Las autoridades suizas han confirmado que cuarenta personas murieron en la madrugada de hoy en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

Todos los medios están centrados ahora en salvar las vidas de los heridos más graves y en identificar los cadáveres.

A este respecto, la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que "es difícil saber cuánto tiempo llevará la identificación" de las víctimas mortales, pero aseguró que se ha puesto en marcha un dispositivo muy importante de especialistas en medicina legal que están haciendo todo lo posible para acelerar este trabajo.

Los esfuerzos están puestos en "dar una respuesta a las familias lo más rápido posible", recalcó.

La procuradora indicó que la pista principal de la tragedia consiste en "un fuego generalizado que provocó una explosión, aunque la causa inicial del fuego todavía no se ha podido determinar de manera oficial.

Frente a las insistentes preguntas sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad y vías de escape del local siniestrado, la procuradora sostuvo que no podía pronunciarse sobre elementos como el tamaño de la escalera de acceso al bar, que se situaba en un subsuelo.

Otro elemento que añade dolor en Suiza ante esta tragedia es la edad probable de las víctimas, las que podrían ser muy jóvenes.

Sobre las informaciones que a lo largo del día indicaban que se trataba de un centro nocturno con una clientela entre quince y veinte años, el comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, dijo que no se podía todavía hablar con ese nivel de precisión.

No obstante, admitió que los asistentes que estaban celebrando correspondían probablemente a ese tramo de edad.

Según residentes entrevistados por EFE, el bar "Le Constellation" se encontraba ubicado en una suerte de subsuelo y se accedía por una escalera, lo que puede haber hecho difícil que las víctimas escaparan.

Ante esta tragedia se movilizaron más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y 150 personas entre bomberos, rescatistas y otras profesiones vitales.

El cantante suizo Nemo, ganador de Eurovisión en 2024, anunció este jueves que renuncia a su trofeo en protesta por la participación de Israel en la edición de 2026.

El representante de Suiza indicó en la red social Instagram que Eurovisión defiende la unidad, la inclusión y la dignidad para todos y que la presencia de Israel el próximo año "muestra un claro conflicto entre esos ideales y las decisiones tomadas por la UER" (Unión Europea de Radiodifusión). "Esto no se trata de individuos o artistas. El concurso ha sido utilizado repetidamente para suavizar la imagen de un Estado acusado de actos indebidos, mientras desde la UER se insistía en que Eurovisión 'no es político'", añadió el artista, que en 2024 se hizo con el Micrófono de Cristal con su tema The Code.

Nemo aseguró que esa es la razón por la que ha decidido devolver el premio: "Si los valores que celebramos en el escenario no se viven fuera de él, incluso las canciones más bonitas pierden su significado". Su escrito precisó que devuelve el trofeo a la sede de la UER en Ginebra porque siente que ya no tiene que estar en su estantería.

"Siempre estaré agradecido a la comunidad eurovisiva, a los fans que votaron, a los artistas con los que compartí escenario y a la experiencia que me formó como persona y como artista. Esta decisión surge de la preocupación por los valores que Eurovisión promete, no del rechazo a quienes la hacen especial. La música nos sigue conectando. Esa convicción no ha cambiado", sostuvo.

En la última asamblea general de la UER, celebrada la semana pasada, se ratificó la permanencia de Israel en la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará en Austria. Tras la votación, cinco países ya han anunciado que no estarán presentes en el concurso: España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia.

La UER, que engloba a las cadenas públicas de 56 países y organiza el festival, expresó este jueves su deseo de que los países que no participen en la edición de 2026 "regresen muy pronto".

Su comunicado lamentó que, a raíz de la polémica en torno a la participación de Israel y la retirada del festival de varios países, varias cadenas que forman parte de la organización hayan sido criticadas por la postura adoptada, tanto en el caso de los favorables a quedarse en Eurovisión como en el de quienes se han retirado.

Las acciones de Nestlé en la Bolsa de Zúrich sufren una fuerte caída en los primeros minutos de cotización de la jornada del martes, un día después de que el gigante de la alimentación anunciara el cese fulminante de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras descubrirse que ocultaba una relación sentimental con una subordinada directa, según recoge EFE.

Diez minutos después de la apertura del mercado de valores suizo a la 9:00 hora local (7:00 GMT), la acción de Nestlé caía un 3,4 %, hasta los 73 francos suizos (77 euros).

Nestlé anunció en la noche del lunes el cese de Freixe, en la compañía desde 1986 y que ocupaba el puesto de consejero delegado hacía un año, tras ser objeto de una investigación interna.

La decisión de cambiar el consejero delegado "fue necesaria, ya que los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de la compañía", indicó en el comunicado el presidente de la multinacional, Paul Bulcke.

Bulcke supervisó la investigación de Freixe junto al consejero independiente Pablo Isla, empresario español que presidió Inditex entre 2011 y 2022 y que en 2026 asumirá la propia presidencia de Nestlé.

Navratil, que entró en la Mesa Ejecutiva de Nestlé en enero de 2025, comenzó su andadura en Nestlé hace 24 años, primero como auditor interno, y ocupó diversos cargos comerciales en Centroamérica, entre ellos el de director de Nestlé Honduras o el del negocio de café y bebidas en México. "El consejo confía en que impulsará nuestros planes de crecimiento y acelerará los esfuerzos por mejorar la eficiencia. No cambiaremos de rumbo en la estrategia ni perderemos ritmo", aseguró el presidente Bulcke.

La firma de Vevey también anunció el nombramiento de Philipp Navratil como nuevo consejero delegado, según decisión del consejo de administración de la firma, que había ordenado la investigación.

En julio la compañía, la mayor del mundo en el sector alimentario, reportó beneficios netos de 5.065 millones de francos (5.400 millones de euros) en la primera mitad de 2025, un 10,3 % menos que en el mismo periodo de 2024, afectada por la fortaleza de la divisa suiza, que redujo el valor total de sus ventas. 

Las sindicalistas conocidas como las Seis de la Suiza, que el pasado 10 de julio ingresaron en prisión para cumplir una pena individual de tres años y medio de cárcel por coacciones al propietario de una pastelería de Gijón, han obtenido el tercer grado penitenciario, han confirmado este viernes fuentes de la CNT y del grupo social de apoyo a estas personas. Ha informado EFE.

Fuentes del sindicato, al que están vinculadas las Seis de la Suiza, han explicado a EFE que las seis sindicalistas –cinco mujeres y un hombre– han quedado en un régimen de semilibertad, por el que solo tendrán que acudir al Centro Penitenciario de Asturias para dormir y podrán pasar los fines de semana fuera.

El grupo de apoyo a estas sindicalistas vinculadas a la CNT, denominado en asturiano Grupu sofitu 6 de la Suiza, ha celebrado la concesión del tercer grado penitenciario, pero ha reclamado "una solución política" para que se les conceda una "libertad plena".

Tras su ingreso en prisión el pasado 10 de julio, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que ya trabajaba "dentro del Gobierno para que el indulto llegue cuanto antes" e insistió en que "el sindicalismo es un derecho, no un delito", de modo que "en una democracia nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales".

Díaz aprovechó una visita a Asturias el pasado 4 de julio para reunirse personalmente con estas seis personas y ya entonces dijo sentirse "escandalizada" por algo que "en democracia nunca ha pasado".

Además, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG registraron juntos el pasado miércoles una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno el indulto, una medida que también apoya el Gobierno del Principado, además más de una veintena de organizaciones sindicales de todo el país.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que el pasado mes de junio desestimó la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena, dictó el pasado 9 de julio una orden de detención e ingreso en prisión para las 'Seis de la Suiza', que al día siguiente se presentaron de forma voluntaria en el centro penitenciario asturiano.

El Tribunal Supremo ratificó hace poco más de un año las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de cerca de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas continuadas a las puertas del establecimiento por un conflicto con una trabajadora.

Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería, que había verbalizado una situación de acoso y que en ese momento estaba embarazada, se presentó en el lugar de trabajo y se vio envuelto en un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

Según detalla la sentencia, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una serie de protestas sindicales que el juez enmarca dentro de una "campaña de presión sobre el empleador y su familia".

Entre otros actos, la sentencia detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Las condenadas, según el relato de hechos, "incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión" hacia el empresario y su familia porque este se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de esta. El juez determina que la acción sindical causó un daño desproporcionado y fue determinante para el cierre del negocio, si bien la pastelería ya estaba en venta antes del estallido del conflicto, según publicó el diario Nortes.

Los hechos se remontan a un conflicto laboral en una pastelería de Gijón, en el que la CNT denunció la vulneración de derechos laborales, incluidos los de una trabajadora embarazada. Las protestas sindicales que se organizaron desde entonces fueron públicas, pacíficas y visibles. Sin embargo, por ello, seis personas han sido condenadas a tres años y medio de prisión bajo acusaciones de coacciones y obstrucción a la justicia. Una sentencia que, más allá del caso concreto, lanza un mensaje inquietante: protestar puede salir caro.

Nos quieren hacer creer que defender derechos es cruzar una línea peligrosa. Pero no nos engañemos: el sindicalismo no es un delito. Es un derecho. Es el instrumento que ha hecho posible cada avance en derechos laborales que hoy damos por hecho. Que seis personas entren en prisión por ejercerlo no solo es injusto: es una amenaza directa contra todas las que luchan, protestan y se organizan.

La gravedad de esta condena ha sido señalada por juristas, sindicatos de todas las siglas, organizaciones sociales y cargos públicos. Hay una petición de indulto sobre la mesa. Pero más allá de medidas excepcionales, lo que está en juego es algo mucho más profundo: el derecho a luchar sin miedo.

Hoy escribo esta carta no solo por empatía o compromiso. Lo hago porque la represión no se combate con silencio. Porque si dejamos que este caso quede como una anécdota judicial, habremos normalizado que la cárcel es el castigo para quien alza la voz.

Por eso, pido con urgencia:

Porque cuando el sindicalismo entra en prisión, lo que está encerrado es mucho más que una protesta. Es el eco de todas las veces que dijimos “basta”.

Esto, además de una reivindicación, es una reflexión, una reflexión hecha por una chavala de 19 años, que ha visto cómo la amiga de su madre ha entrado en prisión por luchar, luchar por el porvenir, luchar por derechos laborales, luchar por un salario digno, luchar por no estar asfixiados por los jefes... Es triste que una joven aún en formación tenga que poner palabras a una realidad que muchos prefieren ignorar. Ojalá dichas palabras no se pierdan en la bandeja de entrada, como se ha perdido la voz de estas compañeras en tantos espacios donde debería haber resonado, sino, luego nos llevaremos las manos a la cabeza cuando ya no haya marcha atrás.

No es solo sindicalismo, es democracia.

Libertad para Las seis de La Suiza.

Porque defender derechos no puede ser un crimen.

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Clara Gil Donaire es socia de infoLibre.

El banco privado suizo Reyl Intesa Sanpaolo se enorgullece de su alcance mundial y de su “cultura responsable”. Con sede en un edificio señorial ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Ginebra, se describe a sí mismo como una organización centrada en el cliente que ofrece “soluciones que responden a las necesidades cada vez más complejas de sus clientes”. Pero, a puerta cerrada, el banco se ha visto sometido al escrutinio de los reguladores financieros por su lista de clientes, que incluye a hijos de autócratas centroasiáticos y otras figuras que presentan un riesgo de blanqueo de capitales.

La correspondencia entre el banco y la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), obtenida por el consorcio de medios de investigación OCCRP –al que pertenece infoLibre– y el periódico francés Le Monde, revela que el regulador financiero suizo ha investigado a Reyl por “deficiencias en el ámbito del blanqueo de capitales” y supuestos fallos en su gestión de cuentas de alto riesgo.

Varias cartas enviadas por la FINMA a Reyl, junto con las respuestas del banco, muestran cómo una inspección in situ del organismo regulador en el verano de 2023 encontró “un nivel muy alto de apetito de riesgo de AML [blanqueo de capitales por sus siglas en inglés], así como un cierto descuido en la forma en que cumplió con sus deberes de diligencia debida”. Según una carta que envió al banco en enero de 2024, la FINMA elevó sus indagaciones a su división sancionadora, que investiga las infracciones de la legislación financiera.

Aunque la FINMA no puede presentar cargos, sí puede interponer denuncias ante las autoridades penales suizas, y está obligada a hacerlo si detecta fraude corporativo o comercial. También puede revocar la licencia de un banco, confiscar los beneficios obtenidos ilegalmente y prohibir la actividad de banqueros individuales. No hay pruebas de que la FINMA haya presentado una denuncia o tomado otras medidas sancionadoras contra Reyl. La FINMA contestó a OCCRP que no puede comentar casos concretos.

Reyl también ha rehusado responder sobre casos concretos, pero indica que está “cooperando plenamente con las autoridades supervisoras, concede la máxima prioridad a garantizar el cumplimiento de toda la normativa aplicable y se esfuerza continuamente por mejorar sus procesos y controles internos”.

El banco también explica que presentó una queja ante las autoridades suizas por las preguntas enviadas por OCCRP y sus socios: “La información que ustedes envían es confidencial y está sujeta a las obligaciones de secreto bancario que impone la legislación suiza. El banco, al considerarse parte perjudicada por la violación del secreto bancario, ha presentado una denuncia contra personas desconocidas ante las autoridades suizas para salvaguardar tanto a la institución como a sus clientes”.

El muy opaco sector bancario suizo está protegido por leyes draconianas que dan prioridad a la privacidad de los clientes de las entidades y limitan la libertad de los periodistas para informar sobre ellas.

Por su parte, las autoridades suizas recalcan que el país cuenta con una sólida normativa contra el blanqueo de capitales que puede vigilar adecuadamente el sector bancario, aun manteniendo su tradicional secretismo. Pero los hallazgos de esta investigación demuestran que los bancos suizos siguen siendo un destino preferente para clientes extranjeros, algunos de ellos con patrimonios de origen dudoso.

En su correspondencia con el banco, la FINMA le planteó preguntas sobre su gestión de las cuentas pertenecientes a seis clientes de alto riesgo, entre ellos un exministro ruso, el yerno del difunto hombre fuerte uzbeko Islam Karimov y un gestor de activos suizo que administraba empresas para los hijos del dictador azerbaiyano Ilham Aliyev. Ninguno de ellos ha respondido a las preguntas que les envió OCCRP al respecto. El regulador financiero también preguntó al Rey Intesa Sanpaolo por la hija del expresidente de Kazajistán, que está siendo investigada penalmente en Suiza por el origen de las decenas de millones de francos que posee en el banco. Su abogado asegura a OCCRP que siempre ha cooperado con las autoridades en la declaración del origen de su patrimonio.

