La gran banca española, la integrada por Banco Santander, BBVA, Bankinter, Caixabank y Banco Sabadell, ganó músculo extra en 2023, a pesar del impuesto al sector impulsado por el Gobierno. Se embolsó 26.088 millones de euros, esto es, 5.115 más que en el ejercicio de 2022, con un alza de casi el 27% que permitió la mayor cifra de su historia para cada una de las entidades y en conjunto. En concreto, el Santander logró 11.076 millones, lo que supuso un incremento de algo más del 15%, el BBVA anotó 8.019, un 22% más, Caixabank alcanzó los 4.816 millones, rozando el 54% ; Sabadell, de su lado, registró 1.332 millones, un 55%; y Bankinter, 845, lo que supuso un 51% más. Estas entidades no quedaron fagocitadas por el nuevo gravamen gracias al cual el Ministerio de Hacienda recaudó el pasado ejercicio en torno a 1.263 millones. Es más, ingresaron más de 20 veces más.

Fuentes de sector financiero apuntan que estas ganancias han sido posibles gracias a “un contexto generalizado de alzas de tipos de interés –el Banco Central Europeo los llevó al 4,5% el pasado año, nivel en el que continúan–“, lo que implicó “un beneficio para los márgenes y comisiones de la banca”. Pero hay otro elemento que, según indican, ha contribuido a las cifras de récord: “La remuneración de los depósitos permaneció contenida”. 

El responsable del Sector Financiero de CCOO, Javier de Dios, también cree que las ganancias históricas se han soportado en buena medida en “la subida de los tipos de interés y en la no remuneración del pasivo”. “Las entidades están obteniendo más ingresos en base a intereses a sus clientes, pero no están remunerando el pasivo, con lo que tienen un margen de cuatro puntos que están sacando solamente por el dinero”, argumenta. A ello suma que “se ha reactivado la economía, está fluyendo más el crédito y el trabajo que se está haciendo por las plantillas en las oficinas de generar más negocio bancario y de captación de cliente. Todo ayuda. Es un cúmulo de todo, pero una de las grandes patas es, sin duda, la subida de tipos de interés”, incide. De Dios asevera que “la clientela ya ha empezado a quejarse de que no le remuneren el pasivo” por lo que “las entidades tendrán que ver qué hacen para este ejercicio 2024, que tampoco se prevé que sea malo”. 

Otras fuentes del ámbito de la banca ponen la lupa en que los bancos españoles registran en el país “márgenes superiores a los de otras de sus áreas internacionales de negocio”. El Santander, por ejemplo, percibió unos ingresos totales –margen bruto– en 2023 de 57.423 millones, esto es, 10,2% más que el año precedente. El grueso de esa cuantía, 43.261 millones, corresponde a los ingresos por intereses -margen de intereses, que resta los pagados de los ingresado por su actividad-, que se elevaron un 12% más. Y no fue la única que creció por esa vía. Por lo general, las principales entidades bancarias han seguido esa estrategia, pero no todas lo han hecho al mismo nivel. Mientras Caixabank ha aumentado dichos márgenes un 54%, lo que le ha supuesto unos beneficios de 10.113 millones de euros, en el caso del BBVA la elevación ha sido del 21%, lo que le ha reportado 23.089 millones. Al Sabadell, como al Santander, se asocia una subida de márgenes del 12%, lo que se ha traducido en 4.723 millones. En general, el margen de intereses se ha expandido entre las entidades bancarias españolas un 20%, hasta trepar a los 84.000 millones. 

En la idea de que los bancos están cobrando más por las hipotecas a las familias, pero no están abonando más el ahorro de éstas incide el responsable del Sector Financiero estatal de UGT, Victoriano Miravete. “Cobran a los hipotecados, pero no pagan a los ahorradores. Ganan dinero por las subidas de tipos de interés y no lo pagan por los saldos de los clientes a la misma velocidad, lo suficientemente rápido que en el resto de Europa”, manifiesta. Encadenan otras fuentes sindicales del área financiera que “el margen de intereses, que recoge el diferencial entre los 0 euros que te paga el banco si les llevas 5.000 euros, por ejemplo, y a cuánto pagan, si con ese dinero da un préstamo, se les ha desmadrado”, por eso “las entidades que tienen más peso en banca nacional, como Caixabank –la última en presentar sus resultados y que distribuirá un dividendo de 2.890 millones–, o Sabadell, tienen un mayor incremento de beneficios”, argumentan. Y engarzan para finalizar: “El año pasado si pedías una hipoteca era un 3% y hoy es un 4%”. Aunque, el análisis de resultados bancarios es complejo y otras fuentes señalan que, en lo relativo al BBVA, el año pasado "el 55% del beneficio vino de México y el 28% de España", si bien apostillan que "es cierto que el margen de intereses subió en 2023 un 49,8%" en suelo español y "un 31,9%" en el país azteca.

De cara a este año, las previsiones vuelven a ser optimistas para la banca. Las entidades financieras tendrán que afrontar el primer desembolso del impuesto que les atañe en el primer trimestre, con la vista puesta en el ejercicio 2023. Durante las presentaciones de números, los distintos presidentes de los bancos han vuelto a ser duros con una tasa que, dicen, "no es buena para la economía", la "daña", es "discriminatoria" o es "pegarse un tiro en el pie". Pero, a la luz de las cuentas de resultados, parece asumible. Más allá del impuesto, tienen otro frente abierto: las plantillas en ebullición.

UGT, CCOO y FINE han convocado un paro parcial de dos horas el lunes 26 de febrero y no descartan una huelga de 24 horas el 22 de marzo, ante "el inmovilismo de las patronales del sector financiero en la negociación de los convenios de Banca, Ahorro y Cooperativas de Crédito, coincidente con la publicación de beneficios récord". Antes, el próximo 8 de febrero armarán una manifestación en Madrid, a la que se han sumado organizaciones sindicales portuguesas del sector. ¿El objetivo? "Combatir el boicot a la negociación colectiva y a la precariedad que tratan de imponer las instituciones bancarias a sus profesionales". Unos músculos crecen y otros se encogen.

Las dos últimas ampliaciones de los informes realizados por los peritos judiciales del caso Bankia, Antonio Busquets y Jesús Sánchez Nogueras apuntalan todavía más la posible responsabilidad en la caída de la entidad financiera del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de su equipo más cercanoequipo , todos ya imputados en el procedimiento.

Los inspectores del Banco de España, que actúan en auxilio judicial del magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, sostienen en sendos informes que la decisión de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, encabezada por el mencionado Fernández Ordóñez, pero en la que también participaba el entonces subgonernador, Javier Aríztegui, también imputado, "provocó un deterioro y descapitalización del Grupo BFA cuantificado en una cifra no inferior a 456 millones de euros", según consta en el informe realizado por Jesús Sánchez Nogueras y enviado al juez Andreu.

Este perito detalla el agujero provocado, según sus conclusiones, por el equipo de Fernández Ordóñez al no hacer caso "a las cautelas fijadas por la División de Normativa Contable de la Dirección General del Regulación". En concreto, por el pago de participaciones preferentes el deterioro fue de 234,6 millones; por pagos de retribución variable de los directivos, el agujero fue de 112 millones; por dotación a la Obra Benéfico Social, otros 80,5 millones; y por impuestos, 29,7 millones.

112,6 millones en bonus

"Especialmente grave fue que se consintiera el pago de bonus a los administradores, directivos y empleados de las Cajas en el ejercicio 2010 por importe de 112 millones de euros, cuando se acababa de recibir una ayuda del Estado español, a través del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) por importe de 4.465 millones de euros", completa el inspector del Banco de España.

El perito explica que este agujero de 234,6 millones tiene su origen en la decisión de los administradores de las cajas de ahorros de diferir el reconocimiento de las pérdidas de las siete entidades financieras que crearon Bankia: "Las pérdidas acumuladas por las siete cajas en junio de 2010, al firmar el contrato de creación del SIP eran inmensas. El patrimonio conjunto de las siete cajas (15. 406 millones) no reflejaba pérdidas ocultas en el valor de sus activos de al menos 16.659 millones. Es decir, en conjunto, las siete cajas de ahorro que se integraron como Grupo BFA estaban en quiebra técnica en junio de 2010", completa el informe.

Rodrigo Rato acude al juicio de las tarjetas black en la Audiencia Nacional.

Y para solucionar este problema, según el inspector Jesús Sánchez Nogueras, "se ideó una teoría contable ajena a la legislación mercantil y contable, nacional e internacional, y se la trató de dar un barniz de legalidad con la incorporación de una consulta al Banco de España".

No era solvente

Así, este funcionario concluye que si los ajustes se hubieran registrado contablemente contra resultados, como tipificaba la Dirección General de Regulación, las siete cajas habrían declarado pérdidas en el ejercicio 2010. "De haber dado pérdidas las Cajas, difícilmente se podría haber calificado a este grupo como solvente y viable. En consecuencia, todo ello hubiera significado que las siete Cajas no podrían haber constituido el SIP y posteriormente, Bankia".

Además, el perito apunta a la responsabilidad de Fernández Ordóñez y su equipo: "No consta entre la documentación enviada por el Banco de España ningún indicio de que se discutiese en su Comisión Ejecutiva esta posible respuesta para las siete Cajas ofrecida por la División de Normativa contable, sino que esta Comisión aceptó el cargo en reservas propuesto por las Cajas sin proteger a éstas de las indebidas salidas de dinero que ello iba a provocar".

El perito Jesús Sánchez Nogueras también apunta a las posibles responsabilidades de los dirigentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): "Los responsables de la CNMV de recibir los estados financieros de las entidades emisoras (Dirección General de Mercados) admitieron las cuentas anuales de las siete cajas de ahorro con incumplimientos normativos y falsedades de esta naturaleza y relevancia en el citado ejercicio".

Falsedad contable

"Los peritos judiciales ratificamos nuestras conclusiones sobre la falsedad de la información contable", asegura el perito Antonio Busquets Oto en la ampliación definitiva de su informe sobre las cuentas de Bankia bajo la presidencia de Rodrigo Rato.

Rodrigo Rato y su sucesor en Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el día del relevo, el 9 de mayo de 2012.

Asimismo, el inspector, que junto a su compañero en el Banco de España Víctor Jesús Sánchez Nogueras actúa en auxilio judicial, indica en su trabajo que no está de acuerdo con el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que justificó su decisión de reformular las cuentas que había presentado Rato por la situación de la economía en mayo de 2012: "Los peritos no compartimos esta tesis porque los motivos aducidos para justificar la reformulación (recomendaciones del FMI, cambios legislativos de 2012, crisis económica y cambios de estimaciones) serían de obligado registro contable prospectivo en 2012 y porque hay numerosas evidencias de que los deterioros se habían producido y conocido mucho antes de marzo de 2012".

Entre estas evidencias, Antonio Busquets Oto apunta a los deterioros en los activos adjudicados de Bancaja Hábitat y Cisa, que tuvieron un informe de auditoría de 2010 con salvedades por falta de información, al concurso de Martinsa-Fadesa con una quita del 70% en marzo de 2011, y al acta del consejo de administración de Bankia de 12 de diciembre de 2011 señalando quebrantos en activos de Bankia por 1.484 millones y 700 millones en la matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA).

Deterioro paulatino

"Los peritos judiciales entendemos que decenas de miles de préstamos y activos inmobiliarios no se deterioran a la vez en la medianoche del 31 de diciembre de 2011, sino que lo hacen de forma paulatina a lo largo de todo el ejercicio", completa el inspector del Banco de España adscrito al Juzgado del juez Fernando Andreu.

En sus conclusiones, el perito incluye un párrafo demoledor para los intereses de Rodrigo Rato y del resto de imputados en el caso Bankia: "Es falsa la información contable contenida en el resumen del folleto de emisión para la salida a bolsa de Bankia".

Además, Antonio Busquets Oto completa que también fue "falsa" la información contable contenida en el folleto de emisión para la salida a bolsa de Bankia, "donde consta que Deloitte, como auditor de cuentas de Bankia, prestó servicios de asesoramiento en relación con la oferta de suscripción. Como consecuencia de la falsedad de las cuentas de Bancaja y Caja Madrid, son falsos los estados pro forma y los estados agregados, que se forman por agregación de las cuentas de las Cajas fundadoras".

Por tanto, los inspectores del Banco de España que actúan como peritos de la Audiencia Nacional aseguran que "son falsas las cuentas de BFA y Bankia incluidas en el folleto. Son falsos los ratios de solvencia y los ratios de mora, puesto que es falsa la información de base para el cálculo de estos índices. Igualmente falsas son las provisiones de insolvencias declaradas".

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha detonado la fusión de Bankia con Banco Mare Nostrum (BMN), dos de las entidades que fueron nacionalizadas durante la crisis financiera. La decisión se esperaba desde el pasado mes de septiembre, cuando el FROB anunció la contratación de asesores externos para analizar las posibilidades de la operación. Una vez recibidos los trabajos de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y de Société Générale, el FROB ha pedido a Bankia y BMN que pongan en marcha la maquinaria para fusionarse, considerando que vender en Bolsa ambas entidades le reportará 401 millones de euros más que si las ofrece al mercado cada una por separado.

Pero lo cierto es que también se trata de la solución menos mala, toda vez que el interés de otras entidades por BMN ha sido escaso. El banco, fruto de la fusión de Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, no tiene una posición determinante de mercado y su ámbito de actuación está muy localizado. Las fuentes del sector consultadas por infoLibre aseguran que el Gobierno invitó a las principales entidades a pujar por BMN. Pero el propio FROB reconoce en su comunicación a la CNMV que Société Générale sólo ha recibido una oferta firme por el banco. Y ésta asciende a 1.300 millones de euros, por debajo del valor que el propio banco francés había calculado.

En cualquier caso, la operación tiene “toda la lógica industrial y financiera”, destacan otras fuentes bancarias. Como señala el mismo comunicado del FROB, se trata de dos entidades complementarias desde el punto de vista geográfico, por lo que el sector descarta también que se produzcan distorsiones en la competencia: “Va a ser irrelevante para el mercado”. El FROB justifica la fusión en que es “la mejor estrategia” para recuperar las ayudas públicas inyectadas en ambos bancos, tanto por esos 401 millones adicionales como por la “sinergias” que generaría la operación y que también “podrían ser capitalizadas”. El FROB las cifra en 616 millones de euros por el 100% de BMN.

Sin embargo, eso no significa que el Estado vaya a recobrar el dinero público invertido en sanear Bankia y BMN. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri recibió 22.424 millones de euros para su rescate, mientras que BMN consiguió 1.645 millones. Un total de 24.069 millones de euros. El Estado, a través del FROB, posee el 65,9% y el 65% de las acciones de las dos entidades, respectivamente. Hasta el momento, Bankia ha devuelto un total de 1.835 millones de euros, sólo el 8,1% del rescate. De esa cantidad, 1.304 millones corresponden a la venta en Bolsa del 7,5% de su capital en febrero de 2014. Otros 128 millones proceden del dividendo que recibió el FROB por los beneficios obtenidos en 2014 y 194 millones más por el de 2015. Finalmente, el porcentaje que le corresponde al Estado como accionista del dividendo de 2016 asciende a 209 millones de euros.

