Si escuchamos a los miembros del Gobierno de Giorgia Meloni comentar la posible inclusión de la cocina italiana en el patrimonio cultural inmaterial de la Unesco, se podría pensar que se trata de elegir la mejor gastronomía del mundo. Para el ministro de Agricultura y Soberanía Alimentaria, Francesco Lollobrigida, Italia tiene “todos los requisitos para convertirse en la primera cocina del mundo en ser reconocida como patrimonio inmaterial en su totalidad”.

El comité técnico encargado de examinar la candidatura italiana emitió un primer dictamen favorable el 10 de noviembre. Este reconocimiento consagraría una cocina “reconocida como elemento fundamental para el planeta, en todas sus dimensiones: productores, ganaderos, agricultores, pescadores, transformadores, cocineros, restauradores, personal de sala, empresarios”, repite sin cesar el ministro desde hace meses.

Sin embargo, “no se trata ni de recetas, ni de productos, ni de cocina”, explica Michele Fini, profesor de la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo. “La Unesco promueve prácticas que se transmiten dentro de la sociedad y la población, en ningún caso reconocería la superioridad de una cultura sobre otra”, afirma.

Massimo Montanari, presidente del comité científico encargado de redactar el expediente, aclara el sentido de la iniciativa en el libro Tutti a tavola (Todos a la mesa, editorial Laterza), que acaba de coescribir con Pier Luigi Petrillo. “La cocina es una parte esencial de la cultura italiana, al igual que la pintura renacentista o las iglesias barrocas […]: es el placer de estar y comer juntos, de ofrecer a los demás algo de nosotros mismos, de conversar, de comprender, de compartir”, escribe el historiador.

¿Qué hay más italiano, se pregunta, que el ritual del café? Estamos lejos de “la lista de todos los productos de nuestros terruños que hacen que nuestra cocina sea especial y única”, en palabras del ministro Francesco Lollobrigida, o de “la forma más elevada de diplomacia italiana”, como afirmó su colega de Cultura, Alessandro Giuli.

¿Cómo explicar esta disonancia entre el contenido de la candidatura y la retórica que utiliza y abusa el Gobierno de extrema derecha desde el lanzamiento de la campaña oficial, en marzo de 2023? “¡Es gastronacionalismo!”, exclama el profesor Michele Fini, coautor junto con Anna Claudia Cecconi del libro Gatronazionalismo (ediciones People, 2021). “Estamos gravemente enfermos. Si los demás países han contraído una gripe, Italia se encuentra en fase de neumonía.”

En 2020 surgió por primera vez el trabajo conjunto de la Academia Italiana de la Cocina con la Fundación Casa Artusi, dedicada a la promoción de la cocina familiar, y la revista La Cuisine italienne para proponer la candidatura de esta cocina como “práctica social”. Apenas unos meses después de su llegada al poder, el Gobierno de Giorgia Meloni lo convirtió en una prioridad. Y esta famosa candidatura se convirtió rápidamente en el estandarte privilegiado de su cruzada identitaria.

El reto económico es enorme: durante los primeros nueve meses del año, la exportación de productos agroalimentarios italianos aumentó un 5,7 %. Si se confirma el crecimiento, el país alcanzará el récord de casi 70.000 millones de euros en exportaciones en 2025. El ministro de Agricultura, cuñado de Giorgia Meloni y ferviente promotor del Made in Italy en todos los ámbitos, estima en 250.000 millones de euros el peso de la cocina italiana, incluyendo el atractivo turístico que ofrece la gastronomía.

Según Francesco Lollobrigida, uno de cada dos turistas viene a Italia por la comida. “A menudo se construyen itinerarios de promoción turística en torno a esta supuesta identidad, aunque no tengan mucho que ver con la historia real de los territorios que se quieren promocionar”, analiza el historiador de la alimentación Alberto Grandi en su obra La cucina italiana non esiste (La cocina italiana no existe, ediciones Mondadori), que provocó indignación cuando se publicó en 2024. “Esos esfuerzos han acabado siendo la esencia misma de la fantasmal cocina italiana”, escribe.

El argumento del marketing no es el único que explica el fenómeno. “Hace treinta y cinco años, el retorno a lo local, como reacción a la globalización, se convirtió en el combustible que alimentó este incendio”, comenta Michele Fini. “La élite política vio en ello la posibilidad de obtener un consenso. Hoy en día, defender la cocina es como defender la libertad de expresión.”

Para el historiador de la alimentación Alberto Grandi, el punto de inflexión se produjo durante la crisis económica de los años 70. “El boom económico nos dio los medios para preparar una cocina de calidad, mientras que antes los italianos comían poco y mal”, recuerda. “Cuando perdimos en industrialización e innovación, nos reinventamos, seleccionamos nuestro pasado pensando que era el elemento más destacado de nuestra identidad.”

En Italia, las campañas electorales también se desarrollan en torno a banquetes o fiestas gastronómicas locales. El líder del partido de extrema derecha La Liga, Matteo Salvini, habla de la defensa de los productos italianos como de “una batalla de civilización” o de los tortellinis sin cerdo como de un “borrado de la historia italiana”.

En noviembre, a raíz de una publicación en Facebook de Francesco Lollobrigida, eurodiputados de Fratelli d'Italia (FdI), el partido de Giorgia Meloni, expresaron su indignación a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. El motivo de su ira era la presencia, en los estantes del supermercado de la institución, de botes de salsa denominada “carbonara”, con una bandera italiana en la etiqueta, cuya composición no tenía nada que ver con la receta original. El historiador Alberto Grandi afirma haber recibido insultos y amenazas de muerte por cuestionar la italianidad de platos emblemáticos.

El secuestro identitario de la cocina italiana es ahora total. “Hoy en día, todas las fuerzas políticas, tanto de derechas como de izquierdas, están a favor del uso de la comida para exaltar un sentimiento nacionalista sin medir los daños”, opina Michele Fini. “Eso lleva a una idea de superioridad, de desprecio hacia las tradiciones percibidas como extranjeras.”

Sin embargo, insiste Massimo Montanari en su obra que resume el espíritu de la candidatura ante la Unesco, la cocina italiana “es un patrimonio colectivo que pertenece a todos”, “una esponja capaz de absorber las influencias de una pluralidad de culturas y las tradiciones de otras cocinas para transformarlas y hacerlas suyas”.

Basta pensar en el cuscús siciliano, que tiene su propio concurso anual en Sicilia, importado de la cocina árabe y luego italianizado. Pero esta diversidad, elemento central de la candidatura italiana, se ha convertido en la “de los pueblos y municipios italianos”, según los ministros de extrema derecha promotores del proyecto.

Pero son cada vez más numerosas las pequeñas tiendas, de las que tanto les gusta presumir de italianidad, que cierran sus puertas. El turismo de masas que se ha desarrollado en algunas regiones del país ha dado lugar a lo que los italianos llaman la “foodización” de sus ciudades.

“Los soportales de Bolonia están desiertos, han desaparecido los comercios históricos que formaban parte del panorama de la ciudad y solo quedan lugares para comer o beber”, lamenta Alberto Grandi. “Eso tiene efectos perversos en nuestros centros urbanos, pero también en nuestra economía. Corremos el riesgo de frenar el desarrollo de nuestro país en nombre de una pureza y un pasado que nunca han existido.”

El reconocimiento de la pizza napolitana como patrimonio cultural inmaterial en 2017 provocó, en ocho años, un aumento del 284 % en los cursos de profesionalización de pizzeros en Italia y del 420 % en el extranjero.

Traducción de Miguel López

Cada fiesta tiene su octava, aunque a veces la preceda. Semana y media llevan los avioncitos cruzando la villa y corte, lo que contaminará eso. Desde la Castellana hasta Atocha, la megafonía ensaya música militar. Año dos mil veinticinco de nuestro señor y todavía seguimos pagándole el sueldo a la dichosa cabra.

Como no nací en el siglo XIX, comprenderán que no sea muy patriota. Las costumbres inmemoriales, los trajes regionales y las cosas que ya hacía así Recaredo tienen la misma antigüedad que los ascensores, y puestos a tragarme milongas, prefiero otras más reconfortantes. Pensaba la otra mañana, mientras soportaba un atasco a la altura de Cibeles al compás del marcial chunda chunda (¿en qué conservatorio enseñarán a componer esas pachangas?) que qué raro es que todo un país pare motores para celebrarse a sí mismo y que el plato principal se sirva con soldaditos marcando el paso por una avenida de seis carriles. Luego me acordé de que el sarao lo preside el rey, que se sacó la capitanía general de los tres ejércitos en un semestre, y claro, la cosa empezó a tener sentido.

Como España es un país pluralísimo, hasta los pusilánimes que objetaron conciencia se apuntan a la fiesta. Mientras tecleo estas líneas, miríadas de bolcheviques sacan lustre a la réplica: sobre una foto de la estatua de Colón escriben en letras gordas que "no hay nada que celebrar". Consigna novedosa, la verdad: muera fray Junípero, viva Quetzalcóatl.

Los argumentos a favor y en contra están trilladísimos, así que mejor ni repetirlos, no sea que se nos deshagan entre las manos y nos pasen la factura. Me gusta, sin embargo, que este año la autocelebración nos coincida con una hermosa revelación: la predilección que las más altas magistraturas del Estado sienten por la chistorra y la lechuga. Dieta mediterránea, vamos ahí, carajo. La España buena, la de tebeo de Ibáñez, resurge con toda su pureza. Ni baos, ni pork belly ni otras zarandajas imperialistas: ojalá encuentren un audio en el que Koldo disimule los bitcoins llamándolos "salchichón de cantimpalo". Viva la patria: gendarmes de sombrerete y cachiporra persiguiendo a mangantes de mentón grisáceo y mirada torva, que huyen mientras les asoman, por el bolsillo de la chaqueta, billetazos de cincuenta euros. Ábalos pide que lo registren: que Koldo es de Baracaldo y que allí el embutido les sale buenísimo. Mientras tanto, la UCO, tricornio en mano, sospecha que el factótum charcutero tenía entre sus menesteres procurar que el señor ministro no debiese ni un euro en los lupanares de su confianza. A esta trama no se le puede pedir más.

Quizás, para remediar la animadversión que causa entre nuestros coetáneos la mención a Rodrigo de Triana y demás marineritos, convenga reenfocar la naturaleza de los fastos y cambiar a los reclutas por gigantes y cabezudos en honor a Rodrigo Rato, Cerdán, Paesa o Mario Conde. Los ponemos en procesión delante de la misma tribuna de autoridades como advertencia pedagógica: al que meta la zarpa en la caja de caudales, el año que viene se le pasea en efigie. La treta, incluso, pacificaría nuestras relaciones internacionales. Ningún gobernante extranjero podrá reprocharnos que celebramos a los opresores de su pueblo: si estos fulanos robaron el oro de alguien, las víctimas fuimos usted y yo.

El cuarto poder, la prensa, tiene como función criticar y controlar a los otros tres poderes, como señala Umberto Eco en sus Escritos Morales. Si trabajar contra uno ya se demostró complejo y casi imposible, sobre todo cuando el personaje de turno detentaba todo el poder del Estado, hacerlo contra tres hace imaginar lo difícil que es la labor de los medios de comunicación, de la prensa. Cada uno de ellos se considera el garante casi exclusivo de la democracia, a la vez que los tres olvidan que “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado” (Art. 1.2 de la Constitución).

Por si fuera poco, de vez en cuando resurgen ideas estrechas partidarias de un nacionalismo rancio que se apoyan en jingoístas como Trump y similares, caracterizados por la falta de fundamentos, cuyo único objetivo es exportar mediocridad e ideas reaccionarias, y desestabilizar la convivencia. Tiempos convulsos.

La democracia, la ciudadanía, tienen ardua tarea, acabará triunfando debido al esfuerzo de la gente, del pueblo, pero está en peligro. Es duro y trabajoso, así que, como dijo el otro, “el que pueda hacer que haga”, y en esas está la mayoría de la ciudadanía. En esa línea, la Fundación Diario Madrid homenajeó a Andrés Rábago, conocido como El Roto, humorista gráfico y pintor.

Si usted mira y recupera los acontecimientos de 1968, observará que fue un año estelar para la humanidad por los acontecimientos acaecidos en todo el mundo.  Casualidades de la vida, en ese año empezó El Roto su actividad. Desde entonces hemos disfrutado de su sabiduría y como dijera alguien en el homenaje, “después del café de la mañana mi otro revulsivo es la viñeta de El Roto”. El dibujo de una simple línea a tinta china se convierte en todo un editorial, una llamada a la razón, una denuncia, una alerta. 

Son importantes los homenajes y reconocimientos en vida para que sean lección cada día. Un orador defendió la libertad de pensamiento y la libertad de expresión; no refirió algo fundamental, el respeto al otro, pero esa idea sobrevolaba el acto cuando se puso el acento en que nunca el autor del homenaje, Andrés Rábago, había personalizado su acción en nadie. Podemos concluir que cada uno de sus trabajos eran una lección de ética, útil a todos, que a nadie daña. Una ética decente, comprometida y muy saludable para la democracia.

Que no se rompa el viñetista y pintor. Que no calle el cantor. Que el periodista siga informando libremente y con rigor. No olvidemos que la muerte de cualquier medio de comunicación mutila la democracia.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Este lunes toca rueda de prensa del presidente del Gobierno para hacer balance del curso en el ecuador de la legislatura, toda una meta volante. Llega en un momento de tensión máxima y estabilidad mínima. Una legislatura que empezó casi por sorpresa cuando las españolas y los españoles dijimos aquel 23-J que no queríamos a la ultraderecha en el consejo de ministros; un curso que comenzó hará pronto un año con Puigdemont apareciendo y desapareciendo por arte de magia en Barcelona el 8 de agosto y acaba con la corrupción copando todas las portadas. ¿Esto ha sido todo? Ni mucho menos.

Frente a la imagen de parálisis y agotamiento del Gobierno que proyecta la oposición y buena parte de los medios de comunicación, es de esperar que el presidente Sánchez –con el informe de rendición de cuentas Cumpliendo en mano– resalte que desde que comenzó esta legislatura el Ejecutivo ha conseguido aprobar 42 iniciativas legislativas, que van desde la Ley de Amnistía hasta la creación de la Agencia Estatal para la Salud Pública, sin olvidar la reforma del artículo 49 de la Constitución, relativa a los derechos de las personas discapacitadas, gracias a la cual se elimina la denominación "disminuidos" y se promueve la inclusión social y la autonomía personal de todas las personas con algún tipo de discapacidad. Por medio, como es conocido, tensiones geopolíticas, la guerra arancelaria de Donald Trump, el genocidio en Gaza –con España intentando liderar posiciones de reconocimiento a Palestina y condenando las atrocidades cometidas por Israel– y la guerra que no cesa en Ucrania.

El Gobierno puede exhibir una buena hoja de servicios en economía y empleo –¡récord con más de 22 millones de personas trabajando, según la última EPA!–, un potente trabajo en la escena internacional y capacidad de reacción ante los acontecimientos que se suceden a velocidad de vértigo. Es conocedor, también, de sus carencias: la curva de la desigualdad no se aplana, los salarios siguen siendo bajos, la productividad no avanza como debería y la vivienda lastra proyectos de vida y nubla los buenos datos económicos. Sería recomendable que el presidente hiciera balance de lo conseguido y catalogase lo que queda aún por hacer, que no es poco, y lo que se ha intentado pero no conseguido. Un balance que incluye autocrítica siempre es más creíble.

Levantando la mirada podemos obtener otra imagen del momento político. La clave la dio Aitor Esteban en una entrevista la pasada semana en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Se atrevió a nombrar el elefante en la habitación: mayorías negativas. ¿De qué hablaba? De esas mayorías que se conforman con una sola cosa en común, que no es otra que el rechazo al otro. 

En efecto, esta legislatura echó a andar gracias a una mayoría negativa: la que formaron quienes, haciendo caso al resultado de las urnas, evitaron que la coalición de derecha y ultraderecha llegara a la Moncloa. Quienes apoyaron la investidura de Sánchez formaron una mayoría plural, a veces incluso contradictoria. Nacionalistas vascos y catalanes de izquierdas y derechas, todas las tonalidades de las izquierdas y partidos de carácter regional que unas veces miran a un lado y otras al otro. ¿Qué tenían en común? El rechazo a la ultraderecha en el Gobierno.

La votación que tumbó el Real Decreto Ley contra los apagones hace unos días, y otras votaciones previas relativamente similares, podrían estar apuntando al inicio de la conformación de otra mayoría negativa, esta vez de signo contrario, contra el Gobierno de Coalición. La de quienes quieren acabar con este Ejecutivo a toda costa y/o subir –todavía más– el precio de su apoyo tensando la cuerda al máximo. La votación dejó claro –por si alguien tenía dudas– que el Partido Popular está dispuesto a votar contra el interés general, incluso desoyendo la presión del mundo empresarial y el sector industrial, con tal de dañar al Gobierno. Ni la insistencia de las empresas para que no dejaran decaer el Real Decreto Ley les hizo cambiar de opinión. Hubiera bastado con una abstención, pero ni siquiera. Por el flanco izquierdo, Podemos actuó con la misma lógica que los populares. Si los primeros hicieron oídos sordos a las peticiones empresariales, los segundos hicieron lo mismo con las organizaciones ecologistas que habían pedido activamente la aprobación del Real Decreto Ley. Populares y podemitas compartieron una máxima: cuanto peor, mejor.

Si faltaba algo, Junts, CHA y el BNG se sumaron al carro. Los primeros, marcando posición y subiendo algo más el precio de sus apoyos. El resto, para contentar a todos los descontentos en Aragón y Galicia por cómo se están desplegando las instalaciones de energías renovables, cuestión esta última que el Gobierno no puede obviar y que está abriendo brechas y agravios en los territorios afectados y al mismo tiempo comprometiendo la viabilidad del sector.

¿Esto significa que podría estar gestándose una moción de censura de todas estas fuerzas? Salvo novedades judiciales y sorpresas que emerjan de los sótanos de la corrupción, no resulta probable. Ahora bien, la legislatura, que se parece a uno de esos puertos de categoría especial que suben los ciclistas en el Tour, empieza a discurrir por una pendiente mucho más pronunciada, donde cada vez la pedalada costará más esfuerzo. Las mayorías negativas que se pueden conformar serán el viento en contra cuanto más se acerque la meta final, esté donde esté en el calendario. ¿El Gobierno puede reaccionar? Claro. Entendiendo que resistir no es vencer; es sólo resistir, y que sólo arriesgando con una potente escapada podrá vencer los vientos en contra, que ya se sabe que en las cimas son potentes y heladores.

