La comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid concluye en su informe, conocido este jueves, que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su entorno crearon durante su mandato regional la Dirección General de Seguridad para hacer seguimientos a sus rivales políticos, informa Europa Press.

Según las propuestas de conclusiones elaboradas por los tres partidos de la oposición (PP, PSOE y Podemos), hubo seguimientos "demostrados" de varios asesores del Ejecutivo autonómico, exagentes de la Policía y la Guardia Civil, a varios políticos del PP. Los seguimientos se realizaron en un periodo previo a la celebración del Congreso Nacional del Partido Popular en Valencia, en un momento de rivalidad de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy por una parte, y de enfrentamiento no solapado entre Aguirre y el entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, también del PP, recuerdan.

"Las personas que fueron objeto de seguimiento comprobado estaban claramente posicionadas políticamente frente a Aguirre en el seno del PP, lo que induce a concluir que solamente podían tener en interés en conocer los movimientos o actividades de esas personas la propia Aguirre y su entorno más cercano", señalan. Para realizar estos seguimientos se necesitaba un dispositivo de seguridad del que la Comunidad de Madrid carecía "y para ello se creó la Dirección General de Seguridad y se incorporaron a ella los asesores de seguridad procedentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil", indica la investigación llevada a cabo por los diputados autonómicos.

Esa dirección fue ocupada por Sergio Gamón, que fue cesado tras conocerse el registro del Campus de la Justicia. Entonces, fue sustituido por Enrique Barón, "pero bien por su relación con Aguirre o bien por la necesidad de mantener un dispositivo que permitiera continuar con las actividades irregulares que se realizaban bajo su dirección, fue nombrado responsable de una nueva dirección de seguridad que se creó 'ad hoc' para él".

En ese sentido, la comisión anticorrupción apunta que entre los años 2008 y 2010 existieron y se mantuvieron con dinero público dos direcciones generales de seguridad en una comunidad autónoma "que no tiene ni tenía ninguna competencia en la materia". Aunque todos los asesores de seguridad que comparecieron en la comisión declararon que ellos no habían realizado estos seguimientos, "la negación fue en primera persona y es más que evidente que sí se produjeron ya que existen pruebas gráficas y conversaciones grabadas que lo corroboran", concluyen.

Y es que para los tres grupos de la oposición en la Asamblea "existió un mal uso de los fondos públicos por parte del Gobierno regional porque se realizaron seguimientos a personas que trabajaban en la Administración, empleando medios humanos y materiales pagados por la administración pública, con fines personales o partidistas y se utilizaron empleados públicos para hacer seguimientos a políticos como los señores Alfredo Prada, que fue consejero del Gobierno, y Manuel Cobo, concejal del Ayuntamiento de Ruiz Gallardón".

Las conclusiones de la comisión son tajantes al afirmar que para dichos seguimientos se utilizaron coches, teléfonos y ordenadores y realizaron partes de trabajo "de unos seguimientos que nada tenían que ver con la finalidad para la que fue concebida la Dirección General de Seguridad, según las informaciones oficiales". "Del hecho demostrado de la existencia de seguimientos y de las declaraciones efectuadas por asesores de seguridad que afirmaron que Sergio Gamón, siguiendo instrucciones de Ignacio González, les ordenó seguir a varios responsables políticos, se puede concluir que pudieron realizarse más seguimientos a cargos del Partido Popular o de otros partidos políticos", añaden.

Responsabilidades

Por todo ello, los parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos aseguran que la responsabilidad del Gobierno en este caso es más por acción que por omisión, ya que los hechos "se llevaron a cabo por asesores y cargos públicos nombrados a dedo por los responsables del Gobierno regional" y queda claro que desde la Presidencia y las Vicepresidencias "se hacía y deshacía (nombramientos, ceses, creación de supraestructura administrativa, etc.) al antojo de los intereses personales y partidistas y no del interés general".

En base a la investigación realizada por la comisión, establecen una responsabilidad política 'in vigilando' sobre Sergio Gamón, pues como director del Área de Seguridad "tuvo conductas omisivas en cuanto a sus quehaceres como jefe". Y también lo consideran responsable 'in eligendo', ya que fue "él quien fichó a los asesores procedentes de la Policía Nacional que dependían funcionalmente de la Dirección General y responsable 'in organizando' de "definir y repartir el trabajo entre sus subordinados y de una incorrecta organización de la actividad de su Dirección".

La comisión también culpa al consejero Francisco Granados como responsable 'in vigilando', ya que los asesores de seguridad que presuntamente realizaron los seguimientos empleando medios públicos para cometer acciones que no estaban dentro de los cometidos de la Dirección General de Seguridad ni de la Consejería dependían orgánicamente de él. Y responsable 'in eligendo' de la contratación de los asesores de seguridad procedentes de la Guardia Civil e 'in organizando' por "permitir, y presuntamente impulsar, conductas que se desviaban de la actividad de su área y de la legalidad", además de considerarle supuestamente también responsable de la contratación de detectives para hacer seguimientos a otros.

Además, la comisión considera al entonces presidente Ignacio González como responsable "in vigilando", ya que bajo su departamento "se realizaron los seguimientos a responsables políticos de su propio partido utilizando medios públicos para acometer acciones que no estaban dentro de los cometidos del Gobierno de la Comunidad de Madrid". "Es responsable 'in eligendo' por ser él parte responsable de la contratación del director general y del subdirector general de seguridad, y responsable 'in organizando' por crear un dispositivo de seguridad en función de intereses partidistas y por permitir, y presuntamente impulsar, seguimientos y conductas que se desviaban de la actividad de su área y de la legalidad".

Por último, las conclusiones de la comisión anticorrupción apuntan a que la entonces presidenta autonómica Aguirre es, como creadora de la Dirección General de Seguridad, responsable 'in eligendo' del nombramiento de Sergio Gamón como director general y de encomendarle la labor de organizar una estructura para dar servicio a la Comunidad de Madrid. Y también responsable 'in vigilando' por "no haber detectado (voluntaria o involuntariamente) las irregularidades y actividades al margen de la legalidad que se pudieron realizar".

