El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, superó este miércoles la moción de censura presentada por la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) por la postura considerada tibia del Ejecutivo francés en contra del tratado entre la UE y Mercosur.

Apenas 256 diputados, de los 288 necesarios, votaron la moción de censura contra el Ejecutivo, que todavía tiene pendiente otra, esta vez de la extrema derecha, que tiene menos posibilidades de progresar, puesto que no contará con el respaldo de LFI.

Los dos principales grupos de oposición habían presentado estas mociones de censura al considerar que el Ejecutivo francés y su presidente, Emmanuel Macron, no habían hecho todo lo posible por frenar el acuerdo con Mercosur, que cuenta con el rechazo unánime de los grupos políticos franceses y una fuerte oposición de los agricultores, expresada en manifestaciones callejeras.

Pero estas iniciativas contaban con pocas opciones de progresar al no tener el apoyo de los socialistas y de la derecha moderada, que se unieron a la coalición 'macronista' para mantener al Ejecutivo. Lecornu gana así tiempo y sale algo reforzado al mostrar que existe una mayoría en la cámara baja sobre la que puede ir apoyando su acción, sobre todo, la búsqueda de un presupuesto para 2026, su prioridad legislativa.

Aunque este punto parece todavía complicado por las grandes diferencias entre los diferentes grupos políticos, tanto entre socialistas y conservadores como dentro de la coalición 'macronista'. El primer ministro acusó a la oposición de presentar estas mociones de censura para retrasar los debates sobre el presupuesto y les dijo que lo hacían basándose "en la calumnia".

"La posición de Francia es el rechazo total a la firma del tratado", reiteró Lecornu, que pidió no engañar a los agricultores que temen por el futuro de sus explotaciones si sale adelante el acuerdo con Mercosur. Frente a los que le acusaron de no haber usado todo el peso de Francia en la UE para frenar un tratado que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene previsto ratificar la semana próxima, Lecornu aseguró que la pelota está ahora en el tejado del Parlamento Europeo.

Por ello, pidió "unidad" de los diferentes grupos para que esa cámara presente un recurso en el Tribunal de Justicia de la UE, el único que puede paralizar la entrada en vigor del tratado. "Solo lo detendría un recurso del Parlamento Europeo. No les hagan creer a los agricultores cosas falsas", dijo el primer ministro.

Además, alertó del riesgo de inestabilidad que suponen los ataques permanentes al Gobierno en el actual complejo contexto internacional: "Votar una moción de censura en este momento tendría un impacto que pagaría el pueblo francés", aseguró.

La portavoz de La Francia Insumisa, Mathilde Panot, acusó al Gobierno de "capitular ante Ursula von der Leyen" y denunció el arresto de varios agricultores en las protestas en lo que consideró "una represión sin piedad para defender los intereses del dinero".

La diputada ultraderechista Hélène Laporte, por su parte, acusó a Macron de mantener "una posición contradictoria" y de no utilizar todos los instrumentos a su alcance para bloquear el acuerdo con Mercosur, incluida su posición de segundo contribuyente al presupuesto de la UE.

Los diputados franceses adoptaron de forma definitiva los presupuestos de la Seguridad Social para 2026, lo que abre la puerta a la secuencia de adopción de los presupuestos generales para el año próximo que el Ejecutivo cuenta con aprobar antes del 31 de diciembre, informa EFE.

En total, votaron a favor del texto 247 diputados, frente a los 232 que lo hicieron en contra, un margen de quince votos, dos más de los que habían salvado el texto en primera lectura hace una semana. El proyecto había sido masivamente rechazado en el Senado, donde la derecha y el centro-derecha tienen una amplia mayoría.

Hasta el último momento se había mantenido el suspense sobre esta nueva votación, porque la formación La Francia Insumisa había incrementado la presión sobre los ecologistas para que se opusieran al proyecto, tras haberse abstenido en primera lectura. Pero finalmente mantuvieron su primera postura, lo que permitió al primer ministro, Sébastian Lecornu, confirmar un triunfo que le permite seguir en el puesto, pese a que su futuro inmediato sigue sujeto a muchas incertidumbres.

El jefe del Gobierno tuvo que hacer muchas concesiones a los socialistas, en particular la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023 que retrasaba dos años la edad mínima de jubilación.

Esas medidas generaron división en el seno de la coalición macronista y elevaron el gasto previsto en unos 5.000 millones de euros, lo que pone en peligro el compromiso de situar el déficit público en el 5% que París había adquirido con Bruselas para retornarlo al 3% en 2029.

Lecornu deberá ahora encontrar acuerdos para adoptar los presupuestos generales del Estado antes de que acabe el año, una tarea que no parece sencilla. Los diputados rechazaron en primera lectura el proyecto inicial, que sin embargo, fue adoptado por el Senado.

Una comisión mixta de ambas cámaras debe reunirse este viernes para acordar un texto que debería ser votado la semana siguiente. Tan difícil parece que se logre un compromiso aceptable, que cada día son más las voces que piden a Lecornu que utilice el mecanismo constitucional que le permite adoptar los presupuestos sin voto parlamentario.

Algo a lo que el primer ministro se comprometió a renunciar para dar carta de naturaleza a la negociación parlamentaria, pero a lo que puede recurrir si de esta no sale un proyecto mayoritario. En caso de adoptar las cuentas sin voto, la oposición puede presentar una moción de censura, cuyo resultado sería muy delicado para un Lecornu que carece de mayoría en la cámara baja.

Podría correr así la misma suerte que sus dos últimos antecesores, el conservador Michel Barnier, que perdió una moción de censura en diciembre de 2024 tras apenas tres meses en el cargo, y el centrista François Bayrou, que cayó en una moción de confianza en septiembre pasado.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes, en un acto con empresarios catalanes en Barcelona, que no le faltan "ganas" para presentar una moción de censura para convocar inmediatamente nuevas elecciones generales, sino que le faltan "votos", en alusión a JxCat, informa EFE.

En un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, Feijóo se ha referido a la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Feijóo ha destacado que Ábalos fue "el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE", por lo que "el 'sanchismo' ha entrado en prisión".

Eso significa, a su juicio, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado "inhabilitado" por el caso Koldo.

Según el líder del PP, "quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen mucho que compartir y mucho que callar".

Este "calvario judicial" del Gobierno se suma, ha dicho, a una "precariedad parlamentaria total", que impide a Sánchez aprobar presupuestos.

Dirigiéndose a los empresarios presentes en el auditorio, se ha mostrado convencido de que "en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts" y quizá algunas a ERC.

"Me faltan votos de los suyos", ha apuntado Feijóo, antes de añadir: "A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos".

Feijóo ha reconocido que hay cosas que no puede ofrecer a esos partidos de quienes necesitaría sus votos para una moción de censura, pero sí se ha mostrado abierto a impulsar "una moción de censura con un único compromiso": convocar unas nuevas elecciones generales para que "todos los ciudadanos de España puedan decidir en las urnas qué Gobierno futuro e inmediato quieren".

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha dicho este jueves que el único objetivo de "la extrema derecha de Vox" es acabar con el PP, partido que considera "único pilar constitucional que queda en España".

También ha ensalzado el liderazgo y "prudencia" de Alberto Núñez Feijóo porque no alimenta "la frustración" ciudadana con una moción de censura que no prosperaría.

Lo ha expresado en la presentación de su libro Orden y libertad: principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal, a la que ha asistido el propio Feijóo, junto a dirigentes nacionales del partido.

Aznar ha recordado que en este momento "no hay materiales" para una moción de censura y menos en un escenario en el que Vox busca "acabar con la convivencia en España" como hace el PSOE y los "partidos populistas", por lo que ha apelado a la responsabilidad ciudadana de no inhibirse en unas próximas elecciones que, espera, "sean pronto".

Ha remarcado que alimentar el debate político con una hipotética moción de censura solo generaría "más desasosiego" e "impaciencia" y alimentaría "posiciones extremistas".

"Los ciudadanos españoles no podemos ser espectadores del destino de nuestro país, tenemos que intervenir. Esa es la responsabilidad ciudadana y eso se consigue en España desde posiciones centrales", ha advertido Aznar.

El expresidente ha destacado que un líder político debe ser prudente, además de tener "coraje, determinación y valor", condiciones que cree que reúne Feijóo, al que ha dicho que criticaría públicamente si alimentase la frustración ciudadana al intentar llevar al país a "un callejón sin salida" con una moción de censura.

Aznar ha dejado claro que en política "el juego no consiste en tener más piedras que el adversario" y ha zanjado: "esa es la política que está haciendo Feijóo".

También ha ensalzado el plan para la inmigración del líder del PP --con el que se siente identificado-- para un flujo migratorio legal, asimilable y vinculado a las tradiciones de España, frente al "buenismo" y "retraso intelectual" de la izquierda sobre los retos futuros de España.

El expresidente ha añadido que la inmigración no puede sustituir la caída demográfica y ha proseguido con sus críticas a una izquierda que cree que está siendo "arroyada intelectualmente", pero también cultural y políticamente.

Sobre la política exterior del Gobierno, ha sostenido que España "se está ausentando de sus responsabilidades con Latinoamérica" y ha considerado que el actual Gobierno de coalición no está respaldando las aspiraciones democráticas de Venezuela porque una parte del mismo "apoya la corrupción" que representa el estado "narcocriminal" de Nicolás Maduro.

Además, ha lamentado "la mala relación" con Estados Unidos y ha opinado que la reputación de España en Europa "ha caído vertiginosamente" por culpa de Pedro Sánchez.

El Partido Socialista (PS) y el conservador Los Republicanos (LR) dieron oxígeno, al menos en el muy corto plazo, al Gobierno macronista de Sébastien Lecornu al anunciar este martes que no respaldarán las mociones de censura de la extrema derecha y de la izquierda radical que se votan el jueves, según indica EFE.

Las posiciones de socialistas y conservadores, que se han alternado en el poder en la V República (desde 1958) hasta la llegada al Elíseo de Emmanuel Macron en 2017, eran esenciales para la supervivencia del segundo gobierno de Lecornu, formado hace solo dos días. Este enfrenta el jueves dos mociones de censura: una del ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y la otra del izquierdista de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, primer y tercer grupo parlamentario, respectivamente.

