La lista de países de la UE que, a poco más de un mes de que venza el plazo europeo para trasponer la directiva europea que busca blindar a los medios de las demandas infundadas que tratan de silenciarlos —conocidas como SLAPP—, es larga. No han iniciado debates parlamentarios, no han presentado proyectos de ley, no han hecho ningún movimiento visible. España está en ese grupo.

Una SLAPP —del inglés Strategic Lawsuit Against Public Participation, o demanda estratégica contra la participación pública— es una acción judicial interpuesta no con el propósito de ganar en los tribunales, sino de agotar al demandado fuera de ellos. Quien la presenta —habitualmente una empresa poderosa, un político o una institución con recursos económicos muy superiores a los de su víctima— no busca obtener justicia ni reparar un daño real, sino obligar al periodista, al activista o a la organización demandada a dedicar tiempo, dinero y energía a defenderse, hasta que decida que no merece la pena seguir investigando, publicando o denunciando.

La Directiva (UE) 2024/1069, conocida informalmente como la Ley Daphne, vincula a los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Son ellos quienes tienen hasta el 7 de mayo de 2026 para incorporarla a sus ordenamientos jurídicos y quienes se exponen a procedimientos de infracción y sanciones del Tribunal de Justicia de la UE si no lo hacen. Junto a España están Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, Hungría e Italia.

Pero hay otra lista negra de países, ajenos a la UE, que también están ignorando el problema. Son los miembros del Consejo de Europa sujetos a la Recomendación CM/Rec(2024)2 del Comité de Ministros de este organismo: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza, Turquía, Ucrania y el Reino Unido.

Los datos proceden del informe anual de CASE, la Coalición contra las SLAPP en Europa, publicado en enero de 2026 y elaborado por la Fundación Daphne Caruana Galizia. El estudio, que ya va por su cuarta edición, radiografía el estado de las demandas estratégicas contra la participación pública en el continente y hace un diagnóstico negativo de cómo los gobiernos están respondiendo a sus respectivas obligaciones.

Desde 2010, CASE ha documentado 1.303 casos de SLAPP en Europa. Solo en 2024 se iniciaron 167 nuevos procedimientos, una cifra que supera ligeramente la de 2023 y que consolida una tendencia de crecimiento sostenido desde 2017. El problema se ha extendido también geográficamente: el informe añade Montenegro y Andorra al mapa, elevando a 43 los países europeos donde se han observado este tipo de demandas.

¿Qué países registran más casos? En 2024, Italia encabezaba el ranking con 21 procedimientos, seguida de Alemania (20), Serbia (13), Hungría (12), Turquía (10) y Ucrania (10). En el periodo completo 2010-2024, Polonia acumula el mayor número total (140), seguida de Malta (91), Francia (91), Bulgaria (70), Serbia (73) y Eslovaquia (64).

España suma 29 casos documentados en todo el periodo, una cifra que los autores del informe reconocen que probablemente subestima la realidad: la metodología captura solo los casos que llegan a conocimiento de la red, y muchas víctimas prefieren no dar publicidad a los procedimientos por miedo a nuevas represalias.

El perfil del demandante es consistente. En 2024, las empresas y empresarios concentraron el 40,9% de las demandas, mientras que los políticos y funcionarios públicos sumaron el 29,3%. La base legal más frecuente es la difamación —924 casos de los 1.303 registrados—, pero el informe advierte de una tendencia nueva: el uso creciente del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la normativa europea que regula cómo las organizaciones pueden recopilar, almacenar y usar los datos personales de los ciudadanos, en vigor desde 2018 y directamente aplicable en todos los Estados miembros de la UE sin necesidad de trasposición.

Hay 15 casos en los que el reglamento europeo de protección de datos aparece como base legal explícita, y otros 44 invocan la vulneración de la privacidad. La lógica es perversa: en lugar de discutir si una información es veraz y de interés público, el demandante exige su eliminación por la vía de la protección de datos, eludiendo cualquier debate sobre el fondo.

Para seguir el proceso de trasposición, CASE y el Centro Europeo de Libertad de Prensa y Medios (ECPMF) pusieron en marcha en septiembre de 2025 el Monitor Europeo Anti-SLAPP, una plataforma pública que clasifica a cada país según su grado de avance. Las categorías son: sin información, no iniciado, iniciado, retrasado, parcialmente implementado e implementado. El balance a diciembre de 2025 es desolador.

De los 27 Estados miembros, ninguno ha alcanzado la implementación completa. Solo Malta ha logrado la implementación parcial, y con matices que merecen atención: la legislación maltesa transpone la directiva pero cubre únicamente los casos transfronterizos, dejando sin protección los procedimientos domésticos. Es la paradoja de una ley llamada Daphne que, en su versión más restrictiva, no habría protegido a Daphne Caruana Galizia: ella era maltesa, sus demandantes eran malteses y los tribunales eran malteses. Caruana acabó siendo asesinada en las inmediaciones de su domicilio.

Con todo, hay un grupo más amplio de Estados miembros de la UE que ha iniciado el proceso de trasposición en distinto grado: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovenia y Suecia. Son dieciséis países que al menos han arrancado, aunque con velocidades y profundidades muy distintas, y con la preocupación añadida de que los primeros indicios apuntan a que varios de ellos optarán por quedarse en el umbral mínimo que exige la directiva.

Luego están los que no han iniciado el proceso en absoluto. Dentro de la UE, ese grupo incluye a Hungría e Italia —dos de los países con mayor número de casos documentados, lo que no es una coincidencia, y en los que además gobierna la ultraderecha—, así como Luxemburgo, cuya ausencia resulta llamativa dado que alberga instituciones europeas clave.

Y finalmente está el grupo más inquietante desde el punto de vista de la rendición de cuentas: los Estados miembros para los que el Monitor no ha podido identificar ninguna información disponible. España figura aquí, junto con Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Portugal y Eslovaquia. No es que vayan lentos; es que no hay rastro público de que estén haciendo algo. En el caso español, la constatación del Monitor coincide con lo que infoLibre ha podido verificar directamente: no existe proyecto de ley en el Congreso, no hay texto articulado presentado, y el Ministerio de Presidencia no responde a las preguntas de este periódico sobre el estado de la trasposición.

Para los países europeos no integrados en la UE, el marco de referencia es la Recomendación CM/Rec(2024)2 del Consejo de Europa, aprobada también en 2024. No tiene fuerza vinculante —no hay sanciones por incumplirla—, pero establece un estándar político y moral claro sobre lo que los Estados deberían hacer para proteger a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos frente al acoso judicial.

El panorama en este grupo es igualmente sombrío. Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Montenegro y Serbia no han iniciado ningún proceso de implementación. El Reino Unido, que abandonó la UE pero sigue siendo miembro del Consejo de Europa, tampoco ha dado pasos en esta dirección, a pesar de contar con una tradición de uso del llamado libel tourism —el turismo de la difamación— que en parte motivó reformas anteriores en su propio derecho.

Para otro conjunto de países del Consejo de Europa no hay información disponible: Andorra, Azerbaiyán, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y Turquía. Ucrania, que sí está en proceso de implementación de la directiva como parte de su camino de adhesión a la UE, representa la excepción positiva más notable en este grupo.

El informe de CASE señala un límite estructural de la propia directiva que resulta especialmente relevante. La norma europea solo obliga a proteger los casos transfronterizos: aquellos en que demandante y demandado están domiciliados en países distintos. Pero los datos del propio CASE muestran que el 91,5% de las SLAPP documentadas son puramente domésticas.

Un político español que demanda a un periodista español ante un tribunal español está completamente fuera del ámbito obligatorio de la directiva, a menos que los Estados vayan más allá del mínimo exigido. Y los primeros indicios de la trasposición en los países que han avanzado sugieren que la mayoría no tiene intención de hacerlo.

Hay otro elemento que el informe señala con insistencia: los 1.303 casos documentados son, en sus propias palabras, "la punta del iceberg". La censura más efectiva se produce antes de que haya demanda: a través de cartas de advertencia, requerimientos de cese y desistimiento, y amenazas que nunca llegan a los juzgados pero que consiguen su objetivo —la retirada de una información, el abandono de una investigación— sin dejar rastro.

El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó la trasposición de la directiva en su Plan de Acción por la Democracia en septiembre de 2024, como medida 2.2.2. Un año después, menos de la mitad de las 31 propuestas del plan habían comenzado su tramitación. Con el plazo del 7 de mayo a poco más de un mes de distancia, no hay proyecto de ley, no hay texto articulado, no hay señales de movimiento.

Las consecuencias de incumplir el plazo no son solo políticas o reputacionales. La Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción que acabe en el Tribunal de Justicia de la UE, con multas a tanto alzado de varios millones de euros más sanciones coercitivas diarias hasta que se complete la trasposición. El coste recaería sobre el conjunto de los ciudadanos. Y mientras tanto, cada semana de retraso es una semana más en la que un periodista que publica una investigación sobre corrupción, o una organización que denuncia prácticas empresariales dudosas, puede recibir una demanda millonaria sin que exista un mecanismo ágil para desestimar, para invertir la carga de la prueba, para sancionar al demandante.

La trasposición de la directiva no resolverá esos casos de golpe ni supone una panacea. Pero añadiría herramientas procesales concretas que hoy no existen: la posibilidad de que un juez archive una demanda manifiestamente abusiva antes de que el coste de defensa haya hecho ya el daño; la obligación del demandante de justificar que su acción no es un instrumento de acoso; o la amenaza de costas y sanciones si la demanda es declarada abusiva.

Adelante Andalucía recurrirá ante la Junta Electoral el debate 'cara a cara' entre Juanma Moreno y María Jesús Montero que ha planteado RTVE para la campaña electoral de las andaluzas del 17 de mayo, según informa EFE. 

El líder de la formación de izquierdas, José Ignacio García, ha asegurado en una comparecencia ante los medios en el Parlamento de Andalucía que ese debate donde solo estarían el candidato del PP y la del PSOE supone "ignorar al 70% de los andaluces que en 2022 no votaron a ninguna de esas opciones".

Adelante Andalucía ha animado a RTVE a replantear su propuesta, en la que hay dos debates: uno con todos los partidos con representación parlamentaria, donde sí está la formación de izquierdas y al que piensan acudir, y otro en el que solo participarían Moreno y Montero. 

Si RTVE no cambia su propuesta, ha añadido García, será la Junta Electoral la que deba pronunciarse sobre esta cuestión, sobre la que ha pedido a PP y PSOE que "reflexionen".

García también se ha pronunciado sobre la fecha de las elecciones andaluzas, fijadas por el presidente de la Junta el 17 de mayo, de la que ha indicado que tiene relación con el conocido como caso mascarillas y sus presuntos implicados en Almería. 

"A final de mayo y durante junio, justo después de las elecciones, qué casualidad, desfilarán por los juzgados todos los imputados del caso mascarillas" de Almería, ha señalado el político gaditano. Para García, esa es la razón del "adelanto de las elecciones", que en 2022 se celebraron el 19 de junio y esta vez serán en mayo. 

Para Adelante Andalucía, esa fecha de los comicios es señal de "miedo y de que Moreno tiene mucho que ocultar" y una forma, ha añadido, de "robar el debate sobre la corrupción".

El expresidente de la Diputación de Almería, ha señalado José Ignacio García, no dimitió "hasta que le metieron en el calabozo y, según la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), pagaba la hipoteca con mordidas de corrupción que ingresaba en la cuenta de sus padres ya fallecidos".

García, que ha reclamado un debate sobre corrupción, ha calificado de "rastrero" este caso en el que, ha asegurado, se desvió dinero "para el covid-19" en beneficio de unos pocos.

RTVE ha respondido este lunes con un comunicado institucional a la propuesta del Partido Popular de crear una comisión de investigación en el Senado sobre la corporación pública. La respuesta es jurídicamente muy relevante porque abre un frente inédito en España: el texto invoca por primera vez el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde agosto de 2025, que prohíbe expresamente a los Estados miembros —incluidas sus autoridades y organismos reguladores— interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de comunicación.

RTVE sostiene que la iniciativa del PP viola ese marco normativo, “se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”, por lo que, avisa, hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que significa que está dispuesta a pedir el amparo de las instituciones comunitarias.

El argumento central de la corporación no es la ilegitimidad formal del Senado como institución —el comunicado reconoce “total respeto institucional hacia la Cámara Alta”— sino la orientación concreta de la comisión. Según RTVE, el problema no es que el parlamento fiscalice, sino que la comisión propuesta apunta directamente a “cuestionar la actual línea informativa” de la radiotelevisión pública.

Eso, a juicio de la corporación, cruza una línea: transforma el control institucional en lo que el comunicado llama, sin rodeos, “juicio político”. “Este tipo de comisiones pueden acabar convirtiéndose en un ‘tribunal de medios’, en el que se evalúen decisiones editoriales bajo criterios ajenos a los principios profesionales", subraya el comunicado.

El reglamento citado por RTVE —conocido como European Media Freedom Act— fue aprobado por el Parlamento Europeo en 2024 y es de obligado cumplimiento en España desde el verano de 2025. Su artículo 4.2 constituye uno de los pilares garantistas del texto: establece que ningún poder público —lo que incluye al Senado— puede presionar o condicionar las decisiones editoriales de los medios, incluidos los públicos. La intención del legislador europeo era precisamente blindar a las redacciones frente a los gobiernos, pero la norma opera en todas las direcciones: también frente a la oposición cuando actúa desde instituciones del Estado.

RTVE convierte ese precepto en el eje de su defensa. La tesis implícita del comunicado es que una comisión parlamentaria orientada a interrogar la línea editorial de un medio público no es fiscalización presupuestaria ni control de gestión: es injerencia. Y que la injerencia, en el marco comunitario vigente, no es un asunto opinable sino una infracción normativa.

Es un movimiento inédito desde el punto de vista estratégico. En lugar de entrar en el debate político sobre si la cobertura de RTVE es o no sesgada —terreno en el que el PP lleva años intentando instalar la discusión—, la corporación eleva el conflicto a un plano jurídico donde la pregunta que se plantea es distinta: ¿puede una cámara legislativa investigar las decisiones editoriales de un medio público sin vulnerar el derecho europeo?

El comunicado incluye un reproche que va más allá del caso concreto. RTVE señala que el sistema español ya cuenta con mecanismos de control específicos para la radiotelevisión pública: la Comisión de Control Mixta del Congreso y el Senado, y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Lo que el texto no dice de forma explícita pero deja en el aire es que esos instrumentos existen precisamente para evitar lo que ahora se propone: que el control ordinario derive en control político extraordinario.

La referencia a la Comisión Mixta tiene, además, una carga adicional. El comunicado menciona que ese órgano está siendo dejado ahora “sin competencias”. Si el PP propone una comisión de investigación al mismo tiempo que se vacía de contenido el órgano ordinario de supervisión, el resultado es la sustitución de un mecanismo técnico por uno político. RTVE no lo llama así literalmente, pero la secuencia que describe apunta en esa dirección.

El comunicado no es solo una respuesta jurídica. Es también un mapa del contexto. RTVE recuerda que esta iniciativa llega “pocos días después de que la patronal de las televisiones privadas —UTECA— intentara bloquear la comercialización del Mundial de fútbol 2026”. La mención no es accidental: sitúa la propuesta del PP en una secuencia de presiones que la corporación interpreta como coordinadas, aunque no lo diga con esas palabras.

Al vincular esa disputa económica con la iniciativa parlamentaria del PP, el comunicado construye una narrativa de hostigamiento coordinado: intereses privados del sector audiovisual e intereses políticos de la oposición coincidiendo en el mismo momento y con el mismo objeto, que sería debilitar o deslegitimar a la corporación pública. RTVE lo formula con contención pero con claridad: está ”desarrollando su actividad en un contexto en el que se mezclan intereses partidistas y económicos”.

Frente a ese contexto, la corporación contrapone datos. RTVE alega que La 1 ha alcanzado un 12,2% de cuota de pantalla en enero de 2026 y un 12,3% en febrero, sus mejores cifras de audiencia en 14 años. Las últimas cuentas anuales reflejan una reducción del 7,6% en los gastos de explotación, un recorte del 18,7% en el gasto en programas y un beneficio neto de 55,6 millones de euros, sin ninguna salvedad contable. El comunicado subraya que esas cuentas no han sido recurridas judicialmente ni por el PP ni por sus consejeros.

El PP ha incluido en su propuesta varios asuntos concretos: la devolución de fondos europeos, la investigación sobre Loterías y el endeudamiento derivado de un conflicto con la Agencia Tributaria por el IVA. RTVE desmonta cada uno de ellos.

Los fondos fueron devueltos en 2024 y redistribuidos por las autoridades competentes. El asunto de Loterías no supuso pérdida de dinero público, sino un "trasvase entre dos sociedades estatales que benefició a ambas". El conflicto del IVA se inició en 2015, es ajeno a la operativa actual de la corporación y resulta incompatible con un balance auditado sin salvedades. La conclusión del comunicado sobre estos tres casos es la siguiente: "Se demuestra así el objetivo de rescatar expedientes cerrados para generar confusión".

La parte más llamativa del comunicado es, paradójicamente, la más genérica. En el último tramo, RTVE advierte de que en el debate político actual hay "posiciones que, bien directamente o por tolerancia, cuestionan la propia existencia de RTVE". Y añade que se trata de "expresiones y planteamientos inéditos en nuestra democracia".

La corporación no cita a nadie. No atribuye esas posiciones al PP como partido ni a ningún dirigente concreto. No dice que el PP quiera cerrarla. Dice que en el entorno político en el que se mueve hoy hay voces que lo plantean. Y que eso, como mínimo, merece ser nombrado.

El comunicado cierra con una apelación a los principios constitucionales y a la función democrática de los medios públicos. Y se pregunta abiertamente si la iniciativa del PP responde "realmente a un interés por mejorar el servicio público o si se aplican criterios distintos en otros territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público", en alusión al férreo control que el PP ejerce sobre televisiones y radios allí donde gobierna.

El Partido Popular registró este lunes en el Senado una solicitud de comisión de investigación sobre “la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público”. Es la séptima iniciativa de este tipo que impulsa el partido de Alberto Núñez Feijóo en la cámara que controla con mayoría absoluta en lo que va de legislatura.

