La familia Bongo gobernó durante más de medio siglo Gabón, un país rico en petróleo, y dejó tras de sí un legado de pobreza generalizada y de acusaciones de corrupción que han puesto a la dinastía en el punto de mira de organismos de control internacionales y de autoridades que van de París a Libreville, la capital gabonesa. Ahora, siguiendo un nuevo rastro de registros mercantiles e inmobiliarios, OCCRP ha identificado bienes hasta ahora desconocidos pertenecientes a otro miembro del clan Bongo.

Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo —hijo del fallecido presidente Omar Bongo y de la juez Marie-Madeleine Mborantsuo— adquirió inmuebles en Dubái por valor de varios millones de dólares mientras ejercía como director general del Presupuesto y las Finanzas Públicas de Gabón, según ha podido documentar esta investigación.

Tras el derrocamiento de su hermanastro Ali Bongo en el golpe militar de 2023, Andjoua pasó a dirigir, bajo el gobierno de transición, la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude. Sin embargo, según informó la prensa gabonesa, fue destituido en septiembre de 2025 tras las críticas públicas por estar tratando de gestionar el organismo a distancia, desde Dubái.

Cuánto dinero llegó a ganar exactamente Andjoua durante su paso por la administración sigue sin estar claro. Las autoridades gabonesas no respondieron a una solicitud de información sobre los detalles de su sueldo oficial. No obstante, un decreto de 2015 de la dirección del Presupuesto gabonés al que ha tenido acceso esta investigación indica que el funcionario mejor pagado, con 30 años de servicio, percibiría el equivalente a unos 1.900 dólares al mes, una cifra que contrasta con los millones volcados en una extensa cartera inmobiliaria.

Las revelaciones coinciden en el tiempo con una investigación judicial recién abierta en Luxemburgo en relación con Andjoua y un socio. Según el departamento de Justicia luxemburgués, la instrucción se abrió en mayo, después de una investigación preliminar iniciada a partir de los informes remitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Administración del Registro y de los Dominios.

El departamento de Justicia no detalló qué acusaciones concretas pesan sobre Andjoua o su socio y precisó que "a día de hoy, el señor Andjoua no figura específicamente como objeto de la investigación". Sí indicó, no obstante, a los reporteros de Le Monde —socio de OCCRP e infoLibre en esta investigación— que la causa examina indicios de falsificación y uso de documentos falsos, falta de publicación de las cuentas anuales, blanqueo de bienes y patrimonio, fraude fiscal agravado e introducción de información inexacta, incorrecta o desactualizada en el Registro de Titulares Reales.

Un amplio volumen de datos de sociedades luxemburguesas, analizados por OCCRP y Le Monde, constataron que Andjoua había estado vinculado en los últimos años a dos empresas registradas en el Gran Ducado. Los datos identificaban a Andjoua como titular real último de una sociedad luxemburguesa llamada Epila SCI, que cofundó en 2022 y que sigue figurando como activa en la actualidad. Según sus estatutos, la actividad de Epila incluye "la tenencia de todo tipo de bienes inmuebles y vehículos a motor", además de "la adquisición de participaciones en toda clase de bienes muebles".

Los registros luxemburgueses mostraban también que Andjoua y un socio adquirieron en 2021 una empresa denominada Miura Racing SC y la rebautizaron como Autoword SC. Entre las actividades declaradas de la firma figuraba la tenencia de "bienes muebles e inmuebles, valores, la propiedad privada y el uso de toda clase de vehículos motorizados y no motorizados, así como su puesta a disposición en el Gran Ducado de Luxemburgo o en el extranjero".

Ambas firmas estaban registradas como société civile (sociedad civil). Los reporteros no pudieron determinar si las empresas poseían algún activo, ya que este tipo de sociedades no están obligadas por ley a presentar cuentas públicas. Las autoridades luxemburguesas no quisieron aclarar si estas dos compañías son objeto de la investigación judicial.

Aunque los defensores de la transparencia en Luxemburgo subrayan que estas estructuras son legales, también insisten en la necesidad de reforzar su supervisión: Bastian Schwind-Wagner, de la organización sin ánimo de lucro Luxembourg for Transparency, declina pronunciarse sobre el caso concreto de Andjoua, pero señala que, con carácter general, las empresas en manos de personas con cargos públicos o conexiones con el poder deberían ser objeto de "un escrutinio reforzado" por parte tanto de los proveedores de servicios profesionales como del registro público luxemburgués, "por el mayor riesgo asociado a la corrupción, la contratación pública, las sanciones, la fiscalidad y la recuperación de activos".Los titulares de este tipo de sociedades, añade Schwind-Wagner, "deberían poder explicar por qué eligieron Luxemburgo [como sede], quién controla en última instancia la estructura, el origen de los fondos y cómo se gestionan los activos".

Andjoua no respondió a las consultas remitidas a sus direcciones de correo electrónico, por mensaje de texto y a través de un abogado que representa a un miembro de su familia.

En mayo, dos días después de que los reporteros le trasladaran preguntas sobre la finalidad de las sociedades luxemburguesas, Andjoua y su socio gestionaron la disolución de Autoword, según las inscripciones que presentaron ante el registro mercantil. Pero el rastro documental de Andjoua va mucho más allá de las firmas luxemburguesas. Los reporteros descubrieron una extensa cartera inmobiliaria, hasta ahora no revelada, adquirida mientras trabajaba para el Gobierno de Gabón.

Cuando murió, en 2009, el padre de Andjoua, Omar Bongo, había amasado una fortuna que según las informaciones de la época incluía al menos 183 coches, 39 propiedades de lujo en Francia y 66 cuentas bancarias.

El enriquecimiento de la familia Bongo y de su círculo más cercano mientras ocupaban cargos públicos se produjo sobre un telón de fondo de profunda desigualdad en Gabón, donde más de un tercio de la población sigue viviendo en la pobreza, según el Banco Mundial.

Ocho de los hermanastros de Andjoua han sido imputados en Francia, según informa a OCCRP la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF, por sus siglas en francés). Aunque la PNF no ha especificado los cargos que pesan sobre cada uno, sí precisa que la causa se refiere a la presunta recepción de fondos públicos malversados y a corrupción. La PNF señaló que Andjoua no está investigado en el marco de ese caso.

A lo largo de los años, los abogados de varios de los hijos de Bongo han defendido a sus clientes y han cuestionado la investigación en sus declaraciones a los medios.

En el conocido como el caso de los 'bienes mal adquiridos', la investigación penal se prolonga desde hace más de 15 años, desencadenada por una denuncia civil presentada en 2008 contra las familias gobernantes de Gabón, la República del Congo y Guinea Ecuatorial por la ONG francesa Sherpa, junto a Transparencia Internacional y Survie.

Sherpa explicó que el objetivo de la campaña era "lograr la devolución de activos" presuntamente sustraídos a los ciudadanos de esos países, y subrayó que el valor de los inmuebles supera con creces los salarios de los jefes de Estado y de sus allegados. La PNF añadió que la fiscalía aún no ha emitido su acusación definitiva en esta dilatada causa, y que después será un juez de instrucción quien decida si el caso debe ir a juicio.

Sobre este trasfondo de interrogantes en torno al patrimonio de los Bongo, los reporteros sacaron a la luz las inversiones inmobiliarias de Andjoua en Dubái. Andjoua figuraba como propietario de 43 inmuebles en Dubái, según datos inmobiliarios filtrados. Todos esos apartamentos se habían comprado entre 2020 y 2023 —el periodo en el que dirigió el Presupuesto del Estado— por un total aproximado de 15 millones de dólares.

De los 43 inmuebles que adquirió, 28 eran apartamentos de uno y dos dormitorios situados en un mismo edificio: la torre A de Sobha Creek Vistas, en la exclusiva zona de Meydan, en Dubái. Aunque Andjoua ya ha vendido esos apartamentos, junto a otros varios, los reporteros confirmaron que, a fecha de mayo, seguía siendo propietario de 10 apartamentos en otro edificio de la urbanización de lujo Golf Town.

Los reporteros constataron además que una sociedad patrimonial inmobiliaria francesa llamada Nouo, constituida por Andjoua y su madre, Marie-Madeleine Mborantsuo, posee una vivienda de notable tamaño en Bougival, un elegante municipio a las afueras de París. Adquirida en 2000, la propiedad se asienta sobre una parcela de 754 metros cuadrados dentro de una urbanización cerrada de alto nivel. Bougival, a orillas del Sena, es célebre por haber inspirado a algunos de los pintores impresionistas más importantes de la Belle Époque —entre ellos Monet y Renoir, que titularon sendos cuadros con el nombre de la localidad—.

Los documentos de constitución muestran que Mborantsuo aportó al capital de la sociedad, cuando esta se creó en 2000, el equivalente en francos franceses a casi 590.000 euros. Andjoua —entonces un estudiante de 24 años— aportó el equivalente a 15 euros. En los registros figura como administrador de la sociedad.

No está claro cuánto vale hoy la propiedad, pero una vivienda vecina similar se vendió por más de un millón de euros en diciembre de 2021, según los registros de la web oficial de la Hacienda francesa. Ni Mborantsuo ni Andjoua respondieron a las peticiones de comentario.

Mborantsuo está bajo investigación judicial en Francia desde 2014, por sospechas de "blanqueo agravado de malversación de fondos públicos". La PNF indicó que esa instrucción sigue abierta, pero que no se han formulado cargos. Andjoua tampoco está investigado en ese caso, precisó la fiscalía.

Apodada "3M", Mborantsuo fue la presidenta fundadora del Tribunal Constitucional de Gabón, cargo que ocupó durante más de 30 años. Fue una pieza clave para la perpetuación del régimen de los Bongo: su tribunal supervisó los disputados resultados electorales de 2009 y 2016, y en ambas ocasiones falló a favor de Ali Bongo. Tuvo dos hijos con el difunto presidente Omar Bongo: Andjoua y una hija, Esther. OCCRP y su socio Le Monde ya informaron en 2024 de que Mborantsuo poseía más de 3 millones de dólares en propiedades en Dubái.

Mborantsuo tuvo una pareja sentimental en Gabón, Lin Mombo, que durante más de una década estuvo al frente de la autoridad reguladora de las comunicaciones. Los datos inmobiliarios filtrados muestran que, en 2023, Mombo figuraba como propietario de un apartamento y copropietario de una villa en Dubái; los reporteros confirmaron que sigue siendo dueño de la villa.

Mombo compró también cinco propiedades por más de un millón de euros en Francia, en 2014 y 2015, a través de una sociedad domiciliada en la misma mansión de Bougival que posee la SCI de Mborantsuo y Andjoua, según los registros mercantiles. La sociedad de Mombo fue dada de baja en marzo de 2026. No está claro si por entonces ambos mantenían una relación sentimental.

La investigación ha descubierto una disputa mercantil de 2023, hasta ahora no revelada, en torno a las propiedades francesas de Mombo. Según la sentencia, Mombo y su hijo habían vendido las participaciones de su SCI a un asesor en Francia por apenas 2.000 euros. La venta se hizo porque Mombo estaba siendo investigado en Francia en aquel momento y quería proteger sus activos, según señaló un tribunal mercantil francés en su resolución sobre el caso. La investigación no ha podido establecer si Mombo fue investigado en el marco de la causa contra Mborantsuo.

La resolución del tribunal mercantil francés recogía: "El señor Mombo, ciudadano gabonés y alto funcionario reconoce que le convenía no figurar en los estatutos de la SCI", y añadía que su asesor en Francia había "ideado y propuesto el subterfugio de transmitir las participaciones por 2.000 euros y cambiar la denominación de la sociedad. El señor Mombo precisa, no obstante, que no tenía intención de renunciar a sus inmuebles".

El asesor traspasó los activos a sus propios hijos antes de fallecer, según consta en la documentación judicial. Mombo presentó la demanda mercantil para intentar recuperar las propiedades, alegando que el precio de la venta no reflejaba su valor real, pero el tribunal desestimó el caso, dado que el propio Mombo había aceptado vender a ese precio.

Ni Mombo ni Mborantsuo respondieron a las peticiones de comentario.

Más allá de su patrimonio inmobiliario en los Emiratos Árabes Unidos y en Europa, la investigación ha hallado otros rastros de la trayectoria empresarial de Andjoua, y de su debilidad por los coches de lujo.

Los registros mercantiles muestran que Andjoua, su madre y otros familiares fueron administradores de una empresa en Sudáfrica entre 2006 y 2012. La compañía fue dada de baja temporalmente en 2011 por incumplir la presentación de cuentas anuales y, por el mismo motivo, fue dada de baja de forma definitiva en 2024.

En Europa se repitió un patrón parecido. Andjoua constituyó en 2023 una empresa belga que, según se anunciaba, ofrecía una amplia gama de servicios, entre ellos la importación y exportación de coches y la venta de inmuebles. De nuevo, la sociedad no presentó cuentas. Vendió sus participaciones en la empresa en mayo de 2024.

Menos de un año después abrió una firma de alquiler de coches de lujo con sede en Las Vegas, More4LessExotics, que alquila Ferrari, Bentley, Mercedes, BMW y Lamborghini por entre 1.000 y 2.000 dólares al día en Miami, Nueva York, Boston o Los Ángeles. Ni Andjoua ni More4LessExotics respondieron a las peticiones de comentario.

El vídeo promocional de More4LessExotics en su web muestra coches de gama alta circulando a toda velocidad por carreteras de costa. Los registros mercantiles de Nevada siguen identificando a Andjoua como socio gestor de la compañía.

Los registros de transporte marítimo obtenidos por OCCRP apuntan a que el propio Andjoua tiene gusto por los vehículos de lujo: en octubre de 2023 hizo entregar un superdeportivo Brabus GLE900 Rocket desde Amberes a Libreville.

Los reporteros rastrearon los registros de envío, que muestran que el GLE900 Rocket salió del puerto belga dos semanas antes del golpe de Estado en Gabón, en agosto de 2023, cuando Andjoua todavía dirigía el Presupuesto del Estado. Brabus, una firma de personalización de coches de lujo, fijó el precio de la serie Rocket en más de 400.000 dólares.

Según la propia promoción del vehículo, solo se fabricaron 25 unidades, y se describe como el SUV más rápido del mundo.

Un país de 660.000 habitantes y menos extenso que la provincia de Cuenca custodia 8,3 billones de euros, según la acepción española —es decir, 8,3 millones de millones—, en fondos de inversión. Es, de hecho, el mayor domicilio de fondos de Europa en cuanto a volumen de dinero, y el segundo país de la Unión Europea con más compañías de gestión de fondos, solo por detrás de Francia. La gran mayoría de empresas allí registradas está controlada por ciudadanos extranjeros. Sin embargo, ni la Agencia Tributaria española ni la Unión Europea (UE) lo consideran un paraíso fiscal. 

Este país es Luxemburgo, el Gran Ducado, cuyo entramado societario reveló en 2021 la investigación 'OpenLux' —liderada por Le Monde y OCCRP—. Entender qué revelaron los 3,3 millones de documentos de aquella investigación, realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre, exige responder antes a una pregunta: ¿cómo funcionan las empresas que se montan allí, y por qué tantas grandes fortunas y entramados internacionales eligen este rincón en el corazón de Europa para sus gestiones financieras?

La respuesta reside fundamentalmente en sus ventajas fiscales. Según explican los expertos consultados por infoLibre, el pequeño Estado europeo es especialmente beneficioso para grandes multinacionales y holdings de sociedades que operan a nivel internacional. Es decir, las empresas más grandes y más ricas. Tanto estas como las grandes fortunas gozan en Luxemburgo de diversos beneficios fiscales, especialmente para mover dinero entre sociedades de diferentes países.

En la elección del Gran Ducado también influye la opacidad que, para algunos aspectos, aún existe en su registro mercantil. Aunque Luxemburgo comparte información tribiutaria con el resto de Estados miembros de la UE y persigue activamente delitos económicos como la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, el país sigue ofreciendo cierto nivel de confidencialidad a las empresas que operan desde allí, apuntan los expertos.

En un documento técnico de la Comisión Europea de este mismo mes de junio se asegura que la planificación fiscal agresiva "sigue siendo un desafío" en Luxemburgo, ya que "distorsiona la competencia leal y pone en peligro un entorno fiscal equitativo en la UE". El análisis de la Comisión concluye que el Gran Ducado "ha adoptado medidas limitadas para abordar esta cuestión" y habla de "la necesidad de una acción más integral para garantizar un entorno fiscal justo y transparente". Es casi con las mismas palabras lo que denuncia Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón: "Hemos avanzado en el primer peldaño, que es la transparencia fiscal, pero no se ha hecho nada por combatir la agresividad fiscal".

El documento de la Comisión pone el foco especialmente en los pagos al exterior. Se trata del proceso que utiliza una empresa o filial en Luxemburgo para pagar intereses o royalties a otra compañía del grupo situada en otro país, habitualmente con una fiscalidad aún más ventajosa. Esos desembolsos se convierten en gastos deducibles, a pesar de que suelen ser gastos artificiales empleados para reducir el beneficio final de la empresa en Luxemburgo y trasladar parte de las ganancias a esa otra jurisdicción donde van a tributar menos por ellas.

Luxemburgo solo ha limitado que ese tipo de gastos no sean deducibles cuando se realizan a empresas en países de la lista negra fiscal de la Unión Europea —lo que la UE considera como 'países que no cooperan con la UE o no han cumplido plenamente sus compromisos'—, que a día de hoy solo está formada por diez Estados. Debido a ello, esta estrategia mercantil —uno de los principales beneficios fiscales que opera en Luxemburgo— puede seguir siendo utilizada con muchas otras jurisdicciones de baja tributación. Según explica Giulia Aliprandi, investigadora del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, "en términos mercantiles, Luxemburgo es muy bueno adoptando las normas europeas, pero es aún mejor encontrando huecos que les permiten sortearlas legalmente". 

La Comisión resume esa estrategia con los gastos deducibles en el informe de la siguiente forma: "El país se utiliza como canal para los flujos de capital y la optimización financiera por parte de los grupos multinacionales". Es decir, las grandes empresas multinacionales utilizan Luxemburgo para trasladar beneficios de forma artificial de unos países a otros y conseguir, así, pagar menos impuestos.

Esa forma de operar con los gastos artificiales para enviar beneficios a otro país es uno de los mecanismos tradicionales utilizados por las multinacionales para evitar pagar más impuestos. Este tipo de tretas se engloban dentro de la estrategia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), contra la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva luchando desde 2013 y a la que define como una forma de "aprovecharse de las lagunas y discrepancias en la normativa fiscal" internacional.

Otro de esos mecanismos BEPS que se llevan a cabo en Luxemburgo es el régimen de exención de dividendos y plusvalías que opera en el país. La fiscalidad del Gran Ducado permite a las empresas crear una sociedad para que ejerza como matriz y reciba los dividendos de las compañías del grupo en otros países sin volver a tributar en Luxemburgo.

Esta medida no es exclusiva de este pequeño Estado centroeuropeo, está implantada en la mayoría de países occidentales, incluso en España. "Se hace para evitar la doble imposición. Los dividendos quedan exentos porque ya han tributado los beneficios originales en el otro país. Pero en España se exige que el tipo nominal del impuesto de sociedades del país donde se generaron esos beneficios sea de, al menos, el 10%. Luxemburgo no exige ese mínimo", resume José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Si el factor de los gastos deducibles hace que el dinero fluya de Luxemburgo hacia fuera, la exención de dividendos opera de forma inversa, es decir, el dinero llega desde otros países a Luxemburgo. En cualquier caso, ambos mecanismos operan como beneficios fiscales y convierten al país en un "canal para los flujos de capital y la optimización financiera", como asegura la Comisión Europea en su reciente análisis del país. 

Esta estrategia es la que utiliza, por ejemplo, Amancio Ortega con su holding inmobiliario internacional. Tal y como ha revelado infoLibre en la primera entrega de esta investigación, muchas de las sociedades del mismo pertenecen a sus empresas luxemburguesas, lo que le permite beneficiarse de esa exención en el reparto de dividendos. 

Estos entramados de sociedades a nivel internacional utilizan Luxemburgo como un "país conducto" o intermediario que neutraliza la carga fiscal, "logrando disminuir los impuestos globales en toda la estructura del grupo empresarial", explica Giulia Aliprandi.

Todos estos factores, junto con las cifras de inversión extranjera "desproporcionadas respecto a su PIB" que atrae Luxemburgo, provocan que, en opinión de Susana Ruiz, el Gran Ducado "siga siendo un paraíso fiscal". De forma oficial, sin embargo, ya no lo es. Para España dejó de figurar en la lista de paraísos —técnicamente,"jurisdicciones no cooperativas"— en 2010, cuando entró en vigor el convenio de doble imposición y se instauró el intercambio de información. Un año antes la OCDE ya lo había sacado de su "lista gris", y en la de la UE nunca ha estado incluido porque solo evalúa a países externos a la Unión. 

Aun así, el Parlamento Europeo lo señaló en 2019 —junto a Irlanda, Países Bajos, Malta y Chipre— como un país con características propias de un paraíso fiscal. Los expertos consultados por infoLibre coinciden en denominar, a día de hoy, a los mismos países como los más atractivos de la UE a nivel fiscal para grandes fortunas tanto empresariales como familiares. 

La primera entrega de 'OpenLux' fue posible gracias a que en 2021, los titulares reales de las empresas —conocidos también como beneficiarios finales— eran públicos. Le Monde pudo extraer esos datos de las sociedades luxemburguesas de un registro abierto, sin necesidad de que se produjera una filtración. Pero esto ya no es así. 

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE cerró en noviembre de 2022 el acceso público, y hoy quien quiere consultar quién está detrás de una sociedad debe acreditar un "interés legítimo" para utilizar el registro. Pero la opacidad de Luxemburgo nunca dependió exclusivamente de la facilidad de acceso a su registro: ya cuando el acceso era libre la mitad de sus empresas no declaraba su titularidad real, como reveló 'OpenLux'.

Susana Ruiz lo resume en dos realidades que se dan a la vez: "Hay más transparencia formal porque el marco regulatorio de la UE y de la OCDE así lo exige", pero al mismo tiempo hay "una gran impunidad para seguir operando con opacidad". El problema, sostiene, "no es la falta de información teórica, porque los datos están ahí, sino que el tratamiento fiscal que reciben sigue siendo desproporcionadamente ventajoso".

