embargo, como Nicolas Sarkozy había sido contratado en 2018, no podía haber participado en la inversión en NTV, realizada en junio de 2017. Además, al año siguiente, el fondo estadounidense que compró la empresa adquirió los títulos de todos los accionistas, no sólo los de Peninsula. Por tanto, el fondo no estuvo en primera línea durante la negociación y no tuvo necesidad de que Nicolas Sarkozy defendiera sus intereses.

Es más, los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy, obtenidos por Mediapart, muestran que recibió 152.164 euros adicionales en abril de 2019 –lo que suma un total de 3,3 millones de euros cobrados por el expresidente– a pesar de que la operación de NTV se había liquidado un año antes.

Dos ejecutivos de Peninsula, entre ellos su fundador, Borja Prado, aseguraron a EIC que el ex jefe del Estado no había trabajado para el fondo. “Sarkozy nunca ha asesorado a Peninsula. Peninsula no ha contratado a ningún asesor para esta operación ni para ninguna otra porque el fondo tiene un comité de inversiones que se encarga de revisar las operaciones”, dijo Prado a EIC durante una breve conversación telefónica. “Nadie ha pagado a Sarkozy”, recalcó.

Pero hay motivos para poner en duda esa negativa. Según publicó eldiario.es el pasado jueves, Prado cenó la víspera con Nicolas Sarkozy y el expresidente español José María Aznar en el restaurante Horcher de Madrid, uno de los más exclusivos de la capital.

Con sedes en Luxemburgo, Londres, Milán y Madrid, Peninsula se creó en 2016 para invertir en empresas del sur de Europa, principalmente en Italia, España y Francia. Cuenta con una cartera que se calcula entre 1.600 y 3.000 millones de euros e incluye una docena de inversiones. 

Su fundador y principal jefe, Borja Prado, es presidente de Mediaset España, filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde marzo del pasado año. Antes, entre 2009 y 2019, presidió Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la jefatura para Iberia y Latinoamérica de la italiana Mediobanca. De hecho, para crear Peninsula, se asoció con dos financieros que trabajaron para ese banco, el italiano Stefano Marsaglia y el español Javier de la Rica. Según informaciones de prensa contrastadas por EIC, el dinero que invierten procede principalmente del Golfo Pérsico: el trío convenció primero al poderoso fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA), que aportó varios cientos de millones de euros, y después a fondos soberanos y miembros de las familias reales de Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Los vínculos de Rafael del Pino y su empresa, Ferrovial, con los Países Bajos han saltado a primera línea esta semana con el anuncio del traslado de la constructora a un Estado europeo con hechuras de paraíso fiscal. Pero las relaciones societarias de la familia del Pino con territorios de baja tributación son antiguas y fecundas. Y no se limitan a los Países Bajos. Antes que en Ámsterdam, el hijo del fundador de Ferrovial ha tenido sociedades en Suiza y Luxemburgo. Desde hace décadas en algún caso.

En el Gran Ducado mantuvo al menos dos, Vial Holding y Loriner Holding. Ambas fueron creadas en diciembre de 2007 y disueltas el mismo día de abril de 2010. En ambas Rafael del Pino Calvo-Sotelo era uno de los administradores, junto con el luxemburgués Eric Magrini y el belga Philippe Toussant, dos ejecutivos de la firma de servicios financieros Intertrust. El propietario único de todas las acciones de Loriner Holding es Vial Holding, y en ésta, a su vez, suscribió todo el capital social inicial, 25.000 euros, Lester-Loriner SL, una sociedad registrada en Madrid, en el número 39 de la calle de Rafael Calvo, la sede de la Fundación Del Pino, y de la que era socio único el presidente de Ferrovial. Lester-Loriner, además, pagó en especie, aportando 90.000 acciones de las que poseía en Azzofin BV, un holding holandés, según figura en las anotaciones aportadas por los administradores de estas sociedades al Registro Mercantil de Luxemburgo. La vida de Lester-Loriner SL corrió pareja a la de sus primas luxemburguesas: creada en marzo de 2007, terminó siendo absorbida por Polar Capital BV, otra firma registrada en Países Bajos, en marzo de 2011.

