El Gobierno valenciano del Botànic tiene un simbolismo muy importante para la izquierda española. Fue un laboratorio para los posteriores Ejecutivos de coalición, un modelo de gestión antagónico a las derechas y un espejo de convivencia de las diferentes sensibilidades progresistas. Y ese espíritu vuelve a cobrar fuerza.

Dos miembros de aquel Gobierno valenciano copan las portadas durante esta Semana Santa. La exvicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) ha dado un paso al frente, como le llevan pidiendo en su partido meses, para aceptar el reto de competir en las próximas elecciones municipales y autonómicas en València capital. Y Arcadi España, que fue conseller dentro del ala socialista, ha sido la gran sorpresa del cambio de Gobierno al situarlo Pedro Sánchez como sustituto de María Jesús Montero en la todopoderosa cartera de Hacienda.

Con el aterrizaje de Oltra, la batalla por el Ayuntamiento de València se convierte en una de las más interesantes y competidas para las elecciones locales de 2027. El PP tiene en esta ciudad ahora uno de sus bastiones más fuertes con María José Catalá al frente, aunque depende de Vox. El partido de Santiago Abascal podría concurrir con Vicente Barrera, el extorero y hombre fuerte en la provincia.

La izquierda ha decidido echar el resto para recuperar el Ayuntamiento valenciano. Por parte del PSPV-PSOE la candidata será Pilar Bernabé, una de las principales figuras ahora mismo del partido por su papel durante la gestión de la dana desde su posición como delegada del Gobierno en la comunidad. Es uno de los perfiles más aplaudidos dentro del partido.

Y ahora Oltra vuelve a primera división. La exvicepresidenta sigue inmersa en el proceso judicial por supuestamente encubrir los abusos de su exmarido, una causa que sigue viva por las acusaciones de la ultraderecha. Ella defiende su inocencia y es uno de los principales rostros del espacio progresista que está reconstruyéndose durante estos meses. Su regreso ha sido recibido con mucho calor por parte de todo el espectro, con apoyos de toda España.

Las candidaturas de Bernabé y Oltra evidencian que la izquierda va a por todas en el Ayuntamiento de València, que también es esencial para poder recuperar la Generalitat en las elecciones en las que se medirá el desgaste del Partido Popular por la actuación de Carlos Mazón durante la dana y el clima de crispación agitado por los espacios relacionados con la ultraderecha.

La Comunitat Valenciana será una de las autonomías clave en esos comicios. El PSOE llevará como número uno en la papeleta a Diana Morant, la actual ministra de Ciencia y Universidades. Por parte de Compromís concurrirá Joan Baldoví. La lucha entre bloques está muy igualada en estos momentos. El PP espera que Juanfran Pérez Llorca se asiente durante este tiempo, mientras que Vox espera recoger en votos a muchos votantes de los populares y a los antisistema desencantados por el papel de los políticos durante la dana.

Los socialistas valencianos cercanos a Puig pisan fuerte además en estos momentos en el Gobierno y en Ferraz. Arcadi España es ya el nuevo ministro de Hacienda. Él fue precisamente conseller de Hacienda en el Gobierno del Botànic y fue el encargado de realizar la reforma fiscal en la Comunitat Valenciana. Por eso, llega entrenado para formar parte de un Gobierno de coalición donde las almas del PSOE y de sus socios a la izquierda suelen chocar en materia de impuestos. 

Pero, además, España es un convencido federalista, como lo es Ximo Puig, su padre político. Esto le aporta un plus en un Ejecutivo que debe armar mayorías con partidos como el PNV, ERC, Junts, EH Bildu, BNG y el propio Compromís durante todas las semanas en el Congreso. Además, su experiencia en el Govern le sirve para poder hablar en el mismo lenguaje con las comunidades autónomas, un tema en el que además ha profundizado en los últimos años desde su anterior puesto como secretario de Estado de Política Territorial.

El socialismo valenciano ha alcanzado cotas de poder en el PSOE nunca vistas hasta ahora. Después de la irrupción del caso Cerdán, Sánchez eligió a Rebeca Torró como secretaria de Organización. Ella también proviene del Botànic, donde ejerció como consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat en la última etapa.

Pero no se queda ahí solo el poder valenciano. Bernabé también tiene un pie a nivel federal, ya que, además de delegada del Gobierno en la comunidad y candidata a la Alcaldía de València, es la número cuatro en el partido como responsable de Igualdad, un puesto al que ascendió en el último congreso del PSOE celebrado en Sevilla en diciembre de 2024.

El socialismo valenciano acudió en masa a la toma de posesión de España en el Ministerio de Hacienda el viernes pasado. Allí también estaban, por ejemplo, Lydia del Canto, actual secretaria de Estado de Comunicación y una de las más estrechas colaboradoras de Sánchez en el Palacio de La Moncloa. Es una persona muy cercana a Puig, del que fue directora de comunicación y también pasó una breve temporada por el Govern.

En esa instantánea en el Palacio de la Aduana estaba también Zulima Pérez, que actualmente es la comisionada del Gobierno central para la reconstrucción tras la dana. ¿Su procedencia? Fue alto cargo en los gobiernos de Puig, ejerciendo puestos como subsecretaria de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico y directora general de Coordinación del Diálogo Social.

En las pasadas elecciones valencianas, el PSPV creció cuatro escaños, pero la suma fue insuficiente frente al PP y Vox. En la cita electoral del 28M, la izquierda alternativa, que acudió dividida, fue menos competitiva: Compromís bajó dos escaños y EUPV-Podemos desapareció del Parlamento autonómico, al no lograr ni el 4% de votos, perdiendo sus ocho diputados.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y otros 12 acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según informa EFE.

Tal y como ordenó la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia el pasado mes de febrero, el juez instructor ha acordado así la apertura de juicio oral aunque contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación.

Fueron las acusaciones, tanto la particular como las populares, que ejercen Vox y la asociación Gobierna-te, las que recurrieron el archivo de la causa y las que han obtenido un pronunciamiento favorable por parte de la Audiencia Provincial, que ha propiciado que este sumario llegue finalmente a juicio.

Según el auto al que ha tenido acceso EFE, a Mónica Oltra y varios de sus colaboradores en la Conselleria de Igualdad se les considera supuestos responsables de los delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.

El auto de apertura de juicio oral no modifica la situación personal de los procesados, aunque les reclama una fianza conjunta y solidaria de 120.000 euros y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana. 

La jueza da ahora diez días para que se presenten los escritos de acusación y defensa, sobresee la causa para Francesc Gamero, que fue subsecretario de la Conselleria de Igualdad que dirigía Oltra en el momento de los hechos investigados, al no haberse formulado acusación contra él, y señala que el órgano competente para enjuiciar esta causa será la Audiencia Provincial de Valencia.

El pasado 24 de febrero, la Audiencia Provincial ordenó a este juzgado abrir juicio oral contra Oltra y otros 12 acusados de su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos entre 2016 y 2017 por un educador, exmarido de la exdirigente de Compromís.

La institución judicial provincial señalaba que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valoradas "razonablemente" por ellas como delictiva.

Los hechos declarados indiciariamente acreditados por el instructor son incompatibles con el sobreseimiento provisional e incongruentes con la denegación de apertura del juicio oral, según el auto firme que constataba que el auto de procedimiento abreviado ya recogía hechos como que la tutela la ejercía la Dirección General de Infancia y Adolescencia (de la Conselleria de Igualdad cuya titular era Oltra) y que el abuso sexual era cierto.

También señalaba que la tutelada consideraba al exmarido de Oltra como un padre y que cuando se cometieron los abusos la situación de la menor empeoró y comenzó a fugarse de forma reiterada del centro de acogida. Eso relata, añadía, su situación de altísima vulnerabilidad, así como el hecho de que la conselleria no comunicara los presuntos abusos a la Fiscalía de Menores, que califica como "silencio" y "omisión" muy importantes.

“La conselleria, como tutora de la menor, tenía, como tal, las obligaciones de garante de la menor que tal tutela le confería, y la obligación de haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, sin perjuicio de alegar ante ella su valoración de la inocuidad de los mismos. Solo la fiscal de Menores estaba llamada a valorarlo. No se hizo”, afirmaban los magistrados.

Relataban también en la resolución que fue “por orden de la Fiscalía de Menores” que la niña “fuese sacada” del centro de acogida dependiente de la conselleria donde se encontraba, “donde aún trabajaba en horario nocturno el educador denunciado”. Otro de los indicios para entender que la causa debe verse abocada a juicio era la decisión de la conselleria de realizar un “expediente paralelo” a la investigación judicial, “un informe reservado”.

La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió, el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la citada causa judicial.

Oltra desempeñaba esos cargos, junto al de consellera de Igualdad y Política Inclusiva, desde el inicio del Consell del Botànic, en 2015, y era diputada autonómica por Compromís en Les Corts Valencianes desde 2007.

Desde su retirada de primera línea política, trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como futura candidata electoral y desde Compromís siguen teniendo las "puertas abiertas" a una posible vuelta independientemente de este proceso judicial, que tachan de "persecución" contra ella.

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 15 abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según informa EFE.

La institución judicial provincial señala que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valorada "razonablemente" por ellas como delictiva, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El citado Juzgado de Instrucción desestimó en diciembre los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto en el que denegó la apertura de juicio oral contra Oltra y acordaba el sobreseimiento provisional de esta causa. El asunto volvió a ser elevado a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial -que ya ordenó el procesamiento de Oltra en una anterior resolución-, al haber formulado las acusaciones (María Teresa Tanco, Vox y la asociación Gobierna-te) recurso de reforma y subsidiario de apelación.

La Audiencia debía resolver estos recursos y decidir si finalmente se enjuiciaba o no a Mónica Oltra y a varios miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana (María Teresa Tanco) por parte del exmarido de la exvicepresidenta (hechos por los que fue condenado).

En el escrito de alegaciones, Oltra se apoyaba en el auto de sobreseimiento provisional de la causa, de abril de 2024, y en el que deniega la apertura de juicio oral, de junio de 2025, así como en los diversos escritos del Ministerio Fiscal en los que "tampoco aprecia indicio de racionalidad alguno contra ninguno de los acusados".

Señalaba asimismo que el proceso inculpatorio "no puede continuar si la instrucción no ofrece sólidas razones para ello", y destacaba que "más allá de consideraciones genéricas, los recurrentes no invocan hecho alguno que justifique la existencia de algún indicio racional de criminalidad ni la equivocación del juzgado en lo que se refiere a Mónica Oltra".

"Las acusaciones introducen hechos nuevos, reformulan el relato en clave distinta, añaden elementos típicos no determinados en los hechos, creando un escenario donde el juez acertadamente no puede abrir juicio oral", afirmaba. En este sentido, defendía que "no existen indicios racionales de criminalidad respecto de los hechos finalmente acusados, resultando obligado el sobreseimiento y la denegación de la apertura del juicio oral".

El escrito señalaba, además, que la resolución de la Audiencia Provincial "en ningún momento ordena acordar la apertura de juicio oral" sino que, una vez abierta la fase intermedia y formuladas las acusaciones, el instructor "recupera plenamente su función de garantía pudiendo -como ha realizado- acordar el sobreseimiento si aprecia inexistencia de indicios". Por todo ello, la defensa de Oltra pidió impugnar los recursos de apelación interpuestos por María Teresa Tanco, Gobierna-te y Vox, "con expresa imposición de costas a los recurrentes por su temeridad".

La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió, el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la referida causa judicial.

Oltra desempeñaba esos cargos, junto al de consellera de Igualdad y Política Inclusiva, desde el inicio del Consell del Botànic, en 2015, y era diputada autonómica por Compromís en Les Corts Valencianes desde 2007.

Desde su retirada de primera línea política, trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como futura candidata electoral.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha desestimado los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto en el que denegó la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra por un supuesto delito de encubrimiento de abusos y acordaba el sobreseimiento provisional de esta causa, decisiones ambas que ahora se confirman de nuevo, según informa EFE.

El asunto, por tanto, volverá a ser elevado a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial -que ya ordenó el procesamiento de Oltra en una anterior resolución-, al haber formulado las acusaciones recurso de reforma y subsidiario de apelación.

