El Gobierno ha presentado este martes el cuadro macroeconómico, clave para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, con un espectacular aumento del techo de gasto para hacer frente a la crisis sanitaria y económica. Concretamente, el umbral que podrá asumir el Ejecutivo se eleva hasta 196.097 millones de euros.

Nada menos que un 50% más que el previsto en febrero, 127.609 millones de euros, el marcado antes de la pandemia y de las medidas de confinamiento para combatirla que han provocado un desplome de la economía española. Así se ha anunciado en el Consejo de Ministros.

Para lograrlo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha propuesto que el Gobierno Central asuma la mitad del déficit de las Comunidades Autónomas, 1,1 puntos del PIB; también asumiría la Administración Central los gastos íntegros de la Seguridad Social, todavía más elevados: 1,7 puntos del Producto Interior Bruto. 

Solo quedaría lo más complicado, obtener el visto bueno del Congreso. Montero se ha mostrado confiada en que los Presupuestos Generales del Estado conseguirán "muchos apoyos". 

"No renunciamos a la estabilidad"

"No se aprobarán nuevos objetivos de estabilidad", ha asegurado la titular de Hacienda. "Hemos derogado los acuerdos previos adoptados por el Consejo de Ministros de febrero, por lo que ya no quedan vigentes los objetivos aprobados por el Gobierno y el Consejo de Ministros".

Montero ha asegurado que la suspensión de las reglas fiscales "sigue las directrices marcadas por la Unión Europea, por la Constitución Europea y por la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria". La portavoz gubernamental se ha referido curiosamente al en su día polémico artículo 135 de la Carta Magna reformado en 2011, que consolida los objetivos fiscales: el 135 recoge un apartado de "cuestiones extraordinarias", según ha señalado la titular de Hacienda. 

"Este gobierno no renuncia al principio de estabilidad fiscal", ha advertido Montero. "Se suspenden las reglas fiscales pero no la responsabilidad fiscal".

Para la responsable de Hacienda, los Presupuestos que presentará el Gobierno a lo largo del mes de octubre suponen un "antes y un después". Y confió en lograr el acuerdo de los grupos políticos para que vean la luz. En cuanto haya un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, los integrantes de la coalición, el proyecto será trasladado al resto de grupos parlamentarios para buscar los apoyos necesarios.

Renovación del CGPJ

En otro orden de cosas, la portavoz del Ejecutivo confirmó que el Gobierno trabaja con el fin de presentar una reforma legislativa para desbloquear la renovación del Consejo de General del Poder Judicial (CGPJ) ante la negativa del Partido Popular de llegar a cualquier acuerdo con Pedro Sánchez mientras Unidas Podemos siga integrando el Gobierno.

Montero sostuvo que existen "conversaciones discretas" con otras formaciones para sondear los apoyos que necesitaría una reforma de este calado. Unas conversaciones, sobre la base, dijo, de que "parece" que "el PP no va a cambiar de posición".

Lo que no quiso avanzar la portavoz del Ejecutivo es qué tipo de plazos maneja el Gobierno para la presentación de iniciativas legislativas que permitan la renovación de un CGPJ en funciones. "Hay que dialogar esta situación con todo el tiempo que se requiera", subrayó preguntada al respecto.

"Yo creo que no hay excusa posible para mantener la actitud que viene manteniendo el PP. Hoy parece que dice algo de Podemos. Da igual, cada día hay una excusa distinta para no cumplir el mandato de la Constitución y hacer una suerte de insumisión", se quejó.

Todo ha cambiado y nada será igual cuando el virus pase. Los escenarios de trabajo que los estrategas de los partidos y del Gobierno desplegaban hace tres semanas ya no existen. Han quedado pulverizados por una emergencia sanitaria cuya intensidad, duración y consecuencias nadie vio venir y que ha desbaratado el inicio de una legislatura a la que, después de casi un año de bloqueo institucional, ya se le acumulaban las asignaturas pendientes.

Desde que la expansión de la pandemia se hizo evidente, incluso para los más escépticos, todo el mundo en el Gobierno y en los partidos representados en el Congreso —también en Galicia, Euskadi y Cataluña, las tres comunidades que tenían previsto votar este año— trabaja pensando en lo que viene: una durísima recuperación y una batalla a muerte por el relato del desenlace de la pandemia en el contexto de una guerra más general en defensa o en contra de la necesidad de reforzar lo público. Con la guinda añadida de los Presupuestos pendientes y de un previsible debate sobre si la estructura territorial del Estado ha tenido algún efecto sobre la crisis.

La prioridad del Gobierno de coalición, hasta hace poco más de tres semanas, era sacar adelante su proyecto de Presupuestos para 2020. Un objetivo para el que necesitaban el concurso de Esquerra Republicana pero cuya viabilidad dependía de dos cosas: los avances en la mesa de diálogo sobre Cataluña y la fecha de las elecciones catalanas. Así que, incluso antes de la pandemia, Hacienda ya trabajaba con la hipótesis de tener que renunciar al proyecto para este año y concentrarse en el de 2021 porque, eso sí lo dejó claro entonces el Gobierno, en ningún caso presentaría el proyecto si no tenía garantizado de antemano el respaldo de la mayoría del Congreso.

En cualquier caso, las cuentas que preparaba la ministra Montero y cuya elaboración estaba muy avanzada han saltado por los aires. Todas las previsiones económicas, de crecimiento, de déficit y de deuda o de recaudación de impuestos son papel mojado en un contexto de fuerte recesión. Los analistas de la OCDE hablan de una caída de dos puntos de PIB por cada mes que dure la crisis sanitaria. Y nadie sabe cuándo dejará de condicionar la actividad no ya de España sino del conjunto de la economía global.

Apenas unos días antes de que el impacto de Covid-19 se hiciese visible en los hospitales españoles, el Senado había aprobado una nueva senda de estabilidad presupuestaria que sustituía a la fijada hace casi tres años por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. La senda recién estrenada ya se ha quedado vieja: fija unos objetivos de déficit público del 1,8% del PIB este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023. Ninguna de estas cifras tiene en estos momentos sustento real. Como tampoco lo tiene el límite del techo de gasto que las Cortes también aprobaron para 2020 y 2021. El futuro carece de soporte previsible.

Las prioridades presupuestarias, establecidas cuando España era uno de los países de la Unión Europea que mejor estaban resistiendo en un contexto de fuerte desaceleración económica, tendrán forzosamente que cambiar en un escenario de profunda depresión en el que ni siquiera hay certeza de que Bruselas vaya a echar una mano. Y que amenaza con tener consecuencias catastróficas en materia de empleo. La hipótesis inicial de que la pandemia dejaría paso a un pronunciada recuperación, sobre todo si los gobiernos son capaces de inyectar dinero en un tejido productivo forzado a la parálisis, han dejado paso a pronósticos más sombríos, sobre todo a medida que se hace evidente que la salida económica de la emergencia se va a demorar varios meses.

Pedro Sánchez había planeado 2020 como una oportunidad de poner en práctica, por fin, el programa social que se propuso llevar a cabo cuando ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018. No lo consiguió entonces —la derecha y los independentistas rechazaron los Presupuestos que llevó al Congreso en febrero de 2019—. No pudo hacerlo durante todo el año pasado, en el que permaneció en funciones durante ocho meses. Así que ahora contaba con aplicar un programa, el que pactó con Unidas Podemos, que incluye el impulso de una agenda que combina el desarrollo de medidas como la legalización de la eutanasia y la profundización de la memoria histórica con el refuerzo de la sanidad, la educación y la dependencia, tres pilares básicos del Estado de Bienestar.

Todo está en riesgo

Ahora, con la crisis que viene, todo eso está en riesgo. El propio Sánchez ha proclamado estos días que los próximos Presupuestos del Estado tendrán que ser “extrasociales”. Y en el contexto de la catástrofe provocada por el virus, cuyo impacto ha sido especialmente acusado en las dos Comunidades Autónomas más afectadas por los recortes sanitarios ordenados por las derechas —Madrid y Cataluña— ha avanzado que la política debe recuperar el “valor de lo público” que estos días se invoca para proteger a la sociedad del impacto de la enfermedad y de las consecuencias de la paralización económica.