"Hacemos una apuesta, una apuesta arriesgada en la que solo el futuro nos dirá adónde llega", manifestó el líder parlamentario del PS, Boris Vallaud, desde la Asamblea Nacional, donde Lecornu había pronunciado antes su discurso de política general y anunciado la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, requisito de los socialistas para no apoyar la moción del resto de la izquierda.

Esto implicará que el progresivo aumento de la edad mínima de jubilación hasta los 64 años se quedará congelado en la situación actual, de 62 años y nueve meses, hasta enero de 2028, cuando pueda tomar nuevas decisiones el presidente que sea elegido en la primavera de 2027.

A su vez, Leconu ha propuesto aumentar los impuestos a los ricos y a las grandes empresas en 6.500 millones de euros el año próximo, lo que se entendió como otro guiño a los socialistas.

Por su parte, el líder de los diputados de LR, Laurent Wauquiez, aseguró que sus cerca de 40 diputados no votarán la moción de censura "a priori" y "no formarán parte de los que harán caer a los primeros ministros", en alusión a las caídas de Michel Barnier (diciembre de 2024 tras tres meses en el cargo) y François Bayrou (septiembre de 2025 tras nueve meses).

El anuncio de Wauquiez ha generado cierta polémica, pues la dirección de LR, pilotada por el exministro del Interior Bruno Retailleau, había alertado de que la suspensión de la reforma de las pensiones podría hacer cambiar la opinión del partido que ha sido socio del macronismo durante el último año. "Para evitar caer en una moción de censura, el gobierno hace pagar a los franceses un precio muy alto", criticó Retailleau, en un comunicado, en alusión a la suspensión de la reforma a la que los conservadores se han opuesto porque la consideran esencial para sanear las cuentas. Esta discrepancia ente los diputados y la dirección del partido se explica por la guerra soterrada que libran el antiguo ministro del Interior y Wauquiez.

Entre el resto de principales fuerzas políticas, los comunistas, que cuentan con un pequeño grupo, no dejaron claro si respaldarán la moción del jueves, a pesar de que su líder, Fabien Roussel, consideró "una primera victoria" la suspensión de la reforma de las pensiones. Los otros socios de la izquierda, los Ecologistas, sí que apoyarán la moción contra Lecornu.

El partido del presidente Macron, Renacimiento, el RN y el LFI también intervinieron tras el discurso de política general del nuevo primer ministro y refrendaron sus posiciones, de apoyo al gobierno los primeros y de censura los segundos y terceros.

La intervención de la Asamblea Nacional de Lecornu sucede pocas horas más tarde de la celebración del primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo, en el que se aprobó el proyecto de cuentas para 2026, que ahora deberá pasar por el arduo trámite parlamentario.

Lecornu prometió no gobernar con decretos -una opción permitida por la Constitución francesa con la que se aprobó la polémica reforma de las pensiones de 2023- y dijo que el peso legislativo corresponde a una Asamblea Nacional que representa a una Francia "diversa" fragmentada en tres bloques (izquierda, centro y ultraderecha).

En un mensaje a sus socios europeos, Lecornu aseguró que "en todos los casos" el déficit público del país cerrará por debajo del 5% del producto interior bruto (PIB) en 2026 y que tiene la intención de cumplir en 2025 con el objetivo de un déficit del 5,4% del PIB, después del 5,8% en 2024.

En lo que tiene que ver con la recaudación, una de las grandes novedades será un impuesto que gravará los holdings familiares y, en concreto, los activos que no están dedicados a fines operativos. Ese impuesto, sería una alternativa al conocido como impuesto Zucman que reclama la izquierda y que consistiría en gravar con un 2% el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros, unos 1.800 contribuyentes en Francia, y que se calcula que podría recaudar hasta 20.000 millones de euros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, va a nombrar a un primer ministro en las próximas horas, lo que confirma que descarta el adelanto de las elecciones legislativas, tras reunirse con los líderes de los principales partidos moderados del país, según indica EFE.

Esa es una de las principales conclusiones de las declaraciones de algunos de los asistentes al encuentro, en el que los líderes de la izquierda mostraron su profundo descontento porque el primer ministro no será nadie de su campo como reclamaban.

El primer secretario socialista, Olivier Faure, se quejó de que Macron no les ha dado "ninguna respuesta clara" en los puntos que le han pedido, como una renuncia a la aprobación de leyes por decreto o a la suspensión de la reforma de las pensiones, y advirtió sobre la posible censura del primer ministro que pueda nombrar. "Como no hemos obtenido ninguna garantía, no descartamos votar una moción de censura", señaló después de contar que, aunque se sienten "perfectamente legítimos" en la izquierda para reclamar un primer ministro, Macron no ha accedido a esa idea. El líder socialista añadió que si no se les tiene en cuenta "no hay otra opción que votar una moción de censura".

En una línea similar, la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, denunció que, a la vista de lo que han escuchado en reunión, para el presidente "nombrar a un primer ministro ecologista o de izquierdas no es su opción". Tondelier advirtió de que "esto va a terminar muy mal" y de que "si (Macron) vuelve a nombrar a alguien de su mayoría, esto terminará como las veces anteriores". Es decir, con una moción de censura contra el Gobierno.

En el encuentro también participaron los principales responsables del macronismo, los antiguos primeros ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal, y los líderes del partido de la derecha tradicional, los Republicanos, Bruno Retailleau y Laurent Wauquiez.

Ninguno de ellos hizo declaraciones a su salida de la cita del Elíseo a la que no habían sido invitados los dos grandes partidos de la Asamblea Nacional, la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Esos dos partidos de los extremos del arco parlamentario exigen elecciones anticipadas. Y aunque hay diferencias entre ellos ambos desean que Macron se vaya, de hecho, Mélenchon lo exige abiertamente e incluso ha intentado la destitución.

El actual primer ministro en funciones, el macronista Sébastien Lecornu, dimitió el pasado lunes por la mañana apenas 14 horas después de que se anunciara la composición de su Gobierno. Macron le encargó que siguiera haciendo una labor de prospección dos días más para ver si era posible evitar unas elecciones anticipadas. El miércoles por la noche, el Elíseo ya avanzó que Macron nombraría a un nuevo primer ministro en 48 horas.

El Partido Popular lleva meses amagando y rechazando, a la vez, presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando estalló el 'caso Cerdán', el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, hizo un llamamiento a la calma entre sus propias filas que le reclamaban que diera un paso al frente para tratar de desbancar a Sánchez. "Yo no voy a darle un balón de oxígeno para que le ratifique como presidente del Gobierno. No voy a ser cómplice como sus socios. Yo no soy socio de Pedro Sánchez, soy la única alternativa", explicaba hace solo unas semanas el conservador. Un argumento que la dirección del partido ha mantenido en las últimas semanas, subrayando que no existe una mayoría parlamentaria para desbancarle del poder.

Sin embargo, la imagen del exsecretario de organización de los socialistas ingresando en la prisión de Soto del Real este lunes, ha forzado al PP a moverse. A primera hora del martes Feijóo anunciaba en su cuenta de X que había encargado a su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, iniciar una ronda de contactos con los grupos que sostienen al presidente del Gobierno, a excepción de Bildu, para ver si su apoyo al PSOE permanece "intacto". "Ahora mismo son el único obstáculo para que los españoles hablen y podamos reparar tanta decadencia", escribía.

Solo unas horas después, el propio Tellado rebajaba esa pretensión y aseguraba que únicamente quería "escuchar" a estos grupos para "saber dónde están": "Queremos saber si son socios o si se quieren convertir en cómplices de la corrupción", señaló el portavoz parlamentario en rueda de prensa desde el Congreso, en la que no mencionó en ningún momento la palabra "moción". Tellado apeló a la discreción de esas conversaciones, pero admitió que ya había empezando a sondear a todos los portavoces, a excepción de los de la izquierda abertzale.

Pero más que apelar al entendimiento, el discurso del hombre fuerte de Feijóo estuvo repleto de reproches hacia los aliados parlamentarios. "Son corresponsables de lo que pasa en España y de un Gobierno que está podrido y que presuntamente comenzó a delinquir a los quince días de llegar a la Moncloa", dijo. Es más, Tellado confesó que su objetivo no era tanto convencerlos —en privado, en el PP confiesan que es casi imposible— sino "ponerles frente al espejo" de su "silencio de los corderos": "Tienen que elegir: o rompen con Sánchez o les romperá a ellos", añadió. Poco después, todos los aliados parlamentarios, salvo Coalición Canaria, rechazaron sentarse a hablar siquiera con los conservadores y así se lo trasladaron a Tellado, según ha podido saber infoLibre.

Las palabras del dirigente popular provocaron el enfado del PNV, uno de los partidos con los que el portavoz parlamentario del PP ha tenido más encontronazos en los últimos meses y flanco habitual de sus críticas. Fuentes de la formación trasladaban poco después de la comparecencia de Tellado que su portavoz, Maribel Vaquero, "apenas había recibido un mensaje unos minutos antes de la rueda de prensa" del PP y que, "sin embargo" el conservador había "optado por hablar con los medios antes que con EAJ-PNV" para "lanzar ataques y acusaciones".

A juicio de los jetzales, el PP no quiere ningún tipo de entendimiento con su partido sino que está inmerso en una "estrategia de marketing": "Este movimiento de hoy, junto a los mensajes que los populares están lanzando en redes sociales con críticas a los partidos que apoyamos la investidura, solo responde a una estrategia de marketing y deja claro que el PP no busca un espacio de entendimiento con EAJ-PNV", proseguían las citadas fuentes.

Los peneuvistas también expresaban su desconcierto por la estrategia de la dirección de Feijóo. "El PP, que se dice líder de la oposición y quiere encabezar un Gobierno alternativo, se sacude la responsabilidad de conseguir una hipotética mayoría. No explica cómo quiere serlo ni cómo quiere ganarse el apoyo de otros grupos", añadían, lamentando a renglón seguido los "ataques" a "la lengua, cultura, pueblo, autogobierno y al partido que lidera las instituciones vascas”.