1.- Ahórrense los aspavientos quienes pretenden hacerse ahora los sorprendidos u ofendidos al “descubrir” que bajo el mandato de Mariano Rajoy y de su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz funcionó una estructura policial que fabricaba informes falsos para filtrarlos a periodistas y medios “amigos” con el objetivo de destruir a adversarios políticos. Sabemos de la existencia de esa policía política (autodenominada brigada patriótica) desde que el 22 de junio de 2016 el diario Público desveló grabaciones en las que Fernández Díaz y el entonces máximo responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, hablaban crudamente de elaborar documentos y acusaciones no probadas contra dirigentes independentistas. (Ver aquí). Todos pudimos escuchar al ministro expresiones como "eso la Fiscalía te lo afina”, “se lo pasamos a nuestros periodistas infiltrados”, “si eso saliera…” o “el presidente del Gobierno lo sabe”. En el documental titulado Las cloacas de Interior, estrenado hace ya dos años y silenciado por los grandes medios, se recogen datos y testimonios sobre la llamada Operación Cataluña. (Ver aquí).

2.- Lo que ha estallado más recientemente es la evidencia de que esa mafia político-mediática-policial no tenía como único objetivo el independentismo, sino que entre las elecciones generales de 2015 y (al menos) hasta que Rajoy fue confirmado como presidente del Gobierno en otoño de 2016, la misma trama tuvo como prioridad ensuciar la imagen de Podemos y de sus dirigentes y frenar la más mínima posibilidad de un acuerdo de gobierno de izquierdas encabezado por el PSOE. (Ver aquí)

3.- Y ha estallado porque el juez Manuel García Castellón decidió invitar a Pablo Iglesias a personarse en una de las diez piezas de investigación relacionadas con el excomisario José Manuel Villarejo tras comprobar que este tenía en su poder material sustraído del móvil personal de una colaboradora del líder de Podemos. Insisto: ha estallado por ese trámite del procedimiento judicial en curso, no porque no se supiera desde el año 2016 que se estaban utilizando informes policiales sin sello ni firma ni confirmación alguna para embarrar a la formación morada. El daño en términos de calidad democrática sería exactamente el mismo si la víctima no hubiera sido Podemos o nacionalistas catalanes sino el PSOE, el PP, Ciudadanos, Vox, Actúa o el PACMA. Se trata de métodos de espionaje, falsificación de pruebas e intoxicación masiva propios de una dictadura. Pero es obvio que ese grupo policial y sus ramificaciones mediáticas defendían intereses muy concretos: los del Partido Popular en el poder. Por eso hay un hilo muy sólido que une las acusaciones falsas contra Podemos, las que previamente se hilvanaron contra los independentistas y las maniobras más sutiles o más cutres para robar a Bárcenas las pruebas que este pudiera guardar contra la cúpula de su partido sobre corrupción y financiación. El nombre de Villarejo no falta en ninguna de esas pútridas charcas. (Ver aquí).

4.- Resulta ofensivo escuchar a Pablo Casado esquivar ahora las preguntas sobre la investigación judicial del espionaje a Podemos con el argumento de que se trata de “informaciones no contrastadas”. Como ofende también escuchar a Albert Rivera decir que no tiene "nada que decir" sobre la policía política, que "le pregunten al PP". Una respuesta que "dice" mucho sobre las convicciones democráticas de Rivera. Ni él ni Casado, que en las fechas de la comisión de esos presuntos delitos ya era miembro de la dirección del partido, tuvieron entonces el menor pudor para hacerse eco una y otra vez de los titulares de OKdiario y de las acusaciones (no contrastadas) de Eduardo Inda OKdiariosobre la supuesta financiación iraní o venezolana de Podemos, o sobre el pago que Nicolás Maduro habría ingresado en una cuenta de Iglesias en el paraíso fiscal de Islas Granadinas. (Ver aquí)

5.- Tampoco hemos escuchado o leído la más mínima disculpa por parte de Casado, ni de Albert Rivera ni de otros dirigentes políticos o medios de comunicación que dedicaron decenas de mítines, portadas y editoriales durísimos, cuando las correspondientes instancias judiciales fueron archivando “por carecer de la más mínima solidez probatoria” todas esas acusaciones basadas en los papeles fabricados por la mafia policial y divulgados por periodistas y cabeceras afines. (Ver aquí).

6.- Es significativo el enorme esfuerzo de denuncia que esos mismos políticos y medios han dedicado al intento independentista de saltarse la legalidad vigente, con actuaciones calificadas de “golpistas” desde el primer minuto, en comparación con la laxitud o indiferencia con la que han venido tratando maniobras destinadas a condicionar y obstaculizar decisiones democráticas como la posibilidad de un pacto de gobierno surgido de los resultados electorales de 2015 y 2016. Uno es demócrata o no lo es. Se trata de una condición plena, que no se puede ejercer de modo parcial o selectivo, dependiendo de quién sea la víctima de un atropello. La actuación, la existencia misma, de una policía política es antidemocrática, perseguible y condenable al margen de que su objetivo fuera morado, rojo, verde o azul.

7.- Tampoco es admisible que el Gobierno de Pedro Sánchez, que con razón se reclama ahora también perjudicado por la actuación de esa policía política, no abriera de inmediato una investigación interna en el Ministerio del Interior para depurar las responsabilidades de lo que ya era un escándalo cuando se votó la moción de censura. Ni hay excusa razonable que justifique la permanencia en la jerarquía policial de alguno de los principales implicados, como es el caso del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que en abril de 2016 se desplazó a Nueva York para ofrecer a un exministro chavista un trato de favor si confirmaba el supuesto pago de siete millones de euros por parte del Gobierno bolivariano a una fundación a la que habían pertenecido varios profesores universitarios españoles que ¡ocho años después! impulsaron la creación de Podemos. Gestiones por supuesto pagadas con dinero público y realizadas en nombre “del ministro del Interior español” que a su vez “habló con el presidente español [Mariano Rajoy]”. (Ver aquí). Gestiones por cierto negadas por el propio Fuentes Gago ante una comisión parlamentaria, lo cual puede constituir un delito castigado con multas y hasta con prisión. (Ver aquí)

