El pasado 21 de julio, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que establece la presunción de uso legítimo de la fuerza para policías y gendarmes. Es decir, que cuando un agente utiliza su arma, “se presume que ha actuado” en los supuestos previstos por la ley, y esta presunción solo puede ser desvirtuada cuando existan pruebas en contra. La ley, que todavía tiene que pasar por el Senado, fue aprobada por 313 votos a favor y 199 en contra, y desde la izquierda y diferentes asociaciones de defensa de los derechos sociales ya la han descrito como una “licencia para matar”.

No es un caso aislado. Alessia Schiavon, directora de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), entidad centrada en la defensa de los Derechos Humanos, advierte de una tendencia europea hacia una “progresiva restricción del espacio cívico y del espacio ciudadano”. La jurista considera especialmente preocupante que esta evolución se esté produciendo en democracias con una larga tradición de protección de los derechos. “A lo mejor podemos esperarnos de países como Hungría que adopten esta legislación, pero no de Francia, Italia o Alemania misma”, destaca.

A su juicio, estas medidas avanzan amparadas en una narrativa de inseguridad que acaba desplazando la protección de los derechos. “Lo que se está intentando utilizar es la narrativa de la falta de seguridad para restringir los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”, sostiene. Francia es precisamente uno de los ejemplos que más preocupación despiertan. Sobre la nueva presunción de uso legítimo de la fuerza, Schiavon advierte que “claramente va a afectar a las garantías fundamentales” y de que existe “un riesgo evidente de que se deje espacio importante a la impunidad policial”.

La reforma sigue la línea de otra ley aprobada en 2017, que amplió los supuestos en los que los agentes podían usar armas. El más polémico es el que permite disparar contra un vehículo cuyo conductor se niega a detenerse si los policías consideran que su huida puede poner en peligro su vida o la de terceros.

Un estudio realizado por investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica francés (CNRS) concluyó que solo en ese año los disparos mortales contra vehículos en movimiento se multiplicaron por cinco. Los datos de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) recogieron además que en 2017 los disparos efectuados por policías aumentaron un 54% respecto al año anterior.

Tras el asesinato en 2023 del joven de 17 años Nahel Merzouk por disparos de un policía, se produjeron protestas por todo el país para derogar la ley e incluso, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, expresó su preocupación por el “uso excesivo” de la fuerza por parte de las fuerzas del orden francesas y pidió a las autoridades que “revisaran el marco legal y las prácticas policiales”. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido la ley, defendiendo su necesidad y señalando que el uso de las armas siempre exige “necesidad y proporcionalidad” por parte de los agentes.

Italia es uno de los países donde más se ha ampliado el margen de actuación policial. Desde 2011 existe el foglio di via obbligatorio (orden de prohibición de presencia) que permite al jefe de policía prohibir durante hasta tres años la entrada de una persona a un municipio determinado.

Aunque nació vinculada a la lucha contra las mafias, su uso se ha extendido a manifestantes y activistas. Amnistía Internacional ha documentado una intensificación de su aplicación desde 2022 contra protestas climáticas, movimientos estudiantiles y otros colectivos.

Algo similar ocurre con los DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), medidas concebidas para impedir el acceso de personas violentas a recintos deportivos y ampliadas en 2017 a otros espacios como estaciones, aeropuertos u hospitales. En los últimos años también se ha utilizado contra personas sin hogar y activistas.

El mayor salto llegó con el Decreto Sicurezza, aprobado en junio de 2025 por el gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni. Entre otras medidas, permite al Estado adelantar hasta 10.000 euros por cada fase del procedimiento para sufragar la defensa de los agentes de policía investigados o procesados por actuaciones relacionadas con el servicio, una cantidad que solo deberán devolver si se demuestra que actuaron con dolo. 

El decreto también endurece las penas por violencia o resistencia contra policías, amplía sus competencias en los desalojos de viviendas que constituyen el primer domicilio de inmediato, en las que pueden actuar sin tener que esperar a una resolución judicial, y permite a los agentes fuera de servicio llevar, a parte de su arma reglamentaria, otra de su propiedad.

Schiavon alerta además de que este decreto fue aprobado directamente por el Gobierno, sin pasar por el Parlamento, un procedimiento previsto en la Constitución italiana, pero que limita la intervención parlamentaria. A su juicio, recurrir a este tipo de mecanismos puede generar “riesgos muy altos” cuando las normas van “más allá de la urgencia que las justifica”.

En Alemania, el cambio se ha producido principalmente mediante la ampliación de los casos en los que puede actuar la policía. Hasta 2016 predominaba el principio de konkrete Gefahr, o peligro concreto, que exigía la existencia de un riesgo identificable. 

Ese año, el Tribunal Constitucional Federal abrió la puerta a actuar ante una “amenaza suficientemente específica” en determinados casos graves, incluso antes de que existiera un peligro concreto.

Baviera incorporó esta posibilidad a su legislación en 2018 y permitió medidas preventivas como la vigilancia de comunicaciones, la geolocalización, los registros o una mayor duración de la detención preventiva. Aunque una reforma de 2021 limitó su alcance, esta herramienta terminó utilizándose también contra activistas climáticos. Entre 2022 y 2023, la policía bávara llegó a detener preventivamente durante 30 días a miembros de Letzte Generation por anunciar su participación en los cortes de carreteras que se estuvieron llevando a cabo durante esos años.

A ello se suma la normalización de los controles en las fronteras interiores. Reintroducidos por Angela Merkel en 2015 como respuesta excepcional a la crisis migratoria, se han mantenido y ampliado desde entonces hasta abarcar las nueve fronteras terrestres alemanas. 

Estos controles permiten identificaciones sin sospecha individualizada, una práctica que Amnistía Internacional cuestiona por el riesgo de racial profiling, perfilado racista. En 2025 y 2026, varios tribunales alemanes cuestionaron la legalidad de mantener estos controles durante tanto tiempo y, este junio, la Comisión Europea reclamó mejores justificaciones al Gobierno. 

La migración también está sirviendo en Bélgica para ampliar las competencias policiales. El Gobierno de Bart De Wever ha recuperado una propuesta que lleva en el aire desde 2018: permitir la entrada de agentes en domicilios para ejecutar órdenes de expulsión de personas migrantes. 

El anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2026 y pendiente ahora de su tramitación parlamentaria, permitiría estas entradas cuando exista una orden de expulsión firme, la persona se haya negado reiteradamente a colaborar y sea considerada una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.

Sería necesaria una autorización previa de un juez de instrucción y tendría que hacerse conjuntamente con la Oficina de Extranjería. Aun así, organizaciones de derechos humanos, abogados y representantes policiales han advertido de que la medida supone una ampliación significativa de los poderes coercitivos del Estado y puede afectar a la inviolabilidad del domicilio, protegida por la Constitución belga y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Lo que estamos viendo es la criminalización de las personas migrantes”, denuncia la jurista de FIBGAR. A su juicio, se construye una narrativa de emergencia que facilita la aceptación social de medidas excepcionales. “No es una emergencia, porque no hay datos que lo demuestren, pero a los ojos de la ciudadanía se pueden justificar estas medidas”.

España muestra una situación diferente: no ha aprobado nuevas leyes de este tipo en los últimos años, pero mantiene vigente la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy y conocida como ley mordaza.

La norma permite sancionar administrativamente conductas como la desobediencia o resistencia a la autoridad, las faltas de respeto a los agentes o determinadas actuaciones durante manifestaciones, con multas de miles de euros.

Su reforma lleva años bloqueada. PSOE, Sumar y EH Bildu pactaron en 2024 recuperar una modificación que había fracasado un año antes, pero continúan las discrepancias sobre cuestiones como el uso de pelotas de goma, las sanciones por faltas de respeto a los agentes, las infracciones por desobediencia y resistencia o las llamadas devoluciones en caliente. En abril de 2026, el Gobierno volvió a incluir la reforma entre sus prioridades, pero, por el momento, no se ha conseguido ningún cambio.

“Que España no haya aprobado nuevas normas en los últimos años no significa que el problema haya desaparecido. No podemos olvidarnos de que esta herramienta existe y está para ser utilizada”, destaca Schiavon. 

La directora de FIBGAR insiste en que los ejemplos europeos forman parte de una misma tendencia. “No son casos aislados”, advierte. Por ello, reclama una mayor vigilancia por parte de las instituciones comunitarias y de los representantes políticos para evitar que estas medidas continúen avanzando.

La derecha política está estos días como el meme ese de la cara amargada y llorando con la careta sonriente. Celebra la victoria de la selección, llegando incluso a tratar de apropiarse, por boca de Feijóo, a España, pero por debajo se ha sentido realmente incómoda. Vale recordar el tuit de Vito Quiles renegando de la selección porque había dos no blancos; el impresentable artículo de Rajoy, que hablaba de Francia, pero se dirigía a España; las respuestas iracundas en redes por cómo celebró Lamine Yamal un gol; algunas respuestas ante el empate contra Cabo Verde, donde algunas voces decían que eso no era España, sino el Barça; o cómo, antes de la semifinal contra Francia, varios medios decidieron que era el mejor momento para cuestionar a la selección. A esto tenemos que sumarle la asociación que se ha hecho con Palestina contra Israel, el momento geopolítico en el que Trump echa pestes de España y sus sucursales locales le aplauden o que, simplemente, deseaban que perdiese para poder llamar gafe a Pedro Sánchez.

La derecha tiene un problema con España: no le gusta, no la soporta. No soporta a los jubilados, a los que llama privilegiados; no soporta a la juventud, a la que llama generación de cristal; no soporta a las mujeres, a las que considera unas histéricas; no soporta a los homosexuales, a los que llama pedófilos; no soporta a los trabajadores, a los que llama vagos; y, por supuesto, no soporta a los trabajadores inmigrantes, a los que llama parásitos. Y es que, por no gustar, no le gusta ni la selección española porque hay un moro, un negro, mucho vasco y catalán. La caverna tiene un problema con España porque le molesta la España real, concreta y diversa, y necesita imponer a la realidad su idea estrecha de lo que tiene que ser España.

Pero, ¿cómo puede tener apoyo si desprecia a la inmensa mayoría? Porque la política tiene mucho de articulación, de activar unas pasiones en contra de otras y, en este caso, se busca generar un resentimiento y rechazo cruzado entre las distintas partes de la sociedad: enfrentar a jóvenes contra mayores, a mujeres contra hombres, a trabajadores de aquí con trabajadores de allá, y una idea de familia opuesta a otras ideas de familia. Se da a entender que la libertad de unos va en detrimento de la libertad de otros, que el reconocimiento de unos va en detrimento del de otros, que la diversidad nacional, lingüística, social y cultural es una amenaza.

Los jubilados le chupan la sangre a la juventud; la juventud, en palabras de la CEOE, son unos “memos” que desconocen el valor del esfuerzo; los inmigrantes, que como casi no curran, vienen a colapsar la sanidad y a quitarle la vivienda a la juventud española. Los trabajadores españoles, en cuanto pueden, cometen fraude y perjudican a sus compañeros; los funcionarios viven demasiado bien y habría que igualarlos a la baja. Esto último, igualar a la baja, es el veneno del resentimiento que inocula la derecha en la sociedad: la envidia, empeorar a los demás, culpar al otro, no buscar la propia mejora ni afirmarse uno mismo.

Se ha visto perfectamente en la polémica de las bajas por enfermedad por boca de Lorenzo Amor o Díaz Ayuso, que comparaban la disparidad del índice de bajas entre los asalariados y los autónomos. Y es cierto: a mayor seguridad y menor exposición a la necesidad, mayor libertad para rechazar ir a trabajar enfermo. Eso es algo bueno. Por eso, quien tiene un contrato indefinido tiene más margen para decidir no trabajar enfermo que quien tiene un trabajo temporal; por eso, un asalariado suele tener más margen que un autónomo.

¿Qué proponen? Igualar a la baja. En ningún momento se les ocurre que sea un problema que España, después de Grecia, tuviera el mayor crecimiento de autónomos tras la crisis de 2008; que los países con un tejido productivo más desarrollado tengan menos peso de autónomos sobre el total; o que el porcentaje de autónomos por obligación en España sea de los más elevados de Europa. El razonamiento de Ayuso, Amor y la derecha pasa por acabar con los contratos indefinidos y con la seguridad laboral, en lugar de incrementarla, e igualar a la baja, tomando como medida a quienes peor lo pasan. En lugar de igualar hacia arriba y mejorar la vida de unos, buscan empeorar la vida de otros. Ese es su proyecto para España: enfrentar, generar resentimiento, adular a los ricos, servir.

Todos son criticables y puestos en duda. ¿Todos? No. Hay una minoría que solo recibe halagos y piropos: rentistas y explotadores son siempre ahorradores y generadores de riqueza. Son españoles de bien, presentados como víctimas, trabajadores, emprendedores y aventureros que, para sacar adelante una familia y un país, se enfrentan a vagos, morosos, rojos, feministas, inmigrantes y a Hacienda.

Ahora toca celebrar el Mundial y también celebrar una España nueva: real y concreta.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

Este reportaje se ha realizado en colaboración con la AI Accountability Network del Pulitzer Center.

En el Estadio Centenario de Montevideo, feudo de la selección uruguaya —dos veces campeona del mundo—, el público desfila antes de cada partido por los torniquetes de entrada, bajo la atenta mirada de cuarenta y un cámaras de seguridad. Tras sus lentes funciona un software que escanea unas veinticinco caras por segundo y las coteja con una lista de vigilancia en manos del Ministerio del Interior, la Policía, la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes. Cuando hay coincidencia, salta una alerta en la tableta que sostiene un agente en la puerta. El software detrás de todo este proceso se escribió en Barcelona.

Su fabricante, Herta Security, ha exhibido el despliegue uruguayo como un trofeo. Su software de reconocimiento facial funciona en el Centenario desde abril de 2017 y más tarde se extendió a los otros dos grandes estadios del país —el Campeón del Siglo, campo del Peñarol, y el Gran Parque Central, campo del Nacional—, dentro de un plan que el Ministerio del Interior impulsó para dejar fuera de las gradas a los alborotadores. Preguntada por infoLibre e Investigate Europe, Herta confirmó su participación en los tres recintos, aunque puntualizó que se limitaba a aportar el software: ni operaba el sistema ni “definía las listas de vigilancia”.

La compañía presume de que su tecnología “ganó” la Copa Libertadores de 2021, el mayor torneo de clubes de Sudamérica, al escanear a los espectadores de la final de noviembre, en un operativo que el ministerio calificó de “impecable”. La violencia en los estadios, llegó a proclamar Herta, “puede ser ya cosa del pasado”.