La mitad de las ayudas públicas recibidas

Bankia vale en Bolsa 12.173 millones de euros, por lo que el 65,9% que el FROB –el Estado, todos los contribuyentes– posee de la entidad vale ahora unos 8.022 millones de euros. El 65% de los 1.300 millones en que se ha fijado el precio de BMN son 690 millones más. Es decir, el Estado podría sacar vendiendo hoy ambas entidades 8.712 millones de euros. Si a esa cifra se le suman los 1.835 millones ya devueltos por Bankia, el Estado recuperaría 10.547 millones. Añadiendo los 401 millones adicionales calculados por el FROB y los 616 millones de sinergias capitalizadas, la cantidad total ascendería a 11.564 millones de euros. Aún menos de la mitad de los 24.069 millones de euros públicos utilizados en rescatar a Bankia y BMN.

Coincidiendo con el anuncio de la fusión, las acciones de Bankia subieron en Bolsa este miércoles un 3,22%, por lo que el valor de cada título alcanza los 1,057 euros, aun así muy lejos de los 1,58 euros a que cotizaba en febrero de 2014 cuando el FROB hizo la primera y única venta de una pequeña parte de sus acciones.

Es decir, en tres años la acción de Bankia ha perdido un 33% de su valor. El FROB pretende colocar en el mercado “paquetes accionariales” de las entidades fusionadas “aprovechando los momentos más favorables de mercado” antes de diciembre de 2019, el plazo que se ha fijado el Gobierno para la completa privatización de la entidad. El fondo asegura que de esta forma “optimizará” la capacidad de recobrar las ayudas públicas concedidas a Bankia y BMN. Pero, para acercarse a un porcentaje “óptimo” de recuperación, los beneficios de ambos bancos y su valor en Bolsa deberían "multiplicarse por cifras casi imposibles", según explican las fuentes del sector consultadas: recuérdese que el actual importe bursátil de Bankia equivale sólo a la mitad de las ayudas públicas que recibió.

Las fuentes del sector apuntan también que Bankia tiene capacidad suficiente para hacerse con BMN y, de hecho, el mercado ya ha descontado que no necesitará una ampliación de capital –operación que la Unión Europea no le permitiría hacer, en cualquier caso, antes de julio–. Sí precisará de la luz verde de las autoridades de competencia de Bruselas.

Habrá recortes de plantilla

Además, habrá otros costes. “Los de la restructuración”, advierten en el sector. Los sindicatos se han apresurado a exigir el mantenimiento del empleo en Bankia y BMN. Fuentes de UGT en la primera entidad no descartan que la fusión implique recortes del plantilla. “Exigiremos que se hagan con medidas lo menos traumáticas posible, con prejubilaciones y traslados, sobre todo teniendo en cuenta los muchos esfuerzos hechos ya en los dos bancos”, explican. Bankia ejecutó en 2012 el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del sector financiero español, que afectó a 4.500 trabajadores, entre despidos y venta de unidades de negocio completas. Cientos de los despidos terminaron en los tribunales. El Supremo aún está pendiente de dictar sentencia en algún caso y el Tribunal Constitucional debe dictaminar igualmente sobre los recursos de amparo presentados por cuatro trabajadores. Mientras, BMN ha sufrido tres ERE desde 2010, que han recortado su plantilla a la mitad.

El problema estriba en que, pese a la complementariedad geográfica de ambas entidades, en Alicante, también en Murcia, sí se pueden producir duplicidades –Bankia integra la antigua red de Bancaja en la Comunidad Valenciana–. Igualmente estarán en el centro de la diana los servicios centrales de BMN. Además, el banco que preside Carlos Egea se apoya aún más en sus oficinas de lo que lo hace Bankia, lanzada sin freno a la transformación digital del negocio. En 2015 puso en marcha sus oficinas multicanal, con gestores remotos que dan asesoramiento personalizado a clientes digitales. Además, una vez fusionadas las empresas, habrá que equiparar las condiciones laborales de ambas plantillas. Las secciones sindicales de UGT en ambos bancos ya empezaron a intercambiar información sobre sus plantillas el pasado mes de septiembre, cuando el FROB reveló su intención de comenzar el proceso.

Tras la reestructuración sufrida, Bankia cuenta con una red de 1.866 sucursales y BMN, con 660. La plantilla de la primera incluye a 13.505 empleados, a los que la segunda añadirá otros 4.029. La entidad resultante seguirá siendo la cuarta del ránking nacional, tras Santander, BBVA y Caixabank. Sumará 190.167 millones en activos de Bankia y 38.874 millones de BMN. Éste aportará al nuevo banco un 20% tanto de los depósitos –22.600 millones– como de los créditos –22.465 millones– que posee Bankia.

El exgobernador del Banco de España durante los gobiernos socialistas de Zapatero, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, declara este jueves como imputado en el caso Bankia después de que se conocieran los correos electrónicos del inspector del organismo supervisor empotrado en Bankia José Antonio Casaus en los que alertaba a sus superiores de que la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño era inviable.

El juez Fernando Andreu, que en toda la semana no ha hecho ni una sola pregunta a los imputados del Banco de España, se resistió en dos ocasiones a citarles como investigados en su Juzgado, el Central de Instrucción número 4. Tuvo que ser la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, compuesta por los magistrados Antonio Díaz Delgado, Clara Eugenia Bayarri García y Ana María Rubio Encinas la que revocara su decisión, y acordara la imputación de Mafo, que es el acrónimo del nombre de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero también de otros exdirectivos del supervisor y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Y en esta comparecencia como imputado, Mafo previsiblemente será interpelado por el abogado de la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, sobre el grado de conocimiento de las alertas que realizó el inspector Casaús por correo electrónico a sus superiores sobre "la inviabilidad del grupo y de que la solución de la salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)". 

infoLibre ha accedido a la declaración que el propio Mafo realizó el 14 de febrero de 2013, en esta ocasión en calidad de testigo, ante el mismo juez Andreu, en las que el mismo letrado, Andrés Herzog, entonces en representación de UPyD, desarrolló un interrogatorio en el que el exgobernador del Banco de España defendió la creación de Bankia como la solución a los problemas de las cajas implicadas, entre las que destacaban por su tamaño Caja Madrid y Bancaja, encabezadas respectivamente por el exvicepresidente del Gobierno del PP Rodrigo Rato, y por el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, también del PP.

Deterioro de activos

"La función del Banco de España era facilitar todo lo más posible las integraciones, porque las integraciones son una oportunidad", aseguró en su declaración Mafo, que rechazó la idea de que fusionar cajas que estaban mal, como era el caso de Caja Madrid y Bankia, fuera negativo: "Una fusión nunca crea un problema, una fusión es una oportunidad de resolver problemas, el problema de las cajas es el deterioro de activos o la falta de margen, que eran los problemas de Bancaja en Bankia", especificó el entonces gobernador del organismo supervisor de la banca española.

Pero Mafo se extendió en su contestación a la pregunta del exlíder de UPyD, y aprovechó para realizar una encendida defensa de sus decisiones: "La integración es una oportunidad de ganar, reduciendo costes, mejorando o cambiando la gestión. Una oportunidad que luego puede ser perdida si no se hace bien, pero es una oportunidad que el Banco de España está obligado a promover".

En el interrogatorio Herzog leyó un párrafo de un informe de 3 de diciembre de 2010 del inspector José Antonio Casaus, que aseguraba de forma literal: "Resulta preocupante la tendencia de mejoría del riesgo trasladada al mercado, dónde además se jactan comparándose con el sector, y que es opuesta a la realidad y nuestras previsiones. Se está posponiendo buena parte de la morosidad dado el perfil de algunos deudores". Y por eso el letrado de UPyD preguntó a Mafo si estas conclusiones se correspondían con las cuentas que había presentado Bankia.

"A mí me gustaría saber el filtro que aplican los diferentes jefes de departamento, porque a veces un inspector dice: toda refinanciación es mala. Mire no, no, pues hay que mirarlo, hay que examinarlo. Lo tiene que examinar el departamento que examina las refinanciaciones, por tanto yo, sobre una cosa concreta, pues es difícil decirlo, pues seguramente será verdad o no será verdad, no lo sé, el tema insisto y a mí lo que me preocupa y lo que me importa es si los problemas de Caja Madrid son resolubles si hay cambio en la gestión, si hay una reconversión, si se gana en costes y si se da un dinero para poder llevar a frente eso. Sí o no, y esa es la decisión importante", respondió Mafo sobre las conclusiones del inspector Casaus.

Fernández Ordóñez también tuvo tiempo para rechazar las críticas a sus políticas: "Pero yo veo una leyenda urbana que dice que las fusiones tienen problemas, que considera que siete cajas malas hacen una mala y que no pueden hacer una buena. Pero perdone usted, si usted coge una caja, que no es que sea absolutamente un desastre sino que tiene problemas resolubles, usted pone dinero, cambia la gestión, hace una gestión profesional...y la prueba es que la cantidad de integraciones y los problemas que han salido ahí son enormes, nos estamos fijando fundamentalmente en Bankia, en Novacaixagalicia, que es otra que no ha podido salir o Catalunya Caixa, pero hay otra cantidad de fusiones que están funcionando", replicó a Herzog, que le contestó: "Discrepo en lo que dice que la fusión nunca crea un problema, pero no es este el momento de polemizar".

"Olivas no era un gestor profesional"

En su declaración, Fernández Ordóñez explicó que el Banco de España "no decide ni aprueba las fusiones, lo único que hace es informar favorablemente, y por tanto, no tiene capacidad, sí tiene capacidad de parar integraciones". Al mismo tiempo, atacó la gestión del expresidente de Bancaja José Luis Olivas, que se negó hasta el último momento a la fusión con Caja Madrid: "Por poco profesional que fuera sabría cómo estaba la caja. Lo que yo creo, y el señor Olivas, aunque evidentemente no era un gestor profesional, por poco que supiera sabía cómo estaba Bancaja, ¿Qué hubiera pasado con Bancaja sola?", se preguntó Mafo.

En ese punto del interrogatorio, Herzog recordó que Olivas había negado en su declaración que Bancaja tuviera problemas de liquidez: "Pues no ha visto usted los informes de los inspectores señalando los problemas que tenía Bancaja", contestó Mafo, que no obstante aseguró que Bankia podría haber salido adelante "si no hubiera habido una segunda recesión. El Fondo Monetario Internacional decía que íbamos a crecer un 1,7%, y si eso hubiera pasado, que es lo que creía la gente, pues probablemente Bankia no hubiera tenido problemas. Pero hay un deterioro impresionante, hay una segunda recesión que nadie ha previsto, nadie, profundísima, y lo que pasa en la economía se traslada inmediatamente al banco".

El actual abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) en el caso Bankia también se interesó en el motivo por el que el Banco de España eligió a Caja Madrid como socia de Bancaja, a lo que Fernández Ordóñez respondió: "Al principio Rato tiene unos meses que también tiene el sueño de que puede ir solo. Pero a diferencia de Olivas se da cuenta antes. Rato es consciente e intenta buscar cajas medianas y no consigue y solo consigue cinco cajas pequeñas. Y Rato lo que le dice al subgobernador es que no podía hablar con Olivas. Y le dice: esto está resuelto, lo tengo aquí, ¿quieres venir? Vente. Y hablas con el señor Olivas, y el subgobernador le dice, mira, tenéis el despacho para hablar todo lo que queráis y nos decís qué es lo que decidís".

Pero entonces Herzog replicó a Mafo, que había asegurado que Caja Madrid estaba en mejor situación que Bancaja, que los informes de inspección de Caja Madrid, de diciembre de 2010, aseguran que la situación "es desoladora. En los informes se indica que Caja Madrid presenta unos ratios de morosidad muy elevados", recuerda el letrado. 

"Se echa a un montón de gente"

Y el exgobernador del Banco de España, que aseguró desconocer esos informes, que firmó el inspector José Antonio Casaus, aunque dijo que sus conclusiones no le sonaban "nada raro". "La cuestión es", prosigue Mafo en su respuesta, que completa, "¿esto es resoluble o no?. ¿Si se mete dinero, si se cambia la gestión, si se hace un plan de cierre de oficinas, de cerrar 800 oficinas, se echa a un montón de gente, ¿se pueden generar recursos para hacer frente a los saneamientos y al capital que necesita la entidad? ¿Sí o no? esa es la pregunta. Que estaba mal, eso es evidente", replicó el testigo.

"¿Pero la solución es ir con Bancaja, que está peor? no lo entiendo...", volvió a preguntar el letrado Herzog, a lo que Fernández Ordóñez respondió: "La integración es la forma habitual de resolver las crisis bancarias, ha sido en el pasado, ahora y va a ser en el futuro. Si usted mira la mayoría de los grandes bancos, Santander Central Hispano y Bilbao Vizcaya Argentaria, es la única forma de resolver los problemas, y lo que sucede es que cuando no tienen capacidad suficiente para una integración,  como por ejemplo con el Banco de Valencia, ha habido que poner dinero", pero a cambio el Banco de España les obliga a "presentar un plan de reconversión, y si es posible que el gestor bueno se quede con ella, la integración es una oportunidad y no dá más que posibilidades de hacer las cosas". 

Y después, ante una nueva pregunta de Herzog sobre si tras las ayudas el Banco de España no tendría que haber impuesto un expediente de sanción, Mafo se mostró reacio a ello: "El problema no se resuelve simplemente imponiendo una sanción, sino diciéndole que necesita es integrarse, obtener margen y sanearse. La integración es una oportunidad, porque muchos de esos problemas vienen por la falta de profesionalidad en la gestión".

"Verdú no era capaz de gestionar" Bankia

En su declaración como testigo de febrero de 2013, Mafo destacó también que la falta de una gestión profesional fue una de las principales disputas que mantuvo con Rato: "El Banco de España no estaba satisfecho con que la cuarta entidad la llevara un gestor sin capacidad para gestionarla. Y en esto es en lo que estaba la dirección de Supervisión, el subgobernador y yo mismo. Tratando de convencerle de que era el momento de dar un paso. Se intentó algo con el señor [Francisco] Verdú, muy bien valorado, pero no era una persona que fuera capaz de gestionar una entidad de ese tamaño. Y el Banco de España dice no, aquí hace falta alguien, y tenía una lista encabezada por [José Ignacio] Goirigolzarri, pero había otras debajo, pero Goirigolzarri para el Banco de España era el mejor". 

Y entonces el letrado de UPyD y que ahora representa a la Confederación Intersindical de Crédito, preguntó en ese momento si las ayudas que recibió Bankia no deberían haber estado condicionadas a los cambios de directivos en las entidades: "El Banco de España lo único que puede hacer, y lo hizo, es presión moral,Banco de España y es tratar de decirlo y decirlo, pero no puede agarrar y decir: se va usted, la presión moral funciona".

