El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha salido de prisión este viernes para disfrutar del primero de sus dos permisos de seis días concedidos por la Audiencia Nacional, que lo autorizó la semana pasada atendiendo al buen comportamiento y al no apreciarse riesgo de fuga, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

La decisión fue adoptada, con el visto bueno de Fiscalía y del centro penitenciario de Soto del Real, por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que acordó dos permisos de seis días cada uno para Rato. El ex dirigente del PP cumple condena de cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas black.

El también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 70 años, ingresó en la prisión madrileña a finales de octubre de 2018 y a día de hoy es el único de los 15 condenados que ingresaron en prisión por las tarjetas opacas que continúa en el régimen ordinario.

Desde principios de diciembre de 2019, cuando llevaba algo más de un año en la cárcel, Rato ya podía empezar a pedir permisos ordinarios al haber cumplido una cuarta parte de esta condena, aunque en paralelo está a la espera de que se publique la sentencia por la salida a bolsa de Bankia, un caso en el que la Fiscalía Anticorrupción elevó su petición inicial para solicitar otros ocho años y medio de cárcel.

El reglamento establece para los clasificados en segundo grado o régimen ordinario un máximo de 36 días al año, sin poder acumular más de siete días de forma consecutiva. Así, de momento, Rato podrá disfrutar de dos permisos de salida de seis días cada uno.

Al ingresar en prisión, el exvicepresidente pidió perdón. "Acepto mis obligaciones con la sociedad y asumo los errores que haya cometido. Pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas", dijo ante la prensa a las puertas de Soto del Real.

La Audiencia Nacional ha concedido 12 días de permiso de salida de la cárcel al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato por buen comportamiento y al no apreciarse riesgo de fuga, según ha adelantado Vozpópuli y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas y penitenciarias.

La decisión ha sido adoptada, con el visto bueno de Fiscalía y del centro penitenciario de Soto del Real, por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que ha acordado dos permisos de seis días cada uno para Rato, quien cumple condena de cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas black.

El también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 70 años, ingresó en la prisión madrileña a finales de octubre de 2018 y a día de hoy es el único de los 15 condenados que ingresaron en prisión por las tarjetas black que continúa en el régimen ordinario.

Desde principios de diciembre de 2019, cuando llevaba algo más de un año en la cárcel, Rato ya podía empezar a pedir permisos ordinarios al haber cumplido una cuarta parte de esta condena, aunque en paralelo está a la espera de que se publique la sentencia por la salida a bolsa de Bankia, un caso en el que la Fiscalía Anticorrupción elevó su petición inicial para solicitar otros ocho años y medio de cárcel.

El reglamento establece para los clasificados en segundo grado o régimen ordinario un máximo de 36 días al año, sin poder acumular más de siete días de forma consecutiva. Así, de momento, Rato podrá disfrutar de dos permisos de salida de seis días cada uno.

Al ingresar en prisión, el exvicepresidente pidió perdón. "Acepto mis obligaciones con la sociedad y asumo los errores que haya cometido. Pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas", dijo ante la prensa a las puertas de Soto del Real.

Son ya 11 los exdirectivos de Caja Madrid condenados en 2018 por un delito de apropiación indebida relacionado con el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas 'black' que, tras permanecer en prisión desde octubre de dicho años, han accedido ya al tercer grado penitenciario —un régimen de semilibertad— al haber cumplido una cuarta parte de la condena que se les impuso, informa Europa Press.

Del total de 64 condenados fueron 15 los que entraron en prisión, donde aún permanecen en régimen ordinario el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato; el exconsejero a propuesta de IU, José Antonio Moral Santín; el designado por CCOO, Francisco Baquero; y el que fuera secretario de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga. Todos los que acuden a Centros de Reiserción Social solo a dormir fueron penados con entre dos años y medio y tres años de cárcel en todos los casos.

Los exresponsables del banco que disfrutan del nuevo régimen penitenciario desde hace tan sólo unos días, según han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias, son Antonio Romero Lázaro, exvicesecretario de Organización del PSOE madrileño y exconsejero de Caja Madrid (condenado a 3 años y 2 meses de cárcel); Jorge Gómez Moreno, exconsejero a propuesta del PSOE (3 años y 2 meses); Rodolfo Benito Valenciano, exconsejero de Caja Madrid por CCOO ( 3 años); Javier de Miguel Sánchez, exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP (2 años y medio); Francisco José Pérez Fernandez, exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PSOE (2 años y medio); y Antonio del Rey Viñas, también exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid (2 años y medio de cárcel).

Todos ellos se suman a los otros cinco exdirectivos que ya obtuvieron su régimen de semilibertad en julio: el exconsejero a propuesta de PSOE, José María de la Riva (condenado a 3 años de cárcel); el exmiembro de la Comisión de Control de la Caja nombrado también a propuesta del PSOE, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar ( 2 años y medio); el miembro del mismo órgano por IU, Rubén Cruz (2 años y medio); el también exmiembro de esta comisión, Miguel Ángel Abejón ( 2 años y medio); y el exconsejero de Caja Madrid por UGT, Gonzalo Martín Pascual (3 años de cárcel).

A todos ellos, que han abonado las multas impuestas en sentencia, se les ha asignado un Centro de Inserción Social para cumplir la última fase de sus condenas, según las mismas fuentes.

El Supremo confirmó la pena impuesta en esta causa al exvicepresidente económico del PP y presidente de Caja de Madrid y después de Bankia, Rodrigo Rato, y las del resto de los 63 exdirectivos y exconsejeros de la entidad financiera que fueron juzgados por lo que el alto tribunal consideró un sistema de uso de tarjetas opacas "pervertido desde su origen", que conllevó a un gasto indebido de más de 12 millones de euros.

Cinco del total de 64 exdirectivos de Caja Madrid condenados en 2018 por un delito continuado de apropiación indebida relacionado con el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas 'black'tarjetas 'black' han accedido ya al tercer grado penitenciario --un régimen de semilibertad-- al haber cumplido una cuarta parte de la condena que se les impuso. Fueron condenados a entre dos años y medio y tres años de cárcel en todos los casos.

Los afectados por la medida son el exconsejero a propuesta de PSOE José María de la Riva (condenado a 3 años de cárcel), el exmiembro de la Comisión de Control de la Caja nombrado también a propuesta del PSOE Ángel Eugenio Gómez del Pulgar ( 2 años y medio), el miembro del mismo órgano por IU Rubén Cruz (2 años y medio), el también exmiembro de esta comisión Miguel Ángel Abejón ( 2 años y medio) y el exconsejero de Caja Madrid por UGT Gonzalo Martín Pascual (3 años de cárcel).

A todos ellos, que han abonado las multas impuestas en sentencia, se les ha asignado un Centro de Inserción Social para cumplir la última fase de sus condenas, según las mismas fuentes al as que ha podido acceder Europa Press. El Supremo confirmó la pena impuesta en esta causa al exvicepresidente económico del PP y presidente de Caja de Madrid y después de Bankia Rodrigo Rato y las del resto de 63 exdirectivos y exconsejeros de la entidad financiera que fueron juzgados por lo que el alto tribunal consideró un sistema de uso de tarjetas opacas "pervertido desde su origen", que conllevó a un gasto indebido de más de 12 millones de euros.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha ordenado el procesamiento del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato; el ex consejero consultivo de la entidad, José Manuel Fernández Norniella y otra docena de personas para que sean juzgados por el presunto cobro de comisiones de los contratos de la publicidad de Bankia con las agencias Publicis y Zenit, también encausadas, informa Europa Press.

El juez considera "indiciariamente acreditado" que durante los ejercicios 2011 y 2012, Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis y Zenith Media a cambio de una comisión de 2,02 millones de euros" que esas mercantiles abonaron a Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo, el presunto testaferro del exministro de Economía.

Esta empresa, a su vez, "transfirió a la sociedad Krandonara 2001 controlada por Rodrigo Rato 835.024,64 euros", que serían su parte en la comisión de acuerdo a la investigación y gran parte de los cuales acabaron en otra empresa participada por el exministro y dedicada a la explotación de un hotel en República Dominicana.

Asimismo, Serrano-Arnal propone juzgar a la que fue secretaria de Rato, Teresa Arellanos, que fue asumiendo cada vez más funciones en Bankia llegando a ser directora de Coordinación de Presidencia y a asumir las competencias de la dirección de Comunicación. Se da por acreditada su "activa participación" en la adjudicación de aquellos contratos de publicidad.

Según expuso en su escrito de acusación la Fiscalía, Rato se sirvió "de íntimos colaboradores" tales como Miguel Ángel Montero, a quien introdujo en la entidad como asesor externo y del que también consta el pago de 189.700 euros desde Albisa, así como de su secretaria personal y de Norniella, "hombre de confianza" para sus fines, constituyendo "un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera".