A través de Vial Holding, Rafael del Pino controlaba el 1,245% de los derechos de voto en el consejo de administración de Ferrovial, tal y como aparece reflejado en el informe del gobierno corporativo correspondiente a 2009 enviado a la CNMV. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Luxemburgo, ese año Vial Holding poseía acciones con un valor neto de 117,147 millones de euros. En 2008, su importe ascendía a 113,05 millones. La sociedad sólo presentó cuentas esos dos ejercicios. Loriner Holding, su matriz, se apuntaba activos financieros en forma de acciones con un valor neto de 42 millones de euros en 2009 y de 52,87 millones en 2008.

En diciembre de 2009, los cinco hermanos Del Pino –Rafael, María, Joaquín, Leopoldo y Fernando– comunicaron a la CNMV el pacto parasocial –un acuerdo entre ellos para cambiar sus relaciones más allá de lo que marcan los estatutos de la sociedad– que habían firmado para “preservar el control familiar” de la constructora. Esa comunicación la realiza la sociedad Karlovy SL, que entonces poseía a través de otra, Portman Baela SL, el 44,607% de Ferrovial. Es decir, mediante ambas sociedades, la familia Del Pino controlaba casi la mitad de las acciones de la compañía. En el consejo de Karlovy no sólo se sentaban los hermanos Del Pino Calvo-Sotelo, sino también Borja Prado, hoy presidente de Mediaset y entonces presidente de Endesa, y Claudio Aguirre Pemán, primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

infoLibre ha preguntado a Ferrovial por la razón de crear estas sociedades en Luxemburgo y el motivo por el que se disolvieron, también adónde se traspasaron las acciones de Vial Holding y Loriner Holding cuando ambas desaparecieron. Un portavoz de la constructora se ha limitado a recordar que el pacto parasocial se rompió en agosto de 2015. “Desde entonces, y como aparece en nuestro informe anual, los principales accionistas de Ferrovial son Rijn Capital BV, Menosmares SLU, Siemprelara SLU, The Children’s Investment Master (TCI), Blackrock y Lazard Asset Management”, explica.

Menosmares SLU es la sociedad de María del Pino, Rijn Capital BV –registrada en Países Bajos– es la de Rafael, Soziancor SLU la de Joaquín y Siemprelara, la de Leopoldo. Al romperse el pacto parasocial, tanto Portman Baela como Karlovy vendieron sus participaciones en Ferrovial a estas cuatro sociedades. Portman Baela fue extinguida en septiembre de 2015 y Karlovy SL en agosto de 2021. Los otros tres accionistas mencionados –TCI, Blackrock y Lazard– son fondos de inversión.

Pero antes incluso que en Luxemburgo, Rafael del Pino ya había creado una sociedad en Suiza, Vistasierra AG. Quedó apuntada el 24 de octubre de 1991 en el Registro Mercantil de Zug, una ciudad famosa por ser un paraíso fiscal dentro del paraíso fiscal suizo. Con un capital de 750.000 francos suizos –752.830 euros— recorrió en 2013 el camino inverso al previsto ahora para Ferrovial: fue trasladada a Madrid y se convirtió en Vistasierra II SL.

Entonces, la constructora justificaba en el diario Cinco Días la repatriación asegurando que la estructura creada se había quedado “obsoleta”. El regreso a España, añadía, “simplifica su gestión”. “Hace 30 años pudo tener su razón de ser, entre otras cosas por la estabilidad de Suiza, pero ahora ha perdido sentido”, explicaba Ferrovial.

