"Estamos ante una situación con dimensión humana que no debemos olvidar". Así inauguraba la ministra de Defensa, Margarita Robles, su comparecencia en la Comisión parlamentaria a petición propia del Gobierno para dar cuenta del colapso humanitario que tuvo lugar el pasado 30 de julio. Así ha dado comienzo el último curso político antes de las próximas elecciones generales, reconociendo la muerte de más de cien personas en la frontera de Ceuta y pidiendo perdón a todos aquellos que se han sentido abandonados.

Margarita Robles es una mujer de fuerte personalidad política, que ha conseguido identificarse, incluso, trabajando a la sombra de otros ministros. Robles siempre ha sido una geografía política complicada para la izquierda y uno cree, en gran medida, que esto se debe a las fuertes convicciones que la ministra ha depositado siempre en las instituciones del Estado, más allá de la ideología. Tanto es así que en su comparecencia de este martes ha hecho crítica y autocrítica sin cortarse para nada, como quien saca el cuchillo de carnicero y no le tiembla el pulso para despiezar una vaca. Se entiende que el Estado es esa vaca que, un suponer, salió a pastar durante estas vacaciones sin vigilar con suficiente diligencia la valla de Ceuta, a juicio de Grande-Marlaska. Robles no admite en este sentido fisuras y no lo ve así, convertida en la garante de los agentes del CNI, después de que el ministro del Interior asegurase que los servicios de inteligencia no informaron al Ejecutivo.

Sea como fuere, es un hecho significativo que Robles se haya apartado del resto de ministros, asumiendo en carne propia los errores de todo el Gobierno y defendiendo sin ambages la soberanía “españolísima” de Ceuta y Melilla. La ministra de Defensa ha venido a decir que la movilización de más de 80.000 migrantes en la playa del Trampolín ha traído causa de las guerras cognitivas, o sea, Facebook y TikTok, aprovechando la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio que impide la devolución en caliente de todos aquellos que lleguen a Ceuta a nado. El algoritmo Marchena, a un lado, las ambiguas y difíciles relaciones con el gobierno marroquí, por el otro, y las redes sociales, en todas partes, han creado un espacio radioactivo para el Gobierno al que la UE no es ajeno, exigiendo la devolución de todos los inmigrantes, incluidos los menores no acompañados. Así se las gasta el portavoz de Interior de la Comisión Europea. Así se las gasta Feijóo, que pide el confinamiento de todos los migrantes. Las costuras de Occidente se rompen por el sur y se tensan también en el seno del Gobierno.  

Sánchez inicia, pues, su último baile en una posición de debilidad que habrá que ver cómo evoluciona en las próximas semanas. Robles es consciente de ello. Y es por eso que sus primeras palabras están dedicadas a los muertos, anónimos, silbantes, incontables, y las segundas a Marlaska, por omisión. Conviene que Sánchez acelere la conclusión de esta crisis humanitaria si quiere volver a repetir otro Gobierno, por mucho que los muertos no tengan prisa y el Mediterráneo se haya convertido en un tanatorio al otro lado de la M-30.  

Margarita Robles se ha convertido este miércoles en la primera ministra que ha dado explicaciones en sede parlamentaria sobre la crisis migratoria en Ceuta. Pero su comparecencia no ha logrado disipar del todo las dudas sobre el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la entrada masiva de finales de julio. La magistrada y titular de Defensa, plenamente conocedora del carácter secreto de estas actuaciones, ha alabado el trabajo de sus espías. Y ha llegado a asegurar que los mismos informaron a la Delegación del Gobierno en Ceuta de lo que se estaba cociendo en la frontera un día antes del salto. Avisos que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska insiste en no haber recibido.

El Centro Nacional de Inteligencia es el órgano competente para "obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inteligencia necesaria" para "proteger y promover" los "intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España, pudiendo actuar dentro y fuera de nuestro país. Además, entre sus labores está la de "prevenir, detectar y posibilitar la neutralización" de "actividades de servicios extranjeros, grupos o personas" que pongan en riesgo, amenacen o atenten, entre otras cosas, contra "la soberanía, integridad y seguridad del Estado". No es el único servicio de inteligencia dependiente del Ministerio de Defensa. También está el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

La entrada a nado en la ciudad autónoma de decenas de miles de migrantes ante la mirada atónita de un puñado de agentes de la Guardia Civil que se vieron ampliamente sobrepasados arrojó no pocas dudas sobre el papel de los servicios de información españoles y su capacidad de anticipación ante un fenómeno, el de los nadadores, al que se prestaba especial atención en el último informe anual de Seguridad Nacional. Un agujero que terminó tensionando a dos ministerios estratégicos: Interior y Defensa. El primero negó haber recibido aviso alguno de inteligencia sobre lo que podía ocurrir. Y Robles respondió con una encendida defensa de la labor que realizan los agentes del CNI, Cifas y los servicios de información de Policía y Guardia Civil.

La comparecencia de este miércoles en la Cámara Baja, por tanto, estuvo marcada por una pregunta que fueron repitiendo, uno a uno, los portavoces de todos los grupos parlamentarios: ¿Advirtieron los espías del riesgo de que se produjera esta entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma? Pero en esta ocasión la ministra de Defensa ha sido algo más clara. "Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y el CNI realizaron la labor que competencialmente les es exigible y compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno", ha dicho Robles durante su primera intervención.

Una información que ha completado durante su segundo turno de palabra, en el que ha afirmado que fue el 29 de julio cuando los agentes del Centro Nacional de Inteligencia desplegados en la zona informaron a la Delegación del Gobierno de una convocatoria para entrar a nado en la ciudad autónoma "aprovechando" la "fiesta" que se celebraba en Marruecos al día siguiente. Pero lejos de extinguir el incendio con Interior, lo cierto es que la comparecencia de Robles ha terminado por reavivarlo. Porque mientras la ministra se esforzaba por respaldar a los suyos, Marlaska negaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los servicios de inteligencia avisaran de lo que estaba por venir en la frontera.

"No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer lo que sucedió", ha lanzado casi a la misma hora el ministro del Interior. ¿Quiere eso decir que no hubo ningún aviso o que sí lo hubo pero no se formalizó por escrito? ¿O quiere decir que las advertencias recibidas no alertaban de una llegada tan masiva como la que se produjo? Robles, sin embargo, no ha dado muchos más datos. No se sabe si se dejó constancia por escrito o si la advertencia se hizo de palabra. "Los servicios de inteligencia operan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos", ha dejado caer la ministra de Defensa, quien ha resaltado que era "público y notorio" que en la ciudad autónoma "se estaba entrando a nado". Una situación de "emergencia" de la que todos eran conscientes días antes de la entrada masiva.

Robles se ha apoyado en un informe del Estado Mayor de la Defensa para hacer una radiografía de lo que ha calificado como una "crisis en tres fases" protagonizada por individuos que se "autoorganizan" y potenciada por las redes sociales: "El asalto se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por los mensajes en redes sociales de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras". Pero al mismo tiempo, ha hablado de guerra híbrida y de "amenaza" de "agentes internacionales". Y aunque no ha querido señalar directamente a Marruecos, sí ha dejado claro que Ceuta y Melilla son "intocables": "No es que sean españolas, son españolísimas".

Los portavoces de los grupos han pedido a la ministra más concreción durante la comparecencia. Pero Robles se ha movido en todo momento en la fina línea que separa lo que se puede de lo que no se puede contar. Ese deber de secreto no le ha impedido desvelar el número de agentes del CNI destinados a la zona. Pero sí contar con el máximo detalle todo lo relativo a los avisos de inteligencia. ¿Informaron los servicios marroquíes a sus homólogos españoles del desplazamiento masivo de personas a las localidades fronterizas? ¿En qué consistieron los avisos del CNI? ¿Se alertó del riesgo de entrada masiva o solo de una convocatoria en redes sociales? ¿Se dimensionó bien la crisis? Son solo algunas preguntas que, a día de hoy, continúan sin respuesta.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acude este martes al Congreso, a petición propia, para explicar la gestión de su Departamento en la crisis migratoria de Ceuta, una intervención con la que abre la ronda de comparecencias del Gobierno para rendir cuentas tras las entradas masivas de migrantes desde Marruecos registradas los últimos días de julio.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la de Sanidad, Mónica García, darán explicaciones el jueves 27; el viernes 28 será el turno de los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Interior, Fernando Grande-Marlaska, e Inclusión, Elma Saiz; y el último día del mes, el lunes 31, culminará la ronda con las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Igualdad, Ana Redondo.

