La tensión en el mercado inmobiliario sigue subiendo a medida que los precios continúan con su escalada. La brecha entre la rentabilidad de quienes pueden explotar activos inmobiliarios y quienes buscan un piso para vivir se sigue ensanchando y se muestra en protestas, manifestaciones o luchas contra procedimientos de desahucio. Este martes, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas anunció una campaña para promover una huelga de alquileres a la empresa Alquiler Seguro y solo un día después, el Ministerio de Consumo confirmaba una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa tras desestimar un recurso de alzada presentado por la inmobiliaria. La iniciativa trata de forzar a la empresa a negociar con los inquilinos, que llevan tiempo denunciando abusos, pero su encaje legal es complicado, ya que la huelga solo está reconocida como derecho laboral.

“No podemos esperar más. Estamos hartas de los honorarios ilegales, de la imposición de seguros y de la contratación de suministros con empresas del mismo grupo. Hartas de decenas de abusos como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda”, señalan los afectados en una nota de prensa. Se quejan, además, de que el juicio tras la demanda impuesta por el sindicato se ha fechado para dentro de dos años.

Una de las inquilinas que va a respaldar la huelga explica a infoLibre que todas las vías para tratar de hablar con la empresa se les han cerrado y protesta por la impunidad con la que sigue "abusando" de su posición de poder. Cuenta que, tras un tiempo buscando piso sin éxito, encontraron una oferta de Alquiler Seguro a través de un conocido y la necesidad de tener un techo les hizo aceptar todas las exigencias: “Pagamos un servicio de atención al inquilino que, según ellos, era obligatorio; contratamos un seguro de vida con una de sus empresas, aunque ya teníamos uno, y otro seguro más de impago”, cuenta la afectada, que prefiere permanecer en el anonimato. Cuando hicieron notar a la empresa que muchas de aquellas condiciones eran ilegales, no recibieron respuesta, asegura. 

Alquiler Seguro tiene varios frentes abiertos: por un lado, una investigación que lleva a cabo el Ministerio de Consumo por prácticas ilegales y que le ha valido una multa de 3,6 millones. Por otro, el Sindicato de Inquilinas de Madrid le ha interpuesto una demanda cuya primera vista está fechada para febrero de 2028. La sanción de la Administración ya solo se podría recurrir por vía judicial, tras agotar este miércoles las opciones para resolverla por vía administrativa. La empresa ya anunció este jueves que recurriría la multa por medio de un contencioso porque "todos sus servicios son legales" y que también solicitará medidas cautelares.

Plantear una huelga de alquileres no es algo nuevo, pero tampoco es un trámite sencillo porque la ley no reconoce explícitamente el derecho a una huelga de este tipo como puede ocurrir en el ámbito laboral. La primera experiencia que se conoce en España ocurrió en Cataluña en 1931. Entonces, 90.000 familias barcelonesas dejaron de pagar los alquileres cuando, en plena ola migratoria hacia la ciudad condal, los trabajadores no podían hacer frente a unas rentas inmobiliarias crecientes y se plantaron. La huelga se zanjó un año después con un pacto entre propietarios e inquilinos, pero tras una larga represión. La última es la que los 71 inquilinos de La Caixa plantearon en Cataluña en 2024, reteniendo 257.631 euros en rentas de alquiler durante casi un año para tratar de forzar la renovación de sus contratos, que la entidad pretendía rescindir.

“El plan original de la Fundación La Caixa era tan simple como agresivo: dejar expirar el periodo de alquiler protegido para expulsar a miles de familias y vender al mejor postor”, explica en una nota el Sindicat de Llogateres. Al final, la protesta social terminó por movilizar al Govern, que adquirió las 170 casas para el parque público por un valor de 15 millones de euros, a las que luego se irían sumando más. Actualmente, el proceso sigue judicializado por las demandas cruzadas entre los inquilinos y la entidad bancaria, pero para los sindicatos es una victoria, ya que los afectados tienen ahora como casero a la Administración Pública.

No son procesos fáciles, explica Aldo Reverte, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, pero responde a la necesidad de que los inquilinos ganen espacios de protección para reclamar sus derechos. "Estamos empezando una ronda de contactos para explicar la propuesta e informar bien a los inquilinos de los riesgos", apunta. Una vez en marcha, el proceso pasa por distintas fases. "En primer lugar, lo que se hace es notificar individual y colectivamente a la empresa de que se ha producido un cobro fraudulento o irregular de alquiler y demandar su resarcimiento", indica Reverte. Si no hay respuesta, se inicia una demanda colectiva y se notifica a la empresa la convocatoria de una huelga. "Aquí se inicia otro proceso de mediación y, si no llega a buen puerto, es cuando se ejecuta la huelga", concluye.

En este punto, los inquilinos no dejan de pagar, sino que depositan el dinero correspondiente en un fondo común, es decir, lo retienen para que la empresa no lo reciba. "En este punto las posibilidades son dos: que la empresa devuelva el dinero que los inquilinos consideran como cobros indebidos, o que reclame a los inquilinos las rentas no abonadas", explica el responsable sindical. Es cuando el proceso de mediación termina, cuando la empresa tiene derecho a demandar para reclamar las cuantías o a reclamar la devolución de la vivienda con una petición de desahucio por impago del alquiler. "A partir de aquí ya entran en juego las estrategias de defensa que tenga pensadas cada grupo", concluye.

Javier Fajardo, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Navarra, explica a infoLibre que, en términos legales, la huelga está regulada en la Constitución como un derecho de los trabajadores y tiene que ver con las relaciones entre un empleado y un empleador, pero no se contempla fuera de ese ámbito. "En este caso se le ha llamado huelga porque quizá tiene una historia y unas connotaciones adecuadas para ejercer presión social y utilizarla como bandera de movilización", apunta.

"Desde un punto de vista puramente legal, si tú eres un inquilino y no pagas, el arrendador te puede llevar a juicio para proceder al desahucio. El hecho de declarar una huelga, en este caso, no establece ningún mecanismo de amparo o de protección como ocurre en una huelga laboral", explica el profesor. Este proceso legal se regula por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y por la Ley de Enjuiciamiento Civil y se puede dar desde el impago de la primera cuota, aunque "no es algo habitual", puntualiza Fajardo, ya que se suele demandar cuando hay varios atrasos.

Una vez iniciada la senda judicial, explica, se puede tratar de llegar a un acuerdo o, de no ser así, también está la opción de enervar. Esto último permite pagar en el mismo momento los importes pendientes. "Si se toma esta última opción, la causa se archiva sin costas judiciales". En caso de seguir adelante, puntualiza, sí que habría que asumirlas.

La clave de estas iniciativas, coinciden los expertos, es ganar peso en la negociación de forma que las reclamaciones individuales tengan un respaldo. "La estrategia contra las grandes empresas de alquiler que cometen abusos día tras día sin consecuencias es reclamar de forma masiva. Si la mayoría de los inquilinos afectados por Alquiler Seguro se suman a esta huelga que está por concretarse, es la mejor forma de frenar la extracción de rentas", señala Alejandra Jacinto, abogada de CAES. Para la letrada, que lleva además algunas demandas que tiene en marcha el sindicato, la presión de grupo puede resultar más efectiva.

La idea de fondo es romper con el modelo de negocio que garantiza el cobro de los alquileres: “No podrán hacer frente a la garantía de pago que ofrecen”, afirman desde los Sindicatos de Inquilinas, quienes además consideran probable "que la inmobiliaria deje de cumplir también con sus obligaciones hacia los caseros, del mismo modo que ya incumplen sistemáticamente sus responsabilidades con las inquilinas".

Por el momento, la huelga contra Alquiler Seguro está en un estadio inicial, pero su idea es sumar al mayor número posible de personas. En la nota explican que la compañía gestiona alrededor de 30.000 viviendas y su intención es elevar la iniciativa a nivel nacional. Desde la agrupación sindical señalan que el hartazgo es cada vez mayor y que la iniciativa ha partido de los propios afectados. "Son inquilinas que nos han llamado tras años de abusos. La gente está harta y quiere pasar a la acción”, señalan.

"En mi caso, he luchado un año para que me arreglasen unas humedades y al final tuve que recurrir a la dueña", explica la afectada con la que ha hablado infoLibre. "Es un abuso bochornoso, porque además hemos pagado por seguros y por asistencias que no recibimos", concluye. Si hace falta, dice, visitarán puerta a puerta para hablar con otros afectados para, a finales de junio, poder crear una asamblea de afectados.

El Congreso vota este próximo jueves la convalidación del decreto que permite prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027. No es perfecto, pero tumbarlo sería un error histórico.

En 2026 vencen más de 630.000 contratos. En 2027, otros tantos. En total, más de 1,2 millones de contratos y hasta 2,7 millones de personas afectadas. La subida media prevista al renovar a precio de mercado es de 1.735 euros al año por hogar. Eso supone 1.100 millones de euros adicionales solo en 2026 y más de 2.000 millones en dos años.

En un país donde el 36,42% de los inquilinos ya destina más del 30% de sus ingresos al alquiler, no aprobar el decreto significa empujar a cientos de miles de familias al sobreesfuerzo, la pobreza o el desahucio.

Se ha dicho que el decreto “invade la propiedad privada”. No es cierto. No expropia, no congela rentas de por vida y no altera la titularidad. Es una prórroga temporal, excepcional y prevista en la LAU desde hace décadas.

Se ha dicho que “genera inseguridad jurídica”. La inseguridad real es dejar 630.000 contratos sin protección. Además, los decretos‑ley tienen plena validez desde su publicación: las prórrogas solicitadas antes del jueves no pueden ser revocadas, aunque el decreto no se convalide. Tumbarlo generaría un limbo legal inmediato.

Se ha dicho que “reduce la oferta”. Pero la oferta lleva cayendo desde 2013 por razones estructurales: falta de vivienda protegida, desaparición del crédito convenido, parque público insuficiente. Este decreto afecta a contratos existentes, no a nuevas promociones. No aprobarlo no creará ni una sola vivienda nueva.

Y se ha dicho que “es insuficiente”. Y lo es. Pero su insuficiencia no justifica tumbarlo. Justifica aprobarlo ya y negociar un decreto complementario que recupere la protección frente a desahucios con garantías para arrendadores, introduzca avales públicos al pago del alquiler y empiece a reconstruir una política de vivienda basada en oferta y estabilidad.

Ese decreto complementario debe incluir medidas que amplíen consensos. Entre ellas, una propuesta razonable: la opción de compra con apoyo público, no para este decreto, sino para los siguientes. Un modelo voluntario en el que parte de la renta pagada pueda computar como ahorro para la compra futura, con ayudas públicas que beneficien a ambas partes.

Otra medida viable es la desgravación del 100% del alquiler en IRPF para propietarios que acepten la prórroga o mantengan precios estables. Si se pide un esfuerzo extraordinario, debe haber una compensación extraordinaria.

España ya sabe lo que ocurre cuando se deja caer a las familias: desahucios masivos, ocupación por necesidad y fractura social. Repetir ese error sería irresponsable.

Convalidar el decreto no es ideología. Es responsabilidad institucional. No hacerlo significa:

Aprobarlo significa evitar un daño inmediato y abrir el camino a una reforma real.

Se vota un decreto. Se vota si España evita un incendio o lo deja crecer.

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José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre.

La empresa pública de vivienda, Casa 47, comienza a avanzar en la puesta en marcha de su primera oferta pública de adquisición de vivienda. Con una dotación de 100 millones de euros, fuentes de la entidad señalan que prevén adquirir entre 500 y 600 casas para incorporarlas al parque público. Casa 47 está abierta a ofertas tanto de particulares como de personas jurídicas y primará la adquisición de pisos en zonas tensionadas. Fuentes de la empresa señalan que ya han recibido algunos contactos, principalmente de particulares, y que se encuentran en conversaciones con fondos de inversión que buscan deshacerse de sus activos de vivienda.

El procedimiento de adquisición se llevará a cabo mediante concurso. Se priorizarán las ofertas localizadas en zonas de mercado residencial tensionado, es decir, aquellas áreas donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos a costear la vivienda. Además, fuentes conocedoras señalan que la etiqueta de mercado tensionado se podrá aplicar independientemente de que la comunidad autónoma aplique o no el reglamento de vivienda. También se priorizarán las ofertas de bloques completos o conjuntos de viviendas frente a las casas sueltas.

