La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, ha dictado auto de apertura de juicio oral por el que sienta en el banquillo al expresidente de Caja de Madrid Miguel Blesa y al exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj por un delito de administración desleal derivado de los sobresueldos irregulares que según el FROB causaron un perjuicio económico de 14,8 millones de euros. La juez ha dado por concluido el procedimiento apenas un año después de que ambos prestaran declaración como investigados en este asunto el 24 de febrero de 2016, señalando la existencia de indicios suficientes de delito, han informado fuentes del caso a Europa Press.

Este procedimiento, que viene a sumarse a las causas por las que Blesa aún tiene pendiente responder ante la justicia -por la salida a bolsa de Bankia y por las denominadas tarjetas 'black' tarjetas 'black', asunto por el que ya ha sido juzgado y está a la espera de conocer sentencia-, fue denunciado por Anticorrupción en enero de 2015 y estuvo paralizado casi un año debido a que el Juzgado competente sufrió varios cambios de titular. La querella de Anticorrupción derivaba del expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de Caja Madrid que le había sido remitido un mes antes por el FROB, y que refleja un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros.

Durante su declaración ante la juez Blesa justificó la decisión en 2008 de aumentar la retribución entre un 16% y un 26% del sueldo fijo, lo que implicaba mantener la masa salarial de un año anterior a pesar de que, entre medias, el comité de dirección pasó de diez a nueve miembros por la salida de Ramón Ferraz Ricarte.

Blesa insistió en la existencia de "errores" en el informe elevado al FROB porque obvió que la comisión de retribuciones conocía que Ramón Ferraz Ricarte -que pasó del comité de dirección a Cibeles y luego a presidir el City National Bank of Florida, tras la adquisición de Bankia- había cesado de sus funciones "meses atrás" a la fecha que consta en el documento elaborado por la consultora PwC.

Según la versión de Blesa, los nueve directivos de Caja Madrid pasaron a partir de 2008 a asumir mayores funciones. Este extremo no fue corroborado por el otro investigado, Sánchez Barcoj, quien mantuvo ante la juez que las funciones no se reordenaron tras la reducción de miembros con la salida de Ramón Ferraz Ricarte.

Conductas irregulares

El expediente de Caja Madrid remitido a la Fiscalía, en el que se basa su querella, analizaba cuatro tipos de actuaciones concretas, en las cuales se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de "percepciones excesivas". En algunos casos, no existió además constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno.

En concreto, el FROB subrayaba en su informe que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de Caja Madrid una subida salarial "significativamente mayor" que la debida, que algunos casos llegó a superar el 26 %. Para este incremento se tomaba supuestamente como referencia una masa salarial mayor que la realmente existente en ese momento. En cuanto a la retribución fija de esos directivos en tanto han estado vinculados a la entidad, indicaba que supuso una posible percepción "indebida" para esas personas de algo más de dos millones en conjunto y subraya que estos incrementos sirvieron de base para el cálculo de indemnización posteriores.

Por su parte, el salario variable de la alta dirección de Caja Madrid arroja un posible ajuste por "exceso de percepciones" de 1,8 millones ante el exceso de incremento salarial del punto previo, la ausencia de documentación que soportara la fijación de objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos en el período comprendido entre 2008 y 2010.

Los informes también han detectaron prácticas supuestamente irregulares en las aportaciones de los planes de pensiones. El FROB sospecha que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para los miembros de la alta dirección. Esta gratificación se elevaba al bruto con el fin de que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores. Esta práctica ha podido suponer un perjuicio patrimonial de 1,84 millones de euros.

Finalmente, el fondo de reestructuración detectó posibles irregularidades en la extinción de varios contratos de altos directivos, así como en los pagos que se realizaron en conceptos como pacto de no recurrencias, bonus o indemnizaciones, especialmente entre 2009 y 2010. Estas prácticas podrían suponer un perjuicio económico para Caja Madrid de 9,1 millones de euros.

El fiscal de Anticorrupción Conrado Saiz ha solicitado cuatro años de prisión para Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, como responsable del pago de sobresueldos al mismo tiempo que le acusa de un delito de administración desleal continuado.

Asimismo, señala al también investigado en el caso de las tarjetas black como máximo responsable junto al que era por aquel entonces director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj. Anticorrupción reclama la misma pena de cárcel para Barcoj, cuatro años, y que ambos abonen 8,5 millones en responsabilidades civiles. 

Conrado Saiz ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid su escrito de calificación por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos de Caja Madrid durante la época de Miguel Blesa como presidente

8,5 millones

La Fiscalía asegura que el expresidente incrementó el salario de nueve directivos de Caja Madrid un 16% en 2008 de manera arbitraria, y "desobedeciendo" al consejo de administración de la caja, que había acordado un aumento del 4,5%. Además, de incrementar los sueldos cuatro veces más de lo que se había pactado, ni siquiera se informó a la comisión de retribuciones. 

"El incremento real medio de la masa salarial fija para los miembros del comité de dirección fue de 16,11 % en 2008, una vez que en ese ejercicio pasaron de diez a nueve miembros y no se realizó ajuste en el incremento de la masa salarial fija individual, correspondiendo al acusado Miguel Blesa un 26,63%, al acusado Ildefonso Sánchez Barcoj un 26,63%, a Enrique de la Torre un 9,58 %, a Juan Astorqui un 15,35 %, a María Carmen Contreras un 26,92 %, a Mariano Pérez Claver un 15,95 %, a Matías Amat un 26,63 %, a Rafael Spottorno un 6,33 % y a Ricardo Morado un 7,48 %. Como consecuencia de esta actuación, Caja Madrid abonó indebidamente a los miembros del comité de dirección 2.047.248 euros, desde 2008 hasta la finalización de su relación de servicios con Caja Madrid", especifica el fiscal en el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

Según el documento, Miguel Blesa y el resto de la dirección de Caja Madrid recibieron entre 2008 y 2010 un total de 8,5 millones de forma "irregular". Además, señala a Blesa y Barcoj como los culpables de este pago irregular: "Ambos acusados ostentaban la máxima responsabilidad en materia de retribuciones e indemnizaciones en la estructura organizativa de Caja Madrid", explica el fiscal, que concluye que tanto Blesa como Barcoj incumplieron "las funciones de administración, gestión y dirección conferidas".

Anticorrupción también destaca los 2.890.000 euros recibidos por el secretario general, Enrique de la Torre, al cesar en Caja Madrid. Por esto, considera a este exdirectivo partícipe a título lucrativo y propone que devuelva ese dinero. Si De La Torre ejecuta el pago, Blesa y Barcoj verán reducida su responsabilidad civil en idéntica cantidad.

En concreto, el fiscal resalta que en 2009 cuando cesó en su cargo De la Torre como secretario general de Caja Madrid, cobró una indemnización con motivo de la finalización de su relación de servicios con la entidad por importe de 4.806.702 euros, que fue documentado en un acuerdo de fecha 20 de julio de 2009 entre Enrique de la Torre Martínez y el acusado Ildefonso Sánchez Barcoj: "En el cálculo de la indemnización se incluyeron por voluntad de los acusados importes por conceptos que no le correspondían, por lo que cobró un exceso de 2.888.992 euros".

Juicio de las tarjetas blackblack

Este escrito llega con el juicio de la Audiencia Nacional en el que se dirime si los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid hicieron un uso fraudulento de su tarjeta blackblacka punto de cerrarse. En las próximas sesiones, llegarán los alegatos de las defensas tras los que el caso quedará previsiblemente listo para sentencia.

El tribunal de la Sección Cuarta de lo Penal acoge este miércoles la vigésimo primera sesión en la que continuarán exponiendo las defensas de los encausados en la línea con los abogados que le precedieron en el uso de la palabra y que centraron su alegato en, por un lado demostrar que es una práctica nacida en 1988, y por otro rechazar la hoja Excel aportada por Bankia a la causa y que incluye el desglose de los gastos efectuados por las tarjetas, informa Europa Press.

El juicio, en el que se dirime si los 65 encausados incurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal, estaba previsto que quedara listo para sentencia el pasado año pero prolonga los días 11, 12 y 30 y 31 de este mes para continuar con la exposición de los informes, tal y como anunció la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, en la última sesión celebrada el 22 de diciembre.

El abogado de Rodrigo Rato en el caso de las tarjetas black que se juzga en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional, Ignacio Ayala, ha aprovechado su discurso de conclusiones para tratar de desautorizar al testigo Francisco Verdú, el consejero delegado de no utilizó su plástico, y cuyo testimonio puede llevar a sus defendido a la cárcel: "No la rechaza y la guarda en un cajón", explicó el letrado que se preguntó: ¿Esta es la conciencia de la gravedad de lo que dice haber expresado? ¿Cómo es compatible que la guarde en un cajón y no haga nada?".

De esta forma, Ayala ha ataca el testimonio de Verdú como testigo en el juicio, en el que aseguró que rechazó utilizar la tarjeta y que incluso avisó a Rato de las consecuencias de utilizar las black, que son estaban incluidas en su contrato. Según Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), Rato utilizó una tarjeta y entregó otras tres para sortear el límite de 600.000 euros impuesto por ley para los sueldos de los directivos de las entidades rescatadas, como era el caso de la propia Bankia

Para el defensor del expresidente de Caja Madrid y Bankia, que Verdú no gastó con su tarjeta "es un hecho, y que no le dijo lo que dijo que dijo es también un hecho. ¿Realmente es este el testigo de cargo?", se volvió a preguntar de forma retórica el letrado Ignacio Ayala que llegó a calificar al testigo como "estrella".

El letrado de Rato ha apuntado que Francisco Verdú, como consejero delegado, tenía delegadas todas las facultades: "De él dependen toda las unidades que intervinieron en la elaboración y en la dación de la tarjeta. Tenía las capacidades y las facultades delegadas para hacer u deshacer, eso son hechos acreditados", ha completado Ignacio Ayala.

El abogado también ha anunciado al tribunal otros hechos que también consideró probados: "El señor Rato le ofreció una tarjeta, sí, y que fue consciente de que había otras tres. Y que no la rechazó, porque la dejó sobre su mesa. Y que se la devolvió al señor Chozas cuando el señor Rato se fue: esta es la tarjeta que me ha dado el presidente. Que no la usó y que no le dijo nada a nadie. No se lo dice a nadie, ni al que fue su presidente. Ni a los auditores, y silencia la existencia de la tarjeta".

Las conclusiones de la defensa de Rato también han considerado que Francisco Verdú ha cambiado su su versión de los hechos para hacer "seguidismo de la acusación".

El letrado ha repetido las palabras de Rato en su declaración, sobre que las tarjetas en la época de Bankia, durante sólo dos meses, se convirtieron en un "mero instrumento de pago", al mismo tiempo que el exvicepresidente del Gobierno siempre pensó que el dinero que gastó con las tarjetas "había sido objeto de esa liquidación".

Asimismo, Ignacio Ayala ha destacado que su defendido, "de manera inmediata, mucho antes de que existieran la denuncia y el procedimiento, ha sido el primero en devolver de forma íntegra los 54.000 euros que le pidió" Bankia.

En cuanto al periodo durante el que Rato fue presidente de Caja Madrid, su defensa ha resaltado que en el mismo "no entregó ni una sola tarjeta, no ha dado instrucciones, no ha mantenido conversación alguna, no ordenó ninguna renovación, no rebasó el límite y todo permaneció exactamente igual", reseñó el letrado, que ha destacado que su defendido no estuvo involucrado con las tarjetas de Caja Madrid

En este sentido Rato, según ha expresado su abogado en el juicio, tenía un contrato de alta dirección, que incluía un plan de incentivos retributivos: "Y Barcoj le entrega la tarjeta de la presidencia ejecutiva. Rato acepta una tarjeta, como automáticamente se les dio al resto e los consejeros. Se le da y la acepta como uno más", completó el letrado, que ha reclamado la absolución de Rato.