En ese debate, la necesidad de reforzar lo público ante la evidencia de que lo privado no está en condiciones de hacer frente a emergencias como la presente, el PP, Vox y Ciudadanos se sitúan del otro lado. Y ya advierten, sobre todo el líder conservador, Pablo Casado, que combatirán cualquier intento de reforzar el papel del Estado, porque si algo une a las tres derechas es su militancia neoliberal.

El PP también se ha visto obligado a adaptar su estrategia. Ya no tiene una mesa de diálogo sobre Cataluña con la que agitar el debate territorial y ha tenido que enfrentar el dilema de cerrar filas con el Gobierno en la peor crisis social, económica y sanitaria que sufre España desde la guerra civil. Y, a pesar de las vacilaciones iniciales, ha acabado por preferir la confrontación. preferirUna estrategia en la que siempre ha estado la ultraderecha de Vox, que desde el principio vio en la situación de emergencia una oportunidad para cuestionar la estructura del estado de las autonomías y el papel de lo público. Y que nunca ha dudado en descalificar sin contemplaciones al Gobierno de Sánchez desde antes incluso de su constitución.

PSOE y PP tenían cuentas que saldar en las elecciones de Galicia y del País Vasco que se iban a celebrar el próximo domingo, 5 de abril. Un examen en el que se suponía iban a jugar un papel importante los primeros meses de gestión del Gobierno de Sánchez —que tomó sesión el 13 de enero— y la actitud de Casado como líder de la oposición, pero que ahora han quedado trastocadas por el impacto de la pandemia, cuyos efectos son visibles casi desde el primer momento en Euskadi y que todavía no ha mostrado su peor cara en la comunidad gallega.

Los presidentes Alberto Núñez Feijóo (PP) e Iñigo Urkullu (PNV) anticiparon las elecciones para evitar la 'contaminación' del debate catalán. Ahora no tiene más remedio que aceptar que no sólo pueden tener que votar en las mismas fechas que Cataluña —la fecha más probable es otoño— sino que serán los primeros responsables públicos obligados a someter sus cargos a la opinión de los votantes tras la pandemia. Y ambos tienen responsabilidades sobre sus respectivos sistemas sanitarios.

La cuestión catalana no ha desaparecido del todo, de la mano del president Quim Torra, pero sí ha quedado en suspenso. La segunda reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que hasta hace tres semanas focalizaba gran parte de la atención de los medios y que debía haberse celebrado en marzo, se ha quedado sin fecha. Y todo apunta a que pasarán muchos meses antes de que la agenda sanitaria y económica permita su celebración.

Está por ver, además, si la profundidad de lo que está ocurriendo tiene envergadura suficiente para alterar las alianzas nacidas de las últimas elecciones. Ciudadanos, ya de la mano de su nueva líder, Inés Arrimadas, está jugando la carta de la colaboración institucional y ha ofrecido incluso ayuda al PSOE para sacar adelante los Presupuestos. Una mano tendida que Sánchez, según fuentes socialistas, no aceptará si implica tener que renunciar a las políticas sociales, así como a su alianza con Unidas Podemos.

El Gobierno ha aprobado este martes la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan invertir hasta 300 millones de euros de su superávit en partidas de atención social de colectivos afectados por la expansión del Covid-19, como había reclamado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Fuentes del Gobierno han informado a Europa Press de que esta es una de las medidas que contempla el plan de choque social incluido en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, con medidas para hacer frente al impacto social y económico de la pandemia en los ciudadanos y la economía española.

Este plan, cuyo impulso reivindica Unidas Podemos y los Ministerios que controla el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, contará con una inversión de 600 millones de euros, tal y como ha informado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De esos 600 millones, la mitad procederán del superávit que inviertan los ayuntamientos, gracias a la flexibilización de la regla de gasto, en cuestiones que tengan que ver con atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus.

Precisamente la FEMP reclamó este lunes al Gobierno que permitiera a las entidades locales gastar el superávit que tienen en medidas que hagan frente a la situación, mediante la flexibilización de la regla de gasto, una de las limitaciones de la Ley de Estabilidad para controlar el déficit de las administraciones públicas y que hace tiempo que los ayuntamientos piden que se relaje para ellos.

Finalmente, el Gobierno ha aceptado permitir el gasto de hasta 300 millones de euros. No obstante, según los datos facilitados por la FEMP el pasado febrero, se calcula que los ayuntamientos cerrarán 2019 con entre 4.000 y 5.000 millones de euros de superávit, que se sumarán a los remanentes de años anteriores hasta rondar los 26.000 millones de euros.

Fondo de contingencia de servicios sociales de 300 millones

Dentro de ese paquete social también figura la creación de un fondo especifico de contingencia para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes, dotado con 300 millones de euros.

Asimismo, como medidas de apoyo a las familias, se incluye la moratoria en el pago de hipotecas a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el Covid, la moratoria en el pago de suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables, y la prórroga automática hasta septiembre del bono social a los hogares beneficiarios.

El Gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento para el próximo año del 1,8 al 1,6% del PIB pero aún así confía en que, en combinación on las nuevas figuras impositivas que se propone poner en marcha, sea suficiente para elevar el techo de gasto presupuestario para 2020 al 3,8% , hasta los 127.609 millones. Aun así, esta cifra representa una suma menor que la que intentó sacar adelante en 2018 y que PP y Cs impidieron aprobar en el Senado, algo que justifica en la desaceleración económica.

La aprobación de este porcentaje, así como de la senda de estabilidad por la que se propone transitar hasta 2023, confirman que el Ejectivo sigue dando los pasos necesarios para aprobar el proyecto de Presupuestos Generales de 2020. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, máxima responsable de su elaboración, rehuyó una vez más este martes poner fecha a la presentación de las cuentas a la espera de que el Gobierno negocie y cierre los apoyos que necesita para que la ley presupuestaria salga adelante en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno no quiere correr ningún riesgo, consciente de los endeble de la mayoría con que cuenta en el Congreso y quiere asegurarse de que el proyecto sale adelante e iniciar su tramitación aunque posteriormente tenga que negociar modificaciones vía enmiendas parciales. Eso sí, mantiene la fecha anunciada por el presidente Pedro Sánchez y reafirma que su previsión es contar con las cuentas aprobadas y en vigor para el “próximo verano”.

La ministra expresó, no obstante, su confianza en que España pueda tener este año los Presupuestos “que merece” y que, desùés de dos prórrogas, ya son “urgentes”. “Podrán gustar más o menos pero hay que permitir que se tramiten”, insistió.

Ni Montero ni Calviño dieron este martes detalles en torno los nuevos impuestos, sobre los que aseguran que el Gobierno sigue trabajando y que afectarán, entre otras cosas, a las transacciones financieras y a las tecnológicas que comercian con datos de sus usuarios, pero sí subrayaron que ningún caso tendrán consecuencias sobre “las clases medias y trabajadoras”.

La senda de estabilidad fijada por el Gobierno hace recaer el grueso del ajuste de déficit sobre la administración central para descargar de esta responsabilidad tanto a las Comunidades Autónomas como a la seguridad social, aseguró Montero.

La nueva senda 2020-2023, con la que el Gobierno quiere poner fin a la fijada por el PP en 2017 y que todavía está en vigor, recoge unos objetivos más flexibles, al elevar la previsión de déficit público al 1,8% del PIB este año y estimar un 1,5% en 2021, un 1,2% en 2020 y un 0,9% en 2023, al tiempo que prevé que la deuda pública rondará el 90% del PIB al final de legislatura.

Montero consideró esta previsión “bastante razonable” para garantizar el compromiso de España con la estabilidad presupuestaria y e “imprimir” al miso tiempo a los Presupuestos las “señas de identidad” del actual Gobierno de coalición: reducción de desigualdades, transición ecológica, lucha contra la pobreza, reto digital y “revitalización” del Estado de Bienestar.

Sobre la nueva senda ha resaltado que proporciona un marco “mucho más realista y prudente que la vigente” heredada de Rajoy.

No hubo acuerdo. Hacienda no entregará los 2.500 millones del IVA de diciembre de 2017 que reclaman las comunidades autónomasreclaman y que quedó pendiente por una decisión tomada aquel año por el Gobierno del PP que el Ejecutivo de Sánchez no pudo corregir porque no pudo sacar adelante los Presupuestos de 2019.