De esta forma se rechazan los dos recursos de reforma de las acusaciones populares, formuladas por Vox y la asociación Gobierna-te de la agitadora ultra Cristina Seguí. Tanto el juez como el fiscal coinciden en señalar que no existen indicios delictivos y que las acusaciones tampoco los han precisado de forma individualizada para cada episodio fáctico y cada acusado (Oltra y otros ocho colaboradores).

El pasado mes de junio este mismo juzgado, el responsable de la investigación a Oltra, archivó por segunda vez la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad sobre el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat por parte de su exmarido (hechos por los que fue condenado).

Fue la misma decisión que ya adoptó el Juzgado de Instrucción 15 en abril de 2024, tras dar por concluida la investigación, pero que fue corregida un mes después por la Audiencia Provincial de Valencia, que le obligó a reabrir la causa. 

El instructor consideró en el primer archivo de la causa que los indicios que fundamentaron las imputaciones se habían "desvanecido por completo" y que las acusaciones particular y populares, que habían pedido la apertura de juicio oral, "se basan en meras conjeturas o sospechas, no susceptibles de convertirse en prueba de cargo alguna".

La Fiscalía ha respaldado ambas resoluciones de archivo dictadas por el juez instructor al no observar indicios de criminalidad en ninguno de los investigados, ni en Oltra, quien dimitió de sus cargos en junio de 2022 tras ser imputada, ni en los colaboradores igualmente investigados.

Por el contrario, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó reabrir la causa al estimar parcialmente los recursos de la acusación particular -la víctima de los abusos- y las dos acusaciones populares contra el archivo provisional, al considerar que no podía "descartarse claramente la comisión de infracción penal".

Esta misma sección de la Audiencia deberá resolver ahora el nuevo recurso de apelación planteado por las acusaciones y decidir si finalmente se enjuicia o no a Mónica Oltra.

El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha denegado la apertura de juicio oral y ha archivado de nuevo la causa contra la exconsellera y exvicepresidenta del gobierno valenciano Mónica Oltra y otros miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad sobre el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

Según un auto fechado este viernes al que ha tenido acceso EFE, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa respecto a todos los encausados, una decisión que ya adoptó en abril de 2024, pero que fue corregida por la Audiencia Provincial de Valencia, que le obligó a reabrir la causa.

En su nuevo auto de archivo, el magistrado señala que coincide "plenamente" con el criterio de la Fiscalía, que ha considerado que los hechos "no son constitutivos de infracción penal alguna", y destaca que además "no existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los acusados haya llevado a cabo hechos penalmente relevantes".

El juez Vicente Ríos se remite al auto del año pasado en el que acordó sobreseimiento provisional de la causa -que posteriormente revocó la Audiencia de Valencia, tras lo que dictó auto de procesamiento abreviado "por imperativo legal"- y da por reproducidos tanto los hechos, que considera que no han modificado ninguna resolución, como los razonamientos jurídicos.

El magistrado, que el año pasado archivó la causa al considerar que los indicios que fundamentaron las imputaciones se habían "desvanecido por completo", considera que las acusaciones particular y populares, que habían pedido la apertura de juicio oral, "se basan en meras conjeturas o sospechas, no susceptibles de convertirse en prueba de cargo alguna".

"Estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo y, en conciencia, reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados", afirma el juez, que añade que ni siquiera la acusación particular "puede aportarlos mediante su testimonio, siendo muy ilustrativa de ello su declaración en sede judicial".

Todo ello debe conducir, "necesariamente y de nuevo, al sobreseimiento provisional de la causa respecto a todos los encausados, algunos de los cuales ni siquiera han sido acusados", expone el auto, que no es firme y contra el que cabe recurso.

El pasado mes de mayo, la Sección Cuarta de Audiencia Provincial de Valencia confirmó el procesamiento de Oltra y de parte de su equipo tras desestimar los recursos de apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de València de dictar auto de procedimiento abreviado en cumplimiento de la orden de la Audiencia de que reabriera el caso.

La Fiscalía respaldó el primer archivo al no observar indicios de criminalidad en ninguno de los investigados, ni en Oltra, quien dimitió de sus cargos en junio de 2022 tras ser imputada, ni en catorce colaboradores suyos de la Conselleria de Igualdad, y ahora no había pedido que se abriera juicio oral al entender que no había ninguna "infracción criminal".

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó reabrir la causa al estimar parcialmente los recursos de la acusación particular -la víctima de los abusos- y las dos acusaciones populares -Vox y la asociación Gobierna-te- contra el archivo provisional, al considerar que no podía "descartarse claramente la comisión de infracción penal".

La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento de la exvicepresidenta del Consell, exconsellera de Igualdad y ex alto cargo de Compromís Mónica Oltra y de parte de su equipo por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido hacia una menor tutelada, según informa EFE.

El auto de la Sección Cuarta de la Audiencia, al que ha tenido acceso EFE, desestima los recursos de apelación interpuestos por distintos miembros del equipo de Oltra -la exconsellera ni recurrió ni se adhirió a los recursos de sus antiguos colaboradores- contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de València de dictar auto de procedimiento abreviado "por imperativo legal" en cumplimiento de la orden de la misma Sección Cuarta de la Audiencia de que se reabriera la causa.

La exvicepresidenta está investigada, junto con varios de sus más estrechos colaboradores en la Conselleria de Igualdad, por el supuesto encubrimiento de los abusos a una menor tutelada cometidos por su exmarido, que fue condenado y que cumple una pena de 5 años desde febrero de 2024.

Tras conocerse el auto, Oltra ha afirmado en una publicación en su cuenta de X: "Dret a acusar" (derecho a acusar), y ha reproducido una "imagen gráfica" del actor Francis Murray Abraham interpretando al inquisidor Bernardo Gui en la película 'El nombre de la rosa'.

El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia -el encargado de instruir la causa contra la exvicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas Mónica Oltra y otros exaltos cargos de ese departamento por el presunto encubrimiento de los abusos a una menor por parte de su exmarido- ha dictado un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado "por imperativo legal".

El juez ha dictado este viernes la resolución en aplicación del auto de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia hecho público ayer jueves y en virtud del cual se reabre la causa contra la exvicepresidenta y sus ex altos cargos. El auto, consultado por Europa Press, recoge como fundamento único "por imperativo legal".

Además, el titular del Juzgado 15 da ahora diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas en el procedimiento para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El procesamiento se produce después de que la Audiencia estimara parcialmente los recursos de la acusación particular -la víctima del educador condenado por los abusos- y las dos acusaciones populares -Vox y la asociación Gobiernante- al entender que "no puede descartarse claramente" la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados.

El procedimiento, dirigido contra Oltra -quien dimitió en junio de 2022 de sus cargos tras su investigación judicial- y otras 15 personas más, fue archivado por el Juzgado de Instrucción número 15 de València el pasado mes de abril al no apreciar delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos. La Fiscalía respaldó esta decisión.

Sin embargo, la Audiencia defiende que existe la hipótesis "plausible" de que cuando la noticia de los abusos llegó a la Conselleria de Igualdad, "las personas que tuvieron conocimiento de los hechos y bajo cuya protección y tutela se encontraba la menor, habrían pretendido ocultarlos".

Para ello, indican en la resolución, en la que ha sido ponente la magistrada Macarena Mira Picó, que se habrían valido de un informe "ficticio" puesto que se emitió un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso cuando "ni siquiera se preguntó a la menor" sobre los mismos que habría relatado a terceras personas. Además, se "omitió" tanto la denuncia como la obligación de comunicar el hecho a la Fiscalía, "evitando, así, que pudiera ejercer el control", apostilla.

De esta forma, el tribunal estima que "no se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo colocándola, por el contrario, en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida".

Y añade: "No fue hasta tres meses mas tarde, tras relatar la menor lo ocurrido a unos agentes de Policía Nacional que se encontraban circunstancialmente en el centro con motivo del traslado de otra menor, cuando por parte de éstos se dio cuenta a Fiscalía, que estimó que existían indicios suficientes de la comisión de los abusos sexuales relatados e interpuso la correspondiente denuncia, que culminó en la condena del educador del centro".

Por tanto, el tribunal estima que en este momento procesal no puede descartarse "de una manera clara" la comisión de infracción penal derivada del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida.

Estima que debe ser en el acto del juicio oral donde se diluciden las cuestiones relativas a las concretas circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos y el juicio de tipicidad que los mismos merecen.

Así mismo, el tribunal aprecia indicios de la posible comisión de delito en la formación de un expediente informativo, una vez ya estaba judicializado el asunto, con la finalidad de determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor.

El calvario judicial de Mònica Oltra se alarga. La Audiencia Provincial de Valencia ha decidido este miércoles reactivar de nuevo la causa por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por los que fue condenado el exmarido de la exvicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Luis Ramírez. La Sección Cuarta, que preside el magistrado de corte conservador Pedro Castellano, considera que existe una "suficiencia indiciaria" que justifica la continuación de un procedimiento que había sido archivado el pasado mes de abril. Unos indicios que, más allá de las acusaciones populares lideradas por colectivos y partidos ultras, solo ven ellos. Porque ni el juez instructor ni el Ministerio Público han sido capaces, tras tres años de investigación y decenas de miles de correos analizados, de apreciar un solo elemento digno de reproche penal en la causa.

Para entender el caso que derivó en la muerte política de Oltra es necesario retrotraerse más de un lustro. En concreto, a finales de 2016 y principios de 2017. Por aquel entonces, Luis Ramírez, marido de la exvicepresidenta –si bien en ese momento ya se encontraban separados–, ejercía como educador en el centro de menores Niño Jesús de València, una residencia privada con plazas concertadas con la Generalitat. Fue allí donde se produjeron los abusos de este trabajador a una menor que se encontraba tutelada y por los que finalmente terminó condenado. La chica contó en febrero de 2017 lo sucedido, pero no quiso entonces denunciar. Sin embargo, unos meses después decidió dar el paso. Y puso los hechos en conocimiento de dos agentes de Policía.

El titular del Juzgado de Instrucción nº15 de València, Vicente Ríos, decidió hace casi tres meses decretar el sobreseimiento provisional de las diligencias. Lo hizo al entender que todos los indicios que fundamentaron las imputaciones, entre ellas la de Oltra, se habían "desvanecido por completo". Un archivo que apoyó el Ministerio Fiscal. Pero ahora, la Audiencia ha estimado parcialmente los recursos de Vox y Gobierna-Te –cuya cara visible es la ultra Cristina Seguí– y ha ordenado la reapertura. Sin embargo, no deja claro cómo. Simplemente dice que los indicios "justifican", una vez sean practicadas las diligencias que se estimen pertinentes –no aclara cuáles–, "la acomodación del procedimiento a los trámites del procedimiento abreviado y posterior apertura, en su caso, de juicio oral".

Los magistrados de la Sección Cuarta creen que existe una "suficiencia indiciaria" que justifica la continuación del procedimiento. Pero tampoco dedican demasiado esfuerzo a concretarla. En apenas un par de páginas, despachan el asunto. En el auto, sostienen que hay base para sostener que los investigados, además de intentar desacreditar a la víctima, incumplieron su deber de perseguir y denunciar hechos delictivos, así como de proteger a la menor tutelada. Tesis que, sin embargo, el juez instructor se encargó de desmontar una por una en la exhaustiva resolución con la que en abril dio carpetazo al asunto. Para Ríos, el supuesto plan para proteger al exmarido de Oltra dibujado por la ultraderecha quedaba, tras tres años de instrucción, como "meras sospechas, especulaciones o conjeturas".

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València sostiene en su resolución de este miércoles que sigue siendo "plausible" la hipótesis de que "las personas que tuvieron conocimiento de los hechos y bajo cuya proyección y tutela se encontraba la menor" habrían "pretendido ocultar el abuso sexual" en cuanto la noticia llegó a la Consellería de Igualdad de la Generalitat, entonces liderada por Oltra. Para ello, continúan los magistrados, "se habrían valido de un informe ficticio, pues se emite un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso sexual cuando ni siquiera se preguntó a la menor sobre los abusos que se conocía que había relatado a terceras personas".

