Hoy es el día siguiente. El 12 de marzo. La fecha en que el presidente que se iba queriéndolo dejar todo atado y bien atado ordenó a sus ministros y hasta al cuerpo diplomático que mintieran al país entero sobre la autoría del atentado yihadista de la víspera. Todo el mundo sabía que era un engaño, una estrategia política en la que no había lugar para el drama, en la que el mensaje era que hay que ser pragmáticos cuando te juegas el poder y no detenerse en asuntos morales, hasta ahí podíamos llegar. La prensa internacional ya había publicado en las cabeceras más prestigiosas de medio mundo que las bombas las había colocado el islamismo radical y que era una venganza por la presencia de Aznar en la foto de las Azores. Quien era alcalde de Madrid en aquellos días, Alberto Ruiz-Gallardón, desveló este lunes que, la misma mañana de los atentados, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, le llamó para confirmarle “que no había sido ETA”. Hoy mismo, Aznar ha insistido en el bulo de que la cosa no estaba tan clara y quedaron cabos sueltos por investigar. La soberbia es un defecto contra el que no resulta fácil luchar.

Ruiz-Gallardón, después ministro de Justicia, ha explicado en La 1 de Radio Televisión Española que nunca quiso entrar en la teoría de la conspiración y que con cuestiones como esas “nunca" ha "hecho política”. Por desgracia, sus compañeros del PP sí la hicieron y los ciento noventa y dos muertos en la masacre de los trenes de Cercanías no fue lo más importante para ellos. Ni tampoco la devastación de los familiares de los damnificados. De Pilar Manjón, madre de un muchacho que falleció a consecuencia del crimen y presidenta de una de las asociaciones que surgieron de aquella catástrofe, se rieron a carcajadas los diputados conservadores cuando compareció en el Congreso. Un ministro dijo en voz alta, al cruzársela por la calle, “por esta puta y cuatro muertos de mierda hemos perdido las elecciones”. Y algunos medios la criticaron por haber ido a una entrevista bien peinada, “muy triste no estará cuando tiene ganas y tiempo de ir a la peluquería”, como si, aparte de la mezcla de maldad y estupidez que delata la frase, no supieran que en las propias cadenas te peinan y maquillan antes de entrar a plató. Algunas de esas personas sin alma y sin vergüenza siguen dando lecciones de todo a todo el mundo.

Aznar se seguía riendo años después, cuando le preguntaron sobre aquella tragedia, su foto con Bush y Blair y la campaña de intoxicación que montó su Gobierno, y su respuesta fue: "No tengo que pedir perdón por nada. Me siento especialmente orgulloso y no tengo nada de lo que arrepentirme”. Había mentido sobre el Prestige, sobre el Yak-42 y sobre la guerra de Irak y volvió a hacerlo sobre el 11M. Para chulo, él, porque le funciona: un gesto adusto, una mirada torva y un dedo acusador y lo mismo se presenta como el Cid Campeador de la lucha contra ETA que la llama Movimiento de Liberación Vasco. Lo mismo clama ahora contra la amnistía que aseguró entonces: “Sabré ser generoso si dejan las armas.” Como su sucesor Núñez Feijóo ahora, que avisa de que España se romperá porque el presidente Sánchez ha hecho lo mismo que le ofreció él a Puigdemont, aunque fuera “desde detrás”, otra vez. Es una manera de entender la política, al parecer, hereditaria. “Ningún documento afirmó la responsabilidad yihadista”, repite ayer mismo Aznar, y nadie le bajará de ese caballo negro. Lo que no puede ser, es imposible. Entonces, La Moncloa llamaba al CNI, como ha revelado su director en aquel tiempo, para conminarle a negar que la investigación ya hubiera abandonado la pista falsa de ETA. Hoy, desde la calle de Génova se guarda silencio sobre aquella gestión nefasta y cínica de los atentados. Y, sobre todo, inhumana. Qué buena oportunidad ha perdido Núñez Feijóo de no parecerse a sus antecesores.

El accidente del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles junto a doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso, llegará a las pantallas a través de una serie documental de tres capítulos en la que participan algunos de sus protagonistas, como el equipo turco que intervino en la investigación de la tragedia o familiares de los fallecidos, recoge Europa Press.

Cajones cerrados. Yak-42 es un proyecto de Womack Studios dirigido por Jorge Peña que se encuentra en su primera fase de rodaje en Turquía tras un proceso de más de diez años de investigación. "Me han conmovido profundamente sus historias y su heroica lucha para llevar a los responsables de la tragedia ante la justicia", reconoce el director.

Peña plantea la serie como un homenaje a los fallecidos y una manera de seguir generando debate sobre sus consecuencias, tanto en la polémica que provocaron las incorrectas identificaciones de los cuerpos como la cadena corrupción denunciada después en el proceso de alquiler de los aviones que transportaban a las tropas españolas.

Concebida como una serie de true crime, contará con los testimonios en exclusiva del equipo técnico especializado turco que estuvo implicado en la investigación del accidente, con protagonistas como el médico forense turco Omer Müslümano y la abogada turca de derechos humanos Belkis Baysal.

También intervendrán en el relato de la tragedia familiares de los fallecidos, políticos o juristas, cuyos testimonios más personales se irán entrelazando con elementos nuevos y otros más conocidos de la historia.

El pasado 26 de mayo se cumplieron 20 años del accidente del Yak-42, la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz. Los militares fallecidos regresaban a España después de cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán.

Dos décadas después del siniestro, todas las vías judiciales están ya cerradas y también las políticas, después de que el Ministerio de Defensa reconociera en 2017 (14 años después del siniestro) la responsabilidad de la Administración tras un informe del Consejo de Estado que determinaba que el accidente pudo haberse evitado si se hubieran tomado medidas.

La tragedia tuvo lugar el 26 de mayo en 2003 en Trabzon (Turquía). Se trataba de un avión Yakolev 42, de fabricación rusa y de compañía y tripulación ucraniana, subcontratado por el Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Federico Trillo, para el traslado de las tropas españolas.

El siniestro causó una gran conmoción en España, a lo que se sumó después el escándalo generado por las incorrectas identificaciones de los cadáveres. Esto derivó en la condena de tres militares por falsear la atribución de los restos mortales: el general Vicente Navarro (ya fallecido) y el comandante José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, indultados en el año 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Este proceso revivió en el año 2018 cuando Turquía informó al Ministerio de Defensa español del hallazgo de una extremidad de una posible víctima del Yak, que había sido enterrada en el cementerio turco de la ciudad de Macka tan solo dos meses después del accidente al no haber sido identificada. Esta extremidad, un fémur, no fue recuperable para su identificación; pero dio lugar a que Turquía informara de que había otros 23 tarros con muestras biológicas que permanecían desde el siniestro aéreo almacenados en el Instituto Anatómico Forense de Estambul.

Las muestras fueron enviadas a España y la Audiencia Nacional las puso a disposición de las familias de las víctimas para que, si así lo deseaban, las recogiesen y se hicieran cargo de ellas, ya que ya habían sido identificadas correctamente en Turquía.

Con él finalizó también todo el recorrido judicial del accidente, que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a instancias de las familias. Sin embargo, la justicia europea avaló el criterio del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional negando la posibilidad legal de reactivar la causa.

Durante todo este proceso los familiares de los fallecidos en el Yak-42 se unieron en torno a una asociación que se disolvió en el año 2017 tras el informe del Consejo de Estado apuntando la responsabilidad de la Administración. También la ministra de Defensa entonces, María Dolores de Cospedal, reconoció ante el Congreso la "responsabilidad patrimonial" de la Administración y dijo que hacerlo era "una obligación moral".

El 26 de mayo del año 2003 figura como una de las fechas más negras de la democracia española. Ese día, 62 militares españoles, a bordo de un avión que no cumplía las más básicas condiciones de seguridad, perdieron la vida al estrellarse el aparato en el que viajaban en Trabzon, Turquía. Unas muertes que quedaron marcadas en la historia de nuestro país no solo por ser víctimas del peor accidente aéreo sufrido por el Ejército del Aire en toda su existencia, sino también por la desgarradora sensación de que todo aquello se podría haber evitado. Si el entonces Ministerio de Defensa, dirigido por Federico Trillo, no hubiera cometido toda una serie de imprudencias y negligencias que después se demostrarían en el recorrido judicial del caso, probablemente, esa tragedia no habría sucedido. Ese avión fue un Yakolev 42, de fabricación rusa y de tripulación ucraniana, que fue subcontratado por el Gobierno sin ningún tipo de fiabilidad sobre su seguridad ni su capacidad para realizar el vuelo que trasladaba a los militares españoles.

De la tragedia se cumplen este viernes 20 años. Dos décadas donde se ha demostrado que el desinterés del Gobierno de Aznar por estos militares no terminó cuando el Yak-42 se estrelló. Sus familias, que a día de hoy siguen reclamando justicia, tuvieron que soportar, además del dolor de la pérdida de sus seres queridos, un constante maltrato, desatención y desamparo por parte de la administración del PP. Actualmente, tanto la vía judicial como política del accidente están cerradas, pero las familias siguen convencidas, pese a ello, de la gravedad de lo acaecido en ese infausto día de mayo del 2003. "Sabemos que estamos en posesión de la verdad, no de nuestra verdad, sino de la verdad, pero nos falta la justicia, que es lo que se nos ha negado desde el principio", afirma Francisco Cardona, cuyo hijo, el sargento Cardona, murió en el accidente.

Ese 26 de mayo, el abandono por parte de las autoridades españoles hizo que aquellos jóvenes (la tripulación tenía de media 34 años de edad) perdieran la vida de una forma que ninguno de ellos se imaginaba. "Ellos no querían morir de esa manera, yo creo que todos tenían asumido que iban a una misión de riesgo y podía haber un tiroteo, una explosión de una mina... pero morir de esa manera no. Sirviendo a esa bandera sí, pero morir de esa manera no", recuerda Cardona. 

Dos décadas después de la tragedia, las familias siguen recordando a los fallecidos y reclamando por su memoria. En el año 2017, recibieron uno de los pocos reconocimientos proporcionados por la administración después de estos 20 años con la publicación de un informe del Consejo de Estado. Este confirmaba algo que esas familias sabían desde el principio: el accidente se podía haber evitado. Lo conocían porque, antes de subir al fatídico Yak-42, muchos de sus seres queridos les contaban el verdadero miedo que sentían de montarse en el aparato. Algunos pedían que rezaran por ellos, otros, como el hijo de Cardona, relataba las negligentes condiciones en las que estaban los pilotos que luego iban a dirigir ese avión, consumiendo bebidas alcohólicas. Después de ese informe, el Ministerio de Defensa admitió su responsabilidad catorce años después de que se produjera la tragedia. Catorce años tarde.

Antes del 2017, las familias tuvieron que sufrir un interminable periplo judicial que Cardona define como "difícil" y que tenía como objetivo hacer justicia por sus seres queridos. Porque los tripulantes del Yak-42 no solo fueron abandonados por el gobierno en el momento de la escandalosa subcontrata y de la negligente gestión del traslado, también después de su fallecimiento al negar su responsabilidad y al realizar una paupérrima identificación de los cadáveres, a la que Cardona se refiere más bien como una "no identificación". La rápida repatriación de los cuerpos y las prisas para realizar, por parte de las autoridades, el funeral de estado a los fallecidos, hizo que no se pudieran llevar a cabo de forma correcta las autopsias ni las identificaciones, haciendo llegar a algunas familias restos incorrectos y con cuerpos incompletos. Los cadáveres tampoco contaban con la documentación necesaria para el traslado ni tampoco con el certificado de defunción. El caso llegó a la Audiencia Nacional, donde se demostró la negligente identificación de, al menos, 30 cuerpos de los militares después de mucha pelea por parte de las familias.

