Un juzgado de Madrid investigará por un delito fiscal de cerca de un millón de euros del IRPF al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise" y al que investiga la Audiencia Nacional por una estafa piramidal de 185 millones, según informa EFE. 

En un auto fechado el pasado 30 de marzo al que ha tenido acceso EFE, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordena la apertura de una pieza separada por fraude fiscal tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que implica a Romillo en un fraude durante el año 2022.

El 15 de diciembre de 2025, Calama procesó a Romillo y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a instancias de afectados por esta operativa, muchos de ellos representados por el bufete Zaballos Abogados.

En su auto de apertura de pieza separada, el magistrado explica que está "constatado" que en 2022 Romillo promociona en su página web mecanismos para la elusión de impuestos, tales como "poner bienes a nombre de familiares y amigos; ocultar la residencia fiscal en España, para evitar tributar; simular la residencia fiscal en otro país; utilizar, torticeramente, sociedades extranjeras; distraer ingresos para que no tributen, e inflar los gastos de una empresa". Al tiempo, añade el auto, Romillo siguió sus propias "estrategias" para consumar un fraude fiscal durante el ejercicio 2022.

A través de un "embrollo societario", Romillo quiso opacar "los verdaderos ingresos generados por el que, en definitiva, era el único motor que daba origen a sus ingresos", que era su éxito en redes sociales.

En 2022 ingresó a través de sus numerosas sociedades cerca de 3 millones de euros, por lo que Hacienda le atribuye un delito de fraude fiscal del IRPF que ronda el millón de euros (906.919,31 euros), además de defraudar más de medio millón en concepto de IVA.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga el fraude piramidal ideado por Romillo, conocido como Criptospain, que ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito". 

El objeto de esta organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. 

A través de dicha web, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 a Álvaro Romillo. En un auto fechado el pasado 1 de abril al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central nº 4 amplía el procesamiento que decretó el pasado 15 de diciembre contra Romillo y otras nueve personas.

Ahora, Calama amplia la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales al encontrar "indicios racionales" de fraude del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2023 y 2024. Mediante "la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica", Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.

En su auto, Calama mantiene a Romillo en prisión provisional, donde permanece desde el pasado 7 de noviembre, al haber detectado que el procesado se encuentra "en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional". 

Dicha organización criminal, destaca el auto, cuenta, "al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia)". 

Bernard Arnault, director de LVMH, líder mundial del sector del lujo, es el séptimo hombre más rico del mundo, con un patrimonio de unos 150.000 millones de euros, según la revista Forbes. Pero, según él mismo afirma, el hombre más rico de Francia es también un patriota fiscal. En una comparecencia ante el Senado en mayo de 2025, Bernard Arnault afirmó que es “sin duda el principal contribuyente” de Francia, y que LVMH es el grupo “más patriota” del índice bursátil CAC 40 en materia de impuestos.

Pero para comprar barcos, Bernard Arnault prefiere los paraísos fiscales. Según documentos consultados por Mediapart, el multimillonario ha optado por comprarse un nuevo gran yate a través de una discreta sociedad registrada en Malta, de la que es propietario a través de un testaferro y una estructura con sede en Luxemburgo. Ya había utilizado el mismo montaje para adquirir su barco actual, el Symphony. La isla mediterránea de Malta es uno de los principales paraísos fiscales para yates en Europa, tal y como documentó la investigación Malta Files realizada por Mediapart y la red de medios europeos EIC.

Se trata de una operación de optimización fiscal legal y, por otra parte, muy habitual en el mundo de la navegación de recreo de lujo. Pero es sintomática de la facilidad con la que los multimillonarios pagan muchos menos impuestos que el común de los mortales.

Gracias a un nicho fiscal francés sobre las sociedades holding, Bernard Arnault paga menos del 2% de impuestos sobre los cerca de 3.000 millones de euros de dividendos que LVMH le abona cada año. Durante el debate del presupuesto en octubre de 2025, los diputados de Los Republicanos (LR) y los macronistas se negaron a gravar esas sociedades holding. Prefirieron crear un impuesto sobre los bienes de ultralujo, como los yates. Pero el texto está redactado de forma tan restrictiva que el impuesto no se aplicará a los barcos de Bernard Arnault.

Es ese dinero, en gran medida libre de impuestos, el que el multimillonario utiliza para comprar sus barcos. Según un vídeo difundido en febrero por The Yacht Report, Bernard Arnault ha encargado al astillero neerlandés Royal Van Lent, filial de su grupo LVMH, un nuevo yate de la marca Feadship de 143 metros, aún más grande que el Koru (127 metros) de Jeff Bezos, director de Amazon, o el Dragonfly (142 metros) del cofundador de Google, Sergey Brin.

Según la web especializada Luxury Launches, un barco de este tipo costaría más de 500 millones de euros. En la actualidad solo existen diecisiete yates de más de 140 metros. Cuando se entregue, el de Bernard Arnault será el duodécimo más largo del mundo, superado únicamente por los barcos de los emires del Golfo y de un puñado de oligarcas rusos.

Pero el director de LVMH apenas lo necesitaba porque ya posee un yate de 101 metros, el Symphony, también construido por el astillero neerlandés del grupo LVMH. Este palacio flotante, dotado de seis cubiertas y un helipuerto, ofrece prestaciones de gran lujo: ocho suites con capacidad para veinte invitados, jacuzzi, piscina con fondo transparente, zona de playa en la popa, cine al aire libre y un piano de cola en el salón —Bernard Arnault toca este instrumento a un nivel muy alto y su esposa es pianista profesional—.

El Symphony es también una aberración ecológica, con 5.173 toneladas de CO2 emitidas en 2023, es decir, tanto como 2.500 coches, según una investigación del programa “Cash Investigation” y del colectivo Yacht Co2 Tracker. El balance de carbono de su sucesor, mucho más grande, será, por tanto, aún más catastrófico.

Según nuestra información, el nuevo yate de Bernard Arnault fue encargado por la empresa maltesa Concerto Yachting Limited el 11 de abril de 2025. Los documentos que hemos consultado no mencionan el precio del barco, pero indican que Concerto Yachting ya ha abonado 288 millones de euros en anticipos al astillero. Es decir, más que el precio total del Symphony, que costó 228 millones en 2015.

Al ser consultado por Mediapart, Bernard Arnault se negó a hacer comentarios sobre la compra del barco. Su portavoz sospecha que hemos “consultado ciertos documentos contractuales” que considera “protegidos por el secreto comercial”. “Dado que la fuente no ofrece dudas a la vista de los elementos mencionados, nos reservamos todos nuestros derechos al respecto”, añadió (ver la respuesta completa en caja negra). 

Al consultar el registro mercantil maltés, el propietario de Concerto Yachting es oficialmente Döhle Corporate and Trust Services, una firma especializada en la administración de sociedades offshore, la optimización fiscal y la gestión de yates. Esta firma fue contratada por Bernard Arnault para actuar como accionista ficticio, es decir, como testaferro. Concerto Yachting pertenece en realidad a una empresa buzón luxemburguesa, Semyrh-Europe, controlada a su vez por Agache (antes Groupe Arnault), principal holding francés de la familia Arnault, que también posee una participación del 50% en LVMH.

Bernard Arnault no ha querido explicarnos por qué ha recurrido a un testaferro. La firma Döhle tampoco ha respondido a nuestras preguntas.

El director de LVMH conoce bien las ventajas de Malta en materia de yates. Tal y como reveló Le Monde, Bernard Arnault ya había comprado su actual embarcación, el Symphony, a través de otra sociedad local, Sonata Yachting Limited, también gestionada por el bufete Döhle. Las autoridades de Malta han situado a su país en el segundo puesto europeo en cuanto a matriculaciones de yates, en particular ofreciendo reducciones del IVA, primero en la compra del barco y luego cuando se alquila.

En la página web de Döhle, la exdirectora de operaciones del bufete, que hasta diciembre de 2025 fue una de las gestoras de Concerto Yachting en nombre de Bernard Arnault, alaba además la “eficiencia fiscal” de la que se benefician las sociedades maltesas creadas para poseer yates. Eficacia que se basa, entre otras cosas, en la ausencia de impuesto sobre los beneficios y en “la exención del IVA” para los buques de uso comercial, es decir, destinados a ser alquilados a turistas muy adinerados.

Es precisamente este estatus el que Bernard Arnault ha elegido para sus palacios flotantes, ya que permite tanto reducir los impuestos como financiar, gracias a los alquileres, una parte de los costes del barco. La única restricción es que cuando Bernard Arnault utiliza su barco debe alquilarlo a su propia empresa.

Al ser preguntado sobre las ventajas fiscales maltesas, el portavoz de Bernard Arnault se limitó a indicar que “el recurso a una sociedad de derecho maltés para poseer y explotar comercialmente un buque es una práctica habitual en la industria náutica”, ya que “Malta es un Estado miembro de la Unión Europea de reconocida experiencia marítima”.

En 2018, el mismo portavoz había afirmado en el programa Pièces à conviction que el Symphony no se beneficia de “ningún régimen fiscal ventajoso propio de Malta”, alegando que “la recuperación del IVA es la misma […] en Francia o en Malta”.

Esta afirmación es rebatida por el director de una empresa francesa de gestión de yates, que ha pedido el anonimato. Para intentar frenar la fuga de yates hacia los paraísos fiscales, Francia ha creado un nuevo régimen más ventajoso, el Registro Internacional Francés (RIF). A pesar de sus esfuerzos, Francia sigue siendo, según nuestro experto, “en general menos atractiva que Malta”, sobre todo debido a la “fiscalidad más clara y controlada en Malta”, a su “aplicación más flexible de las normas europeas” en materia de IVA y a “una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta administrativa”.

No es el único truco empleado por Bernard Arnault. Aunque su yate actual, el Symphony, es propiedad de una sociedad maltesa, enarbola pabellón de las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar, lo que determina el régimen jurídico de los contratos de trabajo y le permite contratar a la tripulación sin pagar cotizaciones sociales. Su tripulación debe pagar pues de su propio bolsillo sus seguros de cobertura sanitaria y de jubilación, aunque sean franceses y naveguen frente a la mansión de Bernard Arnault en Saint-Tropez.

