Cuarenta y seis años después, la Universidad Complutense ha vuelto a pronunciar en voz alta lo ocurrido el 13 de diciembre de 1979. Lo ha hecho en la Facultad de Ciencias de la Información, donde este viernes se ha inaugurado en la quinta planta el mural que recupera la pintada hallada hace un año con una frase casi borrada y dos nombres que durante décadas habían quedado sepultados bajo capas de pintura y un silencio institucional prolongado. José Luis Montañés Gil, de 22 años, estudiante de Ciencias Políticas, y Emilio Martínez Menéndez, de 20, alumno de Ingeniería Industrial, murieron por disparos policiales tras una jornada de movilizaciones estudiantiles contra la Ley de Autonomía Universitaria. Aquella pintada —"José Luis, Emilio, no os olvidamos"— fue la prueba de que, pese al paso del tiempo, su recuerdo había resistido en los márgenes.

"Su nombre, su historia y su ausencia forman parte de una herida que aún duele", ha resumido Javier Montañés, hermano de José Luis, en una de las intervenciones que han marcado la jornada. "La memoria no es venganza, es la base mínima de una democracia", ha insistido. A su lado, Mari Carmen Martínez, hermana de Emilio, ha agradecido que la universidad y las nuevas generaciones hayan hecho suyo el recuerdo de su hermano. "Ver este mural y escuchar hoy a los estudiantes de la época es una forma de reparación después de tantos años", ha celebrado, subrayando la importancia de que la memoria "salga por fin del ámbito privado y se convierta en un reconocimiento colectivo".

La inauguración del mural, obra de Alicia León Gordo, ha sido el eje simbólico de una jornada de charlas que ha reunido a instituciones, familias y al movimiento estudiantil. El acto ha querido convertir el hallazgo de la pintada en una reparación pública, con el impulso de la facultad y la participación del Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, además del acompañamiento de infoLibre, que ha apoyado el proyecto y ha participado en el arranque institucional.

El bloque dedicado a las familias ha sido el más emocionante de la jornada. Mari Carmen Martínez ha recordado a Emilio como un joven profundamente comprometido desde muy temprano, con quien hablaba de política y de la Transición. Además, ha relatado el impacto devastador de su muerte en "una familia que no entendía cómo la policía podía disparar contra un hijo que no era un delincuente". "Fue muy duro asumirlo, y lo fue aún más el silencio posterior", ha señalado. Pero también ha destacado el valor del momento actual y ha agradecido que la Universidad y los estudiantes hayan hecho suyo el recuerdo de su hermano.

Javier Montañés ha insistido en que el recuerdo de José Luis no puede quedar reducido a una nota a pie de página. Ha descrito a su hermano como un joven con "hambre insaciable de leer y conversar", comprometido con el estudio y la solidaridad. "A José Luis y a Emilio los asesinó la policía con su arma reglamentaria. Sus únicas armas eran su voz y su lucha", ha recordado. Montañés ha defendido que "recordar no es reabrir heridas, es evitar que se repita la impunidad".

La importancia del homenaje también ha residido en su respaldo institucional. Tanto la Secretaría de Estado de Memoria Democrática como infoLibre, que han financiado parte de la reconstrucción del mural, han subrayado el acto como "un paso necesario" para convertir la memoria en reparación pública. Carmina Gustrán, comisionada de los 50 años de España en Libertad, ha advertido de que la democracia no llegó de forma plena con el final del franquismo: "En 1975 no llegó ni la libertad ni la democracia". "Actos como este nos recuerdan el muchísimo trabajo que queda por hacer y la necesidad de celebrar el pasado con espíritu crítico", ha insistido.

Por parte de infoLibre ha intervenido Jesús Maraña, director editorial del periódico, que ha vinculado memoria y presente desde su experiencia como estudiante en la Complutense en aquellos años. Ha recordado la movilización estudiantil de 1979 y ha cuestionado el relato de una Transición modélica. "Cuando se insiste en la imagen de una Transición pacífica se está falseando la historia", ha afirmado. "La democracia no cayó del cielo, se construyó con conflicto, con represión y con un coste humano que no podemos permitirnos olvidar", ha insistido.

La mesa dedicada al movimiento estudiantil ha trazado un hilo continuo entre el 13 de diciembre de 1979 y la universidad actual, mostrando que cambian las formas, pero no las lógicas de control y represión. Desde el movimiento del 79 se ha situado la muerte de José Luis y Emilio en un contexto de violencia estructural y de continuidad de prácticas franquistas en las fuerzas de seguridad. Ramón Adell, sociólogo y entonces activista estudiantil, ha señalado que "las tácticas policiales no se habían democratizado y la impunidad era total", y ha recordado la actuación sin consecuencias de grupos de extrema derecha dentro y fuera de la universidad.

Otros participantes han rechazado cualquier lectura edulcorada de aquel periodo y han subrayado que la lucha contra la Ley de Autonomía Universitaria iba mucho más allá de una norma concreta. Mauricio Gallego, abogado y miembro del movimiento estudiantil de la época, ha defendido que "no peleábamos solo contra la LAU, peleábamos contra un sistema que quería cerrar en falso la Transición".

Sobre el 13 de diciembre, la mesa ha sido explícita. Carlos Tejero, que estuvo presente en aquella manifestación, ha sostenido que "ese día alguien dio la orden de ahogar en sangre la movilización", insistiendo en que las muertes no fueron un exceso aislado, sino el resultado de una estrategia represiva. La campaña posterior de descrédito mediático también ha sido señalada como una pieza clave de la impunidad. Adell ha resumido esa violencia prolongada con una frase contundente: "A José Luis y a Emilio no solo los ha matado la policía, los han rematado los medios".

Ese pasado ha encontrado un reflejo directo en las intervenciones del movimiento estudiantil actual. Las voces jóvenes han descrito una universidad donde la represión ya no suele expresarse en disparos, pero sigue presente en campus militarizados, sanciones, vigilancia y límites al derecho de protesta. Fran Flecha, del movimiento libertario, ha advertido de que "la violencia continúa aunque no termine en muertes", vinculando estas prácticas a desahucios, cargas policiales y control del espacio público.

Al mismo tiempo, se ha reivindicado la continuidad de la lucha. La defensa de lo público y de la autonomía universitaria ha aparecido como un eje compartido entre generaciones, junto a la preocupación por la derechización de una parte de la juventud. Frente a ese avance, se han puesto en valor las resistencias que se articulan desde el feminismo, los movimientos queer y las asambleas estudiantiles. María Prieto, de la Acampada por Palestina, ha resumido ese hilo de continuidad entre generaciones con una idea clara: "No hemos heredado una lucha cerrada, seguimos en la misma".

La jornada ha culminado con la inauguración del mural en la quinta planta de la facultad. Aquella pintada mínima que decía "José Luis, Emilio, no os olvidamos" ha dejado de ser un rastro casi borrado para convertirse en una afirmación pública y permanente. La Complutense no solo ha homenajeado a José Luis y Emilio, sino que ha convertido la memoria en un acto presente y colectivo.

En la quinta planta de la Facultad de Ciencias de la Información, una reforma dejó al descubierto, detrás de un tablón, unas letras desdibujadas: "José Luis, Emilio… no os olvidamos". No era una frase completa ni un homenaje reciente, sino el rastro de un dolor escrito a toda prisa hace 46 años, cuando los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez Menéndez murieron por disparos policiales durante una manifestación el 13 de diciembre de 1979. El muro había retenido ese mensaje en el yeso, guardando una memoria de la Transición que durante décadas ha quedado relegada o directamente borrada por parte de las instituciones.

La profesora Cristina Mateos, que vio la pintada al salir de clase, entendió su importancia de inmediato. Especialista en movimientos sociales, supo que aquel fragmento no era una simple pintada antigua, sino "un resto arqueológico de memoria". Su aviso al decanato abrió así un proceso que la Complutense había dejado inconcluso durante 46 años. "Aquí murieron dos estudiantes y jamás se incorporó a la memoria institucional. Esa ausencia habla tanto como la pintada", señala Mateos.

La aparición del mensaje desencadenó un trabajo de recuperación histórica que se prolongó durante meses: búsquedas en archivos, revisión de hemerotecas, entrevistas con antiguos estudiantes y, sobre todo, la localización de las familias de José Luis y Emilio, a quienes nadie había pedido explicaciones ni ofrecido reparación desde 1979. Esa investigación ha culminado en un mural de memoria democrática que reconstruye la frase original y devuelve a los dos jóvenes un espacio en la universidad que nunca debieron perder.

La tarde del 13 de diciembre de 1979, Madrid vivía una oleada de movilización estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), que muchos jóvenes percibían como un retroceso en derechos recién conquistados. La manifestación estaba legalmente convocada y, pese al clima de tensión, discurría dentro de lo habitual. José Luis Montañés, de 22 años, compaginaba su último curso de Ciencias Políticas con un trabajo de mensajero para pagarse los estudios. Su hermano Javier lo recuerda como "un chico muy responsable, trabajador y consciente de lo que estaba pasando en el país". Vivía en el barrio de la Concepción, aunque pasaba gran parte del tiempo en Embajadores, donde estaba a punto de mudarse con amigos. Esa tarde acudió a la protesta como tantos otros.

En paralelo, Emilio Martínez Menéndez, de 20 años, estudiante de Ingeniería Industrial, atravesaba un momento de fuerte compromiso político. Su hermana, Mari Carmen, recuerda que "era muy reivindicativo desde muy joven" y que hablaba con espíritu crítico sobre la Transición y la muerte de Franco. Vivía ya fuera de casa, trabajaba y se movía entre Lavapiés y Embajadores, donde coincidió con la disolución de una manifestación sindical.

Fue entonces cuando varias dotaciones policiales abandonaron la zona. Según el sumario y los testimonios, todos los jeeps emprendieron la marcha salvo uno, que realizó un giro brusco, abrió el portón trasero y comenzó a disparar. La versión oficial habló de tiros "al aire", pero los hechos reflejan otra realidad. José Luis cayó abatido por un impacto en el cuello a unos 59 metros del furgón y Emilio, alcanzado en el tórax, se desplomó a unos 100 metros. "Qué disparo al aire mata a dos jóvenes que ni siquiera están cerca del coche", cuestiona Javier.

Varios testigos mencionaron una ráfaga de metralleta y vieron a agentes recogiendo proyectiles incrustados en un autobús y en el asfalto. Según las familias, la Policía impidió que nadie auxiliara a José Luis, que murió en la calle, mientras que Emilio falleció horas después en el hospital. El cirujano que lo atendió entregó la bala al juez instructor, un gesto decisivo que permitió identificar el arma y al agente responsable.

El juez Clemente Auger imputó a varios policías por uso desproporcionado de la fuerza, una decisión excepcional en esa época, pero el caso se estrelló en la Audiencia Nacional. "Lo pararon en seco", recuerda Javier. "La judicatura seguía siendo la del franquismo y era imposible que prosperara".

El dolor de la pérdida fue inmediato, pero la manipulación mediática se prolongó durante años. La prensa de entonces difundió versiones que presentaban a los jóvenes como agitadores, violentos o incluso como supuestos "sicarios pagados" para provocar a la Policía. "Decían barbaridades que luego escuchabas repetidas en la calle", recuerda Mari Carmen, que tenía 15 años cuando mataron a su hermano. "Mi hermano no era un delincuente. Estudiaba, trabajaba y ayudaba a todo el mundo".

La familia quedó profundamente marcada. Su madre nunca aceptó que la Policía —a la que consideraba garante del orden— hubiera matado a un joven que no había hecho nada malo. "Cayó en una depresión de la que no salió", relata su hija. El padre, de derechas, sostuvo durante años una batalla legal convencido de la inocencia de su hijo. En 1986 obtuvo una victoria parcial en un contencioso, aunque las muertes siguieron impunes.

La familia Montañés vivió un proceso similar. Javier explica que jamás recibieron una llamada de apoyo de ningún partido político. "Ni del PSOE, ni del PCE, ni de nadie. A nadie le interesaba airear esto", denuncia. Considera que existió un pacto tácito para mantener estos episodios fuera de la narrativa celebratoria de la Transición. El silencio social, dice, se convirtió en una carga imposible de soltar: "Te acompaña toda la vida ser 'el hermano del chico que mataron'', no se cierra nunca".

Ambas familias reclaman actualmente la verdad histórica y las reparación que nadie les ha concedido en 46 años. "A mi hermano no me lo van a devolver, pero lo que no podemos permitir es que su vida quede relegada a un pie de página", señala Javier Montañés. Y añade una reflexión que resume el sentido del homenaje: "Si algo debe servir todo esto es para que la universidad y este país asuman lo que pasó. No para vengarse, sino para contar la verdad por fin".

La pintada apareció a finales de 2023, cuando la facultad iniciaba reformas en varias plantas. Mateos fue la primera en verla y entendió que era un vestigio único. "No podíamos pintarlo encima como si nada. Era la memoria hablando desde la pared", explica. Sin embargo, su hallazgo no generó consenso inmediato, ya que en el decanato hubo dudas y cierto temor a abrir un episodio que la universidad nunca había afrontado. El proyecto quedó en suspenso hasta 2025, cuando Ángel Rubio asumió el decanato y convirtió la preservación de la pintada en su primera iniciativa.

El equipo inició entonces una investigación sistemática: recorrieron archivos históricos de la universidad, hemerotecas de diarios nacionales, fondos documentales del movimiento estudiantil y los sumarios judiciales disponibles. Descubrieron imágenes inéditas de las movilizaciones y del homenaje celebrado días después, así como un comunicado que los estudiantes dirigieron "al pueblo de Madrid" denunciando la represión y anunciando que seguirían movilizándose. "Su potencia política es enorme. Sería impensable hoy que una asamblea estudiantil se dirigiera así al conjunto de la ciudadanía", afirma Mateos.

También localizaron el cartel de una proyección en 1980 de la película 13 de diciembre, grabada por dos estudiantes de periodismo cuyos nombres aún no han sido identificados. La búsqueda continúa revisando listados masivos de matrículas de la época y tratando de localizar a sus posibles autores. "No perdemos la esperanza de encontrar la cinta, pero si existe, habrá sobrevivido de milagro", explica Mateos.