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este domingo que Junts per Catalunya es un partido que "incomoda" y "molesta" a los populismos y a quien "sale negociado de casa" y ha remarcado que su voto "nunca se puede dar por descontado". Así lo ha dicho en la celebración del quinto aniversario de la fundación como partido de Junts per Catalunya, en un acto celebrado en Prats de Molló (Francia) al que han asistido unas 1.500 personas, según los organizadores y recoge EFE.

Puigdemont ha querido "sacar pecho" de la trayectoria de la organización que preside, ya que se ha mostrado "orgulloso" de lo hecho y de cómo se ha hecho, si bien ha señalado que "queda mucho" camino por recorrer.

A quienes han querido "matar" a Junts durante este tiempo, les ha dedicado una frase que ya pronunció el candidato de JxCat a la alcaldía de Barcelona Xavier Trias cuando el socialista Jaume Collboni le arrebató el cargo: "Que os den, porque nosotros seguiremos yendo a la nuestra, que significa ir a la catalana".

Puigdemont ha desgranado el "método Junts", que ha afirmado que el partido aplica cada vez que se le requiere su voto, sea en los plenos municipales, el Parlament, el Congreso o el Senado.

Sin "apriorismos partidistas", los dirigentes de Junts se preguntan, por este orden, si la iniciativa en cuestión "es positiva" para Cataluña, si "respeta" las competencias de la Generalitat, si se han aceptado las peticiones de la formación y si es "útil" para avanzar hacia una independencia "efectiva".

El expresidente catalán ha dicho que su formación no se deja seducir por quienes usan "el cepillo y la amabilidad", ya que "a menudo" esto no significa que quieran llegar a acuerdos.

Ha afirmado que Junts "incomoda" a los extremos y a quienes practican populismos, en lo que puede leerse como una referencia a la CUP y sobre todo a la formación de extrema derecha Aliança Catalana, así como a quienes "ya salen negociados de casa", en clara alusión a ERC. A Junts, ha añadido, no le dan miedo los debates "incómodos".

Puigdemont ha dedicado la parte final de su discurso a arremeter contra "la epidemia de arquitectos del caos" que tiene lugar en toda Europa y también en Cataluña, donde las encuestas muestran cómo Aliança Catalana le gana cada vez más terreno a Junts.

Pese a que existe quien tiene "la tentación" de actuar del mismo modo, es decir, de "usar la motosierra para hacer operaciones a corazón abierto", Puigdemont ha reivindicado la tarea de su partido, los "manobreros de la esperanza" que no se limitan a quedarse en el sofá y a lamentarse por redes sociales.

Ha censurado la simpleza con las que desde "los extremos" se encaran debates como los de la vivienda, seguridad, inmigración, turismo o burocracia y su voluntad de "avinagrar" la vida de los catalanes para lograr votos. En contraposición, ha dicho que Junts trabaja para que Cataluña logre "competencias que nunca antes había soñado", en alusión al pacto en materia de inmigración sellado con el PSOE y que debe pasar por el Congreso, o para que el catalán sea oficial en las instituciones europeas.

En el acto también han tomado la palabra el secretario general de Junts, Jordi Turull, la secretaria de organización, Judith Toronjo, y el alcalde de esta localidad francesa, Claude Ferrer. Entre los asistentes se han contado a la expresidenta del Parlament y expresidenta del partido, Laura Borràs, y el que fuera secretario general, Jordi Sànchez, y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, que siguen, igual que Puigdemont, instalados en el extranjero a la espera de si se les acaba aplicando la amnistía.

Se adjuntan unas notas resumidas de ambos libros:

“Cinco meses nada más (a partir del 30 de enero de 1933) precisó Hitler para consolidar su poder. Con el Decreto para la Protección del Pueblo y del Estado, promulgado después del incendio del Parlamento el 28 de febrero de 1933, los derechos básicos más importantes –la libertad personal, la libertad de expresión, de prensa, de asociación y de reunión y el secreto postal y telefónico, así como la inviolabilidad de la vivienda y la propiedad– fueron suspendidos. 

Con la Ley para solucionar los Peligros que acechan al Pueblo y al Estado de 23 de marzo de 1933, la Constitución nacional de Weimar quedó derogada de forma definitiva, pues el Gobierno de Hitler se independizó del Parlamento y del derecho a emitir decretos de emergencia del presidente de la nación. 

Con la Ley para la Restauración de la Función Pública de 7 de abril de 1933, quedó suprimida la igualdad jurídica de los judíos. Con la ocupación de las sedes sindicales el 2 de mayo de 1933 comenzó el desmantelamiento de los sindicatos libres agrupados en la Federación General de los Sindicatos Alemanes. Y con un decreto de 21 de junio de 1933, dirigido a los gobiernos de los estados, el ministro del Interior Frick prohibió el Partido Socialdemócrata ( el Partido Comunista ya había sido prohibido a fines de febrero de 1933). 

Los partidos burgueses se disolvieron por su cuenta o fueron forzados a disolverse. Todo lo que existía en Alemania fuera del partido nacionalsocialista fue destruido, dispersado, disuelto, anexado o absorbido. Hitler había ganado la partida con un esfuerzo mínimo”. 

Este es el balance aterrador, pero cierto, que formula Ullrich sobre la situación política alemana cinco meses después de que Hitler fuera nombrado presidente del Gobierno el 30 de enero de 1933. El historiador detalla en su obra todo el camino recorrido por Alemania desde la aprobación de la República de Weimar en 1919 hasta ese año de 1933, no sin advertirnos que “las democracias son frágiles. Pueden transformarse en dictaduras. Libertades que parecen firmemente conquistadas pueden desparecer”. “Es preciso recordar, añade Ullrich, que la república de Weimar no colapsó de golpe, sino después de un proceso gradual de erosión y a causa del socavamiento paulatino de la Constitución y de los procedimientos democráticos”. 

Siegmund Ginzberg dice que “al releer cómo terminó la democracia más avanzada y dinámica de aquella época, me topé con pistas inesperadas, datos que ignoraba o que había pasado por alto, similitudes y analogías a las que no había prestado atención. Nuestro mundo es muy diferente al de 1933, pero comparte con él algunos síntomas, señales, procesos y actitudes que, aunque lejos de ser idénticos, tienen un aire de familia. Cuanto más indagaba, más reconocía a la víctima, la República de Weimar. Lo mismo me ocurría con sus asesinos. Y también había algo familiar en el modus operandi”. 

Una de las primeras medidas del ministro del Interior del Gobierno de Hitler, Wilhelm Frick, fue cerrarles las puertas a los inmigrantes. Con inmigrantes se referían principalmente a los judíos que habían llegado por millones desde el Este, desde Rusia y Polonia. 

La obsesión por la avalancha de refugiados e inmigrantes iba de la mano de la psicosis de que en cada esquina se ocultaba un asesino, un violador, un ladrón. La propaganda nazi la orientó hacia un objetivo muy concreto: los judíos del este… Sin embargo le hablaban a un público ya convencido: debe existir una fuerte predisposición, un prejuicio enraizado, para despertar un apoyo tan amplio y entusiasta al odio contra los diferentes, expone Ginzberg. 

Tras el decreto de inmigración se desencadenó lo que denominaron con lenguaje militar la guerra contra la delincuencia. A partir de ahora mano dura, rezaban los titulares. Fue en 1933 cuando se crearon los primeros campos de concentración, asignados a las SS de Himmler. En septiembre de 1933 se llevó a cabo una colosal redada para limpiar Berlin de “vagabundos y mendigos”. En un solo día detuvieron y deportaron a más de 100.000 personas. 

La opinión pública aplaudía las medidas, recuerda el autor de Síndrome 1933. Los nazis se ocuparon de que la prensa informara sobre la apertura de los campos de concentración; así no solo se sabía lo que ocurría, la mayoría lo aprobaba. La mano dura, incluso la brutalidad, lejos de dañar la reputación de Hitler, gozaba de una amplia aceptación. El pueblo seguiría aplaudiendo cuando, junto a los demás asociales, se llevaran a gitanos y judíos. 

Los nazis exhibían su maldad sin complejos y en eso se basaba gran parte del apoyo de la gente. La bondad fue desterrada por aclamación popular con el aplauso de los implicados, no sólo de la Policía, sino también de jueces y criminalistas.  

Los nazis no inventaron el antisemitismo, sólo lo llevaron a sus últimas consecuencias, advierte Ginzberg, quien se pregunta: ¿De dónde salía ese odio a los judíos? Recogiendo la opinión de un escritor bávaro, Siegfried Lichtenstaedter, el resentimiento contra los judíos nacía de la envidia porque eran cultos, ricos, exitosos y más felices que el resto de los alemanes (los que ya vivían en Alemania). Otra opinión contraria es que el resentimiento respondía a que muchos judíos, especialmente inmigrantes, se situaban en el eslabón más bajo de la escala social, pobres entre los pobres, “feos, sucios y malos”. 

Ambas opciones son complementarias, opina el autor de Síndrome 1933: “Lo vemos hoy día, quienes más abominan de los inmigrantes son también quienes más abominan de las elites”, pero sigue preguntándose: ¿Qué se ganaba exacerbando, cultivando ese odio? La respuesta la sitúa Ginzbeg en los diarios de Victor Klemperer, autor de La lengua del Tercer Reich: “Porque les convenía, con su crueldad podían ganarlo todo y perder muy poco”. 

Entre 1930 y 1933 el antisemitismo constituyó para los nazis la columna vertebral emocional. En los mítines nazis, orador y público hacían del antisemitismo un espectáculo interactivo, tan interactivo como las redes sociales. Al convertir el antisemitismo en su principal razón de ser, los nazis ampliaron sus bases de apoyo, pues apelaban a algo muy extendido entre la opinión pública. Valerse de los prejuicios y de la histeria colectiva que habían provocado no era una posibilidad, sino una obligación, concluye el autor.  

Las elecciones libres son la sal de la democracia, sin embargo el exceso no le hace ningún bien, opina nuestro autor. En la Alemania de los años 30, votar una y otra vez era un síntoma de la incapacidad de ofrecer respuestas políticas a la crisis. 

Se celebraron elecciones al Reichstag en 1928, 1930, julio de 1932, noviembre de 1932, y de nuevo en marzo de 1933. En estas cinco elecciones generales el partido nacionalsocialista alemán obtuvo, respectivamente, 800.000 votos, 6,4 millones, 13,7 millones,11,7 millones y 17,3 millones de votos.  

Al principio, se percibía al partido nazi casi como un fenómeno folclórico, resalta Ginzberg. A duras penas superaban el 2% de los votos en las elecciones. Su intento de golpe de Estado de 1923 fracasó. El punto de inflexión, la masa crítica necesaria para el éxito, llegó con las elecciones generales de 14 de septiembre de 1930, cuando los nacionalsocialistas obtuvieron el 18,2%. Pero todavía no eran la primera fuerza; quedaron en segundo lugar entre los socialistas del SPD, con un 24,3%, y los comunistas, con un 13,3%. 

¿Quiénes votaban a los nazis y porqué? Se pregunta el autor. Se trata de una de las cuestiones más estudiadas desde hace décadas. En los últimos tiempos prevalece la opinión de los historiadores que sostienen y demuestran que los alemanes votaron principalmente conforme a sus intereses económicos, optando por los partidos que más se preocupaban por sus problemas, o al menos eso prometían. 

Entre 1919 y 1933, en catorce años, había habido 13 cancilleres y 21 gobiernos que no lograban estabilidad. Entonces llegó un partido que no se declaraba ni de izquierdas ni de derechas, sino del pueblo. Se definían como nacionalistas y socialistas a la par que como partido obrero, naturalmente en defensa de los trabajadores alemanes. El electorado que antes sólo oscilaba entre los polos tradicionales cambió. 

Los socialdemócratas en 1932 no fueron capaces de reconstruir una coalición ni abriéndose al centro ni acercándose a la izquierda. El SPD seguía siendo un partido gigante pero carecía de liderazgo y de estrategia. No se dieron cuenta de que un pacto entre populistas y derecha era una posible válvula de escape para el malestar, la decepción, las recriminaciones de todos los sectores de la sociedad. Peor aún, no advirtieron que la prioridad absoluta, lo único que podía haber salvado a la izquierda y al centro, habría sido hacer cualquier cosa con tal de impedir dicha alianza, pero ni siquiera lo intentaron (el Gobierno que presidió Hitler el 30 de enero de 1933 consistía en una alianza entre la derecha y los nazis, que pronto eliminaron a aquélla). 

El primer movimiento, en la primerísima reunión del gabinete de Hitler, había sido prohibir los periódicos de izquierda. Luego llegó la intimidación del resto de los rotativos, hasta que lograron que obedecieran, amordazando a los periodistas incómodos, despidiendo a los redactores hostiles o a los que no les infundían confianza. Los expulsaron del negocio de forma gradual, cerrándolos, expropiándolos o arrebatándoselos a sus antiguos propietarios. Aunque la mayor parte de los diarios se habían adaptado espontáneamente al régimen sin necesidad de coacciones. 

Sin embargo, el movimiento decisivo, el más visionario, fue la conquista de la radio y el fomento de cuanto ofrecían las nuevas tecnologías de la información. Monopolizaron los contratos de publicidad en las ondas impidiendo el acceso a los demás partidos. Su truco genial fue combinar la radio con los altavoces, la emisión a distancia con efecto estadio. Solo el cine superaba en popularidad a la radio y también lo sometieron a un control absoluto. Goebbels decidía qué películas se debían y se podían rodar. A saber qué habrían logrado si hubieran contado con la televisión y la redes sociales, reflexiona Ginzberg     

El término más utilizado en el Reich es, sin duda, el “pueblo”. Lo invade todo, adoptando mil formas, en todas las palabras compuestas posibles: fiesta del pueblo, miembro del pueblo, comunidad del pueblo, cercano al pueblo… También en función de los que se considera ajenos o enemigos del pueblo. Una de las grandes glorias del régimen fue la fabricación del coche del pueblo (Volksvagen). 

En la Alemania de Weimar se había creado la red de servicios sociales y sanitarios más amplia, ramificada y compleja de Europa. El problema es que, opina el autor, una asistencia que no funciona o funciona mal, genera un descontento aún mayor que la ausencia de atención. En los años treinta, los socialdemócratas y los partidos en el poder habían perdido el vínculo con los sectores menos favorecidos de la población. La gente identificaba a la clase gobernante con políticas de vivienda y asistencia que no daban buenos resultados, aparte de considerarla clientelista particularmente a escala local. 

Lo cierto es que las administraciones locales de izquierda habían hecho todo lo posible para ayudar a los más débiles, en un momento en que había una trágica escasez de fondos. Pero el activismo, en lugar de agradecerlo, se había vuelto en su contra. 

Cuando llegaron al poder, los nazis desmantelaron todas las asociaciones de beneficencia, solidarias, autosuficientes, municipales, religiosas y no gubernamentales. Las reemplazaron por un único organismo centralizado, la Dirección para el Bienestar del Pueblo, considerado el puntal de la ingeniería social nazi. Gestionaba pensiones, alquileres, subsidios de desempleo e invalidez, los hospicios, préstamos libres de intereses para parejas jóvenes, ayudas familiares y los seguros de salud. Idearon incluso la renta básica, un ingreso mínimo para todos (de raza aria). El número inicial de destinatarios era descomunal, 14 millones de alemanes. 

La aceptación (muy mayoritaria) del régimen no era gratuita. Había que pagarla. En 2005, Gotz Aly escribió un libro titulado La utopía nazi: cómo Hitler compró a los alemanes, un auténtico tesoro de información sobre cómo se financió el mantenimiento del consenso, también a través de una política de asistencia social, informa Ginzberg. 

Desde el primer momento hubo un enorme despliegue de creatividad financiera para darle al pueblo a costa de los ajenos al pueblo. Además de exprimir fiscalmente a los judíos (el expolio a los judíos proporcionó a los nazis cerca del 10% del PIB), realizaron expropiaciones en los territorios ocupados y saquearon sistemáticamente los recursos materiales, financieros y humanos de toda la Europa sometida. El autor antes mencionado Gotz Aly llega a una conclusión : “Quien no desee hablar de los beneficios que obtuvieron millones de alemanes de a pie, hará mejor en callar sobre el nacionalsocialismo y el Holocausto”. 

La recuperación económica y el rearme se sustentó en gran parte en un gran fraude basado en el Mefistófeles de Goethe: los bonos del Instituto de Investigación para la Industria Metalúrgica, que emitía certificados de cambio con los que se abonaban los pedidos de material militar a la industria pesada, que estaban garantizados por el Banco Central y que podían canjearse en cualquier entidad bancaria. 

Sin embargo, el engaño no duró indefinidamente. Cuando se sumaron los gastos del rearme, Alemania rozó la bancarrota, pero los planes de Hitler desde 1936 con el Plan Cuatrienal, eran otros: la guerra. “La solución pasaba exclusivamente por la fuerza; dicho y hecho” concluye Siegmund Ginzberg.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

Los paisajes después de las batallas hablan de dolor y de muerte, de devastación y ruinas, de inocencias sacrificadas en los altares del odio y la codicia, siempre en defensa de alguna bandera. Nunca faltan las jodidas banderas, ni quienes hacen de ellas símbolos sagrados para transformar la sociedad en jauría con instinto asesino y tendencia a la autodestrucción de la especie. La práctica bélica está documentada, a partir de la aparición de la escritura, en fuentes escritas que hablan de la existencia de élites militares al servicio de banderas clasistas dominantes en Sumeria, Egipto, India, China o las civilizaciones precolombinas.

¿Ha habido un sólo día, en los últimos 8.000 años, sin una batalla, sin un conflicto, sin un paisaje para el olvido? La respuesta amable sería “Lo dudo”, la que corroe conciencias es “¡No!”. Mejor no preguntar y asumir las guerras como la vejez, como las primaveras tras los inviernos, como se acepta la falacia del cielo y el infierno. El ser humano necesita paz, sacudirse la culpa de todas las guerras, sentir que no es capaz de tanta barbarie y evadirse de sí mismo para sobrevivir. En este sentido, la sociedad ha desarrollado un sistema de autoinmunidad tan simple como eficaz basado en la pirámide de Maslow.