Esa opacidad real tiene un instrumento estrella: la SCSp (société en commandite speciale), una figura que permite a los socios y accionistas no registrarse en el documento de constitución. Así, los verdaderos dueños de la empresa en cada momento solo constan —o deberían constar— en el registro de titularidades reales, que no es de acceso libre. Sin embargo, con esta forma de proceder es imposible establecer un histórico de los accionistas. Además, estas compañías tampoco registran sus cuentas anuales, por lo que no se puede fiscalizar su valor o su actividad.

Esta figura societaria es la elegida, por ejemplo, por Jordi Pujol Gironès, nieto del expresident de Cataluña Jordi Pujol, uno de los primeros nombres revelados por la investigación de infoLibre. Es titular al 50% de una SCSp denominada Casa de Datos, que comparte con Niccolò Belingardi Clusoni. La naturaleza de la mercantil impide rastrear su actividad e inversiones, pero Belingardi es fundador de Belfin Capital, una compañía suiza dedicada a la inversión inmobiliaria en activos de lujo, que posee varios edificios en Suiza y el norte de Italia.

Esta línea de negocio no es ajena a Pujol Gironés, que ha desarrollado parte de su carrera laboral en Blackstone, precisamente uno de los mayores fondos de inversión inmobiliaria del mundo, como informó El Confidencial. Pujol y Belingardi también tienen en común ser 'hijos de'. El primero, de Jordi Pujol Ferrusola, que no ha ocupado ningún cargo público, pero sí ha acumulado relevancia mediática a cuenta de su imputación en la Audiencia Nacional —junto a su exesposa y madre de Pujol Gironès, Mercè Gironés— por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito fiscal; y el segundo de Vittorio Belingardi, que ha ostentado importantes cargos en sociedades públicas italianas como las que gestionan el metro o el aeropuerto de Milán, los ferrocarriles estatales o el Comité de Inversiones Públicas de Lombardía.

Las leyes europeas obligan a Luxemburgo a colaborar con otros países en materia de lucha contra los delitos económicos, y la "transparencia formal" ha aumentado mucho en los últimos años, apunta Susana Ruiz. Sin embargo, en la práctica, la opacidad persiste, asegura la experta. El hecho de que el registro de titulares no permita identificar con precisión a todos los beneficiarios finales de las empresas o figuras como las SCSp dificultan enormemente la labor de las autoridades fiscales. 

Sobre el papel, la Hacienda española y el resto de agencias europeas deberían recibir de forma automática la información de todos los titulares de cuentas y fondos en Luxemburgo. Pero, "si cruzamos el volumen descomunal de sociedades y activos registrados allí con lo que realmente se declara en los países de origen, las cifras son totalmente incompatibles", señala Ruiz. 

Aunque Luxemburgo no ofrece acceso público al registro de titularidades reales de sus empresas, sino que exige cumplir determinados requisitos, no sale perdiendo respecto a España en términos de transparencia. En nuestro país el acceso a este registro tampoco es libre y también exige justificar un interés legítimo, que da acceso a datos limitados y previo registro. Además, otros datos se publican únicamente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), que tampoco tiene un buscador con toda la información en abierto.

Luxemburgo, en el caso de las sociedades que no son SCSp, permite consultar las cuentas anuales sin declarar la causa del interés ni abonar ningún coste, mientras que en España es necesario pagar una tasa para acceder a los mismos documentos, lo que en el caso de grandes entramados empresariales con muchas matrices y sociedades relacionadas, encarece y dificulta la investigación periodística, especialmente para medios independientes como infoLibre. 

Susana Ruiz coincide en el diagnóstico y en la necesidad de mejorar la transparencia del registro mercantil en España, pero matiza que, dado el volumen de transacciones e inversión que acumula Luxemburgo, supone un mayor "foco de problemas" que el resto de países. Mollinedo coincide en que, en algunos aspectos, el registro de Luxemburgo funciona en términos de transparencia mejor que el español: "En Luxemburgo el acceso para conocer quiénes son los beneficiarios últimos de manera pública es gratuito. En España, por mantener el status quo de los registradores, es necesario solicitarlo y pagar por ello".

El martes 9 de diciembre de 2025, el doctor Carlos Mur de Viu no se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla. El que fuera alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la crisis del covid estaba citado a declarar como investigado por la gestión de los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, desvelados en exclusiva por infoLibre. El plantón judicial provocó un terremoto inmediato: las acusaciones particulares de las víctimas solicitaron orden de busca y captura al alegar que el ex alto cargo de la Comunidad de Madrid se encontraba en paradero desconocido.

Tampoco se presentó el ex director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a su siguiente cita relevante, fechada justo una semana después, el martes 16 de diciembre, en una notaría de Luxemburgo. Pero allí, al menos, se había molestado en delegar. Mediante un poder firmado por Mur, una empleada de la notaría comparecía en su nombre para un fin muy distinto al de dar explicaciones a la Justicia. En el Gran Ducado buscaba formalizar la disolución de Rentados SA, una sociedad anónima familiar registrada en Luxemburgo de la que el médico, en ese momento, controlaba el 100% de las acciones.

La extinción de esta firma mercantil, ejecutada mediante una transmisión universal de patrimonio a favor de Mur —es decir, los fondos que quedaban en la empresa pasaron a pertenecerle a él, como único accionista— puso fin a un vehículo societario abierto a finales de 2011. La empresa llegó a manejar en su pasivo un préstamo de 1,5 millones de euros que durante años se distribuyó en forma de créditos a "empresas vinculadas". 

La identidad de las empresas receptoras no aparece desglosada en las cuentas públicas debido a que la legislación de Luxemburgo exime de ese nivel de detalle a las sociedades que presentan balances en formato abreviado. El desmantelamiento definitivo de la estructura se ha completado después de la mudanza del ex director general a Andorra la Vella (un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España), localidad que ya declaró como su domicilio oficial ante el notario y desde la que actualmente comparece ante el juez por videoconferencia tras haberse ampliado recientemente la investigación penal al delito de prevaricación.

Como director general de Coordinación Sociosanitaria del SERMAS, Carlos Mur de Viu firmó en marzo de 2020 los protocolos que restringieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales. Destituido por Isabel Díaz Ayuso en mayo de ese año, es el principal cargo político del Gobierno madrileño que ha sido imputado por la gestión de la pandemia. En su caso, por homicidio imprudente y denegación de auxilio, en distintas causas repartidas por diversos juzgados de la región.

El procedimiento se ha convertido en un cruce de acusaciones donde, por un lado, directores de centros y mandos intermedios han testificado que Mur redactó y ordenó por correo aplicar los criterios de exclusión. Por otro, en sus declaraciones por videoconferencia desde Andorra, Mur deriva la responsabilidad hacia arriba y sostiene que las directrices formaban parte de un plan diseñado por la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero.

La semilla de Rentados SA se plantó formalmente el 14 de diciembre de 2011. Su único accionista y fundador original fue el padre de Carlos Mur, José María Mur Bernad, líder histórico del Partido Aragonés (PAR) —por el que fue presidente de las Cortes de Aragón, diputado nacional y senador— y que eligió el Gran Ducado para registrar la mercantil el mismo año en que dejó su escaño como senador en las Cortes Generales, su último cargo público.  

La vinculación de Mur padre con los negocios inmobiliarios, sin embargo, venía de lejos y ya le había causado problemas fiscales. En los años noventa, el entonces diputado nacional tuvo que comparecer ante la Comisión del Estatuto de los Diputados en el Congreso para defender la compatibilidad de su escaño con su actividad privada como agente de la propiedad inmobiliaria y socio mayoritario en una veintena de empresas de su comunidad. En esa misma época, el Ejecutivo aragonés llegó a cifrar en unos 80 millones de pesetas un presunto fraude fiscal cometido por el político en la venta de unos terrenos en Zaragoza. El caso se originó tras una denuncia del PSOE, que criticaba el desfase entre las cantidades que Mur había escriturado y la valoración real del suelo.

Décadas después de aquella batalla política y fiscal, las cuentas anuales de su firma luxemburguesa reflejan que funcionaba sin estructura operativa alguna: nunca llegó a tener a un solo trabajador en nómina y carecía de actividad comercial directa. Pese a ello, la sociedad dispuso desde su primer ejercicio fiscal de un notable músculo financiero, registrando en su pasivo deudas con entidades de crédito a largo plazo por valor de 1,5 millones de euros.

El relevo definitivo en la propiedad de la estructura internacional luxemburguesa se produjo en el momento más delicado para el ex alto cargo del Gobierno de Ayuso. Según los datos del registro de Luxemburgo, fue el 18 de enero de 2023 cuando se formalizó el cambio de titularidad familiar en el que José María Mur cedió el total de las acciones a su hijo Carlos. Por aquellas fechas, la gestión sanitaria del facultativo ya acumulaba un goteo constante de querellas y denuncias en los juzgados por parte de los colectivos de familiares de las víctimas del covid.

A partir de ese traspaso entre padre e hijo, la contabilidad de la firma luxemburguesa pisó el acelerador para su desmantelamiento. En un movimiento paralelo al avance de las pesquisas judiciales en España, las "empresas vinculadas" devolvieron de golpe los saldos pendientes a la matriz. Con esa liquidez, la sociedad amortizó y saldó por completo la deuda histórica de 1,5 millones de euros que arrastraba en su pasivo desde su fundación, dejando el valor de la mercantil en 111.000 euros invertidos en valores bursátiles.

Para asegurar el control de la última fase de la empresa, Carlos Mur se inscribió formalmente como administrador en el consejo de administración a finales de 2024. 

Aunque las cuentas en Luxemburgo mantuvieron bajo llave la identidad de las firmas receptoras de los fondos, el rastro de las inversiones familiares en España apunta hacia el sector del ladrillo. En octubre de 2019, al ser nombrado director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur cumplimentó su correspondiente declaración de bienes ante la Comunidad de Madrid.

En aquel documento público, el facultativo no incluyó rastro de la firma de Luxemburgo —cuyas participaciones seguían en ese momento a nombre de su padre—, pero sí declaró poseer acciones por un valor de 32.000 euros en la mercantil española Valiner SL, a la que describió de su puño y letra como una "empresa inmobiliaria y promotora familiar". Esta sociedad promotora, que maneja un capital social superior al millón de euros, cuenta con María Pilar de Viu Oliván, la madre de Carlos Mur, como administradora única y controla a su vez una red de empresas dedicadas a la construcción en territorio nacional.

Los balances oficiales de Valiner SL depositados en el Registro Mercantil demuestran que, detrás de la modesta etiqueta de "empresa familiar", se esconde un mastodóntico holding patrimonial. La sociedad maneja un activo total de 16,4 millones de euros y unos fondos propios que rozan los 15,7 millones. Con apenas dos empleados en plantilla —uno de ellos la propia María Pilar de Viu—, opera como el centro financiero de un entramado que controla al 100% diversas filiales de construcción y que riega con créditos internos a más de una docena de empresas del grupo.

En el corazón de este entramado también aparece el hermano del ex alto cargo, José Ángel Mur Viu, que consta en el accionariado y ejerce actualmente como apoderado de la matriz. Su nombre arrastra un complejo historial en las crónicas de tribunales. El hermano del firmante de los Protocolos de la Vergüenza madrileños fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, tras probarse que participó en el desvío ilícito de casi 10 millones de euros pertenecientes a un gigante fotovoltaico chino mediante facturas falsas emitidas a sociedades pantalla en Países Bajos y Chequia.

La magnitud de los negocios energéticos de los Mur y sus socios llegó a salpicar a las cloacas del Estado. La multinacional asiática estafada contrató en secreto al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su grupo empresarial Cenyt, según declaró uno de sus socios, para que recuperara el dinero robado por la trama española. Una carambola de reuniones grabadas y amenazas que terminó en la Audiencia Nacional bajo el mando del juez Manuel García-Castellón, dentro del conocido como caso Villarejo. 

infoLibre ha contactado con Carlos y José María Mur para recabar su versión sobre los hechos que se detallan en este artículo. El histórico líder del PAR y exparlamentario en ambas cámaras no ha atendido a las preguntas de este periódico. Su hijo Carlos sí ha respondido para defender la legalidad de los movimientos y desvincularse de la matriz española: "En el caso de Valiner, he sido y soy completamente ajeno a su desarrollo de negocio y al detalle de su ejecución". 

Respecto a la sociedad luxemburguesa, Mur declara que asumió el control de Rentados SA tras una "sobrevenida situación personal" de su padre y que la firma estaba al corriente de sus obligaciones pero sin actividad. "Si decidí su extinción fue por la única razón de que ni tenía operativa ni la iba a tener. Dicha decisión no tuvo relación con el avance de ninguna causa", afirma.

En febrero de 2021 se publicó OpenLux, una investigación internacional que analizaba cómo las empresas de Luxemburgo facilitan el blanqueo de capitales y la evasión fiscal y destapaba cómo multitud de fortunas y poderosos se benefician de esa forma de operar. La investigación estuvo liderada por OCCRP —un consorcio de investigación periodística del que es socio infoLibre— y por el periódico francés Le Monde. En España, infoLibre se encargó del caso y reveló la identidad de multitud de ciudadanos que tenían sociedades en el Gran Ducado de Luxemburgo, caracterizado por su opacidad mercantil y sus ventajas fiscales.

Cinco años después, la historia continúa. OpenLux es una investigación a largo plazo y ahora decenas de medios a nivel internacional —coordinados otra vez por OCCRP y Le Monde— vuelven a unir sus fuerzas para revelar nuevas historias relacionadas con la opacidad financiera y las empresas y negocios radicados en Luxemburgo. infoLibre, de nuevo, es el medio encargado, en exclusiva, de la parte española.

Solo en este periódico se podrán leer en los próximos días y semanas multitud de informaciones sobre ciudadanos españoles —y de otros países— que han decidido operar desde Luxemburgo. De aristócratas o deportistas a importantes directivos y empresarios patrios. Incluso personas que han ocupado altos cargos políticos en administraciones españolas.

Uno de los nombres propios que revela esta investigación es el de Jordi Pujol Gironès, hijo de Jordi Pujol Ferrusola (Jordi Pujol junior) y de Mercè Gironès —ambos procesados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito fiscal— y nieto del expresident de Cataluña. 

Pujol Gironès aprovecha la opacidad que ofrece la figura de la sociedad comanditaria especial (SCSp, por sus siglas en francés), un tipo de mercantil luxemburguesa que no obliga a presentar cuentas anuales, lo que impide fiscalizar su actividad o inversiones. El nieto del expresident —cuyos siete hijos están acusados en el juicio aún pendiente de sentencia, pero del que él ha sido eximido por su delicada salud— ostenta el 50% de la sociedad Casa de Datos SCSp —cuya actividad se desconoce— junto a un socio italiano.

Otro caso es el de Amancio Ortega. La persona más rica de España, según la lista Forbes —y la décima del mundo en ese ránking—, tenía en 2021 dos empresas en Luxemburgo a través de las que gestionaba diversas inversiones inmobiliarias y que contaban con más de 1.000 millones de euros en activos, tal y como explicó infoLibre durante las primeras publicaciones de OpenLux.

Una de las dos empresas era Adelphi Property Sàrl, la sociedad propietaria del edificio Adelphi, un emblemático complejo de oficinas en el centro de Londres, donde tienen sede compañías como Spotify, The Economist, Condé Nast o PetroChina. Ortega compró esa sociedad y, por tanto, el edificio, al fondo buitre Blackstone en 2018. Pero Adelphi Property Sàrl ya no existe. En 2022 arrancó el proceso para disolver la empresa, que terminó finalmente en diciembre de 2024, tal y como ha podido comprobar infoLibre en el registro mercantil de Luxemburgo.

infoLibre contó ya en 2021 que las empresas de Ortega explicaban entonces que era "probable que el edificio Adelphi se traslade a una compañía del Reino Unido y se disuelva la sociedad luxemburguesa", ya que su política habitual era que los edificios pertenecieran a sociedades del país en el que se encuentran. Y así terminó sucediendo. En la liquidación de la sociedad luxemburguesa consta, precisamente, la transmisión de los activos a otra compañía, Almack Ltd, una de las sociedades en Reino Unido que forman parte del holding inmobiliario internacional del dueño de Inditex.

La otra sociedad en Luxemburgo era Hills Place Sàrl, que a finales de 2019 gestionaba algo más de 750 millones de libras esterlinas en activos, tal y como explicó este medio. Esta sociedad sigue activa en el Gran Ducado y, de hecho, ha ido aumentando su valor. Según sus cuentas de 2024 —las últimas presentadas ante el registro de Luxemburgo—, sus activos ascienden ya a más de 2.400 millones de libras (más de 2.800 millones de euros al cambio de diciembre de ese año).

Esa cifra se debe esencialmente a que la sociedad luxemburguesa ahora controla completamente a Pontegadea UK Ltd, otra de las compañías en Reino Unido del holding inmobiliario que Amancio Ortega ha ido construyendo a lo largo de los años y de forma paralela a su imperio textil.

No es la única empresa en Luxemburgo controlada por el dueño de Zara e Inditex. A día de hoy, Ortega es también el beneficiario final de otras nueve sociedades con sede allí, como Pontegadea RE Luxembourg Sàrl, Pontegadea Luxembourg Sàrl, Pontegadea Netherlands Sàrl o Pontegadea Logistics Holdings Sàrl.

La mayoría forman parte del citado grupo inmobiliario a nivel internacional. Muchas de ellas, como Pontegadea Luxembourg Sàrl o Pontegadea Logistics Holdings Sàrl, fueron creadas tras las primeras publicaciones de OpenLux hace ahora cinco años. La última en constituirse ha sido, precisamente, Pontegadea Logistics Holdings Sàrl, que se inscribió en el registro de Luxemburgo el 3 de abril de 2026.

El volumen de las inversiones inmobiliarias de Amancio Ortega ha ido creciendo en los últimos años, al igual que los activos que gestiona desde Luxemburgo. Por ejemplo, Pontegadea Luxembourg Sàrl declaró en sus cuentas de 2024 unos activos por valor de más de 7.000 millones de euros. Esto se debe a que es propietaria, a su vez, de diez sociedades del holding, repartidas entre el Gran Ducado y otros países como Estados Unidos, Italia o Irlanda. 

Entre esas compañías que dependen de Pontegadea Luxembourg Sàrl están, por ejemplo, Ponte Gadea USA Inc, Pontegadea Canada Inc o Pontegadea RE Luxembourg Sàrl. Muchas de las sociedades de Amancio Ortega comparten esa mención a Pontegadea en su denominación. Ese término es el que da nombre al grupo o holding inmobiliario que el empresario maneja a nivel internacional, con sociedades en multitud de países, como Luxemburgo, Reino Unido o España.

En total, las sociedades de las que Ortega es titular final en Luxemburgo tienen un valor, según los activos que ellas mismas declaran ante el registro del país, de más de 10.000 millones de euros —incluyendo las filiales en otros Estados que pertenecen a una empresa matriz en el Gran Ducado—. Esa cifra no incluye a ITX Luxembourg SA, la sociedad que gestiona el negocio de Inditex en el país y que no forma parte del holding inmobiliario y los otros negocios de Ortega.

10.000 millones de euros es una cifra superior al Producto Interior Bruto (PIB) de países como Mónaco o Sudán del Sur. El monto también es mayor que lo que destinan los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en España, por ejemplo, a agricultura, pesca y alimentación —8.868 millones de euros— o a fomento del empleo —8.029 millones de euros—. Si se pone en relación con el sistema de pensiones de España, 10.000 millones de euros darían para abonarlas durante unos 20 días, según la nómina de la Seguridad Social correspondiente a este mes de mayo.

Además de Amancio, su hija Sandra Ortega también posee acciones de compañías en Luxemburgo utilizadas para inversiones inmobiliarias a nivel internacional, tal y como ya explicó infoLibre en 2021. Se trata de 30 AGVH 1 Sàrl y 30 AGVH 2 SA, valoradas en 208 y 189 millones de euros, respectivamente, según los activos que declararon en 2024 ambas compañías. La hija mayor de Amancio, que al contrario que su hermana Marta, no ocupa cargo en Inditex, posee el 40,16% de ambas sociedades, y su socio principal es el ciudadano saudí Osama Hussein Al Sayed.

La investigación de infoLibre afecta, entre otros, a nombres ilustres que forman parte de la nobleza española y eligen el Gran Ducado como refugio de sus fortunas. Entre ellos, el marqués de Bélgida, José Luis Cotoner Martos, grande de España e hijo del mentor de Juan Carlos I. Cotoner fue condenado en España por fraude fiscal y posee el 100% de un holding en las afueras de Luxemburgo con más de 27 millones de euros en su activo.

Cotoner no es el único hijo de una persona cercana a Juan Carlos I, y con problemas judiciales en España, cuyo nombre consta en el registro mercantil del pequeño Estado europeo. infoLibre irá desgranando en próximas fechas las identidades de empresarios, ex altos cargos, aristócratas, deportistas y otras conocidas personalidades españolas o vinculadas a España que han escogido la opacidad de Luxemburgo o las ventajas de su régimen tributario para sus operaciones financieras. 

La investigación internacional destapa que el uso de estas redes mercantiles cruza fronteras y afecta a clanes políticos de todo el planeta. Un ejemplo revelado por OCCRP y Le Monde es el de Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo, hijo del fallecido presidente de Gabón, Omar Bongo. Mientras ejercía como director general de Presupuesto y Finanzas Públicas de su país, Andjoua inyectó millones de dólares en un imperio inmobiliario con 43 propiedades en Dubái, y operaba en paralelo dos sociedades luxemburguesas. Las autoridades del Gran Ducado han abierto una investigación judicial contra él por presunto fraude fiscal agravado, blanqueo y falsedad documental. 

En 2020 y 2021, Le Monde obtuvo información sobre los titulares reales de todas las empresas registradas en Luxemburgo y la compartió con el resto de medios que participaron en OpenLux. Cinco años después de las primeras publicaciones, varios de ellos han vuelto a unir sus fuerzas para investigar qué fue de quienes ya operaban en Luxemburgo por aquel entonces y para dar a conocer nuevos nombres e historias relacionados con los entramados societarios en el Gran Ducado.