El proyecto culmina con un mural creado por la ilustradora Alicia León. La obra reconstruye la frase original e incorpora los rostros de Emilio y José Luis a partir de fotografías familiares, rodeados de una multitud estudiantil y consignas extraídas del análisis documental. La placa que se inaugurará junto al mural reconoce que ambos fueron "estudiantes muertos por disparos de la Policía durante las movilizaciones contra la Ley de Autonomía Universitaria". Un recordatorio de que las paredes, a veces, conservan lo que la historia intentó borrar.

En los últimos meses, no han sido pocas las manifestaciones o reivindicaciones protagonizadas por jóvenes, desde las protestas propalestinas, en las que los estudiantes salieron masivamente a las calles, hasta las marchas por la vivienda. Sin embargo, surge una paradoja. Los jóvenes salen a las calles y participan en política pero, cuando se trata de afiliación a los sindicatos, desde donde se convocan estas protestas, su presencia es prácticamente nula o muy poco significativa. 

“Existe una desconexión entre la indignación y las estructuras que la deberían canalizar. Los jóvenes viven atravesados por la precariedad, la imposibilidad de emanciparse y un horizonte sin certezas. La rabia está ahí, pero muchas veces sin organización que la sostenga. Lo que falta no es voluntad de lucha, sino estructuras políticas y sindicales que estén a la altura”, razona Lucía García, secretaria de Juventud de la Unión Comarcal CCOO Henares. 

Según un estudio del economista britanico David Blanchflower, las economías avanzadas siguen un mismo patrón en la afiliación de los jóvenes a los sindicatos. Las personas en edades medias tienen más probabilidades de estar sindicados que ellos o generaciones posteriores. En un estudio más reciente de la Universidad de Oxford esto se certifica. La afiliación sindical ha caído en todos los rangos de edad, pero la situación se acentúa entre los más jóvenes. En la década posterior a la investigación, que data de 2018, muchos menos jóvenes se han unido a un sindicato, lo que ha generado un alejamiento entre ellos y sus mayores. 

En España, solo el 5,5% de los trabajadores entre 16 y 30 años forma parte de un sindicato, según la European Social Survey con datos de 2017, los últimos disponibles. En los dos sindicatos mayoritarios, las cifras siguen este patrón. En CCOO, los jóvenes de menos de 30 años representan solo el 3,6% de los afiliados (8.229). Por su parte, UGT tiene 983.521 afiliados y afiliadas, de los que solo un 9,46% son menores de 35 años. 

¿El problema? Desde hace varios años se viene experimentando un fenómeno entre los jóvenes: la desafección política. Según un estudio publicado por el Instituto de la Juventud (Injuve), el interés general por la política no supera el 35%, aunque en el caso de los jóvenes el interés es mucho menor. Este mismo informe también revela que la distancia que sienten los jóvenes con los partidos ha aumentado a lo largo de las décadas. En 1980, el 66% de las personas entre los 22 y los 25 años sentían cercanía con alguna formación política, pero en los últimos datos recogidos, la cifra cae hasta el 33,51%. 

En años más recientes, la situación no ha ido a mejor. Según el Informe España 2023 elaborado por la Universidad de Comillas, el 80% de los jóvenes no se sienten escuchados por los políticos. Algo que este documento señala que puede acabar derivando en una crisis de representatividad. 

Algunos partidos políticos ya han percibido esta tendencia. Dos ejemplos: Yolanda Díaz ha subrayado en varias ocasiones que rechaza definir su formación como un partido. De hecho, su proyecto recoge en el nombre la idea de ser una corriente política: Movimiento Sumar. El agitador ultra Alvise Pérez tampoco se decantó por el calificativo de “partido” para las elecciones europeas de 2024 y formó la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF), un gesto para mostrar su rechazo a la idea tradicional de las formaciones políticas. 

Este desencantamiento con la participación política también hace mella en los sindicatos, que ven cómo nuevas formas de organización, como las redes sociales, les comen terreno. Aun así, no es solamente algo achacable a los jóvenes. Lucía García atribuye el problema a la falta de confianza y compromiso por la (in)acción previa de las organizaciones. “El rechazo hacia las formas de partido o de sindicatos más clásicos no surge porque la organización sea innecesaria, sino porque muchos de estos grupos dejaron de responder a las necesidades materiales de la gente. Durante años, parte de la izquierda institucional se adaptó al marco del poder en lugar de disputarlo. Eso generó desconfianza, especialmente entre quienes no han conocido sindicatos combativos o espacios donde la militancia no sea un trámite”, argumenta.

La militancia ha bajado, sí, pero eso no quiere decir que no puedan surgir nuevas formas de protesta. Las redes sociales, por ejemplo, han hecho que muchos se decanten por una lucha organizada que, aunque exista en la nube, no se ve en las calles. “Cada vez vivimos más atomizados y mucha gente ha perdido la costumbre de organizarse con sus compañeros de trabajo para luchar por mejoras”, expresa Jorge Saborido, de CNT Madrid. 

Y no se deben infravalorar las redes. En los últimos meses estas han funcionado como un actor principal en el cambio social de varios regímenes alrededor del mundo. En Marruecos, las protestas exigen mejoras en lo público, con denuncias por la situación de la sanidad, la educación o el empleo o por la corrupción de sus Administraciones. Estas reivindicaciones fueron todas gestionadas a través de plataformas como Discord o TikTok. A través de la primera, muchos jóvenes comenzaron a expresar sus exigencias al Gobierno en una ola a la que se han sumado más de 200.000 personas. 

Esto sigue la estela de las protestas en Madagascar o Indonesia, en las que la organización se dio mayormente a través de las redes sociales. En la segunda, por ejemplo, todo comenzó cuando los jóvenes de este país empezaron a publicar vídeos en TikTok en contra de los hijos de las elites. En Nepal sucedió lo mismo pero, cuando el Gobierno prohibió Facebook e Instagram, el descontento pasó a las calles.

“Estas protestas son un magma juvenil que tiene estudios y que no ve salida a los problemas que tiene delante, es algo que se está mundializado con protestas en Asia, Latinoamérica y Europa”, expone David Moral, profesor de sociología de la Universidad de Zaragoza. Así lo reiteran los datos de CCOO Catalunya, en los que el 57,3% de los afiliados tienen estudios superiores. 

Aun con su caída entre los jóvenes, la necesidad de organización se hace palpable con tan solo mirar el telediario. Los precios de la vivienda han subido un 35% en los últimos diez años, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, mientras que el sueldo medio de los más jóvenes es de tan solo 1.048,19 euros. A su vez, la calidad y remuneración del empleo joven no mejoran. De hecho, son el único grupo de la población que no ha superado los niveles salariales de antes de la crisis del 2008, según el informe Juventud y Empresa de la Fundación PwC. 

Ante esta situación, es evidente que los sindicatos tienen que ostentar un papel más central para ayudar a los jóvenes a salir de esta situación, no solo desde protestas o asambleas. Así lo consideran desde el Sindicat de Llogateres. “Un sindicato tiene como una de sus actividades el uso de la manifestación para expresar tu enfado, pero a la mañana siguiente tus circunstancias no han cambiado. Solo con una organización que te apoye en las negociaciones se consiguen resolver los problemas”, argumenta Enric Aragonès, portavoz del Sindicat. De esta manera, cabe preguntarse de qué formas los sindicatos tienen (o no) que reformarse para contentar a este sector de la población que se les resiste pero que necesita una respuesta urgentemente. 

El interés por el sindicato suele llegar a la vez que el primer trabajo y su consecuente precariedad, tan característica del empleo joven. “Es un conocimiento del sindicato pragmático, acudes a ellos cuando tienes un problema, pero la ciudadanía no los ve, ni tiene suficiente conocimiento sobre su labor. Solo tienen información sobre ellos cuando ya hay una tradición sindical dentro de su familia o en su entorno”, explica Moral. 

El tema de la vivienda es un claro ejemplo porque es la mayor preocupación de los españoles, según el ultimo barómetro del CIS, y entre los jóvenes, la situación es especialmente dramática. La tasa de emancipación juvenil está en su punto más bajo desde que el Consejo de Juventud de España comenzó a registrar datos en 2006. En el segundo trimestre de 2024, sólo un 15,6% de los jóvenes podían irse de casa de sus padres. Con estos datos, no es sorpresa que el Sindicato de Inquilinas sea uno de los más populares entre los jóvenes. 

“Creo que la clave está en atender a las necesidades de la clase trabajadora más precaria, entre la que se encuentra la juventud. Por ejemplo, el Sindicato de Inquilinas tienen mucha militancia joven por atajar un problema que atraviesa en particular a la juventud, como la vivienda”, expresa Saborido. La afiliación del Sindicato de Inquilinas ha subido en el último año, hasta los 1858 afiliados en 2025, un aumento de 243 personas respecto al año anterior. 

La presencia de un sindicato en una manifestación solo no es suficiente. “Que ellos estén ahí solo responde a su responsabilidad como sociedad civil, el que salgan a las calles no genera una posible relación de militancia, si en una manifestación los participantes ven un sindicato, eso no va a hacer que se afilien al sindicato”, argumenta el profesor de la Universidad de Zaragoza.

La solución pasa por lo más básico: la educación. Los sindicatos no se estudian en los centros educativos y no se da la información necesaria a los alumnos. Por ello, Moral considera que deberían aumentar su presencia en ellos, tanto en los planes de estudios (algo que se escapa de sus competencias) como en forma de charlas o encuentros. El problema está, como siempre, en la falta de recursos. También sucede a la hora de intentar mejorar su imagen en redes, el lugar donde se están organizando los jóvenes. Quizá los sindicatos tengan la intención, pero el tiempo y el dinero no acompañan. 

Su actualización es crucial para garantizar que haya un relevo generacional entre sus filas. Para Lucía García, los sindicatos siguen siendo cruciales y el llegar a los jóvenes no pasa solo por hacer que se les conozca. “Los sindicatos seguirán siendo relevantes si recuperan su papel de herramienta de clase, democráticos, cercanos y combativos. Cuando se vinculan con conflictos reales (como vivienda, educación, migración o precariedad juvenil) vuelven a ser útiles y respetados. El reto no es edulcorar el nombre, sino repolitizar la organización, abrirla a nuevos sujetos y devolverle su capacidad transformadora”, zanja. 

El genocidio perpetrado por Israel en Gaza ha sacudido a la sociedad española y ha movilizado a un amplio sector de la población en contra de la masacre indiscriminada de civiles. La juventud, inclusive los adolescentes, no ha sido impermeable a lo que sucedía y sigue sucediendo en la Franja. Es la primera generación de jóvenes que ha podido seguir en directo, a través de todo tipo de imágenes, grabaciones y retransmisiones en tiempo real, una catástrofe humanitaria de tal magnitud. Las redes sociales les han permitido ser testigos de un conflicto que sigue lejos de haber alcanzado una solución definitiva y ello ha dejado una huella imborrable en las mentes de muchos de ellos. Las fotografías, vistas a través de la pantalla, de chicos y chicas de su misma edad llorando la pérdida de sus seres queridos o gravemente heridos en los hospitales tras los bombardeos han tenido un enorme poder movilizador. Así, la sensación de rabia e impotencia se ha transformado con el tiempo en lucha activa contra el mismo sistema —colonial, imperialista— que lo ha permitido.

La percepción de algo profundamente injusto, y que ha desbordado los cauces de lo aceptable –incluso en el marco de un conflicto armado–, ha sido el germen de un nutrido movimiento de chicos y chicas autodeclarados propalestinos. Por tanto, algo ha cambiado en estas generaciones en los últimos dos, años desde que Gaza entró en la agenda pública.

El pasado 2 de octubre, según datos de la Delegación del Gobierno, 4.000 estudiantes se congregaron en Madrid (unos 6.500 estudiantes en Barcelona, más de 10.000 en toda España) bajo el lema Paremos el genocidio al pueblo palestino para protestar contra la detención de los activistas de la Global Sumud Flotilla. Buena parte de esos estudiantes eran alumnos de ESO y Bachillerato, tal y como destacan desde el Sindicato de Estudiantes, entidad convocante de esta marcha. Esta organización aglutina la mayor parte de las asambleas estudiantiles en todo el Estado y ha llevado la batuta de las protestas de jóvenes 

Días más tarde, durante la jornada de huelga del 15 de octubre, una marcha multitudinaria en la capital logró reunir a 15.000 jóvenes en 40 ciudades españolas y el parón estudiantil obtuvo un seguimiento del 80% en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en todo el Estado, según Europa Press. El derecho a la huelga por parte de estudiantes, puntualizan desde este sindicato, puede ejercerse sin excepciones desde 3º de la ESO (incluido), requiriéndose únicamente autorización paterna o materna para los cursos inferiores, “por lo que los y las estudiantes de 1º y 2º de la ESO también podrán secundar la huelga con esta autorización”, aclaraban a través de un comunicado.

“Lo que hemos vivido en este mes de octubre ha sido una explosión de estudiantes muy jóvenes, porque no ha sido sólo la participación de estudiantes de la universidad, sino también muchísima gente de tercero y cuarto de la ESO, también de primero y segundo de bachillerato, que han visto una necesidad urgente de salir a movilizarse por Palestina. Ha sido un despertar, porque se está anunciando a bombo y platillo el exterminio de todo un pueblo”, comparte a este medio Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.

Detrás de esta abultada presencia estudiantil en las calles está la labor que muchos docentes llevan realizando desde hace meses para transmitir a su alumnado la realidad del conflicto. Unos han contado con el respaldo de claustros especialmente sensibles a esta cuestión mientras que otros han llevado a cabo acciones más simbólicas e individuales ante la falta de apoyos. Sin ir más lejos, hace casi un año, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el movimiento de docentes en lucha Educación por Palestina (surgido a partir de la Red Solidaria contra la ocupación de Palestina), lanzó la campaña “Los martes con Palestina” para concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de actuar frente al genocidio, así como generar un amplio movimiento educativo crítico.