Bankia ha abierto sendos expedientes a los trabajadores de la entidad financiera Gabriel Moreno (CCOO) y Rafael Eduardo Torres (UGT) por los gastos realizados con su tarjeta black, según han confirmado fuentes del banco a infoLibre.

Los expedientes laborales a ambos sindicalistas, que según la entidad financiera permanecen liberados, se abrieron a principio de año, después de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, decidiera procesar a los 65 exconsejeros y exdirectivos que gastaron de forma presuntamente irregular más de 12 millones de euros con sus Visa opacas. Un portavoz de UGT ha asegurado a este diario que Rafael Eduardo Torres ya no está liberado, por lo que se ha reincorporado a su puesto de trabajo en Bankia.

La investigación interna realizada a los dos empleados de Bankia, que en su grado máximo podría acarrear la expulsión de sus puestos de trabajo, está supeditada a la sentencia que dicte la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se celebra desde octubre pasado el juicio por el escándalo de las tarjetas black, según confirman a infoLibre fuentes del banco.

Una investigación

El exresponsable de CCOO en Bankia expedientado gastó 20.400 euros con su tarjeta B entre 2006 y 2012. CCOO le abrió una investigación en octubre de 2014, al igual que a otros cinco miembros del sindicato que aparecieron en la lista de beneficiarios de las tarjetas opacas: Rodolfo Benito (140.521 euros), Francisco Baquero (266.433 euros), Antonio Rey Viñas (191.500 euros), Juan José Azcona (99.270 euros) y Pedro Bedia (78.151 euros).

Benito presentó su dimisión como presidente de la Fundación Primero de Mayo. Baquero, Azcona y Rey se dieron de baja. Un portavoz del sindicato asegura a esta diario que el expediente, en el caso de los cinco procesados que abandonaron el sindicato, se cerró con la decisión de apartarlos: "Si volvieran a CCOO serían expulsados, ya que la decisión no prescribe".

Pero en el caso de Gabriel Moreno, este sindicalista sigue liberado por CCOO: "Trabaja en el sindicato y no vamos a expulsarle, ya que el uso que hizo de la tarjeta fue en todo momento para gastos de representación", explica el portavoz de la central sindical. 

Expediente archivado

El ex secretario general de la sección sindical de CCOO en Bankia Gabriel Morenofue suspendido de militancia al conocerse quegastó 20.400 euros con una de las tarjetas B de Caja Madrid. Y el 29 de enero de 2015 fue imputado por el juez Fernando Andreu junto a los restantes beneficiarios de las tarjetas opacas a Hacienda.

Sin embargo, siguió acudiendo como representante de CCOO a las reuniones que los sindicatos de Bankia mantuvieron con la dirección para negociar el recorte de hasta un 30% en los planes de pensiones y seguros de la plantilla. El expediente del sindicato fue finalmente archivado.

Por su parte, Rafael Eduardo Torres fue miembro de la comisión de control de Caja Madrid nombrado a propuesta de UGT y gastó con su Visa 82.381 euros. En su declaración en el juicio, Torres reconoció la existencia del expediente: "Cada vez estoy más convencido de que somos cabezas de turco para pagar algo. Nunca he incurrido en gastos personalesgastos personales, siempre en gastos relacionados con la función", dijo.

No obstante, en la fase de instrucción este sindicalista de UGT admitió al juez Andreu que utilizó su tarjeta de Caja Madrid para financiar la compra de octavillas, carteles y circulares que formaban parte de campañas puestas en marcha por el sindicato.

"Estaban al tanto"

Precisamente, otro sindicalista de UGT, Gonzalo Martín Pascual, que está procesado por gastar 129.700 euros con las denominadas por el exsecretario de Caja Madrid Enrique de la Torre tarjetas black, pues eran "negras a efectos fiscales", aseguró en un escrito dirigido al juez Andreu que el PSOE de Madrid y los sindicatos CCOO y UGT “estaban perfectamente al tanto de su existencia”, en referencia a las Visa opacas.

Otros de los consejeros procesados vinculados con UGT son Miguel Ángel Abejón, que gastó con la black 109.198 euros, y José Ricardo Martínez, que fue secretario general del sindicato en Madrid, que cargó 44.154 euros.

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja, Fernando Andreu, ha reactivado la investigación al reclamar numerosa documentación al Banco de España sobre las inspecciones del organismo regulador a Caja Madrid en 2009 y 2010, según un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 8 del pasado 8 de noviembre.

De esta forma el magistrado, cuyo auto ha sido adelantado por Vozpópuli.com, reclama al supervisor las agendas de las reuniones periódicas mantenidas por el Banco de España con Caja Madrid, que remitía el equipo de inspección a los directivos u órganos de dirección a la caja en los ejercicios 2009 y 2010", años en los que la entidad estuvo presidida por Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

En concreto, el magistrado pretende determinar si los directivos de la caja informaron a los inspectores "de toda circunstancia de impacto real o potencial relevante en la solvencia, liquidez o rentabilidad de Caja Madrid". En este sentido, Andreu reclama también las "conclusiones, sean formales o informales que fueran elevadas a la jefatura del equipo inspector de las reuniones mantenidas con Caja Madrid durante los años 2009 y 2010", en los que la entidad financiera vendió casi 3.000 millones en preferentes.

Amortización anticipada

El auto reclama, además, especial atención a la situación de morosidad de Caja Madrid, los movimientos del balance en la parte minorista, la gestión de la tesorería, la compra de deuda, productos híbridos emitidos por el grupo Caja Madrid y la amortización anticipada de las participaciones preferentes.

Tal y como adelantó infoLibre, los inpectores del Banco de España sabían en abril de 2011 que durante la creación de Bankia y de su matriz, BFA, la entidad presidida por Rodrigo Rato no informó individualmente a los acreedores, especialmente los preferentistas, sobre qué destino tendrían sus títulos: "Sólo contestan las consultas que les llegan. Recomprarán los valores de aquellos acreedores que se sientan perjudicados y causen revuelo", especifica un correo electrónico adelantado por este diario.

La cúpula de Banco de Valencia estaba compuesta entonces por el también presidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, y el exconsejero delegado Domingo Parra, que fueron detenidos en junio de 2015 por estafa y malversación en relación con los negocios de Bancaja en el Caribe.

En su informe de 1 de agosto de 2013, los inspectores de la Intervención del Estado, que actuaban como peritos de la Fiscalía Anticorrupción, analizaron las cuentas anuales y consolidadas del banco correspondientes a 2009 que el Consejo de Administración aprobó el 29 de enero de 2010 y que el auditor validó en un informe emitido el 1 de febrero de ese año. Según los cálculos de los peritos, la cuentas tendrían que haber presentado unas pérdidas de 86,23 millones en lugar de unos beneficios de 132 millones de euros. 

Para estos funcionarios, los ratios de morosidad y solvencia mostrarían una situación mucho más desfavorable que la que se había plasmado en las cuentas oficiales: "Consideramos que no reflejarían la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Banco de Valencia al 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en su patrimonio neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha de conformidad con los principios y normas contables contenidos en la Circular 4/2004 del Banco de España".

Control semanal

La comparecencia de estos dos funcionarios, que eran jefe y subjefa de la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción, precede a la declaración prevista para este jueves de los inspectores de Hacienda que se encargaban de realizar el control en la entidad.

Entre estos funcionarios se encuentra el inspector José Antonio Casaus Lara, quien según la documentación aportada por el Banco de España al juez que investiga el caso Bankia, Fernando Andreu, dirigió en marzo de 2011 varios correos electrónicos al jefe de grupo de inspección del Banco de España, José Antonio Gracia Sanz, en el que aseguraba la mala situación en la que se encontraba el Banco de Valencia.

En concreto, Casaus envió a su jefe un mensaje el 1 de junio de 2011, tan sólo un mes antes de la salida a bolsa de Bankia, en el que le explica que había advertido a Rato de que la situación de liquidez de Banco de Valencia, "de acuerdo a la posición estratégica adoptada por el Grupo", que era la de abandonar al banco a su suerte, generaría "problemas" a Bankia. Sin embargo, la dirección financiera de Bankia "dice no saber nada y que no le preocupa nada".

Salida a bolsa

Estos "problemas" no trascendieron a la opinión pública, por lo que la salida a bolsa de Bankia se llevó a cabo en julio de 2011 sin que los inversores tuvieran la más mínima idea de la situación en la que se encontraba esta empresa participada por el banco que dirigía Rato, que abandonó el mismo a su suerte.

Tras la comparecencia de los inspectores de Hacienda, el juez Santiago Pedraz tiene intención de llamar a declarar como investigados a los integrantes del consejo de administración que aprobaron las cuentas que ahora los peritos consideran irregulares.

El juez Santiago Pedraz. 

Entre los citados estarán el expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; los exvicepresidentes de la entidad Antonio José Tirado y Celestino Aznar; y el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer.

Diferencia de cálculo

En el auto en el que declaraba compleja la causa, el juez Pedraz adelantó que los investigados tendrían que dar explicaciones "sobre la diferencia de cálculo de provisiones existente entre las cuentas aprobadas y revisadas" y los que realizó la inspección del Banco de España.

El Banco de España intervino en noviembre de 2011 el Banco de Valencia y sustituyó a los admistradores. También se vio obligado a inyectar 1.000 millones de euros al mismo tiempo que concedió a los nuevos gestores una línea de crédito de otros 2.000 millones para asegurar su liquidez.

En total, las administraciones públicas han tenido que aportar 17.868 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, para evitar la quiebra de Banco de Valencia, que era una sociedad participada de forma mayoritaria primero por Bancaja y tras la fusión por Bankia.

De esta forma, el Banco de Valencia es la tercera entidad financiera que ha necesitado más dinero para evitar la quiebra, tras los 24.861 millones de la Caja del Mediterráneo y los 22.426 millones de BFA-Bankia.

Olivas dimitó de su cargo de presidente de Bancaja el 21 de noviembre de 2011, días antes de la intervención. Al final de todo el proceso, el Banco de Valencia ha acabado en manos de CaixabankCaixabank, que se hizo con la entidad financiera valenciana tras abonar 1 euro y asumir la deuda de la misma.

El mayor juicio por la estafa de las preferentes ha quedado visto para sentencia este lunes en el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid tras la segunda vista de la demanda colectiva dirigida por la asociación de usuarios de banca Adicae contra Bankia, la heredera de Caja Madrid.

En el juicio, la asociación de consumidores ha solicitado la anulación de todos los contratos y la devolución de los ahorros a los 2.143 demandantes, que invirtieron una media de 30.000 euros. Para el secretario general de Adicae, Fernando Herrero, el juicio ha acreditado "sobradamente el fraude masivo, y más después de que en la primera vista el tribunal dejara claro que el caso requería una solución colectiva pese a la insistencia de Bankia de individualizar caso por caso".

Por su parte, el abogado de Caja Madrid, Manuel García Villarrubia, se ha opuesto en el juicio a que se pueda reclamar de forma colectiva la devolución del dinero, al mismo tiempo que ha señalado que las prácticas realizadas no se pueden integrar en el marco de las condiciones generales del contrato, ya que no constituyen prácticas abusivas.

infoLibre analiza las claves en este juicio y del resto de acciones legales contra las participaciones preferentes:

1. La mayor demanda colectiva de preferentes

En el juicio que ha quedado visto para sentencia este lunes, las acusaciones han aportado pruebas de que Caja Madrid llamaba de forma individual a sus clientes para venderles los productos híbridos, "por lo que no es verdad que los afectados eran personas ambiciosas y codiciosas que querían una rentabilidad exagerada", explica a este diario José Ángel Palacios Merino, portavoz de prensa de Adicae, que resalta que el argumentario aportado en el juicio "confirma que hubo una campaña que se orquestaba desde arriba, y que incluso ocultaba a los vendedores los riesgos".

En este sentido, prosigue el mencionado portavoz, las preferentes eran un producto financiero "muy complicado, ya que los clientes no sabían que sólo recibirían beneficios si la entidad tenía beneficios. Y los directivos sabían que la entidad podría acabar teniendo pérdidas".

Además, Adicae sostiene que en muchos casos no se llegaba a rellenar los test de idoneidad de los clientes, al mismo tiempo que se utilizaban en los contratos "malabares lingüísticos del tipo sin vencimiento definido'", con lo que se trataba de ocultar al cliente que contrataba un producto tóxico a perpetuidad.

A juicio de la asociación, el argumentario "infravaloraba" además la posibilidad de que Caja Madrid puediera tener pérdidas, "ya que llega a decir que si la gente pregunta por la reducción de la calificación de las preferentes por las agencias, se ha de responder que el sistema financiero español es de los más solidos, y que Caja Madrid era solvente, por lo que las preferentes eran un producto seguro, y por supuesto no aclaraban que eran a perpetuidad", relata José Ángel Palacios Merino.

El secretario general de Adicae, Fernando Herrero, va más allá al asegurar que el argumentario comercial y el sistema de bonus son pruebas que ratifican "aún más que se trataba de una trama organizada y premeditada desde la alta dirección", que vendió en masa las preferentes a pesar de saber que su calificación había sido reducida y de que el producto estaba a la altura de un bono basura.

2. Las últimas decisiones de los tribunales

Adicae ha aportado al juez de la macrodemanda de Madrid la última sentencia colectiva de preferentes de Caja de Canarias, integrada en Bankia, en la que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia condenó a la entidad por la venta de participaciones preferentes de la Caja Insular de Ahorros de Canarias. El magistrado declaró el carácter abusivo de todo el proceso de comercialización.

Caja de Canarias vendió 60 millones en preferentes "ocultando a sus clientes información esencial, como el alto riesgo o el carácter perpetuo o sin vencimiento ni liquidez de las preferentes, a sabiendas de que no era un producto adecuado para ellos". Por ello, la sentencia define la actuación de la caja como "contraria a la buena fe, con claro perjuicio a los consumidores y evidenciando el desequilibrio entre las partes". Independientemente de las circunstancias de cada consumidor, Bankia queda condenada a devolver todo el dinero -20.000 euros de media- a los demandantes, explica Adicae.

En el mismo sentido, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid ha condenado recientemente a Bankia a devolver a los compradores de deuda subordinada de Caja Madrid las cantidades íntegras defraudadas más los intereses legales y las costas. Además de los 141 consumidores agrupados en esta demanda colectiva de Adicae, que perdieron una media de 36.500 euros, la sentencia permite reclamar a cualquier afectado, incluidos los que vendieron sus obligaciones.

Según la asociación, esta sentencia podría convertirse en un manual de la redacción de los contratos bancarios en España: "Bankia y el resto de entidades deberían tomar nota”, afirmó Manuel Pardos, presidente de Adicae, al valorar la mencionada sentencia que según su opinión "marca un antes y un después: el tribunal anula todos los contratos por la abusividad y nulidad de las condiciones generales de contratación, unas cláusulas idénticas a las presentes en los contratos de preferentes, depósitos, administración de valores, etc. La justicia cuestiona así la legalidad de la práctica totalidad de los productos complejos comercializados por Bankia", completa el responsable de Adicae.

