Una multitudinaria manifestación, a la que han asistido más de 100.000 personas según la organización, ha clamado este domingo por el centro de Madrid por una vivienda digna y ha llamado a la desobediencia inquilina y a iniciar un proceso hacia una huelga general.

Esta marcha supone "un punto de inflexión" y el comienzo de un nuevo ciclo de movilizaciones por el derecho a una vivienda digna que contará con manifestaciones en más de 30 ciudades durante las próximas semanas y culminará a finales de junio.

Encabezada con una pancarta bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida', la manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha partido a las 12:30 desde el paseo del Prado para concluir alrededor de las dos de la tarde en la calle Sevilla entre gritos de los asistentes durante todo el recorrido para protestar por la escalada de los precios de la vivienda y la precariedad habitacional.

Antes de arrancar, en declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha llamado a la "desobediencia" como única vía y "herramienta legítima" para luchar contra "la dictadura del rentismo", advirtiendo de que no van a someterse "a ningún chantaje de ningún casero" y no aceptarán ni sus precios ni sus contratos.

"Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos", ha subrayado Del Río, que ha apelado a los sindicatos para "desobedecer juntos" y poner en marcha una huelga general que paralice las ciudades y ponga fin "al negocio de la vivienda".

"La desobediencia es el único camino. El rentismo está acaparando, está encareciendo la vivienda. El rentismo está bloqueando nuestras trayectorias vitales, está destrozando nuestras ciudades y está condenando al país a la precariedad. Nos está costando la vida", ha lamentado.

Entre los asistentes a la marcha han estado los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto a sus secretarias generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas, así como la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada de este mismo partido Irene Montero.

Tanto Sordo como Álvarez han pedido a las comunidades autónomas que colaboren para ayudar a solucionar el problema de la vivienda y han exigido a las administraciones públicas un "compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda".

El responsable de CCOO ha criticado el papel pasivo de las comunidades autónomas, competentes en materia de vivienda, que en su opinión "se están poniendo de perfil", y reclamado que se construya vivienda asequible en los próximos diez años, ya que se necesitan dos millones de casas en ese tiempo.

Álvarez ha denunciado la "insumisión" de las comunidades ante la gravedad del "problema social endémico" de la vivienda, ha considerado que se están demostrando "incompetentes en la materia", pese a tener las atribuciones transferidas, y ha criticado "la falta absoluta de colaboración" entre administraciones.

También en declaraciones a los periodistas Reyes Maroto ha dicho que el "grito" de esta manifestación tiene que ser oído por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento porque están "robando Madrid" y se están "echando" a la gente de sus barrios.

La socialista ha señalado que defienden el derecho a "vivir y no a sobrevivir" en la ciudad donde se confrontan dos modelos: el del PP que hace de la vivienda un "negocio" y el del PSOE que quiere "blindar la vivienda pública y ponerle coto a las viviendas de uso turístico".

Durante toda la marcha se han escuchado consignas en defensa de una vivienda digna y asequible para todos y cánticos como "Rentistas culpables, Gobierno responsable", "No es un piso chulo, es un puto zulo", "Ni casa sin gente, ni gente sin casa", "El próximo desahucio el ático de Ayuso" o "Madrid será la tumba del rentismo".

En muchos tramos del recorrido los asistentes han hecho sonar sus llaves a modo de protesta al tiempo que gritaban: "No nos vamos, nos quedamos".

Uno de los momentos emotivos de la manifestación ha sido cuando Mari Carmen, una mujer de 87 años en silla de ruedas, ha tomado el micrófono para contar que el próximo día 3 de junio la desahucia de su casa un fondo buitre.

"Mari Carmen no estás sola, estamos contigo" han coreado durante un largo rato los manifestantes, un grito de ánimo que han repetido en varios momentos de la protesta.

Entre las pancartas que portaban los participantes podían leerse algunos mensajes como "Las casas para quien las habita", "Gente jodida", "Más cigüeñas y menos buitres" o "La solución: expropiación".

"Techo y trabajo sin ser esclavo", "Si pago el alquiler no tengo para comer" o "Casas para vivir no para especular" son otros de los mensajes de los carteles.

Al llegar a la plaza de Cibeles, una de los asistentes se ha arrancado a cantar un chotis adaptado para la protesta, "el chotis del ladrillo", lo ha denominado.

Poco antes de las dos de la tarde, la marcha ha llegado a la calle Sevilla, donde representantes del Sindicato de Inquilinas y de los distintos colectivos sociales que han apoyado la marcha han hecho un llamamiento para avanzar hacia "una huelga general por la vivienda que paralice el país y termine definitivamente con el rentismo".

Pocos sabían qué era una persona intersexual antes de ver en pantalla grande a José Luis López Vázquez interpretar a Adela en Mi querida señorita, la película de 1972 en la que una mujer descubre, tras acudir al médico, que legal y biológicamente es un hombre. Quienes la vieron entonces tampoco salieron del cine con una idea muy clara de lo que era la intersexualidad: el largometraje ni siquiera la nombraba.

Más de medio siglo después, el desconocimiento sigue siendo enorme. La película está otra vez está en cartelera —o en el salón de casa gracias a Netflix—, en una nueva versión con Alana S. Portero como guionista. Y esta vez con una diferencia fundamental: las personas intersex ocupan el centro del relato y la realidad se nombra por fin por su nombre.

La I de LGTBIQ+ es quizá la sigla más desconocida de todas y, sin embargo, ser intersex es más común de lo que parece: alrededor del 1,7% de la población presenta alguna variación intersex, una proporción similar a la de las personas pelirrojas. La intersexualidad engloba una amplia gama de variaciones biológicas en las características sexuales corporales que no se ajustan a lo que se entiende tradicionalmente como hombre o mujer. Por ejemplo, pueden presentar características sexuales que no encajan en las categorías binarias tradicionales, patrones hormonales que no se corresponden con un sexo concreto o una disidencia entre los órganos internos y externos. 

Tal es la falta de información que incluso hay quienes ni siquiera saben que lo son. Algunos lo averiguaron ya en su edad adulta. Otros jamás lo sabrán, por las intervenciones quirúrgicas que se les hicieron desde pequeños. “No hay casi información de lo que es ser intersex. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, aunque todavía hay poca, es de más calidad. Pero todavía no hay espacio para la intersexualidad, está todo basado en el binarismo”, cuenta a infoLibre Cira López Salvago, investigadora y experta en intersexualidades. 

Hasta hace poco, lo que se hacía cuando nacía un bebé intersex era, por procedimiento habitual, una operación quirúrgica que modificaba los genitales del menor. Esta decisión la tomaban entre los médicos y los padres que, por falta de conocimiento y ese sentimiento de “así le irá mejor”, aceptaban que se hiciera lo que los activistas intersex tachan de “mutilación”. Los problemas llegan en la edad adulta, con complicaciones médicas derivadas de esa operación o la posibilidad de que su género —su identidad— no se correspondiera con el sexo —los órganos sexuales—. 

“Se sigue tratando como una patología. Y así ha sucedido con todas las letras del colectivo. Primero se patologiza y luego, con la lucha, se consigue avanzar. Consiste en intentar separar todos los cuerpos entre macho y hembra. Por lo tanto, la intersexualidad se presenta como algo que hay que arreglar y que tiene que caber en una de estas dos casillas”, argumenta Ariana A. Celorio, miembro del grupo del año temático intersexual de la FELGTBI+, activista intersex y escritora, en conversación con este medio. 

Esta forma de patologización tiene varias derivadas, explica López Salvago. La primera es que el concepto de intersexualidad ha caído siempre bajo el marco de la medicina. La segunda es la visión binaria que existe en la sociedad española, afincada desde los tiempos de Franco. La mujer y el hombre, no hay más. “La corporalidad intersexual es una contestación al sistema cisheteronormativo. Son cuerpos que rompen las normas”, cuenta López Salvago. Y para la experta, esto ha tenido una consecuencia muy clara: la estigmatización. “Estos dos elementos han hecho que la intersexualidad esté envuelta en un halo de alarma, de escándalo e, incluso, de monstruosidad”, recalca. 

Sin embargo, en los últimos años el asunto ha comenzado a cambiar tanto en lo social —basta ver el regreso de Mi Querida Señorita— como en el plano legislativo. La ley trans de 2023 incluyó medidas para avanzar en la despatologización de las personas intersex y limitar las intervenciones médicas no consentidas. El texto prohíbe la modificación genital en menores de 12 años, pero introduce una excepción: permite esas intervenciones cuando existan “indicaciones médicas” para proteger la salud de la persona, a juicio del personal sanitario. Y ahí, advierten las activistas, está el problema. Muchas operaciones se han presentado durante años como “médicamente necesarias” sin que existiera una urgencia vital real, según un informe elaborado por ILGA Mundo en 2023. 

“Cuando esto se deja en manos de profesionales, se parte de la idea de que la ciencia y la medicina son neutrales, como si hubiera un diagnóstico objetivo y libre de valores. Pero la decisión de un médico no está exenta de prejuicios ni de valores morales. Actúan, en teoría, 'por humanidad', pensando que la persona intersex sufrirá si no se adapta a una norma corporal concreta. Entonces, justifican la intervención diciendo que quieren evitarle un sufrimiento futuro. Pero eso implica asumir que hay una única forma válida de cuerpo. Y ahí hay un problema”, recalca Rafael Cáceres-Feria, antropólogo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a infoLibre. 

El personal sanitario no tiene por qué conocer las realidades intersex, puesto que no se incluye en el temario de la carrera. De aquí nace esta forma de tratarlo, como si fuera un problema, según indica el antropólogo. “En la Facultad de Medicina se enseña una visión concreta del cuerpo y del sexo. Y ahí no entra la intersexualidad. En el fondo, manejan la misma lógica binaria que el resto de la sociedad: hombre o mujer”, expone Cáceres-Feria.

Aunque no todo es negativo. “Se siguen realizando mutilaciones, pero cada vez hay más personal de la salud concienciado”. La solución, por lo tanto, estaría en esto mismo: la concienciación. “No basta con que sepan del tema los ginecólogos o los urólogos; tiene que saber todo el personal sanitario. Hacen falta protocolos específicos y una educación que les haga ver que no somos una patología”, concuerda Celorio. 

Precisamente, la falta de información es lo que ha provocado la invisibilidad de las personas intersex, apunta Celorio. También las agresiones contra ellos. “En los colegios”, relata la activista, “la mayoría de niños intersex sufren más acoso y bullying porque el resto no sabe cuál es su realidad. Que no se sepa nada sobre ti hace que seas más fácil de agredir”, cuenta. 

Y esto se traduce en la edad adulta. Las personas intersexuales son las que sufren más discriminación, según revelaba el informe de Estado del Odio LGTBIQ+ 2025, elaborado por la FELGTBI+. De hecho, el estudio indica que el 100% de los encuestados intersexuales habían sufrido situaciones de discriminación.

Algo que parece que acaba teniendo efecto. En un estudio publicado en PLOS ONE, una revista científica editada por la Public Library of Science, un 21,1% de los encuestados —todos intersexuales— declaraba tener una salud mental “mala”. El 32,5% la calificaba de “aceptable”, pero la gran mayoría (un 62,6%) declaraba tener ansiedad. Los motivos, según el estudio, pasan por la vergüenza, el estigma, la baja autoestima y la insatisfacción con el sistema sanitario. 