8.- No. No se puede ser demócrata a tiempo parcial. Tampoco periodista. Eduardo Inda, uno de los nombres más repetidos de la telaraña mediática relacionada con la policía política al servicio del PP, ha intentado justificar su actuación tirando de ventilador, pretendiendo extender la idea de que “han sido muchos los periodistas de diferentes medios que han tenido relación durante años con el excomisario Villarejo y han publicado las historias que él contaba”. Ojalá terminemos conociendo la lista completa de esos periodistas y medios, no por desvelar las fuentes de nadie, sino para comprobar quién ha cumplido su obligación y quién ha trabajado al servicio de intereses que no son los de sus lectores. Porque todo periodista de relieve recibe a lo largo de su carrera dossieres e informes de todo tipo. Pero su obligación profesional y ética no es publicar lo que alguien le filtra sino contrastarlo y descartarlo si comprueba que se trata de una falsedad. De lo contrario no está actuando como periodista honesto sino como “infiltrado” o correveidile. Aclarar la diferencia entre una y otra condición es muy necesario para no socavar (aún más) el crédito de todo el periodismo. Y sí, por supuesto: quien se dedica a disparar con una ametralladora a todo lo que se mueve alguna vez acierta y da a los malos, llámense Urdangarin, Bárcenas o Ignacio González. Lo cual no justifica disparar a sabiendas contra presuntos inocentes.

9.- Ni la campaña electoral ni las artimañas de los interesados deben desviarnos de la cuestión capital. Como advertía hace unos días Iñaki Gabilondo, “hemos perdido el sentido común democrático si dejamos que un escándalo de la gravedad del espionaje a Pablo Iglesias, con elaboración de pruebas falsas incluido, se diluya como un asunto informativo más, de esos que caducan en unos días” (Ver aquí). Por pura higiene democrática y cívica, no debemos permitirlo. Es más, estamos obligados a seguir preguntando una y otra vez qué ocurre con esa investigación interna abierta hace más de nueve meses por el BBVA sobre los pagos de la entidad presidida entonces y hasta hace muy poco por Francisco González a una empresa de Villarejo para espiar a políticos, empresarios y periodistas con el objetivo de impedir una operación accionarial legítima. (Ver aquí). Como debemos también seguir señalando el cúmulo de indicios contra el exfiscal anticorrupción Manuel Moix (ahora ejerciendo en el Supremo), acusado esta misma semana de haber falseado datos junto a dos policías para favorecer “los intereses políticos del PP”. (Ver aquí).

Si elevamos la mirada por encima de los complejos entramados y nos alejamos del ruido de la guerra del clic, observaremos que hay un elemento común a casos tan aparentemente distintos como Nóos, Gürtel,  Taula, Púnica, el campo de golf de Ignacio González, la Operación Kitchen o la mafia policial de Villarejo: la impunidad con la que dirigentes políticos actuaron durante años confundiendo las instituciones del Estado con un cortijo de uso e interés particular. Cloacas incluidas.

Tal y como informa este miércoles la Cadena Ser, la denuncia contra Moix, que ha sido presentados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el aforamiento del que goza, detalla "múltiples irregularidades" durante el proceso judicial. Unas anomalías presuntamente ordenadas por Moix y Olivera, y cometidas por Barrado "atendiendo a los intereses políticos del Partido Popular".

Los abogados del denunciante aseguran que, por orden de Moix y en connivencia con los otros dos policías, se acusó de manera infundada a personas que no tenían nada que ver con el espionaje en la Comunidad de Madrid, para así proteger a los altos cargos del PP que realmente ordenaron ese espionaje.

En la denuncia, Caro Vinagre solicita que acudan a testificar Moix, Barrado y Olivera. También pide que el ex fiscal jefe Anticorrupción pague 250.000 euros de fianza con destino a "reparar los daños morales, psicológicos y afectivos causados", y que lo hagan con la misma cantidad los agentes Barrado y Olivera.

Diez años después de que el diario El País revelase cómo el entonces vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el exvicepresidente regional Alfredo Prada habían sido sometidos a seguimientos por espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, el caso llega este lunes a juicio. En el banquillo, y ante un jurado popular, se sientan quien en el momento de los hechos era director general de Seguridad de la Comunidad, su número dos, otro funcionario y tres guardias civiles igualmente contratados por el Gobierno autonómico. Se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel por malversación. Ningún cargo público de la época compartirá asiento ni riesgo penal con los encausados.

Aquella operación de espionaje, diseñada y ejecutada a tenor de los indicios como una muestra a pequeña escala de lo que el caso Villarejo ha inmortalizado ya como las cloacas del Estado, tuvo un trasfondo netamente político: la guerra de poder que zarandeó en 2008 al PP, el año en que Esperanza Aguirre intentó desbancar a Mariano Rajoy: Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y Prada, alineado con Rajoy, aparecían en el bando de los enemigos de Aguirre.  

La Fiscalía sostiene que no hubo delito y pide la absolución. Lo hace bajo el argumento de que "no consta acreditada" la "intención" de los acusados de utilizar dinero público para fines "ajenos a la función pública". Su escrito llega a aducir que los famosos y "supuestos" partes de seguimiento a los espiados "no han sido obtenidos de expedientes administrativos" sino que los facilitó el periodista del diario El País que firmó buena parte de las noticias del caso. Esos partes, añade el ministerio público, no responden a "seguimientos reales" sino que pudieron ser elaborados "con un interés espurio".

Fraguada y consolidada durante el mandato de Manuel Moix como fiscal jefe de Madrid, años antes de su ascenso a la Fiscalía Anticorrupción y su rápida dimisión tras desvelar infoLibre que era copropietario de una empresa panameña, la posición de la Fiscalía topa con la de la Comunidad de Madrid. La paradoja estriba en que el Gobierno madrileño, en cuyos engranajes se gestó el presunto espionaje fuera quien fuese su autor intelectual, decidió en marzo de 2014, bajo el mandato de Ignacio González, personarse como acusación particular en el caso del espionaje. En el juicio, ejercerá la acusación particular. Y sí ve delito. Sus abogados propugnan para los seis procesados penas –leves, solo multas– por malversación.