El multimillonario podría haber optado por el régimen RIF de pabellón francés, que ofrece importantes reducciones de las cotizaciones sociales, así como exenciones parciales según la nacionalidad y la situación de los marineros. “Pero no se trata de un régimen de ‘carga cero’ como el de algunos pabellones extranjeros, ya que se mantiene una base de protección social francesa”, explica nuestro experto en gestión de yates. En definitiva, dada su fortuna, Bernard Arnault tendría los medios para matricular sus yates en Francia, pagar allí un IVA rebajado y cotizar a la Seguridad Social por sus marineros.

Gracias a los ingresos por alquileres, pero también a las ventajas fiscales de Malta y las Islas Caimán, Sonata Yachting Limited, propietaria y operadora del Symphony, ha obtenido un excedente bruto de explotación acumulado de 7,8 millones de euros entre 2019 y 2024, según las cuentas de la empresa analizadas por Mediapart.

Durante el mismo periodo, Sonata transfirió 3,6 millones de euros a uno de los holdings de Bernard Arnault, en concepto de intereses de préstamo. Es poco comparado con los 228 millones gastados en la compra del buque. Incluso cuando se es multimillonario, no hay pequeños ahorros.

Si dejamos de lado el recurso a sociedades con sede en paraísos fiscales, Bernard Arnault compró su nuevo superyate de forma sencilla, con su propio dinero. En 2015, la operación fue más complicada: el Symphony fue adquirido por 228 millones de euros por una sociedad maltesa perteneciente a LVMH, que fue revendida a Bernard Arnault dos años más tarde.

La operación era jurídicamente arriesgada, ya que LVMH no tenía, a priori, ningún interés en comprar el yate de su jefe. Aunque el barco tenía estatus comercial, es decir, estaba alquilado a Bernard Arnault y a otros clientes, es imposible rentabilizar una inversión de tal envergadura únicamente con los ingresos de los alquileres.

Las motivaciones de Bernard Arnault siguen siendo un misterio. ¿Quería evitar gastar 228 millones ya en 2015? ¿Evitar pagar el impuesto de solidaridad sobre el patrimonio por el barco? No nos ha respondido a este respecto.

La venta en 2017 a Bernard Arnault de la sociedad Sonata Yachting, propietaria del Symphony, plantea además un problema. La ley exige que toda sociedad que haga negocios con su director general debe celebrar un “acuerdo regulado”, que debe ser aprobado por el consejo de administración y luego sometido a votación de los accionistas en junta general.

LVMH no lo hizo para la venta del Symphony y no ha querido explicarnos por qué. El grupo optó por otro procedimiento menos restrictivo, que consiste en revelar la existencia de transacciones entre “partes vinculadas”: en julio de 2017 se incluyó una nota minimalista en el informe semestral de LVMH y, posteriormente, en su informe anual.

LVMH respondió a Mediapart que “la operación de venta de Sonata Yachting se llevó a cabo de conformidad con las normas”, se presentó al “comité de auditoría del consejo de administración” y se realizó “de conformidad con las obligaciones vigentes para las transacciones entre partes vinculadas” (véase caja negra).

Contactada por correo electrónico, la sucursal maltesa del bufete Döhle acusó recibo de nuestras preguntas, pero no respondió. Contactada a través de LinkedIn, la exdirectora de operaciones de Döhle en Malta, en el cargo hasta diciembre de 2025, no dio ninguna respuesta.

Bernard Arnault envió a Mediapart la siguiente respuesta, a través del responsable de comunicación del grupo LVMH:

“Sus preguntas no dejan lugar a dudas sobre el enfoque que ha elegido para su artículo. Pero le contesto. En el preámbulo, mencionan un artículo de prensa sobre un buque mercante encargado a un astillero neerlandés de la marca Feadship y del que indican haber consultado ciertos documentos contractuales, así como los relativos a Sonata en 2017 que detallan. Estos elementos están sujetos al secreto comercial y nos sorprende que hayan podido acceder a ellos. Dado que la fuente no ofrece dudas a la vista de los elementos mencionados, nos reservamos todos nuestros derechos al respecto.

No obstante, en la medida en que algunas de sus preguntas se refieren a la gobernanza de una sociedad cotizada, nos parece útil aportar algunas precisiones fácticas.

La operación de venta de Sonata Yachting se llevó a cabo de conformidad con las normas. Los auditores participaron en todo el proceso, los miembros del Comité de Auditoría del Consejo de Administración fueron informados periódicamente —en particular, se realizó una presentación ante dicho Comité y se entregó una nota detallada— y, como usted indica, la transacción se mencionó en los anexos a las cuentas consolidadas de LVMH, de conformidad con las obligaciones vigentes para las transacciones entre partes vinculadas. La calificación jurídica y contable adoptada fue validada por los auditores y la operación de cesión se tradujo en la extinción de los vínculos con el Grupo LVMH, incluidos los préstamos, por lo que sus suposiciones son, por tanto, falsas.

El recurso a una sociedad de derecho maltés para poseer y explotar comercialmente un buque es una práctica habitual en el sector náutico. Malta es un Estado miembro de la Unión Europea de reconocida experiencia marítima y, por ello, suele ser elegida para este tipo de actividades. Por último, estas operaciones se realizan dentro del mercado del alquiler de yates, en pleno auge, como demuestra la multiplicación de proyectos de yates de crucero en todo el mundo.

Como ya indicábamos anteriormente, sus insinuaciones sobre el cumplimiento de la normativa aplicable son inaceptables, tanto en lo que respecta a la operación pasada, tal y como se ha precisado anteriormente, como al conjunto de operaciones presentes y futuras.

Traducción de Miguel López

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en la provincia de Cádiz y ha investigado a otras cuatro por un presunto fraude a la Seguridad Social cometido mediante empresas ficticias en Jerez de la Frontera, lo que ha generado un perjuicio económico cercano a los 500.000 euros, según informa EFE.

Según ha detallado la Policía en un comunicado, la investigación, desarrollada con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha permitido destapar un entramado de empresas sin actividad real que daban de alta a personas sin prestación laboral efectiva para que pudieran acceder de forma indebida a prestaciones, subsidios y otros beneficios del sistema público.

Los hechos se han centrado en la ciudad de Jerez, donde los agentes han constatado la inexistencia de actividad empresarial, así como la ocultación deliberada de ingresos, el impago reiterado de cuotas y el uso de altas fraudulentas para obtener prestaciones y causar un perjuicio a distintos organismos públicos.

Según la Policía Nacional, hasta 25 trabajadores ficticios han llegado a percibir prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal por un importe global de 140.218 euros, a los que se suman 5.825 euros cobrados por varias personas en concepto de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Además, tres personas han percibido prestaciones por incapacidad temporal mediante el pago directo de una mutualidad por un importe de 15.876 euros, mientras que uno de los supuestos trabajadores ha utilizado el alta fraudulenta para renovar su documentación como extranjero y regularizar su situación administrativa en España.

La fiscalidad en torno a las grandes tecnológicas es un tema que cada cierto tiempo resurge con fuerza en el debate nacional y europeo. Esta vez ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha vuelto a abrir el melón para pedir un impuesto más alto que ha denominado como “tasa Trump”. La idea, que detallaba la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, es que ese impuesto alcance el 15% para un sector que “ha operado sin reglas durante años y que ha tenido grandes beneficios operando con los datos de la población”, concluía. En el punto de mira están las llamadas big tech o GAFAM: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta y Microsoft.

Su modelo de negocio en “la nube” y la forma en la que funcionan ha hecho a los sistemas de control caminar siempre un paso por detrás. Por ejemplo, el juzgado de lo mercantil número 15 de Madrid impuso a Meta una sanción de 542 millones por infringir la ley de protección de datos al emplear estos con usos publicitarios y lucrativos. De esta forma, ejercía una competencia desleal con respecto a los medios de comunicación tradicionales, considera la Justicia. Todo es nuevo en este ámbito, desde el modelo de negocio al pago de los tributos. Pero, ¿cómo es la fiscalidad de estas macroempresas que operan, muchas veces, sin presencia física o activos tangibles y que declaran el grueso de sus beneficios en países con ventajas fiscales como Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos? 

Datos personales, algoritmos, plataformas, programas informáticos, aplicaciones, derechos digitales… El 8 de octubre de 2021 alrededor de 140 países de todo el mundo se reunieron para revisar las normas aplicables al impuesto de sociedades con un objetivo: “modernizar la fiscalidad de cara a la era digital y mitigar la competencia fiscal mundial”. El planteamiento tenía dos pilares: uno era crear un tipo impositivo efectivo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para las empresas multinacionales, que entró en vigor en la Unión Europea en 2024. Pero en el otro pilar surgieron los problemas.

La propuesta pedía conceder a los países donde se encuentran los clientes de las empresas el derecho a gravar una parte de los beneficios, tengan o no presencia física en su territorio estas compañías. Y aquí fue donde Estados Unidos protestó y el acuerdo se estancó. “Este pilar, aún pendiente de aprobar, pretende reasignar parte de los beneficios de las big tech a los países donde realmente tienen usuarios y mercado, pero su implementación está siendo muy lenta por falta de consenso global”, resume Raquel Jurado, economista experta en fiscalidad y miembro del Consejo General de Economistas. De hecho, el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, llegó a amenazar con represalias a los países que intenten hacer un seguimiento fiscal más exhaustivo.

Según un informe de la Comisión Europea, Estados Unidos, al que pertenecen la mayoría de las grandes multinacionales tecnológicas, alegó que este acuerdo perjudicaba “desproporcionadamente” a sus empresas. Para ponderar la magnitud de estas big tech (todas ellas estadounidenses) basta decir que juntas —y añadiendo la empresa de software Nvidia y Tesla a la cuenta—, rebasan los 20 billones en capitalización bursátil, una cifra que supera el PIB de China. Pero su alcance se mide también en lo más cotidiano: cuando compramos en Amazon o nos ponemos unos AirPods, cuando abrimos un ordenador, escribimos en un documento o abrimos Instagram. La nube se traduce en datos, algoritmos, plataformas y dinero, de forma que el negocio digital —que tan despistados ha tenido a los sistemas tributarios— se vuelve mucho más tangible. 