“Las personas intersex están más discriminadas, principalmente por el gran desconocimiento que hay. Sigue siendo una realidad poco conocida y poco explicada. Además, la intersexualidad introduce una dimensión corporal dentro de la diversidad sexual, que tradicionalmente suele entenderse solo desde la identidad de género o la orientación sexual. Incorporar esta dimensión corporal exige salir de marcos tradicionales y comprender una realidad que muchas veces no se enseña ni se visibiliza. Sin educación, referentes o ejemplos cercanos, resulta difícil entenderla, y por eso no me extraña que el colectivo intersex sea uno de los más discriminados”, zanja López Salvago. 

La “prioridad nacional” no es solo una consigna más en el mercado de los eslóganes políticos. Es un cambio de fondo en la manera de entender qué es una sociedad y qué nos debemos unos a otros. Presentada como un gesto de sentido común –“primero los de casa”–, en realidad introduce una ética del egoísmo identitario que erosiona, ladrillo a ladrillo, los cimientos de la convivencia.

En el plano filosófico, la idea es sencilla y devastadora. En lugar de partir de la dignidad universal de las personas, se parte de la pertenencia a un “nosotros” nacional. Los derechos dejan de ser derechos para convertirse en privilegios condicionados por el origen. No se discute quién necesita más, quién está más desprotegido, quién sufre una situación más urgente, sino quién puede exhibir un pasaporte determinado. Esa mutación del lenguaje –de la igualdad a la preferencia– consolida la idea de que hay vidas que valen más que otras.

En sanidad, el contraste es claro. Un sistema sanitario público se justifica éticamente porque atiende según la gravedad y la necesidad, no según la procedencia. La “prioridad nacional” introduce una preclasificación: antes de enfermo, eres nacional o extranjero. Dos personas llegan a urgencias con el mismo diagnóstico, el mismo riesgo, el mismo dolor. La lógica universalista diría: tratemos primero al más grave. La lógica de la “prioridad nacional” legitima que se favorezca al nacional aunque la necesidad sea igual. En el momento en que aceptamos esto, estamos renunciando a la idea de que todos merecemos la misma consideración cuando la vida está en juego.

En vivienda se reproduce el mismo patrón. El problema real es una combinación de salarios bajos, especulación y falta de parque público. Sin embargo, el discurso de la “prioridad nacional” desplaza el foco: ya no se mira hacia los fondos buitre o la ausencia de políticas de vivienda, sino hacia la familia migrante que también busca un techo. Esa familia deja de ser un hogar vulnerable y pasa a ser “competencia” frente a los de aquí. El conflicto deja de plantearse entre quienes concentran la propiedad y quienes no tienen acceso a ella, para convertirse en una pugna moralizada entre “los nuestros” y “los otros”.

La educación, que debería ser la gran escuela de ciudadanía, tampoco queda al margen. La “prioridad nacional” puede filtrarse en el reparto de becas, plazas de escuela infantil o programas de apoyo. Donde antes el criterio era la renta, la necesidad educativa o la situación familiar, empiezan a pesar los años de residencia, la nacionalidad de los progenitores o el origen. Los niños aprenden así, sin que nadie lo diga en voz alta, que hay compañeros que merecen menos inversión pública que ellos. El aula deja de ser el lugar donde se descubre que compartimos futuro y se convierte en el escenario donde se interioriza una jerarquía de valor.

El impacto de todo esto va más allá de quienes se ven relegados al último puesto en la fila. La “prioridad nacional” mina la confianza básica que hace posible la vida en común: la confianza en que, si un día caes enfermo, pierdes la casa o necesitas una beca, las instituciones no te medirán con la vara de tu origen. Cuando se rompe ese principio, todos quedamos más expuestos. Hoy es el extranjero el que queda atrás. Mañana puede ser el empobrecido, el disidente, el “poco productivo”. Una vez aceptado que se puede discriminar en el acceso a derechos, discutir el criterio se vuelve cuestión de oportunidad política.

Vivir en sociedad implica aceptar una cierta renuncia al propio egoísmo. Pagamos por escuelas que quizá no pisaremos, por hospitales en los que tal vez nunca entremos, por viviendas sociales que no ocuparemos. Lo hacemos porque entendemos que sostener ese entramado nos protege a todos, también cuando la vida nos golpea a nosotros. La “prioridad nacional” propone una mutación ética: ya no se trata de sostener un sistema justo, sino de blindar un trozo del pastel para los nuestros, aunque eso suponga dejar a otros a la intemperie.

La paradoja es que esa deriva identitaria, alimentada por partidos que se reclaman patriotas, termina debilitando el propio país que dicen defender. Una comunidad que naturaliza que haya vidas de segunda acaba siendo una comunidad más frágil, más fácil de romper, más vulnerable al miedo y al resentimiento. La verdadera fortaleza de una sociedad no se mide en muros ni en filtros, sino en la capacidad de tratar como iguales a quienes son diferentes. Defender esa igualdad, frente a la “prioridad nacional”, no es una extravagancia moral: es la condición de posibilidad de seguir viviendo, de verdad, en sociedad.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

La mirada de Sally Issa impresiona por su serenidad, difícil de imaginar en medio del vértigo de estos días. De origen sirio, se casó en 2014 con Saif Abukeshek, el activista palestino nacionalizado español y miembro de la flotilla humanitaria con destino a Gaza, secuestrado ilegalmente junto a Thiago Ávila por el Ejército israelí en aguas del Mediterráneo. Protegida por su inseparable kufiya palestina, nos recibe en el municipio catalán en el que reside. "Yo no estoy muy involucrada en la política. Pero ahora veo que es importante tener una idea", cuenta.

En estos días de incertidumbre y espera, Sally Issa habla sin odio ni deseos de venganza. Solo de resistencia, solidaridad y movilización civil. Convencida de que la defensa de los derechos humanos y las libertades, igual que la indignación, pueden ser un motor de la historia. 

Ahora tiene una ventaja enorme: contar con un Gobierno sensible a la situación que estás viviendo. Mucha gente vuelve a su país y no encuentra ni el apoyo de su propio Gobierno.

Es cierto, eso cambia mucho las cosas. 

¿Cómo conoció a Saif? 

Los dos colaborábamos en un movimiento internacional de jóvenes palestinos, del que él fue fundador y organizador. Yo vivía entonces en Suecia, tengo la nacionalidad sueca, y formaba parte de un grupo. Fue trabajando en ese movimiento de solidaridad con Palestina como nos conocimos. 

¿Cuándo salió él de Palestina? 

No recuerdo exactamente el año, pero tenía alrededor de 20 o 22 años. 

¿Ambos militaban desde que eran muy jóvenes? 

Cuando tu origen es palestino, naces con el conflicto, lo vives desde el minuto uno. O incluso antes. Saif luchó siempre por Palestina y yo también. No es algo que hayamos empezado ahora. 

¿Llegaron directamente a Cataluña?

Sí. Durante diez años Saif había trabajado en diferentes sitios de España y luego encontró trabajo en Barcelona. Por eso estamos aquí. 

¿Ha sentido que aquí ha tenido una buena acogida?

Sí. Siempre hago una comparación con Suecia. Y la verdad, me siento mejor aquí. Con más apoyo y con gente que me entiende. Me siento más libre para expresarme. 

A raíz de lo sucedido, ¿las autoridades catalanas se han puesto en contacto con usted para ofrecerle ayuda o soporte? 

A nivel personal, sí. Hace dos días tuve una reunión con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Un cara a cara. Me ofreció el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona para todo aquello en lo que pueda ayudarnos y también para movilizar. 

¿Es el único apoyo que ha tenido por parte de las autoridades catalanas?

Sí. 

¿Y del Gobierno nacional? 

Me reuní con el ministro Albares el martes pasado. Fue muy positivo. También sus declaraciones contra las acusaciones de Israel a Saif. Les dijo: “Sabemos que no hay nada. Y si tenéis algo, ponedlo sobre la mesa. Vamos a proteger a nuestros ciudadanos”. 

Me dio contacto directo con su director de gabinete. Ayer mismo, por ejemplo, les envié la información de que Saif solo tiene acceso a un vaso de agua al día. En la celda hay una fuente que Israel dice que es potable, pero no lo es, huele horrible. Cuando va al interrogatorio pide un vaso de agua y tiene que esperar hasta el siguiente interrogatorio para poder pedir otro. 

¿Le tranquiliza saber que hay un seguimiento por parte de las autoridades españolas? 

Sé que el ministro está en contacto diario con el cónsul y que el cónsul estuvo tanto en el centro de detención como en las visitas al tribunal. Fue el primer contacto con Saif cuando llegaron a Israel. Pero no hay tranquilidad posible con Israel, no hay garantías con ellos. Aun así, ese control es importante. Yo no tengo la nacionalidad española, soy sueca, y pienso que si yo fuese en la próxima Flotilla no tendría nadie que me protegiera. Por eso valoro mucho lo que está haciendo el Gobierno español. 

En medio de todo esto, ¿qué es lo que le da fuerza o esperanza? 

Siempre tenemos esperanza. Vamos a liberar toda Palestina. Esta no es solo la causa de Saif y Thiago. Es algo mucho más grande. 

Otro punto importante es que Thiago cuenta con el apoyo del Gobierno de Lula en Brasil y que ambos gobiernos estén cooperando en la misma línea… 

Sí, porque ni Thiago ni Saif van a salir si el otro no sale. Son compañeros hasta el final.

¿Está en contacto con Lara, la esposa de Thiago? 

Sí, claro. No sé si habéis visto las noticias de que murió la madre de Thiago. Creo que esta noche. Estaba enferma. Intenté hablar con Lara, pero no respondió de momento. 

Saif iba en un barco como observador, no tenía previsto llegar hasta Palestina, ¿verdad? 

Sí, el de Saif era un barco de observación. Se trasladaba de un barco a otro para reuniones o para hablar. Había una embarcación pequeña con la que se movían entre barcos. No tengo mucha información de esa logística, pero oficialmente estaba en un barco de observación. Saif quería apoyar el viaje de la Flotilla, pero su condición de palestino lo hacía más vulnerable. Y nosotros no teníamos ningún plan sobre qué hacer si lo detenían. Esa posibilidad no estaba sobre la mesa. 

¿Cree que por eso lo interceptaron tan lejos de Palestina?

Sí, esa es mi opinión personal. 

¿Qué significa para usted que Israel haya prorrogado seis días más la detención? 

Israel no tiene acusaciones concretas. Todo son sospechas y falsedades. No tienen nada. Por eso están prorrogando. Si tuviesen algo, podrían decir: “hay una lista de acusaciones y vamos a seguir con el tribunal. El ministro Albares ha dicho que han investigado y saben que no hay nada. Lo ha dicho clarísimo: la Flotilla es una misión humanitaria legal. Y el secuestro fue absolutamente ilegal porque ocurrió en aguas internacionales. 

¿Qué opinión les merece a los abogados esa prórroga?

Los abogados solo se refieren a hechos. Yo confío en Saif. Sé que tiene fuerza para aguantar. Y también tengo esperanza en la movilización civil. El problema no es Saif y Thiago. El problema es Palestina. La gente está entendiendo que esto va mucho más allá. 

¿Qué tipo de abogados llevan el caso de Saif y Thiago? 

Son abogados israelíes, pero palestinos, especializados en defensa de derechos humanos y de palestinos. Trabajan bajo el derecho israelí, pero también en base a la ley internacional. Por ejemplo, mantener a Saif y Thiago con los ojos vendados también es ilegal en Israel. 

Después de la reunión con el ministro Albares creo que puede lograrse más si es necesario. Tienen sus maneras diplomáticas y sus protocolos, pero el contacto directo con el director de gabinete me hace pensar que el Gobierno español podría ayudar más si fuera necesario. 

¿Ha podido hablar directamente con su esposo? 