Los socialistas, personados como acusación popular, reclaman en cambio cárcel para los acusados. La pena más alta, aquí, es la solicitada para Sergio Gamón, exdirector general de Seguridad: cuatro años. Le sigue en gravedad la de tres años para su número dos, Miguel Castaño. El PSOE demanda por último dos años de reclusión para los cuatro espías de base: el antiguo empleado de la Consejería de Interior José Manuel Pinto y los guardias civiles Antonio Coronado, José Oreja y José Luis Caro, este último ya condenado en la primera pieza de Púnica, la del chivatazo a Francisco Granados sobre la investigación penal de que estaba siendo objeto en 2014.

Francisco Granados —sucesor de Alfredo Prada como consejero de Interior y Justicia—, Ignacio González, que ostentaba la vicepresidencia del Ejecutivo regional, y la propia Esperanza Aguirre declararán como testigos. En un juicio que, como mínimo, se extenderá hasta el día 20, las suyas se perfilan como las declaraciones estelares por su rango personal, si bien solo un terremoto o viraje imprevisto proporcionarían novedades. En la abultada lista de testigos –18 en total más ocho peritos– destacan también los espiados. Y hay un nombre en esa nómina que genera expectación entre quienes siguen el caso: el de Yolanda Laviana, exmujer de Sergio Gamón y exsecretaria de Esperanza Aguirre. En junio de 2010, Laviana le dijo esto al diario El País: "Gamón ya investigaba desde 2006 a Prada para Ignacio González".

Tanto Aguirre como González y Granados han sostenido siempre lo mismo que la Asamblea de Madrid ya aprobó en marzo de 2009 con los votos de la mayoría absoluta del PP: que la Comunidad de Madrid no amparó ni ordenó convertir la Dirección General de Seguridad en una unidad cuyo objetivo fuese neutralizar enemigos mediante seguimientos que pudieran reportar un buen botín de información comprometedora. 

La retirada de los espiados

La discrepancia entre los postulados de la Fiscalía y los de la Comunidad de Madrid no constituye la única paradoja que afronta el juicio. Hay otra más. Y de calado: porque ninguno de los presuntos espiados, sin cuya denuncia difícilmente habría arrancado la maquinaria judicial, ejerce la acusación.

Presa de indignación, Cobo no había dudado en definir aquel aparato policial o parapolicial como una "gestapillo", pero acabó retirándose en junio de 2016 cuando llegó el momento de calificar penalmente los hechos. Prada, bestia negra de Aguirre desde el momento en que se alineó con Rajoy en la lucha interna por la presidencia del partido y defenestrado como vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de Madrid en junio de 2008, se declaró igualmente vapuleado: "La Fiscalía debería actuar de forma urgente", aseguró en febrero de 2009. Pero, como Cobo, también abandonó la escena en junio de 2016. La exconcejal Carmen Rodríguez Flores, muy amiga del ahora ya fallecido Álvaro Lapuerta, antecesor de Luis Bárcenas en la tesorería del PP y que completaba el terceto de espiados denunciantes, ya había desistido del proceso con anterioridad.

Aunque ninguno ha pronunciado jamás en público una sola palabra sobre su mutis jurídico, todas las fuentes consultadas entonces y ahora coinciden en el porqué de aquella marcha atrás: desistieron –es el mensaje unánime entre quienes conocen los entresijos del caso– por petición del PP, al que los tres seguían perteneciendo. Ninguno de ellos reclamó tampoco durante la instrucción que Francisco Granados o Ignacio González, jefes políticos de los investigados, fuesen objeto de imputación judicial.

En la primera fase, González permaneció en un segundo plano. En el proscenio de las sospechas era Granados quien ocupaba el lugar más visible. Pero en enero de 2013, cuatro meses después de que, desde el trampolín del delfinato de Aguirre, González hubiese dado su gran salto a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, uno de los imputados le mandó a la jueza instructora una declaración escrita de ocho folios. Y allí, en el párrafo central de la página 6 [pincha aquí para verlo], el guardia civil José Oreja escribió lo siguiente: "A principios de 2008 –se lee en el texto–,  los señores Gamón y Castaño nos trasladan, de forma verbal (...) una relación de personas a las que denominan objetivos, de las cuales el vicepresidente D. Ignacio González tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos". Y de esa lista, Oreja recordaba varios nombres. No solo los de Manuel Cobo y Alfredo Prada sino el de Alberto Ruiz Gallardón y Cristina Cifuentes. Entre otros. La revelación pasó inadvertida a efectos procesales.

Granados, la jueza para servirle y el manuscrito de 'Lezo'

En medio de una accidentada instrucción con tres intentos de cerrojazo que tumbó uno tras otro la Audiencia de Madrid, el tiempo y los casos de corrupción en que ahora están inmersos Granados –Púnica– y González –Lezo y también Púnica– fueron haciendo aflorar datos inéditos.

Por ejemplo, uno de los pinchazos telefónicos a Granados en los meses previos al estallido de Púnica dejó al aire una conversación con su esposa fechada el 16 de septiembre de 2014. El político acababa de terminar su declaración como testigo ante la jueza instructora del caso, Carmen Valcarce. Y el agente de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil encargado de transcribir el diálogo [pincha aquí para leerlo] plasmó así lo que el político le dijo esa tarde a su mujer: "Que la jueza llamada Carmen, cuando estaba él hablando con varias personas en el pasillo ha llegado, le ha dado dos besos y ha dicho en voz alta delante de los ocho abogados que Paco Granados ha sido el mejor consejero de Justicia que ha tenido la Comunidad de Madrid, que allí la tenía para lo que quisiera, que allí estaba para servirle, que Francisco le ha dicho [a la jueza] que se cortara un poco delante de esas personas".

Para entonces, Valcarce había archivado el caso dos veces. En febrero de 2015 lo intentó por tercera y última vez. Al año siguiente, y una vez que la Audiencia madrileña le había impuesto la tercera reapertura de diligencias, la jueza denegó la petición de Coronado, Oreja y Pinto para que Granados y González declarasen como imputados. 

Tres años después de aquella conversación donde Granados presentaba a la magistrada casi como una fan cuyo entusiasmo él mismo se había visto forzado a refrenar, se produjo un segundo hallazgo inesperado. Durante un registro de la Operación Lezo, el delas oficinas de Ildefonso de Miguel, uno de los hombres de confianza de Ignacio González durante sus primeros años en el Gobierno de Madrid, la UCO encontró un esquema manuscrito sobre las relaciones de quienes fueron objeto de espionaje en el PP: Gallardón, Cobo, Prada y Carmen Rodríguez Florez.  Como publicó este periódico, el gráfico [pincha aquí para verlo] subraya literalmente el círculo que envuelve el nombre de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y la cita tres veces. 