Las Juntas de Tratamiento de las cárceles madrileñas de Soto del Real y Navalcarnero han instado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior para que clasifique en el régimen ordinario de segundo grado a Rodrigo Rato y a otros doce condenados por las tarjetas black de Caja Madrid, según confirman fuentes penitenciarias.

Instituciones Penitenciarias desestima de esta forma la petición de alguno de los condenados, que habían pedido que se les aplicara el tercer grado o el régimen de semilibertad, lo que les permitiría disfrutar de permisos. El segundo grado dificulta estos permisos por regla general hasta que se cumpla una cuarta parte de las condenas dictadas por la Audiencia Nacional.

Según ha adelantado El País, aún no hay propuesta para dos de los condenados, Antonio Romero Lázaro y Rubén Cruz Orive, que ingresaron más tarde que el resto. Fuentes penitenciarias enmarcan la clasificación en la práctica habitual para este tipo de delitos y recuerdan que los reclusos pueden recurrir ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro.

Una vez que la clasificación se tenga por firme, Instituciones Penitenciarias sí puede entrar a valorar la pertinencia de la progresión al tercer grado teniendo en cuenta los años de condena y aspectos como que se hayan atendido las responsabilidades económicas individuales fijadas por la Audiencia Nacional por el uso fraudulento de las tarjetas black.

Luis de Guindos volará este mes desde Fráncfort –donde trabaja para el BCE– hasta Madrid para colgar su retrato en las paredes del ministerio que dirigió desde 2012 hasta 2018. Y el departamento de Economía, ahora bajo la batuta de Nadia Calviño, ha aprovechado la ocasión para retirar del mismo lugar el retrato de Rodrigo Rato, su antecesor en el cargo desde 1996 hasta 2004. Quien también fue vicepresidente económico en los gobiernos de José María Aznar cumple cuatro años y seis meses de condenacuatro años y seis meses de condena en la cárcel de Soto del Real (Madrid), en la que ingresó el pasado 25 de octubre, por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

El Ministerio de Economía no quiere relacionar la condena de Rato con el descuelgue del cuadro y asegura que, al tiempo de colocar el retrato de De Guindos, se está acometiendo una “reorganización” de los cuadros. Fuentes del departamento explican que hacía falta un reajuste teniendo en cuenta, además, que ha habido épocas en que los ministerios de Economía y Hacienda, ahora independientes, han sido un solo departamento, y se observa "cierto caos" en la exposición de retratos oficiales en ambos ministerios.

Ya en diciembre de 2015, el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid revocó la concesión del doctorado honoris causa al exvicepresidente del Gobierno. Lo mismo que meses antes había decidido la Universidad de Alicante.

Pero la caída de Rato por sus imputaciones judiciales había comenzado en octubre de 2014, cuando cesó como consejero de Servihabitat, la inmobiliaria de la Caixa, sólo siete meses después de su nombramiento. Y aunque se le situó en otro puesto similar en una filial de TPG, el fondo de inversión asociado con el banco catalán en la inmobiliaria, fue despedido de allí en abril de 2015. Mientras se sucedían sus problemas con la Agencia Tributaria y se complicaba su situación judicial por las diversas causas abiertas contra él, el ex director gerente del FMI iba perdiendo empleos, tanto en el Banco de Santander, donde era asesor, como en Telefónica, donde figuraba como consultor para Latinoamérica.

El exministro tiene aún pendiente ante la justicia la salida a Bolsa de Bankia, por la que el fiscal le pide cinco años de cárcel. La vista oral del juicio se celebró el pasado 26 de noviembre. Está acusado de falsedad en las cuentas y de estafar a los inversores. Finalmente, afronta una investigación por delito fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares relacionada con 6,5 millones de euros de origen desconocido descubiertos en una sociedad controlada por él, Kradonara. La suma tiene que ver con unos sobornos que supuestamente Rato cobró mientras presidió Bankia.

Colgado desde 2004

El retrato de Rodrigo Rato fue pintado por Hernán Cortés y colgado en el ministerio en abril de 2004. Cuando en 2014 el Gobierno hizo público por primera vez el coste de los múltiples retratos de exministros que había encargado desde 1977, ni el Ministerio de Economía ni el de Hacienda revelaron los importes de los suyos. La respuesta llegó tras una pregunta del diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares: la cifra ascendía a 1,37 millones de euros, aunque era inferior a la real pues en la lista no sólo faltaban algunos ministerios sino que algunos de ellos omitían además los encargados en algunos periodos de tiempo.

De los múltiples artistas que han pintado a los exministros, Hernán Cortés Moreno es uno de los más solicitados. Aparte de Rodrigo Rato, el mismo José María Aznar, el expresidente Felipe González o el extitular de Defensa José Bono, posaron también para el pintor gaditano. Por el de Aznar cobró 82.600 euros. Antonio López pidió 194.700 euros por retratar al exvicepresidente Francisco Álvarez Cascos, pero el revuelo levantado cuando se hizo pública la cifra, en 2012, coincidiendo con lo peor de la crisis y de los recortes del gasto público, forzó la anulación del contrato.

La fiscal Anticorrupción Carmen Laúna ha destacado este lunes en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que los acusados eran "conscientes" de que en la información que aparecía en el folleto sobre el debut bursátil de la entidad financiera en julio de 2011 se "ocultó el estado real" de las cuentas, perjudicando así a los inversores. Por esto mismo, no ha descartado que en su acusación definitiva, que se dará a conocer cuando finalice el juicio, incluya el delito de falsedad contable.

Así lo ha dicho Laúna —que ha estado acompañada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien se encargó de esta causa durante la instrucción— durante su exposición en las cuestiones previas a la vista oral en la que ha realizado una serie de de "precisiones" con el fin de "evitar futuras alegaciones de indefensión por errónea interpretación del Ministerio Fiscal en el proceso". La fiscal, que sólo acusa a cuatro de las 34 personas físicas y jurídicas que se sientan en el banquillo, ha asegurado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que los responsables de Bankia en aquel momento "contribuyeron" y eran "conscientes" de que en dicho folleto se "ocultaron el estado real" de las cuentas para "provocar un desplazamiento patrimonial de los inversores".

Más de 66.000 acciones de Bankia

Ha añadido que si esto llega a ocurrir "podría afectar a aquellas personas que en el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado (el equivalente al auto de procesamiento) ha dirigido aquella responsabilidad". Mientras que el juez instructor, Fernando Andreu, propuso juzgar a 32 personas y a Bankia y a su matriz —Banco Financiero y de Ahorros, S.A. ( BFA)— por el delito de falsedad en las cuentas anuales en los años 2010 y 2011 y por fraude de inversores; el Ministerio Público decidió acusar solo a Rato y tres de sus directivos, José Luis Olivas, José Manuel Fernandez Norniella y Francisco Verdú Pons, por el último de estas conductas penales.

Aún así, ha recordado que el Ministerio Público no han encontrado aún pruebas de "entidad suficiente" en el propio folleto y en los informes auditores sobre la situación financiera del banco para imputar el delito de falsedad de cuentas. Tras escuchar a la fiscal y las acusaciones particulares —hoy han asistido 13 de las 26 personadas—, le ha llegado el turno a Ignacio Ayala, abogado del principal acusado en esta causa, Rodrigo Rato, quien ha solicitado al tribunal poder aportar al procedimiento distintos documentos para garantizar el derecho de defensa de su cliente. En primer lugar, Ayala ha solicitado al tribunal poder incorporar los informes que acreditan que el propio Rato adquirió más de 66.000 acciones de Bankia cuando la entidad salió a Bolsa en julio de 2011, con el objetivo de acreditar que confiaba en la operación bursatil.

El juicio por las irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional pasadas las 11 de la mañana, una hora más tarde de lo previsto, con una imagen no del todo frecuente: la del antiguo consejo de administración de la entidad al completo sentado en el banquillo de los acusados. Rato es quien se enfrenta a una condena mayor: la Fiscalía Anticorrupción pide 5 años de cárcel, mientras que las acusaciones populares y particulares reclaman penas de hasta 12 años y medio.

En caso de ser condenado, Rato sumaría esta condena a la que ya cumple en la cárcel de Soto del Real por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. De hecho, el expresidente de Bankia ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) en furgón de la Guardia Civil desde la prisión. El también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha llegado antes de las nueve de la mañana, pero la primera imagen que se ha visto de él ha sido ya dentro de la sala de vistas. Lo mismo ha ocurrido con José Antonio Moral Santín, Estanislao Rodríguez Ponga, Francisco Baquero, Jorge Gómez Moreno y José María de la Riva, quienes también cumplen condena por las tarjetas black.

