La reforma laboral ha conseguido reducir el empleo temporal en un 30% en las empresas privadas durante los dos años que lleva en vigor. Pero en las administraciones públicas el ritmo está muy lejos de ser ejemplar. En 2022 y 2023 sólo han recortado en un 6,68% los puestos eventuales, cinco veces menos, por tanto, que el sector privado. Y en las empresas de propiedad estatal el resultado es aún más decepcionante: el empleo temporal incluso ha crecido un 3,5% en los dos últimos años, al menos según se desprende de los microdatos de la última Encuesta de Población Activa, correspondientes al tercer trimestre de 2023.

Es más, en 2022, el primer año en que la reforma laboral desplegó sus efectos, las empresas públicas españolas redujeron en un 27,2% sus trabajadores temporales, por lo que ahora tienen 10.411 menos que el año precedente. Pero en 2023 los aumentaron en un 18,12%, y eso sin contar el cuarto trimestre, cuyos datos no se conocerán hasta el próximo 26 de enero. De forma que, si en el primer trimestre de 2022 el número de empleados temporales en las empresas estatales era de 38.194, en el tercer trimestre de 2023 se elevaron a 39.540. Como también han crecido los indefinidos, un 12,8% en estos dos años, en el sector público empresarial la tasa de temporalidad se ha quedado en el 21,4%, sólo un punto y medio menos que en el inicio de 2022. Aun así, se mantiene siete puntos por encima de la tasa del sector privado, que se sitúa en el 14,2%.

En el conjunto de las administraciones públicas, la tasa de temporalidad alcanza el 29,75%, por lo que ha descendido 2,7 puntos desde el primer trimestre de 2022. Es decir, en las empresas estatales se ha reducido casi la mitad que en el resto del sector público.

Con estos números no sólo se está incumpliendo la reforma laboral, sino que es poco menos que imposible que se aplique la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, que fija en un 8% la tasa de empleos temporales a la que deben llegar las administraciones públicas el 31 de diciembre de 2024.

El sector público empresarial lo conforman desde Adif y Renfe o Enaire y el ICO –21.480 trabajadores– hasta las 14 empresas donde la SEPI tiene una participación mayoritaria –76.350 empleados–: Correos, Navantia, Tragsa, Paradores, RTVE… La estabilidad en el empleo en cada una de ellas es muy dispar. En Renfe, sólo el 4,2% de sus 14.490 trabajadores tenía un contrato temporal en 2021, el último año cuyas cuentas publica en su página web. La que mayor temporalidad sufre es Tragsa, con un 67,9% de empleados eventuales en septiembre de 2023. En Navantia, el 93,75% de la plantilla –4.547 personas– es indefinida, según declara en su web.

De hecho, nada más entrar en vigor la reforma laboral, la dirección de Tragsa se presentó ante sus trabajadores como la avanzadilla del “cambio cultural” que el Gobierno quería imprimir en el sector público empresarial. La compañía es uno de los denominados “medios propios instrumentales” de la Administración, como también Ineco o Isdefe, por lo que sólo trabaja con los encargos que les hacen las instituciones públicas. El presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, anunció entonces que las empresas públicas iban a ser el “referente” en materia laboral para el sector privado, abocado al mismo cambio de cultura: “Tenemos que ser ejemplares”, proclamó Casas Grande en un vídeo distribuido entre la plantilla. “Esto es una política de Estado”, dijo, así que es necesario “vencer inercias e incomodidades”.

Dos años después, sin embargo, la temporalidad en Tragsa, lejos de reducirse, ha crecido 5,7 puntos porcentuales. En la filial, Tragsatec, alcanza el 71,3%, según los datos de la empresa a septiembre de 2023. El grupo ha multiplicado su actividad los últimos años, con una producción que en septiembre se elevaba a 1.240,8 millones de euros, un 32,5% por encima de la cifra acumulada hasta ese mismo mes de 2022. Su cartera de pedidos supera en un 14,3% la firmada el año precedente para los tres primeros trimestres.

Así que también ha explotado la contratación de personal con el que hacer frente a tantos encargos. La plantilla ha crecido nada menos que un 46,2% desde que entró en vigor la reforma laboral. La componen 24.539 trabajadores, de los cuales 12.154 pertenecen a la filial, donde el aumento de personal ha sido del 50,8%. De los 7.755 nuevos empleados del grupo, 6.222 son temporales. Estos han crecido un 59,6% en los dos últimos años, mientras que los fijos sólo lo han hecho un 24,2% –un 14,2% en 2023–.

Mientras, las plazas que salen a concurso para hacer realidad ese “cambio cultural” en Tragsa son 2.213 correspondientes a la tasa adicional de estabilización y 1.581 correspondientes a la tasa de reposición específica. En Tragsatec son 2.383 –200 de ellos fijos discontinuos– y 673, respectivamente. En total, 6.850 plazas en cuatro fases, de las que ya se han finalizado dos –2.830–, asegura el propio grupo a infoLibre. Pero esa cifra es insuficiente para hacer indefinidos a los dos tercios temporales de la plantilla, lamentan las fuentes sindicales consultadas.

Una parte de estos eventuales, no obstante, se encuentran cubiertos por la excepción que permite hacer la reforma laboral con los contratos temporales que sean necesarios para gestionar los fondos de recuperación de la UE. La última estadística del SEPE muestra que en 2022 se formalizaron en toda España 22.402 contratos eventuales acogidos a esta excepción, mientras que en 2023 se han quedado en 17.766.

Según explican las fuentes sindicales, la empresa está utilizando contratos de sustitución como “transición” hacia la fijeza, cubriendo el periodo de tiempo necesario hasta que sale a concurso la plaza de que se trate. O bien, al acabarse el contrato, los temporales pasan unos meses “en la nevera” y se les vuelve a contratar después, aseguran.

A preguntas de infoLibre, Tragsa reconoce que el aumento del número de encargos que le hacen las administraciones públicas, sobre todo los financiados con los fondos Next Generation, ha hecho crecer el empleo temporal en la empresa. Y que un "volumen importante" de los nuevos contratos se acogen a la excepción permitida por la reforma laboral para los fondos europeos. En concreto, cifra en 3.727 los contratos de este tipo firmados por Tragsa en los dos últimos años. Es decir, el 60% de los temporales. Los contratos de sustitución, con los que “se cubren temporalmente los puestos de trabajo hasta que acaba el proceso de selección par su cobertura definitiva”, ascienden a 2.426.

Pese a estas dificultades, el objetivo del grupo es haber creado 13.700 empleados fijos “a finales de 2024 y principios de 2025, en la senda de las previsiones del Plan Estratégico 2024-2038” , apunta.

En cualquier caso, en 2023 se ralentizó tanto en el sector público como en el privado la rebaja de la temporalidad que con tanto ritmo reflejaron las estadísticas en 2022. En las administraciones públicas el número de trabajadores eventuales se recortó en 49.800 personas durante los tres primeros trimestres del año pasado, mientras que en el mismo periodo de 2022 la reducción alcanzó los 51.900 empleados. En todo 2022, la rebaja de temporales fue superior, 62.700 personas.

En el sector privado, 2023 fue aún peor. Mientras que en los tres primeros trimestres de 2022 los trabajadores eventuales disminuyeron en 534.300 –y nada menos que en 921.300 en todo el año–, en el mismo periodo de 2023 la tendencia se ha revertido: los temporales aumentaron en 179.000 personas. Como entre enero y octubre también crecieron los fijos, la tasa de temporalidad del sector privado ha quedado en el 14,2%, apenas por debajo del 14,8% con que terminó 2022, pero aun así medio punto por encima del 13,7% con que se inició 2023, y que ha sido el mínimo histórico hasta la fecha. Durante 2022, la tasa se redujo nada menos que 7,3 puntos porcentuales.

“En el sector público la tasa de temporalidad está enquistada”, explica Trinidad Molina, responsable de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Para que bajara, deberían salir a concurso plazas suficientes que transformen los eventuales en indefinidos. Como no se aprueban, el número de interinos no se reduce, o al menos no en la cantidad necesaria para cumplir ni de lejos con ese 8% que exige la ley. Así, muchos de ellos continúan acumulando años en puestos sin plaza. Las culpas se reparten entre las propias empresas, que deben pedir las plazas, y el Ministerio de Hacienda, que debe aprobar las convocatorias, añade Trinidad Molina. Según destaca, la temporalidad es aún más acusada en las empresas públicas municipales.

La Encuesta de Población Activa también revela cuál es la duración de los contratos temporales que se siguen firmando en el sector público. Apenas los hay de un día y los de menos de un mes no superan los 11.000, un 43,8% menos que antes de la reforma laboral. También se suscriben menos contratos de duración inferior a los dos años –una caída del 17,5% en los de uno a dos años, los más habituales, que sumaron 146.600 en el tercer trimestre de 2023–. Pero, por el contrario, crecen los de dos años, un 4,6%, y se han disparado los de más de tres años, un 46,6%.

El compromiso del Gobierno con la UE para todas las administraciones públicas es convertir en fijos a 300.000 empleados temporales. En Correos se puso en marcha el año pasado un “proceso de estabilización”, una convocatoria de empleo de 7.757 plazas. Los sindicatos piden otras 4.000 más para 2024. Paradores ha obtenido autorización para cubrir 1.127 puestos mediante contratos indefinidos, un plan que debe quedar ejecutado antes del 31 de diciembre de este año. La empresa cuenta con una plantilla de 3.892 trabajadores, de los cuales el 31,1% son temporales, según los datos que el Gobierno facilitó al senador de Compromís Carles Mulet en una respuesta escrita. RTVE pretende hacer fijos a 1.082 trabajadores, además de haber convocado 767 plazas fijas de acceso libre.

Arabia Saudí no es una desconocida. No es una seta que, de repente, haya aparecido en Telefónica con casi el 10%. No es un ignoto Estado con el que España no tuviera casi nada que ver, más allá de las andanzas de Juan Carlos I, lo que justificaría el aparente escándalo: ¡una dictadura se hace con el mayor paquete accionarial de nuestra histórica teleco! No. Aunque resulte incómodo admitirlo por sus vulneraciones de derechos humanos, Arabia Saudí es un socio. Sobre todo, un socio económico, con el que los sucesivos gobiernos se han esmerado en cuidar la relación, engrasada a través de la amistad entre familias reales y que rinde cuantiosas ganancias a la élite empresarial española.

¿Por qué? Sencillo. Porque es un país levantado sobre un mar de petróleo, lo que brinda allí más que suculentas oportunidades, algunas ya aprovechadas, otras por venir. Antes de que Arabia desembarcara en España, España ya había desembarcado en Arabia, donde sacan tajada grandes del IBEX, otras empresas en su estela, clubes y magnates del fútbol y hasta al propio Estado a través de sociedades públicas y mixtas. Algunos participantes en el festín saudí: de FCC a Acciona, de Iberdrola a ACS, de la Liga a la Real Federación Española de Fútbol, de Navantia a Airbus. La privilegiada posición de España en Arabia Saudí tiene una cara b: Riad cuenta con múltiples herramientas y resortes para castigar cualquier movimiento contra su irrupción en Telefónica.

Hay una paradoja: la primera reacción del Gobierno tras conocerse la entrada en Telefónica de STC Group, controlada por la familia real saudí, fue emitir un mensaje de aire distante, que se resumiría así: "Estudiaremos la operación". La advertencia aludía al recurso de veto que tiene el Gobierno sobre las entradas de capital extranjero en firmas estratégicas, en este caso al superar un 5% de una compañía, Telefónica, con contratos con Defensa. Pues bien, la paradoja se resume en esta pregunta: ¿cómo se justificaría este veto a un país con estrechísimos lazos con España... a través de las armas?

España ha exportado a la dictadura saudí material de defensa por valor de 2.671,2 millones entre 2005 y 2021, en una relación que se ha intensificado a pesar de las las denuncias de crímenes de guerra lanzadas contra Riad por el conflicto que asola Yemen desde 2014. Un bocado corresponde a aviones Eurofighters, que fabrica Airbus, empresa con participación del Estado español.

Sobresale el contrato firmado en 2018 entre la pública Navantia y la Marina saudí para el suministro de cinco corbetas. Fueron más de 1.800 millones de euros: el contrato internacional de mayor volumen suscrito Navantia hasta entonces. En noviembre del año pasado, Arabia Saudí encargó a Navantia otros cinco buques de guerra. A la firma en Riad del "memorando" con el Ministerio de Defensa saudí asistió la entonces titular de Industria, Reyes Maroto (PSOE). Aunque no se informó del importe, el encargo fue presentado como garantía de carga de trabajo para Navantia, en especial en San Fernando (Cádiz). Cualquiera puede calcular el coste político de una decisión del Gobierno sobre Telefónica que afectase a este contrato. Navantia no es sólo Navantia: es la tractora de múltiples auxiliares.

Una alianza da idea del nivel de entrañamiento entre España y Arabia Saudí. Navantia y SAMI, la compañía saudí de defensa, formaron en 2019 un sociedad conjunta, Sanni, que ha desarrollado el sistema de combate con el que van equipadas las corbetas. Sanni obtuvo en 2022 un resultado favorable de 26,4 millones. En 2021, de 22,2 millones. Cerca de 50 millones en dos años, todo ello según las últimas cuentas de Navantia.

La Oficina de Información Diplomática de Exteriores, en su ficha sobre Arabia Saudí, destaca la "simpatía" tanto "entre ambos pueblos" como entre "las dos Casas Reales". "SM el Rey ha sido tradicionalmente un gran activo de las relaciones de España con este país", señala. Y aquí llegamos a un punto clave... y espinoso. En efecto, la Casa Real española y los Saúd han exhibido durante lustros una llamativa sintonía, que se extremó con la amistad entre Juan Carlos I y el rey Abdallah, fallecido en 2015. No parece casual que, tras la acusación de Estados Unidos contra el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, por la supuesta orden de asesinar al periodista periodista Jamal Khashoggi –acusación negada por Riad–, Juan Carlos I contribuyera a romper el aislamiento del hombre fuerte del régimen con un apretón de manos que cosechó críticas.

La relación se volvió problemática cuando las investigaciones sobre el rey emérito desvelaron que recibió casi 65 millones de euros como "regalo" de Abdallah, que Juan Carlos I puso a salvo del fisco español. Aquella revelación ha movido a la Casa Real a cierta cautela ante todo lo que huela a la familia real saudí. En 2020 la Zarzuela emitió un comunicado anunciando que Felipe VI renunciaba a cualquier herencia de su padre, después hacerse público que el actual rey era beneficiario de las fundaciones Zagatka y Lucum, esta última destinataria del hoy famoso "regalo" saudí. Esta misma semana Zarzuela se ha dado prisa en aclarar que no estaba informada de la operación en Telefónica.