El 3 de octubre, en el marco de la reciente censura instaurada desde la Comunidad de Madrid contra las actividades educativas vinculadas con el conflicto, sindicatos y organizaciones de enseñanza como Marea por Palestina CGT Enseñanza Madrid, STEM, CCOO Enseñanza y FAPA convocaron un parón de docentes como forma de denuncia. “Ayuso intentó acabar con la lucha por Palestina en las aulas pero se volvió en su contra. Hay muchos profesores que dijeron, ‘estamos en un momento en el que hay que demostrar en qué lado de la historia se está’”, confiesa Latorre”. Las políticas represivas se hicieron notar especialmente en algunos centros madrileños como el el IES Gabriel García Márquez de Leganés, donde se prohibió una actividad de apoyo a Palestina por usarse la bandera de esta nación, o el colegio de Educación Infantil y Primaria Pi i Margall, donde el alcalde José Luis Martínez-Almeida hizo "borrar" una bandera de Palestina pintada con tiza por varios niños.

Haiby Rivas, estudiante de segundo de integración social en el IES Ciudad de Jaén de Madrid e integrante de la organización estudiantil anticapitalista Contracorriente, comparte que muchos docentes “venían de varios años dando la pelea por sus condiciones laborales en los centros públicos” y en esta ocasión hay quienes se han constituido en asambleas para dar la batalla contra el genocidio desde las aulas. Recuerda con admiración y gratitud el impacto que tuvo en ella y sus compañeros ver a algunos de sus maestros pintando consignas antisionistas fuera de los institutos, con tiza en los patios o colocando banderas para visibilizar entre los adolescentes la masacre.

Otra docente en lucha es Elena Sánchez, profesora de Secundaria y FP Básica en un CEIP de Madrid (cuyo nombre prefiere no desvelar). Aunque confiesa que su centro no es “especialmente movido” ante este tipo de cuestiones políticas, el día de la huelga fue la vez en que más cantidad de profesores vio haciendo parones: “A mí me dio una esperanza brutal”, destaca. El día antes de la huelga por Palestina, los estudiantes de su centro vieron cómo varios profesores pintaban pancartas fuera del centro durante un parón de varias horas, lo que a su juicio contribuyó a “picarles la curiosidad” e hizo que los alumnos pudieran entrar en contacto con los motivos de su reivindicación. “No te puedes poner a hablar de Palestina porque sí, porque al que no le interesa va a decir qué rollo, pero de esta forma van conociendo poco a poco lo que ocurre”, cuenta.

La mayor parte de los adolescentes todavía carecen de nociones sobre geopolítica y no serían capaces de explicar el contenido de los tratados de paz o los pactos internacionales. Pero tampoco lo necesitan para empatizar con el sufrimiento de miles de jóvenes como ellos y entender su dolor. Eso sí, son conscientes de que existe claramente un genocidio, que una potencia militarmente superior a otra está causando la muerte intencionada de miles de inocentes o que se está diezmando a un pueblo entero con el beneplácito de la comunidad europea y árabe. Aunque los canales informativos que muchos utilizan no son exactamente los grandes medios de comunicación, en su día a día sacian su curiosidad sobre estos temas a partir de vídeos de influencers y publicaciones en redes sociales. En más de una ocasión ambas fuentes han esparcido bulos y datos falsos, por ello la labor docente es muy relevante también de cara a “ofrecer información del conflicto en las aulas”, asegura Sánchez.

Es el caso de miles de jóvenes como Alberto (nombre falso para preservar su identidad), alumno de 1° de Bachillerato de Ciencias Sociales en San Fernando de Henares. En su clase la mayor parte de sus compañeros defienden abiertamente la causa palestina. “Inicialmente me sentí muy indignado y un poquito incrédulo por lo abiertamente que estaban llevando a cabo el genocidio, por ejemplo con los tuits de Donald Trump y los vídeos de los soldados israelitas. A día de hoy toda la situación que me parece indignante”, relata el joven de 16 años. “Me estremece ver las imágenes que llegan y me da miedo que como sociedad permitamos que ciertos gobiernos hagan lo que les da la gana para satisfacer sus intereses”, añade.

Haiby transmite haber vivido una experiencia similar, que la llevó a organizarse con más compañeras y salir a las calles en cada convocatoria contra la masacre: “Ver en ese momento cómo asesinaban a cientos de personas indiscriminadamente fue un golpe de realidad de las atrocidades que son posibles en este sistema y fue un momento de verdadera rabia y impotencia”, comenta. Esos sentimientos la empujaron a posicionarse activamente contra la barbarie israelí, de manera que comenzó a organizar junto a sus compañeras asambleas en su centro escolar para articular las huelgas convocadas, llevó a cabo acciones coordinadas entre distintos centros e impulsó actividades para llamar a la movilización, como sentadas multitudinarias llevando colores de la bandera palestina.

Latorre infiere que durante los peores meses de la ofensiva sionista, desde el Sindicato de Estudiantes llevaron a cabo talleres de pancartas, jornadas de concienciación e incluso llegaron a hablar con los profesores de los centros para que no hubiera ningún problema de cara a realizar la huelga. En toda esta movilización, comenta, “a veces hemos tenido asambleas más pequeñas y otras que cuentan con la gran mayoría de estudiantes del centro, pero han sido esenciales para que haya debate en torno a la realidad actual”.

“Es probablemente la primera generación que ve en dispositivos digitales y con formas propias de politización y de traducción política los sucesos un conflicto de esta dimensión; los chavales son conscientes de que aquí se han perdido todos los papeles que alguna vez debieron de existir. Tienen claro que eso es algo a lo que los mayores llamamos genocidio y que de alguna manera va mucho más allá de dos facciones militares enfrentadas por un territorio, vas viendo una creciente masa de alumnos que entienden que ahí hay una ocupación”, cuenta a infoLibre David Domínguez, miembro de CGT Enseñanza y docente de Filosofía en secundaria. Sus alumnos también conocen, explica, qué es la Flotilla, el significado simbólico que tiene en la movilización internacional por Gaza y saben de la existencia figuras de relevancia pública como la activista sueca Greta Thunberg.

Palestina ha hecho brotar, desliza Domínguez, una oleada de sensibilización colectiva que ha desbordado en muchos casos lo relativo al genocidio y se ha extendido a otras cuestiones sociales que también impactan a la gen Z, como la precariedad de la educación pública o la privatización del sistema sanitario. “No te lo pueden verbalizar así, pero sí que empiezas a ver de chavales una inquietud hacia otros conflictos que antes no estaba tan latente”, traslada el maestro.

Una percepción similar mantiene Latorre, para quien el conflicto de Gaza ha encendido una chispa cada vez más difícil de apagar: “Ha sido el despertar a la política de muchísimas personas muy jóvenes; el caso de Palestina ha sido un retrato tan cruel de lo que es el sistema, ha sido una escuela de cómo funcionan las cosas realmente y eso es lo que también se ha grabado en la mente de miles de estudiantes". Aunque la lucha contra el acoso escolar, la defensa de la atención pública a la salud mental o la falta de orientadores en los centros educativos pueden parecer a priori desconectadas de un tema como la barbarie de Israel en Gaza, “forma parte de la misma lógica del sistema y de alguna forma lo perciben”, apunta Latorre.

Pero este retrato de esperanza convive con otro esbozado por el CIS en su último barómetro sobre el viraje ideológico de los jóvenes. Aunque hay poca información sobre las tendencias ideológicas de los menores de 18 años, según este observatorio, el 52% de los chicos varones de 16 a 24 años está muy o bastante de acuerdo, por ejemplo, en que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Incluso algunos ven la extrema derecha como un modelo de rebeldía y simpatizan con el odio racista y de género vertido en redes sociales.

La Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas ha anunciado la convocatoria de una huelga general para los próximos 26 y 27 de noviembre, según recoge EFE.

El paro laboral, que afectará a trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad Politécnica (UPM), Universidad Carlos III (UC3M) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH), responde principalmente a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid.

Los convocantes denuncian en un comunicado que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cifra que la ley orgánica establece en el 1%; esta situación obliga a la Comunidad de Madrid a doblar la dotación económica actual para investigación, docencia y gestión universitarias.

A pesar de haberse alcanzado un plan de paz para Gaza, varios sindicatos españoles mantienen la convocatoria de movilizaciones prevista para este miércoles. “Seguimos movilizándonos por Palestina”, titulan CCOO y UGT un comunicado conjunto en el que exponen sus motivos para mantener los paros parciales de este 15 de octubre. Mientras, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado, junto con otros sindicatos, una huelga general, como ya hizo el año pasado.

Concretamente, las organizaciones Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Confederación Intersindical se han sumado a la huelga, que se desarrollará durante las 24 horas de este miércoles. También han mostrado su apoyo colectivos como la plataforma Madrid por Palestina, la asociación Hispano-Palestina y el movimiento 'Boicot, Desinversiones y Sanciones' (BDS). “Llevamos décadas viendo cómo el Estado de Israel viola sistemáticamente resoluciones – una tras otra- de organismos internacionales que en teoría velan por la paz en el planeta”, argumenta CGT en un comunicado.

El motivo principal de CGT para llevar a cabo esta jornada de huelga es “la lucha por una redistribución del gasto público en favor de los trabajadores y de las trabajadoras, y contra el auge de la inversión pública en partidas destinadas a la defensa y a la militarización”. Desde CGT ponen el foco en el Gobierno de España y la comunidad internacional como “cómplices” del genocidio en Gaza.

“A pesar de las movilizaciones ciudadanas para boicotear económicamente al Estado sionista, no hay evidencias más allá de un tímido comunicado de intenciones para cortar lazos con este país”, prosigue la nota de prensa. El sindicato hace hincapié en las relaciones comerciales de España con Israel, destacando las exportaciones de material militar. “Además de evidenciar la complicidad con este crimen también indica que las partidas presupuestarias se están destinando a otros intereses alejados de la realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras en el Estado español”, razonan.

CGT considera que estos gastos tienen un impacto negativo en “otros servicios esenciales para la vida digna de las personas trabajadoras”. Es por esto que entre las exigencias del sindicato se encuentra el aumento de las pensiones, el incremento de ofertas de empleo público o la mayor dotación a partidas autonómicas relacionadas con la vivienda. 

Además de la huelga general, CGT ha convocado una manifestación en Madrid para el mismo día, que comenzará en Atocha a las 19.00 horas y terminará en la plaza de Callao. La organización anarcosindicalista registró la convocatoria ante el Ministerio de Trabajo el pasado 3 de octubre. Unos días antes, el 29 de septiembre, CCOO y UGT presentaron ante el ministerio la convocatoria de varios paros parciales.

“Ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación, o si ignora las resoluciones de Naciones Unidas”, exponen los sindicatos en un comunicado conjunto. Es por esto que la movilización convocada para este miércoles sigue en pie, para “mostrar la apuesta de la ciudadanía por la paz, la justicia y la libertad para el pueblo palestino”.

CCOO y UGT anunciaron una “jornada de lucha” el pasado 19 de septiembre, tras conocerse días antes que una comisión independiente de la ONU acusaba a Israel de cometer un genocidio en Gaza. Ahora, la protesta se ha materializado en una serie de paros parciales, distribuidos en tres horquillas: de 2.00 a 4.00 horas, de 10.00 a 12.00 horas, y de 17.00 a 19.00 horas. 

Al igual que CGT, estos sindicatos se muestran escépticos ante el plan de paz para Gaza impulsado por Donald Trump. “A día de hoy seguimos sin conocer todos los detalles del acuerdo, que apenas constituye un primer paso hacia un eventual alto el fuego”, afirman en la nota de prensa. Por su parte, el Sindicato de Estudiantes, que también ha convocado una huelga estudiantil este miércoles, ha tildado el acuerdo de “una farsa”.

Como si de una indignada y esperanzada respuesta a la llamada del poeta palestino Tawfiq Ziad —que escribió la histórica canción Unadikun (“Os llamo”) antes de ser silenciado—, la sociedad civil global ha irrumpido cuando pocos la esperaban.

La desesperación generada por meses de genocidio televisado ha aparecido como respuesta desde el Mediterráneo, logrando agitar calles y conciencias. Y lo más importante: haciendo geopolítica, alterando las agendas de cancillerías y gobiernos occidentales.

Para sorpresa de muchos, en este tiempo turbulento en el que la palabra “geopolítica” aparece como algo impenetrable orquestado por la narrativa de medios, empresas y gobiernos, una iniciativa nacida de la indignación de las sociedades civiles globales está desvelando que no solo los países con poderosos ejércitos y los grandes bloques de poder pueden hacer geopolítica. 

La onda de movilización global generada por una iniciativa construida mano a mano desde los más insospechados rincones de nuestras sociedades —como es la Flotilla— puede hacer la mejor geopolítica: intervenir sobre la opinión pública global y condicionar las políticas de gobiernos y Estados ante la peor masacre vivida en los tiempos de comunicación digital.

La Global Sumud Flotilla —una articulación de sociedad civil que reúne a ciudadanas y ciudadanos de múltiples culturas, religiones y países— no solo denuncia: actúa. No espera. Emite y amplifica discursos. No pide permiso: crea una presión moral y política capaz de interpelar los gabinetes de la política exterior de gobiernos y organismos internacionales.

Ciudadanas y ciudadanos de América, desde Brasil a Estados Unidos, México o Colombia. De África, de Túnez a Argelia, de Marruecos a Mauritania o Sudáfrica. De Asia y Oceanía, desde Turquía, Malasia, Kuwait, Jordania, Bahréin, Omán, Qatar, Indonesia, Maldivas, Pakistán, Bangladesh hasta Australia. Y de la vieja y cansada Europa desde los 27 países de la UE, hasta Reino Unido, Noruega y todo el Estado español (ejemplo de solidaridad) han servido como herramienta para gritar al mundo un "basta ya, detengamos el genocidio en Gaza" de escala global.

Una Flotilla de la Libertad que parece tomar su nombre y su espíritu universal de las palabras de la intelectual judía Hannah Arendt: “La libertad es el derecho a tener derechos”. Derechos universales. “Ya que lo que nos une es que todos habitamos la tierra”.

La Flotilla representa la mejor geopolítica posible en tiempos oscuros. Ante la barbarie y el genocidio, es un gesto solidario que irrumpe en el debate público con inapelable legitimidad moral, que agita la conciencia global y resitúa el valor del respeto al derecho internacional, que demuestra la fuerza de la cooperación entre los muy diferentes y que obliga a reaccionar y definirse a gobiernos y organismos del panorama internacional.