Tras Rato, el resto de procesados han ido llegando progresivamente a la Audiencia Nacional, donde han tenido que pasar el obligatorio control de seguridad. Entre ellos, los otros tres ex altos cargos de Bankia, aparte de Rato, a los que acusa la Fiscalía Anticorrupción: el exvicepresidente de la entidad José Luis Olivas, al igual que para los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons. El resto de ex altos cargos de Bankia que hoy se sientan en el banquillo lo hacen a propuesta de las acusaciones particulares y populares. Entre ellos, un antiguo compañero de Rato en el Gobierno de José María Aznar, el exministro del Interior Ángel Acebes —en tercera fila—, y el empresario Javier López Madrid —en segunda fila—.

La lista se completa con Arturo Fernández, Alberto Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, José Manuel Serra, Antonio Tirado, Pedro Bedía, Rafael Fernando Giner, José Rafael García Fuster, Agustín González González, Jesús Pedroche, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, Juan Manuel Suárez, Ángel Villanueva, Sergio Durá, Miguel Ángel Soria e Ildefonso Sánchez Barcoj. De éstos, también algunos fueron condenados en el caso de las tarjetas black, aunque en su caso las penas fueron inferiores a los dos años de prisión y, al carecer de antecedentes, están en prisión: Fernández Noriella, Sánchez-Barcoj, Romero de Tejada, Bedía, Arturo Fernández, López Madrid, Pedroche Nieto y Mercedes Rojo.

Estanislao Rodríguez Ponga fue el primero de los condenados por las tarjetas black de Caja Madridblack que ingresó en prisión. El ex secretario de Estado de Hacienda en el segundo Gobierno de José María Aznar fue sentenciado a tres años y dos meses de cárcel por gastarse 255.000 euros con la tarjeta opaca al fisco que le proporcionó la entidad entonces presidida por Miguel Blesa. Desde el pasado 17 de octubre se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid), la misma donde cumplen condena el exvicepresidente Rodrigo Rato, el extesorero del PP Luis Bárcenas y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. En ese momento también rescindió su contrato laboral con El Corte Inglés, en cuya área financiera e inmobiliaria trabajaba, según ha podido saber infoLibre.

Según fuentes oficiales del gigante comercial, Rodríguez Ponga puso fin a su relación laboral “por voluntad propia”. “Se llegó a un acuerdo”, explican, aunque sin precisar si se le pagó una indemnización. Desde 2009 el ex secretario de Estado había sido consejero delegado de Móstoles Industrial, una de las firmas del grupo entonces presidido por Isidoro Álvarez que se dedicaba a la fabricación de muebles de cocina y ha sufrido un progresivo desmantelamiento en los últimos años, tras ejecutar cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y reducir su plantilla a una décima parte de la que tenía en 2007.

Cuando fue procesado por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, Rodríguez Ponga “renunció” a ese puesto. A partir de entonces, continuó en El Corte Inglés pero fuera del área tributaria, recalcan las fuentes del grupo. “Él no quiso estar al cargo de temas de ese tipo por su actividad anterior”, explican. Rodríguez Ponga es inspector de Hacienda y ejerció como asesor fiscal de grandes empresas como el BBV, Repsol y la propia Caja Madrid en los años 90.

No devolvió los 255.000 euros

Quien fue número dos de Cristóbal Montoro entre 2001 y 2004, accedió al consejo de administración de Caja Madrid en 2006 y después resultó elegido vicepresidente no ejecutivo y miembro de la Comisión de Control de Cajamadrid. Fue imputado en 2012 y condenado por apropiación indebida de una cantidad que no ha devuelto. Hasta dentro de nueve meses y medio no podrá permisos para salir de Soto del Real.

Antes de su procesamiento por las tarjetas black, también había sido imputado por un supuesto delito fiscal de 21 millones de euros cometido por el BBV en 1995 cuando compró el banco mexicano Probursa. La Audiencia Nacional terminó sobreseyendo el caso. Rodríguez Ponga sustituyó al frente de la Secretaría de Estado de Hacienda a Enrique Giménez Reyna, quien tuvo que dimitir por su implicación en el caso Gescartera.

La plataforma ciudadana 15MpaRato ha activado este martes una campaña de recaudación por micro donaciones para costear su acusación en el juicio contra Rodrigo Rato y otros responsables de la gestión de Bankia que arrancará el próximo 26 de noviembre en la Audiencia Nacional ya que, según afirman, "no podrán continuar" si no reciben apoyo económico de la ciudadanía. Piden 30.000 euros.

Esta organización, que fue parte en el procedimiento por apropiación indebida en el uso de las llamadas 'tarjetas black' por el que 65 ex dirigentes de Caja Madrid resultaron condenados en firme y 15 de ellos, incluido Rodrigo Rato, han acabado en prisión, explica en su campaña de captación de fondos que ahora toca "acabar el trabajo como es debido".

"El sistema está pensado para que no podamos estar presentes. Por eso lo estaremos. La causa tiene más de 300.000 folios y todo esto se ha de revisar para no cometer ningún error frente a los bufetes más grandes y mejor pagados de España", dice el llamamiento, en el que 15MpaRato explica que se han visto "obligados a cambiar de abogados por segunda vez" lo que ha encarecido el proceso.

Desde esta plataforma, inciden en que recaudar los fondos es vital porque "sobran los ejemplos de desenlaces de causas contra la corrupción que se quedan en nada y en las que la diferencia entre la impunidad o la justicia es la presencia de una acusación ciudadana" y han habilitado por ello un espacio en su web a partir del que se puede colaborar con una aportación mínima de 10 euros.

No sabemos a ciencia cierta quién escribió, allá hacia 1554, el Lazarillo de Tormes, pero sí que Mateo Alemán fue el autor de Guzmán de Alfarache (1599), Miguel de Cervantes el de Rinconete y Cortadillo (1613), Francisco de Quevedo el de La vida del Buscón (1626), y Luis Vélez de Guevara el de El diablo cojuelo (1641). Estos y otros autores construyeron en el Siglo de Oro la que quizá haya sido la principal aportación española a los géneros literarios: la novela picaresca.

Recuerden, vuesas mercedes, que las clases populares de los reinos de España vivían entonces una vida sórdida, de muchas estrecheces, que contrastaba con las pretensiones de grandeza de un imperio ya en decadencia. La picaresca era la novela realista del período. Sus protagonistas -el huérfano, el mendigo, la prostituta, el vagabundo, el hidalgo empobrecido- se buscaban la vida con el hurto, el engaño, el timo, la estafa y otros pecados o delitos no violentos. Eran antihéroes que desmentían los valores ensalzados por las clases dominantes: la honra, la caballerosidad, el respeto a la palabra dada, la religiosidad…

Ha pasado medio milenio y, para seguir siendo realistas, los autores del españolísimo género picaresco tendrían hoy que buscar sus personajes no ya en las clases populares, sino entre los empresarios, los banqueros y los políticos que acuden a los saraos del buen rey nuestro señor Felipe VI. Los buscones de hoy en día se llamarían Rodrigo Rato, Urdangarin, Cristina Cifuentes, los Pujol, Bárcenas, Villar Mir y, sí, pásmense vuesas mercedes, incluso Juan Carlos I. Hace tiempo que las élites de estos reinos decidieron que la honradez es anacrónica, ahora piensan como el antihéroe de Quevedo: “Quien no hurta, no vive.”

Tengan en cuenta, vuesas mercedes, que a las clases populares les resulta ahora muy difícil otra picaresca que no sea la de eludir el IVA en la reforma del cuarto del baño. Al asalariado se le retiene de oficio la alcabala del IRPF antes de transferirle el sueldo. Al parado o al jubilado que no está en regla se le quitan las prestaciones en un santiamén. Al que comete el crimen de defraudar 200 euros al fisco se le somete a una inspección exhaustiva. Y el banco desahucia manu militari al que no le paga las letras de la hipoteca. En el siglo XXI los currantes apenas tienen modo de escapar a la vigilancia del Big Brother. Para empezar, como sus magras cuentas bancarias están domiciliadas en España, son transparentes para la Agencia Tributaria. Y, por lo demás, todo el espacio público del país está lleno de cámaras de vigilancia, radares de tráfico y patrullas policiales.