El ex consejero delegado de Bankia y número dos de Rato, Francisco Verdú, puso en evidencia en su declaración como testigo a su antiguo jefe al asegurar que al negarse a utilizar la tarjeta que le dio, este se enfadó con él. Pero incluso le hizo una advertencia personal para que no la utilizara porque podría traerle "consecuencias importantes". Un aviso que, según esta versión, fue premonitorio al acabar el propio Rato acusado de haber cometido los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal.

El segundo testimonio de esta martes que pone una nueva piedra en el camino de las defensas fue la intervención del director de auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, quien fue el responsable de investigar los gastos irregulares realizados con las tarjetas que, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, superaron los 12 millones de euros. Su testimonio, vital para los imputados, fue muy técnico. Pero la conclusión de su declaración de más de seis horas y media fue: los gastos reflejados en la hoja que Bankia y el Frob enviaron a la Fiscalía Anticorrupción no han sido manipulados, sino que reflejan de forma fiel la utilización de los plásticos de los consejeros y directivos procesados.

Estas son, al detalle, las cinco contradicciones de las versiones de Rato y Blesa, que sostienen en esencia que las black eran una parte de sus retribuciones, y por lo tanto no fueron creadas al margen de la legalidad. 

1. Una mala práctica bancaria

Las defensas y las acusaciones habían marcado en rojo la fecha de este martes 11 de octubre. El ex consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, considerado el número dos de Rato, era el primer testigo en sentarse ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su declaración en la fase de instrucción, Verdú había sido muy contundente al explicar los motivos por los que había dicho no a la black: eran "una mala praxis bancaria" porque ese gasto no se reflejaba en su sueldo.

Y por eso era tan importante su testimonio en el juicio oral. El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón abrió el turno, preguntando lo mínimo para que Verdú volviera a repetir los motivos de su negativa. En sintonía, las acusaciones hicieron un interrogatorio breve, cuyo única finalidad era que el testigo repitiera sus conclusiones.

Pero el turno para hacer preguntas pasó a las defensas, que tenían la oportunidad de lograr una contradicción en el relato del que fue número dos de Rato. Y para ello iniciaron interrogatorios que buscaban convencer al tribunal de que Verdú, como jefe directo del ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, podría haber acabado con las tarjetas, pero que sin embargo no lo hizo. Un exconsejero, en una conversación con infoLibre, llegó a calificar a Verdú como "un mentiroso".

Pero el ex consejero delegado de Bankia, lejos de amilanarse, utilizó los ataques de las defensas para dar más datos sobre sus advertencias a Rato sobre las tarjetas. "Se lo dije a Rato y después a Sánchez Barcoj", replicó Verdú, que ante la insistencia de los abogados anunció su intención: "Ahora me voy a extender más".

"No sólo les dije que era una mala praxis y que podía tener consecuencias, sino que le dije a Rato que no usara esa tarjeta, y así se lo repetí al señor Sánchez Barcoj. Yo entiendo que no es una práctica general sino que sólo afectaba a cuatro personas", completó Verdú, en un testimonio que perjudica de forma frontal los intentos de Rato de convencer al tribunal de que las black eran en realidad una parte de las retribuciones de los dirigentes.  

Esta reacción de Verdú alertó al resto de abogados de las acusaciones, que a partir de ese momento modularon las preguntas al número dos de Rato, para evitar que la declaración del testigo perjudicara a sus defendidos. La declaración se cerró poco después, con sin cierto alivio para los letrados de los procesados.

El letrado de Sánchez Barcoj pidió el turno para pedir al tribunal la autorización para querellarse contra Verdú, que minutos antes había asegurado que la firma que aparece en uno de los documentos había sido presuntamente falsificada por el propio Sánchez Barcoj.

2. El auditor de Bankia respalda las hojas de gastos

Durante todas las jornadas en las que los procesados fueron interrogados por el fiscal de Anticorrupción, Alejandro Luzón, la hoja de gastos que Bankia aportó al Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob) y que acabó finalmente en una querella en la Audiencia Nacional fue criticada por los acusados. Unos aseguraban que incluían gastos en países del extranjero en los que nunca habían estado, e incluso el ex secretario general de UGT en la Comunidad de Madrid José Ricardo Martínez llegó a explicar que le habían cargado gastos en El Corte Inglés en Nochebuena, "cuando yo estaba cenando en casa con mi familia".

Incluso los que como el exministro del PSOE Virgilio Zapatero aseguraron que las tarjetas eran para gastos de representación también pusieron impedimentos a la denominada de forma despectiva "hoja excel", al haber sido aportada por Bankia al procedimiento en un documento de este programa informático.

Y para tratar de desacretitar esta prueba, básica para la acusación, los abogados de Blesa, Rato y el resto de procesados trataron de buscar contradicciones en la intervención del director general de Auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, que durante seis horas y medias respondió a las preguntas de los letrados.

El interrogatorio, muy repetitivo y técnico, exasperó a la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, que al cortar las preguntas repetidas de los abogados llegó a decir: "Ya le ha respondido, nos sabemos la respuesta de memoria".

Para defender la legalidad de los gastos incluidos en la hoja, Azaola explicó que una de las trabajadoras de Bankia había guardado en una caja de cartón numerosa documentación, que se refleja, según su versión, de forma fiel en la documentación del caso.

"El informe ha sido escrupuloso con las personas. No hay forma de conocer dato individual de uso de ningún consejero –ha explicado el testigo–. La única información es agregada por conceptos sin otro objetivo que demostrar que no eran gastos de representación y que había algún tipo de irregularidad en los mismos". De este modo rechazaba la postura de los acusados que impugnaron la prueba pericial al entender que se había vulnerado la Ley de Protección de Datos con su difusión.

3. Barcoj contradice la versión de Rato sobre las black de Bankia

El ex director general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj echó por tierra en su interrogatorio en el banquillo de los acusados la versión de Rato de que las tarjetas black durante su etapa como presidente en Bankia eran un mero modo de pago, como si de un cheque bancario se tratara. En su intervención, el exvicepresidente del Gobierno estableció una diferencia entre la etapa de Blesa, en la que aseguró que las tarjetas eran un complemento retributivo, y su etapa en Bankia, en la que los gastos de las black iban, según esta nueva versión de Rato, contra las cuentas corrientes de los directivos y consejeros.

Esta nueva estrategia sorprendió al propio fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que recordó a Rato que en la instrucción no había establecido esta diferencia.

Y pocos minutos después fue el propio Sánchez Barcoj el primero que contradijo esta estrategia de defensa de Rato, al negar esta diferencia con la que Rato trata de eludir cualquier responsabilidad en la creación de las tarjetas en Bankia para cuatro consejeros. 

4. De la Torre dice que eran gastos de representación

Un día antes, el pasado lunes, el ex secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, echó por tierra la estrategia de los exconsejeros de Caja Madrid que habían sido nombrados por los partidos políticos y sindicatos. Estos representantes del consejo de administración han argumentado de forma mayoritaría en sus testimonios ante el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo, que el dinero que gastaban con las tarjetas era una retribución por sus trabajos en la entidad financiera.

Pero De la Torre, que como secretario del consejo era el que asesoraba jurídicamente a los directivos y consejeros, estableció en su declaración una diferencia que perjudica a los exconsejeros, y que también le libera de cualquier responsabilidad penal. Según De la Torre, los directivos como él utilizaban las tarjetas como una parte de su sueldo, mientras que los exconsejeros solo podían utilizar la tarjeta para gastos de representanción.

Pero esta versión no sólo perjudica a los esconsejeros, sino que también contradice los interese de Blesa y Rato, que como máximos responsables de las entidades financieras habrían permitida e incluso propiciado estos gastos presuntamente irregulares.

5. No declararon a Hacienda

Ninguno de los procesados que han explicado sus gastos con las tarjetas como una parte de sus ingresos legales han logrado demostrar al tribunal que han tributado por esas cantidades. En algunas ocasiones, los acusados, muchos de ellos personas expertas en el mundo de las finanzas, han mostrado su convencimiento de que Caja Madrid y Bankia lo hacían, pero en ninguno de los casos lo comprobaron.

En la mayoría de los casos, como por ejemplo el empresario Francisco Javier López Madrid, el yerno de Villar Mir (OHL), aseguró que los datos de Caja Madrid se los daba sin cotejar a su asesor fiscal.

La ausencia de estas cantidades en las declaraciones de la renta de los procesados en un problema en la versión de los expresidentes Blesa y Rato, que han asegurado en sus declaraciones que sus gastos con las black eran sueldo, aunque no tributaran por él. 

El exsecretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, aseguró este lunes en una nueva sesión del juicio por el uso presuntamente fraudulento de las tarjetas black, que repartió algunas de ellas a sus beneficiarios siguiendo las instrucciones que le había dado el exdirector general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj, quien dijo que no era necesario que se justificaran los gastos, informa Europa Press.

A respuesta de las preguntas formuladas por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, De la Torre explicó que efectivamente entregó a algunos exaltos cargos y directivos de Caja Madrid las tarjetas en calidad de secretario general pero ha dejado claro que él desconocía la contabilidad de las mismas y que se ha enterado de su fiscalidad durante este proceso judicial.

"Siempre fue el director de medios el que se encargaba de todas las incidencias", afirmó De la Torre ante el tribunal que dirime si los 65 beneficiarios de las visas incurrieron en delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal por el uso presuntamente fraudulento que hicieron de los plásticos.

Así ha hecho hincapié en que éstos se otorgaron siempre en calidad de gastos de representación y nunca como una remuneración.

Él era "un subordinado"

De la Torre respondió a la casi totalidad de preguntas de su abogado y del Ministerio Público insistiendo en que él era un "empleado, un subordinado" y por tanto "no daba instrucciones a nadie", eludiendo así la responsabilidad que sobre él pusieron algunos de los encausados que, en su turno de palabra, le señalaron como el encargado de la gestión de los plásticos. "Yo ni tenía ni podía tener acceso a las tarjetas. Desconocía el uso que se hacía de ellas", explicó.

El acusado expuso ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que a quienes le preguntaron cuando entregó la tarjeta –como la exconsejera Mercedes Rojo– él les dijo que no era necesario aportar justificante de gastos, pero siempre por orden de lo que le exponía el director general de Medios. Así, dijo que el que determinaba el límite de las mismas y si se incrementaba o no era el presidente de Caja Madrid.

"Neutrales a efectos fiscales"

Luzón también le ha preguntado por el famoso correo que le mandó Jesús Rodrigo su sustituto en la caja en 2009, poniendo en copia a Miguel Blesa bajo el epígrafe de 'Confidencial' y en el que se hacía mención a "las tarjetas black a efectos fiscales" y al respecto De la Torre ha dicho que esa expresión hace referencia a que eran "neutrales a efectos fiscales" y que no tenían repercusión alguna en el IRPF de los consejeros porque no eran entendidas como retribución sino como gastos de representación.

El acusado insistió en que él no ha dado "instrucciones a nadie" puesto que era secretario general y cuando se ha comparado su figura con su antecesor Ángel Montero –fallecido en el año 2000– quiso diferenciar asegurando que de él dependían muchos ámbitos y que en su caso era secretario general "al uso".

"La secretaría general es un órgano de asesoramiento, no tenía funciones ejecutivas", precisó, añadiendo que "en absoluto" tenía facultades de control dentro de Caja Madrid.

Es más, insistió ante el tribunal que solo acudió a la comisión de control cuando se le requería, que era con una frecuencia de dos veces al año.

El acusado, que se enfrenta a una pena de dos años de prisión y multa de 63.000 euros , arremetió contra algunos consejeros que le apuntaban a él como el que se la dio y dijo que solo lo hizo a "algunos" de ellos pero en ningún caso "a ninguno de la Comisión de Control ni directivo" porque a estos últimos se la otorgaban Recursos Humanos. En concreto, desmintió a Arturo Fernández afirmando que es "imposible" que él se la diera.