Esta posibilidad, sin embargo, fue descartada categóricamente por el instructor. Tras tomar declaración a todos los investigados y analizar "decenas de miles de documentos", en particular los correos intercambiados entre los implicados, Ríos llegó a la conclusión, al igual que el Ministerio Público, que no estaba acreditado "ni siquiera a nivel propio de los indicios" que Oltra o cualquier otra persona de la consellería que ella lideraba "dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna" encaminada a "ocultar" los hechos. La exvicepresidenta, de hecho, aseguró que no tuvo conocimiento de los abusos hasta que a su exmarido le notificaron la existencia de un procedimiento judicial contra él. Declaraciones que, sostuvo el juez, no se han visto "desvirtuadas por diligencia alguna".

En cuanto al informe al que los magistrados de la Sección Cuarta hacen referencia, hay que retroceder hasta mediados de febrero de 2017. La muchacha, por aquel entonces, contó a una trabajadora social y a un técnico de otro centro los abusos sufridos. Pero rechazó denunciar porque nadie la creería. Sin embargo, ante la gravedad de lo relatado, el técnico informó de los mismos a la directora del centro Niño Jesús, que concertó inmediatamente una entrevista con la psicóloga de la Sección del Menor de la Consellería de Igualdad y se reunió con la chica. La menor, sin embargo, no hizo mención alguna a los abusos en dicha conversación. Ni tampoco cuando se reunió con la psicóloga. Ninguna de ellas, no obstante, le preguntó directamente por estos hechos.

La experta de la Sección del Menor, por tanto, concluyó que no había aparecido "ningún indicio, palabra o frase" a partir de la cual se pudiera investigar "la posibilidad de la existencia de una experiencia" en la que la menor se sintiera abusada sexualmente. Todo esto aparece recogido al detalle en el auto por el que instructor archivó la causa. Una resolución en la que también se detiene en la falta de preguntas directas a la víctima sobre los abusos. En el caso de la directora, el juez entiende que no abordó abiertamente este tema porque no quería "interferir" en la entrevista que ya había programado para la chica con la psicóloga de la Sección de Menores. En cuanto a ésta última, dijo en sede judicial que actuó "conforme a la manera de proceder que entendió profesionalmente correcta".

En el auto que ordena la reapertura del caso, los magistrados ponen de relieve que se incumplió el deber de denunciar unos hechos graves. "No fue hasta tres meses más tarde, tras relatar la menor lo ocurrido a unos agentes de Policía Nacional que se encontraban circunstancialmente en el centro con motivo del traslado de otra menor, cuando por parte de estos se dio cuenta a la Fiscalía, que estimó que existían indicios suficientes de la comisión de los abusos sexuales relatados e interpuso la correspondiente denuncia, que culminó con la condena del educador del centro", recoge la resolución.

Este extremo también fue abordado por el juez instructor cuando dio carpetazo al asunto. Y la conclusión fue clara: no concurren los "presupuestos" para hablar de "un delito de omisión del deber de perseguir delitos". En este sentido, el juez consideró "reprochable" que lo acaecido no se pusiera en conocimiento de la Sección de Menores de la Fiscalía. Ahora bien, señaló que dicha omisión por sí sola "no supone la comisión de ilícito penal" dado que en ningún caso puso "verificarse", ni siquiera "mínimamente", por parte de la Consellería "la existencia de cualquier tipo de abuso sexual". "En ningún momento la menor denunció, ni quiso hacer referencia a los abusos sufridos ni en el centro ni en la Consellería y ante la valoración de la experta", expuso el instructor.

Los magistrados de la Audiencia de València también sostienen que no se "protegió" a la menor tutelada y se la colocó en una situación de riesgo al reincorporar al centro al educador que había cometido los abusos. Otro extremo descartado por el juez que ha llevado el caso. En su auto de abril, recuerda que "la menor fue atendida en todo momento". Y que desde que tuvo conocimiento de lo que estaba contando la menor, el centro activó el protocolo, concertando entrevistas y separando inmediatamente al educador del servicio. Es cierto que se le reincorporó una vez que la valoración inicial descartó la existencia de indicios de abusos sexuales. Ahora bien, recuerda el magistrado, fue destinado a "una planta distinta a la de la menor".

Una vez se tuvo constancia de la existencia de una investigación, ahora sí judicial, contra el marido de Oltra, se ordenó abrir un expediente informativo en la Consellería de Igualdad. Se tituló como "información reservada". Y tenía como objetivo "determinar la certeza de las declaraciones formuladas por la adolescente y conocer las circunstancias concretas en que se pudieran haber producido los hechos". Para ello, se recabó prueba documental y los testimonios de víctima, acusado, directora del centro y psicóloga del mismo. Y como pericial, informe psicológico elaborado por una de las expertas del Instituto Espill, especializado en evaluar a menores. Tras la investigación, la instructora concluyó, del mismo modo que la pericial, que "el testimonio de la adolescente no era creíble".

Este expediente ha sido otro de los pilares de la ofensiva ultra en este caso. Las acusaciones han deslizado que dicha "información reservada" –o "expediente parajudicial", como también se ha calificado– buscaba desacreditar a la menor y favorecer al exmarido de la exvicepresidenta valenciana en su procedimiento judicial. Sobre él pone también el foco la Sección Cuarta. Los magistrados consideran que "nada habría que objetar" a la formación de un expediente que "tuviera como finalidad" determinar la actuación llevada a cabo o detectar posibles errores alrededor de este caso. Sin embargo, consideran que el mismo "parece dirigido a determinar la falta de credibilidad del testimonio de la menor" o "influir en su ánimo acusador" con el asunto ya judicializado.

Pero el instructor también descartó cualquier mano negra en torno a este asunto. En su auto, consideraba que la formación del expediente, por más que se pudiese considerar "desacertada", carece "por sí mismo" de "relevancia penal". Y si lo que se pretendía con él era "desacreditar" a la menor o "restar credibilidad a su testimonio" contra el exmarido de Oltra, lo que sí sería indiciario de la comisión de delito, lo lógico hubiera sido hacer llegar el informe de la instructora o el resultado de la pericial elaborada por el Instituto Espill a la autoridad que instruía entonces el caso de abusos o al fiscal del mismo. Pero lo ocurrido no fue eso. "No fue enviado con destino a la causa", apuntaba el juez.

Todo esto, completaba el titular del Juzgado de Instrucción nº15 de València, "refuerza la consideración de que en ningún caso existió una directriz o consigna, dictada por Oltra, o por cualquier otro cargo de la Consellería, orientada a desacreditar a la menor o favorecer al señor Ramírez en el proceso en el que figuraba como encausado".

No es la primera vez que la Sección Cuarta corrige las decisiones del instructor. Lo hizo a finales de 2021, cuando ordenó reabrir la causa después de que el Juzgado de Instrucción nº15, haciendo suya la posición de la Fiscalía, hubiese decretado el sobreseimiento por no ver probada la responsabilidad de los cargos de la Consellería de Igualdad investigados. Y el pasado año, cuando ordenó investigar los correos de Oltra y su equipo también en octubre y noviembre de 2019, durante el juicio contra el exmarido. Esta petición de una de las acusaciones populares había sido rechazada por el instructor, que sólo aceptó un análisis de las comunicaciones en entre el 4 y 20 de agosto de 2017, cuando la exvicepresidenta conoció la imputación de Ramírez y se abrió el famoso expediente.

Aunque no es el ponente de la resolución de este jueves, al frente de la Sección Cuarta de la Audiencia de València se encuentra Pedro Castellano. Vinculado a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), este magistrado saltó a la palestra a finales de 2021 por haber sido el ponente del polémico auto con el que se acordó el sobreseimiento de la causa abierta por blanqueo contra 13 exconcejales y asesores de la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València. La llamada causa del pitufeo, una de las derivadas del caso Taula.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la causa contra la exvicepresidenta del Consell, exconsellera de Igualdad y exportavoz con el Botànic, Mónica Oltra, y sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido, educador de un centro de acogida, a una menor tutelada.

Según ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y recoge Europa Press, la Audiencia ha estimado así parcialmente los recursos de la acusación particular -la víctima- y las dos acusaciones populares -Vox y la asociación Gobierna-te- porque entiende que "no puede descartarse claramente" la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados.

El procedimiento, dirigido contra Oltra -quien dimitió en junio de 2022 de sus cargos tras su investigación judicial- y otras 15 personas más, fue archivado por el Juzgado de Instrucción número 15 de València el pasado mes de abril al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos. La Fiscalía respaldó esta decisión.

Tal y como se desprende de la nueva resolución -cuya deliberación se fijó para el día 16 de julio pero se ha adelantado por razones de servicio de la Sala-, existe la hipótesis "plausible" de que cuando la noticia de los abusos llegó a la Conselleria de Igualdad, "las personas que tuvieron conocimiento de los hechos y bajo cuya protección y tutela se encontraba la menor, habrían pretendido ocultarlos".

Para ello, indican en la resolución, en la que ha sido ponente la magistrada Macarena Mira Picó, que se habrían valido de un informe "ficticio" puesto que se emitió un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso cuando "ni siquiera se preguntó a la menor" sobre los mismos que habría relatado a terceras personas. Además, se "omitió" tanto la denuncia como la obligación de comunicar el hecho a la Fiscalía, "evitando, así, que pudiera ejercer el control", apostilla.

De esta forma, el tribunal estima que "no se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo colocándola, por el contrario, en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida".

Y añade: "No fue hasta tres meses mas tarde, tras relatar la menor lo ocurrido a unos agentes de Policía Nacional que se encontraban circunstancialmente en el centro con motivo del traslado de otra menor, cuando por parte de éstos se dio cuenta a Fiscalía, que estimó que existían indicios suficientes de la comisión de los abusos sexuales relatados e interpuso la correspondiente denuncia, que culminó en la condena del educador del centro".

Por tanto, el tribunal estima que en este momento procesal no puede descartarse "de una manera clara" la comisión de infracción penal derivada del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida. Estima que debe ser en el acto del juicio oral donde se diluciden las cuestiones relativas a las concretas circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos y el juicio de tipicidad que los mismos merecen.

Así mismo, el tribunal aprecia indicios de la posible comisión de delito en la formación de un expediente informativo, una vez ya estaba judicializado el asunto, con la finalidad de determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor.

La Sala estima que "nada habría que objetar penalmente" a la formación de un expediente informativo que tuviera como finalidad determinar la actuación llevada a cabo o detectar, en su caso, la existencia de posibles errores por los funcionarios adscritos a la Conselleria. "Pero lejos de ello, el expediente parece dirigido a determinar la falta de credibilidad del testimonio de la menor, a la que se hace pasar, de manera indiciariamente ilegal, por una entrevista y una prueba pericial, cuando el asunto estaba ya judicializado, con la victimización secundaria que ello supone y con la finalidad indiciaria de desacreditar su testimonio o influir en su ánimo acusador", asevera.

En consecuencia, y sin perjuicio de lo que pueda derivarse de la práctica de la prueba en el acto del juicio oral sobre la persona que ordenó la formación del expediente, quién decidió tomar declaración a la menor y someterla a un nuevo examen psicológico, o las circunstancias en que ello fue llevado a cabo, "no puede descartarse en este momento procesal la comisión de infracción penal, como consecuencia de haberse dictado, de manera arbitraria e injustificada, una resolución con la finalidad de iniciar el referido expediente informativo, utilizando recursos públicos, con fines particulares", expone.

Con todo, el tribunal resume: "No puede descartarse que las distintas actuaciones realizadas fueran dirigidas a ocultar la existencia de abusos sexuales y desacreditar el testimonio de la menor, a la que no se otorgó la protección necesaria por las personas que tenían la obligación de hacerlo".

Así, ve prueba indiciaria "suficiente" que justifica continuar el procedimiento por la posible comisión de delitos derivados del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida, y posterior intento de desacreditar su testimonio o influir negativamente en el ánimo acusador de la menor una vez ya se había iniciado el procedimiento judicial.

La exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra ha reaparecido este sábado por sorpresa en la asamblea de su partido, Iniciativa-Compromís, celebrada en el Auditori Antonio Cabeza de Paterna (Valencia).