Además del PNV, el PP también se encontró rápidamente con el escollo impuesto por Junts. Los independentistas catalanes exigieron al líder del PP una reunión con su líder, Carles Puigdemont, en su residencia de Waterloo (Bélgica). Al PP le costó tres preguntas de los periodistas responder a ese ofrecimiento, pero rechazó que su presidente fuera a dar ese paso. "Nosotros no vamos a hacer lo que a otros hemos criticado. No somos el PSOE. No lo somos. Nadie nos encontrará ahí" dijo, criticando el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El portazo también sonó con fuerza en el resto de aliados parlamentarios. El BNG fue el primero en rechazar una moción de censura “promovida por la derecha y la ultraderecha ultra”. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, rechazó negociar con un partido que “tiene, ha tenido y tendrá" casos de corrupción. "Nosotros no participaremos activamente en colocar a un PP cuyos gobiernos han sido y son aún los más corruptos de la historia de este Estado", completaban fuentes de la formación. Y se expresó de igual manera la líder de Podemos, Ione Belarra, que aunque en los últimos días ha subido el tono contra Sánchez calificó al PP de "podrido".

La única formación que sí ha abierto la puerta a ese entendimiento es Coalición Canaria. Su presidente, Fernando Clavijo, que gobierna Canarias en coalición con el PP, advirtió que su partido decidirá sobre el apoyo parlamentario al PSOE tras la comparecencia del presidente el día 9 en el Congreso. Pero más allá del apoyo puntual de CC, a Feijóo le siguen faltando cuatro votos para lograr su objetivo tal y como él ha manifestado en varias ocasiones. Lo único que ha conseguido el PP con este movimiento es perder la moción de censura —de manera telefónica— antes siquiera de presentarla.

Las presiones para que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lidere una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se intensifican. La reacción del conservador tras publicarse el detallado informe de la UCO que apunta —con audios que no dejan lugar a dudas— al presunto cobro de mordidas del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, junto con el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, fue demandar un adelanto electoral, a pesar de que Sánchez acababa de descartar esa posibilidad.

Feijóo, sin embargo, descartó ir más allá con una moción porque cree que su fracaso daría aire a Sánchez en el momento en el que más lo necesita. "Yo no voy a darle un balón de oxígeno para que le ratifique como presidente del Gobierno. No voy a ser cómplice como sus socios. Yo no soy socio de Pedro Sánchez, soy la única alternativa", defendió el líder del PP desde la sede de Génova este jueves. En Génova están convencidos de que, por ahora, no hay posibilidad de que esa moción de censura salga adelante. Pero hay quien opina — también entre las filas de su formación— que debe presentarla de todos modos ante un contexto tan grave como el actual. "Los números no dan. Fin del debate", tratan de zanjar desde el entorno del presidente del PP. 

Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la UPF Barcelona School of Management, cree que Feijóo acierta al no presentar la moción "si no tiene los apoyos necesarios". "Podría convertirse en un escaparate para que Pedro Sánchez coja impulso", argumenta, en línea con lo que trasladan los estrategas de Génova. Y añade: "Si el PP cede ante la presión de Vox y del sector del partido que siempre le pide más, quién acabará perdiendo es Feijóo porque su liderazgo se desdibujará una vez más".

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre es una de las voces que ha reclamado a Feijóo públicamente que presente una moción con el compromiso de convocar elecciones de inmediato. "Si hiciera la moción de censura, la haría comprometiéndome a que, en el mismo día de firmar ante el rey el cargo, convocaría yo las elecciones. Y estoy convencida de que Feijóo tendría mayoría absoluta", señaló este viernes Aguirre ante los medios, tras criticar a Sánchez. Aguirre se erige como una voz autorizada en la materia, después de que bajo su mandato en la Comunidad de Madrid su mano derecha, Ignacio González, acabara en prisión por corrupción.

La respuesta de Génova llegaba a través de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, en una entrevista en La Sexta. Tras calificar a Aguirre como "una compañera de partido y una buena amiga", descartó emprender ese camino "porque se podría lograr el efecto contrario al deseado". "No haremos una moción sin capacidad de que prospere porque podríamos conseguir el efecto contrario, blindar a Sánchez, y no estamos aquí para ayudar a Sánchez”, argumentó.

La postura de Aguirre es, sin embargo, compartida por un sector del PP que considera que hay que dar esa batalla aunque se pierda para "evidenciar" desde el Congreso "cómo actúa la mafia". Dirigentes del PP consultados por infoLibre creen que Feijóo debería actuar "cuanto antes" y erigirse como "la alternativa" aún a riesgo de perder la moción. En esa línea, trasladan que su jefe de filas debería "hacer todos los esfuerzos" posibles por acercar posturas con Junts o con el PNV. "Hay que buscar esos apoyos, no esperar a que vengan. Eso no va a ocurrir", argumentan.

Aira cree que ese acercamiento sería "incoherente": "Al final el PP está buscando el apoyo de partidos a los que, a su vez, estigmatiza y demoniza desde hace tiempo. Apelar al voto de estos mismos partidos suena desesperado e incoherente y no proyecta nada bueno", razona.

La estrategia de Génova es precisamente atacarles, ya que varios portavoces del partido, empezando por Tellado y siguiendo por su número dos en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, no están conteniendo sus críticas hacia algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo. El portavoz de Feijóo en el Congreso calificó este viernes al presidente del PNV, Aitor Esteban, como un "lacayo" de Sánchez y lo acusó de ser "cómplice" de su corrupción.

Una crítica que después extendió al resto de formaciones. A su juicio, son los "responsables" de que Sánchez permanezca en La Moncloa y, por tanto, de que "la mafia" gobierne España. Álvarez de Toledo, por su parte, aseguró que los socios del Gobierno comparten con el socialista su "ansia infinita de impunidad" y solo quieren contrapartidas para "destrozar la convivencia".

El PP, al igual que Vox, ha hecho de su oposición a la amnistía una de sus principales bazas contra Sánchez. Una amnistía defendida y reclamada a capa y espada por Junts y también por los jetzales. El boicot de Feijóo a la oficialidad de las lenguas cooficiales en la Unión Europea tampoco ha ayudado a acercar posturas precisamente, como destaca el experto en comunicación política. "A día de hoy la suma de Vox y Junts se antoja imposible", asegura.

En Junts no desvelan sus intenciones, aunque Aira —buen conocedor de la formación— descarta que la formación independentista se preste a dar apoyo al PP incluso con la promesa de convocar elecciones después, como trasladó Aguirre, o incluso presentando un candidato alternativo a Feijóo. "Junts no puede, ni de manera instrumental ni de ninguna otra, entenderse con el PP. Feijóo seguramente querría poder llegar a acuerdos con formaciones como PNV o Junts, pero sus compañías impiden cualquier tipo de pacto a futuro", reflexiona.

La formación que preside Carles Puigdemont se reunirá este sábado para valorar el informe de la UCO y los efectos que puede tener "sobre el acuerdo de Bruselas” que firmaron ambas fuerzas políticas en 2023 para sellar la investidura del presidente. Se trata de la misma estrategia que utilizaron cuando se produjeron las negociaciones con los socialistas tras el 23J y en la que el exsecretario de organización del PSOE fue una pieza clave para convencerles.

"La petición de adelanto de elecciones la haremos en función de los resultados de la mesa de negociación en Suiza con el Gobierno", señaló el jueves el número dos de Junts, Jordi Turull. "Tenemos muchas más cosas entre manos que son prioritarias", señaló, poniendo de ejemplo la efectividad de la amnistía, la oficialidad del catalán a la Unión Europea o la delegación integral de las competencias de inmigración, promesas de la investidura de Sánchez.

Durante la campaña gallega trascendió que Feijóo estuvo dispuesto a estudiar, como alternativa a la amnistía —que el líder del PP sopesó durante 24 horas—, la posibilidad de un indulto condicionado a Puigdemont como parte de un “plan de reconciliación” para Cataluña, siempre y cuando el expresident de la Generalitat fugado a Bélgica aceptara “someterse a la justicia española, verbalizara su arrepentimiento y se comprometiera de forma explícita a cumplir con el Estado de derecho”, según fuentes al más alto nivel del PP.

Alberto Núñez Feijóo quiere liderar la alternativa a Pedro Sánchez, pero no tiene los apoyos para hacerlo ni siquiera en el peor momento del presidente del Gobierno en lo que va de legislatura. El demoledor informe de la UCO que vincula al ya exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, en el supuesto cobro de comisiones en obras públicas ha supuesto un mazazo para el conjunto del espacio progresista, en general, y para el líder de los socialistas en particular, que se ha visto obligado a comparecer en la sede de Ferraz por primera vez desde que está en Moncloa. Sánchez pidió perdón pero descartó convocar elecciones generales y reiteró que su mandato continuará hasta 2027.

El líder de la oposición compareció más de una hora después para reclamar lo que Sánchez ya había descartado: comicios anticipados. "Debe convocar elecciones de manera inmediata, no hay ninguna huida hacia adelante, es una huida a ningún sitio", señaló el conservador desde la sede de Génova. Y añadió: "Sánchez no puede pretender sobrevivir a Ábalos, primero, y a Cerdán, después. La corrupción es la marca de agua de este Gobierno y por ello debe terminar", dijo.

Sin embargo, Feijóo no tiene prácticamente ninguna opción de acabar con el mandato de Sánchez, ya que en esa misma comparecencia descartó iniciar los contactos para tratar de convencer a los socios parlamentarios del Gobierno de que le apoyen. "Yo no voy a darle un balón de oxígeno para que le ratifique como presidente del Gobierno. No voy a ser cómplice como sus socios. Yo no soy socio de Pedro Sánchez, soy la única alternativa", defendió el líder del PP, que a renglón seguido instó a los aliados del Ejecutivo a dar ese paso. Horas antes, desde los pasillos del Congreso, también alejaba esa posibilidad. "No vamos a precipitarnos", aseguró.

Lo cierto es que el jefe de la oposición no tiene muchas opciones y ha ido quemando sus cartuchos en las últimas semanas: ha organizado una manifestación —que no salió como Génova esperaba—, ha endurecido su lenguaje —imitando al de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso—hasta el punto de llamar al presidente del Gobierno "capo" de una "mafia" y ha prometido en dar la batalla al Gobierno por todos los frentes, el político, el judicial y el mediático. Pero nada de eso es suficiente para desbancar a Sánchez de la presidencia del Gobierno.