En ese manuscrito, otro gran círculo envuelve una elipse que encierra el apellido "Gallardón". Y en posición subordinada, otro círculo menor contiene el apellido "Cobo", su mano derecha en el Ayuntamiento de Madrid. En el esquema abundan las flechas que enlazan unos nombres con otros. Una de ellas, acotada por la palabra "mensajean", lleva de Cobo a Cifuentes.

Ildefonso de Miguel, que hasta 2008 fue gerente del Canal de Isabel II bajo la batuta directa de Ignacio González, niega haber sido el autor de ese esquema, que  no aparece datado. Pero personas de su entorno ofrecieron a este periódico su interpretación de qué significa ese papel: es un "esquema de inteligencia de relaciones" confeccionado por alguien en un momento de máxima tensión interna: el bienio final de la pasada década, cuando Aguirre se propuso desbancar a Mariano Rajoy como líder del partido, librarse definitivamente de Gallardón y su grupo y hacerse con el control de Caja Madrid, en cuya cúpula estuvo a punto de colocar a Ignacio González.

El juicio a los presuntos espías que habrían realizado en 2008 seguimientos al que fuera vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, al exconsejero de Justicia Alfredo Prada y a otros políticos madrileños, entre ellos a la que entonces era diputada regional Cristina Cifuentes, se celebrará antes de las próximas elecciones autonómicas de 2019, en plena batalla por la disputa de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, informa Europa Press.

El nombre de Cifuentes como posible espiada surgió en el transcurso de la declaración ante una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid de dos guardias civiles acusados en esta causa, quienes revelaron el 4 de marzo de 2016 que por orden de Ignacio González se había espiado a Cifuentes cuando era vicepresidenta de la Cámara autonómica, así como a otros políticos como Alberto Ruiz Gallardón y a los socialistas Manuel Robles y Pedro Castro.

La causa instruida por la jueza Carmen Valcarce será juzgada por un Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid, cuyos miembros tendrán que decidir sobre los hechos de los que se acusa al director de Seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón, y a otras cinco personas, tres de ellos guardias civiles.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que rechaza la pretensión de tres de los procesados para no celebrar la vista por un tribunal compuesto por ciudadanos. Ahora la causa que se sigue por un delito de malversación de caudales públicos será devuelta a la Audiencia para el señalamiento de la vista, que tendrá lugar previsiblemente después del verano.

En concreto, el Alto Tribunal madrileño rechaza el recurso de apelación presentado por el exfuncionario José Manuel Pinto y los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado. En el banquillo de los acusados también se sientan el entonces número dos de Gamón, Miguel Castaño Grande, y el guardia civil Luis Caro.

En la citada Comisión de Investigación, el acusado Antonio Coronado aseguró que el expresidente regional Ignacio González había sido el que le había ordenado seguir a Cristina Cifuentes y al exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

Precisamente en el recurso se pedía sin éxito investigar al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y a González por formar parte de una presunta "organización criminal", que "operó con funcionarios de distintas administraciones públicas" y que utilizó a los acusados como "escudos para ocultar sus presuntas actividades delictivas".

Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien abrió la caja de pandora al denunciar que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el exconsejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

La causa de los presuntos espías llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la magistrada ordenó tres veces su archivo. La Fiscalía no ejercerá acusación. Sí lo hará el PSOE, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Previsiblemente Granados, exsecretario general del PP de Madrid, comparecerá en la vista como testigo. Ya lo hizo en la instrucción para explicar una reunión en la que los guardias civiles acusados le comentaron que les estaban obligando a realizar los seguimientos.

Hace unas semanas, Granados, en la sede de la Audiencia Nacional, y en el marco de la trama Púnica, aludía a una relación personal entre González y Cifuentes, que la habría hecho conocedora de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. Aseguró entonces el exsecretario popular el distanciamiento entre ambos se produjo tras una "ruptura sentimental".

También podría testificar la propia Cifuentes, quien este mismo miércoles aseguró en la rueda de prensa en la que anunció su renuncia que había sido vigilada. Dentro de esa mafia que la espió, Cifuentes enmarcó el vídeo en la que se la ve robando unas cremas, unos hechos que precipitaron su dimisión tras estar varias semanas bajo el foco de atención por el asunto del máster.

Abogacía de la Comunidad

Con Cifuentes como presidenta, la Abogacía de la Comunidad de Madrid solicitó en su día la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La Abogacía de la Comunidad entendía, en su escrito, que los hechos descritos en el caso son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicitaba penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados dentro de su escrito para solicitar a la juez Carmen Valcarce la apertura de juicio oral.

Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y hombre de máxima confianza de Ignacio González, guardaba un manuscrito al que ha tenido acceso infoLibre y que describe las relaciones y el tráfico de llamadas y mensajes telefónicos que entre sí y con terceros mantenían los principales dirigentes del PP madrileño que a finales de la pasada década fueron objeto de espionaje en el PP de Madrid: Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores, en aquel momento persona muy próxima a Álvaro Lapuerta, hoy extesorero del PP y exonerado en el caso Gürtel por "demencia sobrevenida". Elaborado a modo de esquema, el manuscrito incluye otros nombres de relevancia. Entre ellos, el de Cristina Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad de Madrid. De Miguel niega haber sido el redactor del manuscrito: "Esa no es mi letra", se limitó a decir a preguntas de este periódico, aunque admitió que el documento estaba en sus oficinas y que fue incautado en el registro de la Guardia Civil.

En una de las esquinas del texto figuran dentro un rectángulo las iniciales "MR" junto a una flecha lateral que acaba junto al siguiente texto: "Mensajes móviles". De ahí parte na nueva línea que, previa parada en "mujer de Juan José Lucas" –expresidente de Castilla y León– eso último escrito junto al apellido del leonés "Prada", desemboca en su paisano "Cobo". Este diario no ha logrado saber si la anotación "MR" se refiere a Mariano Rajoy. 