En cuanto a los precios de compra, la entidad pública utilizará como referencia los precios que establece el Portal Estadístico del Notariado. "Casa 47 comprará por el precio que se ofrezca en la propuesta, siempre y cuando se adecúe al valor de tasación de la vivienda y no exceda del precio medio de venta que marca el Portal Estadístico del Notariado en cada zona", señalan en una nota de prensa. La tasación, explican las mismas fuentes, la llevará a cabo una entidad externa acreditada por el Banco de España y se considerará la oferta de vendedor siempre que no exceda los parámetros del notariado.

El presupuesto de la convocatoria se destinará a cubrir el precio de adquisición de las viviendas, así como todos los gastos e impuestos que se deriven de su compraventa y, en su caso, el coste de las actuaciones necesarias para su adecuación, mejora o rehabilitación, siempre que el coste total no supere el 110% del valor de tasación.

En cuanto a los plazos que se manejan, Casa 47 prevé cerrar la fase de concurso el próximo 9 de julio y a partir de esa fecha se irán conociendo las adjudicaciones.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles de forma definitiva la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotarse la vía administrativa.

La resolución ha sido firmada por el ministro Pablo Bustinduy, lo que convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025 y ratifica las conclusiones del expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo.

El departamento concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y “aprovechar su posición de predominio de mercado” .

Entre las conductas sancionadas figuran la “imposición al arrendatario” de costes que corresponden al propietario, como un servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar o cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario.

Asimismo, se penaliza la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos.

La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros.

La resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable.

El expediente se inició en marzo de 2025 tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, y se suma a otra investigación en curso por hechos similares.

En diciembre, Consumo ya había anunciado la sanción por trasladar a los inquilinos gastos de gestión y formalización del contrato, prohibidos por la Ley de Vivienda. La empresa recurrió entonces la decisión, un recurso que ahora ha sido rechazado por el Ministerio, lo que cierra la vía administrativa.

Alquiler Seguro va a recurrir a la vía judicial, con un recurso contencioso administrativo. Sostienen que esta resolución es "injusta y arbitraria" y defiende que todos los servicios prestados son legales y así lo ratifican cuatro sentencias judiciales que les dan la razón sobre los mismos puntos que Consumo les sanciona, según han apuntado a EFE fuentes de la compañía.

España fue el cuarto país en el que más se incrementaron los precios de la vivienda en la UE en el cuarto trimestre de 2025, con una subida del 12,9% con respecto a 2024, más del doble de la media en la Europa de los 27, que se sitúa en el 5,5%, según los últimos datos de la oficina estadística de la UE Eurostat, que recoge EFE.

La subida de la vivienda en España se produce en un contexto de crisis en este mercado, caracterizado por máximos históricos de precio tanto de compra y alquiler y de tensión en acceso a la residencia, especialmente en las zonas más demandadas.

En la zona euro, la subida media fue del 5,1%, de acuerdo con estos datos, que desprenden que a España únicamente le superan Hungría, con un 21,22% de subida interanual en el cuarto trimestre de 2025, con respecto a 2024; Portugal, con un 18,9%, y Croacia, 16,1%.

En el conjunto de la UE, de los 27 países, nueve de ellos registraron subidas interanuales de dos dígitos en el cuarto trimestre de 2025: además de España, Portugal, Croacia y Hungría, se encuentran Bulgaria (12,6%), Eslovaquia (12,8%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) y Chequia (10,4%). 

Finlandia fue el único país en el que cayó el precio de la vivienda a finales de 2025 y lo hizo un 3,1%. En el resto de Europa, subió en todos, aunque en Luxemburgo el alza quedó casi plano, al ser de un 0,1%.

En España se registró un incremento interanual del precio de la vivienda los cuatro trimestres de 2025 por encima del 12%, el más bajo un 12,3% el primero, de enero a marzo, y el más alto, de octubre a diciembre, con un 12,9%. Las crecidas medias en la UE sobrepasaron el 5% durante todos los trimestres del año con respecto a 2024.

Si comparamos con el tercer trimestre de 2025, los precios de la vivienda se encarecieron en el cuarto trimestre un 1,8%. Un porcentaje por encima de la media europea situada en el 0,8%.

España fue el décimo país en el que más se encareció la vivienda en este cuarto trimestre con respecto al tercero, por detrás de Eslovenia, con 5,1%; Hungría, con 4,2%; Portugal, con 4%; Croacia, 3,4%; Eslovaquia, 3,1%; Lituania, 2,4%; Irlanda, 2%; Chequia, 2% y Letonia, 1,9%.

Si se ajusta el precio por la inflación, la vivienda se encareció en España un 9,7% en 2025, siendo el cuarto país donde más crecieron los precios, por detrás nuevamente de Portugal, 14,7%, Hungría, 11,7% Croacia, 10%.

Los precios ajustados con la inflación cayeron en cinco países: Finlandia, 3,6%; Rumanía, 1,7%; Suecia, 1,6%; Luxemburgo, 0,5%; y Austria, 0,1%.

En el conjunto de la UE, desde el 2010 la tasa de crecimiento anual alcanzó un máximo del 10,7% en el primer trimestre de 2022 y un mínimo del -2,5% en el segundo y tercer trimestre de 2012, así como en el primer trimestre de 2013. 

A partir del primer trimestre de 2020, las tasas de crecimiento anual tanto de la zona del euro como de la UE aumentaron a niveles no registrados desde 2006.

El mercado inmobiliario y el problema de la vivienda son dos conceptos muy diferentes. Dos caras de una misma moneda que atañe a algo tan básico y necesario como tener una casa, pero donde también prosperan negocios como el alquiler de oficinas, los centros de datos, las residencias..., que requieren de suelos, de obras y de grandes caseros. En el ámbito de la vivienda, mientras el ladrillo brilla al calor de la especulación, de la falta de oferta o de la necesidad de construir más casas, los precios de compra y alquiler cada vez se separan más de los presupuestos de los ciudadanos. Algo que ha creado una crisis que la coloca como el principal problema para la ciudadanía en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Los datos de las principales empresas del sector inmobiliario dan una pista del despegue del sector, que, sin embargo, no muestra síntomas de contención en los precios. En el caso de las promotoras y las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que se dedican a adquirir, promover o rehabilitar inmuebles para su arrendamiento, el despegue de sus cuentas es llamativo. Entre las seis principales (Colonial, Merlín Properties, Metrovacesa, Neinor, Realia y Renta Corporation) firman unos beneficios de más de 980 millones de euros y, en conjunto, el resultado neto agregado supera los 1.440 millones, casi duplicando los resultados obtenidos en 2024, de en torno a 733 millones. 

Por otro lado, en el conjunto del sector había, al cierre del año pasado, 159 socimis en España, tras haberse incorporado 21 durante el ejercicio, según un informe de la consultora ArmanexT.

Las cifras marean y se concretan en productos como la vivienda, las oficinas, los centros de datos, las residencias, los centros comerciales, etc. Todo unido muestra un sector en auge a nivel macro, que contrasta con los precios a los que se enfrentan los ciudadanos cuando intentan comprar o alquilar una casa. El primer trimestre de 2026 cerró con un incremento trimestral del precio de la vivienda del 4,7% y uno interanual del 21,1%, según el portal inmobiliario Fotocasa. Con los alquileres, la dinámica se replica y, si se observa la serie en el Instituto Nacional de Estadística, entre enero de 2019 y diciembre de 2025, los precios habrían aumentado más de un 30% para los arrendatarios.

"La iniciativa privada no puede producir viviendas asequibles. No va a producir vivienda a 300 o a 700 euros porque a lo más que llegan los Planes Vive de colaboración público-privada es a precios de 1.200 euros, inasumibles para dos tercios de los trabajadores", apunta el arquitecto y profesor de urbanismo Gerardo Roger. La única forma de contrarrestar la concepción de la vivienda como negocio y como mercado es, insiste, crear modelos de gestión íntegramente pública. "Las empresas no son ONG y no pueden permitirse construir y recuperar a largo plazo la inversión, pero la Administración sí, porque ademas el suelo le cuesta cero. Por eso lo ideal sería que se creasen más modelos como Casa 47 a nivel autonómico y municipal, para crear bolsas de vivienda y gestionarlas", señala. "Porque además es una inversión que tiene retorno", concluye.

Colonial es la que más beneficios firmó el año pasado, con 344 millones, un 12% más que en 2024. La multinacional, que se fusionó con la francesa SFL, habría vendido edificios por valor de 300 millones de euros y su principal negocio es el alquiler de oficinas. Por su parte, Merlin Properties obtuvo un resultado neto de 786 millones de euros, un 176% más que los 284 millones de 2024 y un beneficio de 327 millones. Su fuerte son los centros de datos y, al igual que Colonial, apenas se dedican a la vivienda residencial. 

La compañía madrileña Metrovacesa es una de las principales promotoras de España. Obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones de euros en 2025, una cifra que multiplica por más de tres las ganancias de 2024. Entregó 1.805 viviendas en 2025, con un precio medio de 374.000 euros, y poseía al cierre del año 3.917 en construcción. En sus propias cuentas detallan que adquirió suelos por valor de 60 millones de euros en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, cuatro de las plazas más caras de España en materia de vivienda.

Neinor es otro de los grandes nombres del sector que aportó en beneficios 122 millones de euros a los resultados del conjunto. Este importe aumentó en un 80% con respecto al año anterior gracias a la adquisición de uno de sus rivales, Aedas, lo que la convierte en la mayor promotora del país. Esta compañía de origen vasco cuenta con banco de suelo para construir 38.000 viviendas y el año pasado alcanzó preventas de más de 1.900 viviendas, con un precio medio de venta cercano a 340.000 euros por unidad, según sus propios datos.

Realia, la promotora inmobiliaria de FCC que también tiene una participación en Metrovacesa, ganó 129,4 millones de euros en 2025, un 74% más. Entre las circunstancias que la han ayudado a llegar a estas cifras está el incremento del precio de los alquileres, tanto de viviendas, como de oficinas. "La mejora de la actividad de patrimonio se explica por el alza del 3,8% en las rentas que cobra a sus inquilinos", señalaba un análisis de Europa Press.

Finalmente, Renta Corporation, con un beneficio en 2025 de 2,5 millones, es la única que ha visto menguar sus cifras en un 24,2% con respecto al ejercicio previo. Una merma que ellos achacan a un "mayor gasto impositivo". Aunque sus ingresos sí crecieron un 72%, hasta los 45,6 millones.

Si en algo suelen coincidir los expertos es en la necesidad de construir más vivienda. Las discrepancias suelen surgir al tratar de ponerle número a ese déficit o al trazar el papel que debe tener lo público en el control de los precios. Con todo, el ritmo de construcción ha crecido un 8% el año pasado si se observan los datos sobre visados de obra nueva que proporciona el Ministerio de Vivienda, pero nada se ha notado en los precios, que siguen al alza. También se puede apreciar en el gráfico la espectacular diferencia con los años previos a la burbuja, cuando los visados llegaron a superar los 800.000 anuales.

El despegue del sector no ha conseguido que la tensión en la demanda se alivie. Un reciente estudio de BBVA Research señala que la escasez de oferta "limitará las ventas y mantendrá la presión al alza sobre los precios", mientras que la demanda se mantendrá fuerte. "El precio de la vivienda crecerá con fuerza, con estimaciones de un repunte del 10,2% para 2026 y una posterior moderación hasta el 6,8% durante 2027", señalan los analistas de la entidad financiera.

En cuanto a su análisis sobre las empresas del sector, BBVA Research apuntaba que "la rentabilidad de las empresas españolas en 2024 continúa siendo inferior a la media europea". Esto se debe, explican, a que el tamaño medio de las empresas es más pequeño y hay un gran peso de las pymes en el sector. Estas son, en general, "más dependientes de la financiación y poseen menos recursos propios", lo que termina repercutiendo en la capacidad de ampliación del parque de viviendas.