Inmune, la sociedad compagina sin problema, se diría que casi con entusiasmo (o sin el casi), la celebración de eventos lúdicos con la ejecución de civiles en Gaza, todos los días, en nombre de la bandera sionista y de un dios monstruoso. La misma inmunidad hace que no se llame guerra a la secular matanza de mujeres a manos de un ejército de machos seguidores de la bandera patriarcal ondeada por ideologías de rancio extremismo y las pérfidas religiones que las justifican. Son las mismas ideologías criminales que agitan las banderas de la homofobia, el racismo y otras guerras perennes de baja intensidad.

La cultura de la muerte y la violencia impregna el aprendizaje humano de forma individual y colectiva en un proceso que llega a ser considerado “natural”. El refranero popular es fuente de enseñanza y sus moralejas son irrefutables en el imaginario colectivo de los pueblos. La pedagogía basada en la letra con sangre entra es más efectiva cuando va acompañada de himnos, salmos y el ondear cegador de una bandera; se suele argüir que muerte y violencia son ley de vida sin más remedio que su aceptación; el pez grande se come al chico propone la selección natural de las especies como piedra angular del neoliberalismo; y quien bien te quiere te hará llorar es un edulcorante social de la violencia.

La carga de los mamelucos, La rendición de Breda, La libertad guiando al pueblo y Guernica son paisajes bélicos diferentes en cuanto al momento dibujado. Goya puso la mirada en el realismo de la carnicería donde no hay manos para sujetar banderas, todas sosteniendo armas. Velázquez posó la mirada en armas en reposo y banderas salpicadas tras una batalla que se antoja incruenta. Delacroix dio total protagonismo a la bandera que ondea al frente de la barbarie sobre cadáveres recientes, con la ruina y la devastación de fondo. Picasso deja volar la imaginación de cada cual para interpretar la barbarie colectiva.

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 Verónica Barcina Téllez es socia de infoLibre.

Miguel Jones fue preseleccionado hasta tres veces por el entrenador nacional José Villalonga. Fue en los años 60, pleno franquismo. No llegó a jugar. Ni los dos partidos oficiales contra Rumanía de la Eurocopa de 1964 ni el amistoso contra Bélgica del mismo año. Nunca vistió esa camiseta. Muerto el dictador, Donato Gama da Silva sí llegó a lucirla. Lo hizo en el campeonato europeo de 1996, aunque su debut se produjo dos años antes. Tras él llegó el que entonces era conocido como el negro de España: Vicente Engonga. Ya estábamos a finales de la década de los 90 y a principios de los años 2000. Y lo que entonces sorprendía hoy no es más que un reflejo exacto de nuestra realidad. Porque los héroes de La Roja, hoy, se llaman Lamine Yamal y Nico Williams, dos jugadores negros hijos de inmigrantes.

Todos los titulares les han nombrado, todas las fotografías les han inmortalizado y todas las cámaras han virado hacia ellos en cada partido. España tumbó en la tarde de este viernes a Alemania en Stuttgart en los cuartos de final de la Eurocopa gracias a los goles de Dani Olmo y Mikel Merino y los dos extremos —de 16 años Yamal y de 20 Williams— han resultado ser la mayor revolución de esta Eurocopa. Lo dice la propia UEFA. Pero más allá de sus logros deportivos, consiguieron una victoria incuestionable antes incluso de aterrizar en Alemania: que España se reconozca en ellos. Que se sienta representada. Que deje de ser, como explica la periodista y escritora Lucía Mbomío desde el otro lado del teléfono, exclusivamente blanca y cristiana. Muy a pesar, claro, de la extrema derecha.

"¿Pero qué selección española es esta? Parece una broma de mal gusto", escribió el agitador ultra Vito Quiles junto a una foto de los dos futbolistas. "No había un Yamal cuando este país se proclamó campeón del mundo y aún no hemos ganado nada con el tal Yamal así que al carajo con el tal Yamal", comentó por su parte el activista de Vox Bertrand Ndongo. Lo han hecho más veces. La atleta Ana Peleteiro y el gimnasta Ray Zapata también han sido el foco del mismo tipo de insultos racistas. "¿No hay deportistas blancos o qué?", respondieron a una publicación de la gallega en la que mostraba la equipación de España para el Campeonato Europeo de Atletismo 2024.

Esto tan sólo es un reflejo de los datos. Los delitos de odio cometidos por racismo y xenofobia han aumentado un 13,4% en tan sólo un año, según el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2023, presentado este lunes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En el ámbito concreto del deporte, y según el último documento de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, las propuestas de sanción por este tipo de insultos han aumentado un 933% entre la temporada 2018-2019 y la 2021-2022 —la última analizada.

"No es una mera casualidad. Es evidente que esto está relacionado con el ascenso de Vox, que se produjo más o menos en 2018. El racismo hacia deportistas negros o de orígenes diferentes viene de ahí", asegura el catedrático de Sociología del Deporte de la Universidad de Córdoba David Moscoso. Según Mbomío, además, las redes sociales aquí juegan un papel muy importante. "Quienes insultan se esconden tras ellas, donde tienen el apoyo de ciertas siglas", lamenta.

Pero volvamos a Yamal y Williams. A sus orígenes. El primero —jugador del FC Barcelona— nació en el año 2007 en Esplugas de Llobregat, aunque se crió en Rocafonda, un barrio obrero de Mataró al que el futbolista le dedica cada gol que anota dibujando con sus manos el número 304, el final de su código postal. Lo hace para reivindicar de dónde viene. Porque es una zona humilde. Y donde los inmigrantes tienen una gran presencia. Sus padres, de hecho, lo son: su padre, Mounir Nraoui, es originario de Marruecos, y Sheila Ebana, su madre, de Guinea Ecuatorial. Podría jugar de hecho con esas selecciones. Pero se decantó por España. "Yo siempre he jugado en España y lo he tenido claro siempre: quiero jugar con España", dijo en una entrevista.

La historia de Williams —delantero del Athletic Club de Bilbao— es parecida. Sus padres, María y Félix, huyeron de Ghana en busca de una nueva vida en España. El camino no fue fácil. Tras el cruzar el desierto del Sáhara llegaron a Melilla. "Saltaron la valla y la Guardia Civil los detuvo. No tenían papeles. Cuando estaban en la cárcel, un abogado de Cáritas les dijo: 'Lo único que puedes intentar es decirles que eres de un país en guerra'. Dijeron que venían de Liberia para solicitar asilo político. Entonces, desde Cáritas le pusieron en contacto con un hombre en Bilbao que podía ayudarles", contó Iñaki Williams, hermano de Nico, en una entrevista en The Guardian. Ahí precisamente nació él, seis años antes de que lo hiciera en Pamplona el ahora extremo de la selección española.

Los dos reivindican también sus orígenes. Y creen que es necesario hacerlo. Y que se conozca. "Mi llegada abrió mentes. Los futbolistas a menudo no hablan, pero es bueno para la sociedad. Si tienes el poder de llegar a la gente, debes hacerlo. El racismo es una mancha, una enfermedad que hay que erradicar. No hablar de la discriminación permite que exista, ser permisivo permite que continúe", declaró el mayor de los Williams. Y dio en la clave que ahora explica la diversidad en el conjunto nacional: "La sociedad está cambiando: es más abierta, hay más inmigración, más diversidad. Cuando llegué, había muy pocos niños negros; ahora hay más en la cantera".

Todas las voces consultadas coinciden en ese diagnóstico: es el cambio demográfico del país la explicación de la presencia de jugadores negros en la selección. Moscoso lo explica con los datos en la mano. "España camina hacia la interculturalidad. Si se analizan las estadísticas del INE, se observa que en nuestro país ya viven 5,5 millones de personas extranjeras que representan el 11% de toda la población. De todas ellas, 1,2 millones proceden de África", señala. Y eso, claro, tiene un reflejo en la 'mini España' deportiva. "Es lógico. Si la sociedad es más multicultural habrá más individuos de razas diferentes en todos los ámbitos de la sociedad", continúa el sociólogo. Con más razón incluso si se tiene en cuenta otro dato: el 15% de los matrimonios son ya uniones interculturales.

No es un fenómeno que se produzca sólo en España. Lo explica así el profesor de Sociología en la Universitat de Barcelona Víctor Climent. "Esto se está produciendo en todas las sociedades europeas, no sólo aquí", explica. Y para muestra están el resto de selecciones participantes en la Eurocopa. "Miremos la francesa o la holandesa. Desde hace ya una década tienen jugadores negros" vistiendo sus camisetas, ahonda.

Detengámonos en la primera. Porque esto se observa si comparamos la plantilla que ganó a España la Eurocopa de 1984 —formada casi en su totalidad por jugadores blancos— y la que gana el Mundial de 1998, que acogía la propia Francia. Este equipo, formado por jugadores como Zidane o Thuram, fue un símbolo de la integración de esos inmigrantes que llegaban al país.

Ahora, Ousmane Dembelé, Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé son sólo algunos de los futbolistas negros que defienden en este campeonato los colores del país galo. Y lo hacen también después de escuchar los mismos comentarios racistas que han recibido Yamal y Williams en España. "Es una selección africana", han criticado algunas voces que obvian, como lo hacen los ultras españoles, que son nacidos en Francia. La única diferencia es que sus orígenes, como en el caso de los futbolistas del Barça y el Athletic, están en África.

Una última coincidencia con nuestro país: la extrema derecha en Francia está en pleno apogeo. Rassemblement Rational (RN), el partido de Marine Le Pen, ganó el pasado domingo, por primera vez en su historia, la primera ronda de las elecciones legislativas francesas.

En cualquier caso, su realidad es diferente a la nuestra. Más que nada, concreta Climent, porque países como Francia o Reino Unido —también con jugadores negros— comenzaron a tener inmigración mucho antes. "En España el proceso migratorio no llegó hasta bien entrada la década de los 90 y no fue constante hasta el siglo XXI", recuerda. ¿El motivo? La dictadura franquista. "Europa tuvo desde 1946 una expansión económica muy importante, pero en España tardamos mucho más en desarrollarnos de manera homologable. La migración, por tanto, llegó mucho antes a esos países desarrollados", continúa.

Pero en todo caso, y lo hemos visto, una cosa es la presencia y otra el sentimiento de identidad con los futbolistas de otras razas. Y aquí entra en juego, otra vez, la cuestión histórica. Lo explica Carles Santacana, experto en historia social y del deporte de la Universitat de Barcelona, que se remonta a 1920 para explicarlo. Fue entonces, recuerda, cuando el equipo de fútbol nacional tuvo éxito en los Juegos Olímpicos de Amberes (Bélgica). "Ahí surgió el mito de 'la furia española'. Se empezó a identificar el carácter español con la forma de jugar: eran gente sin técnica, pero capaces de improvisar, con fuerza... Se asoció rápidamente a la virilidad", explica. Eso acabó en 2010. "El equipo que ganó ese año el Mundial era el equipo del tikitaka, del juego técnico. La cuestión racial no entraba ahí, pero sí que se identificaba el carácter nacional con el comportamiento dentro del terreno de juego", señala.

Para Climent, hay una parte de España que no ha salido de ese concepto de 'la furia', que aunque se remonte a 1920 está también íntimamente ligado con la dictadura, explica el experto. Fue el primer franquismo de la década de los 40 y 50 el que recuperó este término para calificar "la virilidad" de la selección española, la cual parecía ganar no tanto por su gran juego sino por su "energía" u "hombría". Esta es la época que coincide con el auge de la familia falangista que, precisamente, puso el culto al cuerpo, el deporte y el cuidado físico en el centro de las cualidades propias de un hombre español. Lo hicieron ya antes la Alemania nazi y la Italia de Mussolini. "Hay quien sigue en esos términos y que no puede aceptar la realidad actual", lamenta Climent.

Para Mbomío es triste que ocurra en pleno 2024. "Que nos sigamos sorprendiendo porque haya jugadores de la selección española que son negros no es más que una muestra del borrado que sufrimos en todos los sentidos", señala. Menciona así el término empatía por semajanza, que no es más que la capacidad de identificarse con un nosotros en el que nos vemos reflejados frente a un ellos que estaría representado por el otro equipo. Por eso la periodista confiesa que de pequeña le costaba empatizar con la selección española. No se veía reflejada en ella. "Los negros hemos crecido viendo a gente que no es como nosotros, por eso ver a alguien como tú es tan poderoso", sentencia.

El posible auge de la extrema derecha en las elecciones europeas del próximo mes de junio es sólo uno más de los fantasmas que recorren el planeta este año. Mientras en EEUU Donald Trump se acerca a las urnas de noviembre sumando victorias en las primarias republicanas, en Indonesia y El Salvador ya han ganado el exgeneral Prabowo Subianto y el autoritario Nayib Bukele, al tiempo que en Países Bajos el ultra Geert Wilders negocia, con dificultades, la formación de un gobierno.

De hecho, las encuestas se hacen eco de un aumento de la intención de voto en Europa a los partidos que integran Identidad y Democracia (ID), el grupo de Marine Le Pen y Matteo Salvini, y a Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), donde están integrados Vox y los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. Según las proyecciones de diciembre de 2023 elaboradas por Europe Elects, portal de referencia en información electoral europea, ID puede llegar al 12,3% de los votos, lo que le daría 91 escaños, mientras que ECR reuniría un 11,3% de apoyos, que se traducirían en 80 escaños. Ahora ID tiene 62 escaños y ECR 66. Sumados ambos –171–, se convertirían en la segunda fuerza tras el Partido Popular Europeo, al que la encuesta otorga 180 escaños.

Pero, como advierten este mismo miércoles en la revista Fortune Clifford Young y Chris Jackson, presidente y vicepresidente de Ipsos, una de las principales empresas mundiales de investigación de mercados, el fenómeno es global. En su artículo mencionan el “síndrome del caudillo [en castellano]”. Según la última encuesta que ha hecho Ipsos para medir la evolución del populismo en 28 países –un sondeo que lleva repitiendo desde 2016–, el 63% de los preguntados coincide en que su país necesita un líder fuerte al que no le importe romper las reglas para sacarlo de su supuesto declive. La sensación de estancamiento económico y la desigualdad, aseguran, se unen a la nostalgia por el pasado para crear un cóctel de éxito.

Qué explica el alza de los partidos populistas es una pregunta recurrente que ha dado lugar a múltiples análisis. Cinco investigadores europeos acaban de publicar en el British Journal of Political Science de la Universidad de Cambridge un informe que, sobre la base de 36 estudios anteriores, confirma la relación causal entre la inseguridad económica y el avance del populismo. Esa inseguridad va más allá del desempleo o de las crisis económicas; se define como el “riesgo de pérdida económica al que se enfrentan los trabajadores y los hogares ante los acontecimientos imprevisibles de la vida social”. Una forma novedosa de descontento, resaltan, que no tiene que ver con los resultados económicos a corto plazo. De los 36 estudios, seleccionados por su robustez estadística, se desprende que un tercio del reciente ascenso de los populismos se debe a esa sensación de incertidumbre económica que en algunos países no ha hecho más que aumentar.

Tanto uno de los autores del estudio, Manuel Serrano-Alarcón, del Centro de Investigación de Dinámicas Sociales y Políticas Públicas Dondena, de la Universidad Bocconi de Milán, como el economista de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla Manuel Alejandro Hidalgo Pérez, coinciden en destacar como “muy significativa” esa contribución del malestar económico al cambio en el comportamiento electoral de tantos ciudadanos en todo el mundo.

En realidad, la relación entre las crisis financieras y el avance de los extremismos políticos es claro, aunque sólo sea desde el periodo de entreguerras del siglo pasado, cuando la depresión de 1929 –entre otros factores– arrojó a Alemania e Italia en brazos del nazismo y el fascismo. Pero, como destaca Serrano-Alarcón a infoLibre, ahora se ha podido verificar un “vínculo causal sólido” –no una mera correlación–. Con importantes diferencias geográficas.

Así, el deterioro económico sufrido por la clase trabajadora de Estados Unidos por culpa de las importaciones de China está detrás de buena parte del éxito de Donald Trump desde 2016. Aunque hay matices adicionales: los votantes blancos descontentos buscaron remedio en los republicanos y en Trump, pero los votantes no blancos se inclinaron por los demócratas. También hay que tener en cuenta la “brutal” desigualdad que caracteriza a la sociedad estadounidense, tercia Manuel Alejandro Hidalgo.

En general, la robotización está radicalizando a los ciudadanos de las economías avanzadas, mientras que los países de la eurozona, al igual que EEUU, están más expuestos al impacto de las importaciones baratas de otras áreas. Por su parte, los del Europa del Este lo estuvieron al desplome de sus respectivas divisas con la crisis financiera de 2008. En Brasil la inseguridad del mercado laboral tuvo mucho que ver en la victoria de Jair Bolsonaro en 2018 –más en los hombres que en las mujeres–. Y en Hungría Manuel Alejandro Hidalgo cree que el peso de la culpa puede atribuirse más bien a la escasa tradición democrática del país.

¿Y en España? Ninguno de los 36 estudios analizados por Manuel Serrano-Alarcón y sus colegas se refería a la extrema derecha nacional. “No había ninguno con la suficiente robustez estadística para incluirlo”, revela el investigador.

Sin embargo, Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y autor de Qué hacer con la extrema derecha en Europa, traza con precisión el recorrido que ha llevado a Vox a convertirse en el tercer grupo del Congreso tras PP y PSOE. Nacido un mes antes que Podemos, en diciembre de 2013 –es decir, en lo peor de la crisis financiera, con una tasa de paro del 26% y la austeridad y los recortes en plena ebullición–, no consiguió entrar en el Parlamento Europeo en 2014. “Aunque se quedó sólo a 1.200 votos de conseguirlo”, advierte no obstante Guillermo Fernández.

De ese fracaso no se recuperó hasta 2018, tras el intento fallido de referéndum en Cataluña, cuando sectores conservadores decepcionados por la gestión del conflicto que hizo el Gobierno del PP ven en Vox y su discurso nacionalista español la respuesta a la “alarma patriótica” activada por los independentistas. La manifestación de la Plaza de Colón en Madrid se celebró apenas siete días después del 1-O catalán.. Siete meses más tarde, la moción de censura que dio el Gobierno a Pedro Sánchez, apoyada en Unidas Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes y que la derecha consideró casi “un acto ilegítimo”, explica la “efervescencia” de Vox, que ya ese verano multiplica su militancia, en octubre llena el Palacio de Vistalegre de Madrid y en diciembre entra en el Parlamento andaluz con 12 escaños.