El texto, de cuatro páginas, enumera acusaciones de una gravedad extraordinaria: balances ficticios, artificios contables, administración desleal, conflictos de interés, irregularidades en la contratación de personal y contratos que, según afirman, habrían beneficiado a “empresarios con responsabilidades penales”. Muchas de ellas son afirmaciones que, de ser ciertas, tendrían encaje en el Código Penal. Pero el PP no ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía ni ante ningún juzgado. Ha elegido el Senado, donde controla la agenda, los tiempos y las conclusiones.

Lo cierto es que el PP ya tiene la investigación hecha, a juzgar por la rueda de prensa en la que la portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, Alicia García, presentó la iniciativa. RTVE, señaló repetidamente, es “telepedro”. El presidente de la corporación, José Pablo López, ejerce “como auténtico delegado del Gobierno” y ha convertido la radiotelevisión pública en “una agencia de colocación privada al servicio del poder”.

Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron cuál era exactamente el modelo que el PP proponía para RTVE, García no contestó: “No le voy a avanzar las conclusiones porque tendrán que ser los trabajos de la propia comisión”. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, se limitó a decir: “Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

El reglamento del Senado permite la creación de comisiones de investigación al amparo del artículo 59.1. Su utilidad es política y parlamentaria, no judicial: pueden recabar documentación y citar a comparecer, pero sus conclusiones no tienen fuerza de ley ni valor procesal.

El PP lo sabe, y también que el Senado es la única cámara en la que su mayoría absoluta le permite impulsar esta clase de iniciativas sin depender de socios parlamentarios. En el Congreso, el escenario sería otro.

El documento registrado este lunes invoca la Ley 17/2006, de la radio y televisión de titularidad estatal, y su artículo 2.1, que define el servicio público de radiotelevisión como “un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas”. A partir de él, el texto sostiene que RTVE ha ido “alejando crecientemente” a la corporación de esos cometidos para convertirla en “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Como prueba de esa deriva, el PP menciona la externalización de programas de infoentretenimiento —que, según el escrito, eluden el artículo 7.5 de la misma ley, que obliga a que los informativos sean cien por cien de producción propia, aunque RTVE siempre ha alegado que son programas de actualidad, no informativos—, la contratación de lo que llama “presentadores estrella” mediante contratos mercantiles que, según el PP, ocultarían relaciones laborales, y la devolución de fondos europeos no gastados de un programa de formación que no alcanzó las matrículas previstas y que el PP, sin aportar pruebas, se esfuerza en presentar como indicio de una utilización fraudulenta del dinero.

Los programas de infoentretenimiento están precisamente en el punto de mira del Consejo de Informativos de TVE, el órgano de representación de los periodistas, con el que la presidencia de RTVE sostiene un llamativo pulso desde que estos espacios fueron acusados de servir de vehículo a mensajes de odio.

Nada de esto es nuevo. Lo que sí lo es la urgencia con la que el PP necesita desacreditar RTVE, cada vez con más audiencia, a doce meses de las elecciones generales de 2027, en las que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta a lo que probablemente será su última oportunidad de llegar a La Moncloa.

RTVE atraviesa su mejor etapa de audiencia en años. La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo, lidera su franja horaria de mañana rozando el 20% de cuota de pantalla. Mañaneros 360, conducido por Javier Ruiz, se ha situado por encima de programas históricos de la competencia como los de Ana Rosa Quintana o Susanna Griso. La Revuelta, de David Broncano, compite directamente con El Hormiguero de Antena 3, propiedad del Grupo Planeta, empresa considerada afín al PP. El canal de 24 horas registró su mejor dato en quince años. Y los informativos, que ya son líderes por la mañana, crecen mes a mes en todas las franjas horarias.

Son programas que resultan incómodos para el PP por una razón estructural: a diferencia de las entrevistas en Antena 3 o Telecinco —televisiones más afines—, en los programas de TVE los representantes del partido deben responder a preguntas que sus interlocutores no filtran previamente.

Hay un factor personal que explica en parte la relevancia que la calle Génova concede al objetivo de desacreditar a RTVE. Existe evidencia demoscópica de que una entrevista de Intxaurrondo a Feijóo en La Hora de La 1, en la que el líder del PP fue desmentido en directo pocos días antes de las elecciones generales de julio de 2023, contribuyó de forma significativa a que no alcanzara La Moncloa. Todo indica que la herida sigue abierta.

El PP critica en su solicitud al Senado los “nombramientos a dedo” y las “purgas de profesionales independientes” en RTVE. Es una acusación que, aplicada a los medios públicos autonómicos que el propio partido controla, describe con bastante precisión su propia política.

Es el caso de la gallega CRTVG, ahora reconvertida en CSAG, en la que los trabajadores de Radio Galega y la Televisión de Galicia llevan años protestando —los llamados “venres negros”— y denunciando el sometimiento editorial al Ejecutivo autonómico. La Xunta de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, derogó hace menos de un año la ley que hubiera obligado a elegir al máximo responsable de los medios gallegos con una amplia mayoría parlamentaria: la norma nunca se aplicó precisamente porque habría puesto fin al control unilateral del PP.

En la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón rebajó las mayorías necesarias para controlar À Punt antes incluso de que la catástrofe de la dana pusiera en cuestión toda su gestión de gobierno. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso hizo lo propio con Telemadrid en 2021. Sucedió lo mismo en Andalucía con Canal Sur.

El State Media Monitor 2025, informe elaborado por el Media and Journalism Research Center que analiza la libertad editorial de 606 medios públicos en 170 países, ofrece un retrato elocuente de esta situación. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades y mínima autonomía editorial—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala directamente al Partido Popular como motor de ese deterioro.

En la rueda de prensa de este lunes, los periodistas presentes intentaron, sin éxito, obtener respuestas concretas a preguntas elementales. ¿Cuál es el modelo de RTVE que propone el PP? ¿Les parece bien el sistema de elección del Consejo de Administración aprobado por decreto en 2022? ¿Con el PP en el poder habría producción externa en informativos o se eliminaría por completo? ¿Citarán a periodistas a comparecer?

Su portavoz en el Senado no respondió a ninguna de ellas en términos sustantivos. “Dejen que hoy funcione el trabajo de esta comisión antes de anticipar cuáles son [las conclusiones], porque lógicamente no tendría mucho sentido si yo le anticipo cuáles son”, dijo ante la pregunta sobre el modelo.

Es una posición que resulta difícil de sostener: una comisión de investigación parlamentaria no suele presentarse sin que sus impulsores tengan, al menos, una hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación.

Falta aproximadamente un año para que se celebren elecciones. Feijóo se lo jugará todo por segunda vez consecutiva. En ese contexto, el calendario de la comisión —que deberá debatirse en pleno, abrir un plazo de constitución y presentar su plan de trabajo antes de empezar a citar comparecientes— garantiza que su actividad se desarrollará en plena precampaña.

La BBC, señalada por el informe del State Media Monitor entre los escasos medios públicos europeos que mantienen la categoría de “independientes”, acaba de atravesar una crisis sin precedentes provocada, en buena medida, por una operación política coordinada desde dentro de su propio Consejo de Administración con el objetivo de debilitar su credibilidad editorial.

El paralelismo con lo que ocurre en España tiene sus límites —las instituciones, la cultura mediática y los actores son distintos—, pero la lógica subyacente es la misma: atacar la credibilidad de un medio público que no se puede controlar directamente.

El PP ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público, según inform aE.

La solicitud de creación se ha registrado este lunes, ha explicado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha llamado "Telepedro" a TVE, porque, a su juicio, en los gobiernos presididos por Pedro Sánchez la televisión pública estatal adolece de "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias".

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la dana, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

García ha destacado que RTVE sufre una grave instrumentalización política y además tiene capítulos oscuros como la inédita repetición de unas oposiciones y la devolución de 29,4 millones de euros de fondos europeos, más 1,3 millones en intereses de demora, por una incompetencia para su ejecución.

Según la solicitud registrada, facilitada a la prensa por el PP, para la "contraprogramación política" a la oposición, con "propaganda partidista y gubernamental", RTVE recurre a productoras privadas externas, "bajo el eufemismo de infoentretenimiento". 

En opinión de García, la pérdida de credibilidad y neutralidad de RTVE es tan grande que indagar sobre las causas requería una comisión diferenciada a la ya existente, mixta de diputados y senadores.

Preguntada sobre la gestión de RTVE en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, la portavoz del PP en el Senado ha evitado una comparación y ha reiterado su referencia a las irregularidades recientes en la gestión de los fondos europeos, como asunto que la nueva comisión de investigación tendrá que analizar. 

En cuanto a quiénes comparecerán, una vez que sea aprobada por el Pleno y que cuente con un plan de trabajo aprobado en la comisión, fuentes del PP han señalado que quien lo hará seguro será el presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López.

Hubo un tiempo en que acceder a las noticias era un acto deliberado. Comprabas el periódico, encendías el telediario a una hora fija o tecleabas la dirección de un medio en el navegador. Elegías. Hoy, para la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 24 años, ese gesto ha desaparecido casi por completo. Las noticias ya no se buscan: aparecen. O no aparecen. Y quien decide, en uno u otro caso, no es el lector ni el periodista. Es el algoritmo.

Lo documenta el informe Understanding Young News Audiences at a Time of Rapid Change que acaba de publicar el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. Un estudio que sintetiza más de una década de datos del Digital News Report —la encuesta más amplia sobre consumo informativo a escala global, que en 2025 abarcó 48 mercados— y retrata cómo la generación más joven de adultos no ha dejado de informarse, pero ha dejado de decidir cómo, cuándo y sobre qué se informa.

El cambio más visible es estadístico, pero su significado es estructural. En 2015, el 36% de los jóvenes de 18 a 24 años identificaba las páginas web y aplicaciones de medios como su principal fuente de noticias. En 2025, ese porcentaje ha caído al 24%. En paralelo, las redes sociales han pasado del 21% al 39%, convirtiéndose en la fuente predominante. Pero el dato más revelador no es ese salto, sino lo que implica: el acceso directo —teclear la URL de un medio, abrir su aplicación— ha caído al 14% entre los más jóvenes, frente al 28% de los mayores de 55 años.

Lo que los investigadores llaman el paso de un consumo online-first a un consumo social-first. Cuando alguien accede a las noticias a través de redes sociales, no está eligiendo leer sobre un tema concreto. Está navegando por un feed diseñado por una empresa privada para maximizar el tiempo de permanencia, y las noticias aparecen —o no— en función de esa lógica, no de la relevancia periodística ni del interés ciudadano.

El informe describe cómo los jóvenes consumen noticias “de manera menos intencional y más incidental”. Llegan a la información porque estaban en la plataforma por otra razón —entretenimiento, contacto social, ocio— y las noticias se cruzan en su camino. O no se cruzan. Eso también lo decide el algoritmo.

En cualquier caso, señala el informe, sería un error interpretar estos datos como que los jóvenes viven al margen de la realidad. El 60% de los ciudadanos de 18 a 24 años declara sentirse “siempre conectado a internet”, frente al 40% de los mayores de 55. Consumen enormes cantidades de contenido digital, en formatos y plataformas múltiples. El problema no es la desconexión, sino la fragmentación y, sobre todo, la pérdida de la capacidad de una persona de decidir activamente qué noticias consume, qué medios consulta, qué temas sigue, cuándo y cómo se informa.

El consumo diario de noticias entre los jóvenes ha caído 15 puntos porcentuales desde 2017, hasta situarse en el 64% en 2025. Entre los mayores de 55 años, la caída es de apenas 5 puntos, hasta el 87%. La brecha se agranda. Y la explicación no es que los jóvenes sean más apáticos o más ignorantes: es que el modelo de acceso incidental a través del scroll, estructuralmente, produce menos exposición sostenida a la actualidad que el hábito deliberado de consultar un medio.

Además, el informe detecta que solo el 35% de los jóvenes declara estar “muy” o “extremadamente” interesado en las noticias, frente al 52% de los mayores de 55. Pero aquí también hay matices importantes: el interés existe, solo que se orienta de forma diferente. Los jóvenes prefieren noticias locales, internacionales, de ciencia, de entretenimiento o de bienestar mental antes que de política. Aparentemente, el desinterés no es por la realidad, sino por el modo en que la prensa tradicional la empaqueta.

En 2025 había seis redes sociales distintas que más del 10% de la población encuestada declaraba usar semanalmente como fuente de noticias, según el informe. Hace una década, solo eran dos. Eso significa que el ecosistema se ha fragmentado. Y los jóvenes lo habitan con mayor intensidad que cualquier otro grupo: usan una media de 4,6 plataformas semanales frente a las 3,4 de los mayores de 55 años.

Pero esa diversidad tiene su reverso. Ninguna de esas plataformas tiene como misión fundamental informar a la ciudadanía. Sus algoritmos están diseñados para retener atención y generar interacción, no para garantizar que los usuarios reciban información relevante, verificada o plural. El resultado es una arquitectura de distribución noticiosa que los medios no controlan y que los usuarios no perciben como tal.

El desplazamiento dentro de las propias redes sociales también es significativo. Facebook, que en 2014 era usada para noticias por el 47% de los jóvenes, ha caído al 16% en 2025. En su lugar han emergido Instagram (30%), YouTube (23%) y TikTok (22%). Son plataformas esencialmente audiovisuales, donde el contenido efímero, la brevedad y el impacto emocional inmediato marcan las reglas. No está diseñado para contextualizar ni para dar continuidad a la cobertura de temas complejos.

Según el informe, las plataformas que más han crecido entre los jóvenes de 18 a 24 años para el consumo de noticias son tres, y el crecimiento se mide comparando 2014 con 2025:

TikTok es el caso más llamativo, sencillamente porque partía de cero. En 2014 su uso para noticias entre jóvenes era del 0% (la plataforma prácticamente no existía). En 2025 ha llegado al 22%. Además, si se mide el uso general —no solo para noticias— casi la mitad de los jóvenes, el 47%, la usa semanalmente. Instagram ha pasado del 4% en 2014 al 30% en 2025. Es el crecimiento más grande en términos absolutos entre las plataformas ya existentes, y se ha convertido en la red social más usada para noticias entre los jóvenes, por encima de todas las demás. Y YouTube ha pasado del 20% al 23%. El crecimiento es más modesto en comparación, pero el informe destaca que es la única plataforma que crece en todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 55 años, lo que la convierte en un caso especial.

El informe es directo al señalar las consecuencias para el periodismo: “Los jóvenes sin un sentido de lealtad hacia determinadas marcas son mucho menos propensos a pagar por su contenido” y “el consumo social-first es más vulnerable a las decisiones de las empresas tecnológicas, cuyas elecciones pueden cambiar el destino de los medios que dependen de ellas”. No es solo un problema editorial. Es un problema de sostenibilidad económica del periodismo de calidad.

Hay otro fenómeno que el informe documenta con claridad y que agrava el diagnóstico: en las redes sociales, los jóvenes no consumen noticias de medios, las consumen de personas. El 51% de los usuarios jóvenes de redes sociales declara prestar más atención a creadores individuales o personalidades que a medios o periodistas tradicionales. Entre los mayores de 55 años, la proporción se invierte: el 46% presta más atención a los medios.

La arquitectura algorítmica favorece a las personas sobre las instituciones. Ya no es necesariamente relevante la praxis profesional porque TikTok, YouTube o Instagram premian la autenticidad percibida, la cercanía y la constancia de publicación. No el rigor. Los medios tradicionales, los que sí cumplen con las reglas de verificación del periodismo profesional, tienen más dificultades para competir en ese terreno.

Y cuando los medios sí consiguen audiencia a través de un periodista con perfil propio en redes, asumen un riesgo nuevo que el informe ilustra con un ejemplo elocuente: el periodista Dave Jorgenson construyó el canal de TikTok de The Washington Post hasta convertirlo en uno de los más exitosos del sector. Cuando abandonó el medio en 2025 para crear su propia empresa, se llevó consigo a una gran parte de esa audiencia. El algoritmo había premiado a la persona, no a la institución.

La investigación del Reuters Institute no se limita al análisis del mercado informativo. Subraya reiteradamente la dimensión democrática del problema. “El consumo de noticias aumenta la participación política, mejora el conocimiento de la actualidad y mejora la resiliencia frente a la desinformación”, recuerda el informe, citando múltiples estudios. El problema no es solo que los jóvenes lean menos noticias en papel o visiten menos webs de medios. Es que el modelo de consumo incidental, algorítmicamente gestionado, no produce la misma nutrición cívica que el consumo deliberado.

Cuando las noticias llegan porque el algoritmo las inserta en un feed de entretenimiento, el procesamiento cognitivo es distinto. No hay elección, no hay contexto, frecuentemente no hay recuerdo de la fuente. El informe documenta que los usuarios que acceden a las noticias de forma incidental a través de redes sociales “son menos propensos a recordar la marca informativa que las proporcionó”, lo que debilita la conexión directa con los medios y, con ella, la posibilidad de establecer una relación de confianza y seguimiento sostenidos.

Los jóvenes no están, por tanto, simplemente consumiendo las noticias de otra manera. Están consumiéndolas en un entorno donde las reglas de selección, prominencia y repetición las fija un sistema de inteligencia artificial cuyo objetivo es la retención, no la información. Y eso tiene consecuencias sobre qué temas importan, cuáles desaparecen, qué voces se amplifican y cuáles quedan silenciadas.

Con todo, el informe del Reuters Institute trata de huir de la resignación. Documenta también iniciativas que intentan revertir, al menos parcialmente, esta tendencia: medios de origen australiano como The Daily Aus que producen noticias breves, sin jerga y diseñadas específicamente para redes sociales; medios holandeses como Spilnews que hacen periodismo para jóvenes dirigido por jóvenes; plataformas latinoamericanas que combinan entretenimiento e información con gran éxito entre audiencias menores de 30 años.

Lo que todas estas iniciativas tienen en común es que no esperan que los jóvenes vuelvan a los medios tradicionales: van donde los jóvenes están, con formatos que encajan en sus hábitos de consumo y con contenidos que responden a sus preguntas reales. No es rendirse al algoritmo: es aprender a competir en el terreno que el algoritmo ha creado.

Porque el diagnóstico del informe es claro: “Hay pocas razones para esperar que los jóvenes adopten hábitos informativos que, a diferencia de las generaciones anteriores, nunca han tenido". El hábito de elegir las noticias, de construir una dieta informativa propia, deliberada y diversa, es algo que esta generación nunca conoció. Y recuperarlo, si es que aún es posible, requerirá algo más que buenos artículos. Requerirá repensar, desde sus cimientos, cómo el periodismo llega a quienes más lo necesitan.