Pero no lo era. Investigadores uruguayos acabarían describiendo 2025 como un año “marcado por la violencia en el deporte”. El 6 de julio de ese año, un policía resultó gravemente herido por una bengala lanzada desde las gradas del Centenario. Preguntada por infoLibre e Investigate Europe acerca del episodio, Herta respondió que no había tenido noticia de él y que la persona implicada “no figuraba en la lista pertinente de delincuentes conocidos”: su sistema, adujo, puede dejar fuera a los infractores fichados, pero no impedir lo que haga alguien que nunca ha sido señalado como un riesgo.

El próximo gran acto del estadio será uno de los más importantes. En junio de 2030, el Centenario acogerá el partido inaugural del Mundial, la edición del centenario de un torneo cuyo primer encuentro se disputó justo allí, en Montevideo, en 1930, y cuya organización recae conjuntamente en España, Portugal y Marruecos. Si las cámaras siguen encendidas para entonces, la afición que acuda al duelo inaugural hará lo que lleva haciendo en las gradas del Centenario desde 2017: desfilar, cara a cara, ante un sistema español de vigilancia biométrica.

Aquí, en el país donde se escribió ese software, la práctica sería casi imposible, sostiene Lorena Pérez Campillo, profesora de Derecho y experta en protección de datos de la Universidad Europea de Madrid. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva años tirando por tierra la vigilancia biométrica en los estadios españoles. Su golpe más rotundo llegó en diciembre de 2024: una multa de un millón de euros a LaLiga por exigir a los aficionados una huella dactilar o un escaneo del rostro para entrar en las gradas de animación de Primera y Segunda. La patronal, concluyó la agencia, había instalado la tecnología sin la evaluación de impacto que marca la ley. La AEPD ordenó apagar los escáneres hasta que LaLiga demostrara que eran necesarios y proporcionados. La patronal ha recurrido.

Las objeciones de la agencia iban más allá de un defecto de forma. El consentimiento de los aficionados, dictaminó la AEPD, nunca fue libre: la única alternativa era quedarse fuera del campo. Medidas menos invasivas —un abono nominativo cotejado con el DNI— habrían servido para lo mismo. Lo que la resolución no dice es quién desarrolló la tecnología hoy suspendida en España.

Herta Security nació en Barcelona en 2009 de la mano de Javier Rodríguez Saeta, un ingeniero que había trabajado en biometría en el grupo industrial alemán Bosch. La baza de su empresa fue la velocidad: al ejecutar el reconocimiento sobre los chips gráficos que hoy mueven casi toda la inteligencia artificial, Herta era capaz de aislar un rostro dentro de una imagen abarrotada en tiempo real. En 2019, Rodríguez presumía ya de más de 200 empresas asociadas en 50 países. Una huella notable para una firma que, según el Registro Mercantil, no llega a la veintena de empleados.

Su producto estrella, BioSurveillance NEXT, está pensado para las multitudes. La ficha técnica promete búsquedas en vivo contra bases de datos de hasta 100 millones de rostros, y el software sigue funcionando aunque el individuo se cubra en parte con una bufanda, una gorra o una mascarilla. Rodríguez no ha ocultado nunca para qué escenarios lo concibe. El producto, dijo a una publicación del sector, “puede aplicarse a grandes concentraciones de personas, como manifestaciones, carreras, congregaciones religiosas y aeropuertos”.

El fútbol le abrió a Herta las puertas de América Latina, donde hoy mantiene oficinas en México y Uruguay. Pero su alcance va mucho más allá de las gradas de la región. Los materiales comerciales consultados para esta investigación citan entre sus clientes un hospital en Brasil, el principal aeropuerto de Nicaragua y cuerpos policiales mexicanos. En Medellín, la policía colombiana conectó su software a ochenta cámaras de calle para cruzar a los viandantes con una lista de 19.000 personas reclamadas por la justicia. En la frontera con Venezuela, el servicio de inmigración colombiano empleó una tecnología parecida para registrar los datos biométricos de los migrantes y contrastarlos con una base de datos, un despliegue reconocido por la propia empresa. En una respuesta escrita a infoLibre e Investigate Europe, Herta confirmó despliegues en Colombia, pero no quiso identificar clientes concretos: alegó que sus “materiales de marketing históricos" pueden aludir a proyectos pasados, pilotos o "referencias heredadas”.

Los estadios, con todo, siguen siendo uno de los principales escaparates de la empresa. Y Uruguay no es el único país donde el software de Herta escanea a los hinchas. En Perú, el club Alianza Lima recurre al sistema español en su campo, el Estadio Alejandro Villanueva. Cuando renovó la seguridad del recinto y cambió dieciséis viejas cámaras analógicas por cincuenta conectadas en red, varias de las nuevas incorporaron las analíticas de reconocimiento de Herta, que cotejan a los espectadores con una base de datos criminal en tiempo real. El gerente general del club celebró la mejora: se declaró "entusiasmado por implementar el software de reconocimiento facial de Herta Security" y animó a que todos los estadios del país siguieran el ejemplo. Herta confirmó dicho despliegue; Alianza Lima no respondió a esta investigación.

En una respuesta escrita, Herta asegura que no comenta "información confidencial de clientes". La empresa desarrolla su tecnología “conforme a los principios europeos de protección de datos, sea cual sea el mercado en el que se despliegue”, y sostiene que la responsabilidad de “definir la finalidad lícita del despliegue” recae, en último término, en quien opera el sistema. “Nuestro software se suministra bajo contratos que obligan a clientes e integradores a cumplir las leyes y normativas locales”, añade. Puede rescindir esos contratos ante violaciones de derechos humanos, dice, y vigila su cumplimiento “dentro de nuestras posibilidades”.

Despliegues como los de Uruguay o Perú serían difíciles de concebir en España, y no solo por la multa a LaLiga. El obstáculo de fondo es el propio Reglamento General de Protección de Datos, apunta Pérez Campillo. Escanear a los espectadores para cruzarlos con una lista no es el control rápido que describen los clubes, argumenta, sino una identificación masiva de todo el que pasa, “por muy veloz que sea el escaneo”. Y el consentimiento no parece ser la respuesta: en la cola de un estadio “no es libre ni voluntario”, porque negarse significa perderse el partido. La única justificación que quedaría, un “interés público esencial”, exigiría una ley expresa. Y ninguna norma española, recuerda, permite a un club someter a sus aficionados a vigilancia biométrica masiva. Surge entonces, según Pérez Campillo, la pregunta de la proporcionalidad: si lo que se gana en seguridad compensa “el sacrificio de la privacidad de 50.000 ciudadanos inocentes que van a ver un partido de fútbol”.

Herta rechaza la idea de que el reconocimiento facial en los estadios sea "siempre ilegal” en Europa y apunta a Dinamarca, que lo ha autorizado en campos de fútbol bajo condiciones estrictas. Lo que defiende, dice, “no es un uso sin restricciones, sino un uso selectivo, lícito y proporcionado”.

La multa millonaria fue solo el último eslabón de una cadena de avisos. Ya en 2022, la AEPD dictaminó en un informe que los planes de la Comisión Antiviolencia para colocar controles biométricos en las entradas de las gradas de animación no encajaban con la ley de protección de datos. Al año siguiente, cuando LaLiga sacó a concurso una tecnología de reconocimiento facial, la agencia volvió a intervenir y advirtió de que primero era necesaria una evaluación de impacto; y aunque los controles biométricos pudieran resultar “útiles”, difícilmente cabía justificarlos como “necesarios”. En diciembre de 2023 ordenó a todos los clubes de las dos primeras divisiones suspender esos controles hasta que existiera una evaluación válida, una decisión que un tribunal avaló la primavera siguiente. Menos de un año después, el Osasuna fue multado con 200.000 euros por escanear rostros en sus accesos sin acreditar que la medida fuera necesaria ni proporcionada. Ni LaLiga ni Osasuna han respondido a las preguntas de infoLibre e Investigate Europe.

Sobre el papel, al otro lado del Atlántico existen protecciones parecidas a las españolas. La Unión Europea reconoce como “adecuado” el régimen uruguayo de protección de datos, lo que equivale a decir que un uruguayo goza de garantías legislativas equiparables a las europeas. Desde 2020, su ley exige una evaluación de impacto antes de tratar cualquier dato biométrico. Las cámaras de los estadios nunca pasaron ese examen: cuando se encendieron, en 2017, esa exigencia aún no existía, y el Gobierno se había limitado a aprobar la tecnología por decreto y dar cuatro meses a la asociación de fútbol para instalarla. Y cuando el Ministerio del Interior compró en 2020 una plataforma nacional de reconocimiento facial, se saltó la revisión que la ley ya imponía. La misma omisión que a LaLiga le costó un millón de euros. Una demanda de transparencia del colectivo Datysoc acabó demostrándolo, y algo más: la base de datos nunca se había registrado ante el regulador y los responsables no sabían decir para qué servía. Ni el Ministerio del Interior uruguayo ni la asociación de fútbol respondieron a las preguntas detalladas de esta investigación.

Y el Gobierno del país quiere ir más lejos. En la rendición de cuentas de este año, el Ministerio del Interior pide fondos para una nueva plataforma biométrica nacional —un “Sistema Automatizado de Identificación Biométrica”— que fusione los registros civiles y penales, con variantes para cárceles, control de fronteras y, “llegado el momento”, la verificación de personas buscadas en la vía pública. La memoria del proyecto no la describe como una compra informática, sino como “infraestructura crítica de identidad y seguridad pública”.

Las gradas han dejado sus propios damnificados. En 2017, la primera temporada del sistema, un hincha de Peñarol fue retenido en el Centenario porque las cámaras lo confundieron con un hombre de la lista de vetados. Contó después que guardias privados y policías lo golpearon antes de que se aclarara el error. DDBA, el socio de Herta que da soporte técnico al sistema, cifra la tasa de falsos positivos en el 0,015%: entre diez y veinte identificaciones erróneas por cada 150.000 rostros escaneados. Cuando salta la alerta, según la respuesta de la compañía, la persona es detenida en la entrada y se le pide la identificación. 

Cuando el Parlamento se sirvió del aparente éxito de los estadios para autorizar en 2020 la base nacional de rostros —alimentada con la foto del documento de identidad de cada adulto—, más de una veintena de organizaciones protestaron. Datysoc lo llamó un "cheque en blanco" para el Ministerio del Interior y desde entonces sostiene que hoy no hay base legal para que la policía use reconocimiento facial automatizado. Un empleado de la firma que equipó los estadios lo dijo sin rodeos: la tecnología "sustituye al humano de forma muy eficaz”. DDBA afirma justo lo contrario: “ayuda al operador y nunca lo sustituye”.

La ley peruana de protección de datos, calcada de la europea, clasifica la información biométrica como sensible y exige consentimiento expreso. Si eso convierte en ilegal un escáner como el del estadio de Alianza Lima es, de momento, una cuestión de interpretación más que una resolución publicada. Dilmar Villena, abogado del grupo de derechos digitales Hiperderecho, interptreta que la norma reserva la tecnología de reconocimiento facial en tiempo real a la policía y la fiscalía; una lectura que, a su juicio, dejaría el sistema del club fuera de la ley, aunque admite que "la fiscalización es débil". Incluso el nuevo reglamento de 2025 establece como voluntarias las evaluaciones de impacto, y los sistemas instalados antes de su aprobación —"no solo en estadios; también en colegios o en hospitales"— siguen funcionando sin escrutinio.

Hasta dónde llega esa fiscalización lo ha puesto a prueba la organización de Villena en el mismo distrito en el que está el campo del Alianza Lima. Cuando la municipalidad de La Victoria anunció cámaras de reconocimiento facial en 2019, Hiperderecho y el grupo internacional Access Now preguntaron con qué base legal. La respuesta solo llegó después de que un tribunal de transparencia obligara a darla: el distrito reconoció operar nueve de esas cámaras sin ninguna de la documentación exigida —ni protocolos, ni medidas de seguridad, ni estudios de impacto—. La denuncia terminó en una sanción por la red de cámaras, pero la cuestión biométrica quedó sin resolver: La Victoria alegó que, pese a estar instaladas y anunciadas, las cámaras nunca se habían encendido, así que no se había tratado ningún dato. Y cuando Hiperderecho señaló el reconocimiento facial en el centro de Lima, donde se celebran las mayores protestas del país, la autoridad respondió que la ley de protección de datos no se aplicaba a la ciudad. "Un vacío total", resume Villena. Además de la falta de protección legal, Villena señala también la falta de debate social al respecto, y la imposibilidad de ofrecer soluciones políticas a la violencia que no sean tecnológicas: "Está la coartada fácil del 'es por seguridad', y si te opones, estás del lado de los delincuentes".

La Unión Europea vigila el uso de estas herramientas dentro de casa. Su exportación, en cambio, no se vigila en absoluto. Nada en el derecho europeo impide a una empresa como Herta vender sus productos en países donde los ciudadanos están mucho menos protegidos por la legislación.

Es más: Europa ayudó a pagar la investigación que ha llevado al desarrollo de estos productos. Desde 2020, Herta ha recibido más de 3,3 millones de euros en fondos europeos para trabajos que incluyen el "análisis del comportamiento de multitudes" y el reconocimiento facial. El caso de uso que detallan sus propios documentos de proyecto —la identificación en tiempo real de sospechosos en espacios públicos concurridos— es precisamente el que la Agencia Española de Protección de Datos no deja de tumbar.

La Comisión Europea dejó sin responder a este medio las preguntas planteadas. Herta, por su parte, declaró que "el conocimiento adquirido en proyectos de investigación puede contribuir a la evolución general de nuestra experiencia, nuestras metodologías y nuestra hoja de ruta de producto", y negó usar "proyectos financiados por la UE para eludir los estándares legales o éticos europeos". Los fondos europeos, agregó, "no se emplean para financiar, operar ni subvencionar despliegues comerciales concretos en América Latina ni en ningún otro lugar".

La FIFA, que impone requisitos de derechos humanos a los anfitriones del Mundial, no respondió a si el sistema estará operativo durante el torneo.

En junio de 2030, si las cámaras siguen en su lugar actual, la multitud que llene el Centenario para el partido inaugural del Mundial 2030 será sometida al mismo ritual al que ha sido sometido cada visitante desde hace trece años. Los rostros de cada aficionado serán captados en el torniquete y contrastados, en tiempo real, con una lista que nunca han visto ni pueden disputar. Una forma de vigilancia de la que Europa ha decidido, en gran medida, proteger a sus propios ciudadanos, y que una empresa de Barcelona llevará al mundo en el estadio donde nació el Mundial.

Detrás del sistema de dependencia, se encuentra una marea silenciosa de trabajadoras (cuidadoras, auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadoras sociales, etc) que lo sostienen con su esfuerzo diario. Con sueldos y condiciones precarias, llevan años luchando por un trabajo digno, que pasa principalmente por contratar más profesionales en el sector y poder aliviar esta carga de trabajo.