Como desveló Stuart Turnbull-Dugarte, profesor de la Universidad de Southampton, ni el nivel de ingresos ni la desconfianza política ni el rechazo a la inmigración son el principal motor del voto a Vox, a diferencia de lo que ocurre con el resto de la extrema derecha europea. Al menos en aquellas elecciones andaluzas, el rechazo al procés fue el catalizador que introdujo a la ultraderecha por primera vez en un parlamento autonómico. Entonces la economía española empezaba a respirar tras cuatro años en la UCI poscrisis.

Guillermo Fernández ve en la recesión económica de 2008, seguida de una pésima gestión europea basada en la austeridad, la mecha que prendió el populismo en el continente. Pero añade un segundo componente, la “crisis de representación” a la que llevaron los numerosos casos de corrupción destapados no sólo en España sino también en otros países como Francia. Si además coincide con la crisis de los refugiados, y con los atentados yihadistas –Bataclán, Charlie Hebdo, ambos en 2015–, la mezcla se convierte en explosiva. La “inseguridad cultural” se suma a la económica. Finalmente, el Brexit –votado en referéndum en 2016 y ejecutado en 2020– y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos –en noviembre de 2016– dieron el impulso definitivo al populismo global. En enero de 2017, la extrema derecha europea celebró un macroevento en la ciudad alemana de Coblenza, al que ya acudió Vox y donde Marine Le Pen, Matteo Salvini, Frauke Petry –de la AfD alemana– y Geert Wilders anunciaron la llegada de la “primavera de las naciones”, recuerda Guillermo Fernández.

El politólogo no pone en duda que un tercio del auge populista proceda del desencanto económico de muchos ciudadanos, pero añade que el resto de la fórmula se asienta sobre la idea de que la “identidad nacional” está en riesgo. “Tu nación, tus valores corren peligro”, se esgrime. Para Le Pen, la amenaza viene de los emigrantes. Para Wilders, de los musulmanes, en concreto. Para Santiago Abascal, de los independentistas.

Una tesis repetida señala que la extrema derecha ha ganado impulso combinando su base tradicional de clase media con nuevos votantes de la clase trabajadora, los perdedores de la globalización y la modernización. Antes, la clase trabajadora tenía la oportunidad de ingresar en la clase media, un ascensor que se ha detenido o incluso descendido en las democracias avanzadas.

Otros dicen que los nuevos apoyos electorales de la ultraderecha proceden de trabajadores que han perdido la protección laboral de la que gozaban, pero que no se encuentran precisamente entre los más perjudicados por la crisis económica.

Para Guillermo Fernández, el perfil del votante de ultraderecha, tanto en Francia como en España, al menos, no es el del ciudadano más vulnerable. Sino el de quien se siente en peligro por la supuesta “pinza” que han creado entre las élites, sobre todo las progresistas, y los más pobres, entre los que se encuentran los inmigrantes. Se trata de una clase media y media/baja que tiene vivienda propia, pero en el extrarradio de las capitales porque no puede vivir en el centro, aunque trabaje en él, y que se percibe dañada por los ricos, que sí se lo pueden permitir, y por las clases más bajas que reciben ayudas. En Madrid, pone como ejemplo, “existe un cinturón verde, que vota a Vox y que no está en, digamos, Fuenlabrada –el antiguo cinturón rojo–, sino más allá, en Humanes, en Arroyomolinos e incluso en La Sagra (Toledo)”.

Cierto que la situación de estos ciudadanos empeoró con la crisis económica, pero además “se sienten poco escuchados, olvidados”. Es a ellos a los que la extrema derecha “ofrece un relato y la ilusión de que los miran”, sostiene el politólogo.

Es la misma tesis que apunta Stuart Turnbull en su análisis de las elecciones andaluzas de 2018: el perfil del votante de Vox no coincidía entonces con el prototipo del perdedor de la globalización, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos. Además, a los ultras españoles los votan también las clases altas –Vox fue la segunda fuerza en Pozuelo, Boadilla, Las Rozas y Torrelodones, en el noroeste rico de Madrid, el pasado 23 de julio–, como ocurre en Francia, donde a los apoyos del norte empobrecido se les suman muchos de la riquísima Costa Azul.

En esa misma dirección, hay estudios que sostienen que la pérdida de estatus influye más en la deriva hacia la extrema derecha que, por ejemplo, el desempleo. Se trata de una doble devaluación, económica y cultural, de las capacidades y valores de la clase trabajadora, que se refuerza mutuamente y cuya brecha con las demandas de la economía posindutrial y globalizada es cada vez mayor, tal y como detallan Serrano-Alarcón y sus colegas europeos.

Además, Fernández Vázquez, introduce otro elemento: “La idea de que no hay futuro, o que el futuro va a ser muy malo, peor que el presente; por eso se idealiza un pasado de supuesta grandeza, el Make America great again va de eso”.

Porque, de eso no hay duda, se proclama, el presente sufre de una absoluta decadencia. Es una tendencia general que se da en España y en el resto del mundo, no importa si en fases de apogeo o de crisis: la diferente percepción entre la economía personal y la nacional. Lo revela el último barómetro del CIS: el 63,4% de los encuestados dice que su situación económica personal es buena –el 59,8%– o muy buena. El 24,2% dice que es mala o muy mala. Por el contrario, el 59,2% cree que la situación económica general de España es mala o muy mala. La misma disociación se producía en plena crisis financiera, hace una década, en 2019, en la prepandemia, o en 2022. Pero, a diferencia de esos años, el desajuste se repite ahora “cuando se ha creado más empleo nunca y la economía no está ni de lejos tan mal”, aclara Manuel Alejandro Hidalgo.

A su juicio, las derechas populistas tienen más éxito en países con niveles bajos de protección social. El estado del bienestar, con políticas destinadas a desempleados, pensionistas, trabajadores precarios o familias numerosas, reduce el atractivo de la extrema derecha. Las políticas redistributivas o la Seguridad Social protegen frente a la inseguridad económica y reducen el apetito por el populismo en los trabajadores en descenso. “Eso queda para un estudio posterior: ¿esas políticas de protección social reducen el voto a la ultraderecha?”, invita Manuel Serrano-Alarcón.

Guillermo Fernández advierte de que la extrema derecha “está aquí para quedarse”. A diferencia de lo que ha ocurrido con los partidos a la izquierda de la socialdemocracia europea –Unidas Podemos, Francia Insumisa, el Movimiento 5 Estrellas–, que están en retroceso o se mantienen con dificultades, la derecha radical amenaza con un triunfo en las europeas de junio y puede dar la sorpresa en Portugal el próximo día 10. Manuel Serrano-Alarcón precisa que la mayoría de los estudios con los que ha trabajado para su análisis se refieren a los populismos de derecha, y es por tanto donde han encontrado resultados más concluyentes. “Lo que nos obliga a ser más cautos con los populismos de izquierda”, advierte. En cualquier caso, el estudio mantiene que, mientras la inseguridad económica es una sólida materia prima para la extrema derecha, la izquierda radical consigue sus apoyos entre los damnificados por la automatización, la incertidumbre laboral y los fallos en la redistribución de la riqueza.

También las recientes protestas de los agricultores y ganaderos son una buena muestra de que la extrema derecha ha plantado sus cimientos en suelo europeo. Como en otras capas de la población, al empeoramiento de sus condiciones económicas se le añade el sentimiento de olvido, o incluso desprecio, de las “élites urbanitas”, dice Guillermo Fernández. Y la ultraderecha tiene una oferta política adaptada a ese agricultor: “Somos los únicos que hablamos de los problemas del campo”. Es más, el politólogo cree que la derecha radical dispone de una estrategia para convertirse en el partido del sector primario. “Por eso en los folletos de Vox se leía Vota campo”.

No obstante, Guillermo Fernández Vázquez rechaza que la historia vaya a repetirse y los años 30 de este siglo repliquen los años 30 del siglo XX. “No creo que Vox sea una especie de franquismo 2.0 o neofranquismo”, defiende. “Para ellos no se trata”, continúa, “de volver a antes de 1975, sino de reinterpretar la Constitución de 1978 para regresar a antes de esa fecha”. De forma que la meta a la que aspiran es una “democracia limitada o militante”, en la que sean ilegales los partidos comunistas o independentistas, por ejemplo. “Lo que quieren”, resume, “es ganar en 2024 las batallas que perdieron en 1976 o 1977”.

En poco más de una semana —el domingo 18 de febrero— Galicia acudirá a las urnas. En más de cuarenta años de autonomía y tras once elecciones al Parlamento, el Partido Popular no ha gobernado sólo en dos ocasiones: entre 1987 y 1990, con Fernando González Laxe, y, más recientemente, con los cuatro años de Gobierno de coalición entre el PSdeG-PSOE y el BNG (2005-2009). Basta un simple vistazo a la evolución del voto en las elecciones al Parlamento de Galicia desde el aterrizaje de Manuel Fraga en la política autonómica, hace treinta años, para mostrar claramente la solidez de la mayoría del PP en una comunidad que se define como "nacionalidad histórica" desde el año 1981.

Los conservadores nunca han bajado del 44% —ocurrió la primera vez que Manuel Fraga se presentó, nada más ceder el bastón de mando del partido a José María Aznar, y ya nunca han vuelto a acercarse a ese suelo electoral— e incluso hasta en tres ocasiones se han permitido el lujo de superar el 50% de los votos emitidos. Es más, en las elecciones que alumbraron el bipartito, el PP obtuvo más del 45% de los votos y Fraga se quedó a un escaño de la mayoría absoluta. Es la única forma que tiene la formación de gobernar ya que, de lo contrario, la izquierda se une para desalojarlo de las instituciones, como ya ocurre a nivel municipal.

En el espacio de la izquierda es el BNG quien, a tenor de las encuestas, lidera el espacio y podría, incluso, romper el techo histórico que ya alcanzó bajo el liderazgo carismático de Xosé Manuel Beiras, que ya entonces combinaba su bagaje más académico con una feroz oposición al Partido Popular de Manuel Fraga. El voto progresista en Galicia se ha repartido entre nacionalistas, socialistas y la izquierda alternativa, primero con AGE, luego con las mareas y ahora con Sumar. Ahora es Ana Pontón quien lidera ese espacio y lo hace con un discurso en el que combina elementos nacionalistas con otros de ámbito más social u económico, consciente de que las tesis soberanistas no tienen un apoyo masivo en la comunidad.

El caso gallego es singular. Con una identidad muy arraigada, el PP ha logrado una hegemonía total en el campo de la derecha haciendo gala un "galleguismo de baja intensidad", tal y como lo define Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago. Esto, según Nogueira, ha provocado que , a diferencia de lo que ocurre en comunidades como Euskadi o Cataluña —en las que predominan partidos conservadores como el PNV o la antigua Convergència— , el PP hable abiertamente de la "nacionalidad gallega" y denuncie el "trato discriminatorio" que se le da a Galicia desde España. "Aquellos que se definen como más gallegos que españoles o tan gallegos como españoles son, según el CIS, el 70% de la población. Aunque no podemos decir que hay un nacionalismo fuerte, porque el BNG tiene una presencia oscilante, el sentimiento de galleguidad es fuerte y eso el PP lo explota", subraya en conversación con infoLibre.

El historiador Xosé Manuel Núñez Seixas, autor de Suspiros de España. El nacionalismo español 1808-2018 (Crítica, 2019), asegura la fortaleza del Partido Popular gallego reside en sus orígenes, cuando todavía era Alianza Popular (AP). Núñez Seixas recuerda que cuando AP "se institucionaliza" se presenta "con un giro autonomista" en el que "aceptan" el idioma y se habla de que "hay que imitar a Jordi Pujol" —el expresident de la Generalitat catalana—. "Así, el PPdeG consigue bloquear la emergencia de cualquier partido conservador de corte más nacionalista", expone a este periódico. Además, recuerda que cuando llega la Transición "el galleguismo tiene mucha presencia en cuadros intelectuales, que nace en los años 60, con elementos dentro de un Estado federal".

Para el profesor y analista político Manuel Martínez Barreiro, el PP "recurre al galleguismo como una identidad política rebajada" y "se conforma con un partido regionalista, vinculado con la cultura, gastronomía y folklore, pero de forma no conflictiva y despolitizada, lo que conforma un partido de base popular amplia y achica el espacio a otros partidos", señala. Así, considera que Galicia es el ejemplo de nación cultural, pero no política. "Mucha gente insiste en la idea de que Galicia es cultura y es cierto que hay una serie de elementos que crean un sustrato de identidad fuerte, una cultura muy arraigada de comunidad. Pero no opera la idea de nación política como deseo de autogobernarse, eso históricamente es uno de los trazos que el nacionalismo político trata de resolver", reflexiona.

Los tres expertos consultados consideran que la hegemonía de los conservadores se mantiene porque las posiciones de Vox "viven anidadas dentro del PP", en palabras de Barreiro. "Vox es un spin off del PP en el Estado, se alimenta y nutre de otras derechas neofranquistas, pero no deja de ser una desafección del PP", asegura. Nogueira coincide: "El PP en parte cubre el espectro de Vox. Rueda, cuando se hicieron manifestaciones porque supuestamente el gallego se estaba imponiendo, se unió a los grupos extremistas".

Hay un patrón que se repite en Galicia. En las municipales y generales la izquierda obtiene mejores resultados, mientras que en las autonómicas es el la derecha la que domina con claridad. Es lo que los expertos definen como voto dual. En el caso autonómico, además, juegan factores como el sistema electoral , que prima los votos de las provincias más rurales donde hay menos población, frente a las provincias con núcleos urbanos que concentran a la mayoría del censo electoral gallego. De esta manera, mientras en Lugo y Ourense son necesarios unos 25.000 votos para obtener un escaño, en A Coruña y Pontevedra, para ganar un escaño, es necesario obtener entre 41.000 y 44.000 votos.

Nogueira lo explica así: "El PP sabe aprovechar muy bien el discurso de que 'Madrid tiene la culpa' —en referencia al Ejecutivo central — y el hecho de que el PSOE haya estado en La Moncloa mucho más tiempo", analiza. Esto, a su juicio, provoca la "desmovilización" del electorado de izquierdas, vital para darle el vuelco la Xunta. Tal y como lo ve la experta, desde la Xunta se traslada la idea de que "lo importante no se decide aquí" —pese a que las competencias en materias como sanidad o educación están transferidas a las autonomías— y , mientras, la gestión del PP "no molesta" porque "no es estridente".

Núñez Seixas explica este voto dual apelando al pragmatismo de los gallegos. "Eligen su voto en función de valores estratégicos, de si un partido u otro tienen más o menos opciones de gobernar o de influir", explica. Por ese motivo, Sumar obtuvo dos diputados en las elecciones del pasado 23J por las provincias de A Coruña y Pontevendra, mientras que el BNG únicamente obtuvo un escaño, ya que "se sabía" que la coalición de Yolanda Díaz podía llegar a formar parte del Gobierno. Según el historiador a nivel autonómico, sin embargo, "hay un electorado de izquierdas, crítico con el PSOE, que considera que la Xunta no va con ellos". A eso se le suma que el PSOE, cuyo arraigo bebe especialmente del ámbito municipalista, "no tiene una idea propia de lo que es Galicia", a su modo de ver.

A comienzos del año 2016 nadie apostaba muy fuerte por el futuro del Bloque Nacionalista Galego. Alguna encuesta pronosticaba su desaparición del Parlamento de Galicia que se iba a elegir en las elecciones de septiembre. Ese es el contexto en el que Ana Pontón se hizo cargo de la organización: una crisis inmensa después de una quiebra interna en el nacionalismo gallego cuyas heridas son todavía visibles en nuestros días. Ahora será el BNG, precisamente, el que asuma la mayor responsabilidad para desalojar al PP de la Xunta. Los esfuerzos del PP por desacreditar a Pontón no han hecho mella en una imagen que ha mudado el perfil del nacionalismo gallego, más preocupado por la gestión y la defensa de un programa progresista que de las reivindicaciones soberanistas.

Barreiro considera que ha habido un cambio en la posición del BNG respecto a la pasada legislatura. "Se ha pasado de ir al Congreso a hablar únicamente de los problemas de Galicia, disociándose de otras políticas mucho más amplias, a adoptar una actitud constructiva, reconociendo aspectos sustanciales del Gobierno de coalición", traslada. Así, cree que el BNG "no solo está en sintonía con la corriente de cambio" sino es quien la lidera en Galicia, lo que "hace que haya mejor sintonía" con formaciones como el PSdeG o Sumar y podría hacerles adoptar "una posición muy parecida a la que pueda tener EH Bildu en avances sociales".

Núñez Seixas destaca que el BNG ha construido una "buena estructura territorial" y que cuenta con una "militancia muy sufrida". El historiador afirma, además, que Pontón "tiene un discurso pragmático" y que acierta al darle más prioridad a la agenda social que a la cuestión territorial. A su favor, dice, también juega su grado de conocimiento, ya que "es tanto o más conocida que Rueda". Esto, a su vez, perjudica a Sumar y a su candidata, Marta Lois. "Si el BNG continúa con esta buena campaña, gran parte del voto que tuvo Sumar el 23J se irá a Pontón", lo que dejaría a los de Díaz sin representación en el Parlamento gallego.

Como seguramente saben ustedes, la Peña Cultural Zambollo es la tradicional organizadora de las Fiestas del Gatopelao de Caramal de las Torres, en las que un hombre disfrazado de gato tiene que recorrer las principales calles del coqueto pueblo de la sierra madrileña esquivando las piedras que le lanzan el resto de vecinos. Es posible también que conozcan que la peña toma su nombre de Tomás Segura, Zambollo, que fue desde 1990 a 2015, momento en el que decidió retirarse después de que la Delegación del Gobierno instituyera la obligación de llevar casco, lo que Zambollo –que acababa de salir de un coma de once meses– consideraba una adulteración del espectáculo.

Pero además de organizar estos festejos, la Peña Cultural Zambollo celebra también avanzado diciembre unas interesantísimas jornadas de debate que las malas lenguas atribuyen a la pícara intención de camuflar los festejos organizados con motivo de la Navidad bajo un falso manto intelectual que permita a la entidad no perder la calificación de Asociación Cultural y seguir teniendo acceso a las subvenciones de la Consejería. Quienes señalan esta circunstancia arguyen como prueba el que sean las únicas jornadas de debate europeas que se celebran bajo una carpa instalada en una plaza de toros, con orquesta y barra libre.