Este lunes 23 de marzo, el Club Abierto de Editores (CLABE) ha presentado el XX Congreso de Editores en la Casa de los Periodistas de Logroño, un evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de abril en la misma Comunidad Autónoma. El acontecimiento, consolidado como una de las principales citas profesionales del sector de los medios de comunicación en España, se celebrará en espacios emblemáticos de La Rioja, como el Centro de la Cultura del Rioja, en Logroño, y el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla.

La presentación ha contado con Arsenio Escolar, presidente de CLABE; Laura Urbieta, secretaria general de La Rioja Digital; y Chus del Río, editor de NueveCuatroUno y vocal de la junta directiva de CLABE. El Club Abierto de Editores, la patronal más importante del sector de medios de comunicación, ha titulado su vigésima edición del congreso: "La inteligencia del idioma. IA, innovación y medios en la era del español digital". Los ponentes han destacado el valor estratégico del español en una nueva etapa de transformación del ecosistema mediático impulsada por la inteligencia artificial (IA).

Escolar, durante su intervención, ha subrayado que “el español no es solo una lengua, sino un activo estratégico en la nueva economía digital”, y ha reivindicado que los medios “son garantes de credibilidad, cercanía y cultura en un entorno cada vez más automatizado”.

El congreso analizará el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en la cadena de valor de prensa, revista y publicaciones periódicas. Además, se desarrollará con un formato que combinará ponencias, mesas de debate, talleres paralelos y espacios de networking profesional, en los que participarán destacados profesionales del ámbito tecnológico, editorial y académico que conforman CLABE. CLABE cuenta con más de 220 grupos editoriales asociados y más de 1.500 cabeceras de ámbito internacional, nacional, local e hiperlocal, entre ellas infoLibre; digitales y en papel; agencias de noticias, diarios, revistas culturales, especializadas, profesionales y B2B; boletines y otros formatos innovadores.

Entre los ponentes también se cuentan representantes de las plataformas digitales y de organizaciones relacionadas con la creación de contenidos en español, del periodismo y de la comunicación, en general. 

La rueda de prensa de este lunes ha desvelado una nueva iniciativa del Club Abierto, el lanzamiento del Reto de Innovación en Redacciones La Rioja Digital – CLABE. Este proyecto busca impulsar soluciones basadas en inteligencia artificial aplicadas al periodismo. El reto, dirigido a medios asociados a CLABE, busca iniciativas para la automatización editorial, la generación de contenidos, la monetización o la verificación informativa. Laura Urbieta, secretaria general de La Rioja Digital, ha incidido en que este reto "es una herramienta concreta para acelerar la transformación digital de los medios". El proyecto ganador contará con mentoría especializada de Google y desarrollo tecnológico a cargo de CIDATUM.

A través de diferentes mesas y ponencias, en el congreso se debatirá sobre los riesgos y oportunidades que representa la IA para los editores y para los profesionales de la información y de la comunicación. Además, se tratará la amenaza que ya supone el uso de los contenidos informativos para entrenar los modelos fundacionales de inteligencia artificial sin que se respeten los derechos de propiedad intelectual, así como la inexistencia de un marco de relaciones estable y equitativo entre las plataformas digitales y los propietarios de los contenidos que sirven para desarrollar las IA.

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El 16 de octubre de 2017, una bomba colocada bajo el asiento del conductor de un Peugeot 108 mató a Daphne Caruana Galizia muy cerca de su casa en Bidnija, en el norte de Malta. Tenía 53 años. Era la periodista de investigación más leída de su país, una mujer que había dedicado su vida a desenterrar la corrupción que empapaba las instituciones maltesas: los negocios turbios de políticos, los tentáculos de la criminalidad organizada, los secretos que el poder prefería que permanecieran ocultos.

La bomba solo fue el colofón. En el momento en que estalló, Daphne Caruana Galizia tenía pendientes 48 demandas judiciales en su contra. Cuarenta y tres civiles y cinco penales. Todas por supuesta difamación. Ninguna tenía visos de prosperar jurídicamente, pero eso era lo de menos. El objetivo no era ganar en los tribunales; el objetivo era que ella perdiera fuera de ellos: tiempo, dinero, energía, salud, y sobre todo, la capacidad de seguir investigando.

A ese tipo de acoso judicial se le llama hoy SLAPP, por sus siglas en inglés: Strategic Lawsuits Against Public Participation, demandas estratégicas contra la participación pública. Para acabar con ellas, o al menos ponerles freno, la Unión Europea aprobó en 2024 la Directiva 2024/1069, conocida informalmente como la Ley Daphne. España tiene hasta el 7 de mayo de 2026 para incorporarla a su ordenamiento jurídico. Faltan poco más de cuatro semanas. Y el Gobierno sigue sin dar señales de que vaya a cumplir el plazo. Las preguntas que infoLibre ha trasladado en los últimos días al Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños, no han obtenido respuesta.

Para comprender por qué esta directiva importa, hay que entender primero qué es exactamente una demanda SLAPP y por qué resulta tan efectiva como mecanismo de silenciamiento.

La clave está en una paradoja perversa: el proceso judicial, diseñado para resolver conflictos y reparar daños, puede convertirse en un castigo en sí mismo. Un periodista, un activista medioambiental o una organización de derechos humanos que recibe una demanda —aunque sea completamente infundada— se ve obligado a contratar abogados, a dedicar meses o años de su vida a recopilar documentación, a comparecer ante tribunales, a soportar una presión psicológica sostenida. Todo ello mientras quien le demanda —una gran empresa, un político poderoso, un gobierno extranjero— dispone de recursos casi ilimitados para alargar el proceso indefinidamente.

No hace falta ganar el juicio. Basta con que el demandado se agote. Con que decida que no merece la pena. Con que, la próxima vez que esté a punto de publicar una investigación comprometedora, recuerde lo que le costó la anterior y opte por el silencio. Es lo que los especialistas denominan chilling effect: el efecto paralizador que produce el miedo a ser demandado.

Las demandas SLAPP tienen una serie de características comunes que permiten identificarlas. Suelen ser manifiestamente desproporcionadas respecto al supuesto daño alegado. Se presentan en jurisdicciones con procedimientos largos y costosos. Se multiplican sobre un mismo objetivo para maximizar el agotamiento. Y, muy frecuentemente, las interponen actores con capacidad económica muy superior a la de sus víctimas: corporaciones, Estados o individuos con acceso a estructuras legales sofisticadas.

La Directiva Daphne, que aprobó la Unión Europea y que España sigue sin trasladar a su ordenamiento jurídico a pesar del tiempo transcurrido y de que el Gobierno de Pedro Sánchez la incluyó como parte de su flamante Plan de Acción por la Democracia en septiembre de 2024, propone tres líneas de defensa fundamentales contra estas tácticas.

Primero, la desestimación temprana: que los jueces puedan archivar con rapidez una demanda manifiestamente abusiva antes de que el coste de defensa haya hecho ya el daño. Segundo, la inversión de la carga de la prueba: quien demanda debe demostrar que su acción no es un instrumento de acoso. Y tercero, las costas y sanciones disuasorias: si la demanda es declarada abusiva, quien la interpuso paga todos los gastos de defensa del demandado y puede enfrentar además multas específicas.

Son herramientas concretas, procesales, que no pretenden limitar el acceso a la justicia de nadie, sino evitar que ese acceso se convierta en un arma para silenciar voces incómodas.

Que esta directiva es necesaria en España no es una suposición abstracta. Hay casos documentados que ilustran con precisión el tipo de acoso que la norma europea pretende frenar. Le pasó a elconfidencial.com con Iberdrola en 2022, cuando la eléctrica interpuso una demanda contra este medio reclamando 17,6 millones de euros en concepto de daños por su cobertura del llamado *caso Villarejo*, la trama que involucra al excomisario de policía y sus trabajos para diversas empresas.

La cifra era tan desproporcionada que, por sí sola, ponía en cuestión la supervivencia económica del periódico. En 2023, el tribunal desestimó la demanda y reconoció la veracidad de las informaciones publicadas y la diligencia profesional de los periodistas. Iberdrola perdió el juicio. Pero el proceso ya había durado meses, había generado costes considerables y había obligado a la redacción a distraer energías y recursos de su labor informativa.

El periodista Ignacio Cembrero, especializado en el Magreb y en las relaciones entre España y Marruecos, lleva años soportando lo que él mismo ha descrito como un calvario procesal promovido desde las autoridades marroquíes. Uno de los episodios más kafkianos involucra la utilización de la “acción de jactancia”, una figura jurídica medieval —literalmente, del siglo XIII— que sobrevive en el ordenamiento español y que fue empleada para demandarle por haber afirmado públicamente que había sido espiado con el software Pegasus. Cembrero ha ganado todos y cada uno de los juicios. Pero el hostigamiento continúa, y cada nueva acción judicial supone volver a empezar: nuevos abogados, nuevos plazos, nueva presión.

En el ámbito del activismo ambiental, organizaciones como Greenpeace España han denunciado estrategias judiciales orientadas no a obtener una reparación legítima, sino a generar tal presión financiera y procesal sobre la organización que esta se vea obligada a limitar su actividad. La criminalización de la protesta ecologista a través de procedimientos civiles y penales es un fenómeno que va más allá de la anécdota.

Es una situación que enfrenta ahora mismo elDiario.es, al que el cantante Julio Iglesias quiere demandar por injurias y calumnias después de que el periódico publicara el testimonio de dos de sus extrabajadoras que acusan al cantante de agresiones sexuales.

infoLibre tampoco está libre de este tipo de prácticas. Le pasó con la demanda por revelación de secretos que le presentaron Teodoro García Egea, entonces secretario general del Partido Popular, y Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, después de que este medio revelara que el segundo había mediado para que se gestionara la atención a un familiar del primero en la sanidad pública. O con Francisco Serrano, exjuez y dos veces candidato de Vox en Andalucía, además de parlamentario, que trató de someter a infoLibre en los tribunales después de que este periódico hiciese público que el ultraderechista obtuvo una ayuda pública tras declarar que era dueño de una maquinaria industrial que nunca tuvo.

Estos casos no son excepciones. Son síntomas de un problema sistémico que afecta a la calidad de la democracia española. Una democracia en la que los tribunales pueden ser utilizados como instrumentos de acoso, y en la que quienes deberían estar protegidos por la libertad de expresión y el derecho a la información se ven obligados a dedicar sus recursos a defenderse de demandas diseñadas para agotar, no para obtener justicia.

El Gobierno de España no desconoce el problema. En septiembre de 2024, presentó el denominado Plan de Acción por la Democracia, un documento que incluía 31 medidas concretas orientadas a fortalecer el Estado de derecho, la independencia de los medios y los mecanismos de participación ciudadana. Entre esas medidas, la número 2.2.2 prometía la transposición de la Ley Daphne —la Directiva anti-SLAPP—.

Al cumplirse el primer año de la presentación del plan, el balance era decepcionante: menos de la mitad de las 31 medidas habían comenzado su tramitación. La transposición de la Directiva Daphne sigue en un limbo. Hoy, con el plazo del 7 de mayo de 2026 a poco más de un mes de distancia, no hay proyecto de ley en el Congreso, no hay texto articulado presentado, no hay señales de que el proceso vaya a completarse a tiempo.

Y la situación tiene consecuencias que van más allá del incumplimiento simbólico. España tiene un problema serio y documentado con la transposición de directivas europeas. A finales de 2025, el déficit de transposición del país alcanzaba el 3,19%, uno de los más elevados de la Unión Europea, con más de 90 infracciones abiertas por la Comisión Europea. No es un mal dato puntual: es un patrón de comportamiento que convierte a España en un alumno poco cumplidor en la adaptación del derecho comunitario.

Las consecuencias de incumplir el plazo del 7 de mayo no son solo políticas o reputacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede imponer multas a tanto alzado que habitualmente ascienden a varios millones de euros, más sanciones coercitivas diarias que se acumulan hasta que se completa la transposición. El coste económico para las arcas públicas puede ser considerable, y recae sobre el conjunto de los ciudadanos.

Pero hay un coste que no aparece en ninguna contabilidad presupuestaria: el coste para periodistas, medios, activistas y organizaciones sociales que siguen trabajando sin la protección que la directiva les garantizaría. Cada semana de retraso es una semana más en la que una demanda abusiva puede presentarse sin que exista un mecanismo ágil para desestimar, para invertir la carga de la prueba, para sancionar al demandante.

Daphne Caruana Galizia fue asesinada antes de poder ver el final de ninguno de los 48 procedimientos judiciales que la asfixiaban. Aquel crimen puso de manifiesto lo que muchos ya sabían pero pocos querían decir en voz alta: que la libertad de prensa en Europa no es un valor abstracto perfectamente garantizado, sino un espacio que se conquista y se defiende día a día, también frente a los tribunales.

No conocemos las condiciones exactas del primer acuerdo que Prisa Media firmó con OpenIA en marzo de 2024: cuánto dinero, por cuántos artículos, con qué cláusula de renovación. Los pactos entre los gigantes tecnológicos de la inteligencia artificial y los grandes grupos de comunicación tienen algo en común con los tratados de paz: se anuncian en comunicados triunfales pero entierran todos los detalles.

Aun así, lo que sabemos es suficiente para entender la dirección en la que se mueve el mercado. Y lo que no sabemos sobra para entender por qué los medios pequeños, regionales, locales e independientes están preocupados.

Desde 2023, las empresas de inteligencia artificial generativa —OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Amazon, Perplexity— han necesitado responder a la misma pregunta incómoda: ¿de dónde sacan el texto con el que entrenan sus modelos? La respuesta es que lo toman de internet. Y una parte sustancial de ese "internet" estaba y está hecho de periodismo: crónicas, reportajes, análisis, entrevistas. El trabajo de redacciones financiadas con suscripciones y publicidad, que forman opinión pública, y a las que nadie consultó antes de convertir su producción en datos de entrenamiento.

El conflicto no es un debate técnico sobre modelos de lenguaje. Trata sobre a quién pertenece el valor que genera el periodismo. Y la respuesta que está dando el mercado es que pertenece, en gran medida, a quien tiene más capacidad de negociación.

Los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude se entrenan con enormes corpus de texto extraídos de la red. Cuanto más rico y diverso es el material de entrenamiento, mejor funciona el modelo. El periodismo de calidad —con su precisión factual, su variedad temática, su diversidad de registros— es un activo extraordinariamente valioso. El problema es que fue tomado sin permiso.

Las empresas de IA arguyen que el rastreo de contenidos públicos está amparado por la excepción de la minería de datos de la normativa europea de 2019. Los editores rechazaron esa interpretación desde el primer momento. El resultado fue una acumulación de litigios, presiones regulatorias y, finalmente, una carrera por firmar acuerdos que pusieran un precio —aunque tardío— al uso de ese material.

Pero los acuerdos no resuelven el problema de fondo. Un sistema como AI Overviews de Google no solo se entrenó con artículos periodísticos: los resume en tiempo real y los sirve al usuario en la página de resultados, sin que este necesite hacer clic en el enlace original. El medio que financió el sueldo del periodista, el viaje y las horas de edición ve cómo su trabajo llega al usuario sin pasar por su web. Sin clic que genere publicidad. El periodismo se ha convertido en el combustible de un negocio que, en su fase extractiva, no deja nada a cambio.

En España, el actor central de quienes están cobrando a los gigantes de la IA es Prisa Media. La empresa propietaria de El País, la Cadena SER, Cinco Días, As y el Huffpost ha firmado con cuatro operadoras de IA en menos de dos años: con OpenAI, con Meta, con Google y con Perplexity. Prisa se ha convertido, de facto, en el interlocutor del periodismo español ante las grandes tecnológicas.

En el resto de Europa, el patrón es idéntico. OpenAI tiene acuerdos con Axel Springer, Le Monde, el Financial Times, The Guardian y Schibsted. Meta ha fichado a Le Figaro, Süddeutsche Zeitung, Reuters y News Corp. Microsoft colabora con Informa, Axel Springer, el FT y Reuters. Mistral cerró un acuerdo con la AFP. Amazon se alió con Reach, Condé Nast y Hearst.

La lista tiene una característica que se vuelve evidente al leerla entera: todos los nombres son grandes. Todos los medios firmantes tienen decenas o cientos de millones de lectores, archivos históricos de décadas y equipos jurídicos capaces de revisar contratos complejos. Ninguno es un periódico provincial, una revista especializada, un nativo digital de medio alcance. Ninguno.

La posición pública de las grandes empresas de IA descansa en tres argumentos. El primero es el de la innovación: cuando Meta rechazó, en agosto de 2025, firmar el Código de Buenas Prácticas de la UE en materia de inteligencia artificial, argumentó que introduce incertidumbres legales que ahogarán el desarrollo de la IA en Europa. Lo que no dijo es que "incertidumbre legal" es su manera de decir que no quiere quedar obligada a publicar qué datos usaron para entrenar sus modelos.

El segundo es el de la complejidad técnica: alegan que un modelo de pago proporcional al uso real de cada contenido es inviable porque no existe infraestructura para medirlo. Esto es parcialmente cierto. Pero la solución que proponen —la tarifa plana— no resuelve el problema de la atribución: lo elimina. Pagar una cantidad fija anual desvincula la compensación del uso real: el valor específico de cada pieza periodística desaparece en el bulto.

El tercero es el del mercado voluntario: sostienen que el ecosistema de licencias está tomando forma solo. Lo que no explican es que el mercado que toma forma es el de los grandes grupos. No funciona para el periódico regional que no tiene peso –ni recursos– para ser un interlocutor válido con las oficinas de OpenAI.

El argumento que las empresas raramente formulan en público es más simple: negociar con pocos actores grandes es más eficiente que hacerlo con muchos pequeños. Gestionar un acuerdo con Prisa Media tiene el mismo coste administrativo que uno con un periódico local de 10.000 lectores, pero el primero da acceso a décadas de archivo en cuatro cabeceras nacionales. Las cifras conocidas hablan solas: News Corp obtuvo 50 millones de dólares anuales de OpenAI; Axel Springer genera cifras de ocho dígitos. Los medios fuera de esa categoría no tienen cifra porque no tienen acuerdo.