Hasta ahora, la estrategia de estas macroempresas ha sido trasladar el grueso de sus beneficios a países con sistemas fiscales beneficiosos, convirtiendo sus filiales en una especie de “clientes” de la compañía matriz, a través, por ejemplo, de la cesión de derechos de propiedad intelectual a las matrices para que luego cobren por ellos. “Las big tech en España tributan principalmente por el Impuesto sobre Sociedades a través de sus filiales, pero normalmente solo por una remuneración limitada, porque la mayor parte del beneficio se declara en otros países (Irlanda, Países Bajos…)”, explica Jurado.

Amazon posee siete filiales en España, pero su matriz europea está en Luxemburgo. En nuestro país, generó el año pasado unas ventas brutas de más de 8.000 millones, 3.350 millones de beneficios y, según sus propios datos, pagó 400 millones de euros en impuestos directos derivados de Sociedades, de la “tasa Google”, de derechos de importación o por la construcción o compra de terrenos. Por su parte, Microsoft, con sede en Irlanda, también cuenta con diversas filiales nacionales. La principal —Microsoft Ibérica— ingresó 1.688 millones y su beneficio después de impuestos fue de 35 millones tras un pago de tasas de 21 millones, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. 

En cuanto a la marca de la manzana, opera en España principalmente bajo Apple Retail Spain y Apple Marketing Iberia. Ambas sociedades dependen de Apple Retail Europe Limited, con sede en Irlanda y controlada, en última instancia, por Apple INC, con sede en California (EE UU). Sus ventas en Europa ascendieron a 33.861 millones, un 11% más que en el año previo, y en España Apple Retail facturó el año pasado 575 millones, ganó 21,4 antes de impuestos y pagó 4,6 en impuestos sobre beneficios, de acuerdo con su depósito de cuentas. Por su parte, Apple Marketing facturó 226,9 millones, obtuvo unos beneficios antes de impuestos de 103 y pagó en impuestos aplicados sobre beneficios 25 millones. 

Meta, que agrupa a Facebook, Instagram o WhatsApp, trabaja en España a través de la sociedad Facebook Spain SL y sus números aquí no suelen ser buenos. En 2023 sus cuentas reflejan unas pérdidas de 36,3 millones, en 2024 (último ejercicio disponible) volvió a ofrecer unas pérdidas de 51 millones, con una cifra de ventas de 73 millones. La actividad de esta filial se ciñe en España, según sus cuentas, al negocio de la publicidad, todo lo demás pasa por su sede europea de Dublín. Sin embargo, la empresa matriz, con sede en California, ganó en conjunto el año pasado 62.360 millones, un 59% más. Su facturación, también de récord, llegó a los 164.501 millones. 

En su último encuentro con la regulación española, Meta ha sido sancionada por emplear los datos de sus usuarios sin consentimiento expreso para fines publicitarios. Algo que contraviene la ley y supone una competencia desleal por el mercado de la publicidad, una práctica abusiva a la que también se pretende poner límites.

Google (Alphabet), por su parte, ha tenido también algunos encontronazos con la Agencia Tributaria. En 2016 y 2017 el fisco les inspeccionó y la filial, centrada también en la venta de publicidad, pagó algo más de tres millones de euros para regular el impuesto de sociedades entre 2011 y 2015. El año pasado, su filial española ganó 78,5 millones de euros, con una cifra total de negocio de 328,5 millones. En impuesto de sociedades pagó, de acuerdo con su depósito de cuentas, 25 millones en 2024. Su matriz, en cambio, ingresó más de 88.000 millones, con un beneficio por encima de los 30.000.

En el caso de España, se han ido implementando medidas para gravar este tipo de empresas. La más conocida es la denominada “tasa Google”, que entró en vigor en 2021 y acumula una recaudación de 1.122 millones en estos cuatro años. La recaudación está muy por debajo de lo que el Gobierno estimaba en un primer momento (unos 969 millones anuales), pero ha ido aumentando. El último dato disponible en la Agencia Tributaria y relativo a 2024 llegó hasta los 375 millones, un 23% más que en el ejercicio previo. 

Este impuesto se aplica a ingresos derivados de servicios de publicidad en línea (ejemplo), de intermediación online y de transmisión de datos, un ámbito problemático como ya ha dejado claro la reciente multa a Meta. Deben pagarlo las compañías con una cifra de negocio superior a 750 millones y en las cuales el importe total de sus ingresos por servicios digitales del año anterior supere los tres millones de euros. De forma que a las multinacionales que deben abonarlo se les aplica un 3% sobre los ingresos generados por servicios digitales. Este impuesto, explica la economista, “grava las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en territorio español”, concluye.

La imposición de una nueva tasa, que Sumar pretendía incluir en los presupuestos generales del Estado, aún no es una “propuesta cerrada”, señalan fuentes del Ministerio, pero el debate lleva tiempo sobre la mesa y va más allá de las fronteras nacionales. “La dificultad para subirles más impuestos radica en que España no debería actuar unilateralmente: las normas de fiscalidad internacional deberían ser coordinadas”, señala la experta. Y concluye que “una vía realista” para hacerlo sería lograr una “coordinación a nivel internacional”.

Un supuesto defraudador fiscal acusado por dos delitos contra la Hacienda Pública plenamente acreditados por la Agencia Tributaria y otro de falsedad documental, y a la vez imputado por administración desleal y corrupción en los negocios por tratar de ocultar una presunta comisión de 500.000 euros a un directivo de Quirón –la principal contratista sanitaria del Gobierno que dirige su novia–, se presentó el pasado martes en el Tribunal Supremo como una víctima de una operación de Estado. La sobreactuación de Alberto González Amador ante los magistrados –"Me han destrozado la vida; o me voy de España o me suicido", declaró– no solo buscaba la condena del acusado, el fiscal general del Estado. Amador cree que, con una sentencia condenatoria contra García Ortiz, podrá lograr el archivo de la causa por cinco delitos que el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid sigue contra él.

En el relato que trata de imponer su abogado, Gabriel Rodríguez-Ramos, ante el Alto Tribunal, Amador es el perjudicado directo de una supuesta conspiración de al menos tres instituciones del Estado controladas por el PSOE –el Gobierno, la Agencia Tributaria y la Fiscalía– para dañar políticamente a su pareja, Isabel Díaz Ayuso (del PP) a través de él. La resolución de la Sala de lo Penal del Supremo con la que se abrió el caso contra el fiscal general considera que la conducta de la que se le acusa –revelar un correo de unas negociaciones de conformidad en la que Amador confesaba sus delitos para evitar la cárcel– habría afectado a un derecho fundamental de Amador, el derecho de defensa.

"Estimamos que, al menos indiciariamente, en este supuesto, sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa del Sr. González Amador, como consecuencia de la revelación de un correo existente entre su letrado y el fiscal de delitos económicos, el día 2 de febrero de 2024", sostenían los magistrados en su auto de admisión a trámite, con el que se inició la instrucción.

La causa que se sigue contra el novio de Ayuso en los juzgados de Plaza de Castilla consta de dos piezas. La primera y principal es la que dio inicio al caso, los dos delitos fiscales y la falsedad documental derivada de las facturas falsas que presentó ante a Hacienda para tratar de ocultar el fraude tributario. Esa pieza ya está totalmente instruida y el juzgado ha dictado auto de apertura de juicio oral. El proceso se iniciará en unos meses ante un Juzgado de lo Penal de Madrid. La segunda pieza, la relativa a la compra de una sociedad inactiva y sin capital ni empleados a la esposa de un directivo de Quirón por medio millón de euros en una operación que trataría de ocultar una comisión irregular –una conducta más difícil de probar– sigue todavía en la fase de investigación.

En caso de que el fiscal sea finalmente condenado en el Supremo, la defensa de Amador en el caso en el que está acusado e imputado por cinco delitos –el mismo equipo que lo representa en el juicio contra García Ortiz– reclamará, con total seguridad, que la causa abierta contra él se anule. El motivo que alegará es vulneración de derechos fundamentales. En concreto, hará valer la sentencia para demostrar que la Fiscalía, a través de su máximo representante, vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.2 de la Constitución en su vertiente del derecho de defensa. Serán el Juzgado de Instrucción 19, del que es titular Antonio Viejo, el juez de lo Penal al que corresponda el juicio de los delitos fiscales, o la Audiencia de Madrid los órganos que, hipotéticamente, tendrán que decidir si anulan las actuaciones por ese motivo.

Varios magistrados del orden Penal consultados por infoLibre consideran que, aun habiendo condena, en la causa contra Amador no cabría declarar la nulidad. Esos magistrados explican que el derecho de defensa afecta únicamente al proceso en sí, es decir, tanto a las diligencias que hubiera iniciado el fiscal, como a la causa ya abierta en el juzgado o en el propio juicio cuya apertura ya se ha dictado. Esas mismas fuentes aseguran que las negociaciones para una conformidad son externas al proceso, como explica el hecho de que esas conversaciones previas al acuerdo no estén reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reserva o el secreto que establece esa ley para la instrucción no engloba los tratos para establecer los términos del acuerdo entre el fiscal y el acusado, que necesariamente implica la confesión de los delitos que se le achaquen.

Pueda o no lograrlo, que la defensa de Amador trate de conseguir que se le exima de sus delitos mediante la nulidad es algo que solo podría intentar en caso de que, tras el juicio que se celebra estos días, haya sentencia condenatoria. En caso contrario, si el fiscal general sale absuelto, a González Amador solo le quedarán dos vías: las mismas que le indicó su abogado cuando Hacienda le comunicó la existencia de sus delitos. La primera es seguir adelante con el juicio que tiene pendiente por sus dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública y su falsedad documental, y defenderse en la instrucción de los otros dos que se le imputan (corrupción en los negocios y administración desleal) en la pieza separada. La segunda es volver a negociar con el Ministerio Público para reconocer de nuevo los delitos que se le achacan y tratar de lograr evitar la prisión.