"Una cuestión delicada"

Por eso, añadió que en las reuniones de las Comisiones de Retribuciones "nunca" se hizo referencia a las tarjetas, ya que, insistió, eran "deducibles y neutrales a efectos fiscales".

De la Torre reconoció que esta cuestión es un asunto "delicado" y hay que llevarlo con "cierta confidencialidad" si bien eso no está reñido con la "transparencia".

De la Torre reconoció que tenía dos tarjetas; una para gastos corporativos y otra retributiva. En el caso de la primera la titularidad estaba al nombre de Caja Madrid y como secretario, no tenía muchos gastos de representación –cargó 320.742 euros– y respecto a la segunda se mostró "convencido" de su legalidad en tanto considera que el importe de la misma se incluía en el certificado de haberes.

La jornada de declaraciones de este martes, la segunda después de que iniciara las comparecencias el otro presidente de Caja Madrid que está en el banquillo, Miguel Blesa, comenzó con un importante cambio en la versión de los hechos por parte de Rato.

Si hasta ahora el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional había mantenido que las tarjetas eran parte de su sueldo, este martes, ante la sorpresa del fiscal Alejandro Luzón, Rato aseguró que desde que él se hiciera cargo de Bankia, en enero de 2010, los plásticos se convirtieron en un simple instrumento de liquidez sobre sus salarios, como si se tratara de un cheque.

"No eran para nada un suplemento [...] eran un mero instrumento de cobro, no era retribución. En Caja Madrid era un complemento aprobado por el comité de retribuciones, y en mi época no era parte de mi paquete retributivo", completó Rato, que de esta forma intenta eludir cualquier responsabilidad en la creación de las Visa.

La buena fe de Bankia

Preguntado por el representante del Ministerio Público en el juicio sobre el motivo por el que en su anterior declaración había apostado por otra versión, la de que los gastos de las tarjetas sí eran parte de sus retribuciones, Rato apuntó hacia Bankia: "Yo tenía una mejor opinión de la buena fe de Bankia. No creo que hubiera declarado lo mismo tras comprobar la buena fe de Bankia", respondió el exministro del PP para poner en duda los datos que facilitó la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri a la Fiscalía Anticorrupción.

El segundo en declarar en el juicio fue el considerado número dos de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj. Y el abogado de la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, no dejó escapar esta primera oportunidad para corroborar la nueva versión del exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar. "A preguntas del fiscal Rato diferenció la presidencia de Miguel Blesa y la de Rato, ¿hubo alguna modificación?", interpeló Herzog, a lo que Sánchez Barcoj respondió que lo único que cambió era el límite de gasto establecido por el Gobierno, que era de 600.000 euros.

Un instrumento de pago

Ya por la tarde, fue el turno del consejero de Caja Madrid a propuesta de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín que en una intervención muy técnica, que exasperó a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, defendió en parte la versión de Rato a costa de contradecir a Blesa. Aunque para ello aseguró que durante todos los años, tanto con Blesa como con Rato, las tarjetas black eran en realidad un instrumento de pago de las remuneraciones de los directivos y consejeros.

El fiscal Luzón también preguntó a Moral Santín sobre su responsabilidad como integrante del comité de retribuciones de Caja Madrid, pero también por el motivo por el que en las actas nunca llegaron a aparecer las subidas de sueldo con las tarjetas. Y el que fuera representante de IU en la caja madrileña apuntó nuevamente a Blesa, al asegurar que era el presidente el que llevaba la propuesta de aumento de las retribuciones, que al final aprobaba el consejo de administración.

Blesa, por su parte, también consideró en su declaración del viernes a las black como una parte de la retribución de los dirigentes de la caja, aunque en todo momento su testimonio se refirió a su etapa de presidente de Caja Madrid, y no en la de Rato.

Hojas manuscritas

Pero en los dos primeros días del juicio de las black también han cobrado gran importancia unos manuscritos vinculados a las reuniones del comité de retribuciones, cuya existencia adelantó infoLibre. En concreto, estos documentos aportan datos sobre las tarjetas que, sin embargo, no aparecen en las actas oficiales, que en ningún momento se refieren a la utilización de las Visa por parte de los consejeros o de los integrantes del comité de dirección presidido por Miguel Blesa.

Para el fiscal Alejandro Luzón, el hecho de que este manuscrito sí hable de las tarjetas mientras que el documento oficial no diga nada, es una muestra del ocultismo de los directivos con los pagos de las tarjetas. Para Blesa es una prueba de lo contrario. De que las retribuciones de los plásticos se aprobaban en la comisión de retribuciones

"Tarjetas: no subir"

La Fundación Caja Madrid, que fue la que aportó estos documentos al caso Bankia, vincula los manuscritos al acta de 18 de junio de 2008, aunque en realidad en el texto el autor, cuya identidad no se facilita, alude "al 25". El 25 de junio de 2008 fue la fecha en la que la comisión de retribuciones mantuvo una segunda reunión.

La comisión de retribuciones de 25 de junio fue presidida por el fallecido Guillermo Marcos Guerrero, representante de los impositores, y contó con la asistencia de José Antonio Moral Santín (IU), Antonio Romero Lázaro (PSOE) y el secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre.

Todos los datos escritos a mano concuerdan con el acta oficial, aunque aportan información que no aparece en el acta oficial de la comisión de retribuciones en relación con las tarjetas B: "Hoy 25", indica el documento, "preside Guillermo. Dietas ordinarias 2008", continúa el escrito, que en una quinta línea especifica: "Tarjetas: no subir", seguido de "Dietas part. bruto 8%".

Asimismo, el fiscal también aludió en su interrogatorio a Moral Santín al informe de gobierno corporativo de Bankia sobre las remuneraciones de los consejeros y directivos en el que no aparece aparece las tarjetas. En concreto, preguntó si no era una forma de ocultar las tarjetas, a lo que el consejero a propuesta de IU aseguró que el informe no fue aprobado por la dirección de la entidad financiera.

No obstante, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no comenzará hasta el día 30 de septiembre a interrogar a los antiguos directivos y consejeros propuestos por PP, PSOE, IU, el empresariado y los sindicatos contra los que hay "méritos suficientes" para exigir responsabilidad criminal por delitos de administración y apropiación indebida. Los interrogatorios se prolongarán hasta el 7 de octubre.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 cerró el pasado diciembre la instrucción al concluir que existen indicios de administración desleal por parte de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el caso del resto de directivos que los utilizaron.

El magistrado afirmó entonces que las tarjetas fueron emitidas "sin respaldo contractual alguno" y usadas para "gastos personales y propios", que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros, aunque la responsabilidad por los gastos comprendidos desde 1999 hasta 2003 ha prescrito.

En el auto del juez Fernando Andreu de apertura de juicio oral, el pasado 1 de febrero, se recogían los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Bankia, BFA y Unión Progreso y Democracia (UPyD), que solicitan penas que oscilan entre los dos y los diez años de cárcel.

La formación magenta, que ejerce como acusación popular, solicita las mayores penas, de diez años de prisión, para Rato, Blesa y el que fuera su 'número dos', Idelfonso Sánchez Barcoj, y de seis para el resto de acusados.

El FROB solicita que Blesa sea condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel, Rato a tres años y Sánchez Barcoj a dos años y nueve meses por delitos de administración desleal y apropiación indebida. Reclama penas de entre seis meses y tres años de cárcel para el resto de acusados por apropiación indebida en grado continuado. Bankia y BFA demandan cuatro años de cárcel para Blesa, tres años para su expresidente Rodrigo Rato y penas, que oscilan entre los tres meses y los dos años de prisión, para el resto. En total, pidieron abrir juicio oral contra 55 imputados, mientras que a once les considera responsables civiles.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, que no atribuye a ninguno de los procesados el delito de administración desleal, solicita penas de entre uno y seis años de cárcel para 66 exdirectivos por cargar 12,03 millones de euros entre 2003 y 2012.

Además, solicita que Blesa sea condenado a pagar una indemnización de 9,3 millones de euros por los gastos que autorizó entre enero de 2003 y enero de 2010 y que Rato abone 2,6 millones por la cuantía de los cargos efectuados entre febrero de 2010 y mayo de 2012.

Lista de penas de Anticorrupción

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción pide las mayores penas para Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros con su tarjeta opaca y se enfrenta a seis años de cárcel; y Rodrigo Rato, que podría ser condenado a cuatro años y medio por el desembolso de 99.054 euros.

También pide penas de cuatro años de cárcel para el exjefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (93.984), Ignacio Navasqües (194.886); los representantes del PP Estanislao Rodríguez-Ponga (255.372 euros), Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (212.216), Alberto Recarte (139.878), Jesús Pedroche (132.193), Mercedes Rojo (119.292), Francisco

José Moure (127.366), Darío Fernández Yruegas (69.802); los propuestos por el PSOE Antonio Romero (252.009), José María de la Riva (208.979), Ramón Espinar (178.399), José María Arteta (138.903), Jorge Gómez Moreno (98.182); el representante de IU José Antonio Moral Santín (456.522); los de CC.OO. Francisco Baquero (266.433), Rodolfo Benito (140.521), Juan José Azcona (99.270), Pedro Bedia (78.151); y el de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.750).

Anticorrupción también reclama tres años de prisión para el ex secretario de Estado José Manuel Fernández Norniella (185.226) y dos años y medio para Luis Blasco (51.580), los consejeros propuestos por el PP Pablo Abejas (246.715), Miguel Ángel Araujo (212.896), Antonio Cámara (177.891), María Carmen Cafranga (175.091), Javier de Miguel (172.752), Cándido Cerón (79.248), Fernando Serrano (78.592), José María Buenaventura (62.932) y Beltrán Gutiérrez (58.022); los del PSOE Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (149.490), Francisco José Pérez Fernández (122.615), José Acosta (62.460); los de IU Rubén Cruz (233.763), Juan Gómez Castañeda (128.000); el nombrado a propuesta de CC.OO. Antonio Rey de Viñas (191.495); los representantes de UGT Miguel Ángel Abejón (109.182), Rafael Eduardo Torres Posada (82.381), así como el representante de la patronal CEIM Alejandro Couceiro (70.160).

Asimismo, la petición de penas de dos años de cárcel corresponde al ex director general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, (575.071 euros); el que fuera director general de Negocio Matías Amat (431.067); el ex director de Organización Ricardo Morado (450.818); Ramón Ferraz Ricarte; Mariano Pérez Claver (379.513); el ex secretario general Enrique de la Torre (320.742); el ex director de Comunicación Juan Manuel Astorqui (292.992); Carlos María Martínez (279.396); la exdirectora de Obra Social Carmen Contreras Gómez (281.737); el exresponsable de Crédito a Empresas Carlos Vela García (249.202); el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (235.817); y Ramón Martínez Vilches, de la Dirección de Riesgos (102.326).

También pide dos años para la consejera del PSOE María Enedina Álvarez Gayol (47.012) y el exsecretario general de UGT-Madrid José Ricardo Martínez (44.154); mientras que solicita un año y medio para el exconsejero socialista Virgilio Zapatero (35.988) y los integrantes de la patronal Arturo Fernández (37.326) y Francisco Javier López Madrid, de CEIM (34.807).

Por su parte, solicita un año y medio de cárcel para el representante del PP Manuel José Rodríguez González (37.134); el representante del PSOE Santiago Javier Sánchez Carlos (46.399); y el consejero propuesto por IU Gabriel Moreno (20.472).

Las menores penas, de un año de cárcel, Anticorrupción solicita que sean impuestas sobre Luis Gabarda (139.707) y los representantes del PP Juan Emilio Iranzo (46.848), Miguel Corsini (46.648) y y Jorge Rábago (8.041).