Para Roger, la Administración pública debería ganar músculo con respecto a la iniciativa privada, de forma que al mercado llegue una oferta suficiente de casas públicas a precio asequible que pueda torcer las dinámicas del mercado. Para él, lo público y lo privado no son excluyentes, pero un mayor equilibrio sería la clave para calmar el comportamiento de los precios y el malestar social. "Si renunciamos a la promoción pública y nos movemos solo con musculatura privada, pues tendremos que terminar ayudando con subvenciones a los inquilinos. Y eso sí que es a fondo perdido", concluye el urbanista.

La vivienda nunca ha estado entre las prioridades de Vox. El partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal está más cómodo con temas como la inmigración, la seguridad, la natalidad, las bajadas de impuestos, el campo o la unidad nacional. Pero la crisis habitacional, la subida de los alquileres y la expulsión de amplias capas sociales de los grandes núcleos urbanos han convertido el problema del acceso a la vivienda en un terreno demasiado relevante como para dejarlo fuera de su ofensiva política.

Los de Abascal han decidido entrar en esa batalla sin renunciar a su marco ideológico de defensa del mercado, la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado por la derecha para criminalizar a los inquilinos— y con los migrantes como el principal problema para el acceso a la vivienda. Desde hace unos meses, la formación trata de unir sus postulados clásicos con otros más sociales, pero siempre con un lema por delante: prioridad para los españoles en ayudas, acceso y protección frente a inmigración de carácter irregular y los compradores extranjeros.

Esta operación política tiene dos rostros. Uno es José María Figaredo, portavoz económico y representante de la vena neoliberal más reconocible del partido. El otro es Carlos Hernández Quero, un perfil ascendente al que Vox ha situado como portavoz de vivienda y cuyo discurso se ha comparado con el de la francesa Marine Le Pen porque añade a la receta económica habitual una capa identitaria. Entre ambos se reparte una estrategia que busca disputar el malestar social sin romper con los intereses de quienes se benefician del modelo inmobiliario vigente, con propietarios, promotores y grandes patrimonios a la cabeza.

El portavoz de vivienda, sin embargo, habla menos de bajar impuestos y más de expulsar a migrantes. Menos de eficiencia del mercado y más de saturación de servicios. Menos de desregular y más de identidad nacional. En ese discurso, los extranjeros aparecen como quienes presionan la vivienda, colapsan servicios públicos y erosionan la comunidad nacional.

Hernández Quero no es una figura menor dentro del partido. Doctorado en 2020 con una tesis titulada El desborde de la ciudad liberal: cultura política y conflictos en los suburbios de Madrid (1880-1930), que analiza por qué la corona metropolitana madrileña acabó convertida en el llamado "cinturón rojo", se presenta como una persona "de barrio" que busca que el sur madrileño pase a teñirse del verde de Vox. Su ascenso interno le ha reforzado internamente. Designado portavoz en la Comisión de Vivienda del Congreso, entró en febrero en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, el máximo órgano de dirección entre congresos y uno de los espacios donde se deciden las listas electorales. Aunque, según los críticos, el único que manda ahí es el propio Abascal y su corte.

Su ascenso se ha interpretado como parte de un intento de dar al partido una apariencia más "social", más pegada a los problemas materiales de las clases populares. Pero ese supuesto giro tiene un límite nítido: la protección que se ofrece no es universal, sino nacional. El ultraderechista no está en contra de la intervención del Estado en materia de vivienda, como sí defiende Figaredo, pero sí lo restringe a los españoles, los únicos que, desde esa lógica, serían merecedores de amparo por parte de las administraciones.

En sus mensajes recientes, Hernández Quero combina tres ideas: que faltan casas porque se construye poco y se regula demasiado, que esa escasez se agrava con la inmigración y la compra extranjera y que la salida pasa por construir más, densificar el suelo urbano y dar prioridad al "comprador nacional". El ultraderechista también aborda el concepto de "densificación" o "redensificación", en referencia a levantar más vivienda en ciudad ya hecha —más altura, más bloques, más intensidad edificatoria—, un término que también utilizan dirigentes como el presidente catalán, Salvador Illa, aunque con un significado político distinto. En Vox sirve para apuntalar una agenda de liberalización urbanística y preferencia nacional, en el PSC va asociado a planificación sostenible.

"No tiene mucho sentido estar haciendo nuevos desarrollos de vivienda donde hay cuatro alturas, pista de pádel y piscina. Hay que pensar en la idea de densidad", explicaba el diputado de Vox en una reciente entrevista en en Quorvm Podcast, en la que también reflexionaba sobre la importancia del sentimiento de "pertenencia" en comunidad. Illa, por su parte, utilizó el término para defender más vivienda en zonas ya construidas y llegó a plantear elevar la densidad en 69 áreas estratégicas para crear 240.000 pisos.

Aunque el verbo es el mismo, el concepto no lo es: en la tesis de Illa la densificación está asociada a planificación, sostenibilidad, parque asequible, reutilización de suelo y equilibrio territorial. En el caso de Hernández Quero, forma parte de una agenda de liberalización urbanística, con más oferta y menos trabas para las "familias españolas" que son las que forman "comunidad".

Con todo, la convivencia entre Figaredo y Hernández Quero es pacífica. Al menos por ahora. Lo suyo es un coordinado no reparto de papeles. La corriente encabezada por el portavoz económico está centrada en reivindicar el liberalismo en su versión más dura: bajar impuestos, deshacer regulaciones y dejar al mercado ordenar la sociedad. Es la voz que sale en defensa de cualquier actor económico al que la intervención pública pueda incomodar. Su función política es blindar la ortodoxia neoliberal de Vox frente a cualquier intento de redistribución o de limitación de la acumulación. Figaredo sostiene que el problema de la vivienda no se arregla con intervención pública sobre los precios, sino con oferta, desregulación y estímulos a la compra.

Esa es también la línea política de Vox en el Congreso. En una proposición registrada en febrero de 2025, la formación ultra reclamó reformas del suelo para facilitar la construcción, un entorno fiscal favorable a la compra, fórmulas como la venta a plazos, el alquiler con opción a compra y nuevas facilidades de financiación hipotecaria para jóvenes y rentas bajas. Sin embargo, Vox no contempla gravar las viviendas vacías, no apoya topar los alquileres ni tampoco plantea prohibir la venta de vivienda protegida. Es decir, no hay una impugnación del funcionamiento especulativo del mercado inmobiliario, ni una voluntad de recortar el poder de quienes concentran vivienda como activo de inversión. España, según el marco de Vox, expulsa ahorro, castiga la propiedad y dificulta la formación de familias porque el Estado recauda demasiado e interviene. Y todo es culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el programa económico y de vivienda presentado en junio de 2025 por Figaredo y Hernández Quero, el partido resumió esa visión con una combinación de ampliación de suelo, simplificación administrativa, reducción "drástica" de impuestos y derogación de las medidas que, a juicio de la formación ultra, distorsionan el mercado del alquiler. La única medida dirigida al capital es la de "atajar la adquisición masiva de viviendas por capital extranjero" mediante una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. Así, para Vox, el problema no es que la vivienda se convierta en mercancía financiera, sino que los que compran sean extranjeros.

¿Y qué hay de sus propuestas electorales? Si nos fijamos en las medidas en vivienda en las recientes elecciones en Castilla y León, Aragón o Extremadura, el marco de fondo encajan más con la visión neoliberal de Figaredo que con el nacionalismo social de Quero. El tronco sigue siendo rebaja fiscal, desregulación, propiedad, construcción y protección del propietario; la capa más nueva añade "familias españolas", prioridad nacional y rechazo a la inmigración.

Mientras tanto, la "okupación" sigue ocupando un lugar central en el relato del partido, muy por encima de otros factores mucho más decisivos en la crisis habitacional. También aparece su visión demográfica y nacional de la vivienda. Vox insiste en promover hogares "en especial para familias españolas que tengan o vayan a tener hijos". No se trata simplemente de facilitar acceso residencial, sino de proteger una determinada idea de familia, reproducción social y comunidad nacional.

Los datos de la opinión pública ayudan a entender por qué Vox intenta esa maniobra. La vivienda preocupa personalmente más a los electorados de izquierda que a los de derecha, según datos recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Entre quienes votaron a Sumar, un 19,8% la señala como el problema que más le afecta; entre los votantes socialistas, un 15,1%. En cambio, entre los del PP ese porcentaje baja al 9% y entre los de Vox al 8,8%. En este electorado ultra pesan más la crisis económica y la inmigración. Precisamente por eso, el partido busca utilizar la vivienda como un puente entre malestar material y la xenofobia.

El precio de la vivienda creció en el primer trimestre del año un 14,3% en tasa interanual (aunque en términos reales, descontando el efecto de la inflación lo hizo un 11,8 %) hasta los 1.987 euros/m2, según las tasaciones realizadas por la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa by Accumin, que recoge EFE.

Con respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda (nueva y usada) creció un 3,2% en tasa trimestral con incrementos generalizados, especialmente en torno a los polos de empleo y focos turísticos.  

Desde los máximos que registró en 2007 coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, el precio está un 4,5% por debajo, mientras que se ha encarecido un 68% desde el mínimo que registró tras su pinchazo, en el verano de 2015.

Descontando el efecto de la inflación (en términos reales), el valor se ha incrementado un 32% desde el mínimo de 2015 y se mantiene un 34% por debajo de los máximos de 2007. 

Por comunidades, los mayores crecimientos se registraron en la Comunidad de Madrid (19,2%); Comunitat Valenciana (19,1%); Castilla-La Mancha (18,8%); Canarias (17,8%); Cantabria (16,2%); Murcia (16%) e Illes Balears (15,5%). 

En términos nominales, exceden los niveles máximos alcanzados en 2007 Illes Balears, Comunidad de Madrid, Melilla y, como novedad este trimestre, Canarias. Sin embargo, si se descuenta el efecto de la inflación (en términos reales) tan solo Baleares está a punto de rebasar este máximo, situándose a -0,1%.

Por provincias, los crecimientos más intensos se localizan en Toledo (23,2%); Albacete (19,6%); Madrid (19,2%); Santa Cruz de Tenerife (19%); Alicante (18,3%) y Castellón (18 %). Zamora es la única con caídas, del 3,8%. 

Con ello, 7 provincias superan los máximos históricos en términos nominales, aunque excluyendo la inflación, todas se sitúan por debajo, a excepción de Baleares, que recupera su valor máximo desde 2007 (-0,1%). 

Por capitales, hasta 30 de ellas superan el 10% interanual siendo las más caras San Sebastián (4.975 euros/m2), Madrid (4.600 euros/m2) y Barcelona (4.417 euros/m2).

Con ello, la tasa de esfuerzo para acceder a una vivienda se mantiene "en niveles razonables", con un 33,9%. Sin embargo, en Baleares se eleva al 54% y en Madrid al 49%.

Según apunta Tinsa, la demanda de vivienda se mantiene en niveles robustos pese a la caída interanual de las compraventas en enero y mantiene una tendencia hacia una estabilización de las transacciones.

No obstante, la guerra de Oriente Medio introduce un factor de incertidumbre para los próximos meses ante la posible afectación en la tasa de inflación y en los tipos de interés, la pérdida de poder adquisitivo y el mayor coste hipotecario.

En este sentido, Tinsa indica que la inestabilidad geopolítica podría alimentar un nuevo encarecimiento de la vivienda de obra nueva y acentuar las dificultades de acceso a la vivienda para la población general.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para indicarles que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten, que caduquen entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, según informa EFE. 

Entre todos ellos concentran más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el país, según ha apuntado en un comunicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

La misiva recuerda a estas empresas que la prórroga de los contratos de alquiler deberá ser aceptada obligatoriamente una vez sea solicitada por el arrendatario, según el reciente real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros y que por el momento no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

El Ministerio ha solicitado a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato. El documento remitido a estas compañías explica, por tanto, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

En función de este decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de marzo, el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Por tanto, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor.

Esto no será de aplicación cuando arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior a la prevista en el contrato vigente. 

El decreto establece asimismo una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2%, aunque si el arrendador no es "gran tenedor", ésta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes.