No. 

¿Cómo vive el día a día en una situación así? 

Con mucha fuerza. Es una situación muy dura. Lo que más me duele son nuestros hijos. Tenemos tres niños. 

¿Saben lo que está pasando?

Sí. El mayor tiene ocho años, va a la escuela y todos hablan sobre su padre. Tuve que hablar con él, contarle, explicar. Y también darle esta fuerza que yo siento. Es un niño de ocho años que vive aquí, en un pueblo pequeño, y sabe lo que está pasando. Pero al mismo tiempo es difícil para él entenderlo como nosotros. El mediano tiene seis años, los cumplió el día del secuestro y no pudo hablar con su padre. El pequeño tiene dos años.

¿Qué mensaje le parece importante para cerrar esta entrevista? 

Hay que seguir movilizándose, no olvidar Palestina, denunciar la ocupación ilegal, el genocidio. 

Este martes, 21 de abril, se ha producido un nuevo avance en materia de derechos LGTBI+ en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia por la que determina que Hungría “ha violado el derecho de la Unión” con su conocida como Ley antipropaganda LGTBIQ+, aprobada en 2021.

Este hecho llega casi dos semanas después de arrasar en las urnas el candidato a las elecciones húngaras de Tisza, Péter Magyar, quien había evitado pronunciarse sobre el tema pero declaró tras su victoria electoral que Hungría sería “un país en el que no se castigue a nadie por pensar distinto que la mayoría, por amar a alguien de forma diferente que la mayoría”.

Con esta decisión, Europa ha sentado un precedente condenando por primera vez a uno de los Estados miembros por violar los principios fundacionales de la Unión Europea.

El 15 de junio de 2021, el Parlamento de Hungría aprobaba con los votos de Fidesz –el partido del ultranacionalista Viktor Orbán– su polémica Ley de Protección de la Infancia, escudándose en la protección de los menores y vetando para ello la divulgación de información sobre el colectivo LGTBIQ+ en las escuelas.

Entre las principales medidas de esta ley se encuentran la restricción de contenidos que "fomenten la homosexualidad" –relacionada por el Gobierno húngaro con la pedofilia– tanto en los centros escolares como en los medios de comunicación, cine y libros.

En agosto de ese año, se emitió un decreto por el cual los libros infantiles que "describan una desviación respecto de la identidad de género concebida en el nacimiento, o describan un cambio de género, o popularicen la homosexualidad", entre otras condiciones, no podrán mostrarse en los escaparates o exhibirse claramente en el interior de las librerías.

Por otro lado, y siguiendo con su particular cruzada contra las personas LGTBIQ+, en el verano de 2025 se prohibió la marcha del Orgullo apoyándose en una enmienda que anteponía "la protección de la infancia" a derechos fundamentales como son el de reunión y libre expresión.

El texto de esta enmienda constitucional señalaba que "todo niño tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su correcto desarrollo físico, mental y moral".

Ya en 2021, la Comisión Europea expedientó a Hungría por esta ley; su presidenta, Ursula Von der Leyen, la calificó de “vergüenza”. "Europa no tolerará nunca que miembros de nuestra sociedad sean estigmatizados, ya sea por la persona a la que aman, por su edad, por su origen étnico, sus opiniones políticas o sus convicciones religiosas", expresó.

Así, la Comisión envió una carta de emplazamiento detallando las razones por las que Bruselas se hallaba preocupada ante esta nueva ley y pidiendo a las autoridades húngaras enmendar la situación en el plazo de dos meses.

Ya en aquel entonces se había previsto una segunda etapa de diálogo de no resolverse el conflicto en el plazo acordado y, como último recurso, se elevaría el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Finalmente, ha sido este martes, 21 de abril de 2026, cuando el TJUE ha condenado al Gobierno húngaro. Y lo ha hecho con rotundidad: "esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo”. “Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados", recoge la sentencia.

Veinte Estados miembros de la Unión Europea –Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia– exigieron la anulación de esta ley y sus enmiendas.

Según la sentencia, Hungría ha “incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión” al adoptar esta ley, y ha incumplido tanto el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como diversas directivas y reglamentos.

El TJUE define la ley como "un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales".

"La legislación húngara estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales y (...) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas", advierte.

“Las disposiciones nacionales en cuestión son manifiestamente contrarias a las exigencias que, en una sociedad basada en el pluralismo, se derivan de la prohibición de discriminación por razón de sexo y de orientación sexual establecida en el artículo 21, apartado 1, de la Carta y vulneran, por tanto, el contenido esencial de dicha disposición”, recoge la sentencia.

Asimismo, hace hincapié en que la protección a los menores puede darse “sin para ello operar una discriminación directa por razón de sexo y de orientación sexual”.

“En efecto, la mera circunstancia de que los contenidos popularicen o representen la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad no permite, por sí misma, demostrar el carácter potencialmente perjudicial de tales contenidos”, añade.

Por otro lado, el TJUE hace alusión a la Carta incidiendo en que “a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción” y, además, “el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. 

Asimismo, el TJUE considera que esta ley atentaría también contra la ley general de protección de datos y contra la libertad de prestar y recibir servicios de comunicación audiovisual. 

“La restricción impuesta a la emisión de programas que tengan como elemento central la violencia o la popularización o representación de la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad elimina la presencia efectiva, en esos programas, de personas no cisgénero o no heterosexuales, así como de su modo de vida, aun cuando esas personas forman parte integrante de una sociedad caracterizada por la diversidad y el pluralismo, de conformidad con los valores contemplados en el artículo 2 TUE. La Comisión concluye de ello que el artículo 9, apartado 6, de la Ley de Servicios de Medios de Comunicación da lugar a una discriminación directa por razón de sexo o de orientación sexual, prohibida por el artículo 21, apartado 1, de la Carta”, informa la sentencia.

Tras esta sentencia, que tanto la Comisión Europea como distintas ONG en un comunicado conjunto –Amnistía  Internacional de Hungría, el Comité Helsinki húngaro y la Asociación Háttér– han calificado de “histórica”, sólo queda que el nuevo Gobierno de Péter Magyar la ejecute, acabando así con una de las leyes más injustas y polémicas en materia LGTBIQ+ del continente europeo.

El ingreso mínimo vital (IMV) ya bate récords. En este mes de marzo ha llegado a 829.399 hogares en marzo, un 18% más que hace un año, con una cuantía media de la prestación que se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros.

En términos interanuales, el IMV continúa su crecimiento. Este mes se registran 125.920 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone un incremento cercano al 18% en el número de hogares beneficiarios. El número de personas protegidas también aumenta en la misma línea, con un crecimiento del 18,1%, es decir, 387.278 beneficiarios más que en marzo de 2025.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado un comunicado en el que reconoce que 2,53 millones de personas en nuestro país vive con este ingreso y que, dentro de estas familias, 1,03 millones son niños y adolescentes. En marzo, el 68% de los titulares de la prestación son mujeres, lo que equivale a 563.741 personas. En el conjunto de beneficiarios, las mujeres representan el 53,4%, con más de 1,35 millones.

El IMV continúa siendo una herramienta clave en la protección de familias con hijos. En concreto, el 69% de los hogares beneficiarios (570.548) cuentan con menores a cargo. De ellos, cerca de 140.000 son familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres. Por lo que más de 1,03 millones de menores están cubiertos por esta prestación, lo que consolida al IMV como uno de los principales instrumentos contra la pobreza infantil en España.

Los menores suponen el 41% de los beneficiarios. Precisamente, el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, llegó a 573.831 unidades de convivencia en marzo, con una cuantía media de 66,4 euros por cada menor y de 120,7 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes. Hay distintas cuantías según la edad de los menores: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años. 

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión y, en España, la cifra sigue siendo alarmante. Según un estudio realizado por el Consejo de Juventud de España, tres de cada diez jóvenes están en riesgo de exclusión social. Ni siquiera quienes tienen un empleo se libran: el 18,8% de los que tiene un trabajo están en la misma situación.

Si miramos las comunidades autónomas, Andalucía es la que tiene una mayor cantidad de hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital: más de 266.000. Con alrededor 820.000 personas en ellos. Y entre sus provincias, la que alberga la capital, Sevilla, se sitúa en el primer puesto, seguida de Málaga y Cádiz.

Además, en el resto de país, destacan regiones como la Comunitat Valenciana, Cataluña y Madrid. Las tres están por encima de los 200.000 beneficiarios. En el polo opuesto, de los que tienen una menor cantidad de prestaciones, se sitúan La Rioja, Cantabria o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque con ratio de beneficiarios por hogar más elevados.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas. Comenzó como una forma de amortizar el impacto económico de la crisis derivada del covid y fue enmarcada como una medida urgente dentro del "escudo social" ideado por el Gobierno. Fue aprobado mediante el Real Decreto-ley 20/2020, que estableció el ingreso como una prestación no contributiva de la Seguridad Social para combatir la pobreza severa y garantizar unos ingresos mínimos. 

Ya han pasado seis años y, aunque sigue vigente, varios colectivos demandan más. Por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que un 55% de potenciales beneficiarios se quedan fuera. En su actualización, el organismo concluyó que esa cifra asciende al 75% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV "marca la diferencia, especialmente en la infancia", y demuestra que el Gobierno está "donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país".

Nueve años después de las movilizaciones sindicales en defensa de una empleada de una pastelería de Gijón que acusaba a su empleador de acoso laboral, y nueve meses después de que un juez ordenara su inmediato ingreso en la prisión de Villabona en contra del criterio del fiscal (que reclamaba la suspensión de la condena), el grupo de sindicalistas de la CNT conocidos por Las seis de La Suiza ha recibido por fin el indulto en el Consejo de Ministros de este martes. La medida de gracia, que considera que su conducta, aunque delictiva, se produjo en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, será efectiva a partir del día siguiente, cuando se publique en el BOE.

Las seis de La Suiza –cinco mujeres y un hombre– fueron condenados en junio de 2021 a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia al considerar que los miembros de la CNT se habían excedido en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical al participar en varias manifestaciones en defensa de una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza, en Gijón, que había denunciado al propietario por acoso laboral y sexual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad asturiana, fue ratificada por la Audiencia Provincial y, más adelante, en 2024, por el Tribunal Supremo. El pasado 9 de julio, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.

El indulto, que ha impulsado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aprecia motivos de equidad, justicia y utilidad pública en la medida de gracia. Se justifica en que la conducta por la que fueron condenados –la participación en varias movilizaciones ante el comercio en el que estaba ocupada la empleada–, se produjo en un contexto laboral y en ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación o la libertad de expresión y la libertad sindical. Con su acción reivindicativa, además, los condenados no tenían la intención de cometer los delitos por los que finalmente fueron condenados.

La medida de gracia llega pese a los informes contrarios emitidos tanto por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, el autor de la sentencia, como del Ministerio Fiscal, que, sin embargo, el pasado verano, apoyó sin éxito que se suspendiera el encarcelamiento. El Consejo de Ministros indulta las penas de cárcel con la condición de que no vuelvan a ser condenados por ningún delito en los próximos cuatro años.

Todos los miembros de Las seis de La Suiza se encuentran en tercer grado penitenciario desde pocos días después de entrar en la cárcel a la que solo acudían a dormir y de la que estaban exentos los fines de semana. El perdón fue solicitado por una veintena de organizaciones sindicales, el Gobierno de Asturias y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que inmediatamente después de su reclusión afirmó que trabajaría desde dentro del Gobierno para lograrlo. "El sindicalismo es un derecho, no un delito", declaró. PSOE, Sumar, IU, Podemos o EH Bildu también se habían mostrado a favor.