Una carta de la FINMA con fecha de septiembre de 2023 presentaba las conclusiones de una inspección en la sede del banco en Ginebra el mes anterior, y describía sus medidas contra el blanqueo de capitales como “insatisfactorias”. La carta advertía de que Reyl seguía en la categoría de riesgo “muy alto” del regulador en cuanto a su potencial para blanquear capitales.

Los inspectores descubrieron que miles de alertas de transacciones de alto riesgo –avisos internos que se activan automáticamente por movimientos de dinero sospechosos– no habían sido revisadas por el personal del banco durante dos o más meses. También descubrieron que los procedimientos conocidos como KYC (Know Your Client, Conozca a su cliente) de más de 1.400 cuentas llevaban más de cinco años sin someterse a revisión. Estos procedimientos permiten identificar la identidad de un cliente y verificar el tipo y volumen de sus transferencias, y son obligatorias para todas las entidades financieras para evitar el blanqueo de capitales.

También detectaron “riesgos de conflictos de intereses” por el papel de François Reyl, director general del banco en ese momento, que según los inspectores había gestionado directamente relaciones con clientes por valor de más de 1.200 millones de francos suizos, –1.294 millones de euros–, en un comité clave del banco que votaba si se aceptaban nuevos clientes. François Reyl dejó su puesto de director general de Reyl en julio de 2024, pero sigue siendo miembro del consejo y socio principal.

Justyna Gudzowska, directora ejecutiva de The Sentry, una ONG con sede en Washington DC que investiga la cleptocracia, destaca a OCCRP que un banco debe asegurarse de tener controles sólidos si acepta clientes de riesgo. “Si vas a clientes de alto riesgo, será mejor que te asegures de que tu marco contra el blanqueo de capitales está en plena forma”, señala Gudzowska, que antes trabajó como abogada para el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

En su carta de septiembre de 2023, la FINMA encomendaba a Reyl la puesta en marcha de una serie de recomendaciones en los meses siguientes y le pedía que, mientras tanto, “redujera drásticamente o incluso interrumpiera” la captación de nuevos clientes de alto riesgo o políticamente expuestos.

El 31 de enero de 2024, la FINMA informó al banco de que su expediente había sido “trasladado a la División de Sanciones para llevar a cabo investigaciones adicionales”. La carta señalaba preocupaciones específicas sobre las “relaciones comerciales vinculadas a Rusia” de Reyl. Pero, a pesar de la aparente escalada del caso, al menos en enero de 2024 aún no se había abierto “ningún procedimiento sancionador” contra el banco, según escribió la FINMA en la carta enviada en esa fecha.

A lo largo de los años, las revelaciones sobre los bancos suizos Credit Suisse, HSBC Suisse y UBS desvelaron indicios de blanqueo de dinero y evasión fiscal masiva, pero tales indicios de actividad bancaria de alto riesgo en Suiza siguen siendo escasos debido al secreto extremo que envuelve al sector. Una ley que se remonta a la década de 1930 establece que los empleados de banca pueden ser encarcelados en Suiza por compartir información sobre clientes con terceros, incluso si quieren denunciar irregularidades. Desde 2015, la ley se aplica también a periodistas, activistas y otras personas.

Los defensores de la transparencia afirman que la ley silencia a los denunciantes y a los periodistas que trabajan por el interés público. “La ley bancaria suiza es un ejemplo de criminalización del periodismo”, denuncia Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, a Paper Trail Media, socio de OCCRP.

La investigación Suisse Secrets, coordinada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y OCCRP, reveló en 2022 que docenas de individuos implicados en torturas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y corrupción habían realizado operaciones bancarias con Credit Suisse.

Sin embargo, poco más de dos meses después, los legisladores suizos votaron en contra de una propuesta para suavizar las disposiciones de la Ley Bancaria que penalizan la información sobre datos financieros sensibles. En diciembre de 2023, la Cámara Alta del Parlamento suizo aprobó una moción en la que se pedía al Gobierno del país que examinara si la publicación de cualquier dato obtenido ilegalmente –que puede incluir información proporcionada por un denunciante– debería tipificarse como delito.

Fue en este entorno ultraprotegido donde prosperó Reyl.

Fundado en Ginebra hace más de medio siglo por el banquero Dominique Reyl, el banco comenzó como un negocio de gestión de grandes patrimonios antes de obtener una licencia bancaria en 2010, poco después de que el hijo del financiero, François Reyl, asumiera el cargo de director general.

En 2013, el periódico francés Mediapart reveló que el banco había ayudado al ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac a ocultar fondos no declarados en Suiza. El político dimitió y fue condenado a tres años de cárcel.

Posteriormente, el banco reconoció haber facilitado la transferencia de activos a entidades extraterritoriales, incluidas cuentas en Singapur, de al menos ocho clientes en 2009. François Reyl, a quien una sentencia judicial describió como “el ejecutor esencial para la comisión de los actos de blanqueo de capitales”, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia en 2016 por su papel en la ocultación de los activos, y sentenciado a un año de prisión con suspensión de pena, mientras que el banco fue multado con alrededor de 1,9 millones de euros. François Reyl no ha respondido a las preguntas que le ha formulado OCCRP.

Esa condena no impidió que François Reyl siguiera al frente del banco, que en mayo de 2021 se fusionó con la sucursal suiza del gigante italiano Intesa Sanpaolo. Ese mismo año, Reyl fue elegido “mejor boutique de banca privada” de Europa en los Global Private Banking Awards. En un cuestionario de 2021 del Grupo Wolfsberg –una herramienta diseñada para evaluar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales de las instituciones financieras–, el banco declaró que estaba “plenamente comprometido con la lucha contra la delincuencia financiera”.

Pero sólo seis meses después, en marzo de 2022, la FINMA llevó a cabo lo que denominó “primer examen de supervisión” sobre las medidas de Reyl contra el blanqueo de capitales, y detectó “deficiencias materiales” en los sistemas del banco.

Así fue cómo la FINMA empezó a preguntar a Reyl cómo captaba y trataba a los clientes de alto riesgo.

A finales de septiembre de 2023, cuando la FINMA envió al banco un informe de sus conclusiones, ya habían aparecido públicamente más señales de alarma. Un grupo de periodistas de investigación, incluido OCCRP, había revelado a mediados de septiembre que la gestora de inversiones Finaport, que remitía clientes a Reyl, prestaba servicios a varios rusos de alto riesgo.

De repente, la atención se centró en los propios clientes de Reyl.

Entre ellos se encontraban Leonid Reiman, ministro de Telecomunicaciones bajo el mandato de Vladímir Putin durante la década de 2000 y más tarde asesor presidencial, y las ciudadanas rusas Liubov Komissarenko y Natalia Ponomarenko, que se convirtieron en clientes de Reyl en 2022 pese las alertas rojas sobre el origen de sus patrimonios.

En una sentencia de 2006 de la que se hicieron eco medios de comunicación de todo el mundo, un tribunal suizo dictaminó que Reiman había obligado a una compañía de comunicaciones a comprar una empresa de su propiedad “por una cantidad exorbitante” a fin de obtener licencias de funcionamiento. La sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo del país, sostenía que la “intención manifiesta” de Reiman era “apropiarse indebidamente para su enriquecimiento personal de activos cuya propiedad mayoritaria correspondía a la Federación Rusa”. Reiman también fue investigado en Alemania en relación con una supuesta venta de unos negocios de telecomunicaciones que se había transferido indebidamente a sí mismo, pero el caso se archivó en 2012 cuando los fiscales concluyeron que no habían podido obtener pruebas porque no habían conseguido la cooperación de los funcionarios rusos.

Unos meses después de que se abandonara la investigación alemana, Reyl comenzó a evaluar a Reiman como posible cliente, según muestra la correspondencia entre el banco y la FINMA. François Reyl se reunió personalmente con Reiman a principios de 2015, y el exministro se convirtió en cliente. En septiembre de 2023, cinco cuentas de Reyl que el banco describe como “relacionadas” con Reiman tenían activos por valor de 81 millones de francos suizos –87,4 millones de euros –, según consta en las cartas a las que ha tenido acceso OCCRP.

Pero sólo 11 días después de que se publicara el reportaje de OCCRP sobre Finaport y sus clientes, donde se mencionaba a Reiman, el comité de admisión de clientes de Reyl decidió cancelar las cuentas del exministro ruso, alegando que constituía un riesgo para su reputación, según revelan las cartas de la FINMA. Cinco meses antes, el mismo comité había votado a favor de continuar la relación con Reiman sobre la base de que “no se habían identificado más noticias negativas ni transacciones inusuales”. El ex ministro ruso no ha contestado a las preguntas que le ha enviado OCCRP.

Reyl parece haber actuado de forma similar con Komissarenko y Ponomarenko: sólo canceló sus cuentas cuando sus nombres aparecieron en la investigación de Finaport.

Komissarenko fue durante mucho tiempo pareja sentimental de Alexander Ponomarenko, que dirige Mosvodokanal, una empresa pública rusa de suministro de agua y saneamiento. Natalia Ponomarenko es hija suya de otra relación. En su investigación sobre Finaport, OCCRP publicó que Mosvodokanal había adjudicado a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros después de que Alexander Ponomarenko comenzara a dirigir la empresa en 2012.

Después de que, en 2022, Finaport recomendara a Komissarenko que acudiera a Reyl, los correos electrónicos revelan cómo el empleado del banco suizo que estaba realizando el procedimiento de diligencia debida planteó sus dudas a Finaport debido a un reportaje donde se afirmaba que Alexander Ponomarenko “ayudaba [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales que necesitaba”.

En noviembre de 2022, el equipo antiblanqueo de Reyl se negó en un primer momento a dar luz verde a Komissarenko, citando riesgos para la reputación “relacionados con el origen de los activos del cliente”, tal y como desvela correspondencia con la FINMA. Pero el banco terminó aprobando la apertura de la cuenta después de que el banquero personal de Komissarenko en Reyl proporcionara información adicional.

Una carta de marzo de 2024 de Reyl a la FINMA revela cómo, el mismo día en que OCCRP publicó su investigación sobre Finaport, en septiembre de 2023, el comité de admisión de clientes de Reyl recomendó cancelar las relaciones con Komissarenko y Natalia Ponomarenko “debido a las malas noticias”. Ni Komissarenko ni Ponomarenko han respondido a las preguntas que les ha formulado OCCRP.

La FINMA había hecho referencia a la investigación de Finaport en la carta que envió al banco en septiembre de 2023. En enero de 2024, también solicitó información sobre los familiares y socios de dictadores famosos de Azerbaiyán y Uzbekistán. En mayo añadió a su lista a la hija del exdirigente de Kazajistán, que ahora es objeto de una investigación penal en Suiza en relación con el origen de las decenas de millones que tenía en Reyl.

En el marco de sus investigaciones contra el blanqueo de capitales, la FINMA se centró en un gestor de activos suizo llamado Olivier Mestelan, cliente de Reyl, que mantenía desde hacía tiempo vínculos financieros con la familia del presidente autoritario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Aliyev lleva en el poder desde que sucedió a su padre, Heydar Aliyev, en 2003, y ha continuado con una brutal represión de la disidencia, mientras su familia se ha enriquecido de forma vertiginosa.

Khadija Ismayilova, periodista de investigación azerbaiyana, fue encarcelada en 2015 por lo que muchos observadores consideraron cargos de corrupción por motivos políticos. Ismayilova había escrito una serie de reportajes con OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty en 2011 y 2012 en los que revelaba cómo las hijas de Aliyev dirigían varias empresas offshore que tenían participaciones en una lucrativa mina de oro y en una importante empresa de telecomunicaciones de Azerbaiyán.

El reportaje mencionaba a Mestelan como codirector de esas sociedades en paraísos fiscales. Un cable clasificado del Gobierno estadounidense enviado desde Washington DC a Bakú, la capital azerí, en 2010, y publicado posteriormente por Wikileaks, describía a Mestelan como un “alto funcionario azerí”.

En enero de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que revelara cualquier vínculo que tuviera con Olivier Mestelan, así como cualquier relación “con Azerbaiyán”.  Reyl contestó al regulador financiero que tenía una relación comercial con la firma suiza de gestión de activos de Mestelan, Privaxis Services SA, a la que había clasificado como de alto riesgo “debido a sus vínculos con la familia gobernante en Azerbaiyán”.

Reyl también aseguró a la FINMA que actuaba como custodio de dos fondos de inversión que gestionaban activos por valor de 413 millones de francos suizos –445 millones de euros– a fecha de diciembre de 2023. Uno de los suscriptores institucionales de los fondos, precisó Reyl, era la Banca Privada d'Andorra, un banco privado andorrano que se encuentra en liquidación desde que los fiscales estadounidenses lo declararon una “institución financiera de preocupación primaria de lavado de dinero” en 2015.

Según la correspondencia a la que ha tenido acceso OCCRP, el banco andorrano actuó como suscriptor nominal de los inversores subyacentes de los fondos, a los que Reyl describió como “ciudadanos azeríes, algunas de las cuales estaban conectadas con la familia gobernante en Azerbaiyán. El Sr. Mestelan personalmente también figuraba como suscriptor subyacente”. Reyl no nombra los fondos ni identifica a sus otros inversores secundarios en la correspondencia con la FINMA.

Pero, aunque el regulador financiero había pedido a Reyl que revelara todos sus vínculos con Olivier Mestelan, el banco no mencionó en la correspondencia obtenida por OCCRP que su filial de gestión de activos había cofundado una sociedad de inversión maltesa con el gestor en 2010. Esa sociedad de inversión, inicialmente llamada Privaxis Umbrella Fund Sicav Plc –posteriormente rebautizada como Aladdin Umbrella Fund–, tenía un subfondo que poseía 30 millones de dólares en depósitos en el Banco Internacional de Azerbaiyán, de propiedad estatal, desde 2011, según consta en su informe anual.

Uno de los directivos de la empresa maltesa, Philippe Houman, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia junto a François Reyl en 2016. La empresa fue liquidada ese mismo año. Ni Mestelan ni Houman han respondido a las preguntas que les ha enviado OCCRP.

Dos personas implicadas en destacados casos de soborno en Venezuela también eran clientes de Reyl, según consta en registros judiciales públicos y escritos emitidos por la Fiscalía de EEUU.

