Al igual que no es lo mismo decir "liberal" o "republicano" en España que en Estados Unidos, es distinto decir "moderado" o "progresista" en la Iglesia y fuera de ella. Y más aún en la ultraconservadora cúpula de la Iglesia española. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan José Omella (Cretas, Teruel, 1946), elegido este martes, rechaza de entrada esta dicotomía entre conservador y moderado-progresista porque cree que sólo hay que clasificar al clero en función de la conformidad de sus actos con el Evangelio. Pero eso no lo ha librado de que a él mismo se lo adscriba a la rama "moderada" o incluso "progresista" del episcopado. No obstante, hay que aclarar que, si la comparación se realiza con los obispos alineados con las tesis integristas de Antonio María Rouco Varela, la etiqueta de moderado o de progresista no significa gran cosa en sí misma. Mantener mínimamente viva la llama del Concilio Vaticano II en España ya te hace parecer el moderno de la clase, por oposición a un sector de aliento tridentino marcado a fuego por el pontificado antiizquierdista de Juan Pablo II, obsesionado con purgar de la Iglesia la Teología de la Liberación y cualquier veleidad socialista, y por la ortodoxia doctrinal de Benedicto XVI. Con poco, Omella se distingue. Al igual que Francisco, habla más de pobreza que de aborto, defiende una Iglesia atenta a su tiempo y no replegada sobre sí misma. Y emplea una retórica que no trae ecos nacionalcatólicos. Eso ya lo convierte en un moderado, en un aperturista.

A eso se añade que Omella ha sido un defensor del "diálogo" en Cataluña, hasta el punto de mediar entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en la antesala del referéndum del 1 de octubre de 2017, lo cual da relevancia a su nombramiento en atención a la situación actual, marcada por la negociación entre el Gobierno español y el Govern catalán en torno al "conflicto político". Son suficientes ingredientes para que algunos hayan concluido que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tiene un amigo en la CEE. No tan deprisa. La realidad, como siempre ocurre con la Iglesia, es algo más complicada.

Hombre del papa

Lo innegable es que este martes fue un buen día para el papa. La transición impulsada por el jesuita Jorge Mario Bergoglio, papa desde 2013, aún no contaba con un referente en lo alto de la cúpula española. Y, en la medida en que Francisco es un pontífice tenido por reformista en relación con la curia, las finanzas y la respuesta a la pederastia, y por moderado o progresista en la interpretación doctrinal, Omella también es adjetivado del mismo modo, en tanto que es considerado desde hace más de un lustro el hombre del papa en España, junto al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Hasta ahí se justifica la extendida consideración como moderado de Omella, que por lo demás es fiel a los postulados vigentes para la interpretación de los textos sagrados y al que no se le conocen opiniones fueran del canon sobre el aborto, la homosexualidad o la eutanasia.

Lo diferente de Omella, cuya llegada rompe con dos décadas de Rouco Varela y Ricardo Blázquez alternándose en la presidencia de la CEE, no es tanto el contenido como las prioridades. Un ejemplo: en una carta de mayo del año pasado, se significó contra las casas de apuestas, demostrando reflejos y atención a la actualidad. También se muestra compasivo ante la inmigración, un tema en el que insiste, porque cree que mide la humanidad de una sociedad. Y todo ello lo hace con un tono y un acento conciliadores. Lo que José Luis Rodríguez Zapatero llamaba "talante".

Pobreza, inmigración

Frente a la beligerancia de Rouco y la parquedad de Blázquez, Omella propone una afabilidad distendida, risueña, a veces incluso chistosa, sin salir en el fondo de la prudencia. Será más fácil verlo en los telediarios que al austero Blázquez. Son modos que a algunos les han recordado a Vicente Enrique y Tarancón, aunque Omella rechaza pudorosamente la comparación. Al igual que Francisco, el nuevo líder de los obispos pone el acento en la pobreza, en el acogimiento de los inmigrantes, en la función "social" de la Iglesia. Ojo, no con un análisis de fondo o un examen de las causas estructurales, dado que no existe en el episcopado español una corriente de liberación como en América Latina, pero sí reservando a la Iglesia un papel de "acompañamiento" de los más necesitados. No se profundiza en las causas, sino en la paliación de la pobreza. El de Omella es en este punto un discurso parecido al del papa Francisco, con el que tiene una relación habitual. Como presidente de la Pastoral Social (2002-2008), el nuevo presidente de la CEE conoce al dedillo la tarea de Cáritas. También ha sido consiliario nacional de Manos Unidas (1999-2015).

Formado en Jerusalén y Lovaina (Bélgica), donde se licenció en Teología, Omella es sacerdote desde 1970 y obispo desde 1996. Ha pasado por las diócesis de Zaragoza, Barbastro-Monzón, Calahorra y La Calzada-Logroño, desde donde pasó a Barcelona. En su trayectoria hay un año de misionero en Zaire. Al igual que el papa, Omella reivindica su condición de párroco –su referente es el santo cura de Ars–, se comporta con sencillez, se muestra mundano y poco apegado al boato. Dice algo de su visión de la Iglesia el título de su plan pastoral en Barcelona: "Salgamos". Omella quiere un Iglesia menos replegada sobre sí misma y que alcance a los jóvenes. En Barcelona ha observado el cardenal turolense los efectos de la secularización. Cataluña es de las comunidades donde más retrocede la influencia de la Iglesia. Es, por ejemplo, la que menos marca la equis católica en el IRPF.

Posición ante el independentismo

El nuevo líder de los obispos aguanta una tras otra sin protestar las preguntas sobre el procés en las entrevistas, aunque está claro que le incomoda hablar de política.

– ¿Cataluña es una nación? –le preguntaron en una entrevista en El Mundo.

– Esa es una pregunta muy peligrosa para mí. Es una pregunta más política.

Políticamente, se dice neutro. A su pesar, su participación como mediador circunstancial en el procés es el elemento más comentado de su trayectoria, y el que más irrita a los sectores de la derecha contrarios a cualquier forma de negociación, diálogo o concesión al independentismo, aunque sea para desactivar el procés. Antes del 1-O, medió entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, como él mismo contó meses después en una entrevista en Catalunya Radio. "He hecho lo que he podido. he hablado con unos y con otros en aquellos momentos de tensión. “Rajoy me escuchó muy bien. Y también el señor Puigdemont. Tanto uno como el otro”, afirmó.

No hay ni una sola declaración en la trayectoria del presidente de la CEE que acredite simpatía por la causa independentista, o nacionalista, mucho menos por el procés. A lo máximo que ha llegado ha sido a exponer que le parecía "excesiva" la prisión preventiva a los líderes independentistas. Ni una palabra crítica sobre la sentencia, para la que pidió respeto. Omella se ha significado contra el nacionalismo, al que vincula con el populismo, opuesto al "humanismo cristiano" [ver aquí una entrevista sobre sus ideas en La Vanguardia]. Es más, su posición contrasta con la de un sector del clero catalán mucho más próximo a las tesis nacionalistas, encarnado en figuras como el abad de Montserrat, Josep María Soler, que defiende el llamado "derecho a decidir". Omella jamás ha entrado ahí. Es más, fue recibido con escepticismo por parte del catolicismo catalán, que mantiene en alto la divisa del "volem bisbes catalans", es decir, "queremos obispos catalanes", eslogan católico catalanista desde los 60.

Omella, que se convertirá en el primer arzobispo salido de Cataluña en llegar a la cima de la CEE en sus más de 50 años de historia, no es catalán. Eso sí, conoce Cataluña y su lengua, no en vano se ha criado en Cretas, muy cerca de Tarragona, donde se habla chapurriao o lapao, el catalán hablado en Aragón. Además de catalán, castellano y latín, Omella habla francés e italiano.

Tradicionalismo moral

En el campo moral, Omella no saca los pies del tiesto. Rechaza el aborto incluso en caso de violación, ya que debe prevalecer la "misericordia hacia el ser humano". Si se acepta el poder de decidir sobre la vida de una persona, "se justificaría el terrorismo", afirmó en 2017, declaraciones por las que luego se disculpó. Ha lamentado también que se hable más de las "nuevas familias" que de la "tradicional", que es la "natural".

A pesar de este historial, no puede adscribirse a Omella al sector del alto clero más beligerante contra el feminismo y la diversidad sexual, o al más antiabortista, ya que no tiene el mismo grado de obsesión con el tema ni se expresa sobre el mismo en términos tan apocalípticos como otros, léase Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, o Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares. Además, Omella fue de los obispos que faltó a la manifestación contra el matrimonio gay alentada por Rouco Varela en 2005. No obstante, considera que la "ideología de género" es algo ante lo que la Iglesia no debe "doblegarse". Lo dicho: un aperturista, sí, pero dentro de la Iglesia.

Sus primeras palabras

Hombre de Iglesia, leal a la institución, Omella es lo más parecido que se puede encontrar en la cúpula espñaola a Francisco, cuya posición en la CEE sale reforzada no sólo por la elección del nuevo presidente, sino también por el que será su vicepresidente, Carlos Osoro. No hay más que repasar su currículum para observar cómo Omella ha ascendido con rapidez una vez sentado Francisco en la silla de Pedro. No sólo por su nombramiento como arzobispo de Barcelona (2015) o cardenal (2017). También fue muy significativa su designación como miembro de la Congregación para los Obispos, en 2015. Se trata del organismo vaticano que gestiona el nombramiento de los obispos de todo el mundo. Allí no se suele llegar antes de ser purpurado, como consiguió Omella. Este nombramiento fue interpretado ya inequívocamente: Omella era junto a Osoro el hombre de Francisco en España, país que todavía no ha visitado. Lo hará, ha dicho, "cuando haya paz". ¿Será Omella el presidente que traiga la "paz" a la Iglesia española? Los obispos le han dado la presidencia con 55 de 87 votos. Jesús Sanz, obispo de Oviedo, del sector más conservador, obtuvo 29. Es decir, un tercio de los prelados desconfían del proyecto reformista de Francisco, cuyo hombre en España ya ejerce como presidente.

Tras su elección, compareció este martes junto al presidente saliente, Ricardo Blázquez, para atender a los medios. Quedó claro que los medios no le asustan, pues hasta en la respuesta a las preguntas más peliagudas, como las que atañen a su papel en relación con el Gobierno y el independentismo, tenía espacio para alguna risa. Negó que haya "sectores" en la Iglesia española, aunque sí "sensibilidades". "A pesar de los matices, somos hermanos y nos queremos", afirmó. Citó en varias respuestas a Francisco, especialmente cuando defendió una "Iglesia en apertura". Preguntado sobre la reforma educativa, esquivó toda polémica con una respuesta por elevación, invocando el diálogo. "Privilegios no queremos, pero sí que se nos trate con dignidad y respeto", afirmó. Un clásico del repertorio episcopal. ¿Y su papel ante el diálogo del Gobierno con el independentismo? "En los temas más delicados, hay que buscar siempre los caminos, crear puentes de convivencia y fraternidad. Si hay voluntad de caminar juntos, tenemos que conseguirlo".

Una investigación archivada

El episodio más delicado de la trayectoria de Omella es su papel en la expulsión del sacerdote Miguel Ángel Barco por una presunta paternidad. Aunque judicialmente zanjado, el tema sigue vivo en el entorno episcopal. En la antesala de la asamblea, los obispos recibieron por correo postal un libro anónimo, titulado Complot de poder en la Iglesia española: Barco contra Omella. En defensa propia, que acusa al arzobispo de falsificar documentación durante la tramitación de su expediente. Concretamente, Barco lo acusa de haber ocultado a Roma documentos orientados para su exculpación que puso en poder de Omella. Nunca se ha demostrado tal cosa.

Los hechos han pasado por las manos de la justicia. Barco se querelló contra Omella por falsificación en documento privado, por lo que este fue investigado judicialmente. Omella declaró el 12 de julio de 2019, con su alzacuellos puesto, ante la titular del juzgado de instrucción 10 de Barcelona, Míriam de la Rosa. Un cardenal en sede judicial no es algo que se vea todos los días. Omella negó haber ocultado al Vaticano papeles sobre la paternidad de Barco.

infoLibre preguntó este martes al Tribunal Superior de Justicia de Barcelona por este procedimiento. Respuesta: fue archivado en agosto. El auto de archivo señala que "documentalmente ha quedado acreditado" que Omella envió a Roma los documentos que le entregó Barco. "Omella no tuvo ninguna intervención oficial en el procedimiento canónico que se siguió contra el querellante [...]. Ni lo promovió, ni lo inició, ni participó procesalmente en el mismo ni tomó parte de la decisión última", señala el auto.