Pero esto no significa, en absoluto, que la relación de cooperación política con Arabia se haya suspendido. La cooperación sigue, y además sigue anclada en la relación entre las casas reales: en abril de 2018, antes del caso Khashoggi, el príncipe hedero visitaba Madrid y firmaba seis acuerdos de colaboración que hoy siguen dando frutos. Y no sólo para empresas públicas, como Navantia. También mixtas y privadas.

La ministra Maroto encabezó en junio del año pasado, antes de la firma de Navantia, una delegación desplazada a Riad para potenciar la presencia de las empresas españolas en los "giga-proyectos" –terminología del ministerio– de Arabia Saudí dentro de su estrategia Vision 2030, empeño dirigido por el príncipe heredero, que quiere que su capital sea sede de una exposición global en 2030 y acaricia la idea de acoger el Mundial de fútbol, como Qatar.

Acompañaron a Maroto 44 empresas, entre ellas Acciona, Amadeus –las dos del IBEX–, FCC, Grupo Piñero, Grupo Starlite, Hesperia, Idom Consulting o Urbaser. Las compañías pretenden cosechar réditos de la lluvia de petrodólares de proyectos como Neom –una especie de "meca futurista"–, Red Sea –un destino de turismo de ultralujo– o Qiddiya –hub de ocio y entretenimiento–.

¿Cuál es el resultado de que Arabia quiera ser también el más exclusivo destino turístico del mundo? Más dinero para empresas españolas. Además de las empresas turísticas en la delegación de Maroto –Amadeus, la mayor–, está el fútbol. Visit Saudi, el brazo de promoción turística del país, se convirtió en agosto en patrocinador de La Liga, una asociación privada que aúna a los 20 clubes de la Liga Santander y los 22 de la Liga SmartBank, con un contrato de 20 millones anuales, según el medio especializado 2Playbook.

No sólo la Liga hace negocios con Riad. También la Real Federación Española de Fútbol, una institución privada bajo tutela pública, bebe del maná saudí, en su caso gracias a un acuerdo –aquel acordado por Luis Rubiales y Gerard Piqué– para llevar allí la Supercopa por 40 millones de euros por edición. Así que Rubiales y su enemigo íntimo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, tienen algo en común: su interés por el dinero saudí.

Los clubes también asisten a la fiesta. STC Group, la compañía que se ha convertido en accionista líder de Telefónica, es patrocinadora del Real Madrid, presidido por Florentino Pérez, que también hace negocios en Arabia Saudí con ACS. La aerolínea Riyadh Air patrocina al Atlético.

Aunque Vision 2030 está ampliando el radio de beneficiados por la riqueza saudí, el meollo histórico de las relaciones está en construcción e ingeniería. Hay dos megaproyectos con sello español. El principal se ancla en el contrato para la construcción, operación y mantenimiento del AVE La Meca-Medina, adjuicado en 2011 por más de 6.700 millones al consorcio hispano-saudí Al Sholua, del que, por la parte española, forman parte las públicas Renfe, ADIF e Ineco, la mixta Indra, y las privadas OHL, Inabensa, Consultrans, Imanthia, Copasa, Talgo, Cobra (ACS) y Dimetronic. El segundo proyecto es el metro de Riad, donde FCC, presidida por Esther Alcocer, fue hace diez años ganadora de un contrato de 6.000 millones de euros, del que también se beneficia la ingeniera Typsa. FCC Aqualia gestiona además la red hidráulica de millones de saudíes.

Y hay mucho más. Acciona, la compañía presidida por José Manuel Entrecanales, ganó en 2021 un contrato de depuradoras por 855 millones de euros. Abengoa se había hecho un años antes con otro para un desaladora por 183 millones. ACS, con Florentino Pérez al frente, ha logrado cientos de millones en adjudicaciones desde hace más de una década. Indra –con participación pública– ha desarrollado en Arabia Saudí el mayor contrato de ticketing –implantación de sistemas de billetaje sin contacto– del mundo: 266 millones de euros. El gigante saudí Sabic, filial de la mayor petrolera del mundo, Aramco, se ha aliado con Iberdrola, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, para construir la mayor planta de autoconsumo energético de Europa en el complejo industrial que la primera tiene en Cartagena. Coste: 60 millones.

Técnicas Reunidas, CAF, Talgo... la lista de beneficiarios es larga. Y se extiende por sectores donde, a priori, podría parecer más difícil picar. ¿Ejemplos? Inditex tiene 177 tiendas en Arabia Saudi, más que en Alemania, Brasil o India. Hay Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home, según la última memoria de la compañía. Otras empresas consolidadas en el país son Mango, Adolfo Domínguez, Rosa Clará, Pronovias, a las que se están sumando Porcelanosa, Tous, Loewe, Roca, Cacao y Sampaca, según la ficha saudí de Exteriores, que sitúa a España como el 14º país que realiza más exportaciones al reino.

El presupuesto del Ministerio de Defensa para este año es el mayor de la historia, 12.827,2 millones de euros. Un aumento del 26,3% respecto al ejercicio anterior que triplica la mejora de 2022. De hecho, el de Margarita Robles es el ministerio que recibe el máximo impulso, por encima del 17,2% de Igualdad o del 14,9% de Exteriores. Sólo Inclusión y Seguridad Social cuenta este año con un presupuesto más abultado que Defensa. Tiene la culpa la guerra de Ucrania, que se ha convertido en un auténtico revulsivo para la industria de defensa española. Hasta el punto de que el alza de este año se interpreta ya como el comienzo de un ciclo expansivo, gracias al compromiso de Pedro Sánchez de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para 2029, el objetivo anhelado por la OTAN pero que sólo cumplen siete de sus miembros.

De alcanzarse, España gastará dentro de seis años más de 26.000 millones de euros, porque ahora, aun con una cifra récord, se queda en el 1% del PIB. Sólo Luxemburgo gasta menos en relación con su PIB, un 0,62%, según las cifras de la propia Alianza Atlántica. Estados Unidos, el miembro de la OTAN que más dinero dedica a defensa, emplea el 3,46% de su PIB en armarse.

Esa lluvia de millones es “a priori una oportunidad, pero eso no quiere decir que se aproveche como debería”, precisan no obstante fuentes del sector consultadas por infoLibre, que echan de menos una “estrategia militar y de inversión actualizada”. “La que tenemos”, añaden, “es de 2015”. No hay, aseguran, una estrategia clara del papel que España debe tener en defensa. Además, el ministerio no tiene capacidad ni personal suficiente para gestionar el volumen adicional de dinero comprometido y “traducirlo en programas de inversión”.

El departamento que dirige Margarita Robles aún no ha publicado el informe del sector correspondiente a 2022, pero las grandes empresas ya han destapado unas cuentas espléndidas para el ejercicio de la invasión rusa.

El gigante europeo Airbus, participado por los gobiernos francés, alemán y español –a través de la SEPI posee un 4,1% de las acciones–, tiene tres filiales en territorio nacional: Airbus Defence and Space, Airbus Military y Airbus Helicopters España, que juntas suman el 53,2% de la facturación del sector de defensa español. En 2022 el grupo se apuntó un beneficio récord de 4.247 millones de euros, tras aumentar sus ingresos un 13%, hasta los 58.900 millones. Su negocio en defensa creció un 11%. Y acaba de anunciar que contratará a 1.000 trabajadores en España este año para hacer frente al aumento de producción previsto.

Los astilleros públicos Navantia, que suponen el 13% de la facturación del sector, confían en volver a beneficios, después de 14 ejercicios con números rojos. De hecho, en 2021 y tras aumentar sus ingresos un 20% anual, redujeron sus pérdidas a 82,4 millones, tras dejar atrás el récord de 296 millones con que terminó 2017.

El tercero en el ranking nacional de defensa, la semipública Indra, cerró 2022 con una cartera “en máximos históricos” y se expresa en los mismos términos sobre el primer trimestre de este año. El ejercicio pasado su contratación creció un 29% gracias al empujón del negocio de defensa y seguridad, que se disparó un 52%. En el comienzo de 2023, el aumento ha sido del 16%, gracias precisamente a los proyectos conseguidos en España, según destaca la propia empresa. Los últimos, y polémicos, movimientos en el consejo de administración de Indra van encaminados a hacer realidad los deseos del Gobierno de reorientar la actividad de la compañía hacia el negocio de la defensa.

Sin embargo, por debajo de estas cinco grandes, la industria española de defensa se compone sobre todo de medianas y pequeñas empresas que viven de suministrar productos y servicios a las compañías “tractoras”, tal y como las describe Defensa. No es sólo que Airbus suponga más de la mitad de la facturación de todo el sector: 36 empresas aglutinan el 90% del mercado. Las pymes –las que superan los 250 empleados no representan más que el 19,6%– “carecen de productos propios en grandes sistemas o plataformas como aeronaves de combate, sistemas de misiles o satélites”, describe el último informe del sector publicado por el Ministerio de Defensa con cifras de 2021. “No pueden diseñar un cazabombardero o un blindado, sólo suministrar subsistemas o componentes”, explican gráficamente las fuentes consultadas.

Esta red de medianas y pequeñas empresas aún no ha notado en sus cuentas de resultados el viento de cola de la invasión rusa. “España sólo ha enviado armas y munición a Ucrania de las que tenía en stock”, continúan las fuentes del sector. Hasta el momento, el nivel de implicación español en la guerra ha sido “escaso” y la ayuda proporcionada, “muy de segundo nivel”, recuerda por su parte Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. En realidad, las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, no sentirán los efectos de la guerra en el este de Europa hasta dentro de tres, cinco o más años. “Hacen falta meses para dimensionar las cadenas de producción”, advierten las fuentes consultadas. Y eso confiando en que se cumpla el compromiso de seguir aumentando el presupuesto de defensa hasta es el 2% del PIB requerido por la OTAN. “Nada garantiza que se mantenga esa promesa y no se echen atrás futuros gobiernos, como ya se incumplió antes”, advierten, en referencia a un objetivo que fijó en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy pensando en 2024.

La óptica de Núñez Villaverde es muy distinta. Según recalca, el gasto público español en defensa ya está en ese 2% del PIB si a las partidas del ministerio de Margarita Robles se suman las que se reparten en otros departamentos del Gobierno. Se refiere a las cuentas que ha echado el Centro Delàs de Estudios por la Paz, una entidad independiente dedicada a la investigación del armamentismo desde una perspectiva pacifista: este año el gasto militar público ascenderá a 27.617,45 millones de euros, el 2,17% del PIB. Delàs añade al presupuesto de Defensa los créditos I+D que el Ministerio de Industria concede a empresas para producir nuevas armas, las aportaciones a organismos internacionales –como la OTAN– desde Asuntos Exteriores y el gasto en misiones militares en el extranjero, pero también las partidas asignadas a la Guardia Civil como cuerpo militarizado, el gasto en las clases pasivas militares, la mutua militar Isfas, las pensiones de guerra e incluso los intereses de la deuda pública dedicada a defensa.

Siguiendo esos cálculos, Delàs proyecta que el gasto militar en 2029 se situará en 40.000 millones de euros.

Además, el centro pone el foco en otras cifras de récord del presupuesto de este año, como el 30% en que crece la inversión en defensa: 7.743 millones, tres de cada 10 euros. Mucho mayor es el alza de los créditos de I+D del Ministerio de Industria, un 126,09%: 1.601 millones de euros.

Con los últimos datos disponibles, de 2021, la industria de defensa española facturó 6.582 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior. El sector lo componen 394 empresas, que se amplían hasta 544 contando con las que suministran equipos también para fines civiles. De la facturación total, 1.428 millones son ventas directas al Ministerio de Defensa, que aumentaron considerablemente, un 19%, respecto a 2020. Es decir, el ministerio es el principal cliente de muchas de estas empresas. De hecho, la próxima semana la industria mostrará su buen estado de ánimo en la feria anual que organiza la Fundación Feindef, presidida por el exministro de Defensa Julián García Vargas y cuyo patronato integran el propio ministerio y las dos patronales del sector, Teade y Aesmide. “También se ha convertido [el ministerio] en su agente comercial en el extranjero”, critica Jesús Núñez Villaverde. Porque el resto de la facturación –casi cuatro veces más de lo que venden a Defensa– procede de las exportaciones, buena parte de las cuales se canaliza a través de programas internacionales como los PADR –60,2 millones–, EDIP –500 millones– y Pesco.

Además, el Fondo Europeo de Defensa (FED) liberará casi 9.000 millones de euros hasta 2027 para financiar proyectos de colaboración. Cincuenta y dos empresas españolas recibirán 96,2 millones de la primera convocatoria. Aparte contabiliza el ministerio las subcontrataciones o ventas indirectas, que crecieron un 28,4% en 2021, hasta alcanzar los 1.627 millones de euros.

De ese volumen de negocio, el 59% corresponde a la actividad aeronáutica y el 15,4% a la naval, otra muestra más del dominio de Airbus y, en menor medida, de Navantia, en el sector.

“La industria española de defensa es bastante particular”, conceden las fuentes del sector consultadas. Y no sólo por su dependencia de las grandes empresas “tractoras”. La principal, Airbus, resulta ser un grupo internacional; Navantia, un astillero público que, gracias a su consideración de activo estratégico, se mantiene pese a sus pérdidas continuadas; e Indra, que pertenece en un 25% a la SEPI, es “un campeón nacional, una empresa puntera” pero, con una facturación de 3.851 millones, se sitúa lejos de, por ejemplo, su competidor italiano, Leonardo, que supera los 14.000 millones en ingresos.

A su lado, la red de pymes del sector ha conseguido dirigir su negocio a la exportación, de forma que el 78,3% de las ventas de defensa de la industria nacional se dirigen al exterior: 128 de las 394 empresas que la componen salieron al extranjero en 2021. Así, España figura como el séptimo país exportador de armas del mundo. Núñez Valverde matiza que ese puesto en la clasificación mundial es engañoso, el resultado de que en España se lleve a cabo la última fase de ensamblaje del armamento. Las fuentes del sector apuntan, además, a la dependencia tecnológica de las empresas. Por ejemplo, Navantia construye submarinos y fragatas, pero con sistemas de combate diseñados en Estados Unidos. De nuevo, Airbus marca el paso, concentrando el 61,5% del negocio internacional. Si se añaden las exportaciones de Navantia, Indra, Santa Bárbara –antes pública y hoy integrada en General Dynamics–, Explosivos Alaveses e ITP Aero, la cuota de mercado de estas cinco compañías alcanza el 87,6% de las ventas al exterior del sector.

Como queda dicho, la mayor parte de las exportaciones se realizan a través de programas internacionales –3.308 millones, el 61,3%–; el resto son ventas directas a otros países. Una parte considerable de esos programas se traduce en ventas a consorcios como el del avión de transporte A400M de Airbus o el del caza Eurofighter –integrado por la británica BAE Systems, Airbus y Leonardo–. Pero después, el principal cliente de las empresas españolas de armamento es Arabia Saudí, que se lleva casi el 25% de las exportaciones directas, 491 millones de euros en 2021. También son clientes distinguidos –además de Francia, Alemania o Estados Unidos–, Emiratos Árabes Unidos u Omán –66 millones cada uno–. “España exporta armas a países a los que no debería según su propia legislación”, objeta Jesús Núñez Valverde, “pero también les venden todos los demás, así que lo hacemos nosotros y mantenemos el empleo...”.