Uno de ellos es Naman Wakil, un venezolano de origen sirio que, según los fiscales estadounidenses, sobornó a funcionarios venezolanos para conseguir contratos públicos por valor de cientos de millones de dólares. Las autoridades de EEUU recuperaron alrededor de 21 millones de dólares de lo que llamaron “ganancias derivadas de actividades delictivas”, depositados en su cuenta de Reyl en Suiza mientras esperaba el juicio antes de su muerte en 2023, según muestran los registros judiciales en Estados Unidos.

Además, Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, también era cliente de Reyl, con al menos 1,3 millones de dólares en su cuenta en 2018, de acuerdo con los registros judiciales estadounidenses. Velásquez y Guillén fueron condenados por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos en 2022, después de haber aceptado más de 100 millones de dólares en sobornos de un empresario venezolano al que, a cambio, autorizaron realizar transacciones de divisas para el Gobierno venezolano a tasas favorables. Cada uno de ellos cumple una condena de 15 años de cárcel. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

Un empleado de banca italiano que trabajó como contable para Santo Abossida –un narcotraficante del norte de Italia que trabajó con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, hasta su muerte en 2012– fue condenado por un tribunal de Génova en julio de 2021 por transferir fondos fraudulentos y blanquear dinero, incluida una cuenta en Reyl.

El empleado, Flavio Forti, no negó el delito y llegó a un acuerdo con los fiscales, aceptando una pena de dos años de prisión.

Los reguladores suizos empezaron a investigar el caso Forti ese mismo año, en diciembre de 2021, según consta en la correspondencia entre la FINMA y Reyl obtenida por OCCRP. En septiembre de 2023, la FINMA envió al banco una amonestación por no haber comprobado debidamente las transacciones de Forti, puesto que había “claros indicios de violación” de las leyes contra el blanqueo de capitales.

El regulador no llegó a abrir un expediente sancionador, citando la reciente fusión del banco con Intesa Sanpaolo que, según la FINMA, había “reestructurado completamente su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales”.

Sin embargo, un documento judicial italiano obtenido por OCCRP revela que no era sólo el contable de Santo Abossida quien realizaba operaciones bancarias con Reyl: su hermana, Bombina Abossida, acusada de administrar activos obtenidos a través del tráfico de drogas, también tenía cuatro cuentas en Reyl a su propio nombre desde 2018. Bombina Abossida fue condenada a 12 años de prisión en 2023 por narcotráfico y blanqueo de capitales. Ni Forti ni Abossida han respondido a las preguntas que OCCRP les ha formulado al respecto.

Reyl también contaba entre sus clientes con el yerno de un hombre fuerte de Asia Central y la hija de otro. Lola Karimova, hija del difunto autócrata uzbeko Islam Karimov, y su marido, Timur Tillyaev, disfrutaron del estilo de vida de la jet set mientras Karimov estaba en el poder. En 2013 se instalaron en Ginebra, según declaró ella a la BBC en una entrevista.

En 2012, la FINMA advirtió a la gestora suiza de grandes patrimonios Fidurhône –de la que Tillyaev y Karimova eran clientes– de que su relación con ellos presentaba riesgos “especialmente elevados” y, dos años después, le pidió que cortara sus lazos con ambos tras constatar que los saldos de las cuentas de sus empresas se habían disparado hasta los 190 millones de francos suizos –205 millones de euros–, según una decisión publicada posteriormente por el Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

Cuando Fidurhône se negó a cortar esos lazos, la FINMA amenazó con retirarle la licencia. Más tarde, el Departamento Federal de Finanzas multó al socio fundador de Fidurhône por no informar de actividades sospechosas en cuentas relacionadas con Tillyaev.

En 2020, la empresa de Tillyaev, Liobel Limited Inc, se convirtió en cliente de Reyl, según revela la correspondencia obtenida por OCCRP. Tillyaev abrió su propia cuenta en el banco tres años después. En diciembre de 2023, una de las cuentas contenía 83 millones de francos.

En enero de 2024, el regulador financiero ordenó a Reyl que entregara los registros relacionados con las cuentas de Tillyaev, así como información sobre todos los clientes “con un vínculo con Uzbekistán”. El banco comunicó a la FINMA que estaba reevaluando las cuentas de Tillyaev “debido a los posibles altos riesgos para su reputación” que implicaban las noticias negativas que se estaban publicando sobre la hermana de Lola, Gulnara Karimova. Tillyaev no ha contestado a las preguntas que le ha formulado al respecto OCCRP.

La hija del antiguo gobernante de Kazajistán siguió un camino similar. Nursultan Nazarbayev gobernó la nación más grande de Asia Central con mano de hierro durante las dos décadas que siguieron al colapso de la Unión Soviética, concentrando el poder en sus manos y suprimiendo la libertad de expresión y la oposición política, mientras un círculo de hombres de negocios cercanos a él amasaba enormes fortunas e influencia. OCCRP desveló en 2022 que ha creado fundaciones benéficas privadas que controlan activos por valor de casi 8.000 millones de dólares.

Su hija, Dinara Kulibayeva, se instaló en Suiza en 2007, donde confió parte de su fortuna a Reyl, según revela la correspondencia filtrada. François Reyl gestionó personalmente la relación del banco con ella durante varios años. Pero el año pasado, los reguladores suizos dijeron que querían saber de dónde procedían las decenas de millones de francos depositados en la cuenta de Kulibayeva. En mayo de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que entregara sus “archivos completos de clientes” sobre su cuenta y sobre otra cuenta de la empresa de Kulibayeva con sede en Luxemburgo, Regulus Holdings SA, a la que Reyl concedió un préstamo de 25 millones de euros para comprar bienes inmuebles en Francia.

La consulta de la FINMA se produjo tras la apertura de un procedimiento penal contra Kulibayeva el pasado mes de abril, después de que Reyl presentara lo que se denomina “informe de actividad sospechosa” ante la oficina suiza de información sobre blanqueo de capitales en relación con la actividad de sus cuentas, según muestra la correspondencia entre el regulador financiero y el banco.

Un abogado de Kulibayeva asegura a OCCRP que ella siempre ha cooperado plenamente con las autoridades locales para facilitar información sobre el origen de los fondos que utilizó para adquirir sus propiedades inmobiliarias en Suiza. “Es de dominio público que el patrimonio de nuestra cliente procede de su participación en el Halyk Bank, una institución financiera regulada kazaja que cotiza en la Bolsa de Londres”, explica el abogado, Jean-Christophe Hocke. “Éste es también el caso de los fondos depositados en Reyl”. En la correspondencia obtenida por OCCRP, Reyl también responde a la FINMA que la cuenta de Kulibayeva se financiaba con pagos de dividendos del Halyk Bank.

Las cartas también revelan que, aunque las cuentas de Kulibayeva fueron congeladas en abril del año pasado, los fiscales dieron permiso a Reyl para procesar alrededor de 650.000 francos suizos –700.000 euros– a través de la cuenta de Kulibayeva en mayo para cubrir sus “gastos personales”.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles a Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. Una década después de haber cometido los supuestos delitos fiscales, el entrenador del Real Madrid se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 3,18 millones de euros: el fiscal le acusa de no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia proporcionará otra ocasión –y ya habido una veintena de ellas– para ver de qué lado se inclina la balanza de la justicia en la ya larga pugna entre Hacienda y el millonario negocio que rodea al fútbol y los futbolistas. Porque las más recientes decisiones judiciales han dado la razón a los deportistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades en un “negocio simulado” que, según la Agencia Tributaria, forma parte de una estrategia para defraudar al fisco.

Son los casos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Dani Alves. En el de Carles Puyol, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2024 sanciones por importe de 2,5 millones de euros, pero validó el argumento de Hacienda de que el contrato que Puyol firmó con su representante era “simulado”, una forma de que el Barça pagara el salario del futbolista de manera encubierta sin abonar el IRPF. Antes, Gerard Piqué y Juanfran Torres fueron absueltos también.

Por el contrario, Marcelo, Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, Ángel Di María, Diego Costa y Samuel Eto’o llegaron a acuerdos con la Fiscalía, tras pagar cantidades millonarias a Hacienda, para librarse de la cárcel. Todos ellos reconocieron el delito fiscal que se les imputaba en una sucesión de juicios que comenzaron en 2017 tras la publicación de los Football Leaks. Esa filtración sentó también en el banquillo a Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Leo Messi, que reconocieron sus delitos, pagaron sustanciosas multas y no fueron a prisión.

La operativa es siempre la misma y en ella aparecen sociedades pantalla creadas en Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Hungría, Madeira, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Como ocurrió con los jugadores mencionados, el “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas que Carlo Ancelotti creó para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen, por utilizar la descripción de la Fiscalía, fue igualmente desvelado en detalle por Football Leaks, una filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. Igualmente pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo había hecho con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, necesitó casi cuatro años para presentar el escrito de acusación. La instrucción de la causa estuvo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión. “Si me dicen que he defraudado, me molesta”, declaró este viernes el italiano cuando los periodistas le preguntaron por el inminente juicio, antes de manifestar su confianza “ciega en la ley y la justicia”.

Pero la gestión supuestamente fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó en diciembre de 2023 hasta 2026.

En su escrito de acusación la Fiscalía describe con detalle el esquema que el entrenador utilizó para “simular” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Para empezar, Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano había firmado aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es relevante: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera el italiano hubiera pagado el IRPF como residente.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizar al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, cuando desveló este esquema fiscal, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como sociedad “durmiente”. No tuvo actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, según denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explicó un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pedía que acudiera a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que había sido contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del club del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le habían supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

Los ciudadanos suizos están llamados a votar este domingo en un referéndum con una ambiciosa propuesta y pionera en el mundo desarrollado: limitar el crecimiento de la economía para que éste no consuma más recursos de los que el planeta puede regenerar de forma natural, según informa EFE.

El referéndum, uno de los muchos que el país con mayor democracia directa en el mundo convoca tres o cuatro veces al año, parte de una iniciativa de la sección juvenil de Los Verdes, quinta fuerza parlamentaria del país, y supondría cambiar la Constitución Federal del país, que fue enmendada por última vez hace veinticinco años.

La enmienda añadiría a la Carta Magna helvética, entre otras cosas, que "las actividades económicas no pueden utilizar recursos y emitir contaminantes por encima de las bases naturales en las que la vida pueda conservarse".

También exigiría que en el plazo de 10 años el impacto medioambiental del consumo en Suiza "no supere los límites planetarios" proporcionales a la población nacional en materias como consumo de agua, utilización del suelo o actividades que influyen en el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

A efectos prácticos, la iniciativa sugiere que este cambio constitucional obligue a Suiza a reducir un 90% el impacto medioambiental de sus emisiones de gases de efecto invernadero, o un 75 % el producido en la biodiversidad, según se desprende de estudios de la Oficina Federal del Medio Ambiente.

El Gobierno suizo ha recomendado votar en contra de la iniciativa, subrayando que de seguir adelante conllevaría prohibiciones y limitaciones que "reducirían fuertemente el consumo, debilitarían la economía y provocarían un encarecimiento de numerosos productos y servicios".

El Parlamento nacional también se ha mostrado mayoritariamente en contra, por 133 votos en la Cámara Baja frente a 61 a favor y una abstención.

Las autoridades también advierten, en el mismo boletín informativo enviado a los votantes antes de la consulta, que la adopción de la iniciativa podría afectar a las relaciones comerciales de Suiza con otros socios y sus obligaciones para con la Organización Mundial del Comercio (OMC) al introducir "reglamentaciones radicales".

Los defensores de la iniciativa subrayan que ésta "busca mejorar el bienestar y la salud de los seres humanos", y sugieren que de salir adelante se ponga en práctica con medidas "socialmente aceptables".

Estudios medioambientales indican que si la población mundial tuviera el mismo estilo de vida que el ciudadano suizo medio, el "límite ecológico anual" del planeta en un año se agotaría los primeros cuatro meses: a partir de entonces, se estaría consumiendo más de lo que la Tierra puede regenerar.

Una delegación del PSOE se ha desplazado este viernes a Suiza para reunirse con dirigentes de Junts, con el fin de rehacer puentes con la formación que lidera el expresidente catalán Carles Puigdemont, según ha avanzado eldiario.es y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del encuentro.

La reunión llega después de la última derrota parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez esta semana, cuando Junts tumbó, junto a PP y Vox, una propuesta para regular los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones.

Desde las filas socialistas hubo reproches a JxCat por alinearse con PP y Vox, a lo que Puigdemont respondió con un mensaje en la red social X en el que instaba al PSOE a "digerir" que gobierna en minoría y le advertía de que "con Junts no funcionan los chantajes".

Para restablecer la colaboración con Junts, según ha avanzado eldiario.es, una delegación del PSOE encabezada por su secretario de organización, Santos Cerdán, ha aterrizado este viernes en Suiza, lugar habitual de encuentros discretos entre ambas formaciones.

En el marco del pacto de investidura de Pedro Sánchez del año pasado, el PSOE y Junts acordaron celebrar reuniones mensuales en Suiza, con presencia de un verificador internacional, un papel que desempeña el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. 

Suiza es el país neutral del planeta por antonomasia. Apenas pertenece a las Naciones Unidas y pese a estar rodeado de miembros de la Unión Europea y la OTAN, como un enclave en el centro de Europa, nunca tuvo tentaciones serias de unirse a más organizaciones internacionales. Ni siquiera durante lo episodios más tenebrosos de la historia europea, como las dos guerras mundiales. Eso le permite un estatus que sirve igual para albergar infinidad de organismos internacionales multilaterales como para haber sido tradicionalmente el escondite de las fortunas, legales o ilegales, de los más ricos del planeta. Pero esa neutralidad, defendida desde hace siglos, puede empezar a agrietarse.

La ministra de Defensa suiza, Viola Amherd (que es a la vez presidenta del país pues el cargo va rotando anualmente entre los ministros), recibirá el próximo 29 de agosto un informe, encargado a un grupo de expertos en julio de 2023, que aboga por modificar la tradicional neutralidad del país para acercarse paso a paso a las estructuras multilaterales occidentales, sobre todo a la OTAN. El grupo lo dirige el antiguo jefe de la patronal suiza, Valentin Vogt, y en él participan Christian Catrina, antiguo jefe de política de seguridad del ministerio, miembros de los grupos políticos con representación parlamentaria y más de una decena de personalidades del mundo militar, académico, diplomático o judicial.