Robles asiste a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja en medio de un clima de crispación política derivado del choque entre el Gobierno y la oposición sobre la forma en que se está abordando la crisis en Ceuta.

Es previsible que la ministra mantenga una firme defensa de la profesionalidad con la que los militares desplazados a la ciudad autónoma para apoyar a las fuerzas de seguridad están gestionado una situación extrema.

La comparecencia estará marcada por las denuncias de las asociaciones militares sobre las precarias condiciones en las que están alojados los efectivos desplegados en Ceuta, en dependencias en desuso y en situación de hacinamiento.

La alarma saltó tras confirmarse un brote de sarna entre los militares que el Ministerio de Defensa ha desvinculado del contacto directo con los migrantes.

Asimismo, la ministra acude a la cita tras haber marcado cierta distancia con el discurso oficial mantenido desde Moncloa respecto a Marruecos y su responsabilidad en el salto masivo de finales de julio. Robles ha exigido públicamente a las autoridades de Rabat que investiguen "hasta el final" las circunstancias que propiciaron la avalancha migratoria.

Para la ministra, resulta "inaceptable que se utilice a personas y a menores de edad echándolos a la muerte" y ha advertido que quienes hayan consentido o tolerado estas maniobras a través de las redes sociales deben asumir sus responsabilidades. Además, ha afirmado con contundencia que Ceuta y Melilla son “españolas, españolísimas y no se tocan”.

Es probable también que la oposición exija explicaciones sobre por qué los servicios de información no advirtieron al Gobierno de la entrada masiva. Aunque Robles no ha querido entrar en el debate, es previsible que haga una defensa firme de la labor de los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La comparecencia llega también precedida de otra polémica derivada de lo que el PP considera un "desplante" al Senado, al negarse Robles, al igual que otros ministros, a acudir a una citación para dar explicaciones en la Cámara Alta sobre esta crisis. 

La palabra "improvisación" se ha instalado con holgura en el debate sobre la crisis de Ceuta. Es una acusación seria, y puede abrir preguntas pertinentes sobre prevención, anticipación y capacidad de respuesta. Pero conviene distinguir entre una eventual deficiencia en la anticipación y la actuación desarrollada posteriormente, así como el modo en que se ha explicado públicamente. Durante más de tres lustros ejercí como corresponsal de prensa afincado en Rabat y pude comprobar la intensidad de la relación cotidiana entre España y Marruecos, que va mucho más allá de los contactos político-institucionales formales. Es un vínculo atravesado por intereses compartidos, desacuerdos, dependencias mutuas y negociaciones permanentes, además de afinidades y acuciantes realidades humanas y sociales. De ahí la dificultad de encajar una crisis de esta magnitud en una explicación binaria entre firmeza y debilidad. La pregunta pertinente no es si el Gobierno respondió, sino cómo lo hizo, con qué instrumentos, qué resultados obtuvo y a qué coste.

La acción española se desplegó en varios planos simultáneos. Interior tuvo que asegurar la frontera, reforzar los dispositivos y gestionar las devoluciones. Exteriores mantuvo un diálogo permanente con Rabat y trasladó la crisis al ámbito europeo, donde Ceuta no es simplemente una cuestión bilateral, sino parte de la frontera exterior Schengen y de una política migratoria comunitaria construida en buena medida sobre la cooperación con terceros países. Defensa incorporó presencia y poder de disuasión, mientras Juventud e Infancia atendió la situación de los menores llegados a la ciudad. El ministro Torres activó la coordinación territorial con Ceuta y con las comunidades autónomas para responder a una presión que desbordaba la escala local. No todas estas actuaciones tienen la misma visibilidad ni producen el mismo rédito político, pero forman parte del esfuerzo institucional. La ausencia de resultados inmediatos no autoriza a ignorar la compleja arquitectura desplegada para afrontarlos.

La visita de Margarita Robles introdujo otro elemento relevante. La ministra acudió a Ceuta con un lenguaje de soberanía y disuasión que encajaba perfectamente en una opinión pública sometida a una fuerte presión emocional. Al afirmar que Ceuta y Melilla son "españolísimas" y que lo ocurrido no puede volver a suceder, ofrecía un relato político inmediatamente comprensible y simbólicamente rotundo. Es razonable que una parte de la ciudadanía perciba esa intervención como una demostración de firmeza. Pero la ciencia política obliga a separar el manejo de las emociones de la gestión de los problemas. La primera puede producir sensación de seguridad. La segunda debe modificar las condiciones que desembocaron en la crisis. Una declaración puede formar parte de una estrategia de señalización, pero solo resulta efectiva si altera los cálculos del actor al que se dirige. La contundencia comunicativa, por sí misma, no constituye una política pública.

España y Marruecos participan, además, en una relación mucho más densa que la de una simple disputa fronteriza. Su asociación conjuga cooperación migratoria, seguridad, comercio, movilidad, lucha contra el terrorismo y un estatuto avanzado en el seno de la Unión Europea, en un contexto en el que Madrid ocupa un papel particularmente relevante como interlocutor de Rabat en Bruselas. No estamos, por lo tanto, ante una partida única, sino ante un juego repetido, en el que cada parte dispone de recursos de presión y también necesita el concurso de la otra. Investigación académica reciente sobre los llamados "juegos de frontera" entre los dos países describe precisamente una dinámica de condicionalidad coercitiva mutua, en la que la externalización europea y española del control migratorio interactúa con la capacidad marroquí para instrumentalizar los flujos. Desde esta perspectiva, la colaboración no equivale a la renuncia. Significa mantener abiertos los canales que permiten negociar, obtener resultados y, cuando sea necesario, responder ante una potencial ruptura del acuerdo.

Las opciones para quienes demandan mayor presión son conocidas: cerrar la frontera, suspender la cooperación, romper acuerdos, aplicar sanciones o emplear la fuerza de forma potencialmente letal. Ninguna puede reducirse a eslóganes como "mano dura" o "disuasión". Cada una exige especificar instrumentos, límites legales, costes y las reacciones previsibles. En esta lógica, la estrategia no puede evaluarse por el efecto emocional en la opinión pública. Implica atender a la conducta de la otra parte y a las consecuencias sobre interacciones posteriores. La teoría de juegos no recomienda docilidad, sino cálculo estratégico. Una medida puede parecer decisiva y resultar contraproducente si deteriora los mecanismos para gestionar la frontera, efectuar devoluciones o combatir las redes que facilitan los movimientos irregulares. La eficacia no se mide por la intensidad de la respuesta, sino por la capacidad de modificar conductas, preservar margen de maniobra y defender los propios intereses a medio y largo plazo.

La gestión del Gobierno debe, por supuesto, someterse a escrutinio. Es necesario esclarecer qué información existía antes del 30 de julio, qué capacidad de anticipación hubo, cómo funcionaron los protocolos y por qué determinadas decisiones se adoptaron cuando se adoptaron. También es legítimo cuestionar una comunicación pública que dejó demasiado espacio para que otros actores definieran el significado y los contornos de la crisis. Pero convertir esas preguntas en un diagnóstico global de improvisación es otra cosa. La acción de gobierno debe evaluarse por las medidas movilizadas, la coordinación entre niveles, los resultados obtenidos y los efectos sobre el comportamiento de los demás actores. La presencia de Robles, el trabajo de Interior, la interlocución de Exteriores, la coordinación territorial y la atención a los menores responden a lógicas diferentes, pero forman parte de un mismo problema de gobernanza. En Ceuta, la política que menos ruido produce puede ser también la que más interesa analizar.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

La operación militar Romeo-Sierra, ordenada por el Gobierno de José María Aznar y ejecutada por miembros de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina en la madrugada del 17 de julio de 2002, desalojó del islote de Perejil, junto a Ceuta, a un retén de efectivos de la Marina marroquí que habían acampado en ese ínfimo promontorio español seis días antes. Ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y la de Exteriores, Ana Palacio, comparecieron a petición propia en una sesión conjunta de sus respectivas comisiones parlamentarias para explicar el operativo militar. El que era el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), ofreció al Ejecutivo su "apoyo, comprensión y solidaridad" y aseguró que su partido sería "plenamente responsable" en la gestión de esa crisis sistémica con el país vecino.