Ya en aquel momento la investigación tuvo un gran impacto. OpenLux demostró, por ejemplo, cómo fondos sospechosos de provenir de actividades delictivas o vinculados a organizaciones criminales como la mafia italiana, la 'Ndrangheta o el crimen organizado ruso se escondían en sociedades en el Gran Ducado. La investigación también destapó que famosos y grandes fortunas utilizaban Luxemburgo para pagar menos impuestos que en sus propios países. Fue el caso de Cristiano Ronaldo, Tiger Woods o Shakira. En los próximos días y semanas, nuevos nombres.

Tras un 2025 convulso, con la convalidación el pasado junio de la ley de amnistía y mientras avanzan las múltiples cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo asociados a esa misma norma, el Tribunal Constitucional vive, desde hace semanas, un período de tregua y tranquilidad lejos de los furibundos ataques a los que PP, Vox y la judicatura más conservadora han sometido al órgano de garantías –en especial, a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y la mayoría progresista actual– durante la tramitación del recurso de inconstitucionalidad del PP.

Los intentos de socavar la legitimidad de una institución en cuya composición participan los tres poderes del Estado y los principales partidos y sensibilidades ideológicas representados en cada uno de ellos –y que hasta 2023 estuvo dominado por los conservadores– han cesado a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre el encaje de la disposición del perdón en los tratados y el resto del derecho comunitario.

En los asuntos pendientes, el recurso de amparo de Carles Puigdemont y los del resto de líderes independentistas condenados y procesados contra la polémica decisión del Supremo de no aplicarles la amnistía, serán, previsiblemente, los casos más polémicos a tratar en los primeros meses del año. La mayoría progresista y los cinco magistrados conservadores han rebajado su nivel de enfrentamiento y, de común acuerdo, han rechazado las medidas cautelares planteadas por el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, que reclamaban que, antes de tomar una decisión definitiva, el tribunal dejara sin efecto sus respectivas penas de inhabilitación. También han desestimado la petición de Puigdemont de dejar sin efecto su orden de detención que impide su regreso a España sin ser detenido.

Las decisiones de fondo no se adoptarán, según fuentes del tribunal, hasta que se pronuncie el tribunal de Luxemburgo sobre las cuestiones prejudiciales contra la amnistía presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El abogado general de la UE, cuyo parecer acoge el tribunal europeo en la mayoría de ocasiones, dio un fuerte revés a las tesis conservadoras y aseguró el pasado 13 de noviembre que la amnistía no afecta a la normativa europea sobre terrorismo. En cuanto a su abanico de efectos, aseguró que es aplicable también a la malversación –en contra de lo que sostuvo el Supremo con un retorcido argumento sobre el lucro–, como reclaman los procesados y condenados.

En contra de lo que sostiene el PP, el Supremo y los magistrados del sector conservador, el alto funcionario europeo defiende que los gastos con los que se financió el proceso no afectaron a los intereses financieros de la UE. El abogado general también rechazó el argumento del PP de que fuera una autoamnistía y centró la aprobación de la ley en un "procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista" para "dar respuesta a una situación excepcional".

Si el TJUE sigue finalmente el criterio del abogado general también en este caso, el Constitucional no tendrá ya ningún obstáculo para decidir sobre el amparo de los líderes del procés. Fuentes del órgano de garantías creen que sus peticiones saldrán adelante –con toda probabilidad tras otro debate muy bronco y un festival de votos particulares– por lo que con toda probabilidad se levantarán definitivamente las penas a los condenados y decaerán las órdenes de detención contra los exdirigentes huidos, Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín.

Esperar al pronunciamiento europeo tiene, además, una segunda ventaja. Porque, en principio, impediría al Supremo o a cualquier otro tribunal que tuviera que aplicar las sentencias de amparo y aplicar la ley presentar una nueva cuestión en Luxemburgo durante la ejecución de las mismas. Cuestionar al TC después de que pronuncie sobre un caso es algo que ya ha hecho la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. El Constitucional anuló las sentencias y ordenó a ese tribunal rebajar las penas de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, así como de otros consejeros condenados. La Audiencia se negó a hacerlo y recurrió a esa fórmula, la cuestión prejudicial, para desobedecer su fallo.

Más allá de los últimos coletazos del procés, al Constitucional también llegará próximamente el recurso de amparo anunciado por el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra la polémica sentencia que lo inhabilitó –en un proceso sin prueba directa y con serias dudas sobre sus garantías procesales– por desmentir el bulo difundido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que el Ministerio Público hubiera orquestado una operación de Estado contra su pareja, el comisionista Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. La Fiscalía ha presentado este miércoles un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo que, previsiblemente, será rechazada. Pero la vía al Constitucional quedará ya abierta a partir de ese momento.

Este 2026 que empieza es, además, el año en el que al Constitucional le toca afrontar la renovación parcial de cuatro de sus magistrados. Se trata de los cuatro designados por el Senado, que acaban de cumplir su mandato de nueve años. La Cámara tendrá que buscar a los sustitutos del actual presidente, Conde-Pumpido, de la también progresista María Luisa Balaguer, y de los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías (este es muy probable que sea renovado al haber sido nombrado en 2024). El presidente, Pedro Rollán, ya ha iniciado el trámite al solicitar a los parlamentos autonómicos que presenten a sus candidatos, pero el PP, en pleno momento de debilidad del Gobierno de Sánchez por el caso Ábalos y las denuncias de acoso sexual, ya ha anunciado que, por el momento, no piensa negociar nada con el PSOE.

Tradicionalmente PSOE y PP se han repartido en ambas Cámaras los nombramientos –dos para cada uno– al no alcanzar en ninguna los tres quintos de votos necesarios para sacarlos adelante. Al partido de Feijóo, que cuenta ahora con mayoría absoluta de senadores, y sus aliados naturales (UPN y Vox) les faltan únicamente 11 votos para poder designar a los cuatro nuevos magistrados por sí mismos, sin recurrir por primera vez en democracia a los socialistas.

Es más que previsible que el principal partido de la oposición mantenga el bloqueo –como hizo durante más de cinco años en el Poder Judicial– a la espera de que Sánchez se vea obligado a convocar elecciones. En ese escenario, la victoria del PP y el previsible ascenso de Vox que vaticinan todas las encuestas, podría poner en manos del PP la posibilidad de nombrar, por sí mismo o con la ultraderecha, los cuatro nuevos jueces constitucionales, lo que supondría un vuelco inédito en el reparto de mayorías en el tribunal, en el que los conservadores volverían a ser mayoría, algo que no se esperaba hasta 2032.

La tentación es grande, porque si la aspiración del PP se cumple, derecha y ultraderecha acumularán una de las mayores cuotas de poder desde la dictadura. Controlarán los tres poderes del Estado –Gobierno, Cortes y Judicatura–. Pero también el Constitucional. El árbitro que actúa entre ellos.

El verano pasado estalló uno de los casos más sonados de la historia reciente de Luxemburgo. Marc Crochet, director general de Cáritas Luxemburgo, denunció el 16 de julio, tras volver de sus vacaciones, que la organización había sufrido un desfalco que había dejado sus cuentas a cero. Seis días después se detuvo como posible responsable a Stéphanie Friob, la directora financiera de la organización, que se presentó ante la policía como víctima de la conocida como 'estafa del CEO'. 

Friob aseguró haber recibido correos electrónicos que suplantaban a Crochet —y a un abogado que supuestamente representaría al director general— en los que se le ordenaba la realización de transferencias bancarias. En total, el fraude ascendió a 61,21 millones de euros, que salieron de las cuentas de Cáritas en más de un centenar de transferencias entre febrero y julio de 2024.

La estafa supuso la paralización de las actividades de Cáritas Luxemburgo. Friob sigue siendo investigada por su posible implicación en la trama, pero hay más detenidos y la justicia de Luxemburgo ha condenado ya a dos ciudadanos búlgaros. Se trata de los primeros sentenciados por este caso que ha sumido a la ONG de la Iglesia católica en Luxemburgo en una crisis financiera absoluta.

Con las transferencias se vació todo el dinero de las cuentas de Cáritas. Incluso decenas de esos millones provenían de préstamos que la ONG había solicitado a bancos de Luxemburgo. Gran parte de ese dinero acabó en cuentas del BBVA pertenecientes a empresas fantasma abiertas por esos dos ciudadanos búlgaros en España.

Tal y como ha adelantado el medio luxemburgués Reporter.lu —socio del consorcio de investigación OCCRP, al igual que infoLibre—, la Séptima Sala Penal del Tribunal de Distrito de Luxemburgo ha declarado culpables a Ivan Teofilov y Rafaelo Iliev, dos ciudadanos búlgaros que ejercieron como los testaferros de menor rango dentro de la trama. Ambos, que llevan en prisión preventiva desde su arresto el pasado mes de enero, han llegado a un acuerdo con la fiscalía y tras cooperar en la investigación, han aceptado el cargo de participación pasiva en una red de fraude. 

El tribunal les ha impuesto una pena de 18 meses de prisión y una multa de 3.000 euros. Debido a su cooperación y a que no tienen antecedentes penales en Luxemburgo ni en Bulgaria, 15 de esos meses han quedado suspendidos. Así que tras la sentencia, y después de haber llegado a un acuerdo, podrían ser puestos en libertad este mismo verano siempre y cuando no incurran en nuevas infracciones.

Entre el resto de detenidos, hay otros supuestos testaferros de la trama. En esos casos, no han llegado a un acuerdo y aún están pendientes de juicio. Todos ellos tenían a su nombre empresas fantasma a las que se les transferían fondos de Cáritas Luxemburgo. Tanto la sentencia contra Ivan como la dictada contra Rafaelo muestran los vínculos de la estafa con España.

El 15 de febrero de 2024, Rafaelo Iliev acudió, acompañado de una mujer, a una notaría en Granada para firmar la constitución de Koselig Partners SL. Cuatro días después hizo lo mismo en Málaga. Allí creó Mondaze Premium SL. Después abrió cuentas bancarias en el BBVA para ambas empresas. Así lo ha explicado el propio Rafaelo a la fiscalía de Luxemburgo. Esas dos sociedades servirían luego como empresas pantalla para desfalcar los fondos de Cáritas en el país europeo.

Aún así, Rafaelo ha asegurado no saber que esas empresas estaban siendo utilizadas para ese fin. Según su declaración, había acudido a España desde Bulgaria con una promesa de trabajo y por ello accedió a firmar los documentos de creación de las empresas y de apertura de las cuentas bancarias. Supuestamente recibió el soplo para ir a España de su amigo Ivan Teofilov, el otro ciudadano búlgaro que ha sido condenado por el caso. 

Ivan le puso en contacto con una persona que supuestamente podía conseguirle trabajo en nuestro país, pero según Rafaelo, tras no conseguir empleo, regresó a Bulgaria sin haber cobrado dinero alguno. El testaferro asegura, aunque el tribunal define parte de sus explicaciones como "inverosímiles", que nunca tuvo control de las cuentas abiertas y que le dijeron que las empresas y las cuentas se cerrarían porque finalmente la oferta laboral que le habían prometido no se había materializado.

Pero esto no fue así. El 22 de marzo de 2024 Rafaelo volvió a Bulgaria y entre finales de mayo y principios de junio algunas de las transferencias de Cáritas Luxemburgo se estaban realizando ya con destino a las cuentas de sus empresas españolas, que nunca habían sido cerradas. Parte de ese dinero se transfirió después a otras cuentas de las mismas empresas fantasma en otros bancos españoles y finalmente se le acabó perdiendo la pista. Otra parte del dinero se movió a cuentas de las empresas de otros testaferros.

Ivan hizo lo mismo que Rafaelo pero unos meses antes. En su caso, abrió tres empresas en España en noviembre de 2023 tras viajar a nuestro país procedente de Londres el 7 de ese mes y quedarse hasta el 15 de diciembre. Las sociedades tenían su supuesta sede en Boadilla del Monte, Madrid ciudad y Málaga. 

Tanto esas tres compañías que se registraron con Ivan como socio y administrador único de las mismas como las dos de Rafaelo constan con una sede social radicada en un lugar de coworking. Estos espacios ofrecen habitualmente a las compañías que les contratan la posibilidad de indicar su sede social en las instalaciones del coworking. En los casos de Ivan y Rafaelo las sentencias hablan directamente de "sociedades ficticias", mismo adjetivo con el que definen las sedes de las supuestas empresas.

A través de esas compañías fantasma, registradas a nombre de los dos ciudadanos búlgaros, salieron algo más de 20 millones de euros del desfalco a Cáritas: unos 14 a través de las de Ivan y otros 6,5 millones a través de las de Rafaelo, según las sentencias dictadas en contra de ambos a las que ha tenido acceso infoLibre. Ese dinero supone un tercio del que perdió la ONG de la Iglesia católica en Luxemburgo. 

"El objetivo era apropiarse, al menos parcialmente, de dichos fondos y redistribuirlos a través de innumerables cuentas en todo el mundo", concluye el tribunal luxemburgués, que también asegura que la labor de ambos "facilitó el movimiento de fondos ilícitos, ocultó su origen y blanqueó el dinero".

Aún así, no está claro aún qué ocurrió exactamente. La policía de Luxemburgo recopiló en un primer momento "indicios sólidos que respaldan la hipótesis de la 'estafa del CEO'", según recogen las sentencias. Pero la exdirectora financiera continúa siendo investigada. Se la acusa de fraude, falsificación, robo, fraude informático y abuso de confianza.

En cualquier caso, las consecuencias para la organización han sido totalmente devastadoras. Tras la denuncia del escándalo, el Gobierno luxemburgués cortó inmediatamente toda subvención pública a la organización y esta ha paralizado, al menos por el momento, sus actividades. Cáritas Luxemburgo se ha centrado, de hecho, en una etapa de reestructuración, auditoría y limpieza administrativa con la intención de volver a poder operar en el futuro.

Las actividades esenciales y las labores de servicios sociales que la organización realizaba en el país, como la atención a refugiados o grupos vulnerables, han sido transferidas a una nueva ONG, llamada Hëllef um Terrain (HUT). Organización a la que se le transfirieron la mayoría de empleados de Cáritas Luxemburgo. Otra parte de las actividades de la ONG ha sido asumida por la Fundación Partage Luxembourg, también católica.

Del mismo modo, los proyectos internacionales de la organización —con programas en países como Sudán del Sur, Ucrania, Moldavia, Laos, Turquía o Bangladesh— han sido asumidos por las divisiones de Cáritas en otros países o por otras organizaciones o, incluso, directamente suprimidos.

Al menos 60 programas en el extranjero han sido cancelados, según informó la propia Cáritas Luxemburgo. La organización también ha tenido que despedir a un centenar de trabajadores, entre empleados en Luxemburgo y en otros países en los que desarrollaban su labor.

Cáritas Luxemburgo, al igual que el resto de divisiones de Cáritas, actúa bajo el paraguas de Caritas Internationalis, una organización no gubernamental, perteneciente a la Iglesia católica y con sede en Roma, que sirve como alianza de las organizaciones de Cáritas existentes en más de 160 países. Las ONG a nivel nacional se dedican a labores humanitarias y de asistencia y servicios sociales. Según la propia organización, Cáritas se dedica a combatir la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación.

A pesar de esa alianza global, las organizaciones estatales cuentan con entidad jurídica propia. Actualmente, Cáritas Luxemburgo "se encuentra en un período de reorganización y estabilización", según indica su propia web. La organización explica que están intentando resolver sus deudas y pagar todas las cuentas que tienen pendientes: "La reanudación de las actividades benéficas, el núcleo de nuestra misión, solo podrá tener lugar una vez finalizada esta fase de consolidación". "Cáritas Luxemburgo mantiene su determinación de continuar su compromiso con los más vulnerables, tan pronto como las condiciones operativas y financieras lo permitan", reza la organización.

La vía abierta para cuestionar desde cualquier juzgado o tribunal ordinario las resoluciones del Tribunal Constitucional que ha inaugurado la sección primera de la Audiencia de Sevilla con el caso de los ERE nació en el interior del propio tribunal de garantías. Fueron tres magistrados propuestos por el PP, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, los que introdujeron la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que invoca ahora tanto ese partido como el tribunal provincial sevillano para intentar saltarse, por primera vez en 45 años, las resoluciones del máximo intérprete de la Constitución del que forman parte. La resolución europea que consideran aplicable al caso, permite desobedecer decisiones del Constitucional si su independencia del Gobierno y el Parlamento no está garantizada, algo que el PP da por hecho pese a haber nombrado a cinco de sus actuales miembros.

Tanto el presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, como parte de sus miembros -los del sector progresista- consideran que la cuestión prejudicial ante el TJUE anunciada por la Audiencia de Sevilla supone una sacudida a la estructura institucional del Estado, porque permite a cualquier tribunal ordinario -desde un juzgado de primera instancia e instrucción de pueblo hasta el Tribunal Supremo- cuestionar resoluciones del Constitucional o suspender su aplicación mientras Luxemburgo resuelve. El nuevo mecanismo alentado por los magistrados conservadores puede afectar también a todo el sistema de recursos dentro de la propia justicia ordinaria permitiendo la insubordinación frente a tribunales superiores, tal y como avisan desde el órgano de garantías.

Los tres autores intelectuales de la crisis generada (que el Constitucional abordará en su próximo pleno la semana que viene sin que, previsiblemente, se llegue a ningún acuerdo) introdujeron la sentencia de Luxemburgo en el caso Euro Box Promotion -referida a un Estado como Rumanía, sometido a permanente monitorización de sus sistema judicial y de lucha contra la corrupción por la UE desde su incorporación al club comunitario en 2007- en varios votos particulares sobre las sentencias que redujeron las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros cargos políticos de la Junta.

En toda la trayectoria del caso ERE, desde el inicio de la instrucción de la juez de Sevilla Mercedes Alaya hasta el Constitucional, solo los votos particulares de estos tres magistrados han hecho referencia a hipotéticas vulneraciones derecho de la Unión Europea que permitirían la intervención del TJUE algo que no aparecía en la sentencia del Supremo ni en la previa de la Audiencia de Sevilla. Los magistrados de este tribunal provincial, sin embargo, han apreciado esas infracciones justo ahora, inspirados por el PP y los tres jueces conservadores del Constitucional, cuando tienen que dictar nuevas sentencias contra los cargos políticos tras la anulación de las previas por el órgano de garantías.

En varios de sus votos particulares, Arnaldo señala que el derecho de la UE no es directamente aplicable al caso de los ERE "al no tener los fondos públicos malversados origen comunitario", pero considera que las sentencias del Constitucional sacadas adelante con el voto de la mayoría de magistrados podrían vulnerar "los principios del derecho de la Unión Europea sobre el control del gasto público". "No me parece aventurado afirmar que esa gestión, en el conocido como 'caso de los ERE de Andalucía' (...) ha sido contraria no solo al derecho interno, sino también al derecho de la Unión Europea", sostiene en su voto opuesto a la sentencia de Griñán entre otras. Después, se refiere a la sentencia Euro Box Promotion como la que sistematiza "la actividad presupuestaria y la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito de los fondos europeos", fondos que, como el propio magistrado conservador reconoce, no aparecen en el caso andaluz.

Espejel, por su parte cita esa misma resolución del TJUE al considerar que la doctrina sacada adelante por la mayoría del Constitucional en los ERE "incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política y cuando tenga proyección en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea producirá un incumplimiento de las obligaciones de España" que, según la magistrada, sería incompatible con los tratados comunitarios.

Su compañero César Tolosa cita la sentencia de Luxemburgo en la misma línea al asegurar que "de tratarse de fondos procedentes de la UE" (los supuestamente malversados no lo son), la decisión del Constitucional sobre los ERE "generaría un riesgo sistémico de impunidad respecto a las infracciones de fraude grave". La unidad de esos los tres magistrados a propuesta del PP contrasta con la posición de su compañero de sensibilidad Ricardo Enríquez, que, pese a oponerse al criterio mayoritario, no se refiere a la polémica sentencia sobre Rumanía en ninguno de sus votos particulares discrepantes.

Ninguno de esos votos particulares lo recoge expresamente, pero la sentencia del TJUE que invocan, además de referirse a la corrupción o el fraude que afecte a los intereses de la Unión, implica un juicio sobre la falta de autoridad y de legitimidad del propio Constitucional. Porque el apartado tercero de su fallo establece que "las resoluciones del tribunal constitucional nacional vinculan a los órganos jurisdiccionales ordinarios", pero siempre que "el derecho nacional garantice la independencia de dicho tribunal constitucional, en particular respecto de los poderes legislativo y ejecutivo".

Ese fue, precisamente, el argumento que, el pasado 10 de febrero contenía el escrito del PP que, como acusación popular en el caso ERE, reclamó a la Audiencia de Sevilla que cuestionara ante el TJUE la sentencia del Constitucional sobre los ERE. "El derecho nacional", es decir, el español, "no garantiza la independencia del Tribunal Constitucional, en particular respecto de los poderes Legislativo y Ejecutivo", sostenía el documento del partido de Feijóo. Un ataque directo y al centro del máximo intérprete de la Constitución, garante de los derechos fundamentales y uno de los pilares de nuestra estructura institucional, inspirado, desde dentro, por varios de sus miembros.

La convalidación de penas de presos que han cumplido condena en otro país lleva una década generando un intenso debate jurídico. Sobre todo, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2014. Hasta ese momento, los tribunales habían aplicado sin discusión la directiva europea que permitía a presos de la banda terrorista ETA acumular condenas. Pero los límites que el Ejecutivo de Mariano Rajoy incluyó en la nueva norma provocaron un giro radical. Desde entonces, los tribunales se negaron a preguntar a la justicia europea si ese obstáculo era compatible con la normativa europea. Un candado que, a diferencia de lo que ocurre con otros asuntos, se ha mantenido durante años.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es el órgano encargado de interpretar o aplicar la legislación comunitaria. Lo primero se hace a través de las llamadas cuestiones prejudiciales, preguntas que formulan los tribunales de los Estados miembro cuando dudan sobre la interpretación de una norma europea o la compatibilidad de una ley o práctica nacional con la legislación comunitaria. Las mismas representan casi siete de cada diez asuntos en Luxemburgo. Y España está entre los países que más preguntan. Solo entre 2018 y 2022, según los últimos datos disponibles, nuestros jueces plantearon 237 cuestiones, solo por detrás de Alemania e Italia.

