La Guardia Civil y los Mossos han detenido en Navarra a unos padres por "vender" a su hija de 14 años por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida, a una pareja de Mollerussa (Lleida) que también ha sido arrestada junto a su hijo de 20 años, con quien pretendían casarla. Todos los detenidos son acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

El pasado mes de octubre, agentes de la policía catalana encontraron en Les Borges Blanques a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial, donde la recogieron y la trasladaron a un centro de protección en Lleida, en el que actualmente recibe atención.

La adolescente, perteneciente a una comunidad romaní, ha sido liberada por la policía y se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat, tras ser localizada por la policía catalana cuando mendigaba ante un establecimiento comercial en la localidad de Les Borges Blanques (Lleida).

La Guardia Civil informa este sábado en un comunicado de que la "venta" de la menor tuvo lugar el pasado mes de enero en una localidad de la Ribera navarra. Los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa (Lleida) para casarla con su hijo.

Una vez cerrada la "venta", la menor fue trasladada a Cataluña, precisa la Guardia Civil, "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado". La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añade el comunicado.

La Guardia Civil en Navarra inició la investigación del caso tras una denuncia presentada ante los Servicios Sociales de la Comunidad Foral, donde el Equipo Mujer-Menor (EMUME) del cuerpo identificó a los padres "vendedores" y logró localizar a la menor, lo que comunicaron a los Mossos.

Los Mossos detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había "comprado" y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

En Navarra, los padres de la víctima pasaron a disposición del juzgado de guardia de Tudela, y en Cataluña, los tres arrestados comparecieron ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida.

El alcalde de Mollerussa, en declaraciones a la emisora RAC1, ha expresado "su sorpresa" e "indignación" por este caso, del que no tenían constancia en el Ayuntamiento de la localidad, según ha precisado.

El consistorio, ha agregado, no tiene constancia de que se hayan producido más casos de compra de menores en el municipio, y ha subrayado que este suceso es un ejemplo de que, lamentablemente, a veces "la realidad supera la ficción".

Meta utilizado fotos de “vuelta al colegio” de niñas en edad escolares para anunciar una de sus plataformas a un hombre de 37 años, una acción que los padres de la menor describieron como “indignante” y “perturbadora”, informa The Guardian.

El hombre notó que publicaciones que lo animaban a “unirse a Threads”, la red de Mark Zuckerberg rival de X de Elon Musk, aparecían en su feed de Instagram con publicaciones insertadas de niñas uniformadas de hasta 13 años, con sus rostros visibles y, en la mayoría de los casos, sus nombres.

Las imágenes de las menores fueron usadas por Meta después de que sus padres las publicaran en Instagram para marcar el regreso a clases. Los padres desconocían que la configuración de Meta permitía esto. Una madre dijo que tenía su cuenta en modo privado, pero que las publicaciones se compartían automáticamente en Threads, donde quedaban visibles. Otra explicó que había subido la foto en una cuenta pública de Instagram. Las publicaciones de sus hijas fueron destacadas al extraño como “threads sugeridos”.

El destinatario contó a The Guardian que las publicaciones le parecieron “deliberadamente provocativas y, en última instancia, una explotación de los niños y las familias involucradas”.

El padre de una niña de 13 años que apareció en una de las publicaciones dijo que esta práctica era “absolutamente indignante”. Las imágenes eran todas de chicas escolares con faldas cortas, con las piernas descubiertas o usando medias.

“Cuando descubrí que una imagen de ella había sido explotada de lo que me pareció una manera sexualizada por una empresa tan grande para promocionar su producto, me sentí bastante asqueado”, afirmó.

Meta se defendió diciendo que las imágenes no infringían sus políticas. La empresa explicó que recomienda visitar Threads mostrando fotos compartidas públicamente que cumplan sus normas comunitarias y sus directrices de recomendación. Sus sistemas no recomiendan publicaciones de Threads compartidas por adolescentes, pero en este caso se trataba de cuentas de adultos configuradas para ser visibles públicamente.

El hombre que recibió las publicaciones señaló que, como solo le llegaron publicaciones promocionales de chicas escolares —sin ningún chico en uniforme, por ejemplo—, parecía haber “un aspecto de sexualización”.

La madre de una joven de 15 años cuya foto fue usada en una publicación promocional con un gran botón de “Get Threads” comentó: “Para mí era una foto de mi hija yendo al colegio. No tenía idea de que Instagram la había tomado y la estaba usando como promoción. Es absolutamente repugnante. Ella es menor de edad”.

Añadió que jamás habría dado su consentimiento y que “ni por todo el dinero del mundo permitiría que usaran a una niña en uniforme escolar para atraer gente a su plataforma”.

Con 267 seguidores, su cuenta de Instagram normalmente tenía un alcance modesto, pero la publicación de su hija atrajo cerca de 7.000 visualizaciones, de las cuales un 90% de personas que no la seguían, la mitad tenía más de 44 años y el 90% eran hombres.

Otra madre, cuya publicación de su hija de 13 años fue utilizada en un anuncio promocional, declaró: “Meta hizo todo esto a propósito, sin informarnos, porque quieren generar contenido. Es despreciable. ¿Y quién es responsable de crear ese anuncio de Threads usando fotos de niños para promocionar la plataforma entre hombres mayores?”.

Meta explicó que llama a estas publicaciones “herramientas de recomendación” y que las publicaciones públicas pueden usarse con ese fin.

El usuario de Instagram de 37 años, residente en Londres y que pidió permanecer en el anonimato, concluyó: “Durante varios días recibí repetidamente anuncios de Meta para Threads que incluían exclusivamente imágenes de padres de sus hijas en uniforme escolar, algunas con sus nombres visibles. Como padre, me parece profundamente inapropiado que Meta reutilice estas publicaciones en una promoción dirigida a adultos”.

Dijo que no había publicado ni dado “me gusta” a imágenes similares antes de que le enviaran las fotos de las escolares.

“Para mí, mostrar este tipo de contenido como tendencia o popular es deliberadamente provocativo y, en última instancia, una explotación de los niños y las familias involucradas, poniendo en riesgo su seguridad en línea”.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido una concentración convocada por la Asociación Núcleo Nacional para el próximo 7 de junio frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, al considerar que representa “un riesgo para el orden público y una vulneración de los derechos fundamentales de los menores tutelados en el centro”. Según la resolución emitida, recogida por EFE, “la concentración comunicada se apoyaba en mensajes y lemas de carácter xenófobo y excluyente, dirigidos específicamente contra los menores residentes, entre ellos menores extranjeros no acompañados”. Además, los informes recabados han alertado de la posibilidad de incurrir en un delito de odio.

La institución ha subrayado que su decisión “responde a la necesidad de proteger la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de los menores acogidos en el centro, en aplicación del principio del interés superior del menor”. Por otro lado, el organismo gubernamental ha recordado que “el ejercicio del derecho de reunión no ampara concentraciones que supongan hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables, ni que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas”.

También se argumenta que el lugar elegido por los convocantes, es decir, las inmediaciones del centro, vulneraría “su derecho a la intimidad y a un entorno seguro”, tal y como establece la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Finalmente, la Delegación sostiene que “la legislación permite prohibir una manifestación si se estima de forma razonada que concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito o generadora de alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes”. En una publicación de X, antes Twitter, el delegado, Francisco Martín, ha publicado: “Ante el odio y la violencia: pie en pared”.

La ONU ha alertado de que la Justicia española está aplicando medidas discriminatorias por cuestión de género en casos de maltrato y abusos a menores, como el Síndrome de Alienación Parental (SAP), y le reprocha que no esté aplicando correctamente el interés superior del niño, según informa Europa Press.

Lo hace a través de un documento redactado por los relatores especiales de Naciones Unidas en materia de salud física y mental; tortura y otros tratos o penas crueles y de violencia contra la mujer, en el que se refieren a un caso ocurrido en España en el que una madre denunció (en 2019) maltrato y abuso sexual sobre su hija de 6 años por parte de su padre y violencia de género contra ella misma.

El relato recoge el proceso vivido por madre e hija que incluye informes médicos sobre la niña —con lesiones e infecciones en boca y genitales— y evaluaciones de servicios sociales y psicológicos ante los que la menor realizó un relato sobre el comportamiento de su padre compatible con el abuso sexual. En base a este relato, el colegio en el que estudiaba la menor también interpuso una denuncia.

La ONU critica que, durante el proceso, no se concediera la orden de alejamiento reclamada por la madre, tanto para ella como para la menor y que, aunque el Informe de Valoración Policial del Riesgo determinara que madre e hija estaban en "alto riesgo" de violencia, se mantuviera el régimen de visitas de la niña a su padre.