24 años después del que, probablemente, ha sido el principal encontronazo entre Madrid y Rabat –junto con la invasión del Sáhara Occidental por la Marcha Verde– entre 70.000 y 80.000 jóvenes, la mayoría marroquíes, entraron hasta el pasado 31 de julio en Ceuta (83.567 habitantes, según el INE) a nado y a través del espigón fronterizo ante la pasividad de las autoridades del país vecino. Ese mismo día, Pedro Sánchez hizo una declaración solemne en la ciudad autónoma en la que definió lo ocurrido como otra "violación de la integridad territorial española". "Lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración como deplorable el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta", añadió sin nombrar a Marruecos pero en claro mensaje a su Gobierno.

Como en el caso del islote Perejil, los ministros más implicados en la gestión del incidente, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidieron comparecer ante sus respectivas comisiones en el Congreso para dar explicaciones a finales de mes. 13 días después, pese al retorno del grueso de los extranjeros a Marruecos, la crisis está aun lejos de solucionarse con una amenaza latente de entrada masiva para este fin de semana y cientos de migrantes durmiendo al raso en las calles y playas. La preocupación y el malestar de la población local se pudo comprobar este miércoles durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la ciudad, con decenas de ciudadanos y ciudadanas pidiendo al Ejecutivo que ponga los medios necesarios para que incidentes como este no se vuelvan a repetir.

Pese a ello, y a diferencia del PSOE en 2002, la respuesta del PP ha sido muy diferente. En lugar de ponerse detrás del Gobierno y ofrecerle su apoyo como en su día hizo Zapatero, su reacción ha sido utilizar la Cámara en la que cuenta con mayoría absoluta, el Senado, para azotarlo con una polémica vacía. Su presidente, Pedro Rollán, llegó a amenazar al Ejecutivo con acciones legales en caso de que esos mismos ministros, además del de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se negaran a comparecer ante los senadores. Desde el Gobierno ya han respondido que los cuatro citados acudirán a la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas exactas que quiere el PP. Ayer, sin embargo, sus senadores quisieron escenificar la ausencia anunciada de Grande-Marlaska ante la comisión de Interior haciéndose una foto junto a su silla vacía.

La falta de unidad política frente a los embates de Marruecos propiciada por el PP (no solo ahora, también en el anterior incidente diplomático de 2021 en el que Rabat permitió el paso de 10.000 personas en protesta por la hospitalización en Logroño del dirigente saharaui Brahim Ghali) se produce pese a que voces muy cualificadas señalan al país vecino como instigador del incidente. Desde El Confidencial, el excorresponsal de El País en el Magreb Ignacio Cembrero afirmó este miércoles, citando a dos exagentes con mando en los servicios secretos marroquíes, que la entrada masiva fue una respuesta del aparato de los servicios de espionaje y seguridad de ese país en respuesta a la investigación internacional del consorcio Forbidden Stories Pegasus Project, que denunció el recurso masivo al spyware israelí por los agentes marroquíes. También lo usaron contra Sánchez, Grande-Marlaska, Robles y la anterior titular de Exteriores, Arancha González Laya, destituida tras la crisis del dirigente polisario Ghali.

El uso de las tormentosas relaciones con Marruecos por el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo se produce, además, con el reforzamiento por parte de reino alauí de sus relaciones con Washington y, más concretamente, con la Administración Trump que, en su anterior mandato, apoyó la reclamación marroquí del Sáhara Occidental, ocupado desde 1975, y en este ha abierto un consulado general en su segunda ciudad en importancia, Dajla. Ese apoyo entraba en el paquete de la firma de los Acuerdos de Abraham, que supusieron el reconocimiento y la normalización de relaciones diplomáticas de Rabat con Israel. Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se han convertido en los principales adversarios internacionales del Gobierno de Pedro Sánchez. El primero amenaza periódicamente con una guerra arancelaria o con la salida de EE UU de las bases de Rota y Morón a cuenta de las cifras de inversión española en armamento; Netanyahu, por la oposición española al genocidio en Gaza, la personación de Madrid en la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia y el reconocimiento del Estado palestino.

A diferencia del PSOE, que cuando está en la oposición siempre ofrece su apoyo al Gobierno ante cada crisis sistémica (como hizo, por ejemplo, en la aplicación del 155 de la Constitución durante el proceso independentista catalán), el PP se negó a cerrar filas con el Ejecutivo de Sánchez en asuntos como la lucha contra el covid y se ha puesto de perfil ante las bravuconadas del presidente de EE UU, el principal socio de España en materia estratégica de Defensa que, sin embargo, se muestra cada día más cercano a Rabat. La pregunta es cuál sería la posición del PP en caso de que Trump diera un giro inesperado como el del Sáhara Occidental en apoyo de la reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla, algo que ya ha hecho con otro Estado europeo, Dinamarca, en relación a Groenlandia. Ante los incidentes de Ceuta, Feijóo ha preferido cargar directamente sobre Sánchez. "Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos", dijo este lunes en OkDiario alentando la conspiración de que el Gobierno español no hizo nada pese a saber lo que iba a ocurrir.

El sentido de Estado y la colaboración de la izquierda ante situaciones difíciles también se da en otros países. Cuando Trump atacó a la que fuera su principal aliada en Europa, la ultraderechista primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por defender el discurso pacifista del papa León XIV, la líder de la oposición, Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático, expresó en la Cámara de Diputados italiana la "más firme condena" de su formación a los insultos del presidente de EE UU a Meloni. "Italia es un país libre y soberano y repudia la guerra", dijo entre los aplausos de sus correligionarios pero también de sus adversarios. "Ningún jefe de Estado extranjero puede permitirse atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país y a nuestro Gobierno; somos adversarios en esta cámara, pero somos todos ciudadanos italianos".

La polémica sobre la petición de la comparecencia inmediata de tres ministros aprobada por el Senado haciendo valer la mayoría absoluta del PP y la amenaza de su presidente, Pedro Rollán, de tomar medidas contra el Gobierno en caso de que rechacen acudir a la Cámara ha quedado reducida a un cruce de declaraciones de políticos de distinto signo sin apenas trascendencia constitucional. El Ejecutivo de Sánchez ha desinflado el globo al confirmar que tiene la intención de comparecer en la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas que exige Rollán y su partido, sino cuando lo permitan sus agendas. La única herramienta jurídica del Senado, la presentación de un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, quedaría así vacía de contenido. El PP, sin embargo, no se empleó con la misma contundencia en 2016 cuando Mariano Rajoy y los miembros de su Gobierno se negaron a acudir a ninguna de las Cámaras durante más de 10 meses.

Los tres ministros –el de Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska– junto con el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han pedido a iniciativa propia comparecer en el Congreso entre los próximos 25 y 28 de agosto. Cuando acudan podrán informar a los diputados sin límite de tiempo y después los portavoces de cada uno de los grupos en cada una de esas comisiones podrán plantear sus cuestiones en su turno de palabra. También han asegurado, ante la polémica suscitada por Rollán, que cumplirán con su obligación de ir al Senado, aunque no con la premura que les exige el PP. Gracias a la reforma del Reglamento de la Cámara Alta impulsada por ese partido el pasado noviembre, los ministros cuentan con solo 40 minutos para dar sus explicaciones.

El Ejecutivo cumple así con la obligación prevista en el artículo 101 de la Constitución que permite a ambas Cámaras exigir la presencia de los ministros y del presidente en ejercicio de su función de control. También con el artículo 66.2 del Reglamento del Senado que en la nueva redacción propuesta por el PP introdujo un mandato expreso de acudir a los miembros del Gobiernos para dar dar explicaciones. "Los miembros del Gobierno y demás autoridades y funcionarios de Administraciones públicas están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos, incluidas las Comisiones de Investigación", dice el nuevo precepto. La incomparecencia ante una comisión de investigación supone la comisión de un delito de desobediencia, según el artículo 502 del Código Penal, pero la ley no prevé ninguna consecuencia por no acudir a una comisión ordinaria en una fecha concreta.