Los hechos tienen su origen en un incidente laboral ocurrido en junio de 2015, cuando una empleada de la pastelería La Suiza, que se encontraba embarazada, comenzó a sentirse mal y pidió al dueño del negocio, sin éxito, que le dejara marchar. Al no permitírselo su empleador, llamó a su pareja, que tuvo un altercado con el propietario en el que estropeó un frigorífico de un golpe. La mujer terminó marchándose y, al poco tiempo, le dieron una baja médica por riesgo de aborto.

En 2017, cuando la empleada disfrutaba de su permiso por nacimiento y cuidado de su hijo, decidió que ya no quería trabajar en la pastelería. Aseguraba que sufría ansiedad y estrés y denunció acoso laboral y sexual por el propietario. También acudió a la CNT para que negociara con él la ruptura de su relación laboral, algo a lo que el dueño del negocio se negó.

El sindicato organizó entonces una quincena de concentraciones –la mitad de ellas comunicadas a la Delegación del Gobierno– a la puerta del local en el que, además del dueño, trabajaba su esposa, una hija y dos empleados más. Las primeras contaron con apenas una decena de afiliados de la CNT, pero con el tiempo se fue sumando gente hasta el punto de que, en alguna ocasión, llegaron a congregarse varias decenas de personas que gritaron a favor del cierre del negocio y corearon insultos a los clientes. En alguna de estas protestas se llegó a interrumpir la circulación y se tiró algún petardo. El propietario mantuvo en el juicio que tuvo que cerrar y malvender el negocio a causa de ese movimiento en defensa de su empleada.

La orden de ingreso en prisión contra Las seis de La Suiza llegó ocho años después de los hechos, cuando todos ellos se encontraban perfectamente insertados en la sociedad, con empleo y familias a su cargo. Esa fue la razón esgrimida por sus abogados el verano pasado para evitar su encarcelamiento, que esa medida habría interrumpido la normalidad de sus vidas. Sin embargo, el juez de lo Penal gijonés obvió sus alegaciones y la petición del fiscal de suspender la pena y los envió a Villabona. Tras el cierre de La Suiza en Gijón, su propietario abrió un establecimiento similar en Oviedo.

Desde hace unos meses todas las mañanas, al salir de casa, me cruzo con Rocío, que desde las 8 h está en el portal empezando su jornada. Inicia el trabajo organizando y dándole una pasada al bajo donde está la salida a la calle. Es la zona más concurrida y por defecto la más sucia. Luego carga todos los enseres en el ascensor y sube hasta la planta sexta. Y de ahí va ordenando, recogiendo, barriendo y fregando en orden, descendiendo concienzuda, piso a piso. Un día me la encontré en mi rellano y la invité a un café. Lo toma solo, corto, con un poquito de azúcar. Desde entonces, cada vez que me la encontraba la invitaba a un café que ella recibía muy agradecida. Un día la vi con el labio fruncido y una expresión patente de dolor. "¿Qué te pasa, Rocío? ¿Estás bien?". "Ay, señora, estoy muy triste. Murió mi papá. He perdido a mi papá. Ya no lo voy a ver más. Y yo estoy aquí y no he podido ir a despedirle. Y ya no lo voy a ver más, nunca más". Desconsolada, aterrizó en mis brazos llorando.

Rocío no pudo ir a ver a su padre porque, si sale de España, quizás no pueda volver a entrar nunca más. Rocío no tiene papeles. Llegó a este país hace tres años desde Perú con un visado de turismo. Su hija mayor estaba aquí trabajando y vino a visitarla con su marido. Dos meses antes habían matado de un tiro a su sobrino, que trabajaba en un taxi. Así que vinieron y se quedaron a probar suerte. Ella era cocinera y repostera en Perú. Aquí friega portales. De la mañana a la noche cuida los espacios comunes de casas de vecinos y oficinas. En España, son miles las mujeres que sostienen nuestra vida cotidiana sin que el Estado las reconozca plenamente como sujetos de derechos. La regularización no es un gesto administrativo. Es la frontera entre poder despedirse de un padre o sufrir el duelo en los brazos de una conocida circunstancial.

Hablamos de "migración irregular" en abstracto. En muchos de los imaginarios es un hombre joven racializado. Pero la realidad tiene otro rostro: según las estimaciones recientes, más del 58% de las personas en situación administrativa irregular en España son mujeres. Mujeres entre 30 y 50 años, en su gran mayoría latinoamericanas, que trabajan —o intentan trabajar— en el sector que sostiene la vida: los cuidados. Limpian portales y casas, cuidan a las personas mayores y dependientes, cocinan, abrazan y quieren a los más pequeños.

España envejece con rapidez. Más del 20% de la población supera los 64 años y la tasa de dependencia no deja de aumentar. Al mismo tiempo, el mercado laboral exige disponibilidad total y jornadas largas. Esa tensión entre cuidados crecientes y tiempo escaso no la ha resuelto el Estado; la han resuelto, en gran medida, mujeres migrantes. Según la Fundación porCausa en su análisis de la irregularidad de 2023, el 27% del empleo informal de la población migrante se concentra en las actividades del hogar. Dentro del Sistema Especial de Empleados de Hogar, donde el 94% son mujeres, casi la mitad son extranjeras. No se trata de un fenómeno marginal: es una columna vertebral.

Pero esa columna está construida sobre la precariedad. La asociación Territorio Doméstico denuncia jornadas de hasta 16 horas, contratos inexistentes, salarios hasta un 60% inferiores a la media del resto de actividades. Se estima que unas 40.000 mujeres trabajan como internas, viviendo en el domicilio de sus empleadores; nueve de cada diez son extranjeras. El régimen de internas, que en teoría resuelve la conciliación de las familias contratantes, en la práctica puede convertirse en aislamiento, dependencia absoluta y vulnerabilidad extrema. La irregularidad administrativa no es un detalle burocrático: es el mecanismo que abarata el coste del cuidado.

Hace unas semanas saltaba a las portadas el caso de Julio Iglesias por las denuncias de abusos sexuales de varias empleadas internas que habían trabajado para él. Este tema que sonaba lejano está lejos de serlo. Mas de la mitad de las trabajadoras migrantes del hogar de nuestro país encuestadas por Territorio Doméstico afirma haber sufrido acoso o violencia sexual en el trabajo, pero el 91% no denuncia por miedo a ser expulsada. El miedo funciona como un contrato implícito. El silencio se convierte en condición de permanencia. Así se sostiene un sistema que permite a muchas familias conciliar, mientras otras mujeres asumen el coste emocional y físico de esa conciliación.

La regularización cambiará ese equilibrio de poder. No solo porque permitirá firmar contratos y cotizar —algo que, según el último estudio de Funcas, incrementará unos 3.300 euros anuales la aportación fiscal neta por persona a través de impuestos y cotizaciones—, sino porque desactiva el arma más eficaz de la explotación: la amenaza. Con papeles, el miedo pierde fuerza. El estatus legal evita que denunciar sea un salto al vacío. La movilidad laboral se amplía con derechos reconocidos y permitirá homologar títulos, aspirar a otros sectores, abrir una cuenta bancaria o alquilar una vivienda sin intermediarios ni abusos.

La regularización no es necesaria por una cuestión de caridad. Es un acto de coherencia democrática y racionalidad económica. Una democracia sólida necesita que quienes sostienen su vida cotidiana formen parte plena del contrato social. Un país que envejece necesita cuidados. Un sistema de pensiones tensionado necesita cotizantes. La pregunta nunca fue si podemos permitirnos regularizar. El debate era si podíamos seguir sosteniendo nuestro bienestar sobre la vulnerabilidad jurídica de otras personas, principalmente otras mujeres.

Desde que lloramos juntas aquel día en el portal, Rocío y yo somos colegas. De tanto en tanto me trae alguna cosa riquísima que ha cocinado: alfajores, magdalenas, galletitas de chocolate. También he probado su causa peruana y sus empanadas. Yo le seguía sacando café hasta que un día me miró con cariño y un poco de compasión y me lo devolvió. "No tomo café, que me pone muy nerviosa y me dan palpitaciones". Me di cuenta de que llevaba meses aceptándolo por cortesía. Nunca se me ocurrió que fuera así. La regularización no creará la pertenencia de Rocío: la reconocerá. Y nos permitirá, como sociedad, cuidar a quienes llevan años cuidándonos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El Consejo de la Juventud de España (CJE), de la mano de la Celebración de 50 años de España en Libertad, ha anunciado este jueves la puesta en marcha del proyecto DemocraZia con Z, una iniciativa destinada a reintegrar a la juventud en el tejido democrático español. La propuesta promete no limitarse a la superficie del diagnóstico de que "la juventud es crítica con el funcionamiento de la democracia", sino que pretende llevar a cabo un análisis, "más riguroso y menos estigmatizante", tanto de las causas del distanciamiento como de las posibles soluciones para impulsar a los jóvenes a seguir fortaleciendo la democracia.

Para la Comisionada de la Celebración de 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, “la debilitación de la juventud debilita el tejido democrático”, por lo que la colaboración con el CJE para frenar el retroceso de la participación juvenil se ha convertido en una prioridad estratégica.

Por ende, ambas entidades han diseñado DemocraZia con Z como un proyecto para proporcionar "una serie de recursos, más que una guía, para que los espacios juveniles sean más democráticos". El plan de actuación implica trabajar con escuelas, centros deportivos y administraciones públicas para orientar su influencia sobre los jóvenes, además de desarrollar campañas de concienciación tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

La iniciativa surge también como respuesta a la “falta de práctica democrática”, derivada de un sistema de estructuras jerárquicas y poco permeables. Ante la frecuente exclusión de los jóvenes de los espacios de decisión, el proyecto apuesta por un cambio de paradigma que los sitúe en el centro de la toma de decisiones. En palabras de sus impulsores, se trata de “romper relatos y ofrecer otros nuevos”.

Pilar Blasco, la vicepresidenta del CJE, ha explicado en la presentación del proyecto que existe "desafección porque la propia democracia no está dando una respuesta" a las problemáticas juveniles. La sociedad vive en lo que el Consejo denomina "adultocentrismo", un sistema en el que "no te conviertes en ciudadana de pleno derecho hasta que no te conviertes en persona adulta". Ello desvía la atención de los conflictos que afectan a la juventud y debilita su legitimidad como actores democráticos.

Por otro lado, la organización acusa al sistema de no estar proporcionando las "condiciones vitales para que la gente joven viva un presente lo suficientemente digno para poder proponer un futuro". La presidenta del CJE, Andrea Henry, explica que "democracia es tener estructura, tiempo, recursos y conocimientos para poder participar en ella". Metidos de lleno en la crisis de la vivienda, la precariedad laboral y el progresivo incremento de la desigualdad, los jóvenes "no tenemos condiciones para participar en la vida pública".

El Consejo también señala la pérdida de los espacios físicos de convivencia como otro de los factores que alimentan el desamparo juvenil. El acceso a la vivienda es cada vez más difícil y los espacios públicos para relacionarse resultan poco accesibles. Así, cualquier forma de interacción social termina desplazándose a bares u otros ámbitos privados que exigen consumo, un requisito difícil de asumir en contextos de precariedad económica. Como consecuencia, la juventud termina refugiada en la esfera digital, un entorno con escasos límites y donde predominan dinámicas algorítmicas que favorecen la circulación de contenidos polarizantes.