Oltra, visiblemente emocionada y con el puño en alto, ha sido recibida entre aplausos, ovaciones y gritos de aclamación por los asistentes al cónclave de Iniciativa, uno de las tres formaciones que integran Compromís, al que pertenece Oltra.

A su entrada, ha sido recibida en el escenario por uno de los portavoces de Iniciativa, Alberto Ibáñez, con quien se ha fundido en un abrazo entre gritos de 'Mónica, Mónica' del público.

La exvicepresidenta no tenía previsto acudir dado que este sábado debía asistir a la convocatoria de un examen, pero al terminar este finalmente se ha dejado ver en la asamblea del partido, según han detallado a Europa Press fuentes de su entorno.

Se trata, en cualquier caso, del primer acto de partido al que acude Oltra, después de su dimisión el pasado 21 de junio de 2022 de las responsabilidades que ostentaba en el Consell y Les Corts tras su imputación en el caso del presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Sobre este caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València acordó el pasado 2 de abril el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la exvicepresidenta y sus ex altos cargos investigados al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido, educador social, a una menor tutelada.

Una querella del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias ha generado un terremoto político en Españas cuyas consecuencias son aún inciertas, ya que podría acabar con la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El socialista se ha dado unos días para reflexionar después de que el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abriera diligencias de investigación secretas contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, basándose en una denuncia de la organización ultra que –en siete folios y grandes caracteres para llenar los espacios en blanco– la acusa de tráfico de influencias y de corrupción.

En su misiva a la ciudadanía, Sánchez lamenta la cacería contra su esposa por un supuesto tráfico de influencias por el rescate de Air Europa y un intento de relacionarla con la trama de Koldo García. Todo auspiciado por la derecha. "Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa". Y pone nombres y apellidos a esos intentos: "Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó 'la máquina del fango'. Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas".

La carta de Sánchez, que pilló por sorpresa hasta a sus colaboradores más cercanos, generó rápidamente una oleada de solidaridad por parte de dirigentes de su partido pero también de otras formaciones de izquierdas como Podemos, Sumar, Esquerra, EH Bildu o Compromís. Con todo, algunos de ellos también le recordaron al presidente del Gobierno que, en su momento, ya advirtieron de las consecuencias del lawfare, es decir,  la utilización de procedimientos judiciales con fines de persecución, desacreditación o destrucción de un adversario político.

"Hemos llegado hasta aquí porque cuando la ofensiva reaccionaria empezó contra el Gobierno, se guardó silencio y se decía que hacíamos ruido cuando denunciábamos el lawfare", asegura la exministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, a infoLibre. "Se nos ha llenado la democracia de jueces que encarcelan titiriteros, raperos, manifestantes, huelguistas o artistas. Y que han intentado hacerlo desde hace diez años con Podemos", valora, por su parte, el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero. Y añade: "Siempre que aparece algún defecto de nuestra democracia, aparece la transición. Jueces, policías, políticos, reyes que se acostaron franquistas amanecieron demócratas".

El propio Manos Limpias también denunció al actual portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, y en su momento dirigente de Podemos, por delitos de estafa y contra la seguridad social en relación con su contrato como investigador en la Universidad de Málaga y también, junto a Pablo Iglesias, por el Informe PISA. Ambas fueron archivadas pero sirvieron para engrosar muchos titulares. "Por desgracia, algunos sabemos lo que es el sindicato ultraderechista Manos Limpias y cómo actúa. En política sabes que vas a recibir ataques, pero también debería de haber líneas rojas y hace años que algunos se las han saltado", asegura Errejón, que confiesa que "se pasa mal y se sufre" porque afecta a sus seres queridos: "Esto es parte del daño que buscan", subraya.

Al igual que le sucedió a la magistrada Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que se vio obligada a dimitir tras la denuncia del exministro José Manuel Soria presunto caso de prevaricación y cohecho. Un caso de lawfare de libro que se acabó destapando. En una entrevista reciente con infoLibre, Rosell confesaba que también utilizaron a su familia: "Si no pueden acabar contigo porque eres una persona íntegra, van a por tu familia. Y entonces te lo piensas. Te lo reconozco, entonces sí que flaqueas", aseguraba. Todo ello ocurrió antes de que Sánchez llegara a la Moncloa, pero con él al frente del Ejecutivo su izquierda ha sufrido ese tipo de ataques.

En estos últimos seis años los tribunales se han utilizado como campos de batalla política. Pasó con el llamado caso Neurona. La derecha mediática y política no dudó en venderlo como el gran caso de corrupción, la “Gürtel de Podemos”. En periódicos y tertulias se habló de manera profusa de una supuesta caja B, de sobrecostes en la reforma de la sede del partido, de financiación irregular, de facturas falsas, de comisiones, de sobresueldos y hasta de quién cuidaba a los hijos de la exministra de Igualdad Irene Montero. Y el PP, por supuesto, no dudaba en utilizarlo en la pugna política. "En Neurona hay mucho que afecta a la corrupción de Podemos", decía a comienzos de 2021 la entonces portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Montero todavía recuerda la reacción de Sánchez a ese caso, cuando dijo que 'confiaba en la acción de la justicia' y que no 'comentaba casos en curso'. "Tristemente, no solo no se lo tomaron en serio sino que muchas veces miraron para otro lado, pensaron que si nos golpeaban a nosotros eso les podía beneficiar a ellos electoralmente, muchas veces no nos defendieron y llegaron a cuestionar que nosotras sí denunciásemos la guerra judicial y mediática", lamenta la candidata de la formación morada a las elecciones europeas.

El procedimiento de Neurona arrancó en el Juzgado de Instrucción nº42 de Madrid tras una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente. A pesar de que parte de su declaración ante el juez José Manuel Escalonilla se sostenía sobre rumores o sospechas, esta acabó derivando en una decena de líneas de investigación. Una macrocausa que ha perseguido a la formación morada durante prácticamente toda la pasada legislatura. Y a la que se le acabó dando carpetazo en diciembre del pasado año al no apreciarse indicios de delito en la última rama del procedimiento que aún quedaba viva.

Para Montero lo que la izquierda debe hacer en este tipo de casos es "nunca ponerse de perfil," ni "mirar para otro lado, guardar silencio cómplice o ceder ante las ofensivas reaccionarias pensando que si cedes te van a perdonar": "A ver si aprendemos de una vez a no volver a decir 'algo habrá hecho' o 'esperemos a ver qué dicen los jueces' cuando a una compañera le abren un proceso judicial falso", resume. "El lawfare es una cuestión política aunque ataquen a personas concretas. A los reaccionarios se les para avanzando en derechos", zanja.

Esto pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país". Con esas palabras la exvicepresidenta del Govern valenciano y una de las caras más visibles de Compromís, Mónica Oltra, se despedía de la política institucional en junio de 2022, tras ser imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. Tras cinco días de presiones, Oltra dejaba todos sus cargos "con la cabeza bien alta y con los dientes apretados": "Que nadie se pregunte dentro de veinte años o dentro de veinte meses que cojones pasó en este país", sentenciaba casi entre lágrimas.

No han sido veinte, sino veintidós meses después cuando el el magistrado Vicente Ríos ha dado recientemente carpetazo al asunto al entender que los indicios que fundamentaron las imputaciones "se han desvanecido por completo". Sin embargo, en su momento, la propia Oltra se vio forzada a dimitir por las presiones que llegaron por todos los frentes. Por parte de la derecha, de su socio de Gobierno —el PSPV— y también desde su propia formación. Detrás de aquellos multitudinarios silencios se escondía la creencia casi unánime de que lo mejor que podía hacer era dimitir —así lo decidió la Ejecutiva de Compromís— y mejor cuanto antes. "Se ha generado un ecosistema mediático para justificar una determinada decisión", lamentaba entonces la dirigente valenciana, que todavía no se ha pronunciado sobre si volverá a la política.

Para el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, la clave para evitar casos como el de Oltra se sustenta en dos patas: cambiar el poder judicial y tener presencia en todas las tertulias. A su juicio, se deben "dignificar dos poderes absolutamente fagocitados por la derecha en este país" como son el judicial y el mediático: "No para que entre gente de izquierdas o de derechas, sino para que entre gente decente". Bajando al detalle, aboga por ayudar o becar la carrera judicial ya que "el 90% de la familias de este país no pueden permitirse cuatro años de estudios-oposición de ese calibre" y "potenciar el periodismo y no el servilismo" con un "servicio in situ de fact check en las tertulias indicando quién mienta en datos o afirmaciones".

Monedero, al igual que Rufián, también cree que se debería "facilitar y democratizar los estudios de judicatura" y añade que se deberían "incorporar enseñanzas de feminismo, ecologismo, derechos humanos". Además, considera que el PSOE debería haber reformado el Consejo General del Poder Judicial "buscando una mayoría  simple  para evitar el veto del PP pero reforzada con, al menos, cinco grupos parlamentarios".

El Gobierno local de Ada Colau llegó a acumular durante su mandato cerca de una veintena de querellas y denuncias de fondos, empresas, hoteles o rivales políticos. Quince de ellas ya han sido archivadas. A dos meses de las elecciones, Colau tuvo que ir a declarar en medio de un enorme revuelo mediático. Todo por una ofensiva judicial que el fondo emprendió, según la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, "simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda" que la exalcaldesa de Barcelona “propició durante su mandato”.

Este frente judicial tenía como epicentro el Bloc Llavors, propiedad de Vauras Investments. El ayuntamiento abrió un proceso sancionador contra el fondo por incumplir la normativa catalana de vivienda. Y éste último interpuso una querella contra los dirigentes políticos. La jueza la inadmitió por falta de indicios. Pero la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona corrigió esta decisión y ordenó abrir causa por coacciones y prevaricación administrativa.

Errejón también recuerda que, casos como el del gobierno municipal de Barcelona en Comú, al igual que el de Mónica Oltra o los que han sufrido Iglesias y Montero, plantean un debate de fondo sobre la democracia. "Aquí lo que está en juego es una pregunta sobre la democracia española. ¿Tiene la izquierda derecho a gobernar en España o cuando gobierna la izquierda en España todo vale para que se haga el clima irrespirable y la gente ya no pueda más?", lanza.

Montero se muestra convencida de que quienes realizan la guerra judicial y mediática buscan "que te canses y que no te merezca la pena": "Es evidente que nos van a hacer pagar un alto coste político por transformar, ojalá el presidente, que ahora empieza a sufrir el lawfare en primera persona, nunca llegue a pasar por lo que hemos pasado nosotros", asegura. Así, confiesa que ella se ha rodeado de compañeras que le han transmitido el mensaje de que "no estaba sola".

El archivo del caso que en junio de 2022 derivó en la dimisión de Mónica Oltra tras ser imputada como supuesta encubridora de los abusos de su exmarido a una menor tutelada ha sacado a dos figuras clave del armario de esta historia. Unidas por el nexo de la ultraderecha, esas dos figuras y lo que representan –José Luis Roberto y Cristina Seguí– lograron el hundimiento de quien, como líder de Compromís, vicepresidenta y portavoz de la Generalitat valenciana bajo la presidencia del socialista Ximo Puig, había puesto varias picas en el Flandes de un territorio durante lustros gobernado por dirigentes del PP como Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

Dos meses antes de su imputación en junio de 2022 –imputación ahora desguazada en el auto que la exonera por ausencia absoluta de indicios de encubrimiento–, Oltra lanzó un aviso en las Corts valencianas: “Hay que seguir el rastro del dinero”. De momento, le ha costado una querella pronunciar esas palabras a modo de frontispicio de la foto que exhibió aquel día. Tomada en una estación de tren, en la imagen aparecían juntos Francisco Camps, Cristina Seguí y Alberto de Rosa, presidente del holding Ribera Salud, favorecido por la privatización sanitaria del PP en Valencia.