Vistasierra II SL se convirtió en la socia única de Sobla Beleggingen SL, la denominación adquirida por otra holandesa, Sobla Beleggingen BV, cuando fue trasladada desde Países Bajos hasta la calle de Rafael Calvo, 39 en agosto de 2013. Entonces, por tanto, las empresas de Rafael del Pino se movían en dirección contraria a la que le ha puesto en boca de políticos y empresarios la última semana. Sobla Beleggingen SL pasó a llamarse enseguida Vistasierra III SL, pero tuvo una vida corta. Se disolvió en agosto de 2016. Sus consejeros eran los mismos que los de Karlovy: además de los hermanos Del Pino, Borja Prado y Claudio Aguirre Pemán.

En la actualidad, Rafael del Pino Calvo-Sotelo posee el 20,44% del capital de Ferrovial. Su hermana María tiene el 8,2%, Leopoldo el 4,15% y Joaquín el 2,54%. En total, la familia controla hoy el 35,32% de la compañía. Y lo hace a través de las sociedades antes citadas. Como ha informado El País, que menciona la investigación de los Paradise Papers como fuente, detrás de Rijn Capital, el holding holandés del presidente, aparece una sociedad registrada en Malta, Boreas Shipping Limited. De nuevo, otro paraíso fiscal dentro de Europa.

A Nicolas Sakorzy le tocó la lotería. El 10 de agosto de 2018, el expresidente de Francia recibió en una de sus cuentas bancarias personales, abierta en la sucursal parisina del banco Edmond de Rothschild, dos transferencias bancarias por un total de 3,15 millones de euros. El dinero procedía de dos sociedades luxemburguesas gestionadas por un fondo de inversión llamado Peninsula Capital, creado por el presidente de Mediaset España, Borja Prado, y dos antiguos directivos de la italiana Mediobanca, Javier de la Rica y Stefano Marsaglia.

Es bien sabido que el expresidente francés se gana muy bien la vida como abogado y conferenciante en países de todo el mundo. Ahora también se dedica a las finanzas. Los abogados de Peninsula Capital escribieron a Edmond de Rothshild para justificar el origen de ese dinero. Según la carta, “estrictamente confidencial”, Nicolas Sarkozy asesoró a Peninsula Capital sobre una inversión en NTV, el operador privado italiano de alta velocidad, y recibió una participación en los beneficios sobre la plusvalía conseguida.

Pero hay un problema: los testimonios y documentos obtenidos por Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, ponen en duda la realidad del trabajo de Nicolas Sarkozy en esta operación. Según las fuentes consultadas por EIC, los tres millones de euros recibidos por el expresidente francés pueden haber sido pagados por una sociedad financiada principalmente por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un país del Golfo tan rico como autoritario. La operación también benefició a Jean Sarkozy, hijo mayor del exmandatario y empleado de Peninsula Capital. Y, sobre todo a su familia política, que obtuvo un beneficio de 13,8 millones de euros gracias a la misma operación.

Ante todos estos descubrimientos, se ha levantado un muro de silencio: ninguno de los protagonistas ha respondido a las preguntas que les ha hecho EIC, incluidos Nicolas Sarkozy y los Emiratos Árabes Unidos, una petromonarquía dirigida por el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyane, conocido como MBZ.

Importante cliente de la industria militar francesa y española –120,6 millones de euros en exportaciones sólo en 2021, según la Secretaría de Estado de Comercio–, los EAU están implicados en la mortífera guerra de Yemen, donde la población civil sufre una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Algunos de los siete emiratos que componen el país, entre ellos Dubái, figuran también entre los paraísos fiscales más opacos del planeta: ofrecen asilo a delincuentes de guante blanco, capos de la droga o, más recientemente, a oligarcas rusos que huyen de las sanciones tras la guerra de Ucrania.

Después de haber sido objeto de investigaciones penales en Francia por sus vínculos con Libia, Catar y Rusia, las revelaciones de EIC confirman el apetito de Nicolas Sarkozy por el dinero de autócratas extranjeros. Lo que no deja de ser problemático, dada la influencia que Nicolas Sarkozy sigue ejerciendo en la vida política francesa y el hecho de que el actual presidente, Emmanuel Macron, le pida regularmente que represente a Francia en actos oficiales en el extranjero.