Existe una elevada "coincidencia" del informe provisional del Tribunal de Cuentas con las "críticas" de Europa Laica. Lo señala en un comunicado la propia organización que preside Antonio Gómez Movellán, reforzada tras publicar infoLibre las conclusiones iniciales de la fiscalización del órgano supervisor sobre las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia católica. Antes incluso de que el informe sea llevado al pleno de la institución fiscalizadora para su aprobación, Europa Laica apunta contra el fondo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y pide la reforma clave, la que mayor incidencia tendría, la que enterraría el actual statu quo. "Es el momento de que el Gobierno progresista cumpla con las promesas electorales de los partidos que lo componen, proceda a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979 [conocidos coloquialmente como 'Concordato', por ser continuadores del Concordato de 1953] y acabe con este vergonzoso sistema de detraer de nuestros impuestos dinero para una Iglesia que, de forma arrogante, ni siquiera justifica sus gastos, además de contradecir el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado", señala la organización, que hace hincapié "en la desidia de los gobiernos y las administraciones en el control del dinero público cuando se trata de regalárselo a la Iglesia católica".

"El Tribunal de Cuentas", señala Europa Laica, ha comprobado que "la única obligación que tiene la Iglesia de justificar estos ingresos públicos" es a través de la entrega de una "memoria justificativa de gastos" que, en opinión del órgano fiscalizador y en sintonía con lo que Gómez Movellán viene denunciando, "no es tal". La memoria es una "patraña", añade, y sólo debería considerarse "una memoria de actividades". El documento con el que la Conferencia Episcopal da cuenta del destino de los fondos asignados por el Estado "no responde a lo acordado de justificar el gasto de los ingresos tributarios" y el Gobierno debería "exigir una memoria en verdad justificativa con criterios analíticos y de contabilidad, acordados con la Administración del Estado", señala la organización defensora de la separación estricta entre la esfera pública y la religiosa.

Una denuncia continuada

No es extraño que la entidad que preside Gómez Movellán –y que, antes que él, presidió Francisco Delgado– ponga especial énfasis en la memoria que cada año publica la Conferencia Episcopal. Año tras año Europa Laica ha presentado un "contrainforme" [ver aquí el último, con la autoría de Enrique Ruiz del Rosal] poniendo de relieve las omisiones y contradicciones de la supuesta política de "transparencia" de la Conferencia Episcopal. Sin el acceso que el Tribunal de Cuentas ha tenido a la información y con las limitaciones propias de una organización que vive de sus afiliados, Europa Laica ha llegado grosso modo, antes que el Tribunal de Cuentas, a varias conclusiones similares. La diferencia es que Europa Laica lleva su análisis más allá de la casilla de la Iglesia y las exenciones fiscales, para recorrer toda una miríada de subvenciones, ayudas, retribuciones y conciertos por valor de miles de millones de euros de dinero público.

Europa Laica cuestiona todo el caudal de fondos públicos que recibe la Iglesia para multitud de entidades, y que calcula en unos 11.000 millones al año sumando todos los conceptos y metiendo ahí desde el presupuesto de la Fundación Pía de los Santos Lugares, hasta todos los conciertos educativos y sanitarios con organizaciones de la iglesia, pasando por subvenciones a ONG católicas, IRPF, sueldos de profesores de religión y capellanes castrenses, una estimación de las exenciones... La organización que preside Gómez Movellán continuará denunciando todos los espacios de intersección entre las esferas pública y religiosa, pero de momento obtiene una reforzamiento en cuanto a aquellos aspectos en los que se centra el Tribunal de Cuentas.

Responsabilidad del Estado

Más incluso que hacia la Iglesia, Europa Laica apunta el dedo hacia la Administración pública, a la que considera responsable de haber permitido sus privilegios económicos. Por "desidia en el escrutinio", señala la organización en su comunicado, "nunca se ha puesto pega alguna a la memoria y nunca se han formulado objeciones". El tribunal declara, en su informe provisional, que la memoria no permite conocer el destino efectivo de los fondos asignados vía IRPF, lo cual impide saber si llegan a entidades con finalidades económicas. Ello compromete el cumplimiento de la legislación comunitaria y del principio de libre concurrencia. Dicho principio "claramente se violaría", según Europa Laica, en el caso del dinero del superávit destinado a la televisión 13TV.

Dicho superávit, logrado gracias al dinero público ingresado por el Estado vía IRPF, "es atípico ya que no existe ningún acuerdo" que permita obtener beneficios gracias a esta asignación, expone Europa Laica. "El hecho mismo de declarar la existencia de superávits es una señal de que el Estado, a través de la asignación tributaria, da más dinero de lo necesariamente declarado como necesidades de sostenimiento de la Iglesia", añade la organización, que también destaca la alerta sobre la falta de acción del Gobierno para forzar a la Iglesia a "alcanzar la autofinanciación".

También está "en cuestión todo el sistema de exenciones", señala Europa Laica, que destaca la "censura" que el informe provisional hace de la gestión de la Fundación Pluralismo y Convivencia. "Hay un desorden de gestión que hace imposible valorar convenientemente el cumplimiento de los objetivos pretendidos con estas subvenciones [a las confesiones minoritarias], en parte por la incapacidad de estas entidades religiosas, evangélicas, judías o musulmanas, de cumplir con las obligaciones que requieren la recepción de subvencione públicas", señala. Y añade: "El Tribunal de Cuentas, visto el desorden en la concesión de estas subvenciones, recomienda que se establezcan nominativamente en el Presupuesto del Estado, recomendación que Europa Laica, obviamente, no comparte".

Aviso de la casilla de la Iglesia

Aparte de pedir la supresión de la casilla de la Iglesia, algo que lógicamente no puede hacerse de un día para otro –de hecho, es poco probable que el Gobierno abra ese melón, que no está en ningún programa electoral–, Europa Laica sí solicitó medidas inmediatas a la Agencia Tributaria para garantizar su neutralidad en el proceso de presentación de declaraciones de la renta. La aplicación informática de la Agencia Tributaria para la declaración anual del IRPF "introduce en los pasos finales un aviso de alerta en caso que el/la contribuyente no haya señalado ninguna de las dos casillas de asignación tributaria, incitando con ello a dudar de que se trate de un dato obligatorio que debe cumplimentar", señala Europa Laica. A juicio de la organización, esto supone una "actitud proactiva a favor de dar un paso atrás en la declaración para señalar cualquiera de ellas o ambas [la de la Iglesia, la de fines sociales o las dos], siendo así que en tal aviso ni siquiera se informa del derecho que asiste a no marcar ninguna de estas casillas".

Europa Laica cree que se produce una "inicitación" a marcar la casilla de la Iglesia, a pesar de que la orden por la que se regulan los modelos de declaración "no incluye ninguna referencia a que dichas casillas deban tener un tratamiento equivalente a los datos obligatorios para la declaración de dicho impuesto"."No se entiende, por tanto, a qué motivos obedece ese aviso paraconfesional de la Agencia Tributaria", añade, por lo que insta a la Agencia Tributaria a retirar del programa informático de la declaración del IRPF, a partir de este mismo ejercicio, el aviso de alerta que aparece cuando no se ha marcado ninguna de las casillas de asignación tributaria.

El programa con el que Pedro Sánchez se presentó a las últimas elecciones, en un contexto muy diferente al de hoy —con el PSOE en la oposición, obligado a pelear por el liderazgo de la izquierda frente a Unidos Podemos, al que algunas encuestas situaban en situación de superar a los socialistas, y sin que los partidos independentistas hubiesen llevado a cabo la declaración unilateral de independencia de Cataluña— incluía un amplio apartado sobre la reforma federal de la Constitución.

Los socialistas promovían entonces “un nuevo pacto territorial para una sociedad plural” a partir de una reforma de “la estructura territorial del Estado con los principios y técnicas del federalismo”. Entre otras medidas, el PSOE defendía “incluir en la Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre” e “incorporar la referencia a la autonomía de las ciudades de Ceuta y Melilla”; mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España con el objetivo de “establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios de las respectivas comunidades”, así como reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara territorial. Esta última medida se ha modulado y ahora se limita a proponer que la Cámara alta se convierta “en un lugar de encuentro de las comunidades autónomas con el Gobierno de España y de éstas entre sí, para que contribuya de manera más eficaz al funcionamiento integrado del modelo territorial”.

Del programa de 2016 en materia territorial apenas sobreviven dos propuestas: racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial, incluyendo la delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en las competencias compartidas y enunciando de manera precisa los títulos competenciales de carácter horizontal del Estado, y el reconocimiento en los Estatutos de autonomía de las “singularidades”.

Aunque donde el programa de 2016 hablaba de “las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos; insularidad; ultraperificidad; organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil”, el de 2019 se limita a proponer “una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”.

En el programa de estas elecciones sí se mantiene la idea de que las reglas fundamentales de la financiación autonómica pasen a formar parte de la Constitución. La principal diferencia es que ahora los socialistas hacen una referencia poco precisa: proponen incluir en la Carta Magna “las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos”, establecer “la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial” y “garantizar la participación de los territorios en la concreción del modelo a través de una configuración distinta del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.

Hace tres años el PSOE enumeraba los principios que debían regir la regulación estable de la financiación autonómica en la Constitución: de “certeza, estabilidad, y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial”. La nivelación financiera debía reconocer “niveles similares de servicios públicos” y “el alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales”, de manera que “la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye, impulsando asimismo la convergencia de renta y riqueza entre las Comunidades que permita garantizar el principio de igualdad”.

Sin propuestas sobre la Iglesia Católica

Los socialistas proponían, hace sólo tres años, “denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede” —el Concordato que rige las relaciones con el Vaticano— y “reclamar la titularidad del dominio de derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad a su favor del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento”. Ninguna de las dos medidas está ya en el programa del PSOE para las generales.

También se ha caído del nuevo programa electoral del PSOE la idea de transformar los lugares de culto situados en centros públicos en sitios “de oración multiconfesionales”, así como “establecer un nuevo y renovado marco legislativo que vele por el buen uso y correcto funcionamiento de aquellos bienes inmuebles de interés cultural pertenecientes a la iglesia católica o a otras instituciones, y que establezca mecanismos que eviten que los inmuebles lleguen a encontrarse en situación de abandono”.

La propuesta con la que el PSOE de Pedro Sánchez se presentó a las elecciones en junio de 2016 promovía, en sintonía con el artículo 16 de la Constitución, evitar “cualquier tipo de confusión entre funciones públicas y religiosas en todo lo referente a actos institucionales, símbolos y espacios públicos”. Apostaba por la “autofinanciación de las confesiones religiosas” mediante “la contribución activa y voluntaria de las personas afines a sus iglesias” y consideraba que “el sistema de asignación tributaria actual” no era “aceptable, debiendo de ser suprimido en aplicación del principio de laicidad”.

Los socialistas también defendían “una escuela pública laica y gratuita como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas” y una escuela pública en la que no cupiese “la integración, ni en el currículo ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales”. Sólo admitía “la incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en términos de integración y convivencia, como parte de nuestro patrimonio cultural y para evitar, por ignorancia, los riesgos de los fundamentalismos”. Ambas propuestas ya no forman parte de la oferta electoral del PSOE.

Del programa también ha desaparecido la propuesta de suprimir de la Constitución la actual referencia a la Iglesia Católica y establecer “el sometimiento de los representantes de los poderes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones”.

La promesa de aprobar una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia, que estableciese un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas, ha sido sustituida por una simple Ley de Libertad de Conciencia sobre la que el PSOE no ha ofrecido ningún detalle.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha solicitado al Gobierno información sobre la gestión del Valle de los Caídos, que ha calificado de "cortina de humo" por no tomar las medidas necesarias, en opinión del senador, para aplicar la Ley de Memoria Histórica. La presidencia explica así que, de momento, no eliminará el concordato ni cambiará a los benedictinos como gestores de la Abadía.

En concreto, Mulet había preguntado si el Ejecutivo piensa derogar el Concordato, así como la supresión del decreto ley que establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por haber sido aprobado durante la dictadura (en 1957) o si el Gobierno considera el cambio de orden religiosa tras "la actitud del prior" que ha obstruido el proceso de exhumación del dictador Francisco Franco.