De ese juicio solo se derivaron tres condenas, al general Vicente Navarro, el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Sanz. El primero no entró en la cárcel por enfermedad y murió al poco tiempo y los otros dos fueron indultados por el Gobierno de Rajoy, no llegando así a entrar en la cárcel por un escándalo tan grave como este. Además, Federico Trillo, premió a varios de los responsables de la repatriación de los cuerpos, entre ellos al general Navarro, con ascensos y condecoraciones como la Gran Cruz Militar. El propio ministro sería luego nombrado como embajador de España en Londres.

Después de esa sentencia, las familias recibieron un nuevo varapalo cuando el actual ministro del Interior y, por entonces juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, decidió archivar la causa contra la cúpula militar del ministerio de Trillo al ver su responsabilidad en la tragedia como "irrelevante".

El asunto de la no identificación de los cuerpos no se terminó con el juicio, ya que en el año 2018, Turquía contactó con el Ministerio de Defensa de España para informar del hallazgo de una extremidad de una víctima del Yak-42 en el cementerio turco de la ciudad de Macka. Había sido inhumada allí tan solo dos meses después del accidente al no haberse podido identificar. Además, Turquía también informó de que existían 23 tarros con muestras biológicas que aún estaban almacenados en el Instituto Anatómico Forense de Estambul. Todas ellas fueron enviadas a España y puestas en manos de las familias, una vez ya habían sido identificadas por las autoridades turcas.

Durante todo el proceso también se descubrió, por ejemplo, que las cajas negras del Yak-42 estaban estropeadas, que ni el vuelo tenía seguro, ni todo el dinero había ido a la compañía aérea y que un piloto tenía la licencia de vuelo caducada. Todo ello sucedió bajo un intento constante de las autoridades militares y políticas de presionar y dificultar la investigación, tal y como denuncian las familias y también el sucesor de Trillo en el ministerio, el socialista José Bono.

Este 20º aniversario es para Francisco Cardona "una fecha de recuerdo sobre todo para los familiares. Igual para los autores de aquella tropelía les da igual, pero para quienes lo hemos sufrido no es lo mismo". "Yo creo que en mi caso y en el de mi mujer hemos aprendido a sufrir de otra manera diferente, en contra de nuestra voluntad", añade, aludiendo a su sensación después de estos 20 años.

El 14 de enero de 2022 se inauguró en el Parque del Oeste de Madrid un monumento que recuerda a los 62 militares españoles fallecidos. El acto contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Fue un pequeño gesto de reparación para unas familias que reclaman un mayor reconocimiento. "A mi me parece muy bien que se hagan 15 o 20 homenajes en Madrid a las victimas del terrorismo, pero todos son victimas del terrorismo. Hay algunas victimas de un terrorismo que nadie quiere admitir y que están olvidados por parte de la inmensa mayoría", reivindica Cardona, que reclama que su hijo y los otros 61 jóvenes murieron en un acto de terrorismo político.

A la pregunta de si la democracia española ha aprendido algo, 20 años después de la tragedia, el padre del sargento Cardona opina que depende a quién se pregunte. "Algunos han aprendido y otros se han callado y han metido la cabeza bajo tierra", concluye.

El 26 de mayo de 2003 está grabado a fuego en nuestros corazones. Paco y yo hablamos frecuentemente de esa fecha. Llevamos 20 años hablando de ese día en el que un avión llamado Yak-42 se estrelló en nuestras casas. En las casas de 62 familias que aquel día cambiaron para siempre. Se fueron militares, padres, hermanos, hijos, amigos y con su muerte todo se transformó, nada volvió a ser igual. Ni por dentro, ni por fuera.

Todo cambió para nosotros pero y ¿para España? Sí, para España. ¿Qué aprendió la democracia de aquel horrible suceso?

Paco, el padre del Sargento Cardona, se estremece y dice: “Yo cada vez tengo más claro que los 62 murieron en un acto de terrorismo político…”.

Y me quedo con esas palabras y me pregunto si eso es posible y busco la definición:

“El terrorismo político está enfocado en un tipo de violencia premeditada y con motivos políticos, perpetrada contra objetivos civiles por grupos subnacionales o agentes clandestinos, con la intención de influenciar a un público determinado.”

Y al leerlo concluyo que no. Pero lo hablamos más profundamente y puedo entender que después de 20 años Paco haya redefinido todo lo que nos pasó  y yo también llego a ver todo lo que ocurrió como “un acto de terrorismo político”.

Hay “violencia premeditada” cuando no se revisan contratos y no se hacen seguros a los pasajeros de un avión en misión internacional. 

Hay “violencia premeditada” cuando primero se ordena y luego se desactiva a la Guardia Civil para tomar muestras de ADN a las familias de las víctimas.

Hay "violencia premeditada” cuando no se ordenan identificaciones a forenses sino a médicos expertos en medicina aeroespacial.

Hay “violencia premeditada” cuando se engaña conscientemente a ciudadanos y ciudadanas entregándoles a un muerto que no es el suyo.

Hay “violencia premeditada” cuando un juez, que hoy es ministro, archiva causas alegando “ausencia de relevancia jurídico-penal en la actuación de los mandos militares acusados” o “de las posibles irregularidades en la contratación del avión”. 

Hay “violencia premeditada” cuando a pesar de los obstáculos las familias consiguen llegar a los juzgados civiles de Zaragoza y estos concluyen  que el vuelo del Yak-42 fue una negligencia. Reconocida  posteriormente por el Tribunal Supremo.

Y todo eso nos convirtió en “objetivos civiles”. No solo a las familias de las víctimas sino a toda España. Se nos engañó y 14 años después de la tragedia se reconoció públicamente “responsabilidad patrimonial de la Administración en la tragedia aérea.”

Y nunca más se pudo volver a hablar de accidente. Porque un accidente es inevitable… Pero esta tragedia se pudo evitar.

"Por motivos políticos” las familias hemos tenido que soportar con dolor: indultos, condecoraciones militares, destinos diplomáticos y ministeriales.

“Por motivos políticos” las familias hemos soportado mentiras y hemos sufrido con dolor el ascenso de personas que nunca deberían volver a ocupar cargos públicos. Porque todos esos nombramientos han sido legales, pero también indecentes.

¿Qué ha aprendido la democracia?

Paco y yo hemos aprendido que es sagrada, que en un país sin Democracia no hubiéramos podido decir libremente todo lo que hemos defendido, llegar a descubrir con ayuda de nuestros abogados que no hubo identificaciones, conseguir el reconocimiento de la Administración haciendo público que actuó mal.

Pero también sabemos que en un país donde tras 62 muertes se tiene la verdad pero no la justicia hay algo que seguir aprendiendo para que no se consienta esta forma de hacer terrorismo político. 

Por eso no debemos olvidar. Para que nuestra Democracia pueda seguir creciendo.

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Paco Cardona es padre del sargento Cardona y Curra Ripollés es hermana del comandante Ripollés.

El Juzgado Togado Militar Central número 1 ha acordado incoar diligencias previas –paso previo a decidir si abre una investigación– tras recibir una denuncia contra el juez de Zaragoza que en 2003 emitió las actas de defunción de los militares que fallecieron en el accidente del Yakovlev 42 (Yak-42).

En el auto de este tribunal, fechado el 9 de agosto y al que ha tenido acceso Europa Press, además de abrir esas diligencias se resuelve mandar oficio al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para conocer el estado de las actuaciones que siga sobre los mismos hechos. Además, le remitirá tanto la denuncia –formulada por un comandante de artillería en situación de retiro– como el informe del fiscal jurídico militar.

Cabe recordar que fue el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) cuando se estrelló un avión subcontratado por el Ministerio de Defensa –dirigido entonces por Federico Trillo– y en el que viajaban 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán. Los familiares de las víctimas denunciaron que el avión no reunía las condiciones de seguridad necesarias y hubo condenas por falsear identificaciones de un gran número de los fallecidos.

Ahora, este juzgado militar, tras recibir la denuncia, y una vez oído al Ministerio Público, abre estas diligencias, previas a un posible procedimiento judicial penal, para estudiar la participación del Juez Togado Militar número 32 de Zaragoza en la recepción de las víctimas del Yak-42.

Tal y como recoge el auto, el denunciante considera que ese juez colaboró, fuera de su demarcación, en un grave delito de falsificación de actas y emisión de informes falsos con fines delictivos. Y sostiene que los hechos pueden ser calificados de "un gravísimo delito de deslealtad y contra la eficacia de las Fuerzas Armadas y otros derivados de la intromisión de un juez militar en materia civil".

En la resolución se indica que el Ministerio Público, tras recibir la denuncia, precisó que eran necesarias diligencias previas antes de pronunciarse sobre el fondo de la denuncia dada la naturaleza de los hechos. Con esto busca comprobar el objeto y las circunstancias de la denuncia.

Los 62 militares españoles del Yak-42 ya tienen su homenaje en el madrileño Parque del Oeste casi 19 años después del accidente mortal en las montañas de Turquía cuando regresaban de una expedición de cuatro meses en Afganistán, según informa Europa Press.

Familiares de las víctimas han descubierto el homenaje arquitectónico en el Paseo de Camoens, obra de Diego Manuel Novo, hijo de uno de los militares fallecidos, donado altruistamente después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara en febrero de 2017, en la pasada legislatura por unanimidad y a partir de una proposición del socialista Antonio Miguel Carmona, dedicar un espacio a los caídos.

En el acto han estado presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la delegada de Cultura, Andrea Levy, y los portavoces de los grupos de la oposición, Rita Maestre (Más Madrid), Mar Espinar (PSOE), Javier Ortega Smith (Vox) y Marta Higueras (Recupera Madrid).

Las primeras palabras de Robles han sido para agradecer la entereza, firmeza y generosidad de los familiares, a quienes ha pedido "perdón" en distintas ocasiones "cuando no fueron bien tratados o fueron olvidados". Ellos han sabido hacer gala de su "solidaridad" dando una lección de "mirar al futuro".

La titular de Defensa ha definido como "héroes" a los 62 militares españoles que viajaban a bordo del Yak-42 representando lo mejor de las Fuerzas Armadas, "la solidaridad, la valentía, el compromiso". "Son un ejemplo y no han dado su vida en vano" porque han conseguido construir "un Afganistán mejor".

Eso le ha llevado a enlazar la misión de los fallecidos con la evacuación afgana el pasado agosto actuando los militares presentes con el recuerdo de sus compañeros desaparecidos. "No hay mayor generosidad que ir a un sitio lejano a dar la vida por otros", ha aseverado la ministra sobre estos "héroes que dan ejemplo".

Una joven de 18 años evacuada le trasladaba a la ministra precisamente su agradecimiento por el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas españolas. "Quería que les dijera a los familiares de los militares que ellos, con sus vidas en España, serán el mejor ejemplo de lo que supusieron", ha declarado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha glosado a "los 62 héroes muertos en la mayor tragedia militar española en tiempos de paz" para destacar, a renglón seguido, que el monumento en el Parque del Oeste es un tributo permanente a quienes dan incluso su vida por proteger la de los demás.