Según los datos de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) actualmente faltan 160.000 trabajadoras en el sector de la dependencia, una cifra que podría aumentar hasta los 639.000 en 2030. Sin embargo, esta semana el Ministerio de Derechos Sociales ha conseguido grandes avances para mejorar el sistema de dependencia y que podrían influir concretamente en las profesionales del sector.

El Congreso de los Diputados aprobó este martes el texto impulsado por esta cartera para modificar las leyes de dependencia y discapacidad, una norma que, además de ampliar derechos y simplificar trámites, blinda por primera vez la financiación del sistema al establecer que la Administración General del Estado deberá asumir el 50% de la inversión destinada a la dependencia.

Ese mismo día la Cámara Baja convalidó también el real decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales de junio para incrementar la financiación del denominado nivel mínimo de la dependencia, es decir, las cantidades que el Estado transfiere mensualmente a las comunidades autónomas en función del número de personas con una prestación reconocida y del grado de dependencia que tengan. Estas cuantías ya han comenzado a abonarse este mes de julio y aumentan, de media, un 82%, aunque el incremento es aún mayor para las situaciones de mayor gravedad: un 100% para el grado II y un 128% para el grado III.

A ello se suma el aumento del denominado nivel acordado, la segunda vía de financiación estatal del sistema. El Consejo de Ministros aprobó también esta semana incrementar esta partida en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones en 2027.

De esta manera, entre 2026 y 2027 el Estado transferirá 6.200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas respecto a la financiación prevista en los últimos presupuestos, alcanzando la mayor inversión de la historia en dependencia. Según las estimaciones del departamento que dirige Pablo Bustinduy, este esfuerzo económico permitirá incorporar alrededor de 417.000 nuevas personas beneficiarias al sistema y reducir las listas de espera en unas 71.000 personas antes de finalizar 2027.

Sin embargo, el impacto no será solo asistencial, ya que está financiación tendrá también un importante efecto sobre el empleo. Según las estimaciones que ha realizado este Ministerio, el dinero permitirá crear 107.735 y 115.050 nuevos puestos de trabajo en el sector de la dependencia en toda España. 

La distribución territorial de ese empleo refleja que Andalucía y la Comunidad de Madrid serán las comunidades donde se prevé una mayor creación de puestos de trabajo. En Andalucía se estima la incorporación de 23.577 profesionales, mientras que Madrid alcanzaría los 22.315 nuevos empleos. Cataluña sumaría 13.611, la Comunitat Valenciana 12.704, Castilla y León 7.329, Canarias 6.563, Castilla-La Mancha 6.254, Galicia 6.156 y la Región de Murcia 3.334.

El resto de comunidades también experimentarán un crecimiento del empleo, aunque de menor magnitud. Asturias podría crear 2.374 puestos, Extremadura 2.096, Aragón 2.089, Baleares 1.752, Navarra 1.419, País Vasco 1.328, Cantabria 1.032 y La Rioja 846 nuevos empleos.

El Ministerio defiende que esta inversión tendría que traducirse también en mejores condiciones laborales para las trabajadoras mediante salarios más dignos, mayor estabilidad y más formación. Aunque Derechos Sociales no tiene competencias para negociar los convenios colectivos, ha anunciado a este respecto la creación de una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para favorecer una mejora de las condiciones laborales aprovechando este incremento de la financiación.

En cuanto a la ampliación de la cobertura del sistema por territorios, Andalucía podría incorporar más de 102.000 nuevos beneficiarios, Cataluña y la Comunitat Valenciana superarían las 61.000 nuevas personas atendidas cada una y Madrid rondaría las 60.900. Además, el Ministerio calcula importantes reducciones de las listas de espera, especialmente en Cataluña (24.881 personas menos), Andalucía (15.461), Madrid (11.497), Murcia (4.904), la Comunitat Valenciana (4.471) y el País Vasco (4.153).

Este reportaje se ha realizado en colaboración con la AI Accountability Network del Pulitzer Center.

En la estación de Howrah, en Calcuta, los trenes nunca acaban de detenerse. Las cámaras, tampoco. Es una de las terminales ferroviarias más transitadas de India: cerca de un millón de personas la atraviesan cada día, en una marea tan compacta que seguir un solo rostro resulta prácticamente imposible. Al menos, para un ojo humano.

A varios metros de altura, sin embargo, sobre los tornos de entrada y salida, los andenes, la zona de restauración y las salas de espera, un centenar de cámaras de reconocimiento facial en directo toman nota en silencio. El sistema, instalado durante el último año, extrae las caras del vídeo en tiempo real y las coteja con una base de datos de fotografías: delincuentes buscados, sospechosos, personas desaparecidas. Cuando hay coincidencia, la policía ferroviaria recibe un aviso con el punto exacto en el que se ha visto a esa persona, y queda autorizada a abordarla.

Buena parte de los viajeros ni siquiera parecen conscientes de estar siendo vigilados así. Barnali Biswas, empleada del sector privado, pasa por allí seis días a la semana y no le da mayor importancia cuando se lo pregunta un reportero. Le parece, dice, que probablemente sea bueno para la seguridad. "Quien no tiene nada que ver con el crimen no tiene nada que temer", zanja.

Ese tipo de cámara, dotada de software de reconocimiento facial, es cada vez más habitual en India. Y en el este del país, uno de los proveedores de ese software es la firma española Herta Security. Según los socios locales de la compañía y documentación corporativa, Herta suministra su tecnología a centenares de estaciones de tren de la región, al mayor complejo penitenciario de Delhi, a un centro de peregrinación en Ayodhya y a las salas de control municipales de Ahmedabad.

La empresa confirma que su tecnología se utiliza en India, pero en una respuesta escrita afirma que no va a "revelar información confidencial de sus clientes". Su software podría estar operando también en la propia estación de Howrah, aunque los responsables ferroviarios locales no lo confirmaron al ser preguntados.

Una fuente de uno de los socios indios de Herta calcula, en conversación con Investigate Europe, que más de 4.000 cámaras repartidas por la mayor democracia del mundo funcionan ya con tecnología de la empresa española.

Al menos una parte de ese despliegue está ligada al Fondo Nirbhaya, una bolsa de dinero público creada para combatir la violencia sexual tras la brutal violación grupal cometida en un autobús de Delhi en 2012. Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres sostienen que los millones de euros dedicados a ese fondo han acabado financiando vigilancia masiva en lugar de protección y apoyo directo a las víctimas.

Cuatro juristas especializados en derecho europeo de la inteligencia artificial y la biometría coinciden en que dos de esos despliegues serían ilegales si se ejecutaran dentro de la Unión Europea: el sistema de la Región Este de los ferrocarriles indios y el programa de videovigilancia que cubre toda la ciudad de Ahmedabad.

Herta asegura que se toma en serio ese tipo de preocupaciones y sostiene que sus productos están "desarrollados conforme a los principios europeos de protección de datos, con independencia del mercado en el que se desplieguen". Eso sí, matiza que no puede "controlar cómo las autoridades públicas o los integradores de sistemas implementan la tecnología en entornos concretos".

Para el eurodiputado italiano Brando Benifei, en cambio, los hallazgos abren un problema incómodo para los legisladores europeos. "Que tecnologías de vigilancia prohibidas en Europa se exporten y se desplieguen en otros lugares, como las estaciones de tren de India, evidencia un peligroso doble rasero", afirma.

Porque mientras la UE ha restringido con dureza esa misma vigilancia sobre sus propios ciudadanos, Investigate Europe ha constatado que también financió a la empresa española para desarrollar su tecnología. Desde 2020, Herta ha recibido más de 3,3 millones de euros en fondos europeos de investigación para proyectos que incluyen "análisis del comportamiento de multitudes" y reconocimiento facial.

Herta Security nació en Barcelona en 2009 de la mano de Javier Rodríguez Saeta, exempleado de Bosch y especialista en biometría —la identificación automatizada a partir de rasgos físicos o de comportamiento.— "Ya en 2005", recordaría el propio Rodríguez años después en una entrevista de 2019, "pensaba que en el futuro haría falta identificar a personas que no quieren ser identificadas".

Su producto estrella, BioSurveillance NEXT, está concebido para lo que sus propios materiales comerciales describen como "despliegues a escala de multitud". Rodríguez ha hablado de usarlo en "manifestaciones, carreras deportivas, congregaciones religiosas y aeropuertos". La ficha técnica promete búsquedas en tiempo real contra bases de datos de hasta 100 millones de personas.

La tecnología se apoya en unidades de procesamiento gráfico, los mismos chips que mueven hoy casi toda la inteligencia artificial y que aceleran el reconocimiento facial hasta permitir que se ejecute en tiempo real. En 2015, el fabricante de chips Nvidia distinguió a Herta como una de las empresas emergentes destacadas del sector. En 2019, la compañía presumía ya de más de 200 clientes en 50 países.

El mercado en el que se mueve ha crecido a toda velocidad. Esta tecnología se utiliza hoy en estadios deportivos de Estados Unidos, la emplean cuerpos policiales del Reino Unido y ha sido ensayada por policías de varios países de la UE.

En Europa, sin embargo, su uso está severamente restringido. Desde 2025, el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial prohíbe con carácter general los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real, y muy en particular el reconocimiento facial, en espacios públicos y con fines policiales. Quienes redactaron la norma lo situaron entre los pocos usos de la IA que consideraron directamente inaceptables.

La prohibición admite tres excepciones tasadas: la búsqueda selectiva de víctimas de trata, explotación sexual o secuestro y de personas desaparecidas; la prevención de una amenaza terrorista concreta e inminente; y la identificación de sospechosos de una lista cerrada de delitos graves, entre ellos terrorismo, asesinato y violación. Incluso en esos supuestos, cada uso concreto debe contar con autorización judicial previa y quedar registrado en una base de datos europea.

Herta acumula experiencia trabajando para clientes fuera de las fronteras comunitarias. En una presentación comercial de 2021 a la que ha tenido acceso Investigate Europe, la empresa enumera varios de sus proyectos.

Ahí aparecen programas de videovigilancia urbana —los llamados "proyectos de ciudad segura (safe cities)"— en Jamaica, Tailandia y Bombay. Y también cuerpos policiales en Colombia e Indonesia, estadios de fútbol en Bielorrusia y Rusia, y aeropuertos en México, Nicaragua y Nigeria. No está claro si esas colaboraciones siguen vigentes.

El software de Herta también se ha usado en Europa. La Policía Federal alemana lo probó en 2017 y 2018 en una estación de tren de Berlín.

En 2019, a Rodríguez le preguntaron por el riesgo de que sus productos se utilizaran de forma indebida. "En Europa estamos muy bien protegidos, tenemos una legislación muy clara que fija los usos de esta tecnología. No hay nada que temer", respondió. Por entonces no existía aún la prohibición comunitaria del reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos: el veto del Reglamento de IA no entró en vigor hasta febrero de 2025. Nada dijo de las garantías para los ciudadanos de sus otros mercados, como India, donde no hay una legislación igual de estricta.

La expansión de Herta en India se ha cocinado a lo largo de una década. Hacia 2014, la compañía suministró cuatro o cinco cámaras para el proyecto Mumbai Safe City, según un socio comercial local.

Un antiguo investigador sénior de la empresa, que pide mantener el anonimato, sostiene que los datos obtenidos en aquellos primeros despliegues indios fueron decisivos para corregir el mal rendimiento del algoritmo con rostros no blancos.

Herta responde a Investigate Europe que "no utiliza por defecto datos operativos de clientes procedentes de despliegues para entrenar o mejorar sus algoritmos", y que cualquier uso de datos personales o biométricos con fines de entrenamiento algorítmico "requeriría una base legal clara".

El salto real llegó ocho años más tarde. En 2022, una empresa con sede en Delhi se adjudicó un contrato de 11,5 millones de euros para un sistema de videovigilancia que cubre centenares de estaciones de tren del este de India. La capa de reconocimiento facial de ese sistema funciona con software de Herta.

Eastern Railway anunció el año pasado que ya había 540 sistemas de reconocimiento facial operativos en 143 estaciones. El plan completo abarca 392, algunas de las mayores de la región. Los socios locales de Herta calculan que en el futuro los sistemas podrían llegar a integrarse en más de 1.500 cámaras.

Las autoridades cotejan de forma rutinaria los rostros captados contra una lista de personas de interés. No está claro con qué criterios se incluye a alguien en ese registro, pero uno de los socios comerciales de Herta en el país cifra en torno a un millón las personas que figuran en él.

La escala del sistema, añade esa misma fuente, no tiene parangón en Europa: "En la estación más concurrida, con una sola cámara pasas 10.000 personas en cinco minutos". Si el sistema devuelve una coincidencia, asegura, se envía un aviso a un cuerpo policial armado autorizado a dar el alto.

En 2022, la Policía de Delhi reconoció que daba por válida como identificación positiva cualquier coincidencia facial con un 80% de similitud. Con millones de viajeros en circulación, incluso un margen de error pequeño deja de serlo. Y hay un detalle no menor: ni los datos de la lista de vigilancia ni los criterios de inclusión son públicos, y no existe vía alguna para impugnar una falsa coincidencia.

La presencia de Herta en la red ferroviaria india no se limita a la Región Este. A través de un programa de Railway Land Development Authority, el organismo que moderniza estaciones en todo el país, su software ha llegado a terminales tan alejadas como las de Jaipur y Secunderabad, según su socio local.

Ese mismo socio afirma que la tecnología de la empresa opera además los sistemas de reconocimiento facial de tres complejos penitenciarios de Delhi: Tihar, Mandoli y Rohini. El contrato público del despliegue asciende, según esa información, a 352 millones de rupias (3,2 millones de euros).

Pero el sistema no se circunscribe en exclusiva a infraestructuras públicas o estatales: también funciona en el templo Ram Mandir de Ayodhya, donde, según el socio local, la vigilancia alerta a la Policía cuando identifica a alguien incluido en una lista. Hay despliegues similares en marcha en otros dos templos, añade.

Herta opera igualmente en el marco de los programas de ciudad segura. En una presentación comercial obtenida por Investigate Europe, la compañía afirmaba haber instalado 140 cámaras de reconocimiento facial en Ahmedabad y enumeraba despliegues en otras ciudades.

Investigate Europe solicitó explicaciones a Eastern Railway, a la autoridad que ejecuta el proyecto Safe City de Ahmedabad y a los responsables de la gestión de las prisiones de Delhi. Ninguna de las consultas obtuvo respuesta.

La expansión de Herta en India está ligada, todo apunta, a un giro político que arranca de un caso de violación tristemente célebre. En diciembre de 2012, una joven estudiante de fisioterapia subió a un autobús privado en Delhi con un amigo después de ver una película en el cine del barrio. Ninguno de los dos sabía que el vehículo estaba fuera de servicio: el conductor y otros cinco hombres se habían detenido a recogerlos fingiendo que llevaban pasajeros.