En marzo de 2017, y tras varios intentos de dar cerrojazo a la causa a lo largo de ocho años, la juez encargada de investigar la denuncia de los espiados del PP se vio forzada a ordenar la apertura de juicio contra seis procesados, aunque todavía no hay fecha para la vista. Los seis, presuntos responsables del espionaje, habían sido subordinados de Francisco Granados, número dos de Aguirre en el PP madrileño hasta 2011 a la par que consejero de Presidencia e Interior, principal investigado por corrupción a gran escala en la Operación Púnica y enemigo acérrimo de Ignacio González. Dos de los inculpados habían sostenido tanto en sus declaraciones judiciales como en sus respectivas comparecencias ante la Asamblea de Madrid que quien realmente ordenó los seguimientos fue Ignacio González.

En el esquema, un gran círculo envuelve una elipse que encierra el apellido "Gallardón". En posición subordinada, otro círculo menor contiene el apellido "Cobo", su mano derecha en el Ayuntamiento de Madrid. Es de ahí de donde parten las flechas principales. "Llamada??", se lee junto a una de ellas, que conduce a un grupo de iniciales y palabras cuyo significado son una incógnita y que a su vez derivan en un rectángulo: el de "M.R.". Otra de las flechas termina en el círculo correspondiente a "Prada", por el exconsejero de Justicia Alfredo Prada, otro de los espiados y a quien Aguirre defenestró en 2009 para asignar su departamento a Francisco Granados. Una tercera flecha, acotada por la palabra "mensajean" lleva de Cobo a Cifuentes. En 2009, la ahora presidenta dirigía el Comité de Garantías del PP de Madrid, que en el otoño de ese año propugnó la suspensión de Manuel Cobo después de que este acusara a Aguirre y los suyos de haber montado "una gestapillo".

Las referencias a Cifuentes

El nombre de Cristina Cifuentes es el único que en el gráfico aparece rodeado por una línea de trazo remarcado. El texto cita a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid tres veces. La primera emerge en el espacio central del árbol bajo una flecha de trayectoria ascendente que conduce a "Cobo" y junto a la que se lee una sola palabra –"mensajean"–; otra flecha, esta lateral, lleva hasta "Paloma Adrados", hoy presidenta de la Asamblea de Madrid, y en medio se interpone "Sañudo", apellido del diseñador Rafael Sañudo, amigo de la presidenta desde hace años y director del vídeo de campaña de Esperanza Aguirre en 2007; y una tercera flecha descendente que, interrumpida por el vocablo "llamadas", conduce a una leyenda dividida en dos por una línea horizontal: "Anónimos/I. Gallego". Es decir, Isabel Gallego, durante años directora de comunicación del Gobierno de Madrid y figura clave en el equipo de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

La segunda referencia a Cifuentes es una críptica anotación donde bajo el texto "F. Anticorrupción. 8.000 folios" aparecen tres palabras en la misma línea: "Moñoplasta", "tesorero" y "Montealina". Moñoplasta era el apodo despectivo con que algunos aguirristas aludían a Carmen Rodríguez Flores, amiga íntima del histórico tesorero del PP Álvaro Lapuerta. Y "Montealina" –en realidad es Monte Alina– es el nombre de una urbanización de lujo del municipio de Pozuelo de Alarcón donde José María Aznar y Ana Mato fueron vecinos a la vez que el de un señero restaurante de esa zona. Este "tesorero" conduce con una flecha a "Antonio Vileda", presumiblemente el empresario Antonio Vilela, que estuvo imputado en los papeles de Bárcenas, y a quien el gráfico conecta, flecha mediante, con Cifuentes.  Debajo, Ricardo Romero de Tejada, que fue secretario general del PP y adquirió máxima relevancia tras el tamayazo que en 2003 aupó al PP al Gobierno de Madrid. Y en medio, dos empresas: "Sando y Azvi". Ambas aparecen también en los papeles de Bárcenas.

El contexto de la tercera mención a Cifuentes es otra lista de nombres: "Prada, Cifuentes, Nieves" son los tres primeros, este último seguido de un número de móvil y la palabra "ordenadores". Le siguen "Cobo/Berzal", este segundo un estrecho colaborador durante su etapa municipal del vicealcalde. Después, "Pablo Sebastián, tesorero, Román Cendoya". El primero y el tercero son periodistas. Pablo Sebastián aparece –"Pablo Sebast"– también en el espacio central del gráfico en un rectángulo vinculado a Cifuentes por dos flechas: en una, la etapa intermedia es lo que parece ser "Blas Herrero", empresario radiofónico, la otra es directa. Sobre el nombre de Pablo Sebastián se lee esto: "Mujer Pablo EMV/ Partido Isabel Pinilla". Esposa del periodista, Pinilla fue directiva de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid en los gobiernos de Gallardón y su sucesora, Ana Botella. Actualmente, es la directora gerente de la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, el antiguo Ivima. En ocasiones usuario del seudónimo Marcelo, Pablo Sebastián dedicó algunos artículos a atacar a Ignacio González y su entorno.

"Un esquema de inteligencia de relaciones"

Contactado este martes, De Miguel reconoció que la Unidad Central Operativa (UCO) encontró el documento en sus oficinas pero negó su autoría y rehusó hacer ningún otro comentario. Personas de su entorno definieron en cambio el manuscrito como un simple "esquema de inteligencia de relaciones" confeccionado por alguien en un momento de máxima tensión interna: el bienio final de la pasada década, cuando Aguirre se propuso desbancar a Mariano Rajoy como líder del partido, librarse definitivamente de Gallardón y su grupo y hacerse con el control de Caja Madrid, en cuya cúpula estuvo a punto de colocar a Ignacio González.

¿Cómo podía nadie saber quién había llamado a quién o quiénes cruzaban mensajes telefónicos entre sí, que es lo que sugiere el manuscrito? Las fuentes del entorno de De Miguel aventuraron la siguiente hipótesis: que en un ámbito político tan cerrado como el de un partido –en este caso el PP de Madrid– todo el mundo termina sabiendo esas cosas. Cuando este diario insistió en que el supuesto control telefónico constituye por definición una pieza básica en cualquier modelo de espionaje, las mismas fuentes subrayaron su incapacidad para ofrecer una explicación certera dado q ue desconocen quién hizo el gráfico. Muy posiblemente –es su versión– algún participante de alguna reunión celebrada en casa de Ildefonso de Miguel y que dejó allí el papel.