Una exfiscal de delitos económicos que ha llevado varias causas de este tipo explica que, en estos casos, lo más razonable para el acusado es tratar de llegar a un acuerdo para conseguir una reducción de la condena y que, en principio, no existirían obstáculos para meter en un mismo paquete todas las infracciones penales que se le achacan en una hipotética negociación. El escenario que afrontará en ese caso, sin embargo, es mucho más complicado que el del primer intento, hecho a toda prisa el 2 de febrero de 2024 –fecha del correo en el que su abogado decía "ciertamente se han cometido dos delitos fiscales"– antes de que ni siquiera hubiera empezado la fase de instrucción y, por supuesto, la pieza separada. En ese momento habría podido salir con una condena muy leve por solo dos delitos, así como el pago de la multa y la cuota defraudada. Si Álvaro García Ortiz sale absuelto, Amador se enfrentará a penas más graves y, si quiere reducirlas o evitar su cumplimiento, tendrá que admitir otra vez los hechos. Por eso, la causa contra el fiscal general es su última bala.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, los jueces de la audiencia madrileña avalan la decisión de la magistrada de instrucción en el proceso principal contra González Amador, en el que está procesado junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas.

Los magistrados rechazan el recurso presentado por González Amador contra la decisión de la magistrada Inmaculada Iglesias -que se jubiló el pasado mes de agosto- de continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado, y en el que la defensa del novio de Díaz Ayuso argumentaba que se habían vulnerado sus derechos fundamentales al no permitirse la práctica de diligencias "interesadas en tiempo y forma".

Destacan los jueces que González Amador se acogió a su derecho a no declarar como investigado el día 24 de febrero de 2025, tras lo que puso de manifiesto verbalmente ante la jueza su disposición a volver a declarar una vez que la Audiencia Provincial resolviese el recurso que interpuso contra la formación de una pieza separada, en la que el juzgado investiga sus negocios con el grupo Quirón.

Pero una vez dictada esta resolución el 3 de marzo de 2025, el empresario "no solicitó declarar nuevamente como investigado en esta causa", aunque sí lo hizo en la pieza separada, subrayan los magistrados.

En este auto, los jueces se refieren a otro dictado a la vez en el que rechazan otro recurso de González Amador y avalan la decisión de la jueza (también de mayo) de rechazar una serie de diligencias solicitadas por su defensa, como la declaración de dos testigos y la presentación de un informe pericial de parte.

Estos autos se conocen después de que la causa haya avanzado y el pasado mes de septiembre la titular que se encarga temporalmente del Juzgado de Instrucción número 19, Carmen Rodríguez Medel, acordara abrir juicio oral contra González Amador y los otros cuatro investigados por los delitos de fraude a Hacienda en 2021 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

Esta jueza, en su argumentación sobre la apertura del juicio oral, se remitió a los fundamentos planteados por el juez del Supremo Ángel Hurtado en el auto en el que abrió juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos precisamente por publicar datos sobre este proceso a González Amador.

Al enumerar esos fundamentos recordó que el auto de apertura de juicio oral "es una resolución que sirve para que el procedimiento avance, todo ello con base en los hechos recogidos en los tres escritos de acusación presentados que, por otra parte, en el presente caso van en consonancia con el auto de procedimiento abreviado dictado en fecha 28 de mayo de 2025". Y es este auto es el que ahora confirma la Audiencia Provincial de Madrid.

El senador y ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha dicho este miércoles que nunca supo el origen del 'pantallazo' con el correo clave del caso de fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que recibió de un cargo de Moncloa.

Lobato ha declarado como testigo en el juicio que acoge el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, admitía en nombre de su cliente un fraude a Hacienda en busca de un pacto.

El ex secretario general del PSOE-M dimitió como líder de los socialistas madrileños tras la controversia generada por registrar ante notario unos mensajes que se cruzó con Pilar Sánchez Acera.

Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, ahora ministro y entonces director de gabinete de Presidencia del Gobierno, le mandó un pantallazo con el correo que centra este juicio para que lo usara en la Asamblea de Madrid.

Según la conversación, Juan Lobato se interesó por el origen del correo y le preguntó si eso "se ha publicado en algún sitio". "Porque llega, la tienen los medios", contestó Sánchez Acera. "Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la fiscalía (sic)" le responde.

En su declaración, Lobato ha asegurado que nunca supo el origen de ese pantallazo. "Lo intenté reiteradamente saber y no conseguí más que "está en los medios" pero no se me contestó el origen".

Lobato ha explicado que la "prudencia" le guió para preguntar por el origen porque, si no lo conoce, "a nivel de imagen pública se puede interpretar que quien puede tener interés es la Fiscalía y que puede parecer que me ha llegado de ahí" y eso "no tenía sentido que pasara".

Eso sí, ha querido dejar claro que no conoce a nadie de la Fiscalía General y que, por tanto, "en absoluto" ha recibido ese pantallazo de nadie procedente de esa institución.

Del mismo modo, ha negado que recibiera indicaciones o instrucciones de Moncloa en este caso. "Nunca", ha dicho.

El juez Ángel Hurtado, responsable de la investigación, aludió a "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" al fiscal general, si bien la Sala que revisó sus decisiones retiró esa expresión por no haber "sido acreditada con suficiencia".

La dirigente del PSOE Enma López ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncie tras los vídeos conocidos de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en los que reconocía que su acusación al fiscal general del Estado se basaba en una deducción.

"Feijóo no puede seguir callado ante las mentiras y el deterioro institucional del PP de Ayuso", ha asegurado la secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta del PSOE desde Ciudad Rodrigo (Salamanca).

López ha denunciado "la gravedad de que desde una institución como la Comunidad de Madrid se haya mentido para proteger a la presidenta Ayuso y a su entorno".

La socialista ha insistido en la necesidad de que Feijóo dé la cara: "No puede seguir callado por miedo a Ayuso después de lo que le pasó a Casado". Y ha acusado al PP de "haber faltado al respeto al fiscal general del Estado y de mentir para tapar delitos fiscales".

A este respecto ha manifestado la "profunda indignación" de su partido por las declaraciones que prestaron el novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, del que ha apuntado que "confesó haber mentido exclusivamente para intentar proteger a su jefa, manchando la imagen de una institución tan importante como el Fiscal General del Estado".

Desde el PP, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha rehusado comentar la declaración del jefe de Gabinete de Ayuso y ha asegurado que es él quien debe dar explicaciones.

"No he escuchado las declaraciones ni he visto el video así que comprenderá que no voy a comentar", ha aseverado Muñoz.

A la pregunta de si considera que la mentira es una herramienta válida en política ha opinado que "la mentira nunca es una herramienta".

Dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal. Son las tres infracciones penales de las que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, tendrá que defenderse cuando el Juzgado de lo Penal de Madrid al que corresponda el caso decida la fecha en la que lo sentará en el banquillo de los acusados. Las penas que solicita el Ministerio Fiscal para el comisionista sanitario son de tres años y nueve meses –cinco años y tres meses si se cuentan las peticiones del PSOE y Más Madrid– con lo que, en principio, una eventual condena comportaría su ingreso en prisión al superarse los dos años, el límite habitual para suspender las penas de cárcel. En el juicio también estarán sus cómplices, los que le ayudaron a crear facturas supuestamente falsas para ocultar el fraude fiscal y otro empresario mexicano también implicado en la trama.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado (que actúa en representación de la Agencia Tributaria) solicitan idénticas penas de un año y nueve meses para el primer delito fiscal cometido conjuntamente con el de falsedad en documento mercantil y de dos años y un día para el segundo. A esa nómina de delitos, la acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid suma los de delito continuado contable y el de pertenencia a grupo criminal para los que solicita sendas penas de seis meses y un año y medio más. En total, la pareja de la presidenta madrileña se arriesga a una condena de cinco años y tres meses de prisión.

Fuentes judiciales explican que el hecho de que se haya acordado la apertura de juicio no cierra la puerta a que González Amador busque un pacto con el Ministerio Público para reconocer –esta vez sí– sus presuntos delitos, pagar la multa, la sanción y los intereses correspondientes para tratar de evitar la foto de su entrada en un centro penitenciario. El auto de apertura de juicio oral conocido este lunes afecta únicamente a parte de los delitos que se imputan al empresario. La anterior instructora, Inmaculada Iglesias, que se jubiló el pasado agosto, abrió una pieza separada por otros dos presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal que todavía se encuentra en fase de instrucción.

Esta segunda investigación indaga una supuesta comisión de la pareja de la presidenta madrileña a un directivo del gigante sanitario Quirón, uno de los principales contratistas hospitalarios de la Comunidad de Madrid. González Amador compró a la esposa de este directivo una sociedad por casi medio millón de euros, pero la firma adquirida no tenía empleados ni equipamiento de ningún tipo y carecía de actividad, por lo que los investigadores sospechan que se trata de una operación simulada con la única finalidad de camuflar el pago de una mordida.

La resolución de este lunes, firmada por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, sustituta de Iglesias a la espera de que tome posesión del juzgado su nuevo titular, Antonio Viejo, cita como única resolución de referencia el auto de apertura del juicio oral dictado por el instructor del Supremo Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado el pasado 9 de septiembre, de la cual recoge seis párrafos. La pareja de Ayuso, aquí procesada, actúa en ese otro caso como acusación particular contra el máximo responsable de la Fiscalía en el proceso que se sigue contra él en el Supremo por un delito de revelación de secretos del que el instructor no ha conseguido acumular una sola prueba.

Tanto el fiscal como el abogado del Estado solicitan que a González Amador se le aplique la atenuante de reparación del daño causado al haber ingresado el 17 de mayo de 2024 el importe presuntamente defraudado más los intereses. El novio de Isabel Díaz Ayuso también ha hecho efectivas las cantidades que pudiera corresponderle abonar en concepto de responsabilidad civil derivada de sus delitos. El juicio se celebrará ante el Juzgado de lo Penal de Madrid que corresponda. Junto a González Amador se sentarán en el banquillo su socio y presunto testaferro mexicano Maximiliano Niederer. También otros tres acusados –David Herrera, Agustín Carrillo y José Miguel Carrillo– propietarios de sociedades andaluzas que redactaron parte de las facturas falsas que la pareja de Ayuso presentó a Hacienda.