Durante más de una hora, esos seis hombres golpearon a su amigo, la violaron en grupo y arrojaron a ambos del autobús, gravemente heridos. Ella murió dos semanas después. El caso desató protestas masivas en todo el país y forzó un debate nacional sobre la violencia de género, la seguridad en el espacio público y la incapacidad del Estado para proteger a las mujeres.

En 2013, el Gobierno anunció una inversión millonaria a través de la creación de un nuevo fondo económico. Las organizaciones de la sociedad civil que se movilizaron tras el crimen habían pedido otra cosa: atención a las víctimas, asistencia jurídica y una red de casas de acogida, recuerda una abogada de derechos humanos que participó en aquellas discusiones.

El compromiso inicial, 10.000 millones de rupias (92 millones de euros), se destinaba al "empoderamiento, la seguridad y la protección de mujeres y niñas". El fondo acabó siendo conocido por el mismo nombre no oficial con el que la prensa india se refirió a la joven: Nirbhaya, "la que no tiene miedo".

Con los años, el Gobierno indio fue engordando la partida. En marzo de 2025 se habían desembolsado unos 58.000 millones de rupias (532 millones de euros). Los datos oficiales publicados en febrero de 2024 muestran que en torno al 50% fue a parar a funciones de vigilancia y policiales, frente al 31% dedicado a servicios de atención directa a las víctimas y teléfonos de emergencia.

Hay quien sostiene que esos nuevos sistemas de vigilancia no han aportado más seguridad a las mujeres. En 2014, un año después de la creación del Fondo Nirbhaya, la Oficina Nacional de Registros Criminales contabilizó 340.000 delitos contra mujeres en India. En 2023, el último ejercicio con datos disponibles, la cifra había subido cerca de un tercio, hasta los 450.000.

Flavia Agnes, abogada afincada en Bombay que calcula haber trabajado en unos 100.000 casos de violencia contra las mujeres a lo largo de cuarenta años de carrera, cree que la respuesta al clamor nacional estaba mal diseñada desde el principio: "No me he encontrado con casos en los que esta clase de vigilancia haya servido para identificar al acusado", afirma. La mayor parte de la violencia contra las mujeres en India, explica, no ocurre en los lugares que ven las cámaras, como las estaciones de tren, sino dentro de casa. "Alrededor del 95% de las violaciones las cometen personas conocidas".

Audrey D'Mello, directora de un centro que presta asistencia jurídica a supervivientes de la violencia en Bombay, tampoco ha visto en su terreno pruebas de que la vigilancia funcione. La infraestructura levantada en nombre de la seguridad de las mujeres, dice, rara vez ha tenido que ver con esa seguridad de las mujeres. Y es más ácida con el proyecto gubernamental: "También se dieron cuenta de que es más fácil colarlo en nombre de las mujeres".

Al margen de los datos de la Oficina Nacional de Registros Criminales, no hay elementos verificables que permitan sostener que la seguridad de las mujeres en el país se ha visto afectada a peor por el uso de estas cámaras de vigilancia en espacios públicos. El Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Infantil indio, del que depende el Fondo Nirbhaya, no respondió a las peticiones de comentarios.

Cuatro juristas especializados en derecho europeo de la inteligencia artificial y la biometría coinciden en que los despliegues de la Región Este de los ferrocarriles indios y del programa Safe City de Ahmedabad serían ilegales en la UE. "Un despliegue así en un Estado miembro vulneraría con bastante claridad" el Reglamento europeo de IA, sostiene Rita Matulionyte, de la Macquarie Law School de Sídney.

Catherine Jasserand, de la KU Leuven, llega a la misma conclusión: "No creo que estos dos casos sean buenos ejemplos de uso en vivo del reconocimiento facial por parte de la Policía en espacios públicos". "Los dos despliegues son demasiado amplios para encajar en alguna de las excepciones", señala, en referencia a los supuestos tasados para la búsqueda de personas vulnerables, las amenazas terroristas y los sospechosos de delitos graves. Incluso acogiéndose a esas excepciones, la norma europea exige que antes exista una ley nacional que autorice la práctica, con reglas detalladas de supervisión, notificación y control judicial. 

España, donde está la sede de Herta, no ha aprobado ninguna ley de ese tipo: la empresa no podría operar legalmente aquí el sistema que opera en India.

El marco legal indio no ofrece una protección comparable. El país no cuenta con una ley integral de protección de datos en vigor y la que ha aprobado exime a la Policía y a las fuerzas de seguridad de forma tan amplia que despliegues como estos quedan, en la práctica, sin regular. "India es sin duda uno de los países que más está adoptando el reconocimiento facial en el mundo, y lo hace sin ninguna salvaguarda", resume Apar Gupta, abogado de derechos digitales en Delhi y fundador de la Internet Freedom Foundation.

Herta ha recibido dinero público europeo para desarrollar precisamente el tipo de tecnología que vende en India. Según el análisis de Investigate Europe, la compañía ha captado al menos 3 millones de euros en fondos comunitarios de investigación en los últimos cinco años, a los que se suman ayudas de programas nacionales españoles. La subvención más cuantiosa, de 2,36 millones de euros entre 2022 y 2024, sostuvo un proyecto de la empresa llamado FUTURE.

La tecnología desarrollada al amparo de ese proyecto estaba diseñada, según la propia Herta, para realizar "análisis del comportamiento de multitudes con el fin de identificar actividades anómalas y amenazas potenciales en grandes concentraciones, eventos públicos y zonas de alta afluencia".

Otra página de la web del proyecto, hoy retirada pero conservada en los archivos de internet, describía su capa de reconocimiento facial como una herramienta para que las fuerzas de seguridad pudieran "identificar de forma rápida y precisa a sospechosos y terroristas".

El caso de uso que describe Herta —identificación en tiempo real de sospechosos en espacios públicos concurridos— es exactamente el escenario que la UE prohibió con carácter general en su propio territorio poco después de que terminara el proyecto FUTURE. Y es, a la vez, el modelo que la empresa parece estar replicando en India.

"Como ocurre con muchas empresas tecnológicas, el conocimiento adquirido en proyectos de investigación puede contribuir a la evolución general de nuestra experiencia, nuestras metodologías y nuestra hoja de ruta de producto", responde un portavoz de Herta. "Sin embargo, los fondos europeos de investigación no se utilizan para financiar, operar o subvencionar despliegues comerciales concretos en India ni en ningún otro sitio". La Comisión Europea no respondió a las peticiones de comentarios antes del cierre de esta edición.

El eurodiputado italiano Brando Benifei fue el negociador del Parlamento Europeo en la recta final del Reglamento de IA. Aunque el uso de este reconocimiento facial está hoy prohibido con carácter general de puertas adentro, cree que la ley debe ir más lejos e impedir también su exportación fuera de la Unión: "La Unión Europea no puede pretender ser un campeón global de los derechos digitales si permite que sus empresas se lucren en el extranjero con herramientas que consideramos demasiado peligrosas para los ciudadanos europeos", afirma. "Deberíamos encontrar fórmulas para no permitir la exportación y el uso fuera de nuestras fronteras de sistemas que no autorizaríamos en casa".

“La atención temprana es clave, hasta el punto de que un niño o una niña que nace con algún tipo de dificultad tenga autonomía o no la tenga, que su desarrollo sea más o menos saludable, que vaya a necesitar más o menos apoyos”, explica Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este tipo de atención recoge un conjunto de intervenciones, ya sean físicas o psicológicas, dirigidas a niños y niñas de 0 a 6 años que presentan trastornos en el desarrollo o tienen riesgo de desarrollarlo.

Hasta ahora, solo estaba contemplada en la Ley Orgánica 8/2021 como una petición a las administraciones públicas para que se garantizara de forma “universal y con carácter integral”, pero no como una obligación, y era cada comunidad autónoma la que decidía sobre su aplicación. Con la nueva reforma de las leyes sobre dependencia y discapacidad, que va a ser votada este martes en el Congreso de los Diputados, esto podría cambiar por primera vez en la historia. El texto impulsado por el ministerio del ramo incluye el reconocimiento de la atención temprana en menores como derecho subjetivo, según confirman fuentes de esta cartera a infoLibre.

Esto significa que, si un niño o niña recibe un diagnóstico y los servicios competentes valoran que necesita atención temprana, la familia puede exigir que se le proporcione el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas. 

En el caso de que la Administración no garantice estas ayudas, la familia puede reclamar por la vía administrativa e incluso judicial para que se reconozca y se haga efectivo ese derecho, por lo que la atención temprana pasaría de ser considerada una ayuda opcional a un derecho individual de los menores que cumplen los criterios establecidos por la normativa vigente.

“El cambio sustancial es que ahora damos a las familias un arma jurídica para poder exigir la atención temprana en cualquier territorio del Estado. Seguirá habiendo diferencias organizativas entre comunidades autónomas porque la competencia es suya, pero damos poder a la ciudadanía para que, viva en Extremadura, Murcia o el País Vasco, si una niña o un niño que cumple los requisitos no recibe la atención temprana que le corresponde, pueda acudir a la Justicia para reclamar ese derecho”, defiende Blanco en conversación con este periódico. Hasta este momento, solo cuatro comunidades tenían una ley concreta que declaraba la atención temprana como derecho: Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.

Sobre la importancia de este tipo de atención, explica que “cuando un niño nace, su cerebro es más plástico, por lo que cualquier intervención temprana tiene un efecto muy transformador en su desarrollo. Por ejemplo, si empieza una fisioterapia de manera precoz tendrá más posibilidades de ganar autonomía y movilidad. Lo mismo ocurre con los aspectos cognitivos, sensoriales o auditivos”.

“Por tanto, cuanto antes empecemos, mayores serán los éxitos que vaya a tener ese niño cuando sea adulto y menos apoyos y menos dependencia necesitará. Por eso hemos trabajado tanto, durante la pasada legislatura y esta, para que la atención temprana sea un asunto de Estado”, añade. Blanco, que nació con una discapacidad congénita, describe la medida como “clave” y recuerda que estos servicios no estaban implantados durante su infancia. “Ojalá mi país hubiera tenido atención temprana porque seguramente mi vida, mi salud y mi respiración habrían sido mejores”.

Paralelamente, el ministerio señala que el pasado jueves se aprobó un Consenso Estatal para la Mejora de la Atención Temprana, acordado con las comunidades autónomas y dotado con 41,87 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo Plus, que Derechos Sociales ha puesto a disposición de todos los gobiernos autonómicos.

El objetivo, según explican, es destinar este dinero a que los territorios refuercen sus servicios, reduzcan tiempos de espera, mejoren la detección precoz, elaboren planes individualizados, formen a profesionales y creen sistemas comunes de información y seguimiento. Sin embargo, en la reunión solo Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra accedieron a recibir esta financiación, que funciona más como una cofinanciación, en la que cada comunidad debe poner una parte y, una vez han certificado el gasto, se les devuelve el dinero. Esta es la razón de la negativa de la mayoría de territorios

“En cualquier caso, ese dinero no se va a perder. Buscaremos la manera de canalizar los fondos que no hayan sido utilizados mediante otras convocatorias para seguir impulsando la atención temprana”, matiza Blanco sobre esta situación.

La reforma de la ley, que, tras su paso por el Congreso, tendrá que ser también votada en el Senado, incluye otras medidas destinadas a mejorar la vida de las personas dependientes y de su entorno. Entre ellas figura la ampliación del concepto de cuidadores no familiares al reconocer a nivel normativo que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados, asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que existen. 

Esto permitirá que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda cuidar de otra en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas, o personas que comparten un hogar sin mantener una relación familiar, indican desde el ministerio.

En materia de discapacidad, la reforma prohibirá la discriminación en los contratos de seguros para personas con discapacidad, ya que actualmente algunas pólizas de vida y de salud encarecen sus precios cuando la persona solicitante tiene una discapacidad, una práctica que ahora quedará prohibido por ley.

El texto también pretende eliminar incompatibilidades entre prestaciones para que las personas dependientes puedan combinar diferentes ayudas y servicios en función de sus necesidades. Asimismo, reconocerá la teleasistencia como un derecho subjetivo, garantizando su acceso cuando esté prescrita, y simplificará los procedimientos administrativos para reducir la burocracia y agilizar el acceso a las prestaciones.

La reforma incluye, además, un importante refuerzo de la financiación pública. El Gobierno se compromete por primera vez a que la Administración General del Estado asuma, como mínimo, el 50% del coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un porcentaje que nunca se ha alcanzado desde la aprobación de la ley en 2006 y que quedará blindado por ley para que no se reduzca en el futuro. Para avanzar hacia ese reparto paritario de la financiación con las comunidades autónomas, el Ejecutivo ha anunciado ya una inversión adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, destinada a reforzar los servicios y reducir las listas de espera.

Hay preguntas que se formulan con sorna, pero que delatan mucho más de lo que aparentan. Una de ellas, instalada en tertulias y editoriales de cierta prensa, es esa que suelta con desdén: "¿Resistir, para qué?". Se lanza contra el Gobierno de coalición progresista como si la resistencia fuera un gesto patético de aferrarse al poder, una forma de prolongar la agonía en La Moncloa. Pero quien así pregunta, o no entiende nada de política, o prefiere no entenderla. Porque para un partido socialdemócrata, resistir no es aferrarse a un sillón: es la condición indispensable para cumplir su razón de ser. Y esa razón es muy simple y a la vez muy profunda: mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

Ahí reside la diferencia abismal entre dos formas de entender la política. Una la concibe como un tablero donde lo único que importa es quién ocupa la casilla central. La otra, como una herramienta de transformación real, cotidiana, que se mide en días de cuidado, en noches de alivio, en vidas que recuperan dignidad. La derecha política, mediática y una parte del poder judicial caricaturizan la resistencia como un empecinamiento porque les incomoda su resultado: que proyectos como la refundación del sistema de dependencia sean hoy una realidad.

Porque hablemos claro: no es lo mismo gobernar para la foto que gobernar para los que no salen en la foto. La inversión de 6.200 millones de euros para relanzar el sistema de dependencia no es una cifra abstracta. Es la traducción en números de una decisión política que pone el alma del Estado donde duele: en los hogares donde hay una cama ocupada por alguien que ya no puede valerse solo, en las manos de una hija que cuida a su madre sin ayuda, en los centros de día que hasta ahora iban con la lengua fuera. Es más financiación para cada persona con dependencia reconocida, más recursos para las comunidades autónomas, más plazas de residencia, más atención domiciliaria, más respiro para las familias cuidadoras.

Este es el contraste que molesta. Porque durante décadas la memoria colectiva acumuló ejemplos de despilfarro faraónico: aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos, ciudades de la cultura con sobrecostes del 300%, velódromos vacíos que el presidente del Gobierno no dudó en llamar "de la corrupción". Hoy, en lugar de cemento para inaugurar, hay recursos para sostener. No hay grandes placas, ni inauguraciones con copas de cava, pero hay alivio. Y ese alivio es lo único que justifica el poder.