Fuentes del Ejecutivo explican que lo normal en los casos de los ministros y el presidente es que los gabinetes de estos o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se pongan de acuerdo con los letrados de las Cortes o los presidentes de cada comisión para pactar una fecha. Esas mismas fuentes subrayan la dificultad que, en muchos casos, supone preparar una comparecencia y dar las preceptivas explicaciones debido a las cargadas agendas del presidente o de los ministros. "Se trata de una cuestión de cortesía parlamentaria y de lealtad entre instituciones", aseguran esas mismas fuentes. Marlaska anunció ayer que este miércoles debe coordinar el dispositivo para el eclipse. Robles, por su parte, está en Ceuta para supervisar el despliegue militar que busca prevenir una nueva entrada masiva de migrantes.

En esas condiciones, la única arma que le queda al Senado es presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como el que ya remitió a ese órgano el pasado diciembre contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos. El anuncio del Ejecutivo de que sí dará explicaciones en la Cámara de representación territorial sobre la crisis de Ceuta dejaría previsiblemente sin contenido ese recurso ya que los magistrados del órgano de garantías, debido a los plazos que establece ese mecanismo, solo lo estudiarían cuando las comparecencias ya se hayan producido y la obligación constitucional de los ministros de someterse al control de los senadores se haya cumplido.

El incumplimento de ese deber –no solo ante el Senado, sino también ante el Congreso– sí se produjo en 2016, cuando el entonces presidente, Mariano Rajoy, y los miembros de su Gobierno se negaron a comparecer ante el Parlamento durante más de 10 meses alegando que estaban en funciones. En esa ocasión fue el Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, el que llevó al Constitucional al Gobierno con los votos en contra del PP, que no consideró un problema los continuos plantones del presidente y sus ministros a ambas Cámaras.

La respuesta del Constitucional no llegó hasta noviembre de 2018, cuando Rajoy ya había caído por la moción de censura que hizo presidente a Sánchez. Sus magistrados dieron la razón al Congreso y aseguraron que las sucesivas negativas del ya expresidente y sus ministros a comparecer afectaban al "equilibrio de poderes" y que el Gobierno estaba obligado a someterse al control parlamentario "en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad", aunque se encuentre en funciones. La diferencia con las comparecencias por la crisis de Ceuta es evidente: el Gobierno socialista sí cumplirá con su obligación constitucional de acudir tanto al Congreso como al Senado, pero no en el momento exacto que le imponga el principal partido de la oposición.

El Gobierno registrará esta mañana en el Congreso la solicitud de comparecencia en periodo extraordinario de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa ante las respectivas comisiones para informar de la gestión de la crisis migratoria sucedida en Ceuta la semana pasada.

El Ejecutivo propondrá a la presidenta del Congreso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca el 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el 27; y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente, el 28.

Las comparecencias, según informan fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se celebrarán a petición propia ante las comisiones de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Exteriores. El PP registró el jueves las mismas solicitudes de comparecencia, por duplicado, en el Congreso y en el Senado.

Para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión -subrayan las fuentes- el Gobierno ha decidido comparecer este mismo mes de agosto en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso de los Diputados.

Este mismo viernes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantiene una reunión telemática de coordinación desde la residencia de La Mareta, en Lanzarote, con los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y Sira Rego (Juventud e Infancia).

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este lunes al Gobierno de Marruecos que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes y ha subrayado que "Ceuta y Melilla no se tocan", al tiempo que ha garantizado que el Ejército seguirá apoyando a la Guardia Civil en la ciudad autónoma.

Durante su visita al Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), con sede en la Base Aérea de Zaragoza, Robles ha asegurado que tanto España como Marruecos no pueden "mirar para otro lado" ante una tragedia en la que, según ha recordado, han fallecido cerca de un centenar de personas.

La ministra ha reclamado a las autoridades marroquíes que investiguen qué ocurrió y quién estuvo detrás de los movimientos organizados a través de las redes y ha garantizado que todas las personas que hayan entrado de forma irregular en España "van a ser devueltas siempre con arreglo a la legalidad".

"Le pido al Gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final" para esclarecer lo sucedido, ha dicho en declaraciones a los medios, al considerar que "quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades".

Robles también ha reprochado que se utilice a menores y a otras personas, "echándoles a la muerte" mediante engaños difundidos en las redes sociales.

A su juicio, los responsables son quienes organizan estas actuaciones y hacen creer a los migrantes que pueden acceder de forma irregular a España.

La titular de Defensa ha insistido en que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan".

En este sentido, ha garantizado que el ejército permanecerá en la ciudad autónoma para apoyar a la Guardia Civil "en las labores que haya que realizar".

Preguntada por si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó al Ministerio del Interior de la posible llegada masiva de migrantes, Robles ha eludido responder de forma directa y se ha limitado a destacar que los profesionales del CNI, el CIFAS y los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan "un trabajo excepcional", por lo que ha rechazado entrar en un debate sobre su actuación.

“Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros”. 2 de junio de 2018. Ocho años atrás, Pedro Sánchez asumía con estas palabras ante el rey su nueva condición de jefe del Ejecutivo.

Apenas un día antes había ganado la moción de censura. Era la primera vez que triunfaba este instrumento constitucional en España. Y Sánchez, además, también se convertía en el primer presidente que no era diputado y en el primer líder del Gobierno que no pertenecía al grupo mayoritario en el Congreso. 

Cuando llegó por primera vez al liderazgo del PSOE en 2014, muchos dirigentes lo apodaron “Pedro, el breve”. Había una idea extendida entre sectores del partido de que sería un secretario general de transición. Pero, a estas alturas de 2026, Sánchez se ha convertido en el segundo presidente más longevo de la actual etapa democrática, sólo superado por Felipe González. Pero ya lleva más días en el Palacio de la Moncloa que José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez cumple ocho años al frente del Gobierno en un momento muy complicado para su partido, después de la imputación por parte de la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y de la entrada de la UCO la semana pasada en la sede del partido, en la madrileña calle de Ferraz, para requerir información por el caso Leire Díez, en el que se investiga una posible trama para entorpecer procesos judiciales relacionados con los socialistas.

Pero Sánchez, a pesar de la presión política y mediática, no ve cerca su final. De momento, no se plantea adelantar las elecciones generales, como están pidiendo incluso algunos socios como Junts y el PNV. Su idea es agotar la legislatura en verano del año que viene. En su discurso del domingo en la clausura del congreso de Juventudes Socialistas, el presidente mandó un mensaje muy claro en estos días de zozobra: “Los marrulleros con sus maniobras, y nosotros, a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles”.

Sánchez pone rumbo a esas elecciones a un año vista y con la idea de que puede incluso ser el partido más votado, a pesar de los escándalos que hacen tambalear al partido. Sobre la mesa pone siempre la “cuenta de resultados” del Gobierno con la economía española liderando la UE y con la filosofía de que la vida de los ciudadanos no es la que dibujan las derechas mediáticas.

Tampoco tiene intención de ir a un congreso extraordinario, como solicitan algunas voces del partido, como el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo y el actual alcalde de León, José Antonio Diez. En la reunión de la dirección socialista en Ferraz, presidida este lunes por el propio Sánchez, se hizo una defensa cerrada del actual Gobierno e imperó la sensación de resistencia.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, aseguró, tras la reunión de la cúpula socialista, que no hay intención de cambiar el calendario interno del partido y aseveró que siempre se “escucha a todos”. Pero remarcó que también se escucha “a la gente que dice que hay que aguantar, que hay que resistir porque los datos avalan a este Gobierno”.

Sánchez ya expresó hace un año, en mitad de la tormenta por el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que su intención es ser el candidato en las próximas elecciones generales. A pesar de los titulares, en el partido no hay ahora mismo ningún dirigente que tenga la fuerza para poder ganar al actual presidente en unas primarias. 