Satanizar al pobre

El discurso dominante es estricto con el pobre y complaciente con el rico. Ensalza al que gana dinero por millones sin importarle demasiado cómo lo hace –he aquí un triunfador-, pero sataniza al parado que se gana un puñado de euros haciendo chapuzas, a la abuela que consigue pañales para el nieto como si fueran para ella o al campesino que pone en alquiler turístico su vivienda sin tener los papeles correspondientes. Las muy dominantes derechas políticas y mediáticas los denuncian y persiguen con saña, presentándolos incluso como los culpables de la última crisis económica y exonerando de la misma a los multimillonarios sinvergüenzas de la especulación financiera e inmobiliaria.

Pues bien, permítanme decirles, que lo que el parado de las chapuzas, la abuela de los pañales o el campesino del alquiler rural consiguen con su pillería es chocolate del loro al lado de lo que les sustraen directamente a ustedes o dejan de pagar al erario público los miembros de ese patio de Monipodio del siglo XXI español que se llama IBEX 35. Nuestros actuales Guzmanes de Alfarache se sientan en los consejos de administración de los bancos y las grandes empresas de la energía, la telefonía, la construcción y la alimentación, en los gobiernos de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Ellos son los genios de la neopicaresca, de las modernas variantes de los seculares timos de la estampita, el tocomocho y los triles.

Voy a recordarles algunas de esas variantes. Lo hago a vuelapluma, así que seguramente, vuesas mercedes, podrán añadirles muchas otras. Empezaré con aquello de que contratas un servicio con una conocida empresa, pero en realidad te lo presta otra, lo que se llama una subcontrata. Claro, cuando tienes que reclamar la mala prestación de ese servicio, te vuelves loco: nadie se responsabiliza. ¿Nunca les ha ocurrido a ustedes? Por ejemplo, cuando te instalan la fibra óptica en casa. La atención al cliente es pésima en este país. Y los derechos de los consumidores están tan poco protegidos como las costas de la Comunidad Valenciana bajo el gobierno del PP.

Aquí va otra. Un banco poderoso te ofrece una determinada remuneración para una cuenta, así que la abres ahí. Pero no tarda en comunicarte que, dadas las circunstancias del mercado financiero, te reducen o anulan esa remuneración. Y esta es tan solo la menor de las estafas que los bancos españoles hacen a sus clientes. Piensen en la Bankia de Rodrigo Rato, embaucando a pequeños ahorradores con unas preferentes más falsas que un euro de madera. O en casi todas las entidades con las cláusulas suelo de las hipotecas o cargándoles a los clientes los gastos de notaría y registro que deberían pagar ellas.

¿Y qué me dicen de los sobrecostes de las obras públicas? Con tal de ganar la adjudicación, las empresas siempre se quedan cortas a la hora de elaborar el presupuesto; lo ha hecho Sacyr hasta en Panamá. Luego resulta que la obra sale más cara, cosa que al político de turno le importa un comino porque no va a pagarlo él, va a pagarlo el contribuyente, e igual también porque se lleva una comisioncita adicional por el exceso de gasto. Y digo yo: ¿por qué no pagan las empresas los sobrecostes? Si calcularon mal, ese es su problema. O en todo caso: ¿por qué no los pagan a medias entre las empresas y los políticos que las contrataron? A nosotros nadie nos abona nuestros errores de cálculo. Ni en nuestros trabajos ni en la vida en general.

Pagan los contribuyentes

En esta España de Felipe VI nadie rescata a un pequeño comercio al que le va mal, pero las grandes empresas, ¡ay!, son intocables. Si se meten en negocios y no les funcionan, ya pagarán los contribuyentes. ¿Exagero? En absoluto. Piensen en el rescate de los bancos que nos ha costado a los contribuyentes más de 60.000 millones de euros. Piensen en el rescate de las autopistas radiales madrileñas, que nos ha costado otros 4.000 millones. Piensen en el fracasado proyecto Castor del todopoderoso Florentino Pérez, que nos ha costado otros 1.350. ¿Que no hay dinero para actualizar las pensiones? ¡Por favor!

Si los economistas que publican en los muy cortesanos diarios de papel tuvieran un pelín de honradez, lo suyo sería que averiguaran cuánto le cuestan a las arcas públicas los sobrecostes y los rescates empresariales. Seguro que esa cifra es 100 o 1.000 veces superior al menudeo del fraude en el paro o las medicinas de abuela.

¿Dinero negro? Para las derechas eso es algo asociado a las decenas de euros que se pagan sin factura al fontanero que te desatasca el lavabo. Pero resulta que hemos terminado por descubrir que la familia Botín tenía cuentas en Suiza; los Pujol, en Andorra; Rodrigo Rato, José Manuel Soria y Pilar de Borbón, en Panamá… Los técnicos de Hacienda calculan que nuestros evasores de alto copete ocultan hasta 140.000 millones de euros en paraísos fiscales. De estar aquí, como lo están su cuenta y la mía, los impuestos por los intereses de esa fortuna podrían suponer millones de euros anuales de ingresos para el erario público.

Lamento darle un disgusto a su majestad el buen rey Felipe VI, pero su España es la de las empresas que obligan a inscribirse como autónomos a chavales que trabajan exclusivamente y a tiempo completo para ellas. La de los contratos tan precarios que pueden suspenderse los fines de semana y los períodos vacacionales para que el dueño se ahorre una pasta; una práctica, por cierto, a la que se apuntan administraciones públicas. La de las viviendas sociales vendidas a precio de saldo a fondos buitre, que de inmediato suben los alquileres a gente que ni tiene trabajo. ¿Cómo llamarían, vuesas mercedes, a todo eso?

En esta España lidiar con las administraciones públicas sigue siendo una pesadilla. No hay modo de cumplir todas sus exigencias, a no ser que seas parado o jubilado y dediques a ello todo tu tiempo y todas tus energías. A la burocracia analógica denunciada por Larra en Vuelva usted mañana se le ha añadido la nueva burocracia digital: hacer los trámites online no te exime en muchas ocasiones de acudir a ventanillas y presentar papeles. ¿Y qué decir del desastre del DNI electrónico o el certificado digital? Da la impresión de que los informáticos que los han diseñado han obtenido sus títulos como los muy picarones Pablo Casado y Cristina Cifuentes sus másteres de la Universidad Rey Juan Carlos. O quizá es que sean sus parientes o familiares, ¿quién sabe?

Por no hablar del sistemático incumplimiento de la norma europea que obliga a las administraciones públicas a no exigir a los ciudadanos información o documentación que ya tienen ellas. A mí me ha ocurrido que el Registro Civil me solicite ¡un certificado de estado civil!, un documento que, por supuesto, expide ese mismo organismo, aunque no aquí, caballero, en otra ventanilla. O que, para un trámite relativo a mi vivienda, una administración me exija el recibo del último IBI, ¡el IBI que ella misma ha cobrado en mi cuenta bancaria!

Y déjenme mencionar el cachondeo de que, al menos hasta el verano pasado, mi tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid no pudiera ser leída por las terminales informáticas de la Junta de Andalucía. Cristina Cifuentes y Susana Díaz, a las que se les llena la boca con lo de la sagrada unidad de España y la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional, no fueron capaces durante años de hacer compatibles sus respectivas tarjetas sanitarias regionales.

Lidiar con todo eso le cuesta al contribuyente tiempo y dinero. Pero las administraciones piensan que eso no tiene ninguna importancia. Lo sagrado para ellas es su tiempo y dinero, y, por supuesto, el de los grandes patrocinadores empresariales.

Repartirse el dinero de las ayudas públicas

Me resulta, por ejemplo, bastante pícaro que la Agencia Tributaria imponga sustanciosos recargos si no les pagas a tiempo, pero a esa misma Agencia Tributaria ni se le pasa por la cabeza que la devolución que ella debe hacerte de las cantidades que tú le has abonado de más en el IRPF esté actualizada con el IPC o con el tipo de interés vigente en el período de autos. Si yo les aboné 1.000 euros de más a lo largo del año fiscal de 2017, ¿por qué, cuando me los devuelven en el verano de 2018, no están actualizados? Ni el fisco ni los bancos te perdonan un céntimo, ¿por qué tengo yo que perdonárselos a ellos?

La España del siglo XXI es la de un político como Carlos Fabra al que siempre le toca la lotería. La de Urdagarin sacándole pasta a las administraciones públicas porque es el yerno del rey. La del propio suegro de Urdangarin, Juan Carlos I, cobrando comisiones aquí y allá y haciendo que se las ingresen en las cuentas de su amante Corinna en paraísos fiscales. La del PP pagando en negro la reforma de su sede en la calle de Génova y financiándose clandestinamente con el dinero que le entregan los empresarios a cambio de que les conceda favores. La de Javier Guerrero y un puñado de caraduras repartiéndose el dinero de las ayudas de la socialista Junta de Andalucía a las víctimas de los ERE.