El Partido Popular lleva sentenciando la legislatura prácticamente desde que comenzó, pero esa prerrogativa es exclusiva de Sánchez o, en todo caso, de alguno de sus socios si decidiera apoyar al expresidente de la Xunta para castigar al socialista. "Tienen la oportunidad de salvar algo de honor", aseguró este jueves el líder del PP. "Sugiero que reflexionen. Les aseguro que acabará mal. Si eligen seguir con él, dejarán de ser socios para ser cómplices del mayor aluvión de corrupción que ha vivido nuestra democracia", concluyó.

Sin embargo, el conservador no se atreve a dar ese paso en solitario, que tan insistentemente le reclama Vox, porque considera que su fracaso supondría una victoria para Sánchez. Con todo, Feijóo ha amagado en varias ocasiones con hacerlo. Lo hizo antes de las elecciones europeas de junio del pasado año, cuando reclamó una "mayoría social" que mostrara "su rechazo al presidente del Gobierno" en esos comicios: "Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto", advirtió. El hecho de que el PSOE resistiera tan bien lo disuadió.

También lo hizo en enero de este año después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, respaldara públicamente esta posibilidad. “Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante”, señaló Feijóo en una entrevista en Onda Cero. Una máxima que siguió manteniendo en otras entrevistas, en las que sin embargo también incidía en la dificultad de conseguir esos apoyos por parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo.

Aunque cuando Feijóo realiza estos llamamientos evita dirigirse a formaciones concretas y asegura que todos, desde Podemos pasando por ERC, BNG e Izquierda Unida, pueden sumarse a esta imaginaria moción, el PP siempre tiene dos partidos en mente: PNV y, sobre todo, Junts. En más de una ocasión Feijóo ha defendido que no tiene reservas a llegar a acuerdos con los de Carles Puigdemont “dentro de la Constitución" e incluso ha llegado a reconocer contactos con el partido independentista para tratar de conseguir su apoyo.

Aunque la dirección nacional del PP tiene claro que presentar la moción en estos momentos sería un error, en las próximas semanas deberá lidiar con la presión de Vox, que reclama a Feijóo que tome la iniciativa. Abascal, de hecho, ha abandonado Paraguay, país al que había acudido para participar en un foro, con el objetivo de exigir al PP que presente esta moción cuanto antes.

El ultraderechista aseguró que el Gobierno es "una charca de corrupción, una ciénaga pestilente, una banda de delincuentes y una banda mafiosa" con el único objetivo de "mantenerse en el poder a cualquier precio" pero también se mostró muy crítico con el líder del PP: "La debilidad de la oposición del señor Feijóo es letal para la oposición en España", dijo.

Unas palabras que han sentado mal en Génova. "La culpa es… del PP. Alguien tenía que echar una mano a Sánchez", escribía en X el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper. "Sinceramente, empiezo a pensar que Abascal prefiere que siga Sánchez a que gobierne Feijóo", le acompañaba la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. El PP no quiere que el foco se sitúe en otro que no sea Sánchez, pero sí que critica la "obsesión" del partido de Abascal de "atacarles" todo el tiempo.

Alberto Núñez Feijóo tiene debilidad por anunciar el fin de los tiempos. Así lo hizo el líder del Partido Popular este jueves, en una declaración solemne, sin preguntas, en la que denunció que "el estado de putrefacción al que nos tiene sometido el actual Gobierno" hace que "la degradación" sea "total". Para el jefe de la oposición, el mandato del presidente Pedro Sánchez "está en fase terminal porque no da más de sí". "Esta situación es inaceptable e inasumible", concluyó, con tono grave, tras anunciar la convocatoria de una concentración el próximo domingo 8 de junio en la capital y ponerse a disposición de los socios del Gobierno.

Para apuntalar este relato, Feijóo y su equipo intentan hacer ver que hay un rechazo frontal de la ciudadanía al Ejecutivo central —pese a que los socialistas no salieron mal parados de las últimas elecciones europeas, celebradas hace un año, en las que el PSOE que se mantuvo por encima del 30% de los votos—, insistiendo, además, en que la "corrupción en el seno del Gobierno" provocará que algunos de sus socios le dejen de apoyar en algún momento. "Si fuesen consecuentes", dijo en referencia a la moción de censura instigada por Pedro Sánchez en 2018 tras la sentencia de la Gürtel, "ahora deberían hacer lo mismo sin ninguna duda”.

Con todo, el líder del PP dejó claro que no tiene intención de iniciar contactos ni actuar de manera proactiva para recabar los apoyos necesarios. “Seré claro: la moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad. Yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Si no quieren, no tengan duda de que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación", concluyó.

Sin embargo, no es la primera vez que Feijóo amaga con liderar una moción de censura —que después nunca se atreve a presentar ante la falta de apoyos— ni anuncia el apocalipsis. Ni mucho menos. Un repaso a sus declaraciones de los últimos tres años, los que lleva al frente del Partido Popular, es muy ilustrativo de su tendencia a proclamar que España está en "fase terminal" y a presentarse como la alternativa a Pedro Sánchez tras hacer un llamamiento de "responsabilidad" a sus socios, con la mirada puesta sobre todo en Junts y PNV.

Recién elegido para el cargo de presidente del PP, tras concluir con éxito, con la ayuda de los demás barones, la operación para defenestrar a su antecesor, Pablo Casado, Feijóo ya aseguraba que las cosas eran insostenibles. "Estamos asistiendo en vivo y en directo a una autoinmolación del Gobierno que está dañando seriamente a España" por culpa de un presidente "desorientado" y "superado por los acontecimientos". El líder conservador sacaba esta conclusión de la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, después de que trascendiese el supuesto espionaje llevado a cabo por la agencia pública de inteligencia a políticos y activistas independentistas catalanes utilizando el software Pegasus, propiedad de la compañía israelí NSO Group.

Aquello ya fue suficiente para que Feijóo afirmase que la legislatura estaba "en caída libre" y que la situación era "insostenible". Las elecciones, sin embargo, no tuvieron lugar hasta un año después y el candidato Pedro Sánchez, aunque el PP obtuvo más votos, volvió a reunir una mayoría suficiente en el Congreso para seguir gobernando. En esa época el PP negaba los cantos de sirena de Vox para convocar e incluso apoyar una moción de censura e insistía en que el verdadero veredicto lo darían "las urnas".

A finales de aquel año, cuando Feijóo apenas llevaba unos meses en Madrid, España volvió a tocar fondo, en opinión del líder del PP. "Entiendo que lo mejor que podemos hacer en este momento, dado que en mayo tenemos unas elecciones, es hacer ya unas elecciones generales de forma inmediata", exigió desde la tribuna del Senado, la Cámara en la que aterrizó en la política española después de hacer dimitir a una representante del Parlamento de Galicia para ocupar su escaño. ¿La razón? Muy parecida a la de cualquier otra pesca del año: "La situación en nuestro país no da para más".

Ya entonces Feijóo negaba la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez y argüía, para denunciar la insostenible situación, que el Ejecutivo estaba preparando un referéndum consultivo de independencia para Cataluña —que nunca ha tenido lugar—. También anticipaba un "cambio de ciclo" de manera inminente.

Tres meses después, sin haber completado un año en la política nacional, Feijóo volvía a la carga instando a adelantar las elecciones generales al mes de mayo, en coincidencia con las municipales. ¿El argumento? La supuesta "degeneración" del Gobierno de Pedro Sánchez, al que el PP asediaba con el caso Mediador, las reducciones de penas producto de la aplicación de la ley del solo sí es sí o la decisión de la empresa Ferrovial de trasladar su sede social de España a Países Bajos.

El Gobierno, decía el líder de los conservadores, "ha pasado de la decepción a la deriva, de ahí a la decadencia y a la degeneración, y debería convocar elecciones ya" porque "ha perdido el crédito y la confianza de los españoles". Apenas cuatro meses después fue Feijóo quien no consiguió un resultado suficiente en las elecciones generales para ser elegido presidente del Gobierno y, aunque miró tanto al PNV como a Junts para ser investido, se quedó a cuatro votos de conseguirlo.

El líder del PP verbalizó por primera vez en junio de 2024 la posibilidad de una moción de censura. Lo hizo en una entrevista en Antena 3. Feijóo apuntó a esa vía en caso de que hubiera una "mayoría social" que mostrara “su rechazo al presidente del Gobierno" en las elecciones europeas: "Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto", advirtió. Pocos días después se celebraron esos comicios que los conservadores habían planteado como un plebiscito contra el socialista, pero el resultado no fue el esperado para Génova, ya que los socialistas lograron resistir aunque el PP volvió a ser primera fuerza.

"Si esa mayoría social se convierte en una mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximos el final del túnel", argumentaba el conservador" ¿Qué herramientas vamos a utilizar ? Todas las que consideremos oportunas", sostenía, sin llegar a descartar este mecanismo en el Congreso. Tras esos comicios desde Génova rebajaron cualquier posibilidad de presentarla porque entendían que, si la perdían, se reforzaría más a Pedro Sánchez.

Un año después de las elecciones generales, el presidente del PP ya consideraba al jefe del Ejecutivo "noqueado". Y decía que la legislatura estaba "agotada". Después de que Sánchez reflexionase varios días sobre su continuidad en la Moncloa, a la vista de que su esposa, Begoña Gómez, estaba siendo sometida a una investigación judicial que a día de hoy continúa, le emplazó a convocar elecciones o irse, porque su situación es "más grave y más patética" que nunca. Entonces argumentaba que no iba a presentar una moción de censura porque Sánchez había "comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles".

"Déjelo ya, convoque elecciones, váyase, pero así no podemos seguir", declaró entonces un enfático Feijóo durante una reunión con sus diputados y senadores, convencido de que las dos derrotas parlamentarias que acababa de sufrir el Gobierno en el Congreso —los objetivos de estabilidad presupuestaria y la reforma de la Ley de Extranjería— iban a poner fin al mandato de Sánchez. Está "aflorando la decadencia de quien ya no puede ofrecer nada a los españoles"; "esto ya no da más de sí", argumentaba, anticipando una convocatoria electoral anticipada que no se produjo y que, un año después, sigue sin estar en el horizonte.