En el PSOE siguen a la espera de que se haga público el sumario sobre el caso Leire Díez para analizar la situación y meditar la posibilidad de tomar alguna decisión interna respecto a las personas citadas en el auto por el juez Santiago Pedraz. Y Sánchez ya ha pedido comparecer en el Congreso, aunque no lo hará hasta después del 19 de junio, cuando vuelva del Consejo Europeo.

Desde las filas socialistas se sigue insistiendo en las “casualidades” que se están produciendo a nivel jurídico, político y mediático. La idea que trasladan desde Ferraz, como subrayó Mínguez ante los periodistas, pasa por esta línea: “No tenemos miedo a la justicia. Es la segunda vez que viene la UCO a Ferraz y aquí no encontró lo que sí encontró en Génova”.

Además, en el PSOE están muy atentos estos días a los movimientos que se puedan dar en el Congreso. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, insistió en su presión a Junts y el PNV con la posibilidad de apoyar un cambio de Gobierno en el que no esté Vox, que pueda servir para convocar elecciones anticipadas. Los socialistas lanzaron guiños a estos dos partidos trasladando que España crece y crea más puestos de trabajo que ningún otro país europeo gracias “al impulso” del Ejecutivo y “al apoyo de los socios de investidura”.

Sánchez vive este octavo aniversario presidiendo precisamente el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. En esta mesa solo quedan tres ministros de su primer Ejecutivo: Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación).

El primero de ellos es ya el ministro del Interior más longevo en la actual etapa democrática. Y Robles y Planas están a punto de convertirse en los que más tiempo han pilotado sus respectivos departamentos, aunque todavía les ganan en duración Narcís Serra y Carlos Romero (que estuvieron ocho años y tres meses en el Gobierno de Felipe González). Además, Sánchez trabaja en estos momentos para lograr que el ministro de Agricultura se haga con la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Sánchez cumple ocho años dirigiendo el país desde La Moncloa. Y aspira a seguir tras las elecciones de 2027. En permanente escritura de su Manual de resistencia. 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este lunes de la muerte "hace escasos segundos" de un segundo casco azul indonesio en Líbano durante un ataque a un convoy y ha manifestado su "enorme preocupación" por la situación en el sur del país donde están desplegados 700 militares españoles en la misión de paz de la ONU (UNIFIL) que se encuentran "bien", según informa EFE.

"Además del ataque que hubo ayer en el que falleció un militar indonesio y otro resultó muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy en el que ha fallecido un segundo militar indonesio", ha informado Robles en declaraciones a los periodistas a su llegada al Ministerio de Industria, donde se va a presentar el programa IN+DEF. 

Robles ha explicado que, a pesar de la gravedad de la situación, los cascos azules siguen realizando convoyes y en el caso de la mañana del lunes el primero de los vehículos de esa patrulla de vehículos ha sido alcanzado.

En cuanto al contingente español, Robles ha emplazado a esperar las decisiones que tome Naciones Unidas, organismo al que ha pedido que traslade a los responsables políticos que hay que garantizar la seguridad no solo de los efectivos españoles sino de los 10.000 cascos azules que forman en este momento la misión. Está previsto que la misión acabe el mandato de Naciones Unidas a finales de este año.

Con el ataque de este lunes ya son dos los cascos azules indonesios fallecidos en Líbano después de que en la noche del domingo muriera un militar de esa nacionalidad a raíz de la explosión de un proyectil en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr, en el sur del Líbano, mientras que otro fue herido de gravedad.

Este militar herido se encuentra en estado "crítico", ha señalado Robles, que ha recordado que el contingente de Indonesia está bajo mando español en la base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayou. 

La ministra ha explicado que los militares españoles se están volcando en ayudar a los indonesios y ha insistido en que la situación es de "total preocupación" y, por ello, ha exigido a Naciones Unidas que exija a Israel y, en su caso, al grupo chií Hezbolá también, el fin de los ataques.

"Esta situación que está ocurriendo es gravísima desde todos los puntos de vista de UNIFIL, que es una misión de paz y, por tanto, las hay que respetarla siempre y en todo caso.

Estados Unidos continúa con las amenazas a España. Si hace unos días era con "represalias comerciales" por ser un "aliado terrible" como dijo Donald Trump, ahora es el turno del senador Lindsey Graham, que ha pedido la retirada de las bases de Rota y Morón, y, según Trump, quienes le sugieren represalias de este tipo con los países que no colaboran "tienen razón al pedirlo". "Creo que la OTAN va por mal camino. Deberían estar ayudando en el estrecho", ha lamentado el mandatario norteamericano.

Graham ha insistido en que la posición de España de negarse a que se usen sus bases para la guerra es "un insulto y una afrenta" a la alianza. "Señor Presidente, considero que redundaría en beneficio de los intereses de Estados Unidos trasladar dichas aeronaves de España a un país en el que realmente podamos confiar en momentos de gran necesidad. Confío en su criterio", ha escrito en X.

Así, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, han llamado a la calma en nombre del Gobierno al asegurar que la retirada de las bases "es un escenario que no se contempla", ha dicho Robles en el Canal 24 horas de TVE.

Robles ha mantenido la posición "clara, honesta y comprometida" del Ejecutivo español al asegurar "claramente que esta guerra no es nuestra guerra. Entendemos que no puede haber guerras al margen del derecho internacional". De la misma manera, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha mandado “un mensaje de absoluta tranquilidad” para defender la postura del Gobierno ante “una guerra ilegal, que tiene un trasfondo político muy profundo y muy preocupante".

Montero ha insistido en que "las bases militares se tienen que utilizar en el marco del convenio" y se ha reafirmado que no serán usadas “para una guerra ilegal”, las bases llevan en España desde 1988 y realizan "una labor importante", ha recordado Robles que ha pedido que se respete la posición española.

No obstante, la ministra Robles cree que las palabras de Trump son una reflexión al hilo de una pregunta porque "no hay ningún pronunciamiento expreso" sobre una retirada.

"Me parece importante mantener y decir que España va a estar siempre en contra de las guerras, a favor de la paz, pero firmemente comprometida también con las misiones de paz y con nuestros aliados", ha subrayado la ministra que ha recibido esta madrugada en la base aérea de Torrejón a 205 militares españoles evacuados de Irak debido a la guerra en Irán

Montero pide cautela “a la hora de valorar y de interpretar cualquier afirmación”, ya que “un día asistimos a una afirmación y otro día escuchamos la contraria”, ha dicho en declaraciones a los periodistas durante la visita los terrenos de la futura estación de Cercanías Casilla de los Pinos en Dos Hermanas (Sevilla).

Los aviones del Ejército del Aire y del Espacio que transportaba a 205 y 21 militares españoles evacuados de Irak por la guerra en Irán ya están en suelo español, en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), procedente del aeródromo militar turco de Incirlik y de la base aérea de Ramstein (Alemania), respectivamente.

Los soldados, que volaron a bordo de un A330, han sido recibidos a pie de pista por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante Teodoro López Calderón a primera hora de la mañana y los otros 21 que han llegado a primera hora de la tarde.

Estos 226 soldados conforman el grueso del contingente de 300 efectivos que tuvo que ser evacuado desde Irak debido a la guerra en Irán. La mayoría de ellos pertenece al Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión, localizado en Melilla, y el resto procede de otras unidades del Ejército de Tierra, también ubicadas en la misma localidad, a donde está previsto que se trasladen los 21 militares que llegaron esta tarde.

El Ministerio de Defensa informó en una nota de prensa de que la retirada de los soldados de Irak se ha realizado "plenamente" de acuerdo con los aliados participantes en las dos misiones internacionales en ese país, de hecho, alguna de las evacuaciones fueron en vuelos de otros países, aunque España también aportó aviones.

Los militares evacuados forman parte de la coalición internacional contra el yihadismo 'Inherent Resolve', liderada por Estados Unidos, y de la misión de la OTAN en Irak (NMI por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo ayudar a fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes.

Casi un centenar de militares españoles desplegados en Irak han sido evacuados a Turquía debido a la situación de guerra en Oriente Próximo y los 200 restantes serán sacados del país previsiblemente "en las próximas horas", ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En declaraciones a los medios tras entregar el premio 'Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas' 2026, Robles ha señalado que "la situación es muy compleja" y ha añadido que la idea es que todos los militares regresen a España y para ello hay tres aviones "preposicionados" para llevar a cabo el traslado cuando "haya una ventana de oportunidad".