El senador afirma que con las respuestas del Gobierno –que sostiene que "actualmente no existe ninguna previsión respecto a la cuestión que plantea"– se demuestra "cómo usa la polémica como cortina de humo". 

La familia Martínez-Bordiú Franco ha presentado este martes su escrito de alegaciones finales en el procedimiento puesto en marcha por el Gobierno para exhumar los restos de su abuelo, Francisco Franco, del Valle de los Caídos, han informado fuentes del entorno de la familia. Informa Europa Press.

El mismo día en que vencía el plazo para alegar, la familia Franco, por medio de su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, argumenta en un escrito de 55 páginas las "múltiples irregularidades" que ha detectado en los trámites para proceder a la exhumación, que llegan a calificar de "farsa administrativa" para dar cobertura legal a una decisión tomada de antemano por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en junio pasado. El escrito de alegaciones dedica especial atención a poner en evidencia el informe redactado por la Delegación del Gobierno de Madrid sobre los supuestos problemas de seguridad que desaconsejan una eventual reinhumación de los restos de Franco en la Cripta de la Catedral de la Almudena.

Citando a "expertos consultados en materia de seguridad", la familia advierte de que estos han concluido que los riesgos de llevar los restos a la cripta de La Almudena, como querría la familia en caso de que la exhumación se ejecute, son reducidos, avanzan las fuentes consultadas. Así lo aseguran, en primer lugar, porque la zona en la que se ubica la cripta es de por sí "altamente segura" debido a la elevada presencia de fuerzas de seguridad del Estado, medidas de control antiterrorista y restricciones que se aplican en ella como consecuencia de que la catedral de La Almudena linda con el Palacio Real, una de las sedes utilizada por la jefatura del Estado para actos institucionales y parada obligada de visitas turísticas.

Tendría menos afluencia que un partido de fútbol 

Pero la familia cuestiona también los supuestos riesgos que entraña la cripta de La Almudena como lugar alternativo para albergar los restos de Franco "por no ser objetivo del terrorismo islámico, única amenaza terrorista considerada en la actualidad" y porque no se prevé una afluencia masiva de visitantes a la cripta una vez que los restos de Franco recalasen allí. Como máximo habría unas 1.000 visitas diarias, estiman. Y esta cifra dista mucho de la afluencia de personas que generan otros grandes eventos que se celebran en la capital, como los partidos de fútbol que concentran a 100.000 personas en el centro de Madrid durante tres horas, o las visitas que recibe el Museo del Prado, con casi 3 millones de visitantes anuales, se argumenta en el escrito de alegaciones.

Además, la familia considera "despreciable" el riesgo de disturbios de orden público de carácter ideológico que podría provocar el traslado de los restos de Franco a La Almudena. Citan, en este sentido, el precedente de la reciente manifestación convocada por Unidos Podemos, UGT y CC.OO contra el traslado de los restos a la Almudena que apenas congregó a 200 personas. El escrito denuncia asimismo la doble violación de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa que constituyen, a su juicio, tanto la exhumación de los restos mortales en contra de la voluntad de la familia, como la injerencia del Gobierno en el ejercicio del derecho de la familia a decidir el destino de tales restos en caso de que se procediera a la exhumación.

La familia hace referencia en este punto a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el caso Solska y Rybicka contra Polonia, en la que se condenó al Gobierno polaco por realizar una exhumación de restos mortales en contra de la voluntad de los familiares y sin dar a estos la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional para invocar la violación de sus derechos humanos. En este sentido, los nietos de Franco se hacen eco de la advertencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su auto de 17 de diciembre pasado con respecto a que el eventual acuerdo de exhumación, recurrible ante dicha Sala, no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y la Sala se haya pronunciado al respecto.

Los nietos de Franco denuncian también que el Gobierno no tiene jurisdicción alguna para acordar la exhumación, dado que en su acuerdo del 8 de noviembre por el que abrió el procedimiento para la exhumación reconoce de manera expresa el carácter inviolable de la Basílica del Valle de los Caídos, circunstancia que emana del Tratado entre España y la Santa Sede.

El desacuerdo del prior de la Basílica: un argumento para la familia Franco

A esto se une la expresa denegación por la autoridad eclesiástica competente -el Prior Administrador de la Abadía- para permitir el acceso a la Basílica a los técnicos que designe el Gobierno para llevar a cabo la exhumación. Otro de los elementos que, a juicio de la familia, prueba el carácter "fraudulento" del procedimiento tiene que ver con el hecho de que se dirija única y exclusivamente a la exhumación de Franco cuando el decreto ley que da cobertura legal a esta acción aparentemente se aplica a todos los cadáveres inhumados en el Valle de los Caídos que no cumplen los requisitos del artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica, es decir, que no fallecieron como consecuencia de la guerra civil española.

La familia se pregunta por qué tiene que "soportar el dolor, la humillación y la afrenta de ver desenterrado a su abuelo, con evidente intención de agraviar su imagen y recuerdo, antes que el resto de familias que tienen a parientes en la misma situación". Las alegaciones se completan con el cuestionamiento de que el proyecto del Gobierno cumpla la legalidad urbanística y con la denuncia de que la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid incumple la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria por haber obviado la condición de cadáver embalsamado que, a juicio de la familia, tienen los restos de Franco.

Solicita declarar improcedente la exhumación

Por todo ello, la familia solicita declarar improcedente la exhumación de su abuelo. Y sólo para el hipotético caso de que se estimase procedente la exhumación, exigen que se les haga entrega de los restos para reinhumarlos en la sepultura que tienen en propiedad en la Cripta de la Catedral de Santa María de la Almudena de Madrid.

Aunque el Gobierno está obligado a permitir que la familia presente sus alegaciones, también puede no tenerlas en cuenta, por lo que en las próximas semanas el Consejo de Ministros puede aprobar la orden definitiva de exhumación del dictador. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha advertido al Gobierno de que no podrá ejecutar la exhumación sin que previamente las partes interesadas hayan podido recurrir ese acuerdo definitivo del Consejo de Ministros y la Sala se haya pronunciado al respecto.

La mera decisión de la familia de recurrir esa decisión impediría al Ejecutivo de Pedro Sánchez ejecutar la exhumación al menos por unos meses más, ya que las partes personadas -además de la familia Franco están la Fundación Francisco Franco y la comunidad benedictina que custodia la basílica del Valle de los Caídos- cuentan con un plazo de dos meses para recurrir la orden definitiva de exhumación. Así, si decidiesen agotar el plazo, los restos de Franco en ningún caso podrían abandonar el Valle antes de abril.

Una nueva oportunidad. La decisión del Gobierno de reformar la Ley de la Memoria Histórica de 2007 para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y su tramitación como proyecto legislativo ha abierto la puerta, en opinión de Izquierda Unida, a corregir todo lo que aquella norma dejó sin resolver. La formación de Alberto Garzón ha presentado, a través del grupo parlamentario de Unidos Podemos, del que forma parte, un conjunto de enmiendas que no sólo impulsan la exhumación de las fosas comunes sino que pretende anular parcialmente la ley de Amnistía de 1977 —fundamento legal de la impunidad de los crímenes franquistas— e incluso poner fin al Concordato que la dictadura firmó con el Vaticano en 1957 —ratificado en plena Transición en 1976 y 1979— y que hoy, 43 años después de la muerte de Franco, continúa en vigor.

La primera medida trata de solucionar una anomalía del ordenamiento jurídico español: su resiste a a abrazar el Derecho Internacional, que desde la aprobación de los Principios de Nüremberg en 1946 prohíbe la amnistía de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Y que incumple la Convención sobre Genocidio de 1948, que obliga a perseguir este crimen en todos los casos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad de 1970.

Las enmiendas de IU pretenden excluir de la amnistía de 1977 los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con el argumento de que nunca debieron ser interpretados por los tribunales como “una amnistía respecto a crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos por funcionarios públicos”. De acuerdo con el Derecho Internacional, subraya IU, los llamados crímenes internacionales o contra la humanidad “son inamnistiables e imprescriptibles”.

Esta modificación, razona el grupo político de Alberto Garzón, pretende “despejar el camino a las peticiones de investigación, persecución y reparación de los crímenes del franquismo que sistemáticamente quedan frustradas en los tribunales por la aplicación de la Ley de Amnistía”.

Para hacer posible “la efectiva investigación judicial y enjuiciamiento de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra”, una de las enmiendas presentadas trata de asegurar que las disposiciones contenidas en dicha ley no impidan que los Juzgados y Tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad y delitos de guerra”, como ocurre en la realidad.

IU también quiere aprovechar el trámite de la reforma para afrontar un asunto pendiente desde la Transición al que el PSOE en los últimos años también quiso sumarse, al menos antes de que Pedro Sánchez se hiciese con la Presidencia del Gobierno: la vigencia del Concordato que regula las relaciones entre España y la Santa Sede. “España no puede permitirse por más tiempo tener en vigor un acuerdo cuyo origen está en aquel firmado por una sanguinaria dictadura militar con el Estado del Vaticano”, razonan los autores de la enmienda, una época en la “que el poder de la dictadura franquista era casi absoluto y la población española era sometida a un yugo intolerante y excluyente con otras creencias religiosas o hacia los pensamientos agnósticos o ateos de parte de la sociedad”.

Colaboradores del fascismo

En opinión del grupo de Unidos Podemos, no “puede permitirse mantener en la actualidad unos acuerdos que suponen beneficios y privilegios para la Iglesia católica en un Estado oficialmente aconfesional”, especialmente cuando esta institución religiosa fue “eficaz colaboradora del bando que se sublevó contra la Segunda República y de la posterior dictadura franquista, en especial por parte de los estamentos eclesiásticos mejor posicionados jerárquicamente”.

Las enmiendas, además de derogar el Concordato, comprometen al Gobierno a impulsar, en el plazo de un año, “un acuerdo bilateral entre ambos Estados basado en los principios de laicidad e igualdad entre mujeres y hombres”.

Ley de Amnistía y relaciones con la Iglesia son los dos asuntos más controvertidos de las propuestas de Unidos Podemos, pero no agotan sus propuestas. Las enmiendas presentadas apuestan por la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y proponen su traslado a “un lugar privado”, sin acceso público y que no pueda ser usado para homenajear su figura o enaltecer su régimen dictatorial. Y añade una previsión más: si la familia se niega a señalar un lugar de estas características, será el Gobierno quien decida.

Unidos Podemos también ha registrado enmiendas destinadas a resolver la cuestión de la propiedad del Pazo de Meirás, que sigue en manos de los herederos del dictador, entregando el edificio y la finca en la que está ubicado en el municipio coruñés de Sada al patrimonio del Estado. Propone también llevar a cabo la resignificación del Valle de los Caídos —una tarea que incluiría la demolición de la ‘cruz espada’ que corona el mausoleo fascista— y la prohibición de cualquier organización que justifique o enaltezca la dictadura o a sus dirigentes, como la Fundación Francisco Franco.

Las propuestas de modificación que el grupo parlamentario liderado por Pablo Iglesias defenderá en el Congreso incluyen también otros asuntos también importantes: la condena expresa del golpe de Estado del 18 de julio y de la dictadura franquista, la obligación de las autoridades políticas y judiciales de exhumar las fosas e investigar las desapariciones durante la guerra y el franquismo, la anulación de las sentencias y los consejos de guerra, al creación de un Instituto de Memoria Democrática y una Fiscalía especial sobre desapariciones y el endurecimiento de las medidas ya previstas para la retirada de símbolos de la dictadura.

La reforma educativa que el PP aprobó en solitario en 2013 colocó la asignatura de Religión en el bloque de las llamadas específicas, cuyos horarios son fijados por las comunidades y no por el Ministerio de Educación, como ocurre con las troncales y donde estaba situada hasta entonces. Eso provocó que algunas autonomías, en el ejercicio de sus competencias, redujeran la carga horaria de la materia, lo que llevó a los obispos a emprender una ofensiva judicial que ya ha llegado al Tribunal Supremo.  

En dos sentencias que se hicieron públicas este viernes, el alto tribunal avala la reducción del horario de la asignatura de Religión en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los fallos se refieren al caso de la Junta de Extremadura (PSOE), que decidió en 2016 que la materia confesional pasara de tener dos horas semanales a una en el primer curso de la ESO, lo que según los obispos y la Asociación de Padres Extremeños (Apadex), que llevaron esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), suponía un "trato discriminatorio". Ese órgano judicial les dio la razón al apreciar que era una medida "desproporcionada". 