Quienes preguntan "¿resistir, para qué?" deberían asomarse a la vida de una familia con un dependiente a su cargo y preguntarles si esas 6.200 millones les parecen fruto de un capricho o de una lucha que ha valido la pena.

Y todo esto se hace en un ambiente político deliberadamente enrarecido. El lawfare ha dejado de ser una palabra técnica para convertirse en una realidad cotidiana: causas encadenadas, filtraciones selectivas, una presión judicial y mediática que no cesa. A eso se suma una polarización que se alimenta cada mañana desde ciertos focos, donde el Gobierno es retratado como un actor acorralado, casi ilegítimo, que se sostiene por astucia parlamentaria. Pero la astucia, cuando se utiliza para proteger a los más débiles, no es trampa: es inteligencia al servicio de un proyecto.

Porque mientras unos se dedican a desgastar, otros se dedican a gobernar. Y los hechos son tozudos. España ha crecido un 8,5% desde niveles precovid, un 40% más que la media de la eurozona, 22 veces más que Alemania. La afiliación a la Seguridad Social supera los 22,5 millones de personas. La renta real de las familias ha subido un 8,4% descontada la inflación. La pobreza y la desigualdad están en mínimos históricos. Y todo ello convive con una máquina de fango que trata de reducirlo a sospecha. Por eso el Gobierno insiste en "no perder el norte": en medio del ruido, mantener la brújula apuntando a la justicia social es un acto de resistencia que requiere más coraje que cualquier discurso de oposición.

Desde esa perspectiva, la pregunta ya no es si resistir tiene sentido, sino qué ocurre si no se resiste. Si un gobierno progresista en minoría tirara la toalla ante la presión, ¿quién ocuparía el espacio? ¿Qué pasaría con la inversión en dependencia, con el escudo social frente a las guerras, con las reformas que han permitido crear empleo y reducir desigualdad? ¿Quién protegería a las familias cuando la factura de la luz se dispara o cuando una guerra ilegal golpea los precios?

Para los y las socialistas, gobernar por medios legítimos y democráticos no es un capricho ni un ejercicio de empecinamiento. Es la única vía para hacer realidad una ideología que sitúa la justicia social, la igualdad y la solidaridad por encima de cualquier otro interés. La derecha en sus tres frentes no soporta que el poder se utilice precisamente para eso: para subir el salario mínimo, reforzar las pensiones, impulsar la transición ecológica, y ahora volcar miles de millones en los cuidados. No soporta que la resistencia tenga frutos concretos.

Por eso, cuando la coyuntura se complica, el Gobierno responde ampliando el escudo social. Porque resistir no es esperar a que pase el temporal; es ponerse el chubasquero y salir a proteger a los que más lo necesitan.

Así que la respuesta a esa pregunta maliciosa es muy sencilla: resistir para gobernar, gobernar para cuidar, cuidar para que nadie quede desprotegido. Resistir para que una persona dependiente tenga una plaza digna, para que el hijo o la hija que cuida de su madre mayor pueda contar con ayuda profesional, para que los datos de empleo se traduzcan en más cohesión territorial y menos desigualdad.

Resistir para no perder nunca el norte. Porque si ese norte se pierde, los primeros que lo notarían no serían los protagonistas de la bronca mediática, sino precisamente quienes menos ruido hacen: los más vulnerables, los que viven de un salario, de una pensión, de un subsidio, los que dependen de que alguien, desde el Gobierno, tenga muy claro para qué merece la pena seguir adelante.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Parece que Trump y muchos más pusieron de moda el neofascismo, que es lo mismo que el viejo fascismo, pero sin llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, quien está feliz con ello no debe ocultar sus objetivos. Por eso, como yo viví el fascismo desde niño, luego como adolescente y hasta que cumplí 34 años, puedo presumir de haberlo visto muy bien en casa y en la calle. Mi padre era falangista y me ilustró sobre lo que suponía aquello, aunque a mí no me llamaba mucho la atención. Pero explico lo que vi.

De niño recuerdo una cartilla de racionamiento que, al parecer, estaba presente en muchas casas, porque la victoria sobre el comunismo no trajo grandes beneficios en aquella guerra entre hermanos. Curiosamente, en el matrimonio de mis padres no existía ese mismo acuerdo: mi madre mantenía una actitud amable con todo el mundo, incluso con quienes eran considerados rojos, como pude comprobar en mi propia casa. Yo vivía entre mi abuela y mi madre, que me cuidaron y me mimaron durante la infancia, aunque con las carencias que ya he mencionado. En la adolescencia ocurrió algo parecido, pero yo me sentía más próximo a mi madre que a mi padre, cuyas ideas me resultaban difíciles de aceptar. No hablar a la señora que venía a ayudar en casa porque su marido estaba en la cárcel por rojo no me sonaba bien, cuando mi madre y ella se trataban como hermanas. Para mí era una excelente persona, de la cual hoy guardo un mal recuerdo porque mi padre no permitía que comiera con nosotros y tenía que hacerlo sola en la cocina. Quizá aquello me provocó lo que hoy es mi pensamiento social.

Ya de mayor me enteré de que hubo dos millones de españoles que habían huido de España porque no eran queridos por el franquismo. Siempre recuerdo, ya trabajando en la aviación, a varios españoles limpiando las letrinas de los WC del hangar de LH en Frankfurt. Recuerdo también españoles en Toulouse, donde acudí al curso de aviación, que me contaban sus penas por vivir fuera del país que creían de ellos. Recuerdo siempre que España no era nada en deporte ni en logros de cualquier tipo, pues ser campeón en algo que no fuera fútbol era difícil de alcanzar por la dificultad del sacrificio con una alimentación no muy cuidada. Además de los fusilamientos sin juicio y los asesinados sin saber hoy en dónde están. Hablo de la posguerra únicamente.

Ahora, cuando Pedro Sánchez ha querido poner este país al nivel de lo que es desde siempre, una nación con catalanes, vascos, rojos, homosexuales y demás personas rechazadas por el fascismo, este se le ha echado en tromba para recuperar aquello que la mayoría detestábamos. Incluso miembros “socialistas” que solo eran contratados para disimular. Lo hemos comprobado ahora. Estas cositas sin importancia, parece ser, las deben conocer muchos jóvenes a los que se les ha ocultado la historia franquista.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

Una multitudinaria manifestación, a la que han asistido más de 100.000 personas según la organización, ha clamado este domingo por el centro de Madrid por una vivienda digna y ha llamado a la desobediencia inquilina y a iniciar un proceso hacia una huelga general.

Esta marcha supone "un punto de inflexión" y el comienzo de un nuevo ciclo de movilizaciones por el derecho a una vivienda digna que contará con manifestaciones en más de 30 ciudades durante las próximas semanas y culminará a finales de junio.

Encabezada con una pancarta bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida', la manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha partido a las 12:30 desde el paseo del Prado para concluir alrededor de las dos de la tarde en la calle Sevilla entre gritos de los asistentes durante todo el recorrido para protestar por la escalada de los precios de la vivienda y la precariedad habitacional.

Antes de arrancar, en declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha llamado a la "desobediencia" como única vía y "herramienta legítima" para luchar contra "la dictadura del rentismo", advirtiendo de que no van a someterse "a ningún chantaje de ningún casero" y no aceptarán ni sus precios ni sus contratos.

"Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos", ha subrayado Del Río, que ha apelado a los sindicatos para "desobedecer juntos" y poner en marcha una huelga general que paralice las ciudades y ponga fin "al negocio de la vivienda".

"La desobediencia es el único camino. El rentismo está acaparando, está encareciendo la vivienda. El rentismo está bloqueando nuestras trayectorias vitales, está destrozando nuestras ciudades y está condenando al país a la precariedad. Nos está costando la vida", ha lamentado.

Entre los asistentes a la marcha han estado los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto a sus secretarias generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas, así como la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada de este mismo partido Irene Montero.

Tanto Sordo como Álvarez han pedido a las comunidades autónomas que colaboren para ayudar a solucionar el problema de la vivienda y han exigido a las administraciones públicas un "compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda".

El responsable de CCOO ha criticado el papel pasivo de las comunidades autónomas, competentes en materia de vivienda, que en su opinión "se están poniendo de perfil", y reclamado que se construya vivienda asequible en los próximos diez años, ya que se necesitan dos millones de casas en ese tiempo.

Álvarez ha denunciado la "insumisión" de las comunidades ante la gravedad del "problema social endémico" de la vivienda, ha considerado que se están demostrando "incompetentes en la materia", pese a tener las atribuciones transferidas, y ha criticado "la falta absoluta de colaboración" entre administraciones.

También en declaraciones a los periodistas Reyes Maroto ha dicho que el "grito" de esta manifestación tiene que ser oído por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento porque están "robando Madrid" y se están "echando" a la gente de sus barrios.

La socialista ha señalado que defienden el derecho a "vivir y no a sobrevivir" en la ciudad donde se confrontan dos modelos: el del PP que hace de la vivienda un "negocio" y el del PSOE que quiere "blindar la vivienda pública y ponerle coto a las viviendas de uso turístico".

Durante toda la marcha se han escuchado consignas en defensa de una vivienda digna y asequible para todos y cánticos como "Rentistas culpables, Gobierno responsable", "No es un piso chulo, es un puto zulo", "Ni casa sin gente, ni gente sin casa", "El próximo desahucio el ático de Ayuso" o "Madrid será la tumba del rentismo".

En muchos tramos del recorrido los asistentes han hecho sonar sus llaves a modo de protesta al tiempo que gritaban: "No nos vamos, nos quedamos".

Uno de los momentos emotivos de la manifestación ha sido cuando Mari Carmen, una mujer de 87 años en silla de ruedas, ha tomado el micrófono para contar que el próximo día 3 de junio la desahucia de su casa un fondo buitre.

"Mari Carmen no estás sola, estamos contigo" han coreado durante un largo rato los manifestantes, un grito de ánimo que han repetido en varios momentos de la protesta.

Entre las pancartas que portaban los participantes podían leerse algunos mensajes como "Las casas para quien las habita", "Gente jodida", "Más cigüeñas y menos buitres" o "La solución: expropiación".

"Techo y trabajo sin ser esclavo", "Si pago el alquiler no tengo para comer" o "Casas para vivir no para especular" son otros de los mensajes de los carteles.

Al llegar a la plaza de Cibeles, una de los asistentes se ha arrancado a cantar un chotis adaptado para la protesta, "el chotis del ladrillo", lo ha denominado.

Poco antes de las dos de la tarde, la marcha ha llegado a la calle Sevilla, donde representantes del Sindicato de Inquilinas y de los distintos colectivos sociales que han apoyado la marcha han hecho un llamamiento para avanzar hacia "una huelga general por la vivienda que paralice el país y termine definitivamente con el rentismo".

Pocos sabían qué era una persona intersexual antes de ver en pantalla grande a José Luis López Vázquez interpretar a Adela en Mi querida señorita, la película de 1972 en la que una mujer descubre, tras acudir al médico, que legal y biológicamente es un hombre. Quienes la vieron entonces tampoco salieron del cine con una idea muy clara de lo que era la intersexualidad: el largometraje ni siquiera la nombraba.

Más de medio siglo después, el desconocimiento sigue siendo enorme. La película está otra vez está en cartelera —o en el salón de casa gracias a Netflix—, en una nueva versión con Alana S. Portero como guionista. Y esta vez con una diferencia fundamental: las personas intersex ocupan el centro del relato y la realidad se nombra por fin por su nombre.

La I de LGTBIQ+ es quizá la sigla más desconocida de todas y, sin embargo, ser intersex es más común de lo que parece: alrededor del 1,7% de la población presenta alguna variación intersex, una proporción similar a la de las personas pelirrojas. La intersexualidad engloba una amplia gama de variaciones biológicas en las características sexuales corporales que no se ajustan a lo que se entiende tradicionalmente como hombre o mujer. Por ejemplo, pueden presentar características sexuales que no encajan en las categorías binarias tradicionales, patrones hormonales que no se corresponden con un sexo concreto o una disidencia entre los órganos internos y externos. 

Tal es la falta de información que incluso hay quienes ni siquiera saben que lo son. Algunos lo averiguaron ya en su edad adulta. Otros jamás lo sabrán, por las intervenciones quirúrgicas que se les hicieron desde pequeños. “No hay casi información de lo que es ser intersex. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, aunque todavía hay poca, es de más calidad. Pero todavía no hay espacio para la intersexualidad, está todo basado en el binarismo”, cuenta a infoLibre Cira López Salvago, investigadora y experta en intersexualidades. 

Hasta hace poco, lo que se hacía cuando nacía un bebé intersex era, por procedimiento habitual, una operación quirúrgica que modificaba los genitales del menor. Esta decisión la tomaban entre los médicos y los padres que, por falta de conocimiento y ese sentimiento de “así le irá mejor”, aceptaban que se hiciera lo que los activistas intersex tachan de “mutilación”. Los problemas llegan en la edad adulta, con complicaciones médicas derivadas de esa operación o la posibilidad de que su género —su identidad— no se correspondiera con el sexo —los órganos sexuales—. 

“Se sigue tratando como una patología. Y así ha sucedido con todas las letras del colectivo. Primero se patologiza y luego, con la lucha, se consigue avanzar. Consiste en intentar separar todos los cuerpos entre macho y hembra. Por lo tanto, la intersexualidad se presenta como algo que hay que arreglar y que tiene que caber en una de estas dos casillas”, argumenta Ariana A. Celorio, miembro del grupo del año temático intersexual de la FELGTBI+, activista intersex y escritora, en conversación con este medio. 

Esta forma de patologización tiene varias derivadas, explica López Salvago. La primera es que el concepto de intersexualidad ha caído siempre bajo el marco de la medicina. La segunda es la visión binaria que existe en la sociedad española, afincada desde los tiempos de Franco. La mujer y el hombre, no hay más. “La corporalidad intersexual es una contestación al sistema cisheteronormativo. Son cuerpos que rompen las normas”, cuenta López Salvago. Y para la experta, esto ha tenido una consecuencia muy clara: la estigmatización. “Estos dos elementos han hecho que la intersexualidad esté envuelta en un halo de alarma, de escándalo e, incluso, de monstruosidad”, recalca. 

Sin embargo, en los últimos años el asunto ha comenzado a cambiar tanto en lo social —basta ver el regreso de Mi Querida Señorita— como en el plano legislativo. La ley trans de 2023 incluyó medidas para avanzar en la despatologización de las personas intersex y limitar las intervenciones médicas no consentidas. El texto prohíbe la modificación genital en menores de 12 años, pero introduce una excepción: permite esas intervenciones cuando existan “indicaciones médicas” para proteger la salud de la persona, a juicio del personal sanitario. Y ahí, advierten las activistas, está el problema. Muchas operaciones se han presentado durante años como “médicamente necesarias” sin que existiera una urgencia vital real, según un informe elaborado por ILGA Mundo en 2023. 