Del total de militares que se encuentran ya en Turquía, 57 son de la coalición internacional Inherent Resolve para derrotar al estado islámico, liderada por Estados Unidos, y 42 estaban integrados en la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI).

La ministra ha explicado que la evacuación esta madrugada de los 42 militares del NMI ha sido "muy complicada" porque estaban en los búnkeres y se han tenido incluso que "abortar" algunos vuelos antes de que pudieran embarcar debido al "cruce de misiles".

Estos militares junto con los 57 de operaciones especiales de la coalición internacional que fueron evacuados hace unos días ya están en Turquía, donde España tiene desplegados otros 150 efectivos y una batería Patriot en la base de Incirlik, en la localidad de Adana.

Faltan por abandonar Irak 350 militares de la misión de la OTAN, de los cuales 200 son españoles, en una situación "muy compleja", ha insistido Robles.

En la evacuación han participado aviones americanos y alemanes, pero España tiene tres "preposicionados en la zona y esperamos que en las próximas horas o esta madrugada se encuentre la ventana de oportunidad para salir, porque no es fácil, hay fuego cruzado".

La ministra ha recordado que la decisión de adaptar la misión en Irak debido al deterioro de la situación fue de la OTAN y ha señalado que todos los países que participan en la operación están "perfectamente coordinados".

Robles no ha aclarado cuál va a ser el destino final de la misión, pues depende de cómo vayan evolucionando los acontecimientos y ha dicho que España "se siente muy unida y muy próxima" al pueblo iraquí, aunque ha confiado en que "las cosas puedan volver a la normalidad".

En lo que hace referencia a Líbano, donde España tiene desplegados casi 670 militares en la misión de paz de la ONU (FINUL), Robles ha reconocido que la situación es "muy dura y difícil", con una noche de "intensos bombardeos", que han obligado a los 'cascos azules' a permanecer en los búnkeres desde las 12 del mediodía de ayer hasta la una de esta madrugada.

Esta mañana los ataques se han intensificado y, aunque los militares están protegidos con cascos y chalecos, "la preocupación es absolutamente enorme porque son disparos cruzados desde todos los puntos", ha recalcado.

Robles también ha apuntado la posibilidad de que pueda llevarse a cabo la evacuación de ciudadanos europeos que están viviendo en Líbano sin ofrecer más detalles al respecto. 

El caos es total en Oriente Medio. La guerra se extiende fuera de las fronteras de Irán después del ataque del fin de semana a Teherán por parte de Estados Unidos y de Israel. Y las consecuencias son imprevisibles, mientras Donald Trump clama que la “gran ola” de la ofensiva está aún por llegar. 

En mitad de esta guerra que se expande por minutos, España marca una posición diferente a la de las grandes potencias europeas. Mientras desde París, Berlín y Londres hay un respaldo explícito a las posiciones estadounidenses y al uso de la violencia para terminar con el régimen teocrático iraní. España está condenando firmemente tanto los ataques de Estados Unidos y de Israel como los de Irán en Arabia Saudí, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán.

“Condenamos enérgicamente todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región. Como también condenamos el lanzamiento de misiles de Hezbolá y el ataque de Israel al Líbano”, expresó Sánchez el lunes.

El mensaje del Gobierno en mitad de esta nueva guerra es que se debe desescalar la situación y parar “de manera inmediata” la espiral, con la idea de que se vuelva a la diplomacia y al diálogo. “La violencia solo genera más violencia. Las bombas alcanzan objetivos militares, pero también calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes”, señaló Sánchez.

España, de esta manera, vuelve a marcar una posición clara y diferenciada dentro del marco internacional como ya hizo respecto al genocidio en Gaza. El Ejecutivo español se posicionó en contra de los ataques de Israel y a favor del reconocimiento del Estado palestino frente a las actitudes tibias de los grandes países, que luego han ido secundado estos postulados que en un primer momento parecían minoritarios en la escena internacional.

El Gobierno español rechaza practicar el seguidismo de Francia, Alemania y Reino Unido, que se han mostrado dispuestas a participar militarmente en la ofensiva contra Irán. Y el Palacio de la Moncloa lo hace no solo con palabras, sino que, además, no permite que se utilicen las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) para esta intervención.

“Rotundamente, en las bases que hay en Morón y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia, absolutamente ninguna, a esta actuación, a estos ataques que se están realizando”, aseguró la titular de Defensa, Margarita Robles, que entiende que para ese uso se deberían dar condiciones de una operación dentro del marco de la legalidad internacional, que no se producen en este caso, por lo que no es aplicable el tratado entre Madrid y Washington.

El mensaje tanto de Defensa como de Exteriores durante estas horas va en la apuesta por la vía diplomática y el rechazo de España a la operación militar. La negativa de España a que se usen las bases ha llevado a que Estados Unidos desplace a otras zonas sus aviones cisterna, como confirmó la propia Robles.

El Gobierno trata de marcar de manera clara ese mensaje frente a la posición de respaldo a Trump que mantienen las derechas. Robles lo verbalizó así: “Lo que tenemos que tener todos muy claro es que la violencia no es el camino, está muriendo mucha gente. Todos entendemos que el régimen de Teherán es terrible, dictatorial, donde se vulneran los derechos humanos, pero, al mismo tiempo, la respuesta tiene que ser siempre en el ámbito del ordenamiento jurídico internacional y de las vías diplomáticas. Están muriendo muchas personas inocentes. En ese sentido, la posición de España es la posición correcta”.

Respecto a las diferencias con Londres, París y Berlín, el ministro Albares señaló: “La posición es distinta. Cada país puede tomar sus decisiones. Nosotros creemos en nuestra posición, que es la que hemos trasladado a la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, de desescalada y de regreso a las mesas de negociación. La violencia no trae estabilidad, paz y democracia. Lo que puede dar un anclaje sólido solo va a venir a través de la diplomacia. La violencia genera más violencia y caos”.

El Gobierno no está conforme con el comunicado lanzado por la Comisión Europea respecto a la guerra de Irán. El propio Albares trasladó a sus colegas de la UE que le hubiera gustado un mensaje “más claro y contundente” para defender la paz, el derecho internacional y la soberanía de los Estados: “Europa no puede ser tibia”.

En el Ejecutivo español hay una gran preocupación por las consecuencias y las ramificaciones imprevisibles de este conflicto, que no se trata de una mera guerra regional, sino que tiene implicaciones de todo tipo a nivel mundial. “Esto reverbera en el mundo entero”, como señaló el propio Albares.

El ministro de Exteriores convocó al embajador iraní en España, Reza Zabib, para trasladarle el rechazo y la condena a las acciones "injustificadas" de Irán contra los países del Golfo y Chipre, y exigirle que cesen "inmediatamente". No lo hizo, en cambio, con el de Estados Unidos, aunque en diferentes entrevistas rechazó que la acción unilateral de Washington tenga encaje en el ordenamiento de Naciones Unidas, además de lamentar que EEUU no informó a sus aliados antes.

Mientras, París y Berlín unen posturas. Este lunes, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciaron que han formado un grupo dedicado a la coordinación entre ambos países que incluye "consultas sobre la apropiada combinación de capacidades convencionales, de defensa antimisiles y nucleares”.

El canciller alemán, además, viaja este martes a Washington para reunirse con Trump después de mostrarle su apoyo a los bombardeos. Asimismo, Macron avanzó que Francia se lanza al refuerzo y modernización de su arsenal atómico como pilar clave de su estrategia de disuasión y defensa que ofrece también a sus socios europeos.

En clave interna en España, el ala de Sumar está respaldando la postura marcada por los socialistas. La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, aseveró: "Le pido a la Unión Europea y al mundo que urge más que nunca la desescalada, urge el alto el fuego de todas las partes implicadas y urge más que nunca que la Carta de Naciones Unidas vuelva a ser respetada y aplicada".