El Supremo, sin embargo, respalda ahora a la Junta. Los jueces de ese tribunal no consideran que una hora a la semana sea una carga lectiva "irrelevante" y subrayan que "no se ha demostrado que en ese tiempo sea imposible desarrollar un programa didáctico coherente y completo de enseñanza de la Religión católica que, al fin y al cabo, es de lo que se discute". En este sentido, explican que no se trata de si una asignatura o materia se enseña durante más o menos horas sino de si las que se le asignan en la programación o en el currículo escolar son las necesarias para impartirla adecuadamente. 

Los fallos recuerdan que la distribución horaria de la materia de Religión en la ESO en Extremadura es similar a la que se le asigna en esa misma etapa en Ceuta y Melilla, los únicos territorios sobre los que el Ministerio de Educación mantiene la competencia. "Si la Administración educativa estatal, en cuyas manos están los principales resortes en materia de enseñanza, ha considerado suficiente esa carga horaria es porque permite o es suficiente para desarrollar adecuadamente la educación religiosa", señalan los jueces.

Bachillerato  

El Supremo tampoco da la razón a los obispos y el colectivo Apadex en la impugnación del tratamiento que se le da a la asignatura de Religión en el primer curso de Bachillerato, donde está incluida en el bloque de específicas y libre configuración autonómica del que los alumnos deben cursar seis horas lectivas en la combinación de 4+2 o 4+1+1. La materia confesional y la de Ética y Ciudadanía son las únicas con una carga de una hora semanal, lo que obliga a los alumnos que la eligen a cursar tres asignaturas para llegar a la seis horas semanales si optan también por Ética y Ciudadanía o a hacer una hora más si optan por otra materia de dos horas. 

Al respecto, los magistrados del Supremo dicen que "no parece excesivo seguir tres asignaturas en vez de dos si la carga horaria es la misma" y tampoco ven "incompatibilidad en que quienes opten por la Religión estudien también Ética y Ciudadanía, ni que los que hayan preferido ésta conozcan los fundamentos de la Religión". 

Por otro lado, los fallos también se refieren a cómo queda la materia confesional en segundo de Bachillerato, donde no su oferta no es obligatoria en Extremadura, algo también cuestionado por los obispos y por Apadex. El Supremo recuerda que, para este curso, la regulación estatal incluye la Religión entre las asignaturas específicas dentro de las que los alumnos han de elegir un mínimo de dos y un máximo de tres, si bien también subraya que "esa elección de los alumnos estará en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa de los centros docentes".

Así, la sentencia explica que si se quiere entender esa funcionalidad en el sentido de que permite prescindir de la Religión entre las asignaturas que son objeto de elección, deberá explicarse por qué. "Es decir, habrá que explicar que las características de esa regulación y programación son de tal naturaleza que justifican la ausencia de Religión entre las asignaturas específicas dentro de las que los alumnos de segundo curso de Bachillerato han de efectuar su elección". Y, respecto al caso de Extremadura, concluyen que no han encontrado tal justificación. 

Otras autonomías 

Los citados fallos pueden marcar la senda de las futuras decisiones que pueda tomar el Tribunal Supremo, que decidirá próximamente sobre la distribución de la materia confesional en Aragón, donde el actual Gobierno regional (PSOE-Chunta) decidió reducir al 50% la carga horaria de Religión en primero de la ESO (a una hora) y en primaria (a 45 minutos). El Ejecutivo también sacó la Religión del horario lectivo en el segundo curso de Bachillerato. Todas estas medidas fueron recurridas por los obispos al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que aceptó las medidas cautelares solicitadas hasta que se pronuncie el Supremo.

Fuentes de la Consejería de Educación aragonesa explican que, ahora mismo, en primero de la ESO únicamente se imparte una hora semanal de Religión y apuntan que el tema no está judicializado. Por el contrario, en primaria la asignatura sigue teniendo una carga lectiva de hora y media, a la espera de que el Tribunal Supremo tome una decisión sobre la reducción a 45 minutos que pretende el Gobierno aragonés.

Además, los obispos también han presentado recursos contencioso-administrativos contra el recorte del número de horas de clases de Religión que han llevado los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Asturias y Baleares. 

La Iglesia católica ha recibido 2.491 millones de euros del Estado en los últimos diez años a través del IRPF. Esa cantidad –que ha supuesto alrededor de 250 millones anuales– sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta a Hacienda el 100%. Por tanto, sea cual sea la decisión de cada contribuyente, no se modifica la cuantía final del impuesto que paga o de la devolución a la que tenga derecho, subraya la Agencia Tributaria.

Los cuatro acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede –firmados en Roma un mes después del referéndum constitucional de 1978 y, por tanto, negociados entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano antes de la aprobación de la Constitución– permiten a la Iglesia católica mantener todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos económicos, educativos y jurídicos. Dichos textos también regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos.

El acuerdo económico, firmado el 3 de enero de 1979, regula varias cuestiones esenciales. Entre ellas, la colaboración financiera entre ambas instituciones. A pesar de que la Iglesia católica "declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades", el articulado de este acuerdo también consagra la ayuda económica directa del Estado español a la Iglesia como la única manera viable de posibilitar su sostenimiento económico. Textualmente establece que "el Estado se compromete a colaborar en el sostén financiero de la Iglesia en el respeto absoluto del principio de libertad religiosa" a través de una "dotación" en los Presupuestos Generales del Estado.

Más de 39 años después de la aprobación del acuerdo económico, esa pretendida autofinanciación sigue siendo una utopía. De hecho, la ley de presupuestos para el año 2007 estableció con carácter "indefinido" que el Estado destinará al sostenimiento de la Iglesia católica el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido. Esta norma también actualizó el coeficiente que recibe el episcopado de los fieles que marcan la casilla, que hasta entonces era del 0,52%. 

El contenido de dicha ley es fruto del acuerdo al que había llegado en septiembre de 2006 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la Conferencia Episcopal para modificar el modelo de financiación de la Iglesia. Esas negociaciones estuvieron motivadas por una exigencia de la UE, que llevaba tiempo cuestionando que la jerarquía católica española no estuviera sujeta al pago del IVA en las operaciones comerciales (compras de bienes muebles e inmuebles, por ejemplo), lo que suponía una vulneración de la normativa de armonización fiscal. De hecho, la Comisión Europea inició un procedimiento para denunciar esta cuestión ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio se produjo antes de que llegara la respuesta de la Justicia.

Pues bien, a cambio de que la Iglesia accediera a pagar el IVA en las operaciones comerciales, el Ejecutivo aceptó elevar al 0,7% el porcentaje de la cuota íntegra que los fieles pueden aportar a la Iglesia. Los obispos pedían el 0,8%. El Gobierno aseguró entonces que, de esta manera, se acabarían las aportaciones extra que vía presupuestos se venían otorgando a la Iglesia para compensar la disminución progresiva de la aportación de sus fieles a través de la declaración de la renta. Y así ha sido. Aunque también es cierto que, tras este cambio, la Iglesia pasó de recaudar alrededor de 150 millones de euros anuales a través de este mecanismo de asignación tributaria a una media de 250 millones.

256 millones en 2016 

Precisamente este martes la Conferencia Episcopal dio a conocer los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia católica en la declaración de la renta de 2017, correspondiente a la actividad económica desarrollada en 2016. La recaudación alcanzó los 256,21 millones de euros, la más alta desde que se elevó el porcentaje de la cuota íntegra que pueden aportar los fieles desde hace una década. Esa cifra supone un aumento de siete millones de euros respecto al ejercicio anterior, cuando fue de 249,16 millones de euros. En porcentaje, el aumento es del 2,8%. 

Durante el ejercicio pasado, sin embargo, se produjo una caída en el número de contribuyentes que marcaron la X a favor de la Iglesia: de 7.347.982 a 7.112.844, un 33,5%% del total. Un descenso de 235.138, un 3,2% menos. Las comunidades autónomas donde más se marcó esta casilla, con porcentajes superiores al 40%, fueron: Castilla-La Mancha (45,94%), La Rioja (45,37%), Murcia (43,96%), Castilla y León (43,26%) y Extremadura (43,26%). Y en las que menos Cataluña (19,21%), Galicia (26,19%), Baleares (29,20%) y Canarias (27,13%). 

La cifra de declarantes que se mostraron a favor de sufragar con dinero público a la jerarquía católica fue en 2016 la segunda más baja desde que se elevó el porcentaje al 0,7%. En la declaración de la renta de 2007, los contribuyentes que marcaron la casilla fueron 6.958.012. Según explicó este martes en rueda de prensa el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, el aumento de la cantidad recibida por la Iglesia se debe a la evolución de la situación económica, con un aumento significativo tanto del número de contribuyentes que realizan la declaración como de la renta declarada.

El incremento de la recaudación por parte de los obispos a pesar del descenso del número de contribuyentes se explica porque la cuota íntegra (el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base liquidable) de los fieles que están a favor de subvencionar a la jerarquía católica es mayor. De hecho, en las rentas declaradas superiores a 30.000 euros, el número de declaraciones a favor de la Iglesia se incrementó en 23.672. Por otro lado, 600.000 nuevos declarantes optaron por no marcar la casilla.

Por comunidades autónomas, en 13 de las 17 se incrementó el importe recaudado. Destaca especialmente el caso de Navarra, donde hubo un incremento porcentual del 35,2%, al pasar de 4,7 millones de euros de recaudación a 6,4. Y eso a pesar de que las declaraciones a favor de la Iglesia se redujeron un 1,6%. Le siguen Baleares, con un aumento del 5,4% (+279.247 euros); Canarias (+5% y 326.435 euros más); y Cataluña (+4,7% y 1,4 millones de euros más). En contraposición, la recaudación cayó en Aragón (-1,9%), Asturias (-1,6%), Extremadura (-0,7%) y Castilla y León (-0,5%). 

Por primera vez en la historia y a instancias del Congreso, el programa de actuaciones del Tribunal de Cuentas para 2018 incluye la fiscalización de la Iglesia católica, lo que aumentará el control sobre el destino de los fondos entregados a través de la casilla del IRPF. Actualmente, los obispos presentan únicamente una memoria que carece de la profundidad necesaria como para hacer una inspección precisa.

La organización Europa Laica ha convocado una concentración a las 12.00 horas del próximo jueves día 14 frente al Congreso de los Diputados para reclamar una escuela pública laica y exigir la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede.

En el marco de la concentración, que tendrá lugar a mediodía en la Plaza de las Cortes, esta organización hará entrega en la Cámara Baja de las miles de firmas recogidas dentro de la campaña Por la Denuncia y Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y otras confesiones religiosasPor la Denuncia y Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y otras confesiones religiosas, que cuenta con el apoyo de más de 60 colectivos y organizaciones sociales.

Además de las firmas, se demandará a todos los grupos parlamentarios un apoyo explícito a esta demanda, con el objetivo de obligar al Gobierno a derogar los Acuerdos con la Santa Sede firmados por el Estado español en 1976 y 1979, en continuidad y actualización del Concordato de 1953.

Según Europa Laica, estos acuerdos atentan contra el principio democrático de la separación entre Iglesia y Estado y amparan legalmente la financiación de la Iglesia Católica con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo.

La organización apelará de manera particular a los miembros de la Comisión de Educación para que, en el marco de ese compromiso por alcanzar un pacto educativo, apuesten por una nueva ley educativa, "estable y democrática", que garantice una educación pública laica.

"En modo alguno cabe esperar que una nueva ley educativa de carácter democrático pueda garantizar la laicidad exigida del marco escolar para el respeto al derecho y formación de la libre conciencia del alumnado, de mantenerse la vigencia de dichos Acuerdos y los posteriormente firmados con otras confesiones religiosas", alega Europa Laica.

La campaña cuenta con el apoyo de más de 60 asociaciones y entidades, así como con multitud de diputados, concejales, profesores y personalidades del mundo de la cultura.

Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a anular los acuerdos entre España y la Santa Sede firmados en 1979 para "acabar con los actuales privilegios de la Iglesia en todo el Estado" en el marco fiscal y educativo, informa Europa Press.

Esta iniciativa, firmada por la portavoz de En Marea y diputada de IU, Yolanda Díaz, señala que la realidad constitucional española afirma su estado aconfesional o de neutralidad religiosa, por lo que "lo razonable" sería que "no haya privilegios que favorezcan a una determinada confesión religiosa en el espacio público".