También critica que se mantuviera esta situación a pesar de que la menor siguió denunciando los abusos de su padre en el colegio; de que durante las videollamadas que este le hacía —incluidas en el régimen de visitas— la menor sufría ansiedad, se orinaba encima o se producía autolesiones por rascado; y que en los informes médicos se detectara un engrosamiento difuso de pared de la vejiga urinaria, característica de una cistitis crónica, una patología rara y anormal en la infancia que es compatible con los abusos.

Tal y como recoge el escrito, en el contexto del procedimiento de divorcio, la madre volvió a solicitar una suspensión de las visitas y de las videollamadas, en la cual recibió el apoyo del Ministerio Público. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el juzgado.

Un año más tarde (en 2020), la niña fue examinada por peritos especialistas en lenguaje gestual, que en su informe concluyeron que decía la verdad sobre los abusos sexuales de su padre. Pero en 2021, la investigación penal fue archivada al concluir que el relato de la niña no tenía verosimilitud y en la sentencia de divorcio, ese mismo año, se otorgó la guardia y custodia de la niña al padre y se estableció un régimen de visitas a la madre.

"En la sentencia, aunque se reconocieron los antecedentes de violencia de género contra la madre, se argumentó que esto no impediría que la custodia paterna fuera beneficiosa para la niña, ya que anteriormente no se habían dictado órdenes de alejamiento en favor de la niña. Finalmente, se concluyó que la madre obstaculizaría los contactos paterno-filiales, lo cual estaría contra el interés de la niña", explica la ONU.

Los expertos de Naciones Unidas denuncian en su informe, recogido por Europa Press, que los "operadores de justicia" de España hacen una "interpretación discriminatoria de la legislación nacional" que, a su juicio, está "basada en prejuicios y estereotipos de género".

"Nos preocupa en particular que esta interpretación discriminatoria fundamente no sólo los análisis de los operadores de justicia sino también de los trabajadores sociales, lo cual se refleja en atribuir un valor inferior al testimonio o argumentos de las mujeres como partes o testigos; la falta de credibilidad de las madres cuando denuncian abusos contra sus hijos e hijas; y la referencia o establecimiento de estereotipos de género que conllevan a una interpretación errónea o a una implementación defectuosa de la ley", señala el informe de la ONU.

En este sentido, recuerda que Naciones Unidas ya ha expresado su preocupación en esta materia a España, tanto en el tema de los estereotipos judiciales, como sobre la utilización del supuesto SAP. "Y nos preocupa que, a pesar de ellas, los problemas estructurales referidos sigan presentes de diferentes formas", explica.

Del mismo modo indica que, a pesar de la puesta en marcha de una nueva ley contra la violencia en la infancia en la que se prohíbe el SAP, en la práctica se sigue aplicando "en decisiones judiciales", poniendo a las madres que se perciben como impidiendo el contacto entre los padres y sus hijos e hijas".

"Destacamos que la Organización Mundial de la Salud eliminó la alienación parental de su índice de clasificación de enfermedades resaltando que no es un concepto relevante desde el punto de vista del cuidado en salud", apunta la ONU.

Para los expertos, la aplicación de este tipo de planteamientos en casos donde hay indicios importantes de violencia física y sexual contra la mujer y/o contra los hijos, indica "una interpretación discriminatoria del principio del interés superior del niño" y apunta que el "derecho del niño a no ser separado de sus padres debe siempre estar subordinado a su interés superior, lo cual debe incluir su derecho a vivir una vida libre de violencia".

Finalmente, señala que los antecedentes de violencia de género contra la mujer son "un importante factor de riesgo de violencia contra" los menores y critica que la "tendencia del sistema de justicia a no extender órdenes de protección en beneficio de mujeres víctimas de violencia a sus hijos", aunque "haya indicios de que la violencia doméstica también les afecte".

Ante este escrito, la Plataforma Madres Protectoras han recordado que llevan "años" denunciando la "vulneración de derechos" en la protección de menores que denuncian violencia sexual en el entorno familiar en los tribunales españoles" y la "criminalización" hacia las progenitoras cuando les protegen.

Es por eso que la entidad quiere que el Gobierno considere esta situación que señala la ONU como un problema de "acción inmediata" y tome medidas ante ella. También llama a que se garanticen los derechos de los menores "a una vida libre de violencia", a "ser escuchados" y a que su interés superior "sea una consideración primordial".

Además, piden que "no se produzcan arrancamientos" de menores de sus madres tras las denuncias de maltrato o violencia; que haya "respeto" para los profesionales sanitarios y del sistema educativo que notifican los abusos sexuales y la violencia; sanciones a todos aquello agentes jurídicos y no jurídicos que apliquen el falso SAP; o la reparación integral con perspectiva de género e infancia para las madres y los menores que han denunciado violencia sexual, entre otras medidas.

"Exigimos el fin de la impunidad de la violencia institucional para las niñas y niños que revelan abuso sexual intrafamiliar y para sus madres protectoras", ha insistido la plataforma.

El buque Ángeles Alvariño halló en la tarde de este jueves el cuerpo sin vida de Olivia Gimeno, la mayor de las dos pequeñas desaparecidas en Tenerife después de que su padre no las dejara con su madre, a la que amenazó con que "nunca" volvería a verlas. La prueba de la huella dactilar realizada este viernes en el Instituto Anatómico Forense ha confirmado que el cuerpo encontrado es el de la niña de cuatro años, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y recoge Europa Press. Elbarco seguirá rastreando al menos hasta el próximo lunes la zona para encontrar a la pequeña Anna y a Tomás Gimeno.

El cuerpo fue hallado por el robot submarino de rastreo del buque oceanográfico Ángeles Alvariño a mediodía a unos 1.000 metros de profundidad, a unas tres millas de la costa tinerfeña. Se encontraba en el interior de una bolsa de deportes amarrada a un ancla. Junto a ellas, se halló igualmente otra bolsa de deportes también lastrada por el ancla, vacía.El cuerpo fue trasladado a tierra sobre las 18.00 horas y llevado al Anatómico Forense para el levantamiento.

El Juzgado había incoado en el pasado mes de abril diligencias previas en referencia a la presunta desaparición y secuestro de las niñas, apuntando a su padre, Tomás Gimeno, como principal sospechoso. Las diligencias están declaradas secretas y en este momento se desconoce el paradero del padre de las niñas y de su hija Anna, de un año.

Su padre fue el último en estar con ellas

La desaparición de Anna y Olivia se produjo el martes 27 de abril. Tomás Gimeno recogió a sus hijas a las cinco de la tarde, tal y como había pactado con Beatriz, madre de las niñas. Aunque debía entregarlas a las nueve de la noche, nunca llegó a hacerlo. A partir de entonces se suceden una serie de llamadas en las que Gimeno advierte a Beatriz de que no las volverá a ver nunca más. También envía mensajes de despedida a su padre y a amigos.

Beatriz y el padre de Tomás denuncian los hechos ante la Guardia Civil y la tarde del miércoles aparece una embarcación propiedad de Gimeno a la deriva y vacía frente al Puertito de Güímar. Al día siguiente, con la primera luz del día se despliega un amplio dispositivo de búsqueda que halla flotando en el mar una silla de coche para bebés que pertenece a Anna, la menor de las niñas.

Las cámaras del Puerto Deportivo Marina Tenerife captan a Tomás Gimeno el día de la desaparición. Según las imágenes, llega al muelle con su coche a las nueve y media. Da varios viajes entre su vehículo y la lancha para llevar bolsos, maletas y ropa. Poco antes de las diez sale a navegar y regresa a las once y media. Compra un cargador en una gasolinera cercana, carga la batería en la garita del vigilante del muelle deportivo y a las doce y media zarpa por última vez.

La investigación llevó aparejado varios registros en la finca propiedad de Gimeno, situada en Igueste de Candelaria, donde nunca se encontró nada relevante. Tampoco en la lancha y en el coche. Incluso se llegó a usar perros de la Guardia Civil especializados en la búsqueda de restos biológicos. Desde que se produjo la desaparición de las niñas, la Guardia Civil siempre ha barajado numerosas hipótesis, entre ellas que pudiese haber huido con la ayuda de terceras personas.

Políticos mandan mensajes de apoyo

Varios ministros y líderes de los principales partidos políticos trasladaron mensajes de apoyo a la familia de las niñas. Después del mensaje de condolencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la primera en reaccionar ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero, que condenó a través de su perfil de Twitter que "esta violencia que se ejerce contra las mujeres madres para golpear donde más duele es una cuestión de Estado". "No hay palabras para acompañar a Beatriz en estos momentos de terrible dolor. Estamos aquí para lo que sea necesario. No más #ViolenciaVicaria", escribió en la citada publicación.