El ataque ruso a Ucrania el 24 de febrero de 2022, la primera guerra de un Estado europeo contra otro desde la Segunda Guerra Mundial, alteró todos los equilibrios de poder del viejo continente y mostró las debilidades de muchos países. Ese movimiento militar hizo que países que ya eran miembros de la Unión Europea, pero no de la OTAN, como Finlandia y Suecia, se unieran a la Alianza Atlántica como una forma de protegerse frente a las tentaciones expansionistas de su vecina Rusia. Suiza, durante estos dos años y medio, mantuvo su papel neutral sin fisuras, incluso prohibiendo la reexportación a Ucrania de armamento de origen suizo vendido a terceros países. Pero el informe puede llevar al país por otro sendero.

El texto es todavía secreto, pero el tabloide Blick de Zúrich, el más leído en la parte de lengua alemana del país, ya empezó a filtrar lo más importante de su contenido. La publicación de lo más llamativo, entienden los medios germanos, buscan limitar el impacto de un informe que rompería con una política de siglos y que recibirá críticas sobre todo desde la izquierda socialista y ecologista por sus tendencias antimilitaristas y de la extrema derecha, por su amor al aislamiento del país y por sus tendencias rusófilas.

El informe, según lo filtrado, asegura que el país debe acercarse a la OTAN, si no para convertirse en miembro de pleno derecho, sí para en la práctica ser parte de sus actividades. Y lo explica argumentando que “la OTAN seguirá siendo en el futuro previsible la garantía de la política de seguridad de Europa. Es la referencia para los ejércitos occidentales modernos y define los estándares para la tecnología de armamento. Una cooperación con la OTAN puede reforzar la capacidad de defensa de Suiza”. Y recuerda que Rusia “sólo ha atacado hasta ahora a países no miembros de la OTAN”, como Ucrania o Georgia.

Sin pasar a ser Estado miembro de la OTAN (no tendría problemas para recibir el visto bueno de los actuales 32 miembros, más allá del esperado chantaje a cambio de algo del húngaro Viktor Orbán) el informe sí pide que el gobierno suizo firme acuerdos con la Alianza Atlántica que permitan que sus soldados participen en sus maniobras e incluso en sus misiones internacionales. También que se flexibilice la política para permitir la reexportación de armas y llega a asegurar que, “en términos de política de seguridad, Suiza es una aprovechada”, porque se siente protegida por el paraguas de seguridad de la OTAN sin poner para esa defensa nada de sus recursos financieros o militares.

Los miembros del grupo de expertos ya visitaron la sede de la OTAN en Bruselas, donde recibieron el mensaje de que su país no debería seguir siendo un caso aislado en Europa y debería participar de la defensa colectiva del continente, porque eso la haría, en su opinión, más sólida, y porque ya se beneficia de ella sin correr con los costes.

"¡No vamos a parar, estamos defendiendo nuestra sanidad!". "¡Si vas a lo privado y no llevas talonario, te vas al otro barrio!". "¡Recortar en sanidad es un acto criminal!". Con lemas como este, un multitudinario grupo de vecinos han recibido este martes frente a las puertas del Centro de Salud de Abrantes a tres de los cuatro integrantes de la Asamblea Popular de Carabanchel (Jorge Aranda, Rían Gómez y Alberto Astudillo, con la ausencia de Belén Moreno), tras llegar el 18 de agosto a la capital después de recorrer más de 1653 kilómetros desde el 26 de julio para dirigirse a la ciudad suiza de Ginebra y reunirse con distintos cargos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, además de organismos pertenecientes a la OMS. Los vecinos denunciaron ante esas instancias la crítica situación que está viviendo la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, en especial la ausencia de médicos en el centro sanitario de Abrantes.

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid cataloga a este centro como "caído" debido a la ausencia de pediatras y ofertando menos de la mitad de médicos de familia que estipula la ley para atender a los casi 30.000 usuarios que lo tienen como referencia. "Según la ley, este centro de salud tendría que tener al menos un mínimo de 17 médicos de cabecera y cuatro pediatras", explica Jorge Aranda, que recalca que desde el año 2020 la situación es crítica porque no hay "ningún pediatra" y son cuatro los médicos de cabecera que están intentando atender a todos los pacientes.

"Es misión imposible concertar una cita tanto por vía presencial como telefónica. Las agendas no están abiertas", explica a infoLibre Mari Carmen, una de las vecinas afectadas. Además, resalta que lleva más de un mes "sin poder asistir a un centro de atención primaria". La única solución sería ir a urgencias al hospital de proximidad que, en este caso, sería el Hospital Universitario 12 de Octubre. "Ir a colapsar. Es un horror lo que estamos pasando en este centro de salud", explica desesperada.

Aranda señala que, después de cuatro años de manifestaciones y reuniones todos los jueves delante de este centro de salud, el único avance destacable es la presencia de dos guardias de seguridad. Por esa razón, ante "la cerrazón y la falta de soluciones" por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, han decidido no quedarse de brazos cruzados, "dar un paso hacia delante" y reivindicar esta situación crítica ante las distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas situadas en Ginebra.

"Volvemos de Ginebra con muy buenas sensaciones y habiendo cumplido los objetivos. Es un éxito que podamos llevar la situación del centro de salud de nuestro barrio a instancias de Naciones Unidas", explica visiblemente emocionada Rían Gómez. Además, añade que a partir de ahora van a trabajar mano a mano con la ONU y la OMS teniendo como meta principal iniciar "una EPU", el Examen Periódico Universal, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examina la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU​.

La ruta fue dura en algunos tramos debido a las altas temperaturas, entre otros factores como el mal estado de algunas carreteras, pero los protagonistas están infinitamente agradecidos a los vecinos y vecinas que les han acompañado tanto al principio del trayecto, trasladándose muchos de ellos a la sierra de Madrid para darles ánimos y fuerzas, como a través de redes sociales con numerosos mensajes de apoyo. "La pieza fundamental de todo el viaje ha sido el apoyo de las vecinas y vecinos. Nos han animado y nos han ayudado a pedalear con más fuerza", explica Alberto Astudillo.

La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha respondido al juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, que se niega de nuevo a prestarle auxilio judicial para la localización de la secretaria general de ERC Marta Rovira. Esta es la tercera vez que el país helvético responde con una negativa al juez que investiga por delitos de terrorismo a personas relacionadas con esa plataforma y, según ha adelantado El País y ha confirmado en fuentes Europa Press, otra vez es porque no consideran que exista un posible delito de terrorismo ateniéndose a su legislación.

Previamente, en febrero de este mismo año trascendió que esa oficina dependiente del Gobierno suizo rechazaba prestar ayuda al magistrado para localizar a Rovira y para obtener información bancaria relativa a la plataforma porque entendió que debía decidir antes si existía un carácter político en la petición.

En un documento fechado en diciembre de 2023, al que tuvo acceso Europa Press, las autoridades suizas solicitaban información sobre cómo podía afectar la ley de amnistía que se tramitaba entonces en el Congreso de los Diputados "a varios separatistas catalanes" en esta causa en concreto. "Sería conveniente, entre otras cosas cuestiones, que nos explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra la señora Rovira, cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara", explicaban.

De esta forma, Suiza suspendía el auxilio solicitado por el magistrado hasta que España y en concreto la Audiencia Nacional respondiera a sus preguntas porque entendía, tras "examinar con la máxima atención" la comisión rogatoria, que el contenido era muy similar a la de 3 de diciembre de 2019 que ya dio lugar a una denegación de asistencia.

En concreto, explicaba que antes de "proceder a la tramitación" de la comisión rogatoria y para comprobar si esta "tiene un carácter político" que "impediría conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal", necesitaba saber para qué quería García Castellón conocer el paradero de Rovira y por qué lo hacía por este conducto cuando esta medida podía llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial.

En cuanto a la petición de información bancaria, las autoridades suizas preguntaban "por qué se solicitan movimientos en la cuenta en cuestión hasta junio de 2020, en la medida en que los eventos organizados en los respectivos aeropuertos de Barcelona y Madrid que supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta habían tenido lugar el 14 de octubre de 2019".

"En un plano más general, también desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, nos gustaría saber la relación exacta entre la señora Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las de las medidas de asistencia mutua, y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados que constituyen los hechos descritos en la comisión rogatoria", añadían.

Al hilo, querían conocer también la relación exacta entre Rovira y las manifestaciones en los aeropuertos de El Prat y Barajas que se citan en la comisión rogatoria. Para Suiza, es importante conocer la implicación precisa de Rovira en esos hechos "y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto".

La Justicia rodea a los espías de Emiratos Árabes Unidos. Según informaciones de la agencia AFP, Mediapart y la radio televisión suiza RTS, fiscales franceses y suizos han abierto tres investigaciones judiciales contra la agencia de inteligencia privada Alp Services, con sede en Ginebra, sospechosa de llevar a cabo operaciones clandestinas en Europa por cuenta de los servicios secretos de los Emiratos.

Estos procedimientos judiciales, que se refieren en particular a una supuesta elaboración de perfiles ilegal, espionaje por cuenta de una potencia extranjera, difamación y blanqueo de dinero, se basan en las revelaciones de los Abu Dhabi Secrets, publicadas entre marzo y julio de 2023 por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, gracias a miles de documentos filtrados de Alp Services y obtenidos por Mediapart, socio de EIC al igual que RTS.

A las denuncias en Francia y Suiza se añaden otras dos en Estados Unidos, una contra Alp Services y el profesor de la Universidad George Washington Lorenzo Vidino y otra contra el mismísimo Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

A cambio de al menos 5,7 millones de euros, la empresa suiza desplegó durante años todos sus recursos para perjudicar a los enemigos de los Emiratos, en concreto Qatar y los Hermanos Musulmanes: investigaciones dirigidas contra el Elíseo y la Unión Europea, operaciones de influencia y campañas de desprestigio mediante artículos falsos y la manipulación de ciertos medios de comunicación, donde Alp disponía de una red de periodistas a sueldo. En España, fue Okdiario el medio que publicó hasta seis reportajes escritos por la agencia de detectives suiza.

Las investigaciones judiciales apuntan personalmente al emblemático y controvertido jefe de Alp Services, Mario Brero, de 77 años, condenado en Francia por haber intervenido en el escándalo del grupo nuclear francés Areva, y colaborador de Alexandre Benalla, antiguo consejero y guardaespaldas de Emmanuel Macron.

Según las informaciones de Mediapart, que confirman las de AFP, en el otoño de 2023 la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar contra Alp, confiada a la Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas (BRDP) de la Policía Judicial de París, a raíz de una denuncia presentada por la periodista, escritora y cineasta francesa Rokhaya Diallo, por recogida, tratamiento y comunicación ilícitos de datos personales.

Diallo, conocida por su activismo antirracista y feminista, es una de las víctimas de la operación ilegal de recogida de datos a gran escala revelada por los Abu Dhabi Secrets. Alp facilitó a las autoridades emiratíes los nombres de más de 1.000 europeos presuntamente vinculados a los Hermanos Musulmanes, entre ellos 160 españoles y más de 200 residentes en Francia, acusados de formar “una red de tipo mafioso continental”.

Sin embargo, muchas de las personas que figuraban en la lista no tienen ninguna relación con la Hermandad: el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon, la teniente de alcalde de Marsella y exsenadora Samia Ghali, el periodista y activista Taha Bouhafs y un periodista de Mediapart son algunos de ellos. En España fueron falsamente señalados sin pruebas como islamistas radicales políticos, feministas, representantes de organizaciones islámicas y activistas contra la islamofobia. Pero en los numerosos mapas de relaciones enviados por Alp Services a la autocracia del Golfo llegaban a aparecer hasta el narcotraficante Marcial Dorado, el expresidente madrileño Ignacio González o el exconseller valenciano Rafael Blasco, ambos del PP.

Un señalamiento que se convierte en problemático por cuanto que los Hermanos Musulmanes están clasificados como organización terrorista por los Emiratos Árabes Unidos.

De forma que, al asociar falsamente a Rokhaya Diallo con los Hermanos Musulmanes, Alp le ha causado “un daño considerable a su reputación y está fomentando su acoso”, explica su abogado, Vincent Brengarth.

El pasado 15 de enero, Mediapart y su periodista presentaron una denuncia ante la Fiscalía de París por los mismos delitos. “Uno de nuestros periodistas ha sido identificado erróneamente como informador de los Hermanos Musulmanes por la agencia Alp Services y, al hacerlo, ha sido entregado a los servicios secretos emiratíes. Este expediente atenta indebidamente contra su seguridad y su reputación, así como contra las del periódico”, declara Carine Fouteau, presidenta de Mediapart.

En apoyo de su denuncia, el digital francés ha proporcionado a los tribunales un documento interno de Alp Services en el que se enumeran los ciudadanos franceses cuyos nombres fueron enviados a los Emiratos Árabes Unidos, así como una foto que prueba que Alp presentó infografías similares a su agente emiratí, el jeque Matar.

Los investigadores de la Brigada de Represión de la Delincuencia se pusieron en contacto con Mediapart, pero aún no han sido citados a declarar. “En principio, estamos dispuestos a cooperar con las autoridades judiciales para ayudar a descubrir la verdad y evitar que se repitan este tipo de actos, sea cual sea el país”, asegura Carine Fouteau.

La investigación judicial es muy delicada, dada la luna de miel política y económica entre París y Abu Dabi, cimentada por la venta de armas y la determinación compartida de luchar contra el islamismo. El presidente francés, Emmanuel Macron, mantiene una estrecha relación personal con su homólogo emiratí, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, conocido como MBZ.

Casualmente, otra presunta víctima de Alp Services, Sihem Souid, portavoz catarí en Francia y Bélgica, ha tenido grandes dificultades para llevar su caso ante los tribunales. Mediapart y The New Yorker revelaron que Alp la había estado vigilando, tomando fotos de su domicilio y luego la había puesto en el punto de mira como parte de una operación bautizada como Constelación y diseñada para desprestigiar a los contactos de Qatar en Bruselas.

Sihem Souhid presentó una denuncia ante la Fiscalía de París el 30 de marzo de 2023, pero fue desestimada sólo 13 días después por “falta de pruebas suficientes para constituir una infracción”. Contactada al respecto la Fiscalía, no ha proporcionado una respuesta.

El 25 de abril, Sihem presentó una segunda denuncia, esta vez ante la Fiscalía de Créteil, una ciudad del departamento de Val-de-Marne, próxima a París. Pese a cursar dos requerimientos, no tuvo éxito. El 2 de octubre, presentó una tercera denuncia, de carácter civil, para que se abriera una investigación judicial, confiada a un juez de instrucción independiente. Gracias a esta acción, el fiscal abrió finalmente una investigación preliminar el 30 de octubre de 2023 por allanamiento de morada, robo y violación del secreto o supresión de correspondencia, según la Fiscalía de Créteil.