“Nunca ha sido una prioridad ni de los gobiernos ni de la sociedad española”

El del empleo –26.987 puestos de trabajo directos, 27.797 indirectos y 10.795 inducidos– es uno de los argumentos recurrentes para vender a una opinión pública poco receptiva los beneficios de la industria de defensa. Otros son, dice Núñez Valverde, el desarrollo tecnológico y del tejido productivo que propician las empresas de armamento. Para las fuentes del sector a las que ha preguntado este periódico, ésa es una manera “errónea de abordar la cuestión”. A su juicio, existe un problema de comunicación política: los gobiernos no creen que la sociedad sea lo bastante “madura” para plantearle la necesidad de contar con una industria militar potente. “Las armas no matan, son las personas las que lo hacen; las armas sirven para evitar guerras”, aseguran. Aunque también admiten que el gasto en defensa “nunca ha sido una prioridad ni de los gobiernos ni de la sociedad española”.

Una percepción que parece haber cambiado con la invasión de Ucrania. “Ya no se puede hacer la vista gorda con la amenaza, que se ha convertido en evidente”, sostienen, “mientras que los problemas de seguridad tradicionales de España siguen ahí –el Sahel, el Magreb–, entran en la agenda política y se usan para justificar el aumento del gasto”.

Sin embargo, Jesús Núñez Villaverde replica que la guerra en Ucrania no ha abierto un nuevo ciclo inversor, toda vez que el auge del gasto militar ya venía produciéndose sin cesar “en todo el planeta” desde el comienzo del siglo. La invasión rusa lo que ha hecho es acelerarlo, “militarizando la agenda internacional, dejando de lado cuestiones como la paz social y ampliando las brechas de desigualdad, lo que a su vez alimenta dinámicas más violentas, que se enfocan desde una perspectiva reactiva y no preventiva, basada en la seguridad humana”, explica. A su juicio, la creciente inversión en defensa que se avecina no se está produciendo en el mejor momento, tras la pandemia y en plena crisis inflacionista. “La sociedad debe decidir en qué cesta quiere poner más huevos, si en sanidad, educación y políticas sociales, o en defensa”, resume.

La industria militar española también pide definición a los poderes públicos, pero desde otro ángulo. Lo explicó Ricardo Martí Fluxá, presidente de una de las dos patronales del sector, Tedae, y ex secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno de José María Aznar, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa. “Que sepamos qué queremos ser y dónde queremos estar dentro de 10, 15 o 20 años es básico para la inversión de la industria y el desarrollo tecnológico”, destacó en una entrevista en la web especializada Escudodigital, “porque la libertad y seguridad de los españoles no pueden quedar sujetas a diferencias ideológicas, tanto la sociedad como la industria necesitan unas pautas claras”. 

Navantia entregó hace ahora un mes a la Real Marina Saudí en los astilleros de San Fernando (Cádiz) la tercera de las cinco corbetas que la empresa pública ha construido para uno de sus mejores clientes. Unos días antes, Navantia había anunciado la firma de un memorando con el Ministerio de Defensa saudí y GAMI (Autoridad General de Industrias Militares, por sus siglas en inglés) para construir otros cinco buques cuyo destino será la Armada de la principal monarquía del Golfo. El contrato aún tendrá que firmarse este año, por lo que la compañía pública no hace público su importe, ni siquiera el tipo concreto de barco que han comprado los saudíes, sólo que se trata de “buques de combate multimisión”, de una complejidad similar a la de las corbetas ya construidas. El anterior contrato, firmado en 2018, ascendió a 1.813 millones de euros, por lo que se convirtió en el de mayor volumen de los suscritos por Navantia con un cliente extranjero hasta ese momento. De modo que el segundo recién anunciado puede igualar o superar esa marca.

De la magnitud de la operación da idea también el hecho de que representa buena parte del total de exportaciones de material bélico que España ha hecho a Arabia Saudí desde 2005, que es el año más antiguo del que el Ministerio de Industria y Comercio publica datos. Según sus informes anuales, España ha exportado a la dictadura saudí material de defensa por valor de 2.671,2 millones de euros a lo largo de los últimos 16 años. De esa cantidad, 253,18 millones corresponden a tecnologías de doble uso, aquellas que pueden destinarse a fines tanto civiles como militares. En esa suma no se incluyen las armas de caza, deportivas o para empleo de la policía, que también se venden a los saudíes, pero con importes obviamente más pequeños. De 2005 a 2021, España ha concedido 530 licencias de exportación de armas a la monarquía del Golfo. La mayoría, 315, son para tecnologías de doble uso.

Arabia Saudí siempre ha sido un buen cliente de la industria bélica española, pero sus compras empezaron a multiplicarse, y mucho, a partir de 2011. Antes de ese año nunca habían alcanzado los 10 millones de euros anuales. En 2015 superaron los 545 millones. El año pasado llegaron a 109,1 millones de euros. Todas esas cifras excluyen las ventas de tecnologías de doble uso, que también han aumentado en la última década y representaron 29,9 millones de euros en 2021.

Buena parte del volumen de exportaciones corresponde a aviones, los Eurofighters que fabrica Airbus y de los que Arabia Saudí ha comprado 71 a partir de 2005. Las fuerzas aéreas del país también han adquirido aviones cisterna y de transporte al consorcio europeo del que forma parte España junto con Reino Unido, Alemania e Italia. En su factoría de Getafe se ensamblan los Eurofighter, mientras que los aviones de transporte se montaron en las instalaciones de Toulouse-Blagnac y se reconfiguraron como artefactos militares en La Muñoza (Madrid).

Por lo que se refiere a las cinco corbetas, se basan en un modelo que Navantia ha bautizado como Avante 2200. Tienen 104 metros de eslora y capacidad para transportar a un centenar de tripulantes. La primera se botó en julio de 2020 y la última en diciembre de 2021, a razón de una cada cuatro meses. La entrega de las dos últimas que faltan por rematar se llevará en cabo en Arabia Saudí en 2023. Todas ellas, y los buques que se construyan a partir del año próximo en virtud del nuevo contrato, estarán equipadas, además, con el sistema de combate que ha desarrollado Saminavantia, la joint-venture que creó en abril de 2019 la empresa pública española con SAMI (Saudi Arabian Military Industries), la compañía estatal de defensa saudí. Navantia es propietaria del 49% del capital. Según la última memoria publicada por Navantia, Saminavantia tuvo unos beneficios de 22,2 millones de euros en 2021, triplicando así los resultados del año anterior.

Prueba del filón que Navantia ha encontrado en Arabia Saudí es que incluso ha creado una filial en Riad, Navantia Saudí Arabia LLC, con un capital de 3,4 millones, suscrito al 100% por los astilleros públicos españoles. Lo hizo en abril de 2021. También tiene subsidiarias en Reino Unido, Brasil y Australia. El primer contrato con los saudíes abarca no sólo la construcción de las corbetas, sino también su mantenimiento durante al menos cinco años y la formación de sus tripulaciones. Unos 500 saudíes están recibiendo capacitación en un centro de Navantia en San Fernando.

Además, la empresa pública nunca ha cejado en su interés por el mercado saudí, pese a las denuncias sobre crímenes de guerra que el régimen de Riad está cometiendo desde que se implicó en el conflicto civil que asola Yemen desde 2014. No sólo es socio comercial de las compañías estatales de defensa saudíes, sino que también se promociona en las ferias del sector que se celebran en el país, como la World Defence Show en marzo de este año y el Saudi International Maritime Forum el pasado noviembre. Arabia Saudí tiene en marcha el llamado plan Visión 2030, una lluvia de petrodólares para reducir su dependencia del crudo y desarrollar y diversificar la economía. Uno de sus objetivos en materia de defensa es que finalmente la industria bélica esté localizada en territorio saudí. Así, los cinco buques del segundo contrato firmado con Navantia se construirán a medias entre los astilleros españoles y saudíes.

Navantia, la sucesora de la Empresa Nacional Bazán y de Izar Construcciones Navales tras fusionarse con Astilleros Españoles –hasta entonces la gran empresa estatal de construcción naval española–, cuenta con instalaciones en la Ría de Ferrol, la Bahía de Cádiz y Cartagena. En total, da empleo a 3.912 trabajadores, pero de ella dependen también miles de puestos de trabajo en la industria auxiliar y otros indirectos. El primer contrato con Arabia Saudí fue fruto de una lenta y ardua negociación. Se empezó a fraguar en 2015, aunque Navantia ya estaba tras los pasos de los jeques de Riad desde 2010.

Pese a su elevado importe, Navantia no ha conseguido abandonar los números rojos, en los que lleva cerrando desde 2008. En 2021 perdió 82,73 millones de euros, aunque su cifra de negocio no ha hecho más que crecer: casi se ha duplicado desde 2015, cuando facturó 688,97 millones, hasta los 1.306,42 en que terminó 2021. Esa cifra equivale al 25% de los ingresos de la SEPI, a la que pertenece; es la segunda empresa del grupo público sólo superada por Correos. No obstante, el ejercicio pasado consiguió reducir sus pérdidas en un 40% respecto a 2020, el año del covid, y un 54,2% respecto a 2019.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha seleccionado al consorcio Team Resolute, en el que participa Navantia como licitador preferente del programa Fleet Solid Support (FSS), para construir tres buques logísticos para la Flota Auxiliar de la Royal Navy, en un programa valorado en 1.600 millones de libras esterlinas (unos 1.827 millones de euros), informó la empresa pública, según informa Europa Press.

Junto a Navantia, que participa a través de su filial británica Navantia UK, forman el consorcio las empresas de Reino Unido Harland & Wolff y BMT.

En concreto, el programa facilitará a la Royal Navy una capacidad clave para el aprovisionamiento de su flota, a partir del diseño británico de BMT y con transferencia de tecnología Astillero 4.0 por parte de Navantia.

La construcción de los bloques que conformarán los buques se realizará en los astilleros de Harland & Wolff en Belfast (Irlanda del Norte) y Appledore (oeste de Reino Unido), así como en el astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz). La integración de los buques y sus sistemas tendrá lugar íntegramente en Belfast.

Team Resolute aúna el diseño de última generación de BMT, las capacidades constructivas de varios de los diques más grandes de Europa y la experiencia de gestión de programas y transferencia de tecnología de Navantia.

Los tres buques FSS serán encargados de suministrar provisiones sólidas y municiones a los buques de la Royal Navy desplegados en misiones. Con un total de 216 metros cada uno, serán los buques de mayor eslora de la flota británica, solo por detrás de los portaaviones de la clase Queen Elizabeth.

La firma del contrato de construcción está prevista a principios de 2023. La producción de los bloques deberá comenzar en 2025 y los tres buques estarán operativos en 2032.

El consorcio contribuirá a la Estrategia Nacional de Construcción Naval de Reino Unido impulsando la modernización de instalaciones y la capacitación de trabajadores. El consorcio invertirá 77 millones de libras (unos 88 millones de euros) en revitalizar infraestructuras de construcción naval en el Reino Unido.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, señaló que "es un honor" participar en el programa, "que se beneficiará de la excelencia en la construcción naval y la capacidad de gestión de programas y transferencia de tecnología" del grupo.

Alemania se jacta de los estrictos controles que aplica a las exportaciones de tecnología militar. Su política exterior prohíbe que armas de producción nacional se utilicen en zonas de guerra. Berlín subraya así su papel de potencia de paz en el mundo, en un intento por alejarse lo más posible de excesos bélicos pasados. En marzo de 2018, el acuerdo de coalición entre CDU y SPD incluyó el compromiso de que Alemania no suministraría armas a los países involucrados en la guerra de Yemen. Sólo unos meses después, en octubre, el periodista Jamal Khasoggi fue asesinado, y descuartizado, en el consulado saudí en Estambul. De su muerte la investigación turca culpó a miembros de los servicios de inteligencia saudíes, controlados por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. Angela Merkel no tardó ni 20 días en prohibir la exportación de armas a Arabia Saudí. Un veto que Alemania ha ido renovando año tras año y sigue vigente aún hoy.

Sin embargo, Hensoldt, una empresa de la que el Estado alemán posee un 25,1% del capital –una participación de 450 millones de euros– y donde además cuenta con una acción de oro –derecho de veto sobre ciertas decisiones–, ha sorteado esa prohibición y vendido equipos de defensa al régimen saudí durante estos años. Así lo revelan los documentos confidenciales a los que ha tenido acceso Der Spiegel y que la revista alemana ha compartido con el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre como único medio español. Se trata de correos electrónicos, contratos y presentaciones proporcionados por el grupo de hackers Lorenz. EIC los ha revisado y publicado el contenido que tiene interés público, pero ni ha pagado por los documentos ni ha hecho precisiones sobre ellos.

Para eludir el embargo gubernamental, Hensoldt ha empleado diferentes vías de escape. Una de ellas incluía a la empresa pública española Navantia, que en 2019 creó una joint-venture, una sociedad conjunta, con SAMI (Saudi Arabian Military Industries), la compañía estatal de defensa saudí, con el nombre de Saminavantia. Y, en abril de 2021, también una filial, Navantia Saudí Arabia LLC, con un capital de 3,4 millones, suscrito al 100% por los astilleros públicos españoles.

Berlín lleva mucho tiempo practicando un doble juego con las exportaciones de armas a Arabia Saudí. Mientras en sus declaraciones públicas los ministros del Gobierno elogiaban los restrictivos controles que ejercen, entre bastidores incluso ayudaban a Hensoldt a conseguir acuerdos. Una contribución clave es el conocido como Tratado de Aquisgrán, un pacto sellado por los gobiernos alemán y francés en enero de 2019 que incluye una norma de minimis: las empresas germanas pueden participar como subcontratistas de las francesas que exporten armas a Arabia Saudí, siempre que el volumen de esa venta no suponga más que una pequeña parte de la operación principal.

España se sumó a este esquema de cooperación firmando un acuerdo similar en septiembre de 2021 con ambos países, de forma que Berlín otorga su permiso a las ventas de armamento y material de doble uso fuera de la UE siempre y cuando el contrato alemán no rebase el 20% del valor total de la operación de una empresa española. Porque este tipo de contratos debe ser comunicado a, y autorizado por, la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA por sus siglas en alemán), ubicada en Eschborn.

Pocos meses antes de la adhesión española al acuerdo, Stephan Hess, jefe del lobby que Hensoldt creó en Berlín para defender sus intereses ante el Parlamento y el Gobierno federales, remitió un correo a otros ejecutivos de la empresa donde les informaba de que había tenido éxito con “la carta”. La que él dice que han escrito los entonces ministros de Exteriores, Heiko Maas; de Economía, Peter Altmaier, y de Defensa, Annegret Kamp-Karrenbauer, al Gobierno español. Los tres, dice Hess, confirman que Madrid suscribirá un pacto “similar” al francés. “El paraguas para nuestro caso Navantia vuelve a abrirse de par en par”, se felicita el lobista el 21 de abril de 2021 en otro correo. Asegura que este “importante paso” puede ser un impulso para la venta de radares de Hensoldt en el futuro.