Minutos después la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se expresó en la misma línea que su homóloga de Unidas Podemos para "acabar con la #ViolenciaVicaria que tanto dolor está causando en nuestro país". "Vamos a trabajar en ello sin descanso", aseguró y, asimismo, aprovechó su mensaje para enviar "el abrazo más fuerte a la madre, Beatriz, y a sus familiares".

El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, en la misma red social, también se ha solidarizado con los allegados de las menores de 1 y 6 años. "La consternación y el dolor nos invade ahora mismo a todos ante las noticias sobre las niñas Olivia y Anna", lamentó.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, pidió que quien "cometió este crimen tan bárbaro rinda cuentas pronto ante la justicia". "Qué tristeza y rabia. Cuánto dolor causado. Que descanse en paz", señaló.

También la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, dedicó unas líneas para acompañar a los familiares de Anna y Olivia en su dolor. "Se confirma el peor de los desenlaces en el caso de las niñas desaparecidas en Tenerife. No existen palabras para expresar el horror de este terrible crimen", añadió Batet.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, también se pronunció y aseguró que la madre de las menores "tendrá toda la ayuda social e institucional que precise". Asimismo, condenó la "violencia vicaria".

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha pedido "rotunda unanimidad" contra la violencia machista. "Estamos en una semana negra, absolutamente negra porque significa que, cuantas veces decimos que hay una violencia contra la mujer por el hecho de serlo, desgraciadamente llevamos razón, terriblemente llevamos razon", ha afirmado Calvo con motivo de su asistencia a la reunión del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres, en Madrid.

El presidente del PP, Pablo Casado, sostuvo que "la esperanza ha cedido el paso a la desolación y al dolor más profundo por su pérdida". "Todo mi cariño y apoyo a Beatriz, su madre, y al resto de su familia en este momento tan difícil", trasladó.

"Qué horror más espantoso", condenó la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, quien añadió que "esta terrible noticia conmociona a toda España" y que no se puede ni imaginar "el calvario que está sufriendo Beatriz". Por ello, trasladó su apoyo la madre y familia.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique,censuró que el secuestro y asesinato a las hijas "es una de las formas más brutales de violencia machista" y mandó todo su desprecio a los partidos "miserables que niegan este terrorismo a los poderes mediáticos que los propulsan", mientras que mandó el "abrazo desolado de un país entero a Beatriz".

Aunque el TAS terminó limitando las irregularidades a un solo caso y redujo la multa de 329.000 a 223.200 euros, el club acusó el golpe y caminaba con pies de plomo. No obstante, dos años después, en mayo de 2018, los merengues seguían realizando pruebas a niños extranjeros, a pesar del “calvario” que vivió con la sanción de la FIFA y “del castigo institucional y de reputación que supuso para el club”, reconoce apesadumbrado el director general, José Ángel Sánchez Periáñez, cuando le informan de la reclamación presentada por el padre de uno de esos menores, que había sido citado el 20 de mayo de aquel año en las instalaciones de Valdebebas. El responsable de los Servicios Jurídicos, Javier López Farré, le explica a continuación que ese día estaban convocados 10 niños extranjeros y que ha pedido al director de la cantera un listado de todos los que han sido citados durante la temporada. “Es increíble”, remata su correo, uno de los miles de documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

“Me da miedo hasta dejar un rastro de ese listado... éste es un tema gravísimo”, le responde el director general. Muy grave, pero que no dejaba de repetirse. Sólo unos días antes, el 11 de mayo, los dos directivos se habían dirigido a los responsables de la cantera para que se abstuvieran de hacer pruebas a menores extranjeros y a españoles que residieran fuera del país. “Pese a que hay una instrucción clara del club […], lo cierto es que lo estamos haciendo”, se lamenta López Farré, quien menciona la noticia aparecida en medios digitales sobre una estrella del fútbol mexicano, “un tal Santino Loza”, de sólo nueve años. El crío, además, había contado con todo detalle la maravillosa experiencia en su canal de Youtube.

El director del Área Jurídica del Real Madrid asegura en este correo electrónico que los responsables de la cantera desobedecen la orden del club de no convocar a menores extranjeros.

La prueba la había solicitado el padre a través de la página web del club y, advierte el responsable legal madridista, resulta que la FIFA cuenta con personal dedicado a buscar en internet información sobre menores extranjeros a los que se somete a pruebas o “son fichados por clubes de otros países, para después abrirles un expediente disciplinario”. “Como el que ya vivimos nosotros”, apunta.

“El club es claramente responsable del agravio”

De modo que López Farré y Sánchez Periáñez vuelven a ordenar la prohibición de realizar pruebas a menores extranjeros. Para encontrarse 10 días después con la reclamación del padre de un jugador de sólo siete años, nacido en Venezuela, de madre española y residente en Florida. También había solicitado una prueba a través de la página web del club el 18 de septiembre de 2017 y fue citado a las nueve y media de la mañana del 20 de mayo de 2018. De acuerdo con el informe que el club redacta sobre el caso, el departamento de fútbol avisó por teléfono a los jugadores no nacidos en España para que desistieran de acudir a la prueba, pero no fue posible localizar al padre del menor venezolano, porque el número de su ficha era erróneo. Tampoco se le mandó un correo electrónico. Además, alegan en su defensa los responsables madridistas de la cantera, la aplicación informática procesó mal el código postal que el padre había incluido en su solicitud, uno de Florida que empezaba por 33, igual que el correspondiente a Asturias. Para abundar más en el embrollo, en su escrito de queja indicó una dirección de Santa Cruz de Tenerife.

El director general del Real Madrid subraya en otro correo electrónico la gravedad de que se sigan convocando a menores extranjeros para hacerles pruebas.

Cuando aparecieron padre e hijo en Valdebebas, se les comunicó que no podían hacer las pruebas por las normas de la FIFA. Aun así, aseguran los responsables del club, ambos insistieron de nuevo a las 10:30 y a las 11:30 en que se les sometiera al examen. Después, el progenitor rellenó una hoja de reclamación donde solicita que se le satisfagan los gastos de avión y hotel, pero también que se le “reprograme otra prueba” a su hijo.

El director general del Real Madrid ordena que se le envíe una carta de disculpa y se le pague. “Les hemos traído de Venezuela para hacer una prueba y después se la hemos negado”, admite, para quejarse después del “caos” del departamento al cargo de la cantera. “El club es claramente responsable del agravio”, coincide el responsable de los servicios jurídicos.

infoLibre ha preguntado al Real Madrid por las pruebas de acceso a menores extranjeros, pero el club no ha querido responder.

Acuerdo con China frustrado

No había pasado ni un mes cuando el Real Madrid volvió a darse de bruces con las normas de la FIFA sobre jugadores menores de edad. El club había redactado ya un acuerdo con la Universidad del Deporte de Pekín, por el que pretendía enviar a la capital china entrenadores y un director de formación para que trabajaran con “unos 200” jóvenes durante nueve meses al año. Los otros tres meses los menores perfeccionarían su entrenamiento, teórico y práctico, en las instalaciones del club en Madrid. En ese tiempo, tendrían que jugar algunos partidos amistosos “como parte esencial del desarrollo del talento”. Se trataba de un contrato sin ánimo de lucro, en el que la universidad china cubría únicamente los gastos en que incurriera el Real Madrid por los recursos materiales y humanos que iba a emplear en el proyecto.

Para que los menores chinos disputaran los amistosos, el club pidió la autorización de la FIFA. Lo hizo el director general a través de Zvonimir Boban, exjugador croata del Celta de Vigo y del AC Milan que en ese momento ejercía de secretario general adjunto de la FIFA. Pero la respuesta del director legal del organismo, Marco Villiger, es una negativa doble. Le explica que el Subcomité del Menor de la FIFA rechazará el acuerdo porque “es evidente que los jugadores vienen sin sus padres y por motivos relacionados con el fútbol”. Como, además, los niños deberían ser “incorporados a la academia del club”, ya que los tres meses en España es demasiado tiempo para considerarse como periodo de prueba, el Real Madrid tendría que notificar su presencia a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Ésta a su vez verificaría si se cumple los requisitos de formación y residencia establecidos en el reglamento de la FIFA sobre transferencia de jugadores, lo que Villiger pone en duda. El organismo internacional prohíbe los fichajes de menores de 18 años. Y sólo permite los de jugadores de entre 16 y 18 años si el traspaso se produce dentro de la UE.