La ley que ahora está en proceso de reforma siempre generó dudas en parte de la judicatura. Al fin y al cabo, dicha norma transponía una decisión marco que obligaba a los Estados miembro a tener en cuenta el tiempo de prisión cumplido fuera de nuestras fronteras en el límite de treinta años que impone nuestra ley pero introduciendo, al mismo tiempo, cortapisas que en la práctica impedían que de eso pudieran beneficiarse buena parte de presos de la banda terrorista ETA. "Propicia un trato desfavorable para los condenados", sostenían algunos magistrados. "La limitación reduce de modo muy relevante el efecto buscado por la decisión marco", lanzaban otros.

Pero tanto el Supremo como la Audiencia Nacional bloquearon durante años todo intento por preguntar a Luxemburgo sobre la posibilidad de que un Estado incluyese exclusiones al transponer decisión marco. El Alto Tribunal fue el primero en hacerlo. En enero de 2015, una Sala de lo Penal dividida fijó que con la ley de Rajoy ya no podían convalidarse penas: "La norma interna no reconoce efectos a todas las condenas en el extranjero de manera ilimitada, sin atender a criterios objetivos ni temporales". Y rechazó plantear una cuestión prejudicial al entender que las normas eran claras y no se precisaba una interpretación para resolver el recurso del etarra Kepa Pikabea: "Si no hay duda, no es precisa".

Pero en la Sala de lo Penal había dudas. De ahí que media docena de magistrados –Cándido Conde-Pumpido, Joaquín Gimenez, Miguel Colmenero, Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Ana Ferrer– redactaran un voto particular en el que justificaban la necesidad de plantear la cuestión prejudicial: "Resulta contradictorio que una norma que la propia Decisión Marco nos dice que debe interpretarse para evitar supuestos de dureza desproporcionada para el delincuente, pueda ser empleada como cobertura de una disposición de transposición al derecho interno que perjudica al condenado, privando de efectividad alguna el tiempo de privación de libertad cumplido en el extranjero".

El Supremo, desde entonces, rechazó una y otra vez cualquier intento por preguntar al TJUE. Y algo parecido sucedió en la Audiencia Nacional, que hasta hace algunos meses se había negado a tocar la puerta de Luxemburgo. En la primavera de 2015, la Sección Tercera del tribunal se había planteado formalizar una cuestión prejudicial sobre este asunto. Pero tras hacer una encuesta entre los magistrados, el entonces presidente de la Sala de lo Penal y ahora ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió que fuera el Pleno, y no cada una de las secciones, quien decidiese si había que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con una mayoría muy ajustada de once a nueve, la Sala capitaneada por Grande-Marlaska, que en la actualidad justifica la reforma que acaba con las limitaciones de la ley de Rajoy, rechazó que se formalizara la cuestión prejudicial apoyándose en lo que ya había dicho el Supremo. Y, de nuevo, magistrados de todas las sensibilidades –Manuela Fernández, Javier Martínez Lázaro, José Ricardo de Prada, Ramón Sáez Valcárcel, Clara Bayarri, Ángeles Barreiro, Carmen Lamela y Fermín Echarri– formularon voto particular. "La interpretación que se ha impuesto propicia el trato desigual en perjuicio del condenado por otro Estado miembro, vulnerando la finalidad de la norma europea que así lo enuncia de manera concreta", recogía el mismo.

Y mientras se evitaba abrir el debate en Luxemburgo en torno a esta cuestión, se recurría con total normalidad a la justicia europea en otros asuntos de menor peso político. El Alto Tribunal promovió en esos años cuestiones prejudiciales sobre la indemnización por cese del personal interino, sobre las comisiones de apertura en los préstamos hipotecarios, sobre el plazo de prescripción de los gastos hipotecarios o sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en un pleito por una demanda del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego contra la Industrial Quesera Cuquerella.

Ocho años han sido necesarios para que un tribunal español pregunte a Luxemburgo por la compatibilidad con la normativa europea de la ley que ahora se busca reformar. Lo hizo el pasado mes de octubre la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una causa que afecta a la dirigente etarra Soledad Iparraguirre, alias Anboto. Una tardanza que contrasta con la agilidad que se ha demostrado en otro de los asuntos de gran impacto político y judicial: la Ley de Amnistía. En cuestión de meses, sobre la mesa del tribunal de Luxemburgo se han ido acumulando varias cuestiones prejudiciales planteadas en relación a la norma.

Han tocado a la puerta de la justicia europea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal de Cuentas o la Audiencia Nacional, lo que ha dejado en pausa la aplicación del olvido jurídico para varios cargos y ex altos cargos, entre los que se encuentran los dirigentes de ERC Josep María Jové y Lluís Salvadó o el expresident Quim Torra, así como para los doce activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista. El Supremo, por el momento, no ha activado esa vía. Pero no descarta hacerlo, tal y como expuso en un auto reciente, si el Constitucional acaba considerando que la malversación puede ser amnistiable.

“Salven la Fundación Cáritas”, se leía el pasado jueves en un cartel colgado  en el exterior del palacio Gran Ducal, donde el papa Francisco era recibido por la familia real luxemburguesa como parte de su visita oficial. Mientras, las fiscalías de dos países investigan el desfalco de 61 millones de euros sufrido por Cáritas Luxemburgo, la organización católica que depende de los obispos. El ministerio público del Gran Ducado indaga si los bancos luxembugueses BGL-BNP y Spuerkeess infringieron las leyes contra el blanqueo de dinero con las 120 transferencias que vaciaron las cuentas de Cáritas entre febrero y julio de este año. Y la Fiscalía de Marbella cumple con la Orden Europea de Investigación (OEI) recibida desde el Gran Ducado: los 61 millones llegaron a 14 cuentas del BBVA en España y de allí partieron a rumbo desconocido.

Además, investigan el caso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), el supervisor financiero luxemburgués, y el Banco Central Europeo (BCE).

Según ha informado el medio luxemburgués Reporter.lu, la fiscalía luxemburguesa investiga las condiciones en las que los bancos permitieron la salida de los fondos hacia España. Se trata de una investigación preliminar, la primera etapa antes de que se abra una investigación judicial y se remita el caso a un juez de instrucción.

“El objetivo principal es determinar si ha habido infracciones del artículo 9 de la ley de 2004 [incumplimiento de las obligaciones profesionales”, indicaron fuentes judiciales a Reporter.lu. Aunque las autoridades judiciales no los mencionan por sus nombres, las entidades investigadas son el BGL BNP Paribas y el Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) o Spuerkeess: el primero es propiedad del Estado luxemburgués en un 34% y el segundo, al 100%.

Además, según Reporter.lu, ambos bancos fueron registrados por la policía luxemburguesa el pasado mes de agosto. El Código Penal del Gran Ducado autoriza al fiscal a pedir al juez de instrucción que “ordene un registro, una incautación, la audiencia de un testigo o un peritaje sin que se haya abierto una investigación preparatoria”.

Al tiempo, la justicia luxemburguesa ha emitido una Orden Europea de Investigación dirigida a la Fiscalía de Málaga que, a su vez, la ha remitido a la Fiscalía de Marbella, según ha podido saber infoLibre.

Una Orden Europea de Investigación es un instrumento legal, creado por una directiva de la UE de 2014 y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico nacional en 2019. Con esa resolución judicial, la justicia luxemburguesa pide a la española que lleve a cabo medidas de investigación que permitan obtener pruebas. Esas medidas pueden incluir desde la declaración de testigos hasta la identificación de los titulares de un número de teléfono, la dirección IP de un ordenador o una cuenta bancaria. De hecho, la mayoría de las OEI que recibe la justicia española se refieren a fraudes. Y la petición más habitual es precisamente la información bancaria.

El pasado julio, Cáritas Luxemburgo denunció haber sido víctima del conocido como “fraude del CEO”: su directora financiera dijo haber recibido correos, supuestamente del director gerente de la institución, Marc Crochet, en los que éste le ordenaba que hiciera las transferencias urgentemente, en teoría para financiar una misteriosa inversión. Sin embargo, son muchas las sospechas que se ciernen sobre esa versión, mientras los medios luxemburgueses apuntan hacia un posible golpe desde dentro.

Según la información a la que ha tenido acceso Reporter.lu, la institución diocesana desembolsó 9,049 millones de euros desde BGL hasta tres cuentas de una falsa Caritas Internationalis en el BBVA. Las transferencias se hicieron en poco más de un mes, entre el 9 de febrero y el 12 de marzo.

Los días 5, 7 y 12 de marzo se efectuaron tres pagos diarios de casi 500.000 euros sin que el BGL se alarmara. Spuerkeess transfirió 52,15 millones de euros a la ONG turca ASAM, muy por encima de su capacidad de pago: el 27 de junio se firmaron cinco transferencias por importe de 2,49 millones de euros, cinco días después otras siete por 3,49 millones de euros y el 4 de julio seis transferencias más por 2,99 millones de euros.

Ni Caritas Internationalis, la matriz de la institución diocesana, ni ASAM tenían cuentas en España, sólo en El Vaticano y en Turquía, respectivamente. Las cantidades abonadas y el elevado ritmo al que se realizaron deberían haber activado los mecanismos de alerta con los que cuentan los bancos, tanto en España como en Luxemburgo, y haberles llevado a preguntar a sus clientes sobre la naturaleza de las operaciones. El BBVA alega que “con anterioridad a ser informado” del fraude, ya “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo.

El papel de los dos bancos luxemburgueses es doblemente complicado. No sólo hicieron las transferencias, sino que también concedieron préstamos y líneas de crédito a Cáritas por importe de 33 millones de euros. Spuerkeess aceptó un acuerdo para cubrir descubiertos por importe de 10 millones de euros con fecha de 25 de junio de 2024 y a un tipo de interés del 4% a tres meses, reembolsable el 25 de septiembre.

El documento consultado por Reporter.lu está redactado en nombre de la institución diocesana. Por parte de Cáritas figuran su presidenta, Marie-Josée Jacobs, que fue ministra de Familia, y Alphonse Wagner, uno de sus directores. Sin embargo, el acuerdo fue rubricado y firmado por la directora financiera y el director de Operaciones. Ese mismo día, Spuerkeess redactó un contrato de cesión de crédito en el que aparecen de nuevo los nombres de Marie-Josée Jacobs y Alphonse Wagner como representantes de Cáritas, pero esta vez firman la directora financiera y la directora de recursos humanos.

El contrato garantizaba el reembolso del préstamo mediante la devolución de las subvenciones que el Estado luxemburgués paga a Cáritas por los servicios asistenciales que le presta.

Según Reporter.lu, los dos bancos luxemburgueses aún no han recurrido a los tribunales para obligar a institución católica a devolverles los préstamos.

Al término de la visita del papa al Gran Ducado, el cardenal Jean-Claude Hollerich anunció que, tras una colecta en la diócesis, los fieles habían reunido 176.000 euros para donarlos a la organización benéfica internacional. Francisco decidió entonces donar esta suma a Cáritas Luxemburgo, quizá en un gesto para paliar la quiebra en que está sumida la institución desde este verano.

La justicia de Luxemburgo emitió el pasado martes una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a la Fiscalía de Málaga para pedirle su colaboración en el caso Cáritas, el desfalco de 61 millones de euros que ha dejado en la ruina a la institución benéfica. Según ha podido saber infoLibre de fuentes de la Fiscalía española, no ha sido hasta ese momento cuando Luxemburgo se ha puesto en contacto con España, pese a que la denuncia la presentó Cáritas el pasado 16 de julio.

El desfalco, que ha causado un enorme escándalo en el Gran Ducado por las numerosas subvenciones públicas que recibe Cáritas, se extiende hasta España porque el dinero robado a la institución diocesana se desvió a 14 cuentas del BBVA, de las que desapareció enseguida rumbo a un destino desconocido.

Además de la Fiscalía, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y el Banco Central Europeo (BCE) están investigando el caso. También la propia Cáritas ha encargado una auditoría a un comité de crisis y a PriceWaterhouseCoopers. Ni el Banco de España, el supervisor financiero español, ni el Sepblac, que depende del Ministerio de Economía e investiga los casos de blanqueo de capitales, han querido confirmar a infoLibre si están indagando en las posibles ramificaciones españolas del desfalco luxemburgués.

Una Orden Europea de Investigación es un instrumento legal, creado por una directiva de la UE de 2014 y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico nacional en 2019. Con esa resolución judicial, la justicia luxemburguesa pide a la española que lleve a cabo medidas de investigación que permitan obtener pruebas. Esas medidas pueden incluir desde la declaración de testigos hasta la identificación de los titulares de un número de teléfono, la dirección IP de un ordenador o una cuenta bancaria.

Según explica la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2023, recién publicada, el delito predominante en las OEI recibidas por España es el de estafa y, más concretamente, el fraude telemático, el 36%. En la mayoría de los casos “se solicita información bancaria, al haberse transferido las cantidades defraudadas a cuentas abiertas en entidades bancarias” abiertas en España, explican los fiscales. Además, han aumentado las suplantaciones de identidad en “la apertura fraudulenta de las cuentas, especialmente cuentas online, como consecuencia de la falta de adecuada supervisión de la aplicación de la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales por parte de los responsables de las entidades bancarias”.

La investigación abierta por la Fiscalía del Gran Ducado es por fraude, abuso de confianza, falsificación y blanqueo de capitales.

A preguntas del medio Reporter.lu, que como infoLibre pertenece al consorcio de investigación OCCRP, la Fiscalía Europea (EPPO) y la OLAF, la autoridad anticorrupción de la UE, se han negado a revelar si están investigando el caso Cáritas, a pesar de que parte del dinero robado procedía de fondos europeos, por lo que el caso sería de su competencia.

Como se sabe, la Costa del Sol es una de las zonas favoritas de la delincuencia internacional para blanquear el dinero que obtiene de forma ilícita. Todas las grandes organizaciones del crimen organizado están presentes en esa área del sur de España. De ahí que la Fiscalía de Málaga sea la segunda fiscalía provincial con más volumen y la tercera, en términos absolutos, tras la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado (UCIF) en expedientes de cooperación internacional, según destaca la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Así, Málaga registró el año pasado un total de 1.000 expedientes de cooperación internacional, 137 más que en 2022 un 9,85% más. De esos expedientes, 413 fueron OEI, un 8,03% más que en 2022. La memoria, que considera a la Fiscalía de Málaga como “uno de los puntales y referencias en España en materia de cooperación internacional”, explica que las solicitudes ejecutadas suelen estar relacionadas con “investigaciones de delincuencia organizada compleja”.

Mientras, según informa Reporter.lu, el comité de crisis de Cáritas ha creado una organización sucesora para hacerse cargo de sus actividades Luxemburgo: Hëllef um Terrain [Ayuda sobre el terreno en luxemburgués] (HUT). A partir del 1 de octubre, HUT se encargará de la acogida de refugiados o la ayuda a los sin techo, que el Estado luxemburgués había confiado anteriormente a Cáritas. A los cerca de 350 empleados en estas actividades se les ha ofrecido la oportunidad de incorporarse a HUT.

Además, este lunes, la Archidiócesis de Luxemburgo se pronunció por primera vez sobre el caso. En un comunicado de prensa, el cardenal Jean-Claude Hollerich agradeció los esfuerzos de todos los implicados, que han permitido continuar gran parte de las actividades de la “antigua” Cáritas. La archidiócesis no estará representada en HUT y dice que respetará plenamente su independencia. Al tiempo, una treintena de empleados encargados de coordinar proyectos internacionales perderán su empleo. La misma suerte correrán 70 empleados que eran responsables de los proyectos sobre el terreno, así como cientos de socios y consultores de los países afectados, como Sudán del Sur y Laos. 

El caso estalló cuando el director general de Cáritas en Luxemburgo, Marc Crochet, denunció el desfalco y, seis días después, fue detenida la directora financiera de la institución católica, Stéphanie Friob, que se ha presentado ante la policía como víctima del conocido como fraude del CEO o timo del jefe: contó que había recibido un correo de alguien que se hizo pasar por su superior y que le ordenó hacer unas transferencias urgentes. Autorizó un total de 120 transferencias a lo largo de cinco meses, desde febrero hasta julio, que no sólo dejaron a cero las cuentas de Cáritas –28 millones de euros–, sino que también dejó en manos de los ladrones otros 33 millones de créditos que la institución pidió a dos bancos de Luxemburgo, con la excusa de que eran adelantos sobre las subvenciones que iba a recibir del Gobierno. Algunas de esas transferencias alcanzaron los 500.000 euros.

La directora financiera de Cáritas fue puesta bajo vigilancia judicial en su domicilio de Bélgica, tras ser interrogada y luego imputada a principios de agosto por el juez de instrucción.

Uno de los supuestos beneficiarios de esas transferencias es una ONG turca vinculada a Cáritas, ASAM (Asociación para la Solidaridad con Solicitantes de Asilo y Migrantes), y otro es Caritas Internationalis, la matriz con sede en Roma que coordina las 160 Cáritas repartidas por todo el mundo. Pero ni una ni otra recibieron el dinero. Según la radio pública luxemburguesa Radio 100.7, que destapó el escándalo, los números IBAN no coincidían con los titulares de las cuentas.

Según ha publicado el medio digital reporter.lu, las transferencias desde Luxemburgo se hicieron “a un ritmo frenético”. Hasta siete diarias, por valor de varios millones de euros. Entre principios de febrero y mediados de marzo, salieron nueve millones de euros en una veintena de transferencias desde una cuenta de BGL BNP Paribas hasta la supuesta cuenta de Caritas Internationalis en el BBVA. Otros 52 millones se desviaron supuestamente a la turca ASAM, una ONG cuyo presupuesto, sin embargo, no supera los dos millones de euros y sólo trabaja con bancos de su propio país.

El BBVA asegura que “con anterioridad a ser informado” del fraude, el banco “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo. 

El BBVA tampoco ha querido desvelar si la Fiscalía luxemburguesa, el CSSF, el BCE o el Banco de España le han incluido en sus investigaciones y pedido información sobre las transferencias sospechosas. Ni quiere revelar si llevó a cabo la preceptiva investigación conocida como Know Your Client (KYC) a los titulares de esas 14 cuentas a las que fue a parar el dinero de Cáritas Luxemburgo. Los bancos están obligados a identificar a quienes contratan con ellos, así como a “acreditar y documentar el origen de sus fondos y su actividad económica y financiera”, tal y como repite el BBVA en su propio Código de Conducta, en cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y el fraude.

Según los expertos consultados por este periódico, lo ocurrido en Cáritas Luxemburgo no se ajusta en absoluto al patrón del fraude del CEO, que suele ejecutarse con un par de transferencias a lo sumo en un periodo muy corto de tiempo, y no con más de un centenar a lo largo de cinco meses. De ahí que los medios luxemburgueses sospechen de un golpe desde dentro: alguien en Cáritas estaba compinchado con quien quiera que urdió el fraude, u otra persona suplantó a quien o quienes tenían poderes para ordenar las transferencias. No obstante, o al menos de momento, la Fiscalía del Gran Ducado mantiene la hipótesis del fraude del CEO para explicar el insólito robo en Cáritas Luxemburgo.

El pasado 3 de mayo, el fraude que ha arruinado a Cáritas en Luxemburgo podría haber sido desenmascarado y el importe del desfalco, 61 millones de euros, reducido por lo menos a la mitad. Ese viernes, justo cuando abrían las oficinas, un empleado de Grant Thornton, la empresa que audita las cuentas de Cáritas, llamó al departamento financiero de la institución benéfica para informar de unas transferencias realizadas sin justificantes. El mensaje sembró el pánico en el departamento financiero. El correo electrónico iba acompañado de un archivo adjunto en el que el auditor pedía explicaciones sobre una serie de transferencias realizadas entre finales de enero y finales de febrero de 2024, según las informaciones del medio luxemburgués Reporter.lu, socio de infoLibre en el consorcio de medios de investigación OCCRP.

Los fondos en cuestión salieron de una cuenta en el Spuerkeess con destino a la ONG turca ASAM a través de varias cuentas sospechosas del BBVA en España. Se trata de una anomalía, ya que la ONG, colaboradora de Cáritas en la ayuda a las víctimas del terremoto de Turquía de febrero de 2023 –50.000 muertos–, sólo trabaja con bancos de su país de origen. ASAM es una de las dos organizaciones humanitarias utilizadas, sin su conocimiento, en el desfalco; la otra fue Caritas Internationalis, la matriz con sede en Roma de la institución diocesana. Ninguna de ellas llegó a ver el dinero.

Ese 3 de mayo, dos meses antes de que se descubriera el fraude, el auditor pidió explicaciones sobre los cuantiosos pagos efectuados a la organización turca. A nadie en Cáritas parecía haberle extrañado que los fondos, que hasta ese momento siempre se habían ingresado en la cuenta turca de la organización, hubieran acabado ahora en un banco en España, donde ASAM no tenía actividad ni razón de ser.

Más de cinco millones de euros, divididos en 11 pagos, fueron cargados en la cuenta del BBVA en el espacio de unas pocas semanas. Y el ritmo de transferencias se aceleró a medida que el mes de febrero avanzaba. El 29 de febrero se hicieron cuatro transferencias de algo menos de 500.000 euros. Pero fue más tarde, en junio y julio, en ausencia del director general de Cáritas Luxemburgo, Marc Crochet, cuando se produjo el desfalco masivo.

A principios de mayo de 2024, Grant Thornton está finalizando la auditoría financiera del ejercicio de 2023 de Cáritas. Faltan dos semanas para que se aprueben las cuentas en la junta general de la fundación. El auditor debe asegurarse de que no se han producido hechos significativos con impacto en las cuentas después de la fecha de cierre del 31 de diciembre de 2023. Por este motivo, uno de los empleados pregunta a la organización diocesana sobre los pagos posteriores al cierre efectuados en los primeros meses de 2024. Se trata de algo rutinario.

Pero un asistente del departamento financiero y la directora financiera entran en pánico por la incursión de Grant Thornton. Esta agitación sin precedentes es un factor que pone en duda el fraude del CEO que esgrimió la Fiscalía de Luxemburgo en su primer comunicado sobre el caso, el pasado 6 agosto.