Pero al margen de las recientes decisiones, según los datos aportados en mayo de 2014 por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, que reunía datos hasta abril del mismo 2014, sólo el 5% de las demandas judiciales presentadas por la venta fraudulenta de preferentes dio la razón a la entidad financiera, mientras que el 62% de los procedimientos ya se habían resuelto a favor del cliente.

Hasta esa fecha, los afectados interpusieron 270.303 demandas judiciales, por un importe de 1.634 millones de euros, frente a las 534.150 personas que prefirieron acudir al arbitraje, lo que equivale a 9.772 millones de euros.

La versión de Bankia

Bankia asegura, por su parte, que ha devuelto su inversión durante los tres últimos años a más de 165.000 personas que invirtieron en instrumentos híbridos. El grueso de las devoluciones se realizó a través del arbitraje de 2013. Por esta vía se retornó su dinero a más de 137.000 personas. Además, el banco se ha visto obligado a devolver su inversión a 28.000 clientes de las antiguas cajas por la vía judicial.

Por el contrario, el secretario general de Adicae, Fernando Herrero, replica que la propia celebración del macrojuicio de este lunes "es la demostración de la vergüenza de unas instituciones que no han querido, podido o sabido dar solución a un fraude masivo que a día de hoy hace que casi la mitad de los preferentistas de Bankia sigan esperando la devolución de sus ahorros”.

Para Herrero, "pese a que Bankia intenta dar por resuelto el caso presumiendo de que ha devuelto el dinero a 165.000 personas –28.000 de ellas tras arrastrarlas por los juzgados-, el injusto arbitraje de sus preferentes ha dejado sin solución a más de 110.000 ahorradores, excluidos por criterios tan absurdos como tener estudios o haber sido engañados para depositar más de 10.000 euros".

En abril de 2013 el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en una sentencia que creaba jurisprudencia, condenó al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a devolver a un matrimonio valenciano los casi 300.000 euros que había invertido en participaciones preferentes de la compañía norteamericana Lehman Brothers, que protagonizó en 2008 la mayor quiebra de la historia.

El fallo iba en sintonía con las conclusiones de las Audiencias provinciales y tribunales de primera instancia que destacan que los términos empleados en el contrato para advertir al inversor del riesgo de determinados productos "no cumplen las exigencias de claridad y precisión de la información". "Contienen vaguedades [...] que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional, que están vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos".

Pero además del ámbito de lo civil, en junio pasado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de juzgar a los exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós por la venta de preferentes y deuda subordinada de la entidad.

Por su parte, el titular del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, mantiene imputados a varios directivos, entre ellos a Miguel Blesa, por las preferentes de Caja Madrid y Bancaja. Fuentes del caso aseguran que la investigación está paralizada desde hace meses.

3. ¿Qué sabemos de las preferentes?

Los informes del Banco de España confirman que las preferentes y el resto de productos financieros que se denominan híbridos se vendieron a clientes de las entidades financieras, de edad avanzada, que no eran expertos inversores. Sin embargo, fueron creadas para personas con amplios conocimientos de los mercados. En cambio, se vendieron "a ahorradores, que confiaron en su sucursal de toda la vida", sostiene el responsable de comunicación de Adicae, José Ángel Palacios Merino.

En este sentido, en su declaración como investigado en la pieza separada del caso Bankia sobre las preferentes de Caja Madrid y Bancaja en la Audiencia Nacional, Miguel Blesa rechazó que los preferentistas no conocieran lo que estaban comprando al asegurar al juez Fernando Andreu, de forma textual: "No se puede decir que un minorista sea un ignorante financiero y tampoco que un jubilado sea un ignorante financiero".

Las entidades financieras españolas colocaron un total de 12.552 millones de euros en participaciones preferentes entre inversores minoristas entre los años 2008 y 2011, según consta en un informe de la Comisión de Seguimiento sobre comercialización de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada de la CNMV, BBVA vendió en 2008 un total de 1.000 millones entre inversores minoristas.

Pero fue el año siguiente, en 2009, cuando se produjo un mayor de volumen de emisiones e importes, con un total de 11.352 millones entre pequeños inversores, derivado de la necesidad de obtención de recursos propios computables a efectos regulatorios y de la dificultad de las entidades para obtener esos recursos en el mercado mayorista.

¿Es una estafa? Aunque todo el mundo asume que la venta de preferentes lo es, hasta el momento ningún tribunal ha condenado por este delito a las entidades financieras. UPyD denunció en la Audiencia Nacional a Blesa y a otros directivos por seis delitos, entre los que incluye el de estafa, pero el procedimiento está literalmente parado.

El juicio por la macrodemanda de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) contra Caja MadridCaja Madrid por la supuesta estafa en la emisión de participaciones preferentes ha quedado este lunes visto para sentencia tras el informe final expuesto por las partes personadas en el proceso conducido por el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid.

En una sala abarrotada por más de 200 preferentistas, la vista oral ha concluido en el salón de actos de los juzgados de Plaza de Castilla tras cuatro horas de audiencias. Tras concluir, los afectados se han desplazado a la sede de Bankia para manifestarse y exigir que se les devuelva el dinero.

Se trata del caso derivado de la demanda colectiva que interpuso Adicae junto a 2.143 personas2.143 personas afectadas por la presunta venta fraudulenta de participaciones preferentes.

En su informe de conclusiones, el abogado Antonio Castro ha solicitado al magistrado Teodoro Ladrón que dicte una sentencia estimatoria de la demanda de Adicae al estimar que ha quedado acreditado que Caja Madrid incurrió en "prácticas abusivas" y vulneró "gravemente" la normativa sectorial y la relativa a los derechos de los consumidores, ya que no se les informó de los riesgos de impago.

"Las deficiencias detectadas hace que en la emisión de participaciones no se superaran los controles de transparencia y abusividad", ha recalcado el letrado, quien ha insistido acto seguido en que la entidad bancaria sabía que el producto era "un bono basura" que iba a producir "fuertes impagos".

"Las agencias económicas dijeron que era un bono basura, pero la entidad dio instrucciones de que se dijera que el sistema financiero español era fuerte y que era un producto y rentable. La cúpula lo sabía, pero lo colocaron como un producto de interés. No se hizo el test de idoneidad, por lo que nunca se debería haber ofrecido este producto de riesgo y complejo", ha dicho.

De este modo, ha insistido en que Caja Madrid "no actuó de buena fe e incumplió diversas normativas. Todo ello, tiene como consecuencia para el letrado Antonio Castro, que se declare la nulidad del contrato y se proceda a la devolución de las cantidades entregadas por los usuarios que quisieron invertir sus ahorros en este producto "engañoso".

"No se observaron las reglas de transparencia y no se advirtió del riesgo de impagos", ha agregado. Seguidamente, se ha reafirmado en la idea de que la entidad ya sabía de los riesgos, pero iba más allá de la motivación en favor de los intereses de los consumidores.

"Su motivación era reforzar sus recursos propios", ha sentenciado el abogado, quien ha sido aplaudido por los preferentistas cuando ha concluido su exposición.

Caja Madrid se defiende

Por su parte, el abogado de Caja Madrid, Manuel García Villarrubia, se ha opuesto al argumento de que se trate de una demanda colectiva, así como el hecho del riesgo de participación futura que existía entonces cuando se comercializaron las participaciones.

"No existía ningún riesgo de participación futura, porque cambió la normativa. Por ello, no se ha dado el carácter de temporalidad que exige la demanda", ha destacado. Igualmente, ha señalado que las prácticas realizadas no se pueden integrar en el marco de las condiciones generales del contrato, ya que no constituyen prácticas abusivas.

"Carácter premeditado"

En uno de los recesos, el secretario general de Adicae, Fernando Herrero, ha subrayado que en el informe final de la asociación se haya destacado "un elemento clave con arreglo a las pruebas aportadas, que es el carácter premeditado de toda la operación de emisión de participaciones preferentes: la colocación indiscriminada entre cientos de miles de ahorradores".

A su juicio, se ha visto reforzada en la vista la idea de que "Caja Madrid sabía, cuando empezó a vender las preferentes, que su calificación había sido reducida y que ese producto que se estaba comercializando estaba a la altura de un bono basura".

A preguntas sobre los argumentos de la parte demandada, ha respondido que "Bankia trata de confundir al tribunal y reiterar argumentos ya dichos, como que no se puede enjuiciar de manera colectiva.

"Y que debe ser uno por uno. Esto ya se resolvió el 14 de julio y dijo que sí, porque era un fraude de carácter colectivo, algo determinado ya por la jurisprudencia", ha recalcado.

Audiencia previa

En la primera audiencia, que se celebró el pasado 14 de julio, el abogado de Adicae reclamó la nulidad de las condiciones generales que regían la contratación de este producto tras tacharlas de "abusivas".

Adicae solicita que haya un resarcimiento de carácter general, extendiéndose a todos los afectados. El colectivo ve los hechos como un "fraude masivo al ahorro".

Bankia ha devuelto su inversión durante los tres últimos años a más de 165.000 personas que invirtieron en instrumentos híbridos, principalmente participaciones preferentes emitidas por las cajas de ahorros.

Proceso de arbitraje

Según datos facilitados por la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri a Europa Press, el grueso de las devoluciones se realizó a través del proceso de arbitraje desarrollado por el banco en 2013. Por esta vía se retornó su dinero a más de 137.000 personas.

Además, el banco ha devuelto su inversión a 28.000 clientes de las antiguas cajas por la vía judicial. Como parte del rescate de la entidad, la Comisión Europea impuso a Bankia en 2013 que aplicara una quita a los inversores en preferentes y canjeara estos productos por nuevas acciones del banco.

Las acciones de Bankia llegaron a triplicar su valor entre mayo de 2013 y marzo de 2014, al pasar de 0,48 euros hasta rozar los 1,6 euros, lo que permitió a muchos inversores recuperar su inversión por dicha vía.

Un mensaje interno, que da cuenta de la "reunión de liquidez de Caja MadridCaja Madrid" mantenida el 13 de abril de 2011, relata que tras la decisión de traspasar los activos de las anteriores cajas de ahorros al Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y a Bankia, en la nueva entidad se recibieron "llamadas de acreedores mayoristas interesándose por dónde quedan sus títulos, especialmente perjudicados en el caso de subordinadas y preferentes que van a BFA y que contarían con derecho de oposición en el plazo de un mes desde la inscripción".

Los inspectores del Banco de España que participaron en la mencionada reunión de abril de 2011, cuatro meses antes de la salida a bolsa de julio del mismo año, fueron José Carlos Molina Franquelo y Luisa Noelia Sánchez Saorín. Por parte de Bankia estuvieron Fernando Cuesta, Jaime Comunión, Fernando Álvarez e Íñigo Sáinz. Y según los funcionarios públicos, pese a las llamadas recibidas, los responsables de la entidad presidida por Rato "no han informado individualmente a los acreedores, sólo contestan las consultas que les llegan".

"Transmiten tranquilidad"

El informe del Banco de España sostiene además que en los casos en que los acreedores sí acudían a Bankia a reclamar información "les transmiten tranquilidad con el argumento de que esta estructura se ha montado para lograr una gestión más eficiente y garantizar mejor los pagos de todos los pasivos".

El conjunto de mensajes en los años 2011 y 2012 de los inspectores llegan a calificar a la matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) como un banco malo, en el que los directivos tenían intención de aparcar los activos tóxicos de las cajas de ahorrosaparcar activos tóxicos, así como inmuebles con difícil salida comercial en plena crisis del ladrillo. Por el contrario, Bankia era la entidad que saldría a bolsa, por lo que en ella se concenttaron los activos más rentables.

De hecho, en un correo electrónico de 16 de diciembre de 2011, el inspector del Banco de España José Antonio Casaus Lara explica que de la reunión que celebró esa semana con los directivos del banco pudo saber que "BFA individual probablemente cerrará 2011 en pérdidas. Mi impresión es que han tirado la toalla con BFA, pero se les ve tranquilos, lo que refuerza mi sensación de que está todo el pescado vendido: venta del 52% del capital social de Bankia en poder de BFA (por 2.000-3.000 millones de euros) y simultánea entrega de BFA (que quedaría en quiebra técnica pues sus fondos propios contables serían negativos tras esa venta) al FROB".

Rato negó que BFA fuera un 'banco malo'

Por el contrario, el 6 de abril de 2011 Rato había rechazado que BFA fuera un banco malo. Durante su intervención en el XVIII Encuentro del sector financiero, organizado por Deloitte y el diario ABC, Rato abordó la situación en la que quedaba Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la entidad que agrupaba a Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas, que se quedó con todo el suelo mientras el negocio bancario se traspasaba a Bankia.

Según defendió Rato en ese foro económico, la denominación de banco malo para BFA era una "mala interpretación", porque era "una entidad no cotizada con beneficios, y no hay nada malo cuando gana dinero". Trece meses después Rato dimitía por sorpresa, provocando un terremoto financiero que acabó con la intervención de Bankia, que ha necesitado 22.400 millones para evitar su quiebra.

Una portavoz del colectivo ciudadano 15MpaRato, que ejerce la acusación particular en el caso Bankia, ha calificado de "grave" el contenido del informe adelantado por este periódico: "no se entiende que Bankia informe de que no van a atender a los que no se quejen, y que el Banco de España no haga nada".

La Audiencia Nacional investiga desde diciembre de 2012 la emisión de las preferentes por parte de Caja Madrid y Bancaja. Por ello está imputado el expresidente de la entidad financiera madrileña Miguel Blesa. Sin embargo, fuentes del caso explican que la investigación está paralizada y que muchos de los preferentistas han abandonado la acusación para tratar de recuperar su dinero en la vía civil.

Y el 1 de junio de 2011, tan sólo un mes antes de la salida a bolsa de Bankia, el inspector Casaus explica a su jefe que advirtió a Rato de que la situación de liquidez de Banco de Valencia, "de acuerdo a la posición estratégica adoptada por el Grupo", que era la de abandonar al banco a su suerte, generaría "problemas" a Bankia. Sin embargo, la dirección financiera de Bankia "dice no saber nada y que no le preocupa nada".

Estos "problemas" no trascendieron a la opinión pública, por lo que la salida a bolsa de Bankia se llevó a cabo en julio de 2011 sin que los inversores tuvieran la más mínima idea de la situación en la que se encontraba esta empresa participada por el banco que dirigía Rato, que abandonó el mismo a su suerte.

El Banco de Valencia estaba participado mayoritariamente por Bancaja hasta la fusión, cuyo dominio fue traspasado al Grupo BFA-Bankia. Y debido a ese control, según los peritos judiciales del caso Bankia, sus cuentas tendrían que haberse integrado en su matriz desde el ejercicio 2010, en el que ya se habían detectado pérdidas de unos 537 millones.