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha logrado sortear por segunda vez in extremis la oposición de la Fiscalía Anticorrupción a investigar la gestión de los créditos hipotecarios concedidos por la Caja Madrid de Miguel Blesa a minoristas, según consta en un auto de 6 de junio, al que ha tenido acceso infoLibre.

Sin embargo, el juez no podrá superar en su investigación el plazo de 18 meses, en concreto hasta el 6 de diciembre de 2017, ya que ese es el periodo establecido por el Gobierno del PP tras la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en 2015 en el que fijaba los plazos máximos para llevar a cabo unas pesquisas judiciales. La nueva redacción de la Ley pone en manos de los fiscales la responsabilidad de acordar la complejidad de las investigaciones, que no pueden exceder los 18 meses de instrucción.

Para poder mantener las pesquisas sobre la gestión hipotecaria de Blesa, que el fiscal se ha negado a declarar complejas, De la Mata ha tenido que recurrir a un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), en concreto el 324.4, que establece una excepción a la obligación del Fiscal a decretar la ampliación de los plazos de la investigación.

18 meses de prórroga

Este punto permite al juez establecer una prórroga de hasta 18 meses si "alguna de las partes personadas" lo solicita. Y por eso el pasado 30 de mayo, De la Mata firmó una providencia en la que pedía al fiscal y a la acusación de la asamblea Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ-15M), que reivindica sus orígenes en el Movimiento 15M, que dieran su opinión sobre la posibilidad de ampliar los plazos de investigación.

Y ahí de nuevo el Ministerio Público rechazó ampliar la investigación, ya que considera innecesario calificar un caso como complejo cuando no quiere que permanezca abierta, por lo que las pesquisas no podrían superar los seis meses de instrucción. Por el contrario, De la Mata sostiene en su auto que resulta "evidente la complejidad de la investigación de la causa".

Sin embargo, la asamblea Tribunal Ciudadano de Justicia, que fue la que interpuso la querella contra Blesa y una parte de su equipo, sí consideró necesario ampliar las pesquisas hasta el máximo permitido por la ley, que es de 18 meses. Y este escrito de la acusación ha permitido finalmente al juez De la Mata sortear el rechazo del fiscal, que en ningún momento ha visto delito en la actuación del comité ejecutivo de Caja Madrid.

Reabrir el caso

El juez admitió a trámite el pasado marzo una querella contra el expresidente de Caja Madrid y una veintena de responsables de la entidad, por la concesión de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo. La denuncia apunta a que los dirigentes de la caja permitieron "el falseamiento y ocultación de cuentas" mediante la práctica de inflar estos créditos y concederlos sin garantías reales de devolución.

Por su parte, Blesa ha defendido en un escrito presentado en la Audiencia Nacional que la causa debe archivarse. Además de cargar contra los querellantes, acusa al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional de haber reiniciado el procedimiento en 2014 de forma indebida.

El magistrado, que ya tuvo que reabrir el caso con la oposición del Ministerio Público, justificó su decisión de impulsar las pesquisas en las conclusiones de un informe del Banco de España, de 20 de julio de 2009Banco de España, aportado por la acusación. Este documento, que fue reclamado por el juez al organismo regulador, daba cuenta de irregularidades en Caja Madrid en relación con los créditos condedidos a minoristas, especialmente a la población inmigrante.

También aquí el fiscal puso piedras en el camino de la investigación del juez, ya que también recurrió esta última petición de De la Mata, que fue posteriormente refrendada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Así, el Banco de España constata en el informe que en la entidad madrileña hubo "una deficiencia en la información sobre la capacidad de pago del acreditado, lo que ha derivado en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explican la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema".

Asociación ilícita y estafa

El documento del Banco de España ha servido al juez De la Mata para imputar a Blesa; a su número dos en Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj; al gerente de riesgos, Ramón Martínez Vílchez, y al director general de Tasaciones Madrid SA Ignacio de Navasqués, los delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita. Una de las principales acusaciones del regulador a la gestión de Blesa es que las tasaciones que realizaban en la entidad solían ser "notoriamente superiores a las establecidas posteriormente".

Por su parte, Blesa ha acusado a Podemos de "articular de forma artificial" la querella que ha provocado que la Audiencia Nacional investigue la concesión, por parte de la caja, de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo. Asegura que la intención del partido liderado por Pablo Iglesias era la de sacar "rendimiento político" del proceso judicial.

Audiencia mediática

El escrito de Blesa, adelantado por Europa Press, también asegura que el presidente del Consejo de Administración de una entidad financiera del volumen de Caja Madrid "no tiene intervención alguna en asuntos" como la concesión de hipotecas. "Resulta evidente sin que ello suponga petulancia ni afán elusivo", agrega. En su opinión, la única razón por la que se dirige la querella contra alguien "ajeno a los hechos" es "abusar del procedimiento penal" para obtener "una enorme audiencia mediática".

De la Mata ya ha respondido a Blesa al que recuerda que la Fiscalía --que siempre se ha opuesto a investigar estos hechos-- "no tiene el monopolio de la acción penal". Y agrega que existen mecanismos para evitar "actuaciones procesales espurias" como la que denuncia el exbanquero. La continuidad de la causa está en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Hasta la decisión de De la Mata, que se ha conocido en un auto de 29 de marzo, Blesa había sido procesado por las tarjetas blacktarjetas black, por lo que enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel. El expresidente de Caja Madrid también está imputado por los sueldos irregulares de la entidad y por las preferentes. Blesa fue exonerado por el caso del Banco de MiamiBanco de Miami.

El documento del organismo regulador del sistema financiero, de fecha 20 de julio de 2009, y al que ha tenido acceso infoLibre, da cuenta de que en estos años en la entidad madrileña hubo "una deficiencia en la información sobre la capacidad de pago del acreditado, lo que ha derivado en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explican la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema".

Estafa y asociación ilícita

Y el principal de estos defectos, que sirven al juez De la Mata para imputar a Blesa; a su número dos en Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj; al gerente de riesgos, Ramón Martínez Vilchez, y al director general de Tasaciones Madrid SA Ignacio de Navasqués, por los delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita, es que las tasaciones realizadas "suelen ser notoriamente superiores a las establecidas por las tasaciones que se realizan posteriormente".

Esta situación, prosigue el informe del Banco de España, hace que se sobrevalore el activo en el momento de su registro y correlativamente se infravalore la pérdida por riesgo de crédito.

El magistrado ha actuado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que se había opuesto a la admisión de la querella argumentando, entre otras razones, que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada y que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.

Política comercial "agresiva"

Asimismo, el regulador llega incluso a calificar la política comercial de Caja Madrid como "agresiva", lo que unido a "la ausencia de unas políticas claras respecto a la concesión" de las mismas ha motivado que en los ejercicios 2006-2008 el peso de las operaciones que habría que haber rechazado "ha venido aumentando". Además, considera que la dirección de la entidad madrileña tardó "excesivo tiempo en reaccionar ante el problema detectado ya en 2006".

Y como ejemplo de estas malas prácticas, el Banco de España cita la denominada Hipoteca Segura, en la que hay un mayor riesgo legal de que los clientes no cumplan los requisitos: "No se ha realizado ninguna actuación pese a las deficiencias detectadas. Se sigue comercializando por red a minoristas por lo que podría representar un riesgo reputacional y legal para la entidad".

Y también el regulador detectó que "en numerosas operaciones" los titulares del crédito y sus garantes mantienen avales cruzados en otras operaciones hipotecarias en la caja de ahorros.

Una garantía solo formal

Asimismo, "y como tónica general", según el regulador, las unificaciones de deudas iban hasta 480 meses, "pero en muchos casos el ratio de dinero prestado por la caja supera el 100% de la tasación con lo que la ganancia de garantía es solo formal ya que se mantienen las tasaciones originales, realizadas en pleno auge inmobiliario y por tanto sobrevaloradas".

El informe del Banco de España es uno de los elementos que, según el juez José de la Mata, "sustentan muy indiciariamente" las afirmaciones realizada en la querella: que la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid SA, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos; y que al abrigo de estas sobretasaciones se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100% del precio de compraventa de los inmuebles hipotecados. Pero también que se concedían préstamos hipotecarios de 20 o más años a personas extranjeras con permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez.

Durante este período los imputados, según la querella, habrían permitido el falseamiento y ocultación de las cuentas de la entidad, mediante la práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieran haberse concedido.

Permisos temporales

Estas prácticas "habrían servido a los querellados para garantizar indebidamente emisiones de cédulas y bonos hipotecarios que emitieron y aumentaban su liquidez", completa la querella.

Blesa y el resto de imputados, siempre según los querellantes, tenían bajo su dependencia a los órganos de la entidad y de las empresas del grupo implicadas, entre ellos el consejo de administración y la comisión ejecutiva, así como la entidad de tasación, Tasaciones Madrid, desde donde se llevó a cabo la práctica sistemática de valorar los inmuebles objeto de hipoteca por encima del precio de mercado.

Y también los querelllados dominaban la dirección general Financiera y de Medios, de la que dependía la gerencia de Riesgos, que tenía encomendado el análisis de la viabilidad de la concesión de los préstamos; "y omitieron informar a los distintos órganos de control y a la asamblea general de la entidad sobre las prácticas estratégicas seguidas, actuado en definitiva en contra de los intereses de la entidad y a favor de los suyos propios o de terceros", completa la querella.

infoLibre se ha puesto en contacto con Bankia, que no ha querido realizar ningún comentario de un procedimiento que está abierto en los tribunales.

El titular del Juzgado Central número 5 comenzará la instrucción con la declaración como investigados del entonces presidente Miguel Blesa; a su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj como responsable de la Dirección General Financiera y de Medios; al exgerente de riesgos, Ramón Martínez Vilchez y al ex director general de Tasaciones Madrid, Ignacio de Navasqués.

Además, el juez requiere a Bankia, como sucesora de Caja Madrid, que le certifique quienes integraban entre 2003 y 2009 el consejo de administración de la entidad, la comisión ejecutiva, la comisión de control, la dirección general financiera y de medios y la gerencia de riesgos.

La querella relata las conductas acontecidas en Caja Madrid entre 2003 y 2009, en el período anterior al estallido de la crisis y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, en relación con lo que los querellantes califican de "práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido".

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la admisión de la querella argumentando, entre otras razones, que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada y que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.

En su auto el juez argumenta que procede investigar esas conductas de la querella y que de tener relevancia penal, encajarían en delitos que son competencia de la Audiencia Nacional en tanto que esos hechos habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes y haber producido pérdidas millonarias a la entidad.

El juez añade en su auto que la sobrevaloración de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, aunque esta cuestión "no puede sin embargo justificar cualquier práctica".

Después de incorporar un informe de la inspección del Banco de España el magistrado concluye que en esta fase inicial se sustenta indiciariamente que la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos; "que al abrigo de estas sobretasaciones se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100% del precio de compraventa de los inmuebles hipotecados; que se concedían préstamos hipotecarios de 20 o más años a personas extranjeras con permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez; y, por ende, que debido a estos factores derivaron en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explicaron la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema y, subsiguientemente, la acumulación de pérdidas para la entidad".

En relación con las mencionadas pérdidas el juez recuerda la posición destacada de Bankia en el mercado financiero español, que llegó a tener millones de clientes y un negocio crediticio de 186.000 millones euros, así como el impacto que ha originado en el sistema económico español su situación financiera, " y los miles de millones de caudales públicos que han debido de ser inyectados en la misma para sanearla".

Para iniciar la investigación el juez requiere a Bankia numerosa documentación, entre otras los documentos sobre su política de scoring o sistema de evaluación ante las solicitudes de préstamos en los años cuestionados, así como informes de tasaciones realizados por Tasa Madrid.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha justificado el aumento en la retribución de los directivos de Caja Madrid llevada a cabo en 2008 aludiendo a un incremento en paralelo de las funciones de sus nueve miembros, han informado fuentes jurídicas al término de su declaración en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid.