Para entender la historia, hay que acudir a Peninsula Capital. Con sedes en Luxemburgo y Londres, este fondo de capital riesgo se creó en 2016 para invertir en empresas del sur de Europa, principalmente en Italia, España y Francia.

Su fundador y principal jefe, Borja Prado es, a los 66 años, uno de los gestores españoles de mayor influencia. Presidente de Mediaset España, filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde marzo del pasado año, Prado es amigo y ha asesorado en asuntos financieros al patrón del Real Madrid, Florentino Pérez. Entre 2009 y 2019 presidió la compañía energética Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la jefatura para Iberia y Latinoamérica de la italiana Mediobanca.

Para crear Peninsula, se asoció con dos financieros que trabajaron para Mediobanca, el italiano Stefano Marsaglia y el español Javier de la Rica. Según informaciones de prensa contrastadas por EIC, el dinero que invierten procede principalmente del Golfo Pérsico: el trío convenció primero al poderoso fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA), que aportó varios cientos de millones de euros, y después a fondos soberanos y miembros de las familias reales de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin.

Resulta que Nicolas Sarkozy está cerca tanto de Catar –al que ayudó a obtener el Mundial de Fútbol de 2022–, como de su enemigo acérrimo, los Emiratos Árabes Unidos. Como reveló el EIC gracias a Football Leaks, el expresidente francés ayudó al club inglés Manchester City, propiedad de un destacado miembro de la familia real emiratí, a librarse de sanciones por dopaje financiero.

Además, Peninsula Capital Advisors, la estructura de gestión del fondo con sede en Londres, contrató en marzo de 2017, como director ejecutivo, a Jean Sarkozy, el hijo mayor del expresidente. Su fichaje para tan alto cargo resulta sorprendente. Jean Sarkozy no tenía entonces ninguna experiencia profesional en el mundo de la inversión. Licenciado en Derecho, fue diputado electo y luego vicepresidente de la asamblea del departamento de Hauts-de-Seine –uno de los distritos del Gran París– mientras trabajaba como asesor jurídico en Realyze, antes Claude & Sarkozy, el bufete de su padre.

Entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017, Jean Sarkozy siguió una formación continua en la prestigiosa escuela de negocios ESCP, lo que le permitió obtener un máster en ingeniería financiera y fiscal en marzo de 2018. Cuando Peninsula Capital le contrató como alto ejecutivo en la primavera de 2017, por tanto, ni había terminado su formación ni había obtenido su diploma.

Preguntados por Mediapart sobre esta contratación, tanto Jean y Nicolas Sarkozy, como Peninsula, QIA y el Gobierno de los EAU no han respondido.

Peninsula Capital logró su primer gran éxito financiero justo después de la llegada de Jean Sarkozy. El 29 de junio de 2017, el fondo compró por 66 millones de euros el 12,8% de NTV, empresa italiana que explota trenes de alta velocidad bajo la marca Italo, en competencia con el antiguo monopolio público Trenitalia.

Y menos de un año después, en abril de 2018, el fondo de inversión estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) compró todas las acciones de NTV por 1.980 millones de euros. Así que, en menos de un año, Peninsula se embolsó una colosal plusvalía de 181,5 millones de euros. El dinero llegó en dos plazos, en abril y luego el 31 de julio de 2018. Diez días después, Nicolas Sarkozy recibió 3,15 millones de euros en su cuenta del Edmond de Rothschild de París.