El asunto Cáritas comenzó el miércoles 7 de febrero de 2024, a las 16.48 horas, con un correo electrónico en el que la directora del departamento financiero de Cáritas Luxemburgo recibía instrucciones desde una dirección de correo electrónico, no profesional –@gmail.com– y desconocida hasta entonces, de una persona que se hacía pasar por el director general Marc Crochet.

El supuesto director gerente menciona la inminencia de una importante transacción financiera, que debe mantenerse en la más estricta confidencialidad hasta que se anuncie de forma oficial el 21 de febrero. Y pide a la directora financiera que no haga ninguna referencia al asunto en persona o por teléfono. A las 17.01 horas, sin alertar previamente a sus superiores ni comprobar la credibilidad de estos requerimientos, la directora financiera cae en la trampa: se apresura a responder que está esperando instrucciones de su supuesto jefe. Una usurpación de identidad que el verdadero Marc Crochet no descubriría hasta julio, a la vuelta de sus vacaciones, al mismo tiempo que el desfalco que ha arruinado a la institución.

En nombre de esta misteriosa inversión prevista por una organización caritativa que no se dedica a hacer negocios comprando empresas, las cuentas de Cáritas se vaciarán en el espacio de unos meses. Señalada por su nombre en la denuncia que presentó la institución diocesana inmediatamente después de descubrirse el desfalco, la directora financiera ha hecho saber a través de su abogado que ella no es ni la autora ni la beneficiaria del fraude.

En primavera ya se habían quedado a cero las reservas financieras de Cáritas, que sumaban 28 millones de euros. Así que se abrieron negociaciones con los bancos BGL BNP Paribas y Spuerkeess para obtener líneas de crédito que endeudarán a la institución benéfica en 33 millones de euros. La directora financiera dirigió en solitario las conversaciones con estas entidades financieras. Tiene la plena confianza del comité de dirección y poderes para gestionar las cuentas bancarias.

En mayo, el motivo de la agitación en el departamento financiero de Cáritas fue que Grant Thornton había enviado su correo electrónico no sólo a la directora financiera y a su asistente, sino también, en copia, a otra empleada de la institución. Y ella no tenía ni idea de las operaciones secretas que se estaban haciendo a sus espaldas.

Las transferencias de más de cinco millones de euros realizadas durante esas semanas a la ONG turca podrían desencadenar una reacción o, como mínimo, algunas preguntas incómodas. Porque la contribución financiera de Cáritas al presupuesto de la verdadera ASAM apenas superaba los dos millones anuales.

Así que, a continuación, se hicieron enormes maniobras para comprobar que la empleada no había hecho saltar ninguna alarma tras la recepción inesperada del correo electrónico de Grant Thornton. Una asistente de la directora financiera se encarga de apagar el fuego yendo a tranquilizar en su oficina a la destinataria por error del mensaje. Al auditor se le pide un recall del mensaje –que lo recupere– pero sin ponerla a ella en el bucle. La operación de desactivación fue un éxito. La empleada está sobrecargada de trabajo. No ha tenido tiempo de comprobar el contenido explosivo del archivo que documentaba las anómalas transferencias bancarias enviadas a España.

En un mensaje enviado de nuevo el 3 de mayo al falso Marc Crochet, la directora financiera le informaba de que había tenido que facilitar a Grant Thornton el balance general hasta finales de febrero. Le preocupaba que el auditor hubiera solicitado un justificante de pago a ASAM y sugería que no se accediera a esa petición. La directora financiera también dijo que quería hablar por el móvil con el auditor sobre las problemáticas transferencias a ASAM en España. En respuesta, el supuesto director general la felicitó por su trabajo y le aseguró que se pagarían primas a los empleados que lo merecieran y que hubieran contribuido al éxito de la operación.

Al ser contactada por Reporter.lu, Grant Thornton declinó hacer comentarios sobre el episodio del 3 de mayo: “En nuestra calidad de auditores autorizados de las asociaciones sin ánimo de lucro mencionadas, estamos obligados por las disposiciones legales vigentes al secreto profesional”, declaró el socio de Grant Thornton encargado de auditar a Cáritas. También declinó revelar si las transferencias españolas a ASAM habían suscitado o no dudas sobre su legalidad, lo que habría obligado a la auditora a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (CRF) luxemburguesa.

En abril, dos semanas antes del correo enviado por Grant Thornton, la directora financiera confiesa al director general falso su preocupación por la situación financiera de Cáritas, por las primeras facturas impagadas y los retrasos en la entrega de documentos a los auditores para cerrar el balance de 2023. La directora financiera sugiere que la misteriosa inversión está lastrando la tesorería de la institución y que también supone un riesgo financiero para acabar la auditoría en el plazo previsto.

La directora financiera añade que espera reunirse pronto con un abogado parisino, supuestamente encargado de llevar a cabo la transacción financiera secreta. La operación, que en principio debía haberse cerrado y estaba previsto anunciar el 21 de febrero, no dejaba de aplazarse por motivos caprichosos. Sin embargo, el dinero para esa compra seguía saliendo de las arcas de Cáritas.

Como ha publicado Reporter.lu, el abogado con el que la directora financiera pretende comunicarse por teléfono y correo electrónico es efectivamente miembro del Colegio de Abogados de París. Pero la dirección de correo electrónico de su bufete había sido manipulada. Contactado por el medio luxemburgués, el abogado insiste en que nunca ha tenido ningún contacto con Cáritas, ni ningún caso con la institución. También le es ajeno el nombre de la directora financiera de la institución diocesana. “Puedo confirmar que nunca he estado en contacto con Cáritas Luxemburgo, a la que no conozco. Tampocoa la directora financiera. Ni yo ni nuestra empresa estamos implicados en este fraude del que nos hablan”, contestó.

La directora financiera de Cáritas fue puesta bajo vigilancia judicial en su domicilio de Bélgica, tras ser interrogada y luego imputada a principios de agosto por el juez de instrucción. Aún no se ha hecho pública ninguna información sobre un posible registro de su domicilio. Según Reporter.lu, la directora financiera entregó su teléfono móvil de trabajo y su ordenador portátil a petición de los investigadores. Por tanto, estos dispositivos deberían ofrecer pistas sobre lo ocurrido.

Los testimonios de los dos empleados del departamento financiero que llevaron a cabo las órdenes de transferencia sospechosas sin encontrar nada de lo que informar, también serán decisivos para el avance de la investigación y para descubrir la verdad. Uno de los empleados ya ha sido citado por la policía judicial y el otro deberá comparecer ante los agentes en breve.

Jean-François Boulot, fiscal adjunto del Estado que trabaja en el caso mano a mano con Max Braun, su homólogo en la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró a la cadena de radio RTL que la investigación sobre el desfalco en Cáritas es la prioridad de la fiscalía, que está haciendo todo lo posible para esclarecer el caso e intentar recuperar el dinero.

Según las informaciones de Reporter.lu, los investigadores luxemburgueses han recibido documentación de las autoridades españolas y del BBVA sobre las cuentas en España, algo que el banco no ha querido confirmar a infoLibre amparándose en la protección de datos de sus clientes. La consulta del registro nacional de cuentas IBAN puede aportar información valiosa sobre la identidad de quienes abrieron las cuentas en varias sucursales bancarias del BBVA y sobre la ruta seguida después por el dinero. Queda por ver si la fiscalía mantendrá la hipótesis del fraude del CEO, según la cual una red criminal abusó de la credulidad de la directora financiera de Cáritas, engañada por un un director gerenal ficticio.

El desfalco que ha vaciado las cuentas, y arruinado la reputación, de Cáritas en Luxemburgo tiene una significativa implicación española: los 61 millones robados pasaron por 14 cuentas del BBVA antes de perderse aún no se sabe dónde. El BCE y el supervisor financiero luxemburgués (CSSF) investigan el comportamiento de las dos entidades bancarias del Gran Ducado que permitieron las 120 transferencias realizadas a lo largo de cinco meses desde Cáritas hasta el BBVA en España. La Fiscalía luxemburguesa también indaga si se trata de un fraude, como denuncia la institución benéfica, o si, además, se puede hablar incluso de blanqueo de capitales.

“Desde luego no se ajusta al patrón del fraude del CEO”, apunta Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom) y abogado del despacho Écija Abogados. Ese es el fraude del que se han presentado como víctimas la directora financiera de Cáritas y la propia institución diocesana. “El mayor [fraude del CEO] que se ha dado en España no superó las cuatro transferencias y por importes no tan elevados”, explica. En el caso de Cáritas, las cuantías alcanzaron los 500.000 euros. Algunos días se hicieron hasta siete transferencias. Empezaron en febrero y no terminaron hasta julio de este año. De los 61 millones, 28 procedían de las reservas de la institución, pero el resto fueron préstamos que Spuerkessee y BGL BNP Paribas, los dos bancos que ordenador las transferencias, concedieron a Cáritas como adelanto de las subvenciones que ésta recibe del Gobierno del Gran Ducado.

Así que Alonso Hurtado, al igual que los medios luxemburgueses, sospecha de un golpe desde dentro: alguien en Cáritas estaba compinchado con quien quiera que urdió el fraude, u otra persona suplantó a quien o quienes tenían poderes para ordenar las transferencias. No se entiende, añade el abogado, que la directora financiera no preguntara, en persona y a lo largo de cinco meses, al superior que supuestamente le ordenaba –se supone que desde un despacho próximo– que hiciera esas operaciones, el director general de Cáritas, Marc Crochet, por el sentido de esas transferencias tan voluminosas mientras la tesorería se iba vaciando. Y que nadie en cinco meses revisara las cuentas de la institución. Fue Crochet quien interpuso la denuncia ante la policía.

“En un fraude descubierto en España, uno de los ladrones estuvo un año trabajando en la empresa víctima; por tanto conocía perfectamente cómo funcionaba, transfería cantidades más o menos habituales a otras empresas también habituales, no llamaban la atención”, recuerda Alonso Hurtado. Las salidas de fondos de Cáritas, en cambio, deberían haber hecho saltar las alarmas enseguida dentro de la institución.

En cualquier caso, es muy probable que los dos bancos luxemburgueses sean considerados responsables civiles del fraude, por no haber tomado las medidas de diligencia debida a la hora de identificar a los beneficiarios detrás de las cuentas del BBVA y no haberlas paralizado, asegura el experto en compliance. Así lo establece la directiva de servicios de pago de la UE, que sólo considera responsable al ordenante –Cáritas en este caso– si éste ha “actuado de manera fraudulenta” o ha “incumplido, deliberadamente o por negligencia grave, una o varias de las obligaciones” de seguridad.

Cuestión distinta es la posible responsabilidad del BBVA. Alonso Hurtado la considera más difícil de determinar. Así, el banco debe llevar a cabo un procedimiento conocido como Know Your Client (Conoce a tu cliente) antes de que cualquier particular o empresa contrate sus productos o servicios. Se trata de un protocolo estandarizado en todo el mundo que los bancos “cumplen siempre”, recalca el abogado.

Así que se trata de un proceso por el que debieron de pasar los clientes que abrieron las 14 cuentas adonde se desvió el dinero de Cáritas. De momento, sólo se ha hecho pública la identidad de dos: Caritas Internationalis, la matriz de la institución diocesa, con sede en Roma, y la ONG turca Asam, que tiene vínculos con Cáritas. Pero ni una ni otra recibieron el dinero, según han publicado los medios luxemburgueses.

Como establece el reglamento que desarrolla la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, los bancos deben “identificar y comprobar, mediante documentos fehacientes” quiénes son las personas físicas o jurídicas que van a ser sus clientes. Si se trata de un particular, basta con el DNI o el pasaporte, pero las sociedades, instituciones o empresas deben acreditar con documentos públicos su “denominación social, forma jurídica, domicilio, identidad de los administradores, estatutos y número de identificación fiscal”. Es decir, deben aportar documentación del Registro Mercantil. Es más, tienen que acreditar quiénes son sus titulares reales, aquellas personas físicas que poseen más del 25% del capital.

Pero el control no se queda ahí. El banco también debe pedir a sus futuros clientes información que acredite “la naturaleza de su actividad profesional o empresarial”. Incluido su volumen de negocio y el de las transacciones previas que han realizado. De forma que, si se hacen operaciones por importes mucho más elevadas, saltan las alarmas y la empresa debe explicar a qué se debe la anomalía. “En el procedimiento hay una parte automática y otra manual: todo lo que se sale de los patrones marcados, lo analizan personas físicas para comprobar si hay algo raro o no”, detalla. Además, los bancos están obligados a hacer “un seguimiento continuo” de las operaciones con su cliente, “un escrutinio” que el reglamento define como “integral”, con procedimientos de revisión periódicos.

E incluso exige medidas “reforzadas” en actividades o clientes con mayor riesgo de blanqueo de capitales, cuando, por ejemplo, las transferencias superen los 3.000 euros, los clientes no residan en España o las operaciones se realicen en “circunstancias inusuales”.

Alonso Hurtado no cree que Cáritas, por el hecho de ser una organización benéfica, ligada además a la Iglesia católica, pudiera haber recibido un trato más laxo que cualquier otra empresa o institución. Más bien al contrario. “Las ONG, fundaciones y asociaciones están sometidas a una vigilancia reforzada, porque suelen ser utilizadas para blanquear capitales: tienen menores controles regulatorios y es habitual que mantengan relaciones con países en desarrollo, con controles no tan estrictos”, advierte.

Alonso Hurtado cree que el BBVA ha cumplido con esos procedimientos. “Cuestión distinta”, precisa, “es si los autores del fraude les enviaron documentos falsos para abrir las cuentas”. O si se trataba de clientes antiguos, el banco se hubiera conformado con un KYC menos estricto del que se exige actualmente. La ONG turca Asam no ha contestado a las preguntas que sobre el caso le ha enviado infoLibre.

Además, los 61 millones de euros no estuvieron mucho tiempo en las 14 cuentas del BBVA. “Seguro que ya estaban programadas las transferencias para sacar el dinero antes incluso de recibirlo”, apunta. Los ingresos en cada cuenta debieron de salir fragmentados en transferencias más pequeñas a otras entidades. En otros casos de fraude del CEO, los receptores han sido personas físicas, mulas que se quedan con un porcentaje del dinero y transfieren el resto a los cerebros de la trama.

El BBVA asegura que tomó “medidas restrictivas” al detectar “anomalías” antes de haber sido informado desde Luxemburgo del fraude. Alonso Hurtado apuesta por el bloqueo de las cuentas. El banco no ha querido precisar a infoLibre en qué momento de los cinco meses que duró la operativa del desfalco adoptó esas medidas pero, si no lo hizo con rapidez, es difícil que haya conseguido impedir la desaparición de todos los fondos de Cáritas.

Ni el BCE ni el supervisor financiero luxemburgués (CSSF) ni el Banco de España ni el Sepblac, el organismo español contra el blanqueo de capitales, han querido confirmar a infoLibre si están investigando al BBVA por este caso o siquiera si le han pedido información.

Pero el banco que preside Carlos Torres Vila tiene su propio historial de incumplimientos. Según reconoce en su último informe anual, en 2023 resolvió 167.269 expedientes de investigación, que dieron lugar a 105.845 comunicaciones de operaciones sospechosas remitidas a las autoridades de México, Turquía, Argentina, Colombia y España. Los bancos están obligados por las leyes internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a informar a las autoridades de cualquier operación dudosa.

En ese mismo informe, el BBVA publica que el Sepblac le multó el año pasado con 4,83 millones de euros por carecer de un sistema protocolizado contra el blanqueo en sus filiales y sucursales en terceros países. Antes ya le había impuesto otra sanción de 13,12 millones por infracciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales. El banco ha recurrido ambas multas.

La mención a las filiales del banco no es casual. En 2019, su filial turca, Garanti BBVA, fue condenada en Francia con 33 millones de euros por infringir la normativa sobre blanqueo de capitales al ayudar a empresas implicadas en un fraude fiscal permitiéndoles utilizar sus servicios bancarios. Y ese mismo año, Garanti BBVA fue denunciado en Turquía por un grupo de inversores víctimas de la estafa piramidal montada por un británico que utilizó las cuentas de la entidad para robarles sus ahorros. A principios de este año, la oposición iraní denunció que la filial turca del BBVA mantenía relaciones de negocios con dos petroleras públicas del régimen de los ayatolás pese a que habían sido sancionadas por Estados Unidos. Como queda dicho más arriba, uno de los supuestos titulares de las cuentas receptoras de los fondos de Cáritas es una ONG turca.

El banco, por su parte, asegura que tiene “los protocolos y procedimientos que requiere la normativa de prevención del blanqueo de capitales y antifraude, y los aplica de manera continuada”. También destaca las “numerosas medidas de control” que implementa para asegurar que sus productos y servicios “no son utilizados con fines ilícitos”.

Nada más regresar de sus vacaciones, el pasado 16 de julio, el director general de Cáritas Luxemburgo, Marc Crochet, denunció ante la policía que la entidad diocesana había sufrido un desfalco que ha dejado sus cuentas a cero. La Fiscalía del Gran Ducado abrió inmediatamente una investigación por fraude, abuso de confianza, falsificación y blanqueo de capitales. Seis días después, fue detenida la directora financiera de Cáritas, Stéphanie Friob, que se ha presentado ante la policía como víctima del conocido como fraude del CEO o timo del jefe: recibió un correo de alquien que se hizo pasar por su superior y le ordenó hacer unas transferencias urgentes.

Pero las dudas han saltado enseguida a las portadas de los principales periódicos de Luxemburgo, donde el desfalco ha causado tal escándalo que ha hecho intervenir hasta al primer ministro. “No daremos ni un euro más a Cáritas hasta que se esclarezca la gestión de los fondos y hasta que tengamos una visión más clara de la gobernanza de la institución”, declaró Luc Frieden. “El Gobierno”, subrayó, “no confía en las estructuras actuales. Exigimos un administrador interino que sea nuestro contacto”.

La suspicacia del gobierno y de los medios luxemburgueses, que llevan días desnudando el caso, está más que justificada. Porque el robo no se ajusta en absoluto al manual del fraude del CEO. De hecho, el desfalco se llevó a cabo mediante 120 transferencias bancarias que se sucedieron entre febrero y julio de este año. Cinco meses. Por cuantías que difícilmente podían pasar inadvertidas, pues alcanzaron los 500.000 euros. Y la guinda era española: todas ellas tuvieron como destino 14 cuentas bancarias abiertas en el BBVA en España.

En algunos casos, el supuesto beneficiario era una ONG turca vinculada a Cáritas, ASAM (Asociación para la Solidaridad con Solicitantes de Asilo y Migrantes), y en otras Caritas Internationalis, la matriz con sede en Roma que coordina las 160 Cáritas repartidas por todo el mundo. Pero ni una ni otra recibieron el dinero. Según la radio pública luxemburguesa Radio 100.7, que destapó el escándalo, los números IBAN no coincidían con los titulares de las cuentas. Pero eso no fue obstáculo para que los dos bancos emisores, los luxemburgueses Spuerkeess y BGL BNP Paribas, hicieran las transferencias. Ni para que el BBVA, a su vez, permitiera a los beneficiarios de las 14 cuentas receptoras mover 61 millones de euros a no se sabe dónde.

Es más, de esa cantidad, 28 millones procedían de las reservas financieras de Cáritas Luxemburgo, pero el resto fueron préstamos, líneas de crédito que Spuerkeess y BGL BNP Paribas abrieron a la institución diocesana, supuestamente como adelanto de las subvenciones públicas que iba a recibir, pero que terminaron igualmente en las cuentas de los ladrones en España.

De forma que, además de la Fiscalía, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y el Banco Central Europeo (BCE) están investigando el caso. También la propia Cáritas ha encargado una auditoría a un comité de crisis y a PriceWaterhouseCoopers.

A preguntas de infoLibre, el BBVA asegura que “con anterioridad a ser informado” del fraude, el banco “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo. Y se remite al Banco de España, que en su Memoria de Reclamaciones de 2022 establece que es el ordenante quien debe comprobar el IBAN. Además, la orden de pago no se puede revocar.

El BBVA tampoco quiere desvelar si la Fiscalía luxemburguesa, el CSSF, el BCE o el Banco de España le han incluido en sus investigaciones y pedido información sobre las transferencias sospechosas. Ni quiere revelar si llevó a cabo la preceptiva investigación conocida como Know Your Client (KYC) a los titulares de esas 14 cuentas a las que fue a parar el dinero de Cáritas Luxemburgo. Los bancos están obligados a identificar a quienes contratan con ellos, así como a “acreditar y documentar el origen de sus fondos y su actividad económica y financiera”, tal y como repite el BBVA en su propio Código de Conducta, en cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y el fraude.

Respecto a las medidas restrictivas que el BBVA podía adoptar sobre las 14 cuentas sospechosas, el Banco de España cita algunas de las posibles: cancelar la operación, cerrar la cuenta, bloquearla, ordenar “restricciones operativas” e incluso cancelar todas las posiciones del titular en el banco, añaden las fuentes bancarias consultadas. Según apuntan, incluso se está empezando a utilizar la Inteligencia Artificial para identificar posibles irregularidades, lo que permite detectarlas con mayor rapidez.

El banco que preside Carlos Torres Vila tampoco ha querido contestar si ha abierto algún tipo de investigación interna sobre este asunto y si sospecha de que los desfalcadores contaron con ayuda interna de algún empleado del banco para sortear los protocolos de seguridad. [En la caja negra al final de esta información infoLibre reproduce las preguntas que envió al BBVA y éste no ha respondido].

Según ha publicado el medio digital reporter.lu, las transferencias desde Luxemburgo se hicieron “a un ritmo frenético”. Hasta siete diarias, por valor de varios millones de euros. Entre principios de febrero y mediados de marzo, salieron nueve millones de euros en una veintena de transferencias desde una cuenta de BGL BNP Paribas hasta la supuesta cuenta de Caritas Internationalis en el BBVA. Otros 52 millones se desviaron supuestamente a la turca ASAM, una ONG cuyo presupuesto, sin embargo, no supera los dos millones de euros y sólo trabaja con bancos de su propio país.