El último acuerdo firmado por Meta con varios medios europeos, entre ellos los del Grupo Prisa, se ha conocido pocos días después de que el Parlamento Europeo, el pasado 12 de marzo, aprobase el informe sobre IA que lleva el nombre del eurodiputado de la CDU alemana Axel Voss. No es una directiva vinculante —ese es su límite principal— pero es el diagnóstico más preciso que ha producido hasta ahora una institución europea sobre este conflicto. Su lectura revela algo importante: los legisladores europeos entienden exactamente lo que está pasando. Y ya le han pedido a la Comisión que actúe.

El punto de partida es una afirmación que las empresas de IA llevan años esquivando: la IA generativa se ha entrenado masivamente con obras protegidas sin autorización. No como accidente ni zona gris, sino como práctica sistemática. El informe reafirma que el derecho de autor es algo que ninguna excepción tecnológica puede erosionar e introduce el concepto de ”acceso lícito”: solo puede ampararse en la excepción de minería de datos quien primero accedió legalmente al contenido.

En el plano operativo, el informe pide a la Comisión un nuevo marco jurídico que cubra no solo el entrenamiento inicial de los modelos, sino también la inferencia —el momento en que el modelo genera una respuesta— y la generación aumentada mediante recuperación: el sistema por el que algunos modelos consultan fuentes externas en tiempo real. Es una distinción técnica con consecuencias económicas enormes: cada vez que un modelo usa contenido periodístico para construir una respuesta, ese uso debería ser licenciable y remunerado.

El informe exige además transparencia: listas detalladas del contenido protegido usado para entrenamiento y usos posteriores, registros de actividades de rastreo, y que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) actúe como intermediaria para gestionar mecanismos de exclusión y mercados de licencias sectoriales.

Rechaza también las tarifas planas: un modelo de licencia global a cambio de pago único diluye el valor de cada contenido y amenaza la diversidad sectorial. Defiende en su lugar licencias voluntarias con remuneraciones proporcionales al uso efectivo. Y añade un elemento que suele pasarse por alto: pide estudiar soluciones para remunerar los usos ya realizados. Reconoce, en otras palabras, que el daño ya ocurrió y que hay que buscar mecanismos para compensarlo retroactivamente.

Para los medios, el informe reserva un bloque específico: control efectivo sobre sus contenidos tanto para entrenamiento como para productos que compiten con ellos, compensación por desvío de audiencia e ingresos, protección especial explícita para medios locales y regionales, y prohibición de que los sistemas de IA favorezcan selectivamente ciertas cabeceras.

Es la propuesta regulatoria más completa que existe hoy en Europa. Su debilidad es que es una resolución parlamentaria, no una ley. Las empresas de IA la leen con atención. Y mientras leen, siguen firmando acuerdos de tarifa plana. Para protegerse, al menos ante los grandes grupos de comunicación, que son además los más influyentes en las políticas de Bruselas.

Mientras tanto, la batalla judicial continúa. En febrero de 2026, el Consejo Europeo de Editores de Medios demandó a Google ante la Comisión Europea. El argumento conecta con lo que el informe Voss llama “productos que compiten directamente” con los medios: cuando AI Overviews genera un resumen tan completo que el usuario ya no necesita leer el artículo original, Google no está citando al periodismo, sino suplantándolo. El usuario obtiene la información, el medio pierde el clic, Google se embolsa el dinero que genera la publicidad.

En España, CEDRO denunció a Google ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por abuso de posición dominante. El expediente se cerró en diciembre de 2025 con compromisos vinculantes para todos los editores y agencias españolas: más transparencia sobre cómo se calcula la remuneración, un procedimiento de negociación estructurado, revisión anual de las ofertas económicas y posibilidad de remuneración retroactiva.

El Tribunal de Justicia de la UE examina por su parte si los resúmenes generados por IA constituyen una reproducción ilícita que vulnera la protección especial de los editores reconocida en la Directiva de Copyright de 2019.

Al margen se están quedando, al menos por el momento, los medios pequeños y locales, que están siendo utilizados —sus contenidos rastreados, incorporados a modelos, usados para generar respuestas— sin recibir compensación, sin capacidad técnica para verificar si su trabajo está en los corpus de entrenamiento y sin recursos legales para impugnar esa situación. El informe Voss los menciona como sujetos que merecen protección especial. Pero una mención en una resolución no es un cheque ni un acuerdo comercial.

Hay además un problema que los grandes acuerdos no solucionan. Si quienes habrían visitado la web de un medio ya no lo hacen porque la IA les dio la respuesta, ningún ingreso por licencias compensa esa pérdida. Los acuerdos actuales no contemplan el valor del lector a largo plazo: la suscripción, la fidelización, la relación sostenida con la audiencia. El modelo de negocio del periodismo financiado por audiencia está siendo erosionado con independencia de si el medio firmó o no un acuerdo.

Frente a esta asimetría, CEDRO y la Asociación de Medios de Información (AMI) defienden la gestión colectiva: ningún autor individual puede negociar con las grandes plataformas en condiciones de igualdad, pero una entidad que agrupa a miles de creadores sí puede. El informe Voss respalda esta vía al pedir que la EUIPO apoye mercados de licencias sectoriales con participación de entidades de gestión colectiva. CEDRO defiende además que el contenido no se use salvo que el medio lo autorice expresamente. Porque una vez que los contenidos han entrado en el corpus de entrenamiento, no existe mecanismo técnico para retirarlos. El permiso que no se pidió al principio se puede solicitar retroactivamente, pero no sirve para nada.

Lo que está en juego no es solo una cuestión de derechos de autor. Es si el periodismo local, el especializado, el de investigación —el que no puede permitirse un equipo jurídico ni una ronda de negociación en San Francisco— va a poder seguir existiendo en un ecosistema donde su trabajo alimenta sistemas que no le pagan y que le quitan tráfico. El informe Voss dice que no debería ser así. El mercado, por ahora, alimenta lo contrario.

Y mientras las directivas maduran en Bruselas, los corpus de entrenamiento están cerrados, los modelos de IA desplegados y los contenidos de miles de redacciones que nunca han recibido —ni recibirán— una llamada de las grandes empresas tecnológicas ya forman parte de la inteligencia artificial que hoy compite con ellas. En la mayoría de los debates sobre copyright, el daño está por venir. Aquí el daño ya se produjo, pero sigue teniendo lugar. Lo que se negocia ahora no es el futuro: es si alguien va a pagar, y a quién, por lo que ya ocurrió. Y por lo que está pasando cada día.

La evaluación del sistema español de ciencia y tecnología es objeto de análisis dinámicos por parte de la Fundación Alternativas desde hace años. Este año se ha presentado el quinto informe. En él se han plasmado las predicciones de informes anteriores. Los drásticos cambios en el sistema internacional, con la irrupción de nuevos agentes en la toma de decisiones: las grandes tecnológicas, China y los actores secundarios, Rusia, la Unión Europea y los países gigantes emergentes, Brasil, India y Turquía, amenazan la tradicional supremacía norteamericana, vigente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién va a convertirse en el principal suministrador de las nuevas tecnologías? La IA, biotecnología, telecomunicaciones, software y materiales innovadores, entre otras áreas de ciencia, se han convertido en un campo de competencia y, sobre todo, van a definir quién tiene independencia tecnológica y quién va a ser comprador y vendedor de innovación en los próximos años en el mundo. Los avances científico/tecnológicos se han convertido en la base de una pugna, no amistosa, con episodios de guerra fría y caliente. El salto del desarrollo científico-tecnológico, tanto académico como industrial, a la geopolítica ya es un hecho consumado.

En España, con todas las dificultades que haya, que las hay, tenemos una serie de áreas científicas con un desarrollo equiparable al de nuestros socios competidores de la UE, y podemos ayudar a que Europa pueda competir en la pelea que se ha desatado, dentro del pelotón de la carrera, por el dominio industrial de los próximos años. Las comunicaciones, la biotecnología, sanitaria y agroalimentaria, los nuevos materiales para semiconductores, el software y la IA, entre otras, son áreas estratégicas en las que España puede competir con nuestros vecinos europeos, ayudándolos, a la vez, a tener una presencia en la competición internacional, fundamentalmente la chino-norteamericana. Por otra parte, el intento ruso de recuperar la política exterior de la extinta URSS y del Imperio de los zares, pero con una tecnología más retrasada y un arsenal atómico heredado, los convierte en más peligrosos. En ese esfuerzo europeo se hace necesario reorientar los objetivos estratégicos hacia la seguridad, ante el aparente agotamiento del dividendo de la paz en el que se habría sustentado el modelo vigente hasta hace muy poco tiempo.

Vivimos momentos en los que preservar la seguridad implica atender a la defensa convencional, y también a la amenaza híbrida, por lo que el desarrollo de una mayor capacidad de defensa en la UE y en España implica revisar cómo disminuir la dependencia científico-tecnológica y qué implicaciones tiene el uso de, por ejemplo, la inteligencia artificial en la industria, para aumentar la soberanía e independencia. Esto no puede hacerse sin una base científica sólida, acompañada de una relación estable entre la investigación pública (universidades y OPIs) y la industria, bien de base biotecnológica como la farmacéutica, de nuevos materiales, base de los semiconductores avanzados o de cualquier otro tipo. Desde las comunicaciones al desarrollo de vacunas para prevenir las enfermedades que están volviendo a aparecer en Europa por la subida geográfica de los vectores, desde las zonas más cálidas, cerca del Ecuador, debido al aumento global de las temperaturas. Las enfermedades víricas como las producidas por el zika, el dengue, la fiebre del Nilo Occidental o la fiebre amarilla, entre otras, están volviendo a las zonas de donde fueron erradicadas hace más de un siglo (Europa. Caribe, EEUU, Australia, Canadá, etc.). Resulta una obviedad decir que hay que investigar los mecanismos de estas patologías para poder prevenirlas y conseguir vacunas o mejorar las que hay. Como que hay que dedicar esfuerzos a las resistencias frente a los antibióticos o a la protección de las cosechas o a los chips de grafeno (¿sabe alguien que estamos muy avanzados en los estudios sobre este nuevo material?). En conjunto, debemos entrar, y tenemos los mimbres para hacerlo, en la primera división de la investigación y el desarrollo europeo en varias áreas de interés estratégico, y ayudar a Europa a tener una voz en el nuevo mundo con reglas imperiales de vasallaje que nos quieren imponer. 

¿Estamos preparados para dar este salto cualitativo? Muchos laboratorios públicos sí. Los responsables políticos no. Los gastos en I+D han estado basados durante los últimos años en el empleo de fondos europeos que ya se terminan. Con los presupuestos nacionales, sin un plan especial de desarrollo, es prácticamente imposible. Todavía más grave es la falta de planes de movilización de las áreas estratégicas: telecomunicaciones, IA, software, nuevos materiales, biotecnología, etc. No es suficiente con los programas actuales. Se trata de eso, de “movilizar efectivos”, bien españoles o extranjeros que den un salto adelante, en las áreas correspondientes. Facilitarles la vida a los cerebros repescados, no solo darles un sueldo, después de una exigente selección. Hay que darles algo más que laboratorios vacíos. Proyectos de iniciación y facilitar que vengan equipos completos. Estas acciones no representarían un gasto inabordable (cuestan menos que el precio de una escuadrilla de aviones modernos) para el Estado. Esto es tanto para el gobierno central como para los de las CCAA.

Hay que modificar, de una vez por todas, la gestión esclerosada de mediados del siglo veinte que es incapaz de ayudar al sistema de ciencia y tecnología a desarrollarse. Dejar los manguitos y la pluma por el ordenador, aunque, aparentemente, los tengan. Pero, lo primero es tener planes a medio plazo que no parece ser el caso en los responsables de la I+D en España. Hay que crear (¡¡todavía a estas alturas!!) una relación fácil con las empresas que van a necesitar una conexión fuerte con las universidades y los OPIs para hacer frente a los retos inmediatos. Y, de forma esencial, tenemos que creernos que el sistema español de I+D+i puede tener una voz importante en unas cuantas áreas estratégicas en Europa. La UE tiene problemas de liderazgo, pero los países grandes, y España lo es, tienen la obligación de ponerse en marcha, arrastrando al resto, para no ser excluidos por los imperios que quieren adueñarse del futuro de la innovación y la influencia social. Nos jugamos no solo la independencia en la innovación, sino también la pervivencia de los valores democráticos que están siendo puestos en peligro por los imperios nacientes. Sin complejos, como ellos dicen.

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Vicente Larraga es profesor de Investigación “ad Honorem” del CSIC y analista de la Fundación Alternativas.

Desde hace semanas, en los despachos y redacciones del sector de la comunicación español cada vez más personas se preguntan si Prisa está negociando algún tipo de acuerdo con Atresmedia.

No existe constancia pública de ningún pacto, ni publicitario ni empresarial. Pero los indicios se acumulan, y los protagonistas desmienten solo a medias la buena relación que han fraguado los dos grupos empresariales. Fuentes oficiales de Prisa, a preguntas de infoLibre, aseguran que su relación con Atresmedia “es la normal” que tienen “con colegas del sector”. Y que sus proyectos de aquí al año 2029 se resumen en el plan estratégico que la empresa presentó hace unos días. Pero declinaron responder en detalle preguntas directas sobre este asunto.

La expectación es comprensible. Prisa y Atresmedia representan dos culturas editoriales y dos líneas ideológicas que han competido durante décadas. La primera, propietaria de El País y la Cadena SER, ha sido durante generaciones el faro del centroizquierda mediático español. La segunda, con Antena 3, La Sexta, y Onda Cero, ha construido su identidad en coordenadas distintas. Un entendimiento entre ambas —de cualquier naturaleza— tendría implicaciones que van mucho más allá de la cuenta de resultados.

La primera señal de que ese entendimiento, pese a las explicaciones oficiales, va más allá de lo “normal” entre “colegas del sector” es la estrecha relación que han entablado, desde hace tiempo, Joseph Oughourlian, presidente ejecutivo de Prisa, y Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia en Madrid. Casals, conocido en el sector con el apodo de “el príncipe de las tinieblas” por su legendaria capacidad para presionar tanto a empresas como a instancias gubernamentales, ha trabado con el hombre fuerte de Prisa una sintonía que varios testimonios califican de cercana y de confianza.

El alcance de esa influencia tendría ya un precedente concreto y significativo. Una fuente con conocimiento directo de la dirección de Prisa atribuye al consejo de Casals la decisión de Oughourlian de cancelar, hace ahora un año, el proyecto de un canal de TDT que el grupo tenía avanzado. Esa cancelación no fue inocua: acabó provocando una ruptura con los accionistas españoles de la empresa, fractura que condicionaría el rumbo posterior de Prisa. Si la versión es cierta, la influencia de Casals sobre el presidente del grupo ha tenido consecuencias corporativas de primer orden.

El segundo indicio de esa especial relación entre grupos aparentemente rivales es más reciente y más concreto. El pasado martes, en un reservado de un lujoso restaurante de Madrid, se reunieron a comer Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia y número dos de su máximo responsable, José Creuheras; Javier Bardají, consejero delegado del grupo; Joseph Oughourlian, presidente de Prisa; y Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media, la división que aglutina El País y la Cadena SER.

No es inusual que directivos de grandes grupos mediáticos se reúnan. Lo llamativo es la composición de la mesa: los dos máximos ejecutivos operativos de Atresmedia junto al presidente y la principal gestora de los medios de Prisa. Una reunión de ese nivel no es una visita de cortesía. Y el hecho de que se celebrase en un reservado, lejos de los espacios habituales de representación, añade una capa de discreción que nadie en el sector considera circunstancial.

Hay un tercer elemento, citado por otra fuente consultada por infoLibre, que expresa bien la orientación de Oughourlian. El presidente del grupo propietario de la Cadena SER no oculta su predilección por Carlos Alsina, buque insignia de Onda Cero Radio, propiedad de Atresmedia, en detrimento de Hoy por Hoy, el programa estrella de su propia emisora, dirigido y presentado por Àngels Barceló. Hasta el punto de sintonizar la emisora de Alsina cada mañana.

Para entender el posible significado de estos movimientos hay que situar a Oughourlian en el momento político y empresarial en que se encuentra. Desde la ruptura con los accionistas españoles, el presidente de Prisa ha emprendido un camino de afianzamiento personal en la empresa, a través de un blindaje con el fondo Pimco y rechazando una oferta en firme de ampliación de capital que hubiera dado el control del grupo al empresario Blas Herrero, propietario de Kiss Radio, al que Oughourlian ha llegado a referirse públicamente con desprecio.

El horizonte financiero de Prisa hasta 2029 está condicionado por una arquitectura de deuda que vincula la viabilidad del grupo a la continuidad de su actual presidente. El acuerdo alcanzado con Pimco, poseedor de la mayoría de los tramos críticos de deuda, incluye una “cláusula de permanencia” que actúa como un blindaje operativo: cualquier movimiento accionarial destinado a destituir a Oughourlian activaría un vencimiento anticipado de aproximadamente 240 millones de euros.

Esta estructura convierte la figura del presidente en un activo financiero en sí mismo, garantizando la paz con los acreedores a corto plazo, pero limitando drásticamente la capacidad de maniobra de la Junta General ante posibles cambios en la estrategia de gestión.

Esta personalización del riesgo crediticio ha trasladado la batalla por el control del grupo a la arena judicial, concretamente al Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid. Accionistas de referencia como Global Alconaba han impugnado formalmente este blindaje, calificándolo de “abuso de derecho” por condicionar la supervivencia de la compañía a la estabilidad de un solo cargo directivo.

Aunque la justicia ha denegado medidas cautelares para evitar un colapso financiero inmediato, el proceso principal sigue vivo y añade un factor de incertidumbre jurídica a las perspectivas del grupo. Hasta 2029, Prisa opera bajo una suerte de “pacto de estabilidad forzosa” donde la gobernanza corporativa queda subordinada a las exigencias de sus acreedores institucionales.

A estas maniobras se añade el enfriamiento de la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El propio Oughourlian firmó en su día un artículo en el que comparaba al presidente del Gobierno con Franco, texto que cerró definitivamente cualquier puente de entendimiento con La Moncloa. En ese escenario de aislamiento, la búsqueda de un ancla de estabilidad —ya sea publicitaria o de otro tipo— con un grupo del tamaño de Atresmedia adquiere una lógica propia.