En octubre del pasado año Feijóo se dirigió de nuevo a los socios del Gobierno fue en Bruselas tras una reunión del Partido Popular Europeo. "Queda por ver quién permanece al lado embarrándose y embarrando la vida política española. Aconsejo a sus socios que revisen su posición y que sean coherentes con algunas de sus decisiones anteriores", decía, en referencia a la ya citada moción de censura de 2018.

El conservador también mantenía que en la capital comunitaria había "una preocupación de dimensión internacional" sobre las "corruptelas" que rodeaban al presidente del Gobierno. "Las investigaciones judiciales en torno al presidente del Gobierno, a su familia, a su gobierno y a su partido están teniendo trascendencia en las cancillerías europeas. Es una absoluta anomalía tener un primer ministro con una situación judicial y personal como la que tiene el primer ministro español", argumentaba.

Hace cinco meses, el líder popular seguía en el mismo sitio que en mayo de 2022, cuando llegó a Génova. El mismo del que sigue sin moverse. Entonces, en plena resaca de la inacción del Govern de la Generalitat Valenciana, que no avisó a tiempo a los ciudadanos de lo que se les venía encima el día de la dana, el presidente del PP denunciaba el "completo colapso" y la "agonía legislativa" del Gobierno.

Ese mismo mes, en una comparecencia desde la Cámara Baja. Feijóo dio total credibilidad a las declaraciones del empresario Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional y lanzó el recado a los socios del Ejecutivo. “No tengo los votos para cambiar el Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país”, aseguró.

En enero de este año el presidente del PP se mostró dispuesto a presentar la moción después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, respaldara públicamente esta posibilidad. “Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante”, señaló Feijóo en una entrevista en Onda Cero. Una máxima que siguió manteniendo en otras entrevistas, en las que sin embargo también incidía en la dificultad de conseguir esos apoyos por parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo.

Aunque cuando Feijóo realiza estos llamamientos evita dirigirse a formaciones concretas y asegura que todos, desde Podemos pasando por ERC, BNG e Izquierda Unida, pueden sumarse a esta imaginaria moción, el PP siempre tiene dos partidos en mente: PNV y, sobre todo, Junts. En más de una ocasión Feijóo ha defendido que no tiene reservas a llegar a acuerdos con los de Puigdemont “dentro de la Constitución" e incluso ha llegado a reconocer contactos con el partido independentista para tratar de conseguir su apoyo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves la convocatoria de una manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez el próximo 8 de junio en la madrileña Plaza de España y ha pedido a sus socios de Gobierno apoyo para una moción de censura.

En una comparecencia convocada de urgencia en la sede del PP, Feijóo ha afirmado que si los socios del Gobierno fueran "consecuentes", apoyarían una moción de censura "para combatir la corrupción", como hicieron hace siete años con el expresidente Mariano Rajoy.

La moción de censura "para sacar la corrupción de la Moncloa", ha precisado, no depende de su voluntad, que la tiene toda, sino que "depende de quienes le han dado soporte parlamentario" al presidente. Por ello se ha dirigido a los socios del Gobierno para decirles que, si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a su disposición y, si no quieren, "no tengan duda de que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les harán cómplices de esta degradación".

"La decadencia de este Gobierno y la convivencia de sus socios les retratan solamente a ellos", ha afirmado en una comparecencia, sin preguntas, que ha durado unos diez minutos y ha tenido lugar en la sede de la formación de la calle Génova.

Pese a no poder llevar a acabo la moción de censura, ha asegurado, el PP seguirá dando "una respuesta amplia, clara, contundente y continuada" a la "decadencia" del Gobierno de Sánchez, una lucha que hará "desde las Cortes, hasta la calle y los tribunales".

En esta coyuntura, el líder popular, que será reelegido presidente del PP en el XXI Congreso de la formación que se celebrará el 4, 5 y 6 de julio en Madrid, ha llamado a los ciudadanos a "tomar la palabra" y salir a las calles para definir "el futuro de la nación", "Si no pueden hacerlo en unas urnas, porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales, podrán hacerlo en la calle", ha insistido.

Feijóo ha llamado por tanto a manifestarse a todos los españoles que quieran a evidenciar su rechazo a un Gobierno que "ataca" a jueces y a fiscales, que "persigue" a la Guardia Civil y a periodistas y que "no solo ha urdido una trama de corrupción para servirse de lo que es de todos", sino otra "para intentar taparlo con chantajes y amenazas mafiosas".

El líder popular ha tomado esa decisión, ha explicado, por "el estado de putrefacción" del Gobierno de Sánchez, que está "rodeado de corrupción", con "más de una veintena de altos cargos de su entorno implicados en las distintas tramas". "Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes entendamos y reaccionemos ante lo que está en juego", ha apuntado.

Además de a los españoles, Feijóo también se ha dirigido a Sánchez y le ha dicho que servir a la nación como presidente del Gobierno "es un honor" y "hace tiempo que ya no es digno de ejercerlo". "Dure lo que dure, su mandato está en fase terminal porque no da más de sí", ha declarado.

También se ha dirigido a las instituciones del Estado, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los medios de comunicación y ha dicho que hay que disculparse con ellos "por las presiones que están sufriendo". La gravedad de los hechos que se conocen y "aún parece que quedan hechos por conocer", ha dicho, "trasciende a cualquier ideología, coyuntura o manía personal de nadie".

Por su parte, el Gobierno considera que las declaraciones de este jueves de Feijóo contra Sánchez demuestran que vive en una realidad paralela y le ha reprochado que convoque una manifestación de rechazo al jefe del Ejecutivo y no atienda las manifestaciones de Valencia por la gestión de la dana.

Para el Gobierno, esa comparecencia del líder del PP ha sido para repetir las estridencias que considera que viene diciendo desde hace tiempo pese a que haya querido darle solemnidad.

Las fuentes citadas señalan que Feijóo ha descrito una realidad que no existe y ha convocado una manifestación después de que siga sin atender las que se suceden en Valencia pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El Gobierno francés superó este jueves una moción de censura apoyada por tres partidos de izquierda pero que no contó con el respaldo de los socialistas. La moción registró 131 votos a favor, anunció tras el recuento la presidenta de la Asamblea Nacional, Yäel Braun-Pivet, lejos de la mayoría absoluta de 288 necesarios para hacer caer al Ejecutivo.

La ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen tampoco apoyó la moción, como sí había hecho en diciembre pasado para, junto con los cuatro partidos de izquierda, derribar al anterior Gobierno de Michel Barnier.

La moción, la primera que afrontaba el primer ministro François Bayrou, estuvo protagonizada por la fractura de la izquierda, donde el Partido Socialista (PS) se desmarcó de sus otros socios del Nuevo Frente Popular (NFP). Un primer análisis de los votos registrados indicó que en torno a ocho de los 66 diputados socialistas habrían rechazado la consigna de su partido para apoyar la moción.

El primer secretario del PS, Olivier Faure, justificó la posición en dos motivos, el primero las concesiones del Gobierno en los contactos de las últimas semanas, y que según él han beneficiado a los ciudadanos con medicas concretas en fiscalidad, educación o sanidad. También porque el Gobierno ha aceptado reabrir la discusión sobre la muy impopular reforma de las pensiones de 2023, aunque no está garantizado que haya cambios.

Y el segundo fue su temor a que una nueva crisis de Gobierno podría traducirse en llevar a Le Pen al poder: "Hemos optado por no practicar la política de lo peor porque puede conducir a lo peor, al triunfo de la extrema derecha", afirmó Faure. Aún así, Faure dejó claro que "estamos en la oposición y ahí seguiremos", y advirtió a Bayrou que su partido podría apoyar otra moción de censura "en cualquier momento".

La postura socialista fue criticada por los principales líderes de La Francia Insumisa (LFI), el partido más a la izquierda de la Asamblea Nacional, que había presentado la moción, apoyada después por ecologistas y comunistas.

El primer ministro acusó a LFI de que con su moción apostaba por "el enfrentamiento" en lugar de buscar el diálogo "en la situación tan grave de nuestro país", tanto por la posición "extremadamente grave" de la economía y de las cuentas públicas como por el difícil panorama internacional. 

El boicot de casi la totalidad de parlamentarios del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) ha impedido finalmente que prospere la moción para destituir al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, votada este sábado en la Asamblea Nacional de este país, según informa EFE.

La iniciativa parlamentaria para inhabilitar a Yoon comenzó a votarse pasadas las 18.00 hora local de hoy (9.00 GMT) después de que abandonaran la cámara todos los diputados del PPP salvo dos, de modo que si incluso estos hubieran votado a favor, la moción fracasaría.

Para que la moción de destitución prospere es preciso el respaldo de dos tercios de la cámara, lo que significa que el bloque opositor (que cuenta con clara mayoría parlamentaria con 192 escaños) necesitaría contar con al menos ocho votos adicionales de entre los 108 con los que cuenta el gobernante Partido del Poder Popular.

El voto de esta moción en la Asamblea tuvo lugar tras la de otra propuesta para establecer una investigación sobre la primera dama, Kim Keon-hee, por supuesta corrupción, que no salió adelante con un resultado de 198 votos a favor y 102 en contra, lo que ya apuntaba al fracaso de la iniciativa para destituir a Yoon.

Ese resultado reflejaba que únicamente seis miembros del PPP habían roto la disciplina de voto fijada por la formación conservadora, que acordó este mismo sábado rechazar la moción contra Yoon, tras haber dado varios bandazos en días previos al respecto.

La principal formación opositora, el Partido Democrático (PD) y las otras cinco fuerzas políticas presentaron una moción para destituir a Yoon el pasado miércoles, después de que el presidente decretara por sorpresa la ley marcial en la noche del martes acusando a la oposición de "actividades anti-estatales" y de ser "fuerzas pronorcorenas".