"En estos tiempos en los que se reclaman derechos, ellos siempre anteponen los deberes", ha subrayado el primer edil, después de asegurar que el monumento no es "el punto final para Madrid sino un jalón más de homenaje por su sacrificio", además de una muestra de cariño hacia sus familiares.

Almeida tampoco ha obviado el "calvario" por el que han pasado sus familias, tratados "injustamente", pero "gracias a su moral consiguieron el reconocimiento que merecían".

El monumento recuerda a los 62 militares españoles muertos en el accidente del Yak-42 en mayo de 2003, que costó la vida también a catorce profesionales de la tripulación ucraniana y bielorrusa. Ha sido inaugurado este 14 de enero cuando se cumplen exactamente 19 años desde que partieron de la base de Valladolid con destino a Kabul. El accidente se produjo en las montañas turcas cuando regresaban tras cuatro meses de misión en Afganistán.

Ha sido el autor de la obra e hijo de uno de los fallecidos quien ha destacado que el accidente dejó "más de 40 viudas y 60 huérfanos" como él. Los fallecidos "se fueron demasiado pronto": la media de edad era de 34 años.

El monumento está integrado por dos paredes de hormigón negro, cada una de ellas de 31 centímetros, de modo que al sumarlas da el número de 62, la cifra de militares fallecidos. "Cada centímetro representa a uno de ellos", ha explicado el autor.

Una de las paredes incluye el nombre de todos los fallecidos y un poema elaborado por una de las madres que perdió a su hijo, versos que ha querido leer la ministra, junto con la autora, una vez que ha terminado el acto.

El muro principal cuenta con 62 perforaciones, una por "cada hueco en el corazón que han dejado". Son de distinto tamaño en función del lugar de procedencia de cada militar. Los dos muros dan a una plaza abierta como símbolo de vida y esperanza.

Diecinueve años y cuatro meses. Las Fuerzas Armadas españolas nunca se habían enfrentado a una misión internacional tan larga y tan costosa, tanto en medios materiales –se estima que se invirtieron unos 3.500 millones de euros– como en vidas humanas. El lugar, Afganistán, un país que saltó a los titulares de todo el mundo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington y después de que su régimen talibán fuera señalado por el Gobierno de George W. Bush como el objetivo a batir para acabar con Al Qaeda. Semanas después de la caída de Kabul por la intervención estadounidense, comenzó el más grande despliegue para las tropas españolas, el cual –entonces no lo sabían– se iba a prolongar durante casi dos décadas.

"Hay un antes y un después de Afganistán" para las Fuerzas Armadas. Así lo asegura a infoLibre el teniente coronel Roberto Domínguez, quien estuvo desplegado en dos ocasiones en el país centroasiático. Hasta que llegaron los primeros militares españoles en enero de 2002 no había habido una misión igual: ni más exigente, ni más peligrosa, ni más compleja. Y es que la de Afganistán ha sido la misión que ha obligado a las Fuerzas Armadas a actualizar sus equipos, a instruirse en nuevas estrategias de combate, la que ha demandado labores de logística nunca vistas antes y gracias a lo cual se han aprendido infinidad de lecciones para un Ejército moderno. "Una misión completísima en la que las tropas españolas demostraron su capacidad para adaptarse y para cumplir su cometido", resume un veterano general en conversación con este periódico.

Pero la misión más difícil y más larga también ha supuesto un alto coste: 102 españoles, entre militares, guardias civiles y policías nacionales, se han dejado la vida en la misión, además de dos intérpretes afganos que trabajaban para las tropas. Imposible no recordar el accidente del avión Yak 42 en Turquía, en 2003, cuando regresaba del país centroasiático con 62 militares a bordo, y del helicóptero Cougar, que dejó 17 fallecidos en 2005. En 2015, un atentado contra la Embajada española en Kabul se saldó con la muerte de dos policías.

Más de 1.500 militares sobre el terreno

Cuando apenas acababa de quedar extinguido en España el servicio militar obligatorio, los primeros 350 militares españoles se desplegaron en Kabul el 24 de enero de 2002 en lo que entonces era la operación ISAF de la OTAN. Afganistán fue, por tanto, la primera misión para un Ejército español totalmente profesional. A partir de esa fecha, la presencia española fue creciendo tanto en número como en responsabilidad, asumiendo con el tiempo el mando de la base de Herat, en el oeste del país, donde se puso en marcha un hospital de campaña, o del equipo de reconstrucción provincial en Qala-i-Naw, en la provincia de Baghdis, donde las tropas estuvieron hasta septiembre de 2013. Entre medias, los contingentes españoles llegaron a superar los 1.500 efectivos en los peores momentos del conflicto, con militares de los Ejércitos de Tierra y del Aire y de la Armada.

Porque lo que vivieron los militares españoles fue eso, un conflicto, una guerra contra un nuevo enemigo, la insurgencia talibán, cuyos métodos no se parecían en nada a lo que se suele esperar de un ejército convencional. Las tropas españolas tenían la experiencia de Bosnia o Kosovo, pero Afganistán requirió una nueva preparación para enfrentarse en combate a una "guerrilla irregular", tal y como lo define el teniente coronel Domínguez, diferente a la "guerra convencional" que habían aprendido. "Hasta Afganistán no tuvimos ese contacto con el enemigo, como hacían los americanos", explica este militar, ahora responsable de comunicación de la Brigada 'Galicia' VII.

Como relataba el teniente general Miguel Martín Bernardi, actual segundo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, en un reciente artículo publicado en el diario ABC, "el liderazgo de los jefes de compañía, sección y pelotón en el mando de sus pequeñas unidades en combate se ha puesto a prueba como probablemente no se había hecho desde el conflicto del Sahara".

Los IED, la otra amenaza

El teniente coronel Domínguez ha participado en ocho misiones internacionales y aunque cada una tiene sus particularidades, reconoce que la de Afganistán ha sido la más peligrosa. Aparte de la insurgencia talibán, los primeros años de la presencia española pusieron de manifiesto otra amenaza más, los artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) que obligó a las Fuerzas Armadas a ir adaptando sus medios y capacidades cada poco tiempo de cara a la seguridad. Un artefacto como estos fue el que mató en febrero de 2007 a la soldado Idoia Rodríguez Buján, la primera mujer  militar fallecida en una misión internacional.

El trágico suceso trajo otra lección aprendida para las Fuerzas Armadas: los vehículos BMR que hasta ese momento se estaban utilizando fueron sustituidos por los RG 31 y los Lince, con un blindaje mayor para reforzar la protección de los militares. También se desplegaron en el país centroasiático vehículos Husky de detección de minas para asegurar el tránsito de los convoyes ante los IED. Cobró especial importancia el Centro de Excelencia contra IED de la OTAN situado en Hoyo de Manzanares (Madrid) para formar a los militares que se harían cargo de la detección y desactivación de minas.

"El riesgo era diario y eso se palpaba. La misión nos obligó a aplicar procedimientos a los que no estábamos acostumbrados. Nos obligó a actualizarnos, a adquirir material para protegernos. Fue un esfuerzo considerable y un gran cambio en la forma de trabajar", recuerda Domínguez. "Ante un escenario muy cambiante y en el que surgían constantemente desafíos nuevos, hubo que ir adaptándose y hacer una auténtica revolución de medios para enfrentarnos a la situación", apunta el general.

Nuevos aviones, nuevas rutas

Desde el punto de vista logístico, el reto de Afganistán también ha sido mayúsculo para las Fuerzas Armadas españolas. En Qala-i-Naw, levantaron una base militar de la nada y se desplegaron helicópteros, blindados, drones, material médico y todos los elementos necesarios para mantener desplegados a cientos de militares a la vez que, en su momento más álgido, fueron más de 1.500 al mismo tiempo. Para el transporte, jugaron un papel clave los Hércules, aviones de transporte táctico capaces de aterrizar en pistas cortas y de arena como la de Qala-i-Naw, pero que aun así se vieron algo sobrepasados por la complejidad y las necesidades de la misión. Esta capacidad de transporte se vio mejorada con los A400M, que han sido los aviones protagonistas del reciente repliegue de Kabul.

La distancia con Afganistán supuso otro desafío más. A más de ocho horas de vuelo desde España, los traslados de material y personal no estaban exentos de dificultad, sobre todo por la necesidad de atravesar el espacio aéreo de algunos países no especialmente amigos de la OTANamigos que exigían un planeamiento muy específico de las rutas y solicitud de autorizaciones que, en ocasiones, generaban ciertas demoras. Otra situación a la que España no se había enfrentado en las misiones militares en las que había participado anteriormente.

La retirada de Qala-i-Naw, en 2013, fue calificada por el Ministerio de Defensa que entonces dirigía Pedro Morenés como la operación logística más importante que habían realizado las Fuerzas Armadas españolas hasta ese momento y que sólo ese año costó unos 24 millones de euros. Primero, una ruta terrestre de 150 kilómetros hasta la base de Herat en un recorrido que llevó entre 12 y 24 horas a las tropas por las complejidades del terreno y la inseguridad en la zona por los mencionados IED y la presencia insurgente. Para este tramo, resultaron clave los helicópteros de ataque Tigre para proporcionar apoyo aéreo. Una vez en Herat, el material fue embalado y transportado por varías vías: mediante vuelos directos o utilizando distintas rutas a través de Pakitán, Georgia, Azerbaiyán o Emiratos Árabes.

La misión de las tropas españolas en Afganistán, como el de muchos otros países de la OTAN, era participar en la estabilización del país, pero también formar al que sería su nuevo Ejército tras la caída de los talibanes. Para ello, aparte de proporcionar seguridad y participar directamente en combates, las Fuerzas Armadas participaron en la construcción de hospitales, escuelas, pozos, canalizaciones y otro tipo de infraestructuras para el pueblo afgano en lugares tan remotos como Baghdis. "La sociedad española no conoce todo lo bueno que se hizo allí", explica el teniente coronel.

La misión se cumplió, dice Domínguez, quien opina que a las fuerzas afganas les ha faltado la "madurez" necesaria para encargarse solas de la seguridad de su país. Domínguez pasó más de seis meses entre 2010 y 2011 adiestrando a oficiales del Ejército afgano en Kabul y aunque les veía muy motivados, no terminaban de entender los procedimientos occidentales que trataban de inculcarles. Aun así, no puede evitar reconocerse sorprendido por lo rápido que ha caído Afganistán de nuevo en manos de los talibanes. En su opinión, el Ejército afgano estaba preparado para ofrecer más resistencia tras lo aprendido en estos casi veinte años de misiones de la OTAN, pero "tienen que poner más de su parte" porque las potencias occidentales no podían "quedarse allí permanentemente".

Cuando se habla de indultos, las opciones no son siempre rechazarlos o conmutar la totalidad de la condena de los solicitantes. La vía intermedia, y que se utiliza en muchos más casos de lo que parece, es el indulto parcial, que implica reducir en parte la condena, casi siempre con el efecto inmediato de que el reo en cuestión puede ya acceder al tercer grado y, por tanto, salir de la cárcel. La pena no se conmuta por completo, pero la rebaja puede implicar que pueda esperar en libertad lo que le resta de condena. Así ha ocurrido en el pasado con algunos de los indultos más polémicos, tan polémicos como lo está siendo el caso de los líderes independentistas catalanes condenados por el procés.