Este miércoles comenzó el proceso judicial entre el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la inmobiliaria Alquiler Seguro. La demanda, interpuesta en 2024 por los inquilinos organizados en torno a la agrupación, acusa a la empresa de cobrar “honorarios encubiertos” y de retener “de forma irregular el depósito de la fianza de los alquileres”. Azael Babiano, abogado de la acusación, explicó a la salida de los juzgados que, tras la audiencia previa de hoy, la primera vista se ha fijado para febrero de 2028. “A los inquilinos que estaban pagando estas cláusulas les hemos dicho que dejaran de hacerlo porque son abusivas”, explican desde la agrupación sindical. Pese a que el juicio se dilatará otros dos años, este es un capítulo más en la batalla que muchos arrendatarios libran contra los sobrecostes que imponen ciertas agencias de alquiler de vivienda. 

El caso más llamativo son los honorarios de agencia, una tasa que se declaró ilegal en 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda. Desde ese momento, la normativa entiende que estas empresas ofrecen un servicio a los caseros y, por tanto, el inquilino no es quien debe abonarla. “Después de tres años seguimos viendo muchos casos de personas a las que se les demandan gastos de agencia”, señalaba a infoLibre el portavoz del Sindicato de Inquilinas madrileño, Pablo Pérez. La “asimetría” de poder y “la urgencia del mercado”, explicaba, terminan por obligar a la gente a aceptar “condiciones abusivas o ilegales” si quieren tener un techo. En el caso de esta demanda, el sindicato afirma en su nota que “Alquiler Seguro camufla esta práctica bajo el sobrenombre de ‘servicio de atención al inquilino’, un servicio inventado que los inquilinos no reciben, no firman y del que no pueden desistir”.

La empresa tiene dos frentes abiertos: por un lado, una investigación que lleva a cabo el Ministerio de Consumo por prácticas ilegales; por otro, la denuncia del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que este miércoles ha llegado a los juzgados de Plaza Castilla. "No lo decimos únicamente nosotras. Tras la presión que hemos realizado, el Ministerio de Consumo anunció la apertura de un expediente sancionador que ha derivado en una multa de 3,6 millones de euros por esas mismas prácticas abusivas", explica Rufina Parra, una de las afectadas y portavoz de los inquilinos. 

La agrupación sindical señala que la documentación aportada durante el procedimiento investigador “proveniente de varias afiliadas al sindicato”, demostraría que la inmobiliaria “exige en concepto de ‘garantía adicional’ unas cantidades que en ningún caso protegían al casero, sino con las que se quedaba la propia empresa”, apunta en una nota de prensa. “Alquiler Seguro obliga a contratar el seguro de hogar y los suministros con empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, propietario también del teórico seguro de impago”, añaden. Además de estos dos puntos, también denuncian un presunto delito contra la protección de datos, al “obligar” a ceder sus datos a las dos partes implicadas en los contratos de alquiler.

La demanda comenzó su recorrido hace dos años y para sustentarla, el sindicato enumera diversas prácticas de dudosa legalidad: “Solicitan una cantidad de 200 euros por reservar un piso y puedes acabar perdiéndolos si al final no eres el inquilino elegido. Hay una letra aún más pequeña en la que se indica que, si pagas ocho euros, te aseguran la devolución de la reserva”. En otros casos hablan de exigencias como revisar “los últimos tres meses de movimientos bancarios” o exigir "un pago de 180 euros" por un estudio de solvencia cuando haya un cambio de nombres de las personas que habitan la vivienda.

La sanción del Ministerio de Consumo tenía también como objetivo poner el foco en una práctica que no se limita solo a una compañía. "Es un mensaje a otras empresas", señalaba el ministro Pablo Bustinduy tras anunciar la apertura de expediente. Su intención, apuntaba, era "enviar un mensaje a las empresas que están incurriendo en este tipo de prácticas, especialmente en materia de vivienda". Por su parte, Alquiler Seguro sostenía en una nota de prensa que cumplía con la ley y que "todos los servicios de la compañía son públicos, transparentes y voluntarios".

Estas tasas abusivas son, para los colectivos de vivienda y las asociaciones de consumidores, el gran elefante en la habitación. Facua ha denunciado en varias ocasiones y el propio sindicato ha mediado en reclamaciones que no llegaron finalmente a los tribunales. "Los tiempos de la justicia son lentos", apuntó Babiano a la salida de los juzgados, quien también se mostró optimista sobre el desenlace de la sentencia. "El resumen de los hechos controvertidos por parte de la magistrada transmite bastante bien lo que estamos denunciando", concluyó.

Pero también hay sobrecostes abusivos que van más allá de este caso concreto: seguros de impago que debería abonar el casero, pero repercuten en el inquilino; cobros por visitar una vivienda que ni siquiera sabes si vas a alquilar; o gastos indebidos de comunidad y basuras son algunos ejemplos habituales que denuncian quienes buscan piso en la vorágine del mercado inmobiliario. 

Además, un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA, por sus siglas en catalán) titulado El impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler constata que estas prácticas han aumentado en los últimos años. En el caso de Madrid, entre quienes llevan más de 5 años en la misma vivienda, un 29,8% afirma haber pagado honorarios a la inmobiliaria. Entre personas que llevan menos de cinco años, ese porcentaje se dispara al 62%. El informe también constata que las agencias gestionan una parte cada vez mayor de las viviendas en alquiler; en concreto, median en el 34% de las operaciones en Madrid y en el 74,8% en Barcelona.

El informe de IDRA coincide con la sensación de los sindicatos de inquilinas. "Los honorarios de las inmobiliarias suelen calcularse en base al precio del alquiler, y todo parece indicar que en una parte significativa se sigue repercutiendo al inquilino y no a quien contrata el servicio de gestión, a pesar de que contraviene la Ley de Vivienda de 2023", concluyen.

Los sindicatos advierten que la persistencia de esta práctica se alimenta de la presión por conseguir un piso y de la altísima demanda. Ambas hacen que muchas personas terminen pagando estas tasas ilegales, aun sabiendo que tienen derecho a negarse, para conseguir un techo. Un dato que ayuda a ponderar la velocidad del mercado del alquiler es que el 15% de las viviendas que se anunciaron en el portal Idealista tardaron menos de 24 horas en encontrar un inquilino. En Barcelona y Girona ese porcentaje se elevó hasta el 36% y en Madrid se quedó en un 11%.

En cuanto a los precios, este miércoles un informe de UGT apuntaba que las mensualidades del alquiler cada vez se llevan un bocado mayor de los salarios. Constata, en base a 4.300 entrevistas, que casi el 40% de los inquilinos destina más del 40% del salario al pago y que un 31% se había mudado de piso cinco veces o más. "El alquiler es insostenible", remataba el estudio. Y más aún, si se le suman costes extra.

En España, la vivienda se ha convertido en el germen de las desigualdades sociales. El coste del alquiler y la compraventa se ha disparado en el último lustro. Ya hoy, una de cada tres personas dedica más de la mitad de sus ingresos al pago de la renta y una de cada cinco, invierte también más del 50% al pago de su hipoteca. Así lo reflejan los datos del nuevo informe de la ONG Oxfam Intermón que ahonda en la crisis de la vivienda como un problema coyuntural que está agravando la desigualdad económica en España. 

Los datos, extraídos de la encuesta realizada por la organización en 2025 a 4.102 personas, reflejan una crisis palpable que se ha convertido, según la última encuesta del CIS, en el principal problema de los españoles. De hecho, el pasado 2025 finalizó con un incremento interanual del 13% y el nuevo récord histórico: 2.230 euros por metro cuadrado.

Pese a que la compra de vivienda es ya algo de por sí visto como un ‘imposible’ por muchos españoles, sobre todo los más jóvenes y precarizados, esta situación se amplifica para aquellos que pagan un alquiler. Según el informe, el 61% de las personas inquilinas no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta y más de la mitad de ellas (58%) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro.

Para las personas que ya poseen una vivienda en propiedad la situación es bien distinta. El 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses. Lo que prueba que la vivienda se ha consolidado como el mayor obstáculo que se interpone entre el bienestar socioeconómico de más de la mayoría de la población. 

“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta. En esta situación se perpetúa la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante”, señala Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

Tener una vivienda o vivir de alquiler puede ser el factor más determinante de una persona para lograr ahorrar a fin de mes. Mientras que para los propietarios es la norma, para los inquilinos la palabra ahorro se ha convertido casi en un espejismo. El informe lo deja claro: una persona inquilina que ingresa 2.000 euros al mes tiene prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca que gana 1.500 euros (50,2%). 

“Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país”, alerta García-Gil.

Otro de los grandes riesgos de esta dinámica es el conocido como el de los ‘desahucios invisibles’, un problema que sufren una de cada tres personas que pagan renta. Esto se define en el informe como “finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que derivan en mudanzas forzosas”. 

Esto afecta, sobre todo, a los sectores de población más vulnerables. Las personas extracomunitarias lo sufren en un 37% de los casos y los menores de 35 años en un 32%. Esto se tradujo para estos últimos en que la mitad tuvo que volver al hogar familiar. Además, esta situación va ligada con el fenómeno de la gentrificación. El 60% de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio de referencia, con el consiguiente debilitamiento de redes sociales y comunitarias.

Las condiciones de vida son las primeras afectadas por la crisis y muchos se han visto abocados a tener que realizar grandes renuncias en elementos básicos para la vida como los suministros esenciales, algo cuyo pago no pudo enfrentar el 19,2% de la población en el último año. El informe sitúa a los alquilados, de nuevo, en el centro de esta problemática: el 13% comparte su hogar con personas sin parentesco, una proporción que alcanza el 22% entre la población migrante. Una realidad, además, que parece no entender de edad ya que afecta también a una de cada diez personas de entre 35 y 54 años. 

“Hablar de vivienda es hablar de vidas y de modelo de sociedad”, explica García-Gil. “La vivienda es la puerta de entrada a otros derechos: salud, seguridad, intimidad y cohesión social. Cuando el acceso es inestable, el impacto se extiende al conjunto del bienestar”.

El informe de Oxfam Intermón propone “una respuesta coordinada entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”. Tras la negativa del Congreso a la aprobación del escudo social con los votos en contra de PP, Vox y Junts, los más perjudicados vuelven a ser los hogares vulnerables: más de 70.000 desahucios podrían volver a reactivarse, se anula la prórroga del bono social eléctrico y se acaba con la prohibición de cortar suministros básicos, entre otras medidas. 

Es por esto que la organización también pide garantizar “la protección necesaria y alternativas dignas para los más de 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados tras el rechazo del Escudo Social”.

Esta situación de crisis genera una incertidumbre que también tensiona los mercados. Las opciones son cada vez más escasas y el optimismo por poder poseer una vivienda mengua. Por eso la herencia se erige ahora como un mecanismo más relevante para el acceso, algo que sigue perpetuando las desigualdades sociales. El 21,2% de quienes ya tienen casa en propiedad cree probable heredar otra, frente al 11,6% de las personas arrendatarias. 

El informe centra el foco en los problemas de los inquilinos, los más vulnerables. De ahí surgen tres medidas que consideran elementales para ponerle freno a la brecha de la desigualdad que genera el acceso a la vivienda: reforzar la protección a las personas inquilinas mediante la regulación de precios y ampliar la duración de sus contratos, frenar todo tipo de prácticas especulativas y ampliar el parque de vivienda pública impulsando modelos alternativos. 

“Es urgente actuar para asegurar que vivir de alquiler sea una opción asequible, digna y estable, que permita desarrollar un proyecto de vida con seguridad. Y que, al mismo tiempo, quien desee acceder a una vivienda en propiedad pueda hacerlo”, concluye García-Gil.

"Hay una generación que no está pudiendo reunir patrimonio por la vivienda y eso redundará en desigualdad de oportunidades en el futuro", explicaba el sociólogo Jorge Galindo en una entrevista con infoLibre. El problema de la vivienda tiene en su epicentro a los jóvenes que, pagando alquileres altísimos, no pueden reunir dinero para la entrada de una hipoteca, pero los datos también apuntan a que sus ascendientes —ya sean madres, padres o familiares en general— cada vez juegan un papel más determinante a la hora de amortiguar esta crisis. Además, estas familias que prestan dinero o legan una casa a sus descendientes no son necesariamente ricas y muchas de ellas se ven arrastradas a un sobresfuerzo económico.