Reporter.lu también revela que Caritas Luxemburgo consiguió que BGL BNP Paribas le ampliara al menos dos préstamos de emergencia por importe de 16 y siete millones de euros utilizando como garantía las subvenciones que le concede el Estado luxemburgués.

El primer ministro, Luc Frieden cifró en 45 millones de euros el dinero que Cáritas recibe cada año del Gran Ducado por servicios como la gestión de instalaciones de acogida para refugiados, personas sin hogar, mujeres y enfermos mentales. También lleva a cabo proyectos humanitarios en Siria, Ucrania, Mali, Sudán del Sur o Laos a cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores luxemburgués. “Cáritas emite facturas que pagamos una vez hemos comprobado que se han prestado los servicios. Desde principios de año se han pagado 21 millones de euros, y sólo por servicios que se han llevado a cabo”, explicó a los periodistas tras saltar el escándalo.

Ahora todos esos servicios corren peligro. También los salarios de los 500 trabajadores de Cáritas en Luxemburgo, que sólo están garantizados hasta este mes de agosto. El cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, se ha limitado hasta ahora a publicar un comunicado en el que expresa su “profunda indignación” por el “escandaloso desvío” de fondos que “afecta a una organización católica cuyo objetivo es ayudar a los necesitados en el Gran Ducado y en el extranjero”.

Mientras la policía y los supervisores financieros investigan, los medios luxemburgueses no dejan de destapar los problemas de gobernanza que sufren tanto la propia Cáritas como los bancos implicados. Una tara fundamental para una institución que depende para financiarse de donaciones de particulares y de empresas, subvenciones públicas e incluso fondos de la Unión Europea.

Radio 100.7 asegura que el departamento financiero de Cáritas ya tenía problemas antes de que estallara el escándalo, por lo que el año pasado se encargó una auditoría a un consultor externo. Varios empleados abandonaron el departamento, mientras la directora financiera restringía el acceso de otros a la contabilidad. Según reporter.lu, eran cuatro las personas del comité de gestión, incluida Stéphanie Friob, que tenían poderes para operar con las cuentas bancarias de Cáritas. Friob, que se entregó a la policía el 20 de julio, se encuentra desde entonces bajo arresto domiciliario. Pero los investigadores buscan otros coautores o cómplices, en Cáritas y en los bancos, que pudieran haber ayudado en el desvío de los 61 millones de euros.

El Gobierno de Luc Frieden se ha comprometido a presentar en septiembre un plan de crisis que garantice el mantenimiento de los servicios sociales hasta ahora cubiertos por Cáritas. Precisamente cuando el papa Francisco tiene previsto visitar Luxemburgo, concretamente el día 26.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que afirma que la conversión judicial "automática" de los trabajadores interinos en indefinidos no es una medida que pueda derivarse "en ningún caso" del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), de 22 de febrero, y resulta "incompatible" con el sistema español de Administración Pública, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, según ha informado Europa Press.

La sentencia del Supremo, que parte de un recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la Junta de Castilla y León, señala asimismo que "tampoco se deriva" del fallo europeo "una radical igualdad entre el régimen jurídico de los trabajadores fijos y de los temporales", pues la directiva europea 1999/70/CE permite, en su cláusula cuarta, un trato diferente entre temporales y fijos por razones objetivas.

El TJUE dictó el pasado mes de febrero una sentencia en la que denunciaba que la legislación española no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal y planteaba, como solución, hacer fijos a los trabajadores afectados.

El Supremo, en este fallo, deja claro que no puede interpretarse que esta sentencia implique una conversión judicial automática de los trabajadores indefinidos no fijos en trabajadores fijos porque ello sería "incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública -que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la Función Pública- y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente".

Con esta sentencia, el Alto Tribunal estima el recurso de casación presentado por la Junta de Castilla y León contra un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad que declaraba el derecho de una trabajadora indefinida no fija, auxiliar de enfermería en una residencia, a ser admitida en un concurso de traslados pese a no tener la condición de fija.

Este fallo del TSJ de Castilla y León fue recurrido por la Junta ante el Supremo, alegando la contradicción que existía entre la sentencia recurrida y otra dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 2019, en la que se denegaba el derecho de una trabajadora indefinida no fija a participar en un concurso de traslados.

El Alto Tribunal aprecia contradicción entre ambas sentencias, pues se trata en ambos casos de trabajadoras con contratos laborales, indefinidos no fijos, que prestan servicios en un organismo público, y que solicitan participar en un concurso de traslados. Mientras que la sentencia recurrida estimaba el recurso de la trabajadora y la posibilidad de que participara en el concurso, la sentencia de contraste, la de Extremadura, se la denegaba. En ambos casos rigen sendos convenios colectivos que limitan la participación en este tipo de concursos al personal laboral fijo.

Para el Supremo, la adscripción del personal temporal a un puesto de trabajo concreto, "conectado inevitablemente" con una causa de temporalidad, algo también aplicable a los indefinidos no fijos, "constituye elemento objetivo suficiente" que impide la equiparación entre trabajadores fijos y trabajadores temporales en los supuestos de traslado.

En su opinión, respecto de la exigencia legal de equiparación entre personal fijo e indefinido no fijo, el Tribunal Supremo subraya que la diferencia más trascendente entre ambos para el acceso a una plaza fija consiste en que este tipo de personal está prestando servicios en el ámbito público sin haber ingresado a través de un procedimiento en el que se hayan garantizado los principios de igualdad capacidad y mérito, tal y como exige la Constitución española.

"El indefinido no fijo lo es porque su ingreso en la Administración o en la empresa pública para un puesto de trabajo fijo se ha producido sin haberse seguido un proceso selectivo para su incorporación basado en los constitucionales principios de igualdad, capacidad y mérito. Principios que se insertan en el núcleo básico de la regulación de la organización y funcionamiento de las administraciones públicas españolas, en garantía del principio de igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución", expone.

Para el Supremo, tal diferencia puede considerarse "como una circunstancia objetiva y razonable que apoye lícitamente la exclusión del personal indefinido no fijo del concurso de traslados previsto en el convenio colectivo y excluya cualquier atisbo de discriminación en contra de tal tipo de trabajadores".

En este sentido, recuerda que el Tribunal Constitucional ha defendido "reiteradamente" que el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la Constitución "no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica", de manera que "no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el citado precepto constitucional, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales".

Así, el Supremo subraya que lo que prohíbe el principio de igualdad "son las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables".

"También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. En resumen, el principio de igualdad, no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un "juicio de proporcionalidad" en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida", argumenta.

“El último escándalo de Orpea: los oscuros negocios con una trama societaria oculta en Luxemburgo”. Así titulaba infoLibre, en mayo de 2022, una información sobre un holding llamado Lipany y formado por más de 40 compañías que ayudaron a la expansión del grupo de residencias por media Europa. Un año y medio después, fuerzas policiales de de seis países han realizado registros en busca de pruebas sobre actividades presuntamente delictivas ejecutadas a través de dicha trama.

La amplia operación transfronteriza tuvo lugar en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia y Portugal los pasados días 11 y 12 de enero, a petición de las autoridades galas. La Fiscalía de Nanterre –localidad al oeste de París– es la que investiga la comisión de hasta cinco presuntos delitos: fraude, apropiación indebida de activos empresariales, blanqueo de capitales, corrupción y abuso de confianza.

Ochenta y cuatro agentes franceses llevaron a cabo registros e interrogatorios junto con sus homólogos europeos. No se ha facilitado información sobre la ubicación exacta de los registros.

Las actividades de Lipany fueron desveladas por el consorcio periodístico Investigate Europe, en una investigación en la que participó infoLibre.

Un fiscal implicado en el caso confirmó a Investigate Europe que los registros se refieren, al menos en parte, al holding secreto luxemburgués Lipany, que había sido creado por algunos de los principales directivos del grupo de residencias.

Por su parte, un portavoz de Orpea declaró que “el grupo está cooperando plenamente con las autoridades”.

Las redadas policiales no afectaron a España, donde Orpea es el segundo mayor grupo de residencias de mayores, solo por detrás de DomusVi. En la Comunidad de Madrid, Orpea es la empresa líder del sector. En el conjunto de España gestiona más de 50 centros residenciales.

Cuando los periodistas de Investigate Europe contactaron a Orpea, antes de publicar la información en mayo de 2022, un portavoz del grupo admitió que algunas de las conclusiones de la investigación periodística coincidían con una denuncia formal contra "personas anónimas" que Orpea acababa de presentar. Dicho portavoz añadió que, dos semanas después de recibir las preguntas de Investigate Europe, Orpea había despedido a Sébastien Mesnard, antiguo director financiero del grupo y uno de los implicados en Lipany.

Descrito como un posible "vehículo de blanqueo de capitales y corrupción" por una fuente cercana a la investigación, Lipany amasó activos por valor de casi 100 millones de euros, en su mayoría propiedades vinculadas a Orpea en Italia, Francia, Bélgica y, en menor medida, Alemania.

Lipany es propiedad oficial de Roberto Tribuno, antiguo jefe de Orpea en Italia. La mayoría de las filiales y actividades del holding también implicaban estrechamente a Sébastien Mesnard.

La investigación periodística detalló cómo la pareja utilizó Lipany y su laberinto de filiales para operaciones dudosas. En Francia, encubrieron el pago de una comisión secreta de 700.000 euros a un intermediario y registraron información fiscal falsa en los estados financieros de al menos 14 empresas vinculadas a proyectos de Orpea. En Italia, burlaron las normas del IVA y vendieron sistemáticamente residencias de Orpea a Lipany, con lo que el grupo pagaba luego alquileres al holding luxemburgués.

Posteriores revelaciones de Investigate Europe e infoLibre mostraron que, en julio de 2022, Orpea prometió nuevos fondos a su socio luxemburgués casi sin intereses, en un esquema que involucraba a Mesnard, a pesar de que oficialmente había sido despedido dos meses antes. En 2023, Orpea también compró varias propiedades francesas a Lipany por una cantidad no revelada y le cedió la supervisión de dos instalaciones en Italia.

Tanto Mesnard como el ex consejero delegado del grupo Yves Le Masne se encuentran en prisión preventiva desde junio de 2023. También se está investigando a un tercer exdirectivo.

Orpea, que gestiona 1.000 centros médicos en todo el mundo, está sumido en una grave crisis desde la publicación en enero de 2022 de Les Fossoyeurs (Los sepultureros), un libro en el que se describen pautas de maltrato a los pacientes en las residencias del grupo. Las autoridades francesas recibieron decenas de denuncias de familiares de residentes por negligencia grave e incluso homicidio. En diciembre de 2023, el Estado francés adquirió una participación mayoritaria en la endeudada empresa como parte de un rescate de 605 millones de euros con fondos públicos.

"Es chocante, sí. Más que sorprendente, porque sabemos que esto existe, es chocante. Actúan a las claras, sin disimulo".

Quien así habla es Miguel Alba, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, tras darse un rápido paseo por la oferta digital offshore disponible en España. A golpe de clic, uno puede montarse desde España, con unas pocas y sencillas gestiones y asistido telemáticamente, una compañía en una jurisdicción considerada paraíso fiscal por la UE y la Hacienda nacional. Sí, es como suena. Empresas privadas ofrecen servicios de constitución de compañías en jurisdicciones offsore, es decir, en el extranjero, a menudo en territorios de tributación, cooperación y transparencia bajos. Los principales alicientes están claros: pocos impuestos y mucha discreción. Se trata, subrayan empresas prestadoras de estos servicios, de una práctica legal de elusión fiscal, no de evasión.

Foster Swiss, con oficinas centrales en Ginebra (Suiza) y un cuadro de dirigentes donde se destacan las carreras en Credit Suisse, presume de ser "una de las consultoras más activas en la creación de empresas offshore a nivel internacional", con más de 10.000 clientes sobre todo en Latinoamérica y Europa, incluida España. Ofrece servicios de apertura de sociedades y cuentas bancarias en más de 120 países, entre ellos Seychelles, Vanuatu y Samoa, todos ellos destinos que figuran en el listado de "países y territorios no cooperadores a efectos fiscales" de la UE y también en el catálogo de "jurisdicciones no cooperativas de la Agencia Tributaria". Otras opciones, fuera de los listados oficiales pero en el punto de mira de las asociaciones por la justicia fiscal, son Andorra, Delaware –Estado norteamericano donde hay más empresas que habitantes–, Luxemburgo y Suiza.

Con un capital muy bajo o incluso sin capital, estas firmas son ideales para fondos de inversión o sociedades de comercio electrónico. Foster Swiss expresa a las claras los alicientes. "¡Pagar menos impuestos merece la pena!", proclama en su web, que recuerda que las sociedades en los territorios y jurisdicciones offshore están exentas del impuesto sobre sociedades, sobre beneficios y dividendos, sobre sucesiones y sobre actividades económicas. Y afirma, promocionando sus servicios de "planificación holding": "Si IKEA o APPLE paga CERO impuestos, su empresa también puede". ["En IKEA cumplimos escrupulosamente con todos nuestros compromisos fiscales, que son, además, una de nuestras principales vías de contribución allá donde estamos presentes", señala la multinacional de origen sueco y remite a dos enlaces: aquí y aquí. Apple no respondió al mensaje de infoLibre].

La compañía suiza insiste en que todo es "totalmente legal", porque no se trata de "evasión", sino de "elusión fiscal", es decir, de "aprovechar todos los recursos legales para pagar menos impuestos". Aquí, aclara Foster Swiss, no hay "lavado de dinero". "La elusión fiscal se puede lograr por medios legales, siempre y cuando se cumplan las leyes y tratados existentes", señala. Entre las obligaciones que Foster Swiss especifica está la de "notificar a las haciendas locales la constitución de una sociedad y la apertura de una cuenta bancaria". Así evitaremos "encontrarnos con sorpresas", subraya.

En declaraciones por escrito a infoLibre, el director general, Manuel García, insiste en que todo es "absolutamente legal" y apunta el dedo acusador contra las grandes empresas, mencionando a Google, Microsoft e Ikea, que "sangran a las arcas del Estado" en "connivencia con los gobiernos", algo que no está al alcance de las empresas pequeñas y medianas. Sobre el ofrecimiento de destinos offshore en las listas de la UE y España, el directivo de Foster Swiss afirma: "Sí, obviamente, muchos de ellos lo están pero hay que entender qué significa esto, qué lobbies internacionales son los que marcan las directrices". A su juicio, la falta de "peso internacional" de España hace que acepte listas negras con destinos que excluyen a países como Holanda o Luxemburgo, de facto "paraísos fiscales y no cooperadores".

Offshore Company Corp, compañía con oficina principal en Hong Kong y presencia en Estados Unidos, Lituania y Vietnam, también ofrece la constitución de sociedades en jurisdicciones incluidas en los listados oficiales europeo y español, como es el caso de Seychelles. ¿Alicientes? "Los detalles de los accionistas y beneficiarios finales no están sujetos a divulgación pública. No pague impuestos, derechos de timbre u otros impuestos recaudados en Seychelles", recoge la propia promoción de los servicios de la compañía. Offshore Company Corp no responde a la comunicación remitida por infoLibre.

Si responde en cambio Foster Swiss, para quien su oferta offshore permite que se "democratice" una práctica que –según se concluye de sus respuestas– es el pan nuestro de cada día de la élite empresarial. "Nunca ha existido ninguna empresa cotizada en el IBEX que no cuente con decenas de empresas de ésta índole", asegura su director, Manuel García. Y añade: "Hoy en día es una opción para cualquier pequeño y mediano empresario español".

"Actualidades: lo que revelan los 'Paradise papers' y por qué es una buena cosa", se lee en la web de Merrit Middle East, compañía radicada en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, una escisión del grupo de Hong Kong Merrit. Se dedica a crear sociedades offshore en Emiratos, una de las más ricas petromonarquías árabes, para actuar como empresas de importación-exportación, consultoría, asesoría o cabeza de holding.

La sociedad, aclara Merrit, no puede tener actividad en Emiratos, aunque sí cuenta bancaria, y entre sus alicientes están: "Ningún impuesto: no hay impuesto de sociedades, no hay retención, no hay IVA. No hay intercambio de información con el extranjero". Más: "Los Emiratos no pondrán nunca problemas a nivel jurídico y fiscal para sus clientes y socios". De nuevo, la compañía –que no responde a las preguntas de infoLibre– defiende el carácter legal de su actividad, al tiempo que advierte a sus posibles clientes de que deberá responder a "ciertas preguntas" sobre la actividad de la sociedad en Emiratos, que no está en la lista negra de la UE ni de España pero sí de la organización Tax Justice Network.

En cuanto a Panamá, está en la lista europea, no en la española. Legal Solutions Panama, firma con sede en Panama City y oficina en Madrid, ofrece la apertura de empresas offshore en dicho país centroamericano sin moverse de España. ¿El gancho? "Cualquier profesional o pyme con beneficios superiores a 30.000 dólares puede beneficiarse de una sociedad offshore con una reducción de costes de hasta el 75%".

Preguntada por los requisitos para la legalidad, la directora general, Kathia Rivera, responde: "Esta es una muy buena pregunta, toda vez que es verdad que las personas piensan que tener una sociedad fuera de España es ilegal, cosa que no es así. Como ciudadanos tenemos el derecho de constituir una empresa en cualquier país del mundo, siempre que cumplamos los requerimientos que nos exijan las leyes del país en el cual residimos y tenemos nuestra residencia fiscal".

Rivera afirma que los conocidos papeles de Panamá, o Panama papers a nivel internacional, "hicieron mucho daño a nuestra actividad y prueba de ello fue el decrecimiento sistemático, durante los años siguientes, de la inscripción de sociedades en Panamá". "No fue justo que a la investigación se le denominara Panama papers, ya que no sólo se trataba de la filtración de documentos de una firma ubicada en Panamá, sino que lo realmente llamativo es que la firma panameña creaba las sociedades principalmente fuera de Panamá, en otros paraísos fiscales. Es decir, las sociedades estaban creadas en su gran mayoría en otras jurisdicciones [como] Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles, y si sumamos todas las sociedades offshore que fueron creadas en estas jurisdicciones, podemos afirmar que sobrepasan, con creces, las creadas en Panamá. Por tanto, Panamá no es el mayor paraíso fiscal mundial como se ha querido transmitir a raíz de los Panama papers", añade Rivera, que reivindica las medidas introducidas tras el escándalo para para evitar la llegada de "fondos opacos". "Vienen mejores días para Panamá. No perdemos la esencia pero sí establecemos mecanismos que nos alejan de proteger blanqueadores, personas políticamente expuestas y terroristas", concluye la directora de la compañía, única empresa latinoamericana en la feria de servicios jurídicos Expo Spain Legal 2022, celebrada en Madrid.

LABE, con más de treinta años de experiencia y sede en el Paseo de la Castellana, en Madrid, es un despacho de abogados dedicado –entre otras tareas– a la constitución de empresas offshore, que según la propia firma tienen como "beneficios" la reducción de impuestos –"optimizar fiscalidades"–, la privacidad y la protección de activos ante demandas, embargos y otras acciones legales. "En general, es legal tener una sociedad offshore. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes fiscales de diferentes países pueden diferir en cuanto a cómo se tratan", señala la compañía, que no responde a las preguntas de este periódico.

Desde la Agencia Tributaria, fieles a su máxima de no comentar casos concretos, se limitan a enmarcar legalmente la cuestión, sin nombrar ni valorar la actividad de ninguna empresa. "Las sociedades offshore, que es un concepto anglosajón sin traducción jurídica concreta en España, se rigen por la normativa mercantil y de toda índole del país donde se constituyen. A efectos de España, lo obligado es la adecuada declaración de todas sus rentas por parte del contribuyente español. Y para ello analizar el uso que se da a esa sociedad constituida en el extranjero. La Administración Tributaria puede utilizar los sistemas de intercambio de información internacional".

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, afirma que una clave legal está en acreditar que hay un "motivo legítimo" para montar la sociedad y que no es "una pantalla" e insiste en la necesidad de dotar a las administraciones de normas y herramientas para evitar que las jurisdicciones offshore acaben sirviendo para propósitos indebidos. ¿Como cuáles? Según Mollinedo, entre estos –que no atribuye a ninguna compañía en concreto– está la posible ocultación de activos o ingresos tributables en España, posibles tarjetas para tener acceso a dichos activos, el posible uso de sociedades tapadera para desplazar beneficios al extranjero, incluyendo la posible utilización de "facturas ficticias o cobrando de más (o de menos) en transacciones entre entidades afiliadas”. Tomando como referencia los criterios de la OCDE, Mollinedo cita como el posible mecanismos de defraudación de "mayor sofisticación" la creación por parte de multinacionales y entidades financieras de estructuras que desplazan "artificialmente" sus ingresos hacia jurisdicciones de baja tributación y gastos hacia jurisdicciones de alta tributación".

Se consulte donde se consulte, la respuesta sobre la legalidad es siempre la misma: es legal, siempre que... Es decir, si se cumplen unos requisitos. "Crear sociedades offshore no es ilegal. Tampoco lo es tener dinero en paraísos fiscales, pero sí podría llegar a serlo si su creación se produce para ocultar patrimonio (con ánimo de eludir el pago de impuestos), o la procedencia ilícita de un capital", explica la gestoría Ficotec. Obviamente, prácticas así hay que demostrarlas, no van de suyo con la mera constitución de la sociedad. Añade Ficotec en su web: "Si bien las sociedades offshore no tributan en el país en el que se domicilian, los activos y bienes con los que operan sí deben haber liquidado los correspondientes impuestos en el país en el que se originaron". Ese es el abecé de la mecánica. Pero Ficotec enciende la alerta: "La práctica nos indica que a través de estas sociedades opacas se pueden realizar múltiples operaciones económicas que se ocultan a la Administración", entre ellas "impago de impuestos y blanqueo de capitales". Ficotec afirma que para prevenir el delito el elemento fundamental es la "información", precisamente la madre del cordero.

ILP Abogados, en un apartado de su web con información que orienta a quien esté pensando en montar una sociedad offshore, recuerda obligaciones básicas para hacerlo dentro de la normativa, como las impuestas por la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que establece que las empresas españolas que tengan filiales en países o territorios calificados como paraísos fiscales deben declarar y tributar por las rentas obtenidas allí, o la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que fija que las entidades financieras deben informar a la Agencia Tributaria sobre las operaciones "sospechosas" que realicen con empresas offshore.