Así, por ejemplo, el exministro del Interior José Barrionuevo, su ex secretario de Estado Rafael Vera, el ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal, así como los militares condenados por las fraudulentas identificaciones de la mitad de las víctimas del accidente del Yak-42 fueron indultados parcialmente, una medida de gracia que, en cada caso, tuvo unas consecuencias directas y concretas. Los tres primeros pudieron salir de prisión con sus primeros permisos, donde sólo habían permanecido unos meses tras ser condenados, mientras que los mandos de las Fuerzas Armadas pudieron continuar con su carrera militar.

El indulto es una figura regulada en una ley que data de finales del siglo XIX. Los términos de su aplicación son bastante generales, pues no deja de ser una medida de gracia que corresponde al gobierno de turno, de ahí la controversia que genera en ciertos casos, sobre todo políticos que se han beneficiado de ella. Según la normativa, el indulto puede ser total o parcial y es este último caso el que queda a disposición del Consejo de Ministros para aplicarlo de la forma en que considere. En el último semestre de 2020 se concedieron 18 indultos, todos ellos parciales.

"Será indulto parcial la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas en que hubiese incurrido y no hubiese cumplido todavía el delincuente. Se reputará también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas al delincuente en otras menos graves", establece la ley. A partir de ahí, la decisión es del Gobierno, que será el que acuerde a quién y cómo se le aplica esta medida de gracia –hasta dónde llega el indulto, cuánta pena se conmuta e incluso qué delitos se perdonan–, siempre que el propio condenado o alguien lo haya solicitado en su lugar. La condición es que el penado esté cumpliendo ya sentencia firme.

En este último precepto, la sentencia firme, entran los doce condenados por el Tribunal Supremo en la causa del proceso independentista catalán. Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsellers Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó –estos tres últimos condenados por desobediencia y sin pena de cárcel–; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Todos llevan ya más de tres años en prisión –sumando la provisional y la efectiva–.

La Fiscalía ya se opuso al indulto y el Supremo, por ser el tribunal sentenciador, está a punto de emitir su informe. Según Europa Press, será previsiblemente a final de esta semana. Por anteriores decisiones con respecto a los políticos catalanes condenados, como fue negarles el tercer grado el pasado diciembre, todo hace pensar que no habrá sorpresas y que los magistrados harán un informe desfavorable a la medida de gracia. En dicha ocasión, subrayaron que el tercer grado en aquel momento, siendo la mayoría condenas altas que llegan hasta los trece años de cárcel, supondría "vaciar de contenido" la sentencia dictada en octubre de 2019. Sin embargo, ninguno de estos informes es vinculante para el Gobierno, que tiene la última palabra.

Reabierto el debate sobre los líderes del procés ante la inminencia del informe del Supremo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya va preparando el terreno para una decisión del Ejecutivo que se ve cada vez más próxima y ha pedido este lunes que el acuerdo final sobre la petición de indulto de los políticos catalanes se vea con "naturalidad", tanto si son favorables como si no lo son o si son "totales o parciales". "Se valorarán uno por uno las distintas circunstancias que concurren y elevaré la propuesta al Consejo de Ministros, ahí habrá un debate evidentemente y se verá la posición del Gobierno", ha remarcado, para insistir después en que la medida de gracia está prevista en nuestro ordenamiento jurídico.

Barrionuevo y Vera, indultados tras tres meses en la cárcel

Hay casos en los que se concede indulto total, pero en muchas ocasiones se opta por una medida parcial, esto es, conmutando alguna de las penas o reduciendo éstas, lo que en casos de pena de prisión puede llevar a una salida casi automática –el tribunal sentenciador ha de hacer el nuevo cálculo–, pues implica la posibilidad de acceder a permisos o incluso al tercer grado, en función del tiempo que el reo lleve en la cárcel. Es lo que ocurrió en indultos muy polémicos como el de la excúpula del Ministerio del Interior condenada por el secuestro de Segundo Marey, primera acción reivindicada por los GAL: el Gobierno de José María Aznar les perdonó en 1998 dos tercios de las penas impuestas a diez de los condenados, por lo que la administración penitenciaria los calificó en régimen abierto y empezaron a obtener permisos. Sólo llevaban tres meses en prisión.

Así, por ejemplo, en el decreto del Consejo de Ministros referido a José Barrionuevo, condenado a diez años de prisión por secuestro y malversación de fondos públicos, perdonaba al exministro "dos tercios de la pena privativa de libertad impuesta", así como la pena de inhabilitación absoluta de forma parcial, de modo que quedó privado definitivamente de "todos los honores, empleos y cargos públicos" que tuviera, aunque fueran "electivos", y fue "incapacitado para obtenerlos y para ser elegido durante el plazo determinado para tal pena, esto es, doce años. Eso sí, le permitía "ejercer el empleo o cargo a que por su carrera profesional pudiera tener derecho, aunque sea en cuerpos del Estado u otra entidad pública, excluyendo, en todo caso, el prestado al servicio o al mando de cualquier clase de cuerpo policial", a condición de que no volviera a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena". Para Rafael Vera, el Gobierno acordó exactamente lo mismo y en ambos casos el tribunal que les condenó, el Supremo, se mostró a favor.

Los condenados del Yak se libraron de ser expulsados

Un indulto parcial también se concedió a los altos mandos del Ejército condenados por los errores en las identificaciones de 30 de los 62 militares que viajaban a bordo del avión Yak-42 en su regreso de Afganistán. Los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García obtuvieron la medida de gracia en abril de 2012, ya con el Gobierno de Mariano Rajoy. Habían sido condenados por la Audiencia Nacional a 18 meses de cárcel, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros, y el indulto afectó únicamente a la pena de inhabilitación. No habían ingresado en prisión por ser la condena inferior a dos años y con la decisión del Ejecutivo se libraron de ser expulsados de las Fuerzas Armadas. En este caso, también la Fiscalía y el tribunal estuvieron de acuerdo con esta medida. No se sabe qué habría pasado con el general Vicente Navarro, a quien el exministro de Defensa Federico Trillo encargó la repatriación de los cadáveres del avión militar accidentado en Turquía, pues aunque fue condenado a tres años de cárcel, falleció en junio de 2010, antes de cumplir la pena.

Vistos estos antecedentes, en el caso de los líderes del procés cabrían igual distintas opciones, dado que es el Gobierno el que decide en última instancia, ya que el informe del Supremo es preceptivo, pero no vinculante. Puede haber desde un rechazo al indulto a un perdón total, pero también el indulto parcial. También depende de los delitos por los que fue condenado cada uno de ellos. Junqueras, Romeva, Bassa y Turull cumplen condena por sedición en concurso medial con un delito de malversación e inhabilitación absoluta los años de la pena. Según la ley de indultos, el perdón de la pena principal "llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a la vigilancia de la autoridad". Así, un indulto parcial del Gobierno respecto al delito de sedición podría llevar aparejada una considerable reducción de la pena para estos cuatro condenados, aunque también para el resto sentenciados sólo por sedición.

Por otro lado, también cabría la posibilidad del indulto parcial en lo que respecta a la malversación, dado que el informe de la Abogacía del Estado no se opone a la concesión de la medida de gracia, ya que basa su análisis exclusivamente en este delito, a pesar de que también acusó por sedición en el juicio. Según los servicios jurídicos del Estado, se ha determinado provisionalmente el dinero malversado, en 4,12 millones de euros, y esa cantidad “se encuentra garantizada a día de hoy”. No obstante, un posible indulto sólo respecto a este delito no afectaría a Forn, Rull, Cuixart y Sànchez, que sólo fueron condenados por sedición.

"A mí lo que me llama la atención es que hay mucha gente que ahora se envuelve en la bandera como patriotas, pero que el 26 de mayo de 2003, cuando murieron 62 militares españoles, nadie salió en su defensa". Esto es lo que piensa Francisco Cardona, padre del sargento Francisco Cardona Gil, una de las víctimas del accidente del Yak-42, sobre el chat de WhatsApp de la XIX promoción del Ejército del Aire desvelado esta misma semana por infoLibre. Su hijo fue uno de los 62 militares que fallecieron tras estrellarse la aeronave cerca del monte Pilav, a 24 kilómetros de Trebisonda en Turquía. Era el viaje de vuelta a España tras cuatro meses de misión en Afganistán y Kirguistán a bordo de un Yakolev-42, junto a 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso.

Preguntado por este chat, Cardona se muestra sorprendido por la ausencia de sus miembros hace 17 años para solidarizarse con las familias o pedir una investigación y que, en cambio, ahora planteen "fusilar a 26 millones de españoles, entre los cuales es probable que me encuentre yo". Se refiere al mensaje del general Francisco Beca en el que aseguraba que era partidario de "fusilar a 26 millones de hijos de puta". Tanto Beca como el coronel Andrés González Espinar, dos de los militares desde cuyos móviles ha confirmado infoLibre que se emitieron esos mensajes en el grupo de Whatsapp, se retiraron en 2007 y 2008, es decir, que aún estaban en activo cuando ocurrió el accidente del Yak-42 en mayo de 2003. Los otros dos, el coronel Ángel Díaz Rivera y el capitán José Molina, dejaron el Ejército a mediados de la década de los 70.

Francisco Beca también fue quien en el grupo llamó "hijo puta" al "coletas", en referencia al vicepresidente Pablo Iglesias, y "malnacido" al presidente Pedro Sánchez. Lo hizo en respuesta a otro miembro del chat que acababa de calificar de "inviable" un pronunciamiento militar en España. Cardona insiste en que igual que ahora presumen de ser "unos patriotas", que "se envuelven en la bandera nacional para cargarse a unos políticos elegidos libremente por el pueblo", podrían haberse pronunciado "cuando ocurrió la muerte de 62 militares españoles".

"Deberían haber salido a dar la cara entonces", reconoce en conversación telefónica con infoLibre. "Ningún militar dio la cara por los nuestros. Ni uno", afirma. Sin embargo, recuerda que hubo altos cargos del Ejército del Aire que dijeron que "si esos militares no querían subir en ese avión, que hubiesen vuelto por otros medios" o que "no era un viaje de novios a Cancún, a ver qué se creían ellos, ¿que iban a ir en business?".

Aunque matiza que aún quedan en el Ejército "ovejas negras del Yak-42", es optimista ante la reacción de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al hacerse público este chat. "Ha actuado de manera digna", explica Cardona, que es de su misma opinión al considerar que estos militares "ya no representan a nadie en estos momentos en el estamento militar". Robles pidió este jueves a la Fiscalía que estudie si las conversaciones en este chat de WhatsApp "fueran constitutivas de delito, cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo". "Se representan a sí mismos y hacen un flaco favor a las Fuerzas Armadas y al rey", aseguró la titular de la cartera de Defensa. "Quiero pensar, y creo que es así, que la educación, entre comillas, no es la misma ahora, ni hace quince años, ni la que había cuando estos resabiados estaban en el Ejército", explica Cardona.

17 años del Yak-42

Aunque el accidente del Yak-42 se produjo hace 17 años, la polémica aún sigue rodeando lo sucedido en Turquía. Las familias tuvieron que esperar hasta 2017 para que el Ministerio de Defensa reconociese la responsabilidad patrimonial de la Administración en lo sucedido. La resolución administrativa indicó que "han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente". Sin embargo, esto no significó el pago de nuevas indemnizaciones.