Tal es el peso del patrimonio familiar en el acceso a la vivienda que hasta se ha acuñado un término para referirse al momento en el que las generaciones más jóvenes (que viven de alquiler) hereden las casas en propiedad de sus ascendientes: "la gran herencia". Pero muchos expertos coinciden en que una vivienda en propiedad tampoco sirve como salvoconducto en esta crisis inmobiliaria.

"Cuando decimos que se está rompiendo la sociedad de propietarios, estamos señalando que los mecanismos de incorporación a la propiedad están fallando", explica Marta Ill, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA). Y aquí, explica, hay que separar a los multipropietarios de aquellas personas que solo poseen la vivienda en la que habitan. "Para esas personas que solo poseen su casa en propiedad, el hecho de que sus viviendas ahora valgan mucho más que cuando las compraron no les soluciona nada. Tú no puedes vender la casa en la que vives para que tu hijo acceda a una". Quienes sí sacan partido de este mercado, insiste, son quienes tienen propiedades sobrantes. "A las personas que tienen que arriesgar su propia vivienda para ayudar a sus hijos a acceder a una no les hace tanta ilusión que la vivienda cueste cada vez más dinero", concluye. Y si además tienen que ayudar a sus hijos, la crisis inmobiliaria también les alcanza.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) advertía este mes de febrero que solo el 15% de las personas menores de 29 años vivían fuera del hogar familiar en la segunda mitad de 2025, el peor dato en ese periodo desde 2006. “El coste mediano del alquiler roza los 1.080 euros mensuales, obligando a dedicar más del 90% del salario si se pretende vivir en solitario”, señala un estudio del Observatorio de Emancipación del CJE. Los sueldos no bastan.

El importe desbocado de los alquileres se come las rentas de los jóvenes y esto también tiene efecto en la composición de su futuro patrimonio porque impide ahorrar y les condena a permanecer en un mercado del alquiler desbocado e inestable. Pero además, hay datos que señalan que esta espiral involucra también al resto de generaciones. Las donaciones entre padres e hijos se han disparado un 13% en 2025, hasta las 225.317 operaciones. Es una cifra récord en la serie que ofrece el Consejo General del Notariado. La portavoz de la entidad, María Teresa Barea, señalaba entonces que muchas de estas donaciones eran de dinero líquido y el perfil de quienes lo recibieron era una persona joven, de hasta 35 años, que recibía cantidades entre 15.000 y 40.000 euros de sus ascendientes. No se trata de altísimas cantidades, lo que señala que el grueso de las donaciones procede de familias de clase media, corroboraba Barea.

Este organismo también señala que a lo largo de 2025 solo una de cada diez compraventas de vivienda (9,6%) correspondieron a jóvenes de entre 18 y 30 años. El grueso de las compras correspondió al corte de edad entre 41 y 50 años, que realizaron el 26,5% de las operaciones. Pero hay un dato más demoledor: a los 36 años, el porcentaje de vivienda en propiedad para la generación nacida entre 1966 y 1975 (51 a 60 años) superaba el 70%. Ese porcentaje se desploma hasta el 45% cuando se miran los datos de la generación nacida entre 1986 y 1995, según el Banco de España.

"En las generaciones anteriores, el acceso a la vivienda giraba en torno a la estabilidad de su trayectoria laboral. Eso era lo que condicionaba tus posibilidades", explica Miguel Artola, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. "Antes la gente también recibía herencias; lo que ocurre ahora es que el precio de la vivienda es cada vez más elevado, los salarios tienden a crecer poco y, por lo tanto, ese componente de herencia era proporcionalmente menos importante de lo que es hoy", explica. Es decir, ante la impotencia de los salarios, se utiliza la renta familiar para tapar esa brecha creciente cuando es posible. Y así, la onda expansiva de la crisis de vivienda salta de una generación a otra.

Un estudio conjunto de Fedea —Fundación de Estudios de Economía Aplicada— y Mapfre con datos de 2022 señala que las transferencias internas entre miembros de un mismo hogar alcanzan los 130.000 millones de euros anuales y "fluyen desde los adultos y los seniors hacia niños y jóvenes para financiar su consumo hasta su incorporación plena al mercado laboral", recoge el informe. De ese total, 103.000 millones proceden del grupo de 30 a 54 años y cerca de 27.000 millones del colectivo de 55 o más. Además, cuando se observa la edad hasta la que se producen estas transferencias, el análisis de Fedea apunta que en España no dejamos de recibir dinero hasta los 30 años, un dato que casa con la cifra de emancipación nacional: 30 años, frente a los 26 de media de la Unión Europea.

Con unos precios de vivienda que han firmado la tasa de crecimiento más alta desde 2007 —un incremento del 12,7% en 2025—, la relevancia de estas transferencias gana peso, sobre todo cuando se requiere una entrada para comprar una casa en un contexto económico adverso para el ahorro.

Las donaciones, préstamos o cesiones de viviendas de quienes tienen capacidad para hacerlo hacia sus descendientes son salvavidas para algunos, pero cuando la familia no tiene capacidad económica y tampoco hay una vivienda que heredar, la brecha de desigualdad se reproduce más allá del ámbito inmobiliario.

Lo explica el economista Javier Soria, director de Laboratorio de Oportunidades y doctorando en Paris School of Economics. "Ahora, cuando los precios están más desbocados, las donaciones se vuelven un vector de desigualdad más importante de lo que son en tiempos normales, porque sabemos que hay muchos jóvenes que sí podrían pagar una hipoteca, pero no pueden ahorrar para una entrada", explica. Y aquí el factor de renta familiar es clave "porque una donación te soluciona eso", concluye. Si no dispones de ella, solo queda el alquiler.

"Lo que muestran los datos es que aquellos que han recibido una donación han accedido a una vivienda mejor y, además, se han endeudado menos. Eso cambia el patrón de acumulación de riqueza porque te permite comprar más joven, terminar antes de pagar y, además, tener una vivienda mejor", señala Soria. Si en vez de una donación, lo que se recibe es una herencia, esta suele llegar mucho más tarde, pero "la verdadera brecha que va a crecer en los próximos años es la de quienes no tienen ninguna de estas posibilidades", concluye. Otro economista, Iván Auciello, coincide en el análisis: "Quienes tengan estas facilidades o este apoyo económico tendrán más capacidad para generar ahorro porque en esos casos se elimina un gran factor de gasto como es el alquiler".

Incluso el Banco de España ha llegado a advertir que los límites de esta crisis de vivienda pueden derivar en un problema mucho más grande. “Los desequilibrios en el mercado de la vivienda, que aún están lejos de reducirse de forma significativa a corto plazo, tienen la capacidad de convertirse en un evidente cuello de botella para la economía española”, advertía el organismo en su último informe anual, relativo a 2024. En su análisis señalaban que las ratios de esfuerzo por el mercado inmobiliario de quienes menos ganaban se estaban ampliando y amenazaba también con afectar los datos de demanda interna de los hogares, uno de los motores de crecimiento económico en 2025.

El augurio de desigualdad al que alude el sociólogo Jorge Galindo y con el que comienza este artículo es, también para los economistas, una senda por la que, si nada cambia, seguimos avanzando. "A medio plazo, lo que veremos es un crecimiento de la población inquilina sobre todo entre quienes ya vienen de familias inquilinas", concluye Marta Ill.

"La generación inquilina es toda la población que no puede acceder a una vivienda en propiedad. Pero esta exclusión no es por voluntad propia o por falta de esfuerzo, sino que tiene que ver con los condicionantes estructurales de la economía y la política". Así explica el sociólogo Javier Gil (Madrid, 1985) el concepto que sirve de título para su último libro: Generación inquilina. Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad (Capitán Swing, 2026). "Igual que existe un salario mínimo, se necesita un alquiler máximo", señala el investigador del CSIC, que ve en la cooperación y en las plataformas sociales una herramienta clave para mostrar las grietas del planteamiento económico que nos ha llevado a la crisis de vivienda. El libro trata de mostrar los resortes de poder que hay detrás de la impresionante rentabilidad del mercado inmobiliario y la capacidad real de la política para frenar esas dinámicas. "La retirada deliberada del Estado de determinados ámbitos económicos es precisamente lo que ha abierto el espacio para que entren actores privados como los fondos de inversión", protesta en un momento del texto.

Además de una generación que ha perdido el pulso al mercado inmobiliario, habla de un sistema económico que ha hecho más grande el problema. ¿Cómo ha ocurrido esto?

La sociedad de propietarios es un proyecto central para el desarrollo de las economías capitalistas desde los años setenta, que transformó a la clase trabajadora en propietaria como un proyecto ideológico y político para mantener la cohesión social en un contexto de pérdida de derechos. Pero en 2008 ese sistema estalla. La vivienda empieza a entenderse como un elemento especulativo y financiero y se concentra en manos de los inversores.

¿Aquí empieza el nuevo paradigma de desigualdad?

Eso hace que suban los precios de la vivienda y que la población no pueda acceder a una casa porque el precio, empujado por una demanda especulativa, se desacopla de los salarios. Aquí surge esta generación inquilina que no puede comprar esas casas, pero tiene que vivir en las viviendas de los inversores.

El problema es que los activos se gestionan de manera agresiva para obtener mucha rentabilidad y eso provoca la frustración de las aspiraciones sociales y del bienestar de las nuevas generaciones. 

Hay una brecha de riqueza entre quienes son propietarios y quienes no, pero ¿existe también una lucha generacional?

En 1987, comprar una casa equivalía a tres años de salario; ahora mismo, una persona joven necesita 14 años. En 2004 el banco te financiaba el 120% o el 110% de la hipoteca y eso nos llevó al estallido de la burbuja. Vemos que las generaciones más mayores vivieron en sociedades donde los bancos, la política, los gobiernos o el Estado facilitaban que te compraras una casa. Y eso ya no sucede.  Pero esto no tiene que ver con boomers o millennials, sino con las sociedades en las que ha vivido cada generación.

El problema de la vivienda no es algo que tenga que ver con los méritos individuales de las personas o de las generaciones, el problema es estructural. El problema no es el jubilado que vive en una vivienda de su propiedad, sino el inversor que la está comprando para ponerla en alquiler porque tiene dinero y se lo puede permitir.

¿La vivienda es un canal para multiplicar el patrimonio de quienes más tienen?

De un lado están las empresas, fondos de inversión inmobiliaria e incluso los hogares de renta alta, que tienen dinero, acceso al crédito y compran casas en las que no van a vivir y con las que se hacen más ricos. Y por otro lado está la generación inquilina de la que hablo, una mayoría social que con los salarios no puede acceder a la propiedad ni al crédito.

En el libro dice que “cuando el sistema premia la posesión de activos y castiga el esfuerzo, la promesa meritocrática se quiebra". ¿Ha sido este uno de los detonantes del descontento o el voto a la extrema derecha? 

Esto rompe con los valores centrales de nuestra sociedad y genera desafección porque, aunque tengas trabajo, aunque hayas estudiado, el sistema no puede ofrecerte el principal elemento de estabilidad vital, que es la vivienda.

La población siente que el sistema ya no funciona, se cuestiona la propia democracia o prolifera el voto a la extrema derecha. Porque de alguna manera la gente piensa que la promesa que les habían hecho de que si trabajaban, estudiaban y se esforzaban, podían acceder a un bienestar y a una vida digna, ya no funciona.

¿La solución pasa por cambiar las coordenadas de nuestro sistema económico?

La vivienda es un tema donde hay muchísimo dinero en juego. Yo hablo de "planificación rentista" y de "gobernanza rentista" porque hay una política supranacional en las instituciones, en los bancos centrales, en la Comisión Europea, etc., donde se encuentra la raíz del problema, y la gente empieza a verlo ahora y a traducir su malestar en acción colectiva o en cauces de acción política.