Se llenan las calles al fin. Estudiantes —sí, estudiantes— inundan las plazas señalando que no todo está ocupado por el odio y el ruido de la extrema derecha global. ¿Y si hubiera esperanza? ¿Y si la infinita dignidad y el insoportable sufrimiento palestino alumbraran un nuevo tiempo que lanzara al traste la violencia y el mundo oscuro regido sólo por la ley del más fuerte, al que nos quieren llevar los Trump, los Netanyahu y todos los que anidan en cada electrodo de odio diseminado por la internacional del autoritarismo global? Primo Levi sacude las calles de Europa: “Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo que sucedió puede volver a suceder”.

Y Mahmoud Darwish, gran poeta palestino, recuerda: “Sobre esta tierra hay todo lo que merece vivir: la madre, el pan de la mañana, la hierba en abril, la canción de los amantes”. Ante el genocidio de Gaza nos jugamos el mundo futuro y el futuro del mundo.

Con Darwish y con Primo Levi, con Hannah Arendt y con una Flotilla al servicio de una paz con justicia, defendamos la dignidad del pueblo palestino frente al genocidio de quienes quieren sumir a la humanidad en la oscuridad total.

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Antón Gómez-Reino fue diputado en el Congreso durante cuatro legislaturas entre 2015 y 2023 y miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y de la OSCE.

Unos 6.500 estudiantes de institutos y universidades, según la Guardia Urbana, han salido a la calle este jueves en Barcelona para denunciar el ataque a la Flotilla, reivindicar la necesidad de "pararlo todo" con una huelga general y lograr que el Gobierno rompa relaciones con Israel.

Es una de las decenas de concentraciones que se celebran este jueves en España para denunciar el genocidio de Israel en Gaza y criticar la detención por parte de Israel de los miembros de la Global Sumud Flotilla, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

La manifestación, impulsada por el Sindicato de Estudiantes y apoyada por otras entidades, ha arrancado al mediodía desde la plaza Universitat, con destino a la plaza Sant Jaume.

Los momentos más tensos de la jornada se han vivido cuando los manifestantes han vandalizado las fachadas de algunos negocios que han acusado de ser "colaboracionistas" con Israel. Algunos participantes han lanzado un petardo en la entrada del establecimiento que una hamburguesería tiene en la plaza Urquinaona y golpeado los cristales, una acción que han repetido en un supermercado de la Via Laietana, cuyo escaparate se ha roto.

Los agentes de Mossos d'Esquadra concentrados en las puertas del Palau de la Generalitat han denunciado penalmente a un menor de edad, al que han acusado de cometer un delito de daños contra el local de una cafetería de la plaza Sant Jaume, que también ha acabado con el escaparate roto.

Cuando se lo han llevado al interior del Palau, los concentrados han estallado en gritos de "vergüenza" contra la policía autonómica y han advertido al Govern de la Generalitat de que "basta de complicidad" con Israel.

A pesar de estos altercados, la convocatoria estudiantil ha transcurrido mayormente de manera pacífica por las calles afectadas, donde algunos vecinos han salido al balcón y han hecho ondear banderas palestinas, mientras que los turistas grababan con sus móviles la protesta.

Ataviados con banderas palestinas, los manifestantes han hecho llamamientos al boicot contra Israel y han exigido la ruptura de las relaciones con este país con carteles y cánticos como 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá' o 'Trump, sionista, estás en nuestra lista'.

Minutos antes de que la manifestación echara a andar, una portavoz del Sindicato de Estudiantes, Lua Millet Miró, ha apelado al paro total: "Tenemos claro que el camino es la presión mediante una huelga general, para frenar la economía del país y presionar al Gobierno para que rompa todas las relaciones con el Estado sionista".

La estudiante ha señalado que el abordaje de la Flotilla ha hecho que la "agitación aún sea más grande" y ha expresado el apoyo a los activistas detenidos por el ejército israelí.

Precisamente, y cuando la protesta ya había llegado a la plaza Sant Jaume, un representante del Sindicato de Estudiantes se ha fijado en una pancarta que el Ayuntamiento de Barcelona ha colocado en su fachada, que anima a "frenar al gobierno genocida de Israel".

"El PSC, el PSOE, lo tienen muy fácil: tienen el Gobierno central, el ayuntamiento y la Generalitat. Por eso, no nos conformamos con otra cosa que no sea romper relaciones militares, económicas, institucionales y diplomáticas con el Estado genocida de Israel", ha aseverado.

También apoya estas movilizaciones el sindicato de profesores USTEC: "Damos todo el apoyo desde la comunidad educativa; trabajamos juntos por los derechos humanos y la justicia global, así que toca estar junto a los estudiantes", ha afirmado Oriol Francesch, coordinador de la Secretaría de Movimientos Sociales de este sindicato.

Cris y Paula, dos estudiantes, han enfatizado que la manifestación es la prueba de que los jóvenes pueden "hacer fuerza unidos" y "hacer ruido para reivindicar los derechos". El Sindicato de Estudiantes tiene previsto manifestarse también esta tarde, en una concentración convocada en la plaza de la Carbonera, así como el viernes y el sábado, día en el que está organizada desde hace días una manifestación unitaria, al tiempo que tienen la vista puesta en la jornada de paros laborales del 15 de octubre.

Hace ya tiempo que Isabel Díaz Ayuso ha convertido a la universidad pública en un enemigo a batir. Lo ha hecho con años de infrafinanciación y quiere hacerlo, también, haciéndola callar. La estrategia pasa ahora por evitar, con sanciones de hasta 100.000 euros, que esa "asfixia económica" que denuncian los rectores sea contestada en los campus. Más bien, que estos sean escenario de protestas de algún tipo. "Toda la izquierda tiene colonizada la Universidad Complutense de Madrid", dijo la presidenta durante el pasado mes de noviembre. La institución, añadió después durante un acto, debe ser un lugar "de ciencia y no de ideología". Conseguirlo parece ahora uno de los objetivos de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que pretende aprobar su Gobierno.

El último borrador del texto —al que ha tenido acceso infoLibre y que fue adelantado este miércoles por El País— establece una amplia gama de infracciones y un régimen sancionador de las mismas. Ahora bien, la ambigüedad con la que juega el documento abre la puerta a que todo tipo de protesta estudiantil pueda ser considerada una falta. Puede serlo "colocar pancartas o símbolos sin autorización", la "falta de decoro institucional" o el "vandalismo". Y considerar algo como tal dependerá, concreta la norma, de la "consejería competente en materia de universidades". Es decir, de Emilio Viciana, que este mismo miércoles publicó un vídeo defendiendo que la ley garantiza "la autonomía universitaria y la libertad de cátedra".

"Este régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente", argumentó el departamento de Educación, Ciencia y Universidades en un comunicado remitido en respuesta a preguntas de este diario.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene tan claro siquiera que la normativa que plantea el Ejecutivo madrileño pueda aprobarse. Más que nada porque, señala el Ministerio de Diana Morant, podría "invadir competencias del Estado". Según han señalado sus fuentes a infoLibre, Universidades no ha podido acceder al documento de manera oficial, pero sí que considera "preocupantes" los detalles que han trascendido a través de la prensa. Tanto es así, que aseguran que sus servicios jurídicos "lo analizarán minuciosamente para defender la autonomía universitaria protegida por la Constitución Española". "Es llamativo que la Comunidad de Madrid esté más preocupada por cómo sancionar a las universidades que de cómo financiarlas mejor", sentencian las mismas fuentes.

La oposición madrileña tampoco ha tardado en reaccionar. Horacio Díez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, habla claramente de una norma "alarmante". A su juicio, el objetivo es, ni más ni menos, controlar las universidades. Y hacer un "uso político" de ellas. "La propuesta, además, le da al Gobierno regional y a la Consejería de Educación un poder ilimitado para aplicar sanciones de forma discrecional, sin contrapesos, sin órganos independientes que limiten o que revisen las decisiones que tome. Un paso más hacia el sueño autoritario de la administración de la presidenta Ayuso", sentencia.

Antonio Sánchez, responsable de Universidades de Más Madrid y Profesor Asociado en la Universidad Complutense, recoge el guante de esta valoración y tampoco duda: Ayuso está, en resumen, siguiendo "el ejemplo de Trump". "Quiere doblegar a las universidades públicas, reunirse con sus consejeros y decidir qué es grave y qué no, qué multa y con qué sanción. Si no paramos esto será el primer paso para acabar con la autonomía universitaria y la división de poderes", valora.

Por ahora, el borrador tan sólo es eso. Un documento que ha sido remitido a diferentes comisiones universitarias que deberán ahora emitir informes, pero nada más. A finales de mayo, el propio consejero Viciana estimó que que la norma se aprobará en la Asamblea de Madrid "a finales de este año", lo que implicaría, dijo, "una tramitación acelerada" del texto. "Los plazos que manejamos implican aprobar la nueva ley a finales de este año, en el último periodo de sesiones, en el mes de diciembre. Lógicamente, esto implica una tramitación acelerada que se inicia precisamente en estos momentos", concretó entonces.

En cualquier caso, la comunidad universitaria tratará de que no llegue a ver la luz. ¿Cómo? Precisamente con lo que el texto quiere limitar: con la protesta en las calles.

La representación que CGT tiene en la Universidad Autónoma, por ejemplo, llama a movilizar todos los recursos "políticos, jurídicos, sociales y sindicales para enfrentar una batalla" en la está en juego "el futuro educativo de miles de estudiantes, el futuro laboral de miles de trabajadoras, el derecho a la protesta y el derecho a la universidad pública". UCM por la Pública, que también integra a profesorado y alumnado de la universidad, han hecho por su parte un llamamiento a toda la sociedad "a prepararse para escalar las movilizaciones" contra una norma que convierte la educación en un negocio y que, además, "criminaliza" y "ataca las libertades básicas". "Este otoño vamos a parar esta ley", han señalado a través de un comunicado.

"Estamos absolutamente asombrados. Vamos a hacer jornadas de información, pasacampus y movilizaciones frente a este ataque brutal", señala la profesora de la Complutense Eva Aladro. "Esto ya es un ataque abierto y directo. Primero han utilizado la infrafinanciación y cuando eso ha generado protestas lo que quieren hacer es censurarlas", completa Sabela Martínez, estudiante de Sociología y Relaciones Internacionales en la misma institución.

No se quedan cortos a la hora de exponer los calificativos porque el borrador de la ley contempla como infracción prácticamente cualquier forma de protesta que puede darse en el mundo universitario. En concreto, el texto distingue entre tres tipos de infracciones: las leves, las graves y las muy graves. Las primeras, por ejemplo, hacen alusión a las "faltas de respeto leve al personal", a la "falta de decoro institucional" o a "colocar pancartas o símbolos sin autorización, o arrancar los autorizados". Hacerlo, concreta el borrador, puede costar entre 300 y 15.000 euros.

Entre las segundas, por su parte, se contempla "permitir el hostigamiento a miembros de la universidad o visitantes/invitados", una expresión genérica bajo la que podrían quedar prohibidos de facto los escraches. Y según la cual las protestas que se organizaron y llevaron a cabo cuando Isabel Díaz Ayuso fue nombrada alumna ilustre de la UCM habrían sido castigadas con hasta 100.000 euros, que es la sanción prevista para este tipo de infracciones. En esta categoría, además, también se contempla "permitir que manifestaciones o acciones no autorizadas impidan el libre ejercicio de actividades autorizadas" o "permitir la ocupación de lugar del campus". Es decir, tampoco podría haber acampadas en defensa de Palestina.

Las consideradas "muy graves", por último, son las que según la Consejería están reservadas "para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, contra la publicidad engañosa, contra que se cubran plazas públicas sin cumplir los requisitos y también, por supuesto, contra la censura, discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales". Esto podría llegar a costar hasta un millón.

La consejera asturiana de Educación, Lydia Espina, ha anunciado este lunes su "decisión irrevocable" de dimitir tras la multitudinaria manifestación que se celebró este domingo en el centro de Oviedo, en la que miles de docentes exigieron mejoras salariales y laborales, y ante el inicio de una huelga indefinida en todas las etapas educativas no universitarias, según informa EFE.

En una carta remitida al presidente del Principado, Adrián Barbón, Espina ha admitido que "los acontecimientos que se han venido desarrollando en las últimas semanas", en las que los sindicatos realizaron varios paros y protestas, le han supuesto "un enorme desgaste emocional y personal que ha llegado a su límite".

"Siento que el ruido y los ataques han traspasado los límites de lo racional y lo político, llegando a lo personal. Y se han impuesto a cualquier posibilidad de diálogo desde el respeto que todos y todas merecemos. Esto es algo que resulta imprescindible para avanzar en pro de ese objetivo común que es mejorar la educación pública", ha manifestado Espina.

La hasta ahora consejera, que ocupaba el cargo desde julio de 2021 y que con anterioridad fue directora general del Planificación e Infraestructuras Educativas, ha considerado que estas circunstancias no pueden ser parte de una solución de la que se ha mostrado "convencida" de que terminará por alcanzarse.

La manifestación convocada la víspera por todos los sindicatos docentes, que este lunes inician una huelga indefinida convocada de forma unitaria, congregó en el centro de Oviedo a unas 30.000 personas según los organizadores y a unas 19.000 según la Delegación del Gobierno.

Espina ha dicho que le preocupa "que este conflicto acabe deteriorando la confianza y la percepción de la sociedad asturiana sobre la educación pública", cuando se trata de "un sistema que está en la actualidad a la cabeza de todas las evaluaciones nacionales e internacionales, no solo en éxito académico sino también por su equidad".

La hasta ahora titular de Educación, que ocupaba el cargo desde julio de 2021, ha admitido que ha cometido "errores, como los comete cualquier ser humano", pero ha precisado que "nunca" ha tomado una decisión "para agraviar ni despreciar a nadie", ya que "todas y cada una han tenido como objetivo reforzar un sistema educativo que potenciará las capacidades de todo el alumnado, atendiendo también a su bienestar emocional, acompañando a las familias y a los docentes y respondiendo a las necesidades de la sociedad asturiana".