Un año después, en 2018, el Departamento de Defensa informó de que habían recibido de Turquía un fémur y 23 frascos con restos óseos que pertenecen a víctimas del accidente y que permanecían en el país sin identificar. Quedaba así respaldada una de las denuncias más repetidas durante estos años por los familiares: que la rapidez por devolver los restos provocó una cadena de errores. Se mostraba la falsedad de la carta enviada a los familiares de las víctimas en 2004 por Javier Jiménez-Ugarte, el número tres de Federico Trillo, en aquel momento ministro de Defensa, en la que les aseguró que podían estar "seguros de que todos los restos de sus seres queridos retornaron a España debidamente identificados por sus compañeros militares enviados al efecto para llevar a cabo tan delicada tarea". No obstante, admitía también que algunos restos habían sido enterrados en Turquía pero, según dijo, tan sólo eran "pequeñísimos restos" y "tejidos". Una afirmación que años después se confirmó como incierta. En enero de este mismo año, la jueza del caso puso finalmente a disposición de los familiares estos restos.

La magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha puesto a disposición de los familiares de víctimas del Yak-42 los restos que el pasado mes de diciembre fueron entregados por Turquía a las autoridades españolas, según han explicado a Europa Press varios implicados en el caso.

Se trata de los 23 tarros con muestras biológicas que permanecían desde el siniestro aéreo almacenados en el Instituto Anatómico Forense de Estambul y que fueron utilizados para labores de identificación tras el siniestro de 2003.

Los restos fueron trasladados a Madrid hace un mes para ser puestos a disposición de la jueza de la Audiencia Nacional. Una vez en España, los expertos del Instituto Toxicológico de Madrid han comprobado que las labores de identificación realizadas en Turquía habían sido correctas y, por tanto, no han sido necesarias nuevas pruebas.

Ahora, la jueza de la Audiencia Nacional se ha puesto en contacto con los abogados de los implicados para que, si así lo desean, recojan y se hagan cargo de los restos de sus familiares.

De hecho, algunas familias ya han completado este proceso mientras que otras aún no se han puesto en contacto con el juzgado para recoger las muestras. Según ha informado a los abogados, la jueza tiene previsto esperar un periodo de tiempo antes de ordenar la destrucción de los restos que no hayan sido recogidos por sus familiares.

Se trata de los últimos coletazos de la investigación, que quedará con esto cerrada más de 16 años después del accidente aéreo que costó la vida a 62 militares españoles cuando volvían de una misión en Afganistán.

Fémur no recuperable

Este proceso tuvo su inicio en mayo de 2018 cuando el Ministerio de Defensa español informó de que Turquía había comunicado el hallazgo de una extremidad de una posible víctima del Yak que había sido enterrada en el cementerio turco de la ciudad de Macka tan solo dos meses después del accidente al no haber sido identificada.

El Ministerio pidió entonces a la Audiencia Nacional que abriera un proceso de cooperación judicial con Turquía para verificar la existencia de ese resto y tratar de identificarlo.

Este proceso fue el que propició la aparición de los otros 23 frascos con muestras biológicas de víctimas que ahora serán entregados a sus familiares. Algunos familiares habían puesto además sus expectativas en los restos del fémur encontrado, que sin embargo no ha sido recuperable para su identificación.

Cuando era presidente del Gobierno, el conservador Mariano Rajoy prometió a las víctimas del Yak-42 "satisfacción moral y jurídica". De esa frase hace ya casi tres años, y del accidente más de 16, pero esa "satisfacción" todavía no ha llegado. Ni la moral ni la política. Así al menos lo entienden las víctimas, que este miércoles tuvieron que ver cómo el Ministerio de Defensa informaba de que las autoridades españolas recibirán de manos de Turquía un fémur y 23 frascos con restos óseos que presuntamente pertenecen a víctimas del accidente y que permanecían en el país sin identificar. Casi 17 años después. "Esa satisfacción no se ha producido. Ni la vamos a ver", lamenta Francisco Cardona, el padre de uno de los militares fallecidos en el accidente.

Los restos llegarán este viernes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde los recibirá la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre, el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, y el embajador turco en España, Cihad Erginay. Aterrizarán en Madrid en valija y serán vigilados por el agregado de Defensa de la Embajada de España en Ankara, el coronel César Gutiérrez de la Cámara, quien los entregará en el Instituto Anatómico Forense. Todo este proceso está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dirigido por la magistrada María Tardón, que está previsto que ordene la realización de pruebas de ADN para su identificación. "Quien quiera recoger los restos una vez identificados, lo hará. Yo, desde luego, sí lo haré", confirma. 

Rosario Benítez, viuda de uno del comandante José Antonio Fernández Martínez, denuncia, por su parte, que nadie les ha informado de que los restos llegarán este viernes. "Esto aumenta otra vez nuestro dolor. Es revivirlo", lamenta. Y denuncia, además, que tampoco tienen "ni idea" de qué se hará con esos restos. Y tendrían que ser "los primeros" en estar informados. "Ya está bien, estamos muy cansados", insiste.

Pero la historia de los restos que se repatriarán este viernes, no obstante, no es nueva. En mayo de 2018, el Ministerio de Defensa, dirigido entonces por la conservadora María Dolores de Cospedal, informó de que Turquía había comunicado el hallazgo de una pierna de una víctima que había sido enterrada en el cementerio turco de la ciudad de Macka. Pero, según Carmona, no había sido "ningún descubrimiento". Según explica a infoLibre, ese resto había sido enterrado en aquel país poco tiempo después de producirse el accidente porque no había podido ser identificado. "Pero si se hubieran hecho las pruebas de ADN ya sabríamos de quién es", se queja. "¿Yo podría pensar que es de mi hijo?", se pregunta. Por eso acoge la noticia de la repatriación de los restos "con esperanza". "Llevamos muchos años con esto a cuestas y ya nos toca descansar", dice. Es, añade, el principio del fin porque, tal y como explica, lo único que le "ocupa y preocupa" es poder repatriar los restos de su hijo.

Todo comenzó el 26 de mayo del año 2003. Después de cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán, 62 militares españoles emprendieron su viaje de vuelta. Lo hacían a bordo de un Yakolev-42 y junto a 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. Pero el avión tuvo un accidente en Turquía, cerca del monte Pilav. La rapidez para devolver los restos de los fallecidos a sus familiares provocó una cadena de errores que, a día de hoy, todavía perdura. Y eso que Javier Jiménez-Ugarte, el que era número tres de Federico Trillo en aquel momento, envió una carta a los familiares de los militares el 5 de febrero de 2004 en la que les aseguró que podían estar "seguros de que todos los restos de sus seres queridos retornaron a España debidamente identificados por sus compañeros militares enviados al efecto para llevar a cabo tan delicada tarea". No obstante, admitió también que algunos restos habían sido enterrados en Turquía pero, según dijo, tan sólo eran "pequeñísimos restos" y "tejidos". Una afirmación que, más de 16 años después, parece confirmarse como falsa.

La Administración, responsable por no haber ponderado el "riesgo"

Pero el problema no fueron sólo las prisas en la devolución de los restos a los familiares y los consiguientes fallos que eso produjo. El accidente, probablemente, se podría haber evitado. Según aseguró un informe del Consejo de Estado publicado en enero de 2017, el Ministerio de Defensa dirigido por Federico Trillo tenía conocimiento de los riesgos para la seguridad que suponían viajes como el que se iba a realizar. 

Según el documento, se reconocía la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente, aunque eso no fuera a tener consecuencias económicas para las familias de las 62 víctimas porque se consideró que las indemnizaciones suponían ya una reparación adecuada. "Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente", asegura el documento. "Dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

El texto, de este modo, coincidió con la justicia en que la causa del accidente del Yak-42 fue el agotamiento y el estrés de los pilotos tras 22 horas de vuelo, además del hecho de que no hubieran recibido formación para afrontar ese tipo de situaciones, lo que les llevó a desorientarse. Sin embargo, el Consejo de Estado también señala que los entonces responsables de Defensa tenían responsabilidad sobre las condiciones en que volaban los soldados. Pretender que el Estado podía desentenderse de su obligación de garantizar la seguridad de los militares y trasladarla a un tercero "no parece compatible" con la ley, concluye el informe.

El Ministerio de Defensa, por su parte, expresó la misma idea. El expediente administrativo de la institución, al que tuvo acceso infoLibre, asumió la responsabilidad patrimonial del Estado. "El transporte aéreo que se efectuaba y que finalizó en el trágico accidente no pertenecía a un ámbito ajeno a la actuación de la Administración", afirmó el documento. Por ello, el ministerio dirigido por María Dolores de Cospedal —que prometió a las víctimas un "cambio de criterio" a nivel gubernamental— reconoció, asimismo, que en base a la constatación de "hechos anteriores a la fecha del siniestro", la Administración habría podido "ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en el que se produjo el accidente".

"La gente está agotada"

Algunos de los familiares de las víctimas llevan años reclamando también una comisión de investigación parlamentaria para dirimir las responsabilidades políticas de lo ocurrido. Pero nunca se ha producido. Y por eso los familiares que la solicitaron han desistido en ese reclamo. "No se hizo justicia", dice Benítez, que recuerda que han intentado que se creara con "varios partidos", pero ninguno les ha escuchado. "La gente está agotada", admite. 

Y la investigación judicial que inició la Audiencia Nacional, por su parte, acabó archivada. Y lo hizo de manos, precisamente, del actual ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que no advirtió responsabilidad del Ministerio de Defensa en lo ocurrido. Por eso, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le puso al frente de ese departamento, la acogida no fue buena. Según confesó María Paz Fernández, viuda de otro comandante, a Europa Press, el nombramiento fue "perverso y descorazonador". 

Las autoridades españolas recibirán de manos de Turquía un fémur y 23 frascos con restos óseos que presuntamente pertenecen a víctimas del Yakolev-42 y que permanecían en el país sin identificar 16 años después del accidente que costó la vida a 62 militares españoles, según ha informado el Ministerio de Defensa y recoge Europa Press.

En mayo de 2018, el Departamento de Defensa español informó de que Turquía había comunicado el hallazgo de una pierna de una víctima del Yak que había sido enterrada en el cementerio turco de la ciudad de Macka tan solo dos meses después del accidente al no haber sido identificada.El Ministerio pidió entonces a la Audiencia Nacional que abriera un proceso de cooperación judicial con Turquía para verificar la existencia de ese resto y tratar de identificarlo.

Este proceso, en manos de la magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha propiciado la aparición de otros 23 frascos que presuntamente contienen también restos óseos de víctimas del Yak sin identificar. Estos botes permanecían desde el accidente almacenados en el Anatómico Forense de Estambul.

Este miércoles, el encargado del Gobierno español de Asuntos Administrativos y Consulares en Estambul, Fernando López de Castro, ha viajado a la ciudad de Trebisonda (Trabzon en turco) para asistir a la exhumación del fémur, realizada por las autoridades judiciales competentes turcas. Ahora está previsto que estos restos sean remitidos al Instituto Anatómico Forense de Estambul, donde permanecen también los tarros con restos humanos que fueron extraídos en su día con fines de identificación de ADN de las víctimas del accidente aéreo.

El Gobierno español ha acordado con las autoridades turcas que "en el más breve plazo posible" se proceda a la entrega oficial de todos estos restos a las autoridades consulares españolas con el fin de su repatriación a España.

Traslado a España en valija diplomática

La previsión es que el traslado se realice en valija diplomática para no romper la custodia judicial. El encargado de su traslado será el agregado de Defensa, aunque aún se desconoce cuándo será posible y cómo se realizará.