Oughourlian, sin embargo, insiste en que no tiene intención de vender ni de despiezar el grupo. En esa línea acaba de presentar un plan estratégico con el que pretende proyectar una imagen de estabilidad y continuidad, al menos, hasta 2030.

El grupo Prisa cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros. Es la segunda cifra más baja que ha tenido el grupo en años, pero sigue siendo alta. De hecho, en 2025 aumentó en siete millones, rompiendo la tendencia de 2024, cuando el grupo logró recortar su endeudamiento en 82 millones de euros, pasando de 832 a 750 millones.

El plan estratégico presentado hace unos días fija dos objetivos que hay que leer conjuntamente para entender la lógica financiera del presidente de Prisa. El primero es alcanzar en 2029 un resultado operativo —beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones— de 240 millones de euros anuales. El segundo es que, para entonces, la deuda neta no supere tres veces ese beneficio anual. Aplicando esa ratio al objetivo de beneficio, el techo de deuda implícito en el plan tiene que situarse, en el plazo de tres años, en torno a los 720 millones de euros.

La aritmética resultante es, a primera vista, modesta. Si la deuda actual es de 757 millones y el objetivo para 2029 es estar por debajo de 720 millones, el recorrido neto de reducción que los responsables del grupo se han autoimpuesto es de apenas unos 40 millones en cuatro años. Muy lejos de los 82 millones que el grupo redujo en el ejercicio de 2024.

La explicación hay que buscarla en la voluntad de no reducir agresivamente la deuda mediante la venta de activos o el recorte de gastos, sino en hacer crecer el negocio. Lo que quieren cambiar no es solo el volumen de la deuda, sino su peso relativo sobre la capacidad de generación de dinero.

En ese sentido, el plan de Prisa ha sido presentado como una apuesta por el crecimiento del negocio —fundamentalmente digital, con la plataforma educativa Santillana y los activos de audio como vectores principales— más que como un plan de austeridad financiera al uso.

El camino implícito, si se traza una curva lineal entre el punto de partida real y el objetivo declarado, sería una reducción gradual de unos 10 millones de euros anuales: de 757 millones en 2025, pasando por 745 en 2026, 735 en 2027, 725 en 2028, hasta llegar a 715 millones en 2029, ya por debajo del umbral que marca el propio plan. Son cifras orientativas —Prisa no ha publicado objetivos de deuda año a año— pero sirven para visualizar la pendiente que el grupo considera manejable.

Hay dos matices que condicionan todo el escenario. El primero es que la ratio de deuda sobre beneficio operativo solo se sostiene si el beneficio crece de forma efectiva hasta los 240 millones previstos. Desde los niveles actuales, eso implica un crecimiento operativo muy relevante que el plan da por posible pero que el mercado juzgará conforme pasen los ejercicios. El segundo matiz es que el grupo no dedicará todo el flujo de caja generado exclusivamente a amortizar deuda: una parte irá a inversión para sostener precisamente ese crecimiento que hace viable la ecuación.

Lo que el plan de Prisa promete a sus accionistas, y en particular a sus acreedores, es una apuesta por hacer creíble que la transformación digital del grupo no solo es real, sino que, en un escenario de incertidumbre global, generará suficiente valor económico como para resolver por la vía del crecimiento lo que durante años no se pudo resolver por la vía de la reducción de costes.

Si lo consigue, habrá salido de una de las espirales de deuda más largas y complejas del periodismo europeo. Si no, los 757 millones de euros de hoy seguirán siendo, dentro de cuatro años, el problema central de un grupo que controla algunos de los activos periodísticos más relevantes en español.

En cualquier caso, las fuentes consultadas por infoLibre sostienen que Oughourlian es perfectamente consciente de que un giro editorial brusco hacia la derecha de El País y la SER sería catastrófico para ambas marcas y para la audiencia de sus medios. Pero las señales de que algo está cambiando en los márgenes, de forma gradual y aparentemente calculada, se acumulan.

La incorporación de perfiles de derechas en las tertulias de la emisora de radio del grupo, un espacio hasta ahora dominado por voces de centroizquierda, no ha pasado desapercibida. También ha generado comentarios la frecuencia creciente con que los programas y contenidos de las cadenas de televisión de Atresmedia reciben un tratamiento informativo más que favorable en las páginas de El País.

Entre los últimos gestos que han llamado la atención está la decisión de Prisa de autorizar al presentador estrella de Hora 25, Aimar Bretos, uno de sus iconos periodísticos, a estrenar un programa en La Sexta, la emisora progresista de Atresmedia, que desde hace tiempo intenta buscar una fórmula que le permita recuperar la confianza de la audiencia. La periodista Ana Pastor, como propietaria de Newtral, la empresa que ha contratado a Bretos para su nuevo programa en La Sexta, se ha puesto en contacto con infoLibre para desvincular el fichaje de las decisiones empresariales que hayan adoptado o puedan adoptar de Prisa y Atresmedia. 

A muchos en el sector les ha sorprendido también la decisión de abrir el suplemento Ideas de El País, hace apenas unos días, con un artículo firmado por Carlos Rodríguez Braun, catedrático jubilado de Historia del Pensamiento Económico de perfil netamente neoliberal, dedicado a las bondades del liberalismo clásico y a la reducción al mínimo del Estado. La pieza, por su ubicación y su tono, fue interpretada por muchos como una señal de reposicionamiento editorial que pocos esperaban ver en ese espacio.

El interés que suscita un posible alianza entre Prisa y Atresmedia tiene que ver con las implicaciones relevantes para el pluralismo mediático en España. Ambos grupos concentran activos muy influyentes en distintos soportes —prensa, radio, televisión y plataformas digitales— y su aproximación estratégica podría reducir la diversidad real de actores con capacidad de fijar agenda informativa.

Además, existen obstáculos estructurales: algunas de sus marcas compiten directamente en el mismo mercado, como Cadena SER y Onda Cero en la radio generalista, lo que dificultaría una integración operativa plena —aunque el precedente de Antena 3 y La Sexta ofrece, al mismo tiempo, una solución–. Sin embargo, incluso sin una fusión formal, la cooperación en áreas como la comercialización publicitaria, la tecnología o la distribución de contenidos podría generar sinergias significativas y aumentar el poder de mercado del conjunto frente a otros grupos mediáticos.

Desde el punto de vista regulatorio y del pluralismo, el principal riesgo estaría en la concentración de capacidad de influencia informativa y publicitaria en un mercado ya muy concentrado. Las autoridades europeas llevan años alertando sobre este fenómeno en el ecosistema mediático, especialmente en países con pocos grandes operadores nacionales.

En el caso español, donde unos pocos grupos dominan gran parte de la audiencia en televisión, radio y prensa digital, un acercamiento entre Prisa y Atresmedia podría reforzar posiciones dominantes tanto en el mercado publicitario como en la formación de la agenda pública. Por eso, cualquier acuerdo relevante estaría previsiblemente bajo el escrutinio de autoridades de competencia como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y debería cumplir con un marco normativo europeo orientado a proteger el pluralismo y limitar concentraciones excesivas en el sector de los medios.

Con todo, la pregunta más relevante de fondo es qué significaría para la pluralidad informativa española que el grupo propietario de El País y la SER estrechara lazos —de cualquier tipo— con Atresmedia. Y también qué significaría para la independencia editorial de unos medios cuya credibilidad ha descansado históricamente en su distancia de los poderes económicos y en la coherencia de su línea ideológica.

Oughourlian no vende. Eso dice. Pero en el sector hay cada vez más quienes se preguntan si el grupo que preside está cambiando.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación, tal y como adelantó infoLibre este domingo, una medida con la que el Gobierno quiere que se conozca cuánto dinero invierten en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, según informa EFE.

Esta regulación, que ha llevado al Consejo de Ministros el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, se incluye en el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una de las 31 reformas planteadas por el Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024 por el Gobierno. Según ha subrayado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este anteproyecto permitirá adaptar la actuación de las administraciones públicas "al momento actual, con un mayor protagonismo de los medios digitales". 

"El objetivo es incrementar la transparencia, la objetividad y la no discriminación en la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación", ha subrayado Saiz. Con esta medida se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que entró en vigor el pasado 8 de agosto y que es directamente aplicable en los 27 estados miembros de la Unión Europea.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz también ha concretado que toda la documentación relacionada con la intentona golpista del 23F hasta ahora clasificada y "que se ha encontrado" será de acceso libre mañana miércoles a mediodía desde la página web de Moncloa.

Se trata de 153 "unidades documentales", ha revelado la ministra, cuya desclasificación acordada este martes por el Gobierno, 45 años después de aquellos acontecimientos históricos, permitirá su libre consulta por parte de investigadores, historiadores, periodistas y cualquier ciudadano interesado.

Su difusión, ya "no supone un riesgo real y presente" y por eso el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez ha optado por permitir su conocimiento porque, en palabras del propio presidente "la memoria no puede estar bajo llave", ha recordado Saiz. 

El Gobierno ha dado luz verde a una modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos con el objetivo de que no quede ningún resquicio legal que permita los espectáculos cómico-taurinos que denigren a personas con discapacidad, y más concretamente a personas con enanismo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que añade un apartado 4 al artículo 90 del citado reglamento, con la siguiente redacción: "En todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impulsado esta modificación normativa para reforzar la prohibición establecida desde 2023 a través de la Ley General de la Discapacidad. "Nunca más se puede consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello", ha aseverado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa.

El ministerio recuerda también que ofrece el programa Pisadas con dignidad de reinserción laboral para las personas con discapacidad que se han visto obligadas a trabajar en estos espectáculos.

Pese a la prohibición, de forma esporádica se han programado espectáculos de este tipo, en la mayoría de los casos prohibidos por las autoridades. En febrero de 2025, un juzgado de Málaga dio la razón a los promotores del evento Toreo cómico, al que la Junta de Andalucía había denegado dos años antes su autorización, porque en él participaban personas con enanismo. El juzgado consideró que no existían pruebas de que el espectáculo tuviera como fin la mofa.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de la UTAC (Unidad técnica de apoyo y coordinación), un órgano que asesorará y controlará a las administraciones autonómicas en el cumplimiento de la directiva europea de accesibilidad para las personas con discapacidad.

El Gobierno -explica el ministerio de Bustinduy- culmina el proceso de transposición de esta directiva europea que obliga a garantizar los derechos de los consumidores con discapacidad para que puedan acceder y utilizar determinados productos y servicios en condiciones de igualdad.

Cuando se cumplen dos años de la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución, Bustinduy ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre las actuaciones emprendidas por el Gobierno para dar respuesta a esta modificación legislativa. El documento recoge todos los avances normativos puestos en marcha en cumplimiento del renovado artículo 49.

Así, detalla que se ha aprobado un real decreto para desarrollar las medidas de la ley ELA dotado con 500 millones de euros con el que las personas con esta enfermedad en fase avanzada tendrán derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes, y la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados para el que se han movilizado más de 2.000 millones de euros.

También se han destinado 65 millones de euros para el primer plan de protección de mujeres y niñas con discapacidad, 20 millones para la educación inclusiva y atención temprana del alumnado con autismo, y más de 5 millones para la formación de personas con discapacidad.

En estos dos años también han visto la luz la prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente y el primer protocolo estatal para la comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

Derechos Sociales subraya además que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que están en tramitación parlamentaria será "la norma que va a terminar de consolidar" la reforma del artículo 49 para garantizar la autonomía, la inclusión y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Destaca también el esfuerzo presupuestario sostenido en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y recuerda que desde la inversión ha crecido un 12% en estos dos años.

Hay una cifra que resume décadas de promiscuidad entre el poder y la prensa en España: el porcentaje de ingresos que algunos medios obtienen de las administraciones públicas. No es un dato fácil de conocer, porque nunca nadie ha estado obligado a publicarla.

La nueva Ley de Publicidad del Sector Público, cuyo anteproyecto está a punto de llegar al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso infoLibre, cambia eso. Y va más allá: fija un techo del 35% de la facturación anual por encima del cual ningún medio podrá recibir publicidad de la Administración central. Quien supere ese umbral, quedará fuera del circuito.

Es, si sale adelante en estos términos, la reforma más ambiciosa en este ámbito desde que José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley 29/2005, una norma que el tiempo convirtió en papel mojado con mayor rapidez de lo que sus impulsores están dispuestos a admitir.

El anteproyecto no ha llegado de la nada. Es una pieza del Plan de Acción para la Democracia que el Gobierno aprobó en septiembre de 2024 y, sobre todo, es la traducción al ordenamiento español del Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como Reglamento Europeo de Libertad de Medios o EMFA, por sus siglas en inglés.

Bruselas lleva años alertando de que la publicidad institucional se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces para doblegar la independencia editorial sin necesidad de teléfonos, ni presiones directas, ni grandes escándalos. Basta con repartir el dinero con inteligencia: más para los amigos, menos para los críticos, nada para los incómodos. El mercado hace el resto.

El texto que está previsto que llegue al Consejo de Ministros deroga la ley de 2005 y construye sobre sus ruinas un régimen nuevo, más amplio y con mayor vocación de eficacia. El primer cambio es semántico, pero no menor: se abandona el término "publicidad institucional" y se adopta el más comprensivo de "publicidad del sector público".

La diferencia no es retórica. La vieja categoría solo cubría las campañas de imagen y comunicación de la Administración. La nueva abraza también la publicidad industrial, comercial o mercantil promovida por el sector público estatal: los anuncios de empresas públicas, las promociones de marcas bajo tutela estatal, los patrocinios vinculados a campañas. Todo entra en el mismo saco regulatorio. Todo queda sujeto a los mismos criterios de transparencia y a los mismos límites de dependencia.

No obstante, la medida que tiene potencialmente más posibilidades de cambiar el ecosistema mediático, si se aplica con rigor, es ese tope del 35%. El anteproyecto dice que "no podrán recibir publicidad del sector público estatal los medios de comunicación y las plataformas en línea cuyos ingresos por publicidad procedente del conjunto del sector público superen" ese porcentaje "del importe neto de su cifra de negocio".

Es decir: un medio cuyos ingresos dependan del sector público (lo que incluye a la Administración local y autonómica) por encima del 35% no podrá recibir más publicidad del Estado. Lo cual no impide, tal y como ha sido redactada la ley, que pueda seguir superando ese porcentaje si el dinero llega de comunidades, ayuntamientos o diputaciones. E incluso llegar al 100%.

La justificación declarada es impecable: se trata de evitar la existencia de medios privados esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones públicas. En otras palabras, el Estado no quiere pagar para que un medio le deba la vida.

El problema es que, aparentemente, no cierra la puerta a esa dependencia por parte de otras administraciones públicas. Algunas de ellas, como es público y notorio, están en el centro del problema porque son las que financian y sostienen a buena parte del ecosistema informativo que difunde desinformación y garantiza el funcionamiento eficaz del ciclo del bulo.

No es esta la única vía de escape al control. El borrador del anteproyecto de ley establece otra excepción que importa tanto como la regla. Quedan exentos del límite del 35% los medios con facturación anual inferior a dos millones de euros y con audiencia concentrada en una, dos o tres comunidades autónomas limítrofes. Quienes cumplan simultáneamente estas dos condiciones podrán financiarse sin límites del dinero público, también del que maneja la Administración central.

El anteproyecto, a partir de las obligaciones que impone la EMFA, construye además toda una arquitectura de transparencia destinada a hacer visible, por primera vez de forma sistemática, el flujo completo del dinero público hacia los medios.

Para empezar, los medios que quieran publicidad estatal deberán estar inscritos en el registro estatal o autonómico de medios previsto en el reglamento europeo y que, en España, todavía no se ha creado. Esa inscripción no es un mero trámite burocrático: implica haber publicado quiénes son los propietarios del medio, cuál es la estructura de control y cuánta financiación pública recibe. Sin esa transparencia previa, el grifo de la publicidad estatal permanecerá cerrado.

Hay más capas. Los medios deberán facilitar a la Comisión de Publicidad y Comunicación sus tarifas de mercado para los formatos y espacios susceptibles de ser contratados en el marco del plan anual de publicidad y comunicación institucional, y esas tarifas funcionarán como precios máximos en la contratación pública. No habrá descuentos opacos, ni contraprestaciones en especie, ni bonificaciones cruzadas entre los medios y las agencias que gestionan fondos públicos. Se trata de iluminar un circuito que durante años ha funcionado en penumbra, donde el valor real de los contratos publicitarios era casi imposible de conocer desde fuera.

El engranaje de control se completará, siempre que la ley supere el largo camino que tiene por delante, con dos piezas institucionales que el anteproyecto remodela en profundidad. Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumirá la función de seguimiento del gasto en publicidad del sector público estatal a medios y plataformas, recopilará información de los reguladores autonómicos y elaborará los informes anuales que exige Bruselas. En las comunidades que no cuenten con una autoridad independiente, no podrán escapar: la CNMC recabará los datos directamente de las administraciones autonómicas y locales.

Por otro lado, la antigua Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional se transforma en una Comisión de Publicidad y Comunicación de mayor alcance, con competencias ampliadas al terreno industrial y mercantil y con apoyo técnico de la Secretaría de Estado de Comunicación.

El texto presta también atención, por primera vez, a la eficacia de la inversión publicitaria pública, no solo a su control. Las entidades del sector público estatal deberán exigir a los medios y plataformas que participen en sus campañas el uso de sistemas de medición de audiencia conformes con la EMFA, con acceso a su metodología y a sus resultados. Y se establece que la publicidad estatal se difundirá preferentemente a través de medios de carácter informativo, un criterio que no es neutral en un ecosistema donde proliferan los soportes que se presentan como medios sin tener la función informativa como núcleo de su actividad.

La principal limitación estructural del anteproyecto, que ninguna redacción cuidadosa puede ocultar, es que el límite del 35% se aplica exclusivamente a la publicidad del sector público estatal. El dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos queda fuera, pendiente de que decidan autolimitarse o seguir como hasta ahora.

Y es precisamente ahí, en ese territorio autonómico, provincial y local, donde se concentra la mayor parte del problema. Las relaciones de dependencia más estrechas entre medios y poder político en España se tejen en las capitales autonómicas, en las ciudades medias, en los municipios con presupuesto suficiente para comprar cobertura favorable o castigar la crítica con el silencio publicitario.