El conflicto en la educación pública asturiana comenzó hace unas semanas tras la decisión de la consejería de suprimir la reducción de jornada en los meses de junio y septiembre ante la extensión del servicio de comedor a dichos periodos, aunque los sindicatos también exigen una batería de medidas para mejorar la educación pública asturiana. Algunas de estas reivindicaciones son una subida salarial, un aumento de las plantillas, la reducción de la burocracia y la dotación de más personal para atender la diversidad del alumnado.

La de Espina es la segunda dimisión que se produce en el Gobierno de Barbón en los últimos meses, tras la anunciada el pasado 15 de abril por la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, tras el accidente de la mina de Cerredo que el 31 de marzo provocó cinco muertos.

En 1966, un tribunal independiente creado por Jean-Paul Sartre y Bertrand Russell quiso investigar, y sobre todo evaluar, los posibles crímenes de guerra que Estados Unidos podría haber cometido en Vietnam. Era la primera vez que se organizaba algo así, pero no sería la última.

Después de aquella figura, otras tantas quisieron también funcionar como salvaguarda de los derechos humanos. Y cogieron prestado hasta el nombre para hacerlo. Hubo un Tribunal Russell para juzgar las dictaduras de América Latina y otro que evaluó lo ocurrido en la guerra de Irak. Ya en 2010, se formó el Tribunal Russell sobre Palestina, que concluyó acusando a Israel de practicar un apartheid. Además, se constató también que Estados miembros de la Unión Europea habían vendido armas que después habían sido utilizadas en Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009. En concreto, en una operación bautizada Plomo fundido, que dejó hasta 1.000 palestinos muertos, la mitad de ellos mujeres y niños. Las consecuencias de aquella sentencia son hoy de sobra conocidas: ninguna. Tanto, que las dos conclusiones del tribunal podrían haberse publicado ayer. Sobre hechos, además, producidos anteayer. Por eso la Red Universitaria por Palestina recuperará este otoño, junto a un grupo de juristas, aquella figura.

El anuncio llegó en uno de los escenarios que han sido protagonistas en el apoyo civil hacia el pueblo palestino. Frente al metro de Ciudad Universitaria, en la explanada que hace exactamente un año se plagó de tiendas de campaña y kufiyas, la imagen volvió a repetirse este miércoles a las 12 horas del mediodía. La campaña Sin respuesta de la universidad había llegado a su fin con el apoyo de más de 2.600 miembros de las 46 universidades públicas que forman la Red. Y subiendo. Por eso quisieron anunciar que la protesta no sólo continúa, sino que se redobla. Por un lado, con el tribunal ciudadano que pretenderá evaluar y condenar las relaciones entre la universidad española e Israel. Por el otro, con la reinstalación de las tiendas de campaña en el espacio que ya fue suyo el pasado mes de mayo.

Las razones no son las mismas que ya les movilizaron en 2024 porque la situación hoy, señalan, es muchísimo peor. Según el último informe publicado por Unrwa el 30 de abril, desde el 7 de octubre de 2023 han sido asesinadas al menos 51.439 personas en Gaza. Otras 117.416 han resultado heridas por los bombardeos del ejército de Benjamin Netanyahu. Y casi dos millones de personas —el 90% de la población— han sido desplazadas. Muchas, hasta más de diez veces. Un informe de Médicos del Mundo, además, señaló este martes que en tan sólo un año y medio la desnutrición en la Franja ha alcanzado niveles comparables a los que sufren países que llevan décadas inmersos en crisis humanitarias. Según sus datos, en 2024 casi uno de cada cuatro bebés menores de un año y el 19% de las mujeres embarazadas y lactantes fueron diagnosticados con desnutrición aguda. El único alto el fuego que se ha llegado a acordar en casi estos dos años de asedio, además, fue roto apenas tres meses después de entrar en vigor, la noche del 17 al 18 de marzo, cuando los bombardeos de Israel acabaron con la vida de más de 400 personas. Y la idea de Netanyahu es seguir ocupando territorio. Anexionarse, del todo, el territorio de la Franja.

"Hace un año acampamos por Rafah, hoy lo hacemos en respuesta a la declaración de anexionarse Gaza. Estamos asistiendo ya a la última fase del genocidio israelí sobre el pueblo palestino", explica Oriol Erausquin, estudiante del programa de doctorado en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Hace un año plantó su tienda de campaña en Ciudad Universitaria y no la recogió hasta que todos sus compañeros se habían ido. Este martes por la noche no lo dudó cuando se planteó hacer lo mismo. "Ya no es sólo eso, es que ahora también hay un rearme a nivel europeo y español y queremos luchar también contra el incremento de los presupuestos militares. Fabricar armas no frena la guerra; al revés, la hace más probable", sentencia, desde el otro lado del teléfono.

Doce meses después de aquella protesta se dicen más preparados. Más coordinados. Profesores y estudiantes remarán esta vez, si cabe, más juntos que hasta ahora. Y muestra de ello ha sido la coincidencia espacio-temporal de la nueva acampada con la rueda de prensa de la Red Universitaria por Palestina formada por los docentes.

La noche del 17 al 18 de marzo Israel cruzó la última línea roja que la Red Universitaria por Palestina se negó a dejar pasar. Ahí de hecho comenzaron la campaña que ahora ha llegado a su fin y cuyo título deja clara su denuncia: Sin respuesta de la Universidad. Silencio ante el genocidio. Lo hicieron porque no hubo, tras los ataques, "ningún comunicado de condena por parte de las universidades españolas, ni del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ni del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades", explicaban en su manifiesto. "Durante los infames 15 meses de genocidio —que dan continuidad a los 77 años de violencia, asesinatos y ocupación contra Palestina y su pueblo— [...], los Estados europeos han sido cómplices ejecutores con la barbarie y la criminalidad", continuaban. España y sus instituciones no se salvan, además. Y pruebas de ello tienen.

La última es el informe publicado por el Centro Delás de Estudios por la Paz, que reveló que España ha gastado más de 36 millones de euros en comprar armamento a Israel desde el 7 de octubre de 2023. Las estadísticas de comercio exterior recopiladas por el organismo reflejan que la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea han continuado importando de Israel material del código arancelario 93 –"armas y municiones"– desde los ataques de Hamás del 7 de octubre y la posterior campaña de bombardeos de Israel. Lo han hecho por valor de 238,6 millones de euros. Los tres principales compradores fueron Estonia, Países Bajos y República Checa. Y luego, Suecia y España.

Los miembros de la Red lo tienen claro: el Gobierno asegura que no hay relaciones comerciales con Israel, pero es mentira. Ocurre lo mismo, aunque a menor escala, en la universidad: las instituciones se comprometieron a romper todo tipo de relación con Israel. Pero no ha pasado de una mera declaración verbal. "En el día a día, todo sigue igual", lamenta Guillermo Muñoz, del nodo de la Red en la Universitat de València. Siguen los proyectos de investigación con universidades israelíes y siguen las relaciones con los bancos que cooperan con el Gobierno de Netanyahu. "Siguen siendo cómplices de lo que ocurre en Palestina", lamenta Ángeles Díez, del nodo de la UCM.

Cortar en serio los vínculos no es una mera declaración de intenciones o un simple formalismo. Según un informe jurídico realizado por profesores de Derecho de la Universidad de Amberes, hacerlo se enmarca dentro de su obligación de cumplir el derecho internacional. Porque, según recordaban los docentes, la Corte Internacional de Justicia ya exigió en enero a Israel que tomase medidas para no vulnerar la Convención sobre el Genocidio. "Las universidades israelíes, como instituciones, están insertas en la naturaleza del sistema político israelí y se benefician de la ocupación. Han puesto su experiencia a disposición de las medidas gubernamentales destinadas a mantener y ampliar" ese sistema, señalaron los juristas de Amberes. Otro estudio, este publicado por Human Rights Watch, sentenció que existe una discriminación racial institucionalizada contra los palestinos en todo el sistema educativo de Israel.

Por el momento, son medio centenar las personas que permanecen acampadas frente a la explanada del metro de Ciudad Universitaria, una protesta que ya ha sido replicada en un centro británico y en tres belgas, según informa Díez. El objetivo de los estudiantes, como explica Erausquin, es protestar, sí, pero también alimentar la movilización. "Nuestra intención es ser un punto de encuentro de formación y organización de nuevas militantes. Queremos funcionar como un espacio integrador y horizontal para todas aquellas personas que quieran formarse y actuar. Convocamos de hecho a todas las organizaciones que quieran luchar contra el auge del militarismo y contra el incremento de los presupuestos militares", sentencia.

Precisamente, desde este lunes y hasta este 14 de mayo, Madrid se convirtió en el mayor escaparate del mercado armamentístico europeo, acogiendo en Ifema la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef), la más grande celebrada hasta la fecha. Una semana antes, decenas de colectivos y movimientos sociales se unieron en la bautizada como Asamblea de Madrid contra el Rearme y la Militarización, que busca una gran movilización el próximo 7 de junio contra el gasto en defensa anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya ha declarado que destinará a ello más de 10.000 millones de euros, lo equivalente al 2% del PIB.

Allá por los años 2012 y 2013, cuando los recortes a los servicios públicos eran la realidad de casi cada viernes de Consejo de Ministros, no era extraño que las camisetas verdes inundaran de vez en cuando las calles de las grandes ciudades. "Escuela pública de tod@s y para tod@s", se leía en ellas. Fueron desapareciendo conforme pasaban los años y al mismo tiempo, además, al que se apagaban las protestas. Hasta ahora. Este lunes Madrid será el escenario de una huelga general que los convocantes ya tachan de "histórica". Desde la etapa de infantil hasta la universitaria, estudiantes, profesores y personal administrativo unirán su voz contra un enemigo común: la política privatizadora y asfixiante que Isabel Díaz Ayuso ha convertido en bandera.

El ambiente lleva semanas calentándose, pero ha sido el mundo universitario el que hasta ahora ha monopolizado el protagonismo. La noche del jueves al viernes, sin ir más lejos, alrededor de un centenar de estudiantes se encerraba en el campus de la Universidad Carlos III de Madrid, una acción que apenas unas semanas antes habían protagonizado los estudiantes de la Complutense. Meses antes, juntos y acompañados de las otras cuatro universidades públicas, alzaron la voz frente a la Asamblea de Madrid. Ya entonces avisaron: la batalla será "a largo plazo". Y este 28 de abril será el día grande.

Motivos, dicen todos los sindicatos y organizaciones convocantes, hay de sobra. Los explicarán desde por la mañana en distintas acciones y piquetes informativos, pero la gran movilización recorrerá las calles que unen Atocha y la Puerta del Sol a partir de las 18 horas de la tarde. En la cabecera, y bien visible, el lema: "Salvemos la educación pública". Desde la primera etapa de 0 a 3 años a la universitaria pasando por Primaria, Secundaria, FP y Educación Especial que, junto a la etapa Infantil, protagonizarán un segundo paro también el martes 29.

No es casualidad que se unan. Y tampoco ha habido un gran trabajo para confluir en las reivindicaciones. Como indica el colectivo Menos lectivas, "las circunstancias de cada etapa son diversas", pero "todas coinciden en estar padeciendo un desmantelamiento a ojos vista del sistema educativo público, con una financiación claramente insuficiente que está afectando seriamente tanto a las condiciones laborales de las trabajadoras como a la calidad de la enseñanza". Ana Vicenti es representante de la organización y suscribe cada una de esas palabras. "Hay una cosa que es genérica y que afecta a todo el sistema: la Consejería de Educación nos ha abandonado. Y no es una cosa del PP, sino específica del partido en Madrid", lamenta.

La universidad, una vez más, ha sido el paradigma de este diagnóstico. Los datos concretos que de hecho deja su realidad no dejan lugar a dudas. El Gobierno conservador de Ayuso ha impedido que los seis centros públicos de la región se recuperen de los recortes de la crisis económica y para este 2025 tan sólo ha aprobado un incremento del 4,2% en su financiación, un porcentaje que supone 47,3 millones de euros más y la condena, señaló la comunidad universitaria en su día, del sistema. No hay más que ver ejemplos concretos: la UCM ha recortado un 35% el gasto y hay bibliotecas, como la de Filosofía, que ya no puede adquirir nuevos libros. Ni siquiera uno más.

¿Y qué ocurre mientras tanto fuera de la universidad? Pues no algo muy diferente. "Ha habido una desinversión salvaje. Es más, el despido masivo de personal docente que hubo hace 14 años todavía no se ha recuperado, y menos si tenemos en cuenta que la complejidad que hay ahora mismo en las aulas no es la misma que había cuando empezó la crisis", lamenta Vicenti. Sobre este aspecto en concreto publicó recientemente un informe EsadeEcPol, que llegó a una conclusión muy clara: el alumnado, cada vez más diverso, es una de las causas detrás de que el 47% de los docentes quieran abandonar la profesión. Y de que sólo el 24% mantenga la ilusión por su trabajo.

Pero hay más números. Y los ha recogido la organización Menos lectivas. Por un lado, la Comunidad de Madrid es la región con la carga lectiva más alta: 25 horas para Primaria y 20 para Secundaria, FP y Bachillerato, unos números que dificultan el trabajo, también necesario, fuera del aula. ¿Y en qué deriva eso? En horas extra que, señalan, no se pagan pero que resultan imprescindibles para diseñar las clases, hacer tutorías, formarse o participar en proyectos transversales del centro. Pasa también en la etapa Infantil. Y lo sabe bien Rosa Marín, de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). "Hay un montón de cosas necesarias que no me queda más remedio que hacer en mi tiempo libre. Nadie me paga ni me devuelve esas horas", lamenta.

A esto se suma, señalan también desde Menos lectivas, que la región soporta unas ratios de alumnos por aula de entre 700 y 1.000 niños y niñas, una cifra muy superior a la recomendada por los expertos, que hablan de un máximo de 250 estudiantes si lo que se quiere es garantizar el bienestar, prestar una atención individualizada y atender de manera adecuada a quienes tienen necesidades educativas especiales o proceden de entornos vulnerables.