No cumple las normas

Por el contrario, el 1 de octubre de 2011 BFA-Bankia reclasificó su participación en Banco de Valencia como si se tratara de un "activo no corriente en venta" no incluyéndose, por tanto, "en el perímetro de consolidación del Grupo BFA-Bankia, mediante decisión adoptada por el presidente ejecutivo, Rodrigo Rato. Dicha reclasificación, desde un punto vista contable, no cumple con lo indicado con las normas del Banco de España", especificaban los peritos en sus conclusiones sobre la gestión de Bankia.

En el aludido mensaje electrónico de marzo de 2011, conocido este viernes, se da cuenta de que el Banco de España advirtió a Bankia de que con la bajada de rating de Moody's al Banco de Valencia, la calificación del banco valenciano quedaba "por debajo del grado de inversión, lo que imposibilitaba su acceso a los mercados".

Además, según los inspectores que controlaban las cuentas de Rato, pese a que el banco valenciano llevaba su gestión tesorera de forma independiente de Bankia, "podría necesitar el apoyo de ésta para hacer frente a los vencimientos (líneas de crédito abiertas disponibles por 970 millones)".

"Salidas anormales de depósitos"

El correo electrónico muestra un panorama para Banco de Valencia muy preocupante: "Los depósitos interbancarios que vencían en marzo (600 millones de euros) se les han ido y tienen un vencimiento de senior por 700 millones en julio. Además, están notando que desde el anuncio de Moody's la prensa local está incidiendo en su calificación de bono basura y se están produciendo salidas anormales de depósitos a plazo (70 millones en tres días). El disponible en póliza asciende a sólo 600 millones de euros".

Además, el inspector asegura en el documento que comentó a los directivos de Bankia que la situación de liquidez "es preocupante: en julio vencen 700 millones de euros y hay otros 200 millones sobre los que Bayerische Landesbank está reclamando la salida".

Entre los problemas que sufriría Bankia por su decisión de dejar a su suerte a la entidad valenciana, Casaus resaltó que Bankia "tiene 1.700 millones de euros de financiación dispuesta con Banco de ValenciaBanco de Valencia, materializada en una línea de 1.000 millones que ha quedado en BFA y otra de 1.000 millones en Bankia".

José Luis Olivas

Además, el funcionario apuntó otro nexo de las entidades: que el presidente de Banco de Valencia, José Luis Olivas, era entonces vicepresidente ejecutivo de BFA y de Bankia y que el banco valenciano "consolida globalmente en el Grupo BFA-Bankia".

"Según me han dicho ellos mismos", completa el inspector en su escrito en el que da cuenta de sus reuniones con los directivos de Bankia,"muchos acreedores de Banco de Valencia pensaban que Bancaja era quien estaba detrás, pues las colocaciones en el mercado las cerraba el personal de Bancaja. Además, la relación que tenían Bancaja y Banco de Valencia era tan evidente como que la financiación de 1.700 millones que tiene de Bankia son los 1.700 millones que Bancaja emitió en avaladas para, a continuación, prestárselos a Banco de Valencia".

Pese a su decisión de abandonar el banco valenciano a su suerte, los directivos de Bankia, que defendían ante el regulador que Banco de Valencia pertenecía a BFA (banco malo) y no a Bankia, aseguraron que si al final se decidía a hacer algo para ayudar al banco valenciano "tendría que ser antes del 3 de julio [fecha de la salida a bolsa de Bankia], porque un banco cotizado no puede abrir la financiación a una inversión de baja calidad".

"Otros socios"

En este sentido, en su primera declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Rato aseguró: "El Banco de España tenía clara cual era mi posición. Y no me planteó que la cambiase. Yo estaba a favor de una ampliación de capital, pero solo si hay un informe independiente que me diga que es suficiente. Y solo por el 39%. Por lo que tendría que haber otros socios considerables...". Además, explicó que mantener la liquidez del Banco de Valencia le costó a Bankia "400 millones de euros".

En el correo electrónico enviado el 10 de noviembre de 2011 por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus Lara al jefe de grupo de inspección del Banco de España, José Antonio Gracia Sanz, el primero asegura también que en una reunión con sus interlocutores de Bankia les trasladó que el organismo supervisor consideraba que desde el 7 de de octubre de 2001, "el Grupo BFA tomó una decisión estratégica: lanzar al mercado su idea de desentenderse de Banco de Valencia", sostiene el funcionario.

"Pese a pedírselo repetidas veces desde el 13 octubre, aún no nos habían dado cifras sobre el impacto de valorar a cero Banco de Valencia, entendíamos que dicha decisión tan relevante se había adoptado por parte de Grupo BFA sin haber evaluado previamente el impacto en el Grupo, lo que desde el punto de visto de nuestra valoración del gobierno corporativo nos parecía un aspecto a tener en cuenta. La respuesta de José Luis Sánchez Blázquez [Bankia] es que en Cibeles se tenía toda la información", explica el inspector.

"Quebranto reputacional"

De esta forma, la decisión de Rato de desvincularse de este banco participado, según explican los peritos judiciales de Bankia en consonancia a las conclusiones que realizó su compañero en 2011, "proyectó al mercado la idea de que ante una dificultad significativa de una entidad filial, dependiente desde 1994, el Grupo BFA-Bankia no era capaz de gestionar y solucionar de forma privada esta situación, conllevando un quebranto reputacional, que se tradujo en una bajada de calificación por parte de Moody´s, dos meses después de la intervención".

Tan solo 11 días después de este último correo, el 21 de noviembre de 2011, un día después de las elecciones generales que ganó Mariano Rajoy, Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España.

En total, la centenaria entidad financiera valenciana ha necesitado 17.000 millones de euros para evitar la quiebra. Una parte de este dinero fue a parar a Caixabank, que se hizo con la entidad por un 1 euro. A cambio, el banco de Isidre Fainé recibió una línea de crédito de 7.000 millones para reflotar el banco.

Los correos electrónicos que se cruzaron en 2011 y 2012 los inspectores del Banco de España que de forma semanal controlaban las cuentas de Bankia prueban que el organismo regulador sabía al menos desde el 2 de diciembre de 2011 que el "panorama" de la entidad presidida por Rodrigo Rato era "desolador"Rodrigo Ratodesolador, según lo califica el exjefe de Inspección del Banco de España José Antonio Casaus Lara en un correo electrónico dirigido al jefe de grupo de inspección del Banco de España, José Antonio Gracia Sanz.

Bankia fue nacionalizada en mayo de 2012, después de que el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) dimitiera por sorpresa, y tras una reunión secreta en la que además de Rato participaron el ministro de Economía, Luis de Guindos; el presidente de BBVA, Francisco González; el de Caixabank, Isidre Fainé; y el expresidente del Santander, el fallecido Emilio Botín.

El exvicepresidente del Gobierno presentó las cuentas de 2011 en marzo de 2012 con 309 millones de beneficios, que tras su salida se convirtieron en un agujero de 2.979 millones. Al final de todo el proceso, Bankia necesitó 22.400 millones de euros públicos para evitar su quiebra. Rato defiende su gestión, y asegura que la situación de los mercados internacionales, y en especial de los españoles, explicarían las diferencias, por lo que ambos presupuestos estarían justificados.

"Forzar las previsiones"

En el mensaje electrónico de los inspectores, al que ha tenido acceso infoLibre, se incluyen como destinatarios a otros 14 funcionarios del Banco de España, está encabezado con el asunto: "Reunión semanal con Intervención. ¡No tiene desperdicio! Grupo Bankia (el banco bueno) pese a forzar las previsiones financieras iniciales, acabaría 2012 con 400 millones de beneficio y sin fondos genéricos. y BFA en pérdidas y con solo 500 millones de caja". Banco Financiero y de Ahorros (BFA) es la matriz de Bankia, que según los inspectores funcionaba como un banco malo en el que se acumulaban los activos tóxicos del grupo.

El inspector del Banco de España elabora el correo después de reunirse con el entonces interventor de Bankia, Sergio Durá, de quién asegura: "Por primera vez desde hace un mes". En el mensaje, Casaus Lara anuncia a sus compañeros el "posible deterioro de la participación que tiene BFA en Bankia, de 12.000 millones de valores comerciales negociables (VCN), a la que le corresponden fondos propios de Bankia de 8.000, y que tiene un valor de mercado de 3.300 millones de euros".

"Quién es el guapo"

Y según la versión de este funcionario, el interventor de Bankia, Sergio Durá, ante los cambios en las cuentas le llegó a decir: "A ver quién es el guapo (auditor externo, Banco de España) que le manda una carta al FROB diciendo que en BFA hay un agujero de 5.000 millones", indica el mensaje.

Para completar su análisis de las cuentas de Bankia, el inspector José Antonio Casaus Lara explica a sus compañeros que "por fin" había averiguado "quiénes hicieron el análisis del margen financiero" para el presupuesto 2010 del Grupo BFA. E incluye la sarcástica frase: "Bien tirado: una pequeña desviación del 9%", un porcentaje muy elevado para un balance de un banco. "Son los de Gestión de Balance, los mismos que llevan negándole la información a José Carlos Molina durante meses".

En un apartado diferente, el funcionario del organismo supervisor alude a unas jornadas sobre el plan estratégico del Grupo Bankia: "El presidente Rato habló de situación de guerra hasta junio de 2012 por los vencimientos mayoristas".

"Buenismo de las proyecciones"

Pero el correo electrónico va mucho más allá en la negativa valoración de la situación de la entidad presidida por Rato cinco meses antes de la dimisión de éste: "Durá nos ha comentado el presupuesto del Grupo Bankia, sin el banco malo [BFA] para 2011. El panorama del grupo bueno cotizado, pese a ser sobre el papel, que todo lo soporta, sólo podemos calificarlo de desolador pese al buenismo de las proyecciones".

En este sentido, José Antonio Casaus Lara destaca que si BFA "no emite avaladas en 2012 por el Estado o el Banco Central Europeo acabaría con una caja de 500 millones de euros", cuando los pagos de los intereses de los pasivos "suponen unos 1.400 millones al año".

Y después, el mensaje incluye los datos "más relevantes de las previsiones de balance y resultados de 2012 de Grupo Bankia". Y Casaus Lara comienza así el texto: "Como están apretadísimos por la liquidez, quieren desapalancarse en 12.000 millones. Ese bestial desapalancamiento les estrecha aún más el maltrecho margen financiero, ya que a nivel del Grupo BFA, ha caído más de 2.000 millones en dos años, un 48%, hasta quedar por debajo de 2.4000 millones".

Acusación de 15MpaRato

La acusación particular de 15MpaRato ha emitido una nota en la que asegura que de los documentos "se desprenden pruebas que confirman, más allá de toda duda, que las cuentas que Bankia comunicó en su salida a bolsa eran falsas tal y como denunciamos en nuestra querella".

"Más allá de este supuesto inicial de la falsedad contable (artículo 252bis del Código Penal) con el que 15MpaRato abrió el caso Bankia, de los documentos se deduce", prosigue este colectivo ciudadano en la nota, que el Banco de España, "cuya cúpula maniobra en el caso para exculpar a Bankia, estaba al corriente. Consideramos que se trata de una prueba de primer orden y que por el momento procesal en el que se encuentra el caso, la fase de investigación del juicio está más que completa".

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, declara este viernes como testigo en la Audiencia Nacional después de que el juez que investiga el caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, mostrara este jueves un evidente cabreo contra altos funcionarios del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) y el Banco de España.

La irritación del magistrado tiene su origen en que responsables de estos dos organismos del Estado elaboraron un informe, a espaldas del magistrado instructor, y que en última instancia favorece los intereses de Rodrigo Rato, que fue el que en última estancia aportó el documento al caso.

Tal y como reconocieron en sus declaraciones como testigos esta semana, el director general de Regulación del Banco de España (BdE), Julio Durán, y el director general de Supervisión del organismo regulador, Mariano Herrera, estuvieron en el origen de la petición del FROB al Banco de España de un contrainforme alque realizaron los peritos judiciales, que tras dos años de trabajo concluyeron que las cuentas de Bankia habían sido maquilladas antes de la salida a bolsa en julio de 2011. Pero como se ha conocido este semana, al final el contrainforme que apoyaba los intereses fue firmado por Mariano Herrera y Julio Durán.

"Instrumentalizar las instituciones"

La evidencia del cabreo del juez se constata al conocer sus intervenciones en los interrogatorios. En concreto, en el de Durán, que se llevó a cabo el pasado martes,  Andreu se dirigió al testigo para decirle: "¿No debería de haberse abstenido de darse respuesta a sí mismo?". Además, según dos personas presentes en la declaración del alto funcionario del Banco de España, el juez preguntó entonces: "¿Cree que se pueden instrumentalizar las instituciones públicas para influir en el procedimiento?".

El director general de Estabilidad Financiera del Banco de España, Julio Durán. 

Y este jueves, en la comparecencia de otro de los altos funcionarios que actuaron como juez y parte al pedir y después realizar el contrainforme, Mariano Herrera, el juez volvió a estallar al ponerse al descubierto las maniobras de las instituciones del Estado, llegando a calificar de "artimaña" su actuación.artimaña

Pero el contrainforme que el FROB, el organismo creado por el Gobierno para reflotar las cajas de ahorros, reclamó al Banco de España el 25 de febrero de 2015, y que acabó aportando Rato al juez, no es el único documento que tiene su origen en las instituciones, controladas por el PP, y que acaban favoreciendo los intereses de los imputados.

Expulsión del FROB

El FROB, en un polémico escrito de marzo de 2015, entregó en un escrito dirigido al juez un dos informes. En el primero incorporaba "el criterio técnico del Banco de España sobre la interpretación de algunos aspectos concretos", y en el segundo, elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y firmado por el director general, Antonio Carrascosa, contradecía las conclusiones de los peritos judiciales, que habían censurado las actuaciones de Rato y su equipo.

De esta forma, el FROB lograba incorporar al caso las versiones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no había reclamado el magistrado que instruye el caso, Fernando Andreu.

Esta iniciativa, que tomó el FROB también a espaldas del juez, actuó como un resorte entre las acusaciones populares y particulares, que liderados por el abogado Andrés Herzog, entonces en representación de UPyD, reclamaron al juez Andreu, sin éxito, la expulsión del FROB como acusación particular.

El abogado de la CIC Andrés Herzog 

El letrado Herzog, que ahora ejerce la acusación popular en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), pidió entonces la expulsión en un escrito, al que se sumaron el resto de acusaciones, entre las que se encuentra el muy activo movimiento ciudadano 15MpaRato15MpaRato, al considerar que el FROB defendía con sus actuaciones y sus informes a los imputados. "No nos consta que el FROB haya llevado a cabo ningún tipo de actuación procesal dirigida a la práctica de diligencias a fin de impulsar la investigación", se lamentaba Herzog.

El ahora letrado de la CIC consideraba que el FROB, un organismo controlado por el Gobierno, "había intentado limitar o constreñir la instrucción, oponiéndose a peticiones o diligencias de investigación solicitadas por las acusaciones y, lo que es más grave en nuestra opinión, cuestionando los indicios delictivos que dieron lugar a su apertura".