La titular del ministerio, María Jesús Montero, ofreció a los consejeros autonómicos que acudieron al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tres medidas paliativas. La primera, no tener en cuenta a efectos de déficit ese dinero, que muchas de estas comunidades presupuestaron —y gastaron— en 2019 pese a no tener soporte en la columna de ingresos. La segunda, preparar fondos para ayudar a las que este problema ha provocado dificultades en los pagos a proveedores. Y la tercera, diseñar una senda de déficit para la administración autonómica que facilite su transición hacia el equilibrio presupuestario: un 0,2% del PIB para este año, un 0,1% para 2021 y un 0% para 2022.

Hay que tener en cuenta, recordó Montero, que la senda de déficit en vigor para las comunidades en 2019 —la que fijó Montoro en 2017— es del 0,1%. Y que la decisión de muchas comunidades de contar con ese IVA en sus cuentas de 2019 les supondría un incremento de déficit de en torno a dos décimas, de manera que si el Gobierno decidiera incluir lo sucedido en el cómputo de déficit la cifra aumentaría a un 0,3% del PIB. Eso es lo que el Ejecutivo ha ofrecido no hacer.

La senda de déficit, así como la de deuda —23,4 para 2020, 22,8 para 2021, 22,1 para 2022 y 21,4 para 2023— fue aprobada en el CPFF por 11 votos a favor y seis en contra —los de las comunidades del PP—.

Al final, la inmensa mayoría de comunidades autónomas —de distinto color político— que han acudido CPFF insistieron en reclamar el IVA que consideran pendiente de 2017, algunas de ellas a través de los tribunales.

Así se expresó, por ejemplo, la consejera socialista de las Illes Balears, Rosario Sánchez Grau (PSOE), quien dejó clara su opinión de que no se puede pretender compensar a las autonomías permitiéndoles más déficit a cambio de no abonarles los 2.500 millones del IVA del 2017. “El déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber repercutido en 2019”, zanjó la consejera en declaraciones recogidas por Europa Press.

En términos parecidos se manifestaron Javier Fernández-Lasquetty (Madrid) y Valeriano Martínez (Galicia), ambos del PP. Este último argumentó que déficit e IVA son “conceptos distintos”. “No hace falta saber mucho de economía. Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda”, criticó.

El origen del contencioso del IVA que enfrenta a las comunidades autónomas con el Gobierno se remonta a 2017, cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), sólo pagó a las comunidades autónomas 11 meses de IVA como consecuencia de un ajuste contable. Con “nocturnidad hizo una modificación unilateral del sistema de información del IVA que hizo que en la práctica sólo se recaudaran, a efecto de comunidades autónomas, once meses”, explica el actual equipo de Hacienda.

Hoy ese dinero ya no se puede entregar a las comunidades, afirma Montero, “porque el sistema de financiación tiene una liquidación dos años más tarde. Es decir: si el daño se produjo en el 2017, se tenía que haber reparado en el año 2019”.

“No existen 2.500 millones de euros que se quede el Gobierno de España, eso es falso”, asegura la ministra, quien añade que “el ajuste, en términos de contabilidad nacional, se hizo en el año 2017. Así que nadie se queda con ningún dinero porque no hay ningún dinero sobrante”.

La senda de estabilidad

Lo que la ministra Montero no reveló este viernes son los objetivos de déficit y deuda para la Administración central, la Seguridad Social y las entidades locales, a la espera de hacérselos saber a la Administración local y de aprobarlos definitivamente en Consejo de Ministros.

La senda de estabilidad marca los límites dentro de los cuales se tiene que mover el presupuesto público durante los próximos años en términos de déficit y deuda, dos conceptos sobre los que la Unión Europea ejerce un fuerte control a través del llamado Pacto de Estabilidad, un instrumento creado para garantizar la disciplina fiscal de los Estados miembros.

Ese Pacto de Estabilidad está siendo puesto en cuestión por algunos Estados, entre ellos España. Los países del norte, en general, quieren endurecerlo; los del sur, relajarlo. La nueva presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, abogó esta semana por aplicarlo “con toda la flexibilidad” posible. En cualquier caso, mientras esté en vigor, el Gobierno de Sánchez mantiene su compromiso de cumplimiento.

Lo habitual es que los objetivos de déficit y deuda —para la Administración central, las comunidades autónomas, la Seguridad Social y las entidades locales— se actualicen cada año —es obligatorio tramitarlos en el primer semestre—, pero en España todavía están en vigor los fijados hace casi tres años por el Gobierno de Mariano Rajoy. Eso es así porque el PP, que hasta abril de 2019 tenía mayoría absoluta en el Senado, bloqueó en la Cámara Alta la actualización que el Gobierno de Pedro Sánchez quería aplicar suavizando los objetivos con el visto bueno de Bruselas.

Si no se modificase la senda vigente, la del PP, obligaría al Gobierno de Sánchez a conseguir una reducción del porcentaje de déficit al 0,5% del PIB y a hacerlo íntegramente a través de la Seguridad Social —el mandato era de equilibrio en la Administración central, las comunidades autónomas y las entidades locales—. Y a recortar también la deuda este año a un 92,5% del PIB, en su mayor parte (67,6 puntos) con cargo a la Administración central.

Tras la aprobación de la senda autonómica en el CPFF, el Gobierno tiene que fijar en el Consejo de Ministros el resto, así como el límite de gasto no financiero, conocido como “techo de gasto”, para posteriormente presentarlo junto a la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda de las Administraciones públicas al Congreso de los Diputados y el Senado. Estas previsiones constituyen la base sobre la que el Gobierno elaborará y aprobará su proyecto de Presupuestos Generales para 2020.

Presupuestos “cuanto antes”

El propio Pedro Sánchez remarcó este jueves que no piensa modificar su objetivo de contar con Presupuestos cuanto antes ni siquiera para sortear las dificultades que representa conseguir una mayoría suficiente en el Congreso como consecuencia del escenario preeletoral en el que ha entrado Cataluña.

“La intención del Gobierno de España es aprobar cuanto antes los Presupuestos”, declaró en Barcelona. “Y les digo una cosa: ese cuanto antes nada tiene que ver con el calendario electoral, tiene que ver con las urgencias y la importancia de los temas que afectan al día a día de los ciudadanos de nuestro país”.

Oficialmente, el Gobierno no reconoce haber negociado estas cifras con Bruselas más allá del “constante diálogo” que, según la ministra de Economía, Nadia Calviño, mantiene con las autoridades comunitarias para compartir sus previsiones macroeconómicas y las intenciones del Ejecutivo desde el punto de vista fiscal.

Calviño, sin embargo, recordó hace unos días que el margen de maniobra de España ha cambiado en comparación con el que se encontraron en 2018. Porque gracias a la reducción del déficit público nuestro país salió la pasada primavera del llamado brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y pasó a formar parte del brazo preventivo. En esta nueva situación, precisó, Bruselas no hace tanto énfasis en la ratio de déficit nominal, sino en cuáles son los ajustes estructurales a realizar en los próximos años para lograr los objetivos de sostenibilidad en materia de déficit y deuda pública.

Desde el punto de vista de los objetivos, hay varias diferencias entre el brazo correctivo y el preventivo. La primera de ellas es que al haber bajado de un déficit del 3% basta con mantenerse por debajo de esa cifra, no es imperativo seguir reduciéndola. Y que la atención pasa ahora al llamado déficit estructural: la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta cómo les afecta que el ciclo económico sea de crecimiento o de recesión.

Eso significa que no se pueden tener en cuenta los ingresos derivados de un mayor crecimiento o, por ejemplo, el ahorro motivado por tener que pagar menos prestaciones por desempleo. Sólo cuenta recaudar más por subidas de impuestos o gastar menos por recortar los gastos. Eso es en lo único en lo que se va a fijar Bruselas a partir de ahora.

En el caso español, la UE exige un ajuste estructural para el 2020 del 0,65% del PIB, lo que representa aproximadamente 7.800 millones de euros. Una cifra que puede salir de la reducción de gastos o del aumento de impuestos pero que con toda probabilidad España intentará escalonar a lo largo de varios ejercicios para no afecte a las políticas sociales que quiere poner en marcha.