"Sobre todo cuando estos privilegios suponen una carga onerosa para las administraciones públicas de un Estado, o lo que es lo mismo, para el conjunto de la ciudadanía con independencia de nuestras convicciones éticas o religiosas", apunta el texto registrado.

Un "paraíso fiscal"

Unidos Podemos denuncia que la Santa Sede, aunque ha ido perdiendo concesiones en los últimos años, aún mantiene privilegios políticos que tuvo en la dictadura, como reservarse el magisterio moral, financiarse en buena parte con fondos públicos, obtener apoyo estatal para conservar el patrimonio histórico y artístico, retener a los ciudadanos bautizados en un privado censo administrativo o disfrutar de un régimen de exención de impuestos, "propio de un paraíso fiscal".

El acuerdo entre España y la Santa Sede comenzó con el Concordato de 1953 durante la dictadura, para luego ser sustituido en 1979 por el acuerdo que firman el cardenal Villot y el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja. En este documento, según apunta la formación morada, ambas partes negociaron cuatro puntos relacionados con los asuntos jurídicos, la enseñanza y los asuntos culturales, la asistencia religiosa y los asuntos económicos.

Los cuatro acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede –firmados en Roma un mes después del referéndum constitucional de 1978 y, por tanto, negociados entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano antes de la aprobación de la Constitución– permiten a la Iglesia católica mantener todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos económicos, educativos y jurídicos. Dichos textos también regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos. 

Estos pactos, que fueron ratificados por el pleno del Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 1979, fueron precedidos de otro acuerdo preliminar, firmado el 28 de julio de 1976, por el que el rey Juan Carlos I renunció al privilegio de la presentación de obispos y la Iglesia prescindió del fuero jurisdiccional especial para los clérigos. En este último acuerdo –preconstitucional, pues se firmó dos años de la aprobación de la Carta Magna– se manifestaba la intención compartida de crear los cuatro posteriores. 

Los acuerdos, que parten de la reforma, que no derogación, del Concordato nacionalcatólico de 1953, tienen naturaleza concordataria y, en consecuencia, son considerados un tratado internacional. Esto implica que el legislador español, al regular las cuestiones que recogen, debe respetar su contenido y no puede modificar lo establecido en su articulado. Conviene recordar que, salvo alguna excepción, los citados pactos han sobrevivido indemnes al paso de gobiernos de uno y otro color.

De hecho, aunque la disputa religiosa vuelve de vez en cuando, los cambios de calado se siguen haciendo esperar. Precisamente este miércoles el secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, dijo que "hay que denunciar" los "obsoletos" acuerdos con el Vaticano porque "no tienen parangón en ningún estado europeo". Aunque los socialistas suelen abrazar la laicidad en sus programas electorales, no han llevado a la práctica esas propuestas cuando han estado en la Moncloa. 

infoLibre resume a continuación qué cuestiones se incluyen en estos acuerdos y qué privilegios entrañan. No obstante, hay que tener en cuenta que parte de las prerrogativas o de la situación preeminente de la que sigue gozando la Iglesia católica en España en la actualidad deriva del acatamiento a la interpretación que la jerarquía eclesiástica ha hecho de esos tratados, que en ocasiones va más allá del escrupuloso respeto a su literalidad.

Financiación y fiscalidad

El acuerdo económico, firmado el 3 de enero de 1979, regula varias cuestiones esenciales. Entre ellas, la colaboración financiera entre ambas instituciones. A pesar de que la Iglesia Católica "declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades", el articulado de este acuerdo también consagra la ayuda económica directa del Estado español a la Iglesia como la única manera viable de posibilitar su sostenimiento económico. Textualmente establece que "el Estado se compromete a colaborar en el sostén financiero de la Iglesia en el respeto absoluto del principio de libertad religiosa" a través de una "dotación" en los Presupuestos Generales del Estado. 

Más de 38 años después de la aprobación de este texto, esa pretendida autofinanciación sigue siendo una utopía. De hecho, ese mecanismo transitorio de asignación tributaria se actualizó en 2007, cuando el coeficiente del IRPF que recibe el episcopado de sus fieles se elevó del 0,52 al 0,7%. Esa cantidad –que supone alrededor de 250 millones de euros anuales– sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta a Hacienda el 100%. 

Otra cuestión esencial recogida en este acuerdo es la relativa a los beneficios fiscales de la Iglesia. Establece la "exención total y permanente" de impuestos como la contribución urbana (IBI); rentas y patrimonios; sucesión, donaciones y transmisiones patrimoniales; contribuciones especiales; tasa de equivalencia... "siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad".

Sobre el papel, estas exenciones no alcanzan, por tanto, "los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas". Sin embargo, la interpretación que en instancias judiciales se está realizando de la ley de mecenazgo está dando la posibilidad a la Iglesia católica de librarse también de algunos de estos impuestos incluso cuando en los inmuebles se realiza una actividad económica. Precisamente una sentencia del tribunal de la UE dictada este martes abre una vía para acabar con esta práctica y que la Iglesia sí pague impuestos cuando actúa como "empresa". 

Hasta 2006 la Iglesia no estuvo sujeta al pago del IVA en la compra de objetos destinados al culto. Este privilegio se resolvió para cumplir con una airada exigencia de la UE, que llevaba tiempo reclamándolo porque suponía una vulneración de la normativa de armonización fiscal. La Comisión Europea llegó a iniciar un procedimiento para denunciarlo ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio se produjo antes de que llegara la respuesta de la Justicia. No obstante, a cambio de esta modificación el Gobierno socialista de Zapatero incrementó el porcentaje del IRPF que recibe el episcopado de sus fieles. 

Enseñanza y patrimonio 

El acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, también suscrito el 3 de enero de 1979, acabó con el modelo del Concordato de 1953, que garantizaba a la jerarquía católica poder disponer de un sistema docente que en la práctica escapaba de todo control público. No obstante, la Iglesia mantuvo importantes ventajas en materia educativa. Por ejemplo, este tratado protege el mantenimiento de los colegios religiosos, así como la creación de nuevos centros ligados a instituciones católicas, tanto no universitarios como de educación superior.

También decretó la oferta obligatoria de la asignatura de religión católica "en todos los centros de educación" para todos los niveles educativos desde la educación infantil hasta el actual 1º de Bachillerato. Eso sí, esa materia pasó a tener "carácter voluntario" para los alumnos, pues con el Concordato era obligatoria. El acuerdo también reservó a los obispos el derecho de elegir a los profesores de religión a pesar de que sus nóminas las paga el Estado y a señalar los contenidos y los libros de texto relativos a dicha enseñanza. 

Asimismo, aunque determinó que "la acción educativa respetará el derecho de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos" sí estableció para el Estado la exigencia de que "la educación que se imparta en los centros docentes públicos sea respetuosa con los valores de la ética cristiana". Por otro lado, sobre las relaciones con la prensa, ese acuerdo estableció que "deben aplicarse en la ordenación jurídica de los medios de comunicación social los mismos principios de libertad religiosa e igualdad sin privilegios, que Iglesia y Estado profesan en materia de enseñanza".

Más parco es el contenido relativo al patrimonio histórico en manos de la Iglesia. La institución católica reitera en el acuerdo su voluntad de "continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental", si bien el texto recoge únicamente que "concertará" con el Estado las bases "para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes" con el objetivo de preservarlo. Ambas partes coinciden en que ese patrimonio "sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación" y mantienen que ponerlo "al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento" justifica la "colaboración" de Iglesia y Estado.

Asuntos jurídicos y Fuerzas Armadas

A través del acuerdo que define la personalidad jurídica de la Iglesia, como los dos anteriores suscrito también el 3 de enero de 1979, el Estado español reconoció la personalidad jurídica civil de la Conferencia Episcopal Española y garantizó a la Iglesia católica "el derecho a ejercer su misión apostólica". Asimismo, le garantizó "el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias, y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio", así como el derecho a llevar a cabo por sí misma actividades de carácter benéfico o asistencial gozando para ello "de los mismos derechos y beneficios que los entes clasificados como de beneficencia privada". 

Ese mismo acuerdo estableció otras cuestiones como el reconocimiento de los domingos como días festivos y señaló que ambas instituciones tenían que determinar "de común acuerdo" qué otras festividades religiosas son reconocidas como días festivos. Asimismo, reconoció "desde su celebración" los "efectos civiles" al matrimonio celebrado según las normas del derecho canónico. Y también reconoció el ejercicio del "derecho a la asistencia religiosa" de los ciudadanos internados en cárceles, hospitales, sanatorios u orfanatos. Según un informe de la Fundación 1º de Mayo, ligada a CCOO, el Estado gasta más de 30 millones de euros anuales en los salarios de los curas destinados en estos centros. 

El cuarto acuerdo de los suscritos el 3 de enero de 1979 es el relativo a la asistencia castrense. Aunque en él no se cuestiona la presencia institucional de la Iglesia católica dentro de las Fuerzas Armadas sí se asume –a diferencia de en el Concordato– que no todos sus miembros son católicos. Para los que sí lo son se establece que su asistencia religioso-pastoral "se seguirá ejerciendo por medio del vicariato castrense", cuya jurisdicción se extiende a todos los militares y a sus familiares. 

El secretario de Justicia y Libertades del PSOE, Andrés Perelló, ha avanzado que planteará a su partido denunciar los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979 porque considera que están "obsoletos" y que tanto la Iglesia católica como el Estado tienen que estar cada uno "en su sitio".

"Es un concordato que hay que denunciar, que está obsoleto, no tiene parangón en ningún estado europeo, ya llevamos 40 años de democracia, estamos en el siglo XXI. No solo es que la Iglesia tiene que estar en su sitio, es que el Estado tiene que estar en su sitio, no se trata de sacar a la Iglesia de donde está, sino de que los políticos dejemos a la Iglesia tranquila y algunos que no somos dignos de estar en algunos actos religiosos, pues no estemos y no pasa nada", ha precisado Perelló en una entrevista en 'Los Desayunos' de La 1, recogida por Europa Press.

Para defender esta posición, Perelló ha citado la Constitución Española que en su artículo 16 establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. "La Constitución dice que nuestro Estado es aconfesional, algo que se confunde cada día que sale el sol", ha lamentado.

Por otro lado, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que dictó este martes que las exenciones fiscales a la Iglesia pueden ser ilegales si se aplican a actividades económicas -en concreto, en referencia al impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras-, Perelló ha precisado que no puede estar "más de acuerdo"a sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que dictó este martes que las exenciones fiscales a la Iglesia y se ha preguntado: "¿Por qué la Iglesia católica no tiene que pagar un IBI por registrar bienes a su nombre que en algunos casos son productivos, como paga cualquier hijo de vecino?".

Para Perelló, una cosa es que la Catedral de Burgos o la de Valencia, por ejemplo, estén exentas de pagar este impuesto y otra cosa es "que la Iglesia católica o cualquier otra confesión tenga una propiedad o un colegio privado del cual obtiene un lucro y esté compitiendo en desigualdad de condiciones con una empresa privada compitiendo en desigualdad de condiciones con una empresa privada que tiene un hospital, un colegio o una finca de pisos, solo porque lo registra a su nombre".

"Fíjese que es la Justicia europea, eso si lo hubiera dicho yo o algún otro nos hubieran llamado antirreligiosos. La Justicia europea tiene una visión aconfesional y justa de las cosas y entiende que aquí se está haciendo un subterfugio para que alguien se beneficie de una exención que no le corresponde", ha remachado.

Las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia católica contravienen la legislación europea si las actividades ejercidas en los locales en cuestión tienen un objetivo económico. Es decir, si la finalidad no es estrictamente religiosa y la institución actúa en ese caso como "empresa". Así se recoge en un fallo dictado este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que determina que las exenciones, en estos supuestos, son ayudas estatales prohibidas por el derecho de la UE. 

El origen de este fallo [consultar, aquí] está en una cuestión prejudicial planteada por un juez de Madrid, que tenía que responder sobre la pretensión de un colegio concertado de los escolapios de Getafe de que el Ayuntamiento de esa localidad le devolviera los 23.730,41 euros que el centro había pagado en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por la ampliación del salón de actos de dicho colegio, que se utiliza para celebrar reuniones, cursos y conferencias. 