Blesa y el exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj han sido interrogados este miércoles en calidad de investigados por la juez de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, en relación con la causa por los sobresueldos irregulares que según el FROB causaron un perjuicio económico de 14,8 millones de euros. Tras la declaración de ambos, la juez no ha acordado medidas cautelares.

El expresidente de Caja Madrid ha justificado la decisión de aumentar la retribución entre un 16 y un 26% del sueldo fijo en 2008, lo que implicaba mantener la masa salarial de un año anterior a pesar de que, entre medias, el comité de dirección pasó de diez a nueve miembros.

Según su versión, estos nueve directivos asumieron mayores funciones, algo que no ha sido corroborado por el otro investigado, Sánchez Barcoj, quien ha mantenido ante la juez que las funciones no se reordenaron tras la reducción de miembros con la salida de Ramón Ferraz Ricarte.

Las citadas fuentes presentes en la declaración han señalado que Blesa no ha aportado ningún documento interno salvo un acta de la comisión de retribuciones de Caja Madrid del 10 de octubre de 2008, es decir, posterior a la decisión de aumentar el sueldo de los directivos. Blesa ha declarado por espacio de hora y media, unos quince minutos más que Sánchez Barcoj. Este último se ha limitado a defender que tenía un papel secundario en Caja Madrid, ya que, como director financiero, formó parte de la comisión de retribuciones pero no del consejo de administración. También ha revelado que entre los directivos de la entidad había discrepancias por la opacidad de criterios a la hora de asignar por parte de Blesa una mayor o menor subida del sueldo.

El expresidente de Caja Madrid ha evitado cruzarse con un grupo de unos treinta preferentistas que protestaban desde primera hora de la mañana en la puerta principal de los Juzgados de Plaza de Castilla al usar, tanto a la entrada como a la salida, el garaje de los juzgados. Además, ha estado acompañado por varios agentes de la Policía y de la seguridad privada de estos juzgados.

La Fiscalía Anticorrupción denunció en enero de 2015 el perjuicio económico que presuntamente habían provocado Blesa y Sánchez Barcoj a las cuentas de Caja Madrid por el cobro por parte de altos directivos de "percepciones excesivas". En algunos casos, no existió constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno.

Tras varios retrasos, Anticorrupción insistió en que este asunto debía investigarse de forma autónoma a la causa que el juez Fernando Andreu lleva en la Audiencia Nacional sobre el 'caso Bankia' y que se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010, bajo la presidencia de Miguel Blesa.

La letrada de la acusación particular en representación de Manos Limpias ha pedido este miércoles mayor diligencia por parte de la Fiscalía y ha apuntado a que la causa de los sobresueldos en Caja Madrid merece que se citen a otros tantos exdirectivos como Ramón Ferraz Ricarte o Enrique de la Torre.

Protesta de preferentistas

Un grupo de preferentistas ha protestado desde antes de las nueve de la mañana en la puerta central de los Juzgados de Plaza de Castilla coincidiendo con la declaración deMiguel Blesa y el exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj, según ha podido saber Europa Press.

Blesa ha evitado la entrada por la puerta principal al acceder por el garaje de los Juzgados poco antes de las nueve de la mañana. A esa hora, una treintena de ahorradores de Caja Madrid portaban pancartas contra Caja Madrid y Bankia y coreaban consignas como "¡Fuera los ladrones de las instituciones!".

Sánchez Barcoj ha accedido a la sede judicial veinte minutos antes de las once de la mañana, cuando estaba fijada su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 45.

Miguel Blesa ya ha iniciado su estrategia de defensa contra la acusación de la Fiscalía Anticorrupción por haber aprobado subidas de sueldos ilegales de sus directivos y cuantificadas en 14,8 millones de euros.

Y para eso el expresidente de Caja Madrid, que junto a su número dos en la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, ha sido citado el próximo 24 de febrero a declarar como investigado (imputado) en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, pretende demostrar que él no era el responsable de las subidas de sueldo denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Así, el expresidente de la entidad financiera madrileña ha reclamado al magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Bankia, Fernando Andreu, las actas de las reuniones de la Comisión de Retribuciones de la desaparecida entidad financiera madrileña.

"Interesamos el testimonio de las actas de las reuniones de la Comisión de Retribuciones de Caja Madrid con sus correspondientes anexos, incluyendo las notas manuscritas remitidas", indica el escrito firmado por el abogado Ignacio Aguilar en representación de Blesa, y que trata de obtener unos documentos que probarían la responsabilidad de este organismo en la subida de sueldos investigada por Anticorrupción.

Blesa y Rato, procesados

El expresidente de Caja Madrid, que junto a su sucesor en la entidad Rodrigo Rato ha sido ya procesado por el caso de las tarjetas blackblack, hace referencia a los documentos cuya existencia adelantó infoLibre. En ellos, se muestra que los integrantes de la Comisión de Retribuciones negociaban las subidas de los sueldos que la Fiscalía considera ilegales.

Entre los documentos aportados por la Fundación Caja Madrid al juez Andreu sobre las tarjetas black, y que ahora reclama Blesa, e incluye un manuscrito fechado el 18 de junio de 2008, fecha en la que se celebró una reunión de la Comisión de Retribuciones. Con el encabezado por "C. Retribuciones", también se puede leer: "Guillermo, ausente. Preside: ARomero". En referencia a Guillermo Marcos Guerrero y Antonio Romero. Pero el texto aporta otros datos, como por ejemplo "incremento" y "4,5%". Pero también "7.942 en 2007" y "8.300 en 2008-9". Guillermo Marcos Guerrero, representante de los impositores de la caja falleció hace varios meses.

Tal y como adelantó infoLibre, los correos de Blesa apuntaban a que siete directivos y consejeros de Caja Madrid controlaban estas tarjetasCaja Madrid. Estas eran, además del presidente Miguel Blesa, sus dos hombres de confianza: el director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, y el secretario general, Enrique de la Torre; los tres integrantes de la comisión de retribuciones (José Antonio Moral Santín (IU), Antonio Romero (PSOE) y Guillermo Marcos), y el consejero a propuesta del PP Estanislao Rodríguez-Ponga.

Estanislao Rodríguez-Ponga

Aunque Rodríguez-Ponga no formaba parte de la Comisión de Retribuciones de forma oficial, un correo de Blesa llega a asegurar que sí había participado en una reunión "no oficial", en la que iban a hablar "de sus cosas, imagino que dieta de participadas", según consta en un mensaje de 18 de julio de 2007. Fuentes cercanas a Rodríguez-Ponga consultadas por este diario negaron que éste hubiera participado en la Comisión de Retribuciones.

El correo electrónico mencionado alude a que en la reunión de la Comisión de Retribuciones de 18 de julio de 2007 abordarían datos tales como los diferentes pagos, "y la tarjeta de consejeros". En esa cita, los representantes en Caja Madrid del PP, PSOE e IU aprobaron aumentarse las retribuciones por dietas y por las tarjetas B el mismo día en el que acordaron una subida del 8% del sueldo de Blesa y su equipo, que pasaron a cobrar 7,37 millones anuales.

Otro correo electrónico de Enrique de la Torre, de 1 de septiembre de 2009, y que sirvió para iniciar la investigación sobre las tarjetas black, confirma que la Comisión de Retribuciones era la responsable de la asignación de las retribuciones: "Quede claro, ante todo, que el tema es competencia de la Comisión de Retribuciones para todo el Grupo, incluidos consejeros y directivos de primer nivel".

El FROB y la Fiscalía

El caso de las subidas de sueldo en Caja Madrid se inició después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) remitiera a la Fiscalía un expediente sobre los sueldos de la alta dirección de Caja Madrid, que incluía un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros.

Estas posibles irregularidades se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010. Tras la revisión de estas operaciones, el FROB encargó un estudio forensic a terceros independientes para analizar eventuales responsabilidades de administradores y directivos de la entidad.

Colectivo Xnet

Según el informe, un total de 26 directivos de Caja Madrid y Bankia percibieron hasta 5,2 millones en total en concepto de "gratificaciones extraordinarias, liquidación de vacaciones, exceso de aportaciones en concepto de vivienda y seguros médicos", indica un dossier de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que Anticorrupción incluyó en su denuncia contra Miguel Blesa y sus ejecutivos.

El trabajo del colectivo ciudadano Xnet ha jugado un papel importante en la investigación y difusión de los correos secretos de Blesa. Y precisamente el contenido de estos mensajes ha inspirado ya dos procesos judiciales: el de las tarjetas black y ahora el caso de los sueldos de la cúpula de Caja Madrid.

A un paso del banquillo de los acusados. Así sitúa a Rodrigo Rato y a Miguel Blesa un escrito remitido por Bankia este martes 12 de enero al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en el que la entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri concluye que los dos expresidentes de Caja Madrid eran los directivos que "impartían las indicaciones" sobre las tarjetas black de la entidad financiera madrileña.

Según la Fiscalía, los directivos y consejeros de la entidad financiera realizaron gastos sin control y con cargo a Caja Madrid más de 15 millones de euros en diez años. Y este nuevo documento de Bankia se opone a los recursos interpuestos por diferentes acusados, que tratan de impedir que Andreu les envíe de forma definitiva al banquillo.

El documento de Bankia, que pide al juez Andreu que confirme su decisión de finalizar la investigación y acusar a los 66 beneficiarios de las Visa opacas por los delitos de administración desleal o apropiación indebida, dibuja una pirámide de responsabilidades. Y en la cúspide de la misma estarían tanto Rato como Blesa.

Correos de Blesa

Precisamente, un correo electrónico enviado por el entonces secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre a Miguel Blesa, fechado el 9 de enero de 2007 y publicado por infoLibre, prueba que el expresidente de Caja Madrid negoció con varios de sus consejeros subirles el sueldo a través de las tarjetas de créditotarjetas de crédito. 

"Yo le he comentado que, en efecto, es verdad que el presidente está viendo la manera de mejorar a los consejeros con más dedicación –lo que tendría que ser vía tarjeta o dietas en participadas– dejando las dietas de la Caja con su incremento normal en la Asamblea", resalta De la Torre a Blesa en el email.

Según la entidad financiera, que al estar personada presentará en los próximos días un escrito de acusación, los dos ex presidentes ejecutivos de Caja Madrid eran los que "impartían las indicaciones" al entonces director general Financiero y de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, que se situaría tan solo un peldaño por debajo de Rato y de Blesa.

Barcoj gestionaba las blackblack

Tal y como apunta el correo electrónico de Blesa, y constata el escrito de Bankia, Sánchez Barcoj gestionaba las black "de forma separada", al mismo tiempo que "era el que daba las instrucciones, a través de sus secretarias, al Departamento de tarjetas acerca de su emisión, anulación, ampliaciones del límite disponible, instrucciones sobre su entrega física, sobre la posibilidad o no de disponer de efectivo". Bankia recuerda también que Sánchez Barcoj "firmó los contratos correspondientes a las tarjetas desde septiembre de 2002 hasta febrero de 2012".

El escrito abunda en las responsabilidades de otros directivos clave, en concreto del secretario general, Enrique de la Torre, que en un correo electrónico denominó a las Visa "black (negro), a efectos fiscales: "En algunas ocasiones fue él [Sánchez Barcoj] quien entregó materialmente las tarjetas a sus beneficiarios y, por lo que respecta a Caja Madrid, en la mayoría de los casos fueron materialmente entregadas a sus beneficiarios por su secretario general, Enrique de la Torre, a sabiendas de su naturaleza ilícita, pues carecían de cobertura legal, estatutaria o contractual ni de aprobación de órganos de gobierno de la caja de ahorros".