Elvira Rodríguez

Sin embargo, el juez Andreu no expulsó al FROB del procedimiento, por lo que en todo momento ha actuado, aseguran las acusaciones, en defensa de los intereses de los imputados.

Pero la actuación de la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, también ha sido criticada por las acusaciones. Ella fue la autora, junto con el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, de una carta que enviaron el 29 de abril de 2014 a la presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana Martínez Pina, en la que le pedían que no sancionara a la auditora Deloitte, que no alertó del agujero de Bankia.

Elvira Rodríguez (2i) en un acto con Esperanza Aguirre en presencia de Rodrigo Rato (6i). 

Elvira Rodríguez y Fernando Restoy, que firma la misiva "por ausencia del gobernador del Banco de España", aseguran que los trabajos realizados por Deloitte como consultora en la salida a bolsa de Bankia, hechos al margen de su labor de control de la entidad financiera, se llevaron a cabo a petición de la CNMV y del Banco de España.

12 millones de multa

De esta forma, Rodríguez y Restoy trataban de eliminar la contradicción por la que acabó siendo sancionada con una multa de 12 millones, ya que mientras controlaba las cuentas de Bankia como auditora, Deloitte se hizo con importantes contratos vinculados a la salida a bolsa pilotada por Rato, como si de una simple consultora se tratara.

La importancia de esta carta se constata al conocer que Deloitte la ha aportado al juez Andreu en un intento de trasladar la responsabilidad a la CNMV, cuya presidenta, Elvira Rodríguez, declara este viernes como testigo a propuesta de la auditora.

Pero las injerencias de las instituciones no acaban ahí, ya que el Banco de España elaboró un documento de nueve páginas, y que también reclamó de forma sorprendente el propio Rato. Este último dossier había sido enviado a un juzgado de Navalcarnero (Madrid) por el Banco de España, a petición de Bankia.

Documentación del Banco de España

El magistrado Andreu, por su parte, solicitó este miércoles al Banco de España toda la documentación relacionada con su supervisión del grupo BFA Bankia durante el año 2011, incluidos los reportes internos de las reuniones celebradas entre el equipo inspector designado por el organismo supervisor y los principales directivos de la entidad, informa Europa Press.

En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha calificado este jueves de "artimaña" la actuaciónartimaña del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para desmentir las conclusiones de los peritos judiciales del caso Bankia, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, han informado fuentes jurídicas, informa Europa Press.

Ambos expertos, Busquets y Sánchez Nogueras, apuntaron en sus informes que el grupo BFA-Bankia conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes y que la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios. El Banco de España elaboró meses después, a petición del FROB, un segundo informe que contradecía estas conclusiones y que favorecía los intereses de Rodrigo Rato.Rodrigo Rato

El magistrado ha intervenido durante la declaración testifical prestada por el actual director general de Supervisión de la entidad reguladora y exdirector general del FROB, Mariano Herrera, que respondía a preguntas efectuadas por el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog.

Un contrainformecontrainforme

El letrado interrogaba al testigo -que continuó como miembro de la comisión rectora del FROB tras abandonar la dirección general- sobre la decisión del organismo de rescate de solicitar al Banco de España el contrainformecontrainforme cuyas conclusiones desmentían las adoptadas por los peritos judiciales.

Este documento, fechado en marzo de 2015, se incorporó a la causa a petición de la defensa el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, y no fue aportado por el propio FROB, personado en el procedimiento como acusación particular. El juez ha interrumpido a Herrera para aclararle que el letrado le pedía "explicaciones" sobre esta maniobra y la ha calificado de "artimaña".

Al margen del juez

Tanto el director general de Supervisión del Banco de España, Mariano Herrera, como el director general de Regulación del mismo organismo, Julio Durán, participaron en la petición del FROB al Banco de España de un contrainforme, y que ambos acabaron elaborando al margen del propio juez.

Por otra parte, el directivo del Banco de España Mariano Herrera ha vuelto a ratificar, como ya hicieran otros cargos del organismo supervisor esta semana, que Bankia disponía de provisiones genéricas de fondos, no asignadas, y destinadas a cubrir deterioros adicionales en caso de necesidad, han informado fuentes jurídicas.

Herrera ha avalado la declaración prestada el pasado mes de junio por el socio auditor de Deloitte, Francisco CelmaFrancisco Celma, que señaló que había provisiones suficientes para hacer frente a eventuales contingencias y precisó que ascendían a 3.000 millones de euros. Ha precisado, además, que la cifra concreta del colchón era de 3.027 millones.

"¿No debería de haberse abstenido de darse respuesta a sí mismo?". Esa fue la pregunta del juez que investiga el caso Bankia, Fernando Andreu, después de conocer este martes, gracias al interrogatorio del abogado de la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, que el director general de Regulación del Banco de España (BdE), Julio Durán, y el director general de Supervisión, Mariano Herrera, habían participado en la petición del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) al Banco de España de un informe, y que ambos acabaron elaborando al margen del propio juez.

Este contrainforme, que se realizó sin que lo reclamara el magistrado y que se incorporó al sumario en un escrito del propio FROB, que es acusación particular, trata de desmontar las conclusiones de los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras. El pasado 12 de enero estos dos funcionarios ratificaron sus trabajos en los que apuntaban que el grupo Banco Financiero y de Ahorro (BFA), conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, en realidad presentaba pérdidas em julio de 2011, por lo que la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.

Durán Hernández, que declaró este martes como testigo en el caso Bankia, aseguró al juez que para salir de dudas, preguntó al departamento jurídico del Banco de España sobre la posible incompatibilidad de pedir y acabar realizando el contrainforme. Y según su versión, los abogados del Banco de España concluyeron que no había ningún tipo de problema en su actuación, ya que la decisión de pedir el trabajo lo había reclamado la comisión rectora del FROB por unanimidad.

¿Actuación "ética"?

Para los integrantes de la comisión rectora del FROB, la versión de los peritos judiciales tenía "debilidades", por lo que se decidieron a reclamar un contrainforme que completara este trabajo. Y fue en ese momento en el que el juez espetó al testigo si le parecía "ética" esa forma de actuar.

Según dos personas presentes en la declaración del alto funcionario del Banco de España, el juez preguntó entonces: "¿Cree que se pueden instrumentalizar las instituciones públicas para influir en el procedimiento?".

25 de febrero de 2015

Fue en concreto el 25 de febrero de 2015 el día que la comisión rectora del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB), del que formaba parte en calidad de director general de Regulación del Banco de España (BdE), Julio Durán Hernández, y el director general de Supervisión, Mariano Herrera, reclamó al Banco de España el polémico contrainforme sobre la situación de Bankia en el momento de su intervención por el Gobierno.

Este documento, aportado por el FROB, que pasaba a actuar como defensa en vez de acusar a los imputados, provocó en su momento la ira de las acusaciones del caso Bankia como UPyD y el movimiento ciudadano 15MpaRato, que de forma conjunta reclamaron al juez Andreu la expulsión del FROB, a semejanza de lo que había decidido el juez Ruz con el PP en el caso Gürtel, al considerar que había actuado en fraude de ley al defender a Luis Bárcenas.

Petición excesiva

El segunto alto cargo que declaró este martes en la Audiencia Nacional fue el exdirector general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello que afirmó ante el juez que la petición que hizo el presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, en junio de 2012, de 19.000 millones de euros en ayudas públicas para el rescate de la entidad, no era "confortable" ya que se consideraba "excesiva", según fuentes presentes en la declaración.

Así lo declaró Martínez Tello ante el juez durante su comparecencia como testigo en la causa que investiga la salida a Bolsa de Bankia en 2011, en la que ha explicado que el Banco de España disponía de unos cálculos "cifrados" en unos 16.000 millones y no en los 19.000 que pidió Goirigolzarri para el plan de saneamiento y necesidades de capital para garantizar la viabilidad de la entidad financiera.

Pidió 19.000 millones

"El Banco de España no se sentía confortable con la petición de 19.000 millones de euros que hizo Goirigolzarri", explicó el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, en declaraciones a los medios. Según ha constatado, el organismo supervisor entendía que esta petición "era excesiva".

Asimismo, Martínez Tello, que abandonó la dirección del área de supervisión en 2013, aseguró que la solicitud de Goirigolzarri no estaba "sustentada en ningún tipo de informe" y que si finalmente se consintió fue "de alguna manera para no generar alarma", concretó Herzog. En concreto, la consultora internacional Oliver Wyman cifró en septiembre de 2012 las necesidades de capital de Bankia-BFA en 24.743 millones.

"Cumplían la ley"

El exdirector general de Supervisión destacó también que el Banco de España conocía perfectamente la evolución de Bankia y que su trayectoria y cuentas "cumplían la ley". Tanto Martínez Tello como Durán resaltaron, además, que tanto las cuentas, aprobadas bajo la presidencia de Rodrigo Rato y que reflejaron un beneficio de 309 millones de euros, como las reformuladas posteriormente y en las que se apreciaban una pérdidas de 2.979 millones, eran correctas.

No obstante, según esta versión, la extraordinaria situación económica provocada por la crisis generó que, en un muy breve periodo de tiempo las estimaciones cambiaran, agregaron los dos ante el juez Andreu, informa Europa Press.

El socio de Deloitte y auditor de Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Francisco Celma, ha eludido este lunes en la Audiencia Nacional cualquier responsabilidad en la caída de Bankia, pese a que no informó del agujero de la entidad financiera.

En este sentido, Celma ha defendido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu "la rigurosidad y profundidad" del trabajo de la auditora y ha negado la existencia de los supuestos errores en las cuentas que señalaron en sus conclusiones los peritos judiciales, según han informado fuentes presentes en la declaración.

La auditora y su socio han asegurado, además, que actuaron siguiendo instrucciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España. Según ha destacado el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, "han aportado dos cartas, de mayo de 2013 y abril de 2014, en las que demuestran que sus trabajos de auditoría y consultoría se realizaron a requerimiento de los organismos supervisores".

El magistrado, que investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011, ha tomado declaración en calidad de investigados al propio Celma y al representante legal de la auditora. Ambos han declarado por espacio de cuatro horas y han contestado a las preguntas formuladas por el juez, el fiscal Anticorrupción y las acusaciones populares.

Contra los peritos

Celma ha cargado contra los informes de los dos expertos cedidos por el Banco de España y adscritos al juzgado, que concluyeron que las cuentas de la salida a Bolsa no reflejaban la imagen fiel de la entidad.

Ha puesto de manifiesto que los peritos no consideraron en sus primeros informes la existencia de provisiones genéricas que hubieran servido para compensar las cuentas. "Han defendido su actuación como auditores y señalado que había provisiones suficientes para hacer frente a eventuales contingencias", ha destacado Herzog que ha aclarado que cuando avaló las cuentas de la salida a Bolsa había "un cierto colchón".

Las provisiones ascendían en el momento a 3.000 millones de euros -ha precisado- y ha aportado documentación para apoyar esta tesis. Ha indicado, además, que las conclusiones de otras firmas de reconocido prestigio, como PwC, Ernst and Young y KPMG, que auditaban en 2010 las cuentas de cinco de las cajas que se integraron en Bankia, también contradicen el criterio de los peritos.

La auditoria y su socio también han justificado que avalar las cuentas formuladas por el presidente de la entidad, Rodrigo Rato, en 2011. "Ha vuelto incidir en todas las razones que, en su opinión, le avalaban por haberlas tumbado y, en definitiva, haber provocado la caída del presidente de la entidad y la nacionalización de Bankia", ha dicho Herzog

Críticas a los peritos

Las críticas respecto a la actuación de los peritos han sido cuantiosas. Así, Celma ha incidido en que el análisis de los expertos adolece de "sesgo retrospectivo", es decir, analiza unos hechos del pasado utilizando información posterior que no se conocía en el momento. También ha asegurado que adoptan "inexplicables" cambios de criterio y aplican "una normativa contable inventada por ellos mismos".

En el marco de la causa, abierta tras las querellas presentadas en junio de 2012 por el colectivo 15MpaRato y UPyD -que se ha retirado del caso-, los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.

Rato, imputado

En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del consejo de ddministración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.

Bankia Hábitat, la filial inmobiliaria de la entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri, ha vendido su paquete accionarial de la empresa de Castellón Costa Bellver por un millón de euros, cuando Bancaja la había comprado en 2009 por 65,1 millones de euros, según reconoce la entidad financiera en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga las irregularidades cometidas por los exdirectivos de Banco de Valencia.

Según el juez Pedraz, Bancaja Hábitat adquirió en 2009 un paquete accionarial de Costa Bellver por un precio que era un 195% más caro que lo que había abonado la familia Calabuig tres meses antes.

"Sin perjuicio de lo que señalen los informes de valoración encargados por el juzgado, Bankia Hábitat ha experimentado ya una minusvalía efectiva de 64 millones de euros al transmitir las acciones de Costa Bellver a un precio notablemente menor al que se adquirieron esas mismas acciones (precio de venta de un millón frente a una inversión de 65,1 millones de euros)", constata el escrito enviado el 24 de mayo pasado a la Audiencia Nacional por el abogado que representa a Bankia Hábitat en el caso Banco de Valencia, que destaca también que la entidad ha perdido "el 98,5% de la inversión inicial".

El pasado 8 de abril, la empresa Fomento Urbano de Castellón (Fucsa), de la familia de empresarios Calabuig, que disponía del resto de las acciones de Costa Bellver, ejercitó el derecho de adquisición preferente para hacerse con todas las acciones de las que disponía Bankia en la inmobiliaria castellonense. De esta forma, la familia Calabuig, cinco de cuyos integrantes están imputados (investigados) en la Audiencia Nacional por el caso Banco de Valencia, se ha hecho con el 100% de las acciones de la inmobiliaria.

Cumplimiento de un acuerdo

En un escrito de 27 de abril, Bankia justifica al juez Pedraz la venta a tan bajo precio de sus acciones en Costa Bellver "en cumplimiento de la decisión de la Comisión Europea" que obliga a las entidades rescatadas, como es el caso de la entidad presidida por Goirigolzarri, a vender sus participaciones "no estratégicas", entre ellas la inmobiliaria de Castellón: "Así pues, la desinversión en la indicada sociedad se trata de una imposición que resulta de obligado cumplimiento para el Grupo BFA-Bankia".

Bankia se refiere al memorando firmado el 28 de noviembre de 2012 entre el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, y el entonces comisario Joaquín Almunia, en el que se fijaban las contrapartidas de la ayuda europea para el rescate del sistema financiero español. En este acuerdo, el Gobierno español se comprometía a vender todas las participaciones no estratégicas de las empresas de Bankia en un plazo máximo de cuatro años, cuyo plazo finaliza en noviembre.

"Dicho sea de otro modo, Bankia Hábitat estaba obligada a vender su participación en Costa Bellver no pudiendo esperar a que cambiaran las circunstancias económicas, se avanzara en las diligencias realizadas en el contexto de este procedimiento penal o surgiera una oferta que minimizara la pérdida experimentada por mi representada en relación con su inversión en Costa Bellver", sostiene el abogado de la filial de la entidad presidida por Goirigolzarri.