Una vez en España los restos serán sometidos a análisis de ADN. El Instituto Anatómico Forense recibirá el apoyo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para tratar de identificarlos y, por orden judicial, poder entregarlos a sus familiares para su entierro o cremación.

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Para muchos españoles este 26 de mayo es importante porque están convocados a participar en elecciones locales, autonómicas y europeas... Para 62 familias repartidas por toda la geografía española todos los 26 de mayo desde hace ya 16 años es una fecha sagrada.

El 26 de mayo de 2003 murieron 62 hombres: gallegos, andaluces, catalanes, madrileños, valencianos, canarios, aragoneses, asturianos... 62 hombres casados, solteros, padres, a punto de ser padres... 62 hombres de derechas, de centro, de izquierda, aún de nada...

Los 62 eran militares en misión internacional. Ninguna de las condiciones nombradas anteriormente les separaban. Ni siquiera importaban. Les unía una idea de paz (para muchos difícil de entender) y el deseo de hacer más democrático el país del que regresaban. Nada menos que Afganistán. Por esas ideas estaban dispuestos a dar sus vidas. Pero no las dieron. Se las quitaron.

¿Quién? Políticos... políticos civiles y militares que no vigilaron, que no cuidaron, que no fueron leales, ni siquiera patriotas.

¿Cómo? Abandonando lo más sagrado del mandato recibido: cuidar y velar por los ciudadanos.

¿Por qué? Unos por dinero, otros por mediocridad, los más, por incumplimiento de su deber.

Hoy, cientos de españoles y españolas serán elegidos para ocupar cargos públicos como responsables políticos.

Una política indigna, corrupta, invigilante es letal para la democracia, máxime cuando las herramientas creadas para defenderla no funcionan debidamente.

Dieciséis años después del vuelo ilegal del Yak-42, las familias sabemos la verdad, pero, aunque parezca mentira, también sabemos que no habrá Justicia.

¿Qué ocurre en España para que la democracia permita la impunidad de los responsables de semejante barbarie?

Llegados a este punto siento que la culpa no es de la madre... de la democracia. No, la culpa es de los hijos llamados a protegerla... los políticos. Los responsables que están obligados a cuidarnos a todos los españoles, sin importar su procedencia o tendencia. Porque desde el PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, Vox, Esquerra, Coalición Canaria, PNV.... desde cada sigla solo se deben a sus electores.

Olvidar a la madre-democracia en defensa exclusiva de la sigla es alta traición. Y en el caso del Yak, del Alvia, del Metro de València, del accidente de Spanair en Barajas fue homicidio por imprudencia.

Hoy todos los candidatos y candidatas llamados a ocupar escaños en ayuntamientos, autonomías, en Europa, antes los elegidos para el Congreso y el Senado... todos están llamados a curar, a reparar esas heridas inadmisibles causadas a la madre-democracia.

Es tiempo de reparar, de hablar, de proteger, de revisar. Hasta de cambiar aquello que hace peligrar la salud de la madre, de la democracia.

La defensa de una vivienda digna, de un empleo digno, de una educación digna, de un alimento digno, de una vida digna es para los ciudadanos y ciudadanas un derecho. Y para los representantes políticos y políticas que este 26M sean elegidos es un deber. Solo entendiéndolo así la madre-democracia podrá seguir viva.

Hoy, desde su memoria, apelo a que todos los electos y electas hagan POLÍTICA con mayúsculas. ________________

  Curra Ripollés, periodista, es hermana del comandante José Manuel Ripollés, fallecido el 26 de mayo de 2003 en la tragedia del Yak-42.

El ex ministro de Defensa y exdiputado del PP, Federico Trillo, ha asegurado este martes ante la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal de su partido que nunca cobró sobresueldos en dinero negro del PP y que no conoce "ningún tipo de caja" ni de cuentas paralelas en su organización. Trillo, que ha llegado a la reunión de la comisión de investigación acompañado de la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, ha indicado que sí percibió "retribuciones complementarias" o "complementos de sueldo" pero que fueron declarados a Hacienda.

Según su relato, dejó de cobrarlos cuando fue elegido diputado por primera vez en 1989, y los volvió a percibir, habiendo dejado ya el Gobierno, entre 2008 y 2012, cuando fue nombrado por Mariano Rajoy para ocuparse de coordinación de Derechos y Libertades Públicas del PP. El que fuera embajador de España en Londres también ha comentado que no ha tenido "nunca" responsabilidades financieras en el PP. "No conozco las cuentas ni ningún tipo de caja", ha aseverado, antes de añadir que le parece "normal" que los secretarios generales del partido hayan negado también conocer esas cuentas paralelas porque no era su función y que los órganos de dirección no cuestionaran la financiación porque era "visada" por el Tribunal de Cuentas.

Pago al defensor de Naseiro

Trillo se ha desvinculado de los supuestos pagos en negro en el PP cuando se le ha preguntado por una anotación del extesorero Luis Bárcenas, quien declaró que fue el exministro quien ordenó en 1990 el pago de un millón de pesetas a Manuel Cobo del Rosal, defensor del anterior tesorero Rosendo Naseiro. "Yo no sé qué es esa caja b. ¿Usted cree de verdad que si existiese una caja era como las huchas del Domund que estaban a las puertas del partido?", le ha preguntado al portavoz de ERC en la comisión, Gabriel Rufián.

Durante la comparecencia de Trillo ha salido a relucir la dimisión de María Dolores de Cospedal como secretaria general del PP a cuenta de unas grabaciones en la que le encargaba trabajos al excomisario José Manuel Villarejo. Trillo ha explicado en respuesta a la portavoz de Unidos Podemos, Noelia Vera, que no conocía esas conversaciones, los encargos, ni esas supuestas "estrategias" respecto al caso Gürtel, en el que él defendía al partido. Además, ha dejado caer que le parece "correcta" la decisión de Cospedal de dejar la política por esa cuestión.

Trillo también ha confesado que no tiene "ningún entusiasmo" por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Lo ha hecho cuando se le ha recordado que ésta unidad de investigación sostiene que recibió 36.000 euros después del accidente del Yak-42 y que con esa caja se pagó la defensa de algunos militares implicados. Tras calificar de "exceso" que se intente vincular la supuesta financiación ilegal del PP con el caso de aquella "tragedia" en la que murieron 62 militares españoles, Trillo ha indicado que no tiene "mal concepto" de la Policía Nacional, pero sí de "comisarios al frente de la UDEF". "No puedo aceptar que un comisario al frente de una investigación de la UDEF llame al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, para notificarle un auto de la Audiencia Nacional sin garantías de formalidad. Este tipo de personas no me gustan nada", ha remarcado.

'Gürtel' y Rubalcaba

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, le ha preguntado si, tras la sentencia sobre la primera etapa de la Gürtel del pasado mes de mayo, sigue sosteniendo que el caso fue "un montaje" del exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Tras sacar pecho de su "muy eficaz colaboración" con Rubalcaba que dio origen el Pacto Antiterrorista, Trillo ha puntualizado que sostuvo en su momento que la Gürtel fue una "operación" porque siempre "tuvo la impresión de que detrás de la incursión del caso Gürtel había otras cosas que luego se han confirmado con las cintas que se han conocido ahora". Se refería a las grabaciones en las que parecen Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón y la entonces fiscal y ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado. "Quizá ellos no podrían aclarar más sobre todo esto", ha apuntado.

Respecto a la sentencia de la Gürtel, el exministro ha recordado que a él no se lo cita "ni una sola vez" que no es firme y que, además, no incluye una "condena" a su partido. Por otra parte, Trillo ha negado que su nombramiento como embajador en Londres fuera un pago de Rajoy por los "servicios prestados" al PP y ha dicho que no podía saber a qué servicios se refería exactamente el expresidente del partido cuando se los

agradeció verbalmente pero sin entrar a "calificarlos". "Yo qué sé a qué se refiere un gallego cuando dice eso", ha soltado.

En otro momento ha negado "rotundamente" que favoreciera a determinadas constructoras como ACS y Dragados para que participaran en la reconstrucción de Irak tras la guerra en la que España colaboró como miembro del Pacto de las Azores. "No es mi caso, por ahí no me van a coger, lo intentaron pero lo vio todo el Tribunal de Cuentas y no favorecí a ninguna empresa", ha recalcado ante la portavoz de Unidos Podemos, Noelia Vera.

"Hay una cosa que está clara: nos engañaron entonces y nos engañan ahora". Son las duras palabras de uno de los miembros de la Asociación de Familiares de víctimas del Yak42, Francisco Cardona, padre del sargento Francisco Cardona Gil, uno de los 62 militares españoles que el 26 de mayo del año 2003 viajaba a bordo del avión. En conversación con este diario, no puede contener su indignación. Este lunes, el Ministerio de Defensa informó de que las autoridades turcas habían confirmado que una extremidad inferior de una de las víctimas fue enterrada en la ciudad de Macka, en Turquía, porque no pudo ser identificada.

La noticia saltó a la luz este lunes, pero Cardona ya lo sabía. Precisamente por eso, fue el responsable de que la institución dirigida por María Dolores de Cospedal se pusiera en contacto con las autoridades turcas para confirmar "la posible permanencia en suelo turco de restos mortales de las víctimas", según anunció el propio Ministerio en una nota de prensa. "Lo hice por una cosa muy sencilla, ni mi mujer ni yo conservamos ningún resto de mi hijo y sé que en Turquía hay restos biológicos de algunas de las víctimas", lamenta. Y no lo dice con desconocimiento. De hecho, Javier Jiménez-Ugarte, el que era número tres de Federico Trillo en Defensa en aquel momento, envió una carta a los familiares de los fallecidos asegurando que había constancia de que algunos restos habían sido enterrados en Turquía. Los definió entonces como "pequeñísimos restos" y "tejidos", pero no aclaró qué se hizo con ellos. Fue en el año 2004. "Entre esos restos había un fémur que los turcos enterraron en Macka. Y ahora nos dicen: 'No se pudo traer porque no se sabía de quién era'. Y yo me pregunto: ¿Y por qué no lo traen para hacerle las pruebas pertinentes de ADN?", critica Cardona. 

En enero de este año, se puso en contacto con Defensa y, en paralelo, con el Ministerio de Asuntos Exteriores. "Nadie me decía nada", critica. "Yo lo único que quería era un documento del Gobierno de España que me permita hacer las gestiones oportunas en Turquía para poder sacar los restos de mi hijo y traerlos aquí", cuenta. Está convencido de que los restos biológicos de su hijo continúan en Turquía porque ni él ni su mujer conservan ninguno.

Tras más de cinco meses sin respuesta, Cardona pidió una reunión con responsables del Ministerio. Y el encuentro tuvo lugar este lunes, "siete minutos antes" de que Defensa difundiera la información que había recibido supuestamente de las autoridades turcas. "Desde enero hubo muchas llamadas pero ninguna respuesta, hasta que el lunes nos reunimos en una dependencia del Ministerio, en Madrid", relata. Cuando Cardona y su mujer emprendieron el camino para llegar a tiempo a la reunión, fijada para las 12.00 horas del mediodía, recibieron una llamada. "Nos dijeron que la reunión sería a las 13.00 porque la persona que se reuniría con nosotros había recibido una llamada del Ministerio dándole instrucciones para el encuentro que iba a mantener con nosotros", recuerda.