Aquí los gobiernos autonómicos también tienen mucha responsabilidad. Lo estamos viendo en el enfrentamiento ahora mismo en política de vivienda entre Cataluña y Madrid. La política de vivienda de Madrid es la política de la especulación, es favorecer que cada vez haya más concentración de la propiedad, más especuladores, más fondos de inversión, más libre mercado, inquilinos con menos derechos, etcétera. En cambio, Cataluña está aprobando políticas superinnovadoras en materia de vivienda.

¿La crisis ha cambiado nuestra sensibilidad cuando hablamos de intervenir el mercado?

Yo siempre pongo como ejemplo el caso de Berlín. Donde se celebró un referéndum para expropiar a los grandes caseros del país y salió con un 56% de los votos a favor. Entonces, políticas o medidas que hace diez años nos parecerían impensables porque a priori son contrarias al sentir habitual de la gente, empiezan a ganar popularidad en un contexto de crisis de vivienda y generan un cambio de opinión que abre la puerta a políticas nuevas.

Señala que el Estado tiene un papel importante y que "igual que existe un salario mínimo, se necesita un alquiler máximo". ¿Por qué no hay medidas más ambiciosas? ¿No se está midiendo bien el problema que supone la vivienda para la gente?

No lo estamos midiendo bien no porque no se pueda medir, sino porque no quieren que se mida. Porque quieren precisamente que se pueda seguir generando mucha rentabilidad de la inversión inmobiliaria.

El salario mínimo busca garantizar que en esta sociedad, si trabajas, puedas vivir dignamente. Y eso es un elemento central de nuestras sociedades, que más o menos se cumple en la mayoría de los países del norte global. Con la vivienda eso se está rompiendo, porque lo que empezamos a ver es que da igual que trabajes, da igual que tengas múltiples trabajos, porque la situación de la vivienda no te va a garantizar una vida digna. ¿De qué sirve que tu salario suba un 10% si tu casero te sube el alquiler un 60%?, porque eso es lo que ha subido en Madrid durante los últimos cinco años.

Aboga por la "cooperación" frente a la "economía de activos" y propones "reconstruir la vida comunitaria en torno a los bloques de vecinos" ¿Qué puede hacer la comunidad?

Las luchas sociales cada vez son más importantes, porque los ataques al estado del bienestar están más presentes y se harán necesarios más vínculos sociales. De la misma manera que se debe reconstruir el lazo comunitario, entre vecinos, hay que reconstruir formas organizativas comunitarias que permitan la acumulación de fuerzas para no empezar siempre las luchas desde cero. 

Casi cualquiera que haya alquilado un piso recientemente sabe lo que son los honorarios de agencia. Esta tasa, que se declaró ilegal en mayo de 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda, hacía recaer sobre el inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. La nueva regulación entendía que el servicio de la agencia se le prestaba al casero y no al inquilino, por lo que quien debía abonarla era el primero y no los segundos. Sin embargo, asociaciones de consumidores e incluso el propio Ministerio de Consumo han detectado que esta comisión se sigue aplicando de manera ilegal o que ha cambiado de nombre para esquivar la ley.  "Después de tres años seguimos viendo muchos casos de personas a las que se les demandan gastos de agencia", apunta Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

"Hay una asimetría y una urgencia en el mercado que hacen que la gente, cuando necesita una casa, muchas veces termine aceptando condiciones abusivas o ilegales para no perderla", señala. "Esta presión es la que hace que se normalice algo que es ilegal y es la baza que juegan las agencias que incumplen la ley", concluye el portavoz.

Este lunes, la asociación de consumidores Facua denunciaba ante la Dirección General de Consumo de Canarias a una inmobiliaria por ejercer, supuestamente, estas prácticas abusivas. La causa: “Obligar a los usuarios interesados en visitar una vivienda en alquiler a cumplimentar y firmar dos documentos donde les pide abonar una comisión en concepto de «servicios de atención al inquilino (búsqueda activa, desplazamiento y otros)» y por el «acceso a información exclusiva y especializada»", señala la asociación. Este servicio que se cobra aparte es, según Facua, una comisión ilegal, pues entienden que no se puede considerar un servicio de búsqueda activa la mera publicación de un anuncio de alquiler y que “no hay ningún servicio extra donde la empresa lleve a cabo una búsqueda personalizada en base a ciertas peticiones o características”, ya que es el interesado el que llama a la inmobiliaria tras ver el anuncio. 

Los inquilinos llevan tiempo denunciando estas situaciones, pero en muchos casos la necesidad de encontrar un techo pesa más y, aunque la tasa sea ilegal, la terminan pagando. Los precios desbocados del mercado y la imposibilidad de muchos salarios de acceder a la compra dejan atrás los presupuestos de las familias, y en este caldo de cultivo las prácticas abusivas son más fáciles de imponer. “No me quería quedar sin el piso”, explicaba meses atrás una afectada a infoLibre. Ella había abonado 200 euros en metálico a la agencia justo antes de firmar el contrato de su nuevo piso, cuando ya no estaban presentes los propietarios de la casa. “Es de estas cosas que sabes que son ilegales, pero no me quería quedar sin el piso”, puntualizaba. 

La persistencia de esta práctica se explica por la vulnerabilidad de quienes alquilan, pero también por la dificultad de demostrar que esta tasa se corresponde con un servicio al casero y no al usuario. Si a esto se suma la ausencia de controles, el margen de impunidad se ensancha. "Lo que hemos visto en nuestras asambleas es que se camuflan estos cobros. En vez de llamarles honorarios, se rebautizan como servicios integrales o de atención al inquilino, como estudios de viabilidad o directamente como servicios. Pero ninguno de ellos es libremente rechazable, por lo que son un rodeo para cobrar lo mismo", protesta el portavoz del Sindicato de Inquilinas.

"Nosotros no hemos tenido constancia de que existan controles de inspección o campañas de oficio por parte de las comunidades autónomas", explica el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien también apunta que la mayoría de las inspecciones llevadas a cabo han partido de denuncias de usuarios o de asociaciones como la suya. Para Sánchez, el papel de las instituciones regionales debería ser más activo a la hora de perseguir esta práctica. "Las comunidades autónomas son las que pueden actuar contra las inmobiliarias porque la mayoría de ellas tiene ámbitos de funcionamiento local, provincial o autonómico, y hay pocas que funcionen en todo el territorio nacional", concluye.

Desde Facua insisten en que las sanciones deberían ser más amplias. "Hay comunidades que ni nos contestan y de algunas que lo han hecho nos han llegado respuestas en las que el expediente sancionador equivale al importe de un fraude", concluye el secretario general. Es decir, si al inquilino le han defraudado un mes de cuota, por ejemplo mil euros, les obligan a abonar el equivalente a modo de sanción. A nivel gubernamental tampoco se contemplan actuaciones específicas para investigar esta práctica, pero desde el Ministerio de Vivienda señalan que ya existe una prohibición legal al respecto.

"El fraude les sale extraordinariamente barato", protesta Sánchez. Y es que, en general, la gente no denuncia, porque además de arriesgarse a tener que volver a buscar piso, entrar en un proceso judicial no está al alcance de todo el mundo. "Una denuncia pone la carga de la prueba sobre el inquilino, implica recabar pruebas, reclamar en Consumo e incluso ir a juicio, y no todo el mundo puede asumir ese nivel de desgaste", apunta Pérez.

En las asambleas del sindicato han visto muchos casos de este tipo y por eso, apunta, las Administraciones deberían poner en marcha labores de inspección que hiciesen esta carga más compartida. "Desde el sindicato creemos que no basta con que sea ilegal en el BOE, sino que necesitamos una inspección activa, sanciones ejemplarizantes y mecanismos rápidos para recuperar el dinero", concluye.

El caso más sonoro y la multa más alta que se ha puesto hasta la fecha en relación con los abusos en este tipo de tasas la recibió la compañía Alquiler Seguro por parte del Ministerio de Consumo. El departamento que dirige Pablo Bustinduy impuso una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa por vulnerar supuestamente los derechos de los consumidores. Contratar un servicio de atención al inquilino obligatorio, obligar a que el arrendatario presente un estudio de solvencia o a contratar seguros de hogar son algunas de las prácticas que Consumo penalizaba en siete multas que, conjuntamente, superaban los seis millones.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, conscientes de la problemática y de la vulnerabilidad de los arrendatarios, han lanzado una guía de recomendaciones para responder a esta situación sin quedarse en la calle. "Como sabemos que se hace difícil negociar cuando queremos alquilar un piso y la inmobiliaria nos recuerda continuamente que hay una gran lista de gente dispuesta a aceptarlo, podemos llegar a plantearnos la posibilidad de firmar y reclamar después", apuntan.

Lo importante en estos casos es lograr pruebas y por eso recomiendan pagar por transferencia poniendo en el concepto que se trata de gastos de gestión. Además, se debe solicitar una factura con IVA y guardar tanto las conversaciones como los pantallazos del portal web para dejar claro que la búsqueda ha corrido a cargo del inquilino, sin asesoramiento de la agencia. Eso cuando pueden recabarse evidencias de estas malas prácticas, algo infrecuente dado que las inmobiliarias son conscientes de a lo que se exponen y buscan subterfugios precisamente para evitarse problemas futuros.

El precio de la vivienda se encareció de media un 12,7% en el año 2025, la tasa más alta que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, según los datos que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). que recoge EFE.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano subió un 12,9% de media, mientras que la nueva lo hizo un 12,7% y, en ambos casos, se trata de los mayores aumentos en 18 años, cuando arranca la serie de esta estadística. Con estos datos, el precio de la vivienda encadena 12 años al alza.

Durante 2025, el precio de la vivienda ha ido mostrando ligeros incrementos conforme avanzaba el ejercicio, aunque el índice se ha ido estabilizando con una subida del entorno del 12%.

Así, en el primer trimestre de 2025 el precio de la vivienda se encareció un 12,2% interanual, en el segundo un 12,7%, en el tercero un 12,8% y en el cuarto un 12,9%.

Todo ello en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible en España para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Además del alza que recoge el INE, los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reflejan que el precio de la vivienda cerró 2025 con un incremento interanual del 13,1%, hasta los 2.230 euros/m2, el mayor importe de toda la serie histórica de su estadística de valor tasado, que arrancó en 1995.

Con estos datos del Ministerio, se superaron los valores durante el "boom" inmobiliario, situando la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad como la más cara, con más de 2.600 euros/m2.

En el cuarto trimestre de 2025 el precio de la vivienda aumentó un 12,9% respecto al mismo trimestre del año anterior, su mayor aumento en casi 19 años (desde el primer trimestre de 2007).

De esta forma, acumula 43 trimestres al alza, según la estadística del INE, que tiene en cuenta alrededor del 95% de las compraventas de viviendas realizadas en el trimestre y extrae los datos de los registros administrativos.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano fue la que más subió entre octubre y diciembre, un 13,1% -lleva cinco meses creciendo a doble dígito-, mientras que la nueva lo hizo un 11,2%.

En el cuarto trimestre de 2025, los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas, en su totalidad con crecimientos de dos dígitos.

Las mayores alzas de precios se registraron en Castilla y León (15,3%), Aragón, Murcia y La Rioja (las tres con un 14,4%); Madrid (14,2%) y Galicia (14,1%).

Por su parte, los menores aumentos, superiores al 10% en todo caso, se dieron en Catalunya (10,9%), Canarias (11%) y Navarra (11,4%).

Si se compara con el trimestre anterior, el tercero, el precio de la vivienda subió un 1,8%, la menor tasa intertrimestral del conjunto de 2025.

Los precios de la vivienda nueva aumentaron un 2,2% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al tercero, mientras que los de la vivienda de segunda mano subieron un 1,8%.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) considera que el desequilibrio entre la oferta y la demanda ha llegado a su límite y se requieren medidas urgentes para aumentar la oferta residencial, ya que la subida de precios no va a parar porque la población va a seguir creciendo de forma exponencial en los próximos años y podemos acabar en un modelo de "infraviviendas".

Desde Fotocasa coinciden en que el problema es la limitada oferta de viviendas disponibles en las zonas de mayor demanda. Estima que cada año se necesitan más de 200.000 unidades para satisfacer la creación de nuevos hogares.