El bufete luxemburgués Van Campen/Liem, asesor de Peninsula, envió una carta al banco para justificar los pagos: “Desde 2018, Nicolas Sarkozy [...] ha sido asesor principal [senior advisor] de Peninsula Capital II”, la sociedad luxemburguesa que gestionó la operación de NTV. La carta añade que a Sarkozy se le remunera mediante una participación en los beneficios, y que tras “salir Peninsula de la inversión mantenida en NTV, el asesor principal recibió parte de los intereses a los que tiene derecho”.

Pero el bufete de abogados incluyó, al principio de su carta, un extraño descargo de responsabilidad: “No asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de la información que figura a continuación” y que dice haber “recibido de Peninsula Capital II”.

En efecto, la carta contiene varias incoherencias. Dado que Nicolas Sarkozy había sido contratado en 2018, no podía haber participado en la inversión en NTV, realizada en junio de 2017. Además, al año siguiente, el fondo estadounidense que compró la empresa adquirió los títulos de todos los accionistas, no sólo los de Península. Por tanto, el fondo no estuvo en primera línea durante la negociación y no tuvo necesidad de que Nicolas Sarkozy defendiera sus intereses.

Es más, los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy, obtenidos por Mediapart, muestran que recibió 152.164 euros adicionales en abril de 2019 –lo que suma un total de 3,3 millones de euros cobrados por el expresidente– a pesar de que la operación de NTV se había liquidado un año antes.

Dos ejecutivos de Peninsula, entre ellos su fundador Borja Prado, han asegurado a EIC que el ex jefe del Estado no trabajó para el fondo. “Sarkozy nunca ha asesorado a Peninsula. Peninsula no ha contratado a ningún asesor para esta operación ni para ninguna otra porque el fondo tiene un comité de inversiones que se encarga de revisar las operaciones”, dijo Prado a EIC durante una breve conversación telefónica.

Prado era entonces copropietario y cogestor, con sus dos socios, de la sociedad Peninsula Capital II, que supuestamente había contratado a Nicolas Sarkozy. ¿Facilitaron información falsa al bufete de abogados? Interrogados por escrito, ni Peninsula ni sus tres socios respondieron, ni sobre este punto ni sobre el resto de la historia. Antes de colgar el teléfono, Borja Prado también aseguró que “nadie había pagado a Sarkozy”. Los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy demuestran lo contrario.

El origen de ese dinero también es problemático. La carta redactada por los abogados de Peninsula afirma que Nicolas Sarkozy era asesor de Peninsula Capital II, lo que puede parecer lógico: se trata de la sociedad gestora de la operación NTV, cuya finalidad es cobrar el carried interest –interés devengado o participación en las ganancias– de los gestores, su parte en los beneficios de la venta.

Sin embargo, Nicolas Sarkozy no cobró de Peninsula Capital II, sino de otras dos sociedades luxemburguesas: Peninsula Associates II, que pagó un total de 300.000 euros, y Peninsula Partners II, que abonó tres millones. Esta última sociedad es propiedad al 100% de los inversores de Peninsula que financiaron la compra de acciones de NTV. En resumen, Nicolas Sarkozy no fue pagado por el fondo Peninsula, sino directamente por algunos de sus inversores, que sacaron el dinero de su parte de los beneficios de la operación NTV.

La identidad de esos accionistas de Peninsula Associates II es secreta, gracias al estatuto especial de esta sociedad, que le concede la ley luxemburguesa para garantizar el anonimato de los inversores en fondos establecidos en el Gran Ducado.

Pero, según dos fuentes que participaron en la primera línea de la operación y que pidieron el anonimato, el principal inversor detrás de la sociedad que pagó a Nicolas Sarkozy es una entidad de Emiratos Árabes Unidos. “Se suponía que íbamos a comprar una participación mayor en NTV, pero al final tuvimos que adquirir sólo la mitad, ya que Catar decidió no invertir”, explica a EIC un ejecutivo de Peninsula.