“DemocraZia con Z” nace también como una respuesta al auge de la ultraderecha que, según advierten sus impulsores, ha sabido capitalizar el malestar juvenil mediante una “politización del desencanto”. Ante la falta de canales eficaces para escuchar y atender las demandas de los jóvenes, estos discursos logran canalizar un descontento que otros actores no han sabido interpretar ni encauzar. Por ello, el proyecto subraya la necesidad de reforzar los espacios de participación democrática y reclama, además, una mayor regulación de las redes sociales.

Frente a este complejo panorama, el Consejo de Juventud toma la responsabilidad de convocar a los jóvenes a "reescribir la democracia".

El proyecto despegará con una fase de investigación principalmente cualitativa, para ahondar más allá de las pesimistas cifras que actualmente definen la relación juventud-democracia. A partir de los datos cuantitativos existentes y los innovadores que pretenden obtener, generarán hipótesis que serán contrastadas a través de la interlocución directa con grupos que reúnan al colectivo juvenil (16-30 años) en su diversidad.

La investigación se desarrollará en torno a ciertas incógnitas primordiales: "¿Qué rol tiene la democracia con la juventud?" y "¿Qué necesita la juventud de la democracia?". Los resultados serán expuestos en un informe, que prevén tener finalizado para el mes de junio.

El plan continuará con eventos durante el próximo verano, que responderán al deseo de la iniciativa de trabajar de manera descentralizada, "sembrando semillitas" en 14 comunidades autónomas. A partir del inicio del próximo curso escolar, prometen difundir los recursos desarrollados y adoptar el rol de "escuela de la democracia".

El Consejo de Juventud y la Celebración de 50 años de España en Libertad han expresado ser conscientes de la importancia de los medios de comunicación para lograr que su campaña sea efectiva, por lo que se han dirigido a los principales actores del panorama mediático para solicitar colaboración: "Os necesitamos para consolidar un canal estable de diálogo que contribuya a enriquecer el tratamiento informativo sobre juventud y democracia en los próximos meses".

El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la asistencia letrada a extranjeros sea prestada exclusivamente por abogados especializados, tras el anuncio de que ONG especializadas y sindicatos podrán solicitar ciertos trámites de extranjería, informa EFE.

El presidente del Consejo General, Salvador González, ha hecho esta solicitud en una carta enviada a la ministra, Elma Saiz, en la que argumenta que la asistencia de abogados especializados garantiza la "mejor defensa posible", según indica esta organización en un comunicado.

Esta solicitud se produce cuando el Gobierno tramita el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECE), la vía con la que se pretende facilitar que las personas extranjeras tramiten sus solicitudes, una medida que estaba en audiencia pública hasta el pasado 10 de febrero.

La Abogacía pide que todas las personas jurídicas inscritas en dicho registro designen de forma obligatoria como responsable a un abogado colegiado en España, así como establecer requisitos claros para inscribirse en dicho registro.

Según el borrador, en el registro podrán inscribirse organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal o de la comunidad autónoma y entidades sin ánimo de lucro con al menos tres años de vida que estén vinculadas al ámbito migratorio o de la protección internacional.

Deberán cumplir una serie de requisitos, como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no haber sido condenadas ni sancionadas por prácticas relacionadas con su actividad y acreditar "una experiencia mínima y verificable en el acompañamiento y asistencia a personas extranjeras".

Actualmente solo pueden presentar solicitudes de extranjería por registro electrónico la propia persona interesada, otra en representación de la primera, abogados, graduados sociales o gestores administrativos, según explicaron a EFE fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En este contexto, la Abogacía defiende la necesidad de letrados especializados con el argumento de que la denegación de una autorización afecta al proyecto de vida y los derechos fundamentales y en "esos momentos críticos" no se puede improvisar la defensa sino que "debe estar en manos de abogados especializados en extranjería".

Considera la Abogacía que estos profesionales son los más preparados para garantizar que los derechos de las personas migrantes sean tutelados y protegidos. "Su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos insuficientes", señala el presidente del Consejo.

A un lado, lo de Alicante, las viviendas de protección oficial que se llevaron altos cargos del Partido Popular o sus familiares, notarios y agentes inmobiliarios que participaban en el proceso de adjudicación; al otro, el plan de Pedro Sánchez de invertir veintitrés mil millones de euros en la construcción de quince mil pisos de precios asequibles al año. Si lo segundo se concreta –que en este mundo de promesas esponjosas y ciudadanos desengañados hay que poder tocar los muros de esas casas para creer en ellas–, lo primero se vuelve aún más feo. Es verdad que no sabemos cuándo habrá unas elecciones generales, pero sí que la campaña para ellas ha comenzado, pero también lo es que los antecedentes del partido de la calle Génova son temibles, si recordamos los tiempos de Ana Botella y la entrega de bloques enteros de VPO a fondos buitre, ese pájaro que aparece siempre donde hay muertos.

Las principales preocupaciones de Isabel Díaz Ayuso son la ETA que ya no existe y los problemas judiciales de su pareja, que sí que existen. El principal anhelo de su supuesto jefe, Núñez Feijóo, es llegar a La Moncloa, caiga quien caiga. Los problemas de la gente normal son la escasez de los sueldos –a cuya subida siempre se opone la derecha– y la inaccesibilidad de la vivienda, un derecho constitucional del que nunca se acuerdan los supuestos defensores de la Constitución. Aquí es un viacrucis comprarse un piso, el dinero que se pide por su venta triplica su valor real y condena a quienes tienen más valor que el Guerra a gastarse nómina y media en sufragar ese gasto durante veinte años. Un escándalo. Y el alquiler ya sabemos cómo está. ¿Qué soluciones existen para detener esta especulación? Una evidente es regular el mercado y, como primera medida, reformar la Ley del suelo, pero cuando esa iniciativa se quiso poner en marcha, el PP se opuso, aunque en muchas ocasiones y muchos casos se lo pedían sus propios alcaldes.

El PP –de sus socios de la ultraderecha ya ni hablamos– enmascara su defensa de los grandes propietarios con el mantra de la ocupación y usando un argumento que sería legítimo, el del casero que sufre las consecuencias de tener unos inquilinos que no le pagan, si no fuese porque es mentira que la ley que ha propiciado la izquierda vaya de eso: de lo que habla es de personas vulnerables sin alternativas, sin sitio adonde ir. ¿Por qué no lo hay? Porque los ayuntamientos y comunidades autónomas, que en un tanto por ciento apabullante de los casos están en poder del PP, no quieren. Cada vez que le preguntan por eso al de Madrid, Martínez Almeida miente y dice lo de costumbre: que la responsabilidad y las competencias en ese terreno son del Gobierno central. Y al parecer hay quien le cree, dado que le votan.

Ojalá la promesa de Pedro Sánchez se haga realidad y esas viviendas anunciadas a bombo y platillo se llenen de personas que puedan llevar en ellas una vida digna. Ojalá la estafa de Alicante no se vuelva a cometer y lo ya hecho sea revertido. La democracia es esperar al que va más lento y ayudar a levantarse al que ha caído. 

El ministro español de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, propondrá este viernes al resto de países de la UE un nuevo impuesto que grave con un 2% los patrimonios superiores a cien millones de euros para fortalecer las políticas sociales, con el que podrían recaudarse 67.000 millones de euros al año, informa EFE.

"Debemos demostrar que el Estado social funciona y que es capaz de defender los intereses de la gente común, asegurando unas condiciones mínimas de bienestar, de libertad y de seguridad", ha dicho Bustinduy en un comunicado difundido por su Ministerio desde Chipre, donde participa hoy en una reunión informal de ministros de Empleo y Asuntos Sociales.

En esa nota se afirma que ese "impuesto para los ultrarricos" fortalecerá la política social en la UE "que está siendo cuestionado por partidos de extrema derecha".

El ministro opina que esa tasa, ideada por el economista francés Gabriel Zucman, recaudaría sólo en España unos 5.200 millones de euros, según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, un dinero que podría destinarse a la lucha contra la pobreza infantil.

El ministro afirmó que en toda la UE podrían recaudarse hasta 67.000 millones con lo que llamo una "tasa mínima" del 2%, según declaraciones en vídeo distribuidas por el canal de comunicación de la Comisión Europea.

Un dinero, dijo, con el que se podrían financiar programas sociales para reforzar la "cohesión social y generar la base sobre la que Europa asuma de una vez un papel independiente y autónomo en el mundo".

"La única respuesta que Europa puede darle a este tiempo de zozobra y de incertidumbre es profundizar en su identidad social, es reforzar las redes de protección social, es construir ese pilar social que le ha faltado al proyecto europeo durante tanto tiempo", afirmó el ministro en ese mensaje.

El Gobierno aprobó esta semana una prestación universal por crianza a toda familia con menores para erradicar la pobreza infantil. De hecho, Bustinduy propondrá en la reunión de este viernes que esa prestación se incluya en la futura estrategia de la UE contra la pobreza, y que ese derecho vaya acompañado de un sistema fiscal más justo y progresivo.

El ministro defenderá en la reunión de hoy la necesidad de "reinventar el modelo de bienestar" con el argumento de que fortalecer las políticas sociales es la mejor respuesta "a quienes responden con autoritarismo y aislamiento a los desafíos" actuales.

En la reunión de este viernes también planteará que el aumento de la esperanza de vida hace preciso un cambio en el modelo de cuidados que garantice la dignidad de las personas mayores o en situación de dependencia.

"Nuestro compromiso es asentar la reforma integral del modelo que hemos emprendido, para que sea más cercano y permita a estas personas que puedan permanecer en sus hogares tanto como sea posible y como ellos y ellas quieran", mantiene Bustinduy.

La democracia, que llegó a España hace ya medio siglo, ha atravesado ya múltiples etapas. Siete presidentes (ninguna mujer), dieciséis elecciones generales, dos reyes, once presidencias del Congreso, un golpe de Estado que no prosperó, seis mociones de censura (no todas exitosas) y –sobre todo en los últimos años– una acusación recurrente desde ciertos sectores: la de ser una dictadura encubierta.

Tiene muchas definiciones, pero su significado parece hoy más discutido que nunca. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha querido abrir un espacio de diálogo sobre el estado de la democracia y su sentido en el presente. Con ese espíritu ha amanecido la Universidad Complutense de Madrid, escenario del encuentro Democracia en un minuto, una jornada impulsada por este medio con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en Libertad. El acto se enmarca en la iniciativa La memoria que somos: 50 años de democracia, un proyecto que mira al pasado, pero también al futuro, con la intención de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de defender los valores democráticos frente a los desafíos actuales.

A las 9:30 de la mañana, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, daba la bienvenida a un salón de actos repleto de estudiantes con un mensaje claro: “Queremos llamar a que os impliquéis en cómo se hace el periodismo, tenéis que participar”. Acto seguido se proyectó el vídeo Democracia en un minuto, una pieza coral de ocho minutos en la que socios, periodistas y artistas ofrecían su propia definición del término.

La comunicadora Albanta San Román fue una de las primeras en intervenir en ese vídeo: “La democracia es memoria, feminismo; es saber a dónde voy recordando de dónde vengo”. Consuelo Peláez, socia de infoLibre, subrayó que “la democracia nos devolvió la libertad, porque democracia es libertad”. Por su parte, el escritor David Uclés expresó sus reservas hacia el sistema actual, aunque se declaró firme demócrata al considerar que es el sistema que menos conflicto genera o, al menos, el que mejor lo encauza.

Tras el vídeo, Maraña conversó con Carmina Gustrán Loscos, comisionada de los 50 años de España en Libertad, sobre los objetivos del proyecto: divulgar lo que fue la dictadura y celebrar la llegada de la democracia, pero también propiciar espacios de encuentro y debate. “La democracia es un proceso que está en constante construcción, de la misma forma que puede perderse, puede seguir ampliándose y mejorándose”, defendió Gustrán.