El ICIO –la tasa municipal que grava la realización de obras nuevas o reformas– se creó en 1988. Es decir, diez años después de la firma de los acuerdos entre España y el Estado de la Santa Sede. Estuvo en el limbo legal hasta 2001, cuando el Ministerio de Hacienda, a través de una orden, lo incluyó entre "los impuestos reales o de producto" y determinó para las organizaciones de la Iglesia católica una "exención total y permanente" de esta tasa. 

No obstante, más allá del caso concreto, los expertos consultados por infoLibre sostienen que este fallo abre una vía para reclamar a la Iglesia católica que pague impuestos por sus actividades económicas. De hecho, los jueces del tribunal de la UE señalan que "en la medida en que la actividad de que se trate pueda calificarse de económica, el hecho de que sea ejercida por una comunidad religiosa no obsta a la aplicación de las normas del Tratado de la Unión Europea, entre ellas las que regulan el derecho de la competencia".

En este sentido, la jurisprudencia reiterada del TJUE establece que una empresa no puede recibir ayudas o subvenciones por parte del Estado si estas le proporcionan una ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado o si estas ayudas "falsean" las condiciones de competencia al liberarle de los costes propios de su gestión corriente o de sus actividades normales. 

Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra y experto en financiación de la Iglesia, entiende que el argumento de fondo de la sentencia "es trasladable a buena parte de los beneficios fiscales de las confesiones con acuerdo de cooperación con el Estado, en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Sociedades". Torres considera que algunos de los beneficios en ambos impuestos "pueden constituir ayudas de Estado".

IBI y sociedades 

El acuerdo de 1979 entre el Estado y la Santa Sede, que tiene carácter de tratado internacional vinculante, establece la exención de la "contribución territorial urbana", es decir del IBI, cuando la finalidad del inmueble es religiosa. También la Ley de Haciendas Locales determina la exención de los bienes "de la Iglesia católica", pero sólo "en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos".

Sin embargo, la interpretación que en instancias judiciales se está realizando de la ley de mecenazgo está dando la posibilidad a la Iglesia católica de librarse también de este impuesto incluso cuando en los inmuebles se realiza una actividad económica. Así está ocurriendo, por ejemplo, con los aparcamientos que tienen alquilados a terceros las diócesis de Almería y Lugo, y con un convento arrendado para un hotel de cuatro estrellas en la Costa Brava, como publicó infoLibre. 

La exención del IBI, que es una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos, es una de los privilegios que más controversia suscita. Los autores y asociaciones laicistas, citados por Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata), calculan en entre 2.500 y 3.000 los millones que, cada año, las organizaciones de la Iglesia católica española pagarían al Estado si, como aprobó Italia en 2012, se suprimiera la exención del IBI.

En relación a este impuesto el abogado Claudio Rodríguez, especialista en fiscalidad, entiende que este fallo es sólo "un argumento más porque, conforme a la ley actual, la Iglesia católica no puede estar exenta [de esa tasa] si algo está explotado económicamente".

Torres alude, por otro lado, a la ley de mecenazgo que, a su juicio, está proporcionando un régimen de beneficios fiscales "excesivamente amplio" a las entidades sin ánimo de lucro y, en consecuencia, a las confesiones religiosas que mantienen acuerdos de cooperación con el Estado. En virtud de esta ley se están declarando exentas en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, las rentas procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de dichas entidades (dividendos, participaciones en beneficios de sociedades, intereses, alquileres...), lo que "sobrepasa con creces" lo contemplado tanto en el Concordato de 1953 como en el Acuerdo de Asuntos Económicos de 1979. 

Rodríguez, por su parte, cree que el debate de fondo más relevante es la consideración o no como empresa de las entidades de la Iglesia católica. A este respecto, los jueces del TJUE recuerdan que el hecho de que la oferta de productos y servicios se haga sin ánimo de lucro "no obsta para que la entidad que efectúa tales operaciones en el mercado deba ser considerada una empresa cuando dicha oferta compita con las de otros operadores con ánimo de lucro".

En este sentido, Rodríguez recuerda que la explotación económica de catedrales y basílicasno está sujeta a tributo alguno y que esas transacciones permanecen ocultas a la Hacienda Pública, que no recauda nada por ellas, y a cualquier inspección por parte del Estado. "Eso es algo que la Iglesia justifica escudándose en que no ejerce actividad económica alguna, aunque no hay duda de que sí la hay", subraya. Torres, por su parte, considera que sería oportuno abrir un debate "sereno" sobre si sería oportuno someter a un gravamen estas actividades "mercantiles y no religiosas" y que sí entrañan un lucro.

José Manuel Rodríguez Uribes (Valencia, 1968) ocupa desde este domingo la recién creada secretaría de Laicidad de la nueva ejecutiva del PSOE. Profesor titular de Filosofía del Derecho, fue entre 2005 y 2011 director del Gabinete del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dirigido por el fallecido Gregorio Peces Barba, de quien se considera su discípulo. 

En su último libro Elogio de la laicidad. Hacia el Estado laico: la modernidad pendiente (Tirant Lo Blanch) asegura que los desafíos a los que se enfrentan las democracias en el siglo XXI, la diversidad cultural y de formas de vida hacen cada vez más necesaria la secularización de la vida pública. Admite, en este sentido, que hay privilegios de la Iglesia católica que hay que corregir porque "no caben en una sociedad democrática". De hecho, aunque afirma que los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero fueron "los que más han hecho por los derechos y libertades de muchos colectivos", sí admite que en ese periodo la jerarquía católica "siguió manteniendo un papel desproporcionado". 

PREGUNTA. ¿Por qué cree que la laicidad debe tener un papel preeminente entre los desafíos a los que se enfrentan las democracias en el siglo XXI en un contexto tan pluricultural como el actual?

RESPUESTA. Me parece que es la gran respuesta por la doble función que cumple. Por un lado, como freno frente al fanatismo, pues supone una defensa de la autonomía individual frente a ciertas pretensiones históricas, pero también frente a los nuevos fundamentalismos que lo que pretenden es imponernos a todos un modelo de vida. Y, por otro, por su función emancipadora, que es la reivindicación de la libertad en un sentido profundo en todos los ámbitos.

Es decir, en las relaciones hombre-mujer y, por tanto, frente al machismo; en las posibilidades de elegir una ética privada en lo que tiene que ver con la orientación sexual, el matrimonio… Todo eso es fundamental en sociedades multiculturales, complejas, fragmentadas y diversas como las actuales. Una fórmula de esta naturaleza, bien entendida, creo que puede contribuir a la paz, a la convivencia y a la libertad.

P. ¿Lo ve factible? En su libro comenta precisamente que en la actualidad, en nuestras democracias, la religión ha vuelto a ganar presencia pública, con iglesias situándose como intérpretes de debates políticos que afectan a la autonomía moral de las personas, como el matrimonio homosexual, la que llaman despectivamente ideología de género, la maternidad, la identidad o la orientación sexual, la eutanasia...

R. La verdad es que los defensores históricos de la laicidad siempre han estado en minoría porque se han encontrado con el triunfo de la violencia religiosa o con la imposición de modelos que se presentan como absolutos. Pero creo que la sociedad española es ahora lo suficientemente madura como para enfrentarse a estas cuestiones de forma tranquila y entendiendo que estos pasos tienen que ver con una sociedad más madura, más democrática, más secularizada… Creo que ahí no habría problema.

En relación con el PSOE creo que el actual secretario general, Pedro Sánchez, está en avanzar en esa idea de sociedad laica en la que cada cual ocupe el lugar que le corresponde. Hoy creo que puede haber consensos. Yo tengo claro que Sánchez da mucha importancia a este tema y está comprometido con la laicidad y creo que puede haber avances en el futuro con alianzas con otros partidos o sin alianzas, eso dependerá de las mayorías que se formen.

P. ¿Cómo debería ser, a su juicio, ese Estado laico? 

R. La tentación para limitar los privilegios de la Iglesia católica es aumentar los de otras confesiones. Yo ese camino creo que no hay que recorrerlo. Hay que respetar a las distintas confesiones, que las personas tengan libertad para elegir la confesión que vea oportuna y que la puedan practicar incluso socialmente… Pero en el espacio público institucional el Estado tiene que caminar hacia una neutralidad escrupulosa.

Por otro lado, también habría que seguir avanzando en los derechos civiles y aumentando los espacios de libertad de las personas desde que nacen hasta que mueren. Por ejemplo, hay mucho por avanzar en lo relativo a la muerte digna, donde hay muchas resistencias basadas en planteamientos religiosos de parte. La idea final es que todos podamos decidir nuestra estrategia de felicidad, de salvación o de placer libremente siempre que no hagamos daño a terceros. Esto, no obstante, no es más una defensa absoluta de la libertad. La laicidad también da respuestas en sentido corrector, pues una libertad absoluta puede llevar al abuso, a la dominación de los demás. 

P. ¿Cómo se enseñan esos valores laicos?

R. A través de la escuela, de las universidades… hay que insistir y recuperar de alguna forma el sentido de la formación cívica, que son derechos humanos, la democracia. Desde posiciones conservadoras se han hecho algunas interpretaciones erróneas. Por ejemplo, la asignatura de  Educación para la Ciudadanía se trató desde algunos sectores como si su objetivo fuera el adoctrinamiento cuando era todo lo contrario, una materia que debía servir para pensar por sí mismo. La laicidad es lo menos paternalista del mundo.

P. ¿Cree que la religión, como materia confesional, debería estar fuera de las aulas?

R. Hay dos grandes respuestas. Si se trata de escuela pública la neutralidad tiene que ser clara y la religión como enseñanza dogmática no tiene ningún sentido. Puede haber asignaturas sobre el hecho religioso, sobre historia de las religiones… Es más, no se puede estudiar la historia de España y del mundo sin conocer las tres grandes religiones monoteístas, lo que han aportado o las resistencias que han tenido en los avances científicos o en derechos humanos.

Cuestión diferente es la enseñanza concertada o la privada, donde puede haber un ideario que la Constitución protege y entiendo que sí se podría enseñar esa materia confesional. No obstante, si esos colegios, so pretexto de su ideario, hacen propuestas que van contra el respeto a los derechos humanos y la ley como segregar a sus alumnos por sexo no deberían tener financiación pública. Cuando el Estado paga tiene derecho a que se cumpla la Constitución y la igualdad de derechos y eso vale para cualquier confesión religiosa.

P. Usted dice que la Constitución de 1978 "recuperó la laicidad". ¿Está de acuerdo en que la historia ha demostrado que ese modelo de aconfesionalidad sigue sin resolver la cuestión religiosa?

R. La filosofía del constitucionalismo es necesariamente laica. Pero es verdad que hay posos de la vieja confesionalidad de España, como el tema del Concordato, la mención expresa a la Iglesia católica en la Constitución y algunos otros restos que hay que abordar y actualizar. Hay privilegios de la Iglesia católica que hay que corregir, pues no caben en una sociedad democrática. De todas formas, no hay que olvidar que el salto fue muy grande, pues pasamos del nacionalcatolicismo a una Constitución democrática que dice claramente que no hay religión oficial.

La Constitución, el sentido profundo de laicidad –que no es sólo el hecho religioso sino la idea autonomía, de secularización, de emancipación de los derechos humanos...– sentó las bases para que el ordenamiento jurídico español se fuera impregnando de signos laicos. Por eso en España existe el divorcio, existe una ley que permite a las mujeres decidir sobre su maternidad, existe otra ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, existen normas incluso en el Código Penal que protegen a las víctimas de la violencia basada en fobias… Aunque en algunos momentos ha habido tentaciones de retroceso el espíritu de la Constitución es laico y el camino a seguir es ese, no hay otro.

P. ¿Qué factor fue más determinante para que en la Transición se creara ese Estado laico "a medio hacer" o incompleto? El propio comportamiento político de los españoles, la estrategia de la Iglesia, la complicidad del Gobierno de Suárez, la renuncia a una confrontación laicista por parte de la oposición...

R. Se tiró por la calle de en medio, que es el consenso. Lo que se hizo, con más o menos acierto, fue buscar una solución que dejara a todos insatisfechos... al igual que se decidió el Estado autonómico, frente al Estado centralista y frente a la independencia o la secesión; de igual manera que se optó por la monarquía parlamentaria y no por la república o la monarquía constitucional de un rey con poderes. La cuestión religiosa, la forma de Gobierno y el tema territorial fueron los tres grandes asuntos que llevaron a la Guerra Civil y los tres siguen ahí. En aquel momento no pudo ser el Estado laico, pero creo que hoy podría ser.