Para Miguel Alba, de Oxfam Intermón, el gran problema está en que, más allá de las obligaciones fijadas en la letra legal, las empresas offshore se deben básicamente a las reglas del país en el que se forman, que por su propia naturaleza suele ser laxa, y se benefician de lo que a su juicio es el gran déficit: la "falta de gobernanza global" a nivel fiscal. "Los movimientos transnacionales de capitales trascienden la soberanía de los Estados. Nosotros reclamamos que sea la ONU la que asuma a papel, como también que los listados [de paraísos fiscales] sean mucho más ambiciosos de lo que son ahora".

"Pero, ¿y esto es legal?". La pregunta surge ante la lectura de la información publicada por infoLibre y titulada así: Un grupo controlado desde las Islas Caimán gestiona casi la mitad de los pisos del plan de alquiler de Ayuso. Y la respuesta, una vez analizada la legislación y recabadas opiniones de expertos, es que a priori sí. "¿Y no se puede hacer nada?". Aquí la respuesta se complica. Sí, en teoría se podría, al menos para dificultarlo. Pero hacerlo con garantías exige reformas legales que llevarían a una batalla judicial con las empresas afectadas. Mientras estas reformas no se llevan a cabo, el margen para intentar evitar situaciones como la desvelada por este periódico se reduce al mínimo.

El contraste está servido. Por un lado, una estructura empresarial con presencia en territorios de escasa o nula tributación y cooperación judicial. Por otro, un acuerdo con la Administración, la misma que tiene entre sus cometidos la recaudación fiscal. Y no tiene por qué ser un contrato lo que marca el contraste. Puede ser también una ayuda pública. Un ERTE, por ejemplo. De hecho, en España el debate se abrió en 2020, precisamente por los ERTE. Era otro contexto. La pandemia de covid-19 parecía haber anulado certezas inmutables. Se hablaba de desglobalización, de reindustralización, de intervencionismo... Y de excluir de los beneficios del Estado a empresas en paraísos fiscales.

Con el trauma económico acompañando al golpe sanitario, a los desbordados gobernantes les quedaba al menos alzar banderas de solidaridad con el pueblo sufrido. Y no había figura que encarnase mejor la insolidaridad que un paraíso fiscal. Así que se desató una especie de carrera. Empezó Dinamarca, que introdujo en un paquete de ayuda por valor de 13.400 millones de euros una enmienda que vetaba el acceso a empresas en paraísos. Ideas similares se extendieron por Francia, Italia, Polonia, Holanda, Bélgica, Austria... Y España.

Aquí la ola no llegó con excesiva fuerza, pero llegó, en parte por el empeño de Más País. El decreto-ley de mayo de 2020 de defensa del empleo recogía lo siguiente: “Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en [...] paraísos fiscales [...] no podrán acogerse a los ERTE”. Desde su misma publicación hubo dudas sobre su utilidad por dos motivos: 1) Los listados español y europeo de paraísos fiscales dejaban –y dejan– fuera buena parte de los territorios problemáticos. 2) Quedaba abierta una gatera para empresas con filiales o matrices en territorios de baja tributación. Aunque es difícil cuantificar el impacto exacto de la medida –una empresa podría autoexcluirse de la convocatoria al conocer el decreto–, todo apunta a que fue cero o irrelevante. infoLibre preguntó esta semana al Ministerio de Trabajo (Sumar), sin respuesta.

Al menos aquella iniciativa dejó un rastro. Y lo siguió Mònica Oltra. En 2021, la entonces vicepresidenta del Govern de la Comunitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas recogió el testigo al anunciar su propósito de vetar la contratación para gestionar residencias de mayores a compañías que "operen" en paraísos fiscales. Oltra entraba en un área clave: la investigación publicada por infoLibre sobre la gestión de las residencias ha evidenciado la pertenencia de algunas de las principales empresas del sector a estructuras societarias que pasan por jurisdicciones como Luxemburgo o Jersey.

Una vez pasado a la letra pequeña, el anuncio de Oltra se concretó en un decreto que establecía que la adjudicataria de un contrato debía comprometerse "a evitar la evasión fiscal en el marco de la prestación contractual, así como a garantizar la correcta tributación de las rentas derivadas del contrato". La fórmula establecida para hacerlo es la "declaración responsable". ¿En qué ha quedado aquello? La actual Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Comunitat Valenciana asegura que dicha declaración "nunca llegó a introducirse en las licitaciones" porque hubo informes jurídicos que concluyeron que "contraviene la Ley de Contratos del Sector Público", explica dicho departamento [ver aquí la respuesta completa]. No obstante, Compromís cita una licitación en 2022 para la construcción de una residencia, un centro de día y tres viviendas tuteladas en cuyo pliego venía un anexo con la declaración responsable [ver aquí la respuesta completa y aquí el pliego con el citado anexo en la página 88].

Un funcionario autonómico afirma que la cláusula valenciana "es novedosa", pero que "básicamente consiste en que la empresa diga lo obvio, que cumple la ley". Y añade que el hipotético impacto de las declaraciones responsables, aun siendo un intento de "abrir camino", queda lejos de lo que recogieron algunos titulares al anunciarse la medida, cuando se leyó que "Oltra prohíbe que empresas que operan en paraísos fiscales puedan gestionar residencias" o que "El País Valencià excluirá a empresas que operen en paraísos fiscales de la gestión de residencias de mayores". "Eso es mucho decir. Lo máximo que se puede afirmar es que la declaración lanza un mensaje interesante, que exige a las empresas un gesto de buena voluntad y que, si hay después un trabajo de supervisión, aporta transparencia", añade el citado funcionario.

Lo cierto es que el Gobierno de la Comunitat Valenciana no tenía margen para llevar mucho más lejos sus pretensiones, según los especialistas consultados. Porque cualquier iniciativa para limitar el acceso a fondos públicos a empresas vinculadas a paraísos fiscales se enfrenta a dos obstáculos. El primero, la propia definición –o más bien indefinición– de "paraíso fiscal", lo que afecta a los listados sobre los mismos. La UE trabaja con un listado de 16 "países y territorios no cooperadores a efectos fiscales" y la Agencia Tributaria con otro de 24 "jurisdicciones no cooperativas". Aunque el listado español pone el listón más alto –en el de la UE ni siquiera está Islas Caimán–, lo cierto es que ni en uno ni en otro hay países de la propia UE. Esto, que puede parecer lógico, supone a juicio de grupos como Tax Justice Network (TJN) un corsé que hace inviable una acción eficaz.

El informe de TJN El eje de la evasión fiscal estima que los Estados de la UE pierden más de 24.700 millones/año en impuestos de sociedades por esquemas fiscales que pasan por Luxemburgo, Países Bajos –ambos en la propia UE–, Suiza y la red de Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona de Reino Unido. “Las jurisdicciones que figuran en la lista negra de la UE causan menos del 2% de las pérdidas fiscales mundiales”, concluye otro informe de Tax Justice Network, cuyo listado de los diez paraísos fiscales más dañinos sí incluye a Países Bajos, Suiza y Luxemburgo.

Tove Maria Ryding, coordinadora de fiscalidad de la European Network on Debt and Development (Eurodad), sitúa el listado de la UE como cogollo del problema. "La UE no puede, debido a las normas de unanimidad de la UE para decisiones fiscales, criticar a los Estados miembros de la UE. También se ha mostrado muy reacia a criticar a los grandes países de la OCDE que tienen prácticas nocivas, como Suiza", explica Ryding, que incluye a Irlanda junto a Luxemburgo y los Países Bajos en el listado de países de la UE con "prácticas fiscales perjudiciales". La lista de la UE, añade, es "una broma", porque los países que la integran son "irrelevantes".

infoLibre preguntó a Eurodad se le constaba que en países de la UE se hubieran consolidado medidas de limitación de acceso a contratos, convenios o ayudas para empresas vinculadas directa o indirectamente a paraísos fiscales, haciendo firme la idea surgida con el covid-19. La "respuesta rápida y sencilla" es que no, señala. "Es muy cierto que hubo intentos en este sentido durante la pandemia, pero quedaron varados", añade.

Esta respuesta vale no sólo para los países europeos que Eurodad llama paraísos fiscales, sino también para jurisdicciones consideradas así oficialmente. Lo demuestra el caso de España, donde hay empresas con contratos con la Administración que forman parte de estructuras que pasan por jurisdicciones que la propia Agencia Tributaria considera "no cooperativas". Por ejemplo, las Islas Caimán.

¿Cómo ocurre algo así? Aquí llegamos a otro obstáculo. Si el primero eran los listados, el segundo es la legislación. Sus lagunas, más bien. La directiva europea sobre contratación no recoge la posibilidad de establecer prohibiciones ni criterios de valoración que no tengan relación con la ejecución del contrato. En cuanto a España, la ley obliga a estar al corriente con Hacienda, pero no permite negar el acceso a la contratación pública por dónde se tributa, cuánto menos por dónde tributa una filial o una matriz, siempre que sea legal. Todo ello deja "un margen escaso", explica Santiago Lesmes, abogado especialista en derecho administrativo. "Tenemos un problema jurídico de base: la elusión fiscal –no la evasión, la elusión– es legal".

A juicio de Lesmes, combatir el problema exigiría una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para dejar fuera a las empresas que practiquen la elusión y una ampliación del listado de jurisdicciones opacas o no cooperativas. Pero aquí apunta a un quid: "Eso perjudicaría a la inmensa mayoría de compañías del IBEX 35, que tienen filiales en paraísos fiscales y son contratistas de la Administración". Lesmes cita a Oxfam Intermón, que en un informe de 2023 analiza 24 empresas que han cotizado en el IBEX para concluir que sólo dos, Endesa e Indra, no tienen ninguna filial en paraísos fiscales, categoría en la que Oxfam incluye a Luxemburgo e Irlanda, pero también otras jurisdicciones como Islas Caimán, Barbados o Jersey, que la propia Agencia Tributaria recoge en su lista. El destino preferido del IBEX es Delaware, que no figura en el listado de la UE ni de la Agencia Tributaria a pesar de que hay un dato que hace sospechar seriamente de su condición: tiene más empresas que habitantes.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Julio González coincide con Lesmes en que introducir reformas eficaces en listados y normas "perjudicaría al IBEX". A su juicio, ahí está la clave de que, durante la tramitación de la ley en 2017, el PP tumbara las enmiendas en este sentido PSOE, Podemos y ERC, como recuerda en este artículo. "Pero ahora, con la actual mayoría, tampoco se está impulsando esa reforma", recalca.

González recuerda cómo, a raíz del cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos, hubo voces que reivindicaron su exclusión de la contratación pública. "Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces, que sea Países Bajos y no España los que les den contratos de obra pública, ¿no? El dinero público español mejor invertirlo en contratos con empresas que pagan sus impuestos aquí", declaró el entonces portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Aquel propósito no se concretó. Parece lógico: se antoja difícil que España, un miembro de la UE, pudiera vetar a una empresa con sede en otro país de la UE y que cumple la ley. Más cabe cuestionarse que tampoco se puedan poner límites a empresas controladas por otras en destinos que sí son oficialmente opacos o no cooperadores, o que tengan filiales allí.

Este periódico preguntó a las dos fuerzas del Gobierno, PSOE y Sumar, por sus planes para limitar el acceso a beneficios públicos de empresas con vínculos con paraísos fiscales. Por parte del PSOE, no hay respuesta. Carlos Martín Urriza, portavoz de economía de Sumar, afirma que su partido tiene la voluntad, recogida en su programa, de "combatir los paraísos fiscales", aunque añade que es pronto para adelantar las medidas concretas. La reforma legal para introducir limitaciones está "dentro de nuestro ideario", así como hacer cambios para garantizar la "transparencia" y la "responsabilidad fiscal", asegura.

A falta de una reforma legal, ¿qué pueden hacer las administraciones? La organización que ha intentado facilitar respuesta a esta pregunta es Oxfam, impulsora de la iniciativa Zona Libre de Paraísos Fiscales, que ofrece a los ayuntamientos una guía para evitar la contratación de empresas con presencia directa o indirecta en territorios opacos y de baja o nula tributación. La guía incluye una cláusula, para meter en cada contrato público, que obliga a la empresa a no derivar a paraísos fiscales dinero de las rentas derivadas de la ejecución de dicho contrato. Al igual que en la vía Oltra, se tira del recurso de la "declaración responsable"

Lesmes, uno de los autores de la guía, cree que la campaña ha tenido utilidad "pedagógica", pero no le consta la exclusión de ninguna empresa de ningún proceso. "Incluso en el caso de los [más de 90] ayuntamientos que apoyan esta iniciativa, es decir, ayuntamientos que tienen una voluntad que en muchos otros casos no existe, hay un problema de dificultad técnica. Muchas veces los funcionarios de intervención tienen dudas legales", afirma. Dudas incrementadas por informes como el de 2018 de la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat de Cataluña, que niega la viabilidad jurídica de prohibir la contratación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales, por supuesto también si el vínculo es a través de otras firmas del grupo. Pero los límites legales no son los únicos. "Un ayuntamiento que dejara fuera a una empresa se tendría que enfrentar a sus abogados. Y non todos tienen recursos para hacerlo. Es la lucha de David contra Goliat", dice Lesmes.

Colaboración público-privada. Suena bien. Pero no siempre es fácil, porque las naturalezas del Estado y la empresa son diferentes. A veces, difíciles de conciliar. Así que juntar política y negocio puede dar resultados chocantes, conflictivos, más aún cuando en la misma ecuación en la que caben unos elevados propósitos sociales entran también un joven millonario, una poderosa saga bancaria, un fondo de inversión, una compleja estructura societaria y un territorio de baja tributación.

Vayamos al caso. Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) es una empresa mixta, conformada como sociedad público-privada en 2021 con el respaldo de la entonces alcaldesa Ada Colau (Barcelona en Comú), la responsable institucional más asociada en España a la lucha por el derecho a la vivienda, que conquistó el bastón de mando tras dar guerra como líder de la PAH. ¿El propósito de HMB? Facilitar a miles de personas acceso a techo en alquiler a precios por debajo de mercado en la capital catalana y su área metropolitana. ¿La paradoja? Al mismo tiempo que persigue estos fines, HMB mantiene en su accionariado a una empresa de la que forma parte un holding radicado en Luxemburgo, una jurisdicción paradisíaca para los fondos de inversión que pretenden minimizar su factura fiscal.

El broche a la historia lo pone un insigne nombre propio. Porque desde el Gran Ducado hace negocio con esta colaboración público-privada –CPP, se llama a estas fórmulas en argot ejecutivo– Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautola, hijo mayor de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y nieto de Emilio Botín, que también fue presidente de dicho banco. ¿Y cómo participa en todo esto? Morenés está detrás, junto a su socio y amigo Juan Pepa, de Stoneshield, accionista luxemburgués de la promotora inmobiliaria Neinor Homes, a su vez copropietaria de la sociedad mixta HMB.

Mientras participan en esta destacada iniciativa de colaboración con las instituciones, Neinor y Stoneshield son nombres vinculados a la defensa de los intereses del sector inmobiliario frente a las políticas de intervención públicas. Ambas compañías han sido participantes en la última edición de The District, la cita inmobiliaria en Barcelona que reúne a inversores, bancos y lobistas y que ha sido boicoteada por el movimiento antidesahucios por considerar que encarna las posiciones más especulativas. El presidente de Neinor es Ricardo Martí Fluxá, que a su vez es presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), uno de los puntales del lobby del ladrillo y una destacada voz contra la Ley de Vivienda del PSOE y Unidas Podemos. Un dato más: Neinor figura, en un documento de la propia empresa de febrero de 2023, como miembro del grupo de presión a favor de los propietarios de viviendas Asval, detrás del cual se encuentra el fondo Blackstone. Neinor ya formaba parte del mismo cuando se incorporó a HMB en 2021.

¿Qué dicen los aludidos en esta información? Ni Neinor ni Stoneshield respondieron a las preguntas planteadas por infoLibre [ver al final La Caja Negra]. Tanto el Área Metropolitana de Barcelona como el Ayuntamiento, socios e impulsores públicos del proyecto, coinciden en destacar la transparencia del proceso. Desde Barcelona en Comú, el grupo al que pertenece Colau, recalcan que el contrato que fija la actuación de HMB blinda el alquiler a precio por debajo de mercado. "Bajo ningún concepto estas viviendas pueden acabar en el mercado especulativo, como sí ocurrió con otros edificios de vivienda pública en los 90 o recientemente en la Comunidad de Madrid", añade. Todo ello es así, señala la misma fuente de los comuns, "independientemente de quién sea accionista del operador" o de "qué otros negocios tengan más allá de este". Y añade: "Barcelona en Comú ha destacado precisamente por enfrentarse a fondos buitres, lobbies y especuladores, lo que nos ha llevado a declarar hasta en 15 ocasiones en una guerra sucia judicial que ha ido archivando todas y cada una de las causas, destacando la de Vauras, un fondo de inversión similar a Stoneshield".

HMB es un "operador" de "vivienda de alquiler asequible" cuyo objetivo es construir y gestionar 4.500 viviendas en arrendamiento con protección pública. Nació en marzo de 2018 como una entidad enteramente pública fundada por el Área Metropolitana y a la que se sumó sólo tres meses después el Ayuntamiento. El reparto quedó entonces 50-50, todo público. Pero ese no era el objetivo. Desde su origen HMB tuvo vocación de buscar capital privado, como recogen sus propios estatutos. Se trataba de construir una sociedad de vivienda potente, a la altura de una política de vivienda que también quería serlo.

No fue fácil encontrar a los socios. Ni rápido. La entrada de dinero privado no se encarriló hasta julio de 2021, cuando el consejo de administración de HMB adjudicó a Neinor y Cevasa la condición de accionistas para "transformar HMB SA en una sociedad de economía mixta" y en un "ejemplo de colaboración público-privada". Ambas empresas constituyeron Nicrent Residencial SL, cuya entrada en HMB se formalizó en noviembre de 2021.

El accionariado de HMB es desde entonces un 50% público y un 50% privado. Sus socios públicos son el Área Metropolitana (25%) y el Ayuntamiento (25%). El privado es Nicrent (50%). Cevasa y Neinor tienen cada una un 50% de Nicrent. Es decir, un 25% cada una de la compañía mixta. El consejo de administración de HMB expresa este equilibrio: dos miembros del Área Metropolitana, dos del Ayuntamiento, dos de Cevasa, dos de Neinor y un independiente.

HMB no ha sido un proyecto técnico, administrativo, de segunda línea. Al contrario, ha sido un proyecto de alto perfil político, una apuesta de una figura tan relevante en el ámbito de la vivienda como Colau, que fue alcaldesa entre 2015 y 2023. Desde noviembre de 2021, cuando se formaliza la entrada de Cevasa y Neinor, el Ayuntamiento publicita HMB como "el primer operador de vivienda público-privado del Estado". Aquel mismo mes tuvo lugar un acto institucional en el que los accionistas públicos y privados de HMB comparecieron juntos para detallar las distintas fases del proyecto de la "primera sociedad mixta de vivienda de alquiler asequible de España". Así promocionaba el evento En Común Podem.

La iniciativa, que según se anunció debía construir sus 4.500 viviendas en ocho años, se ponía en marcha con la aportación de 6 millones de euros por parte del Ayuntamiento, otros 6 por parte del Área Metropolitana y 12 por parte del socio privado compuesto al 50% cada uno por Cevasa y Neinor, compañía de la que aún no formaba parte Stoneshield. Los fondos aportados por los socios debían servir para la construcción de 640 viviendas. La aportación final prevista para el conjunto de los socios es de 116 millones de euros. La sociedad mixta "construirá viviendas de alquiler asequible, a precio protegido y de forma permanente, sin perder nunca esta calificación, con la garantía de control público, gobernanza conjunta y evitando que acaben en el mercado privado libre", afirmaba Colau durante aquella presentación.

Toda la retórica que envolvía al proyecto remitía a lo social, lo cooperativo, lo novedoso. No sólo en la presentación de noviembre de 2021. Un año después un folleto del Instituto de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona afirmaba que Neinor se implicaba en HMB por su "dimensión social".

Para entonces la luxemburguesa Stoneshield ya estaba dentro de Neinor.

Neinor no es una empresa cualquiera del sector inmobiliario. Nacida en 2015 y con una plantilla de 300 trabajadores, se presenta como la "compañía cotizada líder en el mercado de promoción residencial en España", con más de 1.800 millones de euros de patrimonio. Bajo la presidencia de Ricardo Martí Fluxá, presidente al mismo tiempo de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) y del lobby de la seguridad y defensa Tedae, Neinor se lanzó a la CPP optando junto a Cevasa al puesto en la sociedad mixta impulsada por Colau. Y ganó. Neinor estuvo representada en el acto de noviembre de 2021 en la persona de su directivo Jordi Argemí, que aseguró que HMB iba a ser "un referente para otros proyectos en todo el país".

Poseedora desde entonces del 25% de HMB, Neinor es la empresa que conduce ahora hasta Luxemburgo y hasta Morenés, hijo, nieto y biznieto de presidentes del Santander, que está haciendo fortuna en el negocio de la inversión. Veamos en detalle la operación que certificó la llamativa situación de que un ambicioso proyecto de colaboración público-privada acabe teniendo como participante a un holding radicado en un territorio de baja tributación. El 23 de enero de 2022, cuando ya era parte de HMB, Neinor recibió una comunicación del fondo luxemburgués Stoneshield Capital, del que son cofundadores y socios Morenés y Juan Pepa, su más estrecho aliado y colaborador. La comunicación informaba de la entrada en Neinor de una entidad del grupo, Stoneshield Southern Real Estate Holding II, con cerca de un 18,5% del capital.