Además, Bankia explica al magistrado el proceso de venta, que se inició antes de que los Calabuig anunciaran la compra de las acciones de la empresa. Así, su división inmobiliaria realizó "un proceso competitivo con potenciales inversores dirigido a la venta de la totalidad de su participación en Costa Bellver".

Proceso competitivo

"Dicho proceso competitivo", prosigue el documento enviado por Bankia al juez Pedraz, dio lugar "a la presentación de varias ofertas vinculantes, de las cuales se ha seleccionado a una de ellas", y con cuyos representantes se firmó una opción de venta que fue ejercitada por los compradores con fecha de 8 de marzo de 2016.

Fuentes de Bankia han asegurado a infoLibre que, en el caso de la venta de sus participaciones de Costa Bellver, se ha procedido de forma idéntica al resto de desinversiones. Así, se nombra a un asesor externo que se encarga de la venta, de cuyo montante final obtiene un beneficio.

Pero los estatutos sociales de la empresa que vendía Bankia incluían unas condiciones de "adquisición preferente" para el otro socio, en este caso la familia Calabuig, que tras tener conocimiento de la operación optó por hacerse con las acciones de la entidad financiera que en una reunión del consejo de administración de 8 de abril, en la que el otro socio, Fomento Urbano de Castellón (Fucsa) "ha ejercitado el derecho de adquisición preferente, por lo que Bankia Hábitat ha de proceder a vender a Fucsa en los mismos términos y condiciones que los que se contienen en la oferta recibida", prosigue el escrito de Bankia.

En su documento, Bankia rechaza la petición de los Calabuig de que el juez Pedraz archive sus diligencias sobre el caso, al considerar que la transmisión de las acciones de Costa Bellver, "lejos de suponer una suerte de satisfacción extrajudicial de la pérdida experimentada por Bankia Hábitat, cristaliza el perjuicio patrimonial sufrido por Bankia en la compra de las acciones".

infoLibre se ha puesto en contacto con Eugenio Calabuig, que no ha contestado las preguntas de este diario acerca de la adquisición de las acciones de Bankia por un millón de euros.

El juez Pedraz investiga, en el marco de una de las piezas separadas del caso Banco de Valencia, el perjuicio sufrido por la citada entidad valenciana y Bancaja, así como por su sucesora Bankia, en una operación financiera para comprar acciones de Aguas de Valencia (Agval). En este negocio, Banco de Valencia, entonces filial de Bancaja, presidida por el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, se hizo también con acciones de la empresa constructora Costa Bellver, cuyo principal patrimonio era suelo en la provincia de Castellón.

Esta compraventa, según Pedraz, provocó un perjuicio importante para las entidades financieras, que participaron en un negocio que acabó siendo ruinoso para ellas. Además de actuar como socios de los empresarios, el banco y su matriz prestaron la mayor parte del dinero necesario para la operación.

Izquierdo y Parra

En esta pieza separada permanecen imputados (investigados) los exdirectivos de Bancaja Aurelio Izquierdo y Domingo Parra, así como cinco integrantes de la familia Calabuig. Según el juez Pedraz, Bancaja Hábitat adquirió en 2009 un paquete accionarial de Costa Bellver por un precio que era un 195% más caro que lo que había abonado la familia Calabuig tres meses antes.

Tanto Izquierdo como Parra, al igual que el propio expresidente de Bancaja José Luis Olivas, afrontan diferentes investigaciones por su gestión de las entidades financieras que han tenido que ser recapitalizadas con fondos públicos. Banco de Valencia ha necesitado 17.000 millones para evitar su quiebra, mientras que los fondos suministrados a Bankia superan los 22.400 millones.

El memorando de entendimiento que negoció el Gobierno de Mariano Rajoy con Bruselas en 2012 para rescatar al sector financiero español obliga a Bankia a deshacerse de todo su negocio internacionalBankia. Entonces operaba en Holanda, Costa Rica, México, EEUU, Singapur, República Checa, Polonia, Marruecos, China, Islas Caimán, Cuba, Reino Unido, Portugal y Alemania. Hoy aún le quedan sociedades en China, Cuba, Marruecos, Portugal, Holanda y las Islas Caimán. Es decir, aún posee intereses en paraísos fiscales y países de baja tributación. Según su memoria anual, en las islas del Caribe mantiene Caymadrid Internacional Limited y en Holanda sobreviven cuatro inmobiliarias con resonancias mexicanas: Baja California Investments BV, Fortuna Investments BV, Riviera Maya Investment BV y Varamitra Real Estates BV. Todas ellas forman parte de la herencia envenenada recibida por Bankia de las cajas que la crearon en 2011: los turbios negocios inmobiliarios de Bancaja y las emisiones de deuda –renta fija y preferentes– de Caja Madrid en paraísos fiscales.

Caja Madrid creó en las Islas Caimán dos sociedades en los años 90: la citada Caymadrid Internacional Ltd y Caymadrid Finance Ltd. Con un desembolso mínimo de capital –1.000 dólares, 883 euros– y exentas del pago de impuestos, la primera se dedicó de 1990 a 1993 a un Programa de Papel Comercial Europeo, una emisión de pagarés a corto plazo por importe de 200 millones de dólares; la segunda, a la emisión de preferentes.

En 1994 Caymadrid Internacional Ltd amplió su operativa a renta fija a medio y largo plazo, por importe de un millón de dólares, que fue aumentando en años sucesivos hasta alcanzar los 8,5 millones en 2001. En 2002 hubo otra emisión de 7,99 millones. Como esas emisiones siguen vivas –algunas no vencen hasta 2032, otras hasta 2039– y Bankia no puede recomprarlas, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri no ha liquidado aún la sociedad offshore, asegura un portavoz.

En cualquier caso, precisa Bankia, es una operativa “totalmente transparente, de la que tiene conocimiento Hacienda: todos los suscriptores de bonos están identificados y, si alguno de ellos es español, debe tributar por ellos en España”.

La segunda filial en Caimán, Caymadrid Finance Limited, creada en octubre de 1999, se dedicó a emitir preferentes, 600 millones de euros luego ampliados a 900 millones. Como entidad codirectora actuó Lehman Brothers.

Prohibidas en España hasta 2003

Hasta 2003 las preferentes no existían legalmente en España. Así que los bancos constituyeron sociedades en el extranjero desde los años 90 para emitir este tipo de instrumentos, híbridos de deuda y acciones, con los que reforzaban sus recursos propios de primera categoría, su core capital, en una época en la que empezaba a dispararse la concesión de créditos fruto de la euforia inmobiliaria. Las Islas Caimán y otros paraísos fiscales, como Delaware, o países de baja tributación como Holanda y Luxemburgo, se convirtieron en lugares favoritos para decenas de emisiones de las cajas de ahorro –que no pueden captar capital del mercado emitiendo acciones– y de empresas cotizadas –Fenosa, Repsol–.

Hasta que el Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato al frente de la vicepresidencia económica, prohibió la emisión de participaciones preferentes en paraísos fiscales, que entre 1998 y 2003 sumaban los 15.100 millones de euros, según el Banco de España. Al tiempo, la Ley 19/2003 perdonóperdonó a bancos, cajas y sociedades cotizadas los impuestos de las emisiones realizadas hasta entonces, pero pasó a grabar sus dividendos de las nuevas en el impuesto de sociedades. Y obligó a las entidades a informar a Hacienda sobre la identidad de los titulares de las participaciones.

Desde ese momento, las preferentes se emitirían en España. Sólo dos meses después de aprobarse la ley, en septiembre, el Banco Santander hizo la primera emisión desde territorio español. Caja Madrid se estrenó en 2005. El resto es historia. Más de 400.000 inversores afectados sólo en las entidades nacionalizadas, cientos de condenas judiciales contra éstas y costes millonarios para ambas partes en uno de los mayores fraudes de la historia financiera de España.

Inmobiliarias mexicanas con sede en Holanda

Las cuatro inmobiliarias que aún permanecen en el balance de Bankia forman parte del grupo Grand Coral, un grupo constituido por la valenciana Bancaja, la propia Bankia y las sociedades de dos empresarios hoteleros de Benidorm, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó. Bankia estaba asociada para este proyecto también con el constructor Enrique Ortiz, imputado en los casos Brugal y Gürtel.

En mayo de 2014 la entidad dirigida por Goirigolzarri demandó a Bancaja por administración desleal y apropiación indebida. El pasado mes de junio el juez del caso ordenó detener al expresidente de la entidad valenciana, José Luis Olivas, y a otros cuatro exdirectivos. Consideraba que los responsables de Bancaja también han cometido los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Les impuso fianzas millonarias: 232,7 millones de euros en total. A los hoteleros de Benidorm, propietarios del grupo Mar Confort, los mandó a prisión, donde permanecieron cuatro meses.

Bankia acusa a los directivos de la caja valenciana de causarle un quebranto económico de 250 millones de euros. Para ello se apoyaba en un informe del Banco de España. Entre 2005 y 2009 Bancaja concedió préstamos por importe de 597,24 millones de dólares a Grand Coral, sin hacer tasaciones de los terrenos que esta empresa iba a comprar en México con el dinero, y sin constituir ninguna garantía. De esa cantidad, Grand Coral sólo pudo devolver 134,12 millones de euros.

Según el Banco de España, la empresa tenía dos niveles: uno formado por cuatro sociedades constituidas en Holanda, “que no realizan ninguna actividad”, y las sociedades mexicanas PPM y PDH, las que desarrollaban los proyectos inmobiliarios en el país norteamericano. Su gestión, asegura Bankia, estaba en manos de Ferri y Baldó, que de estas operaciones obtuvieron 140 millones de euros fraudulentamente, después desviados a cuentas en Suiza y Andorra.

Créditos para comprar terrenos sin tasación

El informe del Banco de España detalla la operativa que desangró Bancaja y luego engrosó el agujero de Bankia. La caja valenciana concedía créditos a Grand Coral para comprar terrenos en Cancún y Los Cabos, millones de metros cuadrados, que habían experimentado “elevadas revalorizaciones en los momentos anteriores a ser comprados”. En algunos caso, sólo un par de días antes de la operación. Las tasaciones se aportaban después de firmadas las compras. Y, cuando Grand Coral no pudo devolver los créditos, Bancaja no ejecutó las garantías, que ni siquiera se habían formalizado.

También ayudó a refinanciar el grupo mexicano-holandés, con un préstamo sindicado de 500,2 millones de euros. Grand Coral ni siquiera devolvió la primera cuota en enero de 2013 “pese a que el resultado comercial de las promociones” había sido positivo, destaca Bankia en su demanda.

Por si no fuera suficiente, Bancaja había comprado acciones de las tres sociedades holandesas del grupo “a precios no justificados”. Metió 100,52 millones de euros “mediante operaciones plagadas de irregularidades”: pagó una prima que el resto de los socios no abonó.

Pues bien, mientras el caso sigue en la Audiencia Nacional a la espera de una resolución, Bankia tiene puestas a la venta las cuatro inmobiliarias con sede en Holanda. “No es un paraíso fiscal”, asegura la entidad sobre el país europeo, que cuenta con un polémico régimen fiscal, mucho más permisivo que el resto de la UE. “Si estas sociedades”, añaden, “generan algún beneficio, tributan en el país de destino, en España”. Según las cuentas de Bankia de 2015, las cuatro inmobiliarias suman 166,83 millones de euros en activos, pero sólo una, Varamitra, ha cerrado con beneficios, 50.000 euros. Las otras tres sociedades pierden un total de 231.000 euros.

Braulio Medel se ha enrocado en la presidencia de Unicaja pese al detallado auto judicial del 18 de abril que describe cómo la entidad realizó pagos de más de un millón de euros a Ausbanc con el objetivo de que Manos Limpias solicitase el archivo de la causa contra el banquero andaluz en el conocido como caso de los ERE.

La entidad financiera se niega incluso a responder a las cuestiones planteadas por infoLibre en relación a los interrogantes sobre la conducta de Medel que plantea el auto judicial. Tampoco contesta Unicaja sobre la idoneidad de Medel para ser presidente del banco o, como pretende a partir de junio –cuando está previsto que abandone el cargo–, de la Fundación Bancaria Unicaja, la antigua caja de ahorros, que posee más del 90% del banco. Unicaja ofrece una versión de los pagos a Ausbanc contraria a la del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y sostiene que no tienen ninguna relación con el caso de los ERE.

Unicaja ni siquiera menciona el asunto en la nota remitida al término de la junta general de accionistas celebrada este viernes. La entidad centró la información de lo ocurrido en la junta en la aprobación de un dividendo de 19 millones de euros con cargo al beneficio neto obtenido en 2015, de 230,06 millones. A las puertas de la sede de Unicaja, y coincidiendo con esta junta general, se produjo una manifestación sindical en el contexto de la actual negociación del convenio colectivo estatal del sector del ahorro. Los sindicatos alertan de que el incremento de los beneficios se está produciendo a la vez que las entidades pretenden aumentar la jornada laboral, obligar a más tardes de trabajo, recortar trienios y ascensos por capacitación, acabar con pluses y ayudas sociales y convertir en variables determinadas retribuciones fijas.

El auto del juez Santiago Pedraz ha supuesto el ingreso en prisión de los jefes de Manos Limpias, Miguel Bernad, y Ausbanc, Luis Pineda, imputados por organización criminal, amenazas y extorsión. Una de las víctimas de la extorsión o el chantaje, según Pedraz, ha sido Braulio Medel. Manos Limpias ejerce el papel de acusación popular en el caso de los EREcaso de los ERE, en el que Medel está imputado desde mayo de 2014, condición que ratificó la Audiencia Provincial en octubre de 2015.

Dinero "camuflado"

El auto detalla un "continuo intercambio de información" entre Luis Pineda, presidente de Ausbanc, y Ángel Fernández Noriega, secretario general de Unicaja, para "confeccionar una intervención [en el proceso de instrucción del caso] de Manos Limpias que se ajuste e los intereses de aquel [Medel] y poder así solicitar el cese de la imputación", explica el auto. Y añade: "A cambio Ausbanc recibirá una importante contraprestación económica abonada por Unicaja y camuflada en convenios publicitarios, patrocinios y otros servicios".

El auto detalla las llamadas entre Luis Pineda y otros miembros de Ausbanc para ponerse al día de los pagos que va realizando Unicaja, entidad a la que somete a un chantaje al vincular de forma terminante dichos pagos con la actitud de Manos Limpias en relación con Medel en el caso de los ERE. También hay llamadas entre Pineda y Bernad (de Manos Limpias) en las que comentan "lo bien encaminada" que va la comparecencia del presidente en el caso de los ERE. Dicha declaración se produjo el 17 de febrero de 2016. Tras la misma, Ausbanc y Manos Limpias cambiaron drásticamente, y sin una argumentación sólida, su posición sobre el papel de Medel en el fraude de los ERE, que en cualquier caso habría tenido lugar cuando fue consejero de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía.