Stephen Hess se refería al macrocontrato que Navantia había firmado con Arabia Saudí en 2018 para construir cinco corbetas por un importe de 1.813 millones de euros. Una operación de calado, que reportó a los astilleros españoles siete millones de horas de trabajo, 6.000 empleos, entre directos e indirectos, y actividad para 100 empresas auxiliares. Navantia ya ha botado los cinco buques, de 104 metros de eslora; el último, el pasado 5 de diciembre.

Hensoldt quería que sus radares, en concreto el TRS-4D, se instalaran en las corbetas saudíes. En mayo de 2019, el director de la división de Radares, Erwin Paulus, se refería al suministro de esos equipos “a Arabia Saudí a través de Navantia” como “el elemento fundamental” para el negocio futuro de la empresa en ese país. “Si no se concede la licencia de exportación, tendrá un efecto muy negativo en nuestro negocio de radares navales”, advertía.

En una presentación interna a principios de 2020, los ejecutivos de Hensoldt detallaron el estado de las conversaciones de alto nivel que sobre la licencia de exportación necesaria se estaban celebrando en Berlín. En el caso de que el Gobierno rechazara su aprobación, alertaban, “toda la relación” con Navantia estaría “en peligro”. Casi un año después, en enero de 2021, Hess informó a sus colegas, en una “breve actualización” sobre Arabia Saudí, de que las negociaciones sobre un “acuerdo” estaban en marcha. “Seguimos en contacto diario con el gobierno federal”, aseguraba.

Entre los documentos a los que ha tenido acceso EIC se encuentran dos acuerdos de confidencialidad firmados en diciembre de 2020 por representantes de la empresa conjunta Saminavantia y de Hensoldt para el suministro de radares TRS-4D y de un sistema antidrones, ambos contratos “en beneficio de las Reales Fuerzas Navales Saudíes en el Reino de Arabia Saudí”.

Finalmente, los radares de Hensoldt no fueron instalados en las corbetas saudíes. Fuentes gubernamentales alemanas indican que desde 2018 “no se han concedido permisos” para este tipo de radar.

Pero los ejecutivos de la empresa quedaron tan impresionados con Saminavantia que en 2019 planeaban imitar al astillero español creando también una joint-venture con SAMI. De hecho, ya en diciembre de 2018 había firmado un protocolo de acuerdo con la compañía estatal saudí para fundar una empresa conjunta, en la que Hensoldt tendría el 49% del capital. Su misión, “gestionar contratos” del Ministerio de Defensa saudí.

De hecho, pese a la prohibición de Berlín, Hensoldt no abandonó en ningún momento su interés por hacer negocios con el régimen saudí. En diciembre de 2020, por ejemplo, cuando el embargo llevaba ya dos años en vigor, un director de Proyectos de la empresa anunciaba a sus compañeros que se les ha encargado preparar una propuesta para una campaña de mayor volumen para Arabia Saudí, “independientemente de la prohibición de las exportaciones en este momento”.

Tampoco ha dejado de pensar en Navantia y Saminavantia como vehículos para sortear el embargo de su propio gobierno. En febrero de 2021, el responsable del departamento jurídico de Hensoldt informaba al comité de validación de la empresa sobre una operación con el astillero surcoreano Hyundai, que pujaba por un contrato para Arabia Saudí de 1.000 millones de euros, en el que Saminavantia aparece como socio. Hensoldt pretende venderles cinco radares TRS-4D, por un importe de 40 millones de euros. Por tanto, calcula el abogado, la participación de la firma alemana equivale al 4% de la operación. Y no sólo menciona que está en vigor el veto a las exportaciones al régimen saudí, sino que, además, advierte de que se desconoce a qué se van a destinar los buques del encargo surcoreano. “Pero la persona responsable ha mencionado que probablemente se utilizarán para la guerra de Yemen”, concluye. De ahí que pida al comité que evalúe “detenidamente” estas cuestiones: “Sigue existiendo obviamente un riesgo en el control de la exportación, incluyendo la imposibilidad de cumplir el contrato con Hyundai debido a la moratoria alemana [del veto]”.

infoLibre ha preguntado sobre estas operaciones al Ministerio de Industria y Comercio, al que competen las exportaciones de defensa. El departamento asegura que España cuenta con uno de los sistemas de control del comercio de armas “más robustos tanto a nivel legislativo como procedimental”. También destaca su compromiso con las normas internacionales y sostiene que cumple “estrictamente” con esas leyes y las recomendaciones de la ONU. Además, elogia el Acuerdo de Aquisgrán como un “mecanismo de mejora” que hace más efectivo el control del comercio de armas. Pero el ministerio no ha contestado a ninguna de las preguntas que este periódico le ha formulado sobre la carta de los tres ministros alemanes y sobre las empresas que han utilizado el acuerdo de Aquisgrán para vender indirectamente material de defensa a la dictadura saudí. Navantia, por su parte, ha rechazado dar información sobre sus proveedores.

Según un informe elaborado por Amnistía Internacional, el Centro Delàs de Estudios para la Paz y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, el montante de las exportaciones de armas españolas a Arabia Saudí entre 2015 y 2021 supera los 1.300 millones de euros. En ese periodo, España concedió 116 licencias de exportación de armas a Arabia Saudí.

En abril de este año, el consejero delegado de Hensoldt, Thomas Müller, explicó en el periódico alemán Handelsblatt que su implicación con Arabia Saudí se limitaba a participar, “exclusivamente como socio”, en el sistema francés de localización de artillería Cobra. Cuando se le preguntó por el asesinato de Khashoggi, lo tachó de “acto terrible”. “Los responsables deben ser castigados. Para nosotros, se aplica la primacía de la política. Mientras Alemania no vuelva a ver a Riad como un socio, las exportaciones están descartadas para nosotros”. Der Spiegel ha preguntado ahora a la empresa, que dice cumplir “todas las leyes, reglamentos y directrices pertinentes –internas y externas– en todo momento y en todos los países” en los que operan.

Sin embargo, los correos internos a los que ha tenido acceso EIC revelan cómo Hensoldt ha cortejado durante años al régimen saudí en busca de contratos. Esas comunicaciones apuntan a que sus relaciones comerciales con los organismos de seguridad saudíes eran estrechas. Hensoldt ni siquiera tuvo reparos en intentar suministrar a los servicios de inteligencia del régimen –GIP por sus siglas en inglés– un sistema de defensa con drones, a pesar de que sus miembros están involucrados en el asesinato de Jamal Khashoggi. [De los documentos a los que ha accedido EIC no se desprende si la venta se produjo finalmente. Hensoldt no ha respondido a las preguntas sobre contratos que EIC le ha formulado]. Además, utilizaba sus filiales en Reino Unido y Sudáfrica para vender los equipos allí fabricados a Arabia Saudí. A los productos de esos dos países no se les aplican las normas de exportación alemanas.

Y es poco probable que el Gobierno de Berlín no estuviera al tanto de la actividad de Hensoldt. Al contar con una acción de oro, tiene derecho de veto sobre ciertas decisiones. Se trata de una medida básica de precaución, teniendo en cuenta que la empresa es propietaria de “tecnologías industriales claves para la seguridad y la defensa” que no pueden caer en manos equivocadas. Así, el Ejecutivo alemán sienta a dos representantes en el consejo de administración y tiene voz en operaciones comerciales consideradas sensibles. Los detalles de su relación se definieron en un acuerdo de seguridad que tiene carácter confidencial. El Ministerio de Defensa explica a EIC que el Gobierno federal sólo puede intervenir en el caso de “actividades sensibles”, como una “amenaza para los intereses de la seguridad nacional”. Pero los documentos de que dispone EIC revelan que Hensoldt debe informar al Ejecutivo de Berlín de “todas las iniciativas de negocios con Arabia Saudí y, cuando sea necesario, obtener los consiguientes permisos”.

Pues bien, Hensoldt, que tiene su sede en Taufkirchen, cerca de Múnich, emplea 6.000 trabajadores y factura 1.500 millones de euros anuales, creó una filial en Riad, la capital saudí: Hensoldt Holding Germany GmbH, Branch KSA. La sociedad está autorizada a celebrar contratos por sí misma. Y a su frente colocó a Sebastian Chedeau, un comercial experto en defensa con amplia experiencia en Arabia Saudí y procedente de Airbus.

“Algunos funcionarios de los servicios de inteligencia conocen mi pasado en las fuerzas especiales de la Marina saudí”, se jactaba el francés en un correo electrónico, “lo que facilita romper el hielo”. Chedeau se encargó de hacer publicidad, obsequiar y organizar reuniones con las autoridades militares y de seguridad saudíes para promocionar los productos de Hensoldt. Uno de sus primeros proyectos consistió en ofrecer el sistema antidrones Xpeller a cuatro prisiones en Arabia Saudí. Lo fabrica su filial británica. Oficialmente, el contrato debía celebrarse con la empresa estatal de telecomunicaciones, pero en sus correos Chedeau menciona al servicio de seguridad estatal PSS como “cliente final”.

En otros mensajes, el comercial insta a los ejecutivos británicos de Hensoldt a presentarse con su antiguo nombre, Kelvin Hughes –que la firma alemana compró en 2017–. No debían mencionar a Hensoldt ni mostrar su logotipo en las ofertas. Y proponer soluciones “BAFA free”; es decir, que no necesiten la aprobación de la Oficina de Control de Exportaciones alemana.

Parte del control que el Gobierno alemán se garantizó en Hensoldt tras entrar en su capital se realiza a través de sus dos representantes en el consejo de administración: Burkhard Schwenker e Ingrid Jägering. Esta última, además, preside el comité de auditoría, por lo que debería estar informada de todos los negocios importantes de la empresa. Sin embargo, Jägering dice que no puede contestar a EIC sobre los contratos con Arabia Saudí “por falta de conocimiento personal, también porque no era un tema del consejo o por razones de confidencialidad”. Schwenker coincide en que los negocios con la dictadura del Golfo “no eran un tema del consejo de administración”, como tampoco la creación de una filial en Riad.

EIC ha tenido acceso a una docena de acuerdos de Hensoldt con socios saudíes, entre declaraciones de intenciones y acuerdos de confidencialidad, que retratan la política de la empresa. Los ministerios alemanes de Economía, Defensa y Exteriores no han querido comentar estas informaciones. Desde la invasión de Ucrania, el Gobierno de Olaf Scholz ha dado un giro a su política sobre exportación de armas. Ahora autoriza su venta al ejército de Volodímir Zelenski. Además, prepara una nueva ley de control de las exportaciones de sistemas de defensa que pretende poner fin a las operaciones con zonas en guerra como Arabia Saudí.

Pero, mientras eso ocurre, la cotización de las acciones de Hensoldt ha subido casi dos tercios desde el estallido de la guerra y sus ventas han aumentado un 40% en este primer semestre, aunque la empresa atribuye esa mejora al rearme de los ejércitos alemanes: Scholz ha anunciado que gastará 100.000 millones de euros en defensa. Según los documentos revisados por EIC, la firma de Taufkirchen tiene planes para crear en Arabia Saudí una empresa independiente que se rija por las leyes locales y que sustituirá a la actual filial. Surgida en 2017 cuando el gigante europeo Airbus vendió su división de electrónica de defensa al fondo de inversión estadounidense KKR, Hensoldt es, según la describe su consejero delegado, Thomas Müller, como “el Porsche de la industria defensa”.

El Gobierno de España se prepara para autorizar a la empresa pública Navantia a constituir en la dictadura teocrática de Arabia Saudí una sociedad filial de responsabilidad limitada con un capital social de casi 3,3 millones de euros. La propuesta llegará al Consejo de Ministros de la semana que viene de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo departamento es titular de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) —propietaria a su vez de Navantia—, pero la iniciativa parte de la titular de Defensa, Margarita Robles, según fuentes consultadas por infoLibre.

Fuentes de Hacienda aseguran que la creación de la filial estaba prevista en el contrato firmado en 2018 con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas y que su ubicación en ese país está “relacionada con labores de mantenimiento”.

El Gobierno no reveló en su día los detalles del contrato amparándose en que contiene cláusulas “de confidencialidad”. De hecho, Hacienda ni siquiera los ha compartido con el resto de miembros del Ejecutivo.

Navantia, que se dedica a la construcción naval civil y militar en instalaciones de Ferrol, Cádiz y Cartagena, firmó en 2018 un contrato para diseñar y construir en sus instalaciones de la Bahía de Cádiz cinco corbetas con destino a la marina real saudí de las que tres ya han sido botadas y que según Hacienda “ha generado y genera miles de empleos en España”. La tercera de las naves, bautizada Hail, en referencia a una ciudad del norte saudí, está a flote desde el domingo, tras una ceremonia a la que acudió el capitán Abdullah Alsheri, oficial de enlace del Programa Avante 2020, en representación del vicealmirante Fahad Bin Abdullah Al-Ghofaily, comandante de la Marina Real de Arabia Saudí.

La construcción y equipamiento del buque proseguirán en el agua y no concluirán hasta el año 2022. Hail, como sus cuatro hermanas gemelas, tiene una eslora de 104 metros, una manga de 14 y será capaz de transportar a un total de 102 personas entre tripulación y pasaje. Alcanzará una velocidad máxima de 27 nudos y tiene capacidad para llevar a bordo provisiones para 21 días.

El contrato resultó clave en su momento para las supervivencia de los astilleros gaditanos, que anunciaron su firma el 12 de julio de 2018. Una operación cifrada en “1.800 millones de euros" y que representa, todavía hoy, “la mayor de la historia de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero”. En el marco de esta operación, Navantia anunció “la creación de una Joint Venture (JV) [empresa conjunta] en Arabia Saudí”. Una iniciativa que “supone una oportunidad excepcional para posicionar los sistemas integrados y soluciones tecnológicamente avanzadas de Navantia y está alineada con su estrategia de internacionalización”, explicó en su momento la empresa sin dar más detalles acogiéndose a las “cláusulas de confidencialidad” del contrato.

Este contrato, subrayan las fuentes de Hacienda consultadas por infoLibre, “fortalece el futuro inmediato de Navantia y beneficia a todos los astilleros de la compañía y a su industria auxiliar, en especial, a toda la Bahía de Cádiz”. Supone “una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas, es decir, 6.000 empleos anualmente durante cinco años. De estos, más de 1.100 serán empleados directos en Navantia, más de 1.800 corresponden a la industria auxiliar y más de 3.000 son empleados indirectos generados por otros suministradores. Serán más de 100 las empresas auxiliares que colaboren en el programa”, destaca el ministerio que dirige María Jesús Montero.