P. Pero han pasado ya casi cuarenta años desde entonces. ¿Cree que se han dado demasiados pocos pasos para completar ese Estado laico?

R. Creo que ha habido muchos avances, pero hay algunos privilegios que siguen que son incomprensibles, incluso para los católicos. Por ejemplo, que la Iglesia católica no pague el IBI de sus bienes inmuebles no relacionados con el culto es algo que no tiene ni pies ni cabeza. También es un retroceso que los funerales de Estado sigan siendo católicos… Hay resistencias que no se pueden aceptar pero que se entienden mirando la historia de España desde los Reyes Católicos al cénit del nacionalcatolicismo. Es muy difícil desmontar ese edificio de privilegios.

P. ¿Qué responsabilidad tiene el PSOE, que ha gobernado más de veinte años en democracia, en que se mantengan estos privilegios?

R. En los años ochenta, en los primeros años después de la Constitución, creo que se trató de apuntalar un edificio que se estaba haciendo todavía y, por tanto, era prudente no introducir temas sensibles que podían generar retrocesos. Después, aunque se da la paradoja de que los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero fueron los que más han hecho por los derechos y libertades de muchos colectivos, es cierto que la Iglesia católica siguió manteniendo en algunas cuestiones un papel desproporcionado. Creo que esa es la autocrítica.

P. El recelo de la Conferencia Episcopal hacia el PSOE es innegable, pero, sin embargo, fueron los socialistas los que pusieron en marcha los conciertos educativos, en buen parte gestionados por entidades católicas, o los que potenciaron la capacidad de la Iglesia católica en materia tributaria en 2006. ¿Por qué esa animadversión?

R. La Iglesia católica ha sido siempre insaciable. Lo de la Educación para la Ciudadanía no les gustaba nada. Veían esa cosa de que se sustituye una formación basada en los cánones religiosos, en el catolicismo, por una educación en la libertad. Y, claro, cuando la gente es libre se pierden adhesiones. Creo que eso y el matrimonio homosexual pudieron más que la parte económica, que era muy buena para Iglesia católica. Lo querían todo.

La Iglesia católica es la única institución que prácticamente lo ha mantenido todo. La Transición supuso la pérdida del poder de muchos sectores tradicionales, el primero el rey, que se convirtió en un rey sin poderes. Y así con muchos sectores, aunque es cierto que otros lo han mantenido por otras vías... Pero la Iglesia logró mantener su statu quo. Supongo que hubo algo de confusión entre lo que puede ser una actitud prudencial del Gobierno para no pisar demasiados callos y lo que puede ser una posición timorata. A la Iglesia hay que hablarle mirándola a los ojos.

El cambio de estatus que la reforma impulsada por el exministro José Ignacio Wert dio a la asignatura de religión católica está teniendo un efecto claro en el aumento de las matriculaciones de esta materia en los centros públicos. Así lo confirman los datos difundidos este lunes por la Conferencia Episcopal Española (CEE), que muestran un aumento del 12% en la demanda de la asignatura confesional en los colegios e institutos de titularidad estatal. 

Con la Lomce, la nota de religión volvió a contar para hacer la media y para obtener becas. Con esta decisión, el sistema educativo español regresó al modelo que estuvo vigente hasta la aprobación en los años noventa de la Logse. El Gobierno del PP también accedió a hacer realidad otra de las reclamaciones de los obispos: la desaparición de la materia de Educación para la Ciudadanía y la obligación para todos los alumnos de estudiar o la asignatura confesional de religión o su alternativa con el objetivo, también, de evitar que siguieran desertando un número creciente de alumnos. De hecho, la alternativa "fuerte" ha sido una reclamación tradicional de la jerarquía católica.  

Plataformas y sindicatos alertaron de que se iba a producir un repunte en las matriculaciones en un contexto de claro retroceso de su demanda. Los datos del Ministerio de Educación –la última actualización es del curso 2014-2015, justo cuando entró en vigor la ley– muestran que hasta entonces la matrícula de esta asignatura descendía porcentualmente de forma imparable en los centros públicos y, especialmente, conforme los alumnos se iban haciendo mayores. Llegó a bajar 15 puntos en una década. 

Esa es la tendencia que ha empezado a invertirse ahora tal y como demuestran las estadísticas que este lunes hizo públicas la Conferencia Episcopal con datos facilitados por las diferentes diócesis. De hecho, es significativo que la demanda comienza a aumentar más entre los alumnos de cursos más altos a partir del curso 2015/2016. La Lomce entró en vigor en septiembre de 2015 en los cursos impares de secundaria y bachillerato.

Pues bien, en el curso 2014/2015 se apuntaron a clase de religión en los centros de titularidad pública el 62,70% de los alumnos de primaria, el 36,80% de los de secundaria y el 23,70% de los de bachillerato. Dos años después, en el curso 2016/2017, ese porcentaje se situó en el 62,6%, el 39,88% y el 38,57%, respectivamente. En ese período, por tanto, hubo un aumento de 3,08 puntos en secundaria y de 14,87 en bachillerato, y un descenso de apenas 0,10 puntos en primaria. 

En números absolutos los alumnos matriculados en la materia confesional pasaron de 387.067 a 537.876 en la ESO, es decir, 150.809 más; y de 67.807 a 129.639 en bachillerato, lo que supone un aumento de 61.832. Por contra, en primaria, el número de alumnos que cursan religión se redujo en 26.007 al pasar de 1.099.172 a 1.073.165. En todo caso, en conjunto, en los centros públicos hay actualmente 186.634 alumnos más matriculados en religión que antes de la puesta en marcha de la Lomce: un 12% más. 

Estas cifras contrastan con las del decenio anterior. Y es que, de media, apenas el 39% de los alumnos de centros públicos escogieron en el curso 2014/2015 estudiar religión. En el curso 2004/2005 eran el 54,9%. Es decir, la caída fue de 15 puntos. 

A pesar de este repunte, la (CEE) lanzó este lunes una campaña "de carácter especial" a través de internet y las redes sociales para intentar animar a cursar la asignatura de religión en colegios e institutos. Los obispos consideran que la materia confesional es imprescindible para "entender las claves que han formado la historia, la política, el arte, las costumbres, la cultura, las leyes…" y llaman a los padres a hacer uso del derecho que tienen a que sus hijos reciban formación religiosa y moral católica.

Precisamente con Mariano Rajoy como ministro de Educación, en 1998, el Gobierno metió en nómina de las comunidades autónomas a decenas de miles de profesores de catolicismo que impartían esta materia en centros públicos. Estos profesionales son seleccionados por las diferentes diócesis, es decir, no tienen que pasar una oposición como el resto de docentes que trabajan para la Administración. Europa Laica estima en 610 millones de euros al año el gasto que supone para el Estado el abono de sus salarios. 

Reducción del horario  

Por otro lado, tanto los obispos como los profesores de religión llevan dos años recurriendo a la Justicia para evitar que pueda tener efecto uno de los pocos resquicios que dejó la Lomce en contra de sus intereses. Y es que esa norma colocó la materia de religión en el bloque de las llamadas asignaturas específicas, cuyos horarios son fijados por las comunidades autónomas y no por el Ministerio de Educación, como sí se hace con las troncales, donde se situaba hasta entonces. Eso provocó que algunas autonomías, en el ejercicio de sus competencias, llevaran al mínimo su horario. De hecho, los obispos aseguran que hay casos en los que se han llegado a reducir a la mitad.

Además, en el caso del bachillerato la materia de religión se incluyó en un grupo de doce del que los alumnos tienen que elegir tres y su oferta se establece "en función de la regulación y de la programación que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes". De hecho, la primera institución en recortar el horario de religión fue el propio Ministerio de Educación en Ceuta y Melilla, los únicos territorios que son de su competencia.

Pero la pretensión de algunos de estos ejecutivos autonómicos de reducir el horario de la materia confesional se está encontrando con el freno de los tribunales, que ya han fallado en contra de las normativas aprobadas en esta línea en Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura. En todos estos casos los jueces estimaron los recursos presentados por los obispos y por los profesores que imparten la materia, que alegan sentirse perjudicados por estas reducciones.

La reforma educativa aprobada por el exministro José Ignacio Wert colocó la materia de religión en el bloque de las llamadas asignaturas específicas, cuyos horarios son fijados por las comunidades autónomas y no por el Ministerio de Educación, como sí se hace con las troncales, donde se situaba hasta entonces. Eso provocó que algunas autonomías, en el ejercicio de sus competencias, llevaran al mínimo su horario. De hecho, los obispos aseguran que hay casos en los que se han llegado a reducir a la mitad. 

Además, en el caso del Bachillerato la materia de religión se incluyó en un grupo de doce del que los alumnos tienen que elegir tres y su oferta se establece "en función de la regulación y de la programación que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes". De hecho, la primera institución en recortar el horario de religión fue el propio Ministerio de Educación en Ceuta y Melilla, los únicos territorios que son de su competencia. 

Sin embargo, la pretensión de algunos de estos ejecutivos autonómicos de reducir el horario de la materia confesional se está encontrando con el freno de los tribunales, que ya han fallado en contra de las normativas aprobadas en esta línea en Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura. En todos estos casos los jueces estimaron los recursos presentados por los obispos y por los profesores que imparten la materia, que alegan sentirse perjudicados por estas reducciones. 

De forma más reciente ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el que ha fallado en contra del decreto del Gobierno regional (PSOE) que limitaba al mínimo las clases de religión en 1º de ESO y Bachillerato –de dos horas semanales a una hora– y recuperaba la asignatura de Educación para la Ciudadanía, creada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

De esta forma, los jueces extremeños estimaron los recursos presentados por el Arzobispado de Mérida-Badajoz y los Obispados de Coria-Cáceres y Plasencia, los profesores que imparten la asignatura y la asociación de padres y madres Apadex. Determinaron que la reducción de las clases de religión que pretendía la Junta de Extremadura era "desproporcionada", además de "una medida discriminatoria". El Gobierno regional ya ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. 

Varios fallos en la misma línea

Sin embargo, este no es el único fallo en esta línea que ha habido este curso. El pasado septiembre el Tribunal Superior Justicia de Aragón (TSJA) también estimó que no había "motivo expuesto" en la norma que justificara que la materia de religión se quedara en Aragón como la de menor carga lectiva de todas las que se cursan en Primaria. El Gobierno aragonés (PSOE-Chunta) había aprobado una orden que reducía al 50% –de 90 minutos semanales a 45– el horario de religión católica en Primaria al considerar "conveniente" minorar las enseñanzas confesionales en las escuelas. Como en el caso de Extremadura, el Tribunal Supremo tendrá que decidir al respecto. 

Este curso, no obstante, no es el primero en el que la jerarquía católica ha recurrido a los tribunales para blindar la asignatura de religión en los centros educativos. Las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada, así como el Obispado de Mallorca, presentaron sendos recursos ante los tribunales superiores de sus comunidades el curso pasado. En ese caso, con el objetivo de que la materia confesional fuera de oferta obligada en Bachillerato después de que los Gobiernos de Andalucía y Baleares dieran vía libre a los institutos para que decidieran si la ofrecían o no en esta etapa educativa.

Entonces, tanto la Iglesia como los profesores de religión aludieron a los Acuerdos de 1979 entre España y el Vaticano en los que se establece que hasta BUP –actuales 3º y 4º de ESO y primero de Bachillerato– se "incluirá la enseñanza de religión católica en todos los centros", como argumento para justificar que la oferta debía ser obligatoria. Los tribunales dieron la razón a los prelados de Andalucía y Baleares.

La materia en la ley Wert 

A pesar de que la LOMCE dejó a las comunidades autónomas libertad para establecer el horario de las asignaturas específicas y de libre configuración –entre las que está religión– y, por tanto, ha dado pie a las citadas reducciones, la norma trajo consigo la recuperación de otros privilegios por parte de la Iglesia católica. 

Con esta ley la nota de religión volvió a contar para hacer la media y para obtener becas, lo que hizo que el sistema educativo español regresara al modelo que estuvo vigente hasta la aprobación en los años noventa de la LOGSE. El Gobierno del PP también accedió a hacer realidad otra de las reclamaciones de los obispos: la desaparición de la materia de Educación para la Ciudadanía y la obligación para todos los alumnos de estudiar o la asignatura confesional de religión o su alternativa (Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria).