El anteproyecto lo sabe, y por eso establece que los principios de objetividad, proporcionalidad, transparencia y no discriminación en la asignación de fondos se convierten en normativa básica aplicable a todas las administraciones, no solo a la estatal.

Eso significa que comunidades autónomas y entidades locales quedan obligadas a respetar ese marco general de criterios, tal y como, por otra parte, ordena la EMFA. Pero el límite cuantitativo, el techo del 35%, no es básico: cada comunidad podrá decidir si lo replica en su propia legislación o si prefiere no ponerse ese tipo de corsé.

Con todo, veinte años de experiencia con la ley de 2005 enseñan que las normas sobre publicidad institucional tienen una tendencia particular a perder eficacia entre su aprobación y su aplicación. Los criterios objetivos se vuelven subjetivos cuando quien los aplica tiene intereses en el resultado. Los registros de transparencia se llenan de información que nadie cruza o que no se contrasta. Los informes anuales se publican con retraso y se leen poco. La CNMC puede hacer mucho, pero solo si tiene recursos, voluntad política y capacidad para actuar sin que cada expediente desemboque en un largo contencioso.

La televisión, durante décadas altar indiscutible de la inversión publicitaria en España, acaba de cerrar su peor año en la última década. El Estudio InfoAdex 2026, recién publicado, certifica que el medio perdió 82,7 millones de euros en 2025, un desplome del 4,4% que sitúa su facturación en 1.784 millones frente a los 1.867 del ejercicio anterior. Es la confirmación definitiva de una tendencia que ya no admite eufemismos: los anunciantes están reordenando sus prioridades y la pequeña pantalla ya no figura entre las intocables.

El dato cobra mayor relevancia si se contextualiza. Mientras la televisión se desangra, el mercado publicitario español apenas resiste: cerró 2025 con una inversión total de 12.745 millones de euros, un retroceso del 2,6% respecto al año anterior. Pero dentro de ese deterioro generalizado, la caída de la televisión resulta especialmente pronunciada.

Conserva, es cierto, el liderazgo por volumen de negocio con el 28,5% de los medios controlados por InfoAdex —aquellos cuya inversión publicitaria puede medir esta organización directamente porque monitoriza de forma sistemática los anuncios que aparecen en ellos, como televisión, radio, prensa, revistas, exterior, cine, buscadores, redes sociales y websites—, pero ha perdido 1,6 puntos de cuota en un solo año. No se trata de un tropiezo coyuntural: es la manifestación de un cambio estructural en los hábitos de consumo y en las estrategias de las marcas.

La erosión del reinado televisivo se produce, paradójicamente, en un contexto económico favorable. España cerró 2025 con un crecimiento del PIB del 2,8%, el doble que la media de la zona euro, según datos del INE. Sin embargo, la inversión publicitaria no acompañó ese dinamismo macroeconómico. Al contrario: el peso de la publicidad sobre el PIB cayó hasta el 0,76%, seis centésimas menos que en 2024 y la cifra más baja registrada en años recientes. Es una señal inequívoca de que las empresas ajustan presupuestos, recalibran estrategias y exigen retornos medibles con una exigencia desconocida en la era analógica.

Frente al declive televisivo, lo digital se expande. La publicidad en buscadores como Google, fundamentalmente los anuncios que aparecen cuando alguien busca un producto o servicio, alcanzó los 1.000,9 millones de euros, con un crecimiento del 2,4% que lo consolida en segunda posición por volumen de inversión, solo por detrás de la televisión. Es un dato elocuente: las marcas invierten más en aparecer cuando un consumidor manifiesta una intención de compra explícita que en casi cualquier otro formato publicitario.

Las redes sociales, con 880,6 millones y un alza del 2,8%, ocupan el tercer puesto en el ranking de medios controlados. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn y el resto de plataformas sociales consolidan su posición como espacios privilegiados para alcanzar audiencias segmentadas con formatos visuales, interactivos y virales.

Le sigue de cerca la publicidad en websites —aquella que aparece en portales y páginas web que no son medios de comunicación tradicionales ni redes sociales—, que creció un 8,8% hasta los 559 millones. Se trata de banners, vídeos insertados y otros formatos display que pueblan sitios de comercio electrónico, blogs especializados, foros y toda clase de destinos digitales donde las marcas pueden encontrar a sus públicos objetivos.

Pero quizá el dato más revelador se encuentra en los medios estimados, ese territorio menos visible pero igualmente significativo —marketing telefónico, mailing, buzoneo, patrocinio, contenido patrocinado, influencers, ferias…—.

Los influencers despuntaron con un espectacular 23,5% de incremento, alcanzando los 128,7 millones de euros. Es un crecimiento que trasciende lo anecdótico: refleja cómo las marcas buscan conectar con audiencias a través de prescriptores que generan confianza, cercanía e interacciones en nichos específicos.

La recomendación personalizada, el micro-targeting —mensajes muy específicos dirigidos a segmentos extremadamente precisos de la población, definidos a partir de datos personales, comportamientos digitales y patrones de consumo, con el objetivo de maximizar la persuasión— y la autenticidad percibida —valores ausentes en el spot televisivo tradicional— se han convertido en moneda de cambio preferente para una parte creciente del tejido empresarial.

Lo digital, además, ya representa más del 55% de la inversión en medios controlados, según destaca el informe. Es una cifra que marca un punto de inflexión: la publicidad española es, mayoritariamente, digital. Y lo es por razones que van más allá de la moda.

Los entornos digitales ofrecen segmentación precisa, optimización en tiempo real, métricas exhaustivas y capacidad de ajuste inmediato. Permiten saber no solo cuántos vieron un anuncio, sino quiénes, cuándo, durante cuánto tiempo y qué hicieron después. Esa transparencia resulta irresistible para anunciantes que deben justificar cada euro invertido ante consejos de administración cada vez más orientados a incrementar la rentabilidad de las inversiones.

El exterior emerge como otro ganador inesperado de este reordenamiento. Con un crecimiento del 6,7% y una inversión de 460,5 millones de euros, este medio demuestra que la publicidad física no solo conserva su capacidad de impacto sino que cotiza al alza. La publicidad exterior se beneficia de su propia reinvención: pantallas digitales, formatos interactivos, integración con dispositivos móviles y presencia en espacios de alto tránsito urbano la han convertido en un canal complementario eficaz para campañas que buscan notoriedad masiva sin depender de la televisión.

Radio y audio digital, por su parte, también se anotan un crecimiento significativo, con un alza del 2,6% hasta los 590,2 millones de euros. Este medio se beneficia del auge del podcast y de las plataformas de streaming sonoro como Spotify, que han revitalizado el consumo de audio entre públicos jóvenes.

La radio ha sabido adaptarse, diversificando soportes y apostando por contenidos bajo demanda que conviven con la emisión lineal tradicional. Incluso el cine, con sus modestos 25 millones, creció un 6,2%, señal de que la experiencia colectiva en salas mantiene un nicho de valor para marcas que buscan asociarse con el impacto sensorial de la gran pantalla.

Los diarios y dominicales, a su vez, muestran una estabilidad casi milagrosa en un contexto adverso: crecieron un exiguo 0,1%, situándose en 750,1 millones. Es un estancamiento que esconde realidades contrapuestas: mientras la prensa impresa continúa su declive estructural, las ediciones digitales de los grandes medios captan inversión publicitaria que compensa parcialmente las pérdidas. De hecho, de los 750 millones totales, 412,5 corresponden a publicidad digital y solo 337,6 a la versión impresa, según el desglose del informe. Las revistas, con 216,3 millones y un crecimiento testimonial del 1%, siguen una trayectoria similar: 126,6 millones en papel, 89,7 en digital.

Pero no todo es ascenso fuera de la televisión. Los medios estimados —ese cajón de sastre que engloba desde marketing telefónico hasta contenido patrocinado— sufrieron un descenso conjunto del 5,7%, pasando de 6.873 a 6.478 millones de euros. Es un retroceso que afecta a prácticas publicitarias muy diversas, algunas de las cuales están pagando el precio de su saturación y falta de relevancia.

El mailing digital y físico se desplomó un 16,6%, perdiendo 217 millones hasta quedar en 1.090 millones. Es la caída más pronunciada en términos absolutos y refleja el hartazgo del consumidor ante bandejas de entrada saturadas y buzones físicos repletos de publicidad no solicitada.

El buzoneo, por su parte, sufrió una debacle del 20%, perdiendo 45 millones y quedando en 179,6 millones. Son cifras que evidencian el rechazo creciente a formatos intrusivos, poco personalizados y de bajo valor percibido.

El contenido patrocinado, pese al valor que le otorgan los anunciantes y a la apuesta de muchas marcas por contenidos que se camuflan como de calidad, retrocedió un 9,7% hasta los 506,2 millones. Es un dato que invita a la reflexión: ni siquiera las estrategias más sofisticadas están a salvo de la contracción presupuestaria cuando los anunciantes priorizan resultados inmediatos sobre construcción de marca a largo plazo.

El marketing telefónico perdió 73 millones, un 4,2% menos, situándose en 1.651 millones. Sigue siendo el mayor medio estimado por volumen, pero su retroceso señala las limitaciones de un canal cada vez más regulado y resistido por los consumidores.

En contraste, otros medios estimados mostraron dinamismo. La animación en punto de venta creció un 12,5%, las ferias y exposiciones un 9,8%, y los regalos publicitarios offline un 17,9%. Son incrementos modestos en términos absolutos, pero significativos en términos estratégicos: indican que la experiencia física, el contacto directo y la sorpresa tangible conservan valor en un mundo digitalizado.

Los actos de patrocinio, mecenazgo y responsabilidad social corporativa también subieron un 4,6%, alcanzando los 407,3 millones, mientras el patrocinio deportivo cayó un 4,3% hasta los 631,7 millones, posiblemente afectado por la ausencia de grandes eventos internacionales en 2025.

La televisión paga el precio de su modelo en este nuevo tablero. Audiencias fragmentadas entre canales generalistas, temáticos y plataformas de streaming; consumo bajo demanda que elude la publicidad tradicional; competencia de gigantes internacionales como Netflix, Amazon Prime o Disney+ que no insertan publicidad convencional o lo hacen con formatos radicalmente distintos. Los anunciantes, por su parte, descubren que en digital pueden comprar audiencias específicas, optimizar campañas en tiempo real y obtener métricas precisas sobre impacto, conversión y retorno.

Lo que no hace el informe InfoAdex 2026 es abordar específicamente el impacto de la migración de las búsquedas desde buscadores tradicionales hacia herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Perplexity o los nuevos asistentes conversacionales.

Este es, de hecho, un punto ciego significativo del estudio. La irrupción de herramientas de IA generativa que responden directamente a preguntas sin mostrar resultados tradicionales de búsqueda —y por tanto, sin espacios publicitarios convencionales— representa una amenaza potencial para el modelo de negocio de los buscadores tradicionales.

En este ámbito, todo indica que habrá cambios. OpenAI ha empezado a probar la inserción de anuncios en ChatGPT, por ahora en planes gratuitos y de bajo coste, con formatos claramente etiquetados y situados fuera del cuerpo de las respuestas. Es un movimiento relevante: por primera vez, un asistente conversacional de uso masivo se plantea como soporte publicitario directo.

El resto de grandes actores del sector, sin embargo, está siguiendo estrategias distintas. Gemini, de Google, no incluye por ahora publicidad en las conversaciones y prioriza los modelos de suscripción; Claude, desarrollado por Anthropic, ha hecho bandera explícita de mantenerse libre de anuncios; mientras que Perplexity experimenta con fórmulas híbridas más cercanas al patrocinio en contextos de búsqueda.

Un año después de la entrada en vigor de la norma europea que obliga a los medios de comunicación de toda Europa, también a los españoles, a revelar quiénes son sus dueños y a detallar cuánta publicidad reciben de las Administraciones públicas, las televisiones, periódicos y emisoras de radio que han dado ese paso, siquiera parcialmente, siguen siendo una minoría.

España se arriesga a que el incumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024, emborrone el cumplimiento de las reglas del Estado de derecho sobre las que la Comisión Europea examina anualmente a los 27 socios de la Unión. Un informe negativo en esta materia, que Bruselas se toma muy en serio, puede dar lugar a sanciones e incluso condicionar la entrega de nuevos fondos europeos.

La EMFA es de obligado cumplimiento. Y los artículos que afectan a la transparencia de los medios no necesitan de desarrollo legislativo en España. El artículo 6 obliga a las empresas de medios a hacer "accesible, de forma sencilla y directa, a los destinatarios de dichos servicios, entre otras cosas, información actualizada sobre el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública".

No basta con decir que un medio es propiedad de la compañía tal o de la sociedad limitada cual. El punto 6.1.c del reglamento puntualiza que lo que deben revelar es "el nombre o los nombres de los titulares reales" del medio, tal como se definen en una directiva de la UE de 2015, según la cual "titular real" es "la persona o personas físicas que, en última instancia, posean o controlen al cliente o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción".

O, en su caso, "la persona física o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o participación en el capital de una entidad jurídica", entendiendo que una participación directa o indirecta del 25% o más se considera indicativa de propiedad o control.

De acuerdo con este artículo, que en realidad lleva en vigor desde el 8 de febrero de 2025, no vale esconderse tras sociedades pantalla o estructuras en cascada. Si una empresa de medios pertenece a una SL que a su vez está controlada por una sociedad en Luxemburgo, el medio debe seguir el rastro hasta identificar y publicar quién es la persona física detrás de esa estructura.

En las últimas semanas han sido varios los medios que han dado pasos, algunos de ellos solo parciales, para someterse a una norma que infoLibre cumple desde el pasado verano. Lo hacen, sin embargo, mediante enlaces que relegan al pie de sus páginas de inicio, a menudo bajo epígrafes equívocos, lo que parece poco compatible con la obligación legal de publicar esos datos de forma "accesible, sencilla y directa".

Es el caso de los periódicos que forman parte de Editorial Prensa Ibérica, muchos de ellos líderes del mercado local en sus respectivas provincias, aunque no en todos los casos. La Nueva España, por ejemplo, lo ha incluido en un enlace a "Quiénes somos". En él el diario hace público que los "titulares reales" de la propiedad son el empresario Javier Moll y su esposa, Aránzazu Sarasola, y que en 2024 ingresó en "publicidad estatal" 1.638.284 euros. Ni una palabra sobre el dinero que ha recibido del Principado de Asturias o de los municipios de la comunidad.

El Periódico, de los mismos propietarios, repite este esquema. Deja constancia de la publicidad estatal que recibió en 2024 (7.133.790,04 euros), pero no la cuantía de lo que obtuvo de la Generalitat de Catalunya o de los Ayuntamientos de la comunidad. Los demás periódicos del grupo, desde La Opinión de Murcia a la de A Coruña (el grupo lo forman 27 cabeceras de una docena de comunidades), calcan este esquema: reflejar solo la publicidad estatal y ocultar la autonómica, local o provincial. Con una excepción, que afecta a uno de sus diarios más importantes: Levante, el periódico hegemónico en València, no da cuenta, en la fecha en la que se redactó esta información, ni de quién es su propietario ni del dinero que recibe en concepto de publicidad con origen en las Administraciones públicas.

Los medios del grupo Vocento, propietario de ABC, El Correo y otras once cabeceras locales, también se han apuntado a dar cumplimiento a la EMFA, pero de forma parcial. ABC, por ejemplo, ha situado al pie de su página de inicio un enlace llamado "Reglamento UE 2024/1083" que remite a la página corporativa del grupo. En ella descartan revelar quiénes son los propietarios que toman las decisiones sobre el diario, alegando que, "por tratarse de una entidad cotizada sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no existen titulares reales identificables". Igual que los diarios de Prensa Ibérica, oculta el dinero que recibe de la Comunidad de Madrid o de los Ayuntamientos y se limita a dejar constancia de que en 2024 recibió, en concepto de publicidad estatal, 5.965.070 euros.

El Correo, a su vez, utiliza el mismo recurso para no revelar quién toma las decisiones en su empresa matriz. Pero, a diferencia de ABC, sí da cuenta el dinero que recibió en 2024 "de fondos públicos recibidos de autoridades públicas (nacionales, autonómicas y/o locales)”: 2.819.504 euros.

Los medios del Grupo Godó también han iniciado el camino. La Vanguardia ha incluido los datos en el "Aviso legal" que todos los medios tienen en el sótano de su página principal. Allí, debajo de un largo texto sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial, el diario catalán revela que el titular real del periódico es Javier Godó Muntañola. Y que el importe total de publicidad proveniente de entidades, organismos públicos o empresas de titularidad pública (estatales, autonómicos, municipales o de cualquier otro ámbito), correspondiente al ejercicio de 2024 fue de 8.347.920 euros. Precisa, eso sí, que esa suma representa el 11,8% de su cifra total de negocio, algo que no hacen los diarios de Prensa Ibérica y de Vocento.

El Grupo Godó repite el esquema en su emisora de radio: RAC1 hace constar en el epígrafe "Aviso Legal" que en 2024 ingresó 5.380.416 euros (el 21,74% de su cifra de negocio) procedentes del conjunto del sector público. Y en Mundo Deportivo: ingresos de publicidad pública de 1.554.519 euros (6,68% de la cifra de negocio).

Los diarios del Grupo Joly (diez cabeceras, todas andaluzas) también han optado por incluir esta información en el epígrafe "Aviso legal" al final de sus páginas de inicio. Ahí hace constar que el titular real de la propiedad es el empresario José Joly Martínez de Salazar. El Diario de Sevilla, sin embargo, no indica cuánto dinero recibe de publicidad pública y se limita a decir que representa "el 10,87% de los ingresos publicitarios totales" del grupo. De nuevo, la misma plantilla se repite en el resto de diarios de Joly.

Diario de Navarra, por su parte, en su "Aviso legal", no dice quién controla su sociedad matriz. Las acciones, argumenta, son propiedad "casi en su totalidad" de "los descendientes de los 57 industriales que en 1903 pusieron en marcha la sociedad. El capital está muy diluido, sin que exista ningún accionista de referencia que pueda ejercer control por sí mismo". En 2024, dice el mismo texto, recibió 643.900 euros de publicidad pública, lo que supuso el 12% del total de sus ingresos publicitarios y el 3,8% de los ingresos totales del periódico.