Además, Mario Brero está siendo investigado en su propio país. El 5 de diciembre de 2023, la Fiscalía Federal suiza (MPC) reunió en una sola investigación varios procedimientos abiertos basados en los Abu Dhabi Secrets. Alp Services, Mario Brero y su socia, Muriel Cavin, son sospechosos de haber cometido seis delitos, según un documento judicial obtenido por RTS.

Una primera tanda de procedimientos, por espionaje, actividades ilegales a favor de un Estado extranjero, calumnias e injurias, se inició a raíz de tres denuncias. Una de ellas fue presentada por la ministra belga de Medio Ambiente, Zakia Khattabi, miembro del partido Écolo, que fue erróneamente incluida en la lista de personas próximas a los Hermanos Musulmanes en el marco de la operación que también se investiga en París.

El segundo denunciante, el islamólogo Tariq Ramadan –que también está procesado por violación en Francia, pero fue absuelto del mismo delito en Suiza–, declinó explicar a EIC de qué acusa a Alp Services. Se desconoce quién presentó la tercera denuncia.

El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores suizo también ha denunciado a Alp ante la MPC por incumplimiento de la obligación de declarar una actividad: la legislación suiza exige que las agencias de inteligencia privadas declaren que trabajan para un Estado extranjero, cosa que Alp no hizo.

Por último, la MPC también ha procesado a la agencia de Mario Brero por blanqueo de capitales, como consecuencia de un chivatazo de la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales (MROS) suiza. La Policía Federal, de la que depende la MROS, declinó hacer comentarios. Pero la investigación de EIC reveló que Alp Services fue pagada por un centro de investigación emiratí llamado Al Ariaf, que servía de tapadera a los servicios secretos. Resulta que Mario Brero y Muriel Cavin también tenían un contrato de trabajo ficticio con Al Ariaf: los directores de Alp, con sede en Ginebra, estaban empleados oficialmente como “documentalistas” en Abu Dabi.

Cuando se contactó con ellos a través de sus abogados, Mario Brero y Muriel Cavin no respondieron.

Farid Hafez, politólogo austriaco de la Universidad de Salzburgo, fue una de las víctimas de la Operación Luxor, una gigantesca investigación policial llevada a cabo en noviembre de 2020 por el Gobierno austriaco. Hafez se encontró entre las treinta personas detenidas bajo sospecha de tener vínculos con el terrorismo y el islamismo radical. Al final, sin embargo, no se presentaron cargos contra ninguna de ellas, y la operación se consideró ilegal en 2021. Traumatizado, Farid Hafez abandonó Austria para instalarse en Estados Unidos.

La Operación Luxor se basó en parte en un informe del académico Lorenzo Vidino, especialista en islamismo radical y profesor en la Universidad George Washington que, según reveló investigación de los Abu Dhabi Secrets, fue pagado por Alp Services como parte del trabajo que hizo para los Emiratos. Un detalle inquietante: los correos electrónicos enviados por Mario Brero a su controlador emiratí, revelados por la revista austriaca Profil, sugieren que el jefe de Alp conocía la Operación Luxor dos meses antes de que se pusiera en marcha.

En su denuncia, Farid Hafez acusa a Alp y a Vidino de ser responsables de la campaña de difamación contra él que condujo a su detención, al presentarle falsamente como un islamista próximo a los Hermanos Musulmanes. Lorenzo Vidino reconoció a EIC que había facilitado información a Alp Services, pero afirmó que desconocía la identidad del cliente de la agencia. El académico es miembro del consejo científico del Real Instituto Elcano desde 2020.

A finales de marzo, Hafez, presentó una denuncia en Washington contra Alp y contra Lorenzo Vidino.

Finalmente, en enero de 2024, Hazim Nada, un estadounidense de origen egipcio que ha creado una comercializadora de petróleo en Suiza, presentó también una denuncia en Estados Unidos por las actividades de Alp Servicios al servicio de Emiratos. Basándose en que su padre era un destacado miembro de los Hermanos Musulmanes, la agencia suiza llevó a cabo una campaña para desacreditarlo, presentándolo como un islamista radical. La operación fue tan eficaz que los bancos cerraron las cuentas de su empresa y ésta quebró. Alp y Emiratos le “arruinaron la vida”, declaró a The New Yorker.

La batalla legal de Hazim Nada promete ser muy difícil. Ha optado por demandar a todos los que participaron en la campaña pero también al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, pese a que una ley estadounidense concede inmunidad legal a los Estados extranjeros. El empresario egipcio reclama 2.800 millones de dólares –2.624 millones de euros– a Alp Services, a sus directivos, a uno de sus empleados y a un periodista suizo cercano a la empresa.

El anuncio por parte del dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra de que hace casi medio año que fijó su residencia en Suiza hace que al menos la mitad de los 12 investigados por su presunta relación con 'Tsunami Democràtic' se hayan marchado de España a la espera de la aplicación de la amnistía.

Esta revelación de Serra ha provocado que otros dos investigados, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó, hayan desvelado que también se han instalado en el país helvético en los últimos meses. En Suiza viven, precisamente, tanto la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como el diputado de ERC en el Parlament, Ruben Wagensberg. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que tanto Jaume Cabani, considerado como tesorero de 'Tsunami', como el banquero italiano Nicola Flavio Giulio también habrían fijado su domicilio fuera de España, aunque sin comunicarlo de forma oficial.

Todos ellos, a excepción de Wagensberg -por su condición de aforado-, se encuentran investigados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El magistrado dictó un auto este mismo lunes en el que les daba a todos ellos 24 horas para facilitar sus "direcciones inequívocas" para que les fueran notificadas sus citaciones para declarar. Otras fuentes jurídicas señalan a esta agencia de noticias que el magistrado no ha tomado ninguna decisión acerca de nuevas diligencias después de conocer que algunos de los investigados se han marchado de España.

Cabe recordar que, de forma paralela, el Tribunal Supremo investiga tanto a Wagensberg como al expresidente catalán Carles Puigdemont -que goza de inmunidad por su condición de europarlamentario-. En el caso de este último, candidato de Junts a las elecciones catalanas, su residencia se encuentra en Bruselas desde 2017. Tanto la Audiencia Nacional como el alto tribunal investigan el supuesto papel de la plataforma independentista en los disturbios que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del 'procés' separatista catalán en octubre de 2019.

El periodista Jesús Rodríguez ha explicado en una entrevista en La Directa que tomó la decisión de marchar a Suiza porque "la cúpula del poder judicial español hace de partido político y pretende instrumentalizar un procedimiento penal para boicotear la tramitación de la Ley de Amnistía". "Mi imputación es una actuación preventiva contra el periodismo. Cuidado con lo que publicas y con quién hablas. Estamos vigilando los mensajes con tus fuentes y los reinterpretaremos como nos apetezca", sostiene.

Campmajó, por su parte, asegura que su decisión está motivada por el seguimiento policial y por el miedo a una posible detención y entrada en prisión. "Veía a la policía vigilándome por la calle. La veía la encargada de la cafetería a la que iba cada mañana, que me decía 'Ya los tienes allí'. Les veías, les reconocías y solo les faltaba saludar", ha explicado.

El juez de la Audiencia Nacional también investiga al empresario Oriol Soler; al jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay; al exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; y a la militante de ERC Marta Molina.

La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha enviado una misiva al juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, a través del Ministerio de Justicia, en la que se niega a auxiliarle en la localización de la secretaria general de ERC Marta Rovira y en obtener información bancaria relativa a la plataforma porque entiende que debe decidir antes si hay un "carácter político" en la petición.

Tal y como publican El País y la Cadena Ser y recoge Europa Press, las autoridades competentes suizas solicitan en la carta información sobre cómo puede afectar la ley de amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados "para varios separatistas catalanes" a esta causa en concreto. Y abunda en que sería conveniente que les explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami y en concreto sobre Marta Rovira, "cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara".

De esta forma, Suiza suspende el auxilio solicitado por el magistrado hasta que España y en concreto la Audiencia Nacional responda a sus preguntas porque entienden, tras "examinar con la máxima atención" la comisión rogatoria, que el contenido es muy similar a la de 3 de diciembre de 2019 que ya dio lugar a una denegación de asistencia.

En concreto, explica que antes de decidir si la comisión rogatoria tiene un carácter político que impediría conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal, necesitan saber para qué quiere García Castellón conocer el paradero de Rovira y por qué lo hace por este conducto cuando esta medida puede llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial.

Sobre la petición de información bancaria, se preguntan por qué el magistrado quiere tener movimientos hasta junio de 2020 si los eventos organizados por Tsunami en los aeropuertos de El Prat de Barcelona y en Barajas (Madrid) y que "supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta" tuvieron lugar el 14 de octubre de 2019.

Al hilo, quiere conocer también la relación exacta entre Rovira y las manifestaciones en los dos aeropuertos que se citan en la comisión rogatoria. Para Suiza, es importante conocer la implicación precisa de Rovira en esos hechos "y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto".

Ya en 2020 las autoridades judiciales de Suiza se negaron a prestar asistencia jurídica a España en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democràtic al entender que el procedimiento tiene "un carácter político preponderante".

En la respuesta que dio el país helvético al Juzgado Central de Instrucción número 6, al que tuvo acceso Europa Press, se indicaba que el convenio europeo por el que se rigen las relaciones entre ambos países dispone que la asistencia jurídica podrá denegarse "si la solicitud se refiere a infracciones consideradas por la parte requerida como infracciones políticas o como infracciones relacionadas con infracciones políticas".

La Policía de Suiza mató a última hora del jueves a un solicitante de asilo iraní armado con un hacha y un cuchillo que mantuvo secuestradas a 15 personas en el interior de un tren entre las ciudades de Baulmes e Yverdon-les-Baines, según han confirmado este viernes las autoridades, que han destacado que todos los rehenes fueron liberados "sanos y salvos", según ha informado Europa Press.

La toma de rehenes por parte del hombre, de 32 años y cuya identidad no ha trascendido, arrancó en torno a las 18:35 horas, cuando "forzó al mecánico a abandonar su puesto y unirse al resto de pasajeros". "El tren quedó inmovilizado en la parada de Essert-sous-Champvent, con las puertas cerradas", ha detallado la Policía del cantón de Vaud (oeste).

Así, ha señalado en un comunicado publicado en su página web que "alertadas por las personas bloqueadas en el tren, las fuerzas del orden llegaron al lugar y precintaron el perímetro". "Los especialistas en negociación de la Policía cantonal establecieron contacto con el responsable de la toma de rehenes", ha dicho, antes de agregar que los agentes llevaron a cabo "un asalto" en torno a las 22.15 horas.

"Los rehenes fueron liberados sanos y salvos", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que el hombre "recibió una herida mortal durante la intervención". "La Fiscalía ha sido contactada y ha abierto una instrucción", ha reseñado, si bien ha incidido en que "en esta etapa de la investigación se desconocen las motivaciones del autor".

El juego del gato y el ratón al que se aplican con entusiasmo los evasores fiscales y las autoridades de todo el mundo es una partida interminable. También muy creativa. Pese a los esfuerzos de muchos gobiernos para tapar los agujeros por donde se les escapan los contribuyentes menos inclinados a pagar impuestos, la maquinaria de huida siempre encuentra cómo seguir funcionando. Pero no siempre es necesario recurrir a mecanismos ilegales. Porque los propios gobiernos crean esquemas que facilitan a grandes contribuyentes considerables ahorros en sus facturas fiscales, en principio con el objetivo de aumentar el atractivo económico de su país, acogiendo a trabajadores cualificados, ejecutivos o artistas, por ejemplo, y mejorar así su base imponible captando a contribuyentes ricos de otras naciones.

Es lo que ocurre con los llamados regímenes preferenciales, que se han convertido en una de las nuevas formas de competencia fiscal entre los países para atraer a grandes contribuyentes, junto con los subsidios para productores de energías verdes, según el diagnóstico del Observatorio Fiscal de la UE, una institución cofinanciada por la Unión Europea y alojada en la Paris School of Economics. El informe sobre la Evasión fiscal global de 2024, que firman Annette Alstadsæter, Sarah Godar, Panayiotis Nicolaides y Gabriel Zucman, detalla la evolución de estos regímenes, que han ganado protagonismo con los años.

De hecho, en 1995 sólo existían cinco en la Unión Europea y el Reino Unido, pero en 2023 ya eran 30. El español, el Régimen Fiscal Especial para Impatriados, conocido como Ley Beckham, permite a los extranjeros que se trasladan a España por motivos laborales tributar como no residentes durante un periodo de seis años; es decir, a un tipo del 24% hasta un máximo de 600.000 euros, y del 47% a partir de esos ingresos anuales. En enero del año pasado, se flexibilizó aún más el régimen, reduciendo de 10 a cinco años la residencia mínima en España, y ampliándolo a los profesionales altamente cualificados contratados por empresas emergentes o que lleven a cabo actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación, incluyendo los llamados nómadas digitales y los administradores societarios.

Existen tres tipos de regímenes preferenciales: los que ofrecen una fiscalidad especial para los ingresos obtenidos en el extranjero diferente a los tipos impuestos a los que se generen en el país, los que están destinados a determinados grupos de profesionales o actividades, como científicos, artistas y deportistas, y los que ofrecen condiciones fiscales ventajosas para los pensionistas. En total, según el estudio del Observatorio fiscal de la UE, en Europa –incluyendo al Reino Unido– 262.999 personas se benefician de estos esquemas, unos 30.000 más que en 2021. En conjunto los descuentos fiscales que consiguen estos contribuyentes hacen perder a las Haciendas europeas un total de 7.467 millones de euros. De media, cada uno de los beneficiados se ahorra en impuestos 34.300 euros al año.

Para hacerse una idea cabal del volumen de recaudación al que se renuncia, el informe lo compara con el presupuesto anual del programa Erasmus, 3.300 millones de euros o los 9.800 millones que costó el acuerdo del Brexit con el Reino Unido en 2023. Esos 34.300 euros anuales equivalen a tres salarios mínimos franceses –16.214 euros al año, superior a los 15.876 euros del español tras su reciente subida–.