Los beneficiarios de las tarjetas las utilizaron para gastos de carácter personal completamente ajenos a sus funciones en las entidades, indica Bankia en su escrito, que especifica los gastos: "Fueron utilizadas en restaurantes y bares, desplazamientos y viajes, hoteles, compras en grandes superficies, tiendas de ropa y complementos, alimentación, joyas, obras de arte, farmacia, equipos deportivos, enseres domésticos, libros, etc".

Fines de semana

Y estos gastos se realizaron "en muchas ocasiones en fines de semana, festivos o época de vacaciones. Algunos de los beneficiarios también utilizaron las tarjetas para la disposición de dinero en efectivo en cajeros automáticos o ventanilla de una sucursal (en concreto 2.938 retiradas de fondos por un total de 1.976.171 euros en Caja Madrid y 138 retiradas de fondos por 74.960 euros en Bankia)", completa la acusación de la entidad financiera de capital público.

Bankia apunta otras características de las Visa, que fueron emitidas "al margen del circuito establecido [...] y no formaban parte de los sistemas de retribución de consejeros ni de directivos de Caja Madrid o Bankia". Por eso, el escrito de la entidad de Goirigolzarri constata que "en ningún caso" los gastos realizados con cargo a los plásticos formaban parte de su retribución.

Fernández Norniella

Y el documento aporta nuevos datos acerca de las tarjetas emitidas por Bankia, bajo la presidencia de Rodrigo Rato: "Las correspondientes a José Manuel Fernández Norniella y a Ildefonso Sánchez Barcoj fueron otorgadas con posterioridad a la publicación del Real Decreto 2/2012 de saneamiento del sector financiero, cuyo artículo 5 estableció límites a las remuneraciones del consejeros y directivos de las entidades que hubieran recibido apoyo financiero público", como fue el caso de Bankia.

"Y ello sin que nada estuviera previsto en el sistema de remuneraciones, ni conste al efecto acuerdo alguno adoptado por órgano de gobierno competente en relación con las tarjetas", completa el documento de Bankia que se opone a los recursos de varios exconsejeros de la entidad financiera.

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de finalizar la instrucción del escándalo de las tarjetas black ha dado paso a la disputa entre dos pesos pesados de la cúpula de desaparecida Caja Madrid sobre la responsabilidad del control del gasto de 15,5 millones de euros que realizaron los exdirectivos y exconsejeros. Los exdirectivos enfrentados por el descontrol de la Caja, que tras su fusión con Bancaja y otras entidades financieras de menor tamaño se convirtió en Bankia, son el exconsejero Estanislao Rodríguez-Ponga y el ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre.

De la Torre ha presentado este jueves ante el instructor un escrito de alegaciones en el que asegura que Rodríguez-Ponga, como primer responsable de la Asesoría Fiscal de Caja Madrid, tuvo que conocer la operativa de las tarjetas opacas. Antes, el ex secretario de Estado de Hacienda había asegurado que De la Torre, al que calificó de "máximo representante fiscal de Caja Madrid" no advirtió de las consecuencias fiscales del uso de las Visa.

En concreto, la disputa se inició con el recurso de reforma presentado el 28 de diciembre por Rodríguez-Ponga, que al igual que De la Torre está imputado en la pieza separada de las tarjetas black. Y en este escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, el representante del PP en el consejo de administración de Caja Madrid aseguraba, en relación al Impuesto de Sociedades de Caja Madrid de 2003, que De la Torre "no informó al consejo del resultado ni de las consecuencias de esta inspección, ni de la situación tributaria de las remuneraciones satisfechas a través de las tarjetas de crédito".

El recurso de Rodríguez-Ponga considera que De la Torre, que en uno de sus correos enviados a Miguel Blesa las llegó a denominar black, tendría que haber informado al consejo, ya que "era secretario general de la caja", y por tanto "letrado asesor del consejo, secretario del consejo y máximo representante fiscal de Caja Madrid".

"Revisar la operativa"

La respuesta de De la Torre la contiene un escrito de este jueves, que recuerda que Rodríguez-Ponga fue el máximo responsable de la Asesoría Fiscal de Caja Madrid entre 1997 y 1999, antes de ser nombrado director general de Tributos (2000-2001) y secretario de Estado de Hacienda (2001-2004) del Gobierno del PP de José María Aznar: "Siendo el primer responsable de la Asesoría Fiscal, hemos de entender que el señor Rodríguez-Ponga tuvo que revisar toda la operativa fiscal de la Caja, entre ellas la fiscalidad de todas las tarjetas que antes llevaba el departamento de Contabilidad", espeta De la Torre.

Pero el exsecretario general de Caja Madrid también apunta a las responsabilidades de Rodríguez-Ponga en su etapa de secretario de Estado de Hacienda: "Y en tal condición, presidente de la Administración Española de Administración Tributaria, siendo Rodrigo Rato vicepresidente y ministro de Economía del Gobierno", especifica el escrito, que destaca que su defendido "no fue máximo responsable fiscal de Caja Madrid", tal y como asegura también Rodríguez-Ponga en su recurso contra la decisión del juez de finalizar la instrucción.

"Sin un contencioso"

De la Torre sostiene, además, que el acta del Impuesto de Sociedades de 2003, al que alude Rodríguez-Ponga en su defensa, "se firmó en 2006 de conformidad con las autoridades fiscales, sin abrir ningún contencioso o debate que justificase llevar el cierre de dicha inspección al orden del día del consejo de administración". Y según el ex secretario general de Caja Madrid, "la Inspección [de Hacienda] conoció y avaló, las partidas de estas cuentas hoy cuestionadas".

Asimismo, el abogado de De la Torre trata de eludir cualquier responsabilidad de su defenido, y asegura que a lo largo de la inspección de Hacienda de las cuentas de Caja Madrid, los representantes de la Agencia Tributaria "no se entendieron nunca con De la Torre, sino con responsables del departamento de Contabilidad, con Antonio López Poza, director de Gestión Tributaria de la Caja o, en su caso, con los directores de la Asesoría Fiscal de la Caja".

"No era responsable legal"

El escrito indica, también, que la secretaría general no era la responsable legal "de la obligación de retener. Hemos de reiterar que la secretaría era un órgano puramente consultivo y no de gestión". Y después, el abogado de De la Torre apunta a otro de los imputados. Ildefonso Sánchez BarcojIldefonso Sánchez Barcoj: "El abono de los salarios y el cálculo de las oportunas retenciones fiscales correspondían a la dirección de Recursos Humanos, que dependía de la dirección de Medios", que ocupó varios años el propio Barcoj.

Según De la Torre, la Asesoría Jurídica, que dependía de él, "nunca recibió consulta ni se le requirió informe u opinión legal en relación a cómo se estaban llevando a cabo las retenciones, ni desde un punto de vista jurídico ni estrictamente fiscal; ninguna duda o aclaración le fue requerida por parte de los responsables de Medios (ni tampoco por parte de algún perceptor de tales remuneraciones que, eventualmente, tuviera dudas respecto a la fiscalidad de sus cobros)".

El 30 de diciembre de 2014 el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) hizo pública su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su equipo habría cobrado, presuntamente de forma indebida, 14,8 millones de euros. En concreto, solo Blesa percibió 2,73 millones de indemnización en 2010, cuando dejó la entidad financiera en manos de Rodrigo Rato.

Y poco después, la Fiscalía Anticorrupción trasladó esta denuncia a los juzgados de Instrucción de Madrid. Por reparto, el caso cayó en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 45 de la capital, Raquel Fernandino Nosti, que desde entonces no ha llamado a declarar como imputados a ninguno de los directivos de Caja Madrid que cobraron un total de 71 millones de euros entre 2007 y 2010.

La Fiscalía Anticorrupción en su denuncia reclamó a la jueza que citara a declarar a Blesa y a su número dos, Ildefonso Sánchez BarcojIldefonso Sánchez Barcoj, por asignarse el primero una indemnización de 2,73 millones abonada en 2010. Anticorrupción les hace responsables de los sobresueldos derivados del expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de la entidad que le fue remitido en diciembre por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El FROB había detectado presuntas actuaciones irregulares en las políticas retributivas de los equipos de Blesa y de Rato, y por eso encargó a la consultora Price WaterhouseCoopers (PwC) que realizara un informe forensic sobre estos ingresos, que saltaron a la luz pública gracias a los correos electrónicos filtrados por el colectivo activista ciudadano Xnet.

14,8 millones 

Las conclusiones de este documento, cuyos autores consideran que Blesa, entre 2007 y 20010, y Rato, durante unos pocos meses de 2010, habrían aprobado subidas de sueldos irregulares por un valor de 14,8 millones.

El documento elaborado por PwC incluye también varios de los correos electrónicos de Blesa publicados por infoLibre. Como por ejemplo, los relacionados con la indemnización millonaria que recibió el secretario general de Caja Madrid, considerado el número tres de Blesa, Enrique de la Torre.

Esta redacción publicó que De la Torre y Blesa camuflaron parte de la indemnización de 2,8 millones de euros mediante un crédito ventajoso. Además, el informe forensic señala que en 2009 se pagaron 2,89 millones al exsecretario del consejo de la Caja Madrid Enrique de la Torre de "manera irregular", parte por el reconocimiento de conceptos no aplicables y parte como consecuencia de haber tomado como base para el cálculo de la indemnización la retribución incrementada "indebidamente" en 2008. En total, el perjuicio provocado en la indemnización de De la Torre y el propio Blesa habría superado los 9,1 millones.

Ricardo Morado

Entre las posibles irregularidades detectadas también se encuentra el pago en 2010 de 1,96 millones al exdirector de organización de Caja Madrid Ricardo Morado por su cese, "sin que se haya podido acreditar el carácter forzoso de su baja, y que no se deberían haber pagado en el caso de que el cese hubiera sido voluntario". Morado fue el tercer directivo de Caja Madrid que más dinero gastó con la tarjeta black: 360.000 euros.

Las investigaciones del FROB también señalan que en marzo de 2011 la Fundación Caja Madrid pagó a Rafael SpottornoRafael Spottorno una indemnización de 232.500 euros y una compensación por la renuncia de dicha entidad al período de preaviso de 40.625 euros, y describe "dudas sobre si el cese de la relación se produjo o no a iniciativa del interesado".

Ahora bien, el organismo dependiente del Ministerio de Economía subraya que Spottorno no fue nombrado como directivo de BFA cuando fue disuelto el comité de dirección de Caja Madrid, con lo que asegura que "es razonable pensar" que pudo existir un acuerdo entre la entidad y este alto directivo para prescindir de sus servicios, en cuyo caso no habría habido ninguna irregularidad en la percepción de la indemnización.

Cuatro actuaciones

Anticorrupción indica que los cuatro tipos de actuaciones concretas analizadas en el informe remitido por el FROB, en las cuales se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de "percepciones excesivas", podrían ser constitutivos de un delito societario de administración desleal.

En este sentido, se señala a Blesa, al igual que a Sánchez Barcoj, como responsable de individualizar las retribuciones fijas en Caja Madrid y su "conocimiento y reconocimiento" del modo de fijar los sueldos variables de la alta dirección, del exceso de las aportaciones al plan de pensiones como "gratificación extraordinaria" y de los pagos indebidos con el cese de Enrique de la Torre.

La jueza deberá determinar los posibles delitos fiscales cometidos por los directivos en las subidas de sueldos que llegaron a ser de casi un 27% en un año. Como por ejemplo es el caso de la gerente de la Obras Social María del Carmen Contreras, que pasó de cobrar como retribución fija en 2007 un total de 253.500 euros a 321.750 euros en 2008. Tanto el propio presidente, Miguel Blesa (1,3 millones anuales), como sus lugartenientes, Ildefonso Sánchez Barcoj (1,28 millones al año) y el director general de Negocio Matías Amat (1,18 millones), se elevaron en ese mismo ejercicio su sueldo fijo un 26,63%.