El estado de excepción fue levantado después de que los partidos de la oposición y algunos del propio PPP votaran en la Asamblea Nacional la revocación de esa medida apenas unas horas después de ser decretada, y pese a los intentos de la policía y de tropas surcoreanas por bloquear los accesos al parlamento y tomar el control de la cámara. 

Mientras tenía lugar hoy la votación parlamentaria, unas 149.000 personas -según datos de la policía- se concentraron frente a la Asamblea para reclamar que Yoon dimita de su cargo o sea destituido.

La sesión parlamentaria extraordinaria se desarrolló en un ambiente tenso, con repetidos intercambios airados entre diputados del opositor y liberal Partido Democrático (PD) y el PPP.

Tras dar varios bandazos en los días previos, el PPP estableció hoy disciplina de voto para lograr boicotear el intento de echar al presidente de su puesto.

A su vez, el líder del partido gobernante, Han Dong-hoon, afirmó este mismo sábado antes de la sesión parlamentaria que una "pronta dimisión" de Yoon "es inevitable".

Sus declaraciones de hoy tuvieron lugar después de que Yoon pidiera disculpas "por causar preocupación e inconveniencias a la ciudadanía" con su ley marcial, en una alocución en la que también dijo que dejaba en manos de su partido "la estabilización de la situación política, incluido su mandato".

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este jueves unidad "para trabajar por Francia y forjar nuevos compromisos", tras la caída del Gobierno ayer en una moción de censura de la que culpó al "cinismo" de "la extrema izquierda y la extrema derecha".

En una intervención televisada al país, Macron dijo que "en los próximos días" nombrará un nuevo primer ministro y afirmó que cumplirá "plenamente" su mandato como jefe del Estado "hasta el final", en 2027, frente a los que piden su dimisión.

Tras la primera moción de censura con éxito que vive Francia desde 1962, Macron criticó a los promotores de la iniciativa, porque no la presentaron "para hacer, sino para deshacer, para crear el desorden", dijo. Recordó que el éxito de la moción "ha dejado a Francia sin presupuestos a pocos días para las fiestas de Navidad". Los responsables de la moción de censura "no piensan en ustedes, sino en la elección presidencial" de 2027, aseguró a los ciudadanos franceses.

Macron recordó que, por mandato constitucional, no puede haber nuevas elecciones legislativas antes de que se cumpla un año de las del pasado verano, por lo que es necesario que los partidos políticos se entiendan en una Asamblea Nacional más fragmentada que nunca. Francia y Europa "necesitan un Gobierno", insistió, y por ello "desde hoy debe comenzar una nueva época" en la que "todos tenemos que trabajar por Francia", para lo que "harán falta nuevos compromisos", resaltó.

El presidente francés añadió que el nuevo Gobierno deberá aprobar una ley transitoria para prorrogar los presupuestos de 2024, de modo que no se interrumpa la actividad del Estado, y poner en marcha unos nuevos para 2025, a comienzos del año próximo, que será "la prioridad" de ese Ejecutivo.

La presión política y social contra el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha aumentado este miércoles con la presentación de una moción parlamentaria por parte de la oposición para su destitución, después de que el mandatario impusiera la ley marcial y la revocara horas después esta madrugada, según informa EFE.

La principal fuerza opositora de Corea del Sur, el Partido Demócrata (PD), y otras cinco formaciones iniciaron así el proceso parlamentario que podría desembocar en la suspensión del ejercicio del poder del mandatario, cuyo partido gobierna en minoría, y con su figura sometida a un enorme desgaste tras recurrir a la ley marcial para proteger el "orden constitucional" contra actividades "antiestatales" y "fuerzas pronorcoreanas", según dijo.

Yoon lanzó estas acusaciones contra el PD, con mayoría en la Asamblea Nacional y que había puesto a su Gobierno contra las cuerdas al aprobar sin contar con el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes, además de mociones para destituir al fiscal general y al responsable de monitorizar las cuentas de los organismos públicos.

El PD y otras fuerzas minoritarias tumbaron la ley marcial de Yoon poco después de ser decretada, y ahora contraatacan con una moción de destitución, que fue anunciada ante los medios en la Asamblea Nacional por los 192 diputados que suman los seis partidos. Sus impulsores señalaron que prevén votar la propuesta el viernes 6 o el sábado 7, dentro del plazo de 72 horas que fija la normativa nacional para tramitar este tipo de iniciativas una vez presentadas.

Para aprobarla serán necesarios los apoyos de al menos 200 de los 300 escaños que componen el órgano unicameral legislativo surcoreano. El PD y otras fuerzas sumaron 190 votos en la víspera para revocar la ley marcial, con lo que solo necesitarían en torno a una decena de votos más para suspender de sus funciones a Yoon.

Desde el propio Partido del Poder Popular de Yoon se ha criticado su decisión de aplicar la ley marcial -el líder de la formación, Han Dong-hoon, dijo que era una medida "errónea" y prometió que trabajaría para "detenerla junto al pueblo"-, y algunos de sus diputados votaron de hecho a favor de revocarla.

Todo ello deja en una posición de creciente debilidad al mandatario surcoreano, que no ha vuelto a hacer ninguna aparición ni declaración pública desde que anunciara en la madrugada de hoy el levantamiento de la ley marcial tras la votación parlamentaria.

En caso de ser aprobada la moción de destitución, Yoon quedaría despojado de sus funciones hasta que el Constitucional delibere durante un plazo máximo de 180 días sobre si ha violado la Carta Magna.

La mayoría de los millares de personas que se congregaron en la víspera frente a la Asamblea Nacional para reclamar la dimisión de Yoon se habían dispersado ya a mediodía del miércoles, aunque algunos grupos todavía permanecían concentrados frente al edificio, rodeado de un amplio dispositivo de seguridad, informaron los medios locales. Los manifestantes desafiaron las órdenes del mando militar decretado bajo la ley marcial, que prohibió durante la vigencia de esa medida toda actividad política, y mientras cerca de 300 soldados entraban en el reciento de la Asamblea Nacional para tratar de tomar el órgano legislativo, lo que no llegó a producirse.

Parlamentarios del PD y simpatizantes de este partido participaron en otra concentración este miércoles frente al Parlamento y reclamaron la dimisión de Yoon con lemas cantados y escritos en carteles, en los que también se llamaba a sacar adelante la destitución del presidente. El líder del grupo parlamentario de este partido, Park Chan-dae, afirmó que Yoon "no está en su sano juicio" y le acusó de "liderar una rebelión interna" por la que debe ser "investigado" y "destituido parlamentariamente", en declaraciones a los medios.

Asimismo, la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), el mayor grupo sindical de Corea del Sur, prometió este miércoles iniciar una huelga indefinida hasta que el presidente dimita. "Nos mantendremos unidos con el pueblo y lideraremos la lucha por la renuncia inmediata del presidente Suk-yeol", dijo un funcionario de la KCTU durante una rueda de prensa. 

Los ministros franceses cerraron este martes filas con el primer ministro, Michel Barnier, y aseguraron que aún hay margen para dialogar, a pesar de que tanto la izquierda como la extrema derecha de Marine Le Pen depositaron ya sendas mociones de censura, según informa EFE.

"Hasta el momento en el que se anuncie la votación hay posibilidad de conversar. Está la señora Le Pen, pero también otros 576 diputados", manifestó Catherine Vautrin, ministra de Cohesión de territorios y de Relaciones con las entidades territoriales de Francia, entrevistada por la radio RMC.

También insistió en que hay que considerar "el riesgo" al que se va a someter al país, un argumento que también esgrimió el ministro de Economía y Finanzas, Antoine Armand, asegurar que el resultado de una moción de censura exitosa "sería la inestabilidad económica y financiera". "No es al Gobierno y al presupuesto lo que sometemos a moción de censura, sino al país al que ponemos en peligro. Si mañana suben los tipos de interés, si suben los impuestos, los franceses pagarán las consecuencias", advirtió Armand desde la cadena pública France 2.

Otros, como el titular de Interior, Bruno Retailleau, cargaron en especial contra Marine Le Pen y su partido, que han tenido la llave de la continuidad del Gobierno.

Barnier intentó negociar con ella hasta el último momento este lunes, pero finalmente no logró un acuerdo para evitar recurrir a un mecanismo constitucional que le permite aprobar reformas -en concreto, el presupuesto para la Seguridad Social de 2025 con recortes para paliar el elevado déficit francés- saltándose el voto del Parlamento. Es ese artículo constitucional, el 49.3, abre la puerta a interponer inmediatamente mociones de censura para tumbar al Gobierno que recurre a esa herramienta.

"No hay elementos racionales, porque el primer ministro había hecho una serie de concesiones. Sobre la electricidad, la ayuda médica estatal...", reflexionó Retailleau sobre las conversaciones con la extrema derecha, en una entrevista matinal con el canal TF1. "Mi sensación es que puedes colmar a la señora Le Pen de regalos como el árbol de Navidad y ella dirá que no. Porque tiene una agenda. Porque ella tiene una agenda", recalcó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se encontraba mientras tanto en viaje de Estado en Arabia Saudí y por el momento no se ha pronunciado sobre la previsible caída del Ejecutivo. El que sí lo hará esta noche, por primera vez desde su intervención en la Asamblea Nacional para utilizar el artículo 49.3 de la Constitución, será el propio Barnier en entrevistas televisivas.

Las mociones de censura contra Barnier, quien lleva en su cargo tan solo desde primeros de septiembre, ya tienen fecha y serán este miércoles a partir de las 16 horas, según confirmó este martes la Asamblea Nacional.

En un primer momento el pleno de la cámara baja debatirá la presentada por la alianza de izquierdas, que es la que más opciones tiene de prosperar, puesto que la ultraderechista Marine Le Pen anunció que la apoyaría.

Tanto esa como una segunda que presentó por su parte el propio partido de Le Pen fueron interpuestas el lunes, minutos después de que Barnier, que carece de una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, adoptara sin voto parlamentario el proyecto de ley de presupuestos de la Seguridad Social para 2025. El mecanismo constitucional que le permite hacerlo, el artículo 49.3, le expone también a que la oposición le presente una moción de censura.

Barnier cuenta con el respaldo de unos 211 diputados -los macronistas, centristas y conservadores- en una cámara de 577 escaños, frente a los 193 de la alianza de izquierdas y los 140 de la extrema derecha, lo que hace casi segura la caída del Ejecutivo menos de tres meses después de su nombramiento como primer ministro.