La entrega del último buque está prevista para el año 2024 e incluye, además de la construcción, el llamado “apoyo al ciclo de vida durante cinco años, desde la entrega del primer buque, con opción a otros cinco años adicionales”. El contrato “también incluye el suministro de varios servicios” que Hacienda no ha especificado.

Margarita Robles ya se vio obligada, en agosto de 2019, a salir al paso de las relaciones de Navantia con la dictadura teocrática saudí después de que el hasta ese momento presidente de la empresa, Esteban García Vilasánchez, fichase por la pública Saudi Arabian Militar Industries (SAMI). Él fue precisamente quien, estando al frente de Navantia en la época de Mariano Rajoy, cerró el contrato de construcción de las corbetas en colaboración con la propia SAMI.

“No se trata de dar lecciones de ética a nadie”, se limitó a declarar entonces la ministra de Defensa, “pero quizá no es lo más oportuno. A nivel personal, no me gusta. Las apariencias también son muy importantes”.

Falta de respeto a los derechos humanos

La dictadura saudí es famosa por su falta de respeto a los derechos humanos, en especial la ausencia de libertades políticas y sindicales, la persecución de los homosexuales o la opresión de las mujeres. La situación se ha vuelto todavía peor desde que el heredero al trono, el príncipe Mohammed Bin Salman (conocido por sus siglas, MBS), se convirtió hace cuatro años en el líder del país. Todas las investigaciones independientes realizadas hasta la fecha le atribuyen a él personalmente ordenar el asesinato y descuartizamiento en un consulado de Turquía del periodista saudí Yamal Jasshoyi.

Arabia Saudí participa además activamente desde 2015 en la guerra contra Yemen, en la que se han utilizado armas españolas. A pesar de ello, España ha seguido exportando material militar a la dictadura saudí, por un importe que entre los años 2018 y 2019 superó los 270 millones de euros, según los informes entregados el verano pasado al Congreso por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida.

La venta de mayor importe fueron dos aviones de transporte militar y munición, por 190,5 millones, en 2018; pero la industria española también exportó a Arabia Saudí granadas de mortero, munición de artillería, bombas guiadas láser de aviación y sistemas porta morteros o elementos para aviones, entre otros.

Estas ventas se mantuvieron pese a la implicación de Arabia Saudí en la guerra de Yemen y las peticiones de organizaciones no gubernamentales de que se paralizasen las exportaciones de armas. España también vendió armas a Emiratos Árabes Unidos, otro de los países implicados en este conflicto armado, por valor de 193 millones de euros entre 2018 y 2019.

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha admitido este martes que no le gusta el fichaje del expresidente de Navantia Esteban García Vilasánchez por la empresa pública saudí Arabia Militar Industries (SAMI).

Durante el poco más de un año que García Vilasánchez estuvo al frente de la empresa pública, fue el encargado de cerrar el contrato de construcción de las cinco corbetas para Arabia Saudí que se fabrican en San Fernando (Cádiz) con la compañía a la que ahora se va a incorporar.

"No se trata de dar lecciones de ética a nadie, pero quizá no es lo más oportuno. A nivel personal, no me gusta. Las apariencias también son muy importantes", ha manifestado Robles en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

A pesar de que ha señalado que prefiere "no opinar" sobre este tipo de comportamientos, la ministra no ha eludido su malestar con esta decisión del expresidente de Navantia, del que ha dicho que no tiene constancia de que lo consultara en Defensa.

Eso sí, Robles ha querido elogiar el trabajo de Navantia y ha recordado que actualmente también está inmersa en otros proyectos además de las corbetas, como los submarinos de la serie 80 y las fragatas F-110, ambos para la Armada española.

Una investigación de la Armada Noruega ha concluido que el hundimiento de una fragata el pasado 8 de noviembre se debe a un fallo en la fabricación de la nave por parte del astillero español Navantia. El navío KNM Helge Ingstad (F-313) colisionó ese día con un petrolero con bandera de Malta, cuando volvía de realizar unas maniobras militares en las aguas del norte del país escandinavo.

Según informa el diario El País, la Comisión de Investigación de Accidentes de Transporte de Noruega, ha dictaminado que el hundimiento, en primera instancia, se produjo por un fallo "crítico" en el diseño de los compartimentos, que deberían ser estancos y al parecer no lo eran. No obstante, algunos expertos militares cuestionan la versión de la propia Armada y sostienen que el siniestro tuvo lugar por una negligencia de la tripulación.

Desde Navantia aseguran que ni han recibido una comunicación oficial del informe ni se los ha permitido participar en la investigación. Ahora se estudia si el supuesto fallo en los compartimentos se podría repetir en las otras cuatro embarcaciones que el astillero español vendió a Noruega por unos 1.500 millones de euros hasta 2010.

Según el diario, y tal y como indica el informe de la investigación, el agujero en el lateral de la fragata que se produjo en el choque inundó tres de esos compartimentos —cuya estanqueidad garantiza que la inundación no se propague por otros y hunda inmediatamente el barco—. Aunque al principio la tripulación pensó que el barco podría mantenerse a flote, al final optó por evacuarlo completamente.

El de los productos y servicios relacionados con la Defensa y las Fuerzas Armadas es un negocio muy lucrativo controlado por un puñado de grandes empresas. En 2016, el sector tuvo casi 7.800 millones de euros de facturación, según datos facilitados por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, y de esa cantidad, un total de 5.106 millones –más del 65% del total– fueron a parar a al menos ocho compañías en las que el Estado u otras sociedades participadas por lo público tienen participación.

Los datos que reúne el Centro Delàs –una organización dedicada a la investigación de la industria armamentística y "los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados"– revelan que en 2016 las empresas con sede en España facturaron un total de 7.788 millones de euros por la venta de todo tipo de productos o la prestación de todo tipo de servicios relacionados con el sector militar. En dicha contabilidad se cuentan desde la fabricación de armas y vehículos hasta la confección de uniformes o el servicio de mantenimiento de los útiles de las Fuerzas Armadas, si bien están excluidas todas aquellas empresas que suministran servicios de carácter doméstico (catering, limpieza, energía, etc.).

El Ministerio de Defensa español, según el Centro Delàs, cuenta con unas 500 empresas suministradoras de bienes y servicios, pero de esos 7.788 millones, un 75,1% lo facturaron únicamente siete grandes sociedades. Pero es que, además, el papel de lo público es preponderante en el sector militar. De esas siete grandes empresas, las tres principales son públicas o semipúblicas: en Airbus e Indra el Estado tiene una participación minoritaria, y Navantia está controlada al 100% por capital estatal.

Precisamente la empresa que destaca sobre el resto por la cuantía de su facturación por la venta de productos para el sector de la defensa es Airbus. La división militar del consorcio formado por Francia, Alemania y España facturó en 2016 un total de 3.637 millones de euros en ventas relacionadas con este ámbito –aviones de combate y transporte, helicópteros...– a través de compañías como Airbus Defence Space, Airbus Military o Airbus Operations. El Estado español controla el 4,17% de las acciones del consorcio, aunque su participación es minoritaria con respecto a Francia y Alemania.

Por el contrario, Navantia –presidida por Susana de Sarriá desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa– tiene como único accionista al Estado español, y su facturación en 2016 tampoco fue reducida, aunque no puede compararse a la de Airbus. La compañía ingresó 665,5 millones de euros por la construcción y venta de embarcaciones y sistemas militares en los astilleros en Cádiz, Cartagena y Ferrol, una cantidad algo superior a los 598,7 millones que facturó Indra por producir y entregar productos de electrónica, simuladores de vuelo o sistemas de tiro. La diferencia principal entre ambas empresas es que el Estado únicamente tiene una participación del 18,71% en Indra, presidida desde 2015 por Fernando Abril-Martorell.

Otros 204 millones, para cinco empresas más

Además de ser las tres principales empresas del sector militar español, estos tres gigantes reúnen la inmensa mayoría de la facturación de las empresas públicas o semipúblicas por la venta de productos y servicios relacionados con la defensa: el 95% de los 5.106 millones de euros ingresados por empresas participadas por el Estado fueron a parar a ellas. No obstante, hay al menos otras cinco firmas que, si bien con números mucho más modestos, también tuvieron una facturación millonaria en 2016 por ventas relacionadas con el sector militar: CESA, Isdefe, Hisdesat, Hispasat y Sainsel.

CESA son las siglas de Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, y la propia compañía explica en su página web que está participada al 60% por Airbus Defense & Space, una división del consorcio público Airbus. La empresa, según señala el Centro Delàs, está especializada en la fabricación y el equipamiento de componentes para aeronaves: desde equipos de mando de vuelo hasta trenes de aterrizaje, frenos o lanzaderas. La compañía, que tiene sedes en Madrid y Sevilla y está presidida por José Leal, facturó en el año 2016 un total de 67,1 millones de euros por actividades relacionadas con la defensa.

Por su parte, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España son las palabras que componen el acrónimo Isdefe, que se define a sí misma como "una empresa pública de consultoría e ingeniería, medio propio y servicio técnico" para el sector militar. De hecho, Isdefe es una de las compañías que tienen mayor vinculación con el Estado: está adscrita al Ministerio de Defensa, y su presidente es el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares. Sus cifras de facturación en 2016 fueron muy similares a las de CESA: ingresó 59,7 millones de euros.

Hisdesat es la siguiente empresa en la lista, y de nuevo su capital es parcialmente público, aunque está repartido entre varias compañías donde el Estado tiene participación: el 30% pertenece a Isdefe –es decir, a Defensa–, el 15% está controlado por Airbus, el 7% pertenece a Indra y el 5% está en manos de la empresa privada Sener. El accionista mayoritario (tiene un 43% de las acciones) de Hisdesat es Hispasat, una compañía de la que el Estado controla un 7,4% de los títulos. Ambas compañías se dedican a prestar servicios de comunicaciones por satélite, tanto para el ámbito civil como para el militar: por sus servicios en el ámbito de la defensa, Hisdesat facturó en 2016 un total de 39,6 millones de euros e Hispasat, 34 millones.

La compañía que cierra la lista es Sainsel, una empresa especializada en sistemas electrónicos para aeronaves, vehículos, buques y centros de control del sector militar. La empresa, participada por Indra y Navantia –y, por tanto, parcialmente pública–, está presidida por el exdiputado del PP Alejandro Ballestero, y facturó en 2016 un total de cuatro millones de euros por la prestación de servicios de defensa.

Resultado de la reciente venta de 400 bombas a Arabia Saudí: vendaval político, contradicciones en el Gobierno de Pedro Sánchez, una ministra (Margarita Robles, de Defensa) desautorizada por el presidente, debate nacional sobre la exportación de armas, especialmente a países en conflicto.... Resultado de la prórroga del contrato de mantenimiento de cuatro destructores del escudo antimisiles de la Marina de Estados Unidos desplegados en Rota: nada. El silencio. No hay mayor polémica. Asentimiento general. ¿Qué ocurre? ¿Es tal la precisión del armamento estadounidense en la base naval que a la postre es casi inocuo, como dijo la ministra Isabel Celaá de esas bombas inteligentes que "no se van a equivocar matando a yemeníes"? No, están lejos de ser inocuos. Los destructores estadounidenses desplegados en Rota que Navantia ha acordado mantener son armamento en primera línea de las tensiones bélicas mundiales.

Es obvio que la democracia estadounidense, por más que hoy esté liderada por un presidente belicista dado al desafío a sus propios socios de la OTAN, no es comparable a la dictadura saudí, a la cabeza en todas las alertas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Eso explica en parte el contraste entre una reacción social y otra. También pesa la proximidad de las elecciones autonómicas andaluzas, previstas para marzo y que pueden adelantarse, escenario que hace desaconsejable criticar políticamente un acuerdo anunciado el lunes y que implica 3,1 millones de horas de trabajo para la Bahía de Cádiz, 1.000 empleos directos en la empresa pública Navantia y 4.000 en la industria auxiliar. Pero, al margen de estas diferencias, los buques en cuestión –que cuentan en su despliegue con el apoyo permanente de fragatas locales– son armas de enorme potencia desplegadas en Rota en el marco de una creciente tensión bélica internacional a la que España se ha sumado con entusiasmo.

Aunque las imágenes más recordadas de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con la guerra son su gesto de no levantarse al paso de la bandera de Estados Unidos y la retirada de las tropas de Irak, el presidente socialista hizo una aportación decisiva al papel de España a la "guerra contra el terror" impulsada por George W. Bush y mantenida en lo esencial por Barack Obama y Donald Trump: la incorporación de nuestro país al escudo antimisiles, expresión de las tensiones entre la gran potencia atlántica y sus adversarios globales, especialmente Rusia, Irán y Corea del Norte. "La base aeronaval de Rota ha alcanzado una gran importancia desde el punto de vista militar desde que se instalase el componente naval del escudo antimisiles [...]. Esto hace aumentar el tráfico de barcos de guerra estadounidenses y no es descartable que algunas naves puedan llevar armamento nuclear", señala el informe Treinta preguntas sobre la OTAN treinta años después del referéndumTreinta preguntas sobre la OTAN treinta años después del referéndum, del Centro Delàs de Estudios por la Paz.

Cuatro destructores Arleigh Burke

En el marco de este acuerdo llegaron entre entre 2014 y 2015 cuatro destructores clase Arleigh Burke: USS Ross, USS Donald Cook, USS Porter y USS Carney. "Dentro del escudo antimisiles, hay sistemas terrestres y navales. Este es un sistema naval que complementa al existente en países como Polonia [y República Checa]. Básicamente consiste en un sistema de mando y control que tiene capacidad para seguir simultáneamente más de 200 objetivos, para detectar un ataque y orientar a los aviones para que respondan a ese ataque. Los buques se mueven por el Mediterráneo, pensando no sólo en Oriente Próximo, sino también en África, dado que Estados Unidos tiene el mando del Africom", explica Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Los destructores cuentan con el conocido como "sistema Aegis", que integra radar, lanzadera vertical de misiles y misil interceptor con un alcance de 500 kilómetros. Los buques con base en Rota han participado en ataques contra Siria.

"El componente Aegis capacita a los barcos para usar la tecnología hit to kill de interceptación y destrucción de misiles de corto y medio alcance. También les permite hacer el seguimiento y vigilancia de misiles balísticos intercontinentales [...], e interceptar un misil durante las fases media y final de su trayectoria dentro de la atmósfera", señala el informe Escudo antimisiles en la base de Rota. Un paso más en la militarización mundialEscudo antimisiles en la base de Rota. Un paso más en la militarización mundial, del Centro Delàs. Dicho informe señala a tres empresas especialmente beneficiadas por la construcción de estos buques: Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman. "Empresas que han estado siempre muy bien representadas en los dos influyentes comités federales, la Defense Policy Board y la Defense Science Board, que asesoran al Departamento de Defensa de EEUU sobre estrategias, políticas y programas de defensa. La mayoría de los miembros de estos comités son altos cargos de las empresas del sector de defensa. Es muy habitual que las recomendaciones de estos comités se conviertan en la solución definitiva y sean implementadas por el Gobierno", señala el informe.