Al régimen de impatriados español se acogieron en 2020, último año del que ha obtenido datos el Observatorio Fiscal de la UE, 9.852 expatriados, a los que Hacienda les ha perdona unos 134 millones de euros anuales. Se trata de una estimación realizada por los investigadores de la institución, puesto que el Gobierno no les ha facilitado sus números. Es decir, cada extranjero obtiene de media un beneficio fiscal de 13.601 euros anuales. Y eso es el cuádruple de la cantidad que paga a Hacienda cada año de media un contribuyente español.

El Observatorio también clasifica los distintos regímenes preferenciales según el perjuicio que ocasionan a sus respectivas haciendas nacionales. España se sitúa exactamente en la mitad de ese ranking. Los más onerosos para las arcas públicas son los de Grecia e Italia –ambos para contribuyentes por encima del medio millón de euros–, seguido del suizo –por encima de 900.000 euros– y del chipriota. Los que más beneficiarios tienen son los de Reino Unido –44.400–, Países Bajos –92.048– y Portugal –27.367–. Y los que más dinero cuestan a sus respectivas Haciendas son el británico, con una pérdida de recaudación de 3.200 millones de euros; el holandés, que se deja unos ingresos de 1.100 millones; y el portugués, con 893 millones de euros menos. Sin embargo, los más generosos per cápita resultan ser el de Grecia –156.896 euros de ahorro fiscal por contribuyente extranjero–, Italia –128.266 euros–, Suiza –72.000 euros– y Reino Unido –69.264–.

No sólo en España el ahorro fiscal para estos contribuyentes privilegiados es un agravio frente a los impuestos que paga el contribuyente medio. En Grecia, el descuento obtenido por un extranjero acogido a su régimen especial equivale a 134 veces la factura fiscal abonada de media por un ciudadano nacional; en Italia, es 30 veces superior y en Portugal, 19 veces. Incluso en Suiza la brecha es considerable: 13,5 superior.

Además, destaca el Observatorio Fiscal de la UE, estos esquemas son regresivos. En ciertos casos permiten a los extranjeros pagar una cantidad fija –el italiano, por ejemplo: 100.000 euros al año y 25.000 por cada hijo– por los ingresos obtenidos fuera del país, mientras tributan con el tipo ordinario por sus ingresos nacionales. O bien el tipo al que tributan es menor que el aplicado a los contribuyentes locales, como en Finlandia, donde los extranjeros pagan un 32% y los finlandeses el 37% o más. Los científicos extranjeros en Italia se ahorran el 90% de sus impuestos por la actividad que desarrollen mientras residan en el país. En Portugal, los pensionistas extranjeros empezaron no pagando impuestos cuando en 2009 empezó a aplicarse el régimen especial, se elevó hasta el 10% en 2020 y se anunció su supresión en octubre de 2023, tras años de polémica. Entre otros motivos, se culpa al Programa para Residentes no Habituales (RNH) de la subida del precio de las viviendas.

En efecto, no se trata sólo de la pérdida de recaudación, estos regímenes preferenciales tienen otros problemas añadidos: también facilitan el fraude –algunos permiten tributar menos a los extranjeros aunque no tengan un contrato o un negocio en el país– o, si están ligados a programas de visas oro –ciudadanía a cambio de la compra de una vivienda o una inversión– pueden suponer un problema de seguridad o disparar los precios de los inmuebles. Viviendas que, a su vez, pueden utilizarse para el blanqueo de capitales o eludir sanciones internacionales.

No obstante, parece improbable que estos regímenes decaigan en popularidad. Al menos es lo que augura el Observatorio Fiscal de la UE. El auge de los nómadas digitales es uno de los motivos. Cada vez son más quienes teletrabajan, por lo que aumenta igualmente el número de quienes pueden hacerlo desde el extranjero. “Así, para los residentes no domiciliados, crece el atractivo de los regímenes fiscales que les permiten no pagar impuestos en su nuevo país de residencia por los ingresos que obtienen en el extranjero. Además, los gobiernos se verán tentados a ofrecer regímenes fiscales preferenciales como complemento de los incentivos en el impuesto de sociedades”, advierte el informe.

En Suiza, en lo alto de una montaña, vive un verificador. Es un ser formidable, una quimera benéfica que solo abandona su guarida en las noches cerradas: los vecinos del valle dicen que camina sin dejar huellas. Nadie lo ha visto nunca, pero, en los tiempos difíciles, los paisanos miran los riscos y su corazón se consuela.

El melenudo Puigdemont ha exigido un taquígrafo enmascarado. Han quedado en Ginebra, la Andorra güena, para hacer manitas: la terapia de parejas más cara de la historia. No envidio al propio, sea quien sea. Figúrate a un pijo de Junts, dale que te pego a la caja de pañuelos, lloriqueando una retahíla de agravios históricos (nos pusieron un AVE por provincia, industrializaron cada pedanía, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?) mientras, en el sofá de enfrente, un diputado del pesoe juega con los pulgares con cara de aburrimiento.

Negociar por persona interpuesta da mucha prestancia y no seré yo quien le reproche las ínfulas a nadie: la vida sin épica no vale nada. Lo que me intriga es quién lo paga, porque en Suiza hasta los chicles se compran a crédito. Lo mismo, si sale económico, podemos contratar el plan familiar. ¿Navajazos en la izquierda? Verificador. ¿Los presupuestos generales del Estado? Haga usted el favor. Se me iluminan los mofletes de imaginarlo: una nación entera con el check azul en la solapa. Digo más, ¿y lo bien que le habría venido a Ferrán Adriá un payo encorbatado cuando perdió la chaveta? «El tomate, ¿es un producto natural o es una realidad imaginaria que queremos creer?». Lo que se hubiese ahorrado de tener un validador hortofrutícola, con sello gofrado y pegotón de lacre: hay países cuyo PIB palidece al compararlo con el monedero del tío Gilito que le hace las camisas de fuerza de monsieur le chef.

Excitado ante esta nueva utopía notarial, me pregunto qué diferencia a un validador de un relator y por qué la comparsa negociadora ha escogido uno en vez de otro. En mi cabezota, ambos son personajes mitológicos. Al uno, lo imagino como un bardo ancestral, un sabio intemporal que escribe el inabarcable pergamino de la historia. Al otro, como un metafísico escrutador, que entrecierra los ojillos ante el grumoso tarro de las esencias y afirma, con la rotundidad de un ángel, la naturaleza de los entes. Si estos fulanos no arreglan lo del secesionismo, apaga y vámonos.

Ah… ¡la de entuertos y matanzas que hubiesen evitado estos próceres de la resolución de conflictos, estos titanes de la concordia! La guerra francoprusiana, la querella de los antiguos contra los modernos, las asperezas de Bruno con el Santo Oficio («Giordano, eso que dices es una tontá»), qué serie de Netflix me pongo, las riñas entre Corinna y el emérito, las del emperador Carlos con su santidad, las de Peñafiel con Letizia… Ilumínanos, oh, sapientísimo consejero, ¡venturosos ruedines de nuestra democracia! España entra, por fin, en una nueva era límpida y fraternal, sin chorradas dialécticas ni confrontaciones ni bretes. Ojalá prosigamos por esta senda bienaventurada y leguemos a nuestros hijos una patria sin tribunales ni sufragios, mansamente gobernada por un verificador bondadoso que rija nuestros destinos con la finura de un reloj caro.

A primera vista, la lista de clientes de la gestora de inversiones suiza Finaport Holding puede parecer increíblemente limpia. Entre 2017 y 2019, la firma –que administra cuentas bancarias, empresas y activos para sus ricos clientes– presentó sólo dos alertas de transacciones sospechosas al regulador suizo. Cuando una asociación del sector lo investigó, el director de operaciones de Finaport respondió que él no había “oído ni leído nada [al respecto]”.

Sin embargo, durante ese mismo periodo, Finaport representó a más de una docena de clientes de todo el mundo que tenían conexiones políticas de alto nivel, estaban acusados de corrupción o se enfrentaban a cargos penales. Si un cliente proporcionaba los documentos adecuados, Finaport concluía su investigación en sólo 20 minutos.

Así lo demuestra una filtración de documentos que fueron publicados brevemente en internet por el grupo de hackers rusos APLHV el pasado febrero. Los obtuvo la televisión pública suiza RTS, que los compartió con periodistas de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), entre ellos infoLibre, así como de Le Monde y Der Spiegel. Los periodistas accedieron a registros judiciales, buscaron en bases de datos comerciales y entrevistaron a expertos en blanqueo de capitales, académicos y activistas para corroborar e interpretar los datos filtrados y confirmar los antecedentes de los clientes de Finaport.

Entre estos clientes se encontraban un exministro afgano destituido por corrupción, un político peruano relacionado con el escándalo Lava Jato de sobornos masivos y el hijo de un antiguo jefe de los servicios de inteligencia de Uzbekistán . Entre sus clientes también se encuentra una sociedad registrada en España, filial de la venezolana Suelopetrol, una empresa privada creada en 1984 y presidida por Henrique José Rodríguez Guillén. Se trata de Suelopetrol Exploración y Producción SL, a través de la cual Suelopetrol es dueña del 40% Petrocabimas SA. El otro 60% es propiedad de la estatal PDVSA. Petrocabimas posee los derechos de concesión de cinco yacimientos petrolíferos.

En España, Suelopetrol tiene registradas otras dos sociedades, Suelopetrol Internacional SL y Suelopetrol SLU. Ninguna de estas dos empresas tiene personal, según consta las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, mientras que Suelopetrol Exploración y Producción SL sólo cuenta con un empleado. El 25% de su capital social lo han suscrito dos sociedades domiciliadas en Barbados, un conocido paraíso fiscal del Caribe. Suelopetrol no ha contestado a OCCRP cuando le ha preguntado por la naturaleza de la operativa que mantenía con Finaport ni los procedimientos de due dilligence a que fue sometida por la firma suiza.

Pero la mayoría de los clientes que deberían haber activado las señales de alarma más evidentes eran ciudadanos rusos.

A preguntas de OCCRP, Finaport responde que la información filtrada es una “selección arbitraria, desactualizada e incompleta” y que “sacar conclusiones de ella sobre las actividades empresariales de Finaport lleva a insinuaciones falsas y/o engañosas”.

La correspondencia filtrada revela que los empleados de Finaport estaban dispuestos a rebatir las solicitudes de diligencia debida (due dilligence) de los bancos, a veces en términos contundentes. Por ejemplo, en 2016, cuando un empleado del banco de inversión suizo Julius Baer escribió a Finaport para preguntarle por el origen del patrimonio de un cliente, un alto empleado de Finaport respondió con aparente incredulidad. “Esto ni siquiera es compliance [cumplimiento], es puro acoso”, escribió el empleado. “Esto se está volviendo ridículo... ¿Dónde ha ido a parar el espíritu del sí se puede y el sentido común...? En los próximos días, [el cliente] se irá con sus activos a un banco de [Liechtenstein]. ¿Les felicito?”.

Y al reenviar a un colega el intercambio de mensajes con el banco, escribió: “Esta es la clase de mierda con la que nos hacen tratar”. Preguntado por esa respuesta, Finaport asegura que el empleado estaba frustrado porque le habían pedido la misma información varias veces y que sería erróneo sacar conclusiones sobre “una cultura de cumplimiento insuficiente en Finaport o incluso incumplimientos de la diligencia debida a partir de este incidente puntual”.

Con una plantilla que no supera los 50 empleados, Finaport explica que su objetivo es “preservar el patrimonio y generar ingresos” para sus clientes, “esforzándose por invertir de forma altamente ética y sostenible”.

Con los documentos de la filtración no fue posible establecer cuántas transacciones supervisa o procesa Finaport para sus clientes cada año. Pero los expertos en compliance afirman que muchas de las transacciones descubiertas deberían al menos haber alertado a la Oficina Suiza de Comunicación y Denuncia sobre Blanqueo de Capitales, conocida como MROS.

La legislación suiza exige a las empresas de gestión de patrimonios como Finaport que informen a la MROS de las transacciones si tienen “motivos razonables para sospechar que los activos implicados en la relación comercial están relacionados con un delito”, o si los fondos o activos implicados pueden ser el “producto de un delito grave”.

Cuando se le presentaron algunas de las conclusiones de la investigación, un experto suizo en cumplimiento de la normativa, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, explicó que los gestores financieros tienen las mismas obligaciones de compliance que los bancos y que algunas de las comprobaciones de diligencia debida realizadas por Finaport no estaban a la altura de las normas exigidas por la autoridad financiera suiza.

Contactada por los medios de OCCRP, Finaport responde que es una “gestora de activos pura”, que “lleva a cabo actividades de gestión de activos exclusivamente sobre la base de poderes limitados a acciones administrativas” y que “no puede abrir cuentas, aceptar fondos o ejecutar pagos en nombre de clientes”. También indica que respeta “todas las normas jurídicas aplicables a la empresa” y que su cumplimiento de la normativa se somete a auditorías anuales.

Finaport admite que prestó servicios a “un número muy pequeño de clientes clasificados como Personas Expuestas Políticamente”. “Teníamos y tenemos en todo momento una imagen completa de nuestros clientes y beneficiarios reales de los activos gestionados. Siempre hemos tenido y seguimos teniendo la certeza necesaria de que los activos bajo nuestra gestión no procedían de delitos subyacentes al blanqueo de capitales, ni estaban bajo el control de organizaciones delictivas”, argumenta Finaport. “En caso de duda al respecto”, concluye la firma suiza, “hemos aplicado sistemáticamente los requisitos legales para tales situaciones”.

Los documentos filtrados muestran que los clientes de mayor riesgo de Finaport se enviaban para una revisión adicional a Alexander Rabian, un abogado del bufete Streichenberg de Zúrich (Suiza) que era asesor jefe del departamento de cumplimiento de Finaport. Un correo electrónico interno de 2018, en el que aparentemente se explicaban los procedimientos de la empresa a un nuevo empleado, detallaba que Rabian normalmente no tardaba “más de 15-20 minutos en revisar” los expedientes de los posibles clientes, siempre que se incluyeran todos los documentos necesarios.

Contactado por OCCR, Rabian asegura que llevó a cabo “segundas revisiones” de comprobaciones anteriores sobre los clientes potencialmente de mayor riesgo. “Siempre devolví los expedientes incompletos al departamento de cumplimiento y a los asesores de los clientes para que los completaran, incluso varias veces si era necesario. En algunos casos, de hecho, era posible estudiar y evaluar un expediente perfectamente preparado en 15 o 20 minutos, siempre que la situación fuera sencillamente manejable a pesar de un posible aumento del riesgo”, explica, tras añadir que, normalmente, se tardaba mucho más.