Ese debate debe incluir necesariamente a las nuevas generaciones. Maraña recordó uno de los datos que más preocupación genera en los últimos años: el aparente desplazamiento de una parte de la juventud hacia posiciones de ultraderecha. Ambos matizaron esa lectura. “Estigmatizar a la juventud no sirve de nada; hay que darles la palabra”, sostuvo Gustrán.

El momento central llegó con la mesa redonda presentada por Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, en conversación con el humorista y comunicador El Gran Wyoming, la publicista y creadora de contenido Elena Reinés, la cineasta Paula Ortiz y el historiador Julián Casanova.

Para contextualizar el presente, Casanova apeló a la perspectiva histórica: “Para saber dónde estamos hay que saber las raíces de todo esto”. Señaló cuatro grandes hilos conductores. El primero, la ampliación del sufragio: “En el siglo XIX la democracia era censitaria; después votaron los hombres y más tarde las mujeres, tras enormes luchas. Hoy sabemos que sin voto no hay poder”. El segundo, la consolidación de elecciones verdaderamente libres: "Todas las democracias tardaron mucho en imponer medidas para que las elecciones fueran reales”. El tercero, el modelo europeo que desarrolló sistemas de bienestar con beneficios tangibles para la ciudadanía. Y el cuarto, la subordinación del poder militar al poder civil.

Sobre este último punto, Casanova alertó de retrocesos preocupantes, como los sucesos que se han visto últimamente en Mineápolis (EEUU) con el despliegue de los agentes del ICE. “Si miramos los hilos conductores y el ahora, podemos ver que se quiere volver a lo de antes”. Citó como ejemplo el asalto al Capitolio tras la derrota de Donald Trump frente a Joe Biden, cuando el entonces presidente se negó a reconocer el resultado electoral. “Si se intentan apropiar del poder militar, estamos jodidos”, advirtió.

Aun así, no hay que caer en el derrotismo. El Gran Wyoming reivindicó los espacios de encuentro como prueba viva de la democracia: "Esta reunión, no sería posible sin democracia, en este sistema todos pueden dialogar, mientras que en otros sistemas solo unos hablan”. Para él, reducir la democracia a un mero mecanismo electoral es empobrecerla: “Es algo que supone una creencia ética, que consigue que todos seamos iguales y podamos elegir un futuro”.

Paula Ortiz, que se definió como “hija de la democracia”, reflexionó sobre su fragilidad. Según ella, lo que tenemos ahora parece normal, pero se nos olvida que no siempre ha sido así. Por eso, a su juicio, la pregunta central es: “¿Esto se puede romper?”. Ortiz ha llegado a la conclusión de que la democracia es una pregunta permanente, un pacto basado en otra cuestión esencial: “¿Cómo hacemos para no matarnos, para vivir sin dolor?”. Un equilibrio que se tambalea cuando “los fuertes intentan someter a los débiles”.

Elena Reinés también se ha referido al viraje de las nuevas generaciones hacia la ultraderecha. Pero ella, la base de todo esta en la educación. “Desde mi generación hasta los más jóvenes, hemos tenido la desgracia de no estudiar lo que pasó en el siglo XX”. En ausencia de ese conocimiento, según la comunicadora, las redes ocupan el espacio, un terreno donde los bulos circulan sin apenas freno.

Y en ellas, quien ha sabido moverse con habilidad es la ultraderecha. Para Reinés, el problema de la izquierda es que no ha entendido cómo transmitir el mensaje a los jóvenes. “Hace falta hacer publicidad sobre los valores de la izquierda, y adaptar la comunicación al medio en el que estés”, defendió. Ella misma, tras construir un espacio propio con Woke Up News, sufrió una campaña de odio que la llevó a retirarse temporalmente. Subrayó, además, que las mujeres son quienes más padecen este tipo de ataques.

Sobre las redes sociales, Wyoming también mostró su preocupación por la cantidad de bulos que hay en estas plataformas. "Nos enfrentamos a una nueva realidad y es que la mentira se entiende como una opinión más, esto ya es una guerra perdida", afirmó. En esto coincidió Julián Casanovas que declaró: “Ya no va a misa nada, porque la mentira se impone, y quien no lo sigue es perseguido”. “La democracia es imperfecta, pero comparado con las cunetas, con la persecución, es lo mejor. La dictadura entraba en la familia, impregnaba todo, no solo la violencia explícita que vemos en las películas”, añadió.

En este acto los estudiantes también fueron protagonistas. Varios subieron al escenario y, delante de sus compañeros, dieron su propia definición de la democracia. “La democracia da importancia a las reglas pero que también genera conflicto”, comenzó el primero de los alumnos. “Sin embargo, este conflicto sirve para que se puedan cambiar las cosas”. El problema, según él, es que ahora “se intenta relegar el conflicto para los márgenes, en un intento de consenso”, añadió.

“¿Puede existir una democracia si el pueblo no se siente escuchado?”, se preguntó otra alumna. “La democracia es el pueblo pero las elites siguen teniendo más poder”, contestó. “La democracia está débil, ante cualquier catarro se puede enfermar gravemente. Por eso, las ciudadanas y las periodistas tenemos que ser vacunas”, declaró otra alumna.

Marta Gesto, directora general de infoLibre, puso voz al texto enviado por una suscriptora del medio que pidió no ser identificada, ya que vive en una zona de Estados Unidos cerca de Mineápolis. En su escrito confesaba que teme las consecuencias de sus palabras ante la oleada de violencia perpetrada por el ICE: “Siempre he vivido en democracia, pero nunca la he vivido de la misma forma. Ahora, tiene una semilla venenosa y, si se le deja crecer, puede tomar forma de fascismo. La democracia no es igual para todos, se traiciona a sí misma y eso es lo que he visto siempre”.

Recogiendo esa advertencia, Wyoming apeló a la responsabilidad colectiva: “Hay que dar la cara y enfrentarse a las élites". En la clausura, Jesús Maraña insistió en la misma idea: “Cuando se instala el miedo, se pierde la democracia. Por ello, tenemos que actuar. Tenemos que ser cómplices todos para acabar con esto”. 

Laura (nombre ficticio), que se define bisexual, asexual y persona no binaria, tenía 20 años cuando su tía la expulsó de casa. “Siempre ha sido una persona bastante violenta y hubo una reacción violenta en el momento que se dio cuenta [de mi orientación sexual]”, cuenta a infoLibre. A pesar de que considera que no le obligaron a abandonar la vivienda solamente por su identidad, confiesa que este factor aumentó la tensión.

El caso de Laura es parecido al de Daniel, que se identifica como gay y que con 18 años abandonó su hogar familiar, al que describe como un “territorio hostil bastante complejo”. “Que yo fuese del colectivo nunca fue un problema directo, pero había comentarios y actitudes que me hacían sentir incomprendido y no escuchado”, explica a este medio.

Más de un tercio de las personas del colectivo LGTBIQ+ (el 36%) se ha encontrado en algún momento de su vida en situación de sinhogarismo. Esto no quiere decir que hayan estado viviendo necesariamente en la calle, también engloba a aquellas personas que no han conseguido estabilidad habitacional. Así lo establece el informe de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Estado LGTBI+ 2025: Informe Socioeconómico, que subraya que “la orientación sexual se erige como el principal argumento que justifica la expulsión residencial”. 

Es más, según el informe anual de la Mesa Técnica de Atención a personas LGTBIQ+ en riesgo de exclusión social de Madrid (Maper) –un foro de entidades sociales visibiliza la situación de las personas del colectivo LGTBIQ+ que están en riesgo de exclusión social y, especialmente, residencial–, el perfil social de las personas atendidas en 2024 por esta plataforma es joven, con una edad media de 32 años, dos menos que en 2023. “Principalmente se debe al rechazo familiar. Una vez que expresan su orientación sexual o su identidad de género a veces son invitados forzosamente a salir del domicilio, si no expulsados”, afirma a infoLibre el experto y trabajador social José Gabriel Rodríguez Pérez, que añade que el propio núcleo familiar a veces es el primer tipo de discriminación y violencia, seguido por el ámbito escolar.

Según este investigador, el factor edad influye en que muchas de estas personas emigren a otros países. De hecho, la gran mayoría de los solicitantes de las instalaciones de Maper (el 85,5%) procede de un país extracomunitario. Las nacionalidades más frecuentes son de Colombia, Venezuela y Perú. El informe de la plataforma sostiene que más de la mitad de estas personas extranjeras se encuentran en una situación administrativa irregular, lo que les hace, según la integradora social e investigadora Almudena Gómez Jiménez, “estar exentas al acceso de derechos sociales durante largos periplos de tiempo”, y puede implicar una mayor temporalidad de esta circunstancia.

“Hablamos de situaciones muy graves en las que muchas personas se ven obligadas a huir con lo poco que tienen, ante situaciones de alto riesgo donde sus propias vidas corren peligro, donde sus propias familias son los agresores o donde son expulsados de sus propios pueblos”, explica el investigador Juan Daniel Ugalde, secretario del Observatorio para el Análisis y Visibilidad de la Exclusión Social de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sin embargo, los expertos coinciden en que la exclusión residencial es multicausal y está relacionada con diversos factores como las adicciones, la salud mental o los problemas familiares, entre otros.

Aunque los hombres cisgénero gays concentran el mayor número de casos, los informes advierten de que las mujeres trans afrontan un riesgo significativamente mayor de exclusión. “El desconocimiento, el miedo a lo desconocido, los prejuicios y estereotipos hacen que, por desgracia, estas personas sufran un mayor índice de discriminación laboral y residencial, que, unido al frecuente rechazo familiar que padecen, dificulta sus posibilidades de inserción social y les hace víctimas fáciles de discriminación y más vulnerables a terminar en estas situaciones”, afirma Gómez Jiménez.

Rodríguez Pérez puntualiza que determinados estereotipos dirigidos hacia ellas dificultan el acceso al alquiler: “Piensan que le van a poner ahí un prostíbulo, que van a tener drogas y les suben incluso los alquileres”. En cuanto al desempleo, Ugalde señala que es uno de los principales motivos por los que el colectivo trans se mantiene en situación de calle: “Esto empuja a muchas mujeres trans a la marginalidad o al ejercicio de la prostitución como vía de subsistencia, si bien, no se puede generalizar y por suerte cada vez podemos ver más mujeres trans ocupando posiciones más visibles de cara a la sociedad que permiten ‘normalizar’ una realidad oculta hasta el momento”.

Precisamente, uno de los rasgos diferenciadores respecto a la población sin hogar en general es la posibilidad de ser objeto de discriminación “directa, indirecta y múltiple”, según Gómez Jiménez. Es decir, se trata de una vulnerabilidad que no es lineal ni única, sino el resultado de capas de discriminación que se superponen y refuerzan entre sí. Sin embargo, Ugalde señala que la cronificación de la situación de calle es mucho menor, en parte debido a la reducida edad media, que facilita mayores oportunidades de inserción laboral. “En algunos casos, hablamos de personas que incluso no han llegado a estar nunca en situación de calle o lo que llamamos tipología ETHOS 1 y 2, si no que han permanecido en una situación de couchsurfing, pernoctando en sofás de casas de amigos”, añade.

No obstante, las personas del colectivo también se ven expuestas a mayores riesgos. Según Ugalde, no solo es mayor el número de violencias con respecto a sus homólogos no LGTBIQ+ –con casi un 25% más de situaciones de riesgo–, sino que estas son más graves. El investigador señala que, además de sufrir agresiones y robos, también existe “un porcentaje llamativo de violaciones y abusos sexuales que apenas fueron reportados por personas sin hogar no LGTBIQ+”.