“Cuando esto se deja en manos de profesionales, se parte de la idea de que la ciencia y la medicina son neutrales, como si hubiera un diagnóstico objetivo y libre de valores. Pero la decisión de un médico no está exenta de prejuicios ni de valores morales. Actúan, en teoría, 'por humanidad', pensando que la persona intersex sufrirá si no se adapta a una norma corporal concreta. Entonces, justifican la intervención diciendo que quieren evitarle un sufrimiento futuro. Pero eso implica asumir que hay una única forma válida de cuerpo. Y ahí hay un problema”, recalca Rafael Cáceres-Feria, antropólogo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a infoLibre. 

El personal sanitario no tiene por qué conocer las realidades intersex, puesto que no se incluye en el temario de la carrera. De aquí nace esta forma de tratarlo, como si fuera un problema, según indica el antropólogo. “En la Facultad de Medicina se enseña una visión concreta del cuerpo y del sexo. Y ahí no entra la intersexualidad. En el fondo, manejan la misma lógica binaria que el resto de la sociedad: hombre o mujer”, expone Cáceres-Feria.

Aunque no todo es negativo. “Se siguen realizando mutilaciones, pero cada vez hay más personal de la salud concienciado”. La solución, por lo tanto, estaría en esto mismo: la concienciación. “No basta con que sepan del tema los ginecólogos o los urólogos; tiene que saber todo el personal sanitario. Hacen falta protocolos específicos y una educación que les haga ver que no somos una patología”, concuerda Celorio. 

Precisamente, la falta de información es lo que ha provocado la invisibilidad de las personas intersex, apunta Celorio. También las agresiones contra ellos. “En los colegios”, relata la activista, “la mayoría de niños intersex sufren más acoso y bullying porque el resto no sabe cuál es su realidad. Que no se sepa nada sobre ti hace que seas más fácil de agredir”, cuenta. 

Y esto se traduce en la edad adulta. Las personas intersexuales son las que sufren más discriminación, según revelaba el informe de Estado del Odio LGTBIQ+ 2025, elaborado por la FELGTBI+. De hecho, el estudio indica que el 100% de los encuestados intersexuales habían sufrido situaciones de discriminación.

Algo que parece que acaba teniendo efecto. En un estudio publicado en PLOS ONE, una revista científica editada por la Public Library of Science, un 21,1% de los encuestados —todos intersexuales— declaraba tener una salud mental “mala”. El 32,5% la calificaba de “aceptable”, pero la gran mayoría (un 62,6%) declaraba tener ansiedad. Los motivos, según el estudio, pasan por la vergüenza, el estigma, la baja autoestima y la insatisfacción con el sistema sanitario. 

“Las personas intersex están más discriminadas, principalmente por el gran desconocimiento que hay. Sigue siendo una realidad poco conocida y poco explicada. Además, la intersexualidad introduce una dimensión corporal dentro de la diversidad sexual, que tradicionalmente suele entenderse solo desde la identidad de género o la orientación sexual. Incorporar esta dimensión corporal exige salir de marcos tradicionales y comprender una realidad que muchas veces no se enseña ni se visibiliza. Sin educación, referentes o ejemplos cercanos, resulta difícil entenderla, y por eso no me extraña que el colectivo intersex sea uno de los más discriminados”, zanja López Salvago. 

La “prioridad nacional” no es solo una consigna más en el mercado de los eslóganes políticos. Es un cambio de fondo en la manera de entender qué es una sociedad y qué nos debemos unos a otros. Presentada como un gesto de sentido común –“primero los de casa”–, en realidad introduce una ética del egoísmo identitario que erosiona, ladrillo a ladrillo, los cimientos de la convivencia.

En el plano filosófico, la idea es sencilla y devastadora. En lugar de partir de la dignidad universal de las personas, se parte de la pertenencia a un “nosotros” nacional. Los derechos dejan de ser derechos para convertirse en privilegios condicionados por el origen. No se discute quién necesita más, quién está más desprotegido, quién sufre una situación más urgente, sino quién puede exhibir un pasaporte determinado. Esa mutación del lenguaje –de la igualdad a la preferencia– consolida la idea de que hay vidas que valen más que otras.

En sanidad, el contraste es claro. Un sistema sanitario público se justifica éticamente porque atiende según la gravedad y la necesidad, no según la procedencia. La “prioridad nacional” introduce una preclasificación: antes de enfermo, eres nacional o extranjero. Dos personas llegan a urgencias con el mismo diagnóstico, el mismo riesgo, el mismo dolor. La lógica universalista diría: tratemos primero al más grave. La lógica de la “prioridad nacional” legitima que se favorezca al nacional aunque la necesidad sea igual. En el momento en que aceptamos esto, estamos renunciando a la idea de que todos merecemos la misma consideración cuando la vida está en juego.

En vivienda se reproduce el mismo patrón. El problema real es una combinación de salarios bajos, especulación y falta de parque público. Sin embargo, el discurso de la “prioridad nacional” desplaza el foco: ya no se mira hacia los fondos buitre o la ausencia de políticas de vivienda, sino hacia la familia migrante que también busca un techo. Esa familia deja de ser un hogar vulnerable y pasa a ser “competencia” frente a los de aquí. El conflicto deja de plantearse entre quienes concentran la propiedad y quienes no tienen acceso a ella, para convertirse en una pugna moralizada entre “los nuestros” y “los otros”.

La educación, que debería ser la gran escuela de ciudadanía, tampoco queda al margen. La “prioridad nacional” puede filtrarse en el reparto de becas, plazas de escuela infantil o programas de apoyo. Donde antes el criterio era la renta, la necesidad educativa o la situación familiar, empiezan a pesar los años de residencia, la nacionalidad de los progenitores o el origen. Los niños aprenden así, sin que nadie lo diga en voz alta, que hay compañeros que merecen menos inversión pública que ellos. El aula deja de ser el lugar donde se descubre que compartimos futuro y se convierte en el escenario donde se interioriza una jerarquía de valor.

El impacto de todo esto va más allá de quienes se ven relegados al último puesto en la fila. La “prioridad nacional” mina la confianza básica que hace posible la vida en común: la confianza en que, si un día caes enfermo, pierdes la casa o necesitas una beca, las instituciones no te medirán con la vara de tu origen. Cuando se rompe ese principio, todos quedamos más expuestos. Hoy es el extranjero el que queda atrás. Mañana puede ser el empobrecido, el disidente, el “poco productivo”. Una vez aceptado que se puede discriminar en el acceso a derechos, discutir el criterio se vuelve cuestión de oportunidad política.

Vivir en sociedad implica aceptar una cierta renuncia al propio egoísmo. Pagamos por escuelas que quizá no pisaremos, por hospitales en los que tal vez nunca entremos, por viviendas sociales que no ocuparemos. Lo hacemos porque entendemos que sostener ese entramado nos protege a todos, también cuando la vida nos golpea a nosotros. La “prioridad nacional” propone una mutación ética: ya no se trata de sostener un sistema justo, sino de blindar un trozo del pastel para los nuestros, aunque eso suponga dejar a otros a la intemperie.

La paradoja es que esa deriva identitaria, alimentada por partidos que se reclaman patriotas, termina debilitando el propio país que dicen defender. Una comunidad que naturaliza que haya vidas de segunda acaba siendo una comunidad más frágil, más fácil de romper, más vulnerable al miedo y al resentimiento. La verdadera fortaleza de una sociedad no se mide en muros ni en filtros, sino en la capacidad de tratar como iguales a quienes son diferentes. Defender esa igualdad, frente a la “prioridad nacional”, no es una extravagancia moral: es la condición de posibilidad de seguir viviendo, de verdad, en sociedad.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

La mirada de Sally Issa impresiona por su serenidad, difícil de imaginar en medio del vértigo de estos días. De origen sirio, se casó en 2014 con Saif Abukeshek, el activista palestino nacionalizado español y miembro de la flotilla humanitaria con destino a Gaza, secuestrado ilegalmente junto a Thiago Ávila por el Ejército israelí en aguas del Mediterráneo. Protegida por su inseparable kufiya palestina, nos recibe en el municipio catalán en el que reside. "Yo no estoy muy involucrada en la política. Pero ahora veo que es importante tener una idea", cuenta.

En estos días de incertidumbre y espera, Sally Issa habla sin odio ni deseos de venganza. Solo de resistencia, solidaridad y movilización civil. Convencida de que la defensa de los derechos humanos y las libertades, igual que la indignación, pueden ser un motor de la historia. 

Ahora tiene una ventaja enorme: contar con un Gobierno sensible a la situación que estás viviendo. Mucha gente vuelve a su país y no encuentra ni el apoyo de su propio Gobierno.

Es cierto, eso cambia mucho las cosas. 

¿Cómo conoció a Saif? 

Los dos colaborábamos en un movimiento internacional de jóvenes palestinos, del que él fue fundador y organizador. Yo vivía entonces en Suecia, tengo la nacionalidad sueca, y formaba parte de un grupo. Fue trabajando en ese movimiento de solidaridad con Palestina como nos conocimos. 

¿Cuándo salió él de Palestina? 

No recuerdo exactamente el año, pero tenía alrededor de 20 o 22 años. 

¿Ambos militaban desde que eran muy jóvenes? 

Cuando tu origen es palestino, naces con el conflicto, lo vives desde el minuto uno. O incluso antes. Saif luchó siempre por Palestina y yo también. No es algo que hayamos empezado ahora. 

¿Llegaron directamente a Cataluña?

Sí. Durante diez años Saif había trabajado en diferentes sitios de España y luego encontró trabajo en Barcelona. Por eso estamos aquí. 

¿Ha sentido que aquí ha tenido una buena acogida?

Sí. Siempre hago una comparación con Suecia. Y la verdad, me siento mejor aquí. Con más apoyo y con gente que me entiende. Me siento más libre para expresarme. 

A raíz de lo sucedido, ¿las autoridades catalanas se han puesto en contacto con usted para ofrecerle ayuda o soporte? 

A nivel personal, sí. Hace dos días tuve una reunión con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Un cara a cara. Me ofreció el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona para todo aquello en lo que pueda ayudarnos y también para movilizar. 

¿Es el único apoyo que ha tenido por parte de las autoridades catalanas?

Sí. 

¿Y del Gobierno nacional? 

Me reuní con el ministro Albares el martes pasado. Fue muy positivo. También sus declaraciones contra las acusaciones de Israel a Saif. Les dijo: “Sabemos que no hay nada. Y si tenéis algo, ponedlo sobre la mesa. Vamos a proteger a nuestros ciudadanos”. 

Me dio contacto directo con su director de gabinete. Ayer mismo, por ejemplo, les envié la información de que Saif solo tiene acceso a un vaso de agua al día. En la celda hay una fuente que Israel dice que es potable, pero no lo es, huele horrible. Cuando va al interrogatorio pide un vaso de agua y tiene que esperar hasta el siguiente interrogatorio para poder pedir otro. 

¿Le tranquiliza saber que hay un seguimiento por parte de las autoridades españolas? 

Sé que el ministro está en contacto diario con el cónsul y que el cónsul estuvo tanto en el centro de detención como en las visitas al tribunal. Fue el primer contacto con Saif cuando llegaron a Israel. Pero no hay tranquilidad posible con Israel, no hay garantías con ellos. Aun así, ese control es importante. Yo no tengo la nacionalidad española, soy sueca, y pienso que si yo fuese en la próxima Flotilla no tendría nadie que me protegiera. Por eso valoro mucho lo que está haciendo el Gobierno español. 

En medio de todo esto, ¿qué es lo que le da fuerza o esperanza? 

Siempre tenemos esperanza. Vamos a liberar toda Palestina. Esta no es solo la causa de Saif y Thiago. Es algo mucho más grande. 

Otro punto importante es que Thiago cuenta con el apoyo del Gobierno de Lula en Brasil y que ambos gobiernos estén cooperando en la misma línea… 

Sí, porque ni Thiago ni Saif van a salir si el otro no sale. Son compañeros hasta el final.

¿Está en contacto con Lara, la esposa de Thiago? 

Sí, claro. No sé si habéis visto las noticias de que murió la madre de Thiago. Creo que esta noche. Estaba enferma. Intenté hablar con Lara, pero no respondió de momento. 

Saif iba en un barco como observador, no tenía previsto llegar hasta Palestina, ¿verdad? 

Sí, el de Saif era un barco de observación. Se trasladaba de un barco a otro para reuniones o para hablar. Había una embarcación pequeña con la que se movían entre barcos. No tengo mucha información de esa logística, pero oficialmente estaba en un barco de observación. Saif quería apoyar el viaje de la Flotilla, pero su condición de palestino lo hacía más vulnerable. Y nosotros no teníamos ningún plan sobre qué hacer si lo detenían. Esa posibilidad no estaba sobre la mesa. 

¿Cree que por eso lo interceptaron tan lejos de Palestina?

Sí, esa es mi opinión personal. 

¿Qué significa para usted que Israel haya prorrogado seis días más la detención? 

Israel no tiene acusaciones concretas. Todo son sospechas y falsedades. No tienen nada. Por eso están prorrogando. Si tuviesen algo, podrían decir: “hay una lista de acusaciones y vamos a seguir con el tribunal. El ministro Albares ha dicho que han investigado y saben que no hay nada. Lo ha dicho clarísimo: la Flotilla es una misión humanitaria legal. Y el secuestro fue absolutamente ilegal porque ocurrió en aguas internacionales. 

¿Qué opinión les merece a los abogados esa prórroga?

Los abogados solo se refieren a hechos. Yo confío en Saif. Sé que tiene fuerza para aguantar. Y también tengo esperanza en la movilización civil. El problema no es Saif y Thiago. El problema es Palestina. La gente está entendiendo que esto va mucho más allá. 

¿Qué tipo de abogados llevan el caso de Saif y Thiago? 

Son abogados israelíes, pero palestinos, especializados en defensa de derechos humanos y de palestinos. Trabajan bajo el derecho israelí, pero también en base a la ley internacional. Por ejemplo, mantener a Saif y Thiago con los ojos vendados también es ilegal en Israel. 

Después de la reunión con el ministro Albares creo que puede lograrse más si es necesario. Tienen sus maneras diplomáticas y sus protocolos, pero el contacto directo con el director de gabinete me hace pensar que el Gobierno español podría ayudar más si fuera necesario. 

¿Ha podido hablar directamente con su esposo? 

No. 

¿Cómo vive el día a día en una situación así? 

Con mucha fuerza. Es una situación muy dura. Lo que más me duele son nuestros hijos. Tenemos tres niños. 

¿Saben lo que está pasando?