Desde la instauración de la actual constitución, tras la Segunda Guerra Mundial, se han presentado 149 mociones de censura en Francia, pero solo una logró derribar al Ejecutivo: la que en 1962 acabó con el Gobierno de Georges Pompidou. Sesenta y cinco de esas mociones fueron después de que el Gobierno comprometiera su continuidad para hacer avanzar un texto sin voto parlamentario, tal y como ahora ha hecho Barnier.

Tras los discursos de los diferentes líderes parlamentarios los diputados tienen media hora para votar con papeleta secreta. Solo depositan su voto los favorables a la moción de censura, que se da por buena si logra la mayoría absoluta de la cámara, es decir 289 parlamentarios. 

Ahora no, todavía no. Mientras los diputados del Nuevo Frente Popular (NFP) —así como varios ex socialistas del grupo Liot (Libertades, independientes, ultramar y territorios) y un no inscrito— votaron a favor de la moción de censura (197 votos), los diputados de la Agrupación Nacional (RN) se negaron a votar a favor del texto presentado por la izquierda contra el gobierno de Michel Barnier. Gracias a la extrema derecha y a sus 125 votos, el primer ministro de Los Republicanos (LR) permanecerá por tanto en Matignon al menos hasta el final de lo que prometen ser unos turbulentos debates presupuestarios.

En la tarde del martes 8 de octubre, el diputado de RN Guillaume Bigot, elegido en julio en la región de Belfort, tuvo dificultades para explicar por qué su grupo no iba a censurar a este gobierno nombrado por un presidente al que Marine Le Pen acusó este mismo fin de semana de haber “arruinado a Francia y haber mentido a los franceses”.

“¿Nuestro grupo va a censurar? Le voy a responder sin rodeos por qué nuestro grupo está deseando votar a favor de la censura, pero también por qué no vamos a votar con el NFP”, comenzó el ex columnista de CNews, Europe 1 y Sud Radio. “Este Gobierno es un poco el vuestro”, dijo a continuación dirigiéndose a la izquierda, metiéndola así en el mismo saco de los macronistas y la derecha: “Os retirasteis unos en favor de otros. Y ahora queréis censuraros los unos a los otros, ¡vaya fraude!”.

Bigot, el otrora chevènementista (fiel a Jean-Pierre Chevènement, fundador del movimiento centrista MRC y varias veces ministro, ndt) , que se pasó a la extrema derecha con armas y bagajes, ha decidido, no sin grandilocuencia, erigir su nuevo partido en “la única alternativa creíble”. Insistió en que la RN decidirá con majestad “el día y la hora” en que pulsará el botón para expulsar al primer ministro de su sillón de Matignon.

Mientras, afirmó, ante la complaciente mirada de Marine Le Pen, que había abandonado excepcionalmente el banquillo de los acusados del tribunal de París para incorporarse a su escaño en la Asamblea, “no censuramos, porque un solo tuit de Marine Le Pen basta para cambiar la posición del primer ministro sobre la desindexación de las pensiones”. Así pues, prosiguió, “nos negamos a aceptar un vacío, una paralización. No queremos una crisis de régimen. Por el momento, preferimos un gobierno menos malo a ningún gobierno”.

Unos minutos antes, Olivier Faure, primer secretario del PS, defendía la moción de censura en nombre del NFP con una melodía muy distinta. Criticando a un Gobierno “que nunca debería haber sido nombrado” y que se ve “bajo la tutela de la extrema derecha cuando dos tercios de los franceses votaron en su contra”, se burlaba ante un Michel Barnier silencioso en la bancada de ministros, y ante las risitas incómodas de los diputados de la RN, de esa extrema derecha “que, con Barnier, ha decidido asumir la continuidad del macronismo”.

“Su Gobierno lleva en sí el germen de una contrarrevolución conservadora”, dijo, antes de que la presidenta de la Asamblea Yaël Braun-Pivet le cortara el micrófono: “Señor diputado, por favor, abandone la tribuna”, diciéndole, contrariada, que se había excedido en su tiempo de uso de la palabra.

Pero la acusación estaba lejos de terminar, ya que la insumisa Clémence Guetté no veía en este gobierno “ilegítimo”, otra cosa que “una cohorte de reaccionarios”, y la ecologista Cyrielle Chatelain recordaba la composición de este ejecutivo, que incluye “cinco ministros que no votaron a favor de la constitucionalización del aborto y [...] seis que votaron en contra del matrimonio igualitario”.

La presidenta del grupo de Los Verdes también esbozó lo que habría sucedido si Emmanuel Macron hubiera nombrado primera ministra a Lucie Castets: “La reforma de las pensiones estaría ahora derogada. Tendríamos un secretario de Estado para la Transición Ecológica que ya habría decretado una moratoria sobre los proyectos de autopistas. Nuestro ministro de Educación habría dedicado el dinero gastado en uniformes para contratar profesores. Habríamos condicionado la apertura de clínicas privadas a la asistencia permanente, prohibido los contaminantes permanentes...”.

Luego, dirigiéndose a la bancada macronista casi vacía, dijo: “Ahí están ustedes, aguantando la vela entre la derecha radicalizada y la extrema derecha. Aceptar eso es traicionarse, es traicionar la decisión popular del 7 de julio”.

Todo un muro de indignación que Michel Barnier no fue capaz de contrarrestar, tras su declaración de política general con frases vacías y declaraciones de intenciones sobre el diálogo social, el presupuesto, el medio ambiente, la seguridad y la inmigración.

Los aplausos ocasionales de los diputados de LR no sirvieron para despejar el ambiente. Tampoco la intervención de Laurent Wauquiez, que se enredó en un discurso apático en el que contrapuso “el caos a la responsabilidad” y “el espíritu de Francia” a los “intereses políticos”. “Vociferar, censurar, destituir, es lo único que saben hacer ustedes”, les amonestó, entregándose a continuación a la caricatura para señalar a una “extrema izquierda” acusada de querer “aumentar los impuestos en 150.000 millones de euros, regularizar masivamente a los inmigrantes ilegales, tratar a los policías como asesinos y presentar a los terroristas de Hamás como resistentes”.

Lecciones de izquierdas que fueron moderadamente apreciadas por el NFP, que acompañó el discurso del campeón de LR con expresiones como “¡A la mesa!”, “Un buen restaurante, Laurent?” y otros como “¡Vuelve al comedor!”, en referencia al asunto de sus suntuosas cenas a costa de la región Auvernia-Ródano-Alpes.

Por parte del grupo macronista, que mantiene unas relaciones notoriamente tensas con Michel Barnier, el discurso de Pierre Cazeneuve también estuvo menos dedicado a apoyar al primer ministro que a vapulear a la izquierda. Fue como si faltara inspiración al comienzo de una legislatura que ya parece asfixiada.

No se producirá la destitución del presidente de la República. Tampoco tendrá lugar el debate que debía organizarse en la Asamblea antes del 15 de octubre. Este martes 8 de octubre, la conferencia de presidentes de la Asamblea Nacional paró en seco el procedimiento de examen de la resolución presentada por La France insoumise. Eso ocurrió porque la Agrupación Nacional se abstuvo durante la votación de los presidentes de los 11 grupos organizados bajo la dirección de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, situando así a la mayoría en el bando contrario.

“La RN demuestra una vez más que es el seguro de vida del Gobierno macronista”, señaló Mathilde Panot, presidenta del grupo LFI en la Asamblea, en referencia al anuncio esa misma tarde del partido de Marine Le Pen de que su grupo no votaría a favor de la moción de censura al Gobierno.

En cualquier caso, esta alianza circunstancial muestra, una vez más, los claros intereses existentes entre la extrema derecha, que no tiene motivos para derribar al Gobierno en pleno juicio a los asistentes al Parlamento Europeo, y una coalición presidencial acorralada, ansiosa por no abrir un debate explosivo –que, por otra parte, habría tenido una cobertura mediática especialmente alta si se hubiera celebrado en sesión pública– sobre el ejercicio del poder de Emmanuel Macron y su negativa a nombrar a un primer ministro salido de las filas de la coalición que resultó vencedora en las elecciones legislativas.

La semana anterior, Florent Boudié, presidente macronista de la Comisión Legislativa, había declarado que si Los Verdes, los comunistas y los socialistas tenían la intención de llevar el texto al pleno, no había ninguna razón para bloquearlo, aunque hubiera sido rechazado por los diputados en comisión. Sobre todo porque los debates en comisión habían sido, según sus palabras, "de buen nivel".

Sin embargo, Yaël Braun-Pivet ya había expresado una opinión diferente. En declaraciones a los periodistas parlamentarios, afirmó que la inclusión de la propuesta de destitución del presidente no tenía nada de “automático” y que el texto, aunque fuera considerado admisible por la Mesa de la Asamblea, debía pasar también por la conferencia de presidentes. ¿En virtud de qué norma? Es imposible saberlo, ya que el procedimiento de destitución no tiene precedentes en la V República.

Traducción de Miguel López

La primera moción de censura contra el Gobierno del primer ministro francés, Michel Barnier, no obtuvo los votos necesarios para tumbar al Ejecutivo, pero evidenció lo que ya se sabía, que su continuidad depende de la voluntad de la líder ultraderechista Marine Le Pen.

Frente a una izquierda hostil, que puso sus 193 diputados en pie de guerra contra un jefe de Gobierno que apenas cumple un mes en el cargo, el Ejecutivo se sostuvo en los votos de los partidos que le apoyan, los macronistas y sus aliados y la derecha tradicional, y los de la extrema derecha.

La moción de censura de la izquierda solo logró atraer cuatro votos de diputados regionalistas y se quedó muy lejos de los 289 que necesitaba para derribar al Ejecutivo. Pero la moción mostró que Barnier depende de Le Pen y que la izquierda es la única gran oposición parlamentaria.

El líder socialista, Olivier Faure, el encargado de defender la moción, recordó que fue la izquierda quien ganó las pasadas legislativas de julio y que su Gobierno carece, por tanto, de legitimidad.