El CEO y fundador de Urbanitae, Diego Bestard, subraya que no estamos ante una burbuja, ya que el sector no está sobreapalancado, el crédito es más prudente y se construye por debajo de la demanda. Por eso, aunque los precios no pueden subir eternamente, cree que no habrá un desplome, sino una fase con subidas más moderadas. 

En Pisos.com ven difícil anticipar a corto plazo un cambio de tendencia en los precios ya que ni la demanda, oferta y condiciones financieras parece que vaya a experimentar variaciones significativas en próximos meses. 

No es ninguna novedad que, en las últimas décadas, las ciudades españolas han experimentado notables transformaciones. Durante la segunda mitad del siglo XX, el paisaje de las ciudades podía leerse a través del papel central que jugaba la industria en la economía: fábricas, migraciones internas y barrios obreros levantados a toda prisa y de escasa calidad arquitectónica para absorber a la población trabajadora que llegaba en busca de trabajo. 

El declive industrial, la terciarización de la economía y el giro neoliberal de las políticas públicas –cada vez más orientadas a facilitar el crecimiento y expansión del mercado– dieron forma a un nuevo tipo de ciudad. En una economía cada vez más globalizada y competitiva, las ciudades se convierten en protagonistas y principales atractores de fuentes externas de financiación, inversión, empresas, empleo y talento. Esa competencia se libra también en el terreno simbólico. Las ciudades buscan poner su nombre en el mapa y construir una marca propia con la que posicionarse. El repertorio es conocido: congresos y ferias, festivales, grandes piezas arquitectónicas, candidaturas y eventos deportivos, operaciones de regeneración urbana que reescriben la imagen del lugar… Por mencionar algunos ejemplos, Barcelona convirtió los Juegos Olímpicos de 1992 en un hito fundacional de su proyección internacional; Valencia apostó por la Ciudad de las Artes y las Ciencias como icono; Madrid se posicionó como territorio de empresas especializadas en el mercado latinoamericano. Con el tiempo y bajo el miedo a quedarse atrás, el resto de ciudades han tratado de imitar el modelo adaptándolo a sus características y ventajas competitivas, en muchos casos a través del turismo.

Es en esta intersección entre (1) atracción de empleos y trabajadores cualificados de la nueva economía global, (2) transformación del tejido urbano y (3) inversiones inmobiliarias donde se producen los procesos de gentrificación. Esta palabra es uno de esos conceptos que ha trascendido el ámbito académico y se ha popularizado desde hace unos años. Una palabra que ha servido para que muchas personas le pongan nombre a lo que está ocurriendo en sus barrios. La gentrificación es ese proceso de transformación de barrios tradicionalmente populares mediante dinámicas de revalorización residencial, comercial y simbólica que conllevan el desplazamiento –directo o indirecto– de sus habitantes originales por grupos con mayor capacidad adquisitiva. Es decir, bajo unas ciertas condiciones, el barrio se encarece y se produce una sustitución de la población residente por una más rica o de mayor estatus.

Los centros de las ciudades a finales del siglo XX eran en muchos casos espacios degradados, con un parque de viviendas envejecido y un largo ciclo de infrainversión donde históricamente había residido la clase trabajadora. En la nueva economía global se produce una revalorización de estos espacios por su centralidad, accesibilidad, patrimonio cultural y margen de revalorización. Los centros se vuelven deseables y tanto las inversiones inmobiliarias como las políticas públicas de mejora del espacio se concentran en ellos. A menudo, las aclamadas políticas de regeneración urbana –que prometen acabar con el abandono, la degradación y la falta de inversión– activan una cadena de efectos difíciles de controlar. La reurbanización de calles, las peatonalizaciones, la rehabilitación de edificios o la inauguración de equipamientos culturales son per se mejoras del espacio deseables. El problema es que, en un sistema donde la vivienda es entendida como un bien de inversión, la regeneración de un barrio eleva su deseabilidad, activando el interés de inversores y nuevos vecinos, conduciendo a una escalada de precios de la vivienda.  

Modelo cruel de gentrificación

Los efectos de este proceso son conocidos: muchos vecinos se ven forzados a marcharse, incapaces de hacer frente a los nuevos precios; los que logran quedarse, lo hacen en una situación precarizada teniendo que destinar la mayor parte de sus ingresos a la vivienda y viendo cómo los vecinos, comercios y redes de su barrio se transforman. La estampa final es cruel. Los vecinos que lucharon y exigieron mejoras en sus barrios, son privados de su disfrute. Este modelo de gentrificación lo hemos visto, desde finales de los 90 hasta el estallido de la crisis de 2008, mayormente en los centros de las ciudades: Malasaña en Madrid, Ciutat Vella en Barcelona, Russafa o el Carme en Valencia, la Alameda en Sevilla o el Albaicín en Granada. 

La crisis de 2008 supuso para buena parte de la población pérdida de empleos, bajadas salariales y mayor inestabilidad laboral. En términos de vivienda, se produjo una oleada de desahucios sin precedentes, la mala situación económica dificultó el acceso a la propiedad y la emancipación de los jóvenes se retrasó notablemente. En este contexto, el alquiler pasó a ser una opción cada vez más habitual –y a veces la única posible– para buena parte de la población. Al mismo tiempo, en algunas ciudades como Madrid se produjeron ventas de grandes bolsas de vivienda pública a grandes tenedores bajo el pretexto de reducción del déficit público. En 2013, entraron en vigor una serie de reformas sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos que disminuyeron la duración mínima de los contratos de alquiler, permitiendo mayor rotación de inquilinos y eventuales subidas de los precios. La crisis y la respuesta de los gobiernos a todo esto allanaron el camino para la proliferación de Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), cuya actividad se centraba en el mercado del alquiler. 

Así, los mercados entran de lleno en el negocio de la vivienda aprovechando los bajos precios tras la crisis y diversificando los usos con un objetivo claro: elevar la rentabilidad. Esa lógica empuja a abandonar, o al menos a devaluar, el alquiler residencial de larga duración –más estable pero menos optimizable– y a priorizar fórmulas más flexibles: vivienda turística, alquiler de temporada para población transitoria, alquiler por habitaciones, colivings y otros formatos que permiten reajustar (al alza) precios con más frecuencia. Esta situación ha marcado varios hechos clave en el avance de los procesos de gentrificación. Primero, si antes era la población de clase media-alta local la que desplazaba a la clase trabajadora, hoy la competencia por la vivienda incorpora nuevas demandas ligadas a la hipermovilidad: turistas, estudiantes, profesionales internacionales en estancias cortas o trabajadores desplazados. En segundo lugar, la flexibilización de usos de la vivienda convierte el reemplazo social en un proceso más rápido, porque reduce el tiempo de permanencia que anclaba a los residentes al barrio: contratos más breves y rotación más alta hacen que la sustitución se produzca de forma acelerada. Tercero, en un contexto de escasez de vivienda y concentración de la población en las ciudades, ya no son estrictamente necesarias la intervención urbana y mejoras de las viviendas para su revalorización. Es decir, basta un cambio de uso de la vivienda, orientarla a otro tipo de inquilino o simplemente esperar a que la espiral especulativa te permita subir los precios.

Todo ello ha hecho que la gentrificación dé el salto a ciudades de menor tamaño. Ya no es un fenómeno circunscrito a grandes metrópolis como Madrid, Barcelona o Valencia: en mayor o menor medida, muchas capitales de provincia empiezan a experimentar dinámicas similares de encarecimiento de la vivienda y sustitución social. En cada ciudad las transformaciones adoptan formas diferentes en función de las ventajas que puedan movilizar y las demandas que puedan cubrir: empresas y empleos especializados de alta cualificación, turismo de sol y playa, turismo histórico y patrimonial, condiciones de clima y entorno que hacen atractiva la vida para trabajadores en remoto, la presencia de universidades, etc. 

Por otro lado, además de extenderse a ciudades de menor tamaño, la gentrificación también se ha desplazado dentro de las grandes urbes hacia nuevos barrios. Espacios que un día fueron las primeras periferias –barrios populares, fuera del radar para inversores inmobiliarios– de la ciudad hoy comienzan a sufrir sus consecuencias. Lo que comenzó en los centros se ha convertido en una dinámica de conjunto, alimentada por un efecto dominó: cuando un área se encarece y sus vecinos son expulsados, éstos se reubican en otros barrios, muchas veces contiguos, pudiendo desplazar a los residentes de estos últimos. Se produce así un desplazamiento en cadena que en ocasiones excede los límites municipales, afectando al resto del área metropolitana. 

El presente de las ciudades plantea varios retos. El primero es generacional y afecta de lleno a la emancipación: los jóvenes se independizan cada vez más tarde y, en muchos casos, acceder a una vivienda –sobre todo en propiedad– resulta inviable sin apoyo familiar, cuando ese apoyo existe. Además, ya no es solamente un problema de los jóvenes más precarios, que son quienes más lo sufren, también de los hijos de las clases medias que ven inviable independizarse en los barrios donde han crecido. Ese desajuste rompe la continuidad residencial, los entornos de socialización, retrasa proyectos de vida y amplifica ese efecto dominó incrementando la presión sobre otros barrios. 

El otro reto es material. El encarecimiento de la vivienda y su concentración en cada vez menos manos funciona como una transferencia de renta de hogares trabajadores a hogares de propietarios o empresas, reduciendo la capacidad de ahorro y el poder adquisitivo de la población. Cuando el mercado te expulsa y relega a las periferias aparecen los costes en forma de tiempo. Las trabajadoras que sostienen la ciudad siguen trabajando en ella, pero pasan a vivir más lejos, acumulando horas de transporte que erosionan la vida cotidiana. 

La tercera consecuencia es menos visible, pero afecta al fondo democrático de nuestra sociedad: la pérdida de mezcla social. Una ciudad donde rentas, edades y orígenes se segregan por barrios produce experiencias urbanas cada vez más separadas. Cuando el día a día transcurre únicamente entre iguales –en la escuela, en el comercio, en el espacio público– ignoras otras realidades y eso repercute en los valores que construyes. La mezcla social no es un ideal abstracto: es una condición práctica para frenar la segregación y limitar la reproducción de desigualdades en las ciudades.

La situación es límite y obliga a formular preguntas de fondo: ¿para quién queremos las ciudades? ¿Cuál queremos que sea la función de la vivienda? Hasta ahora las medidas que se han tomado en nuestro país en esta materia han sido tímidas e ineficaces: un control de precios muy limitado –más centrado en contener subidas que en reducir precios ya disparados–, con fisuras que la propiedad ha aprovechado y políticas que han transferido dinero público a los propietarios y les han otorgado bonificaciones fiscales. De esta forma, el acceso a la vivienda sigue funcionando como un foco de desigualdad que continúa ampliando la brecha social. Las consecuencias sociales de apuntalar este modelo de ciudad y de vivienda ya son graves, pero pueden intensificarse en el futuro. Cuando la ciudad no se piensa para el que la vive y la construye día a día, se corre el riesgo de convertirla en un escaparate para turistas, en una experiencia de consumo para población transitoria y en un espacio inhabitable para las capas más vulnerables. 

Frente a esta situación, resulta imprescindible promover políticas que garanticen el derecho a la ciudad, hoy reservado a los grupos más privilegiados y a las élites económicas. Para construir una sociedad urbana más saludable necesitamos transformar la concepción de la vivienda como un bien de mercado a la vivienda como un derecho básico y universal. Ello pasa por detener la especulación, garantizar el uso residencial de la vivienda y evitar la expulsión de los y las vecinas de nuestros barrios. 

*Carlos Sanz Pérez es investigador predoctoral en el Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Este viernes, la sede del Parlamento Europeo en Madrid ha acogido la presentación del primer informe sobre vivienda emitido por el organismo europeo. El texto recoge una serie de recomendaciones que se debatirán en la Comisión el próximo mes de marzo. En la presentación, que corrió a cargo de Alicia Homs, eurodiputada del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, y de Borja Giménez, del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), los políticos señalaron que se trata de un texto en el que han participado tanto progresistas como conservadores y que trata de aportar ideas a una crisis que definieron como "global". Sin embargo, y pese a la magnitud del problema, la competencia de vivienda es de los Estados y el documento se queda en una lista de recomendaciones que se concretarían de forma distinta en cada región.