A la vuelta del verano, las pruebas a menores extranjeros en Valdebebas aún coleaban en los despachos del club. “Son un peligro”, subraya un directivo. Antes de reunirse el comité ejecutivo el 27 de septiembre, el club se plantea aprobar cambios en el procedimiento y hasta en el nombre de esos exámenes de acceso. Incluso pensó en encargarle la tarea a la Fundación del Real Madrid. Pero la idea no llegó a materializarse. El formulario para entrar en “la fábrica de tus sueños” –así se titula la presentación de las pruebas de acceso a la cantera– continúa en la web de los blancos. Con la advertencia de que hacer el examen “en ningún caso supone que el Real Madrid haya verificado de antemano el cumplimiento por los solicitantes de los requisitos exigidos por la normativa deportiva de aplicación –FIFA, RFEF, FFM, etcétera–”.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará el próximo martes 9 de junio en Consejo de Ministros la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, bautizada por el mismo como ley Rhodes y cuya tramitación se vio interrumpida con el estado de alarma por la pandemia de coronavirus covid-19. "En relación a los derechos de niños y niñas y adolescentes, es para mí un honor poder anunciarles que este próximo martes vamos a aprobar en el Consejo de Ministros la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia", ha indicado Iglesias este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso para informar sobre las medidas adoptadas durante la crisis del covid-19 según recoge Europa Press.

Según ha precisado, los equipos de la Vicepresidencia segunda están trabajando para impulsar esta ley que, según ha dicho, le "llena de orgullo" y que va a ser, a su juicio, "un paso histórico" para "frenar la reproducción de una realidad execrable como es el maltrato y la violencia contra niños, niñas y adolescentes".

Uno de los cambios "importantes" que conllevará esta ley será que "el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años", según ha precisado Pablo Iglesias. Actualmente, el plazo de prescripción de los delitos de abusos a menores empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

Además, la nueva ley establecerá el deber para todos los ciudadanos de denunciar "de forma inmediata" la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores, y todos los colegios tendrán que contar con una nueva figura, la del "coordinador de bienestar y protección". También se van a establecer protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.

Igualmente, Iglesias ha destacado que de acuerdo con esta nueva ley, se crearán unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se dará formación especializada a jueces y fiscales para proteger a los niños y niñas de la violencia.

Asimismo, los centros de menores deberán fijar protocolos de prevención obligatorios, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de menores. Finalmente, se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia, según ha señalado el vicepresidente segundo.

El anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia fue aprobado en Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2018 y después quedó pendiente con el anuncio de elecciones generales en 2019. Con la formación del Gobierno de coalición, las ONG de infancia pidieron al Ejecutivo que no retrasara la aprobación de esta ley que ha sido consultada y trabajada con las organizaciones, y que ya ha pasado por consulta pública y todos los trámites de los órganos que pueden requerir informes prescriptivos, según precisaron estas entidades.

Save the Children pide el fin de las detenciones migratorias de menores extranjeros (Menas) y que se suspenda la venta de armas a países en conflicto, entre las cinco propuestas que han enviado a los principales candidatos españoles a las elecciones europeas que se celebran el próximo domingo 26 de mayo, informa Europa Press.

"Pese a los muchos logros conseguidos en las últimas décadas en lo referente a los derechos de la infancia y su protección, aún quedan muchos retos por delante. La Unión Europea debe recuperar la exigencia perdida en la defensa de la población civil en zonas de conflicto, debe acabar con la lacra social que suponen la violencia y la pobreza infantil en Europa y debe exigir a sus Estados miembros el respeto del derecho internacional, asegurando operaciones de búsqueda y rescate y el desembarco en puerto seguro de las personas que necesiten ayuda", ha enfatizado el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Así, la ONG pide la creación de un sistema común de migración y asilo con perspectiva de infancia, que incluya mecanismos compartidos para el reparto de responsabilidades en las tareas de salvamento, acogida y protección; y el fin de las detenciones migratorias de menores extranjeros. Según datos de Eurostat, en 2018, 20.000 niños, niñas y adolescentes que migraron solos buscaron refugio en Europa.

Por otro lado, Save The Children reclama la suspensión de la venta de armas a países en conflicto, el reconocimiento de la situación de emergencia humanitaria en que se encuentra el Triángulo Norte de Centroamérica y la aplicación de la Declaración de Escuelas Seguras, un instrumento político a través del cual los Estados reconocen los distintos obstáculos y peligros que afectan a la educación durante los conflictos armados y formulan compromisos para mejorar la protección de la infancia.

La organización también pide que se tomen medidas "contundentes" contra los perpetradores de ataques contra la infancia y denuncia que "en las guerras actuales los menores se han convertido en un objetivo: por cada soldado muerto en combate hay 5 niños asesinados". En todo el mundo, 420 millones de niños y niñas viven en países en guerra. Asimismo, Save the Children insta a los políticos a que pongan el foco en la pobreza infantil. En este sentido, propone inversión en el marco financiero multianual y la adopción e impulso del plan integrado de Garantía Infantil, con el que garantizar que los niños y niñas en situación de pobreza y exclusión puedan acceder a los servicios básicos.

Además, la ONG pide el desarrollo de convenios y estrategias de protección a la infancia para acabar con la violencia. El Consejo de Europa estima que uno de cada cinco menores europeos son víctimas de abuso sexual y, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Europa 44 millones de niños, niñas y adolescentes sufren maltrato físico y 55 millones, maltrato emocional.

Casa de los niños contra la violencia

En este sentido, Save the Children plantea el mantenimiento y ampliación del modelo nórdico de 'Casa de los Niños', un espacio donde estén centralizados y coordinados todos los recursos que intervienen en un caso de violencia contra la infancia para evitar que el niño o la niña tenga que acudir a múltiples instituciones. La última de las medidas que plantea la ONG consiste en priorizar la equidad e inclusión educativa en los Fondos Estructurales y de Inversión y tener en cuenta la segregación y la desigualdad de oportunidades en la Estrategia Europea de Educación 2020.

Para la organización también es fundamental hacer un seguimiento al cumplimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales, "especialmente de los principios referidos a la educación de calidad e inclusiva y al cuidado de primera infancia". La ONG pide, finalmente, que el principal reto del Parlamento Europeo y las instituciones europeas sea "preservar y defender los derechos de la infancia en toda Europa a través de la participación infantil, la creación de una nueva Agenda Europea de Infancia, el restablecimiento del Intergrupo de Derechos de Infancia del Parlamento Europeo y la inversión en infancia y adolescencia en el marco financiero multianual".

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha puesto en marcha una exposición de dibujos creados por hijos e hijas de víctimas de violencia de género, en la que los menores ilustran sobre el papel las situaciones de maltrato que han vivido, según informa Europa Press.

Insultos, lágrimas, miedo, una imagen de un monstruo que grita "Te voy a matar" y comparaciones con animales salvajes como el gorila o el tigre, es lo que muestran algunas de las ilustraciones de los niños y niñas, que se exponen desde este jueves 25 de abril en Salobreña (Granada). Después recorrerá de forma itinerante por distintos puntos de España.

"Cuando dibujé a papá, que es una fiera, pinté una línea para proteger a mamá", señala uno de los pequeños que ha vivido la violencia machista en su hogar. Según sostienen las creadoras de este proyecto, muchos de estos menores presentan baja autoestima, depresión, conductas agresivas, problemas de alimentación, e incluso consumo de estupefacientes. "Todo lo que el menor hace tiene un sentido, tiene relación con algo que le ha ocurrido. Articulándolo, dando forma a sus actos y pensamientos de otra manera, podrá proyectarlo hacia un futuro, hacia un cambio propio, recorriendo y atravesando su singularidad", apuntan.

Según los datos oficiales, en España desde el año 2013 un total de 241 quedaron huérfanos a causa de la violencia machista y un total de 27 niñas y niños fueron asesinados por violencia de género contra sus madres. A la cifra de menores asesinados hay que sumar al menor de 10 años de nacionalidad alemana cuyo cuerpo sin vida fue hallado ayer, junto al de su madre, en Adeje (Tenerife).

Esta recopilación de dibujos forma parte del proyecto Intervención Psicosocial con Menores, una iniciativa que la Comisión arrancó en el año 2003 observando las necesidades de atención psicológica que presentaban aquellos niños y niñas que estaban siendo víctimas directas de maltrato físico, psicológico o sexual.

"Este trabajo nace con la idea de sensibilizar sobre los terribles efectos que la violencia tiene sobre los menores que la sufren, y que no se puede expresar con palabras. A través de sus trabajos queremos demostrar cómo ven ellos el proceso de violencia, haciéndoles protagonistas de su propia historia, de la mejor forma en que nos lo pueden contar", explica la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Susana Martínez.