Quizá la cumbre de toda esta neopicaresca nacional la represente el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia. No solo por el total del dinero gastado, 15 millones de euros, una pasta gansa, sino, sobre todo, por el espectáculo de más de 60 políticos y empresarios –incluido López Madrid, compi yogui de sus majestadescompi yogui - jurando que ignoraban que estuviera mal gastarse el dinero de la entidad en ropas, joyas, viajes, whisky y putas. ¿Ha dicho, putas, vuesa merded? Sí, como las que, en un caso semejante, un tal Fernando Villén pagó con una tarjeta de la Junta de Andalucía en el prostíbulo sevillano Don Angelo.

¿Casos aislados? Cuando escucho lo de “casos aislados” en relación a esta asombrosa cantidad de hechos y fenómenos, que, insisto, ustedes pueden ampliar, recuerdo una conversación de la novela El terror de 1824 (Episodios nacionales), de Benito Pérez Galdós. Hablan el fiscal absolutista Chaperón y una dama liberal. Aquí va:

“-Pero usted, señora -dijo Chaperón con el tono que en él pasaba por benévolo-, no tiene en cuenta las circunstancias...

-Veo que aquí las circunstancias lo hacen todo. Invocándolas a cada paso se cometen mil torpezas, infamias y atropellos. Si volviera a nacer, Dios mío, querría que fuese en un país donde no hubiera circunstancias”.

*Este artículo está publicado en el número de noviembre de tintaLibre. Puede consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí.aquí

Cuando el señor Rato habla de error quiere hacernos creer que con su preparación y capacidades intelectuales no sabía que el uso de las tarjetas black era ilegal e inmoralblack. O quiere hacernos creer que está arrepentido de sus actos –que sabe inmorales e ilegales–, pide perdón y asume su responsabilidad. En el momento que califica estos actos como errores y si los admitimos como tales, se exime de responsabilidad y culpa.

La entrada en la cárcel del señor Rato nos vuelve a situar en la disyuntiva en la que nos tuvieron los artífices del “milagro económico” mientras se producía. O es sincero cuando dice asumir responsabilidad por un error, dado que no es posible, es un iluso. O nos engaña con su arrepentimiento y los ilusos somos nosotros.

El uso del lenguaje de forma equivoca es una de las técnicas más antiguas de manipulación. Utilizado para el mercadeo y la conversión de la realidad en una masa idéntica en la que no se pueda distinguir lo real de lo ilusorio, lo justo de lo injusto, la libertad de la esclavitud, etc. En la que todos los seres humanos son considerados igualmente culpables para poder ocultar la auténtica culpabilidad de algunos. No es extraño que el señor Rato, uno de los máximos representantes de la sociedad de mercadeo recurra a estas técnicas de venta. Ni tampoco resulta extraño que al entrar en la cárcel recurra al engaño de la asunción de responsabilidad para convertirlo en un acto de soberbia, habiendo intentado hasta el último momento no entrar, nos quiere hacer creer que entra de forma voluntaria.

La entrada del señor Rato en la cárcel no representa para mí ningún acto de asunción de responsabilidad de su persona. Es un acto de aprendizaje, pues al tener una moral heterónoma solo asociará sus actos como negativos por medio de la perdida de reconocimiento social. No parecen capaces estos “grandes economistas” de reconocer que su riqueza se ha labrado sobre la miseria de muchos, su único objetivo es la acumulación personal de riqueza, la vida de los demás es una anécdota que se olvida cuando no se ve. No hay realmente para este tipo de persona un castigo en la pérdida de libertad porque para ellos la libertad no es el máximo valor al que puede aspirar un ser humano. Su máximo castigo sería hacer con ellos lo que ellos hacen con los demás: sumirlos en la miseria. Pero el sistema legal no busca prioritariamente la Justicia, busca la utilidad. ___________

Natividad Pérez es socia de infoLibre

Los ex directivos de Caja Madrid José María de la Riva y Gonzalo Martín Pascual, condenados en firme por el Tribunal Supremo en relación a delitos de apropiación indebida en el uso de las llamadas 'tarjetas black', han ingresado a lo largo de este jueves en las cárceles de Navalcarnero y Soto del Real, según han informado a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias.

De la Riva, exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE y que afronta una condena de tres años de prisión, ha ingresado en la prisión de Navalcarnero, en Madrid, a última hora de la tarde. Por su parte, Martín Pascual, exconsejero de la caja madrileña por UGT y también condenado a tres años de cárcel, ha ingresado en la cárcel de Soto del Real, también en Madrid.

Este mismo jueves ha ingresado también en prisión el expresidente de Caja Madrid y BankiaBankia, Rodrigo Rato, que cumplirá su pena en la cárcel de Soto del Real.

De este modo, son siete los condenados por las black a más de dos años de prisión los que ya están entre rejas, tras estos tres ingresos en la cárcel que se suman a los del ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, el exdirigente de CC.OO. Antonio del Rey, el ex consejero de Caja Madrid por el mismo sindicato Rodolfo Benito y el ex miembro de la Comisión de Control de la caja Miguel Ángel Abejón.

El resto tienen de margen hasta la jornada del 26 de octubre para presentarse en un centro penitenciario, salvo el exconsejero de parte de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín y el exconsejero de CC.OO. Francisco Baquero, recogieron más tarde la notificación y tienen hasta el 29 de octubre; y e l exvicesecretario de organización del PSOE Madrileño, Antonio Romero, a quien el tribunal ha dado diez días a contar desde el 20 de octubre por motivos familiares.

El expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, ha ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real poco antes de las 13:00 horas de este jueves y lo ha hecho pidiendo "perdón a la sociedad" por las conductas que le han llevado hasta allí, un delito continuado de apropiación indebida en el uso de las llamadas 'tarjetas black'.

El que fuera vicepresidente del Gobierno de España y director Gerente del Fondo Monetario Internacional se ha presentado así horas antes de que venciera el plazo máximo que le dio la Audiencia Nacional para ingresar en prisión una vez el Tribunal Supremo confirmó su condena el pasado 3 de octubre, y lo ha hecho pidiendo disculpas.

"Acepto mis obligaciones con la sociedad, asumo los errores que haya podido cometer y pido perdón a la sociedad y personas que se hayan podido sentir afectadas y decepcionadas", ha señalado el ya reo a su entrada en Soto del Real, para agradecer, a renglón seguido, el apoyo que ha recibido estos días de sus amigos y familiares.

Rato había solicitado al tribunal que le enjuició que suspendiera su entrada en prisión hasta que Tribunal Constitucional decida sobre el recurso de amparo que prevé presentar contra la sentencia. Sin embargo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechazó esta medida y mantuvo el plazo de ejecución, que vencía al término de esta jornada de jueves.

En Soto del Real, la prisión escogida, Rato coincidirá con al menos otro de los condenados por las black que ya han entrado en la cárcel, el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga. En la actualidad, se encuentran en este mismo presidio otros conocidos de Anticorrupción, como el extesorero del PP Luis Bárcenas o el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, ambos condenados por el caso Gürtel.

Esta cárcel, inaugurada en 1995 y considerada VIP en su momento por la cantidad de instalaciones deportivas de que dispone, está relativamente cerca del centro de Madrid (en el kilómetro 3,5 de la M-609), lo que facilitará a Rato los desplazamientos cuando a partir del próximo 26 de noviembre tenga que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional por el llamado caso Bankia.

Rato es el quinto condenado por las tarjetas black en entrar en prisión, como ya hicieron en los últimos días el mencionado Rodríguez Ponga, el exdirigente de CCOO Antonio del Rey, el ex consejero de Caja Madrid por el mismo sindicato Rodolfo Benito y el ex miembro de la Comisión de Control de la caja Miguel Ángel Abejón.

El resto tienen de margen hasta la jornada del 26 de octubre para presentarse en un centro penitenciario, salvo el exconsejero de parte de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín y el exconsejero de CCOO Francisco Baquero, recogieron más tarde la notificación y tienen hasta el 29 de octubre; y el exvicesecretario de organización del PSOE madrileño, Antonio Romero, a quien el tribunal ha dado diez días a contar desde el 20 de octubre por motivos familiares.

La fiscalía ha emitido un informe contrario a suspender la entrada en prisión del expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida en el uso de las llamadas tarjetas black y que había solicitado a la Audiencia Nacional esta medida en espera de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según informa Europa Press.

El Ministerio Fiscal se opone a esta deferencia y así lo ha hecho saber en un informe a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que sentenció a Rato y que ordenó la ejecución de su sentencia una vez el Tribunal Supremo le dio firmeza. De este modo, es previsible que el tribunal se pronuncie este mismo miércoles sobre las pretensiones de Rato, cuyo plazo para ingresar por su propio pie en un centro penitenciario expira el jueves 25 de octubre a las nueve de la mañana.