Estaba hecho: Stoneshield había entrado –y sigue– en Neinor, que a su vez estaba –y está– en HMB. Es decir, la empresa público-privada de alquiler social en Barcelona quedaba –y sigue– vinculada accionarialmente al fondo luxemburgués de un hijo de la banquera más importante de España. Stoneshield no se quedó en ese porcentaje inicial. Su trozo de la tarta ha crecido hasta situarse en un 25% en agosto de este año, según el registro publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las estructuras de muñeca rusa son habituales en Luxemburgo, jurisdicción donde existen importantes beneficios fiscales respecto a las plusvalías, los dividendos, el pago de intereses a sociedades del mismo grupo o las comisiones que cobran los gestores de los fondos. La clasificación extraoficial de referencia de paraísos fiscales, elaborada por Tax Justice Network, cita a Luxemburgo como la sexta jurisdicción que más ayuda a rebajar el pago del impuesto de sociedades.

Las firmas Stoneshield ofrecen un ejemplo del tipo de madeja societaria que suele florecer en el Gran Ducado. Hay al menos seis compañías bajo la denominación Stoneshield creadas en Luxemburgo y vinculadas entre sí, según la información registral examinada por infoLibre. La primera fue fundada en marzo de 2018 por Morenés y Pepa con una distribución del 50% para cada uno. Se trata de la sociedad de control Stoneshield Holding, que es dueña del 100% de Stoneshield GP, empresa a su vez socia de Stoneshield Investment Fund, accionista única de Stoneshield Southern Real Estate Holding II.

Esta última sociedad citada, Stoneshield Southern Real Estate Holding II, es la entidad que entró en Neinor en 2022 y la que figura como titular directa de las acciones de Neinor, mientras Stoneshield Holding es es el titular indirecto, todo ello según información del registro de Luxemburgo y de la CNMV.

El 26 de enero de 2022, tres días después de que Stoneshield informase de su entrada en Neinor, Morenés pasó a ser consejero de dicha compañía por su vinculación con la compañía Stoneshield Southern Real Estate Holding II, registrada en Luxemburgo en julio de 2021. En realidad, Morenés no era nuevo en Neinor. En 2015 ya entró como consejero con el respaldo de la gestora de activos estadounidense Lone Star, uno de los tres principales fondos especulativos inmobiliarios que operan en España junto a Blackstone y Cerberus. De hecho, Morenés y Juan Pepa se habían conocido en Lone Star, firma ligada a la propia creación de Neinor, compañía surgida en 2015 de la compra por parte de la gestora de activos de la promotora de Kutxabank.

Pero Lone Star fue sólo un peldaño en el ascenso de Morenés y Pepa, que en 2018 fundaron Stoneshield Capital, nombre de un proyecto que el hijo mayor de Ana Botín define como "mezcla de real estate, private equity e, incluso, venture capital". Desde hace ya cerca de dos años el puesto en el consejo de Neinor de Morenés obedece a su prominente posición en su propio grupo, Stoneshield. Morenés es además miembro de las comisiones de Inversiones Inmobiliarias, de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones de Neinor. Por su parte, Juan Pepa, su socio, también es consejero de Neinor por su vinculación en Stoneshield y es además miembro de la Comisión de Inversiones Inmobiliarias.

Stoneshield, que además de apostar en el sector de la vivienda tiene participación en compañías de residencias de estudiantes, innovación científica o logística, se refiere así a su "estratégica" inversión en Neinor: "Desde la adquisición de Neinor por parte de Stoneshield, la empresa ha triplicado la remuneración a los inversores". En cuanto a Neinor, parece tener fe en su posición posición en HMB. En su informe de 2022, la promotora señala que Nicrent –la empresa a través de la que participa en la sociedad mixta – obtendrá una "remuneración de mercado" por la "gestión administrativa y patrimonial" de HMB.

Lo cierto es que de momento las cosas van despacio en HMB. La sociedad mixta ha iniciado las obras de 110 viviendas en Sant Boi de Llobregat y prevé iniciar en breve tres promociones más: dos en Montgat (72+58) y otra en Sant Adrià de Besòs (56), según el balance facilitado a este periódico por el Área Metropolitana. "La sociedad de nueva creación está arrancando, a pesar de las dificultades de incremento de costes de la construcción, de aprovisionamiento de materias primas consecuencia de la situación geopolítica, y de la dificultad de acceso al mercado financiero", señalan desde esta institución.

En cuanto a la participación de Stoneshield en Neinor, el Área Metropolitana de Barcelona se limita a destacar que la selección del socio privado para HMB fue fruto de una "licitación pública" sujeta a la "normativa aplicable". Este periódico preguntó si la institución era consciente de que Stoneshield, que entró en Neinor en 2022, opera desde Luxemburgo y reclamó una valoración sobre ello. "Esta institución metropolitana no emite valoraciones subjetivas de este calibre", respondió la institución por escrito a través de un portavoz.

El Ayuntamiento de Barcelona, también en respuesta por escrito a través de un portavoz, afirma: "El proceso de adjudicación, realizado en el pasado mandato municipal con los gobiernos anteriores, se hizo de acuerdo con la normativa que regula la contratación pública y con todas las garantías aplicables". Añade que las promociones en Barcelona que levante HMB no perderán "nunca" la "titularidad 100% pública municipal del suelo".

Más extensa fue la respuesta escrita de los Comuns, grupo con el que contactó infoLibre para conocer la posición de Ada Colau, que ha perdido la alcaldía este año pero fue una de las impulsoras de la sociedad mixta en 2021. Una fuente del grupo señala que, "independientemente de las variaciones en el accionariado", el contrato entre las partes pública y privada de HMB "blinda el uso público" de las viviendas previstas, así como la "titularidad pública" del suelo, y también "limita al detalle los beneficios que obtendría la empresa de su explotación, que debe alquilar las viviendas a precio protegido –por debajo del de mercado– de manera indefinida y que no puede cobrar dividendos de los mismos".

"HMB está dirigido –añade– por un consejo de administración del que la mitad de representantes pertenecen al Ayuntamiento y al Área Metropolitana, de manera que se garantiza la gobernanza pública del proyecto y la fiscalización y transparencia de todo el proceso [...] hasta la adjudicación a los vecinos beneficiarios. Un consejo que vigila, además, que no haya una privatización de beneficios para los actores privados ni adjudicación de pérdidas a los públicos".

El Real Madrid ha devuelto a Providence Equity Partners 136,03 millones de euros, poco más de la mitad –el 54,4%– de los 250 millones que recibió en virtud del contrato de cuenta en participación que había firmado en 2017 con una de las filiales luxemburguesas del fondo de inversión estadounidense, cuyos beneficiarios últimos son dos sociedades domiciliadas en las Islas Caimán. Así consta en las cuentas que esa filial, PQ Media Sàrl, ha depositado en el Registro Mercantil de Luxemburgo y que ha consultado infoLibre.

A cambio de esos 250 millones, el club debe remunerar al fondo con un tanto por ciento de la cantidad en que aumenten sus ingresos por patrocinio: un fijo de 6,25 millones de euros anuales, o el 10% de los ingresos netos obtenidos en cada ejercicio, más un importe variable, cuya cuantía total acumulada al cabo de los cuatro años de contrato no puede superar los 230 millones.

Al menos así era en el momento de la firma del contrato. Pero llegó la pandemia y el negocio del fútbol se vio tan afectado como el resto de la economía. De forma que, en los tres primeros ejercicios, la retribución a Providence quedó muy por debajo de las previsiones iniciales del club. Tan es así que ambas partes renegociaron el acuerdo en el ejercicio 2019/2020 –los ejercicios fiscales del Real Madrid coinciden con las temporadas deportivas, de junio a junio–: Providence aumentó de 200 a 250 millones el préstamo inicial, y el periodo de vigencia, en principio cuatro años prorrogables otros dos más, se extendió a un máximo de nueve años. Hasta 2027.

Es decir, de no haber renegociado el contrato y ampliado el periodo de reembolso, el Real Madrid debería haber devuelto ya en 2023 los 200 millones iniciales que Providence le ingresó. Y no habría podido, ya que en cinco años sólo ha podido pagarle 136 millones. Ahora tiene cuatro años más para abonar al fondo los restantes 114 millones que le quedan hasta completar los 250 millones finalmente concedidos.

Entrando en detalle, en junio de 2018, el primer ejercicio en que estuvo en vigor el contrato, el Real Madrid pagó a Providence un total de 12.653.593 euros. En 2019, le ingresó 16.473.333 euros. En 2020, 27.343.000 euros, según las cuentas depositadas en Luxemburgo por PQ Media Sàrl. En 2021, la cantidad ascendió a 36.981.000 euros y el año pasado, a 42.581.000. Es decir, en cinco años ha devuelto 136.031.926 euros. Las últimas cuentas que PQ Media Sàrl ha depositado en el Registro de Luxemburgo se refieren al año fiscal que termina en junio de 2022; es decir, aún no entregado las de 2022/2023, el ejercicio cerrado en junio de este año.

Pese al aumento en las cuantías de los reembolsos experimentado en los dos últimos ejercicios, las cifras siguen aún lejos de las presupuestadas originalmente por el club de Florentino Pérez. También después de superado el bache de la pandemia, cuando los estadios estaban cerrados.

Tal y como revelaron los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, la entidad blanca había programado un pago de 27,66 millones para 2019 y otro de 61,22 millones para 2020. Para 2021, la previsión era retribuir al fondo con 63,5 millones de euros más. Football Leaks es un proyecto de investigación periodística que destapó el lado más oscuro de la industria del fútbol, a partir de una filtración de más de 70 millones de documentos: desde el fraude fiscal de Cristiano Ronaldo y Mourinho hasta los de Messi y Neymar, pasando por los mecanismos pergeñados por el Manchester United y el Paris Saint Germain para burlas las reglas del juego limpio financiero de la UEFA.

Para cumplir con lo comprometido, el Real Madrid está obligado a aumentar considerablemente sus ingresos por patrocinios. Al menos ésas eran sus expectativas cuando firmó el contrato con Providence en noviembre de 2017. De hecho, el plan que el entonces recién contratado director global de Patrocinios, David Hopkinson, presentó al club al hacerse cargo de la tarea consistía en elevar a entre 113 y 195 millones de euros los 68 millones en que estaban presupuestados los ingresos por este concepto en 2019, excluidos los dos principales contratos, Adidas y Emirates. También quedan fuera del acuerdo con el fondo los patrocinios deportivo y comercial de la camiseta y de los naming rights –derechos sobre el nombre– de los estadios y campos de entrenamiento.

Pero, según puede comprobarse en las cuentas anuales del club, los ingresos por licencias y patrocinio no han tenido la explosión esperada. En 2019 crecieron sólo un 0,38% respecto al año anterior. En 2020 aumentaron un 8,5% y en 2021 el alza anual fue del 6,7%. Ese año alcanzaron los 278,48 millones de euros. Pero en 2022 la cifra cayó un 16,9%, tras reducirse a 231,28 millones, y en 2023, hasta junio, se han encogido aún más, hasta 231,7 millones, una cifra inferior incluso a la de 2018, cuando ascendieron a 239,68 millones de euros.

En el informe económico, el Real Madrid sólo menciona el contrato con Providence en una breve nota donde se hace constar un “saldo acreedor” derivado de ese acuerdo por importe de 4,07 millones de euros en el último ejercicio, etiquetado como “acreedores de marketing”. En ese capítulo no figura ninguna cifra correspondiente al ejercicio anterior.

“Estos acuerdos suponen debilitar la economía de los clubes a medio plazo”, advierte Marc Ciria, presidente de la gestora financiera Diagonal Asset Management, “tienen un coste financiero muy alto y no aportan valor a los clubes”. A su juicio, son “pan para hoy y hambre para mañana”: ayudan a pagar las facturas pero, si los ingresos no aumentan en la magnitud esperada, dañan su competitividad en el futuro.

Ciria, que formó parte de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del FC Barcelona de 2015 destaca, además, que este tipo de acuerdos –LaLiga ha suscrito también un contrato de cuenta en participación con otro fondo, el británico CVC– no se firman con las condiciones de “una entidad financiera normal”, sino que, por el contrario, éstas suelen ser “más agresivas en el retorno”. “Lo visten como ‘tengo un partner estratégico que me va a ayudar a desarrollar mi negocio digital’ pero, en realidad, es un préstamo participativo de toda la vida”, critica.

La cifra de negocio del Real Madrid tampoco ha recuperado aún los niveles precovid. En el ejercicio cerrado el pasado junio, ascendió a 804,49 millones de euros, un 11,5% más que en 2022, pero aún un 2,2% por debajo de los 822,1 millones que ingresó en el ejercicio 2019/2020. También los beneficios del club han disminuido en 2023, un 8,6% respecto al año fiscal anterior, cuando ganó 12,93 millones de euros. En 2019, el club obtuvo unos beneficios de 38,4 millones de euros, casi el triple.

Aunque para 2024 ha presupuestado un aumento de ingresos totales del 11%, hasta los 939,54 millones, el Real Madrid prevé que los beneficios caigan hasta los 6,35 millones, una cifra que equivale a la mitad de lo que ganó en cada uno de los dos últimos ejercicios. El club de Florentino Pérez, según declara en el último informe económico, confía en que el fin de las obras del estadio Santiago Bernabéu este mismo año le permita aumentar sus ingresos en 2024, cuando cree que todas las líneas de negocio estarán ya “a plena explotación”.

El grupo francés de residencias Orpea siguió haciendo negocios con la compañía luxemburguesa Lipany después de que Investigate Europe (IE) e infoLibre revelaran el año pasado las supuestas operaciones irregulares de ambas compañías, que están ahora bajo investigación judicial en Francia [puedes leer aquí la información]. Así lo demuestran nuevos documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo, a los que ha tenido acceso IE. Lipany es un holding que está controlado por antiguos directivos de Orpea y que llegó a amasar activos por valor de casi 100 millones de euros. La multinacional francesa de residencias también está siendo investigada en el país vecino por presuntos malos tratos a residentes y malversación de fondos públicos.

Las nuevas revelaciones muestran que, incluso después de que Orpea presentara en abril de 2022 una denuncia a las autoridades contra exdirectivos del grupo en la que se cita expresamente a Lipany, ambas compañías siguieron haciendo negocios entre sí. En julio de 2022, Orpea prometió nuevos fondos a Lipany casi sin intereses, en un plan en el que participó el ex director financiero del grupo, despedido oficialmente dos meses antes. En 2023, Orpea también compró varias propiedades francesas a su socio luxemburgués por una cantidad no revelada y le cedió la supervisión de dos instalaciones en Italia.

Fundada en 2007, Lipany pertenece a Roberto Tribuno, un contable de 60 años que fue consejero delegado de Orpea Italia hasta 2017. Aunque en teoría es independiente del grupo de residencias, el holding luxemburgués acumuló acciones en centros de Orpea en Italia y Francia y, en menor medida, en Alemania, así como inversiones en Bélgica. Tras las revelaciones periodísticas, Orpea perdió el 19% de su valor en Bolsa y anunció oficialmente el despido del director financiero, Sébastien Mesnard.

Orpea es la empresa que más residencias explota en la Comunidad de Madrid y la segunda en el conjunto de España, donde tiene más de 50 centros y 8.000 plazas. Solo DomusVi gestiona más geriátricos. La multinacional francesa, que cuenta en todo el mundo con más de mil residencias, se ha visto inmersa en un gran escándalo desde la publicación en enero de 2022 de Les Fossoyeurs, un libro en el que se describen los malos tratos en centros del grupo. Su autor, el periodista galo Victor Castanet, acusaba a la empresa de maltratar a sus 260.000 residentes enfermos o ancianos, en particular racionándoles la comida y los productos de higiene. Las denuncias hundieron las acciones de Orpea, al tiempo que se multiplicaban las quejas de las familias afectadas. Las autoridades francesas investigan ahora si el maltrato institucional formaba parte de la actuación del grupo.

A preguntas de Investigate Europe, Orpea declinó hacer comentarios sobre las últimas transacciones con Lipany. "Es probable que las cuestiones planteadas entren en el ámbito de investigaciones pasadas, actuales o futuras", indicó un portavoz, añadiendo que el grupo denunció a las autoridades malas prácticas internas. Esto llevó a los jueces a abrir una investigación en junio de 2023 sobre abuso de confianza, fraude corporativo, blanqueo de capitales y corrupción. Mesnard e Yves Le Masne, ex consejero delegado de Orpea, fueron detenidos por la policía en el marco del procedimiento.

"Es muy raro que se detenga a sospechosos por delitos de cuello blanco", admite una fuente jurídica cercana a la investigación. El papel de Mesnard en Lipany es fundamental para la investigación. "La empresa puede haber sido utilizada como vehículo de blanqueo de capitales y corrupción", añade dicha fuente. "Orpea puede seguir siendo rehén de sus inversiones compartidas con Lipany, ya que sus lazos comerciales son difíciles de romper", concluye. Los abogados de Mesnard no respondieron a las preguntas planteadas por los periodistas de IE.

Aunque los investigadores están estudiando las actividades de Lipany hasta la denuncia de Orpea de abril de 2022, Investigate Europe descubrió otras operaciones dudosas que se han producido desde entonces.

El 5 de julio de 2022, Casamia International, filial italiana de Orpea, aumentó su línea de crédito a Lipany a 150 millones de euros, con un interés nominal del 0,1%, según los documentos corporativos depositados en el Registro de Luxemburgo. Los implicados se han negado a revelar el límite anterior, pero el 31 de diciembre de 2021 ya se habían utilizado 82 millones de euros de la línea existente. No se utilizó más dinero el año siguiente y Orpea no quiso decir si se prestó alguno en 2023. A través de Casamia International, el grupo es un acreedor histórico de Lipany, con préstamos por valor de decenas de millones de euros registrados en cuentas luxemburguesas e italianas desde 2017.

Aunque Mesnard fue despedido por Orpea dos meses antes, se mantuvo como presidente de Casamia International hasta el 6 de julio de 2022, un día después de que se firmara la ampliación de crédito a Lipany. Unas semanas antes, había presidido una asamblea ordinaria de Casamia International.

Al mismo tiempo que Orpea comprometía más efectivo para Lipany, también cancelaba la paga de beneficios de sus empleados. "Los directivos del grupo explicaron entonces que tenían que devolver 55 millones de euros [de fondos públicos malversados] al Estado por sus chanchullos y que no había más dinero para nosotros", afirma Kéline Sivadier, representante sindical de los trabajadores. "Estamos muy enfadados al conocer estas nuevas revelaciones", añade, en declaraciones a IE.

Laurent Guillot, el nuevo jefe de Orpea, prometió "tolerancia cero" tras su toma de posesión el 1 de julio de 2022, lo que no impidió que la compañía y Lipany prosiguieran sus intercambios inmobiliarios en 2023. El 29 de marzo, Orpea adquirió RSS Seniors+ y sus participaciones en 13 residencias francesas en las que Orpea era hasta entonces socio minoritario. El precio de venta o las conexiones con Lipany no se revelaron en las cuentas anuales.

En Italia, dos centros construidos con financiación de Orpea abrieron sus puertas en primavera bajo la marca Comfortcura, la red de residencias de Lipany. Situadas en Milán y cerca de Venecia, pertenecen a Rodevita, una firma luxemburguesa participada en un 45% por Orpea y en un 55% por Roberto Tribuno. En 2018, Orpea concedió a Rodevita un préstamo sin intereses de 20 millones de euros, con la aprobación de Sébastien Mesnard.

Aunque Sébastien Mesnard ya ha sido sustituido al frente de las estructuras italianas de Orpea, los datos del Registro Mercantil de Italia apuntan a que sigue en el consejo de dos filiales de Lipany en las que también participa el grupo, vinculadas a un geriátrico en Génova.

Lipany y su propietario, por su parte, no han sido apartados por Orpea, aunque figuraban en su denuncia por malversación de activos de la empresa. Roberto Tribuno sigue figurando como director de varias empresas propiedad conjunta de Lipany y Orpea, según el registro italiano. También figura como miembro del consejo de administración de tres filiales de Orpea en Italia, entre ellas Casamia International y su dueña directa, otra compañía denominada LTC Invest.

La relación de Tribuno con estas dos entidades es profunda. Lipany mencionó por primera vez un préstamo sin intereses de 40 millones de euros de Casamia International en sus cuentas de 2017. En diciembre de ese año, Lipany compró Casamia International a LTC Invest, para volver a vendérsela doce meses después por el mismo precio. Las transacciones tuvieron siempre lugar unos días antes del cierre de las cuentas anuales.

De 2009 a 2018, Lipany y Orpea intercambiaron 14 empresas italianas vinculadas a geriátricos, algunas de ellas cambiando de manos varias veces. Desde que estalló el escándalo de Orpea el año pasado, su dirección se ha apresurado a culpar a un puñado de exdirectivos. "Se ha robado a los accionistas, igual que se ha robado a la empresa", insistía Guillot a principios de año. "Han sido víctimas de la anterior dirección".

La operación "manos limpias" se ha acelerado recientemente, ya que Orpea está a punto de ser nacionalizada parcialmente. El Estado francés acordó en febrero inyectar 605 millones de euros en Orpea antes de finales de año, a cambio de una participación mayoritaria en la endeudada empresa.

Si los problemas legales ya han comenzado en Francia para Sébastien Mesnard, su socio Roberto Tribuno parece relativamente tranquilo. En marzo de 2023, fue absuelto de los cargos de fraude y malversación en una residencia propiedad de Lipany en Liguria. Los jueces italianos dictaminaron que las pruebas documentales sobre una presunta malversación de 260.000 euros de fondos públicos, se presentaron demasiado tarde.

Durante el último año, Tribuno reorganizó algunas de sus inversiones, añadiendo una nueva capa de opacidad a su estructura empresarial. Desde julio, casi todas sus filiales italianas son filiales de dos nuevas sociedades luxemburguesas creadas por Lipany: Turbie SA y Simplon SA. Como resultado, el nombre de Lipany ya no es visible como accionista directo de Orpea en Italia. Tribuno no quiso responder a ninguna de las preguntas planteadas por IE.

Orpea también está estudiando un cambio de nombre para hacer borrón y cuenta nueva. "Sin duda ocurrirá cuando estemos preparados, para hacer realidad nuestra evolución", anunció el consejero delegado Laurent Guillot en la televisión este verano. Pero los casos judiciales no desaparecerán. Las familias de los residentes han presentado tantas denuncias por malos tratos contra la empresa que su dirección no fue capaz de establecer el número exacto en su último informe anual.

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Con información de Lorenzo Buzzoni.

Edición: Chris Matthews, Manuel Rico.