Precisamente, el FROB considera que el fraude cometido en las retribuciones fijas podría haber superado los 2 millones. En este sentido, un correo electrónico de Blesa, publicado por este diario, pone de manifiesto el agradecimiento de Amat a Blesa por la "importante subida" de sueldo en 2007: "Ahora por lo menos si nos echan tendremos bastante más que los dos años de indemnización".

"Importante incremento"

En el mensaje, de 24 de julio de 2007, Amat también asegura: "Ahora que he tenido más tiempo, me doy más cuenta del importantísimo incremento que me has dado. Agradecerte una vez más lo que supone para mi, no solo en términos puramente materiales, sino también de confianza".

Uno de los principales capítulos que deberá investigar la Agencia Tributaria es la aprobación en julio de 2007 por parte de la comisión de retribuciones de Caja Madrid y del consejo de administración del denominado Incentivo a Largo Plazo (ILP), que en realidad era un bonus de 25 millones quebonus cobrarían a partir de 2011 los directivos tras su jubilación.

Los integrantes de la comisión de retribuciones fueron, tal y como adelantó infoLibre, los entonces consejeros José Antonio Moral Santín (IU), Antonio Romero Lázaro (PSOE), Guillermo Marcos Guerrero (impositores), Enrique de la Torre (secretario) e Ildefonso Sánchez Barcoj (ponente). En este caso la subida a los integrantes del comité ejecutivo de Blesa superó el 8,5%.

El FROB considera también que el salario variable de la alta dirección de Caja Madrid arroja un posible ajuste por "exceso de percepciones" de 1,8 millones por la ausencia de documentación que soportara la fijación de objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos entre 2008 y 2010. "También en este caso se produjo un efecto sobre las indemnizaciones objeto de análisis", especificó el organismo dependiente el Gobierno central.

Prácticas irregulares

El informe de PwC también resalta prácticas supuestamente irregulares en las aportaciones de los planes de pensiones con un perjuicio de 1,84 millones. El FROB sospecha que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para los miembros de la alta dirección. Esta gratificación se elevaba al bruto con el fin de que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores.

La documentación aportada por Bankia en la Audiencia Nacional pone de manifiesto que entre 2007 y 2011 los directivos de Caja Madrid ingresaron un total 71 millones de euros. Los que más dinero se embolsaron fueron el expresidente Blesa, que cobró 12,4 millonesBlesa; Matías Amat Roca 9,7 millones; Ildefonso Sánchez Barcoj (9,7 millones); Enrique de la Torre (7,2 millones); Ricardo Morado Iglesias (6,2 millones); Carlos Contreras Gómez (4,1 millones), Ramón Martínez Vilches (3,8 millones); Mariano Pérez Claver (3,7 millones); Ramón Ferraz Ricarte (2,98 millones); Rodrigo Rato (2,7 millones en un año); y Carlos Vela García-Noreña (1,5 millones).

Tanto UPyD como el sindicato Manos Limpias se querellaron contra los integrantes del Comité de Dirección de Caja Madrid en esos años. La formación magenta les atribuye delitos de administración fraudulenta o desleal, y de apropiación indebida.

La representación legal de Bankia en la pieza separada de las tarjetas black de Caja Madrid ha presentado un escrito ante el juez Fernando Andreu que supone un ataque frontal al que fuera número dos de Miguel Blesa: el exdirector Financiero y de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj.

"Sánchez Barcoj ocupó diversos cargos de responsabilidad y ha sido durante todo el período revisado la única persona de la que hay constancia documental de que haya cursado instrucciones y firmado contratos correspondientes a estas tarjetas", especifica Bankia, que carga todas las culpas contra el lugarteniente de Blesa.

Bankia recuerda en sus alegaciones, en las que atacan a Barcoj, que no existe constancia de ningún acuerdo que diera origen a la emisión de las tarjetas: de quién autorizaba su emisión ni de los criterios de asignación a personas y de los límites y su presupuesto.

Cientos de correos

"Debe insistirse en que la única evidencia son varios cientos de correos enviados por indicación de Sánchez Barcoj, que ponen de manifiesto las instrucciones cursadas (en el periodo 2003 a diciembre 2011) en materia de las tarjetas objeto de la pieza separada, sin contar adicionalmente los propios contratos en los que consta la firma de Sánchez Barcoj (septiembre 2002 a febrero 2012)", prosigue el escrito, que carga las culpas contra el ex director de Medios.

Y lo hace obviando la participación de Blesa en la gestión de los plásticos, llegando a asegurar: "En los correos disponibles, las secretarias de Sánchez Barcoj no hacen alusión alguna al presidenteno hacen alusión alguna al presidente, únicamente indican siguiendo instrucciones" del ex director de Medios de Caja Madrid.

Además, Bankia recuerda que cuando Sánchez Barcoj deja de tener competencias en Medios, y es nombrado director general Financiero y de Riesgos en BFA-Bankia en diciembre de 2010, continúa cursando instrucciones y firmando contratos de estas tarjetas, "lo que contradice sus afirmaciones".

Cursa instrucciones

Pero la entidad financiera aporta más datos de las gestiones realizadas por Sánchez Barcoj: "Cursando instrucciones a través de sus secretarias para solicitar la emisión de este tipo de tarjetas, anulaciones, ampliaciones de límite, instrucciones sobre su entrega física, la posibilidad de disponer o no de efectivo".

Asimismo, el banco explica que ni el nombre de la cuenta en la que se cargaban los gastos de las tarjetas, identificada como "Tratamiento Administrativo Circular 50/99", ni el contenido de la Circular, ni el concepto registrado en los asientos asiento contable puro, "permiten identificar que esos apuntes corresponden a gastos de tarjetas asignadas a determinados directivos".

Pero Bankia va más allá en su contestación a Sánchez Barcoj, y asegura que la Circular 50/99 no hace referencia alguna a las tarjetas. "Los datos respecto al contenido de la circular son ciertos, pero aplicables a regularizaciones por fraudes, negligencias y deficiencias de los sistemas. Entender los gastos de tarjetas de altos directivos como regularizaciones de esta naturaleza es una interpretación más que cuestionable de Sánchez Barcoj".

Argumento incoherente

En cualquier caso su argumento resulta incoherente, según Bankia, que sostiene que partir de mayo 2001 los únicos apuntes que se registran en la cuenta son los gastos de estas tarjetas, trasladándose el registro de las regularizaciones por fraudes, negligencias, deficiencias de los sistemas, errores o reclamaciones de clientes a otras cuentas de gasto distintas.

En este sentido, y sobre el papel del ára de Auditoría, Bankia recuerda que entre 1999 y 2001 el máximo responsables de este departamento era precisamente Sánchez Barcoj. "Por lo que en todo caso quién habría incumplido claramente una de sus funciones principales habría sido el propio Sánchez Barcoj".

En este punto, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri aporta nuevos datos. En concreto que el centro de consulta desde 2001 de las tarjetas era "un call center y no Auditoría ni Contabilidad".

"Lo que se ha verificado es que en Contabilidad se recibía una conexión mensual por el importe total de facturación de las tarjetas emitidas con cargo a la empresa y un fichero, también mensual, con el número de tarjeta (sin identificación del beneficiario) y el importe total sin desglose de los movimientos por tarjeta para su registro contable. Esta información no permite identificar el origen de las tarjetas ni el uso de las mismas por parte de tal departamento", confirma Bankia, que exonera en su escrito a los diferentes departamentos encargados teóricamente del control de las black.

Hacienda no se enteró

Finalmente, Bankia desmonta una de las principales tesis de las defensas de Barcoj y Blesa, que sostienen que la Agencia Tributaria llegó a analizar el funcionamiento de los plásticos: "En cuanto a la comprobación tributaria general de Caja Madrid correspondiente a los años 2004 a 2006 y en lo que se refiere a la cuenta, la Inspección se limitó a pedir justificación documental de determinados apuntes seleccionados por muestreo. La Inspección acabó considerando no deducibles dichos gastos cargados en la cuenta de resultados, al no haberse acreditado los mismos documentalmente de manera suficiente en el curso de las actuaciones por parte de la sociedad".

Por eso, concluye Bankia que "en ningún momento" de la comprobación tributaria ha sido posible que ni la Inspección de la Agencia Tributaria ni el departamento fiscal de Caja Madrid han podido conocer qué tipo de gastos se registraban contablemente en la cuenta en la que se cargan los gastos de las black.

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha reclamado a Bankia que "certifique" los cargos realizados con sus tarjetas black por 81 directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankiadirectivos , según un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

De esta forma, Andreu rechaza el criterio seguido por el teniente fiscal, Alejandro Luzón, que considera que el delito de administración desleal solo se puede atribuir a 64 consejeros nombrados por los partidos (PP, PSOE e IU) y por los sindicatos (UGT y CCOO) y la patronal.

El fiscal también considera que las tarjetas eran para los directivos un complemento retributivo. Y por eso exonera a los 17 integrantes de los comités de dirección de Miguel Blesa y de Rodrigo Rato. Estos dos últimos sí se incluyen entre los investigados por Anticorrupción en su calidad de presidentes del consejo de administración de Caja Madrid y Bankia, respectivamente. En este sentido, Luzón ya había solicitado el archivo de la acusación contra tres de estos directivos.

Andreu basa su petición de los movimientos de los plásticos a Bankia tras la negativa de Visa S.A. a facilitar los movimientos de las tarjetas B, al asegurar que los únicos que tienen acceso a esta información son las entidades financieras, "que de forma exclusiva conceden las tarjetas a sus titulares".

"Cargos efectuados"

"Procede requerir a Bankia a fin de que remita a este juzgado certificación acreditativa de los cargos efectuados en las tarjetas de crédito por los imputados en la presente pieza, durante el periodo comprendido desde el año 2003 hasta la cancelación de las mismas", resalta el magistrado.

Pero Andreu aporta un dato coincidente con la versión de Anticorrupción y que apunta a un final próximo de la instrucción de la pieza separada de las tarjetas black: "La diligencia a practicar se encuentra comprendida dentro de las actuaciones encaminadas a preparar el juicio oral y las practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que pueden influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes".

Tal y como aseguraba Andreu en un auto de la semana pasada en el que confirmaba la legalidad de la incorporación de los correos de Blesa, estos mensajes podrían convertirse en una prueba "incriminatoria" de los directivos, ya que podría confirmar que los interlocutores conocían el carácter "opaco" de las tarjetas: "A las que se refieren expresamente como tarjetas black", indicaba Andreu en la resolución en la que contestaba al recurso interpuesto por el expresidente de Caja Madrid.

Blesa y Rato

Además de Blesa, que gastó 436.700 euros con su tarjeta, y de Rato (99.000 euros); los directivos sobre los que Andreu reclama los movimientos bancarios son Ildefonso Sánchez Barcoj (484.200 euros); Ricardo Morado (448.300); Ramón Ferraz (397.900); Matías Amat (389.000 euros); Mariano Pérez Claver (379.500) y Enrique de la Torre (320.700).

Otros de los ejecutivos incluidos en el auto de Andreu son Juan Manuel Astorqui (293.000); Carlos Martínez (276.000); Carmen Contreras (266.800); Carlos Vela (249.200); Rafael Spottorno (223.900); Ramón Martínez Vílches (91.200); María Elena Gil García (72.500); José María García Alonso (1.100); José Carlos Contreras (23.800); Domingo Navalmoral (43.000) y Luis Gabarda (139.700).

Moral Santín

En el apartado de consejeros destacan el representante de Izquierda Unida en Caja Madrid José Antonio Moral Santín (456.500); los de Comisiones Obreras Francisco Baquero (266.400) y Pedro Bedia (78.200); los del PSOE Antonio Romero (252.100) y José María de la Riva (208.900); y del PP Estanislao Rodríguez-Ponga (255.400); Pablo Abejas (246.700), Ricardo Romero de Tejada (212.200) y José Manuel Fernández Norniella (175.200); y de la Patronal Gerardo Díaz Ferrán (94.000) y Arturo Fernández (37.300).