Testigo de cómo la líder de Compromís promovió la devolución al mando público de los hospitales privatizados, Ribera Salud mantiene la querella bajo la dirección letrada del mismo abogado –Pablo Delgado– que defiende a Francisco Camps y que ha representado a la asociación de Cristina Seguí –Gobierna-te– como acusación popular en el caso contra Oltra. Su presidente, Alberto de Rosa Torner, es hermano de Fernando de Rosa, exconseller valenciano de Justicia durante el mandato de Francisco Camps, luego vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bajo mayoría conservadora, más tarde presidente de la Audiencia de Valencia, de la que salió para ser senador del PP hasta 2023. Y ahora ocupa un escaño por el PP en el Congreso.

A día de hoy, nadie ha avanzado en la comprobación de la hipótesis de la pista del dinero ni por tanto en si, lejos de ser un mero arrebato por lo que Oltra ya había definido como “cacería política”, lo expuesto aquel día en el Parlamento se ajustaba a la realidad. Así que lo único palmario a día de hoy es que las dos figuras del párrafo inicial –Roberto y Seguí– son dos ultraderechistas de primer orden contra los que se acabó revolviendo la menor víctima de los abusos sexuales cuando la losa de la imputación penal ya había aplastado a la dirigente valencianista. "Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada", le dijo la joven al diario Levante en agosto de 2022.

La información del rotativo no especifica a quién se refería la entrevistada, Maite, cuando narró que le habían prometido casa y trabajo en Madrid. Pero distintos medios –entre ellos el diario El Mundo– publicaron que la oferta consistía en un contrato para ella y su compañero sentimental en el hospital del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, parte del grupo de centros de gestión privatizada por Esperanza Aguirre y gestionado por Ribera Salud. La pareja, que según esas mismas informaciones rechazó la propuesta, ya había trabajado en el hospital de la alicantina Torrevieja, uno de los gestionados por Ribera Salud y revertido luego a la Generalitat por el Gobierno PSPV-Compromís.

infoLibre envió a los portavoces de comunicación del holding valenciano un correo con dos preguntas: ¿Es cierto que Ribera Salud o algún directivo del grupo ofreció trabajo en el hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) a la víctima de abusos del exmarido de Mónica Oltra y a su pareja sentimental? ¿En qué punto se encuentra la instrucción de la querella del presidente de Ribera Salud contra Mónica Oltra? Al cierre de esta edición, no había habido respuesta.

Quien sí contestó a este periódico fue José Luis Roberto, el abogado que en la causa contra Oltra ha representado a la menor víctima de abusos sexuales y antiguo secretario general de la patronal española de prostíbulos (Anela). Roberto es también empresario y presidente de España 2000, un minúsculo y xenófobo partido que en ocasiones ha copado titulares por episodios de violencia física y que incluso homenajea a Benito Mussolini. Hace un año, Roberto aseguró en conversación telefónica con infoLibre que “el fascismo no es ultraderecha”.

Ahora, y a través de un correo electrónico de respuesta a este medio, Roberto ha confirmado que recurrirá el sobreseimiento provisional de la causa contra Oltra así como contra varios funcionarios. Sobre aquella oferta de trabajo y casa por la que la menor se sintió utilizada y luego abandonada, su mensaje literal es el que sigue: “En ningún momento le he prometido casa y trabajo, le conseguí trabajo en el hospital de Torrevieja [uno de los que gestionaba Ribera Salud en Alicante] y la despidieron cuando se hizo cargo la Generalitat [tras el proceso de reversión]; ella y a su novio fueron a los únicos de más de 1000 que no subrogaron”.

El abogado prosigue así: “Denunciamos por despido nulo y se sentenció 10.000 euros de indemnización a cada uno. Cobraron esa cantidad y recurrimos, está pendiente el recurso, ya que nuestra petición inicial era de 25.000 euros a cada uno”.

Y ahora, sobre la oferta de empleo y vivienda: “Quedándose sin trabajo, Cristina Seguí les comentó que le habían ofrecido un trabajo para ellos en un municipio de Madrid y que se había puesto en contacto con el alcalde la localidad que les podría encontrar, dada su situación, una vivienda social. Yo no tuve nada que ver en este ofrecimiento, que me consta que era cierto, el cual no cristalizó por cuestiones de los interesados y de la presunta prima, que no lo es, que se metió por medio. En todo este asunto yo he estado al margen, pero conocedor de la realidad del ofrecimiento y de las circunstancias que llevaron a no aceptarlo, ajenas a la voluntad de Cristina Seguí”.

Conclusión del mensaje del creador de España 2000: existió la oferta y la pareja la rechazó por cuestiones propias y “de la presunta prima”. Roberto se refiere a otra joven, persona muy allegada a Maite y que abundó en la idea de que la extrema derecha la había dejado tirada en cuanto consiguió su propósito: cargarse a Mónica Oltra.

Que José Luis Roberto elija la vía difusa en relación a la propuesta de trabajo –no precisa de quién partió– y que defienda la actuación de Cristina Seguí no son hechos aislados. Ambos han formado un tándem con motor a toda marcha. Cofundadora de Vox en Valencia, tertuliana experimentada y conocida por su tendencia al exabrupto en redes o programas de televisión y considerada ultraultraderechista desde que ya en 2014 abandonó el partido de Santiago Abascal, Seguí dirige la asociación Gobierna-te. En su perfil de Twitter (ahora, X), la jefa de la asociación se describe así: “Antiglobalista, Heroína de Tabarnia y Autora de Manual para defenderte de una Feminazi y #LaMafiaFeminista. Directora en CesarVidal.tv”. Vidal se cuenta entre quienes eximen al dictador de responsabilidad en el estallido de la guerra civil. El historiador sostiene que fue el ambiente de confrontación durante la República lo que hizo inevitable el conflicto bélico.

Tras la denuncia interpuesta por José Luis Roberto en nombre de la menor Maite una vez había sido condenado Luis Eduardo Ramírez –el exmarido de Oltra–, Seguí se personó como acusación popular. Como quedó esbozado más arriba, su asociación encomendó la tarea al Pablo Delgado, abogado de Francisco Camps y con quien infoLibre ha intentado contactar sin éxito. De forma independiente, Vox fue la tercera pata de la acusación privada.

Seguí ya había comenzado 2021 sacando a la venta camisetas con el rostro de Oltra y la leyenda típica de las películas del Oeste: “Se busca muerta o viva”. Ese era el lema pero escrito en inglés. Las camisetas se anunciaban en un tuit donde la jefa de Gobierna-te acusaba a la dirigente de Compromís de estar “criminalizando” a Francisco Camps también a base de camisetas.

El objeto declarado de las camisetas del "Dead or alive. Wanted" contra Mónica Oltra era reunir fondos que permitieran a la asociación de Seguí mantenerse como acusación popular en la causa ya entonces abierta contra varios cargos de la Consellería de Justicia y Bienestar Social por la supuesta ocultación de pruebas que incriminaban al exmarido de Oltra.

Abogado de prestigio, nunca ha trascendido cuánto cobra Pablo Delgado por llevar este caso ni cuánto ha conseguido Gobierna-te recaudar a lo largo de estos años. Tras varias búsquedas para hallar la web de la asociación Gobierna-te se envió un mensaje por Twitter a Cristina Seguí donde le pedía si podía facilitarle el link. La respuesta de Seguí fue esta: “Eres periodista de @infoLibre. No voy a hacer tu puto trabajo”.

Finalmente y gracias a la ayuda de un experto, la web gobierna-te.es fue localizada. Pero no funciona. El dominio lo registró en 2022 una de las colaboradoras habituales de Seguí, una psicóloga que niega de modo taxativo la violencia machista y se prodiga en la tesis de que buena parte de las denuncias por malos tratos son falsas.

"Esto pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país". Con esas palabras la exvicepresidenta del Govern valenciano y una de las caras más visibles de Compromís, Mónica Oltra, se despedía de la política institucional en junio de 2022, tras ser imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. Tras cinco días de presiones, Oltra dejaba todos sus cargos "con la cabeza bien alta y con los dientes apretados": "Que nadie se pregunte dentro de veinte años o dentro de veinte meses que cojones pasó en este país", sentenciaba casi entre lágrimas.

No han sido veinte, sino veintidós meses después cuando el el magistrado Vicente Ríos ha dado carpetazo al asunto al entender que los indicios que fundamentaron las imputaciones "se han desvanecido por completo". Sin embargo, en su momento, la propia Oltra se vio forzada a dimitir por las presiones que llegaron por todos los frentes. Por parte de la derecha, de su socio de Gobierno —el PSPV— y también desde su propia formación. Detrás de aquellos multitudinarios silencios se escondía la creencia casi unánime de que lo mejor que podía hacer era dimitir —así lo decidió la Ejecutiva de Compromís— y mejor cuanto antes. "Se ha generado un ecosistema mediático para justificar una determinada decisión", lamentaba entonces la dirigente valenciana

La reflexión de Oltra el día de su dimisión fue más allá de su caso particular: "Este país tiene un problema cuando absuelve corruptos como M.Rajoy y se encausan inocentes como Vicky Rosell, Alberto Rodríguez, Ada Colau y las niñeras. Este país tiene un problema cuando no nos defendemos de la extrema derecha", lamentaba. Casos que, como el suyo, pusieron en la diana a dirigentes de izquierdas y les forzaron a dimitir, a apartarse o a batallar en los tribunales. Y que finalmente quedaron en nada. "Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas. El día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes", lamentaba entonces la valenciana.

Lo cierto es que la judicialización de la política es una fórmula ensayada con éxito para debilitar a gobiernos y políticos de todo el mundo. El arranque de la nueva legislatura en nuestro país puso de moda el anglicismo lawfare. Esta expresión, un cruce entre law (ley) y warfare (guerra), que se refiere a la utilización de procedimientos judiciales con fines de persecución, desacreditación o destrucción de un adversario político. De un tiempo a esta parte un sector de la izquierda ha clamado contra esta guerra judicial incidiendo en que, ante determinados casos, no se debe dimitir aunque la persona esté siendo investigada por un tribunal.

Esto enmienda el posicionamiento original de formaciones como Podemos que nacieron al calor del 15M prometiendo firmeza ante los casos de corrupción —que asediaban al PP pero también al PSOE— y marcando un alto estándar a la hora de dimitir: cuando un cargo público u orgánico estuviera imputado en una causa. Sin embargo, años más tarde la formación morada cambió su código ético y marcó esa exigencia a cuando hubiera un auto de procesamiento. Esto se debió a las múltiples causas que también se crearon sobre el partido como el caso Neurona o el informe PISA. Ante estos precedentes y con el caso de Mónica Oltra recién archivado, desde la izquierda se ha abierto un debate sobre cuándo se debe dimitir en plena era del lawfare. Un debate en el que se ha pronunciado hasta el ministro socialista Óscar Puente, que en X recogía el vídeo de la dimisión de la exdirigente de Compromís y sentenciaba: "Nuestra democracia está en serio peligro. Y estas palabras hoy deben resonar bien altas en las conciencias de quienes debemos luchar por preservarla".

Alberto Ibáñez es diputado de Compromís en el Congreso y coportavoz de Iniciativa, el partido antaño liderado por Oltra. Compareció junto a ella el día de su dimisión y, en conversación con infoLibre, subraya que en todo momento se opuso a la marcha de la exvicepresidenta. "He defendido siempre que Mónica no tenía que dimitir, lo hice antes de que dimitiera, el mismo día en que lo hizo y lo he sostenido durante el tiempo", destaca, aunque también admite que se solidarizó con "la decisión colegiada" que tomó Compromís bajo "una violencia política sin precedentes". En el caso de Compromís, que está formado por una coalición de partidos, no hay ningún código ético que marque el momento de la dimisión de un cargo público.

La compañera de filas de Ibáñez en la Cámara Baja, Àgueda Micó, es también la secretaria general de Més, la formación mayoritaria dentro de la coalición valencianista. Fue la otra persona que escoltó a Oltra el día de su dimisión y, aunque defiende que Compromís "hizo lo que tuvo que hacer" porque "por encima de la persona" de Oltra estaba "el proyecto político", admite que "el hecho de estar imputado no debería ser la línea" que marque si una persona debe dimitir. "En el caso de Mónica, lo hizo por presión publica y mediática, pero ella había hecho todo lo que había que hacer", defiende Micó, que destaca como el PP ha denunciado a cargos de Compromís en 54 ocasiones y en ninguna de ellas se ha llegado a nada.