Restos biológicos “destruidos”

"La sorpresa fue que a la media hora o tres cuartos de estar reunidos nos dijeron que acababan de recibir un documento de las autoridades turcas diciendo que los restos biológicos de los fallecidos y de los familiares que se fueron a hacer pruebas de ADN a Turquía hacía tiempo que habían sido destruidos. Esto es mentira", afirma con rotundidad Cardona. "Mentira", llega a repetir hasta tres veces. En ese momento, decidieron levantarse y salir de la reunión. En la sala, dejaron a la teniente coronel Begoña Arameindía, la directora de Apoyo al Personal de Defensa, al coronel Barco y a otro comandante. 

"A los pocos minutos de salir, el Ministerio lanzó una nota de prensa con esa información. Qué casualidad que la recibieran poco antes de la reunión que íbamos a tener", ironiza. 

La ministra, María Dolores de Cospedal, defendió este martes en el Congreso, ante la Comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP, la actuación de su Ministerio. Según su respuesta a preguntas del diputado de ERC Gabriel Rufián, Defensa puso en marcha el pasado mes de enero las gestiones con Turquía para averiguar si quedaba en el país algún resto orgánico de las víctimas. Las pesquisas, explicó, dieron como resultado que las autoridades del país comunicaran "hace poco tiempo" que habían encontrado una extremidad "que no sabían a quién pertenecía". Cospedal aseguró, además, que la información es "muy confusa", pero daba a entender que la extremidad había sido enterrada antes de la identificación de los cadáveres. 

Ante esta afirmación, Cardona solicitó el documento enviado por Turquía para poder acreditar que la información era cierta. Y que había sido recibida con fecha de este 28 de mayo. "Me dijeron que no me la podían dar, y yo les contesté que estaban poniendo en duda mi paternidad y la de mi mujer sobre ese resto que había sido encontrado allí", cuenta. "Ha sido una cortina de humo para pararnos. Ya nos mintieron en 2003, y nos están mintiendo ahora. Que se han destruido es mentira. Mientras no me lo demuestren, lo seguiré pensando", insiste. Según creen, ni el resto ha sido destruido ni la comunicación que confirma que continúa habiendo restos de militares españoles en Turquía fue recibida este lunes.

Volver a pasar por el “trauma” de las pruebas de ADN

Después de que Defensa informara de que las autoridades turcas les habían confirmado el hallazgo del resto biológico, este lunes 10 familiares de víctimas del Yak42 ajenas a la asociación volvieron a solicitar la creación de una comisión de investigación que depure las responsabilidades políticas en la tragedia. Además, denunciaron que, 15 años después del siniestro, se les soliciten pruebas de ADN para conocer a quién pertenecía ese resto biológico. "Ahora, tras comunicarlo a la prensa, nos llaman para solicitarnos pruebas de ADN 15 años después... ¿Esto es serio? ¿En qué país vivimos?", denunciaron a través de una nota de prensa. 

"¿Y si ese resto es de mi hijo? ¿Yo no puedo hacer las pruebas para saberlo?", reclama Cardona, que critica que las familias, tres lustros después, tengan que volver a pasar por el "trauma" de someterse a ese proceso. "¿Es normal?", se pregunta varias veces. "Esto es un machaque psicológico tremendo", aseguró Rosario Benítez, viuda del comandante José Antonio Fernández, este lunes a infoLibre. 

El problema, según relata Cardona, es que no se hicieran en su momento. Como aseguraron las autoridades turcas a Defensa –según el propio Ministerio– en su momento esa extremidad fue enterrada en Turquía porque no se sabía a quién pertenecía. "¿Pero por qué no lo trajeron y se hicieron las pruebas?", se pregunta. 

"Hicimos un esfuerzo desde el principio para identificar y recuperar todos los restos y se hicieron identificaciones y traslados de acuerdo a los parámetros españoles", dijo el entonces ministro Federico Trillo, a pesar de que su secretario de Defensa, Jiménez-Ugarte, reconoció que algunos restos de los fallecidos fueron enterrados en Turquía. Según explicó a El Periódico de Aragón en 2004, los restos, que no habían sido identificados, "fueron pocos". 

“Ojalá se pusieran en contacto conmigo”

"Ahora estoy intentando hablar con Defensa, pero nadie se pone al teléfono. Ojalá se pusieran en contacto conmigo. Ahora nadie quiere saber nada", lamenta Cardona. "Pero yo voy a insistir", asegura. 

La ministra Cospedal prometió hace más de un año un "cambio de criterio" del Gobierno sobre el accidente. Y el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, prometió a las víctimas que obtendrían "satisfacción moral y jurídica". Y, sin embargo, no ha llegado ninguna de las dos. Lo hicieron en una fecha muy concreta: pocos días después de que el Consejo de Estado reconociera la responsabilidad patrimonial del Estado en la tragedia.

"Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente", asegura el informe de la institución, que también explica que "pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

La ministra pidió perdón a los familiares de las víctimas "en nombre del Estado"perdón. Lo hizo "de corazón". Pero su promesa del cambio de criterio todavía no ha llegado, pues 15 años después las víctimas continúan denunciando el maltrato psicológico al que, aseguran, están siendo sometidas.

"Es sólo una más. Nos han hecho de todo, así que no nos extraña". Son las palabras de Rosario Benítez, viuda del comandante José Antonio Fernández, uno de los 62 militares españoles que el 26 de mayo del año 2003 viajaba a bordo del Yak-42. Este lunes, 15 años y dos días después del fatídico accidente, el Gobierno turco comunicó a España que una extremidad inferior de una de las víctimas fue enterrada en la ciudad de Macka, en Turquía, porque no pudo ser identificada. Ocurrió apenas dos meses después del accidente. 

"Ya lo sabíamos. Cuando viajaban familiares a Turquía después del accidente encontraron cuerpos humanos", denuncia Benítez en conversación con infoLibre. De hecho, Javier Jiménez-Ugarte, el que era número tres de Federico Trillo en Defensa en aquel momento, dijo que "había más restos que se habían enterrado en Turquía", recuerda. "Habrá que preguntarle a él, que sabe por qué ocurrió esto", lamenta. Como informó entonces El Periódico de Aragón, la intención de Ugarte fue entonces tranquilizar a los familiares asegurando que había constancia de que algunos restos habían sido enterrados en Turquía. Los definió entonces como "pequeñísimos restos" y "tejidos", pero no aclaró qué se hizo con ellos. Así lo expresó en una carta que dirigió a las familias el 5 de febrero del año 2004, donde dijo, además, que los familiares podían estar "seguros de que todos los restos de sus queridos deudos retornaron a España debidamente identificados por sus compañeros militares enviados al efecto para llevar a cabo tan delicada tarea".   

"Esto es el culmen a la película de terror que vivimos desde ese maldito 26 de mayo, cuando nos enteramos, también por la prensa, del fallecimiento de nuestros seres queridos", ha expresado un grupo de familiares de los fallecidos a través de un comunicado hecho público este mismo lunes. "Es un maltrato continuado desde el Gobierno de España, sin sensibilidad. Maltrato psicológico e institucional", añaden. E insisten, una vez más, en que se constituya una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para poder depurar responsabilidades políticas en lo ocurrido. "Por un bien democrático", aseguran. "Nos unimos a la petición política de una comisión de investigación en el Congreso. Queremos que PSOE, Podemos, Ciudadanos y el resto de la oposición la apoyen urgentemente", han expresado los familiares.

La noticia, además, se ha conocido después de que un familiar de una de las víctimas preguntara al Ministerio de Defensa, dirigido por la conservadora María Dolores de Cospedal, si podía garantizar que no quedaba ningún resto de los fallecidos en suelo turco. La institución, entonces, trasladó la consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, que respondió a la Embajada española en Ankara. Según las autoridades del país, se hizo sin ningún tipo de identificación. Pero además, por otro lado, y también a instancias de los familiares, el Gobierno español obtuvo la confirmación de que tanto las muestras orgánicas de las víctimas como las de los familiares utilizadas para su identificación fueron destruidas, tal y como determina la legislación de aquel país. Por ello, Defensa ha recurrido ahora a la Audiencia Nacional para tratar de verificar si el resto enterrado en julio de 2003 puede ser localizado y adoptar, así, las medidas oportunas de identificación.

"Ahora, tras comunicarlo a la prensa, nos llaman para solicitarnos pruebas de ADN 15 años después... ¿Esto es serio? ¿En qué país vivimos?", critican los familiares. "Esto es un machaque psicológico tremendo", insiste Benítez. 

Después de que el Consejo de Estado responsabilizara a Defensa

Las familias insisten de nuevo en la necesidad de que se constituya una comisión de investigación parlamentaria para poder terminar su "duelo". Y lo hacen más de un año después de que el Consejo de Estado señalara en un informe que el Ministerio de Defensa, dirigido entonces por el conservador Federico Trillo, tenía conocimiento de los riesgos para la seguridad que suponían viajes como el del Yak-42. 

Según el texto del Consejo de Estado, se reconoce la responsabilidad patrimonial de Estado en el accidente del Yak-42, aunque no tendrá consecuencias económicas para las familias de las 62 víctimas, al considerar que las indemnizaciones suponen ya una reparación adecuada. "Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente", asegura el documento que también explica que "dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

Pocos días después, María Dolores de Cospedal prometía un "cambio de criterio" del Gobierno sobre el accidente. Y el propio presidente del Gobierno, MarianoRajoy, prometió a las víctimas hace más de un año que obtendrían "satisfacción moral y jurídica". Y, sin embargo, no ha llegado ninguna de las dos. "Nos lo dijeron en 2017, y seguimos esperando", denuncia María Paz Fernández, viuda del comandante José Manuel Ripollés. "Esperamos que con la ayuda de los grupos parlamentarios salga adelante nuestra esperada iniciativa", proclama. "Es el momento", insiste Fernández. "No sabemos la verdad, sólo queremos a los responsables de su muerte", coincide Benítez.

El Gobierno turco comunicó este lunes a España que una extremidad inferior de una de las víctimas del accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, fue enterrada en el cementerio turco de la ciudad de Macka apenas dos meses después porque no pudo ser identificada, informó Europa Press.

Así lo anunció este lunes el Ministerio de Defensa que, ahora, pidió a la Audiencia Nacional que abra un proceso de cooperación judicial con Turquía para verificar la existencia de este resto y tratar de identificarlo. Junto a los 62 militares españoles, en el accidente fallecieron 12 tripulantes ucranianos y un bielorruso.

El Departamento que dirige María Dolores de Cospedal, que asegura que en sus archivos no hay constancia documental alguna de este hecho, está informando ahora de este hecho a las familias de las víctimas del accidente.

Esta nueva información se conoció porque un familiar preguntó a Defensa si podía garantizar que no quedaba ningún resto de los fallecidos en suelo turco. Entonces, Defensa planteó la consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía.

Su respuesta, recibida en la Embajada española en Ankara, fue que una extremidad inferior, cuya identificación no pudo determinarse en su momento, fue enterrada el 24 de julio de 2003 en el cementerio de Macka, en la provincia de Trebisonda (noreste) donde tuvo lugar en accidente.

Por eso, ahora Defensa recurrió a la Audiencia Nacional para tratar de verificar si el resto enterrado en 2003 puede ser localizado a día de hoy, para adoptar en su caso las medidas oportunas de identificación.

También a instancias del mismo familiar, el Gobierno español obtuvo confirmación de las autoridades turcas de que tanto las muestras orgánicas de las víctimas como las de los familiares utilizadas para su identificación fueron destruidas, tal y como determina la legislación de aquel país.