Hasta la fecha la Audiencia Nacional ha rechazado suspender el ingreso en prisión de siete de los condenados por el uso fraudulento de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid, mientras a otro le ha concedido un margen más amplio, diez días a contar desde el 30 de octubre para entrar en la cárcel, y a un noveno le ha solicitado que presente un informe médico que acredite sus alegaciones de que por motivos de salud, no debe entrar.

En concreto, se ha rechazado ya la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia instada por los exconsejeros de Caja Madrid de parte del PSOE, Jorge Gómez Moreno, condenado a 3 años y 2 meses de prisión; y José María De la Riva, sentenciado a 3 años; y el exconsejero de CCOO Francisco Baquero, que afronta tres años y dos meses de cárcel. Asimismo, ha rechazado las peticiones del exconsejero de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín, condenado a 4 años de cárcel; el exconsejero de parte de UGT Gonzalo Martín Pascual, sentenciado a 3 años; el ex miembro de la comisión de control de Caja Madrid, Francisco José Pérez Fernández, con una sentencia de 2 años y medio; y el también miembro de la comisión de control Miguel Ángel Abejón, con la misma pena.

Todos deberán ingresar de forma inminente en un centro penitenciario, cosa que ya hicieron tras la confirmación de la sentencia en el Tribunal Supremo el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga y el exdirigente de CCOO Antonio del Rey. En un caso más, el del miembro de la comisión de control nombrado por Izquierda Unida Rubén Cruz, que pidió eludir la cárcel por motivos de salud, la Sección Cuarta ha solicitado un informe médico que acredite su situación. Está condenado a dos años y medio de prisión por el uso de las black.

Mientras, la Sección Cuarta ha dado al exvicesecretario de organización del PSOE Madrileño y exconsejero de la entidad, Antonio Romero, condenado a tres años y dos meses de cárcel, una ampliación del plazo para ejecutar la sentencia por motivos familiares. Tiene diez días más a contar desde el 30 de octubre para entrar en un centro penitenciario.

El plazo que dio la Audiencia Nacional para la entrada en prisión de todos los condenados por las tarjetas black vence el próximo 26 de octubre, de modo que antes del viernes deberán entrar en prisión también los ex miembros de la comisión de control, Ángel Gómez del Pulgar (PSOE) y Javier de Miguel (PP), que no han presentado escrito solicitando la suspensión de sus respectivas condenas de dos años y medio de cárcel.

El ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga y ex dirigente de CCOO Antonio Rey de Viñas han ingresado en las prisiones madrileñas de Soto del Real y de Navalcarnero, respectivamente, y se han convertido en los primeros condenados en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid en ingresar en la cárcel, según informa Europa Press.

En el caso de Estanislao Rodríguez-Ponga, ha ingresado a las 18.00 horas en la prisión de Soto del Real, donde pasará la noche en el módulo de ingresos. Está previsto que este jueves el equipo técnico de la prisión determine el módulo al que le enviarán. En el caso del ex secretario de Hacienda, durante el Gobierno de José María Aznar, se considera que gastó más de 255.000 euros con esas tarjetas.

Por su parte, Rey de Viñas se presentó el pasado lunes, día 15, en el Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid, destinado a reclusos en tercer grado, y posteriormente ha sido trasladado al Centro Penitenciario de Navalcarnero. El ex dirigente de CCOO realizó gastos por valor de 191.500 euros.

Rodríguez-Ponga fue condenado a tres años y dos meses de prisión, mientras que en el caso de Rey de Viñas la pena fue de dos años y medio, ambos como colaboradores de un sistema de tarjetas black que nació bajo un acuerdo del consejo de administración en mayo de 1988 y desvirtuó con la llegada de Blesa a la presidencia de Caja Madrid.

El pasado 3 de octubre el Tribunal Supremo confirmó la condena a cuatro años y medio de prisión del expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, y las de 63 exdirectivos y exconsejeros de la entidad financiera, cuyas penas oscilan entre cuatros meses y cuatro años y medio de cárcel, por un delito continuado de apropiación indebida por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas black.

El alto tribunal confirmaba así la resolución dictada por la Audiencia Nacional el 23 de febrero de 2017, que dio por acreditado el gasto de más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012, así como el uso personal de los plásticos a sabiendas de que era una práctica ilegal y de que causaron un quebranto al patrimonio de la caja extinta.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha citado para este jueves al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y otros 14 condenados a más de 2 años de prisión para informarles de que tienen un plazo de 10 días para entrar en la cárcel, dando cumplimiento a la sentencia por el uso fraudulento de las llamadas tarjetas blackblack que confirmó el Tribunal Supremo el pasado 3 de octubre, informa Europa Press.

En concreto, la Sala ha convocado a Rato y a 14 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y/o Bankia, que deberían acudir personalmente a la Sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional entre las 9 y las 11 horas de la mañana para que sean notificados formalmente de la orden por la que al cabo de diez días hábiles (el plazo expira el viernes 26 de octubre) tendrán que haber ingresado en el centro penitenciario de su elección.

Junto a Rato, y salvo que alguno decida ingresar antes en prisión, habrán de pasar por la Sección de Ejecutorias el exconsejero de Caja Madrid designado por Izquierda Unida José Antonio Moral Santín (condenado a 4 años de prisión), el exconsejero por CCOO Francisco Baquero (tres años y dos meses de condena) y el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga (tres años y dos meses).

Asimismo, están citados el jueves el exvicesecretario de Organización del PSM Antonio Romero (condenado a tres años y dos meses), el exconsejero de Caja Madrid por IU Rubén Cruz (dos años y medio de condena), el exconsejero socialista José María de la Riva (tres años de prisión), el que fuera integrante de la comisión de control de Caja Madrid, Antonio Rey de Viñas (dos años y medio).

Por último, habrán de comparecer el exconsejero por el PP Javier de Miguel (dos años y medio de condena), el exconsejero del PSOE Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (dos años y medio), el exconsejero de CCOO Rodolfo Benito (tres años de cárcel), el exconsejero por UGT Gonzalo Martín Pascual (tres años), el exconsejero por el PSOE Francisco José Pérez Fernández (dos años y medio), el exmiembro de la Comisión de Control Miguel Ángel Abejón (dos años y medio) y el exconsejero socialista Jorge Gómez Moreno (tres años y dos meses).

Los condenados a dos años no irán a prisión

De este modo, la Audiencia Nacional manda a prisión a todos los condenados a penas superiores a dos años y deja fuera a aquellos con una sentencia de dos años (12 exconsejeros) que carecen de antecedentes y a todos los que han recibido penas inferiores.

Destacan los casos del exdirector General de Auditoria en Caja Madrid y Bankia, Ildefonso Sánchez-Barcoj, el exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid Antonio Cámara y el exconsejero Francisco José Moure, a quienes se aplicaron atenuantes en el Supremo que rebajaron sus condenas iniciales por debajo de los más de dos años que a cada uno de ellos había impuesto la Audiencia Nacional.

La sentencia confirmada por el Supremo da por acreditado, como hizo la Audiencia el 23 de febrero de 2017, un gasto de más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012, así como el uso personal de las tarjetas black por parte de todos los condenados a sabiendas de que era una práctica ilegal y de que causaban un quebranto al patrimonio de extinta Caja Madrid.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a cuatro años y medio de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por un delito continuado de apropiación indebida por el uso fraudulento de las famosas tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, que causó un quebranto económico de más de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012. La sentencia, que también mantiene las penas de entre cuatro meses y cuatro años y medio de prisión para 63 exdirectivos de la entidad, ratifica que Rato mantuvo “conscientemente” desde su llegada a la presidencia del banco un sistema “pervertido en su origen y en su traslado a la práctica”. Tras más de cinco años de un largo proceso judicial, las acusaciones celebran, en líneas generales, la decisión del Supremo y se mantienen a la espera del paso que pueda dar el expresidente de Bankia para intentar evitar su ingreso en prisión.

La resolución del alto tribunal, que confirma la sentencia dictada en febrero de 2017 por la Audiencia Nacional, apunta que durante casi una década se prescindió en la entidad “del camino legal” y se estableció “un sistema nuevo, consistente en utilizar el concepto permitido de indemnizaciones pero suprimiendo la exigencia legal de justificación documental del gasto”, lo que permitió a los titulares de las tarjetas utilizarlas en su propio beneficio. Así, el Supremo considera probado que los condenados “disponían a su antojo y sin control alguno” del dinero de la entidad, invirtiéndolo en lo que consideraban oportuno – restaurantes de lujo, salas de subastas, hoteles o tiendas de ropa exclusiva– y actuando “como si fueran dueños” de todas esas cantidades. En definitiva, que durante todos esos años no hubo más control que “los limites mensuales o anuales establecidos” en las black.