A juicio de Elizabeth Duval, portavoz de Feminismos y LGTBI de Sumar, las decisiones en política "nunca son individuales" y "hay un actor que está pareciendo injustamente inocente" pero que no lo es, el PSPV. "Oltra dimite, entre otras cosas, porque no quería servir como excusa para que el PSPV de Ximo Puig expulsara a Compromís del Govern", subraya Duval. De hecho, la propia Oltra lo destacó en su comparecencia en la que anunció su dimisión. "Fue un sacrificio injusto en relación al cual Oltra actuó con responsabilidad y que luego tuvo, evidentemente, consecuencias funestas", lamenta. El código ético de Sumar pauta la dimisión automática con apertura de juicio oral en delitos de corrupción, violencia de género o contra derechos fundamentales.

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, tiene claro que "la derecha usa el lawfare contra sus adversarios políticos, de manera que la imputación, apoyada por los medios de comunicación afines, se ha convertido en una manera de sacar fuera de juego a los adversarios políticos". Por ese motivo reclama diferenciar, como hizo Podemos, entre imputaciones o condenas políticas —insumisión, parar un desahucio, manifestaciones— de las imputaciones por corrupción o por delitos comunes. "Cuando hay mala fe, como ocurre con la derecha española, todo se distorsiona", opina. Aún así,  considera que no se puede "renunciar a un mayor nivel ético" porque "entonces se hace cierto que todos los políticos son iguales".

Ibáñez, por su parte, aboga por "tomar medidas estructurales" y considera que hay que "solidarizarse" con quienes sufren este tipo de ataques aunque no estén en el mismo espacio ideológico, como es el caso del exalcalde de Barcelona Xavier Trías. "Las garantías del Estado de derecho, que a priori han de vigilar para dar seguridad a las personas que son investigadas, se han convertido en una cacería mediática sin precedentes", lamenta, al tiempo que señala los intereses de "multinacionales" y la concentración de los grandes medios de comunicación en unas pocas manos y en accionariados muy concretos.

Sobre el impacto mediático, Duval destaca que siempre se dedica más tiempo a la apertura de causas, como sucedió en el caso de Podemos, que cuando estas son sobreseídas. "Una mirada atenta indica que Oltra no pedía exactamente una dimisión por mera imputación, sino por la existencia de una responsabilidad política. Pero creo que lo que se ha comunicado ahí sí que nos ha pasado factura y que la barra de exigencias ha sido tan alta que en ocasiones se volvía un arma en nuestra contra", admite.

Una de las tesis ampliamente compartidas dentro de la izquierda del PSOE es que la dimisión de Oltra y su previa imputación influyeron en la derrota del Botànic en los comicios de mayo del pasado año, ya que Compromís —representado por Joan Baldoví— retrocedió en votos y escaños. Micó admite que estaban "en una partida de ajedrez regalando a la reina y sabíamos cómo iba a acabar" y, en ese sentido, lamenta que la derecha "ganara ese relato" que era "muy morboso y delicado", porque involucraba a menores tuteladas. Así, cree que sí influyó la marcha de Oltra.

También lo ve de ese modo Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, que defiende que el Oltra se vuelva a presentar "para resarcir el daño político" cometido en su contra. "Entiendo que el objetivo era forzar su dimisión para debilitar al Botànic y facilitar el cambio en el poder político. Que se haya demostrado lo que ya se sabía, que ella no tenía nada que ver, deja un sabor agridulce porque el objetivo político ya está consumado", lamenta. Aunque Moruno subraya que no es quien para decir a otra fuerza política lo que tiene que hacer, en términos políticos su vuelta podría ayudar a compensar todo lo que ha sufrido durante estos meses.

La portavoz de feminismos y LGTBI de Sumar admite que "es difícil hacer hipotéticos y jugar a las posibilidades", pero considera que es bastante evidente que sí influyó por, entre otros motivos, "las graves acusaciones" que se vertieron contra la política valenciana. "No solo a Compromís y a Oltra, sino a la credibilidad de toda la izquierda transformadora. No creo en las grandes conspiraciones ocultas, pero poco importa lo que se buscaba: es lo que se consiguió".

Según destacan fuentes cercanas, Oltra se va a dar un tiempo para pensar si quiere volver o no a la primera línea de la política ya que su formación ya le ha ofrecido "ser lo que ella quiera". Sin embargo, en estos meses, según trasladan estas mismas voces, se ha sentido "muy sola". Así, una de las consecuencias de llevar a cabo este tipo de acciones judiciales es también la renuncia a hacer política desde las instituciones por las posibles consecuencias. Según la secretaria general de Més, "te juegas la vida" y eso "desincentiva" a cualquiera, ya que "se consigue que solo quiera participar en política la gente que es funcionaria, porque tiene un sitio al que ir".

Monedero también cree que hay una intencionalidad detrás de los "ataques" cuyo objetivo final es que ciertas personas dejen de participar en política. "Creo que hace falta que los partidos protejan a sus líderes de estos ataques cuando son claramente trucos políticos, de la misma manera que tienen que ser contundentes en no dar cobijo a los malos comportamientos", señala.

Duval, por su parte, destaca que "si el precio a pagar es ese, o el acoso y la persecución, es difícil convencer a la gente de que el sacrificio de la vida propia merece la pena". En ese sentido considera que "funciona como una advertencia", en la que se traslada que "esto es lo que puede pasarte si no nos convienes, este es el peligro de intentar cambiar cualquier cosa".

Martes, 21 de junio de 2022. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mònica Oltra, comparece ante los medios. Lo hace minutos antes de arrancar la reunión de la ejecutiva de su partido. Y cinco días después de haber sido imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. Tras horas de presión continua a nivel interno y externo, la portavoz del Ejecutivo regional anuncia que da un paso atrás, que dimite, que deja todos sus cargos. "Esto pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país", asevera. Y, al final, así ha sido. Este martes, el instructor ha dado carpetazo al asunto. Y lo ha hecho al entender que los indicios que fundamentaron las imputaciones "se han desvanecido por completo".

Para entender el caso que derivó en la muerte política de Oltra es necesario retrotraerse más de un lustro. En concreto, a finales de 2016 y principios de 2017. Por aquel entonces, Luis Ramírez, marido de Oltra –si bien en ese momento ya se encontraban separados–, ejercía como educador en el centro de menores Niño Jesús de València, una residencia privada con plazas concertadas con la Generalitat. Fue allí donde se produjo el abuso de este trabajador a una menor que se encontraba tutelada. Unos hechos que la justicia ha considerado probados y por los que ha sido condenado a cinco años de cárcel. "Una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella", recogió la sentencia de la Audiencia de Valencia.

La menor contó en febrero de 2017 lo sucedido, pero no quiso denunciar. Sin embargo, cuatro meses después dio el paso y lo puso en conocimiento de dos agentes de Policía. Fue entonces cuando se abrió una investigación. El exmarido de Oltra fue condenado. Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decidió, tras la primera ola de la pandemia, anular el fallo y volver a repetir parte de la vista. La decisión se adoptó después de que apareciesen dos informes que restaban credibilidad al testimonio de la denunciante. El primero había sido elaborado por el Instituto Espill, especializado en evaluar a menores. El otro, basado en buena parte en el anterior, por la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad, entonces dirigida por Oltra.

Pocos meses después comenzó la ofensiva judicial de la ultraderecha. La víctima, acompañada por su abogado José Luis Roberto –líder de España 2000–, presentó una denuncia que ni siquiera llegó a leer. También el colectivo Gobierna-Te, presidido por la cofundadora de Vox Cristina Seguí, interpuso otra querella contra Oltra y varios cargos y trabajadores de su consellería por, supuestamente, haber tratado de encubrir los abusos del exmarido de la entonces vicepresidenta valenciana. Una causa judicial en la que también ha ejercido como acusación popular la formación que lidera Santiago Abascal. "La implicación de la gente de Oltra en el caso de su exmarido la dirige al banquillo", llegaron a decir desde el partido ultra.

Pero tras tres años de investigación, el titular del Juzgado de Instrucción nº15 de València ha decidido archivar el asunto. En un auto de casi un centenar de páginas, que decreta el sobreseimiento provisional de las diligencias de investigación y que todavía puede ser recurrido, el instructor sostiene que las "sospechas expuestas" por la ultraderecha sobre la existencia de una suerte de plan para proteger al exmarido de Oltra "no han alcanzado la categoría de indicios de criminalidad". "Quedan como meras sospechas, especulaciones o conjeturas sobre los que no puede basarse una imputación judicial definitiva", concluye el magistrado Vicente Ríos.

La resolución resalta que no ha quedado acreditado "ni siquiera al nivel propio de los indicios" que Oltra o cualquier otra persona de la consellería que ella misma lideraba "dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna" encaminada a "ocultar" los abusos del exmarido, a "evitar su persecución", a "desatender" a la menor o a desacreditarla. "Lo que descarta la posibilidad de considerar que fuera cometido en dicho momento un delito de prevaricación administrativa por Oltra", señala el magistrado tras una investigación en la que ha tomado declaración a varios investigados y ha analizado "decenas de miles de documentos", en particular correos electrónicos intercambiados.

Oltra, sostiene el magistrado, no tuvo conocimiento alguno de los abusos de su exmarido hasta que a éste le notificaron la existencia de un procedimiento judicial contra él. Fue Ramírez quien se lo comunicó por teléfono en cuanto le fueron notificados los autos mientras ella se encontraba de vacaciones. En aquel momento, según ella misma declaró, su relación con él "se limitaba a compartir la educación y el cuidado de los hijos de ambos". Del mismo modo, expuso también ante el juez que no había tenido conocimiento de que su pareja había sido separada durante unos días de sus funciones como educador tras las primeras acusaciones de la menor. Declaraciones que, considera el magistrado, "no se ven desvirtuadas por diligencia de investigación alguna".

Tras tener constancia del procedimiento por posibles abusos sexuales, se ordenó la apertura de un expediente informativo en la Consellería de Igualdad. Se tituló como "información reservada". Y tenía como objetivo "determinar la certeza de las declaraciones formuladas por la adolescente y conocer las circunstancias concretas en que se pudieran haber producido los hechos". Para ello, se recabó prueba documental y los testimonios de víctima, acusado, directora del centro y psicóloga del mismo. Y como pericial, informe psicológico elaborado por una de las expertas del Instituto Espill. Tras la investigación, la instructora concluyó, del mismo modo que la pericial, que "el testimonio de la adolescente no era creíble".

Este expediente ha sido otro de los pilares de la ofensiva ultra en este caso. Las acusaciones han deslizado que dicha "información reservada" –o "expediente parajudicial", como también lo han calificado– buscaba desacreditar a la menor y favorecer al exmarido de Oltra en su procedimiento judicial. Sin embargo, el magistrado no lo ve así. Si eso era lo que se pretendía, recoge el auto, el informe de la psicóloga de Espill o el de la funcionaria que instruyó el expediente "se hubieran remitido" a la autoridad judicial o al fiscal adscrito al caso, dado que la Dirección Territorial conocía perfectamente la existencia del procedimiento. Pero lo ocurrido "no fue eso". El informe oficial se remitió a la Sección de Menores de la Fiscalía de Valencia para que constase en el expediente de la joven.

De esta manera, al no dirigirse a la causa contra el marido de Oltra, "no se produjo" interferencia alguna "en la marcha del proceso penal". Eso no quita, sostiene el magistrado, que la orden para poner en marcha dicho expediente "en los términos en que se hizo y con el objeto expuesto" fuese "desacertada" o "redundante", dado que ya había en marcha una investigación judicial. O que en el desarrollo del mismo existiesen "actuaciones ciertamente mejorables". Pero todo ello "en modo alguno" convierte en "delictivo" el "proceder" de quienes "ordenaron" formar dicho expediente ni de quienes intervinieron en su instrucción.

La acusación particular siempre ha partido de la hipótesis de que hubo un "intento de ocultar primero y desacreditar después" la denuncia de la joven. Y ha situado como una pieza más dentro de esa estrategia el traslado que se hizo de la víctima a la Audiencia Provincial de Valencia cuando comenzó el juicio contra el exmarido de Oltra. En concreto, fue conducida a dependencias judiciales por dos policías y esposada, algo que criticó la presidenta de la sala dado que la joven acudía como perjudicada en los hechos que se iban a enjuiciar.