De ahí que la arquitectura financiera que el Gobierno está preparando incluya la creación de nuevos impuestos, entre los que destacan los que afectan a las transacciones financieras o a las empresas digitales que comercian con datos de los usuarios, así como al incremento de los tipos para las más ricos y para las grandes empresas.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este viernes la nueva senda de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas, que marca una relajación del objetivo de déficit autonómico al 0,2% del PIB este año y al 0,1% en 2021, con once votos a favor del Ministerio de Hacienda, las regiones del PSOE y Melilla, frente a la oposición de las regiones gobernadas por el PP, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda.

En concreto, los once votos a favor han sido los de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria (en coalición con PRC), Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana), más el voto de Melilla (presidida por Cs) y del propio Ministerio de Hacienda. Por el contrario, han rechazado la nueva senda las cinco regiones del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta.

De su lado, Navarra y País Vasco, que se acogen al régimen especial, no han votado, aunque sí ha acudido un representante de la comunidad navarra. Del País Vasco en cambio no se ha enviado a nadie. En el caso de Cataluña, tampoco ha participado en la votación, aunque ha acudido la secretaria de Economía, Natàlia Mass, en vez del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

La nueva senda trasladada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas establece un objetivo más flexible de déficit autonómico, fijándolo en el 0,2% del PIB este año, el 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2022.

Conforme a la nueva senda, el Gobierno otorga más margen a las comunidades, ya que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.

IVA Autónomico

En la reunión del CPFF, Montero ha trasladado también a los consejeros autonómicos que Hacienda no tendrá en cuenta la parte del déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017, unos 2.500 millones de euros en conjunto, a la hora de contabilizar el déficit de las comunidades autónomas de 2019, que estima que cerró en el 0,5% del PIB, si bien calcula que rondaría el 0,3% si se descuenta dicho efecto.

Además, ha flexibilizado los objetivos de déficit y pondrá en marcha un extra Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con un tipo del 0%. De esta forma, tras descontar el efecto del IVA, las comunidades que registren un déficit del 0,1% o inferior se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019.

No obstante, las comunidades no han dado una buena acogida a las medidas compensatorias de Hacienda al reclamar el pago y rechazar más endeudamiento, especialmente las regiones que ya presentan superávit. El rechazo ha sido mostrado por los consejeros de las autonomías del PP y por varias socialistas.

El Ministerio de Hacienda va a comunicar esta tarde a las comunidades autónomas la nueva senda de estabilidad para los próximos años, por la que establece un objetivo más flexible de déficit autonómico del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2022, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio.

Esta es la nueva senda presupuestaria para las comunidades autónomas que comunicará este mismo viernes por la tarde la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros de Economía y Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que no se reúne desde 2018, como paso previo a los trabajos preparatorios de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.

Conforme a la nueva senda, el Gobierno otorga más margen a las comunidades, ya que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.

Aunque por ahora se desconocen los objetivos de déficit y deuda para el resto de administraciones, esta tarde se conocerá la actualización de la senda también para el Estado, la Seguridad social y las corporaciones locales.

La actual y oficial, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018, fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez augura de hecho un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.

El Gobierno tiene asegurada la aprobación de la nueva senda al menos en el CPFF, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta en este órgano con el 50% de los votos, frente a la otra mitad correspondiente a las autonomías, por lo que logrará la mayoría con que una sola comunidad vote a favor.

Tras la aprobación de la senda en el CPFF este viernes, el Gobierno aprobará a posteriori en el Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para posteriormente presentarlo junto a la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda de las administraciones al Congreso de los Diputados y el Senado, en donde deberá conseguir el apoyo suficiente para su visto bueno.

La reunión de esta tarde, a la que asistirá también la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, estará marcada por las denuncias y quejas de las regiones por el IVA autonómico de 2017.

La Comisión Europea calcula que España cerrará este año con un déficit público equivalente al 2,3% del PIB, un porcentaje que es dos décimas superior a la estimación que hizo en noviembre, y tres décimas mayor que la previsión del Gobierno reflejada en el Plan de Estabilidad que envió a las autoridades comunitarias la pasada semana, según informa Europa Press.

Bruselas piensa, por tanto, que la economía española reducirá menos de dos décimas el desvío de las cuentas de las administraciones públicas, desde el 2,48% registrado en 2018. Esta previsión, explica el informe, se basa en un presupuesto prorrogado para este año y tiene en cuenta todas las medidas de gasto aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de decretos leyes.

De hecho, la Comisión Europea destaca que el ciclo económico "favorable" y los menores costes de la deuda compensarán "parcialmente" el efecto de estas medidas, algunas de las cuales son "temporales" y entre las que cita el mayor gasto en pensiones y otras políticas sociales, por el lado del gasto, y el incremento de las bases máximas de cotización, por el de los ingresos.

Además, el Ejecutivo comunitario remarca que algunas de las medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que fueron tumbados por el Congreso también tendrán un efecto en 2019, como la subida del sueldo de los funcionarios o la bajada de impuestos a las rentas más bajas. También advierte de que pueden elevar el desfase de las cuentas públicas las indemnizaciones a las constructoras de las autopistas rescatadas.

Más allá de 2019, Bruselas calcula que el déficit de 2020 se reducirá tres décimas, hasta el 2%, bajo la asunción de un escenario sin cambios en la política fiscal, frente al 1,1% que prevé el Gobierno. El déficit estructural –sin tener en cuenta los efectos del ciclo económico– se deteriorará levemente durante los próximos dos años, según las autoridades comunitarias.

Menor ritmo de crecimiento, pero sólido

Con respecto al crecimiento del PIB, el Ejecutivo comunitario estima que se ralentizará en los próximos dos años, aunque seguirá siendo "sólido". En concreto, mantiene las proyecciones anteriores, que sitúan la expansión de la economía en un 2,1% este año –una décima menos que la estimación del Gobierno– y en un 1,9% en 2020, una expansión idéntica a la que incluye el Plan de Estabilidad. Así, en un contexto de moderación de la demanda doméstica, debido principalmente a la ralentización del consumo privado por el rebote de la tasa de ahorro y a los menores niveles de inversión, la expansión económica se beneficiará de una mejor contribución de las exportaciones netas, que sin embargo seguirá siendo negativa hasta 2020.

Por último, la Comisión Europea destaca en la ficha sobre España que el crecimiento del empleo sigue "superando las expectativas". En este sentido, apunta que la creación de puestos de trabajo se mantendrá "robusta" aunque se ralentizará como consecuencia de la moderación de la demanda y del incremento del salario mínimo. En esta línea, las autoridades europeas prevén que la tasa de desempleo se reduzca desde el 15,3% de 2018 hasta el 13,5% en 2019 y el 12,2% en 2020, el menor nivel desde 2008. A su vez, creen que el incremento de los salarios alcance su pico este año, por el impacto de la subida del SMI, para después moderarse, aunque todavía por encima de la inflación.

La mayoría absoluta del PP en el Senado, a la que se han sumado los votos de Cs, UPN, Bildu, Coalición Canaria y Foro Asturias, ha utilizado la capacidad de veto en esta Cámara para rechazar y devolver al Gobierno la senda de déficit aprobada por el Congreso la semana pasada y que contempla un déficit público del 1,8% para el próximo año, cinco décimas por encima del objetivo actual, informa Europa Press.

En concreto, el Pleno del Senado ha rechazado la senda de déficit con 150 votos en contra de PP, Cs, UPN, Bildu, Coalición Canaria y Foro Asturias, frente a los 97 votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís y Agrupación Socialista Gomera, y una abstención de Agrucación Herreña Independiente.

Durante su intervención en defensa de la senda de déficit, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este jueves el "rodillo de bloqueo" y las "chinas en el camino" del PP y Cs con su "pinza" en el Senado a la senda de déficit, aprobada la semana pasada en el Congreso, porque constituye una "política de tierra quemada" que prima el interés "partidista".

Montero ha advertido de que volver al déficit del 1,3% en 2019 conlleva un ajuste de 18.000 millones, menores inversiones de las deseadas, afectará a las comunidades autónomas y hará que la Seguridad Social suba las cotizaciones para suplir los menores ingresos.

El Gobierno consiguió el pasado jueves en el Congreso el apoyo suficiente para sacar adelante al segundo intento la senda de déficit, con 176 votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Compromís, frente a 168 votos en contra de PP, Ciudadanos, Eh-Bildu, Foro Asturias y Coalición Canaria.