Carrera armamentística

El investigador en seguridad y defensa Guillem Colom explica en su informe La geopolítica de las bases miliares, publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que los destructores tienen la tarea fundamental deproporcionar cobertura antimisil. El despliegue en Rota permite mantener "dos buques en patrulla permanente en el teatro de operaciones, limitar los costes de desplazamiento e incrementar la cobertura antiaérea y antimisil de nuestro país", añade dicho informe, que sitúa el escudo antimisiles como una respuesta al "arco de inestabilidad que comienza en la orilla sur del Mediterráneo y se extiende hacia el Golfo de Guinea". "Rota continuará siendo vital para proyectar nuestra fuerza en anticipación o respuesta a cualquier crisis", señala. Hay quien lo ve justo al revés. Es decir, que el escudo antimisiles no protege a España, sino que la sitúa en primera línea del conflicto global. Según el Centro Delàs, entre los efectos negativos del despliegue del escudo está la "revitalización de la carrera armamentística",que convierte a España en "objetivo militar de primer orden".

Con la sangrante guerra siria desplegando consecuencias a nivel global, con Irán en el centro del tablero tras la ruptura por parte de Trump del acuerdo de desnuclearización, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se disparan. El despliegue del escudo antimisiles en bases como Rota contribuyó a ello al suscitar la respuesta de Putin. El propio informe La geopolítica de las bases miliares así lo indica. Moscú –apunta el análisis– respondió al incremento de la presencia aliada en el Mediterráneo, "especialmente la decisión de emplazar cuatro destructores Arleigh Burke en la base de Rota", con la organización de una task force en el mismo arco. El Gobierno de Zapatero anunció el despliegue en Rota del escudo antimisiles en 2011. Dos años después, Rusia concretaba el recrudecimiento de su presencia en el Mediterráneo. "Dependiente de la Flota del Mar Negro, esta fuerza con reminiscencias de la 5ª Flotilla soviética (aunque con la mitad de efectivos) comenzó a navegar de forma continuada en el Mediterráneo Oriental en 2013", señala el informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Más allá del indudable impacto laboral de la prórroga del contrato de mantenimiento hasta 2020, que eleva la inversión total a 261 millones de euros, son indudables las implicaciones bélicas de su despliegue. No obstante, todo han sido parabienes sin matices. Por supuesto Navantia, una de las principales empresas españolas del negocio de la defensajunto a Airbus e Indra, ha celebrado el contrato: "La Marina estadounidense es uno de los clientes más exigentes que tiene Navantia, por lo que esta prórroga del contrato puede interpretarse como un éxito. El desempeño realizado por la compañía es evaluado semestralmente por la US Navy, habiéndose alcanzado una calificación de excepcional para todos y cada uno de los periodos examinados hasta la fecha". También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en declaraciones a Radio Cádiz calificó la prórroga de "positiva" para la provincia de Cádiz y afirmó que era "señal del buen concepto del trabajo de Navantia". Este lunes, el mismo día en que se anunciaba la prórroga, la agencia de promoción empresarial de la Junta Andalucía hacía público que la industria de seguridad y defensa en la comunidad factura 3.000 millones de euros.

Más peso militar en la UE y la OTAN

Pero el contrato implica algo más que un éxito económico y oportunidades laborales. Se trata de cuatro buques significativos en la aceleración de la carrera armamentística a nivel global. Y España cabalga a lomos de la misma.

Rota, mientras sigue perdiendo empleo civil español, ya se ha convertido un bastión del escudo antimisiles, que crispa las relaciones de Occidente con Rusia, y es punto de partida de los ataques de Estados Unidos en Siria. Y Morón es clave para las intervenciones de los marines en el Mediterráneo Occidental, el Magreb y el Sahel.

La base gaditana, que ya es crucial para Estados Unidos, será también un terminal estratégico de la UE con el mando de la operación europea Atalanta de lucha contra la piratería en el Cuerno de África. España es el único Estado europeo que ha participado en todas las operaciones de la UE: Atalanta, Sophia (frente a las costas Libias), Somalia,República Centroafricana, Mali y Bosnia. España también ha ambicionado ser un punto de referencia clave del Comando África de Estados Unidos, el conocido como Africom, con cuartel general en Stuttgart (Alemania), pero hasta la fecha nada se ha concretado.

Además España, que empuja para ganar peso en la geoestrategia de la OTAN y la UE, ya es el principal aportador de soldados en las misiones comunitarias. Cuando se materialice el Brexit, en marzo de 2019, Northwood (Reino Unido) dejará de ser uno de los cinco cuarteles generales estratégicos de la Unión Europea junto a París, Roma, Postdam (Alemania) y Larissa (Grecia). Habrá un vacío que llenar. Previsiblemente le tocará entonces a Rota, que con ello ganaría peso en la escena militar internacional.

Defensa, aún con el PP, prometió el pasado año a la OTAN aumentar su gasto militar un 80% para 2024, alcanzando un 1,6% del PIB. infoLibre preguntó este martes al ministerio si el compromiso seguía en pie. La respuesta fue que el compromiso es válido y que el porcentaje del PIB en gasto militar en 2024 podría alcanzar el 2%.

Ubicación privilegiada

La colaboración militar hispano-estadounidense se fundamenta en el Pacto de Madrid de 1953, que supuso el despliegue militar de Estados Unidos en Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón de Ardoz. La ubicación del eje Rota-Morón siempre ha sido privilegiada: en el extremo meridional de la fachada atlántica, cerca del Estrecho de Gibraltar, en un punto intermedio entre Estados Unidos y Oriente Medio, cabeza de puente de Europa, con acceso al Atlántico, Mediterráneo occidental, norte de África y Sahel. Ambas bases suscitaron el interés de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría por su potencial en "labores de presencia avanzada, lucha antisubmarina en la fachada atlántica o defensa del flanco sur de la OTAN", según el informe La geopolítica de las bases militares.

Pablo Casado, presidente del PP, quiere que el papel español en el nuevo contexto adquiera un perfil aún más alto. En un acto en Jerez de la Frontera en septiembre, ofreció públicamente a Estados Unidos la instalación de su VI Flota en Rota. "Es muy probable" que la Administración estadounidense "esté interesada", debido a que Italia tiene "un gobierno populista", afirmó. Actualmente la VI Flota está en Nápoles. La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, ante preguntas de los medios, respondió que se estudiaría "cualquier oferta". Desde un punto de vista de la lógica geoestratégica, la propuesta de Casado se antoja irrealizable. Núñez Villaverde, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, cree que la hipótesis de un traslado de la VI Flota es inverosímil. "Sería mover toda una flota del centro del Mediterráneo con despliegue de armas nucleares. Hoy por hoy no parece probable", afirma Núñez Villaverde.

Marcha a Rota

Lo que no es probable, sino seguro, es el reforzamiento del papel militar de España. Esto se materializa tanto en la UE como en la OTAN y, singularmente, con la instalación del escudo antimisiles, al que presta además labores de auxilio. La prórroga del contrato ha sido recibida con un completo silencio político. Y con escaso eco social, a pesar de que se ha dado la casualidad de que este martes un grupo de pacifistas y ecologistas celebraba un pequeño acto de presentación a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz de la antaño masiva, hoy alicaída, Marcha a Rota, que tendrá lugar este domingo.

Jesús Lara, histórico activista del movimiento pacifista andaluz, afirma que es un engaño que los contratos militares generen empleo, porque a la larga acarrean miseria. "Los mismos que plantean como problema que vienen inmigrantes olvidan que si vienen es porque hay mucha guerra, y la hay con armas que se fabrican aquí para eso. Navantia tiene que buscar otro tipo de actividad, no barcos de guerra", afirma Lara a preguntas de infoLibre. Su acto, protagonizado por una bandera con el viejo lema "OTAN no, bases fuera. Andalucía, tierra de paz y acogida", tuvo escasa repercusión. Tampoco los principales dirigentes de Podemos e IU se refirieron este martes al contrato de Navantia. En el debate público el pragmatismo gana por goleada al idealismo.  

España se ha convertido en los últimos años es un importante exportador de armas y productos militares, y buena muestra de ello es que, solo en 2017, las empresas españolas vendieron a otros países "material de defensa" por un valor de 4.346 millones de euros, de los cuáles una importante porción fue a parar a dictaduras y países en conflicto. No obstante, la venta el material militar y los servicios relacionados con el sector que se venden tanto al extranjero como dentro de España está dominada por unas cuantas grandes compañías y grupos, algunas con participación pública y otras de capital privado. Tanto es así que, en 2016, un total de siete empresas coparon el 75,1% de la facturación por ventas de material y servicios relacionados con la defensa en España, según datos recogidos por el Centro Delàs de Estudios por la Paz.

Según la información que facilita dicha organización –dedicada a la investigación de la industria armamentística y "los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados"–, en 2016 las empresas con sede en España facturaron un total de 7.788 millones de euros por la venta de productos o la prestación de servicios relacionados con el sector militar. Dicha industria, según reflejan los datos del Centro Delàs, da trabajo a más de 30.000 personas, y está compuesta por centenares de empresas: tal y como explica el instituto, "el Ministerio de Defensa de España tiene unas 500 empresas suministradoras de bienes y servicios".

No obstante, dentro de este grupo de compañías, hay varios gigantes que copan por sí mismos una buena parte del mercado, y un grupo destaca sobre el resto: Airbus. La división de defensa del consorcio formado por Francia, Alemania y España facturó en 2016 –último año del que hay datos completos– un total de 3.637 millones de euros en ventas relacionadas con el sector de la defensa –aviones de combate y transporte, helicópteros...– a través de compañías como Airbus Defence Space, Airbus Military o Airbus Operations. La participación española en dicho consorcio es pública, ya que el Estado controla el 4,17% de las acciones, aunque su participación es minoritaria con respecto a Francia y Alemania.

La segunda empresa en la clasificación de las compañías con una mayor producción en el ámbito de la defensa en 2016 es también pública, aunque sus cifras son mucho menos abultadas. La compañía en cuestión es Navantia, ahora presidida por Susana de Sarriá y cuyo único accionista es el Estado español, que facturó un total de 665,5 millones de euros por la construcción y venta de embarcaciones y sistemas militares. Los astilleros de Navantia, ubicados en Ferrol, Cartagena y Cádiz, así como las oficinas centrales de la empresa en Madrid, dieron trabajo a cerca de 5.000 personas en 2016, según los datos recopilados por el Centro Delàs.

Indra es la tercera empresa que más facturó por servicios o productos relacionados con el sector militar en España en 2016 con un total de 598,7 millones de euros, aunque a diferencia de Navantia, esta actividad supuso una parte minoritaria de sus ventas –en torno al 22%, según el Centro Delàs–. Al igual que Airbus, la compañía –presidida desde 2015 por Fernando Abril-Martorell–  está participada de forma minoritaria por el Estado, que posee un 18,71% de los títulos y es su máximo accionista individual. En los últimos años, la empresa ha vendido al sector militar productos de electrónica, simuladores de vuelo o sistemas de tiro.

Cuatro compañías privadas

El primer grupo privado que aparece en este ranking es Maxam, a través de su división de armamento Expal, acrónimo de Explosivos Alaveses: la compañía, dedicada a la fabricación de explosivos, minas, municiones o bombas, facturó en 2016 a través de sus varias marcas un total de 362,5 millones de euros. Según indica en su propia web, Expal "cuenta con más de 1.300 empleados y 11 centros de producción" en varios países, y su matriz Maxam está dirigida por José Fernando Sánchez-Junco, un viejo conocido de la administración pública: entre 1980 y 1989 ocupó varios puestos de director general en el Ministerio de Industria en los gobiernos de Felipe González, y ahora compagina la dirección de Maxam con su presencia en el consejo de administración de Ferrovial.

Por su parte, Industria Turbo Propulsores (ITP) facturó en 2016 un total de 243,7 millones de euros por la venta de productos para el sector de la defensa, fundamentalmente componentes de motores de aeronaves militares. Precisamente 2016 fue el último año en el que ITP tuvo mayoría de capital privado español, ya que fue entonces cuando la empresa de ingeniería Sener –que también vende productos de defensa– decidió vender su participación mayoritaria por 720 millones de euros a la compañía británica Rolls-Royce, que ahora controla el 100% del capital de ITP.

La operación fue autorizada por el Gobierno en diciembre de 2017, y según informó El País generó preocupación entre los expertos, dado que ITP representa a España en consorcios internacionales que fabrican motores para aviones como el caza Eurofighter o el avión de carga militar A400M. Según informa la propia compañía en su web, en 2017 su departamento de productos militares tuvo un peso del 20% en sus ingresos, mientras el Centro Delàs asegura que esta cifra fue de más del 30% en 2016.

La sexta empresa de la clasificación por ventas de material de defensa en 2016 es Santa Bárbara Sistemas, propiedad del grupo estadounidense General Dynamics: la compañía, especializada en cañones, armas ligeras y –especialmente– blindados, facturó ese año 186,4 millones de euros. Santa Bárbara fue una empresa pública hasta el año 2000, cuando el Gobierno de José María Aznar decidió privatizarla en una operación que, años después, criticaría el Tribunal de Cuentas por el sobrecoste de casi 200 millones de euros que conllevó. Y no ha sido la única polémica que ha rodeado a la empresa, que también ha sido acusada de suponer una puerta giratoria para ex altos cargos castrenses: en 2010, Santa Bárbara Sistemas contrató al general Carlos Villar Turrau, Jefe del Estado Mayor del Ejército entre 2006 y 2008, una decisión que generó críticas en las propias Fuerzas Armadas.

Aernnova es la compañía que cierra el grupo de siete empresas que agruparon en 2016 tres cuartas partes de toda la facturación por productos y servicios relacionados con la defensa. La sociedad, que se dedica a la fabricación y el mantenimiento de componentes para aviones y que preside Ignacio López Gandásegui, ingresó ese año 154,4 millones de euros por servicios relativos al sector militar. La cifra es muy similar a la que facturaron las empresas del Grupo Thales, una compañía de capital francés que ingresó 134,4 millones de euros por la venta de equipos y componentes de telecomunicaciones para el sector de la defensa.

La visita del príncipe heredero saudí a España el pasado abril culminó con un acuerdo entre Navantia y la empresa militar estatal saudí SAMI (Saudi Arabian Military Industries) para la creación de una empresa conjunta que se implique en los futuros programas navales en Arabia Saudí. Todavía Mariano Rajoy era presidente del Gobierno. El 16 de abril, cuatro días después de esa visita, la diputada del PDeCAT Míriam Nogueras registró una pregunta al Gobierno, para su respuesta por escrito, en la que se interesaba por el alcance de ese "memorando de acuerdo" entre "la empresa pública española Navantia y la empresa pública saudí SAMI". La respuesta fue muy breve: las cláusulas de confidencialidad no hacen posible conocer más datos.