La querella por cinco delitos fiscales presentada por un grupo de juristas, catedráticos y periodistas el pasado noviembre contra Juan Carlos I por la supuesta comisión de cinco delitos contra la Hacienda Pública sigue viva. Sus promotores, entre los que se encuentra el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo o los periodistas Josep Ramoneda y Pilar del Río, han presentado ante la Sala de lo Penal del alto tribunal –la misma que archivó el caso el pasado mayo– un incidente de nulidad de actuaciones. Se trata del último trámite antes de la elaboración de un recurso de amparo para presentarlo ante el Tribunal Constitucional.

Los hechos denunciados se ciñen a las actividades que realizó presuntamente el rey emérito mediante dos fundaciones, Zagatka, con sede en Liechtenstein y Lucum, en Suiza, con el objetivo de ocultar sus ingresos y así evitar pagar impuestos en España. Según expone la querella, con estas fundaciones, Juan Carlos I habría financiado gastos personales, como por ejemplo viajes de lujo, vuelos e incluso la compra de armas. La cuantía total de esos delitos sería de más de tres millones y medio de euros, divididos entre cinco ejercicios fiscales y significarían unas penas de cárcel que irían de los 2 a los 6 años por cada uno de los delitos además de tener que pagar en concepto de multa seis veces el importe defraudado.

El escrito encuadra la actividad ilegal del rey emérito entre los años 2014 y 2018, es decir, con posterioridad a su abdicación, la cual se produjo el 19 de junio de 2014. De esta forma, los hechos que exponen no se encontrarían amparados por la inviolabilidad que llevaba aparejada su condición de Jefe de Estado y que ha hecho en el pasado descarrilar otros procedimientos en su contra. Aún así, y pese a su abdicación, Juan Carlos I sigue disfrutando de condición de aforado por su título de rey emérito, lo que hace que solo le podría juzgar el Tribunal Supremo. En este sentido, en el caso de ser admitida la denuncia, los querellantes solicitan la declaración de Juan Carlos I, la cual podría llevarse a cabo mediante videoconferencia desde su residencia en Abu Dhabi.

Tras recibir la querella, la Sala pidió informe a la Fiscalía que, el pasado marzo reclamó la inadmisión de la querella y su archivo al considerar que no aportaba "ni hechos ni fuentes de prueba distintos" de los que ya tuvo en cuenta el Ministerio Público en 2022 para archivar las diligencias que había abierto contra el padre de Felipe VI. Dos meses después, el tribunal archivó el caso al considerar que los hechos "no constituyen ilícito penal, se encuentran prescritos o fueron objeto de regularización tributaria". Los magistrados acusaron a los querellantes de hacer una "selección fragmentada e interesada" de las diligencias que en su día elaboró y archivó la Fiscalía. "Nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal", mantuvieron.

El incidente de nulidad presentado ahora por los querellantes acusa a la Sala de haber incurrido en "incongruencia omisiva", un vicio procesal consistente en dejar de responder las pretensiones de las partes. Ese vicio, según el escrito habría conculcado el derecho a la tutela judicial efectiva de los juristas y escritores autores de la iniciativa. Los magistrados, según el documento, habrían vulnerado ese mismo derecho fundamental al denegar las pruebas que se solicitaron: las diligencias de investigación de la Fiscalía archivadas en 2022, las notificaciones enviadas a la representación del emérito avisándole de la existencia de esas diligencias, un informe de Hacienda sobre la fecha en la que se detectó la existencia de posibles delitos cometidos por el monarca y otro sobre las medidas adoptadas por la Agencia Tributaria para depurar responsabilidades administrativas o penales.

El previsible rechazo a este último recurso dará fin la vía penal ante los tribunales ordinarios y abrirá la posibilidad de actuar ante el Tribunal Constitucional mediante la interposición de un recurso de amparo. El objetivo es que el órgano de garantías aprecie la vulneración de la tutela judicial efectiva que denuncian los querellantes y obligue al Supremo a admitir e instruir la querella.

Llamar "delincuente" o "defraudador confeso" a Alberto González Amador le causa "daños morales", es decir, vulnera el derecho al honor de una persona que ha reconocido haber cometido dos delitos fiscales para tratar de conseguir un acuerdo con la Fiscalía que le permita evitar la cárcel. Así lo sostiene el instructor del Supremo en la causa contra el fiscal general del Estado, Ángel Hurtado, que, en su auto de apertura de juicio oral emitido este martes ha impuesto una fianza de 150.000 euros a Álvaro García Ortiz para asegurar que esos supuestos perjuicios contra el novio de Isabel Díaz Ayuso se resarzan en caso de que el jefe del Ministerio Público sea finalmente condenado. La medida cautelar, que según jueces y fiscales consultados por infoLibre es "absolutamente desproporcionada", se impone pese a que la Sala de lo Civil del Alto Tribunal ya ha denegado a González Amador una indemnización por difamación por considerar que se trata de una persona "de relevancia pública".

La Sala de lo Civil rechazó el pasado mayo la demanda por vulneración del derecho al honor presentada por el novio de Ayuso contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que pedía 40.000 euros por referirse a él públicamente como "delincuente fiscal" y asegurar ante los micrófonos que él mismo había reconocido sus infracciones penales. En la sentencia, los magistrados recordaron que González Amador es una persona "con notoriedad pública", derivada de su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que también hacía referencia Montero en sus declaraciones públicas.

"Aparte de estar involucrado, como investigado, en un proceso penal de gran notoriedad mediática, el demandante es un personaje público en tanto que es la pareja de la presidenta de una comunidad autónoma y al parecer conviven en un piso que es objeto de comentario constante en los medios de comunicación sobre el origen de los fondos con los que se sufragó". Por esa razón, proseguía la resolución, "no puede evitar quedar sometido al escrutinio público, más aún si lo que se critica es que ese cargo disfrute de un supuesto elevado tren de vida proveniente de la actividad profesional o empresarial de su pareja".

Al final concluía que las declaraciones de Montero "constituyen una crítica política que, por otra parte, guste o no como realidad social, es frecuente en nuestros días: criticar el contexto familiar de los políticos cuando existen conductas sospechosas de ser delictivas o, al menos, socialmente reprochables". Además, la sentencia sostuvo que "concurren los elementos legitimadores de la libertad de expresión: las manifestaciones versan sobre una cuestión de interés general y afectan a una persona de relevancia social (la pareja de una importante política, la cual es, en realidad, la destinataria última de la crítica), no se utilizan insultos o expresiones injuriosas [y] tienen una base fáctica razonable".

La sentencia analiza declaraciones de la vicepresidenta Montero anteriores a la supuesta filtración por la que García Ortiz se sentará finalmente en el banquillo, pese a que él niega ser el responsable y el instructor no ha logrado acreditar con ninguna prueba que lo fuera. Las primeras se realizaron el 12 de marzo de 2024, día en que se conoció que Hacienda había denunciado a González Amador por dos delitos fiscales, mientras que las primeras informaciones cuyo origen se achaca al fiscal general son de la noche del día 13, casi dos días después. Es decir, que antes de que el máximo responsable de la Fiscalía hubiera podido filtrar nada, ya estaba en todas las redacciones que el Ministerio Público investigaba al novio de Ayuso por sus delitos contra la Hacienda Pública, es decir, que era un presunto delincuente.

Pese a la cronología de los hechos y a la ausencia total de pruebas contra el fiscal general, Hurtado culpa a García Ortiz de la fuga de información y asegura que, como consecuencia de ella, se formó "una generalizada opinión pública que considera culpable de un delito a quien no lo es", según sostiene el instructor, lo que ha ha afectado a "su honorabilidad y su reputación social". El juez valora la declaración como testigo de González Amador, al que se refiere como "la víctima". "Se refirió a los perjuicios que le ha ocasionado", el hecho de que le llamen delincuente y defraudador confeso "para sus relaciones personales y sociales, de destrozo a ambos niveles (...), como también en el aspecto económico". El novio de Ayuso reclamaba que la fianza ascendiera a 300.000 euros que el juez ha dejado en 150.000.

Jueces y fiscales consultados por infoLibre aseguran que se trata de una cantidad "absolutamente desproporcionada". Recuerdan que es muy superior a la que se suele imponer en casos en los que los perjuicios están acreditados, como los de agresiones sexuales que llegan a los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Otros juristas consultados aseguran que la medida supone un trato especialmente peyorativo contra el máximo responsable de un órgano constitucional como es la Fiscalía al que se trata como un narcotraficante o el miembro de una organización criminal. "Como si el fiscal general fuera a escaparse o a eludir el pago de las cantidades a las que, hipotéticamente, pudiera ser condenado".

Como en resoluciones anteriores, Hurtado rechaza la reclamación de una de las acusaciones populares, la de la conservadora y muy minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), de que se suspenda cautelarmente como fiscal general a García Ortiz. Sin embargo, a diferencia de aquellas, en el auto de apertura de juicio oral notificado este martes, el instructor decide enviar su resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado "para que, en su caso, resuelva lo que proceda". Se trata de una decisión que ha causado estupor en fuentes jurídicas dado que el propio Hurtado considera que no existe ningún precepto legal que permita esa suspensión del jefe de la Fiscalía.

Fuentes cercanas al caso aseguran que, en el momento en que la inspección reciba el auto del juez, esta no podrá resolver nada al seguir abierto el proceso penal contra García Ortiz, que tiene preeminencia. Esas mismas fuentes recuerdan que, en caso de tener que pronunciarse sobre una hipotética suspensión cautelar, la conclusión sería la misma a la que ha llegado Hurtado: que esa suspensión cautelar podría operar respecto de cualquier fiscal una vez que se abra juicio contra él, pero no respecto al fiscal general del Estado que, además de encontrarse en situación de servicios especiales –técnicamente fuera del cuerpo mientras ejerce su cargo–, es a quien corresponde imponer, según la normativa disciplinaria, ese tipo de medidas.