Para colaborar con esta iniciativa, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres ha puesto en venta un libro que recoge todos los dibujos de la exposición. Todo lo recaudado irá destinado a la intervención psicosocial con menores víctimas de violencia de género y al desarrollo de esta exposición itinerante.

Dibujo de un menor e hijo de una víctima de malos tratos.

La mujer y su hijo de diez años desaparecidos en la tarde de ayer en el municipio de Adeje, en Tenerife, finalmente han sido hallados sin vida en una cueva de los alrededores. Un amplio dispositivo formado por más de cien profesionales llevaba todo el día buscándolos por tierra y aire en la zona rural de La Quinta de Ifonche. La causa ha quedado bajo secreto de sumario, según fuentes judiciales, informa Europa Press.

Los hechos ocurrieron ayer martes sobre las cinco de la tarde, cuando un niño de cinco años, hijo y hermano de los desaparecidos, fue encontrado por unos vecinos en la zona de La Quinta. Al parecer, el menor se encontraba en estado de shock y no hablaba español, por lo que se tuvo que comunicar con una vecina que hablaba su idioma. El menor contó que su padre les había llevado a una cueva, donde les habría agredido, y él pudo salir huyendo, por lo que inmediatamente se dio aviso a la Policía Local de Adeje.

El hombre fue localizado posteriormente en su casa situada en el casco de Adeje, donde fue detenido por la Guardia Civil, y supuestamente en un primer momento se había negado a decir dónde se encontraba el resto de su familia, todos de nacionalidad alemana. Los restos mortales de la madre y su hijo fueron hallados en en el interior de una cueva situada entre el Barranco del Burro y el Barranco del Infierno. El caso ha quedado bajo secreto sumario en manos del Juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Arona.

En el dispositivo, activado desde las once de la mañana, participaban agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, así como efectivos del Consorcio de Emergencias de Bomberos y dos helicópteros, uno de ellos perteneciente al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, al que se sumó una unidad de tierra. También la vivienda también por la Guardia Civil. En el caso del menor, éste se encuentra bajo tutela judicial.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, ha indicado que, al parecer, el padre vivía en el municipio aunque no estaba empadronado, y su familia iba y venía a la isla para visitarlo. Hasta ahora, las hipótesis apuntaban a un presunto delito de violencia machista, si bien no consta ninguna denuncia por malos tratos, por lo que habrá que esperar más informaciones cuando termine la investigación.

La mujer que ha sido hallada muerta en el municipio de Adeje, en Tenerife, elevaría a 18 las víctimas mortales por violencia de género en 2019, en el caso de que se confirme que ha sido asesinada por su pareja. Su hijo, de diez años, cuyo cuerpo sin vida también ha sido encontrado, sería el primer menor asesinado en casos de violencia contra su madre en lo que va de año.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos sobre asesinatos de la mujer y el menor, según ha publicado en su cuenta de Twitter este organismo, dependiente del Ministerio de Igualdad. De confirmarse que son presuntos asesinatos por violencia de género, serían un total de 993 mujeres asesinadas desde el año 2003 en que hay estadísticas oficiales.

Pedro Sánchez lamenta que "otra vez la violencia machista golpea doble" 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este miércoles la muerte de la madre y su hijo de origen alemán en Adeje, Tenerife. "Llegan las peores noticias desde Adeje (Tenerife). Una mujer y su hijo han sido asesinados. Otra vez la #ViolenciaMachista golpea doble. Un hijo de la pareja consiguió escapar. Todo mi cariño para él, para su familia y seres queridos. Tenemos que acabar con esto. #NiUnPasoAtrás", ha escrito en su cuenta de Twitter.

El presidente de Canarias: "Que se castigue con todo el peso de la ley al responsable"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha sumado a la muestras de repulsa por la muerte de la madre y su hijo en el municipio tinerfeño de Adeje, presuntamente, a manos de la pareja de la mujer y padre del menor. "Sobrecogido por el hallazgo de los cuerpos sin vida de la madre y el niño desaparecidos ayer en Adeje. Toda la confianza en la labor de los cuerpos y fuerzas de Seguridad para esclarecer los hechos, con la mayor rapidez, y se castigue, con todo el peso de la ley, al responsable", ha escrito el presidente canario en su cuenta de Twitter.

El juzgado que estaba de guardia en la tarde del miércoles 13 de marzo remitió a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Burjassot-Godella (Valencia) la denuncia que le acababa de presentar la abuela de los dos niños hallados sin vida un día después en Godella "con objeto de que, a prevención, se tomen las medidas oportunas en relación con la situación de los menores". Se trataba de un niño de tres años y medio, y una bebé de cinco meses. Informa Europa Press.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la abuela de los menores acudió al juzgado de guardia de Valencia el miércoles 13 de marzo por la tarde y trasladó al magistrado sus "temores" por la situación de sus nietos. El juez recibió su denuncia, le hizo el ofrecimiento de acciones e incoó unas diligencias previas. Asimismo, en esa misma tarde remitió la denuncia a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Burjassot-Godella "con objeto de que, a prevención, se tomen las medidas oportunas en relación con la situación de los menores", de acuerdo con el TSJCV.

Según publica este miércoles Las Provincias, la abuela expresó al magistrado que estaba preocupada por los problemas psicológicos y el "extraño comportamiento" de su hija –que acabó siendo detenida junto con su pareja y se encuentran en prisión por el doble crimen– ya que le había enviado dos días antes un mensaje de whatsapp en el que daba a entender que iba a quitarse la vida.

Paralelamente, según la información del TSJCV, el magistrado acordó inhibirse de las actuaciones y remitirlas al Decanato de los Juzgados de Paterna para su reparto, al ser este partido judicial el competente para el conocimiento de los hechos. La denuncia formulada el 13 de marzo por la abuela de las víctimas ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Paterna, que instruye un sumario declarado secreto por dos delitos de asesinato y mantiene en prisión provisional a los padres de los niños.

Vistos por última vez con vida 

Ese mismo miércoles los menores fueron vistos por última vez por una amiga de la familia que les llevó comida. La búsqueda de los niños se activó el jueves por la mañana al recibirse al menos dos llamadas que alertaban de que se habían oído gritos en la casa que okupaba esta pareja en el término municipal de Godella. La Guardia Civil y la Policía Local comprobaron que el padre estaba en la casa, pero no la madre. Algunos testimonios indicaban que había salido corriendo desnuda, hasta que fue encontrada a mediodía escondida en un bidón.

La madre fue detenida tras revelar a los agentes el lugar donde se encontraban los cadáveres, hallados enterrados de forma separada muy cerca de la casa donde vivían con sus padres en dos espacios distintos, uno a unos 75 metros y el otro a aproximadamente 150 metros. El padre fue igualmente arrestado con posterioridad y ambos se encuentran en prisión. La mujer tuvo que ser trasladada la pasada semana a una celda especial en Picassent, habilitada con un cristal transparente y bajo vigilancia continua de dos reclusas, después de sufrir una crisis y protagonizar un episodio violento, en el que llegó a comentar que tenía "miedo" a matar a las dos internas con las que compartía habitáculo.

En el Ayuntamiento de Godella constaba una intervención de los Servicios Sociales en la familia en el año 2016, a petición de un juzgado de Paterna, por un conflicto vecinal con la pareja aunque el expediente fue archivado.

Días antes de los hechos, el 11 de marzo, después de una llamada de un familiar a la Policía Local de Godella, dos patrullas de este municipio y de Rocafort se desplazaron al domicilio donde se comprobó que se trataba de un conflicto relacional con miembros de la familia extensa y que tanto los progenitores como los menores se encontraban en ese momento "en buenas condiciones", según informó en su momento la alcaldesa de la localidad, Eva Sanchis.

Dos días después, el miércoles, el Teléfono del Menor contactó telefónicamente con Servicios Sociales de Godella para poner en conocimiento una información facilitada por la familia extensa y se estableció una coordinación con el centro escolar donde asistía el hijo mayor, el Centro de Salud de Godella y la Policía Local, además de contactar telefónicamente con la familia extensa para ampliar la información y continuar con la intervención.

El padre de los dos niños desaparecidos en Godella (Valencia) que fueron encontrados sin vida en la tarde del jueves ha sido también detenido. La madre ya había sido arrestada ayer tras revelar a los agentes el lugar donde se encontraban los cadáveres.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, el hombre, que durante la jornada de ayer permanecía investigado ya tiene la condición de detenido. Previsiblemente, ambos progenitores pasarán a disposición judicial mañana sábado.