La respuesta llegó al registro general del Congreso de los Diputados el pasado 30 de julio, ya con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras la moción de censura que planteó al ahora expresidente del Partido Popular.

El memorando de acuerdo, responde el Ejecutivo, "contiene cláusulas de confidencialidad que impiden ser revelado a terceros". 

Sólo añade el Gobierno que "la creación de esta empresa conjunta supone una oportunidad excepcional para posicionar los sistemas integrados y soluciones tecnológicamente avanzadas de Navantia y está alineada con la estrategia de internacionalización de la compañía".

El episodio de las 400 bombas

Tres meses después, el 12 de julio, la empresa pública informaba, a través de un comunicado, de que el Gobierno de Arabia Saudí había firmado el contrato "para la construcción de cinco corbetas". La operación, añadía, "alcanza un importe de 1.800 millones de euros" y "representa la mayor de la historia de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero".

El mismo comunicado recordaba que Navantia había acordado "la creación de una Joint Venture (JV) [empresa conjunta] en Arabia Saudí".

Estos acuerdos han estado en riesgo en las últimas semanas después de que el pasado 3 de septiembre la cadena Ser adelantase que el Ministerio de Defensa había paralizado la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser del Ejército español que podrían ser utilizadas para bombardear Yemen.

Se trataba de dejar sin efecto un contrato firmado entre España y Arabia Saudí en 2015 e implicaba devolver los 9,2 millones de euros abonados por este material, según informó Europa Press.

"No se van a equivocar matando a yemeníes"

Tras conocerse la noticia, comenzaron las movilizaciones de los trabajadores de Navantia en Cádiz advirtiendo al Gobierno de que cancelar la entrega de esas bombas ponía en riesgo la construcción de las cinco corbetas.

Tras varias versiones contradictorias, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, confirmó este jueves que el Gobierno enviaría el material. Justificó la polémica decisión en que se trata de "armamento de precisión", guiado por láser. Y que "no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria".

El viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, utilizó argumentos similares a los de su compañero Borrel: "Son láser de alta precisión y si son de alta precisión no se van a equivocar matando a yemeníes".

El presidente del comité de empresa de los astilleros de Navantia en San Fernando (Cádiz), Jesús Peralta, ha señalado que necesitan "un comunicado oficial del Gobierno que garantice que las relaciones con Arabia siguen bien y garantice el contrato de las corbetas". Mientras tanto, seguirán "luchando con uñas y dientes", como este martes, cuando han cortado la carretera durante más de media hora antes de volver a la factoría.

En declaraciones a los periodistas, Peralta, en relación con la comparecencia en el Senado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que "vuelven a ser declaraciones que no aclaran nada, sino que confunden mucho más a la sociedad y a los trabajadores de la plantilla".

Por ello, ha señalado que van a "mantener la tensión", para lo cual se ha votado por unanimidad un amplio calendario de movilizaciones, donde tiene previsto una movilización conjunta de los tres astilleros o establecer contacto con colectivos sociales y económicos para una gran movilización en San Fernando, sin descartar una huelga general en esa misma localidad.

"Depende de cómo vayan los acontecimientos se irán modulando las movilizaciones", ha señalado Peralta, que ha afirmado que "necesitamos un comunicado oficial del Gobierno que garantice que las relaciones con Arabia sigue bien y garantice el contrato de las corbetas".

Los trabajadores de la factoría de astilleros en San Fernando (Cádiz) han celebrado a primera hora de este martes una asamblea en la que han aprobado un calendario de movilizaciones en protesta ante la incertidumbre con el contrato para la construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí. Una vez terminada la asamblea se han dirigido hacia la carretera CA-33 para cortarla.

Según ha indicado Peralta a Europa Press, se ha aprobado "por unanimidad" el calendario de movilizaciones planteado por el comité. Cabe recordar que según el propio comité, "en esta ocasión van a ser los trabajadores los que digan la opción de qué tipo de movilización quieren", sin descartar incluso una huelga general.

Cabe recordar que la confirmación de la firma del contrato, en negociaciones desde el año 2015, se produjo el pasado mes de julio por un importe de 1.800 millones de euros, suponiendo una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas para los astilleros de Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol y Cartagena y su industria auxiliar.

El programa arranca a finales de 2018 y el último buque debería entregarse en el 2022. En cuanto a su impacto en empleo, se calcula que durante cinco años se generarían anualmente cerca de 6.000 ocupados directos e indirectos. De ellos, más de 1.100 serían empleados directos, más de 1.800 empleados de la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 empleados indirectos generados por otros suministradores.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que el contrato de venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí no ha sido suspendido sino que está en fase de estudio, igual que todos los contratos que tiene su departamento "con cualquier país" para analizarlos "desde el rigor". Y ha negado que este contrato tenga ninguna vinculación con la venta de cinco corbetas a Riad, informa Europa Press.

En una comparecencia en el Senado, Robles ha abordado la polémica por las relaciones con Arabia Saudí y ha explicado que el contrato de venta de bombas, de 9 millones de euros, está en fase de estudio. "Ese contrato, como muchos otros con independencia del país, está en fase de estudio. Las discrepancias que pueda haber se estudiarán con el país que se haya firmado", ha justificado.

La ministra ha dado estas explicaciones tras las protestas protagonizadas por los trabajadores de Navantia ante el temor de que Arabia Saudí revocara la compra de las cinco corbetas en represalia por la anunciada decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta de las bombas para evitar que fueran usadas en la guerra de Yemen.

La pasada semana, el Departamento dirigido por Robles confirmó una información de la Cadena Ser que anunciaba la suspensión del contrato de las bombas de precisión. Sin embargo, la ministra ha explicado este lunes que el nuevo equipo ministerial ha paralizado "todos" los proyectos en marcha, no sólo el saudí, para su estudio y debate.

"La obligación de cualquier gobierno cuando llega es conocer, paralizar y estudiar todos los proyectos, programas y contratos que están en marcha para hacer una valoración de sus prioridades desde el punto de vista de la exigencia nacional, las políticas de empleo y otros posicionamiento políticos. Todos contratos en marcha en el Ministerio son objeto de análisis y estudio", ha argumentado.

En este sentido, ha explicado que cada contrato se resolverá con el país afectado si debe ser revisado y ha insistido en que se trata de un análisis "desde el punto de vista técnico". "Se puede llamar paralizados, en estudio o parados, como quieran", ha emplazado.

"No se puede jugar con los empleos"

Robles ha puesto además el foco en la polémica por las represalias que pudiera tomar Arabia Saudí con la paralización de la construcción del contrato para la construcción de las corbetas –de 1.800 millones de euros– y ha negado que exista ningún vínculo entre ambos programas.

En este contexto, ha advertido de que "hay cuestiones muy serias con las que no se puede jugar" y ha tildado de "profundamente irresponsable que se pueda introducir el miedo en el cuerpo a trabajadores de Navantia en San Fernando".

"A quien está transmitiendo ese mensaje a los trabajadores de Navantia o en cualquier parte del mundo lo que está haciendo es incurrir en una irresponsabilidad política. Y no quiero pensar que sea de carácter electoralista", ha censurado sin acusar directamente a nadie.

Robles ha asegurado que las relaciones comerciales con Arabia Saudí "han sido siempre fuertes y sólidas" y este Gobierno no tiene constancia –"más allá de algunas maledicencias de algunos"– de que "ningún contrato vaya vinculado a ningún otro contrato de ninguna categoría". "Jurídicamente los contratos de Navantia con un país serio como Arabia Aaudí no están vinculados a ningún otro contrato", ha zanjado.

Inversiones de 4.000 millones

En este punto, ha garantizado el apoyo del Gobierno a la industria de defensa y ha asegurado que "el Gobierno no va a dejar en la estacada ningún empleo que haya ni en Navantia ni en ningún sitio". De hecho, ha anunciado que el Ejecutivo "ha desbloqueado" en sus primeros cien días de gobierno más de 4.000 millones de euros en inversiones en defensa.

Estos 4.000 millones de euros corresponden a medidas adoptadas por el Consejo de Ministros durante los últimos meses para la construcción del submarino S-80, la renovación de los helicópteros del Ejército Chinook o dos satélites de comunicación militar.

La ministra ha asegurado que el Gobierno se siente "profundamente orgulloso" de estas medidas sobre programas que "estaban paralizados o en stand by". "El Gobierno no tiene ningún empacho en decirlo, todo lo contrario, se siente orgulloso", ha garantizado como muestra de su "compromiso" con la industria de defensa.

Los trabajadores de la factoría de Navantia en San Fernando (Cádiz) tienen previsto estudiar, a partir de este lunes, un calendario de nuevas movilizaciones a desarrollar esta próxima semana ante la posible pérdida del contrato con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas.

Así, este lunes está previsto que se celebre una reunión del pleno del comité de empresa, y el martes una asamblea general de trabajadores con el fin de estudiar un calendario de movilizaciones, que "podrían empezar el mismo martes", según ha informado a Europa Press el presidente del comité de empresa del astillero de Navantia en San Fernando, Jesús Peralta, que ha asegurado así que las movilizaciones comenzarán "en esta misma semana".

Paralelamente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado este domingo que este lunes va a hablar "de todo" lo concerniente a la paralización de la venta de 400 bombas a Arabia Saudí, que podría a su vez desembocar en la cancelación del contrato con la empresa Navantia para la construcción de cinco corbetas para este mismo país, y ha transmitido un mensaje de "tranquilidad total".

En esa línea, este pasado viernes la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, aseguraba que el contrato de ventas de las cinco corbetas a Arabia Saudí "sigue en marcha", y garantizaba que el Ejecutivo no lo va a "poner en riesgo" teniendo en cuenta el amplio volumen de empleo que va a generar en los astilleros de Navantia.

Méndez daba esta garantía ante las alertas lanzadas por los sindicatos de Navantia, que el mismo viernes incluso llegaron a cortar una carretera en Cádiz ante el temor de que Arabia Saudí revocase la compra de las corbetas en respuesta a la posibilidad de que el Ministerio dirigido por Margarita Robles paralizase la venta de 400 bombas de precisión por si estas armas pudieran usarse en ataques a Yemen.

Por otra parte, fuentes gubernamentales manifestaban que la anulación de esta venta de bombas es por el momento una declaración de intenciones que todavía tiene que pasar por la discusión de una comisión de varios ministerios y someterse a distintos matices.

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha asegurado este viernes que el contrato de venta de cinco corbetas a Arabia Saudí "sigue en marcha" y ha garantizado que el Ejecutivo no lo va a "poner en riesgo" teniendo en cuenta el amplio volumen de empleo que va a generar en los astilleros de Navantia, ha informado Europa Press.

En una comparecencia en el Congreso, Méndez ha asegurado que el contrato "sigue vigente" y, de hecho, Arabia Saudí ya ha realizado los primeros pagos. "Hasta donde yo sé, la fabricación, funcionamiento y vigencia del contrato sigue en marcha", ha trasladado.

La secretaria de Estado ha dado esta garantía ante las alertas lanzadas por los sindicatos de los astilleros, que este viernes incluso han cortado una carretera en Cádiz ante el temor de que Arabia Saudí revocase la compra en respuesta a la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta de 400 bombas de precisión.

Ante los grupos parlamentarios, Méndez ha garantizado que el empleo en los astilleros de Cádiz es un asunto "prioritario" para el Gobierno y por ello el Ejecutivo "no va a poner en riesgo" el contrato de venta de corbetas.

Según ha recordado, se trata de una operación por la que Navantia construirá cinco corbetas por un importe de 1.800 millones de euros, con la creación de 6.000 empleos anuales durante cinco años para la empresa y la industria auxiliar.

Pese a ello, cuando el primer buque esté listo para exportar a Arabia Saudí, tendrá que pasar todos los filtros de la comisión creada para dar el visto bueno a las exportaciones de material de defensa y doble uso, la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU).

Revocación de la venta de bombas

En este contexto, los grupos parlamentarios han insistido a la secretaria de Estado en el "malestar" que ha podido provocar a Arabia Saudí la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la exportación de un contrato de nueve millones para la venta de 400 bombas, algo que Méndez ha desvinculado de la labor de la junta de autorizaciones. "No es mi competencia ni responsabilidad mía entrar en eso hoy", ha justificado remitiéndose a las explicaciones que pueda dar próximamente el Departamento dirigido por Margarita Robles o el Gobierno.

La noticia de inicio de los trámites para dejar sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en el verano de 2015 fue filtrada por la Cadena Ser el pasado lunes. El Ministerio se limitó a confirmar la información y ha rechazado durante toda la semana realizar ningún comentario adicional.

Los parlamentarios han preguntado este viernes a la secretaria de Estado de Comercio si el Gobierno tiene garantías de que esas bombas iban a ser utilizadas en la guerra de Yemen, como se alegó para la revocación del contrato. "El Gobierno ha lanzado una información y queremos y debemos saber si es un globo sonda o realidad. Nos estamos jugando mucho", ha exigido el diputado del PP Jesús Postigo, ante lo que Méndez ha insistido en remitirse a Defensa.

Fuentes gubernamentales han sostenido este viernes que el anuncio de Defensa de anular el contrato es por el momento una declaración de intenciones que todavía tiene que pasar por la discusión de una comisión de varios ministerios y someterse a distintos matices.

En su comparecencia, la secretaria de Estado de Comercio tampoco ha querido centrar el debate en los mecanismos de control de las exportaciones a Arabia Saudí o el resto de países que participan en la coalición de la guerra de Yemen y ha sostenido que las medidas que se adopten para reforzar las garantías de uso deben ser generales.

Verificación en destino

En este sentido, ha anunciado nuevos controles de verificación de uso de material de defensa en los países de destino. "Es una tarea tan sensible que no basta con contar con un sistema sólido y eficaz, necesitamos actualizarlo", ha reconocido explicando que un grupo de trabajo se encarga ya de preparar esta verificación expost.

Este mecanismo incluye sin embargo algunas dificultades, empezando por la necesidad de "aquiescencia" del gobierno del país que importa las armas para que ofrezca garantías al personas que se traslada a su territorio para inspeccionar el uso del material y que la información que facilite sea "real y veraz".

Además, contando con que "los recursos de la Administración son limitados", esta verificación en destino no podrá ser general y tendrá limitarse a aquellos países que la JIMDDU considere de "especial preocupación".

Las principales empresas públicas están en pleno periodo de renovación. En las últimas semanas, el Gobierno ha nombrado nuevos presidentes en sociedades de la entidad de Correos, Navantia, Tragsa o la Agencia EFE, así como en sociedades que no controla pero de las que es el principal accionista individual, como Red Eléctrica. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en esa última compañía –que presidirá el exministro Jordi Sevilla a cambio de más de 500.000 euros anuales–, los sueldos de las principales empresas controladas al menos en un 51% por el Estado están limitados, y sus presidentes cobran cantidades que como máximo rondan los 210.000 euros anuales.