Ante esta problemática, existen diversas formas de superación: mientras que Laura consiguió en 2025 mudarse con su novio, Daniel vive solo en Madrid con varios trabajos. Este joven emprendió la búsqueda de un lugar mejor donde vivir, hasta que la Fundación Eddy-G se cruzó en su camino, y se convirtió en el primer usuario del hogar de acogida para jóvenes del colectivo que ofrecía esta institución. “Me dio mucha bondad normalizada, el poder ver a una persona independientemente de su identidad, de su orientación, que estaba en las mismas paredes que yo y decir, ‘wow, hermana, te entiendo’”, cuenta Daniel, que actualmente sigue colaborando en Eddy-G como voluntario.

Paula Avilés, trabajadora social de esta fundación, explica a infoLibre la importancia de un lugar exclusivo para personas LGTBIQ+: “Hace que exista un lugar de confianza donde puedan expresarse tal y como son y no sentir miedo de poder sufrir algún tipo de discriminación que sí que puede verse en sitios generalizados como los albergues”.

Otras asociaciones que ofrecen apoyo residencial y otros recursos son la Fundación Manolita Chen o Ahora dónde. Sin embargo, los expertos y las propias organizaciones señalan la escasez de plazas ofertadas como una traba a su labor. Otro de los retos es la financiación. Según cuenta Avilés, Eddy-G tendrá que afrontar 2026 sin dos de las principales subvenciones que sí tenía en el pasado: una de Fundación la Caixa y otra de la Comunidad de Madrid. 

A pesar de que España es considerado un país abierto en materia de derechos LGTBIQ+, la realidad de la exclusión residencial en este colectivo es difícilmente medible. Desde el ámbito académico, los expertos hacen hincapié en el escaso número de investigaciones sobre esta realidad y la dificultad para obtener muestras, sobre todo de mujeres trans. Según Ugalde, “los estudios internacionales nos indican que un alto porcentaje de la población en situación de sinhogarismo que vive en las calles pertenece al colectivo LGTBIQ+, sin embargo, en España apenas conocemos datos aislados en muy pocas ciudades”.

En la Comunidad de Madrid, los últimos datos publicados son de 2019 y pertenecen al Estudio Sociológico de las Personas LGTBIQ+ Sin Hogar, encargado por FACIAM –la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Personas Sin Hogar de Madrid– con la colaboración de la URJC. Organizaciones y plataformas como FELGTBI+ o Maper también realizan sus propios informes que sirven para ilustrar las dimensiones del problema. “Lo que no se estudia no se conoce y, por lo tanto, a la hora de desarrollar políticas o programas de intervención, es necesario conocer esta realidad para poder alcanzar los objetivos marcados con éxito”, afirma Ugalde.

Por desgracia, esto es lo que estamos observando actualmente en algunos de nuestros políticos. Utilizan las urnas y los votos solo para tener el poder más innoble e irracional de un ser humano y sacar lo peor que tienen, y lo más absurdo y kafkiano es que adornan sus argumentaciones irracionales y cargadas de odio con falaces mentiras, apoyados por tertulianos pagados e instituciones económicas y eclesiásticas que lo único que pretenden es mantener el estatus que tienen para estar por encima, como siempre, de una ciudadanía que lo único que quiere es bienestar, libertad y paz. 

Toda esta reflexión viene a cuento porque, como ciudadano, no entiendo cómo un ser humano, y menos un político, puede ir en contra de que el otro mejore, y cómo el poder les convierte en seres ruines y mezquinos. Porque, analicemos, ¿no es ruin y mezquino no apoyar todo lo que llevaba detrás el real decreto ómnibus? Revalorización de las pensiones, ayudas a las víctimas de la dana y de los incendios forestales, ayudas a los más necesitados, aumento del SMI, impedir los desahucios de los más vulnerables, etc. Dejen de mentir. Basta ya. No busquen ni intenten con argumentaciones irreales y mezquinas su NO, pues detrás de este solo está su soberbia, su intento de destruir la democracia, de burlarse de las urnas. ¿O no es burlarse, señores, de la democracia y de los votos cuando Junts vota SÍ a las pensiones y vota NO a ayudar a los más necesitados ante los desahucios para que tengan una vivienda digna y no estén a expensas de los especuladores inmobiliarios? ¿Y no es burlarse de la democracia y de las urnas cuando los señores del PP y Vox votan NO, solo por el no, y cuando se les exige una explicación son tan innobles y mezquinos que no dudan en decir que si aprueban estas ayudas el Gobierno podría aguantar un año más? Es decir, el poder que les ha dado una parte del pueblo lo utilizan para destruir a la otra parte del pueblo, y a la vez utilizan, denigran y humillan a aquellos que les han votado, pues no solo no los han tenido en cuenta, sino que les empobrecen más, y todo lo hacen por devolver los favores de aquellas élites que les apoyaron para que tengan el poder para así conseguir ellas el verdadero poder: ser superiores y continuar estar arriba de una falaz, ruin y mezquina pirámide social, donde el pueblo siempre está debajo, siendo esclavo de los que están en la punta de esa pirámide. Señores del PP, Vox, Junts, UPN, dejen de ser innobles e irracionales. Tienen razón diciendo que el PSOE lo ha presentado todo junto, pero no hay ninguna de las propuestas que no beneficie a la  ciudadanía y son un escudo social que ayuda y sirve para aumentar el bienestar de toda la ciudadanía, sea de la ideología que sea. Por eso hay otras formas de actuar más nobles, y su NO lo único que demuestra es que su poder –que el pueblo les ha dado– lo utilizan para su beneficio y para demostrar la peor cara del político ser humano con un poder innoble, irracional y mezquino.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

La Generalitat de Cataluña y las entidades sociales que han participado en el realojo de los últimos 30 migrantes que fueron desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) el pasado 17 de diciembre y que vivían bajo el puente de la autopista C-31, han dado por concluida la operación tras haberlos reubicado a todos.

En total, el dispositivo puesto en marcha a partir del desalojo de este antiguo instituto ha atendido a más de 180 personas. De ellas, más de 120 se encuentran ahora en lugares financiados o activados por la Generalitat.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha explicado este miércoles que el alojamiento durará varias semanas y que el acompañamiento en materia de trabajo, formación o salud "se puede alargar el tiempo que se determine para cada persona y su plan de inclusión". "Damos por finalizada esta fase de realojamiento porque en la C-31 ya no quedan personas relacionadas con el B9", ha subrayado la consellera en declaraciones a los periodistas en el Parlament.

Ha indicado que, como criterio general, se ha previsto un dispositivo de acompañamiento de estas personas de 2 meses, para que encuentren una solución a su situación habitacional, sin perjuicio de que se pueda alargar en los casos que sea necesario.

La Generalitat ha apuntado que se está en contacto también con la delegación del Gobierno para "agilizar" las regularizaciones administrativas de las personas que cumplan los requisitos.

El pasado 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron el edificio del antiguo instituto de Badalona tras una orden judicial a instancias del consistorio, lo que dejó en la calle a unas 400 personas. Desde entonces, el dispositivo de emergencia impulsado por Derechos Sociales e Inclusión en colaboración con entidades sociales ha dado respuesta residencial temporal a unas 180 personas, aunque decenas de personas que se alojaban en el antiguo B9 se quedaron bajo el puente de la C-31 en pleno invierno.

Xavier García Albiol, alcalde de la ciudad e impulsor de la iniciativa, está siendo investigado por la Fiscalía por varios delitos, entre ellos el de odio. El eurodiputado de Comuns Jaume Asens presentó una denuncia penal, que sostenía que el alcalde había podido cometer los delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa. Albiol ha protagonizado una campaña deshumanizante contra las 400 personas que vivían en el instituto abandonado.

Un perturbado se ha instalado en el despacho oval de la Casa Blanca y tiene a su disposición el botón rojo que puede desencadenar una guerra nuclear. Desprecia las reglas del derecho internacional (acaba de secuestrar a Maduro y su esposa), muestra su agresividad con las personas que luchan por los derechos civiles y manifiesta su complicidad con el genocidio que Israel sigue cometiendo en Gaza. En Rusia, un personaje inquietante de rasgos felinos que también dispone de un potente arsenal nuclear, de momento, ha decidido apoderarse de la zona de Ucrania conocida como el Donbás, manteniendo bombardeos constantes sobre la población civil. En China, primera potencia económica y tecnológica mundial, cuyas redes se han instalado en varios continentes, parece que sus apetencias territoriales se conforman con la anexión de la isla de Taiwán.

Pues bien, a pesar de todo este peligroso panorama, los institutos demoscópicos, según encuestas recientes, detectan que las principales preocupaciones de los españoles giran en torno a la vivienda, la sanidad, el paro, la  inmigración, la economía y la polarización política, por este orden. La especulación ha disparado los precios de compra; el alquiler de una vivienda, que como módulo familiar de vida está en trance de desaparecer. La construcción no parece incentivar a la iniciativa privada y los poderes públicos no trasmiten la sensación de volcarse en este sector. 

Según nuestro ordenamiento jurídico, la vivienda se considera como un bien inmueble, es decir como una cosa susceptible de apropiación y de convertirse en una propiedad privada. Pero, a continuación, el Código Civil en su artículo 348 matiza que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa o de un animal, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Esta delimitación y sobre todo el texto constitucional y las declaraciones internacionales sobre derechos humanos abren espacios para garantizar el derecho de todos al acceso a una vivienda digna según el artículo 47 de la Constitución Española (CE). Es el momento de citar a Norberto Bobbio cuando nos recordaba que proclamar derechos es sencillo, pero lo difícil es hacerlos reales y efectivos.

Los hogares han sido la cuna en la que se ha gestado la civilización. Los seres humanos necesitan de un espacio que les cobije para desarrollar todo el complejo de sentimientos afectivos que le llevan a formar una familia o un proyecto de vida compartido en comunidad con una sociedad igualitaria que facilite la más amplia gama de derechos para conseguir el libre desarrollo de su personalidad. El derecho al hábitat es un derecho fundamental.  Nos lo recuerda el artículo 10 (CE), según el cual: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Según su Preámbulo, una de sus aspiraciones pasa por promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Como precedente, podemos recordar que la Constitución Francesa de 1946 proclamaba: La Nación brinda al individuo y la familia las condiciones necesarias para su desarrollo. La cito porque la legislación francesa es la más avanzada en cuanto a la posibilidad de reclamar judicialmente el derecho a una vivienda digna.

Una interpretación gramatical, lógica y sistemática del artículo 38 (CE) deja al margen de la economía de mercado la vivienda porque la empresa –no los propietarios individuales– sólo tiene derecho a que se garanticen y protejan su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, cuestiones ajenas al derecho a una vivienda digna, que es un derecho fundamental y queda fuera de los principios rectores de la política social y económica.

La ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en su Exposición de Motivos, proclama que la Constitución española, en su artículo 47, dentro del capítulo III del título I de la norma fundamental –referido a los principios rectores de la política social y económica–, recoge el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho.  

En mi opinión, la ley –reconociendo sus avances– no profundiza en la consideración del derecho a la vivienda digna como un derecho fundamental. La Exposición de Motivos considera que es un derecho que afecta de manera directa al libre desarrollo de la personalidad. Es, por tanto, un derecho fundamental que debe ser equiparado, junto con la educación, al núcleo duro que se contiene en el Título I, Capítulo segundo Sección 1ª, en el que se reconocen los derechos fundamentales. En esta misma línea se ha expresado la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos, en la que se pide a la Comisión y a los Estados miembros que se aseguren de que el derecho a una vivienda adecuada sea reconocido y ejecutable como un derecho humano fundamental mediante disposiciones legislativas europeas y estatales aplicables, y que garanticen la igualdad de acceso para todos a una vivienda digna.