Los documentos filtrados muestran que uno de los clientes revisados y aprobados por Alexander Rabian fue la empresa suiza Radamant Finance AG, propiedad de los bielorrusos Yuri y Alexei Khotin, padre e hijo. Apodados los “oligarcas secretos” por los medios rusos, los Khotin poseían más de un millón de metros cuadrados de propiedades en Moscú, incluido el hotel Four Seasons, según un informe publicado por la revista Forbes en 2019. A través de Radamant, los Khotin también poseían un banco ruso, Yugra Bank, ahora desaparecido, que bajo su gestión pasó de ser un pequeño prestamista regional a convertirse en uno de las mayores entidades financieras del país.

El presidente de Finaport, Hellmut Schümperli, fue nombrado administrador único de Radamant en mayo de 2016, después de que la empresa superara con éxito un proceso de diligencia debida. Una resolución de los accionistas sin firmar, fechada el 29 de noviembre de 2016, autorizaba a Schümperli a “ejecutar” una serie de 22 pagos por valor de 587 millones de dólares desde la cuenta de Radamant en Yugra a una empresa chipriota llamada Bittos Logistics Enterprises Ltd.

OCCRP no han podido verificar si la resolución se llevó a cabo finalmente, pero los registros financieros de Radamant muestran que los pagos se efectuaron y que el acuerdo se discutió en múltiples correos electrónicos posteriores. La resolución de los accionistas establece que el dinero se enviaría en relación con “acuerdos de compra y venta de pagarés”, pero no ofrece más detalles. En el momento en que se redactó la resolución, los Khotin supuestamente estaban vaciando Yugra de más de 2.000 millones de euros y escondiendo una fortuna en empresas de Chipre, según consta en un caso civil presentado en un tribunal de distrito ruso por la agencia de seguros que se hizo cargo del banco tras su colapso. El caso sigue abierto.

Los periodistas tampoco han encontrado pruebas de que Finaport hubiera tenido conocimiento de las acusaciones de malversación contra los Khotin mientras realizaban las transferencias a Bittos. Pero el volumen y la estructura de la transferencia deberían haber suscitado algunas dudas, según Tom Mayne, investigador de la Universidad de Oxford especializado en leyes anticorrupción. “Para empezar, es difícil ver la lógica económica de transferir 587 millones de dólares, especialmente si existía el peligro de no recibir los pagarés”, explica. Finaport tampoco respondió a las preguntas de OCCRP sobre las medidas que tomó en relación con estas transferencias. Y, a mediados de 2017, estaba claro que Yugra tenía problemas financieros.

En julio de ese año, el Banco Central de Rusia emitió un comunicado anunciando que había revocado la licencia bancaria de Yugra. La historia fue recogida por la agencia Reuters, que informó de que, según afirmaba el Banco Central ruso, “el modelo de negocio de Yugra se basaba en prestar a proyectos vinculados a sus propietarios”, además de haber realizado “transferencias sospechosas”.

En septiembre de 2018, Yugra fue declarado en quiebra. Pero Finaport siguió trabajando con Radamant –y, por extensión, con los Khotin– hasta mediados de 2019.

De forma que la suspensión de la licencia de Yugra por sospechas de transferencias y préstamos a sus propietarios, así como el colapso financiero del banco, deberían haber hecho sonar las alarmas, apunta Tom Mayne. “Deberían haber sido señales claras para Finaport de que había que extremar la precaución en las transacciones relacionadas con Yugra, incluida una mayor diligencia debida”, precisa.

Pero un documento filtrado de diciembre de 2018 muestra que Finaport trabajó en un acuerdo para que Radamant perdonara la deuda de Bittos a cambio de acciones en tres empresas chipriotas.

Sobre el papel, estas tres sociedades eran valiosas. Según figura en sus informes anuales, poseían los derechos de ocho yacimientos petrolíferos en Rusia, valorados en miles de millones de dólares. Pero ninguna de ellas, ni su sociedad de cartera, Hazapour Ltd., tenía una cuenta bancaria o fondos propios, de acuerdo con otro correo electrónico de Rabian. Los informes anuales también indican que las empresas se hicieron con los campos petrolíferos por entre 129 y 131 euros cada uno en septiembre y octubre de 2018, justo cuando Yugra estaba quebrando. Los documentos no ofrecen ninguna explicación a ese precio tan bajo.

En el borrador de otra carta incluido en la filtración, Rabian se preocupa por la legitimidad de las empresas, sus activos y el acuerdo. “A pesar de nuestras reiteradas peticiones, no se nos ha enviado ninguna información fiable sobre la viabilidad económica de [las tres] empresas”, escribió Rabian. También señaló que las partes en el acuerdo parecían estar estrechamente vinculadas a los Khotin, y sugirió que los propios Khotin podrían estar detrás de Hazapour y las empresas chipriotas. “Los controladores/propietarios reales de [Hazapour] son idénticos a los controladores/propietarios reales de Radamant o son al menos cercanos a ellos”, aseguraba, añadiendo que “pueden surgir dudas sobre si la adquisición por parte de Radamant de las acciones de las empresas se llevó a cabo de acuerdo con el principio de negociación en condiciones de mercado”.

Finaport cortó sus lazos con Radamant en julio de 2019, pero los registros internos de Finaport muestran que no activó ninguna alerta MROS ese año. Rabian siguió trabajando en el acuerdo en su calidad de abogado del bufete Streichenberg al menos hasta 2021, según muestran los correos electrónicos filtrados. No está claro si el acuerdo se cerró finalmente.

Cuando OCCRP les preguntó por clientes concretos, los directivos de Finaport dijeron que no podían responder porque están “sujetos al secreto profesional protegido por el derecho penal”. Los Khotin no han contestado a las preguntas de OCCRP.

Unos meses antes de que el Banco Central de Rusia revocara la licencia bancaria de Yugra, también suspendió las licencias de las compañías de seguros pertenecientes al empresario Alexander Kondratenkov. Dos años después, en agosto de 2019, el Ministerio de Justicia ruso acusó a Kondratenkov de malversación de fondos, alegando que había cometido fraude de seguros. El caso sigue abierto. Kondratenkov no ha respondido a las solicitudes de comentarios cursadas por OCCRP.

Pero, para cuando fue acusado, Kondratenkov ya había huido. Se desconoce su paradero actual, pero los documentos filtrados revelan cómo Finaport le ayudó a abrir cuentas bancarias en Suiza con una segunda identidad chilena.

En un memorando de octubre de 2018, un miembro del personal de Finaport que gestionaba la cuenta de Kondratenkov explicó que su cliente tenía una cuenta en el Banco UBP bajo su nombre ruso, y otra en el Banco Mirabaud bajo su recién obtenido nombre chileno, Alexander García Feskov. Según la nota, el nombre responde a una combinación del nombre original del padre de Kondratenkov, nacido en Chile, y el apellido de soltera de su madre. Con la ayuda de Finaport, consiguió mover varios millones de dólares de Rusia a Suiza y luego a sus cuentas abiertas como García Feskov en Mirabaud, tal y como muestran documentos internos.

Esos archivos desvelan que Finaport comenzó a trabajar con Kondratenkov, y lo ayudó a abrir cuentas bancarias bajo su nombre chileno, antes de que aparecieran publicadas en la prensa las acusaciones en su contra. Pero en agosto de 2019 los medios rusos ya habían cubierto ampliamente el caso. El periódico Kommersant, considerado uno de los principales diarios del país, informó de que Kondratenkov había sido acusado de un fraude “especialmente grave”.

Al parecer, las informaciones alarmaron al personal del Banco Mirabaud, que bloqueó una transferencia de 800.000 dólares realizada en nombre de Kondratenkov debido a “problemas de cumplimiento”.

Finaport escribió otro memorando, fechado en noviembre de 2019 y dirigido al banco, rechazando esas informaciones. Finaport dijo que los medios rusos que cubrían el caso eran prensa “basura” y afirmó que Kondratenkov no era el propietario de la empresa en el centro del escándalo. Sin embargo, una sentencia judicial rusa ha confirmado este año que la empresa era en realidad de Kondratenkov.

Sin embargo, Mirabaud presentó una alerta a las autoridades suizas de lucha contra el blanqueo de capitales a mediados de noviembre y cerró todas las cuentas de Kondratenkov entre enero y marzo de 2020, según una fuente cercana al asunto que no está autorizada a hablar oficialmente.

Incluso antes de conocerse las acusaciones de malversación, el uso de múltiples identidades por parte de Kondratenkov debería haber sido una señal de alarma, advierte un antiguo agente de la agencia francesa de lucha contra el blanqueo de capitales Tracfin. “Aunque no está prohibido tener dos pasaportes, tener dos identidades distintas es muy cuestionable”, asegura el ex agente bajo condición de anonimato, porque no está autorizado a hablar con la prensa.

El juicio de Kondratenkov está aún pendiente de sentencia y las autoridades rusas continúan buscándolo. Las informaciones publicadas por los medios rusos y los documentos judiciales obtenidos por OCCRP lo sitúan en Londres y en una lujosa ciudad de los Alpes franceses desde 2020.

Mientras tanto, los documentos internos de Finaport desvelan que la firma suiza continuó clasificando a Kondratenkov como cliente de “bajo riesgo” hasta al menos mayo de 2020, mucho después de que los cargos en su contra en Rusia se hicieran públicos. Los registros filtrados muestran que la firma seguía trabajando en nombre de su esposa en fecha tan reciente como abril de 2022.

Rabian, el abogado, explica a OCCRP que Kondratenkov no es actualmente cliente de Finaport. “Sobre la base de lo que hemos podido encontrar en fuentes públicas, tenemos serias dudas de que Alexander Kondratenkov haya sido objeto de un proceso penal en Rusia que cumpla las garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, añade.

Uno de los clientes más importantes de Finaport, a juzgar por el valor de los activos que gestionaba, era Liubov Komissarenko. Nacida en Ucrania en 1977, Komissarenko acababa de terminar sus estudios en Moscú a mediados de la década de 2000 cuando empezó a crear empresas de construcción, incluidos instaladores y un distribuidor de equipos técnicos para el suministro de agua.

En un documento de diligencia debida redactado por Finaport en 2022 se decía que Komissarenko había empezado fabricando ventanas antes de pedir un préstamo bancario para dedicarse a la construcción a mayor escala.

Lo que no mencionaba era que su empresa también había recibido contratos públicos de una empresa estatal rusa dirigida por su pareja sentimental, Alexander Ponomarenko, a quien no hay que confundir con el multimillonario empresario portuario y banquero sancionado del mismo nombre.

Un formulario KYC –Conozca a Su Cliente por sus siglas en inglés– elaborado en 2018 para Komissarenko establecía que Liubov y Alexander habían sido “pareja de hecho” desde 2003. Un abogado que responde en nombre de una de las empresas alemanas de Komissarenko indicó que la relación terminó “hace varios años”.

En 2012, Ponomarenko fue nombrado director de Mosvodokanal, el mayor proveedor de servicios de alcantarillado de Rusia, que entonces otorgó a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros. El abogado que responde por la empresa alemana de Komissarenko niega que ella se beneficiara de forma significativa de estos contratos y afirma que hizo su fortuna de manera independiente gracias al sector inmobiliario y a la construcción. Ponomarenko no respondió a las solicitudes de comentarios hechas por OCCRP.

Komissarenko se convirtió en cliente de Finaport en noviembre de 2014. La hija de Ponomarenko, Natalia, se convirtió en cliente en diciembre de 2016, seguida por el marido de Natalia en julio de 2017 y luego por Andrei, hijo de Komissarenko de un matrimonio anterior, en diciembre de 2017. A finales de 2022, las diversas cuentas bancarias vinculadas a Ponomarenko gestionadas por Finaport tenían un total de 46 millones de dólares. Ninguno de los miembros de la familia ha contestado a las preguntas de OCCRP.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 puso a los banqueros europeos en una alerta aún mayor a la hora de ofrecer servicios a clientes rusos o vinculados con Rusia, y los paquetes de sanciones que se aprobaron después deberían haber provocado una revisión de la base de clientes de las firmas financieras. Es “enormemente peligroso” abrir cuentas o gestionar activos para clientes rusos, según advierte Viktor Winkler, experto en sanciones y perito en el Parlamento alemán, a Paper Trail Media, uno de los socios de OCCRP. El “pasillo” en el que tales servicios se pueden prestar legalmente es ahora “muy, muy estrecho”, resalta. “Y dentro de este pasillo enormemente estrecho, hay que realizar controles exhaustivos y completos, y aplicar numerosas salvaguardias”.

En octubre de 2022, un empleado de Reyl envió un correo electrónico en el que expresaba su dudas por la información incompleta del expediente de diligencia debida de Finaport sobre Komissarenko y, en particular, por su vinculación con Ponomarenko. El correo también mencionaba una información donde se aseguraba que Ponomarenko “ayuda [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales necesarios”.

El empleado de Reyl también advirtió de que Finaport no había revelado que Komissarenko tiene nacionalidad rusa. En los correos electrónicos filtrados no queda claro cómo respondió Finaport ni si Reyl tomó alguna otra medida. Finaport rehúsa hacer comentarios a OCCRP sobre clientes concretos. Por su parte, Reyl contesta que el banco “siempre ha actuado, y sigue actuando, de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables, y no tiene más comentarios”.

El propio Ponomarenko no parece haber sido cliente de Finaport. Las actividades de Mosvodokanal desde febrero de 2022 probablemente habrían hecho extremadamente difícil para cualquier empresa europea trabajar con él: la empresa ha animado a sus trabajadores a luchar en nombre de Rusia en Ucrania.

Un vídeo publicado en Vkontakte, una red social rusa, anuncia que al personal de Mosvodokanal que se presente para el servicio militar se le darán garantías de que se les mantendrán sus puestos de trabajo hasta su regreso, y de que disfrutarán de “las mismas ventajas que el personal militar”. “La empresa sigue de cerca el destino de todos los que están en el frente”, proclama Mosvodokanal en el vídeo.