El Ministerio del Interior ha cesado a Enrique Barón Castaño como máximo responsable de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, cargo al que accedió en enero de 2012, poco después de las primeras elecciones ganadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que llevó a cabo una amplia remodelación de la cúpula policial.

Según publica el BOE este viernes y recoge Europa Press, el cese lo ha firmado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a propuesta del director general de la Policía, Germán López Iglesias, contando con el informe favorable del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Lo mismo ocurre con Mariano Germán Simancas Carrión, hasta ahora Jefe de la División de Cooperación Internacional. A ambos Zoido les agradece los servicios prestados.

El cese se produce un mes después de que Zoido comunicara que había confiado la jefatura de la Policía Nacional que hasta ahora asumía el director adjunto operativo (DAO) en los comisarios José Antonio de la Rosa, nuevo responsable de Seguridad Ciudadana y Coordinación, y Juan Carlos Ortiz Argüelles, al que situó al frente de Información, Investigación y Ciberdelincuencia.

La Comisaría General de Información depende desde entonces de esta última jefatura central, según el nuevo organigrama en vigor tanto en la Policía como en la Guardia Civil, en este caso con cuatro Mandos. La nueva cúpula policial la completan Manuel Javier Peña como jefe central de Recursos Humanos y Formación y José García Losada como jefe central de Logística e Innovación.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que es Ortiz Argüelles, máximo jefe de Información, el que buscará el relevo de Barón al frente de la Comisaría General de la Policía.

Lucha contra el terrorismo

Barón, de 57 años, era hasta ahora máximo jefe de la lucha antiterrorista en la Policía, a donde llegó tras pasar por las jefaturas superiores del País Vasco y Madrid. Su dilatada trayectoria incluye relevantes operaciones contra ETA y, tras el atentado en Madrid del 11 de marzo de 2004, el terrorismo de corte yihadista.

Comisario principal desde mayo de 2009, su primer puesto de responsabilidad fue como jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Navarra en 1996, teniendo que hacer frente a una de las épocas más duras de la kale borroka.

Hasta enero de 1999 ocupó el puesto de jefe de la Brigada Provincial de Información de Navarra, y de aquí pasó a ser jefe superior del País Vasco, ocupando este puesto hasta septiembre de 2005. En ese periodo fue pieza clave en las sucesivas desarticulaciones de los comandos Donosti, Vizcaya y Araba, así como en las actuaciones judiciales contra el entramado político, juvenil y financiero de ETA.

Fue jefe superior de la Policía de Madrid entre septiembre de 2005 y junio de 2008, año en el que tomó las riendas de la Dirección General de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid, gobernada por entonces por Esperanza Aguirre. Ya era comisario general de Información en la etapa de Jorge Fernández Díaz de ministro del Interior cuando declaró en la comisión de investigación de la Asamblea en el conocido como caso Espías, que afectó a dirigentes del PP madrileño.

De los GAL al pequeño Nicolás. Del informe PISA a la Operación Catalunya. De la Camarga a un banquete de boda. El documental Las cloacas de Interior no se contenta con abordar uno de estos complejos casos, sino que los toca todos. En una hora y 20 minutos, la película producida y dirigida por Jaume Roures —"película no, documental", corregiría él— se propone demostrar la existencia de una "estructura paralela" dentro de la Policía y de la Justicia que se dedica a realizar "investigaciones prospectivas" para hundir a los enemigos del Gobierno. Un propósito ambicioso para el que el equipo de Mediapro —grupo audiovisual del que Roures es presidente— ha trabajado durante nueve meses.

Las cloacas de Interior se construye sobre entrevistas a distintos implicados y perjudicados en los casos. Entre estos últimos se encuentran el exalcalde de Barcelona Xavier Trias o Baltasar Garzón. Pero es el primer grupo el que carga con más peso... y el que genera más problemas narrativos: el equipo solo ha contado con la versión de los tejemanejes ofrecida por uno de los dos bandos enfrentados, la del comisario Marcelino Martín Blas y sus afines. Pese a ello, los distintos casos exhibidos, todos muy seguidos en prensa, permiten ver un modus operandi de las cloacas. Lo resume Roures: una estructura paralela de la Policía elabora unos informes, que se filtran a los medios gracias a la cercanía entre estos y ciertos agentes, y el propio ruido mediático justifica que la justicia —u organizaciones como Manos Limpias— lleven los casos, reales o no, a los tribunales. 

Como en otras piezas sobre las cloacas, el documental puede resultar del gusto de los iniciados, pero es de difícil digestión para el televidente por el volumen de información manejada. Este está, de todas formas, lejos de ver el resultado final: pese a su cercanía con La Sexta, Roures aseguraba el martes por la tarde que ninguna "cadena generalista" se había mostrado interesada en comprar el documental. Aunque su equipo anunciaba novedades para el miércoles. La película se ha estrenado ya en Barcelona ante más de mil personas —incluidos políticos como el propio Trias o Gabriel Rufián— y se presenta en Madrid el mismo miércoles. No tiene previsto por ahora su estreno en salas. 

Roures —con el guion de Jaume Grau y la realización de Andrea Ferrando— construye el filme sobre las grabaciones publicadas en distintos medios y el testimonio de varios implicados en las distintas tramas. Entre ellos, destaca Martín Blas, que como jefe de Asuntos Internos de la policía hasta 2015 estuvo implicado en casos como la Operación Catalunya. "Hemos tenido que esperar a que se jubilara", decía el director sobre la participación del exdirigente. Junto a él figuran el comisario de policía Jaime Barrado, el sargento de la Guardia Civil José Oreja y la misteriosa figura de un anónimo "alto funcionario del Ministerio del Interior" que pide mantener el anonimato y aparece enmascarado y con la voz distorsionada. 

Aparecen también otros entrevistados que completan el relato. Cuando se aborda el tema de la falsa cuenta de Trias, habla el propio político: "El único que no se ha enterado de que tiene un ministro deshonesto es el presidente". Si se habla de las cuentas de los Pujol en Andorra, habla Jaume Bartumeu, abogado y jefe del Gobierno del principado hasta 2011, que asegura que agentes españoles vaciaron los archivos de Banca Privada d'Andorra y se quedaron con datos de todos sus clientes. Pablo Laplana, exdirectivo del banco, asegura que su teléfono fue pinchado para interceptar conversaciones que pudieran perjudicar a Venezuela y, por asociación, a Podemos. Si se toca el informe PISA, una supuesta investigación sobre la investigación de Podemos, Pablo Iglesias también aparece ante la cámara. 