Todavía no está terminado el procedimiento. Pero en el Consejo General del Poder Judicial dan por seguro desde el pasado julio que el sustituto de Inmaculada Iglesias, la instructora a la que correspondió el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, será Antonio Viejo, un juez muy apreciado entre sus compañeros, exdecano de los jueces de Madrid y ex secretario General de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces confirman que casi con total seguridad, la comisión permanente aprobará su nombramiento –que no es discrecional y se decide únicamente por criterios de antigüedad– este mes de septiembre al frente del Juzgado de Instrucción 19 de la capital. Viejo tomará los mandos de la investigación abierta a Alberto González Amador y, si su defensa no lo recusa por su breve etapa en el Ejecutivo, será quien instruya la pieza separada sobre una supuesta comisión a un directivo de Quirón, principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid.

Iglesias, la anterior instructora, pidió jubilarse a los 65 años pese a que jueces y magistrados pueden alargar su carrera en activo hasta los 72. La fecha de retiro le llegó a mediados de agosto, pero antes dejó terminada la pieza principal que dio origen al caso: la investigación por dos delitos fiscales y falsedad en documento mercantil denunciada por Hacienda a la Fiscalía. González Amador, a través de su sociedad Maxwell Cremona, dejó de pagar en los ejercicios de 2020 y 2021 350.951 euros por el Impuesto sobre Sociedades. Para perpetrar el fraude, además, supuestamente presentó facturas falsas por 1,7 millones para lograr una desgravación, pero la Agencia Tributaria advirtió la operativa y, al superar lo defraudado el límite de 120.000 euros, denunció ambos presuntos fraudes ante el Ministerio Público como delito. A finales del pasado mayo, la jueza propuso mandar a juicio al empresario, para el que el fiscal solicita tres años y nueve meses de cárcel.

A falta de que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre esta última decisión de Iglesias, lo previsible es que Viejo, su sustituto al frente del juzgado, no tenga que practicar ninguna diligencia adicional en esta pieza. Fuentes fiscales explican que, al proceder de una inspección tributaria, la causa venía ya prácticamente investigada desde Hacienda. El último trámite a realizar por el juzgado y que sí puede corresponder al nuevo titular es el auto de apertura de juicio oral, que contiene las conclusiones de la fiscalía y del resto de partes, así como las pruebas a practicar en la vista. Desde ese momento, el caso pasará al Juzgado de lo Penal que corresponda, que celebrará el juicio y, en última instancia, dictará sentencia. Fuentes fiscales aseguran que lo normal en este tipo de procesos es que el acusado acepte pactar con la fiscalía para lograr una sentencia de conformidad que reduzca la pena.

Sin embargo, el escenario judicial del novio de Ayuso es mucho más complicado que eso. Iglesias, con el aval de la Audiencia de Madrid, acordó abrir una pieza separada por una supuesta comisión ilegal abonada por González Amador a la esposa de un directivo de Quirón. Esta segunda investigación tiene mucha más carga política, al tratarse de uno de los principales contratistas sanitarios de la Comunidad de Madrid, que además gestiona varios hospitales públicos. La pareja de la presidenta madrileña pagó casi medio millón de euros a la esposa del director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, por la compra de una sociedad sin inmuebles ni maquinaria, es decir, sin valor. La anterior instructora y el fiscal consideraron que, con esa operación, pudo encubrir un presunto soborno al directivo del gigante hospitalario. Iglesias le imputó los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

Es esta pieza separada donde Antonio Viejo, el más que probable nuevo instructor, tendría que entrar de lleno si finalmente es nombrado titular del juzgado. Eso si los abogados de González Amador no deciden recusarlo. Tanto la pareja de Ayuso como la propia presidenta madrileña y el jefe de gabinete de esta última, Miguel Ángel Rodríguez, no han perdido la ocasión de dibujar la causa como una persecución política del Gobierno por su relación con la dirigente del PP. La causa abierta en el Supremo contra el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, como supuesta fuente del desmentido de un bulo difundido por el entorno de Ayuso (algo que García Ortiz niega taxativamente y de lo que, hasta el momento, no hay ninguna prueba) ha sido aprovechada por la jefa del Ejecutivo madrileño para abonar esta supuesta conspiración contra ella y su compañero.

Sin embargo, según varios jueces consultados, apartar a Viejo no será fácil. En primer lugar, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial solo establece como causa de recusación el haber ejercido un cargo público si al hacerlo se participó "directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito", algo que, con toda seguridad. no ha ocurrido en el caso del futuro titular, que dejó la Secretaría General de Justicia a principios de 2020. O si, desde ese puesto, hubiera podido "tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad". La inspección abierta a González Amador se desarrolló durante el año 2023 y corresponde a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, cuando Viejo ya estaba fuera del Gobierno. Otros magistrados recuerdan que el criterio decisivo, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), es garantizar "la apariencia de imparcialidad" del juez o magistrado al mando.

Existe una última razón mucho más práctica por la que la pareja de la presidenta madrileña podría intentar apartar del caso a Viejo: el deseo de alargar el proceso con el objeto de ganar tiempo. Las recusaciones contra jueces de instrucción las resuelven las Audiencias Provinciales, en este caso la de Madrid, que suele tardar varios meses en adoptar una decisión. González Amador ya ha intentado dilatar previamente la instrucción posponiendo su declaración como imputado ante la anterior instructora en al menos cinco ocasiones.

Antonio Viejo es un juez muy valorado entre sus compañeros. Ese aprecio se tradujo en un voto masivo en 2014, cuando se postuló como decano de los juzgados de Madrid –el partido judicial más grande de España– en una elección en la que barrió con 115 votos frente a los 42 y 26 de sus rivales. Pese a su paso por un Ejecutivo socialista, pertenece a la asociación mayoritariamente conservadora Francisco de Vitoria, la segunda en número de asociados y que, junto a otros colectivos de derechas, apoyó la huelga del pasado julio contra las reformas judiciales del Gobierno de Sánchez. Su puesto en el ministerio era de escaso perfil político. Su cometido era canalizar las relaciones entre Justicia y la carrera, así como la dotación de medios materiales y personales de las comunidades que no han asumido las competencias de Justicia.

El PSOE y Más Madrid han solicitado cinco años de cárcel para Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa que se sigue contra él por presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros y falsificación de documentos.

En el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, el PSOE y Más Madrid solicitan como acusación popular la apertura de juicio oral contra González Amador y penas de prisión de 3 años por delito continuado de falsedad de documento mercantil, 1,5 años por pertenencia a grupo criminal y 6 meses por delito continuado contable. En total cinco años, uno más que los cuatro pedidos tanto por la Abogacía del Estado como por la Fiscalía.

El PSOE y Más Madrid solicitan además que la inhabilitación de González Amador para la gestión y administración de empresas sea durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de nueves meses, a razón de 100 euros diarios.

La acusación socialista hace extensivo su escrito a Maximiliano Eduardo Niederer, David Herrera y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo, los otros empresarios investigados por presuntamente emitir facturas falsas.

Pide para cada uno de ellos tres años y cuatro meses de prisión: un año y medio por falsedad en documento mercantil, otro año y medio por pertenencia a grupo criminal y cuatro meses por delito continuado contable.

Reclama también para ellos el pago de una multa de seis meses, a razón de 50 euros diarios, y la inhabilitación para la gestión y administración de empresas durante el tiempo de la condena.

En su escrito de acusación el abogado del PSOE y Más Madrid proponen que declaren en las diligencias periciales las inspectoras de Hacienda Mercedes Urbano y María Martínez.

Como testigos, pide que se llame al director de Quirón Prevención, Fernando Camilo Maculet, y al director de grandes Cuentas de la misma compañía, Emilio Conde Herce, así como a los economistas Javier Luis Gómez Fidalgo y Blanca López-Crespo.

El PSOE y Más Madrid solicitan también la disolución de las sociedades Púrpura Star, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo, Desarrollo de CEE El Manatial, Bianconera Spa y Ginmosur.

La Fiscalía ha solicitado tres años, nueve meses y un día de cárcel por fraude fiscal para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas. Esta es la petición que hace el ministerio público según el escrito que el ministerio público ha enviado al juzgado que investiga el caso.

El pasado 29 de mayo, la jueza que investiga a González Amador le procesó en la causa en la que le investiga por presunto fraude fiscal y falsificación de documentos. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, en el marco de la pieza en la que investiga a González Amador y a otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental.

El procedimiento comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 y que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de Alberto González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.

Este informe dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a que la jueza abriera causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas. En esta causa han declarado, además de las inspectoras de Hacienda que elaboraron el informe inicial, Javier Gómez Fidalgo, que fue el abogado fiscalista que asesoró a González Amador una vez que Hacienda le abrió la inspección.

Antes de abrirse este procedimiento, en el que están personados como acusación la Fiscalía, el PSOE y Más Madrid, otro de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio. La filtración de ese correo desembocó en una investigación en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, causa por la que está procesado.

El fiscal ha mantenido este jueves en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial madrileña su petición de cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, por defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda, informa EFE.

En concreto le acusa de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) durante la primera etapa en la que el técnico italiano entrenó al Real Madrid.

Por su parte el abogado de Ancelotti, que en su declaración este jueves dijo que nunca pensó en defraudar a Hacienda y que él hizo lo que le dijeron el club y sus asesores, ha pedido su absolución y alternativamente que en caso de condena se le aplique las circunstancias atenuantes de reparación del daño, al haber saldado la deuda con fecha de diciembre de 2021, y de dilaciones indebidas.

Durante su informe el fiscal entiende que no cabe aplicar a Ancelotti la atenuante de reparación del daño ya que es verdad que terminó depositando 1.400.000 euros para pagar su deuda fiscal, el recargo de apremio y los intereses pero lo hizo el 27 de diciembre de 2021 tras intentar que fuera levantado el embargo decretado y tras un procedimiento de apremio por parte de la Agencia Tributaria.

"No es lo mismo decir que se ha saldado la deuda que ver cómo se ha saldado", ha comentado el fiscal, que estima que Ancelotti debe responder penalmente por dichos delitos por los que además de la pena de cárcel ha solicitado que sea condenado a una multa de 3.186.237 euros. El abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, se ha sumado a la acusación de la Fiscalía por dichos delitos.

Ha mantenido que "en connivencia con el Real Madrid" Ancelotti montó un entramado societario para gestionar el cobro por la cesión al club del 50 por ciento de sus derechos de imagen, de tal forma que la entidad deportiva se beneficiaba fiscalmente y al técnico le permitía una ocultación para no tributar.