Su rival en este territorio, Noticias, explica en el apartado "Quiénes somos" que el control del periódico está en manos de Jon Iñaki Alzaga Etxeita y de Juan Manuel Ugarte Martín y que en 2024 recibió de publicidad estatal 22.956 euros (ni una palabra acerca de lo que obtuvo de la Comunidad Foral o de los Ayuntamientos y sus empresas públicas).

El mallorquín Última Hora también ha creado un enlace al pie de su página de inicio titulado "Aviso Legal y transparencia" en el que hace constar que el control de la empresa está en manos de los hermanos Serra Magraner: Carmen, Miguel y Paula. Este diario tampoco revela el dinero público que ha recibido a través de la publicidad. Solo dice que en 2025 la cifra alcanzó el 16% de sus ingresos.

Estos medios se suman a otros que, algunos parcialmente, ya estaban cumpliendo la EMFA desde hace varias semanas: elDiario.es, Heraldo de Aragón, 20Minutos o El Confidencial.

Al incumplimiento por parte de la mayoría de los medios de las obligaciones de transparencia en vigor desde hace un año, se suman otros por lo que España tendrá que rendir cuentas en Bruselas. Las Administraciones públicas, tampoco están cumpliendo sus obligaciones de transparencia y equidad en materia de reparto publicitario, no han iniciado la reforma de las leyes reguladoras de los medios públicos —estatales y autonómicos— para liberarlos del control político y por no han designado todavía un organismo independiente para supervisar el sector.

Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Florida, reunirá la próxima semana al conservadurismo estadounidense y parte de la derecha latinoamericana. Y en ese acto se ha colado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aunque en su caso de manera telemática, por lo que no estará presente en la sala de máquinas del trumpismo por cuestiones de agenda. Se trata de un evento que también contará con la presencia del presidente argentino, Javier Milei, y de la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, recientemente galardonada con el Nobel de la Paz.

La invitación a Ayuso se enmarca como un premio a su perfil como líder "hispanoamericana" y la coloca dentro de un escaparate a nivel nacional muy vinculado a la órbita del presidente norteamericano. Desde su equipo directo consideran que "no está mal" que le den este reconocimiento, pero tratan de desvincularlo de un acercamiento al magnate estadounidense, que no genera precisamente consensos dentro del Partido Popular ni entre los conservadores europeos. "El premio es a los hispanos más influyentes y ayuda en las relaciones con EEUU", resumen estas fuentes.

El evento recibe el nombre de The Hispanic Prosperity Gala —la gala de la prosperidad hispana— y está organizado por una entidad llamada Latino Wall Street. En Mar-a-Lago reunirá a algunas de las figuras más relevantes del universo MAGA —Make America Great Again—, el movimiento que impulsó la presidencia de Trump y que cuenta con una influencia directa y muy poderosa en Washington. Él no participará, pero sí algunos de sus lugartenientes.

Entre ellos, están Michael Flynn, consejero de Seguridad Nacional del primer mandato de Trump, Roger Stone, asesor del presidente norteamericano, o Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, además de perfiles de proyección conservadora como Vivek Ramaswamy. También asistirán otros dirigentes como el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, o el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión por un intento de golpe de Estado.

Este tipo de eventos, muy habituales en EEUU, no se encuadran dentro de la diplomacia tradicional porque su acceso escapa a las normas del control público, es decir, no hay actas ni están obligados a rendir cuentas públicas. En la práctica, pueden operar como diplomacia alternativa y como mercado de acceso, con redes de contactos fuera de los cauces institucionales donde se mezclan políticos y empresarios. Es, ante todo, un evento para las élites.

En este pequeño mundo, existe un enorme riesgo de conflictos de intereses. Su precio ya lo indica. Las entradas más baratas de la gala son las de 15.000, 25.000 y 50.000 dólares y están todas agotadas. Las dos siguientes categorías son diamante y oro, 100.000 y 250.000 respectivamente, y tampoco están disponibles ya. Es la segunda ocasión que Latino Wall Street organiza esta gala, aunque en la edición pasada no participó ningún político español.

Estos encuentros y ayudan a establecer vínculos y compartir métodos y lenguaje entre todos los activistas. Y cada vez son más habituales. En EEUU la empresa y la política confluyen a diario ante la falta de regulación, dogma de la ortodoxia neoliberal. Hay muchos empresarios que, luego de financiar campañas, movimientos y organizaciones, se benefician de ello con contratos millonarios y acceso privilegiado a determinados lugares. Esto, permitido en EEUU, está prohibido en España y en la UE en general.

Aunque EEUU tiene marcos de transparencia como FARA —una ley que exige a todo aquel que haga lobby en nombre de gobiernos, partidos políticos o entidades extranjeras se registren ante el Departamento de Justicia—, los eventos privados se suelen escapar del control y conforman una zona gris. Un formato que reduce el control democrático y multiplica la posibilidad de que se produzca una intermediación opaca.

Uno de los actores que ha sido clave para que Ayuso participe en el evento es el activista ultra Javier Negre, anfitrión de la gala, aunque desde el entorno de la presidenta madrileña evitan confirmarlo. "Los esfuerzos de la presidenta de la Comunidad de Madrid por promover la hispanidad en todo el mundo tampoco podían pasar desapercibidos en la primera gala hispana en la residencia de Trump", ha afirmado Negre en un post en la red social X. Negre se ha introducido en los círculos de la Casa Blanca apadrinado por Milei y, desde hace meses, trata de construir en América un conglomerado de influencia digital con un discurso abiertamente anticomunista y vagamente poblado de alusiones religiosas muy del gusto de la derecha trumpista. Nada que ver con el periodismo, aunque él se presente como tal.

Su principal referencia en España, EdaTV, no es otra cosa que un canal de agitación y propaganda política a través del cual se difunde desinformación al servicio de la derecha y la ultraderecha. Tras más de una década trabajando en El Mundo y ejerciendo como tertuliano en Antena 3 y Telecinco, fundó su propio canal. Con él logró una vitola de respetabilidad de manos de los servicios de prensa del Congreso, que le concedieron a él y a sus empleados acreditaciones para que pudiesen actuar dentro de la Cámara como periodistas, en igualdad de condiciones con periodistas profesionales pese a las condenas penales y denuncias por vulnerar el código deontológico del canal.

La presidenta madrileña es una de las responsables del impulso de Negre. Según la investigación de infoLibre 'Ayuso parte y reparte', la Comunidad de Madrid le destinó a EdaTV 53.845 euros de publicidad institucional para campañas en el año 2024, mientras que el periodo anterior le confirió 67.000 euros. Teniendo en cuenta los últimos datos disponibles, esto supone algo más del doble de lo que se destina al diario Público o, directamente, 53.485 euros más de lo que percibió infoLibre. En los últimos cuatro años, Negre ha recibido más de 680.000 euros en contratos con el sector público por parte de las administraciones del Partido Popular.

La inspiración del Negre y tantos otros es Steve Bannon, un estratega político estadounidense, exbanquero de inversión y figura clave en el auge de la extrema derecha global. Fue el principal ideólogo de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y, posteriormente, jefe de estrategia de la Casa Blanca, cargo del que fue destituido en 2017 tras fuertes tensiones internas. Antes de eso, dirigió Breitbart News, un pseudomedio digital ultraconservador que, bajo su liderazgo, se convirtió en una plataforma del nacionalismo blanco y del movimiento de la derecha alternativa.

Bannon sigue siendo un operador político internacional muy influyente, especialmente en redes de ultraderecha en Europa y América Latina, donde continúa promoviendo el nacionalismo populista, el euroescepticismo y la desinformación. Y Negre, con la ayuda del presidente argentino, quiere emular su éxito a lomos de las corrientes más autoritarias de América del Sur, desarrollando un discurso anticomunista, populista y llamativamente cristiano, en línea con los sectores más reaccionarios del continente

Los vínculos del trumpismo son inabarcables, pero casi todo pasa por la Conservative Political Action Conference (CPAC) en todo el continente, una conferencia política anual que depende de la American Conservative Union (ACU), la plataforma de la rama más radical del republicanismo estadounidense. Desde 1974, la CPAC se ha consolidado como el principal foro de este universo, reuniendo a activistas, políticos y figuras mediáticas afines a la derecha. Uno de sus invitados españoles más recurrentes ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha tejido una potente red de alianzas.

El objetivo de la CPAC es muy claro: servir de puente a líderes conservadores y de extrema derecha a nivel global, impulsar una agenda común —antifeminismo, libertad económica sin regulación, discurso provida, antiinmigración, ataques a la prensa tradicional— y ofrecer una plataforma a influencers, agitadores digitales y políticos outsiders. Estos encuentros permiten el intercambio de ideas y métodos, además de estrechar vínculos personales.

A punto de sumar tres décadas trabajando en la TVG, Ana Pérez hace tiempo que no tiene reparo en hablar claro. La periodista, que fue uno de los rostros más conocidos de la televisión pública, abandonó la pantalla en 2019 tras 23 años delante de las cámaras como presentadora en diferentes espacios informativos. "Sí, fue una represalia", dice con contundencia ahora, advirtiendo de los "castigos" que asegura que ella y otros compañeros sufren por haberse movilizado contra la "manipulación y el control político", el "desmantelamiento" de los medios públicos y por la creación de un consejo de informativos. Entonces llevaba 24 semanas apoyando los viernes negros impulsados por el colectivo Defende A Galega. Va por la 403.

"Nuestra guerra viene de mucho antes", recuerda Pérez. Ya en 2011 había presentado junto a Alfonso Hermida en la Praza do Toural un telediario de protesta en contra de la reforma de la ley de medios, lo que les costó a ambos una amenaza de expediente. Ahora, detrás de la pantalla y desde la redacción de Galicia Noticias, sigue denunciando una situación de los medios públicos que cree "crítica" y que en los últimos años dice ver agudizada por la "desafección" y el "desapego" que nota en la sociedad gallega hacia ellos, más allá de los bajos datos de audiencia. "Antes, entrabas en un bar en cualquier punto de Galicia y tenían la gallega puesta; ahora no está en casi ninguno", sentencia.

¿Cómo empezó en la TVG?

Entré de prácticas en 1996. Luego, a principios de 1997, me hicieron el primer contrato en la delegación de Vigo. Empecé allí subcontratada por la productora del Faro, una de aquellas contrataciones fraudulentas que derivó en más de 400 denuncias años después, y una circunstancia que marcó los inicios de muchos de nosotros. Fueron seis años allí, haciendo sobre todo información local. Luego me mudé a Santiago en 2002 y desde entonces estuve siempre ligada a informativos.

Lleva casi 30 años en la televisión pública. ¿Cambió mucho la cosa desde entonces?

Era diferente en muchos aspectos. En lo laboral, ahora tenemos más estabilidad; antes la precariedad laboral era mayor, evidentemente, y eso era algo con lo que también se jugaba, metiéndole miedo a la gente para que no levantase la voz si quería que la volviesen a contratar. Encadenábamos contratos de obra, artísticos... Todos los fraudes habidos y por haber. En lo que es la función de servicio público, empeoramos a pasos agigantados. Entonces trabajábamos con mucha más libertad.

¿Durante los Gobiernos de Manuel Fraga?

Con Fraga, que fue ministro de Información con Franco, estábamos mejor en ese aspecto. Habiendo censura y manipulación, que siempre la hubo, no era tan descarada ni tan evidente... No se producía como ahora, que se lleva a cabo sin ninguna vergüenza. La situación actual es muy crítica, pero es cierto que entonces el pastel televisivo era otro, el mapa de las televisiones era diferente y la tarta estaba mucho menos repartida, por lo que las audiencias también cambiaron mucho. Lo que sí creo es que evolucionamos hacia una desafección total. Estamos perdiendo el crédito de los gallegos y de las gallegas, desapegándonos a pasos agigantados.

Usted siempre se significó claramente en contra de la "manipulación" y del "control político" en los medios públicos...

Llevamos con los viernes negros desde 2018, pero nuestra guerra viene de mucho antes. Ya en 2011 habíamos hecho un telediario reivindicativo en la Praza do Toural que tuvo mucha repercusión. Las caras visibles de aquella acción, Alfonso Hermida y yo, fuimos amenazados con expedientes. Entonces ya denunciábamos que se aprobaba una ley de medios que amenazaba que la TVG y la Radio Galega siguieran siendo públicas, que se iba hacia una mayor privatización de los contenidos que hoy en día se está produciendo más que nunca.

¿Tanto es así?

Si examinamos la parrilla de la programación de la TVG la mayoría de los contenidos son de productoras ajenas. De producción propia tenemos los informativos y un programa cultural casi residual como el Zig Zag... Teníamos programas como O Agro o Labranza que eran mucho más extensos y que se fueron reduciendo al mínimo, y con Vivir o Mar, tres cuartos de lo mismo. Teníamos contenidos propios muy interesantes, que atendían a sectores fundamentales para el país que ahora no tienen representación.

¿A qué cree que se debe esta apuesta de la corporación?

La directora lo dijo claramente en su última comparecencia en el Parlamento, donde anunció que íbamos hacia una mayor privatización e incluso que habría más contenidos externalizados también en la Radio Galega. Creo que la razón fundamental es que esa es una manera mucho más fácil de controlar la información porque los productos que compras ya exiges que sean de una determinada manera. Dentro saben que hay una masa de trabajadores que seguimos luchando, intentando ser lo más honestos, plurales y transparentes con lo que debe ser nuestra profesión, pero el producto que compras fuera es mucho más fácil de controlar, evidentemente.

Defende A Galega y usted misma insisten también en el aumento de la manipulación informativa...

Es una deriva que viene desde la anterior dirección, que decidió controlar el discurso y ser el altavoz del partido que está en el Gobierno de la Xunta. Hay un control continuo del relato de cualquier cuestión crítica con cualquier política del Gobierno actual: se oculta o se tergiversa. Si la maquinaria manipuladora funciona, también es gracias al ejército de mercenarios a sueldo que existe y existirá. La dirección premia el servilismo y la sumisión, con pluses y cargos, y castiga la profesionalidad, la valía.

¿Con qué consecuencias?

Lo vimos y lo estamos viendo, por ejemplo, con las manifestaciones por la sanidad pública o por la educación pública. Son servicios esenciales sobre los que debería haber una cobertura acorde con la dimensión que tienen, pero estamos más pendientes de asuntos de Madrid y de desprestigiar al Gobierno de España que de lo que ocurre aquí, de las cosas que afectan realmente a los gallegos. Les estamos dando la espalda constantemente, y más que nunca... Y eso también se nota en la desafección que muestran las audiencias.

¿Son tan malas las audiencias de la TVG?

Los datos son los que son, pero también son muy manejables porque al final todas las cadenas son líderes de audiencia dependiendo de cómo hagas la lectura de las cifras. Pero hay termómetros que son verídicos y reales y yo tengo dos: uno es el de mis padres, que siempre vieron la TVG y son el prototipo de espectadores de la gallega, pero que ya no la ven. Les aburre, no les interesa... No hay información local, además, porque fueron cerrando delegaciones, y únicamente se atienden cuestiones si son para sacarles los colores a un determinado ayuntamiento que no está gobernado por el partido que gobierna la Xunta. En cambio, cuando en uno de estos municipios hay algo digno de darle visibilidad, pues no se le da. Cuando esto ocurre, cuando no encuentras información, la gente la busca en otros lados.

¿Cuál es el otro termómetro?

Desde que me apartaron y me vetaron en pantalla, trabajo en la redacción de Galicia Noticias, que supone recorrer cantidad de aldeas y municipios. Antes, entrabas en un bar en cualquier punto de Galicia y tenían la gallega puesta, y ahora no está en casi ninguno. Hay muy pocas tabernas donde encuentres la gallega... Y eso, para mí, es un dato muy objetivo de lo que ocurre.

Habla de que fue apartada, una situación que dijeron vivir otros profesionales y que fue denunciada por personal de la TVG. ¿Son represalias por movilizarse?

Sí, fueron represalias. Si haces repaso de las personas que éramos caras visibles en la TVG en 2018 y que luego nos vinculamos e implicamos en Defende A Galega, no queda ninguno en pantalla. Algunos se marcharon por decisión propia, como Alfonso Hermida o Tati Moyano, que dimitieron como presentadores precisamente por discrepancias con la línea editorial, y otros fueron apartados con maniobras vulgares, alegando que había que renovar las caras y cosas así. Yo pedí quedarme como redactora en Galicia Noticias. Luego hay casos de gente que se significó en los viernes negros, que se sacó fotos con Defende A Galega y a quienes les dieron un toque... Dejaron de participar o implicarse en las protestas y siguen saliendo en pantalla.

Entiendo que la situación del personal no debe de ser fácil...

No es fácil, no. Ahora mismo el clima es muy tóxico. Siempre digo que esta empresa tuvo y tiene un comportamiento bélico. Ya en los comienzos tuvimos que luchar para que se nos reconociesen nuestros derechos, nuestras antigüedades, para ser contratados por la CRTVG y no a través de subcontratas... Y los tribunales nos dieron la razón, en unos casos por cesión ilegal, en otros por contratación fraudulenta porque encadenábamos contratos de obra... La empresa se dedicó a recurrir sentencias favorables, actuando como una maquinaria contra la plantilla.

¿Cómo se lleva esa circunstancia, querer trabajar de una manera y no poder hacerlo?

Nosotros queremos hacer nuestro trabajo como debe ser, siendo lo más rigurosos, honestos, plurales e independientes posible, pero no nos dejan. Si protestas o levantas la voz, eres apartado para que tengas menos visibilidad. Incluso hay gente que no tiene carga de trabajo, personal al que castigan prohibiéndoles hacer su labor. Yo y muchos de los que alzamos la voz contra la manipulación tenemos conciencia de ser servicio público y de que debemos ser honestos con los gallegos y gallegas porque nos debemos a ellos. Desgraciadamente, la dirección no trabaja en ese sentido, sino en el de agradar y no enfadar al partido del Gobierno, por lo tanto se anula cualquier opción de crítica, de cuestionamiento al poder.

¿No se está perdiendo mucha valía profesional en los medios públicos gallegos?