Los cuerpos de los menores, un niño de tres años y medio y una niña de cinco meses, fueron encontrados en la tarde de ayer enterrados de forma separada muy cerca de la casa donde vivían con sus padres en dos espacios distintos, uno a unos 75 metros y el otro a aproximadamente 150 metros. La madre ha sido arrestada, aunque ni ella ni el padre ha confesado la autoría de los hechos.

Los menores habían sido vistos por última vez el miércoles por una amiga de la familia que les llevó comida. El operativo de búsqueda se inició al recibir en la mañana del jueves al menos dos llamadas que alertaban de que se habían oído gritos en la casa que 'okupaba' esta pareja en el término municipal de Godella, próximo a Rocafort.

La Guardia Civil y la Policía Local comprobaron que el padre estaba en la casa, pero no la madre. Algunos testimonios indicaban que había salido corriendo desnuda, hasta que ha sido encontrada a mediodía escondida en un bidón, con arañazos "propios de haber corrido, sin más". Además, ante las preguntas sobre los menores, las respuestas del padre habrían sido "incoherentes".

En atención a los medios, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, explicó anoche que, aunque en un primer momento la madre no mostraba una actitud de colaboración con la Guardia Civil y realizaba manifestaciones confusas como que sus hijos "tenían que resucitar", los agentes pudieron convencerla finalmente de la conveniencia de que revelara dónde se encontraban los cuerpos.

La investigación sigue abierta a la espera de realizar las autopsias y las pruebas forenses para el esclarecimiento del trágico suceso.

El dispositivo estuvo formado por 110 efectivos con participación de Guardia Civil, Policía Nacional y Local, voluntarios de Protección Civil y bomberos con perros de búsqueda especializados en hallar personas vivas y fallecidas.

Este mismo viernes, los ayuntamiento de Godella y Rocafort han decretado tres días de luto y guardarán minutos de silencio en memoria de los pequeños.

En España "nunca se expulsa" a una mujer embarazada que esté en situación irregular porque se "prioriza" el interés superior del menor. Así lo explican a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, departamento que se encarga de ejecutar las sanciones de expulsión en materia de extranjería, según informa Europa Press.

"Como práctica general, nunca se expulsa a una mujer en situación irregular que esté embarazada, lleguen embarazadas o estando aquí", han destacado estas mismas fuentes, que han insistido en que en esa situación "el criterio que prevalece" es el interés del menor. No obstante, han agregado que si se han producido expulsiones en este contexto, se debe principalmente a que no se detectó o no constaba el embarazo.

El artículo 57.6 de la ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece que "la expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre".

"En la práctica" no se expulsa a madres de hijos nacidos en España

Por otro lado, desde Interior han precisado a Europa Press que la ley no prohíbe la expulsión de las madres que no tienen papeles con hijos nacidos en España, si bien han señalado que "en la práctica" no se realizan. En cualquier caso, una vez terminado el periodo de gestación, se sigue el procedimiento habitual y se analiza "caso por caso" antes de proceder a la expulsión de cualquier persona, ya que dependerá de su nacionalidad o de si tiene intención de pedir asilo, entre otras cosas.

El bebé nacido en territorio español, cuya madre está en situación irregular, no adquiere automáticamente la nacionalidad española aunque la puede adquirir por residencia al cabo de un año.

El PP liderado por Pablo Casado contempla, si consigue llegar al Gobierno, la puesta en marcha de una Ley de Apoyo a la Maternidad en la que se incluye que una mujer en situación irregular en España no será expulsada del país durante el periodo de embarazo en el caso de que haya decidido dar a su bebé en adopción. Según argumenta el partido, la intención es implementar en el ámbito nacional un protocolo de la Comunidad de Madrid puesto en marcha en 2009 que contempla la confidencialidad y el anonimato de la madre que, estando en situación irregular, quiera dar a su hijo en adopción.

Fuentes del Ejecutivo regional han aclarado a Europa Press que la renuncia de la madre al bebé es anónima y confidencial, es decir, que se garantiza a la mujer que no tenga papeles que su decisión no suponga la consiguiente apertura de un expediente de expulsión.

Desde el Ministerio del Interior apuntan que "cualquier" persona que entre en territorio español por cualquiera de las vías de entrada, ya sea de manera regular o irregular, "está reseñada". Y hace hincapié en que, en virtud de la Ley de Protección de Datos, en España "no se cruzan" las bases de datos. Es decir, que en la actualidad, si una persona en situación irregular acude al médico o a hacer un trámite de adopción "no se informa a la Policía".

"La Agencia Española de Protección de Datos vela porque esas bases de datos sean cerradas y no se notifica si una mujer empieza un proceso de adopción, u otra cosa", han precisado estas mismas fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Interior contesta así al PP, que defiende su propuesta sobre las mujeres que no tienen papeles y están embarazas, alegando que se trata de evitar "por razones humanitarias" el uso de datos personales –que se facilitan en un procedimiento de adopción– como excusa para tramitar un expediente de expulsión.

La Audiencia de Granada ha confirmado la pena de cinco años de prisión para Juana Rivas por sustracción de menores, después de que hace dos veranos permaneciera un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, el italiano Franceso Arcuri.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal estima parcialmente el recurso de Rivas en lo referido a la indemnización que debe abonar a su expareja por daño moral, que rebaja de 30.000 a 12.000 euros.

No obstante, mantiene "íntegros" los demás pronunciamientos de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, incluyendo la privación de la patria potestad sobre los niños durante un periodo de seis años.

La Sección Primera de la Audiencia justifica su decisión en que Rivas cometió los dos delitos de sustracción de menores por los que fue condenada y rechaza su argumento de que existiera una causa justificada para no entregar a los pequeños, que ella atribuyó a una situación de "maltrato" y a la "necesidad de protegerlos".

A este respecto, el tribunal recalca que "por más que ella presente –a su expareja– como un maltratador, no ha sido condenado por ello", pues la sentencia que se produjo en 2009 por lesiones en el ámbito familiar "fue cumplida y sus antecedentes penales han debido ser cancelados".

Junto a ello, recuerda que en el proceso no ha quedado justificada la existencia de peligro para los menores si regresaban con el padre a Italia, a la isla de Carloforte, donde tienen fijada su residencia habitual.

A lo largo de la sentencia, contra la que cabe recurso, la Audiencia explica que en esta causa se decide "exclusivamente" sobre la no entrega de los niños "pese a las resoluciones que así lo establecen, reteniendo a los menores, ocultos, sin que se supiera de su paradero", tampoco el padre, que ha ejercido la acusación particular en este proceso representado por el letrado Enrique Zambrano.

Esta conducta, según mantiene la Audiencia, es "delictiva" pues supone por una parte una "desobediencia a la autoridad al incumplir" las resoluciones que le obligaban a entregar a los niños al padre y, por otra parte, se infringe el derecho de los menores "a relacionarse con sus padres, a vivir en su ambiente familiar, social, educativo; es decir a estar en su entorno, en lo que le es conocido, siendo éste el bien jurídico que prima".

Mantiene de hecho que en este caso lo que se ha pretendido "no ha sido demostrar la existencia de algún tipo de estado de necesidad que justificase la conducta de Rivas" sino "utilizar la jurisdicción penal para revisar y dejar sin efecto lo resuelto en vía civil, sin que aparezca ningún hecho nuevo que no hubiese sido examinado ya".

La previsión es que la defensa de Arcuri en Italia aporte esta sentencia al proceso civil que se sigue en el Tribunal de Cagliari para decidir sobre la custodia de los niños, de cuatro y doce años.

La defensa de Juana Rivas pedirá el indulto

La defensa de Juana Rivas ha anunciado su intención de presentar una petición de indulto por entender que concurren las excepcionales circunstancias que recoge la ley para concederlo, después de que la Audiencia de Granada haya confirmado la pena de cinco años de cárcel para esta madre de Maracena (Granada) por un supuesto delito de sustracción de menores. El despacho Aránguez Abogados, que representa a Rivas en este proceso, ha emitido un comunicado en el que traslada su "máximo respeto" a la resolución judicial, aunque "no comparta en absoluto" la argumentación expuesta en la misma.

La defensa de Rivas ha anunciado así su intención de presentar la correspondiente petición de indulto de acuerdo con la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, por entender que en este caso concurren las excepcionales circunstancias contenidas en la misma.

La Audiencia de Granada ha estimado parcialmente el recurso de Rivas en lo referido a la indemnización que debe abonar a su expareja por daño moral, que rebaja de 30.000 a 12.000 euros. No obstante, la sentencia mantiene "íntegros" los demás pronunciamientos del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, incluyendo la pena de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y la privación de la patria potestad sobre los niños durante un periodo de seis años.