El letrado del Estado ha añadido que para el cobro de dichas cantidades Ancelotti utilizó una empresa sin actividad radicada en Islas Vírgenes, considerado un paraíso fiscal sin que a efectos penales pueda alegar ignorancia.

En la primera jornada del juicio Ancelotti declaró que ni el club ni sus asesores le advirtieron de que hubiera algo incorrecto en la forma en la que se gestionaban sus derechos de imagen y que siempre pensó que esa cesión era para percibir su salario de seis millones netos por temporada según se estableció en el contrato que firmó con el Real Madrid en 2013 para tres años.

El letrado de Ancelotti, Carlos Zabala, ha mantenido que su representado estuvo "mal asesorado" y que los contratos objeto del juicio "fueron una chapuza".

"El contrato de la cesión del 50% de sus derechos de imagen ocultaba la intención del Real Madrid de tener una tributación más cómoda y a Ancelotti le garantizaron que cobraría seis millnes netos subieran o bajaran los impuestos", ha alegado el abogado.

Ha recordado que los inspectores de Hacienda que han declarado como peritos han reconocido que "puede que Ancelotti actuase en connivencia con el Real Madrid" por lo que se ha preguntado por qué no ha sido juzgado también el club.

Carlos Zabala ha abundado en que "Ancelotti no tenía claro lo que estaba firmando porque él no vendía camisetas y entendía que dicha cesión formaba parte de su salario pero se fio del Real Madrid y suponía que en todo caso si había algún problema lo tendría el club porque a él le daba igual" como se gestionara esta cuestión y solo quería cobrar el neto pactado en el contrato.

Ha manifestado que si el Real Madrid hubiera cumplido sus obligaciones de pago realizando correctamente las retenciones fiscales, que se ahorró, Ancelotti no estaría aquí porque el beneficio no lo sacó él sino el club.

En este sentido, Zabala ha recordado una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2020 por un procedimiento por hechos similares que se siguió contra el Rayo Vallecano por no realizar las retenciones fiscales de contratos, en el que fueron juzgados los administradores del club pero no los futbolistas ni el entrenador.

Opacidad, bajos impuestos, escasa colaboración con autoridades fiscales o facilidad para crear empresas fantasma. Estas son algunas las características que suelen definir a los paraísos fiscales, como se conoce a las regiones que ofrecen ventajas en cuanto a tributación o impuestos y que compiten por atraer el capital de empresas o ciudadanos que buscan contribuir menos a las arcas del estado. En España, la fuga anual de dinero por este tipo de maniobras llega a superar los 9.100 millones de euros, lo que supone un 0,7% del total del Producto Interior Bruto (PIB), según el informe Estado de la Justicia Fiscal 2024, redactado por la Plataforma de la Justicia Fiscal (PJF). En el informe señalan que si esta cifra se aplicase, por ejemplo, a la sanidad, se podría incrementar la financiación en un 8,9%. Si se destinase a la educación, en cambio, daría para contratar a 400.000 profesores de primaria.

“No pagar impuestos repercute en el gasto social y tiene consecuencias”, explica a infoLibre Juan Gimeno, coordinador de la Plataforma. Otro dato que ayuda a ponderar la magnitud de esta cifra, es que equivale al presupuesto anual total del ministerio de Trasportes y Movilidad Sostenible.

En la lista oficial de guaridas fiscales que proporciona el Consejo Europeo aparecen once países: Panamá, Islas Vírgenes, Rusia, Fiji, Trinidad y Tobago, Anguilla (un territorio británico en el Caribe occidental), Samoa Americana (dependiente de EE UU), Guam (situada en Micronesia y dependiente de EE UU), Vanatu (una isla del Pacífico Sur), Palau (Micronesia), Samoa (Polinesia). Pero desde la organización reclaman que se incluya a otros Estados que practican esta laxitud fiscal dentro de las fronteras europeas y citan a Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. “La UE debe eliminar inmediatamente las lagunas legales que permiten a los superricos y grandes corporaciones evadir impuestos, ocultando su dinero en guaridas fiscales lejanas, y dejar de hacer la vista gorda ante las que hay en sus propios Estados”, señala el coordinador. 

En Europa, los números son abrumadores. El documento señala que la fuga de capitales a nivel comunitario supera los 175.000 millones de euros. “Dentro de la propia Unión Europea existen territorios que podrían considerarse guaridas fiscales, con beneficios, con competencia desleal, con dumping fiscal, con baja tributación, con baja información, etc.”, insiste Gimeno. Entre los principales contribuyentes al problema mundial de los paraísos fiscales, el informe de la PJF señala a Islas Caimán, Hong Kong, Irlanda, EE UU y Canadá. En los datos que elaboran a partir del observatorio internacional Tax Justice, señalan que todos estos países contribuyen a generar una pérdida fiscal que va desde el 6,36% en el caso de Canadá, hasta 9,1% en el caso de las Caimán. Entre los 20 primeros hay cuatro europeos sin contar Suiza y Gibraltar. 

En otro informe, en este caso elaborado por el Observatorio Fiscal de la UE, los números son similares. Según su última actualización, España habría dejado de ingresar en 2019 cerca de 4.500 millones por el desvío de activos y estimaban que la cantidad de capital nacional que se encontraba en paraísos fiscales superaba los 140.000 millones de euros. En base a estos datos, el flujo de dinero que se escapa habría ido creciendo en los últimos años, pese a que la Comisión Europea se había comprometido a endurecer las regulaciones. “Malta, Luxemburgo, incluso Holanda o Irlanda y no digamos territorios offshore británicos, son lugares que compiten con los sistemas tributarios europeos y que restan mucha recaudación”, explica Gimeno.

Corporaciones internacionales y grandes fortunas son las fuentes de las que se alimentan estas regiones. Para acotar estos movimientos a las grandes fortunas, explica el coordinador, habría que establecer sistemas fiscales más justos y rebajar su influencia en el diseño de la fiscalidad. De hecho, una de las medidas que reclaman es un impuesto del 3% para aquellas personas con un patrimonio superior a 100 millones de euros que haga los sistemas europeos más progresivos. Con ello, explican, se recaudarían unos 121.000 millones de euros. A esto suman recomendaciones a nivel nacional como gravar el exceso de beneficios y vigilar la progresividad de los impuestos sobre el patrimonio. “Cuando se aplican con éxito, sirven para frenar las grandes desigualdades y el poder de los monopolios”, valora el documento. 

En relación con lo anterior, Gimeno explica que se pueden establecer otros condicionantes como retirar los contratos públicos a las empresas que operen en paraísos fiscales o no sean transparentes con sus movimientos. Además, desde la plataforma proponen corresponsabilizar a los asesores fiscales o entidades cuando estas maniobras se hayan producido bajo su consejo. “Muchas veces es el propio banco de inversión el que asesora al cliente y estimula que se tengan esos comportamientos evasores, por eso yo creo que hay que hacerles corresponsables como inductores y colaboradores necesarios”, concluye Juan Gimeno. 

En cuanto a las grandes multinacionales, el documento estima que estas compañías podrían estar trasladando entre 900.000 millones y un billón de dólares al año para esquivar el pago de tasas. “Estas manipulaciones también afectan directamente a las finanzas públicas al fomentar una carrera a la baja en la fiscalidad corporativa, mediante la cual los países reducen las tasas impositivas en un intento de retener o atraer filiales de empresas”, advierte el informe. Es lo que se conoce como dumping fiscal. 

Pero para un problema global, las gestiones de los Estados pueden no ser suficientes para atajar el problema. Otra de las propuestas que se lanzan es avanzar en la creación de una convención fiscal en las Naciones Unidas que audite el cumplimiento de la ley y frene los abusos fiscales. Una iniciativa, explican, que ya está en proceso, aunque cuenta con la oposición de ocho países: Australia, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y EE UU. 

Paraíso fiscal es una expresión que proviene de una traducción errónea del inglés tax haven (refugio fiscal), que algún mecanismo subconsciente tradujo como tax heaven (paraíso fiscal), quizá, al darse cuenta de que se podía escapar del fisco en según que lugares. El error y la persistencia del mismo resultan casi graciosos, de no ser porque no pagar impuestos dinamita los sistemas de protección social. “Hace unos años hicimos un estudio sobre las comunidades que menos invertían per cápita en servicios públicos, eran Madrid y Cataluña. Curiosamente fueron esas ciudades las que mayor mortalidad registraron durante el covid. Los malos servicios públicos matan”, concluye Juan Gimeno.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha declarado en el juicio en el que se le acusa de dos delitos contra Hacienda que nunca pensó en defraudar al erario público español y que ni el club ni sus asesores le advirtieron de que hubiera algo incorrecto en la tributación por su contrato, según informa EFE.

La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este miércoles el juicio al entrenador de fútbol, para quien la Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión al acusarle de defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda. En concreto, está acusado de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) durante la primera etapa en la que entrenó al Real Madrid.

La Fiscalía imputa al técnico italiano dos delitos contra Hacienda porque, a pesar de su condición de residente en España a efectos fiscales y su domicilio en la capital, sólo consignó en sus declaraciones de la renta retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento de sus derechos de imagen, "que, ficticiamente, pretendía haber cedido a otras entidades".

Según Ancelotti, fue el Real Madrid el que le propuso cobrar parte de salario en forma de cesión del 50% de sus derechos de imagen y él siempre pensó que esa cesión "era para recibir el salario que había negociado", de seis millones netos. "Solo me importaba cobrar los seis millones netos por tres años y nunca me di cuenta de que algo no era correcto y no recibí ninguna comunicación de que la Fiscalía me estaba investigando", ha explicado.

Y ha detallado que cuando su club le propuso esta "estructura" se puso en contacto con su asesor inglés y después nunca entró en el tema porque todo le parecía correcto y no pensó que podía suponer un fraude. "Si estoy aquí creo que la cosas no han sido tan correctas", ha agregado.