En el lado de la derecha, Giménez puso el acento en propuestas como la reducción de impuestos en torno a la vivienda, la escasez de obra nueva, los dilatados plazos burocráticos o la seguridad jurídica para los inquilinos. En el lado de los progresistas, Homs insistió más en las medidas de protección a los inquilinos o en la supervisión pública cuando se simplifiquen los procesos burocráticos, como la recalificación de suelo. "Hay enfoques que no compartimos, pero hay temas que se deben poner en valor”, apuntaba la eurodiputada socialista.

Una de las propuestas en esta línea, explicó Giménez, sería acotar la concesión de licencias de obra a un máximo de 60 días e incluir el principio de silencio administrativo en caso de no recibir respuesta en ese periodo. En este punto, el informe señala que en 2023 los permisos de construcción registraron una caída significativa, con un descenso del 14,6%.

Las recomendaciones del informe, titulado El rompecabezas de la vivienda en Europa: ¿Cuál es la posición del Parlamento Europeo?, giran en torno a cinco bloques temáticos: escasa oferta, inversión y ayudas fiscales, simplificación burocrática, mejora de las condiciones de vida y soberanía industrial en la construcción.

Además, una de las advertencias formales que hacen es la necesidad de "respetar el principio de subsidiariedad", dado que la vivienda es competencia exclusiva de los Estados miembros, aunque al mismo tiempo advierten de la necesidad de "dar una respuesta más coordinada y ambiciosa".

El primero de los bloques reposa sobre los problemas que provoca la escasez de casas. "Europa necesita alrededor de 10 millones de viviendas adicionales para cerrar la brecha existente", recoge el texto. En este sentido, los eurodiputados piden simplificar los trámites administrativos, acelerar los procedimientos de concesión de permisos y movilizar inversión pública y privada para impulsar la construcción y la rehabilitación del parque inmobiliario. "Hay que construir más, eso es evidente. Pero vivienda pública y asequible, porque nos encontramos con gente de clase media y con buenos sueldos que no llega a fin de mes y no puede permitirse comprar una casa", señaló Homs.

Otro apartado atañe precisamente a la mejora de las condiciones de vida y para ello proponen canalizar fondos europeos hacia planes de vivienda asequibles y de ahorro energético.

Piden, además, "que la próxima ley sobre alquileres de corta duración establezca un equilibrio entre la facilitación del turismo y la asequibilidad de la vivienda, a fin de que la proliferación de alquileres de corta duración no amenace la asequibilidad en las ciudades" y, ligado a esto, recomiendan mejorar la recopilación de datos que se hace en materia de vivienda. "Sin datos estamos ciegos para diseñar políticas", señaló el eurodiputado popular, quien además apuntó que este era uno de los temas que generaba consenso en ambas partes del hemiciclo y anunció que se crearía una plataforma a nivel europeo para recopilar información relativa al mercado inmobiliario.

A nivel de inversiones y ayudas fiscales, los eurodiputados instan a los Estados miembros a "introducir sistemas fiscales basados en incentivos para apoyar a los hogares de renta baja y media, eliminar las barreras fiscales (es decir, las elevadas tasas de registro) para los compradores de primera vivienda, y hacer más asequibles los alquileres de larga duración", recoge el texto.

Una de las medidas que explicaba el europarlamentario popular es crear "un IVA superreducido" para la vivienda, aunque en este punto, al igual que en lo que tiene que ver con la protección de los inquilinos, las posturas suelen divergir, ya que la derecha tiende a insistir más en retirar carga fiscal que los progresistas.

El último punto hace referencia a los cambios que se deberían introducir en el sector de la construcción a nivel laboral y de formación de los trabajadores. Piden "una mayor facilidad de movilidad laboral intracomunitaria, un mejor reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y, cuando sea necesario, la contratación de trabajadores cualificados procedentes de terceros países", según explica el texto.

Entre los datos que aporta el documento para valorar la situación del mercado inmobiliario comunitario, destaca el hecho de que uno de cada diez hogares en ciudades de la UE destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, la misma proporción de familias que tampoco pueden mantener su casa a una temperatura adecuada.

Por otro lado, los precios han evolucionado de forma significativa. Los de compraventa aumentaron de precio en un 61% entre 2010 y 2025 y los de alquileres se elevaron un 29%.

En este contexto, las recomendaciones de este documento serán votadas en el próximo pleno del Parlamento Europeo, a mediados de marzo, aunque su concreción dependerá siempre de los Estados miembros.

El precio de la vivienda acentuó su subida en 2025 con un incremento interanual del 13,1% hasta alcanzar los 2.230 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística de valor tasado de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que arranca en 1995, según informa EFE.

Con este aumento de dos dígitos, el valor tasado de la vivienda rebasó todos los trimestres del pasado año los 2.000 euros/m2 y superó los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria.

Si se analiza la evolución de los datos del cuarto trimestre del año frente a los del trimestre anterior, el valor tasado de la vivienda arroja una subida del 3,6% en tasa intertrimestral.

Para elaborar esta estadística el Ministerio utiliza como fuente de información los datos de los informes de tasación procedentes de las empresas tasadoras que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).

La vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad fue la más cara, 2.600,7 euros/m2, tras subir un 12,8%. Este importe es el más elevado que puede consultarse para esta modalidad, cuyos datos están accesibles desde 2010. Con este incremento el valor tasado de la vivienda de hasta cinco años encadena 15 trimestres consecutivos por encima de los 2.000 euros/m2, concretamente, desde el segundo trimestre de 2022.

Por su parte, la vivienda de más de cinco años se encareció un 13,1% hasta 2.219 euros/m2. Es el cuarto trimestre consecutivo que supera los 2.000 euros/m2, anotándose también el dato más elevado desde 2010.

En el caso de la protegida, su precio aumentó un 2,7% hasta los 1.201,1 euros/m2. Es el valor más alto desde que puede consultarse la serie, que en este caso está disponible desde 2005.

Por otro lado, el precio de la vivienda libre se revalorizó un 3,6% en el cuarto trimestre del año 2025 frente al trimestre anterior. Por tipo de vivienda, el valor tasado de aquella de hasta cinco años de antigüedad registró una subida del 3,4% intertrimestral.

Por su parte, aquella de más de cinco años vio incrementar su importe un 3,6%. Atendiendo a la vivienda protegida, el aumento fue del 0,5%.

En el cuarto trimestre del año las subidas fueron generalizadas en todas las comunidades.

La Comunidad de Madrid registró el importe más elevado (3.902,3 euros/m2), máximos históricos, tras encarecerse un 15,8%. Tras ella se situó Baleares (3.809,9), que junto con Madrid fueron las únicas comunidades que superaron los 3.000 euros/m2. A continuación figuraron País Vasco (2.967 euros) y Cataluña (2.641 euros).

Los mayores incrementos en el cuarto trimestre se dieron en Cantabria (16,7%); Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana (15,8%); Baleares (14,9%) o Aragón (13,6%). En Cataluña, uno de los grandes mercados, la subida fue del 10,6%. Extremadura fue la única comunidad en la que el valor tasado de la vivienda fue inferior a los 1.000 euros/m2 (933 euros).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el fondo España Crece movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional", con el objetivo de construir 15.000 viviendas al año, según informa EFE. 

"Ese es nuestro compromiso, el mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es una crisis habitacional", ha dicho el presidente durante la presentación del nuevo instrumento de inversión, que incluirá 10.500 millones los fondos europeos Next Generation, pero que aspira a movilizar una inversión total de 120.000 millones.

De los 10.500 millones de fondos europeos contemplados en España Crece, alrededor de 2.000 millones van a destinarse a la vivienda, lo que sumado a la capacidad de apalancamiento financiero del Instituto de Crédito Oficial (ICO) alcanzaría un cifra total de 14.000 millones movilizados desde el ámbito público, según han explicado fuentes gubernamentales.

"El fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen dificultad, cuando no una imposibilidad, para poder llegar a acceder a una vivienda", ha añadido Sánchez.

El presidente ha insistido en que la falta de financiación no puede ser "otro de los cuellos de botella que sufre la política de la vivienda", que impide a los jóvenes tener "horizonte y esperanza" para emprender su proyecto de vida.

El fondo España Crece será, según Sánchez, la palanca para "seguir impulsando la competitividad, verde e inclusiva, de la economía española durante las próximas décadas", una vez que el 31 de agosto se acaben de movilizar los recursos del Plan de Recuperación.

Esta herramienta responde a tres grandes objetivos: reforzar la productividad, contribuir al desarrollo del mercado de capitales y preservar la Europa social, y se pretende invertir especialmente en energía, digitalización y computación cuántica, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento, seguridad y vivienda.

Se ofrecerá un amplio abanico de instrumentos financieros (préstamos, financiación de proyectos, inyecciones de capital, garantías) y facilitará que la financiación acompañe de forma continuada en las distintas etapas del ciclo de vida de las empresas, desde el nacimiento hasta su expansión.

Al acto de este lunes ha asistido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha confiado en la capacidad del nuevo fondo para afianzar un "círculo virtuoso" que favorezca que las empresas "crezcan, innoven y creen empleo" de mayor calidad y con mejores salarios. Con este objetivo, el nuevo fondo utilizará instrumentos como garantías, "compartiendo riesgos con el sector privado"; financiación directa, para cubrir "brechas" de financiación, y adoptando la posición de "accionistas estables", de largo plazo, en los proyectos más transformadores.

También ha estado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha asegurado que España Crece va a abordar "el principal problema social que es el acceso a la vivienda" y para ello se van a poner "todas las capacidades y esfuerzo necesario. Ha reconocido que existen "algunas debilidades autóctonas" que "no hemos sido capaces de superar", pero ha insistido en que en los últimos años "el presupuesto se ha multiplicado por ocho, se ha creado Casa 47 y se trabaja en un nuevo plan estatal para dimensionar el parque público de vivienda, con la vista puesta en situarlo en el entorno de la media europea".

Sumar ha respondido a la nueva iniciativa del PSOE para paliar la crisis de vivienda: endurecer las deducciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler. La coalición de izquierdas entiende que esto solo supone reducir su "privilegio fiscal" e insiste en que la prórroga automática de los alquileres es la única propuesta sobre la mesa "con un impacto real y no cosmético" en el mercado del alquiler, según informa EFE.  

Los socios del PSOE en el Gobierno subrayan que la medida de los socialistas para modular a la baja la actual deducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF no es nueva y que ya fue planteada en la mesa de negociación. Entonces, Sumar expuso que, como única medida, no tiene capacidad para frenar la espiral alcista de los precios, que en el último lustro se han disparado más de un 40%.

Con estas subidas de precios, Sumar considera que el efecto en el mercado del alquiler seguirá siendo "cosmético" y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos. En este sentido, insiste en que la vía de los incentivos fiscales es "injusta" y lamenta que esta vía ponga el foco de nuevo únicamente en los intereses del arrendador cuando es urgente dar certidumbre, estabilidad y facilidades al inquilino, especialmente a aquellas personas angustiadas porque vence su contrato en los próximos meses y no saben qué va a ser de ellas. 

Sumar considera que la solución a esta crisis de vivienda no puede partir de la voluntariedad de una parte. En este caso, de la buena voluntad del casero. 

Lo que defienden, por tanto, es una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler como vía más eficaz para intervenir de inmediato este mercado. Según los datos ofrecidos por Sumar, en 2021 se firmaron 632.369 contratos que son susceptibles de tener que ser renovados en 2026 con un mercado un 40% más caro que entonces. Los 632.369 contratos con fin en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas. Una cifra que ronda los 2,7 millones si se suman también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027.

Aunque no hay nada cerrado, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez está trabajando una propuesta en el seno del Gobierno que estudia modular a la baja la reducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler, pero en ningún caso llegando al 0%, según han indicado a EFE fuentes del mismo.

De esta forma, lo que se contempla es una propuesta que combine los incentivos de hasta el 100% para quienes bajen el precio del alquiler (una medida que Sumar ya avanzó que no iba a apoyar en el Congreso de los Diputados, al igual que Podemos y EH Bildu) con desincentivos para quien lo encarezca.