Esta misma senda, rechazada por la Cámara Alta en julio, elevaba al 1,8% el déficit del próximo año, por lo que ofrecía un margen presupuestario de 6.000 millones de euros, tras haber conseguido el Gobierno recuperar el bloque de los socios de la moción de censura.

La votación sobre los objetivos es la antesala de la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que el Gobierno prevé aprobar en Consejo de Ministros y remitir al Congreso el próximo mes de enero.

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan María Vázquez, ha criticado que PP y Cs "van a votar en contra de este país" y de los servicios públicos, y ha defendido que la senda del Gobierno conlleva la reducción de déficit y de deuda, al tiempo que ha cuestionado las críticas del PP por el aumento de algunos presupuestos cuando el Gobierno de Mariano Rajoy elevó "40 impuestos".

Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha argumentado que el rechazo de su formación a la senda se debe a que los conservadores no quieren ser "cómplices" de "un Gobierno que está dispuesto a hacer todo por seguir gobernando" y a evitar que en momento de enfriamiento de la economía se incida en políticas de gasto que conduzcan a mayor déficit y la vuelta a la "quiebra".

Además, ha afirmado que desde el PP no están dispuestos a que Pedro Sánchez "se financie la campaña electoral más larga de la democracia" con los 6.000 millones de margen, al tiempo que ha advertido de que no aceptarán "en ningún caso" que se recorten inversiones en regiones como Melilla o Canarias para que Sánchez cumpla sus compromisos "que adquiere en secreto con Torra".

Por ello, desde la "legitimidad democrática" ha defendido su "no" a la senda, realizando duras críticas a las negociaciones del Gobierno con los independentistas que ponen en riesgo "la convivencia y el marco constitucional".

"La gran mayoría de ciudadanos se sienten indignados cuando el presidente acepta sentarse a hablar del derecho de autodeterminación", ha espetado Cosidó a la bancada socialista, a quien le ha augurado el "fracaso" de las negociaciones con los independentistas porque "no son de fiar".

El veto del Senado

El rechazo del Senado a la senda de déficit obligará al Gobierno a aprobar los Presupuestos de 2019 a mediados de enero con la senda de estabilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que contempla un déficit del 1,3% para el próximo año.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria actual otorga la capacidad de veto a la senda a la Cámara Alta, motivo por el cual el Gobierno pactó modificar esta ley y el PSOE y varios grupos más registraron una iniciativa para cambiarla.

Sin embargo, la mayoría en la Mesa del Congreso de PP y Ciudadanos hace que estas formaciones, contrarias a la modificación, tengan en su mano seguir prorrogando los plazos para presentar enmiendas. Tras superar dos debates en el Pleno, esta iniciativa se encuentra a la espera de recibir sus enmiendas al articulado.

Seis meses después de fracasar en su primer intento, el Gobierno de Pedro Sánchez consiguió este jueves reconstruir la mayoría política que hizo posible la moción de censura y sacar adelante sus objetivos de estabilidad para el año que viene, de los que depende la posibilidad de ampliar en 6.000 millones el gasto en los Presupuestos para 2019. Fueron 176 votos a favor y 168 en contra.

La llave que ha abierto la puerta a la propuesta del Gobierno ha sido el Govern de la Generalitat, que a través del PDeCAT y Esquerra, los dos partidos que le dan soporte, ha dado instrucciones a sus diputados en el Congreso para cambiar de criterio y apoyar a Pedro Sánchez el mismo día de la reunión en Bsrcelona entre el president Quim Torra y el Gobierno de España.

La nueva senda de estabilidad ha superado con éxito su paso por el Congreso pero se estrellará con torda probabilidad en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y que conserva la capacidad de veto que le dio Mariano Rajoy cuando todavía controlaba las dos Cámaras. Pero aún así constituye un éxito para Sánchez porque alimenta la posibilidad de que su proyecto de Presupuestos supere el debate de totalidad en el Congreso, el próximo mes de febrero, y le da la oportunidad de poner el foco del debate en la agenda social que quiere lleva a cabo en los próximos meses.

Un gesto con costes

Joan Margall (ERC) justificó el voto a favor como “otro gesto de buena voluntad” para decir “que no debemos romper los pocos, poquísimos puentes que quedan, el hilo muy fino de diálogo con el Gobierno”, y “conscientes de que este gesto tendrá costes para nosotros”. El portavoz republicano explicó que su grupo ha tomado esta decisión a petición del Govern, “convencidos” de que puede ser “la última oportunidad”. Sobre todo porque, tras las elecciones andaluzas, ha desaparecido el “diálogo fluido” que hasta entonces era “habitual”. “Lleguemos a acuerdos que no expulsen a ninguna de las dos partes”, pidió, “y después que decidan los ciudadanos”.

El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel confirmó que el cambio de postura del independentismo obedece al criterio de la Generalitat., “que quiere poder disponer de estas dos décimas” de financiación adicional “que le permiten 470 millones de euros mas de gasto”. Un presupuesto adicional que, si no se consigue, será por culpa de PP y Ciudadanos, a quienes prometió recordárselo cada vez que en el Parlamrnt de Cataluña vuelvan a exigir más dinero para los Mossos, losf uncionarios o los médicos. “Se lo habrán quitado ustedes”, advirtió.

“Somos conscientes de lo que hacemos”, subrayó el portavoz neoconvergente. “Les tendimos la mano” y  “la volvemos a tender. Pero que nadie se equivoque”, remachó: “Esto no es la antesala de un sí a los Presupuestos. La antesala es una propuesta para una solución política en Cataluña y eso no pasa simplemente por un nuevo Estatuto”.

También apoyó la senda Unidos Podemos, con quien el Gobierno ha pactado las grandes líneas del proyecto de Presupuestos. Aunque su portavoz en el debate, el diputado Alberto Montero, fue tremenda critico con el Ejecutivo y con la ministra de Hacienda. “Nos lo pone muy difícil. Pero, como tenemos sentido de la responsabilidad y estamos confiados en que van a cumplir el acuerdo presupuestario, vamos a votar afirmativamente aunque sea con la nariz tapada”, señaló.

Al PSOE, Unidos Podemos, Esquerra y PDeCAT se sumó también el PNV, que ya había apoyado la senda cuando se presentó por primera vez, el pasado mes de julio. Además de Compromís y el único diputado de Nueva Canarias, con los que el bloque de la moción de censura suma  178 votos, dos por encima de la mayoría absoluta. Todos sus portavoces aprovecharon para denunciar el filibusterismo parlamentario de PP y Ciudadanos que impiden desde hace meses que se pueda tramitar la reforma legal imprescindible para poner fin al veto del Senado que, mientras exista, impedirá aprobar los nuevos objetivos de estabilidad. Una capacidad de bloqueo que la mayoría de los partidos de la Cámara consideran una “anomalía”, porque da a la Cámara alta un poder que no tiene con vetar ninguna otra ley.

En contra se mantuvo el bloque PP-Ciudadanos, sus partidos satélite (UPN y FAC), Coalición Canaria y EH Bildu, que en el Congreso suman 172 diputados.

Esquerra Republicana y PDeCAT mantienen la puerta abierta a apoyar este jueves en el Pleno del Congreso la senda de déficit que el Gobierno ha diseñado con vistas a los Presupuestos de 2019. Esos objetivos de estabilidad ya fueron rechazados por la Cámara Baja en junio y en aquella ocasión los independentistas catalanes se abstuvieron, informa Europa Press.

El apoyo sería un gesto hacia el Gobierno socialista en vísperas de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente los Presupuestos Generales, pero en todo caso no tendría más efectos prácticos ya que esa senda de déficit, si logra ser aprobada por el Congreso, debe pasar después por el Senado, donde el PP ya ha anunciado que lo tumbará con su mayoría absoluta.

Fuentes de las dos formaciones independentistas han asegurado a Europa Press que aún no han decidido el sentido de su voto, que nada está descartado y que, muy probablemente, se acabará decidiendo poco antes del debate y votación de los objetivos de estabilidad.

Pese a tratarse de un asunto que cada formación decida en una discusión interna de cada partido, reconocen que el sentido de voto de ambos irá en consecuencia de lo que decida el otro. Desde el PDeCAT argumentan esta posición señalando que es un tema que afecta al margen de maniobra del Govern, al flexibilizar en dos puntos el objetivo de déficit de las administraciones autonómicas.