El Consejo Audiovisual de Andalucía ha advertido este viernes a los medios de comunicación audiovisuales y escritos sobre el amarillismo y la espectacularización en el tratamiento informativo del 'caso Julen', de conformidad con la legislación relativa a la protección del menor y la legislación audiovisual.

La autoridad pública ha fundamentado su decisión de analizar el tratamiento que tanto televisiones públicas como privadas, locales, autonómicas y nacionales han desempeñado del accidente y rescate del pequeño Julen en Totalán, Málaga. El Consejo teme que la mediatización del rescate, que comenzó el día 13 de enero, haya propiciado la vulneración de los derechos fundamentales de los familiares del menor.

A este respecto, requiere de los medios de comunicación que mantengan un respeto absoluto de los derechos de las personas involucradas en sucesos trágicos o violentos, con especial atención al derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen.

El CCA reclama también a las televisiones que huyan del amarillismo y la espectacularización de estos casos e insiste en que deben acudir a fuentes fiables para evitar la difusión de bulos o fake news que, a su vez, contribuyen al desasosiego de los familiares afectados por un determinado suceso trágico y luctuoso, y más cuando este implica a menores de edad. 

En este sentido, ha recordado a los medios que un correcto tratamiento informativo pasa por recuperar los principios básicos del periodismo. El Consejo ha aprobado en los últmos años recomendaciones específicas. Estas recomendaciones están basadas en el papel fundamental del periodismo, que es el de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, una tarea que debe compatibilizarse con los principios de interés público, información de calidad, veraz y respetuosa con los derechos fundamentales. 

A la hora de informar sobre menores de edad, el Consejo Audiovisual de Andalucía anima a los medios de comunicación a rescatar los códigos deontológicos:

El youtuber Dalas Review ha atribuido este viernes la acusación que ejerce una menor contra él por abuso sexual y ciberacoso sexual infantil a "una conspiración" de un grupo de fans que decían "burradas" para hundirle " lo máximo posible". Informa Europa Press.

Daniel José S.L., de 25 años, se sienta en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Madrid presuntamente por abusar de una menor, una fan suya de 13 años que conoció en el verano de 2015 a través de la red social Twitter. A su entrada a esta sede judicial, ha grabado con su móvil a los periodistas y cámaras que esperaban su llegada. El popular youtuber canario se enfrenta a una petición de pena de cinco años de prisión, once años de inhabilitación especial y nueve de alejamiento de la supuesta víctima.

No es la única fan que le ha denunciado. En el juicio, un agente de la Policía Nacional ha hablado de más denuncias, una de ellas archivada y otra en instrucción. En este caso, la joven contó a sus padres los abusos que sufrió supuestamente después de conocer que había "más casos" de chicas en su misma situación. En su declaración, el acusado ha explicado que conoció a la chica aquel verano e inició entonces una relación de amistad a través de las redes sociales. "Se estaba peleando con unos hakers por Twitter y la seguí", ha contado.

Según su relato, la menor le comentó que tenía 16 años, si bien algo después le dijo que tenía 14. Sobre la edad, ha negado que la niña le dijera realmente su edad y que él le manifestara que era "una tontería" dejar de hablar por esa cuestión. El youtuber ha insistido al tribunal que nunca la propuso nada sexual y que hablaban de temas personales. "Me contaba sus dramas personales", ha dicho, reconociendo que le dijo que se acercara a una firma de libros, al igual que hacía con otros fans con los que hablaba por las redes sociales.

Sobre los hechos objetos de la acusación, ha negado que le realizara tocamientos en el madrileño Parque de El Retiro, algo de lo que ha dicho que era "imposible". "Jamás", ha subrayado, negando que tuviera lugar tal encuentro. "Es imposible estar con alguien sin que me grabe. Soy muy cuidadoso. No se me hubiera ocurrido en la vida besarme en medio de un parque", ha aseverado. Además, ha contado que todo es consecuencia de un chat de chicas que decían "burradas" sobre él para hundirle.

Otras fans en situación similar 

La versión de la víctima, que ha declarado por videoconferencia acompañada por su padre, difiere en algunos puntos sobre la versión del acusado. Tras relatar cómo se conocieron, ha narrado a la fiscal cómo se produjo el episodio de abuso sexual del 8 de febrero de 2016 después de que ambos quedaran en la estación de Atocha.

"Insistió en darme mi primer beso y le dejé. Luego quiso ir a un Hotel, pero a mí me daba miedo. Y fuimos al Retiro que estaba a un paso. Me besó, le dejé hacerlo. Empezó a tocarme, a darme besos", ha relatado la chica, quien le contó a una amiga lo que pasó porque le daba vergüenza decírselo a sus padres.

A los meses, se enteró de que Dalas hizo lo mismo con otras fans. "Había más chicas en mi situación y queríamos ayudarnos", ha señalado a la sala, al tiempo de reconocer que quisieron borrar las conversaciones porque sabían que "muchos famosos suelen acusar a sus víctimas de conspiración" y no querían que pasara eso.

En mayo de 2016, contó a sus padres lo sucedido. Y acudieron a una comisaría a denunciar los hechos. El padre de la chica ha señalado que cuando se enteró de que su hija conversaba con un mayor de edad por la red le intentó persuadir acerca de que no era lo conveniente. "Tenía una relación de confianza con mi hija. Y me mostró vídeos con tono sexual y otros vídeos inaceptables. Empecé a preocuparme cuando me dijo que tenía su teléfono ", ha reseñado.

La acusación fiscal 

Según el relato del fiscal, el acusado y su supuesta víctima contactaron a través de Twitter entre julio y agosto de 2015. "En este momento la menor tenía 13 años de edad", según apunta el escrito. Los contactos se intensificaron en septiembre de 2015 vía Skype. Entonces, éste le comenzó a mostrar el interés que tenía hacia ella y le pidió que le mandara fotos desnuda. "Cuando ella le objetaba que era menor de edad, él le decía que era una tontería", señala el fiscal, que agrega que éste le pidió que borrara conversaciones para que no las leyeran sus padres.

Juana Rivas ha denunciado a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por supuestos malos tratos al menor de los dos hijos que tienen en común, con los que permanece en Cagliari (Italia), donde ha pedido medidas judiciales urgentes para su protección, según informa Europa Press.

Según han indicado fuentes de la defensa de Juana Rivas, el padre de los niños los entregó el pasado viernes a la madre de Maracena (Granada), que está en Italia dos semanas para activar los procedimientos judiciales que tiene en este país.

Rivas, condenada a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad de sus hijos por sustracción de menores en España, descubrió, según ha hecho constar en la denuncia, un hematoma en la espalda del pequeño, por lo que ha interpuesto denuncia ante los Carabinieri, solicitando como "medida cautelar urgente" que los niños vayan a una "casa familia", un centro público para casos en los que hay riesgo de violencia, mientras la autoridad judicial examina la denuncia y su fundamento.

Los niños permanecen con la madre conforme han explicado también desde su equipo jurídico, en el marco del derecho que tiene esta última a tenerlos, en sus estancias en Italia, durante siete días consecutivos seguidos, siempre y cuando vayan al colegio, a unas dos horas de Cagliari, extremo este último que no se ha producido este lunes, ante este "hecho grave" que se "está denunciando".

En Italia está abierto también el procedimiento para decidir sobre la custodia de los niños. La madre de Maracena ya presentó hace unas semanas una denuncia sobre supuesto maltrato del padre a los niños y permanece "sin tramitarse" en este país la denuncia por presunta violencia de género que puso en Granada en verano de 2016 y que fue remitida al país alpino.

El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados en el segundo trimestre de 2019 el anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, que contemplará el abuso sexual, el acoso en redes sociales e incluirá un registro de menores víctimas, informa Europa Press.

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, este viernes 7 de septiembre durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El texto, según ha precisado, será el resultado de un "trabajo en equipo" y se recogerán también "todas las reflexiones y aportaciones previas de organizaciones sociales y de infancia".

Montón ha indicado que desde este viernes comienzan "un amplio debate en el proceso de participación" para elaborar el anteproyecto de ley que "incluirá el abuso sexual y las nuevas formas de violencia como el acoso o la violencia a través de las redes sociales".

Asimismo, se elaborará un registro unificado de menores víctimas que permita disponer en una sola unidad toda la información. "Debemos cuantificar el número de menores que sufren malos tratos, vejaciones, acoso, abusos sexuales o de otro tipo, así como conocer quiénes son los que ejercen esa violencia contra ellos para que la sociedad tome conciencia", ha añadido.