El problema es que para ello no sólo son importantes los docentes. El personal de administración y servicios (conocido como PAS) también es parte perjudicada por el desmantelamiento de la educación pública llevada a cabo por Ayuso. Y por eso también es sujeto activo en la huelga de este lunes. Lo explica así Nicolás García, miembro del comité de huelga y portavoz de la sección sindical del PAS del sindicato co.bas. Según explica, para ellos hay algunos puntos que han sido determinantes. Y el fraude de ley que denuncia que han sufrido miles de empleados ha sido uno de ellos.

Denuncian en concreto el "ERE encubierto" que ha realizado la Comunidad bajo el pretexto del proceso de estabilización que la justicia europea obligó a España a llevar a cabo. Como critica García desde el otro lado del teléfono, muchas personas que llevaban entre 20 y 30 años al frente de colegios e institutos públicos han sido despedidos. Y sus plazas, adjudicadas por una oposición que no lo tuvo en cuenta.

Pero ya no es sólo eso, muchas de las categorías que entran dentro de los PAS no han sido definidas y por tanto hay trabajadores que realizan funciones que no les corresponden. Además, no hay sustituciones inmediatas cuando se produce una baja y los sindicatos mayoritarios han firmado un convenio que rechazan de plano. En síntesis, porque empeora sus derechos y prohíbe la protesta.

No ese un paso cualquiera. Es precisamente el que también pretende dar Ayuso en la universidad con la aprobación de la ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). En concreto, el borrador, al que ha tenido acceso infoLibre, introduce que la universidad colaborará "lealmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" para, señala el documento que todavía está en fase de elaboración, "asegurar la protección de los derechos de todos". Y que el 30% de la financiación de los centros tiene que proceder de fondos propios.

Por eso es esta norma la que más preocupa al sector. Y así lo explica Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM. "Si estamos más movilizados es, fundamentalmente, por esa ley. Es una clara asfixia a la pública y una consecuente apuesta por la privada", lamenta la profesora. La región presidida por Ayuso es, con muchísima diferencia, la que más centros privados tiene en su territorio. Más del doble de los públicos, de hecho.

La de este lunes será la mayor protesta hasta la fecha. Ya antes de que se produzca, representantes de todas las etapas educativas la califican sin ambages de "histórica". Pero no se quedarán ahí. El objetivo será conseguir aunar fuerzas para un paro indefinido. "Madrid no defiende ni a los estudiantes ni a los trabajadores, así que lo único que nos queda es hacer fuerza desde abajo. Sabemos que es David contra Goliat, pero no pararemos", sentencia Vicenti.

Cuando Coral Latorre escucha el mantra de que la juventud está desmovilizada, sólo puede pensar que quien lo pronuncia no ha invertido el tiempo suficiente en echar un vistazo a los entornos frecuentados por los jóvenes. Sabe bien de lo que habla: a Latorre acaban de citarla a declarar en los juzgados por protestar contra la presencia de la extrema derecha en la universidad pública. Su experiencia da cuenta de que en realidad "la juventud se implica hasta el final". Su voz y la de otros perfiles similares, todos menores de treinta años, tratan de enmendar la idea de una generación apática, conformista y descreída de la política.

Son muchas las claves que deslizan las voces pulsadas para diseccionar la idea generalizada de que la suya es una generación anestesiada. Para empezar, coinciden, una cuestión inesquivable: hay parte de verdad en tal afirmación. Pero se trata de una realidad que no sólo afecta a los más jóvenes, sino que interpela al conjunto de la sociedad.

"Hay una desmovilización social por parte de distintos sectores, no particularmente en la juventud", introduce Nerea Rivero. Su militancia la ha desarrollado en algunas de las trincheras donde más ha crecido la movilización en los últimos años: primero el movimiento feminista, ahora la lucha por la vivienda. Rivero habla desde la Plataforma polo Dereito á Vivenda y observa que el "avance del individualismo cada vez va a más", una deriva que conlleva descrédito hacia la movilización: "No se entiende, a veces, que la lucha en la calle puede ser un motor de cambio social".

Coincide con ella Juan Fonseca, en el seno de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS). "Estamos en un momento político de desmovilización en torno a reivindicaciones ligadas históricamente a la izquierda", si bien el grado no es el mismo en todos los terrenos, observa. En espacios como la vivienda, sí cree que existe un compromiso firme que se expresa en las calles. Pero en todo caso, completa, los "niveles de conflictividad social y laboral se han reducido en comparación con una década atrás". Algo que, afirma, "no afecta específicamente a los jóvenes". 

Así lo percibe también Amaia Ugarte, activista feminista en la Comisión 8M de Madrid. "Creo que es una generalización muy simple", se apresura a aclarar. Si bien la organización política no es "una tendencia mayoritaria en la gente joven, tampoco lo es en otras generaciones". Pero además, añade, toda afirmación requiere de una reflexión pausada: "Hay que entender los motivos, si tiene que ver con los ritmos de vida, con la precarización de los trabajos" y con las condiciones materiales; y huir en definitiva de los "análisis superficiales".

Para Latorre, militante del Sindicato de Estudiantes, la creencia de que los jóvenes no se mueven es en realidad cíclica. "Lo llevamos escuchando mucho tiempo, siempre está presente esa idea". La joven recuerda en este punto una cuestión que cree clave para el análisis: los jóvenes no son un colectivo homogéneo. "Siempre hay jóvenes que se mantienen al margen" o incluso algunos que "simpatizan con la extrema derecha". Pero sí cree que "la gran mayoría son antifascistas y salen a luchar".

No sólo el feminismo o la lucha por la vivienda cuentan con un frente de gente joven dispuesto a pelear sus derechos en las calles. Si en algo han sido vanguardia los jóvenes, ese algo ha sido el apoyo explícito al pueblo palestino, especialmente desde que los ataques israelíes se recrudecieron en octubre de 2023. Pablo Castilla fue uno de los muchos que acamparon en la Universitat de Barcelona (UB), en el seno del Comitè Estudiantil en Solidaritat amb el Poble Palestí. 

El impulso de salir a protestar era, en su caso, la consecuencia lógica de un compromiso previo. "Empecé a militar con diecisiete años, alrededor de las huelgas educativas en secundaria en Cataluña. A partir de ahí, empecé en Contracorriente y en Corriente Revolucionaria de los Trabajadores (CRT)", expone al otro lado del teléfono el joven de veinticinco años, así que cuando "estalla la situación" decide dar el paso, no como una pulsión individual, sino como parte de una suerte de mandato colectivo: "No podíamos ser testigos silenciosos de un genocidio en directo". Y entre las razones que encuentra el joven para movilizarse, hay una que comparten las demás voces: la inacción de los partidos progresistas.

Castilla lo dice sin rodeos: si se movilizó con motivo del genocidio, fue también por "la complicidad de los gobiernos, especialmente del español". Un Gobierno, insiste, asentado sobre una promesa de cambio: "Venían a cambiarlo todo y no cambiaron nada. Seguimos con el problema de la vivienda, con la elitización de la universidad y con todas las expectativas frustradas por parte de la juventud".

No es casualidad, cincela Fonseca, que la primera opción política entre los jóvenes sea la abstención. Los resultados de las últimas elecciones generales mostraron que la abstención crece entre los electores de menor edad, "con mayores porcentajes en barrios obreros y en jóvenes trabajadores", afina el entrevistado, al tiempo que condena los análisis de brocha gorda. En este punto, asiente, la clave pasa por escuchar las razones que dan sentido a esta decisión, muchas veces consciente y meditada, entre los electores jóvenes. "Pueden ser muchos los motivos, pero prima la desafección política. Lo que está en juego ahora es en cómo se traduce".

En ese contexto, se bifurcan dos caminos: la derechización o la movilización. La primera, encaja en "uno de los principales análisis de coyuntura" que atraviesan la conversación: el auge reaccionario. "No sólo en cuanto al crecimiento de los partidos de extrema derecha, sino también respecto a un desplazamiento hacia un sentido común autoritario y reaccionario en todos los niveles y que también tiene reflejo en los demás partidos", observa Fonseca.

Hay quien explica el escoramiento a la derecha como resultado de una decepción con la izquierda institucional, pero otros lo identifican con una suerte de reacción a las políticas progresistas. Castilla se encuadra en el primer espectro. A su juicio, el giro a la derecha tiene que ver con "las expectativas frustradas del último ciclo político". Los jóvenes han visto cómo "el Gobierno progresista no ha resuelto los problemas y muchos han canalizado esa rebeldía tendiendo hacia la derecha". Pero no es la única alternativa, ni siquiera la mayoritaria, proclama el estudiante. La idea generalizada de que los jóvenes han sucumbido a la ola reaccionaria esconde también la intencionalidad de "ocultar la politización de la juventud y anular su potencial cuando se moviliza".

A Nerea Rivero sí le preocupa que la "desafección política" esté siendo "captada por la extrema derecha", a través de los "discursos de odio" que se difunden especialmente a través de las redes. Ella, a diferencia de su compañero, cree que "la juventud percibe que hay ciertos discursos que están ocupando un lugar en las instituciones y piensa que son hegemónicos". A eso, se suma una situación de "incertidumbre que atraviesa a la juventud". Pero existe un potencial transformador y para obtener resultados, subraya, es necesario tender puentes. "Las luchas no son compartimentos estancos. Cuando hablamos de acceso a la vivienda hablamos también de feminismo y de lucha antirracista", disecciona.

Al mismo punto llega Amaia Ugarte. Para empezar, coincide en que existe una tendencia hacia la derecha, pero introduce un análisis de género: impacta, especialmente, en los varones. "Aquí han jugado un papel importate las redes sociales y la extrema derecha, que ha sabido tergiversar el discurso feminista", con el propósito de persuadir a un puñado de hombres jóvenes reactivos ante los avances feministas.

Para Latorre, "la desafección puede ir en ambas direcciones. Puede hacer que toda una serie de jóvenes caigan en los discursos de extrema derecha, pero la falta de expectativas también puede convencernos de que el sistema no funciona". Y ahí entra en juego un nuevo reto: construir alternativas.

Una tarea que no siempre casa con el deseo de inmediatez. "Los avances políticos cuestan tiempo y esfuerzo", insiste Rivero. Pero las luces largas a veces no tienen buena acogida: "Si tardamos mucho en avanzar en derechos, es fácil que las personas se acaben resignando. Lo queremos todo y lo queremos ya, pero conseguir cosas lleva su tiempo". La misma urgencia por alcanzar cambios palpables en el corto plazo la percibe también Ugarte. "Y en esa urgencia es complicado organizarnos", sostiene. "El momento actual nos empuja a movilizarnos por cuestiones como la vivienda, pero también nos paraliza: la sensación abrumadora de un panorama desolador en el que no hay futuro, incita a la despolitización", lamenta la feminista. Pero además, añade, "para llegar a una organización política se necesita formación, cierto periodo de reflexión, maduración y debate". El ritmo de vida actual, conjuga la activista, marcado por el "absoluto cansancio, agotamiento y frenetismo, nos veta esos espacios".

Asiente Pablo Castilla. La sensación de que "no hay futuro" acaba teniendo un efecto desmovilizador, porque "si no hay cambio posible, luchar no tiene sentido". Pero Castilla se revuelve contra esa idea. "Es parte del relato: no hay salida y por eso debemos conformarnos con el mal menor. Aunque ese mal menor aplique políticas de derechas", critica. Para el joven, es urgente confrontar con la idea de que vivimos en el mejor de los sistemas: "Combatir el mal menor no es una cuestión del largo plazo, sino de absoluto presente, porque, si no, siempre va a haber otro mal mayor. No queremos aceptar la crisis de la vivienda, el aumento del presupuesto militar o la militarización de las fronteras con la excusa de que, si no, vendrá la derecha", apuntala.

Fonseca insiste en la necesidad de pensar estrategias para transformar el malestar en motor de cambio. "Sin ser nostálgicos ni glorificar el pasado, nuestra generación ha vivido dos grandes crisis capitalistas y nuestro horizonte de futuro es complicado, eso puede ser un aliciente para politizar y organizar a la juventud trabajadora", frente a otros caminos "mucho más reaccionarios y de derechización". 

Es, reconoce, una "tarea compleja", especialmente partiendo de una "situación de bancarrota política de lo que han sido los proyectos de izquierda reformista en los últimos años". En ese contexto, admite, "plantearnos rearmar el proyecto político revolucionario parece en sí mismo inalcanzable". Así que el reto pasa por "poner en marcha un modelo de militancia alejado del activismo de autopromoción de la inmediatez, más de compromiso y disciplina consciente, ir poco a poco hacia la construcción de organizaciones políticas de masa". El camino, sostiene, "es largo, pero también es el único correcto para los objetivos que nos planteamos: una transformación integral del sistema".

Más de 200 estudiantes madrileños, tras participar en un encierro nocturno en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense (UCM), se han concentrado este martes frente al Rectorado donde han leído un manifiesto contra la futura ley de universidades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso titulado Frente a la asfixia de la universidad pública, organización, según informa EFE.

El manifiesto, redactado durante el encierro secundado por más de 400 personas de varias universidades madrileñas, denuncia que "la universidad pública está en crisis", con asignaturas sin profesores y estos haciendo "docencia extra sin remuneración", mientras los precios de las matrículas son "los más caros de todo el Estado y la inversión por alumno es un 21% menor que la media estatal".

"Nuestras facultades se vienen abajo. Nada de esto es casualidad" sino el fruto de 14 años de infrafinanciación pública que ha llevado las universidades "a números rojos", en un "desmantelamiento" que remonta a la crisis económica durante la cual la Comunidad de Madrid ha "asfixiado" las universidades públicas mientras favorecía la "proliferación sistemática de universidades privadas".

El proyecto autonómico de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) pretende ampliar las competencias del Consejo Social, "aumentando el poder y control que las empresas privadas tienen en él, mermando la autonomía de las universidades" y obligándolas a "mendigar financiación privada, incluso creando fondos de inversión", reza el manifiesto. Todo ello "institucionalizando la infrafinanciación y sometiendo la capacidad económica de las universidades a los intereses empresariales", como parte de un proyecto "de privatización de la enseñanza, subordinación de la educación a intereses mercantiles y elitización del acceso a la universidad".