Amenazas y "misión cumplida"

El auto explica que entre el 8 de enero y el 2 de febrero de 2016 Unicaja pagó a Ausbanc 617.127 euros en diversas transferencias. Pedraz también detalla que con posterioridad a estos ingresos, concretamente el 19 de febrero, Pineda le manda un mensaje al secretario general de Unicaja en el que dice: "Tengo hasta el miércoles de la semana próxima para cumplir mi palabra. Tenéis que abonar los 400 [en referencia a 400.000]. [...] O no respondo". El 29 de febrero Pineda contactó con el abogado de Manos Limpias en Sevilla para decirle que presentase el escrito por el que se solicita el archivo de las actuaciones contra Medel. "Una vez presentado [...], Pineda se lo haría llegar al presidente [Medel] con las significativas palabras [...] 'Misión cumplida'", señala el auto de Pedraz.

Cuando Luis Pineda llamó al director de la Fundación La Caixa para ofrecerle que Manos Limpias retirara su acusación contra la infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos, le dijo que "la forma de actuar sería la misma" que en el caso del presidente de Unicaja, según el auto de Pedraz. El cambio de criterio de Manos Limpias sobre Medel no ha tenido trascendencia en el procedimiento. El presidente de Unicaja sigue bajo investigación.

Un negocio, no una asociación

Unicaja también pagó a Ausbanc en 2013 (126.802 euros), 2014 (171.518 euros) y 2015 (517.974). Pedraz especula con que el drástico incremento entre 2014 y 2015 "puede que ya esté vinculado" a la imputación de Medel.

Las transferencias de Unicaja a Ausbanc se producen incluso después de la expulsión de Ausbanc del registro de asociaciones de consumidores en España, por parte del Gobierno central, y de los registros de asociaciones de consumidores de las provincias andaluzas donde había logrado entrar, por parte de la Junta de Andalucía. Esto tuvo lugar en 2014, fruto en parte de una firme campaña de presión por parte de la asociación Facua, que durante años fue objeto de las iras, los insultos y los ataques de Luis Pineda. El presidente de Ausbanc, con un pasado notorio de delincuente ultraderechista (al igual que Miguel Bernad), se cebó especialmente con uno de los portavoces de Facua, Rubén Sánchez, que ha alertado insistentemente de que Ausbanc era un negocio, no una asociación. Facua estudia actualmente si se persona y cómo lo hace en la causa penal abierta.

Una investigación interna

Unicaja rechaza responder a las preguntas planteadas por este medio y se remite a dos comunicados, uno emitido el sábado 16 de abril y otro el lunes 18 de abril. "Unicaja Banco viene contratando, desde hace más de dos décadas, servicios publicitarios con medios del grupo Ausbanc, sin que ello tenga nada de singular, pues así lo vienen haciendo también, salvo alguna excepción, la práctica totalidad de las principales entidades financieras españolas", afirma la entidad andaluza.

Unicaja agrega: "La investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla no afecta, en absoluto, a la idoneidad de Don Braulio Medel para presidir Unicaja Banco y no existe ni la más remota relación entre dicha investigación y la decisión, ya comunicada, de Don Braulio Medel de optar por la pertenencia al Patronato de la Fundación Bancaria Unicaja antes del 30 de junio de 2016". Unicaja anuncia también la apertura de "una investigación interna relativa a eventuales actuaciones de personas integradas en nuestra organización".

Conflicto de intereses

Unicaja no aclara si en este caso es de aplicación el Código de Conducta y Responsabilidad Social de Unicaja. Este código obliga a los miembros de los órganos de gobierno a informar "de cualquier conflicto de intereses", en cuyo caso debe "prevalecer" el interés de la entidad. También dice: "No deberán utilizarse los activos de la caja con fines privados [...]". Y añade: " Se deberá evitar que la caja sea utilizada como vehículo o instrumento para la transgresión de las normas vigentes".

Félix Morales, secretario de la sección sindical de CCOO en Unicaja, afirma que "alguien ha hecho algo ilegal o por lo menos inmoral". "Hay un código de conducta. Igual que se le aplica al trabajador, se debe aplicar a todo el mundo", señala el representante de CCOO a infoLibre. Este medio también solicitó opinión al respecto a UGT, que no dio respuesta, y a la confederación de sindicatos de cajas (Csica), que cree que el asunto no entra dentro de los temas de los que debe ocuparse por no ser una cuestión laboral. "Si la cuestión sigue para adelante, preguntaremos", asegura Pablo Raimundo Franco, secretario general de Csica en Unicaja. Por su parte, el Sindicato de Empleados de Crédito y Ahorro Reunidos (Secar) ha remitido un escrito a Unicaja solicitando formar parte de las investigaciones que se lleven a cabo.

El Banco de España y la "honorabilidad"

¿Y el Banco de España? ¿Puede hacer algo? Un portavoz del organismo supervisor afirma que los servicios jurídicos del banco "siguen con detalle el proceso", aunque por el momento no se puede hacer nada porque Medel no ha sido acusado ni condenado. Para eventuales actuaciones en el futuro, el Banco de España se remite al Real Decreto 256/2013, que establece los criterios de "honorabilidad" necesarios para operar en el mercado financiero, aunque insiste en que "por el momento" no hay razón para actuar en este ámbito.

En la esfera política hay un llamativo silencio sobre unos hechos graves que afectan al presidente del principal banco andaluz. El hecho de que el financiero más importante e influyente de Andalucía aparezca en un auto judicial como supuesto beneficiario de pagos a Ausbanc para lograr salvarse en un caso judicial grave no ha merecido mayor comentario de los principales partidos. Medel (Marchena, 1947), presidente de Unicaja desde 1991, es vicepresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Ha sido también viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, con el PSOE.

Por su parte, la plataforma Demandamos, que defiende a los afectados por las hipotecas abusivas de Unicaja, señala a través de su portavoz, Miguel Ángel Llamas, que existió una "corrupción sistémica" entre la entidad financiera y Ausbanc. “Es absolutamente reprobable que una entidad financiera supuestamente acepte el chantaje de una asociación de usuarios para ocultar sus irregularidades. Y más grave aún que se pueda utilizar la justa causa de los consumidores para enriquecerse ilícitamente y tapar los abusos bancarios que tanto sufrimiento han provocado a la gente”, afirma Llamas.

Diez preguntas que Unicaja no responde

Tal y como describe los hechos el juez Santiago Pedraz, Unicaja utilizó fondos propios para comprar la voluntad de una especie de sindicato que supuestamente era en realidad una organización para delinquir, Manos Limpias, liderado por un ultraderechista notorio, Miguel Bernad, al objeto de que solicitase que se archivasen las actuaciones contra Braulio Medel, presidente de la entidad, por unos hechos relacionados con su actividad al margen de Unicaja (concretamente en la Junta de Andalucía). Unicaja niega tajantemente estos hechos. infoLibre, al objeto de precisar la posición de la entidad financiera, remitió este viernes a Unicaja vía correo electrónico diez preguntas, que la entidad rehusó responder pese a la insistencia, incluidas dos llamadas de teléfono, de este medio.

Las preguntas son:

1) El auto del juez Pedraz establece una relación causa-efecto entre las transferencias de Unicaja a Ausbanc y la conducta de Manos Limpias en el caso de los ERE. ¿Son erróneas las conclusiones del juez Pedraz?

2) ¿Por qué sube tan drásticamente la cantidad de dinero transferido a Ausbanc tras la imputación del señor Medel?

3)

¿Ha habido un uso de fondos de la caja para beneficio procesal del señor Medel en el contexto del caso de los ERE?

4) ¿Ha sido el señor Medel objeto de una extorsión?

5) ¿Qué razones objetivas existen para una inversión en publicidad institucional tan alta en Ausbanc?

6) A la vista de la investigación judicial, ¿se ha planteado el señor Medel dimitir de su cargo y renunciar en el futuro a la presidencia de la Fundación Bancaria Unicaja?

7) Unicaja ha anunciado "con carácter inmediato una investigación interna relativa a eventuales actuaciones de personas integradas en nuestra organización". ¿En qué consistirá la investigación? ¿Por qué se abre? ¿Se investigará también la actuación del señor Medel?

8) ¿Actuaba el señor Fernández Noriega a espaldas y sin el consentimiento del señor Medel?

9) ¿Va a continuar el señor Fernández Noriega en el cargo de secretario general a pesar de la conducta detallada en el auto judicial?

10) ¿Considera Unicaja que en este caso es de aplicación, al señor Medel y al señor Fernández Noriega, el Código de Conducta y Responsabilidad Social de Unicaja?

La cadena de supermercados, cuyo propietario mayoritario es el empresario valenciano Juan Roig, ha admitido a preguntas de  infoLibre que los pagos a la firma de los directivos, dos de los responsables del hundimiento de Banco de Valencia, se realizaron a lo largo de los años 2010 y 2011 en concepto del alquiler de una tienda de Asturias. La portavoz de la empresa no ha querido concretar la ubicación de la misma.

Banco de Valencia necesitó más de 17.000 millones de euros de dinero público para evitar su quiebra,

Las mismas fuentes de Mercadona aseguran que en 2011 el arrendador del inmueble "pasó a ser otra empresa", cuya identidad tampoco ha querido facilitar, por lo que entonces finalizó la vinculación con IZPA [Izquierdo y Parra]. Mercadona se ha negado a informar sobre la fecha concreta de inicio del alquiler ni la cantidad total pagada.

Abonos mensuales

Sin embargo, la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre prueba que los dos exdirectivos que pasaron a trabajar en Bankia tras la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras entidades de menor tamaño, percibieron abonos mensuales de entre 20.166 y 21.199 euros por parte de Mercadona.

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Banco de Valencia y sus 11 piezas separadas, Santiago Pedraz, trata de determinar los motivos por los que Izquierdo y Parra percibieron "11,3 millones de euros gracias a sus relaciones con clientes del Banco de ValenciaBanco de Valencia", según confirma un informe realizado por dos inspectores del Banco de España.

Entre estos clientes de los dos directivos se encontraban las empresas de la familia Calabuig, de la que cinco integrantes están imputados en la Audiencia Nacional por el presunto trato de favor recibido del Banco de Valencia en la operación vinculada a la empresa Aguas de Valencia: "Este informe del Banco de España cierra el círculo", aseguran fuentes de la denunciante Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), que destacan que los 11,3 millones podrían explicar el supuesto trato de favor de Banco de Valencia hacia los empresarios valencianos.

Favoreció a terceras personas

La querella inicial interpuesta por los pequeños accionistas de Banco de Valencia incluía entre las operaciones sospechosas que perjudicaron a Banco de Valencia la inversión que hizo la entidad levantina en la empresa de energías renovables Renomar mediante la sociedad Med Wind Energy. "Estas operaciones se han realizado en contra de los intereses del Banco de Valencia. En los casos indicados [entre los que se incluía la sociedad Med Wind Energy] se favoreció a terceras personas , por la única razón de tener vinculaciones personales con alguno de los miembros del consejo de administración y se realizaron causando un daño al patrimonio del Banco de Valencia", especifica la querella interpuesta por el abogado Diego Muñoz-Cobo.

En concreto, en esta operación de energías renovables uno de los socios de Banco de Valencia era el empresario Fernando Roig, que era además el presidente de Renomar y propietario de Pamesa, a la vez que dueño del 11% de Mercadona. "El banco llegó a acuerdos con personas que debían comprar un 25% del capital social, asumiendo el banco el 75% restante", especifica la querella.

Pero la implicación de Banco de Valencia en Renomar, que era accionista del 26% según el diario Levante, fue más allá. Según una nota de prensa de esta empresa, en marzo de 2009 Banco de Valencia formó parte del sindicato bancario que "aseguró la financiación del proyecto eólico en plena época de crisis". Es decir, el Banco de Valencia asumió un doble riesgo al ser accionista y prestamista de la operación encabezada por Fernando Roig.

Financiación de 512 millones 

La nota de prensa de Renomar especifica el papel concreto de los bancos en la refinanciación de finales de 2009: "Un sindicato bancario ha aprobado esta financiación por un importe de 512 millones de euros. Las entidades financieras mandatadas organizadas en un único nivel son: Banco Bilbao Vizcaya, Banesto, Banco de Sabadell, Banco Santander Central Hispano, Caja de Ahorros de Madrid, Calyon, The Royal Bank of Scotland, Société Générale y Banco de Valencia", especifica la mencionada nota de Renomar, que explica que este balón de oxígeno de la banca en marzo de 2009 permitía "estructurar definitivamente su balance financiero y con ello garantizar la viabilidad de los proyectos".

infoLibre se ha puesto en contacto con Caixabank, que compró por 1 euro el Banco de Valencia. Un portavoz aseguró que la entidad financiera vendió Renomar hace más de un año al no encajar esta firma en la estrategia de la entidad financiera catalana.

Tanto Parra como Izquierdo fueron arrestados en junio pasado junto al expresidente de la Comunidad Valenciana y Bancaja, José Luis Olivas, por su participación en el agujero de 220 millones que sufrió Bankia por las inversiones de Bancaja en el Caribe mexicano.

Rodrigo Rato

Pero Izquierdo y Parra no son los únicos exdirectivos de Bankia que han obtenido fondos de Mercadona por el alquiler de un inmueble. La semana pasada, el juez de instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, embargó al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo RatoRodrigo Rato su parte del alquiler que percibe la empresa Paracuga SL de la cadena Mercadona por uno de sus supermercados en la localidad madrileña de Alcorcón.

El 30 de octubre de 2009, tan solo dos días después de que Caja Madrid firmara el primer acuerdo con la banca de Inversiones Lazard, controlada en España por el socio de Rato Jaime Castellanos, el ex director gerente del FMI creó la sociedad Paracuga junto a otros tres compañeros del banco de inversiones.

De hecho, Rato se vio obligado a reconocer (tras negarlo inicialmente en sede judicial) que desde el 30 de octubre de 2009 tenía negocios con su "amigo" Castellanos, en concreto la propiedad del mencionado local comercial de Alcorcón, que alquila desde finales de 2010 a Mercadona.

El resto de socios en Paracuga eran personas vinculadas con Lazard, como por ejemplo Pedro Pasquín, que fue el encargado de firmar los contratos de asesoría a Caja Madrid y a Bankia. En total Rato adjudicó a la firma de su amigo y socio Jaime Castellanos desde Caja Madrid y Bankia por un valor de 16,9 millones, de los que al final solo se abonaron 5,3 millones.

Pujol y Bárcenas

El nombre de la cadena de supermercados de los hermanos Roig también ha aparecido en el caso Oleguer Pujol, que al igual que en el caso Banco de Valencia instruye en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz. Según el sumario, el menor de los Pujol alquiló junto a una empresa de Roberto Centeno, yerno de los hermanos Roig, cuatro locales a Mercadona.

Asimismo, Juan Roig declaró como testigo en la causa del caso Bárcenas sobre la presunta caja B del PP. En esa comparecencia negó haber realizado la entrega de 150.000 euros que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas anotó en su contabilidad B, el 27 de febrero de 2008, a nombre de Mercadona.