En cualquier caso, las de este año fueron dedicadas al nacionalismo y como ilustre colofón contaron con la presencia del politólogo danés, y referencia intelectual del mundo cultural escandinavo, Aksel Finne, quien, siempre atento a la realidad española, no quiso perderse la cita aprovechando que tenía unos días libres en el McDonald's donde trabaja. La conferencia tuvo lugar en la tarde del 23 de diciembre y puso fin a una apretada agenda de eventos que ese día incluía además de la gincana, el belén viviente de la tercera edad y el concurso de rondallas infantiles, cuyo primer premio fue invitado a entregar el propio Finne, que, posiblemente por el cansancio del viaje, parecía un poco desconcertado.

El título de la conferencia era el mismo que da nombre a esta reseña, Bricolaje para construir una nación: herramientas necesarias. Finne explicó que había elegido el término “bricolaje” con la pretensión de resaltar, tal y como expresa su significado –“actividad manual y casera de reparación, instalación, montaje o de cualquier otro tipo que se realiza sin ayuda profesional”– la habitual falta de importancia o perentoriedad de la faena en cuestión, que en ocasiones tiene más de hobby que de labor imprescindible.

Así, entiende Finne que la pretensión secesionista de algunos nacionalismos no es el fruto de una existencia sojuzgada por un Estado opresor puesto que viven instalados en la comodidad de un sistema democrático y de respeto a sus diferencias, de forma que, dice Finne, “da la sensación de que su búsqueda de la independencia tiene menos que ver con la necesidad de construir una casa común donde habitar sus particularidades que con la compra de una segunda residencia”.

La palabra bricolaje no había sido, por tanto, elegida alegremente o como recurso estilístico, aunque gracias a ella el acto consiguió el patrocinio de Ferretería Gredos, cuyo propietario, Esteban Gredos, fue el encargado de presentar al politólogo a quien, anecdóticamente, se refirió en varias ocasiones como “podólogo” sin que nadie considerara necesario corregir el error.

Finne, tal vez en exceso, insistió de nuevo en el concepto del bricolaje para afirmar refiriéndose a los nacionalistas que nuestro país le recuerda a veces “a un magnífico chalet rodeado de vecinos que te despiertan cada plácida mañana de domingo usando la taladradora”, metáfora que no gustó nada al señor Gredos aunque provocó entre el público un estallido de júbilo con gritos de “¡España, España!”, momento aprovechado oportunamente por la charanga que amenizaba el acto para interpretar un pasodoble que mantuvo momentáneamente interrumpida la conferencia. Es de alabar la paciencia mostrada por Finne durante el lapso, así como la educada forma en que rechazó la insistente invitación a bailar con una anciana vestida de pastora.

Concluida la interpretación, Finne prosiguió definiendo una por una esas herramientas a las que hacía alusión en el título. La primera de ellas, afirmó, era “un sentimiento victimista por el que cualquier circunstancia casual pueda ser convertida en intencionado agravio”. 

Sentimiento que tiene su origen en un cierto complejo de superioridad disfrazado de potencialidad sometida –“somos mejores que vosotros, pero no nos dejáis serlo”–. Cuando en realidad, proclamó Finne, “entre un albañil murciano y otro de Hospitalet no hay más diferencia hoy que la que pudiera haber una vez se consumara cualquier proceso independentista”. Afirmación que cosechó otra andanada de aplausos y un “¡Ole tus huevos, podólogo!” al fondo de la carpa.

La segunda de esas herramientas necesarias es para Finne la existencia de unas clases ilustradas que tengan sobradamente resueltas las necesidades básicas y tiempo suficiente para dedicarlo a convencer a quienes no las tienen de que el que así sea está fuera del ámbito de responsabilidad de “los nuestros”. A continuación, lamentó que la ilustración a que se refería no fuera digna heredera de la del siglo XVIII y se mostró convencido de que la propagación de un humanismo internacionalista es la mejor forma de plantar cara a los nacionalismos, lo que provocó que la audiencia estallara en gritos entusiastas de “¡Humanismo, humanismo!” seguidos de no menos apasionados cánticos de “¡A por ellos, oe! ¡A por ellos, oe!”. Posteriormente, Finne resaltó que, aunque no se atrevía a considerarla exactamente una herramienta, sí había constatado la gran ayuda que para el bricolaje nacionalista suponía la existencia de una izquierda que pese a dar muestras de un finísimo olfato a la hora de detectar los males del nacionalismo españolista no acaba de percibir en los periféricos tufo alguno a exclusión o falta de solidaridad. Como era de esperar, la palabra “izquierda” abrió la espita de una catarata de insultos a Perro Sanxe y unas doscientas personas abandonaron la charla para ir a manifestarse a Ferraz.

Posteriormente, Finne detalló la que él considera tercera herramienta necesaria para construir una nación: la historia, su manipulación, la búsqueda en el pasado de imaginarias explicaciones del presente. Finne se dijo partidario de prohibir a los melancólicos de cualquier patria dedicarse a la historiografía para evitar ridículos como los intentos de catalanizar a Santa Teresa, Leonardo da Vinci o Cristóbal Colón. La mención al genovés sirvió la excusa perfecta para que público y charanga recordaran al unísono el célebre pareado dedicado a los hermanos Pinzones que la anciana vestida de pastora aderezó con un gracioso bailoteo.

La cuarta herramienta del bricolaje nacionalista es, según explicó, un sistema educativo que instigue desde la más temprana edad en esos espíritus maleables el credo nacional, al tiempo que una escuela de adultos –esto es, una televisión– que sirva para transmitir los mismos valores a quienes ya no asisten a clase.

Y aquí, Finne quiso insistir en la metáfora de las herramientas explicando que del mismo modo que sirven para construir pueden, a su vez, desmontar lo ya construido, refiriéndose a la versatilidad del nacionalismo, una reivindicación prêt-à-porter que lo mismo puede lucir la izquierdista Esquerra que la derechista Junts. Luego recordó las palabras de Isaiah Berlin en tal sentido: “Después de la década de 1920, ni el socialismo ni ningún otro movimiento político del mundo de posguerra puede triunfar si no va de la mano no solo del antiimperialismo sino también de un pronunciado nacionalismo”. Una verdad que, según Finne, ha entendido muy bien el Partido Popular que, a caballo de un nacionalismo español y con el Estado de Pedro Sánchez como sucedáneo de un imperialismo contra el que rebelarse, tiene en Ayuso su mejor representante.

La mera percepción por el auditorio de que Finne se había referido a Ayuso hizo que, sin atender siquiera al sentido de la frase, la multitud estallase en un rugido festivo, un alarido coordinado que fue mutando de “¡Ayuso presidenta!” a un inflamado “¡Me gusta la fruta, me gusta la fruta!”, mientras la charanga atacaba un chotis. Finne en esta ocasión no fue capaz de vencer la insistencia de la anciana vestida de pastora, y se le pudo ver acompañarla con unos torpes pasos antes de que tuviera lugar el desastre.

Al parecer, por un error de coordinación del personal organizador, hizo aparición en la carpa una vaquilla cuya presencia estaba anunciada para la mañana siguiente en el espectáculo cómico-taurino que ponía fin a las jornadas culturales.

Lo último que recuerda este cronista, que como los demás corrió a ponerse a salvo, es la expresión aterrada de Finne viendo al animal dirigirse a él mientras de una forma poco galante –todo hay que decirlo– pugnaba con la anciana vestida de pastora por guarecerse tras la mesa presidencial. Al final ganó la anciana. En el momento de cerrar edición y según refleja el parte médico, el politólogo se reponía de múltiples contusiones y un puntazo sin afección de tejidos en la zona del perineo. Amablemente, Ferretería Gredos se ha hizo cargo de los costes de hospitalización dado que la seguridad social danesa no cubre lesiones producidas en el ejercicio de la tauromaquia.

Emmanuel Macron lo sabe: al hacer un llamamiento en su rueda de prensa de la semana pasada para que Francia se "rearme demográficamente", recoge una obsesión muy antigua de la extrema derecha, compartida por todas sus corrientes. Se trata de la natalidad, y más concretamente de la “natalidad francesa" frente a la inmigración y los derechos de la mujer.  

Al menos de palabra, el presidente de la República ha accedido incluso a una petición de la Agrupación Nacional (Rassemblement National, RN), que en septiembre de 2022 presentó una proposición de ley en la Asamblea Nacional "para hacer de 2024 un año dedicado a impulsar la natalidad francesa". Los diputados que firmaron la moción querían que esta fuera la "gran causa nacional de 2024". 

El año pasado, durante el debate sobre la reforma de las pensiones, los diputados de RN y Jordan Bardella, actual presidente del partido, hicieron suyo el siguiente lema: "Los bebés de 2023 son los cotizantes de 2043". 

Todos los programas presidenciales del Front National (FN) y luego del RN dan prioridad a la defensa de la natalidad. El folleto "familia" del más reciente, en 2022, por ejemplo, preconiza una política favorable a la natalidad (con preferencia nacional para las ayudas familiares).  

También defiende una medida directamente inspirada en el húngaro Viktor Orbán, transformando el préstamo a interés cero prometido a las parejas menores de 30 años en un regalo a partir del tercer hijo, "para fomentar los nacimientos".  

Varias personalidades de extrema derecha ya han participado en la Cumbre Demográfica que organiza cada año el presidente húngaro: en 2021, Éric Zemmour y Marion Maréchal figuraban entre los participantes. Nada sorprendente en el antiguo candidato presidencial, que cree que "la demografía es el destino".  

Su programa para 2022 proponía pagar una prima de 10.000 euros por cada niño nacido en una zona rural, crear nuevas plazas de guardería y ampliar el pago de las ayudas familiares a todas las familias francesas. 

Esta defensa de la natalidad está estrechamente vinculada a dos de los fundamentos de la extrema derecha: el control del cuerpo de las mujeres y la xenofobia. Si el número de nacimientos es tan crucial es para evitar recurrir a la inmigración para frenar el envejecimiento de la población francesa. 

El demógrafo Hervé Le Bras profetizaba ya en 1998 en El demonio de los orígenes. Demografía y extrema derecha: "La demografía se está convirtiendo en un medio de expresión del racismo". "Elegir la natalidad es comprometerse a asegurar la continuidad de la Nación y la perpetuación de nuestra civilización", escribe la RN en su folleto sobre la familia. "La natalidad francesa se hunde... mientras la inmigración sigue aumentando", lamentaba el partido de extrema derecha en un comunicado de 2018. 

Durante el debate sobre las pensiones en 2023, la diputada Laure Lavalette propuso limitar el pago de las prestaciones familiares (primas de natalidad, ayudas de guardería, complemento de elección de guardería, etc.) a "los hogares y las personas de nacionalidad francesa" para impulsar "la natalidad francesa", como señala la investigadora Cécile Alduy en la web AOC. En el mismo artículo, Alduy cita las palabras del vicepresidente de la RN en la Asamblea Nacional, Sébastien Chenu (en febrero de 2023, en France Inter): "Personalmente, prefiero que se fabriquen trabajadores franceses a que se importen". 

La diputada de RN Bénédicte Auzanot fue aún más lejos en una entrevista concedida a la web Boulevard Voltaire: "Si no aumentamos nuestra natalidad, nuestro pueblo desaparecerá", dijo, imaginando, asustada, "una Francia en la que los bebés nacidos hoy serían minoría, en la que nuestro patrimonio civilizacional sólo estaría encarnado por un margen de la población cada vez más estrecho". 

Se trata de una alusión casi directa a la teoría de la conspiración racista de la "gran sustitución", el título de un libro de Renaud Camus en 2011. "La verdadera colonización es demográfica [...]. La concomitancia de una baja natalidad entre los franceses blancos con una alta tasa de natalidad entre negros y magrebíes está cambiando el país", escribió el ensayista. 

Diez años después, la revista Causeur llevaba a su portada una foto de bebés (blancos y racializados) con el titular: "¡Sonreid, sois los sustituidos!" y Éric Zemmour hizo de esta teoría de la conspiración uno de los pilares de su campaña presidencial. Marine Le Pen y la RN, en cambio, prefieren el eufemismo de "sumersión migratoria". 

En la extrema derecha, desde Charles Maurras en los años los años 30 hasta la RN, la defensa de la natalidad también se basa en una visión tradicional, incluso tradicionalista, de la familia, impregnada de la cultura cristiana. El descenso de la natalidad se percibe como una consecuencia de una ideología que, desde la Revolución Francesa, cuestiona el orden y la autoridad. También es el corolario de una visión de la mujer cuya misión principal es traer hijos al mundo. 

Esto explica, entre otras cosas, la hostilidad histórica de la extrema derecha hacia el acceso a la anticoncepción y al aborto, aunque Marine Le Pen ha hecho evolucionar a la RN en este punto, abandonando los ingresos para las madres que se quedan en casa, que durante mucho tiempo había formado parte del programa de su movimiento. 

Pero como explicaba Joëlle Brunerie-Kauffmann en un artículo de 1993, "la llegada de la anticoncepción y el aborto libre aborto dieron a las mujeres su libertad sexual [...]. Para la extrema derecha, esta libertad está en la raíz misma de todos los males que padece nuestra sociedad, el más graves de los cuales es el descenso de la natalidad". 

En 2015, el eurodiputado del Front National Dominique Martin defendía "el derecho de las mujeres a quedarse en casa". Según él, “eso tendría la ventaja de liberar puestos de trabajo, dar a nuestros hijos una mejor educación y haría nuestras calles más seguras porque no estarían merodeando por ellas y no estarían sometidos a las drogas". 

En un comunicado de prensa emitido el miércoles 17 de enero, el "aniversario de la promulgación de la ley Veil" (ley francesa que despenalizó el aborto en 1975, ndt), la Fundación de Mujeres "expresa su preocupación" por los comentarios realizados por el Presidente francés el día anterior: "Según los especialistas, el descenso de la natalidad sigue siendo relativo, así que no hay por qué preocuparse."

Al contrario, las políticas públicas deben permitir que las mujeres elijan tener hijos o no, y consagrar el derecho al aborto en la Constitución, garantizando el acceso a éste y a la anticoncepción, aplicando políticas ambiciosas de igualdad entre mujeres y hombres". 

Emmanuel Macron no ha dicho ni una palabra sobre eso. Pero, eso sí, ha tomado otro tótem de la extrema derecha, el eslogan de que "Francia siga siendo Francia", utilizado por los ultraderechistas Éric Ciotti y Éric Zemmour.

Traducción de Miguel López

Es evidente que España no está en condiciones de abordar una reforma de la Constitución ambiciosa si no se quiere poner el país patas arriba y arriesgar su actual configuración. El debate abriría la caja de los truenos sobre asuntos cruciales de nuestro ordenamiento, como son la Monarquía, el sistema electoral, los derechos fundamentales o la configuración centralista, federal o confederal del Estado.

Por eso hay por parte de los dos grandes partidos del Estado, que son los más prudentes al respecto, una forzada idealización de la Constitución y del proceso de su negociación y aprobación hace 45 años. Apelar a las indiscutibles bondades del texto, que ha funcionado relativamente bien durante medio siglo, minimizando sus pifias, es un acto de conjuro para evitar la posible descomposición de un sistema político que en realidad está cogido por los pelos.

La denominación de las personas con discapacidad como “disminuidos” es, junto a la preferencia del “varón” sobre la mujer en el acceso al trono, el ejemplo más notable de las anacronías contenidas en la Ley de leyes, pero hay otras muchas igual de graves y cuya discusión abriría un debate encendido y hoy por hoy imposible de canalizar en paz.

La N mayúscula de Nación para referirse a España y el sustantivo de “nacionalidades” para referirse a algunas regiones impediría que pudiera hablarse de cualquier nación que no fuera la española. España puede ser para muchos una nación de naciones, pero desde luego esa idea está descartada en la Constitución. Como lo está el uso aislado de las banderas autonómicas en los edificios públicos y en los actos oficiales. Se obliga expresamente a que la bandera española acompañe a la autonómica, un precepto que se incumple de manera sistemática en muchos territorios. De la Unión Europea y de su bandera, por supuesto, no hay una sola palabra. Tampoco ninguna referencia al escudo nacional.

La pena de muerte no queda abolida por completo, dejando su posible implantación a “las leyes militares en tiempos de guerra”. Aunque haya sido suprimido hace casi tres décadas, se hace mención del servicio militar obligatorio, de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria. Por cierto, corresponde al rey, “previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz”, lo que quiera que eso signifique hoy en día. De la inviolabilidad del rey a todos los efectos para qué vamos a hablar más. Las consecuencias ya las conocemos: el rey puede hacer básicamente lo que quiera que ante la Justicia española no es responsable de nada.

Aunque ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, un verdadero hito para aquellos tiempos, la Iglesia Católica es expresamente citada para exigir “relaciones de cooperación”, un precepto que hoy no tendría ningún sentido. En otro orden de cosas, a los diputados y diputadas se les conceden amplias vacaciones en teoría (la práctica es muy distinta), fijando sólo nueve meses de sesiones ordinarias, de febrero a junio y de septiembre a diciembre.

Podría considerarse también una anacronía, puesto que al aprobarse no se habían definido aún las comunidades autónomas, la elección de la provincia como circunscripción electoral, que tiene graves efectos sobre la representación electoral. Esa decisión, mucho más que la denostada fórmula D’Hondt, es la causa principal de la sobrerrepresentación de los ciudadanos de las provincias menos pobladas frente a los que viven en las de mayor población.

A este listado de asuntos más o menos extemporáneos, habría que añadir otros muchos que la historia de España y sus características actuales piden revisar. La elección del presidente del Gobierno podría simplificarse para evitar bloqueos por una minoría si en lugar de exigirse mayoría simple del Congreso tras la primera votación de investidura, en la que sí se admiten alianzas, se adoptara la decisión –como en los municipios o en algunas comunidades autónomas– de investir automáticamente al candidato de la fuerza política más votada en la segunda votación. El concierto fiscal con Euskadi y Navarra genera desigualdades y agravios que otras comunidades autónomas –particularmente Cataluña– lleva décadas cuestionando. El Senado se dice cámara de representación territorial, pero su sistema de formación, prácticamente mayoritario y dependiente sobre todo de los partidos políticos, hace de ella una mera cámara de segunda lectura casi irrelevante. Por ser un texto previo a la conciencia sobre la amenaza climática, al consenso feminista y a la era de la información, no se mencionan nuevos derechos de ciudadanía. El estilo de la redacción resulta para la lectora y el lector contemporáneos machista y anticuado, con referencias a las mujeres escasísimas y subsidiarias del papel del hombre.