El Tribunal Constitucional, en una nota informativa de 22 de mayo de 2024, ha expresado las razones por las que considera que la ley (24 de Mayo de 2023) es constitucional en sus aspectos más cuestionados (declaración de zona tensionada y paralización de desahucios) que permiten controlar los precios y demorar los desahucios, pero deja en manos de las Comunidades Autónomas la decisión sobre estos relevantes aspectos. 

El modelo francés nos debe servir de pauta. En una decisión de 19 de enero de 1995, el Consejo Constitucional consideró que "la posibilidad de tener una vivienda digna es un objetivo con valor constitucional". La ley de 31 de mayo de 1990 dispone que "garantizar el derecho a la vivienda constituye un deber de solidaridad para toda la nación". La ley SRU de13 de diciembre de 2000 especifica el concepto de "vivienda digna". Obliga a tener al menos el 20% de vivienda social. Esta tasa se incrementa al 25% por la ley del 18 de enero de 2013 relativa a la movilización de suelo público en favor de la vivienda y el fortalecimiento de las obligaciones de producción de vivienda social.

La consideración del derecho a una vivienda digna como derecho fundamental tiene su apoyo en la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su artículo 25.1, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, tanto a él o ella, como a su familia, la vivienda. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce tambié, en su artículo 11.1, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado incluyendo, entre otros, una vivienda igualmente adecuada. Por tanto, el único obstáculo para tomar esta decisión pasa por superar, racionalmente, los obstáculos que pone nuestro texto constitucional para modificar su contenido.  

Soy consciente de la complejidad de la reforma constitucional y sobre todo del apartado que recoge los derechos fundamentales. Por supuesto, habría que descartarla si lleva aparejada la disolución de las Cortes Generales. Pero creo que se pueden encontrar fórmulas alternativas como la prevista en el artículo 167 (CE), que, en principio, solo exige una mayoría de tres quintos de las Cámaras. En mi opinión no se trata de reformar o revisar el texto constitucional sino de ampliar y ensanchar el catálogo de derechos fundamentales. Su puede invocar el artículo 10 de la CE, que establece que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. No creo que esta posibilidad fuese inconstitucional. Si se consigue, se puede intervenir y planificar el porcentaje de vivienda social que debe construir la administración local y autonómica, la dedicación de suelo público a estos fines.

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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.

Hay una frontera invisible entre lo que se llama economía y lo que, en realidad, es la organización socioeconómica de la vida cotidiana. A veces creemos que una empresa nace de un plan de negocio, de una idea brillante, de una oportunidad detectada a tiempo. Pero en muchos rincones del territorio, las empresas no nacen del cálculo, sino del vínculo. De la necesidad compartida. Del deseo de que lo que hacemos tenga sentido más allá de la ganancia.

Eso es la economía social: una red que se teje entre personas que deciden unir su esfuerzo para construir un bien común. No es un invento moderno ni una moda jurídica. Es la herencia práctica de generaciones que entendieron que nadie emprende del todo en solitario. La economía social no es un tipo de empresa: es una manera de pensar la empresa como comunidad.

Somos un territorio de experimentos comunitarios. En nuestros pueblos la economía social ha sostenido empleos y servicios donde el mercado no llegaba. Porque lo que define a la economía social no es solo su normativa, sino su ética operativa: primacía de la persona sobre el capital, participación democrática, reinversión de excedentes, compromiso con el territorio, igualdad y sostenibilidad. Una empresa así no se mide solo en beneficios económicos, sino también en beneficios sociales.

Cada sociedad laboral es, en realidad, un organismo vivo que respira al ritmo de quienes lo habitan. Se mueve, se adapta, se cuida. Cuando prospera, lo hace de forma plural; cuando sufre, también. Y esa forma de respirar, esa conjugación del plural “nosotras y nosotros”, es quizá la mayor innovación que la economía social ha ofrecido a nuestra época de individualismos precarios.

Cada año decenas de empresas viables cierran porque sus fundadores se jubilan y no hay quien continúe. Lo que se ha denominado “tsunami gris”, las jubilaciones masivas de la generación del baby boom, amenaza la continuidad de una parte importante de nuestra estructura productiva. Porque lo que muere con cada cierre no es solo una actividad económica: muere un modo de hacer, una cultura, una memoria de oficio. Pero en la economía social, el relevo no tiene por qué ser pérdida: puede ser transmisión transformadora.

Las sociedades laborales son puentes entre generaciones. Permiten que quienes trabajaron durante años en una empresa se conviertan en sus dueños, que el conocimiento acumulado se conserve, que el compromiso se refuerce. Emprender, entonces, deja de ser empezar desde cero: se convierte en heredar creativamente un legado social, en renovar sin romper. Una forma de continuidad que es también una forma de innovación.

En un mundo donde las empresas nacen para ser vendidas y las relaciones se consumen como productos, la economía social propone un gesto contracultural: permanecer. No en el sentido de estancarse, sino de echar raíces. De crecer con el territorio, de multiplicar valor sin devorarlo, de cuidar la utilidad sin perder la sensibilidad.

Quizá esa sea la lección más profunda: que el futuro no se construye con capitales especulativos, sino con comunidades duraderas. Que la verdadera sostenibilidad no está en las cuentas, sino en la coherencia de los vínculos. Y que toda empresa, antes que un modelo de negocio, puede ser una escuela de vida donde aprendemos a conjugar los pronombres personales en plural.

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Julián Menéndez es vicepresidente de la Federación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de España (LABORPAR) y Director Gerente de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA).

En las elecciones generales o autonómicas se revela un horror vacui que nadie quiere nombrar: el miedo a la urna vacía. La abstención en la izquierda convierte ese objeto transparente en un espejo incómodo donde se refleja el desencanto colectivo. Muchos la contemplan con cierto orgullo, convencidos de que su abstención es un gesto de lucidez. “Es que ninguno me representa”, suelen decir, como si la democracia fuera un catálogo hecho a medida y no un espacio colectivo que se construye presencia a presencia. Desde una mirada antropológica, su gesto tiene algo de rito interrumpido: un pueblo que convoca una ceremonia para decidir su destino… y una parte que simplemente no acude.

Pero ese vacío no se queda en blanco. Siempre hay quien está encantado de llenarlo. Y cuando lo hace, lo llena también para quienes decidieron no aparecer. Luego llegan las sorpresas, los recortes, las desigualdades que se ensanchan y hasta nos alcanzan, y ese murmullo final de ‘no pensé que fuera a afectarnos tanto’. Porque la abstención, tan silenciosa y tan limpia, deja un hueco perfecto para que otros decidan cuánto valen los derechos del que no votó y cuánta igualdad le toca.

Es lo que se va a producir por el desencanto de una gran parte del electorado, que se materializará en las próximas elecciones generales, cuando quiera que se convoquen. En este caso hablo de personas bien instaladas en su posición económica, con formación y experiencia vital. No son ricos, ni mucho menos, pero gozan de independencia ganada con su trabajo. Ahora con su pensión garantizada (¿?) incluso se pueden permitir alguna que otra incursión en la sanidad privada, pero ¿hasta cuándo? De momento se conforman, como muchos boomers, con que su herencia logre apañar, de una u otra forma, los problemas de sus hijos.

Tienen lo que se podría decir una ideología generalista de izquierdas. Sin embargo, en diversos momentos tras el 15M no lo ha sido tanto, ante las formas, discursos y propuestas que surgieron desde la muy castigada “izquierda radical”. En el fondo, y un poco sí, el daño hecho, esa carga que todos llevamos, provocó un rechazo en este electorado también y no solo en las derechas, a propuestas que hoy ya se reclaman (cómo no son capaces de arreglarlo, esto y lo otro…), se ven lógicas, y que entonces eran anatema.

Hablo de “entonces”, pensando en el recorrido de la última década. La primera reclamación de subida del salario mínimo interprofesional (y la segunda), la primera propuesta ante la necesidad de implantar como un derecho la renta básica universal (o una aproximación), las primeras iniciativas para renacionalizar la producción de energía, o una banca pública, o medidas de impacto para poder disponer de una vivienda en alquiler asequible o en compra protegida… se recibían con una amplia gama de reacciones propias de la “gente de bien”, aderezadas con gestos y comentarios de “cuñao” ante la aparición de las primeras rastas en el Congreso, o el “qué sabrán estos” ante las propuestas/exigencias de medidas sociales progresistas, feministas, de lenguaje inclusivo, o por la defensa de esa riqueza cultural que tenemos en nuestros territorios, llamada lenguas cooficiales, entre otras…

(Disculpen que tome aire porque noto que me sube la tensión).

Vale, el horror vacui… estamos a punto de enfrentarnos a él porque mucha gente se está instalando en el “me han traicionado los de antes y los de ahora… así que, como no puedo votar a ninguno… ¡a mí que no me esperen!”

Coherencia, amigas y amigos, tomen aire también y repasen qué tipo de apoyo dieron ustedes en su tiempo a las medidas relacionadas anteriormente y a muchas otras. En cuánto contribuyeron, escandalizados, a que los que tenían las buenas ideas y las ganas reales de aplicarlas, fueran defenestrados, acosados y casi expulsados del sistema (sólo ante el Tribunal Supremo y hasta 2021, han sido archivadas 29 querellas). Y si las divisiones habidas no se han comprendido, sean capaces, que lo son, de valorar la imperfección en su justa medida, porque… si a un partido con 146 años de historia, casi destruido por el proceso de “guerra civil” de 2016, hace falta empujarlo para que sea parcialmente resolutivo, ¿qué valor le deberían dar a formaciones que no han dispuesto de ese tiempo para madurar organizativamente, pero que sí han puesto el dedo en la llaga casi a diario? Incluso con sus equivocaciones.

Qué reconocimiento, y esto, por tanto, nos lleva a qué apoyo se debería dar a quienes han sufrido acoso constante, judicial, mediático y social por tierra mar y aire, a quienes un ministro de Interior y parte de su gobierno, presuntamente, han utilizado una llamada “policía patriótica” para intentar destruirlos, sin ni siquiera haber logrado implicarles en conspiraciones bolivarianas y del comunismo radical. Todos no son iguales, pero vamos a sufrir ese horror vacui con montañas de papeletas electorales que no van a eliminar el vacío de las urnas.

Coherencia, por favor, coherencia. Ni nosotros a nuestros años, ni nuestros hijos y nietas se lo merecen. Como en Blade Runner (1982), muchos hemos visto cosas que vosotros nunca creeríais… todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia… una mayoría de hombres jóvenes votando a Vox. La actual diferencia es que el horror vacui de ahora no lo es tanto, porque sabemos lo que hay tras el dragón (Calzado, 2023).

Hemos visto y seguimos viendo, cada vez más, ganancias y beneficios monstruosos en la banca, en las energéticas, en la “industria” turística, etc., y ¡vamos a penalizar a los que ponen la mirada efectiva en ello! Si, como electores, aún no son capaces de reconocer a quienes tuvieron el valor de plantear soluciones (¡¡¡ se rompe España !!!) al menos voten a los de al lado, tal vez con la pinza en la nariz que hemos usado otras veces. ¡Pero voten!, por favor.

La ironía es sencilla: quien dice que “ninguno me representa” termina siendo representado igualmente… solo que por la elección de otros.

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José Javier González es antropólogo y analista de la Fundación Alternativas