Desde el PP, en cambio, se le exigió al Gobierno alinearse con la UE. "Nuestro partido, como no podía ser de otra manera, se adhiere al mensaje que ha lanzado la Unión Europea para que los esfuerzos diplomáticos contribuyan a salvaguardar la seguridad y la estabilidad en la zona", dijo desde la calle Génova la vicesecretaria de Política Social, Carmen Fúnez, que lamentó que “algo falla" cuando "los enemigos de la libertad" aplauden al Gobierno de Pedro Sánchez.

La Fuerza Aérea estadounidense ha trasladado desde el mediodía del domingo al menos 15 aviones de reabastecimiento aéreo estratégico KC-135 Stratotanker, claves en las operaciones militares contra Irán, desde bases en España hasta Alemania y otros puntos geográficos, según datos públicos de Flightradar24, como ha recogido EFE.

Una decena de los KC-135 han partido de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) hasta la base aérea de Ramstein (Alemania), mientras que otros cinco han despegado de la base naval de Rota (Cádiz) con destino desconocido en algunos casos al dejar de emitir su posición de manera pública.

EFE ha podido conocer que tres de esos KC-135 estadounidenses han abandonado la base de Rota en las primeras horas de esta madrugada con rumbo a una base militar del Ejército del Aire y del Espacio francés en el sur del país vecino, ocasionalmente utilizada por aviones de EEUU, según datos recopilados de la aplicación de seguimiento aeronáutico Flightradar24.

Las tres aeronaves, empleadas como aviones cisterna para repostaje de cazas y cazabombarderos, han emprendido rumbo noreste, han cruzado parte de la Península y las costas de la Comunidad Valenciana y Cataluña y han aterrizado en la base militar gala de Istres-Le Tubé, ubicada al noroeste de Marsella.

En las últimas horas también ha habido vuelos de los gigantescos C-17 Globemaster de transporte logístico de tropas y material entre Rota y la base de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia.

Este gran cambio de posición y de activos militares necesarios para los ataques aéreos contra Irán, iniciados el sábado, se produce después de que el Gobierno se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por EEUU, fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar estos aviones a otras bases sabiendo que, desde las españolas, no van a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

Robles ha negado con rotundidad que las bases andaluzas de Morón y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en Irán y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

"Rotundamente, no; en las bases que hay en Morón de la Frontera y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia", ha resumido la ministra.

Además, ha añadido que, pese a que existe un convenio con Estados Unidos para el uso de las bases de Morón y Rota, ese acuerdo permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

La titular de Defensa ha reiterado que España está "totalmente en contra de la violencia" y ha insistido en que las bases no van a prestar apoyo, salvo que fuera necesario que lo hicieran desde un punto de vista humanitario.

También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado de modo "taxativo" que las dos bases militares conjuntas con EEUU en el sur de España estén siendo usadas por Washington en la operación en Irán.

"No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU", ha afirmado el ministro en una entrevista televisiva.

Las empresas de la industria de defensa española valoran con "optimismo" un contexto "único" que permitió al sector vender en 2024 un 17% más que el año anterior, con una facturación cercana a los 10.000 millones de euros, y representar el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional, según informa EFE.

Este lunes se ha presentado en Madrid el Anuario Spain Defence and Security Industry correspondiente a 2024 con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien ha abogado por potenciar la producción militar nacional, que a día de hoy supone un 2% del PIB (34.000 millones de euros) y crea alrededor de 89.000 empleos en nuestro país. "La seguridad no se delega", ha subrayado.

El anuario revela que en 2024 el volumen de facturación de la industria alcanzó los 9.997 millones, 1.459 más que el ejercicio precedente. De esas ventas, 3.031 millones fueron directas al Ministerio de Defensa, un 35,2% más que el año anterior. También experimentaron un aumento notable las ventas al exterior, hasta los 6.966 millones, un 10,6%.

El grupo Airbus acapara el 45,3% del volumen de ventas en el sector con sus dos filiales Airbus Defence and Space (31,4%) y Airbus Military (13,9%) que facturaron en 2024 un total de 5.712 millones de euros.

Al sector aeronáutico le siguen el de armamento, con 1.096 millones de euros en ventas; el naval, con 1.075 millones de los que Navantia representa el 75%; el de materiales auxiliares, con 656 millones y en el que más pymes trabajan; y el electrónico, con 612 millones y liderado por Indra.

El teniente general Miguel Ivorra, jefe de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), ha subrayado que la capacidad industrial militar "es clave para la seguridad nacional y para el posicionamiento internacional de las empresas españolas".

"España es una referencia en la industria de defensa europea", ha declarado para concluir: "Nos mantenemos firmes en nuestra vocación de servicio al país". En su turno, la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo Alcaide, ha sostenido que el Gobierno "responde cuando se le pone delante un reto" con un importante apoyo al sector, que atesora el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional.

El anuario revela que la gran mayoría del sector ve el futuro con optimismo, en un momento en el que el gasto en defensa se ha disparado en todo el mundo y en el que existe incertidumbre por la posible fusión entre Indra y Escribano y una batalla judicial emprendida por Santa Bárbara Systems por los créditos concedidos por el Gobierno a esas empresas para inversión en desarrollar armamento. 

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, ha llamado a las empresas del sector a trabajar "juntas y sin ambiciones", puesto que hay trabajo para todas y el objetivo es conseguir que los recursos se queden en España y volver al 6º puesto como exportador mundial.

"Estamos ante una oportunidad única para nuestro sector", ha señalado con respecto un contexto geopolítico en el que España debe fortalecer su "soberanía industrial" tanto para las grandes empresas como para las pymes.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado que España participe en la misión militar europea en Groenlandia como respuesta a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de apropiarse de esa isla, si bien ha pedido "no adelantar acontecimientos".

"Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", ha señalado Robles en declaraciones a los medios a su llegada al Congreso donde comparece en la Comisión de Secretos Oficiales desde las 8:30 horas.

Estas manifestaciones de la ministra de Defensa se producen después de que Francia, Alemania, Suecia y Noruega hayan anunciado el envío de tropas al territorio autónomo danés para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar con el objetivo de incrementar la seguridad en la región.

"Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados. Iremos viendo a lo largo del día de hoy qué es lo que está encima de la mesa en esas reuniones del día de hoy", ha señalado Robles, que ha precisado que, en todo caso, la misión europea sería de "vigilancia".

La ministra se ha mostrado prudente y ha insistido en que hay que esperar para comprobar cómo se desarrollan los acontecimientos a lo largo del día, en el que "está habiendo reuniones". "Vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso se tomarán decisiones", ha afirmado.

A la pregunta de si cree que la apropiación de Estados Unidos de Groenlandia por la fuerza puede suponer el fin de la Alianza Atlántica, ha respondido que no, si bien ha considerado "inaceptable" que se lleve a cabo.

"Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo, es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman".

Preguntada sobre si Sumar apoyaría que España participe en una misión europea en Groenlandia, su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha dicho que por el momento hay poca información. "La propia ministra ha pedido prudencia al respecto y vamos a esperar a tener toda la información y conformar una decisión en el ámbito de nuestro espacio", ha declarado a los medios en el Congreso.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho que la parece una "contradicción" que se debata sobre enviar tropas a Ucrania, que no forma parte de la de la OTAN, y en cambio no se hable de enviar tropas a Groenlandia, que sí integra la Alianza Atlántica.

Y la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha opinado que enviar tropas a Groenlandia "no va a valer de absolutamente nada" y ha calificado esta medida de "inútil". "¿Qué van a hacer esos soldados en Groenlandia? ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo contra el Ejército norteamericano? Es que todo lo que están planteando es un sinsentido", ha apuntado.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado, al ser preguntada por los deseos de Trump de anexionar Groenlandia, que habrá que ver en qué se traduce y ha añadido que, más allá de este asunto, ante los grandes cambios en el orden mundial Europa "es absolutamente irrelevante y España todavía más".

"Estamos en una situación muy vulnerable por culpa de la política exterior de este Gobierno", ha asegurado.