¡Claro! Hay compañeros que son brillantes, monstruos televisivos, que no tienen carga de trabajo o que no cubren aquello en lo que son expertos. Pienso en Ana Expósito, una referente en Galicia de la información internacional, que cubrió muchos conflictos bélicos, que recibió numerosos premios y a quien tenían castigada por alzar la voz y protestar por querer hacer su trabajo. La apartaron de la información internacional cuando es la que más sabe. Es absurdo, algo que no pasaría en ninguna empresa privada. Si una profesional es buena, cuentas con ella y ya la castigarás trabajando más... Pero aquí no, aquí lo que hacen es humillarte profesionalmente, no dándote carga de trabajo mientras ves que se paga a una productora externa por emplear los medios de la compañía para hacer el trabajo que otras personas, ya contratadas y dentro del presupuesto de los medios públicos, ya cubrían. Es lo que pasó con los programas A Revista u O Termómetro, casos flagrantes.

¿Siente que se están desaprovechando los medios y los profesionales, que se podría hacer mucho más en cuanto a la información política, deportiva, cultural...?

Es que no hay ningún espacio crítico. Se emite en la G2 el coloquio político que hay en la Radio Galega, algo totalmente residual, cuando en la televisión pública debería fomentarse precisamente el debate político y tener espacios críticos. Pero aquí cualquier voz susceptible de ser crítica con el Gobierno de la Xunta es aplacada.

¿Qué siente cuando escucha a Feijóo o a Tellado denunciar manipulación y control político en TVE?

Me da urticaria. Ves lo que ellos implementaron en los medios públicos gallegos y, claro, ¿cómo puedes ver la paja en el ojo ajeno y no ver un toro en el tuyo? Es absolutamente indignante, porque además llevamos muchos años en la lucha... Y entendemos que mucha gente se baje del carro.

¿Es complejo mantener la movilización, el ánimo?

Es que hay un cansancio psicológico también. Hay incluso gente que enfermó por la situación que estamos viviendo. Si quieres hacer tu trabajo, si te gusta tu trabajo y no te dejan hacerlo... Eso es algo muy deprimente, demoledor. Es muy fácil decir que somos funcionarios, que vamos a cobrar igual a fin de mes... Pero no poder hacer lo que te gusta hacer es muy triste.

¿Cómo ve el futuro a medio plazo en los medios públicos gallegos?

Hay un ambiente muy tóxico, desesperanzador, porque cada vez vamos a peor, la sensación de que esto no tiene forma de mejorar. El futuro que veo es que cada vez vamos a estar más acorralados, con un control más férreo y con unos medios públicos que tienden a tener audiencias ridículas. Pero no hay voluntad por cambiar nada y cuando no hay voluntad... Además, también hay mucha autocensura por parte de los directivos, que ponen el parche antes de la herida para no molestar al político que toque. Hay temas que, a lo largo de toda mi carrera, no se tocaron nunca.

¿Por ejemplo?

La educación y la sanidad, dos de los grandes servicios públicos, fundamentales para la sociedad. Si hay protestas en un colegio porque no tienen profesores de apoyo o les pasa cualquier cosa, esa información no se da. Y todos los problemas con las listas de espera o falta de atención en los centros de salud no se tocan en absoluto. Creo que los gallegos tienen derecho a saber lo que está pasando y a verlo reflejado, que tenga visibilidad en los medios públicos. ¡Porque los pagan ellos! Nos debemos a la sociedad, no a los políticos. La gente es la verdadera propietaria de los medios públicos y todos tienen que sentirse representados, pero cuando hay una voz discordante, esa no va a estar presente nunca.

¿No parece fácil cambiar la situación, entonces?

Al tener el PP mayoría absoluta, y por lo tanto también en el Consejo de Administración, cualquier crítica, cuestionamiento a la gestión, aunque sea por parte de la oposición en la comisión de control, por ejemplo, cae en saco roto. El problema de la actual dirección es la prepotencia y la carencia total de autocrítica. Además, carecemos de órganos como un Consejo de Redacción que velase y garantizase el cumplimiento de nuestro deber como medio de comunicación público.

Había un patrón, pero nadie lo había medido de manera precisa. Hasta ahora. Durante la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, un nombre, un partido, una declaración de la extrema derecha aparecía en los titulares con una frecuencia que parecía exceder su peso electoral real. No era una impresión. Un estudio exhaustivo sobre la cobertura mediática en cinco países europeos acaba de confirmar lo que muchos intuían: la extrema derecha recibió una atención desproporcionada en los medios tradicionales, una ventaja estructural que puede haber inclinado la balanza en su favor.

La investigación, realizada por el Social Physics and Complexity Lab del Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas de Lisboa, analizó cerca de 21.500 noticias únicas publicadas en Austria, Alemania, Irlanda, Polonia y Portugal durante los dos meses previos a la votación del 9 de junio. La conclusión es contundente: la extrema derecha acaparó más titulares que cualquier otra familia política, incluso en países donde su presencia electoral era marginal o inexistente.

Los investigadores, liderados por Joana Gonçalves-Sá, eligieron estos cinco países por sus contextos políticos diversos y sus diferentes trayectorias respecto a la extrema derecha. En las elecciones europeas de 2019, esta familia política tenía presencia mínima en Portugal e Irlanda, crecía rápidamente en Austria y Alemania, y estaba consolidada en Polonia. Ninguno de los cinco países tenía partidos de extrema derecha o extrema izquierda en el Gobierno durante el período electoral analizado.

La selección abarcó artículos de diversos orígenes, desde cadenas públicas hasta periódicos de élite y tabloides, garantizando una muestra representativa del panorama mediático de cada nación.

Los resultados son reveladores. En el conjunto de los cinco países, ponderados según su número de escaños en el Parlamento Europeo, la extrema derecha apareció en el 31% de todos los artículos analizados. Fue la familia política más mencionada, por delante de la derecha mayoritaria y muy por encima de las familias de izquierda y los verdes.

Pero la desproporción se hace más evidente al comparar esta visibilidad con los resultados electorales. En Austria, Alemania e Irlanda, la extrema derecha recibió una atención sistemáticamente superior a su representación en 2019, a las proyecciones de voto para 2024 y a sus resultados finales. La diferencia superaba en varios casos las desviaciones estándar respecto a la media, indicando que no se trataba de una variación casual sino de un patrón estructural.

El caso de Irlanda es particularmente llamativo. Allí, la extrema derecha carece de representación parlamentaria y su presencia electoral es marginal. Sin embargo, apareció en más de un tercio de todas las noticias analizadas sobre las elecciones europeas. ¿Cómo es posible? Porque los medios irlandeses dedicaron una cobertura significativa a partidos y líderes de extrema derecha de otros países europeos, normalizando su discurso y amplificando su mensaje más allá de las fronteras.

Polonia fue la única excepción a este patrón. Allí, la extrema derecha está bien establecida y, aunque apareció en el 40% de las noticias —la frecuencia absoluta más alta de los cinco países—, esta cifra era ligeramente inferior a su peso electoral real. Aun así, siguió siendo la familia política más mencionada en términos absolutos, con 1.526 apariciones.

El análisis temporal añade otra capa de preocupación. Durante los dos meses previos a la votación, las menciones a la extrema derecha no fueron constantes: aumentaron progresivamente. A partir del 13 de mayo, la extrema derecha se convirtió en la familia política más mencionada en Austria, Alemania y Polonia. Mientras tanto, las referencias a la derecha mayoritaria descendían y las menciones a partidos centristas y de izquierda se mantenían estables pero bajas.

Este crescendo es relevante porque la investigación electoral muestra que muchos votantes toman su decisión en las últimas semanas antes de la votación, precisamente cuando la influencia mediática puede ser determinante. El estudio cita trabajos que demuestran que incluso pequeñas variaciones en la exposición pueden afectar la intención de voto, especialmente entre los indecisos.

¿Se trataba de un fenómeno limitado a ciertos medios? La respuesta es no. El análisis por medios individuales revela que la sobrerrepresentación de la extrema derecha atravesaba líneas editoriales y tipos de audiencia. El 59% de los medios analizados mencionaba a la extrema derecha más que a cualquier otra familia política, incluyendo partidos que estaban en el Gobierno nacional.

Los investigadores clasificaron los medios según dos criterios: popularidad y volumen de producción (número de noticias publicadas). El resultado fue consistente en todos los cuadrantes. En los medios menos populares con baja producción, la extrema derecha era dominante en el 62,5% de los casos. En los medios más populares con alta producción —aquellos con mayor capacidad de influencia—, el porcentaje era del 50%, igualado solo por la derecha mayoritaria.

Incluso medios tradicionalmente alineados con el centroizquierda mostraron este patrón. The Guardian dedicó el 45% de sus menciones a entidades de extrema derecha, Der Spiegel el 35%. Esto apunta, según los autores del estudio, a un problema estructural más que a un sesgo ideológico consciente de ciertas cabeceras.

La investigación no se diseñó para establecer causalidad, pero ofrece hipótesis fundadas sobre las causas de este desequilibrio. Una posibilidad es que los medios tradicionales hayan adoptado la lógica de atención de las redes sociales, priorizando el contenido que genera clics y compartidos. El estilo comunicativo de la extrema derecha —directo, emocional, orientado al conflicto— encaja particularmente bien con estas dinámicas de visibilidad.

Otra explicación no excluyente es el intento de algunos medios de demostrar pluralismo o contrarrestar acusaciones de sesgo ideológico. En un contexto de erosión de la confianza en los medios y de acusaciones de censura por parte de líderes populistas, algunos editores pueden estar sobrecompensando, amplificando involuntariamente la voz de quienes los acusan de silenciarlos.

El estudio no analizó el tono de la cobertura —si era positiva, negativa o neutral—, pero cita investigación previa que demuestra que incluso la cobertura negativa puede beneficiar a los partidos de extrema derecha. El efecto "no hay mala publicidad" está documentado: la cobertura crítica aumenta el reconocimiento y puede generar compromiso, especialmente cuando se percibe como un ataque de las élites mediáticas.

La visibilidad mediática no es un recurso neutral. La literatura académica citada en el estudio muestra que la frecuencia con que aparece un partido en los medios contribuye a las percepciones de viabilidad e importancia entre los votantes. Para que los ciudadanos consideren a un partido como opción viable, deben no solo conocer su existencia, sino encontrarlo con suficiente frecuencia como para formarse una comprensión mínima de sus posiciones.

Investigaciones específicas sobre partidos antiinmigración en Bélgica, Alemania y Países Bajos demuestran que estos ganaron tanto visibilidad como éxito electoral cuando los medios aumentaron la cobertura de temas como migración e identidad cultural; temas que estos partidos acaparan en el debate público. Estudios en el Reino Unido sobre UKIP, un partido marginal en un sistema mayoritario, encontraron que incluso la cobertura predominantemente negativa benefició al partido.

El efecto trasciende fronteras. La investigación sobre difusión transnacional muestra que las actitudes políticas domésticas pueden polarizarse tras el éxito electoral de partidos extranjeros, con los medios nacionales actuando como canal clave de transmisión. La cobertura de actores radicales extranjeros afecta las percepciones sobre su prevalencia doméstica y moldea creencias normativas sobre el movimiento en general.

Desde las elecciones de junio, la tendencia ha continuado. En Austria, la extrema derecha obtuvo el primer lugar en las elecciones legislativas nacionales. En Portugal, quedó en segundo lugar. En Alemania, Alternative für Deutschland (AfD) se consolidó como la fuerza más votada en los estados orientales. La convergencia en la cobertura mediática, atravesando países y contextos políticos, puede reflejar transformaciones más profundas en el ecosistema informativo digital.

Los medios tradicionales operan ahora bajo la misma lógica de atención que las plataformas sociales, priorizando métricas de compromiso como clics y compartidos. En este contexto, apunta la investigación, las decisiones editoriales que responden a analíticas de audiencia probablemente amplificarán el discurso que genera más atención. Un círculo vicioso donde la provocación obtiene visibilidad, y la visibilidad genera más provocación.

Las afirmaciones de censura sistemática por parte de partidos de extrema derecha —y de una preferencia mediática hacia la extrema izquierda— resultan difíciles de sostener ante estos datos. Al contrario, estos hallazgos muestran que tales actores están entre los más visibles del panorama mediático europeo.

El estudio concluye con una llamada a la reflexión sobre pluralismo, responsabilidad editorial y cómo debería monitorizarse y regularse la distribución de atención mediática en la era digital. La visibilidad es poder. Y cuando esa visibilidad se distribuye de forma sistemáticamente asimétrica, las consecuencias para la competencia democrática son profundas.

Mientras tanto, los datos están sobre la mesa: la extrema derecha disfrutó de una ventaja mediática estructural en las elecciones europeas de 2024. Una ventaja invisible para muchos, pero medible, significativa y potencialmente decisiva.

Temo, por el contrario, que hayas dado pruebas, Ingenuo, de un gran desconocimiento de las condiciones del desarrollo intelectual y moral de los pueblos. Te figurabas que las injusticias sociales estaban ensartadas como las perlas, y que bastaba sacar una para que se desgranase todo el rosario; y esa es una concepción muy ingenua. Acariciabas la idea de establecer de un golpe la justicia en tu país y en todo el universo. Eres un buen hombre y honesto, pero sin mucha filosofía experimental. Examínate a ti mismo y reconocerás que has tenido tu malicia y que, en medio de tu ingenuidad, había un poco de astucia. Creíste hacer un buen negocio moral. Pensabas "Heme aquí justo y valiente una vez por todas. Luego podré descansar en la estimación pública y en las alabanzas de la Historia". Y ahora que has perdido tus ilusiones, ahora que sabes lo duro que es corregir entuertos y que siempre hay que empezar de nuevo, piensas en volver a tus aficiones y preocupaciones cotidianas, y renunciar a lo que tu candor y buena voluntad te proponía. No has aprendido nada de tus errores si a esa conclusión llegas. Hay que empezar de nuevo, ¡siempre hay que empezar de nuevo, otros errores cometerás, otros obstáculos encontrarás; si así lo haces, ya no te creerás sublime, y este es el primer paso.

Con afecto, 

Un ciudadano ingenuo.

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José Amella es socio de infoLibre.

Un año después de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, su estrategia de comunicación sigue siendo un puñetazo en el estómago de cualquiera que crea en la verdad. 

Escuché ayer, en Radio Nacional de España, un audio brutal de Eva Baroja, esa periodista que clava el dedo en la llaga del trumpismo. Lo resume sin filtros: “Trump actúa como un crío de primaria, impaciente y caprichoso, obsesionado con ser el centro del mundo”. Rabietas por no pillar el Nobel, saltos legales como quien pisa charcos, y esa fijación loca con Groenlandia o Venezuela. Pero el núcleo de su poderío está en la estrategia de comunicación de Steve Bannon para Trump, conocida como "flood the zone with shit" o "inundar la zona de mierda". Consiste en saturar el espacio mediático con una avalancha de información, rumores, noticias falsas y escándalos para desorientar al público y a los medios. Un tsunami de falsedades, rumores y escándalos que nos deja boquiabiertos, sin saber qué creer. Y ojo, porque aquí en España ya lo hemos vivido de cerca, con Alberto Núñez Feijóo desatando su propio galope de Gish contra Pedro Sánchez.

No es casualidad. Bannon lo soltó clarito en 2018: “La oposición real son los medios. Hay que inundarlos con mierda”. Imagina la escena: Trump tuitea a las tres de la mañana sobre fraudes electorales, al día siguiente anuncia aranceles sorpresa, y por la tarde ataca a la justicia. Todo mezclado con medias verdades y provocaciones. El objetivo no es convencerte de una gran mentira, sino agotarte. Los periodistas corren a verificar, el público se marea, y al final, la verdad se diluye en el ruido. Baroja lo pinta perfecto: “Abrumar con anuncios, info falsa y escándalos hasta que nadie distingue lo real”. Hoy, en 2026, con Trump de nuevo al mando, es un reality show nonstop: Gaza, inmigrantes, fiscales en la mira. Nos quedamos mirando, exhaustos.

El galope de Gish es el hermano pequeño de esa bestia. Nombrado por el creacionista Duane Gish, que machacaba a científicos con avalanchas de datos falsos en debates, consiste en soltar una ráfaga de argumentos débiles o mentirosos tan rápido que refutarlos uno a uno es imposible. ¿La conexión con Bannon? Misma familia: saturación para ganar por cansancio. Mentir sale barato y rápido; corregir exige horas de datos y paciencia. El público capta la imagen de “el que domina los números”, no los detalles.

Y aquí viene lo que nos dolió en carne propia. El debate de julio de 2023 entre Sánchez y Feijóo fue un galope de Gish en prime time. Feijóo no debatió; bombardeó. Cifras sesgadas sobre paro y pensiones, medias verdades sobre pactos con independentistas, ataques relámpago a la reforma laboral. Todo encadenado a velocidad infernal, sabiendo que Sánchez tenía 90 segundos para respirar.  No importaba la precisión —muchas fueron desmontadas después, como las manipulaciones sobre empleo o presupuestos—; primaba el efecto: proyectar control, dejar al rival a la defensiva. Era Bannon en formato español: el galope como herramienta puntual dentro de un “flood the zone” mayor, amplificado luego en redes por el PP.

Esta estrategia no nació ayer. Putin la patentó con su “manguera de falsedades” o "firehose of falsehood desde Crimea en 2014: miles de narrativas contradictorias vía RT y trolls, para justificar invasiones sin dar explicaciones coherentes. Goebbels inundaba radios con propaganda nazi, aunque más ideológica. En España, VOX lo intenta en parlamentos con mociones caóticas y memes tóxicos sobre la DANA. Feijóo lo subió de nivel, integrando el galope en la caja de herramientas conservadora: embarrar para no hundirse.

¿Y el daño? Te revuelve las tripas. Vivimos sobreinformados, pero el cerebro humano no aguanta. Nos entumecemos, llegamos al cinismo: “Todos mienten igual”. Trump lo hace global con sus caprichos presidenciales; Feijóo lo vuelve local, robando la percepción en un cara a cara clave. Baroja lo clava comparando a Trump con un niño revoltoso: atención constante, cero límites. Nos roban el debate real, nos dejan con la rabia de no poder seguir el ritmo.

Escuchar a Eva Baroja me dio un subidón de esperanza entre tanta bilis. Estos tipos nos quieren ahogados en mierda, pero la claridad es un salvavidas. En este 2026 incierto, desde España decimos basta: exigimos pausas, pruebas, honestidad. Pedro Sánchez le plantó cara; ahora nos toca a todos. Porque quien resiste el tsunami, acaba en pie.

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José González Arenas es secretario de medio ambiente del PSOE de Córdoba.