La norma que limita las remuneraciones es el Real Decreto 451/2012, que establece la clasificación de las principales empresas públicas en tres grupos en función del nivel de financiación pública de la sociedad, su volumen de actividad o su número de trabajadores. Según establece dicha norma y la orden que la desarrolla, la retribución básica de los presidentes de estas compañías no podrá exceder los 105.000 euros en el caso de las empresas más grandes (Navantia o Correos), los 80.000 en las que pertenezcan al grupo 2 (la Agencia EFE o Hunosa) o los 55.000 euros en las del grupo 3 (como Mayasa o Saeca). A esa remuneración se le pueden sumar dos pluses que, como máximo, permiten que el sueldo base del alto cargo en cuestión se duplique, por lo que el salario máximo de un presidente de una empresa con participación mayoritaria del Estado puede ascender a 210.000 euros anuales.

15 de las empresas que el Estado controla mayoritariamente o en su totalidad están agrupadas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entre ellas grupos como Correos y Navantia. Además, otras empresas públicas potentes como AENA, Renfe, Paradores o Loterias y Apuestas del Estado también están participadas al 100% por el Estado. Y precisamente esta última es la que tiene un sueldo más generoso para su presidente: Jesús Huerta, ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, fue nombrado el pasado 25 de julio como máximo dirigente de la sociedad y se embolsará 214.221 euros anuales.

De entre las principales empresas públicas consultadas, solo hay otra cuyo presidente supere los 200.000 euros de sueldo: Enusa, la compañía encargada de la fabricación y el abastecimiento de combustible a las centrales nucleares. Para este puesto fue nombrado hace apenas unos días José Vicente Berlanga, que hasta ahora desempeñaba funciones de director general de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia y es una persona próxima al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El salario de Berlanga será de 210.000 euros anuales, 105.000 como sueldo base y la misma cantidad en complementos.

Por su parte, las dos principales compañías de la SEPI, Correos y Navantia, también han sufrido un relevo en sus cúpulas en los últimos días. La primera será presidida por el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, mientras la segunda tendrá como nueva máxima dirigente a Susana Sarriá, ex alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Serrano percibirá un sueldo que, entre base y complementos, ascenderá a 191.052 euros anuales. Por su parte, es más complicado conocer la cantidad exacta que se embolsará Sarrià al frente de Navantia porque la empresa cambió de presidente a mediados de 2017 y no detalla a cuánto asciende el sueldo de un año completo para su máximo dirigente, pero la cuantía ronda los 190.000 euros.

Paradores, Renfe, AENA y Adif

Paradores es otra de las joyas de la corona del sector público que ha cambiado de presidente. En este caso, quien estará al frente de la compañía será el senador y ex número tres del PSOE, Óscar López, que –si no decide reducirse el sueldo y cobra lo mismo que su predecesora, Ángeles Alarcó, exesposa de Rodrigo Rato– percibirá un salario de 180.405 euros anuales. Se trata de una cantidad algo mayor de la que cobrará Isabel Pardo de Vera, nueva presidenta de Adif, que se embolsará anualmente 161.945 euros si su sueldo no cambia.

La empresa operadora de los aeropueros españoles, AENA, también tiene nuevo presidente: el exportavoz del PSC en el Parlament de Cataluña Maurici Lucena, que fue nombrado para el puesto hace unas semanas. Su salario, tomando como referencia el que cobró en 2017 el anterior presidente, Jaime García-Legaz, será de 162.903,87 euros anuales, prácticamente el mismo que el que percibirá el nuevo presidente de Renfe, Isaías Táboas, ex secretario de Estado de Transportes con José Blanco, que percibirá 161.998 euros cada año que esté al frente de la compañía de ferrocarriles.

Cetarsa y Hunosa –las empresas públicas que se dedican, respectivamente, a la producción de tabaco en rama y a la gestión de las minas asturianas– son otras de las compañías estatales que han sufrido una renovación en su cúpula. Sus nuevos presidentes son Juan Andrés Tovar (hasta ahora senador del PSOE por Cáceres) y Gregorio Rabanal (que ha pasado por diferentes puestos en los 24 años que lleva trabajando en Hunosa), y ambos percibirán sueldos muy similares: 162.039 euros anuales Tovar y 161.907 euros Rabanal.

Tragsa y EFE también cambian de presidente

Pedro Sánchez también ha colocado personas de su confianza en Tragsa –una de las principales empresas públicas, encargada de la ejecución de obras y servicios– y Saeca –que, con un tamaño mucho menor, se dedica a prestar dinero para proyectos relacionados con el sector primario–. El nuevo presidente de Tragsa es Jesús Sánchez, ex director general de Desarrollo Rural del Gobierno asturiano, y su homóloga en Saeca será María Luisa Faneca, hasta ahora responsable de Pesca del PSOE. En este caso, los sueldos son algo menores: Sánchez cobrará algo más de 140.000 euros anuales, mientras Faneca llegará a los 111.447, debido al menor tamaño de su empresa.

La última gran empresa pública que ha experimentado un cambio de presidente en las últimas semanas es la Agencia EFE, que a partir de ahora dirigirá el periodista Fernando Garea tras recibir el beneplácito de todos los grupos parlamentarios del Congreso. En su nuevo puesto, Garea cobrará un total de 157.884 euros: 114.251 serán su sueldo base, y el resto (algo más de 43.600 euros) procederán de los complementos que le corresponden.

El resto de las principales empresas estatales no ha visto modificada su cúpula directiva en las últimas semanas, por lo que, al menos por ahora, seguirán operando con sus anteriores presidentes. De este grupo, es el máximo dirigente de Mercasa –la compañía que gestiona mercados mayoristas como Mercamadrid o Mercasevilla–, David Martínez, el que cobra un sueldo mayor: 163.133 euros anuales (el dato es de 2016, ya que la compañía no facilita ninguno más reciente). Cerca de esa cantidad está Eduardo González-Mesones, presidente de Ensa, una sociedad que fabrica componentes para centrales nucleares, con un salario de 160.000 euros al año. Por su parte, la presidenta de Sepides, Rosa María Mosulén, se embolsa 156.239 euros. Y su homólogo de Minas de Almadén y Arrayanes, Isidro Javier Zapata, cobra 142.484 euros al año.

Las dos compañías restantes de las que el Estado es accionista mayoritario y forman parte de la SEPI tienen presidentes con salarios inferiores. Cofivacasa, que se dedica a liquidar las sociedades públicas de las que el Gobierno quiere deshacerse, está presidida por Francisco Javier Loriente, que cobra 109.973 euros anuales. Y Faina Zurita, que dirige el Hipódromo de la Zarzuela, también de titularidad pública, se embolsa 108.581 euros al año.

Los cuatro nuevos submarinos S-80 Plus de la Armada Española, cuya construcción fue encargada a Navantia hace ahora casi tres lustros, no surcarán los mares en un periodo corto de tiempo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, volvió a anunciar este miércoles la enésima prórroga en los plazos de entrega de los modernos sumergibles, que deberían haber estado completamente listos en el primer trimestre de 2016. Durante una entrevista en Onda Cero, la titular de Defensa dejó caer que la entrega del primer submarino no será una realidad hasta, al menos, 2030. Eso, siempre que no aparezcan nuevos escollos que sigan lastrando la culminación definitiva del proyecto armamentístico. "Si desde luego Donald Trump se enterara de lo que cuesta, no nos echaría en cara lo poco que invierte España en defensa", aseveró la ministra en referencia a las reiteradas críticas del presidente estadounidense.

La construcción de los S-80 lleva ya más de una década de escollos y sobrecostes. Primero, fue un desvío en los balances de pesos, lo que complicaba su flotabilidad. Luego, llegaron los desajustes en los sistemas de propulsión. Y ahora, con todos los fallos de planificación ya resueltos, hay un problema de espacio. La redimensión del submarino para solventar los problemas de sobrepeso ha provocado que la nave no entre en las fosas de atraque de la base de Cartagena (Murcia), lo que obliga al Ministerio de Defensa a desembolsar otros 16 millones de euros para dragar y ampliar los muelles. En total, el coste del programa armamentístico asciende ya a 3.907 millones de euros, un 83% más de lo que había sido presupuestado en un principio –2.135 millones–. Todos estos sobrecostes elevan el precio de cada uno de los sumergibles hasta casi 1.000 millones de euros.

El submarino que no salía a flote

Aunque el programa arrancó en la década de los 90, el proyecto no recibió luz verde hasta bien entrado el nuevo siglo. En marzo de 2004, justo antes de los comicios que desalojarían a José María Aznar de la Moncloa, el Ministerio de Defensa firmó la orden de ejecución para la adquisición de cuatro submarinos de la clase S-80. El encargo, cuyo coste inicial se situaba en los 2.135 millones de euros, se realizó a la empresa pública del sector naval Izar –desde 2005 Navantia–. La primera nave, el S-81 bautizado con el nombre de Isaac Peral, debía entregarse a finales de 2013. Y, a partir de ahí, el calendario preveía que la compañía fuera teniendo listos los otros tres submarinos –Narciso Monturiol, Cosme García y Mateo García de los Reyes– a razón de uno al año, de forma que el pedido fuese completado con éxito, a más tardar, en el primer trimestre de 2016.

Sin embargo, el plan inicial se fue al traste cuando quedaba un año para la primera entrega. A finales de 2012, dos años después de que Navantia decidiera romper unilateralmente su asociación con los astilleros militares franceses DCNS para construir en solitario los cuatro S-80, la compañía reconoció que se había cometido un desvío de 125 toneladas en el peso del primer sumergible, lo que comprometía su flotabilidad y ponía en duda que el submarino pudiera salir a flote tras sumergirse. El error obligó a ejecutar un rediseño del aparato –se alargó la eslora unos 10 metros y se aumentó el desplazamiento hasta las 3.000 toneladas–, que pasó a llamarse S-80 Plus. En todo este proceso, el Ministerio de Defensa contrató como asesora a la firma estadounidense Electric Boat, lo que supuso un desembolso extra de 14 millones de euros.

Sistema de propulsión

Pero el sobrepeso no ha sido la única piedra en el camino del S-80 Plus. El problema más complejo al que ha tenido que hacerse frente durante todo el proceso tiene que ver con la integración de su sistema de propulsión. Lo que hace especial a este nuevo modelo de sumergibles era la incorporación de un sistema de propulsión independiente de aire (AIP, por sus siglas en inglés), capaz de producir hidrógeno a partir de bioetanol. Este mecanismo dota a la nave una mayor autonomía: en vez de tener que emerger cada pocas horas para obtener oxígeno, como ocurre en el caso de los submarinos convencionales, el nuevo modelo podrá permanecer bajo el agua entre 15 y 20 días. Este sistema de propulsión, que ha requerido todos los esfuerzos posibles en materia de investigación y desarrollo, convertirá al S-80 Plus en el submarino no nuclear con mayor autonomía y discreción.

En esta parte del proceso, también se produjeron algunos fracasos. Por indicación de la Armada, Navantia encargó a Hynergreen la fabricación del procesador de bioetanol. La compañía diseñó con éxito un prototipo a gran escala, pero falló a la hora de miniaturizarlo para su instalación posterior. Ahora, Técnicas Reunidas y Abengoa siguen trabajando en el desarrollo del sistema. Y los resultados de las primeras pruebas parece que son satisfactorios. Sin embargo, Defensa no quiere más retrasos. Por eso, el ministerio ha dado la orden a Navantia de que integre el AIP a partir de la tercera nave. Los dos primeros sumergibles de la remesa encargada hace casi quince años, por tanto, comenzarán a navegar con propulsión diésel y tendrán que esperar a la primera gran fase de mantenimiento para que les sea instalado el sistema AIP.

Dejando a un lado los problemas de espacio en la base naval de Cartagena que el Ejecutivo deberá solucionar antes de que estén listos los submarinos, parece que, después de años de sobrecostes y retrasos, se empieza a ver la luz al final del túnel. En julio de 2016, se superó la Revisión Crítica del Diseño, asegurándose así la viabilidad del proyecto. Y, en noviembre de 2017, se superó la Revisión de Integración del Sistema, dándose así el pistoletazo de salida a la fase de construcción. A pesar del viento a favor, Robles avisa: que nadie espere que el primer submarino esté listo antes de 2030. Sin embargo, según consta en el último dossier de Defensa sobre el proyecto S-80, fechado en mayo de este mismo año, la primera entrega sigue estando prevista oficialmente para finales de 2022, mientras que el resto de sumergibles estarán en manos de la Armada en 2024, 2026 y 2027.

El rey emérito Juan Carlos I ha llegado este martes a la base aérea rey Salman, ubicada en la capital de Arabia Saudí, Riad, donde ha sido recibido por el gobernador provincial, el príncipe Faisal bin Bandar bin Abdulaziz.

La agencia estatal saudí de noticias, SPA, ha publicado un breve teletipo informando de la llegada, junto a dos fotografías en las que el monarca emérito saluda al gobernador de Riad.

El rey Juan Carlos ha viajado a Riad en el marco de una visita privada, según han confirmado a Europa Press fuentes de Zarzuela, que han declinado facilitar más información sobre la visita.

El rey emérito siempre ha mantenido unas excelentes relaciones con la casa real saudí y es habitual que realice visitas al país de carácter privado. Unos contactos cruciales para los intereses económicos de España, que está pendiente del contrato por el que la empresa pública española Navantia construiría cinco corbetas para las Fuerzas Armadas saudíes, que garantizaría carga de trabajo durante cinco años a los astilleros de Ferrol (A Coruña) y San Fernando (Cádiz).

En enero de 2015, con motivo del fallecimiento del rey Adbulá, tanto Juan Carlos como su hijo Felipe visitaron el país para presentar personalmente sus condolencias. De hecho, su sucesor, el monarca Salman bin Abdulaziz Al Saud ofreció una cena en honor al rey Juan Carlos a la que asistieron varios príncipes de la dinastía saudí.

Arabia Saudí también fue precisamente uno de los últimos destinos elegidos por el rey Juan Carlos para un viaje oficial como monarca antes de abdicar en junio de 2014 en su hijo Felipe. En concreto, el rey Juan Carlos visitó el país entre los días 17 y 19 de mayo, en el marco de una gira por los países del Consejo de Cooperación del Golfo que comenzó en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait y tuvo continuidad en Omán y Bahrein.

Unas buenas relaciones que ha mantenido su hijo Felipe VI, que viajó al país en visita oficial en enero del pasado año a una invitación del rey Salman Bin Abdulaziz al Saud, tras anularse el viaje previsto inicialmente en noviembre de 2016 por el fallecimiento del príncipe Turki bin Abdulaziz Al Saud, hermano del rey saudí.

Con ocasión de ese viaje, partidos como Podemos, ERC o Ciudadanos, y ONG como Amnistía Internacional cuestionaron la visita del rey por las reiteradas violaciones de los derechos humanos llevados a cabo en el país.