En cuanto a Rodrigo Rato,  el fallo apunta que no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas dadas sus responsabilidades, experiencia y preparación para el cargo. A pesar de ello, el exvicepresidente del Ejecutivo “mantuvo el sistema, e incluso lo amplió a otras personas” cuando accedió a la presidencia de Caja Madrid. “El recurrente fue informado de esa situación, y su decisión fue no solo mantener el sistema sino extenderlo a su favor y, posteriormente, ya en Bankia, de las otras personas mencionadas –los exdirectivos Ildefonso Sánchez Barcoj y José Manuel Fernández Norniella–“, asevera el alto tribunal, que recuerda que Rato también utilizó una tarjeta en provecho propio “a pesar de que debería haberse sentido advertido de la irregularidad de la situación por el consejero delegado [Francisco] Verdú, cuando rechazó la tarjeta que se le entregó”.

Además, el Supremo considera que la pena de cuatro años y medio impuesta al también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) es proporcionada por su posición preeminente en las entidades de cuyo patrimonio “se lucró indebidamente y permitió el lucro de los demás”, una posición que le obligaba especialmente a la protección de los intereses de aquellas, “lo que desconoció durante un apreciable periodo de tiempo y por cuantías importantes”. “Ninguna persona con una formación mínima, lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender de forma mínimamente razonable que unas percepciones dinerarias que funcionaban con tal grado de ocultación y opacidad, también a efectos fiscales, pudieran estar justificadas en las normas aplicables”, sentencia el Supremo.

¿Ingreso inmediato en prisión?

Desde 15MpaRato, la acusación ciudadana que impulsó el caso Bankia –otro frente judicial que afecta al exvicepresidente del Gobierno–, valoran “muy positivamente” la resolución del alto tribunal. “No solo se ha conseguido que la condena de cárcel a Rato se mantenga sino que hemos evitado que se siente un peligroso precedente de impunidad”, ha afirmado el colectivo en un comunicado, en el que pidieron el “inmediato ingreso en prisión” del expresidente de Bankia. “Ya tendría que estar en la cárcel”, asevera en conversación telefónica con este diario Simona Levi, co-fundadora de 15MpaRato, que celebra el trabajo realizado por “la ciudadanía” durante todos estos años. En abril de 2017, tras la primera sentencia condenatoria, la Audiencia Nacional decidió dejar al exvicepresidente del Gobierno en libertad sin fianza a la espera de que se emitiera sentencia firme tras analizar los recursos de los acusados.

El fallo del Supremo activa, por tanto, la cuenta atrás para el ingreso de Rato en prisión. Ahora, el alto tribunal deberá remitir la orden de ejecución de sentencia, tras lo cual el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional tendrá entre 5 y 10 días para ingresar en prisión. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre señalan que la defensa de Rato podría intentar bloquear la ejecución de la sentencia “interponiendo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o presentando una solicitud de indulto”. Tras conocerse la sentencia, la Fiscalía Anticorrupción ha dejado bien claro que se opondrá a cualquier intento de los condenados de retrasar su ingreso en prisión por cualquiera de las dos vías.

Las acusaciones tampoco descartan que Rato pueda intentar utilizar el cartucho del Constitucional para esquivar, de nuevo, su entrada en la cárcel. “Como vía, la opción más sencilla y técnicamente probable es que se plantee el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, solicitando la suspensión de condena tanto para él como para todos aquellos que tengan una pena superior a dos años”, señala Raúl Maíllo, el abogado de la Confederación General de Trabajadores (CGT) en el proceso. Coincide con él Andrés Herzog, letrado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación popular en el caso: “Supongo que lo intentarán llevar al Constitucional, pero no creo que eso les sirva. Lo tiene difícil, lo lógico es que entrara en prisión de forma más o menos inmediata”.

En este sentido, el TC establece dos supuestos en los que, con carácter general, casi nunca se produce una suspensión de la ejecución: “Los pronunciamientos con efectos fundamentalmente patrimoniales o de contenido económico” –siempre se puede restituir lo ejecutado– y “las penas privativas de libertad que tengan la condición de graves” –por encima de cinco años de prisión–. En el caso de Rato, la condena es de cuatro años y medio, inferior al límite que establece la jurisprudencia del TC. De hecho, estar por debajo de la línea roja de los cinco años fue clave para que en noviembre de 2017 el Constitucional suspendiese la ejecución de la pena al grupo de fascistas condenados por asaltar en 2013 la librería Blanquerna en Madrid. También es cierto que, en aquella ocasión, el Ministerio Fiscal “interesó la suspensión de la penas privativas de libertad”.

Por el momento, el expresidente de Bankia, no ha decidido si presentará un recurso de amparo ante el TC. "Todavía no tengo tomada ninguna decisión", se ha limitado a señalar Rato en contestación a la pregunta de Europa Press de si tiene previsto recurrir la sentencia al Tribunal Constitucional para frenar su entrada en prisión.

Devolución del dinero

El caso de las tarjetas black ha sido uno de los escándalos más sonados de los últimos años. Cuando José Ignacio Goirigolzarri relevó al exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, al frente de Bankia, justo después del rescate de 22.000 millones por parte del Estado, encargó una auditoría interna en la que salió a la luz el uso de tarjetas de crédito que se entregaron a los directivos entre 2003 y 2012 “fuera de los circuitos ordinarios”. Así, se descubrió que varios altos cargos de Caja Madrid y Bankia gastaron durante ese periodo 12,5 millones de euros de las arcas de la entidad. Rodrigo Rato, por ejemplo, cargó a la tarjeta 99.054,59 euros. Su antecesor en el cargo, por su parte, se pulió en gastos personales 436.688,42 euros.

Con su sentencia, el Supremo también confirma la responsabilidad civil subsidiaria de Blesa y del ex director gerente del FMI. En el fallo de 2017, la Audiencia Nacional hizo responsable a Miguel Blesa –y tras su fallecimiento a sus herederos– de los 9,34 millones de euros gastados durante su etapa al frente de la entidad, mientras que a Rato se le hacía responsable de los 2,6 millones de euros dilapidados durante su mandato. De estas cantidades, habría que descontar los gastos que los dos expresidentes hicieron con sus propias tarjetas y que terminaron restituyendo a las arcas de la entidad. “Prácticamente todos han devuelto el dinero que cargaron a las tarjetas black para conseguir una rebaja de las penas”, sentencia el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

Fuentes jurídicas informan de que después del pronunciamiento del Supremo es el tribunal sentenciador, es decir, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el que debe ejecutar la condena de Rodrigo Rato y los otros 63 condenados -eran 65 en total, pero Miguel Blesa falleció el verano de 2017-.

No obstante, a los exdirectivos de Caja Madrid con penas más altas les queda aún la opción de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional y que en él vaya incluida la petición de continuar en libertad provisional hasta que haya una decisión. El tribunal de garantías suele acceder a la suspensión de la ejecución de las condenas cuando lo piden condenados a menos de cinco años de cárcel, si bien no es una norma escrita y no ocurre en todos los casos.

Por otro lado, los condenados pueden optar por presentar una solicitud de indulto y, con ella, también pedir que se retrase la entrada en la cárcel. Sea en uno u otro caso, la Fiscalía Anticorrupción se opondrá a cualquiera de estas opciones.

Más de dos años para 15 condenados

De los 64 condenados por el caso de las tarjetas 'black', los susceptibles de entrar en prisión al haber sido penados con más de dos años de prisión son Rodrigo Rato, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Estanislao Rodríguez-Ponga, Antonio Romero Lázaro, Jorge Gómez Moreno, Rodolfo Benito, José María de la Riva, Gonzalo Martín Pascual, Rubén Cruz, Antonio del Rey de Viñas, Javier de Miguel Sánchez, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar, Francisco José Pérez Hernández y Miguel Ángel Abejón.

Para tres de los exdirectivos condenados por la Audiencia Nacional a más de dos años de cárcel, Ildefonso Sánchez Barcoj, Francisco José Moure y Antonio Cámara, el Supremo ha optado por reducirles la pena al aplicarles la atenuante de reparación del daño, de modo que podrían librarse de entrar en prisión.

Este es el listado de 64 condenados en firme por el Tribunal Supremo por cometer delitos de apropiación indebida el caso de las tarjetas opacas en Caja Madrid y Bankia, que constituye una pieza separada del caso Bankia:

1- RODRIGO RATO: Expresidente de Caja Madrid y Bankia hasta 2012, exministro de Economía, exvicepresidente del Gobierno y directo gerente del Fondo Monetario Internacional. El Supremo confirma la pena de 4 años y seis meses de cárcel y multa de 6.000 euros.