Dan prueba de que la Constitución puede técnicamente reformarse con rapidez las dos modificaciones que ha sufrido en sus 45 años: el añadido en 1992 del sufragio pasivo para los extranjeros en elecciones municipales derivado del Tratado de Maastrich y la reforma del artículo 135 en 2011 para que, atendiendo a la exigencia de la Unión Europea, se incluyera la imposición de la estabilidad presupuestaria. Ambos retoques se tramitaron en tan solo un mes porque contaban con el acuerdo del PSOE y del PP.

Hay en definitiva un buen puñado de artículos en nuestra Constitución que podrían modificarse con rapidez y con consenso. Pero hay sin embargo otro conjunto cuyo debate enfrentaría a unos españoles con otros. Son estos últimos artículos los que alargan la vida de un texto que, siendo funcional y eficaz en términos generales, no responde como debe ser a las exigencias de un país que, como España, está a la vanguardia mundial en derechos y libertades. Para que la Constitución lo refleje, de momento habrá que esperar.

Un día festivo. Y, con suerte, un puente con el que despedirse definitivamente del buen tiempo. Ese es, en el mejor de los casos, el significado del 12 de octubre para la mayoría de los ciudadanos. Casi cuarenta años después de que el país dejase atrás la dictadura franquista, España sigue sin resolver la celebración de su identidad. Para la mayoría, la fiesta nacional pasa por completo desapercibida. La promoción de la bandera como símbolo, que el PP, Ciudadanos y Vox agitaron en los últimos años, siempre contra gobiernos socialistas, no ha pasado de los balcones a la calle.

Es un fenómeno, el de la escasísima sintonía de los españoles con una conmemoración en la que identificarse como tales, que contrasta con el arraigo y la participación social del que hacen gala cada año las jornadas festivas con las que todas y cada una de las comunidades autónomas celebran su singularidad. La España de la diversidad, especialmente los territorios con un carácter más marcado, prefiere sus propias celebraciones. En ellas el 12 de octubre simplemente no existe.

La asociación de la fiesta del 12 de octubre con las Fuerzas Armadas y a la monarquía no ayuda. El plato fuerte de la fiesta nacional sigue siendo desde hace años un desfile militar por las calles de Madrid en el que intervienen miles de militares y en el que tiene un protagonismo destacado la Legión. Un cortejo castrense que, además de ser el único gran acto oficial abierto al público, en los últimos años se ha convertido en cita obligada de ciudadanos afines a la extrema derecha cuya forma de celebrar su españolidad consiste en abuchear a las autoridades de izquierdas. 

El resto es una recepción oficial que tiene al rey como protagonista y a la que están invitados representantes de todos los sectores políticos, sociales y económicos, pero de la que no forman parte los ciudadanos del común que, como mucho, tienen acceso gratuito a todos los espacios que forman parte de Patrimonio Nacional (con la excepción del Palacio Real, que ese día sirve de escenario a la recepción protagonizada por Felipe VI).

La militarización de la fiesta se hace aún más evidente con el programa de actividades que cada año despliega el MInisterio de Defensa por toda España: puertas abiertas en algunos cuarteles, exhibición de armas, izados de bandera y conciertos de música militar.

La fiesta nacional sigue sin cuajar y, al mismo tiempo, no puede rivalizar con el compromiso de la población con la celebración de su identidad local en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Desde la conmemoración de la Diada de Cataluña, cada 11 de septiembre, al Día Nacional de Galicia —que es como se llama oficialmente— cada 25 de julio. Incluso el Aberri Eguna —el día de la patria vasca—, una fiesta del nacionalismo en la que cada año una buena parte de los vascos celebran su identidad. Cualquier de estas tres fechas cuenta con una participación social elevada, proporcionalmente muy superior a la que tiene lugar el 12 de octubre.

Las comunidades históricas, aquellas que desarrollaron instituciones y estatutos propias antes del franquismo, no son una excepción. Un buen ejemplo acaba de tener lugar en la Comunitat Valenciana, que cada 9 de octubre celebra su identidad. Ese día los valencianos conmemoran la conquista de la capital del antiguo Reino de Valencia por las tropas del rey Jaume I en 1238. Y lo hacen con celebraciones familiares, costumbres sociales muy arraigadas, actos oficiales al máximo nivel, como el que oprotagoniza el president con la entrega de distinciones en el Palau de la Generalitat. 

Es una fecha en la que también hay sitio para la reivindicación política, como la manifestación que cada año organiza la Comissió 9 d’Octubre, integrada por partidos y asociaciones nacionalistas y de izquierdas. Excactamente igual que en Galicia o en Cataluña.

El 12 de octubre, en cambio, no tiene ninguno de estos elementos. Lo más parecido a un acto popular es la instalación de gradas en el centro de Madrid para asistir al desfile militar. El Gobierno de España no tiene protagonismo alguno —no hay ni un discurso del presidente ni actividades que tengan como centro a la sociedad civil—. Todo gira en torno al ejército y el rey. Y eso es todo.

El contraste no puede ser mayor con las fiestas de cada comunidad autónoma, incluso en aquellas sin lengua propia, en las que a menudo se piensa cuando se habla en términos de identidad. Es el caso de Andalucía, por ejemplo, una tierra en la que el 12 de octubre no compite, ni de lejos, con el 28 de febrero, el día de la comunidad, en el que se conmemora el aniversario de la aprobación de su Estatuto de Autonomía. 

En este caso no hay manifestación política por las calles de Sevilla, pero sí el resto de los ingredientes que hacen de la fiesta una celebración participativa e identitaria: el solemne acto de entrega de medallas por parte del Gobierno autonómico y un ambiente de exaltación andalucista que incluye despliegue de banderas, actos en los colegios y un protagonismo muy especial del himno. 

La fiesta nacional no arraiga. Ni siquiera en Madrid, donde el 2 de mayo tiene un relieve mucho mayor. Y se desprestigia cada vez más, como efeméride, en los países de América, a medida que la revisión crítica del descubrimiento de América pone el foco en los indígenas y en lado oscuro de la colonización. Venezuela sustituyó en 2022 el “Día de la Raza” por el “Día de la Resistencia Indígena”, Bolivia celebra el “Día de la Descolonización” y Argentina ha adoptado el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. 

En Estados Unidos, el 12 de octubre ha sido tradicionalmente conocido como “Columbus Day”, el día de Colón, pero en las últimas décadas han crecido los partidarios de cambiar el enfoque de la celebración. Ciudades como Los Ángeles, Seattle, Phoenix y Denver, así como estados como Minnesota, Alaska, y Oregon, han reemplazado oficialmente el “Columbus Day” por el Día de los Pueblos Indígenas. Estados como California y Dakota del Sur celebran el Día de los Nativos Americanos.

La actividad empresarial rara vez se sitúa en el ojo del huracán de la discusión política. Pero en los últimos meses encontramos dos excepciones: el traslado a los Países Bajos de Ferrovial y la irrupción en Telefónica de Arabia Saudí. Los dos casos tienen en común la aparición de expresiones de preocupación por la pérdida de españolidad de la compañía. En el primero, las críticas –sobre todo desde la izquierda– se dirigían contra la empresa de Rafael del Pino por una supuesta falta de compromiso fiscal con el Estado para el que tanta obra pública ha hecho. En el segundo, las alertas sonaron –sobre todo desde la izquierda– ante la condición de máximo accionista de la estratégica teleco que adquiría una operadora tecnológica, STC Group, controlada por un fondo soberano en cuya cúspide está Mohammed bin Salam, príncipe heredero del régimen de los Saúd, principal sospechoso de ordenar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y líder político de una dictadura, Arabia Saudí, señalado por constantes vulneraciones de derechos humanos.

Sí, centrándonos en el caso de Telefónica, desde luego hay asuntos para el debate. infoLibre aborda con cuatro especialistas en economía global y política económica la principal cuestión que la operación Telefónica pone encima de la mesa: la posible necesidad de incrementar la protección frente al capital extranjero de las empresas estratégicas, especialmente si proviene de dictaduras. ¿Es factible? ¿Es deseable? ¿Existen herramientas para ello?

El caso de STC y Telefónica es sintomático de al menos dos problemas, según el análisis de Roy Cobby, profesor en el King's College y coautor de un informe-propuesta para revertir la desindustralización en España. Para empezar, que en el "juego empresarial" global España participa "con las manos atadas", porque Arabia Saudí sí puede entrar en una estratégica española, pero no al revés. Además, afirma, el episodio demuestra que "no tenemos estrategia clara de política industrial" ni "que se ocupe del problema financiero". "Los fondos son cada vez más importantes en la escena internacional. No sólo para obtener beneficio pasivo, colocando inversiones en empresas rentables, sino también para articular una dirección productiva", señala. "España tiene el ICO [Instituto de Crédito Oficial] pero carece de una banca pública como la KfW alemana, que tiene una importancia participación en el Deutsche Bank, o como otros bancos de desarrollo", afirma Cobby, que reclama "una visión de portfolio de los sectores estratégicos españoles" para actuar sobre ellos y ser capaz de provocar "cambios estructurales".

Cobby cree que es interesante "valorar" si es "conveniente" que Arabia Saudí acceda a la primacía en una compañía con "bancos de datos" del valor de los que atesora Telefónica, pero puntualiza que unas trabas ad hoc a su entrada en el capital de la compañía podrían generar "problemas" con aquel país, del que nadie ignora su capacidad para hacer daño económico.

En Cobby se da un enfoque que es común a todos los consultados: al margen del énfasis que pongan en la necesidad de apurar opciones para un posible veto a esta operación, coinciden en mostrar escepticismo sobre la posibilidad de que en este caso se acabe adoptando alguna medida en contra. Los deberes, coinciden, debieron hacerse antes, y la pérdida de músculo empresarial del Estado delimita unos márgenes estrechos.

Profesora en la Universidad de Sevilla, cuando Carolina Márquez imparte la asignatura de Economía Mundial, es decir, en su día a día en el aula, fenómenos como los analizados en este artículo son "el pan nuestro de cada día". Es partidaria de abordar las cuestiones "en lo profundo" y no "quedarse en la superficie", que es donde –a su juicio– se despliegan la mayoría de críticas a la operación. "Hay mucho postureo al hablar de aplicar ahora el escudo antiopas. ¿Alguien se lo cree? Dependemos energéticamente de Arabia Saudí, les vendemos armas, les compramos petróleo, grandes empresas españolas tienen intereses allí. Cualquier obstáculo sería un gran conflicto", señala, restando credibilidad a quienes amagan con tomar medidas para evitarlo.

Los hechos parecen dar la razón a la profesora Márquez. Tras una primera reacción de cautela, de advertencia sobre la necesidad de estudiar la operación sin descartar un veto por parte del Consejo de Ministros, las valoraciones del ala socialista del Gobierno acabaron inclinándose hacia el plácet, incluso con un punto de celebración. "¡Qué bien que existan inversores tan importantes como los fondos soberanos!", ha afirmado el ministro José Luis Escrivá, que ha aplaudido que el Public Investment Fund (PIF), controlado por la familia real saudí, "apueste por España". No es una valoración unánime en el Ejecutivo. Las ministras Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero rechazan la operación. La vicepresidenta de Trabajo en funciones incluso afirma que estudia cómo pararla. Desde los partidos, se ponen los más duros calificativos. Enrique Santiago (IU) llama a impedir que Telefónica pase a manos de una "dictadura feudal". Pablo Echenique (Podemos) habla de "teocracia asesina".

Márquez cree que el debate político está instalado en el plano "superficial". ¿Y dónde estaría "lo profundo" de la cuestión? En comprender, explica, que la "función del Estado" en España viene siendo "hacer más grandes a las grandes empresas" y que la irrupción de Arabia Saudí en Telefónica es coherente con la lógica de la política económica desde las privatizaciones. "Si a una empresa le conviene la entrada de un capital, como en este caso de Telefónica, pues se le permite", añade la profesora, que recuerda que el propio Estado hace negocios con Arabia Saudí.

De hecho, es literal: Navantia y SAMI, la compañía saudí de defensa, formaron en 2019 un sociedad conjunta, Sanni, que ha obtenido casi 50 millones de beneficio en dos años. Y Cofides, una entidad en cuya composición coinciden el Estado y los bancos Santander, BBVA y Sabadell, tiene acuerdos de coinversión con fondos soberanos de autocracias como Qatar y Emiratos Árabes. A juicio de Márquez, si la irrupción de Arabia Saudí en Telefónica desvela "el precio de su privatización", la colaboración con el reino del desierto tanto de empresas como del Estado por exigencias de los negocios revelan "la exclusión de las cuestiones éticas" de los debates sobre política economía, especialmente cuando afectan a los intereses de las empresas. "Ante cualquier objeción, la respuesta suele ser: 'Es que las empresas no son hermanitas de la caridad", afirma.

Quienes rechazan tan poderosa entrada de Arabia Saudí en Telefónica suelen invocar dos razones. La primera es que, por el carácter estratégico de la teleco –con acceso a ingentes cantidades de datos personales, relevante en la oferta cultural, con contratos con Defensa–, no debe tener como accionista mayoritario a un Estado extranjero. La segunda es que ese Estado tiene como forma de gobierno una monarquía absoluta represora, que persigue la homosexualidad, discrimina a la mujer, realiza ejecuciones colectivas, tiene prohibidos los partidos y los sindicatos y encarcela a discrepantes, como alerta Amnistía Internacional. Además, Arabia Saudí practica una geopolítica multipolar en la que, sin dejar de hacer negocios con Estados Unidos, se acerca a China e invierte junto a Rusia precisamente a través del PIF, el fondo tras la operación en Telefónica.

Los defensores, o quienes al menos evitan cuestionar la operación, suelen recurrir a la carta del realismo. Arabia Saudí –argumentan– cuenta con una ingente cantidad de fondos para invertir, obtenidos por la venta de petróleo, y es inevitable –e incluso positivo– que, dentro de las reglas de la libre circulación de capitales, quiera entrar en el accionariado de compañías del valor añadido de Telefónica. Además –continúan–, si de verdad hubiera riesgo, Defensa puede vetar la operación, al superar un 5% en una compañía con contratos militares.

Una fuente del sector financiero observa el debate generado con escepticismo y lo califica de "ruido pasajero". A su juicio, "las objeciones se ponen por cumplir, para la parroquia, porque cualquiera con un mínimo conocimiento del mundo de la empresa y la política internacional puede entender que, con el poder que tiene Arabia Saudí, no podemos [el Gobierno de España] parar su entrada en Telefónica". En cuanto a los argumentos a favor, añade, "se evita poner en la mesa las explicaciones más cínicas, que son las más reales", como que "si hay mucho dinero de por medio las democracias miran para otro lado, como ha pasado en [el Mundial de] Qatar", y que en realidad "nada de lo que ha pasado es tan nuevo" como puede parecer. "Qatar también es mayoritario en Iberdrola [tiene el 8,69% a través de un fondo soberano] también es estratégica y también trabaja con Defensa y en general muchas de las principales empresas españolas son cada vez menos españolas", concluye.

Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, cree que la irrupción saudí en Telefónica ha provocado una reacción "hipócrita", sobre todo de sectores liberales que no hicieron caso a las alertas de los riesgos de las privatizaciones de empresas estratégicas, tanto de esta compañía como de otras. "Fíjate, se dijo que había que privatizar Endesa porque no podía ser pública... y ahora la controla el Estado italiano", afirma, a título de ejemplo, para no limitar su análisis a Telefónica. Torres cree que lo fundamental es que que España carece de una arquitectura institucional capaz de evitar o corregir el liderazgo accionarial en empresas clave por parte de capitales extranjeros, incluso de regímenes dictatoriales. "Cuando llega un caso como este, todo son dificultades para actuar. Porque, si lo hicieras, se te podría acusar de discriminar a unas empresas respecto a otras", dice.

En el orden práctico, Torres es partidario de endurecer las normas y aplicarlas con rigor, no de enredarse en declaraciones sin consecuencias concretas ante los hechos consumados. Pero cree que hay además un problema teórico, ideológico, incluso ético, que dificulta la respuesta institucional. "Hacer negocio con dictaduras retrógradas –no es que haya dictaduras progresistas, pero sí las hay especialmente deleznables– es una manifestación de cinismo e incoherencia y de abandono de principios", señala el autor de títulos como Econofakes o Más difícil todavía, para quien en la izquierda, a la que atribuye la responsabilidad de introducir "ideas novedosas y principios rompedores" en la discusión política, existe una "falta de pensamiento crítico".

"Ideas como el 0,7% [para los países en desarrollo] o la tasa Tobin han salido de los movimientos sociales, no de los partidos, que están instalados en el más absoluto presentismo, en el día a día, ¡en el minuto a minuto!", afirma. Según Torres, esa falta de profundidad intelectual conduce a una incapacidad para armar una respuesta política y social firme ante casos como el de la irrupción saudí.

"Hay razones para estudiar, y en su caso impedir con todo el derecho, la entrada de Arabia Saudí en Telefónica. Es planteable", afirma José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la Complutense, que cree que el Gobierno se puede acoger a la normativa desarrollada para la protección de sectores estratégicos a raíz de la pandemia. Ahora bien, se muestra consciente de los obstáculos, para empezar el de ser percibido como un poder político arbitrario. Los gobiernos, no sólo el español, "se mueven sobre una cuerda floja", ya que necesitan inversiones al mismo tiempo que quieren conservar un cierto control de sectores estratégicos, por lo que surgen conflictos, explica. "Pasa como con la fiscalidad, sobre todo en los países en desarrollo: el afán de atraer inversiones descompone los sistemas fiscales y debilita la capacidad de los Estados", afirma. Más allá de la respuesta concreta en este caso, cree que es necesario el desarrollo de un "sector público empresarial verdaderamente fuerte", así como de un "banco de desarrollo que apoye inversiones estratégicas y que ahora debería centrarse en la transición ecológica".

"Más que una renacionalización, pienso en un mayor esfuerzo inversor público" con incidencia en el tejido empresarial, afirma el profesor, que ve "falta de herramientas" para ello. ¿La SEPI? Parte de una concepción "marginal" de la política industrial", con acciones "más paliativas que proactivas". ¿El ICO? "Habría que reforzarlo como banco oficial de desarrollo sostenible, con tareas de coordinación y de creación de mercados", en la línea del "Estado emprendedor" que propugna la economista Mariana Mazzucato. ¿Cofides? Es una "gestora de fondos públicos", con "buenas capacidades técnicas", y "cualquier reformulación deberá contar" con esta entidad, dice. Sí, hay un pero: es, dice, "un animal extraño, con un problema de definición", que tampoco actúa como banco de desarrollo.