Tras criticar la "incapacidad de los partidos" políticos para solventar esta situación, llaman a trabajadores y estudiantes a organizarse en torno a cinco reivindicaciones, entre ellas, el "fin de la represión y la militarización de la universidad pública", derogando la ley estatal de Convivencia Universitaria y asegurando la libertad de reivindicación, organización y protesta en las universidades.

También exigen aumentar la financiación "como mínimo hasta cubrir el gasto mínimo y el déficit", asegurando unas condiciones laborales dignas y el "acceso de la clase trabajadora a la universidad en unas mejores condiciones". Reivindican, asimismo, "la paralización del proyecto de ley" de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de la Comunidad de Madrid y abrir "un proceso de negociación con el conjunto de la comunidad educativa organizada", además de "la expulsión de las empresas privadas de la universidad, tanto de su financiación como de sus órganos de gobierno y sus espacios".

Desde el colectivo UCM por la Pública tienen claro que los partidos parlamentarios "son cómplices y responsables" de esta situación: "No aceptamos sus migajas. Nuestra única alternativa para enfrentar esta coyuntura es la organización independiente de la comunidad universitaria", aseguran.

Durante el encierro, docentes y estudiantes de varias facultades madrileñas han acordado nuevas acciones contra la futura ley autonómica que recortará al 70 % la financiación universitaria, incluida una huelga general educativa el próximo día 28.

El primer ministro serbio, Milos Vucevic, presentó su renuncia este martes tras semanas de protestas lideradas por estudiantes, que critican el estilo cada vez más autoritario del presidente, el populista Aleksandar Vucic.

Vucevic dimitió tras más de dos meses de protestas multitudinarias lideradas por estudiantes, que denuncian la corrupción y la vulneración del Estado de derecho por parte del Gobierno. El jefe del Ejecutivo argumentó que su renuncia busca reducir tensiones en un momento de gran polarización.

Vucevic presentó su renuncia después de que una estudiante resultara gravemente herida en un ataque ocurrido la noche del martes en la ciudad de Novi Sad. Según testigos, los agresores habrían salido de las oficinas del gobernante Partido Progresista Serbio (SNS), al que pertenece Vucevic y el presidente de Serbia, el populista Vucic. El SNS, de ideología conservadora y nacionalista, domina la política y gran parte de los medios del país desde 2012.

Las protestas comenzaron tras el derrumbe el 1 de noviembre del techo de la estación de trenes de Novi Sad, que causó la muerte de 15 personas, incluidos dos niños. La obra, adjudicada a una empresa china, había sido inaugurada pocos meses antes.

Los manifestantes y parte de la oposición acusan al gobierno de corrupción al adjudicar la obra de forma poco transparente y de presionar para acelerar su finalización por motivos políticos. Los manifestantes consideran que la corrupción y la falta de supervisión fueron responsables del desastre.

Los manifestantes exigen la publicación de documentos relacionados con las obras de la estación, el procesamiento de los responsables de ataques a estudiantes durante las protestas, la liberación de los manifestantes detenidos y un aumento en el presupuesto de las universidades.

El presidente Vucic aseguró que, a su juicio, las demandas habían sido atendidas y se mostró dispuesto a dialogar. También anunció una remodelación del Gobierno. Además, propuso un referéndum sobre su continuidad en el cargo, algo que ha sido rechazado por la oposición, que considera que el sistema actual no garantiza elecciones libres y destacan que la actual legislación no prevé el uso de un referendo como herramienta para medir la popularidad de un político.

Desde 2012, Vucic y el Gobierno liderado por el SNS han afrontado varias protestas importantes, aunque estas son las más multitudinarias. En el pasado reciente hubo también movilizaciones contra el gobierno por dos tiroteos en mayo de 2023, con más de 20 muertos, en los que se criticó a las autoridades por no tomar medidas efectivas contra la tenencia ilegal de armas.

También hubo protestas por supuesto fraude electoral en las elecciones legislativas de diciembre de 2023, el las que SNS ganó con el 48 % de los votos, y contra proyectos de minería de litio por sus posibles impactos ambientales.

Serbia es candidata a ingresar en la Unión Europea, pero no ha avanzado en las negociaciones de adhesión en los últimos años. Tampoco se ha unido a las sanciones del bloque contra Rusia por invadir Ucrania debido a las históricas relaciones de amistad con Moscú.

Parte de la oposición y la sociedad serbias temen un alejamiento de Occidente y de la UE y que Vucic tienda a un tipo de liderazgo autocrático. Sus críticos sostienen que Vucic supera el papel protocolario de su cargo presidencial y de facto controla gran parte del poder político del país balcánico.

La oposición, dividida y debilitada, ha planteado la necesidad de un gobierno de transición para organizar elecciones libres, pero esta idea ha sido rechazada por Vucic, quien defiende la legitimidad del actual sistema político.

En los últimos años Vucic ha usado el recurso de adelantar elecciones cada vez que se topaba con alguna crisis. Los comicios parlamentarios de diciembre de 2023 fueron las quintas elecciones legislativas anticipadas en diez años.

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sido increpado en la mañana de este viernes al grito de "asesino", "culpable" y "dimisión" por parte de varios estudiantes durante el acto de la toma de posesión de la rectora de la Universidad de Alicante , Amparo Navarro. Estas personas han interrumpido la sesión para reprocharle al jefe del Ejecutivo autonómico su gestión en la dana que dejó más de 220 víctimas en la provincia de Valencia.

Una de las alumnas se ha levantado y dirigiéndose a Navarro, le ha reprochado la invitación a Mazón, al cual ha calificado de "máximo responsable" de las muertes durante la riada. La propia estudiante ha señalado que es una "vergüenza" que el president estuviera ahí, llamándole "criminal". "Si usted sigue este acto en una completa normalidad litúrgica, nosotros no se lo permitiremos. Carlos Mazón es un criminal miserable y negligente", ha dicho la estudiante a la nueva rectora. "Mientras estabas en El Ventorro había gente ahogándose", ha gritado otro estudiante. A la vez, otros alumnos han mostrado carteles pidiendo la dimisión de Mazón exhibiendo su foto boca abajo.

En la ceremonia también han estado presentes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el conseller de Universidades, José Antonio Rovira. 

17 de octubre de 2012. Un grupo de unos 200 estudiantes se sienta en unas escaleras de asfalto cercanas al Museo de Escultura al Aire Libre situado en el número 40 del madrileño Paseo de la Castellana. Algunos llevan cuadernos y bolígrafos y todos escuchan atentamente a quien, micrófono en mano, se pone frente a ellos. Es Juan Varela, profesor de Filología Italiana en la Universidad Complutense de Madrid que, por un día, decidió trasladar su aula a "la puñetera calle". No lo hizo porque sí. La crisis económica mundial que azotaba especialmente a España desde 2008 y que había provocado ya entonces varios tijeretazos a la universidad pública asfixiaba a docentes y alumnos. Y decidieron decir basta. Fue, no por casualidad, explicando la Canción de la Avaricia, del poeta Dante Alighieri.

Han pasado más de 12 años desde entonces, pero todavía hoy se recuerda. Aquella clase fue el pistoletazo de salida a muchas otras que llegaron después. Y que, hasta 2015, sacaron a las calles de Madrid a más de 900 profesores y profesoras de las seis universidades públicas de la región que escenificaron así la asifixa económica que ponía en peligro su viabilidad. Pero poco consiguieron en tres años. Y por eso este jueves se ha repetido la escena inédita que en su día protagonizó Varela. Esta vez, frente a la Asamblea de Madrid. Y con Marisa Montoya, catedrática de Física de la Tierra y Astrofísica de la UCM al frente. Esta vez, con una clase magistral sobre los "Puntos de inflexión del sistema climático", un tema que, igual que pasó con la poesía de Dante en su momento, también ha sido escogido con segundas intenciones.

Lo explica la profesora de Derechos Humanos y Filosofía del Derecho de la Carlos III, María Eugenia Rodríguez Palop. La universidad ha decidido regresar a la calle, este jueves en el sentido más literal de la expresión, por una infrafinanciación crónica, pero no solo. El ataque que sufren estas instituciones también tiene mucho que ver con la "ola reaccionaria" que lidera la extrema derecha y en España cohabita con el conservadurismo de Isabel Díaz Ayuso. "Es una corriente negacionista, acientífica y que no quiere de ninguna manera que la universidad sea líder en el conocimiento y en la investigación", lamenta la también exeurodiputada. La propia Montoya también lo entiende así. Su clase, explica al terminarla, ha servido como "muestra del trabajo de investigación que se ve amenazado si no se dota a la universidad de recursos".

Es, por tanto, una cuestión ideológica. Porque además las circunstancias que llevaron a la universidad pública a la movilización en 2012 no son las mismas que ahora, aunque los términos que resuenan son los mismos.

La clase de Montoya ha sido un recuerdo de la lucha que muchos y muchas ya hicieron en su día. Palop, por ejemplo, fue una de las redactoras de aquel manifiesto de La uni en la calle, el movimiento que impulsó esas movilizaciones y que hoy, confirma Germán Garrido, vuelve para quedarse. Él también estuvo presente en 2012. "Nos hemos vuelto a organizar. Volvemos a estar presentes las seis universidades públicas y nuestra idea es reactivar todo", explica desde el otro lado del teléfono. De fondo se escucha el gentío que este jueves también se concentró frente a la Asamblea de Madrid al acabar la clase de la catedrática de la Complutense. Lo hicieron convocados por CCOO, UGT y CGT y con un objetivo muy claro: que dentro de la Cámara regional, donde se debatían las enmiendas de los Presupuestos de 2025, se hablara de ellos.

"Teniendo en cuenta la poca antelación de la convocatoria, hemos tenido una asistencia bastante importante. Ha habido estudiantes, profesores, personal de administración... Y de todas las universidades", cuenta Carlos de Castro, profesor de Sociología de la Autónoma (UAM). "Se ha hecho todo con bastante prisa, así que el balance es positivo", remacha. Los carteles que anunciaban la movilización apenas se habían empezado a difundir 48 horas antes, casi al mismo tiempo que en centros como la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM se aceleraba la organización. Allí nació, pocas horas antes de la manifestación, la primera pata de la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública. Pero quedan más.

Se trata, dicen, de un "espacio de organización amplio, abierto, democrático y horizontal con vocación de integración amplia" y un objetivo muy claro: "revertir el expolio y desmantelamiento de las universidades públicas". Para ello, solicitan a los rectores que interpongan una demanda para restituir los presupuestos que se deberían recibir y avanzar en la reducción de los precios públicos. También, que se reúnan con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. "Nuestra principal e inmediata lucha tiene que ver con la falta de financiación de la universidad, pero nuestras reivindicaciones no terminan ahí", expone Garrido.

En frente siguen teniendo la Ley de Universidades que pretende aprobar el Gobierno madrileño y que, entre otras cosas, contempla un "régimen sancionador frente el vandalismo, la ocupación y los escraches" para mantener el "decoro" dentro de las facultades, un movimiento que desde la universidad se ha interpretado como una reacción a las acampadas en apoyo a Gaza tan criticadas desde la Puerta del Sol. Y tiene más. De aprobarse la norma, serán las propias universidades las que deberán asumir el 30% de su financiación. ¿Cómo? Con recursos propios. "Ese va a ser nuestro gran caballo de batalla. Si eso sale adelante veremos cómo se incrementan las tasas y se cierran titulaciones", denuncia Garrido.

Lo dice con conocimiento de causa. Ya pasó y ya lo vivió. Los propios rectores madrileños recordaron en una carta abierta enviada a Ayuso que tras la crisis financiera "la Comunidad de Madrid redijo drásticamente la subvención nominativa y aumentó los precios de las matrículas a los estudiantes". En concreto, según recogió el ya desaparecido Observatorio del Sistema Universitario en un informe, entre 2009 y 2015 la región incrementó en un 40,2% lo que los estudiantes debían abonar por estudiar en un centro público. El problema es que desde entonces, y aunque se han reducido esos precios —que en Madrid siguen siendo no obstante los más elevados de todo el país— eso no se ha traducido "en la correspondiente recuperación de la subvención". Dicho de otro modo: las universidades públicas acumulan ya 15 años de "grave infrafinanciación".

No hay comparación posible con otras autonomías, además. Según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), la región de Ayuso es la que menos invierte por cada uno de sus estudiantes: 5.362 euros, un 24,4% menos que la media nacional. A la vez, es la que más cobra en tasas: 1.620 euros de media por cada alumno, un 28% más que la media del resto del país. Y esto, que en 2012 podría tener una explicación detrás, hoy ya ni siquiera la tiene.

"En aquellos años salimos a las calles por los recortes que se aplicaban a todo lo público, también a la universidad. Lo que ocurre es que en ese momento se hizo en un contexto de crisis económica global. Hoy no estamos en esa situación. Es más, la Comunidad de Madrid es la más rica de toda España y la que ha puesto en marcha el peor programa de recortes encubiertos", lamenta De Castro. "Si ahora que supuestamente estamos creciendo se aplican estas políticas, qué no pasará cuando esto cambie", añade Garrido.

Por eso el momento es ahora. "Es absolutamente urgente que nos movilicemos, que ocupemos las calles", asegura Palop, que extiende incluso la necesidad de la protesta. A la vivienda, a la sanidad, "a la defensa de todo el sector público". "Lo que estamos viendo en Madrid es un laboratoio que con toda seguridad se va a extender por toda España, empezando por las comunidades del PP. Lo estamos viendo también en Andalucía", señala.

Allí, los rectores de sus diez universidades públicas también se pusieron de acuerdo para mostrar su "firme rechazo" a la "estrategia de privatización" del sistema que ha puesto en marcha, acusan directamente, la Junta de Juanma Moreno. Lo hicieron después de que la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, integrada en la Universidad Pontificia Comillas, con sede en Madrid, aterrizara en el campus de Bormujos de Sevilla de forma "exprés" y sin autorización. "Sienta un preocupante precedente", lamentaron, denunciando la cada vez mayor privatización de su sector.