El magistrado explica en el auto que en aquel momento la menor se encontraba en régimen semiabierto en un centro de menores para el cumplimiento de una pena privativa de libertad acordada por un juzgado valenciano. Y que el mismo establecimiento solicitó auxilio policial para el traslado porque, entre otras cosas, la joven ya había protagonizado "dos episodios de fuga". "No se ha acreditado, siquiera indiciariamente, que los agentes encargados de la conducción recibieran ninguna otra orden o indicación sobre ella más que las relativas a la propia conducción y las recibidas en el centro y ya expuestas", apunta el instructor de la causa.

Por ello, el magistrado rechaza realizar más diligencias en este sentido. E insiste: "Se ha reiterado hasta la saciedad que no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la consellería dirigidas a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor". Es más, no entiende por qué la acusación particular, si considera que este episodio es otra de las piezas de la supuesta "trama" que denuncian, no ha pedido citar a declarar como investigados a los agentes que se encargaron del traslado.

En la causa, ahora archivada, han sido investigados más de una quincena de altos cargos y funcionarios del departamento que dirigía Oltra. Entre ellas, algunas de las que formaban parte del equipo del Niño Jesús de València, donde se produjo el abuso continuado por el que fue condenado Ramírez. Un centro que, sostiene el magistrado, actuó "de inmediato". En cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, cuenta el magistrado en su resolución, se activó "el protocolo", se apartó al exmarido de Oltra del servicio y se concertó una cita para la joven con la psicóloga de la Sección del Menor de la Consellería. Pero antes, la directora del centro se entrevistó con la menor.

En este primer encuentro, la muchacha no hizo ninguna mención a los abusos. Y tampoco la responsable le preguntó directamente por los mismos. "Resulta por completo plausible que [la directora] tratara de no interferir en la entrevista programada de la menor con la psicóloga de la Sección de Menores", sostiene el magistrado. Tampoco en este último encuentro, celebrado una semana después, apareció "ningún indicio, palabra o frase" de la menor "a partir del cual pudiera investigar la posibilidad de la existencia de una experiencia" de abuso sexual. Por ello, no se consideró necesario derivar a la joven al Instituto Espill, especializado en violencia sexual, y se procedió a la reincorporación del exmarido de Oltra al servicio, si bien en una planta distinta a la de la menor.

Para el magistrado, la niña, que no puso los hechos en conocimiento de la Policía hasta tres meses después, "fue atendida en todo momento". "No existe indicio de que ni por parte de los funcionarios de la Sección de Menores mencionados, ni por parte de la directora del centro, ni por la psicóloga del mismo se llevara a cabo conducta alguna que pudiera ser constitutiva ni de un delito de abandono de menores ni de un delito de omisión del deber de perseguir delitos", sostiene el juez.

El carpetazo a la investigación ha sido recibido con alegría en Compromís, la casa política de Oltra. "Hoy la justicia ha confirmado lo que ya sabíamos muchas de nosotras. Es el momento de señalar a los responsables, a personas que a nivel mediático no han estado a la altura. En sus conciencias pesará esta injusticia", ha señalado en rueda de prensa Àgueda Micó, portavoz del partido en el Congreso, quien no ha dudado en calificar el caso como otro ejemplo más de cómo funciona el "lawfare". Una comparecencia en la que, además, ha abierto la puerta al regreso de la exvicepresidenta valenciana a la primera línea política: "Si Oltra quiere, volverá a ser portavoz de Compromís y una de las piezas claves de nuestro proyecto político".

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la exvicepresidenta del Consell, exconsellera de Igualdad y exportavoz con el Botànic, Mónica Oltra, y sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

Según un auto de este mismo martes, consultado por Europa Press, el magistrado considera que no existe "indicios de la comisión de delito alguno y ello aun cuando en la denuncia y querella iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles con arreglo a lo actuado".

En esta línea, y después de una exhaustiva investigación, el magistrado sostiene que "se ha reiterado hasta la saciedad que no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la Conselleria dirigidas a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor".

Oltra dimitió el 21 de junio de 2022 de sus cargos en el Consell y en Les Corts tras su investigación judicial en este caso cuya resolución ha concluido este martes con un sobreseimiento provisional, una resolución que no es firme y contra la que cabe recurso.

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha celebrado este martes el archivo de la causa judicial contra la exvicrepresidenta de la Comunidad Valenciana y líder de la coalición valencianista, Mónica Oltra. A su juicio, con esta decisión queda demostrado que su compañera fue víctima de un "caso claro de lawfare" y por ello, la ha invitado a volver a la primera línea política si así lo desea.

En una rueda de prensa en el Congreso, Micó ha expresado la "gran alegría" con la que se ha recibido la noticia en su organización, así como en la ciudadanía valenciana que, ha dicho, "siempre ha creído inocencia de Oltra y de todo el equipo de la consellería que dirigía". "No han encontrado nada porque nunca ha habido nada", ha incidido Micó, remarcando que "desde el principio" este fue un caso de "persecución política y judicial" de unas personas que fueron capaces "plantar cara a los poderosos" y de luchar por quienes "más lo necesitan".

Micó ha avisado a los "responsables" a nivel judicial, político y mediático de este caso de lawfare de que esta "injusticia" contra "personas que se dejaron la piel durante ocho años" en el gobierno valenciano "pesará sobre sus conciencias, si es que la tienen". Además, ha señalado que aunque se trata de una decisión provisional, con ella se elimina el motivo que obligó a Oltra a dar un paso atrás y a retirarse de la política activa, por lo que, si ella lo desea podrá volver a la dirección de Compromís.

Micó ha defendido que en su momento Otra "hizo lo que tenía que hacer" porque siempre tuvo claro que "por encima de su persona estaba el proyecto político de Compromís". "Es una gran política, un referente para todas y será siempre lo que quiera ser dentro de nuestra organización, si quiere volver a primera línea política, la esperamos con los brazos abiertos", ha asegurado.

Dos mil años después de que Julio César abandonara a su segunda esposa porque "no basta que la mujer del César sea honesta sino que debe también parecerlo", la imputación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha resucitado otro proverbio, este de autor desconocido: consejos vendo que para mí no tengo. Porque el PP que hace un año exigió la dimisión “inmediata” de la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las noticias que atribuían delitos de corrupción a su marido, aún no investigado judicialmente en el momento de aquella exigencia, es el mismo partido que ahora blinda a Ayuso. Lo hace bajo el alegato de que la imputación penal de su pareja por supuesto fraude fiscal y el montaje de una trama de facturas falsas a través de sociedades pantalla es “un asunto personal”. Y que de lo privado nunca se derivan consecuencias políticas.

En este caso, la variante respecto al aforismo de Plutarco reside nada más y nada menos en que la exigencia de honestidad real y aparente recae no sobre una mujer sino sobre dos hombres: el marido de Gámez y el compañero sentimental de Ayuso. Pero hay una segunda variante. Y esta consiste en que la reacción política del partido conservador y sus aliados de Vox, así como la desplegada por los medios afines a la derecha y la ultraderecha no muestra ahora, con Ayuso en el epicentro del debate, una nueva versión de aquellas Vidas Paralelas del filósofo. Lo que exhiben es un relato sobre vidas maritales divergentes donde la antigua jefa de la Benemérita y la presidenta de la Comunidad de Madrid no son las únicas mujeres con cargo público para quienes, como se verá más adelante, vivir enlazadas a varones con problemas las condujo por senderos pedregosos o, muy al contrario, por autovías sin baches.

La dimisión de María Gámez se produjo el 22 de marzo de 2023 horas después de que un juez de Sevilla colocase a su marido, Juan Carlos Martínez, la etiqueta de investigado en una pieza derivada del caso ERE. Dieciocho días antes del auto por el que Martínez fue imputado, el vicesecretario de Política Institucional del PP, Esteban González Pons, había pedido la dimisión “inmediata” de María Gámez. Pons, ahora personaje clave en la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de bloqueo, expuso así los motivos de su exigencia: “Las noticias que se han dado a conocer sobre la corrupción en la que pueden haber incurrido su marido y sus cuñados la inhabilitan para ejercer de directora de los guardias civiles en España".

Abierta sobre el trípode delictivo prevaricación-malversación-blanqueo por el supuesto desvío de fondos desde una empresa participada por el Gobierno andaluz a otra mercantil propiedad de un hermano del cónyuge de Gámez, el caso por el que fue imputado Juan Carlos Martínez ofrece algunos puntos brumosos. El primero, que los hechos que se le atribuían se remontan a 2009 pero habían pasado inadvertidos desde entonces pese a la prolija investigación ligada al caso de los ERE. Es decir, al de mayor calado que ha afrontado el PSOE en lo que a corrupción se refiere. La sentencia declaró probada la ilegalidad del sistema por el que sucesivos Gobiernos socialistas andaluces repartieron 680 millones en ayudas públicas entre 2000 y 2009.

Ese enorme lapso de tiempo –de 2009 a 2023– acabó siendo determinante. Transcurridos siete meses de la dimisión de María Gámez, la Audiencia de Sevilla tumbó el caso por el que su marido permanecía imputado. Lo hizo al estimar un recurso del hermano de Juan Carlos Martínez. En su escrito, el cuñado de la exdirectora general del Instituto Armado adujo que la investigación judicial se inició cuando los plazos legales de instrucción ya habían caducado. Y como la doctrina del Supremo iba exactamente en esa dirección, la Audiencia hispalense ordenó el archivo de la causa.

Pero es ahí donde entran en juego otros dos puntos que abren interrogantes. El primero: el juez convirtió en investigado penal al marido de María Gámez pero, tal como subrayan fuentes conocedoras del caso, jamás le citó para tomarle declaración. Y ahora, la segunda cuestión que plantea preguntas: pese a que la Audiencia sevillana ordenó el archivo el 24 de octubre, a día de hoy el magistrado aún no ha dictado el auto con el que debe dar carpetazo. Traducido, lo anterior significa que seis meses después Martínez permanece en una especie de limbo jurídico. Y María Gámez sigue con la letra escarlata de la vergüenza política tatuada sobre su imagen.

Lo decisión de María Gámez de cesar de inmediato como directora general de la Guardia Civil “por principios, por honestidad y por responsabilidad” y el hecho de que el PP se la exigiera cuando todavía no existía un auto de imputación contra su marido acentúan las diferencias entre su caso y el de Isabel Díaz Ayuso. Lejos de dudar sobre si para la presidenta de Madrid resulta admisible vivir en un piso que podría considerarse de lujo –se calcula que pudo costar un millón de euros– adquirido en 2022 por su pareja, un comercial que en la pandemia cobró dos millones por mediar para la venta de mascarillas a la Xunta de Galicia y cuyo abogado reconoció por escrito ante Hacienda que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal, Ayuso se mantiene incólume.

Aferrada al sostenella y no enmendalla, la jefa del Ejecutivo madrileño ha llegado a proclamar que, lejos de adeudar 350.000 euros al fisco, es Hacienda la que le debe 600.000 “a pagar por intereses”. En sus declaraciones públicas desde que eldiario.es desveló la denuncia de la Fiscalía contra su pareja, Alberto González Amador, por fraude fiscal en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021, Ayuso ha afirmado cosas como que estamos ante un “acoso salvaje”.

A su juicio, esa “persecución desproporcionada” se incardina en una estrategia del presidente Pedro Sánchez que busca su “destrucción personal”. La de ella, no la de González Amador, cuyo principal cliente –como señalaba la denuncia de la Fiscalía madrileña– es el grupo Quirón. Es decir, el gigante convertido en el máximo beneficiario de la privatización sanitaria que Esperanza Aguirre puso en marcha a comienzos del nuevo milenio. Del holding Quirón –se lee en el auto de imputación–, González Amador ha logrado “ingresos cuantiosos”. Como publicó infoLibre, una de sus filiales, Quirón Prevención SL, gestiona los reconocimientos médicos de la plantilla de la Comunidad de Madrid desde 2018. Ese año, Ayuso firmó la orden de adjudicación del primer contrato de tal naturaleza. Entonces, la hoy presidenta ostentaba el cargo de viceconsejera de Presidencia.