Preguntado acerca de por qué el Real Madrid le propuso esa fórmula, ha apuntado: "Puede ser que tuviera ventaja a nivel fiscal, no lo sé, a mí me interesaba cobrar el neto". Nunca pensó que podría ser un fraude y "la primera vez" que lo advirtió fue en 2018, cuando le llegó la investigación. Confiaba en su asesor inglés, ha insistido.

Ancelotti ha admitido que Vapia Limited, la entidad a la que cedió sus derechos, fue una "estructura" constituida para cobrar "el 15% de su salario", el que equivalía a los derechos de imagen, aunque ha asegurado no recordar los detalles de los contratos firmados, atribuyendo toda la gestión a su asesor inglés.

También ha negado tener conocimiento sobre un fideocomiso que según la Fiscalía habría empleado presuntamente para el cobro de estos derechos, al igual que otras sociedades por las que le preguntaba el fiscal. "Me está preguntando algo que no conozco", ha respondido en varias ocasiones, tanto a preguntas del fiscal como del abogado del Estado.

El entrenador del Real Madrid también ha recibido varias preguntas, de todas las partes, sobre los días que residió en España en 2014 y 2015 o acerca de la vivienda que posee en Londres.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles a Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. Una década después de haber cometido los supuestos delitos fiscales, el entrenador del Real Madrid se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 3,18 millones de euros: el fiscal le acusa de no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia proporcionará otra ocasión –y ya habido una veintena de ellas– para ver de qué lado se inclina la balanza de la justicia en la ya larga pugna entre Hacienda y el millonario negocio que rodea al fútbol y los futbolistas. Porque las más recientes decisiones judiciales han dado la razón a los deportistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades en un “negocio simulado” que, según la Agencia Tributaria, forma parte de una estrategia para defraudar al fisco.

Son los casos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Dani Alves. En el de Carles Puyol, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2024 sanciones por importe de 2,5 millones de euros, pero validó el argumento de Hacienda de que el contrato que Puyol firmó con su representante era “simulado”, una forma de que el Barça pagara el salario del futbolista de manera encubierta sin abonar el IRPF. Antes, Gerard Piqué y Juanfran Torres fueron absueltos también.

Por el contrario, Marcelo, Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, Ángel Di María, Diego Costa y Samuel Eto’o llegaron a acuerdos con la Fiscalía, tras pagar cantidades millonarias a Hacienda, para librarse de la cárcel. Todos ellos reconocieron el delito fiscal que se les imputaba en una sucesión de juicios que comenzaron en 2017 tras la publicación de los Football Leaks. Esa filtración sentó también en el banquillo a Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Leo Messi, que reconocieron sus delitos, pagaron sustanciosas multas y no fueron a prisión.

La operativa es siempre la misma y en ella aparecen sociedades pantalla creadas en Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Hungría, Madeira, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Como ocurrió con los jugadores mencionados, el “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas que Carlo Ancelotti creó para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen, por utilizar la descripción de la Fiscalía, fue igualmente desvelado en detalle por Football Leaks, una filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. Igualmente pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo había hecho con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, necesitó casi cuatro años para presentar el escrito de acusación. La instrucción de la causa estuvo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión. “Si me dicen que he defraudado, me molesta”, declaró este viernes el italiano cuando los periodistas le preguntaron por el inminente juicio, antes de manifestar su confianza “ciega en la ley y la justicia”.

Pero la gestión supuestamente fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó en diciembre de 2023 hasta 2026.

En su escrito de acusación la Fiscalía describe con detalle el esquema que el entrenador utilizó para “simular” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Para empezar, Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano había firmado aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es relevante: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera el italiano hubiera pagado el IRPF como residente.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizar al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, cuando desveló este esquema fiscal, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como sociedad “durmiente”. No tuvo actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, según denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explicó un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pedía que acudiera a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que había sido contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del club del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le habían supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el miércoles próximo el juicio al entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, para quien la Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión al acusarle de defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda. En concreto, está acusado de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) durante la primera etapa en la que entrenó al Real Madrid, recoge EFE.

Según informa la Fiscalía, la deuda tributaria tuvo que ser cobrada por la Agencia Tributaria mediante embargo al igual que el recargo de apremio de 243.593 euros y otros 47.298 por intereses, y además de la referida pena el fiscal reclama a Ancelotti el pago de multas por un total de 3.186.237 euros.

El fiscal imputa al entrenador de fútbol italiano dos delitos contra Hacienda porque a pesar de su condición de residente en España a efectos fiscales y su domicilio en la capital solo consignó en sus declaraciones de la renta retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento de sus derechos de imagen "que ficticiamente pretendía haber cedido a otras entidades".

En su escrito de acusación recuerda que Carlo Ancelotti firmó el 4 de julio de 2013 un contrato de trabajo de deportista profesional como entrenador del Real Madrid para el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016, "fijándose y especificándose en su remuneración además de unos rendimientos del trabajo otros derivados de la cesión de los derechos de imagen al club".

Añade que a partir del mes de julio de 2013 el acusado pasó a trabajar y residir en España fijando su residencia habitual en Madrid si bien cesó de forma anticipada su relación profesional con el club el 25 de mayo de 2015. "No obstante desde su llegada a España hasta aproximadamente el mes de octubre de 2015 dispuso de dicha vivienda arrendada, siendo ese mismo año España su centro principal de relaciones personales e intereses económicos y profesionales", destaca la Fiscalía.

Apunta que "de hecho obtuvo 14.867.622 euros del Real Madrid solo en concepto de rendimientos del trabajo, debiendo por tanto tributar por su renta universal en España en este ejercicio 2015". La Fiscalía sostiene que "con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen que recibía del club o de otras marcas por participar en algunos eventos Ancelotti acudió para canalizar el cobro de los mismos a un complejo y confuso entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas".

Explica que "simuló la cesión de sus derechos de imagen a entidades carentes de actividad real y de capacidad de explotación domiciliadas fuera de España, persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española y la ocultación del beneficio real". Añade que "la cesión de los derechos de imagen se inicia con un contrato de 1 de julio de 2013 en el que Carlo Ancelotti aparentemente cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por diez años y un precio de 25 millones de euros".

El fiscal agrega que "posteriormente se formalizó un anexo al acuerdo de venta en el que la duración de la relación contractual pasaba a ser de tres años frente a los diez iniciales y el precio de compraventa de los derechos de imagen se reducía a un millón de euros anuales frente a los 25 millones anteriores para una década". Por otra parte, expone que en su contrato con el Real Madrid acordó la cesión del 50% de dichos derechos de imagen a la entidad deportiva entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2015.

El fiscal señala que un año después de comunicó al Real Madrid que Vapia LLP, no Vapia Limited, era la titular de los derechos de explotación de imagen Ancelotti hasta el 30 de junio de 2023. "De esta forma el acusado se valió de Vapia LLP para que se presentara formalmente ante el club como titular de los derechos de imagen a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos ya que el contrato de cesión lo era con Vapia Limited".

La Fiscalía precisa que los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen supusieron unos ingresos de 1.249.590 euros en 2014 y 2.959.768 en 2015 "sin que Carlo Ancelotti ni las entidades Vapia Limited ni Vapia LLD hayan tributado por estas cantidades. Y añade que además el técnico también omitió en su declaraciones la titularidad en propiedad de dos inmuebles situados en el extranjero.

Dos inspectoras de Hacienda han ratificado los informes que elaboraron sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los que detectaron irregularidades que entienden que suponen fraude fiscal, y en los que la Fiscalía se basó para denunciar y dar pie al procedimiento judicial que se sigue contra él, informa EFE.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha tomado declaración este viernes a la persona que realizó la inspección y a una inspectora de la Unidad de Delitos de la Agencia Tributaria que luego hizo un segundo informe ratificando el primero, según han detallado fuentes jurídicas.

La primera inspectora ha declarado durante más de dos horas y media ratificando el informe que elaboró a finales de 2023 tras una inspección que comenzó en mayo de 2022, en el que reflejó irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de Alberto González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.

La testigo ha expuesto su informe, que consta de unos 200 folios, y ha contestado a preguntas de todas las partes, sobre todo de la defensa, que ha ido exponiendo las discrepancias técnicas que detectaba, han informado fuentes presentes en la declaración.

Fuentes de la defensa de Alberto González Amador han adelantado que valorarán si presentan un informe pericial para argumentar esas discrepancias.

La segunda inspectora ha declarado durante unos minutos en los que ha ratificado el informe que hizo sobre la investigación de su compañera, que validó.

Ambas, según otras fuentes presentes en las testificales, han afirmado que desconocían que Alberto González Amador era pareja de Isabel Díaz Ayuso cuando abrieron la inspección y presentaron la denuncia a la Fiscalía por fraude fiscal y falsedad documental.

De acuerdo con esas fuentes, las peritos también han indicado que el fiscalista al que recurrió González Amador, Javier Gómez Fidalgo, -quien le representó en las reuniones con Hacienda durante la inspección- conocía los métodos utilizados por su cliente en los presuntos fraudes.

La magistrada Inmaculada Iglesias citó a estas dos testigos el pasado 24 de febrero, después de que González Amador se acogiese a su derecho a no declarar como investigado en la causa, abierta hace casi un año y que nació de una denuncia de la Fiscalía basada en estos informes de la Agencia Tributaria sobre la empresa Maxwell Cremona, administrada por el novio de Ayuso.

En este procedimiento principal, Alberto González Amador está investigado por dos presuntos delitos de fraude fiscal de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas en el que habrían intervenido presuntamente los otros cuatro investigados en la causa.

El novio de la presidenta madrileña se mostró en un primer momento dispuesto a reconocer estos hechos: su abogado propuso por correo un pacto al fiscal y reconoció en su nombre la comisión de dos delitos a cambio de una rebaja en la petición de pena.

La filtración a la prensa de este correo acabó desembocando en una causa judicial abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos

La magistrada que investiga a González Amador abrió el pasado mes de octubre una pieza separada para indagar si pudo incurrir en "otros delitos distintos", como corrupción en los negocios o administración desleal, mediante el uso de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención.

Precisamente este jueves ha trascendido que la jueza le ha citado para que declare como investigado el próximo 10 de abril en el marco de esta pieza separada, después de que la Audiencia Provincial avalara la apertura de la misma.