PDeCAT: "Altas probabilidades" de apoyarla

En esta formación admiten que existen "altas probabilidades" de dar su apoyo este martes a los nuevos objetivos de estabilidad, pese a que, tal y como reconocen y han venido advirtiendo, este apoyo no serviría de nada por tener el PP la llave de su aprobación en el Senado.

De hecho, en el PDeCAT reconocen que ven positivo lo que proponen estos objetivos, que eleva el objetivo de déficit del conjunto de las administraciones para 2019 del 1,3% al 1,8%, reservando dos de las cinco décimas de flexibilización para las comunidades autónomas.

Sin embargo, el principal 'pero' que ponían durante estos días era, precisamente, la inutilidad de su apoyo, teniendo en cuenta que hicieran lo que hicieran, el PP tumbaría estos objetivos en el Senado. Por esta razón, Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso, llegó a calificar la semana pasada como "un gesto más" el nuevo debate de la senda.

"Mala semana para apoyarles"

Más prudentes se pronuncian desde Esquerra Republicana, que aseguran que por ahora aún no existe una posición fijada al respecto y que probablemente se decidirá en el último momento, reservándose así el optimismo que trasladan desde el PDeCAT.

"Mala semana han elegido para apoyarles", deslizan fuentes del grupo parlamentario de los republicanos en el Congreso, que recuerdan el inicio del juicio del referéndum de 1 de octubre de 2017 y los "ánimos caldeados" que detectan en la sociedad catalana ante la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona.

El apoyo de ambas formaciones permitirían al Gobierno superar la primera de las votaciones a su senda de déficit y, pese a no aprobarla, por depender del Senado, permitiría visibilizar una posible mayoría en el Congreso al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno prevé presentar el próximo mes.

Y es que ambas formaciones se abstuvieron el pasado mes de julio, cuando el Ejecutivo llevó al Congreso por primera vez la misma senda que defenderá este jueves. Otra de las formaciones que entonces se abstuvo, Unidos Podemos, apoyará al Gobierno en esta ocasión, tras haber cerrado un acuerdo de Presupuestos, uniéndose así al PNV, que hace cinco meses fue el único grupo que apoyó al Ejecutivo.

El pleno del Parlamento de Navarra ha acordado este jueves instar al Gobierno de España a que "proceda a la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía decida democráticamente la forma de Estado entre monarquía o república", según recoge Europa Press. La propuesta ha sido presentada por Izquierda-Ezkerra  en el marco del Debate sobre el Estado de la Comunidad y ha salido adelante con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra (I-E). Por su parte, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Socialista (PSN) y Partido Popular (PPN) han votado en contra.

La resolución incluye otro punto por el que el Parlamento foral pide al Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación sobre "las presuntas irregularidades y prácticas corruptas en relación al origen del patrimonio del Rey emérito Juan Carlos I".

El parlamentario de I-E José Miguel Nuin ha afirmado que "en el Estado español la ciudadana tiene derecho a decidir sobre el modelo de Estado, es pura democracia". "La Constitución está muy tocada, y con un cuestionamiento político y social cada vez mayor. Hay que abordar un proceso muy profundo de cambio", ha asegurado.

I-E también ha presentado otra resolución en este debate, que ha sido aprobada igualmente, con la que el Parlamento reclama al Ejecutivo central que, de forma "urgente", aborde la derogación de varias leyes que "han mermado los derechos laborales, sociales y libertades de la ciudadanía española y navarra", como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral o la ley mordaza, entre otras. El cuatripartito ha votado a favor, UPN y PPN han votado en contra, y el PSN se ha abstenido.

¿Pueden el PP y Ciudadanos torpedear la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado desde la Mesa del Congreso? El partido naranja abrió este miércoles esa puerta y su secretario general, José Manuel Villegas, no descartó que la derecha intente impedir que el proyecto de cuentas públicas para 2019 se debata en la Cámara baja, argumentando que los Presupuestos pactados por el Gobierno y Unidos Podemos son "ilegales". No obstante, expertos constitucionalistas consultados por infoLibre coinciden en que bloquear el proyecto supondría que la Mesa se extralimitase en sus funciones, e incluso fuentes del propio PP admiten en privado que ven factible que los Presupuestos terminen siendo aprobados.

La reacción de Villegas se produjo a raíz de la noticia publicada este miércoles por El Mundo, que informó de que Ciudadanos quiere plantear al PP la posibilidad de impedir la tramitación del proyecto de Presupuestos bloqueándolo con la mayoría que ambos suman en la Mesa del Congreso –tienen cinco representantes, por cuatro de PSOE y Unidos Podemos–. El partido naranja argumenta que "la Mesa del Congreso no puede tramitar unas cuentas claramente ilegales" porque –a su juicio– vulneran la Ley de Estabilidad Presupuestaria, dado que el Ejecutivo no ha logrado que el Congreso y el Senado aprueben fijar el objetivo de déficit para el año que viene en un 1,8%.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece que ambas cámaras, tanto el Congreso como el Senado, deben aprobar la senda de estabilidad presupuestaria que presente el Gobierno (necesaria, a su vez, para elaborar los Presupuestos) para que esta salga adelante. Y, al contrario de lo que ocurre en la tramitación legislativa habitual, la Cámara Baja no puede levantar un veto a la misma que haya impuesto el Senado. El Ejecutivo ya intentó aprobar sin éxito la nueva senda de estabilidad en el Congreso el pasado 27 de julio, y la mayoría absoluta con la que cuenta en el Senado el PP hace inviable que el Ejecutivo pueda aprobar un objetivo de déficit del 1,8% para 2019.

Por ello, Unidos Podemos y el PSOE pretenden reformar la ley para evitar que la Cámara alta tenga capacidad de vetar la senda de estabilidad. Pero, hoy por hoy, esa reforma está estancada y los objetivos de estabilidad vigentes son los últimos aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que establecen un objetivo de déficit del 1,3% para el año 2019. Y ese es el problema: pese a que la Ley de Estabilidad obliga a que los Presupuestos se adapten a las cifras de déficit aprobadas en el momento de su presentación –es decir, el 1,3%–, las cuentas pactadas por el Gobierno y Unidos Podemos están calculadas en base al supuesto de que el déficit solo tenga que reducirse hasta el 1,8%. Pese a que la ley le obliga a ello, el Gobierno no ha vuelto a llevar su senda de estabilidad a las Cortes desde que éstas la rechazaron por primera vez en julio.

El Gobierno se pliega al 1,3%

Así las cosas, según Ciudadanos los Presupuestos no podrían tramitarse al estar basados en una cifra de déficit más holgada que la que está aprobada, y esa es la razón por la que el partido naranja opina que la Mesa tiene derecho a bloquear la tramitación de las cuentas cuando el Gobierno las presente. "Esperemos que [el Gobierno] no cometa la ilegalidad de traer unos presupuestos ilegales con la senda de déficit que ni sus socios de Gobierno aprobaron en el Parlamento", insistió Villegas este miércoles en el Congreso.

No obstante, el Ejecutivo dejó claro este miércoles que se adaptará a la cifra de déficit ya aprobada del 1,3% si las Cortes no aprueban aumentarla hasta el 1,8%, algo que parece imposible con la mayoría absoluta del PP en el Senado. "Nosotros vamos a presentar unos Presupuestos en diciembre con una senda de estabilidad que es la que ahora mismo está reconocida por este parlamento, hasta que esa senda de estabilidad no sea revisada", afirmó en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afeó que PP y Ciudadanos estén bloqueando la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar la capacidad de veto del Senado a la senda de estabilidad. 

Parece complicado que el Gobierno pueda encontrar una manera para eliminar la capacidad del Senado para vetar la senda de estabilidad antes de diciembre, cuando se presentarán los Presupuestos al Congreso. Pero es que, incluso aunque el Gobierno no se adecuara a la cifra del 1,3% de déficit y presentara unos Presupuestos basados en la necesidad de tener que reducir el déficit solo hasta el 1,8%, PP y Ciudadanos no tendrían legalmente la capacidad de torpedear su tramitación en la Mesa del Congreso. Así lo aseguran los constitucionalistas consultados por infoLibre, que explican que no tramitar los Presupuestos supondría hurtar a las Cortes la capacidad de debatir sobre ellos, aprobarlos, rechazarlos o enmendarlos.