Con información de Begoña P. Ramírez, periodista de infoLibre

European Investigative Collaborations (EIC) sólo pudo comprobar su nombre de pila. Moreno, barba impecablemente recortada y unos 40 años, el jeque Matar es un espía emiratí. Su misión: coordinar las operaciones de espionaje de Abu Dabi en Europa. Es el interlocutor de los servicios de inteligencia con la agencia suiza de detectives Alp Services, en el centro de las revelaciones de la investigación internacional Abu Dhabi Secrets, basada en documentos obtenidos por Mediapart y compartidos con la red de medios EIC, a la que pertenece infoLibre. También han formado parte de la investigación publicada en España por este periódico los medios suizos Heidi News y RSI Television, así como Domani (Italia) y Daraj Media (Líbano)

A cambio de al menos 5,7 millones de euros, Alp Services ejecutó un buen número de operaciones para el jeque Matar, destinadas a dañar la imagen de los Hermanos Musulmanes y de Catar, que los apoya: más de 1.000 ciudadanos europeos fueron señalados sin pruebas, se lanzaron campañas de influencia contra organizaciones y empresas, e intentaron manipular las instituciones europeas y ciertos medios de comunicación a través de una red de periodistas a sueldo.

Para comunicarse con total seguridad, Mario Brero, el dueño de Alp Services, creó dos direcciones de correo electrónico anónimas (tipo 123456@protonmail.com) en el servicio de mensajería encriptada Protonmail: el primero para Alp, el segundo para el jeque Matar. Esto hacía imposible la intercepción de sus comunicaciones.

Pero el espía cometió un error fatal. El 2 de octubre de 2017 Matar escribió por WhatsApp a Mario Brero y le pidió que le diera el nombre de la dirección de correo electrónico y su contraseña, porque estaba “fuera de la oficina”. El jefe de Alp accedió. El resultado: cuando los piratas informáticos consiguieron hacerse con los documentos y correos de la agencia suiza el 19 de marzo de 2021, cumpleaños de Mario Brero, pudieron acceder también a la cuenta de correo electrónico secreta del agente emiratí. El jeque Matar confiaba tanto en ella que no sólo la utilizaba para comunicarse con Alp. Investigaciones privadas contra los expertos de la ONU en Yemen, la utilización de enemigos de Catar e intentos de influir en el Gobierno francés: la lectura de estos correos electrónicos documenta los métodos y obsesiones de Abu Dabi de una forma sin precedentes.

El conflicto y el bloqueo marítimo de Yemen impuesto por Arabia Saudí y Emiratos (que luchan contra los rebeldes hutíes, apoyados por Irán) ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo, según denuncia la ONU. En 2018, el informe del grupo ad hoc de expertos de Naciones Unidas concluyó que todos los beligerantes, incluidos los Emiratos, eran responsables de crímenes de guerra. Alp Services no dejó pasar la oportunidad y ofreció al agente Matar poner en marcha la operación Probus por 150.000 euros. El objetivo era investigar y descubrir cualquier información incriminatoria sobre los dos expertos norteafricanos del panel de la ONU: Ahmed Himmiche y Kamel Jendoubi.

El primero es un antiguo oficial de las fuerzas aéreas marroquíes. Los detectives suizos rastrearon las redes sociales de los miembros de su familia y entrevistaron a “fuentes”. El informe resultante indica que existen “señales de alarma”, entre ellas presuntos vínculos con “extremistas, potencias extranjeras y Hermanos Musulmanes”. En lo que respecta a Ahmed Himmiche, la operación se detendrá ahí.

Pero el segundo experto de la ONU, Kamel Jendoubi, no tuvo tanta suerte. Este abogado y activista tunecino de derechos humanos, que después entró en política, también fue sometido a escrutinio. Su informe contiene detalles y rumores sobre su vida íntima, obtenidos de “periodistas” y otras “fuentes”. Y, a principios de 2019, empezaron a aparecer artículos que apuntaban a Kamel Jendoubi. Un bloguero escribió que era un oportunista disfrazado de “héroe de los derechos humanos”. Otro titulaba: “¿Es Kamel Jendoubi miembro de los Hermanos Musulmanes?”. En su página de Wikipedia apareció una sección de “controversias”, que ya ha sido eliminada. En ella se le relacionaba con Al Qaeda.

Contactado por EIC, Kamel Jendoubi no oculta su enfado: “La gente que me conoce sabía que no tenía sentido. Me acusaron de simpatizar con los islamistas, a pesar de que siempre he hablado en contra de ellos. Pero lo aterrador era que, a fuerza de repetir, repetir y repetir las mismas acusaciones, casi se convertían en verdad”.

La paranoia emiratí sobre Yemen no se limita a los expertos de la ONU. El 3 de mayo de 2018, el jefe de proyecto emiratí de Alp Services ordenó a uno de sus colegas que dejara de trabajar inmediatamente para atender un “nuevo encargo urgente”: hurgar sobre un periodista de investigación estadounidense que trabajaba sobre la guerra en Yemen. El trabajo se encargó a una empresa de detectives irlandesa. Se escrutó la vida del periodista. Un primer informe, fechado el 7 de mayo de 2022, se centraba en su familia, su patrimonio, sus supuestas opiniones e incluso sus infracciones de tráfico. Un segundo informe, sobre su mujer, se envió a Alp unas horas más tarde.

Ese mismo día, los equipos de Alp descubrieron que el periodista había publicado un artículo sobre Yemen. Un empleado comenta en un correo: “El tono del artículo sobre la implicación de Emiratos en Yemen es muy negativo. En Abu Dabi se respeta poco la libertad de prensa”.

Uno de los contactos habituales del jeque Matar es el francés Roland Jacquard, antiguo periodista convertido en autoproclamado experto en islamismo armado. Presidente de un Observatorio Internacional del Terrorismo del que se dice que es el único miembro, también se ha convertido en un habitual de la televisión, donde en varias ocasiones ha dado información falsa. Como cuando facilitó el número de teléfono de una maleta satélite de Al Qaeda que, en realidad, era el número de la Cruz Roja, según un antiguo agente de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), el servicio de inteligencia francés, que describe a Roland Jacquard como “especialista nacional en primicias mohosas”.

Entre bastidores, Jacquard tiene un próspero negocio como consultor de asuntos especiales. De hecho, ha llevado varios clientes a la firma suiza Alp Services, incluido el contrato emiratí supervisado por el agente Matar, a quien presentó a Mario Brero en 2017. El acuerdo resultó muy lucrativo para ambos. Roland Jacquard tenía derecho al 10% de los pagos. En realidad, un poco menos, ya que el detective suizo solía olvidarse de pagarle la comisión prometida por ciertos encargos.

Los documentos a los que ha tenido acceso EIC demuestran que Roland Jacquard recibió al menos 300.000 euros en relación con el contrato de Emiratos. Un archivo titulado “Jacquard-pmt-commission” muestra un pago de 80.000 euros por los primeros encargos en 2017, 60.000 euros por los de 2018 y 102.000 euros en 2019. Para 2020, otro documento menciona 90.000 euros que debían abonarse en dos plazos: 70.000 euros en factura y 20.000 euros más por los que se le iba a pagar a Roland Jacquard “en efectivo en su próxima visita”.

El total es difícil de calcular con precisión, dado el carácter atípico de la relación financiera. De los documentos analizados, se desprende que hubo anticipos y préstamos que no se puede precisar si se reembolsaron alguna vez, pagos en efectivo y transferencias a la cuenta bancaria de Jacquard en el Crédit Industriel et Commercial (CIC) en Normandía. Las mayores cantidades se pagan a la empresa African Sentinel and Solutions, registrada en Londres y controlada por una sociedad con sede en Mauricio, pero domicilio en Liechtenstein, hasta que Jacquard se hizo oficialmente con ella en 2018. Curiosamente, el “experto en terrorismo” declara en esta ocasión que tiene nacionalidad gabonesa y reside en ese país, aunque nació en Túnez y reside en Francia.

El “señor 10%” de los servicios de Alp goza de un raro privilegio: mantiene correspondencia directa con el jeque Matar. EIC ha podido consultar 44 correos electrónicos, algunos de los cuales ya había revelado Mediapart el pasado mes de marzo, durante una investigación anterior.

Roland Jacquard, un hombre con contactos, quiso presumir ante Matar. Le pasó al espía, sin una palabra de explicación, una carta que Joe Biden supuestamente le había enviado el 8 de octubre de 2020, cuando era vicepresidente de Estados Unidos. “Mi querido amigo de Francia, querido Roland, gracias de nuevo por tu excelente contribución a mi programa contra el terrorismo internacional”, se lee en la carta, que concluye: “Me recuerda nuestras conversaciones en Number One Observatory Circle [la residencia del vicepresidente de Estados Unidos] con nuestros amigos comunes”. Excepto que la carta está escrita en un papel normal, sin membrete presidencial. ¿Es auténtica? La Casa Blanca y Roland Jacquard no han respondido a esa pregunta.

Escritos en un inglés chapurreado, los correos electrónicos de Roland Jacquard son a veces simples alertas de unas pocas frases. Pero, en muchos de ellos, el experto presume de trasladar al agente emiratí información confidencial de los servicios secretos, del Gobierno francés e incluso del propio presidente. También describe supuestas conversaciones “no públicas” que Emmanuel Macron mantuvo con el papa Francisco o la canciller alemana Angela Merkel.

“Alerta roja en Francia”, escribió el 27 de octubre de 2020, cuando asegura que ha pasado el día en una “reunión de seguridad” por una bomba descubierta en París, mientras que una “célula Daesh está bajo control de la policía en Argenteuil”.

En cuanto a la influencia de los Hermanos Musulmanes en Francia y su financiación por Catar, el principal objetivo de los Emiratos, Roland Jacquard se jacta ante el jeque Matar de ser un lobista tan eficaz que influyó en la ley de 2020 de lucha contra el separatismo islamista, gracias a reuniones “privadas” con asesores del presidente Macron; del primer ministro, Jean Castex; del ministro del Interior, Gérald Darmanin, y del ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti. A preguntas de Mediapart, los ministerios negaron cualquier contacto con Roland Jacquard. El Elíseo no respondió.

En algunos correos electrónicos, también aparecen incoherencias, como información que se presenta como confidencial cuando en realidad es pública. En diciembre de 2020, Roland Jacquard envió al jeque Matar una nota que pretendía ser el resumen de un “estudio estratégico” de la Direction Générale du Renseignement (DGR) y de la Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN), pero que no contenía más que banalidades sobre el Brexit.

En definitiva, ¿vendió Roland Jacquard secretos de Estado a un alto precio a una potencia extranjera? ¿O abusó de su interlocutor proporcionándole información falsa? El consultor se ha negado a responder a las preguntas de EIC. “El señor Jacquard niega cualquier acusación de tráfico de influencias. En cuanto a sus honorarios, fueron declarados y gravados en Francia”, afirma su abogado, Patrick Maisonneuve.

Otra operación, cuando menos rocambolesca, tuvo su origen en un corresponsal de Alp Services, el periodista francés Ian Hamel, que trabaja para Le Point y Marianne. La investigación Abu Dhabi Secrets ha revelado que cobró de la agencia de detectives suiza. Alp no sólo le inspiró algunos de sus artículos, sino que también le utilizó como informador.

El origen del caso es Jean-Pierre Marongiu, un empresario francés afincado en Catar al que, según declaró, su socio local tendió una trampa y acusó falsamente, aunque lo había perdido todo. Detenido en 2013 cuando intentaba huir del país, estuvo encarcelado sin juicio durante cinco años. En 2017, consiguió ponerse en contacto con Ian Hamel desde la cárcel. Entonces le dijo que varios miembros de la familia real catarí están encarcelados con él, según un artículo publicado por Le Point. Las autoridades cataríes lo niegan.

Tras su liberación en 2018, Marongiu permitió a Ian Hamel confirmar su primicia. El 17 de noviembre de 2018, le organizó una reunión con un amigo íntimo de uno de los presos reales: el jeque Talal Al Thani, primo del emir de Catar.

Cinco días más tarde, aunque todavía no había publicado nada, Ian Hamel envió un informe a Alp. Incumpliendo las normas deontológicas del periodismo, detallaba los antecedentes de su investigación y la identidad de sus dos fuentes.

No fue hasta tres semanas después, el 14 de diciembre de 2018, cuando publicó su artículo en Marianne. En él, el colaborador del jeque afirmaba de forma anónima que Talal Al Thani “puede dar testimonio de muchas cosas embarazosas para el régimen, como [...] la distribución de fondos a organizaciones terroristas en Somalia, el Sahel y el Sinaí”. Estas acusaciones hacen las delicias de Emiratos.

El 23 de febrero de 2019, Ian Hamel envió a Mario Brero las pruebas de imprenta confidenciales del libro InQarcéré, en el que Jean-Pierre Marongiu relata su detención. “Hacia la página 70, cuenta que Catar supuestamente ha encarcelado a miembros de Daesh [el grupo terrorista Estado Islámico] en su suelo. [...] Es un libro interesante”, destaca el periodista.

El 7 de marzo, Alp envió un informe al espía emiratí Matar, detallando la información transmitida por Ian Hamel, incluida la identidad de sus fuentes: Jean-Pierre Marongiu y el estrecho colaborador del jeque Talal Al Thani. Alp añade que “según [sus] fuentes, Catar está muy avergonzado” por el artículo de Marianne, y que se sentirá igual de avergonzado cuando se publique el libro.

Al mismo tiempo, Emiratos Árabes Unidos decidió tomar bajo su protección a una de las dos fuentes de la periodista. Mario Brero le pidió a Ian Hamel que le presentara a Jean-Pierre Marongiu, lo que éste aceptó. Alp elaboró entonces un plan de batalla, que fue aprobado por el jeque Matar. El objetivo: dar la máxima difusión al libro InQarcéré. La operación incluyó media training, organización de reuniones con periodistas, toma de control de las redes sociales y el lanzamiento de una página web especialmente dedicada.

Además, se creó un grupo de WhatsApp para reunir a Jean-Pierre Marongiu, Mario Brero y sus equipos. Los intercambios demuestran que se pagó al autor. “Podríamos liberar los últimos 2.000 euros al final de la semana”, escribe un empleado de Alp, que pidió una factura, más otra por un “pago de 3.000 euros” anterior. A finales de 2019, en su informe final, Alp se felicita por haber convertido a Jean-Pierre Marongiu, pese a su “polarizada” personalidad, en un “defensor creíble de los derechos humanos contra Catar”.

EIC no ha podido hablar con Jean-Pierre Marongiu, porque falleció el pasado 13 de junio, en plena investigación. Y su editor no ha respondido a las preguntas que se le han enviado. Mario Brero se ha negado a contestar sobre el fondo del asunto y cree que los documentos publicados han sido “parcialmente falsificados”. Ian Hamel confirmó que había presentado a Jean-Pierre Marongiu al jefe de Alp, pero declinó hacer comentarios sobre la ayuda prestada por la agencia al empresario.