Sí. El mayor tiene ocho años, va a la escuela y todos hablan sobre su padre. Tuve que hablar con él, contarle, explicar. Y también darle esta fuerza que yo siento. Es un niño de ocho años que vive aquí, en un pueblo pequeño, y sabe lo que está pasando. Pero al mismo tiempo es difícil para él entenderlo como nosotros. El mediano tiene seis años, los cumplió el día del secuestro y no pudo hablar con su padre. El pequeño tiene dos años.

¿Qué mensaje le parece importante para cerrar esta entrevista? 

Hay que seguir movilizándose, no olvidar Palestina, denunciar la ocupación ilegal, el genocidio. 

Este martes, 21 de abril, se ha producido un nuevo avance en materia de derechos LGTBI+ en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia por la que determina que Hungría “ha violado el derecho de la Unión” con su conocida como Ley antipropaganda LGTBIQ+, aprobada en 2021.

Este hecho llega casi dos semanas después de arrasar en las urnas el candidato a las elecciones húngaras de Tisza, Péter Magyar, quien había evitado pronunciarse sobre el tema pero declaró tras su victoria electoral que Hungría sería “un país en el que no se castigue a nadie por pensar distinto que la mayoría, por amar a alguien de forma diferente que la mayoría”.

Con esta decisión, Europa ha sentado un precedente condenando por primera vez a uno de los Estados miembros por violar los principios fundacionales de la Unión Europea.

El 15 de junio de 2021, el Parlamento de Hungría aprobaba con los votos de Fidesz –el partido del ultranacionalista Viktor Orbán– su polémica Ley de Protección de la Infancia, escudándose en la protección de los menores y vetando para ello la divulgación de información sobre el colectivo LGTBIQ+ en las escuelas.

Entre las principales medidas de esta ley se encuentran la restricción de contenidos que "fomenten la homosexualidad" –relacionada por el Gobierno húngaro con la pedofilia– tanto en los centros escolares como en los medios de comunicación, cine y libros.

En agosto de ese año, se emitió un decreto por el cual los libros infantiles que "describan una desviación respecto de la identidad de género concebida en el nacimiento, o describan un cambio de género, o popularicen la homosexualidad", entre otras condiciones, no podrán mostrarse en los escaparates o exhibirse claramente en el interior de las librerías.

Por otro lado, y siguiendo con su particular cruzada contra las personas LGTBIQ+, en el verano de 2025 se prohibió la marcha del Orgullo apoyándose en una enmienda que anteponía "la protección de la infancia" a derechos fundamentales como son el de reunión y libre expresión.

El texto de esta enmienda constitucional señalaba que "todo niño tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su correcto desarrollo físico, mental y moral".

Ya en 2021, la Comisión Europea expedientó a Hungría por esta ley; su presidenta, Ursula Von der Leyen, la calificó de “vergüenza”. "Europa no tolerará nunca que miembros de nuestra sociedad sean estigmatizados, ya sea por la persona a la que aman, por su edad, por su origen étnico, sus opiniones políticas o sus convicciones religiosas", expresó.

Así, la Comisión envió una carta de emplazamiento detallando las razones por las que Bruselas se hallaba preocupada ante esta nueva ley y pidiendo a las autoridades húngaras enmendar la situación en el plazo de dos meses.

Ya en aquel entonces se había previsto una segunda etapa de diálogo de no resolverse el conflicto en el plazo acordado y, como último recurso, se elevaría el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Finalmente, ha sido este martes, 21 de abril de 2026, cuando el TJUE ha condenado al Gobierno húngaro. Y lo ha hecho con rotundidad: "esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo”. “Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados", recoge la sentencia.

Veinte Estados miembros de la Unión Europea –Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia– exigieron la anulación de esta ley y sus enmiendas.

Según la sentencia, Hungría ha “incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión” al adoptar esta ley, y ha incumplido tanto el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como diversas directivas y reglamentos.

El TJUE define la ley como "un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales".

"La legislación húngara estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales y (...) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas", advierte.

“Las disposiciones nacionales en cuestión son manifiestamente contrarias a las exigencias que, en una sociedad basada en el pluralismo, se derivan de la prohibición de discriminación por razón de sexo y de orientación sexual establecida en el artículo 21, apartado 1, de la Carta y vulneran, por tanto, el contenido esencial de dicha disposición”, recoge la sentencia.

Asimismo, hace hincapié en que la protección a los menores puede darse “sin para ello operar una discriminación directa por razón de sexo y de orientación sexual”.

“En efecto, la mera circunstancia de que los contenidos popularicen o representen la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad no permite, por sí misma, demostrar el carácter potencialmente perjudicial de tales contenidos”, añade.

Por otro lado, el TJUE hace alusión a la Carta incidiendo en que “a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción” y, además, “el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. 

Asimismo, el TJUE considera que esta ley atentaría también contra la ley general de protección de datos y contra la libertad de prestar y recibir servicios de comunicación audiovisual. 

“La restricción impuesta a la emisión de programas que tengan como elemento central la violencia o la popularización o representación de la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad elimina la presencia efectiva, en esos programas, de personas no cisgénero o no heterosexuales, así como de su modo de vida, aun cuando esas personas forman parte integrante de una sociedad caracterizada por la diversidad y el pluralismo, de conformidad con los valores contemplados en el artículo 2 TUE. La Comisión concluye de ello que el artículo 9, apartado 6, de la Ley de Servicios de Medios de Comunicación da lugar a una discriminación directa por razón de sexo o de orientación sexual, prohibida por el artículo 21, apartado 1, de la Carta”, informa la sentencia.

Tras esta sentencia, que tanto la Comisión Europea como distintas ONG en un comunicado conjunto –Amnistía  Internacional de Hungría, el Comité Helsinki húngaro y la Asociación Háttér– han calificado de “histórica”, sólo queda que el nuevo Gobierno de Péter Magyar la ejecute, acabando así con una de las leyes más injustas y polémicas en materia LGTBIQ+ del continente europeo.

El ingreso mínimo vital (IMV) ya bate récords. En este mes de marzo ha llegado a 829.399 hogares en marzo, un 18% más que hace un año, con una cuantía media de la prestación que se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros.

En términos interanuales, el IMV continúa su crecimiento. Este mes se registran 125.920 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone un incremento cercano al 18% en el número de hogares beneficiarios. El número de personas protegidas también aumenta en la misma línea, con un crecimiento del 18,1%, es decir, 387.278 beneficiarios más que en marzo de 2025.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado un comunicado en el que reconoce que 2,53 millones de personas en nuestro país vive con este ingreso y que, dentro de estas familias, 1,03 millones son niños y adolescentes. En marzo, el 68% de los titulares de la prestación son mujeres, lo que equivale a 563.741 personas. En el conjunto de beneficiarios, las mujeres representan el 53,4%, con más de 1,35 millones.

El IMV continúa siendo una herramienta clave en la protección de familias con hijos. En concreto, el 69% de los hogares beneficiarios (570.548) cuentan con menores a cargo. De ellos, cerca de 140.000 son familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres. Por lo que más de 1,03 millones de menores están cubiertos por esta prestación, lo que consolida al IMV como uno de los principales instrumentos contra la pobreza infantil en España.

Los menores suponen el 41% de los beneficiarios. Precisamente, el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, llegó a 573.831 unidades de convivencia en marzo, con una cuantía media de 66,4 euros por cada menor y de 120,7 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes. Hay distintas cuantías según la edad de los menores: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años. 

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión y, en España, la cifra sigue siendo alarmante. Según un estudio realizado por el Consejo de Juventud de España, tres de cada diez jóvenes están en riesgo de exclusión social. Ni siquiera quienes tienen un empleo se libran: el 18,8% de los que tiene un trabajo están en la misma situación.

Si miramos las comunidades autónomas, Andalucía es la que tiene una mayor cantidad de hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital: más de 266.000. Con alrededor 820.000 personas en ellos. Y entre sus provincias, la que alberga la capital, Sevilla, se sitúa en el primer puesto, seguida de Málaga y Cádiz.

Además, en el resto de país, destacan regiones como la Comunitat Valenciana, Cataluña y Madrid. Las tres están por encima de los 200.000 beneficiarios. En el polo opuesto, de los que tienen una menor cantidad de prestaciones, se sitúan La Rioja, Cantabria o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque con ratio de beneficiarios por hogar más elevados.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas. Comenzó como una forma de amortizar el impacto económico de la crisis derivada del covid y fue enmarcada como una medida urgente dentro del "escudo social" ideado por el Gobierno. Fue aprobado mediante el Real Decreto-ley 20/2020, que estableció el ingreso como una prestación no contributiva de la Seguridad Social para combatir la pobreza severa y garantizar unos ingresos mínimos. 

Ya han pasado seis años y, aunque sigue vigente, varios colectivos demandan más. Por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que un 55% de potenciales beneficiarios se quedan fuera. En su actualización, el organismo concluyó que esa cifra asciende al 75% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV "marca la diferencia, especialmente en la infancia", y demuestra que el Gobierno está "donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país".

Nueve años después de las movilizaciones sindicales en defensa de una empleada de una pastelería de Gijón que acusaba a su empleador de acoso laboral, y nueve meses después de que un juez ordenara su inmediato ingreso en la prisión de Villabona en contra del criterio del fiscal (que reclamaba la suspensión de la condena), el grupo de sindicalistas de la CNT conocidos por Las seis de La Suiza ha recibido por fin el indulto en el Consejo de Ministros de este martes. La medida de gracia, que considera que su conducta, aunque delictiva, se produjo en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, será efectiva a partir del día siguiente, cuando se publique en el BOE.

Las seis de La Suiza –cinco mujeres y un hombre– fueron condenados en junio de 2021 a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia al considerar que los miembros de la CNT se habían excedido en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical al participar en varias manifestaciones en defensa de una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza, en Gijón, que había denunciado al propietario por acoso laboral y sexual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad asturiana, fue ratificada por la Audiencia Provincial y, más adelante, en 2024, por el Tribunal Supremo. El pasado 9 de julio, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.

El indulto, que ha impulsado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aprecia motivos de equidad, justicia y utilidad pública en la medida de gracia. Se justifica en que la conducta por la que fueron condenados –la participación en varias movilizaciones ante el comercio en el que estaba ocupada la empleada–, se produjo en un contexto laboral y en ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación o la libertad de expresión y la libertad sindical. Con su acción reivindicativa, además, los condenados no tenían la intención de cometer los delitos por los que finalmente fueron condenados.

La medida de gracia llega pese a los informes contrarios emitidos tanto por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, el autor de la sentencia, como del Ministerio Fiscal, que, sin embargo, el pasado verano, apoyó sin éxito que se suspendiera el encarcelamiento. El Consejo de Ministros indulta las penas de cárcel con la condición de que no vuelvan a ser condenados por ningún delito en los próximos cuatro años.

Todos los miembros de Las seis de La Suiza se encuentran en tercer grado penitenciario desde pocos días después de entrar en la cárcel a la que solo acudían a dormir y de la que estaban exentos los fines de semana. El perdón fue solicitado por una veintena de organizaciones sindicales, el Gobierno de Asturias y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que inmediatamente después de su reclusión afirmó que trabajaría desde dentro del Gobierno para lograrlo. "El sindicalismo es un derecho, no un delito", declaró. PSOE, Sumar, IU, Podemos o EH Bildu también se habían mostrado a favor.

Los hechos tienen su origen en un incidente laboral ocurrido en junio de 2015, cuando una empleada de la pastelería La Suiza, que se encontraba embarazada, comenzó a sentirse mal y pidió al dueño del negocio, sin éxito, que le dejara marchar. Al no permitírselo su empleador, llamó a su pareja, que tuvo un altercado con el propietario en el que estropeó un frigorífico de un golpe. La mujer terminó marchándose y, al poco tiempo, le dieron una baja médica por riesgo de aborto.

En 2017, cuando la empleada disfrutaba de su permiso por nacimiento y cuidado de su hijo, decidió que ya no quería trabajar en la pastelería. Aseguraba que sufría ansiedad y estrés y denunció acoso laboral y sexual por el propietario. También acudió a la CNT para que negociara con él la ruptura de su relación laboral, algo a lo que el dueño del negocio se negó.

El sindicato organizó entonces una quincena de concentraciones –la mitad de ellas comunicadas a la Delegación del Gobierno– a la puerta del local en el que, además del dueño, trabajaba su esposa, una hija y dos empleados más. Las primeras contaron con apenas una decena de afiliados de la CNT, pero con el tiempo se fue sumando gente hasta el punto de que, en alguna ocasión, llegaron a congregarse varias decenas de personas que gritaron a favor del cierre del negocio y corearon insultos a los clientes. En alguna de estas protestas se llegó a interrumpir la circulación y se tiró algún petardo. El propietario mantuvo en el juicio que tuvo que cerrar y malvender el negocio a causa de ese movimiento en defensa de su empleada.

La orden de ingreso en prisión contra Las seis de La Suiza llegó ocho años después de los hechos, cuando todos ellos se encontraban perfectamente insertados en la sociedad, con empleo y familias a su cargo. Esa fue la razón esgrimida por sus abogados el verano pasado para evitar su encarcelamiento, que esa medida habría interrumpido la normalidad de sus vidas. Sin embargo, el juez de lo Penal gijonés obvió sus alegaciones y la petición del fiscal de suspender la pena y los envió a Villabona. Tras el cierre de La Suiza en Gijón, su propietario abrió un establecimiento similar en Oviedo.

Desde hace unos meses todas las mañanas, al salir de casa, me cruzo con Rocío, que desde las 8 h está en el portal empezando su jornada. Inicia el trabajo organizando y dándole una pasada al bajo donde está la salida a la calle. Es la zona más concurrida y por defecto la más sucia. Luego carga todos los enseres en el ascensor y sube hasta la planta sexta. Y de ahí va ordenando, recogiendo, barriendo y fregando en orden, descendiendo concienzuda, piso a piso. Un día me la encontré en mi rellano y la invité a un café. Lo toma solo, corto, con un poquito de azúcar. Desde entonces, cada vez que me la encontraba la invitaba a un café que ella recibía muy agradecida. Un día la vi con el labio fruncido y una expresión patente de dolor. "¿Qué te pasa, Rocío? ¿Estás bien?". "Ay, señora, estoy muy triste. Murió mi papá. He perdido a mi papá. Ya no lo voy a ver más. Y yo estoy aquí y no he podido ir a despedirle. Y ya no lo voy a ver más, nunca más". Desconsolada, aterrizó en mis brazos llorando.