La Mesa no puede decidir si las cuentas son legales

"No le corresponde a la Mesa del Congreso hacer un control de la constitucionalidad de los Presupuestos", afirma tajantemente Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, que argumenta que un bloqueo por parte del PP y Ciudadanos en ese órgano de la Cámara baja "estaría limitando una atribución específica del Gobierno, como es la presupuestaria". Según establece la Constitución, el Ejecutivo tiene en exclusiva la prerrogativa de elaborar las cuentas, y la misión de las Cortes Generales es la de abordar "su examen, enmienda y aprobación", no la de valorar si cumplen los preceptos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Con Arbós coincide José María Morales, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y experto en derecho parlamentario. A su juicio, que la Mesa se negase a tramitar el proyecto de Presupuestos del Gobierno supondría "privar a las Cortes" de su derecho, recogido en la Constitución, a examinar, enmendar y aprobar o rechazar las cuentas. "Si se entiende que los Presupuestos son ilegales, se puede presentar una enmienda a la totalidad contra los mismos, pero no privar a las Cortes de pronunciarse sobre ellos", sostiene Morales, que insiste que las únicas vías legales –a su juicio– para que PP y Ciudadanos tumbasen las cuentas serían o bien reunir una mayoría en el Congreso que las rechace, o bien "recurrir al Tribunal Constitucional" la supuesta ilegalidad y esperar a que la institución les diera la razón. "Y eso solo podría hacerse una vez aprobadas las cuentas", apunta.

Pese a que en público el PP aseguró este miércoles que hará todo lo posible para "bloquear" los Presupuestos, en privado las fuentes de los conservadores consultadas por infoLibre reconocen que, "teóricamente", sí se pueden aprobar unas cuentas para el año que viene aun sin haber aprobado la senda de déficit para 2019, aunque, eso sí, el Gobierno tendría que respetar el objetivo del 1,3% y adaptar el proyecto al mismo, ya que las cuentas están hechas tomando como referencia un objetivo del 1,8%. "Pueden hacer unos Presupuestos con el techo de gasto de la legislatura anterior, pero tienen que calcular más ingresos o una reducción de gasto", asevera un dirigente del PP.

Hacienda asegura que se mantendrán las medidas pactadas

A este respecto, un portavoz del Ministerio de Hacienda insiste en que el Gobierno no presentará unos Presupuestos pensados para alcanzar una cifra de déficit del 1,8% si ésta no ha sido antes aprobada por las Cortes, pero también señala que adaptar las cuentas a la cifra del 1,3% no supondrá un gran recorte en el pacto firmado entre el Ejecutivo y Unidos Podemos. Las cinco décimas de diferencia entre un objetivo y otro suponen poder disponer de 6.000 millones de euros más o menos para el año que viene, pero Hacienda explica que las grandes perjudicadas si no se aprobase una nueva senda de estabilidad serían las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

"El impacto en la administración central es solo de una décima, unos 1.200 millones, y se compensaría tratando de aumentar los ingresos y revisando el cuadro macroeconómico", insisten estas fuentes, que aseguran que, en todo caso, "se van a mantener las medidas pactadas con Unidos Podemos".

El PSOE ha anunciado su decisión de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional la negativa de la Mesa del Congreso, con mayoría de PP y Ciudadanos, de impedir la tramitación urgente de la proposición de ley para poder sortear el veto del Senado al techo de gasto y la senda de déficit, informa Europa Press.

El PSOE y Unidos Podemos pidieron en su día que su proposición de ley de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se tramitase por el procedimiento de urgencia y en lectura única con el fin de que se aprobara cuanto antes y así acelerar la presentación de unos nuevos Presupuestos.

La urgencia, que es competencia de la Mesa, implica acortar los plazos a la mitad, mientras que la lectura única, un trámite que acuerda el Pleno si lo pide la Mesa, permite solventar todos los debates en una semana en el Pleno del Congreso, sin pasar por ponencia ni comisión.

Sin embargo, se toparon con el freno que el PP y Ciudadanos pusieron en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, donde suman mayoría. El PSOE y Unidos Podemos recurrieron y, tras un debate en la Junta de Portavoces con más grupos a favor de la tramitación exprés, la Mesa del Congreso ha ratificado su rechazo.

"Es inaudito"

A través de un comunicado, el Grupo Socialista ha lamentado que la Mesa del Congreso haya "ignorado" la opinión de la Junta de Portavoces, lo que achaca a "razones de oportunidad política": "Es inaudito que la Mesa de la Cámara se convierta, gracias a las maniobras de PP y Cs, en un órgano político y no de gobierno de la Cámara".

Por ello, el PSOE ha anunciado que elevará el tema al Tribunal Constitucional al considerar que hay una "palmaria vulneración de derechos" y espera que el TC se pronuncie "con la máxima urgencia" porque "la inconstitucionalidad ofrece pocas dudas" y "por la importancia del asunto", ya que de ello depende la aprobación de una nueva senda de estabilidad y unos Presupuestos Generales del Estado con 6.000 millones de euros adicionales para atender la prestación de servicios sociales.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que su formación está "explorando" otros mecanismos para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la que pretenden, junto al Gobierno, eliminar el veto al techo de gasto del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Este movimiento llega después de que la Mesa del Congreso tumbara ayer la enmienda del PSOE para anular dicho veto.

Así lo ha expresado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha criticado la actuación "política" de la Mesa del Congreso al derribar la enmienda que presentó el PSOE en una ley de medidas contra la violencia machista, que serviría para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Para Echenique, esta decisión de la Mesa del Congreso "se opone" a la decisión de la mayoría del Parlamento y ha acusado a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, de tomar decisiones políticas y "actuar como el brazo parlamentario del PP". "Debe ser la presidenta de todos los grupos parlamentarios, esto hay que denunciarlo porque no está bien", ha destacado.

Tras la reunión que mantuvo ayer el órgano de gobierno de la Cámara, la vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Unidos Podemos, Gloria Elizo, avanzó que la formación 'morada' baraja llevar esta decisión de la Mesa del Congreso al Tribunal Constitucional.

En la misma línea se ha pronunciado Echenique que ha asegurado que no existe la capacidad de reprobar a Pastor, aunque están estudiando medidas para investigar la actuación de la Mesa del Congreso en este sentido porque, a su juicio, "no tiene ningún sentido democrático".

Proposición de ley

El grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, junto a PSOE, ERC y Compromís, registraron en la Cámara Baja una proposición de ley para eliminar el veto irreversible del Senado en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En este sentido, el secretario 'morado' ha instado a la Junta de Portavoces a que esta proposición de ley se tramite en lectura única y con carácter de urgencia para poder aprobar la senda de déficit, que fija el límite del gasto público no financiero en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El propio Echenique, aseguró la semana pasada que estaba al tanto de la argucia legal usada por el PSOE para eludir el veto del Senado a la senda de déficit y defendió que era una opción que estaba sobre la mesa en la negociación entre ambas fuerzas políticas.

Senda de déficit del PP

Por otra parte, y ante la posibilidad de que se conformen los Presupuestos de 2019 con la senda de déficit aprobada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, Echenique ha señalado que desde Podemos esperan que no se llegue a ese punto y es por ello por lo que están estudiando, según ha dicho, todas los mecanismos legales.

Considera que, con la decisión de la Mesa del Congreso, en la que PP y Ciudadanos tienen mayoría, ambas formaciones están utilizando "filibusterismo parlamentario" para bloquear que pueda haber 6.000 millones más de euros para los PGE.

Unidos Podemos está dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa de la Cámara de tumbar la enmienda del PSOE para anular el veto irrevocable del Senado al techo de gasto a través de una ley de medidas contra la violencia machista.

Así lo ha avanzado a los periodistas la vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Unidos Podemos, Gloria Elizo, a la salida de la reunión que durante casi tres horas ha mantenido este lunes el órgano de gobierno de la Cámara.

Elizo ha subrayado que su grupo parlamentario va a estudiar la posibilidad de recurrir al Alto Tribunal una decisión para la cual, ha dicho, "no tiene capacidad legislativa".

Y es que, según ha apuntado, "no existe procedimiento legal" para que la Mesa del Congreso corrija a la Mesa de la Comisión de Justicia, donde los socialistas tienen la mayoría y ya aceptaron la semana pasada tramitar la controvertida enmienda.