"El suyo es el Gobierno de un partido destruido, apoyado por otro partido que fue derrotado tres veces en un mes y se sostiene gracias la extrema derecha que fue rechazada por dos tercios de los franceses", aseguró Faure.

Barnier replicó que, aunque no tiene mayoría absoluta, su Gobierno reposa en la alianza de macronistas y la derecha moderada, lo que totaliza más de 200 diputados, el mayor grupo de la cámara de 577.

Una mayoría débil pero que el excomisario europeo quiere reforzar a través de acuerdos puntuales que consideró "vitales" ante la situación catastrófica de las arcas públicas, a cuyo restablecimiento apeló a todos los grupos.

El primer ministro presentará esta semana su proyecto de presupuestos y pretende que, sobre el mismo, que incluirá 40.000 millones de euros de recortes de gastos y 20.000 millones de alzas de impuestos a los más ricos, se cree una nueva concordia que le permita sobrevivir.

"Asumo el riesgo de ser impopular, pero no el de ser irresponsable", clamó Barnier frente a los gritos de la izquierda.

Como la semana pasada, cuando presentó su programa de Gobierno, Barnier volvió a escudarse en la urgencia de la situación presupuestaria para pedir oxígeno, puesto que el presidente no puede disolver la cámara y convocar nuevas elecciones antes del próximo verano.

Una ecuación compleja porque todos los diferentes grupos parlamentarios imponen exigencias contradictorias y que los alcaldes del país ya han alertado que no están dispuestos a apretarse el cinturón como les exige el Ejecutivo.

Los diferentes componentes de la izquierda reprocharon a Barnier "continuar la política fracasada de Macron con el sustento de la extrema derecha", como replicó la diputada ecologista Cyrielle Chatellain.

O de haber "asaltado el Gobierno", como indicó la portavoz de la izquierdista La Francia Insumisa, Clémence Guetté, que recordó que el Ejecutivo incluye a ministros que votaron contra la inclusión del aborto en la Constitución y contra el matrimonio homosexual.

Los aliados del Gobierno reprocharon a la izquierda que haya rechazado el diálogo y a los socialistas que hayan ligado su futuro al de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, en lugar de hacer propuestas responsables. Pero la extrema derecha, como estaba previsto, salvó al Ejecutivo, aunque lo hizo dejando planear sobre su futuro una espada de Damocles.

"Ardemos en deseos de votar la censura, no descartamos hacerlo en el futuro, pero no daremos este gusto a la extrema izquierda (...) Su Gobierno no nos gusta, pero la ausencia de Gobierno sería peor", afirmó su portavoz, Guillaume Bigot, que ocupó el puesto de Le Pen en el estrado.

El diputado avisó, sin embargo, que la sentencia puede ser otra si el Gobierno no cumple sus compromisos en sus tres grandes demandas, mejorar el poder adquisitivo de las clases medias, la mejora de la seguridad y la lucha contra la inmigración.

"Hemos visto que un 'tuit' de Marine Le Pen sirve para cambiar la postura del Gobierno o la posición de algunos de sus ministros (...) Pensamos ejercer presión en una lógica de mal menor", insistió Bigot.

Pero rechazó las acusaciones de la izquierda de que la extrema derecha es la muleta del Ejecutivo y recordó que Mélenchon y Macron unieron fuerzas para evitar que muchos diputados de Le Pen fueran elegidos, lo que evitó que alcanzaran una mayoría parlamentaria pese a que, con once millones de votos, fueron el partido más votado.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes, tras conocerse que el Gobierno retirará la senda de estabilidad, que "parece ser que la reuniones en Suiza han salido mal" y se ha decidido que "España no tenga, al menos de momento, presupuestos para 2025". "Esta España actual es una España ingobernable y este Gobierno en lugar de ser humilde y buscar apoyos, es arrogante y soberbio y está insultado todo el día a la oposición", ha denunciado el líder conservador en una entrevista en Telecinco recogida por EFE.

El Consejo de Ministros acordará en su reunión de este martes retirar la tramitación parlamentaria de la senda de estabilidad, un paso previo a los presupuestos, para ganar tiempo en la búsqueda de apoyos y evitar así un nuevo rechazo en el Congreso en la votación que estaba prevista para este jueves. El Congreso iba a votar por segunda vez este jueves la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027 y todo apuntaba que se iba a repetir el resultado de la primera votación: rechazo con los votos de PP, Vox y Junts.

Ante esta decisión, el jefe de la oposición ha recordado la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que un gobierno sin presupuesto "no tiene coche ni gasolina" y ha recalcado que ahora Sánchez no tiene ni lo uno ni lo otro.

Feijóo ha rechazado cualquier responsabilidad, dado que el Ejecutivo no se ha sentado a hablar con ellos, y ha subrayado que es el Gobierno quien tensiona, insulta, descalifica e intenta destruir a la oposición, hacer nudos y dividir a la sociedad. "Ya está bien de echarme la culpa de los problemas de la minoría parlamentaria en la que está el Gobierno", ha afirmado y ha explicado que el PP no puede apoyar una senda de estabilidad que incrementa el gasto para el Gobierno central y prevé los mayores ajustes para las comunidades autónomas que tienen que gestionar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El líder de los populares ha abierto la posibilidad de retomar el diálogo con el Gobierno sobre la financiación autonómica si este retira al "cupo separatista". Ha subrayado que esa vuelta a la negociación es "probable" si el Ejecutivo no sigue adelante en su intención de dotar a Cataluña de una financiación singular.

"Si hay un compromiso por parte del Gobierno de retirar el cupo separatista es evidente que las cosas cambiarían. Si volvemos otra vez a la igualdad de los españoles en educación, sanidad y servicios públicos, sería más fácil hablar con el Ejecutivo", ha afirmado.

Pero ha insistido en que, si por el contrario, lo que se pretende es un sistema de financiación para mantener unos meses más a Pedro Sánchez en la Moncloa, será "imposible pactar nada que afecte al Estado autonómico".

En su opinión, ahora no se está hablando de reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, sino de romper el modelo actual. "Hablemos en serio de los temas y no hagamos respiración asistida al Gobierno", ha exigido.

Feijóo ha vuelto a rechazar la presentación de una moción de censura y ha incidido en que el adelanto electoral dependerá de cuando Sánchez pierda definitivamente el apoyo de nacionalistas y separatistas.

Hace seis años, Soraya Sáenz de Santamaría pudo haberse convertido en la primera mujer presidenta de España. Un caso similar al de Kamala Harris en Estados Unidos. Tanto Soraya como Kamala eran vicepresidentas con un presidente que de pronto estaba inhabilitado para gobernar. Mientras Biden ha apoyado que sea Kamala quien le sustituya, Rajoy no movió ni un dedo para que Soraya ocupará su lugar, lo que habría evitado que el PNV apoyará la moción de censura de Pedro Sánchez, que desalojó al PP de Moncloa. Una decisión poco inteligente y cero generosa con la vicepresidenta, que cargaba con todo el peso sobre sus espaldas. 

Rajoy, entonces presidente del Gobierno, no padecía síntomas de demencia senil como Biden. La Audiencia Nacional, en sentencia sobre la Gürtel del 24 de mayo de 2018, condenó al PP por corrupción y puso en duda la credibilidad de Rajoy, es decir señalaba que mintió ante el juez. En ambas situaciones había que actuar con urgencia. Tanto los votantes demócratas como los populares estaban escandalizados. En España los medios abrían un día sí y otro también con los detalles de la trama corrupta y los llamativos nombres de los políticos del PP implicados. 

Aún no están claras las razones por las que Rajoy negó su apoyo a Soraya, pero entre los sorayos, el grupo unido como una piña en torno a la vice, la falta de gratitud de Rajoy fue una enorme decepción. Así como los demócratas se han unido rápidamente a la causa de Kamala Harris, el presidente habría logrado también que el PP cerrará filas en torno a Sáenz de Santamaría. La razón era fácil de entender: o Soraya o pasar a la Oposición. Los nacionalistas vascos, pieza clave en la moción de censura, habrían visto con buenos ojos que la vicepresidenta se convirtiera en presidenta tras la renuncia de Rajoy. Al fin y al cabo, era ella la responsable última de todo lo que se cocía en Moncloa. A pesar del hedor que soltaba el PP, Soraya había logrado mantenerse al margen de la corrupción. No estaba pringada como María Dolores de Cospedal, su máxima adversaria. Tenía un halo más limpio frente a la negrura que envolvía Génova, que habría complicado mucho a Sánchez que prosperara la moción si hubiese sido contra ella en vez de Rajoy.

Soraya prometía estabilidad y tranquilizaba a sus socios, incluido Ciudadanos, que se sentía muy incómodo con la sentencia. Quedaban aún dos años y medio de legislatura y la vicepresidenta resultaba de fiar para una clase empresarial de la que era interlocutora directa. Son famosas las reuniones de Rajoy en su despacho de Moncloa, en las que consumía el tiempo hablando de deportes. Entonces, el empresario de turno al que tanto le había costado lograr audiencia le preguntaba ¿qué hay de lo mío? y el presidente contestaba invariablemente: “Háblalo con Soraya”. El votante popular se habría sentido satisfecho de que el PP mantuviera el poder y la propia Soraya habría preferido no alborotar el gallinero interno del partido, centrada como estaba en gobernar. 

El MeToo hacía solo unos meses que acababa de arrancar, las mujeres habrían visto con satisfacción que una mujer se sentará por fin en un sillón vetado hasta ahora para una de ellas. Las mujeres son mayoría entre el electorado y en las últimas generales de 2023 dejaron claro su poder. Entre PSOE y PP se decantan más por los socialistas, sobre todo por la espiral antifeminista en que ha caído la derecha arrastrada por la ultraderecha. A pesar del peso de la ideología, Sáenz de Santamaría habría podido sumar votos porque jamás se presentó como enemiga del feminismo. Cuando Rajoy no se quiso mojar y la echó definitivamente a los perros en las primarias para buscar un nuevo líder popular tras la moción, uno de los hits de su campaña era la defensa de la igualdad de las mujeres. No tuvo el apoyo que está teniendo Kamala Harris, esa es la gran diferencia. La pereza de Rajoy, ya saben.