Rocío no pudo ir a ver a su padre porque, si sale de España, quizás no pueda volver a entrar nunca más. Rocío no tiene papeles. Llegó a este país hace tres años desde Perú con un visado de turismo. Su hija mayor estaba aquí trabajando y vino a visitarla con su marido. Dos meses antes habían matado de un tiro a su sobrino, que trabajaba en un taxi. Así que vinieron y se quedaron a probar suerte. Ella era cocinera y repostera en Perú. Aquí friega portales. De la mañana a la noche cuida los espacios comunes de casas de vecinos y oficinas. En España, son miles las mujeres que sostienen nuestra vida cotidiana sin que el Estado las reconozca plenamente como sujetos de derechos. La regularización no es un gesto administrativo. Es la frontera entre poder despedirse de un padre o sufrir el duelo en los brazos de una conocida circunstancial.

Hablamos de "migración irregular" en abstracto. En muchos de los imaginarios es un hombre joven racializado. Pero la realidad tiene otro rostro: según las estimaciones recientes, más del 58% de las personas en situación administrativa irregular en España son mujeres. Mujeres entre 30 y 50 años, en su gran mayoría latinoamericanas, que trabajan —o intentan trabajar— en el sector que sostiene la vida: los cuidados. Limpian portales y casas, cuidan a las personas mayores y dependientes, cocinan, abrazan y quieren a los más pequeños.

España envejece con rapidez. Más del 20% de la población supera los 64 años y la tasa de dependencia no deja de aumentar. Al mismo tiempo, el mercado laboral exige disponibilidad total y jornadas largas. Esa tensión entre cuidados crecientes y tiempo escaso no la ha resuelto el Estado; la han resuelto, en gran medida, mujeres migrantes. Según la Fundación porCausa en su análisis de la irregularidad de 2023, el 27% del empleo informal de la población migrante se concentra en las actividades del hogar. Dentro del Sistema Especial de Empleados de Hogar, donde el 94% son mujeres, casi la mitad son extranjeras. No se trata de un fenómeno marginal: es una columna vertebral.

Pero esa columna está construida sobre la precariedad. La asociación Territorio Doméstico denuncia jornadas de hasta 16 horas, contratos inexistentes, salarios hasta un 60% inferiores a la media del resto de actividades. Se estima que unas 40.000 mujeres trabajan como internas, viviendo en el domicilio de sus empleadores; nueve de cada diez son extranjeras. El régimen de internas, que en teoría resuelve la conciliación de las familias contratantes, en la práctica puede convertirse en aislamiento, dependencia absoluta y vulnerabilidad extrema. La irregularidad administrativa no es un detalle burocrático: es el mecanismo que abarata el coste del cuidado.

Hace unas semanas saltaba a las portadas el caso de Julio Iglesias por las denuncias de abusos sexuales de varias empleadas internas que habían trabajado para él. Este tema que sonaba lejano está lejos de serlo. Mas de la mitad de las trabajadoras migrantes del hogar de nuestro país encuestadas por Territorio Doméstico afirma haber sufrido acoso o violencia sexual en el trabajo, pero el 91% no denuncia por miedo a ser expulsada. El miedo funciona como un contrato implícito. El silencio se convierte en condición de permanencia. Así se sostiene un sistema que permite a muchas familias conciliar, mientras otras mujeres asumen el coste emocional y físico de esa conciliación.

La regularización cambiará ese equilibrio de poder. No solo porque permitirá firmar contratos y cotizar —algo que, según el último estudio de Funcas, incrementará unos 3.300 euros anuales la aportación fiscal neta por persona a través de impuestos y cotizaciones—, sino porque desactiva el arma más eficaz de la explotación: la amenaza. Con papeles, el miedo pierde fuerza. El estatus legal evita que denunciar sea un salto al vacío. La movilidad laboral se amplía con derechos reconocidos y permitirá homologar títulos, aspirar a otros sectores, abrir una cuenta bancaria o alquilar una vivienda sin intermediarios ni abusos.

La regularización no es necesaria por una cuestión de caridad. Es un acto de coherencia democrática y racionalidad económica. Una democracia sólida necesita que quienes sostienen su vida cotidiana formen parte plena del contrato social. Un país que envejece necesita cuidados. Un sistema de pensiones tensionado necesita cotizantes. La pregunta nunca fue si podemos permitirnos regularizar. El debate era si podíamos seguir sosteniendo nuestro bienestar sobre la vulnerabilidad jurídica de otras personas, principalmente otras mujeres.

Desde que lloramos juntas aquel día en el portal, Rocío y yo somos colegas. De tanto en tanto me trae alguna cosa riquísima que ha cocinado: alfajores, magdalenas, galletitas de chocolate. También he probado su causa peruana y sus empanadas. Yo le seguía sacando café hasta que un día me miró con cariño y un poco de compasión y me lo devolvió. "No tomo café, que me pone muy nerviosa y me dan palpitaciones". Me di cuenta de que llevaba meses aceptándolo por cortesía. Nunca se me ocurrió que fuera así. La regularización no creará la pertenencia de Rocío: la reconocerá. Y nos permitirá, como sociedad, cuidar a quienes llevan años cuidándonos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El Consejo de la Juventud de España (CJE), de la mano de la Celebración de 50 años de España en Libertad, ha anunciado este jueves la puesta en marcha del proyecto DemocraZia con Z, una iniciativa destinada a reintegrar a la juventud en el tejido democrático español. La propuesta promete no limitarse a la superficie del diagnóstico de que "la juventud es crítica con el funcionamiento de la democracia", sino que pretende llevar a cabo un análisis, "más riguroso y menos estigmatizante", tanto de las causas del distanciamiento como de las posibles soluciones para impulsar a los jóvenes a seguir fortaleciendo la democracia.

Para la Comisionada de la Celebración de 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, “la debilitación de la juventud debilita el tejido democrático”, por lo que la colaboración con el CJE para frenar el retroceso de la participación juvenil se ha convertido en una prioridad estratégica.

Por ende, ambas entidades han diseñado DemocraZia con Z como un proyecto para proporcionar "una serie de recursos, más que una guía, para que los espacios juveniles sean más democráticos". El plan de actuación implica trabajar con escuelas, centros deportivos y administraciones públicas para orientar su influencia sobre los jóvenes, además de desarrollar campañas de concienciación tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

La iniciativa surge también como respuesta a la “falta de práctica democrática”, derivada de un sistema de estructuras jerárquicas y poco permeables. Ante la frecuente exclusión de los jóvenes de los espacios de decisión, el proyecto apuesta por un cambio de paradigma que los sitúe en el centro de la toma de decisiones. En palabras de sus impulsores, se trata de “romper relatos y ofrecer otros nuevos”.

Pilar Blasco, la vicepresidenta del CJE, ha explicado en la presentación del proyecto que existe "desafección porque la propia democracia no está dando una respuesta" a las problemáticas juveniles. La sociedad vive en lo que el Consejo denomina "adultocentrismo", un sistema en el que "no te conviertes en ciudadana de pleno derecho hasta que no te conviertes en persona adulta". Ello desvía la atención de los conflictos que afectan a la juventud y debilita su legitimidad como actores democráticos.

Por otro lado, la organización acusa al sistema de no estar proporcionando las "condiciones vitales para que la gente joven viva un presente lo suficientemente digno para poder proponer un futuro". La presidenta del CJE, Andrea Henry, explica que "democracia es tener estructura, tiempo, recursos y conocimientos para poder participar en ella". Metidos de lleno en la crisis de la vivienda, la precariedad laboral y el progresivo incremento de la desigualdad, los jóvenes "no tenemos condiciones para participar en la vida pública".

El Consejo también señala la pérdida de los espacios físicos de convivencia como otro de los factores que alimentan el desamparo juvenil. El acceso a la vivienda es cada vez más difícil y los espacios públicos para relacionarse resultan poco accesibles. Así, cualquier forma de interacción social termina desplazándose a bares u otros ámbitos privados que exigen consumo, un requisito difícil de asumir en contextos de precariedad económica. Como consecuencia, la juventud termina refugiada en la esfera digital, un entorno con escasos límites y donde predominan dinámicas algorítmicas que favorecen la circulación de contenidos polarizantes.

“DemocraZia con Z” nace también como una respuesta al auge de la ultraderecha que, según advierten sus impulsores, ha sabido capitalizar el malestar juvenil mediante una “politización del desencanto”. Ante la falta de canales eficaces para escuchar y atender las demandas de los jóvenes, estos discursos logran canalizar un descontento que otros actores no han sabido interpretar ni encauzar. Por ello, el proyecto subraya la necesidad de reforzar los espacios de participación democrática y reclama, además, una mayor regulación de las redes sociales.

Frente a este complejo panorama, el Consejo de Juventud toma la responsabilidad de convocar a los jóvenes a "reescribir la democracia".

El proyecto despegará con una fase de investigación principalmente cualitativa, para ahondar más allá de las pesimistas cifras que actualmente definen la relación juventud-democracia. A partir de los datos cuantitativos existentes y los innovadores que pretenden obtener, generarán hipótesis que serán contrastadas a través de la interlocución directa con grupos que reúnan al colectivo juvenil (16-30 años) en su diversidad.

La investigación se desarrollará en torno a ciertas incógnitas primordiales: "¿Qué rol tiene la democracia con la juventud?" y "¿Qué necesita la juventud de la democracia?". Los resultados serán expuestos en un informe, que prevén tener finalizado para el mes de junio.

El plan continuará con eventos durante el próximo verano, que responderán al deseo de la iniciativa de trabajar de manera descentralizada, "sembrando semillitas" en 14 comunidades autónomas. A partir del inicio del próximo curso escolar, prometen difundir los recursos desarrollados y adoptar el rol de "escuela de la democracia".

El Consejo de Juventud y la Celebración de 50 años de España en Libertad han expresado ser conscientes de la importancia de los medios de comunicación para lograr que su campaña sea efectiva, por lo que se han dirigido a los principales actores del panorama mediático para solicitar colaboración: "Os necesitamos para consolidar un canal estable de diálogo que contribuya a enriquecer el tratamiento informativo sobre juventud y democracia en los próximos meses".

El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la asistencia letrada a extranjeros sea prestada exclusivamente por abogados especializados, tras el anuncio de que ONG especializadas y sindicatos podrán solicitar ciertos trámites de extranjería, informa EFE.

El presidente del Consejo General, Salvador González, ha hecho esta solicitud en una carta enviada a la ministra, Elma Saiz, en la que argumenta que la asistencia de abogados especializados garantiza la "mejor defensa posible", según indica esta organización en un comunicado.

Esta solicitud se produce cuando el Gobierno tramita el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECE), la vía con la que se pretende facilitar que las personas extranjeras tramiten sus solicitudes, una medida que estaba en audiencia pública hasta el pasado 10 de febrero.

La Abogacía pide que todas las personas jurídicas inscritas en dicho registro designen de forma obligatoria como responsable a un abogado colegiado en España, así como establecer requisitos claros para inscribirse en dicho registro.

Según el borrador, en el registro podrán inscribirse organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal o de la comunidad autónoma y entidades sin ánimo de lucro con al menos tres años de vida que estén vinculadas al ámbito migratorio o de la protección internacional.

Deberán cumplir una serie de requisitos, como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no haber sido condenadas ni sancionadas por prácticas relacionadas con su actividad y acreditar "una experiencia mínima y verificable en el acompañamiento y asistencia a personas extranjeras".

Actualmente solo pueden presentar solicitudes de extranjería por registro electrónico la propia persona interesada, otra en representación de la primera, abogados, graduados sociales o gestores administrativos, según explicaron a EFE fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En este contexto, la Abogacía defiende la necesidad de letrados especializados con el argumento de que la denegación de una autorización afecta al proyecto de vida y los derechos fundamentales y en "esos momentos críticos" no se puede improvisar la defensa sino que "debe estar en manos de abogados especializados en extranjería".

Considera la Abogacía que estos profesionales son los más preparados para garantizar que los derechos de las personas migrantes sean tutelados y protegidos. "Su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos insuficientes", señala el presidente del Consejo.

A un lado, lo de Alicante, las viviendas de protección oficial que se llevaron altos cargos del Partido Popular o sus familiares, notarios y agentes inmobiliarios que participaban en el proceso de adjudicación; al otro, el plan de Pedro Sánchez de invertir veintitrés mil millones de euros en la construcción de quince mil pisos de precios asequibles al año. Si lo segundo se concreta –que en este mundo de promesas esponjosas y ciudadanos desengañados hay que poder tocar los muros de esas casas para creer en ellas–, lo primero se vuelve aún más feo. Es verdad que no sabemos cuándo habrá unas elecciones generales, pero sí que la campaña para ellas ha comenzado, pero también lo es que los antecedentes del partido de la calle Génova son temibles, si recordamos los tiempos de Ana Botella y la entrega de bloques enteros de VPO a fondos buitre, ese pájaro que aparece siempre donde hay muertos.

Las principales preocupaciones de Isabel Díaz Ayuso son la ETA que ya no existe y los problemas judiciales de su pareja, que sí que existen. El principal anhelo de su supuesto jefe, Núñez Feijóo, es llegar a La Moncloa, caiga quien caiga. Los problemas de la gente normal son la escasez de los sueldos –a cuya subida siempre se opone la derecha– y la inaccesibilidad de la vivienda, un derecho constitucional del que nunca se acuerdan los supuestos defensores de la Constitución. Aquí es un viacrucis comprarse un piso, el dinero que se pide por su venta triplica su valor real y condena a quienes tienen más valor que el Guerra a gastarse nómina y media en sufragar ese gasto durante veinte años. Un escándalo. Y el alquiler ya sabemos cómo está. ¿Qué soluciones existen para detener esta especulación? Una evidente es regular el mercado y, como primera medida, reformar la Ley del suelo, pero cuando esa iniciativa se quiso poner en marcha, el PP se opuso, aunque en muchas ocasiones y muchos casos se lo pedían sus propios alcaldes.

El PP –de sus socios de la ultraderecha ya ni hablamos– enmascara su defensa de los grandes propietarios con el mantra de la ocupación y usando un argumento que sería legítimo, el del casero que sufre las consecuencias de tener unos inquilinos que no le pagan, si no fuese porque es mentira que la ley que ha propiciado la izquierda vaya de eso: de lo que habla es de personas vulnerables sin alternativas, sin sitio adonde ir. ¿Por qué no lo hay? Porque los ayuntamientos y comunidades autónomas, que en un tanto por ciento apabullante de los casos están en poder del PP, no quieren. Cada vez que le preguntan por eso al de Madrid, Martínez Almeida miente y dice lo de costumbre: que la responsabilidad y las competencias en ese terreno son del Gobierno central. Y al parecer hay quien le cree, dado que le votan.

Ojalá la promesa de Pedro Sánchez se haga realidad y esas viviendas anunciadas a bombo y platillo se llenen de personas que puedan llevar en ellas una vida digna. Ojalá la estafa de Alicante no se vuelva a cometer y lo ya hecho sea revertido. La democracia es esperar al que va más lento y ayudar a levantarse al que ha caído.