2- IDELFONSO SÁNCHEZ BARCOJ: Ex director general de Auditoría, Medios y Financiero en Caja Madrid y Bankia. Condenado un año menos un día de cárcel (364 días). El Supremo anula uno de los delitos de apropiación indebida por los que fue condenado por la Audiencia Nacional.

3- JOSÉ ANTONIO MORAL SANTÍN: Ex dirigente de Izquierda Unida y consejero de Caja Madrid. Condenado a 4 años de prisión.

4- RAFAEL SPOTTORNO: Ex jefe de la Casa del Rey y director de la Fundación Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.

5- JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ NORNIELLA: Exsecretario de Estado de Hacienda y Turismo y exconsejero ejecutivo de Caja Madrid. Condenado a la pena de un año menos un día de prisión.

6- ENRIQUE DE LA TORRE MARTÍNEZ: Ex secretario general de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.

7- GERARDO DÍAZ FERRÁN: Expresidente de la CEOE y consejero de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.

8- RAMÓN ESPINAR GALLEGO: Expresidente de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE y padre del actual senador de Podemos Ramón Espinar. Condenado a un año menos un día de prisión.

9- VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ: Exministro de Relaciones con las Cortes y exvicepresidente de Caja Madrid. Condenado a 4 meses de cárcel.

10.- GABRIEL MARÍA MORENO FLORES:Exconsejero nombrado a propuesta de CCOO. Condenado a 4 meses de prisión.

11- ARTURO FERNÁNDEZ: Expresidente de la CEIM y exconsejero de la entidad financiera a propuesta de esta patronal. Condenado a 6 meses menos un día de cárcel.

12- FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MADRID: Empresario y yerno de Juan Miguel Villar Mir, exconsejero de Caja Madrid a propuesta de la CEIM. Condenado a 6 meses menos un día de prisión.

13- FRANCISCO BAQUERO NORIEGA: Exconsejero de Caja Madrid por CCOO. Condenado a tres años y dos meses de cárcel.

14- ESTANISLAO RODRÍGUEZ-PONGA: Exsecretario de Estado de Hacienda y exconsejero de Caja Madrid. Condenado a tres años y dos meses de cárcel.

15- ANTONIO ROMERO LÁZARO: Exvicesecretario de Organización del PSOE madrileño y Exconsejero de Caja Madrid. Condenado a tres años y dos meses de cárcel.

16- FRANCISCO JOSÉ MOURE: Exconsejero de la entidad financiera por el PP. Condenado a 10 meses de prisión.

17- JUAN GÓMEZ CASTAÑEDA: Exsecretario de la Comisión de Control de Caja Madrid. Condenado a 10 meses de prisión.

18- LUIS GABARDA DURÁN: Ex consejero ejecutivo de Caja Madrid. Condenado a 10 meses de prisión.

19- JORGE GÓMEZ MORENO: Exconsejero a propuesta del PSOE. Condenado a tres años y dos meses de cárcel.

20- RODOLFO BENITO VALENCIANO: Exconsejero de Caja Madrid por CCOO. Condenado tres años de cárcel.

21- JOSÉ MARÍA DE LA RIVA: Exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE. Condenado a tres años de cárcel.

22- GONZALO MARTÍN PASCUAL: Exconsejero de Caja Madrid por UGT. Condenado a 3 años de cárcel.

23- RUBÉN CRUZ ORIVE: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta de IU. Condenado a dos años y medio de cárcel.

24- ANTONIO REY DE VIÑAS: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Condenado a dos años y medio de cárcel.

25- ANTONIO CÁMARA EGUINOA: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP. Condenado a un año menos un día de cárcel.

26-JAVIER DE MIGUEL SÁNCHEZ: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP. Condenado a dos años y medio de cárcel.

27- ÁNGEL EUGENIO GÓMEZ DEL PULGAR: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PSOE. Condenado a dos años y medio de cárcel.

28- FRANCISCO JOSÉ PÉREZ FERNÁNDEZ: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PSOE. Condenado dos años y medio de cárcel.

29.- MIGUEL ÁNGEL ABEJÓN RESA: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Condenado a dos años y medio de cárcel.

30.- JUAN JOSÉ AZCONA OLONDRIZ: Exconsejero de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.

31- PABLO ABEJAS JUAREZ: Expresidente de la Comisión de Control de Caja Madrid. Condenado a un año menos un día de prisión.

32- RICARDO MORADO: Exdirector de Organización de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.

33.- RAMÓN FERRAZ RICARTE: Exconsejero ejecutivo de Caja Madrid.Condenado a un año menos un día de prisión.

34- CARLOS MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Exconsejero ejecutivo de Caja Madrid. Condenado a un año menos un día de cárcel.

35- MARIANO PÉREZ CLAVER: Exconsejero ejecutivo de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.

36- JUAN MANUEL ASTORQUI PORTERA: Exdirector de Comunicación de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.

37- CARMEN CONTRERAS: Exdirectora gerente de Obra Social en Caja Madrid. Condenada a dos años de cárcel.

38- CARLOS VELA: Ex responsable de crédito a empresas de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.

39- LUIS BLASCO BOSQUE: Condenado a un año y seis meses de cárcel.

40- JOSÉ MARÍA ARTETA VICO: Condenado a un año y seis meses de cárcel.

41- MERCEDES ROJO IZQUIERDO: Exconsejera de Caja Madrid a propuesta del PP. Condenada a 10 meses de prisión.

42- RAFAEL EDUARDO TORRES POSADA: Ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta de UGT. Condenado a 8 meses de cárcel.

43- CÁNDIDO CERÓN ESCUDERO: Ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta del PP. Condenado a 8 meses de cárcel.

44- FERNANDO SERRANO ANTÓN: Ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta del PP. Condenado a 8 meses de cárcel.

45- ALEJANDRO COUCEIRO OJEDA: Ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Condenado a 8 meses de cárcel.

46- PEDRO BEDIA PÉREZ: Exconsejero de Caja Madrid a propuesta de CC.OO. Condenado a 8 meses de cárcel.

47- RAMÓN MARTÍNEZ VILCHES: Exresponsable de Crédito a Empresas de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.

48- MARÍA ENEDINA ÁLVAREZ: Exconsejera de Caja Madrid nombrada a propuesta del PSOE. Condenada a dos años de cárcel.

49- JOSÉ RICARDO CASTRO: Exsecretario general de UGT en Madrid y consejero a propuesta del PSOE. Condenado a dos años de cárcel.

50- DARÍO FERNÁNDEZ YRUEGAS: Exconsejero de Caja Madrid por el PP. Condenado a 8 meses de prisión.

51- JOSÉ MARIÁ BUENAVENTURA ZÁBALA: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP. Condenado 7 meses de cárcel.

52- SANTIAGO JAVIER SÁNCHEZ CARLOS: Exconsejero nombrado a propuesta del PSOE. Condenado a 6 meses menos un día de cárcel.

53- RICARDO ROMERO DE TEJADA: Exalcalde de Majadahonda (Madrid), exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero de Caja Madrid .Condenado a un año menos un día de prisión.

54- MATÍAS AMAT: Ex director general de Negocios de Caja Madrid. Condenado a un año menos un día de cárcel.

55- CARMEN CAFRANGA CAVESTANY: Expresidenta de la Fundación Caja Madrid. Condena a un año menos un día de prisión.

56- ALBERTO RECARTE: Exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PP. Condenado a 10 meses de cárcel.

57- JOSÉ MARÍA ARTETA VICO: Exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE. Condenado a 10 meses de prisión.

58- JESÚS PEDROCHE NIETO: Expresidente de la Asamblea de Madrid, exconsejero de la Comunidad de Madrid y exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PP. Condenado a 10 meses de prisión.

59- IGNACIO DE NAVASQÜES COBIÁN: Exconsejero en representación de los trabajadores y exsecretario general de Caja Madrid. Condenado a un año menos un día de cárcel.

60- LUIS BLASCO BOSQUED: Ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Condenado a 8 meses de cárcel.

61- BELTRÁN GUTIÉRREZ MOLINER: Exgerente del PP de Madrid y exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta del PP. Condenado a 8 meses de cárcel.

62- EMILIO IRANZO: Exconsejero a propuesta del PP. Condenado a 4 meses de cárcel.

63- MIGUEL CORSINI: Exconsejero de Caja Madrid. Condenado a 4 meses de cárcel.

64- JORGE RÁBAGO: Exconsejero nombrado a propuesta del PP. Condenado a 3 meses de cárcel.