Cospedal pidió "perdón en nombre del Estado"

Defensa anunció este hallazgo dos días después del 15 aniversario del accidente. En enero de 2017 María Dolores de Cospedal pidió perdón a los familiares de las víctimas "en nombre del Estado por no haber reconocido su responsabilidad".

Lo hizo tras un informe del Consejo de Estado que hablaba de "responsabilidad patrimonial" del Estado y apuntaba que el Ministerio de Defensa de entonces (dirigido por Federico Trillo-Figueroa) no hizo lo necesario para garantizar la seguridad de las tropas.

La Asociación de Familias de Víctimas del Yak-42 se disolvió en 2017 pero el que fuera su último presidente, Miguel Ángel Sencianes, lamentó que en 2018 no se haya hecho un homenaje oficial.

Familiares de las víctimas del Yak-42 han conmemorado este sábado los quince años de la tragedia aérea y han asegurado estar "satisfechos" por el trabajo que han realizado durante estos años para conseguir justicia y por todo lo que han luchado, informa Europa Press.

Este año, los familiares de los 62 militares fallecidos en la tragedia del Yak, el 26 de mayo de 2003, no han realizado un acto oficial, ya que la Asociación de Víctimas se disolvió al haber agotado todas las vías judiciales, pero sí que han seguido homenajeando a sus parientes en el monumento que los recuerda en el paseo de la Constitución de Zaragoza. La efeméride ha coincidido con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Logroño.

El último presidente de la citada Asociación de Familias de Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, ha recordado que, aunque se ha disuelto la asociación, todavía no han aparecido los contratos del Yak, por lo que si la documentación viese la luz ellos continuarían trabajando y luchando por sus parientes.

"Nuestro compromiso con nuestros familiares no ha desaparecido, aunque nuestra estructura de reuniones de trabajo no tenía más recorrido". Ha agregado que esto se debe a que el juez Marlaska cerró el caso por sobreseimiento libre "cuando sólo tenía que determinar los indicios para abrir un juicio".

"Nos robó –el juez– la celebración de un juicio justo y, sin embargo, el Consejo de Estado determinó que hubo negligencia, algo que el Ministerio de Defensa tuvo que aceptar". Fue en enero de 2017 cuando el Ministerio reconoció su responsabilidad en el siniestro y asumió que la tragedia aérea podría haberse evitado.

En este contexto, Sencianes ha afirmado que las familias están "muy satisfechas" con el trabajo que han realizado durante estos 15 años, ya que "poco a poco" han ido desgranando "la verdad" en los juzgados y "arrancando testimonios". Ha lamentado que el Ministerio de Defensa no haya impulsado un memorial o un homenaje a las víctimas, pero ha asegurado que son ellos los que han perdido "la oportunidad" de resolver las "cuentas pendientes" que tienen "con sus soldados".

"Si no han querido hacerles el homenaje y no han querido repararlo tampoco me importa, lo que me importa es que mi hermano llevaba razón cuando se quejó de los aviones, que no se tendrían que haber contratado y que fue una negligencia". Ha incidido en que los contratos todavía no han aparecido, pero que si aparecen los familiares continuarán luchando y buscando justicia.

Pedir perdón "a los muertos"

El último vicepresidente de la Asociación de Familias de Víctimas del Yak-42, Francisco Cardona, ha señalado que la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, debería pedir perdón "a los muertos" que "seguramente donde estén se lo van a dar" pero "tiene que tener la valentía de pedir perdón a los muertos, no a los vivos". Además, ha lamentado que no se haya realizado a las víctimas un homenaje oficial por parte del Gobierno central.

Otro de los familiares, José Antonio Gracia, ha precisado que es la primera vez en 15 años que han venido con "paz y tranquilidad" por todo el trabajo que han realizado.

Hace dos días, cuando la Audiencia Nacional certificó que el PP se financió con una caja B, o lo que es lo mismo, de forma fraudulenta, se le preguntó al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, qué pensaba de este asunto y respondió: "Son cosas del pasado".

Para responder así sólo hace falta una cosa: carecer de ética.

La ausencia de esta virtud en ambos casos ha tenido consecuencias desastrosas de las que en ningún momento se puede decir que SON COSAS DEL PASADO.

Hoy hace 15 años que fallecieron 62 militares españoles cuando venían de cumplir una misión internacional en Afganistán. Hoy, 15 años después, ya sabe toda España que no fue un accidente sino el resultado de una cadena de actuaciones negligentes reconocidas por el Ministerio de Defensa el año pasado cuyo resultado final fue de 75 muertes (13 tripulantes ucranianos y 62 militares españoles).

Para ellos no es pasado, ni presente, ni futuro. Simplemente, fue nada más y nada menos que el final de sus vidas. Para sus familias no es pasado. Cada día les echamos de menos. Y tenemos que vivir con una verdad certificada que cuenta que todo se hizo mal y que los responsables: Trillo, Ugarte, general Alejandre, general Navarro... han sido recompensados o indultados. Para esos sinvergüenzas claro que es pasado.

Los hechos juzgados por la Audiencia Nacional vienen a demostrar que existía una clara corrupción institucional dentro del PP y deja meridianamente abierta la puerta para iniciar acciones legales contra Mariano Rajoy. El Tribunal del caso Gürtel no creyó al presidente del Gobierno cuando decía "no recordar nada sobre la caja B" porque eso "es cosa del pasado".

Tan del pasado que entre los condenados se reparten hoy más de 300 años de cárcel.

Una pena que solo lamento en el caso de José Luis Peñas. El exconcejal del PP de Majadahonda que verdaderamente destapó la trama Gürtel. Y con el que me encuentro plenamente identificada porque el hecho de actuar con ética nos ha valido la difamación y persecución del partido cuya corrupción interna queda ahora certificada. Nosotros no recuperaremos jamás a los 62, pero deseo de todo corazón que él sí recupere su vida y su libertad.

No... jamás se debe decir que lo mal hecho es cosa del pasado.

Porque si se deja ahí jamás será posible la regeneración democrática.

La memoria histórica desde la responsabilidad del reconocimiento de lo mal hecho, desde el verdadero arrepentimiento, desde la ética es lo único que nos permitirá dejar a las generaciones venideras una democracia saludable en la que lo bien hecho en su pasado les permita disfrutar de un presente mejor y menos vergonzante del que vivimos ahora en España. ___________________________* Curra Ripollés, periodista, es hermana del comandante José Manuel Ripollés, fallecido el 26 de mayo de 2003 en el accidente del Yak-42

Curra Ripollés

Lo primero debería saberse si en estas comisiones solo participarán políticos o se llamará a personal técnico que conoce los problemas. Porque si es el primer caso ya pueden anularlas porque no creo que resuelvan nada, como siempre en estos casos, en donde parece que se critica algo, pero el resultado es nulo. Lo mismo que en el Parlamento, en donde se dicen cosas, todas leídas por todos, incluidas las respuestas lo que indica que vivimos en un teatro absurdo para que la gente crea que estamos en democracia, algo que yo no me he creído nunca. Al menos la democracia verdadera que existe en algunos países de nuestro entorno.

Lo que se puede ver en estas comisiones, si se realizan con gente que conozca los problemas desde abajo, puede ser muy importante. Porque hoy en día, el problema del transporte, como el de cualquier profesión, es el de una calidad ínfima aplastada por el dios dinero, la competitividad selvática y el deseo de beneficio temprano. Pero en el transporte se juegan vidas humanas y se debería de tratar de una forma más profunda. Porque si un clavo o una camisa en una serie de trabajo sale mal, se puede resolver de alguna forma. Un accidente de un tren o un avión no se resuelve de la misma forma. Y es el momento de denunciar los trapos sucios que existen en cualquier organización de mando para tapar presiones, ausencias, formación o ahorros, que pueden ocasionar accidentes. Me explico:

Lo que ganaba un piloto hace muchos años en Iberia, la única compañía existente en España entonces, era un lujo imponente. Pero de ahí a que una persona que lleva muchas otras detrás sea mileurista, va un abismo. Y que esté controlado su trabajo con un gasto de combustible al mínimo o una operación solo encaminada al ahorro del consumo, es algo que no puede ser positivo. Esa persona está presionada y no actúa con la libertad de tener una máquina a su mando en la que él es el responsable de la operación. Pero si sabe que le están mirando cuando saca los flaps para aterrizar, su meta de hacer las cosas correctamente esta afectada por ese control exhaustivo.

Hoy en día las máquinas se mueven por componentes que llevan un software dentrosoftware y que nadie puede conocer bien sus comportamientos en un momento determinado. Eso quiere decir que el mantenimiento actual de cualquier máquina es menor por su alta fiabilidad, pero cuando existe un problema es mucho más complejo su resolución. Porque a veces, ese componente hay que saber muy bien como responde en todos los casos, y digo todos, en aquellos en que surge un inconveniente en el vuelo o en la marcha del ferrocarril. Para eso la formación debe ser mucho más profunda y de calidad ,y esa es cara.

También esos componentes, muchas veces, de seguridad, son necesarios para ayudas externas. Que sería de estos medios de transporte sin los apoyos externos de balizamiento, comunicación al mando o a estaciones próximas, etc. Teniendo en cuenta la masificación de los medios y las velocidades alcanzadas.

Las empresas, ya sean públicas o privadas, que dirigen estos medios de transporte, algunas veces están dirigidas por empresarios sin experiencia en estos sectores. Ellos hacen que se muevan, como he citado antes, solo y exclusivamente, por el beneficio de esta para competir. Y hoy esa competencia nos lleva a precios, que, como los salarios de pilotos, son de chiste. Porque nadie piensa cómo se puede ir en avión, por ejemplo, con el coste del billete como un bonobus. Y eso es absurdo, pero en un capitalismo de selva se hace posible, cuando no hay ningún limite a sus exageraciones, algunas veces peligrosas.

Y todo esto obliga a presionar a los trabajadores. Prisas para todo, para salir en hora, para arreglar una avería, para cumplir con un curso obligado cuando esa persona hace falta en su puesto de trabajo, para… mil cosas que hace el trabajo penoso, no solo en esta área que cito aquí, sino en cualquier empresa dirigida por gente sin muchos escrúpulos. Hay que firmar cualquier papel, eso sí, para que no nos cojan al descubierto, pero sin mucho criterio. Lo importante es firmar el papel y en el periódico, si algún incidente ha ocurrido, siempre se dirá que las revisiones estaban hechas.

No sé si me explico, pero creo que las comisiones anunciadas deben sacar a la luz estos problemas algo ocultos pero que serían de la naturaleza suficiente para explicar las deficiencias que existen. Y solo quiero decir que actualmente nadie debe tener miedo al transporte porque las máquinas son de una fiabilidad asombrosa y protegidas incluso contra errores humanos, pero siendo eso así, no se debería bajar la guardia para que los trabajadores sean manejados solo con el criterio de la competición, pero no de la calidad. Estoy harto de que me pidan que califique a la persona con la que hablo por cualquier queja, pero nadie me pide que califique a su jefe. Y ahí puede que estén los problemas. En una palabra, recuperemos la ética, la dignidad del trabajo y la capacidad de esfuerzo y no dediquemos todo nuestro tiempo en hacer las cuentas. Quizás nuestro Gobierno debería leer esta frase, porque las cuentas no arreglan todo. Y ellos lo saben. Solo recordar aquel nefasto accidente del Yak-42 por hacer todo lo que no se debió de hacer nunca.

César Moya Villasante es socio de infoLibre