Lo que Alonso rechaza de plano es el argumento de que no se puede limitar el acceso de capitales a empresas estratégicas, ni establecer límites a la penetración de dictaduras, por temor a represalias, a pérdida de capacidad de atracción de inversiones o a trabas para hacer negocio en los países afectados. "Lo más importante para atraer inversión es la calidad institucional. En cuanto a nuestras posiciones inversoras fuera, por ejemplo en Oriente Medio, debemos tener una visión más dinámica y confiar en las capacidad de nuestras empresas para encontrar mercados", explica el profesor, que cree que fenómenos como el covid han contribuido a romper el "consenso transversal" contrario a un sector público fuerte que inspiró las privatizaciones durante los gobiernos de Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP). Privatizaciones que, a su juicio, siguen desplegando efectos negativos. En el caso de Telefónica, más de 25 años después.

Toda España se divide en dos partes: la monolingüe y la bilingüe. ¡Qué suerte para los gallegos, vascos, catalanes (y valencianos  e isleños) recibir desde la infancia tal regalo! El castellano, un idioma universal, cada vez más estudiado y cotizado en el mundo entero, y la lengua y la cultura de la región histórica donde les ha tocado nacer. Siempre me ha fascinado, en mis visitas a Cataluña, cómo la gente alterna ambos idiomas sin pensárselo dos veces, sin apenas darse cuenta. Ahora bien, me parece de capital importancia no olvidar que, a excepción del euskera, todas las demás lenguas de la que fue Hispania, el portugués, por supuesto, incluido, derivan del latín. ¿Quién puede atreverse a decir que se trata de un “idioma muerto” cuando es más vivo que nunca, hablado, en sus formas actualizadas a ambos lados del Atlántico, por muchísimos millones de personas?  En nuestro sistema educativo el latín, por ende, debería ocupar un lugar descollante, lo cual no es el caso ahora. Y eso que sin Roma y su idioma España no sería en absoluto el país que es. Añado que, a mi juicio, en la enseñanza del latín no habría que empezar con los clásicos –esto podría venir después– sino con el latín vulgar que poco a poco se fue desarrollando y convirtiendo en las distintas versiones del romance que hoy se hablan. Saga fascinante.   

Si España es plurinacional, que lo es –además de tener en los genes una mezcla de sangres procedente de muchos siglos anteriores–, lo lógico sería que cada alumno monolingüe tuviera que estudiar, por lo menos mínimamente, otro idioma del Estado.  Según la Constitución de 1978, Título Preliminar, Artículo 3.3,  “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”  Hasta ahora no ha sido exactamente así,  desgraciadamente. ¿Cuántas personas hoy en Madrid, Granada, Valladolid o el resto de la España monolingüe leen una novela en catalán o gallego (idioma que, además, les abriría la puerta del portugués)? Sobre tales lecturas o falta de ellas no hay estadísticas. Leer a Rosalía de Castro o Álvaro Cunqueiro en su gallego original no debe constituir, para el castellanoparlante, una hazaña heroica. Al contrario. Además, tales buceos resultan ser una auténtica gozada, un enriquecimiento. En cuanto al catalán, la calidad de su literatura es enorme. Para mí, Josep Pla fue quien me puso íntimamente en contacto con el idioma escrito cuando trabajaba en mi biografía de Salvador Dalí, sobre todo su hermoso libro sobre Cadaqués.  

¿Y el Congreso?  La incorporación inmediata que se acaba de decidir de las lenguas cooficiales constituye, a mi modo de entender, una iniciativa de enorme calado. Si creemos de verdad en la España plurinacional y polifacética, nos debemos de sentir orgullosos de sus distintos idiomas y tradiciones culturales y sentirlos como algo nuestro. Y que estos idiomas se vayan a utilizar a partir de ahora en el Parlamento será, creo, un estímulo notable para que en todo el territorio se reflexione sobre la gran diversidad del país.  Veremos cómo funciona el sistema de traducción durante el debate parlamentario de la investidura que se nos aproxima a galope. Me imagino que se trata de una tarea complicada y que algún problema técnico puede haber.

La derecha actual está todo el día advirtiendo que Sánchez –a quien Cebrián, que lleva años atacándolo desde El País, acaba de calificar de “ágrafo”– está dispuesto a “romper” España con tal de seguir en la Moncloa. Es una difamación repelente. España no se va a romper. Me imagino que lo que quiere Sánchez es que siga otros cuatro años siendo un país progresista. El PP, con los acuerdos a que está llegando cada vez más con Vox, es el gran peligro. Ya están con la derogación de la Ley de la Memoria Democrática. Sabemos que nunca han estado dispuestos a reconocer la criminalidad de la dictadura de Franco y que les importa un bledo que sigan en cunetas y fosas comunes más de cien mil víctimas del régimen, lo cual es una vergüenza ante los ojos de Europa y del mundo. Si hay que pactar de alguna manera con Junts para conseguir la continuidad, pues que se pacte, con sensatez y el correspondiente seny por parte de estos. Por cierto, ¿leen los independentistas catalanes a Antonio Machado? Les vendrían bien sus reflexiones sobre la necesidad de diálogo y el río del tiempo que todo se lo lleva al mar. Un día tal vez habrá de nuevo República en España. Así lo espero. Y que sea Federal e Ibérica, o sea con Portugal incluido. Entretanto, que no tengamos otra vez en el poder a los neofranquistas disfrazados de liberales con el apoyo de quienes son abiertamente fascistas.

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Ian Gibson es hispanista, especialista en historia contemporánea española, biógrafo de García Lorca, Dalí, Buñuel y Machado. Su último libro, autobiográfico, lleva el título de 'Un carmen en Granada' (editado por Tusquets).      

Que las palabras pueden tener diversos significados es una realidad que demuestra la vivacidad del lenguaje. Pongamos un ejemplo simpático: Mártires del Compás tiene un tema titulado Historia de los bancos y los 20 duros que muestra la variedad significativa de una palabra, "banco", tan presente en nuestras vidas: pa querer, de atunes, de peces, en los parques y pa yo tenerte, también los hay por las esquinas que... nos chupan la sangre.

Desde la campaña electoral del 23 de julio una palabra ha tomado fuerza: "plurinacional". Una consulta al DRAE nos debería sacar de dudas: “De múltiples naciones". Pero, ¿cómo es posible que en España haya múltiples naciones? ¿Cómo se entiende que un Estado es plurinacional? Ya está montado el follón, dadas las diversas interpretaciones del término, algunas interesadas y otras basadas en la ignorancia.

Estas últimas salen de aquellos colectivos que, de modo fundamentalista, alertan de un supuesto peligro para la unidad de España. Patriotas de salón y bandera que utilizan el debate para seguir apostando por una nación única, conservadora, dictatorial y de regresión absoluta. Más aún nos preocupan las interpretaciones interesadas, porque manosean el sentido de la palabra, como cuando desde algunas naciones se utiliza lo plurinacional para enfrentar a "los históricos" frente a los del "café para todos".

En ocasiones lo plurinacional se quiere entender como un hecho exclusivamente derivado de la diversidad de lenguas oficiales. Sin duda, su uso en el Congreso aporta calidad democrática. Es más, llegamos tarde. Pero en ningún caso las identidades nacionales se pueden definir sólo por su uso. Hacerlo así sería de una parcialidad rayana en lo vulgar. Lo identitario tampoco puede establecerse por criterios étnicos. Creemos que una nación conforma su identidad con elementos sociales, culturales y políticos, aglutinados en torno a objetivos comunes que deben ser conquistados.

Mejor lo explica Carlos Arenas en este artículo: "Andalucía necesita salir del mainstream con un análisis que puede ser perturbador en esta coyuntura, pero que la redime del papel subordinado en el que la ha colocado el bucle nacionalista [...] en base a tres ideas-fuerza: Una) los 'nacionalismos históricos' no son tan históricos. Las propuestas de un Estado descentralizado federal son anteriores y Andalucía fue pionera y vanguardia de las mismas; Dos) más que plurinacional, España es, desde hace siglos, un Estado pluricapitalista, de manera que para definir los 'hechos diferenciales', se debe partir de esa realidad incontrovertible. Tres) lo identitario en Andalucía hay que entenderlo como el posicionamiento colectivo frente al atraso y la desigualdad, que fue lo que realmente se reivindicaba en diciembre de 1977".

Sea como sea, lo determinante en este proceso de profundización en lo plurinacional está en la forma de Estado. Y nuestra visión de futuro es un Estado federal. Este es un asunto aún más complejo, porque las posiciones mostradas por Urkullu a este respecto abogan por un Estado confederal, aunque sin nombrarlo. Cuando establece la bilateralidad como instrumento para avanzar en un Estado plurinacional, marca ese acento confederal; cuando otorga mayor peso a las comunidades históricas, además de olvidar a otras comunidades con peso histórico, como Andalucía, piensa en un Estado a varias velocidades, que no es precisamente el federal; y cuando remata la faena hablando de asimetría, pone por delante un elemento estructural del Estado confederal.

Queremos ser claros y transparentes: bienvenida la plurinacionalidad del Estado. Abogamos por ese reconocimiento, pero no es suficiente. Reivindicamos un Estado federal en la línea de lo expresado en nuestro documento reciente, que dice: "La superación de las tensiones territoriales puede venir del avance hacia un modelo federal que dé satisfacción a los diversos sentimientos plurinacionales, establezca autogobiernos efectivos y construya una institucionalidad en España y en la Unión Europea que, mediante la participación de las comunidades autónomas en sus decisiones estratégicas, haga realidad la convergencia económica y social".

Por ello, en este momento, y aprovechando la situación interna de Sumar, donde están representadas la mayoría de las nacionalidades del Estado, es preciso dar pasos en esa dirección. Porque con inteligencia, con generosidad, con alturas de miras se puede conseguir, por un lado, un Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar comprometido con ese horizonte; y, por otro lado, un avance histórico en el camino de una reforma federal del Estado. Puede incluso, como dice Manuel Cruz, que al PP le convenga ese federalismo.

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María José Torres y José Antonio Jiménez son coportavoces de Iniciativa del Pueblo Andaluz, partido que concurrió a las generales del 23J en la coalición Sumar.

Los resultados del 23 de julio han llevado a una multitud de interpretaciones, no sólo de los protagonistas del hecho, los partidos políticos y sus dirigentes, también de los opinantes, de un color u otro, e incluso, quiero creer, que los propios ciudadanos no dejan de tener cierta preocupación sobre cual será el futuro político español y hacen la suya propia.

Durante la campaña electoral se ha escuchado y leído lo pronunciado en el Hotel Palace de Madrid la noche del 6 junio de 1993 por el entonces Presidente del Gobierno, Felipe Gonzalez, que se presentaba a la reelección: "He entendido el mensaje de los ciudadanos: quieren el cambio del cambio".

Los meses siguientes dejaron a la luz que, o bien Felipe Gónzalez entendió un mensaje distinto al que los ciudadanos emitieron con su voto o que las circunstancias que fueron surgiendo durante los meses siguientes, ninguna de ellas de fácil solución, impidieron "cambiar el cambio”.

En definitiva, en democracia lo que finalmente cuenta son, primero los votos, y a continuación los escaños obtenidos que es lo que permite, bien en solitario o en coalición, formar gobierno. Los mensajes más o menos explícitos de los ciudadanos se quedan para los estrategas, analistas y para estudiosos de la demoscopia electoral. No obstante, mal vamos si los estrategas partidarios no se aplican en hacer análisis correctos, principalmente desapasionados, acertando en situar el resultado en su correspondiente contexto histórico.

Después de estos intensos días de miles combinaciones y posiciones tácticas para ver quién es la fuerza política que puede formar gobierno y cuál es la que finalmente lo hace y, sin duda, la durabilidad que puede tener ese gobierno, todo está en el aire.

Situaciones no iguales pero parecidas. En 1993, a una semana de la votación el partido socialista demoscópicamente tenía perdidas las elecciones. El PSOE en aquel momento era el partido mejor vertebrado territorialmente y con una militancia muy activa, pero también disponía de una de las mayores redes profesionales y personales de vinculación a un proyecto político, que con sus luces y sus sombras, con su posicionamiento crítico hacia el gobierno, consideraban suyo. “Me gustaría que gobernara Felipe González pero con mi voto en contra”, evidentemente, una gran mayoría tomó conciencia de que sólo el voto salvaba la situación. El PSOE perdió la mayoría absoluta necesitando los votos de nacionalistas vascos y catalanes para poder formar gobierno. Los populares desplegaron un furibundo ataque españolista contra el gobierno por buscar y encontrar el respaldo del PNV y CIU, origen de la actual Junts.

En las elecciones del 96 el PP superó en votos al PSOE, pero tampoco contaba con escaños suficientes para lograr la investidura, pudieron alcanzarla y formar gobierno con el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes. El grito de guerra que los militantes conservadores coreaban en la noche de la victoria electoral en la calle Génova fue: Pujol enano habla castellano. El apoyo del nacionalismo catalán, fue sin embargo el verdaderamente sustancial para que gobernara el PP. Se consiguió tras la firma del Pacto del Majestic que obligaba a una ampliación del marco de financiación y al traspaso de nuevas competencias a Cataluña, entre ellas la de policía de tráfico. No terminó en esto, en la parte no escrita el PP se vio obligado a sacrificar a su líder catalán Alejo Vidal-Quadras, que posteriormente ocuparía la presidencia de Vox. La necesidad de gobernar era imperiosa para los populares y especialmente para Aznar al tercer intento, todo valía, hasta descubrimos que su lengua de intimidad era el catalán. Aznar sí era un mago en hacer de la necesidad virtud, sin ponerse colorado.

Los remilgos no existen, los relatos patrióticos tampoco, pierden fuerza, cuando se trata de conseguir el gobierno. Ese es el mal que tienen los partidos políticos cuando el botín de gobernar va mucho más allá que el de llevar a los boletines oficiales las políticas que se predican. Es el reparto de puestos de trabajo donde la única experiencia que se pide es una fidelidad inquebrantable.

Ese ha sido el grave error de Feijóo, dejarse condicionar y perder su liderazgo ante las ansias de pillar cacho. No reparar en las consecuencias en conseguir gobiernos autonómicos y locales para los suyos. Error en el que ha perseverado hasta antes de ayer. La petición de una mayoría suficiente para poder gobernar sólo se ha evidenciado como burda excusa. Todo sacrificable, principios incluidos, a la prioridad de gobernar. En términos relativos ha tenido más efecto electoralmente su claudicación ante Vox y la imagen de debilidad de Feijóo, que su admonición de derogación del sanchismo. Sánchez, en este momento, es para muchos españoles un mal menor ante el riesgo de una involución de derechos y de propuestas vacías de contenido político.

El Partido Socialista ha tenido el gran mérito de frenar el manteo solicitado tanto por los reaccionarios y por los conservadores, como por medios de comunicación y opinadores de estas ideologías. Fue sorprendente diluir la derrota teniendo un candidato que parecía dar muestras de agotamiento, cierto noqueo tras las elecciones del 28 de mayo y sentir estar mayoritariamente ante un electorado, que para ellos incomprensiblemente, daba la espalda a reconocer la dura gestión realizada desde el inicio de la legislatura. El electorado socialista reaccionó, como en el 93, ello no significa que lo vuelva a hacer a corto plazo. Por tanto, cada paso ahora es hacerlo sobre un campo de minas.

Hemos podido ver, que nada va a ser gratis y todo será caro. Es el minuto de la política. Tampoco lo será para los populares, para estos se presenta más complicado poder formar gobierno. El regalo de los votos de VOX no va a ser gratis, no lo ha sido, valga Aragón como ejemplo.

Después de las manifestaciones mediáticas de voluntad llegará el juego real, teniendo como telón de fondo una repetición electoral. La cual, sea dicho de paso, tiene un resultado tan incierto como la estabilidad de un posible gobierno. Catalunya, Euskadi y elecciones europeas condicionan, marcan el territorio.

En todo caso, el Partido Socialista tiene una serie de bazas que van a ser determinantes. No puede pactar nada más allá de la línea roja constitucional, ni referéndum de derecho a decidir, ni amnistía, por tanto. Eso lo saben todos, los que lo piden y los que están dispuestos a lanzar todo su arsenal mediático contra ello a la primera de cambio. Los socialistas deberían saber que quien ha impedido su hundimiento ha sido el voto centrado, el que no quiere ruidos ni broncas. Lección que también deben de interiorizar el conglomerado que hoy es Sumar, o pasarán a la irrelevancia. Este país, España, es lo que es, no lo que algunos se cuentan que es.

Tan sólo cabe que la investidura, acto de la mayor relevancia política, se pacte en el entorno de lo posible y de manera muy transparente. La financiación autonómica estará en el centro, sin duda, entre otras cosas porque la pandemia ha puesto a la luz una reasignación de prioridades, el gasto sanitario y los gastos sociales, educativos y la investigación. Pero hace falta hablar de reasignaciones competenciales para lograr una mayor eficiencia del gasto público y habrá que ver con rigor el efecto de los fondos europeos sobre el modelo económico resultante… En fin, esto va mucho más lejos en su detalle, que el anteriormente citado Pacto del Majestic.

Lo esencial, y es mi opinión, que los que se han convertido en agentes determinantes de esta compleja ecuación con muchas incógnitas son conscientes o deberían serlo. Tanto las dos fuerzas catalanas (Junts y ERC) como las dos vascas (PNV y Bildu) saben que es más importante pactar lo necesario y no lo accesorio, lo útil del día a día y no visiones históricas que en un mundo como este de ahora mismo terminan por ser espejismo en el desierto.

Decía García Márquez sobre la relación entre Literatura e Ideología política que: “Dentro de un siglo Borges (derechas), Canetti (socialista) o García Márquez no serán recordados por sus ideas políticas, sino por sus obras”.  

No sé como irán de Historia y Literatura, o si tras ellos habrá estanterías vacías. 

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Álvaro Frutos Rosado es abogado y ex director de gestión de Crisis en la Presidencia del Gobierno.

El Congreso nacido de las elecciones del 23J tendrá apenas 28 diputados (el 8% de la Cámara) elegidos en candidaturas nacionalistas o regionalistas, una de las cifras más bajas de la democracia. 