Este registro, según ha precisado, se actualizará en materias relativas a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesionales, voluntariado y actividades que impliquen trato con menores, con especial referencia a los supuestos de privación de patria potestad, tutela, guarda o adopción.

Medidas específicas de protección para los menores en especial situación de vulnerabilidad

El trabajo implicará a distintos ministerios –Sanidad, Educación, Justicia, Interior, Trabajo– así como a administraciones locales y autonómicas, entidades sociales, sociedades científicas y a la Fiscalía de Menores. En este sentido, se trabajará en la formación de jueces, fiscales y demás profesionales. Asimismo, la ministra ha asegurado que se tendrán "muy presentes las aportaciones de los propios niños y niñas".

La ley recogerá la definición de violencia acorde con la Convención de derechos del niño en aspectos como el abuso y maltrato físico y mental, el abandono, la explotación y el abuso sexual, así como la restauración de los derechos de las víctimas.

Además, la norma desarrollará medidas específicas de protección para aquellos grupos de menores en especial situación de vulnerabilidad, como las niñas, víctimas de trata, menores con discapacidad o LGTBI.

Montón ha indicado que el objetivo es "actuar de manera más eficaz y contundente" contra la violencia sufrida por la infancia en España "para que todos los niños disfruten de una infancia plena y feliz".

Prevención desde el ámbito familiar, sociosanitario, de ocio y digital

Además, la ley garantizará los derechos de los menores en los procesos penales y civiles, en especial, su derecho a ser oídos; y también se incluirá la prevención desde el ámbito familiar, sociosanitario, deportivo, de ocio y digital.

También ha agregado que trabajarán con expertos para facilitar "el deber de denuncia" y la detección precoz de estas situaciones de violencia y velarán por la reintegración de los derechos vulnerados.

Montón ha puntualizado que el anteproyecto de ley está en una fase "muy incipiente". El plazo para consultas públicas permanecerá abierto hasta el próximo 17 de septiembre. Por el momento, el Gobierno ya ha mantenido reuniones con varios ministerios, administraciones locales y autonómicas, sociedades científicas, entidades sociales, que continuarán en los próximos meses.

Además, la ministra ha anunciado que el próximo miércoles 12 de septiembre tendrá lugar una reunión del Pleno del Observatorio de la Infancia, uno de los primeros foros donde se materializará el proceso de diálogo para la elaboración de la ley.

Reivindicación de las ONG

Las ONG venían reivindicando desde hace tiempo una Ley de Violencia contra la Infancia y en 2017 ya remitieron una propuesta al anterior Gobierno del PP para la elaboración de un borrador. Entre las medidas sugeridas por estas organizaciones, encabezadas por Save The Children, destacan algunas de las anunciadas por la ministra Montón como el registro unificado de menores víctimas o el deber de denuncia.

Juana Rivas ha protagonizado este jueves el debate sobre los derechos del menor en contextos de violencia de género organizado por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. La granadina, madre de dos niños, ha denunciado las trabas judiciales que desde hace años enfrenta dentro del complejo proceso judicial para recuperar a sus hijos, y ha deseado que "su sufrimiento" sirva algún día para "mejorar la realidad de otras muchas madres". "Creo firmemente que se hará justicia, y que a pesar de esta terrible situación que estamos viviendo yo y mis hijos, quiero vivir en este país, en mi país, con ellos, y que algún día cuando les pregunten por qué todo esto, puedan decir que su sufrimiento y el de su madre sirvió para mejorar la realidad de otras muchas madres y niños", ha manifestado.

La mujer ha cerrado entre lágrimas el acto en que también han participado la diputada socialista Ángeles Álvarez y la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena (Granada), Francisca Granados. Juana Rivas, para quien la Fiscalía Provincial de Granada solicita cinco años de prisión y la suspensión de la patria potestad durante otros seis, por presunto delito de sustracción de menores, ha relatado su "historia de violencia" junto al padre de sus hijos Francesco Arcuri. "Yo no vengo a hablarles del caso Juana Rivas, yo vengo a hablarles de mi vida y la de mis hijos, sabiendo que tristemente existen muchas otras mujeres con hijos e hijas que han vivido una pesadilla similar", ha expuesto ante el público asistente.

Rivas ha explicado los episodios de violencia a los que se vio sometida, primero psicológica, "de la que en aquel momento no era consciente", y luego física. "Aguanté y aguanté hasta que no pude esconder las señales de la última agresión en mi cara", expuso la madre, quien explicó que en un primer momento fue el médico que la examinó en el año 2009 quien le animó a interponer una denuncia. De esta primera denuncia derivó una orden de alejamiento y tres meses de prisión, como consecuencia de una condena por lesiones en el ámbito doméstico. "La pena fue suspendida pero él no realizó los cursos de rehabilitación que tenía que hacer obligatoriamente y no pasó nada", ha lamentado.

Pese a mantener firme su confianza en el aparato judicial, Juana Rivas se ha mostrado manifiestamente crítica con los resultados experimentados a lo largo del proceso. "Según la justicia he incumplido leyes y de víctima he pasado a categoría de acusada, cuando mi único objetivo ha sido siempre el de defender a mis hijos frente a un padre que les ha hecho y les sigue haciendo mucho daño", ha aseverado la mujer, quien ha insistido en que su principal propósito consiste en "luchar por ofrecerles una vida digna de vivir, libre de violencia".

Respecto a las garantías hacia las mujeres víctimas de violencia machista, Rivas ha subrayado haber "comprobado en primera persona que a pesar de la existencia de toda la legislación y de tantos recursos como dicen que existen en nuestro país, algo falla". El resultado final "del periplo que viene detrás de poner una denuncia por violencia de género", ha agregado, "con demasiada frecuencia suele ser contrario a los derechos de nosotras las mujeres y de nuestros hijos". Sus hijos, ha reiterado entre lágrimas, "están sufriendo con su padre en Italia" mientras que su madre se enfrenta "a una petición de cárcel" y a perderse seis años de la vida de los menores.

Concentración en Sol

Por su parte, el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres y la Plataforma 7N han convocado este jueves, como cada mes, su concentración en la Puerta del Sol del día 25 contra la violencia machista, que en esta ocasión ha puesto el foco en el apoyo a Juana Rivas, según informó Europa Press.

"Este mes de enero, exigiremos la inminente puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados el 28 de Septiembre y pondremos de manifiesto nuestro total apoyo a Juana Rivas y nuestro rechazo al acoso judicial que está sufriendo", ha señalado UGT, que participa de forma activa en la concentración.

Durante la conferencia en la que ha participado la madre granadina, la socialista Ángeles Álvarez ha recordado la veintena de propuestas que lleva el Pacto de Estado relacionadas con la protección de los menores. Entre las medidas se encuentra la puesta en marcha de un seguimiento estadístico de los menores víctimas de violencia de género, la suspensión del régimen de visitas en aquellos casos en los que el menor haya presenciado o sufrido malos tratos o la desvinculación del ejercicio de la patria potestad respecto a la atención psicológica de los niños. Álvarez también ha recordado que su partido ha registrado una proposición de ley –que espera se debata en febrero– para garantizar las pensiones de orfandad de los hijos de las víctimas mortales. Actualmente, ha señalado, la cuantía media que perciben es de 140 euros y la propuesta eleva la cifra a 677 euros.

El Vaticano ha levantado las medidas canónicas cautelares al padre Román Martínez y a otros dos religiosos inicialmente investigados en el que se conoció como caso Romanones, habiendo recibido los tres este miércoles su nuevo destino pastoral para volver a ejercer como sacerdotes.

Así lo ha indicado en un comunicado el Arzobispado de Granada, que ha recordado que los tres tenían impuestas desde el pasado 15 de octubre de 2014 medidas canónicas cautelares, tras la decisión de apartarlos del ejercicio pastoral tomada por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, que abrió entonces una investigación sobre los hechos denunciados por supuestos abusos sexuales a un menor.

El caso se hizo público el noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas, diez sacerdotes y dos laicos.

La Audiencia de Granada acabó declarando prescritos los delitos que se le atribuían a once de ellas, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román, que, considerado el líder del grupo, fue juzgado y posteriormente absuelto del delito de abusos sexuales a un menor del que estaba acusado.

La Sala alegó la falta "total y absoluta" de pruebas contra él y la "inconsistencia del relato" del denunciante, que a su juicio incluyó "graves contradicciones" y aspectos "absolutamente inverosímiles".

Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo, y la Congregación para la Doctrina de la Fe impusiera las medidas cautelares ahora levantadas para que el padre Román y otros dos religiosos no pudieran ejercer como sacerdotes.