Si no fue Catar, ¿quién invirtió en Peninsula Partners II? “Emiratos y otros de la zona”, responde el mismo directivo. Según una segunda fuente conocedora de la operación, “el dinero procedía de Emiratos, en concreto del family office [oficina de gestión de patrimonios familiares] del jeque Mohamed bin Zayed”. El emir de Abu Dabi y presidente de Emiratos Árabes Unidos.

Una coincidencia: Nicolas Sarkozy viajó dos veces a Abu Dabi en 2018. Invitado a un foro en marzo de ese año, pronunció un discurso sorprendente, en el que elogió a los jefes de Estado autoritarios, incluido el presidente de los Emiratos: “¿Quiénes son hoy los grandes líderes del mundo? El presidente [chino] Xi, el presidente [ruso] Putin [...], el gran príncipe Mohamed bin Salman [de Arabia Saudí]. ¿Y qué serían hoy los Emiratos sin el liderazgo de MBZ?”.

En diciembre de 2018, Nicolas Sarkozy estuvo de nuevo en la capital emiratí. Según el diario francés Le Parisien, esta vez participaba en “un seminario a puerta cerrada sobre los grandes problemas del mundo”, junto al ex primer ministro británico Tony Blair y directores generales de grandes empresas.

Pero es poco probable que los 3,3 millones pagados por Peninsula sólo remuneraran su participación en estos eventos. Los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy muestran que nunca cobró oficialmente más de 147.000 euros por las conferencias que da en el extranjero.

Entonces, ¿por qué recibió una cantidad tan elevada? ¿Y por qué el dinero fue pagado por Peninsula bajo la apariencia de un trabajo de asesoramiento cuya realidad es cuestionable? Ni Nicolas Sarkozy ni el Gobierno de los Emiratos han respondido a ambas preguntas.

Pero la operación de NTV no sólo benefició a Nicolas Sarkozy. Según las informaciones a las que ha tenido acceso EIC, Peninsula invitó como coinversor a una sociedad belga llamada Golda Darty Partners, que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones del operador ferroviario italiano.

Pues bien, uno de los directivos de esta sociedad es Jean Sarkozy, como se recordará también director ejecutivo de Peninsula. El hijo del expresidente francés está casado con Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993.

Cuando coinvirtió en NTV con Peninsula, Golda Darty Partners pertenecía a Bernard Darty –fallecido a finales de 2018– y a su esposa. Gracias a esta operación, se apuntaron una plusvalía de 13,8 millones de euros en solo un año, según los datos en poder de EIC.

Su participación plantea una serie de interrogantes. Los inversores emiratíes no necesitaron socios externos para reunir los 66 millones de euros invertidos en NTV. ¿Fue un favor concedido a Jean Sarkozy y a su familia política? Jean y Nicolas Sarkozy, Peninsula, el Gobierno de los Emiratos y la viuda de Bernard Darty no han respondido a estas preguntas, que les formularon los periodistas.

Tras el éxito de la inversión en NTV, Jean Sarkozy ha sido recompensado con un nuevo puesto en la gestión del patrimonio de la familia Darty. En enero de 2020, varios miembros de la familia crearon una nueva sociedad belga, Golda Darty Invest, de la que Jean Sarkozy fue nombrado “representante permanente del administrador”, es decir, presidente no ejecutivo.

Finalmente, de nuevo aparecen los Emiratos en otra operación financiera poco clara, que esta vez afecta a dos de los tres socios de Península: Javier de la Rica y Stefano Marsaglia, que en 2018 poseían cada uno un tercio del capital, junto a Borja Prado. El 11 de diciembre de 2018, ocho meses después del acuerdo con NTV, ambos vendieron sus participaciones en las sociedades gestoras de Peninsula a dos sociedades registradas en Sharjah: MBB Holding y Casan Holding. Éstas, a su vez, las volvieron a vender, ese mismo día, a una sociedad luxemburguesa, Peninsula Holding, propiedad al 50% de las mismas sociedades emiratíes de Javier de la Rica y Stefano Marsaglia. [Puede leer aquí todos los detalles sobre esta singular operación].