La camaradería demostrada por el PP hacia Ayuso deja una huella imborrable con las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, el pasado 12 de marzo. “Es evidente que hay una cacería por parte del Partido Socialista hacia ella”, dijo para a renglón seguido quejarse de la relevancia adquirida por el caso: “Me parece lamentable traspasar la barrera personal en esos ataques políticos y yo, desde luego, no opino de cuestiones personales de nadie”.

Diez días después de aquella encendida defensa del derecho a la privacidad de Ayuso llegó el 22 de marzo. No el de 2023, que es cuando dimitió María Gámez, sino este último. O sea, el de hace una semana. Porque fue ese día cuando se conoció el auto por el que una jueza de Madrid acababa de imputar a Alberto González Amador, que de momento no ha pronunciado una sola palabra en público. Ayuso no es su portavoz oficial. Pero sí oficiosa como lo demuestra su invocación al “acoso salvaje” y a la “persecución desproporcionada”.

Eso último lo lanzó como una piedra al estanque mediático durante un evento en Chile al que había sido invitada por el digital El Líbero. Fundado por varios empresarios, entre ellos un exministro –Hernán Büchi– del dictador Augusto Pinochet, El Líbero organizó un encuentro donde la presidenta de Madrid habló de libertad. Exactamente, el 24 de marzo. Con un discurso muy sereno, a un ritmo más lento que el habitual en sus alocuciones, Ayuso defendió desde la tribuna el “pluralismo” informativo y la necesidad de que la prensa actúe como un “contrapoder”. Y sin intervalo, enfatizó que “el fin nunca puede justificar los medios”. Para entonces, en España ya había corrido como la pólvora la amenaza de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a eldiario.es por haber informado del –presunto– fraude fiscal del novio de la presidenta –“Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. La amenaza –“anuncio”, según Rodríguez; “discusión por whatsapp”, según Ayuso– precedió al doble bulo difundido también desde el Gobierno madrileño contra periodistas de eldiario.es y El País. A estos se les señaló con nombre y apellidos como tipos que habían acosado a vecinos, incluso menores de edad, del edificio donde viven la presidenta y su pareja.

Pese al carácter inédito y desgarrador desde el punto de vista informativo del caso del novio de Ayuso, la presidenta de Madrid y su antitética María Gámez no son las únicas protagonistas de una potencial serie sobre vidas divergentes. Además de la presidenta de Madrid y de la exdirectora general de la Guardia Civil y aunque como personajes secundarios a día de hoy aparecen otras dos figuras políticas de relevancia.

En primer lugar, la exvicepresidenta valenciana y durante años rostro visible de Compromís, Mónica Oltra, a quien el Tribunal Superior (TSJ) de la comunidad levantina mantiene imputada desde junio de 2022 como supuesta encubridora de los abusos a una adolescente de 14 años. Los abusos, cuya existencia ha confirmado el Tribunal Supremo, los perpetró su exmarido, que ya había sido condenado en 2019 a cinco años de cárcel. Educador en un centro de menores tutelados, todo ocurrió entre finales de 2016 y comienzos de 2017. En 2022, Oltra fue imputada tras presentar la Fiscalía un demoledor y extenso informe donde consideraba inverosímil que quien en febrero de 2017 era consellera y portavoz de la Generalitat valenciana ignorase lo sucedido cuando media docena de personas ya conocían el relato de la menor. El 21 de junio de 2022, cinco días después de ser imputada y tras una primera negativa a abandonar sus cargos, Oltra dimitió.

En el polo opuesto se sitúa la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, del PP, a cuyo marido –fallecido el 4 de marzo de 2023, antes de que se conociera el escrito de acusación de la Fiscalía– una exhaustiva investigación policial y judicial identificó como cabeza de una trama de narcotráfico y blanqueo. Copropietaria junto con su esposo de una mansión cuya venta terminaron negociando por nueve millones, pidió cobrar el primer millón en Luxemburgo.

La investigación desveló que el blanqueo se fraguó a través de operaciones inmobiliarias promovidas desde Marbella. A comienzos de este mes, y como desveló infoLibre, el PP se valió de su mayoría absoluta en el Senado –donde Muñoz había ocupado un escaño– para denegar la entrega de documentos sobre el patrimonio de la alcaldesa al juez que tramita la demanda interpuesta por la regidora marbellí contra periodistas de eldiario.es por vulneración de su “derecho al honor”. Muñoz no está imputada.

En 2022, salió a la luz que la Policía había remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que proponía que la supuesta utilización del poder de Ángeles Muñoz por parte de su marido y su hijastro –también procesado– sustentara una nueva línea de investigación. La solicitud no tuvo el menor efecto ni en la Fiscalía Antidroga ni en el juzgado instructor de la causa: el 6 que dirige Manuel García Castellón, impulsor de la acusación de terrorismo contra los independentistas catalanes de Tsunami Democràtic. La alcaldesa no se ha planteado en ningún momento dimitir.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado por unanimidad confirmar la pena de 5 años de prisión impuesta al exmarido de la exvicepresidenta y exconsejera de Igualdad del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, por abusar sexualmente de una menor tutelada en un centro de Valencia, según recoge Europa Press.

Los magistrados han desestimado el recurso de casación que presentó Luis Eduardo R.I contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El Supremo ha adelantado este miércoles el fallo y la sentencia, de la que será ponente la magistrada Ana Ferrer, se hará pública en unos días.

El exmarido de Oltra fue condenado en noviembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Valencia a la pena de 5 años de prisión por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento a una menor. Según recogía el fallo, la joven estaba acogida en un centro de Valencia donde él trabajaba como educador. Cuando estaba en turno de noche, acudía a la habitación de la adolescente en los momentos en que estaba castigada por mal comportamiento y le daba masajes en el cuello para que pudiera dormirse.

Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando la menor tenía entre 14 y 15 años. Varias veces, y pensando que estaba dormida, le cogió la mano y se masturbó con ella, tal y como dio por probado la Audiencia de Valencia. Durante el juicio, él negó los abusos pero reconoció que en ocasiones estaba a solas con la niña.

Frente a esta condena, la defensa presentó un recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que fue desestimado. El TSJ vio la sentencia de la Audiencia Provincial "totalmente correcta" tanto por lo que se refería a la valoración de la prueba como a las consecuencias de índole jurídica que ligaba a los hechos previamente aceptados como probados.

El Tribunal Supremo ha planteado a la defensa del exmarido de la exvicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, la posibilidad de modificar su recurso de casación contra la condena de cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor tutelada para adaptarlo a la entrada en vigor de la conocida como ley del solo sí es sí, recoge Europa Press.

En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal del Supremo da ocho días para que  Luis Eduardo Ramírez Icardi adapte, "si lo estima procedente", los motivos de casación alegados a la Ley Orgánica 10/22, de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual.

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) confirmó la condena de cinco años de prisión a un educador, exmarido de la exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, por abusar sexualmente de una menor tutelada.

La víctima era una menor, tutelada por la Generalitat Valenciana y acogida en un centro de Valencia, y los hechos tuvieron lugar entre los años 2016 y 2017, cuando la adolescente tenía 14 años, en el interior del propio local.

La exvicepresidenta portavoz y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha insistido este domingo en que no actuó incorrectamente en relación con el proceso en el que está imputada y por el que dimitió, una decisión que ha justificado para que no se "rompiera" el gobierno del Botànic y que "el PSOE tuviera la tentación de gobernar en solitario", según informa Europa Press.

"Yo no he hecho nada, ni ilícito ni inmoral ni ilegal, actué con integridad". Así lo ha manifestado en una entrevista para el programa Salvados de LaSexta, casi dos semanas después de reaparecer en actos públicos desde que dimitió en junio de sus cargos en la Generalitat a raíz de su investigación por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Por esta causa declaró en septiembre en el Juzgado de Instrucción 15 de València, que pidió prorrogar la investigación seis meses y citar como testigo a la víctima.

Oltra ha vuelto a relacionar el proceso con una "cacería de la extrema derecha" y, respecto a su futuro, ha descartado tanto postularse como representante de Compromís en el Congreso como volver a ejercer la abogacía por el momento, aunque ha remarcado que no piensa "renunciar" a sus ambiciones políticas. "En cualquier caso, voy a contribuir desde donde sea", ha aseverado.

Además, ha afirmado que no puede opinar sobre el proyecto político Sumar que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz porque todavía es "un embrión": "Dejémosle crecer".

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado prorrogar por seis meses más, a contabilizar desde el próximo 31 de octubre, la causa abierta a la exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada y la investigación paralela abierta en el departamento que dirigía, según ha informado Europa Press.

Así lo acuerda en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe recurso, en el que da respuesta a la petición de Fiscalía y acusación particular –la víctima de los abusos– y popular –la ejercida por Vox– de prorrogar por seis meses más la instrucción, solicitudes ante las que habían presentado alegaciones en contra tanto la propia Oltra como otros cuatro investigados más.

Oltra alegaba la caducidad de la instrucción y sostenía que, de prorrogarse, "con su dilación y su repercusión mediática" justificaba "los fines de determinadas acusaciones, sabedoras de que no existe ninguna actuación ilícita pero que instrumentalizando adecuadamente el proceso, pueden alcanzar sus fines".

La exvicepresidenta es miembro de Compromís, coalición que celebrará en febrero las primarias para las listas autonómicas. La Comisión Ejecutiva Nacional de Compromís acordó poder, en cualquier momento previamente a la legalización de esas listas electorales, incluir modificaciones con "personalidades" de la coalición. Con la prórroga de la investigación y de no haber concluido, Oltra seguiría a fecha de febrero investigada en la causa.

En el auto, el magistrado señala que en esta causa existen varios autos de incoación de diligencias y considera, siguiendo dos circulares de la Fiscalía General del Estado, que el que marca el inicio del cómputo de los plazos debe ser el auto de incoación de las últimas iniciadas "por razones de estricta lógica".

Así, subraya, entre otros motivos, que de quedar vinculadas al plazo de las diligencias más antiguas, "podría llegarse al absurdo de que, una vez acumuladas, no se disponga de plazo alguno para la instrucción, por hallarse este ya agotado".

En este caso, la incoación de las diligencias previas se produjo en esta instancia mediante un auto de 26 de mayo del pasado año a raíz de una denuncia de la víctima de los abusos, mientras que Gobierna-TE presentó con posterioridad una querella que dio lugar a la apertura de otras diligencias en el Juzgado número 3, con fecha de 28 de junio de 2021, con una ampliación subjetiva y objetiva de la acción penal y por hechos que esa acusación entendía que guardaban relación de "conexidad delictiva" con los de la primera denuncia.

Y esa causa fue acumulada a la seguida por el Juzgado número 15 "precisamente por razones de conexidad", aunque en ella se ejerciera la acción penal contra varias personas que no habían sido denunciadas por la víctima y por hechos no contemplados en la inicial denuncia.

Para el magistrado, el criterio de la Fiscalía es "particularmente sensato y lógico" y, por ello, señala que el inicio del cómputo debe ser el auto de incoación del 28 de junio. Por otra parte, y contando el tiempo en el que las diligencias han estado sobreseídas, el magistrado apunta que el periodo de instrucción ha sido de 11 meses y 23 días, con lo que no se ha alcanzado el plazo de 12 meses establecido en la ley.

Por tanto, considera que la alegación de la defensa de Oltra no puede prosperar y añade que, en este momento, están pendientes de practicar diligencias ya acordadas "encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de la investigación y las personas que en el hayan participado" y hay otras diligencias solicitadas por distintas partes pendientes de resolución, lo que se cumplimentará por el juez a lo largo de esta semana. Y sobre ellas, cabe posibilidad de recurso.

En el caso de no acordarse esta prórroga, añade el magistrado, esas diligencias no podrían practicarse y resultarían inválidas y recalca que, si se ha ordenado la práctica de determinadas testificales, "ha sido para que el ejercicio del derecho de defensa de distintos investigados pueda llevarse a cabo plenamente". Además, añade que tras la declaración de Oltra se citó como investigados a dos personas más.