Para buscar un número tan reducido de representantes de formaciones territoriales, incluyendo entre ellas desde partidos independentistas a formaciones autonomistas, hay que remontarse a las elecciones de 2008, las segundas que ganó José Luis Rodríguez Zapatero justo antes del estallido de la gran recesión. No obstante, en aquel momento el nacionalismo vasco estaba infrarrepresentado porque la izquierda abertzale no había podido presentarse a las elecciones como consecuencia de la ilegalización de los partidos que entonces apoyaban a la organización terrorista ETA. Eso dejó fuera del Congreso a una parte sustancial del ecosistema político vasco y contribuyó decisivamente a reducir la representación de las fuerzas de ámbito territorial.

Paradójicamente, las formaciones identitarias serán esta legislatura más decisivas que nunca para decidir quién ocupará la Moncloa y qué política llevará a cabo.

Gran parte de ese retroceso se explica mirando a Cataluña. El independentismo catalán tendrá esta legislatura 14 diputados (repartidos a partes iguales entre Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya), exactamente el 50% de los escaños de la España que vota nacionalismo o regionalismo. Es casi la mitad que en la legislatura que acaba de terminar, en la que Esquerra tenía 13 escaños, Junts cuatro, el PDeCAT otros cuatro y las CUP, dos. Hay que remontarse a 2008 para encontrar una cifra inferior en la representación nacionalista catalana en el Congreso (entonces Convergència i Unió había sumado 10 escaños y ERV, tres).

El empate a escaños entre ERC y Junts iguala la histórica batalla que mantienen ambas formaciones por la hegemonía del independentismo catalán. Los republicanos no consiguieron invertir la situación hasta 2015, después de décadas de absoluto dominio de Convergència i Unió, el antecedente de la actual Junts, que ahora reclama su espacio.

Una característica común a ambos casos, a las elecciones que se acaban de celebrar y a las que tuvieron lugar en 2008, es que el PSC obtuvo en Cataluña un resultado excepcional.

La representación estrictamente territorial del País Vasco y Navarra sumó el pasado domingo 11 escaños: seis de EH Bildu (cinco por Euskadi, uno por Navarra) y 5 del PNV (por Euskadi). Es la misma cifra que en 2019, pero invirtiendo los papeles, lo que dará aún más protagonismo a la izquierda abertzale en la pugna que mantienen las dos formaciones por asumir la defensa de los intereses de Euskadi en el Congreso en vísperas de las elecciones autonómicas que tendrán lugar el año que viene.

Solo una vez el nacionalismo vasco tuvo más representación en el Congreso. Ocurrió en el año 2011, las últimas elecciones que ganó el PP por mayoría absoluta con Mariano Rajoy a la cabeza, En aquella ocasión el PNV se anotó cinco escaños —las cifras del partido de Andoni Ortuzar siempre se han movido en una franja extraordinariamente estable de entre 5 y 7— por siete de Amaiur (la coalición que sirvió de antecedente a lo que hoy es EH Bildu).

El nuevo Congreso de los Diputados iniciará su andadura el próximo 17 de agosto y en él ya no estarán Foro, la formación asturianista nacida de una escisión del PP capitaneada por el exministro Francisco Álvarez-Cascos, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla, Nueva Canarias y el único representante que había en la Cámara de los partidos de la España Vaciada, Teruel Existe. 

La pérdida de representación directa de la también llamada España plural se compensa en parte con la presencia de algunos de ellos dentro de las listas de Sumar. Es el caso de Compromís, que a través de la coalición liderada por Yolanda Díaz tendrá dos escaños, de la Chunta Aragonesista (1) y de Més por Mallorca (1).

Seguirán en el Congreso, una legislatura más, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro (UPN), con un escaño cada uno. El partido foralista recupera en realidad su representación, perdida el año pasado después de que sus dos diputados se convirtieran en tránsfugas y acabaran fichando por el Partido Popular.

El BNG logró representación en la Cámara Baja el pasado domingo por segunda vez consecutiva después de cuatro años de sequía: se quedó fuera en las elecciones de 2015 y 2016 y en las de abril de 2019. Con todo, sigue aún lejos de recuperar los dos diputados que se adjudicó en su mejor momento en las elecciones de 1996, 2004, 2008 y 2011 y que llegaron a ser tres en la convocatoria de 2000.

Algunas formaciones regionalistas o nacionalistas que obtuvieron representación en el pasado, en ocasiones relativamente importantes, hace años que no consiguen apoyo suficiente para llegar al Congreso, Le pasó al Partido Andalucista, que en los primeros años de la transición llegó a tener cinco diputados, o al Partido Aragonés Regionalista (PAR), ausente de la Cámara Baja desde 1993. Otros, como la Unió Valenciana (UV), acabaron diluidos en el Partido Popular.

A diferencia de los espacios políticos más consolidados y estables, como el socialdemócrata o el conservador, la extrema derecha se transforma con suma facilidad. Aunque es usual que haya una organización de referencia, las ideas extremistas son capitalizadas por múltiples movimientos, en función de su sentido de la oportunidad, acierto y suerte. Ensayos como Extrema Derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla, del historiador Steven Forti, y Analizar el auge de la ultraderecha, de la socióloga Beatriz Acha, que realizan repasos internacionales del fenómeno, permiten extraer dos conclusiones. La primera es que cuando la extrema derecha rompe electoralmente en un país, casi siempre es para quedarse. La segunda es que en ese espacio, que en España ahora lidera Vox, suele haber mutaciones en tiempo de tribulación de la fuerza principal. Y Vox está en plena tribulación, agudizada tras su fracaso del pasado domingo.

¿Hay ya desafíos en marcha a Vox? La primera respuesta es que hoy no hay evidencias que inviten a pensar en una crisis de liderazgo o escisión relevante en Vox, ni tampoco en el surgimiento de un partido rival desafiante. En cambio, sí está ocurriendo algo distinto, el tiempo dirá hasta qué punto determinante: parte del discurso popularizado por Abascal y los suyos, especialmente en sus rasgos de esencialismo patriótico, demagogia y antipolítica, está siendo utilizado por grupos y creadores de opinión ajenos a Vox.

Se trata de un fenómeno en ciernes, que tiene una expresión en la "Junta Democrática de España", una plataforma que se declara ni de izquierdas ni de derechas, que combina la antipolítica radical con el dramatismo patriótico y que mete a Vox en el mismo saco que al resto de la "oligarquía". La iniciativa, que el domingo reunió a miles de personas en Madrid, cuenta ya con el respaldo de figuras de gran popularidad del antifeminismo y del asociacionismo profesional antes defendido por el partido de Abascal.

El desafío al partido alfa de la derecha nacionalista es frecuente en las democracias europeas. En Italia, por ejemplo, La Liga de Matteo Salvini ha acabado superada por Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, que tuvo la habilidad de presentar a los liguistas como profesionales de la política acomodados por su participación en el Gobierno de Mario Draghi. En Francia el Frente Nacional, hoy Agrupación Nacional, también se ha enfrentado a desafíos. Algunos muy sonados. A finales de los 90 Bruno Mégret, el número dos del patriarca, Jean-Marie Le Pen, consumó una escisión, Movimiento Nacional, que no logró desplazar al partido principal. Hoy el agitador xenófobo Éric Zemmour trata de disputar el espacio del radicalismo a Marine Le Pen, a la que acusa de haberse domesticado.

No hay dos casos iguales. En Austria fue Jörg Haider, el propio presidente del partido principal, FPÖ, quien montó la escisión, BZÖ. En Grecia, donde la justicia estableció que Amanecer Dorado era una organización criminal, su sucesor, Griegos por la Patria, ha sido excluido de las elecciones. Pero el espacio de la extrema derecha no está desierto. Al contrario, hay dos partidos: Solución Griega y Espartanos. En Dinamarca la extrema derecha también ha vivido una importante fragmentación. La lista de casos de fragmentación extremista es larga. No es la excepción, sino la regla.

El común denominador de las opciones B es que han detectado alguna debilidad o flanco desprotegido en el partido dominante. Podría ser el caso de Vox, que atraviesa dificultades desde las autonómicas andaluzas de 2022, cuando experimentó un fracaso de expectativas que acabó con uno de sus rostros estelares, Macarena Olona, abandonando el partido. ¿Puede ahora el fracaso del 23J agudizar un declive? ¿Puede acelerar la aparición de una alternativa? La respuesta de Adrián Juste, investigador del think tank sobre extrema derecha Al Descubierto, se podría dividir en tres: 1) El declive ya ha comenzado y será difícil pararlo. 2) El desafío de otras fuerzas también ha empezado y se agudizará. 3) A pesar de todo ello, es improbable que Vox pierda su sitio como fuerza principal del espacio, aunque con menos vigor.

Juste señala la salida de Olona como el punto de inflexión, pero no como el primer síntoma de su decadencia. El investigador recuerda que ya perdió en crisis locales más de la mitad de sus concejales conseguidos en 2019. Aunque el partido es especialista en tapar sus líos internos, Juste cree que todos los problemas de Vox se pueden recrudecer a partir de ahora. ¿Por qué? Cita múltiples motivos: su discurso ya no suena a nuevo, ha perdido la posición que le permitía hacer del Congreso su plataforma de propaganda, el acceso a gobiernos regionales y locales hace cada vez más difícil gestionar las contradicciones...

¿Significa todo eso que Vox es presa fácil para nuevos emprendedores políticos? No. Juste recuerda que los críticos con Abascal han montado ya seis partidos y que ninguno acredita logros reseñables: Túpatria, España Suma, Valores, Juntos por España, Libres y Caminando Juntos. Este último es el que más atención ha recibido, por la popularidad de su fundadora, Olona. Pero sus resultados el 23J han sido tristes: 5.482 papeletas en las diez provincias en las que se presentaba. Aunque en versión reducida, Juste cree que Vox sobrevivirá. Ahora bien, añade, dentro del partido veremos "más cuchillos" y su horizonte se presenta difícil. Juste no descarta la aparición de una "cara nueva" en la extrema derecha, o un acercamiento de líderes descontentos a las escisiones.

Tampoco el historiador Steven Forti ve a Vox condenado al declive. Su suerte dependerá, afirma, de por dónde discurra la política general –sus 52 diputados en 2019 llegaron tras las violentas protestas en Cataluña contra la sentencia por el procés, de modo que una agitación de la cuestión catalana podría revitalizarlo–, por cómo se comporte su principal competidor, el PP, y por los aciertos o desaciertos de su propia dirección. Es decir, la historia no está escrita. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos ante qué fenómenos empiezan a despuntar.

Suele ponerse énfasis en cómo Vox ha logrado hacer respetables para muchos ideas que antes se quedaban en circuitos marginales. Menos se incide en cómo organizaciones nuevas están utilizando las ideas y formas popularizadas por Vox, pero ya al margen de Abascal y los suyos. Parte del discurso capitalizado hasta ahora por Vox ya no es sólo de Vox. Se ha extendido, legitimado tras cinco años de incesante difusión en medios y redes sociales, y encuentra nuevos usos por parte de nuevos agentes, que lo mezclan con otros discursos al servicio de sus propias agendas. Un caso es la llamada "Junta Democrática de España". ¿Es un partido? No. En realidad, nace contra todos los partidos y ante las elecciones del pasado domingo hizo bandera de la abstención.

La organización está liderada por el abogado Rubén Gisbert (Valencia, 1990), que en 2020 impulsó esta plataforma sobre la tesis de que España no es una democracia porque no hay separación de poderes. Con casi 120.000 seguidores en Twitter y más de medio millón en Youtube, Gisbert ha conseguido apoyos significativos para su proyecto, especialmente en el terreno de los agitadores célebres de Internet. Respalda su iniciativa Romá Gallardo, con más de 1,85 millones de suscriptores en Youtube, entre cuyos contenidos destaca la ridiculización del feminismo, de las políticas "de género" y de la transexualidad.

Y no es el único influencer que apoya la Junta Democrática. También Aitor Guisasola (343.000 seguidores en Youtube) o Inocente Duke (218.000). Los contenidos de Gallardo, Guisasola –convencido de que el 23 de julio hubo un fraude electoral– o Inocente Durke –que concentra sus críticas y mofas en los líderes y políticas la izquierda– son los propios de toda esa galaxia de la nueva derecha expandida en las redes sociales, revestida de supuesta incorrección política y alineada en lo esencial con los principales planteamientos de Vox.

Pero lo cierto es que los tres apoyan a una plataforma que se declara contraria a todos los partidos, sin excluir a Vox. Otra figura que respalda a la Junta Democrática es Manuel Hernández, que cosechó gran repercusión el año pasado como presidente de la Plataforma Nacional, una organización de transportistas que montó un paro dirigido contra el Gobierno con el apoyo del partido de Santiago Abascal.

De modo que ya sabemos quiénes respaldan la plataforma. Veamos qué dicen. El pasado domingo a las 21.30 –sí, en pleno recuento electoral– la organización reunió junto al Congreso a lo que podría llegar a considerarse una multitud. Una buena parte del acto ofrecía lo que uno espera de un mitin de Vox, con sus vivas a España y a la Policía Nacional y con una retórica que tiraba de elementos clásicos del repertorio ultra. Se citaba al "pueblo indefenso" frente a las élites y los medios, objeto de abucheos. Se alertaba contra el "adoctrinamiento". Se exaltaba lo español y lo rural. Había mensajes contra Bildu y el acercamiento de presos de ETA. Totum revolutum. No es nada que haya inventado Vox, pero Vox lo ha convertido en moneda corriente.

Un camionero advertía de la amenaza de la "Agenda 2030" contra "nuestra forma de vida" en "el país más maravilloso del mundo". "Tenemos los mejores mares, las mejores tierras, el mejor cielo, y estamos siendo sustituidos por gente que va a pasar por delante de nuestras casas, como es Marruecos", decía, antes de alertar de la pretensión del Gobierno de "desertificar" el país "volando presas".

Santiago Armesilla, promotor de Vanguardia Española, una organización defensora de un "socialismo con características hispánicas", clamaba contra la "venta progresiva de la nación a intereses extranjeros", invitaba a los asistentes a trabajar para legar a las futuras generaciones la "gloria que es España" y cerraba con un "viva la hispanidad". Armesilla, con 146.000 seguidores en Youtube, se presenta como seguidor de Marx, pero lo une a Gisbert su "defensa de la unidad de la nación política española".

Las palabras más repetidas del acto son "libertad", "democracia" y "España". A los elementos que parecen sacados de un festival Viva de Vox se suman otros que suenan a cacerolada de Núñez de Balboa. Pero el encuentro tiene sus elementos distintivos, como son la defensa acérrima de la abstención –al menos por ahora–, la afirmación de que España no es una democracia –una y otra vez se cita para ello a Antonio García-Trevijano– y la extendida idea de que los allí presentes conocen "la verdad" en contraste con una mayoría que aún no ha sido sacudida por la revelación "¡He despertado!", dice un orador. El acto no llega a adentrarse en terrenos conspiracionistas.

Rubén Gisbert, que se reserva un cierre del acto de aire estelar, tiene por grito de guerra "libertad", coreado por sus seguidores una y otra vez. El objeto central de su crítica es un ellos identificado con los políticos en general. El Congreso, dice Gisbert, ha sido "usurpado" por los partidos y sus parlamentarios "a sueldo". "¡Esta es la primera piedra para que algún día ahí [dice señalando al Congreso] se siente quien nosotros queramos!", proclama. Quizás cuando se haya hecho mayoritaria lo que hoy llama su "pequeña alternativa". Gisbert lanza alguna crítica velada a Vox, al meter en el mismo saco "los sueldos de los CCOO, UGT o Solidaridad", el sindicato del partido de Abascal. Ahí no está "la alternativa", dice, sino en el "asociacionismo civil" de gente "valiente" que "jugándose la vida, se une por la causa de la libertad".

Junto a la diatriba antiestablishment, llega la exaltación patriótica. El orador expresa su deseo de "una España libre e independiente", vocalizando con detenimiento la palabra "España". Abre los brazos en cruz, compone un gesto emocionado. De repente, pasa a exaltar a los soldados españoles muertos "en los campos de batalla, tanto en España como fuera de ella", que "han vertido su sangre y han muerto por la defensa de España y de la libertad". "¡Por ellos, también estamos aquí!", se emociona. Y reivindica el orgullo de ser español. "¡No nos avergonzamos de ser españoles, ni siquiera tenemos que decir que no nos avergonzamos de ser españoles! ¡Somos españoles!", proclama.

Elogia al allí presente Pedro Baños, "un valiente, un patriota, un ejemplo de lo que debe ser un militar de España". Se trata del popular analista sobre geoestrategia y rostro habitual en Cuarto Milenio, el programa de Iker Jiménez. Gisbert proclama ante Baños y el resto de asistentes que quiere una España "donde los hermanos, los amigos, los familiares, los vecinos no se miren con recelo por si son de un partido un otro".

Gisbert, en declaraciones a infoLibre, niega que su movimiento tenga "signo político", porque sus "postulados" son "heterogéneos". "No hay tendencia ideológica clara, quien diga eso miente", afirma. Lo que tienen en común sus seguidores, afirma, es el uso de la "abstención masiva" como elemento "deslegitimador del sistema", una "oligarquía política" donde no hay control en caso de que la política "se corrompa o cometa una ilegalidad", "como hemos visto en los estados de alarma".

El abogado no cree que entre sus seguidores abunden los desencantados de Vox, porque "mucha gente" aún confía, a su juicio erróneamente, en el partido de Abascal. Y eso, afirma, "a pesar de que han pedido formar parte del Tribunal Constitucional, a pesar de que apoyaron el primer y el segundo estado de alarma –aunque luego presentaron el recurso de inconstitucionalidad–, a pesar de que dijeran que no al dinero público y ahora se financian en un 60% con dinero público, a pesar de que dijeron que no a las autonomías y ahora se reparten cargos".

¿Se plantea la Junta ser algún día una opción política en las urnas? –le pregunta infoLibre. Gisbert responde que no, que lo que quiere es poder "elegir". Mientras tanto, abstención electoral. Y no sólo eso: también, "si somos suficientes, abstención fiscal".

Los análisis recabados coinciden en que la Junta Democrática es más un fenómeno expresivo de la mutación de las formas e ideas popularizadas por Vox que una fuerza con proyección de futuro. Román Cuesta, investigador especializado en extrema derecha, sostiene que no hay margen para que un proyecto así "avance", por más que cuente con el apoyo de influencers populares. Juste (Al Descubierto) ve tanto en la Junta Democrática como en el Frente Obrero, un partido que ha superado los 45.000 votos extremando las propuestas antiinmigración, formas de aprovechamiento oportunista de la legitimación de las ideas de Vox, pero en ningún caso una amenaza a la posición de primacía de la formación de Abascal en ese espacio político.