Precisamente, la semana pasada el fiscal Luzón reclamó el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra el exdirectivo de Caja Madrid y ex consejero delegado de Martinsa Fadesa Carlos Vela, el ex director de Operaciones y Sistemas Ricardo Morado y el ex director de Comunicación Juan Astorqui, quien desempeñó esta función durante catorce años en la entidad madrileña hasta 2010.

Llama la atención que Andreu incluye en el requerimiento a José Caballero (ex del PSOE), sobre el que el fiscal solicitó el sobreseimiento al considerar que sus delitos podrían estar prescritos. 

El exsecretario del Consejo de Administración de Caja Madrid Enrique de la Torre titubeó cuando el 9 de marzo el fiscal Alejandro Luzón le preguntó en la Audiencia Nacional sobre el pago de un recurso que presentó Izquierda Unida contra el Gobierno de Esperanza Aguirre con su tarjeta black.

En una grabación de su declaración judicial [escúchala aquí], a la que ha tenido acceso infoLibre, se muestra dubitativo cuando el magistrado menciona el correo electrónico en el que el propio De la Torre –mano derecha de Miguel Blesa, entonces presidente de Caja Madrid– envió al ex director general de Medios de esta entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj. 

Concretamente, Luzón le pregunta por la parte del e-mail adelantado por infoLibre en el que De la Torre apuntaba: "Si por los fringe benefits te refieres a la tarjeta Visa, te diré que contra la misma, como el presidente conoce [el juez enfatiza que escribió esto en mayúsculas], he pagado temas tales como la fianza por el recurso de IU contra los expedientes de Serrano y Castañeda".

"¿Hizo usted su tarjeta retributiva para pagar una fianza?", pregunta el magistrado. Este es el momento en el que De la Torre comienza a mostrarse nervioso: "Bueno, eh, la verdad es que no recuerdo bien ese tema. Es posible que... La verdad es que no lo recuerdo, pero es posible, es posible que, que, que, que, que me dijeran con algún tipo de recurso que me dijeran que algún consejero que no tenía fondos suficientes para la fianza y, hombre, no iba a darles dinero de la caja, es posible que les prestara yo dinero que, sin lugar a dudas, debieron de devolver. Pero vamos, no lo recuerdo muy bien".

En su testimonio, De la Torre aseguró que el expresidente de la entidad Miguel Blesa anunciaba verbalmente a cada directivo, al principio de cada ejercicio, el límite de gasto que podían cargar a sus tarjetas black. "Me decía tanto dinero y después lo empezaba a cobrar", señaló.

En la declaración judicial del pasado 9 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, De la Torre indicó que Blesa "decidía en el primer trimestre de cada ejercicio" la retribución fija de los directivos, la variable y los "límites de gasto" de sus plásticos, y que de ninguna de estas cantidades quedaba constancia por escrito.

"¿Por qué no se documentaba?", pregunta en un momento de la comparecencia el juez instructor, Fernando Andreu. "No sé muy bien por qué no, pero no me pareció nunca tampoco nada, digamos, irregular", señala De la Torre antes de añadir que otras retribuciones como los bonus o las aportaciones en especie "tampoco se documentaban".

"¿Y eso le parece normal?", insiste el juez. "No me parece irregular", replica el exdirectivo. "No le he preguntado eso, le he preguntado si le parece normal", añade Andreu, visiblemente enfadado. "Sí", contesta el compareciente.

"Las llamé 'black'"

Este rifirrafe no fue el único que De la Torre mantuvo en su declaración como imputado. A preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el exsecretario del Consejo de Administración de Caja Madrid tuvo que explicar por qué en un correo dirigido a Blesa el 2 de enero de 2009 denominó las tarjetas "black a efectos fiscales" y aseguró que se trataba de un asunto "delicado" sobre el que había que evitar "filtraciones".

"Si yo efectivamente las llamé black, que es posible, no digo que no, me refería a tarjetas neutrales para los consejeros", aseguró el exdirectivo, quien explicó que utilizó ese término porque "la caja asumía el coste fiscal".

En este punto, el fiscal insiste en preguntar por qué empleó el término black si el sistema de retribuciones era correctoblack y no implicaba prácticas de "opacidad y ocultación".

"Con carácter general el tema de retribuciones me parece delicado y reservado, hay que llevarlo con carácter reservado", argumenta De la Torre. "Yo creo lo contrario, que debe ser algo transparente y tienen la obligación de comunicarlo al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores", replica Luzón.

Blesa y Barcoj, responsables

De la Torre, que admitió haber entregado varias de las tarjetas black a los directivos de la entidad, responsabilizó de esta práctica a Blesa, que se encargaba de fijar los "límites" de gasto, y al exvdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, que se ocupaba de las cuestiones operativas.

También señaló que unas tarjetas eran para "gastos de representación" y que otras constituían "un complemento salarial" que debía declararse como el resto de retribuciones.

"La caja entregaba anualmente un certificado de IRPF donde se especificaban las retribuciones [...]. No sé si dentro de esas certificaciones está ese complemento salarial, que por otra parte coincidía al céntimo con el borrador de IRPF que me enviaba la Agencia Estatal Tributaria", explicó.

"Sí, claro, si el certificado de haberes, que es el que tiene Hacienda, se lo da la caja y no incluye lo de las tarjetas, ¿cómo no va a coincidir?", añadió con sorna el fiscal. En otro punto de su interrogatorio, le cuestionó si el sistema de retribuciones no le parecía "opaco y extravagante". "Se adoptó por razones de política salarial, por el mismo motivo que se hacen retribuciones en especie, como un coche", argumentó el imputado.

Los activistas de la asociación 15MpaRato, acusación particular, están desempeñando un papel primordial en la investigación que ha permitido la imputación de las cúpulas de Caja Madrid y Bankia, y especialmente de los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

Willis Iberia la preside en España el empresario Jaime Castellanos, que es amigo, socio y exjefe de Rodrigo Rato. En total, durante la etapa de Rato, Willis percibió de Bankia un total de 273.278 euros por cuatro encargos diferentes.

Además, el expresidente de Caja Madrid y Bankia contrató en solo dos años a Lazard, otra firma dirigida por Castellanos, por un valor de 16,9 millones, de los que de forma efectiva se abonaron 5,3 millones.

Fuentes del caso explican a este diario que la cantidad percibida por los imputados es muy superior a los 1,1 millones de euros reconocidos por Bankia, habida cuenta de que los imputados también han recibido pagos de una segunda póliza firmada por Mapfre. 

Uno de los imputados en la pieza principal del caso ha confirmado a infoLibre que cada uno de los imputados habría recibido un mínimo de 75.000 euros, de los que 50.000 procederían de Mapfre y 25.000 euros de Willis Iberia.

75.000 euros

Si multiplicamos los 75.000 euros por los 32 imputados por la salida a Bolsa, el desembolso total realizado por Mapfre y por Willis Iberia sería superior a los 2,3 millones. Una cifra que a un portavoz de Bankia, que asegura desconocer la cantidad exacta abordada por Mapfre, no le parece desencaminada.

La tercera de las pólizas que ha sufragado la defensa letrada de los directivos de Caja Madrid y Bankia también es de Mapfre. La Fundación Monte Madrid, la heredera de la Fundación Especial Caja Madrid, confirma que el directivo que la firmó en 2011 fue el entonces director general de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, ahora imputado.

Según fuentes del caso, esta póliza que cubre a los exdirectivos de Caja Madrid también estaría sufragando el pago de los abogados de algunos de los imputados en la pieza separada de las tarjetas blackblack.

Blesa pidió 16 millones

De hecho, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa llegó a intentar que el seguro de Mapfre se hiciera cargo de la fianza de 16 millones que le había impuesto el propio juez Fernando Andreu por su participación en el caso de las tarjetas black de la entidad financiera madrileña. Pero el magistrado rechazó la petición de Blesa.

De la Torre, que ha declarado como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha asegurado que las tarjetas de Caja Madrid eran para gastos de representación aunque los consejeros que tenían dos podían utilizar la segunda para gastos personales, ya que se trataba de un complemento retributivo que, según ha dicho, "tenía el mismo tratamiento fiscal que cualquier otro".

Preguntado por qué existen correos internos de Caja Madrid en los que él mismo aplicaba el término black a estas tarjetas, ha explicado que se trataba de unas visas que "eran neutrales a efectos fiscales de IRPF". "No se tenían que incluir en los certificados de Hacienda, eran un gasto para la entidad", ha apuntado.

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón también ha interrogado a De la Torre, que ocupó el cargo de secretario del Consejo de Administración de la caja madrileña entre los años 1996 y 2009, por qué en esos correos pedía que se extremara la "discreción" sobre este asunto para evitar "filtraciones". En este sentido, ha defendido que el sistema retributivo es un asunto "muy sensible" para una entidad bancaria y debe ser "reservado".

En este punto, el representante del Ministerio Público ha preguntado si no debería ser "al revés" y el sistema retributivo debía ser "transparente" al tratarse de "una obligación legal". "Es un tema delicado y hay que llevarlo con mucho cuidado", ha insistido el exdirectivo.

El compareciente, que ha reconocido que él se encargaba de entregar las tarjetas aunque actuaba como un mero intermediario de la dirección, también ha sido interrogado por el juez Andreu, que le ha preguntado si le parecía "normal" que los consejeros tuvieran una retribución que no aparecía en sus contratos. "No me pareció irregular", ha contestado. "Le he preguntado si le pareció normal", ha insistido el juez. "Sí, me pareció normal", ha dicho entonces el exdirectivo.

La decena de exdirectivos que ha declarado este lunes, propuestos por PP, PSOE, IU y CCOO, ha coincidido en que fue el entonces secretario general de Caja Madrid, Vicente Espinosa, quien les entregó las tarjetas, que eran de "libre disposición" y podían soportar gastos personales, siempre y cuando no sobrepasaran un límite máximo y no extrajeran dinero en efectivo de los cajeros automáticos. La Fiscalía no ha pedido fianzas para ninguno de ellos.

Eso sí, no han sabido explicar la razón que justificara esta última prohibición, mientras que han señalado que intentaban agotar el límite mensual en su utilización y, para ello, apuntaban los gastos "manualmente" o recurrían a su "memoria" ya que la caja no exigía ningún tipo de justificante.

Al ser preguntados por la tributación de las visas, todos han respondido que pensaban que estaba incluida en su certificado de haberes, a excepción del representante de CCOO Antonio Rey de Viñas, que ha precisado que pensaba que la caja lo tenía "arreglado desde el punto de vista fiscal". En este sentido, el exdirectivo propuesto por el PP Javier de Miguel ha añadido que fue consciente de que no estaba en su certificado y entendía que la entidad "se ocupaba" de la fiscalidad.

Otro exdirectivo nombrado por el PP, Antonio Cámara, ha recordado que mostró "cierta sorpresa" cuando la caja madrileña le entregó la tarjeta y le dijo que no tenía que declarar "nada" ante Hacienda. "Me dijeron que había un acuerdo con el Banco de España y Hacienda", ha indicado, en consonancia con Ángel Antonio Gómez de Pulgar, que ha citado este acuerdo con la Agencia Tributaria.

El que era presidente de la Comisión de Control y exdirector general de Economía Pablo Abejas, propuesto también por el PP, ha aseverado que simplemente fue un "beneficiario" y no "el contratante" de las tarjetas, las cuales "tenían todas las bendiciones". "Confiábamos en que todo era legal" ha apuntado antes de explicar que el órgano al que pertenecía era "un back office con cierto sentido forensic".