Hace apenas unos días, UGT denunció también lo que consideran que es "un ataque sistemático" contra la institución, que según los Presupuestos de 2025 recibirá en 2024 87 millones menos. "Un hecho que evidencia la falta de compromiso del gobierno regional con la educación pública", denunció el sindicato. Víctor Molina, profesor de la Universidad de Sevilla, confirma que todo ello les ha llevado a movilizarse. Y que seguirán.

Según señala UGT, todo responde al interés privatizador como motivo principal. Allí ya son tres los centros de este tipo, pero en regiones como Madrid ya ascienden a 14. Por eso es en esa autonomía donde por ahora se recuperará aquello que en 2012 se llamó Marea Verde y cuyas camisetas se han vuelto a ver este jueves frente a la Asamblea. "Esta va a ser una batalla a largo plazo", sentencia De Castro.

Los Ministerios de Educación y de Ciencia se han comprometido este lunes a que el nuevo modelo de las Pruebas de Acceso Universitario (PAU) esté publicado en todas las comunidades autónomas antes del 26 de octubre, ha informado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, y recoge EFE.

En declaraciones a los medios, tras reunirse una delegación del Sindicato de Estudiantes con representantes de estos dos ministerios y de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Latorre ha afirmado que este compromiso pone fin a un conflicto por la no publicación de las pruebas de la PAU que dio lugar a una huelga estudiantil el pasado 11 de octubre: "La lucha sirve", ha subrayado.

No obstante, ha advertido al Ministerio de Educación que si no cumplen con su palabra, el Sindicato de Estudiantes "volverá con la propuesta, las veces que haga falta".

Latorre ha explicado, según les han trasladado en Educación, donde ha tenido lugar el encuentro, a lo largo de esta semana se van a seguir publicando las orientaciones y modelos de examen así como los criterios de corrección de las pruebas de la PAU.

Y los Ministerios de Educación y Ciencia han informado de que se instará a las comunidades y distritos universitarios para que antes del 26 de octubre estén publicados los nuevos modelos de la PAU en todas ellas. Además, han garantizado que se trasladará a las consejerías de Educación de las comunidades autónomas que en el curso 2025-2026 las pruebas estarán publicadas en el mes de septiembre de 2025.

"Lo hemos conseguido, y este triunfo ha sido gracias a la huelga del 11 de octubre en la que cientos de miles de estudiantes vaciaron las aulas y decenas de miles llenaron las calles de todo el país, después de un mes esperando", ha precisado la secretaria general de este sindicato. Latorre ha valorado el "arrojo y la valentía" de los estudiantes que se han enfrentado a la "represión de los equipos directivos" para hacer huelga.

La portavoz sindical ha subrayado que si existe la PAU es por la falta de recursos en la educación pública: "Por eso se han inventado estos juegos del hambre para que compitamos por plazas cada vez más menguantes y con una nota de corte cada vez más alta". Ha insistido en que los recortes en la educación pública van encaminados a la privatización. "Esa es la razón de la PAU que estudiar en la universidad sea un privilegio de clase", ha señalado.

Latorre ha recordado que la huelga del día 11 "no era solo por un examen, era por la defensa de la educación pública" por lo que han exigido un plan de rescate.

Previamente, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ya adelantó que todos los centros educativos contarán este mes con los modelos de exámenes de la nueva selectividad, aunque ha pedido a los gobiernos autonómicos y a sus universidades respectivas que aceleren sus trabajos.

En una entrevista en el programa La Cafetera de Radiocable, ha señalado que entiende "los nervios y el malestar de los estudiantes de segundo de Bachillerato" porque se enfrentan a una nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) este año", pero ha recordado que en años anteriores los modelos de exámenes llegaban a los centros en enero o febrero. De esta forma se refería a las últimas movilizaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes que han reclamado conocer ya los modelos de ejercicios y los criterios de evaluación de la nueva selectividad.

"Y las conversaciones que hemos tenido con las universidades es que la información estará esta semana o que, como máximo, en la segunda quincena de octubre todos los centros educativos contarán con estos modelos", ha incidido. Alegría también ha pedido a los gobiernos autonómicos y a las propias universidades que "aceleren" los trabajos para perfilar los nuevos ejercicios de cada materia, cuyos criterios básicos recoge el real decreto ley aprobado en junio de este año.

Una nueva Prueba de Acceso a la Universidad, que supondrá una "nueva forma de evaluar" y que fue aprobada tras "doscientas reuniones con comunidades, universidades, rectores, familias y estudiantes", ha recordado.

La ministra de Educación también se ha referido a las críticas de los estudiantes en torno a la falta de plazas en la Formación Profesional (FP) y en este sentido ha puntualizado que el Gobierno ha financiado con fondos europeos desde el inicio de la legislatura más de 300.0000 nuevas plazas para las comunidades autonómicas y "es competencia" de esos gobiernos ponerlas en marcha.

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general el próximo viernes, 11 de octubre, en toda España para los alumnos de ESO, Bachillerato y FP en protesta por la nueva selectividad y para exigir que se publiquen los modelos de examen de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a la que se enfrentarán en junio, según informa EFE.

La huelga abarcará la totalidad de la jornada lectiva del viernes (tanto horario de mañana como de tarde) y se produce después de que miles de estudiantes de segundo de Bachillerato se hayan movilizado a través de la plataforma change.org para exigir antes del 9 de octubre los nuevos modelos de examen de la PAU.

Bajo el lema "Queremos ya el modelo de examen de la PAU", los estudiantes se concentrarán en diferentes ciudades de España.

El sindicato de Estudiantes además ha mostrado su rechazo "a la brutalidad policial que sufrieron" en Murcia cerca de 2.000 jóvenes que se manifestaron ante la falta de conocimiento de los nuevos exámenes después de que medio centenar de antidisturbios tuvieran que realizar detonaciones para frenar los objetos que lanzaban los jóvenes.

Lo estudiantes solicitan "claridad" en torno a esta prueba que se estrenará por primera vez en junio y en la que solo habrá un modelo de examen y un mínimo de 25 % de preguntas de carácter competencial.

Los comités de coordinación formados por las universidades de los 17 distritos y profesores de Bachillerato de cada comunidad autónoma son los encargos de definir los nuevos modelos de examen y encajar la propuesta consensuada por los rectores de todas las universidades de España. La Comunidad de Madrid ha anunciado que dará a conocer los modelos de examen de cada materia el 17 de octubre.

Entre el 7 de mayo y el 8 de junio cientos de estudiantes dijeron basta. Decenas de miles de muertos en Gaza, bombardeos indiscriminados contra población civil por parte del Ejército de Israel y una oleada de protestas en Estados Unidos y otros lugares del mundo no podían dejarles de brazos cruzados. Esos primeros días de mayo, organizaciones, asociaciones estudiantiles y colectivos universitarios se unieron para establecer una acampada de protesta a favor del pueblo palestino que tenía dos exigencias claras: la ruptura de relaciones de las universidades con Israel y una mayor acción por parte del Gobierno de España.

El resultado fue una acampada que duró un mes y que en su momento álgido llegó a congregar a más de 600 personas frente a la Casa del Estudiante de la Complutense. Allí se concentraron alumnos de las 6 universidades públicas madrileñas (la Complutense, la Autónoma, la Carlos III, la Rey Juan Carlos, la Politécnica y la de Alcalá), que con sus protestas consiguieron el compromiso de los centros de romper relaciones con sus homólogos israelíes. Su lucha y compromiso les hace merecedores del Premio al Compromiso Social en esta primera edición de los Premios Jóvenes infoLibre. Hablamos con Daniel Maure-Richard, uno de los portavoces de la acampada para conocer un poco más cómo fue ese mes de movilizaciones.

Empezando por el principio, ¿cómo surge la idea de establecer una acampada? ¿hay algún momento o acontecimiento que suponga un clic para vosotros?

Desde que se recrudeció el genocidio al que ha estado sometido el pueblo palestino, hubo numerosas movilizaciones en todo el mundo, también en el Estado español. En ese momento, vimos como se estaba extendiendo, en muchos lugares, la acampada como una forma de acción solidaria internacionalista muy fuerte. Así que, con todo esto, comprobamos que había fuerzas, y con la convicción de que era necesario desde España sumarse a esta solidaridad, decidimos acampar nosotros también para presionar a las universidades. También veíamos que el hecho de realizar las acampadas haría escalar la lucha para poner el genocidio palestino de nuevo en el foco mediático y así empujar con mucha más fuerza.

¿Cómo fueron los primeros momentos de acampada? ¿Teníais miedo a no tener tanto apoyo por parte de la sociedad y los medios?

Sabíamos que a nivel de prensa iba a tener relevancia porque era un una forma de lucha que no sabía experimentado en los últimos años. Además, veíamos la acampada como un paso más en las protestas, por lo que sí esperábamos que se fuera a unir mucha gente. Las estudiantes querían luchar por Palestina y no querían que sus que sus universidades ni que su gobierno fueran cómplices del genocidio, por lo que sí se sumaron muchísimas personas. En una de las primeras asambleas llegamos a ser más de 600 personas.

Visto con perspectiva, creo que tuvimos un gran éxito e impacto y por unos días las acampadas se convirtieron en el centro político del país y sirvieron, en efecto, para presionar tanto a las universidades como al Gobierno. Eso sí, notamos que esta última parte era más difícil que llegara a los medios de comunicación, porque se centraban más en la parte de las universidades.

En la acampada estuvisteis varias organizaciones universitarias ¿cómo hicisteis para coordinaros y organizar a tanta gente?

La acampada se lanza desde el Bloque Interuniversitario por Palestina, que es un grupo que se crea entre distintas asociaciones de varias universidades públicas madrileñas para ir a las manifestaciones por Palestina que ha habido durante estos meses. Todo comienza con este bloque, pero pronto se desborda a causa de toda la gente que se quiso unir a las protestas. Así que este bloque se acaba diluyendo.

En las acampadas buscábamos ser lo más democráticos posibles para involucrar a todo el mundo, ya que al final estábamos juntas personas de muchas organizaciones y universidades. Pronto se pasó a funcionar todo de forma asamblearia, a través de de comisiones y de grupos de trabajo que salían de la asamblea y en las que todo el mundo se podía meter.

Y en cuanto a la parte logística, ¿cómo hicisteis para organizar las comidas, el estudio...?

Cuando plantamos inicialmente la acampada, planteamos hacer una una caja de resistencia con la que poder ir haciendo las compras y así poder tener provisiones para todas las personas que estábamos ahí. Pero al final, nos sorprendió bastante que recibimos muchísimas muestras de solidaridad y apoyo de gente que no podía acampar y que nos traía comida preparada, empanadas, tortillas... Notamos como la sociedad civil se volcó en apoyo a la acampada y notamos que nosotras, las estudiantes, estábamos representando el sentir de muchas ciudadanas y ciudadanos.

En cuanto al estudio, nos coincidió todo con época de exámenes, y por eso habilitamos una zona de estudio más silenciosa apartada de las tiendas, con mesas y sillas donde se podía estudiar. Muchos profesores, además, se ofrecieron a dar clases de refuerzo a los alumnos que las necesitaran, lo cual vino muy bien para, teniendo menos tiempo para estudiar, poder entenderlo todo mucho mejor.

Hablas de la solidaridad de los profesores, pero ¿os encontrasteis obstáculos o impedimentos por parte de la universidad o de la Policía?

El día antes de empezar, sí nos llegó que la universidad tenía miedo a que se produjeran acampadas y que podrían tratar de impedirlas. Finalmente no lo hicieron y al principio sí que pusieron facilidades como cortar el riego automático y ofrecernos baños. A mitad de acampada, estos últimos fueron cerrados después de la ocupación que realizamos del vicerrectorado de Estudiantes. A partir de ese momento, muchas de esas facilidades que nos había puesto la universidad se cortaron.

Y luego, sí hemos sufrido represión a la hora de hacer muchas acciones por parte de la Policía. Hubo identificaciones a personas haciendo pintadas e incluso los agentes llegaron a entrar dentro de la acampada para realizar más identificaciones. Después, el día que trasladamos parte de la acampada a la avenida Complutense vinieron 18 furgones de la Policía Nacional y de los antidisturbios para desalojarnos con mucha violencia. Hubo gente, que tuvo que irse al hospital por culpa de la Policía.

Muchas veces se dice que las personas jóvenes ya no protestan y que no tienen el compromiso social de antaño ¿qué piensas de esto? ¿está la juventud desmovilizada?

Creo que estábamos en una época de menores movilizaciones después del fin del ciclo del 15M, pero ahora la juventud se está volviendo a organizar. Nos estamos volviendo a movilizar en torno a la causa palestina, pero yo creo que esto va a ir más allá. Gracias a la acampada se ha reconstruido el movimiento estudiantil, se han tejido redes entre las distintas universidades, con profesores y con otros movimientos sociales. Por todo ello, la juventud va a volver a ser una parte fundamental de las luchas y a estar muy presente en el día a día, sobre todo atacando a los problemas que nos encontramos los jóvenes. Todos los recortes, toda la precariedad, los precios de la vivienda... la juventud se va a organizar para luchar por unas mejores condiciones de vida, luchar por sus derechos y también por el pueblo palestino, que actualmente es la punta de lanza del movimiento estudiantil.

¿Cómo valoráis el papel del Gobierno y de las universidades con respecto a vuestras reivindicaciones? ¿Cómo lo veis ahora, un mes después de levantar la acampada?

Las universidades madrileñas, a diferencia de otras del Estado español, no han roto todavía ningún acuerdo con Israel. Nuestra presión sirvió para cancelar los planes Erasmus, pero es algo que ya estaba suspendido para el curso que viene. Vamos a seguir luchando de otras formas que no sea la acampada porque nos parece indignante que nuestras universidades sigan siendo cómplices de un genocidio y continúen los acuerdos con empresas que financian y se lucran del genocidio.

Con el gobierno estamos en una situación similar. Sigue manteniendo relaciones comerciales y diplomáticas con Israel y eso nos parece que debe terminar. No nos sirven gestos vacíos como puede ser el reconocimiento del Estado Palestino, sino que queremos realmente medidas que ayuden al pueblo palestino y que vayan en la línea defender el derecho a existir del pueblo palestino, porque no te no sirve de nada reconocer, además con fronteras reducidas, mientras se siguen dando armas y colaborando con un Estado que está realizando un genocidio.