Una quincena de militares franceses se encuentran ya en Groenlandia. El embajador francés para los Polos y los Océanos, Olivier Poivre d'Arvor, indicó este jueves en una entrevista a la emisora France Info que "una quincena de soldados" franceses, "especialistas de alta montaña" están en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Van a participar a partir de hoy en las maniobras bautizadas Arctic Endurance que se van a desarrollar allí y responden a una amenaza estadounidense que calificó de "inédita". "Es una señal fuerte -añadió-. Se decía que Europa se tomaba tiempo, no tanto".

Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, el que confirmó la pasada noche que había decidido la participación de su país en "maniobras conjuntas organizadas por Dinamarca en Groenlandia" y había precisado que los primeros militares franceses estaban en camino y que "otros seguirán".

Macron ha convocado a primera hora de esta mañana un Consejo de Defensa para estudiar la situación en la isla, pero también para abordar la crisis en Irán. Y a mediodía pronuncia su tradicional discurso de felicitación del año nuevo a las Fuerzas Armadas, que será la ocasión para hablar públicamente de esa operación en Groenlandia.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de mentir sobre la dana para "tapar" la "nefasta" gestión del expresidente valenciano Carlos Mazón, y les ha exigido a ambos, en espacial al líder del PP, que se disculpe con los valencianos y con la Unidad Militar de Emergencias (UME), según informa EFE.

"El señor Feijóo ha faltado a la verdad; ha tratado de cubrir la ineficacia del señor Mazón, que no estaba donde tenía que estar y por eso quiere hacer ver que otros no estaban donde tenían que estar. Pero le tengo que decir que los militares españoles, la UME estuvo en todo momento poniendo en riesgo sus vidas mientras otros no sabemos dónde estaban", ha señalado Robles en una entrevista en TVE. 

Para la ministra es "especialmente grave" que el líder de un partido que se llama de Estado niegue la realidad, ponga en cuestión la actuación del Ejército y esté descalificando y faltando a la verdad respecto a la actuación de la UME y del resto de las Fuerzas Armadas.

Ha insistido en que tanto Feijóo como Mazón "han estado mintiendo" desde el principio y les ha exigido que pidan disculpas, a la vez que le ha preguntado al líder de los populares "por qué no quiere que se sepa la verdad", a lo que ella misma ha respondido asegurando que responde a "una estrategia ante la ineficacia de lo que hicieron". 

La ministra ha afirmado que los ciudadanos españoles saben que cuando hay una emergencia los militares están ahí, "poniéndolo todo con todos los medios necesarios y poniendo en riesgo sus vidas" para ayudar a salvar vidas y en tareas de reconstrucción.

Más de 39.000 militares participaron en la dana "y Feijóo lo sabe perfectamente, y con la finalidad de perjudicar y descalificar al Gobierno lo que ha hecho es faltar a la verdad", ha asegurado Robles, que le ha emplazado a "hacer un análisis muy serio de si quien miente, quien tapa una ineficacia de un presidente autonómico, tiene la legitimidad suficiente para poder conducir este país".

Robles ha puesto de relieve la "impotencia" que le transmitían los militares de la UME que estaban interviniendo en la dana cuando desde el PP se decía que no estaban, y ha dicho que ha podido ver "escenas de emoción, de compañerismo entre los ciudadanos y la UME porque están ahí con ellos".

Las exigencias de la ministra vienen como respuesta a la versión de los hechos que tanto Mazón como Feijóo llevan meses sosteniendo. El expresident de la Comunitat Valenciana denunció que, tras la dana, había tenido que pedir a Defensa "más unidades de la UME, de 500 en 500" y su vicepresidenta, Susana Camarero, afirmó recientemente en la comisión de investigación del Congreso que el día de la catástrofe tuvieron que "esperar 96 horas para que el Ejército se desplegase". 

Sin embargo, los mensajes que se intercambió con el líder de su partido revelan lo contrario, según denunciaron desde el Ministerio de Defensa en un comunicado. "Los mensajes intercambiados -entre Feijóo y Mazón- en los primeros momentos de la dana demuestran que la UME estuvo a disposición desde el minuto uno, como reconoce el propio Mazón en sus mensajes de WhatsApp", señalan en la nota.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha proyectado en el Senado decenas de vídeos e imágenes que su departamento ha difundido a través de la red social X de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de otros grupos pertenecientes a las fuerzas armadas en los incendios, según informa EFE.

Lo ha hecho en la Comisión de Defensa, donde ha comparecido a petición del PP para dar cuenta del dispositivo de las fuerzas armadas desplegado con motivo de los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas, especialmente a Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias.

Robles ha comenzado su intervención deseando la recuperación de los militares heridos en los incendios e, inmediatamente después, y durante más de cuarenta minutos, ha proyectado en la sala imágenes y mensajes difundidos en X.

Lo ha hecho por orden cronológico ante la atenta mirada de algunos senadores, mientras que otros atendían a sus notas y papeles. 

Desde el 29 de julio, con la UME ya desplegada en tres incendios en Cuevas del Valle (Ávila), Caminomorisco (Cáceres) y Cañiza (Pontevedra), el Ministerio de Defensa ha informado a través de la red social X de ello, con 161 publicaciones, de las que 148 contienen datos informativos concretos, como ubicación, despliegue y maquinaría empleada.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes un plan de cincuenta medidas contra incendios y para las zonas afectadas tras la ola que todavía continúa activa, una propuesta del PP que contiene la creación de un "registro nacional de pirómanos" e incendiarios, según recoge EFE. En él estarían incluidas todas las personas condenadas mediante sentencia firme que hayan provocado un incendio en cualquier lugar de España y, según la propuesta del PP, conllevaría la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el líder del PP en la que ha hecho un esbozo del bautizado 'Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal', que el partido enviará "inmediatamente" a las Cortes.

Otra de las medidas es la creación de criterios "objetivos, transparentes y vinculantes" para el abordaje automático de las emergencias bajo el liderazgo de profesionales de acreditada experiencia que permita agilizar la coordinación e impida que las desgracias o accidentes se conviertan "en bronca política" y en conflictos entre los gobiernos autonómicos y el central.

Muchas de las cincuenta medidas, ha relatado, consisten en otorgar ayudas materiales y económicas inmediatas a las localidades, a las personas y a las empresas afectadas por los fuegos y para ello movilizar todos los recursos presupuestarios disponibles de las administraciones, entre ellos los fondos europeos 'Next Generation'.

El PP también quiere que se revise el marco legislativo y la gestión de los montes para analizar las prácticas forestales y ganaderas que se están produciendo en los últimos años y ver cuáles podrían estar teniendo un impacto negativo en la prevención y en la extinción de incendios. ´

El PP presenta este plan, ha apuntado Feijóo, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya "fallado en la prevención" de incendios y no haya puesto "todos los medios disponibles" para que la crisis no tuviese la magnitud que ha tenido. Aunque las competencias sean de las comunidades autónomas y "las han ejercido", ha apuntado, el despliegue de medios nacionales, incluido el Ejército, e internacionales "le corresponde exclusivamente al Gobierno de España".

Así, Sánchez -que no se ha puesto en contacto con él estas semanas, ha dicho- es quien "tenía que ponerse al frente de la crisis". "El Gobierno llegó tarde y ha habido una falta de planificación, de prevención y de compromiso en los primeros días de los incendios forestales", ha insistido.

Feijóo ha asegurado que él visitó los incendios antes que Sánchez y que pidió inmediatamente el despliegue del Ejército, algo que "no debería pedir el jefe de la oposición", sino que "debería de ser una instrucción inmediata del presidente del Gobierno".

El líder popular ha cargado también contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien también podría haber pedido la autorización al presidente del Gobierno para desplegar al Ejército. "Si la ministra de Defensa ha actuado de forma tardía y a rastras, será su responsabilidad", ha asegurado.

Con los incendios más graves produciéndose en comunidades gobernadas por el PP -Galicia, Extremadura y Castilla León- Feijóo ha asegurado que los presidentes autonómicos han trabajado "hasta la extenuación" con todos los medios disponibles en su territorio. "Le agradezco a los presidentes autonómicos que, antes de que Protección Civil interviniera, estuvieron intentando coordinar medios", ha dicho.

El problema principal, ha reiterado, ha sido activar en momentos de crisis todos los medios disponibles del Estado y ha sido también un problema "de prevención y de planificación de un verano como este".