La Mesa del Congreso que preside Ana Pastor ha acordado excluir la enmienda del PSOE para anular el veto irrevocable del Senado al techo de gasto a través de una una ley de medidas contra la violencia machista.

Por un lado, el PP y Ciudadanos presentaron sendos recursos pidiendo anular esa enmienda al considerarla un "fraude" al referirse a un asunto ajeno al objeto de la proposición de ley y recordando que ya está en tramitación una iniciativa legislativa específica sobre el veto del Senado a la senda de déficit.

Por otro, el PSOE y Unidos Podemos protestaron alegando que la Mesa del Congreso no tiene competencias para corregir a la Mesa de la Comisión de Justicia, donde los socialistas tienen la mayoría y ya han aceptado tramitar la controvertida enmienda.

En ese contexto, la Mesa del Congreso, con los votos de PP y Ciudadanos, ha decidido corregir a la Mesa de la Comisión de Justicia y ha sacado de la tramitación esa enmienda.

Unidos Podemos redobla la presión sobre el Gobierno para alcanzar un pacto para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, pero también se muestra dispuesto a votar sus cuentas incluso si el Ejecutivo es incapaz de sacar adelante su senda de estabilidad en las Cortes. Así lo confirmaron fuentes de la dirección de Podemos horas después de que este lunes PP y Ciudadanos tumbasen con su mayoría en la Mesa del Congreso la treta que intentó llevar a cabo el Gobierno para eliminar la capacidad de veto del Senado a esta propuesta de estabilidad. No obstante, la coalición morada condiciona su apoyo a las cuentas en estas circunstancias a que los Presupuestos no se vean excesivamente afectados al estar sujetos a una senda de gasto más restrictiva, esto es, a la aprobación de una reforma fiscal para financiar las medidas sociales a implantar.

Este lunes, el partido morado presentó el documento Presupuestos con la gente dentro. Democracia es Estado social, un escrito en el que recoge varias de sus propuestas ya conocidas –como son el paquete de medidas para frenar la burbuja del alquiler, la revalorización de las pensiones con el IPC, la derogación de las dos últimas reformas laborales o la derogación de la ley mordaza– e incluye algunas nuevas, como son la creación de un sistema de tarificación progresiva para regular el precio de la luz o la implantación de un impuesto a las eléctricas "en función de los aumentos que experimente el precio" de la electricidad.

La negociación del proyecto de Presupuestos está en su recta final, y Unidos Podemos quiere tener un acuerdo para la primera o la segunda semana de octubre, como tarde. Por ello, este documento –el segundo que hace público la formación relativo a las cuentas del año que viene– recoge algunas de las medidas que ya anunció el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unas semanas en la Moncloa. Además de las mencionadas, entre dichas medidas se encuentran algunas como la rebaja de la cuota a los autónomos con menores ingresos –que ha generado críticas entre algunas asociaciones de autónomos– o la subida del salario mínimo, que ahora Podemos quiere elevar a 1.000 euros en 2019 y no en 2020, como planteaba inicialmente.

No obstante, también hay novedades en el documento, y apuntan directamente al precio de la luz, que en las últimas semanas ya ha sido noticia por la decisión del Gobierno de suspender el impuesto a la generación eléctrica para tratar de reducir la factura de las familias. Podemos plantea nuevas medidas para cumplir con este mismo propósito, y proponen "introducir un sistema de límites máximos y progresividad en el precio que asegure que el sueldo no se nos va en pagar un servicio básico como es la energía en la primera residencia y que nadie se queda sin suministro". "Para que todo el mundo que tenga derecho a ello y se pueda aprovechar de esta medida, hay que ofrecer a los consumidores que estén en el mercado libre pasarelas para volver al mercado regulado, donde estarán más protegidos", sostiene a este respecto el documento.

El partido morado incluye una segunda propuesta para combatir la subida de los precios de la luz: establecer un impuesto especial a las eléctricas que grave, precisamente, el aumento de los precios. "En una sociedad democrática e igualitaria no es asumible que los beneficios de unas pocas eléctricas suban al mismo ritmo que las dificultades de las familias para pagar la luz. Las eléctricas deben devolver en estos momentos excepcionales los privilegios de los que han disfrutado", defiende Podemos, que plantea establecer "un cargo a la sobrerretribución en función de los aumentos que experimente el precio de la luz" que consista, básicamente, en que "las eléctricas contribuyan más cuanto mayores sean los precios".

El documento de "exigencias" para votar a favor de los Presupuestos de Unidos Podemos también incluye un apartado relativo a la reforma fiscal, el punto donde la coalición y el Gobierno tienen más discrepancias y donde hay, hasta el momento, menos avances. Unidos Podemos no renuncia al impuesto a la banca "para recuperar el rescate bancario", una tasa que Sánchez descartó ya hace varias semanas, y también exige que el impuesto a las transacciones financieras que se ponga en marcha "afecte también a los derivados", un producto financiero complejo que Unidos Podemos considera clave para detener la especulación pero que el Ejecutivo no quiere incluir.

Asimismo, la formación que lidera Iglesias plantea la necesidad de subir el IRPF a las rentas más altas, pero pretende que esta subida afecte a quienes ingresan más de 120.000 euros al año, frente a los 140.000 euros que el propio Iglesias había acordado y el Gobierno habían trasladado en declaraciones a los medios en las últimas semanas. Y Unidos Podemos quiere poner en marcha otro impuesto "extraordinario" destinado a las grandes fortunas, "con un tipo del 1 % calculado sobre el patrimonio para aquellas personas que tengan más de 10 millones de euros de patrimonio".

La vicepresidenta segunda del Congreso, la socialista Micaela Navarro, ha recalcado este lunes que el Reglamento no permite reprobar a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor. "Cualquiera que conozca el Reglamento sabe que eso no es posible", ha aseverado, informa Europa Press.

Así lo ha señalado, en los pasillos del Congreso, al ser preguntada por la posibilidad de que el PSOE intente reprobar a la presidenta en el caso de que facilite que la Mesa del Congreso frene su enmienda para anular el veto irreversible del Senado a la senda de déficit.

"No sé de dónde ha salido esa historia", ha indicado Navarro, quien ha rechazado que el PSOE esté "presionando" a la presidenta de la Cámara, tal y como ha dado a entender este mismo lunes la presidenta del Congreso. En todo caso, la también presidenta del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha querido dejar claro que "cualquier que conozca el Reglamento" debe saber que "no es posible" reprobar a la presidenta de la Cámara Baja.

"La Mesa del Congreso no admite presiones"

Ana Pastor ha subrayado lunes que la Mesa de la Cámara, la cual preside, actúa "con independencia" y que no va a aceptar "presiones". Así lo ha declarado antes de la reunión de la Mesa del Congreso que ha convocado para analizar los recursos de PP y Ciudadanos contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia de admitir a trámite la polémica enmienda socialista.

La presidenta del Congreso no ha mencionado expresamente la intención del PSOE de promover su reprobación en el caso de que, como piden PP y Ciudadanos, la Mesa de la Cámara anule la tramitación de la enmienda a una ley de violencia de género para reformar la Ley de Estabilidad. Al mismo tiempo, ha rehusado concretar si en esta cita se adoptará una decisión sobre los recursos de 'populares' y 'naranjas'.

El PP ha decidido utilizar todos los mecanismos que, a su juicio, le permite el Reglamento del Congreso para intentar frenar la tramitación de la enmienda introducida por el PSOE a una ley sobre violencia machista y que pretende reformar la Ley de Estabilidad para anular la capacidad de veto del Senado a la senda de déficit y el techo de gasto.

Los 'populares' consideran "una salvajada", un "escándalo" y un "atropello democrático" la fórmula utilizada por el PSOE con la que el grupo que sustenta al Gobierno busca asegurarse esa modificación en la Ley de Estabilidad para poder así presentar lo antes posible el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Fuentes del PP aseguran que hay múltiples sentencias del Constitucional que censuran la introducción de enmiendas que persiguen la reforma de leyes que nada tienen que ver con el contenido del texto enmendado, como, recalcan se produce en este caso.

También defienden que el "filibusterismo" que "con nocturnidad y alevosía" dicen que ha utilizado el PSOE, es muy grave porque lo que pretenden es reformar una ley de carácter orgánico que, además, afecta a algo tan relevante como la Ley de Estabilidad con el objetivo de quitar al Senado la competencia de vetar la senda de déficit.