Ambos serán aspectos que, sin duda, se debatirán en la subcomisión parlamentaria que tiene como objetivo establecer un gran pacto político y social que dé estabilidad legal al sistema educativo, algo inédito en democracia. 

Y llegamos a las eléctricas, cuestionadas este invierno de récords térmicos, aunque los privilegios se extiendan al resto del año y a los precedentes, especialmente tras las privatizaciones de los gobiernos de Felipe González y, sobre todo, de Aznar. Pero desde los mismos tiempos del franquismo ha sido un sector muy relacionado con el poder político, protegiendo así sus beneficios y regalías. Franco, por ejemplo, otorgó el título nobiliario de conde de Fenosa a su amigo personal Pedro Barrié de la Maza, industrial y banquero, uno de los próceres que financió la compra de armamento para los rebeldes en la Guerra Civil.

Hoy, los negocios se hacen de otra manera, pero casi siempre por los mismos. Ahora su lobby principal lo han encontrado en los asientos de los Consejos de Ministros. Repasar la lista de los más de cuarenta políticos que se han sentado en los consejos de empresas eléctricas y/o relacionadas con la energía da verdadero bochorno. Porque es difícil entender  que mentes tan preclaras no hayan denunciado determinados abusos, y entre otros, la impostura de un régimen tarifario que burla los más elementales principios de la competencia. Debe ser embarazoso manifestarse desde los confortables sillones de un consejo de administración.

Para empezar, el régimen tarifario es perverso, ajeno a las leyes de la equidad, al establecer como guía el precio máximo horario del mix energético –la procedencia de la energía–, algo profundamente perjudicial para el usuario que compra la energía más cara en cada momento, y que propende a la permanencia de los operadores más ineficaces y/o con menor inversión en equipos y/o tecnología, al tiempo que le viene muy bien a las compañías que tienen un coste inferior. Por otro lado, al encontrarnos en un mercado con muy pocos operadores y en el que coincide a menudo la generación de energía con la comercialización, la sospecha de alteración artificial de precios es siempre recurrente –hace un año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a Iberdrola por manipulación del precio del mercado–.

Dado que los costes energéticos son  fundamentales en el escandallo de cualquier economía, sea de empresas o de particulares, urge una regulación del sector y una coordinación de todos los operadores, y por descontado, un control más estricto a través de un auditor independiente –no vinculado a la Administración–  capaz de marcar un justiprecio y aportar máxima transparencia en la formación de los precios y de la factura total.

Es sabido que estamos a la cabeza de la UE en costes, cuando debería ser al revés, por la situación, recursos naturales y climatología del país. España podría aumentar significativamente su capacidad de generación en energías renovables, y necesita una regulación clara que favorezca el autoconsumo, pero hay un problema, y es que eso iría a corto y medio plazo en contra de la facturación y los beneficios de los grandes operadores tradicionales.

Tampoco debemos pasar por alto lo que supone para el Estado en impuestos la factura de la luz, un 21 % de IVA, que se aplica hasta el último euro  a todas las partidas: un adicional impuesto sobre electricidad, como si no pagáramos bastante, y un alquiler de equipos de medida y control de por vida. Así que, a la Administración no le viene nada mal que la electricidad suba: más recaudación asegurada sin mover un dedo. Una chispa más de la progresividad de nuestro sistema fiscal. _______________

Pedro Díaz Cepero es sociólogo y escritor

Luz y taquígrafos, las cosas claras, las cartas sobre la mesa… Todas esas expresiones, que son metáforas de la democracia y frases recurrentes en los discursos de los políticos, no suelen pasar de la teoría a la realidad, porque una cosa es predicar y otra dar trigo, algo que saben bien quienes descubren que el arte de la demagogia consiste en darle la vuelta a la sentencia de Goebbels para que dicha al revés dé el mismo resultado: repite una verdad mil veces y se convertirá en mentira. Ahora que ya ha pasado la Semana Santa y las procesiones han liberado las calles, tal vez sea un buen momento para hablar de este asunto en relación a la Iglesia católica y el Estado.

¿Sabemos de qué está hecha, cuánto vale, quién le pone límites o si la ley se respeta y, por lo tanto, el catecismo acaba donde empieza la Constitución? “La transparencia, Dios, la transparencia”, se titula un poema con el que Juan Ramón Jiménez inició su obra Animal de fondo, un libro que es un cuadrilátero en el que pelean, a cara de perro, la inteligencia y la superstición: “aquí estás, enredado conmigo, en lucha hermosa / de amor, lo mismo / que un fuego con su aire.”

Mientras la masacre de Lahore, en Pakistán, y las bombas del aeropuerto y el Metro de Bruselas nos llenan los ojos de astillas y nos vuelven a recordar que la mezcla de la Historia y la Religión sólo produce odio y muerte, en España algunos de los jefes de la Conferencia Episcopal han aprovechado que las vírgenes y los crucifijos estaban en el centro del escenario para recordar que en nuestro país sigue habiendo una ultraderecha feroz, sectaria, homófoba y racista que crece a la sombra de las catedrales y se mantiene a flote subvencionada con dinero público. Un día, el obispo de Málaga deja muy claro para qué quieren estar los curas en las aulas y le dice a 500 estudiantes obligados a escuchar su sarta de majaderías que “el matrimonio gay es como la unión entre un hombre y un perro o un bebé y un anciano”.

Seguro que lo hace porque aquí una sotana es una armadura y nadie lo va a perseguir, multar o detener como a Rita Maestre o a los titiriteros de Granada. Siguiendo su estela, un par de días más tarde los obispos de Getafe y Alcalá de Henares lanzan una pastoral contra los transexuales en la que los describen como “marxistas” que promueven una “ecología idolátrica y fragmentada, una visión pornográfica de las relaciones”, la práctica de “una sexualidad sin verdad”, la “usurpación deliberada de la filiación natural de los niños” y otras cuantas atrocidades. En otras ocasiones un cardenal ha sostenido “que la homosexualidad es una enfermedad que podría paliarse con un tratamiento médico lo mismo que la hipertensión” y un tercer obispo, que “los minusválidos y subnormales son así porque el Señor castiga en ellos los pecados de sus padres”. No es que con la Iglesia hayamos topado, es que ella nos embiste.

Quien pretenda rebatirles esos argumentos echándoles en cara la vergüenza de la pederastia de sacristía y confesonario, se puede encontrar con la respuesta que dio en su día el obispo de Tenerife, para quien con frecuencia los abusos ocurren “porque hay menores que los consienten, están perfectamente de acuerdo con ellos y, además, deseándolo; e incluso si te descuidas te provocan”. La pregunta es hasta cuándo y hasta dónde está obligada la sociedad civil a soportar las necedades de esos individuos.

En Roma se abren las ventanas de la Basílica de San Pedro, pero en España se hace fuerte en los campanarios un integrismo que se opone a todo, quiere manejar a la vez altares, cátedras y tribunas, monta emisoras de radio desde las que lanzar amenazas e impartir doctrina y, en resumen, lucha por tierra, mar y aire contra el progreso científico o la libertad individual: la fe no existe para mover montañas, sino para evitar que se escalen. Y en medio de ese combate, ¿al menos están claras las cuentas de la Iglesia? No debe ser así, porque mientras el Gobierno y sus presupuestos generales aseguran darle algo menos de ciento sesenta millones al año, otras fuentes calculan que la cantidad auténtica oscila entre los 7.000 y los 11.000, si le sumamos al dinero que le dan lo que recibe a través del IRPF, la exención de tributos, los sueldos de los sacerdotes, de los curas castrenses y de los profesores de religión, lo que se destina a los centros sanitarios y educativos que controla, el coste del mantenimiento de su patrimonio cultural o las aportaciones que se hacen para la celebración de actos litúrgicos o propagandísticos como las visitas del Papa o las jornadas mundiales de la juventud. Una auténtica fortuna, sobre todo en estos tiempos de recortes en que tanto sufren los ciudadanos.

Como tantas otras cosas, el oscurantismo que envuelve las relaciones entre la Iglesia y el Estado proviene en gran medida de los acuerdos que se firmaron en la época de la santa Transición, que básicamente consistían en lo de siempre: en garantizarle la impunidad más absoluta a una institución que apoyó con entusiasmo a una dictadura criminal y fue su cómplice durante 38 años. No hay más que leer la famosa carta que redactaron en 1937 los obispos en apoyo del general sedicioso, donde afirmaban que “la sublevación militar no se produjo, ya desde sus comienzos, sin la colaboración del pueblo sano” y que fue “una reacción de tipo religioso, correspondiente a las acciones nihilistas y destructoras de los sin-Dios.” Desde entonces, en ese ámbito las cosas han cambiado muy poco, así en el cielo como en la tierra.

La Pascua ha terminado. El mundo sigue dando vueltas. Las últimas noticias dicen que centenares de personas recibieron con aplausos entusiastas a Felipe VI, su esposa doña Letizia, su madre y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a su llegada a las puertas de la catedral de Palma de Mallorca –no muy lejos de los juzgados en los que hace poco se sentaron en el banquillo su hermana y su cuñado– para asistir a la misa del Domingo de Resurrección. El más allá no existe, pero sus representantes sí. Y habitan entre nosotros, pero son intocables. Qué miedo dan.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido este jueves la necesidad de "revisar" los acuerdos del Estado con entidades religiosas, entre ellos el Concordato con la Santa Sede, pero ha precisado que "eso no significa liquidarlos".

"Vamos a dejarnos de dimes y diretes, ellos (el PSOE) hablaban de denunciar el Concordato y nosotros de revisar acuerdos de hace treinta años denunciar el Concordato revisar acuerdos de hace treinta añoscon todas las entidades para garantizar la libertad religiosa, la aconfesionalidad y los resultados económicos en los que participan estas entidades", ha explicado Rivera en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

En su opinión resulta "razonable" que un Estado quiera realizar la revisión de esos acuerdos pero ha incidido en que "eso no es liquidar".

Por otra parte Rivera ha reconocido las discrepancias con el PSOE en materia de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. "Existen diferencias porque ellos se guardan la posibilidad de cambiar un artículo de la ley (de plazos) que hace referencia al consentimiento de las menores, algo que no comparte Ciudadanos y que está explícitamente escrito", ha indicado Rivera.

El dirigente de la formación naranja ha defendido, por ello, la "honestidad" del acuerdo alcanzado por el PSOE por admitir esas diferencias. "No digamos las cosas al revés, Ciudadanos también se ha guardado la ley de custodia compartida que el PSOE no defiende y que nosotros vamos a impulsar y ahí se ve que en algunos puntos concretos hemos sido honestos y hemos dicho que no tenemos la misma postura".

Ciudadanos no revisará, en términos generales, los acuerdos que regulan la relación del Estado con el Vaticano y se limitará a plantear algún ligero cambio. Así lo aseguró este lunes en rueda de prensa en líder de la formación, Albert Rivera, quien dijo sentirse "bastante cómodo" con el modelo que rige las relaciones del Estado con la Iglesia católica "salvo por algún privilegio económico concreto". Según Rivera, actualmente no hay un problema con el modelo vigente que lleve a los ciudadanos a quejarse de que "les faltan libertades" o de que "hay un abuso por parte de la Iglesia".

A preguntas de los periodistas se refirió de forma más precisa a la revisión de la fiscalidad con el objetivo de que la Iglesia pague impuestos por los edificios e inmuebles que no dedica al culto y a las inmatriculaciones, es decir, la inscripción a nombre del clero, y a coste prácticamente cero, de bienes no registrados previamente. En cualquier caso, dijo no ser partidario de "hacer aspavientos para luego no hacer nada", como hizo, en su opinión, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así, señaló que el de un Estado aconfesional con una Constitución que reconoce que existe "una mayoría amplia de ciudadanos que tienen una confesión religiosa" –que, dijo, no es la suya– le parece "un buen formato". No obstante, señaló que para garantizar "la igualdad de todos" ve necesario "revisar algunos privilegios" de la Iglesia, como la exención del pago del IBI o determinadas "cuestiones de patrimonio que no han sido resueltas".

Los autores y asociaciones laicistas, citados por el investigador Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea, calculan en entre 2.500 y 3.000 los millones que la Iglesia española pagaría al Estado si, como ha aprobado Italia, no estuviera exenta del IBI. La Fundació Ferrer i Guàrdia, en su Anuario de la laicidad 2012, rebaja esta cifra hasta los 900 millones de euros anuales.