No es secreta, ni mucho menos, la enemistad entre Martín Blas y el comisario José Manuel Villarejo, otro de los nombres clave en las cloacas del Ministerio. Si este último se despachaba, con mensajes más o menos en clave, contra su enemigo durante la entrevista realizada por Jordi Évole en Salvados, es ahora Martín Blas quien apunta a Villarejo como centro de la trama. "El único problema que hemos tenido es que la otra parte no ha querido estar", admitía Roures. "La otra parte" significa el ministro Jorge Fernández Díaz, el jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso y el propio Villarejo. El relato, que se desarrolla solo a partir de entrevistas y una voz en off que trata de esclarecer la compleja red con la ayuda de diagramas y recortes de prensa, recae sobre la credibilidad de estos protagonistas. 

El productor lo sabe, y les defiende: "Tienen una trayectoria que les avala". La periodista Patricia López, redactora de Público.es, dice de sus fuentes que son "funcionarios asqueados". Es ella, junto al exdirector del periódico digital Carlos Enrique Bayo, quien conduce el hilo de la narración. Fue este medio quien publicó las grabaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso en las que ambos planeaban investigaciones prospectivas —no basadas en indicios de delitos, sino que tratan de pescarlos— contra dirigentes de ERC y Convergència. "Es que el tema aquí es para hablar con el fiscal general y decirle: 'Oye, mira, hay esto, ¿no?", se escuchaba decir al ministro.

López describe a Martín Blas como un oficial que "se creyó" lo que le vendía su jefe, el ex director operativo de la policía Eugenio Pino, y que pensó que podría "cambiar" ciertos funcionamientos del cuerpo desde Asuntos Internos. Pero Martín Blas es un agente con mucha experiencia, durante años muy cercano al Partido Popular y parte, como demuestra la propia cinta, de las cloacas. En términos narrativos, sería considerado como una voz poco fiable. En un momento dado, los dirigentes del BPA denuncian presiones de los agentes españoles para conseguir datos sobre los Pujol. Martín Blas excusa su participación: según el comisario, se reunió por orden de su superior con el que creía que era un empleado raso dispuesto a colaborar. Se trataba, en realidad, del máximo responsable de la banca, Higini Cierco, que acudía bajo presión. Martín Blas, supuestamente, no le reconoció ni le pidió información alguna. En un momento dado, llega a decir que él no puede estar detrás de la grabación entre Fernández Díaz y De Alfonso porque no sabe "grabar" ni "cómo funciona una grabadora". Sin embargo, su testimonio no se pone en cuestión. 

Lo mismo sucede con el anónimo funcionario del Ministerio. Esta persona denuncia la existencia de una brigada política sustentada en tres patas. Una formada por Pino; su número dos, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el inspector jefe Bonifacio Díaz, entre otros. Otra formada por Villarejo y su entorno. Y una tercera, una "Oficina Siniestra" que el funcionario sitúa físicamente cerca de otras dependencias policiales en la calle Rafael Calvo de Madrid, y que se dedicaría a realizar informes falsos para usarlos contra los adversarios políticos. "Eso ya justifica su presencia", asegura Roures sobre el funcionario anónimo.  

La comisión que investiga en el Congreso de los Diputados el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior por parte de Fernández Díaz ha solicitado que se distribuya el documental entre sus miembros. Pero el director y productor no cree que vaya a tener ninguna consecuencia: "El otro día [por la entrevista en Salvados] salió Villarejo diciendo barbaridades y no pasó nada". La moraleja, entre los nombres y las inextricables redes de poder, es para Roures que "hay que acabar con la concepción de que las cloacas son necesarias": "Yo soy de los que cree que el fin justifica los medios, pero que no todos los medios tienen el mismo fin". 

El Ayuntamiento de Madrid, en representación del exvicealdalde del PP Manuel Cobo, presentó un escrito de conclusiones ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Carmen Valcarce, en el que acusa a seis excargos y exempleados de la Comunidad de Madrid de un delito de malversación de caudales públicos, según el documento al que ha tenido a acceso infoLibre.

El Consistorio madrileño, ahora gobernado por Ahora Madrid pero que ejerce la acusación en nombre del denunciante Manuel Cobo, responsabiliza en concreto al que entre marzo y mayo de 2008 fue director general de Seguridad del Ejecutivo encabezado por Esperanza Aguirre, Sergio Gamón Serrano, y que "impartió las órdenes", al mismo tiempo que dirigió las investigaciones y los seguimientos. Pero también contra el que fuera el hombre de confianza del anterior, el subdirector general, Miguel Castaño Grande, al considerar que también se aprovechó de sus cargos, por lo que les califica a ambos como cooperadores necesarios del espionaje.

El Consistorio, que no reclama penas de cárcelpenas de cárcel para ninguno de los acusados, solicita también el procesamiento de los exagentes José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, como autores del espionaje.

En nombre de Manuel Cobo

En concreto, la representación de Manuel Cobo asegura que los seguimientos se realizaron "por motivos ajenos a la finalidad de la Administración autonómica". Y en concreto, "estaban dirigidos a la investigación de las personas con las que se reunía, los actos a los que acudía y quién le acompañaba". Todo ello, según el escrito del Consistorio, "con un marcado fondo relacionado con la actividad en el aspecto de la política, no de la seguridad ni de sus funciones en el Ayuntamiento de Madrid".

Los acusados, personal al servicio de la administración de la Comunidad de Madrid, fueron destinados, según el escrito, "a las labores del servicio de vigilancia y seguimiento del vicealcalde de Madrid y otros cargos públicos, encargos que ocupaban sus jornadas laborales por completo y por las que se remuneraba con un salario mensual y dietas, y para las que se le facilitaba un material específico, que sin bien era compartido (excepto los teléfonos móviles), no era utilizado por otras personas de la administración".

Y las funciones que los excargos de Aguirre asignaron a los investigados, completa el escrito de acusación, "no forman parte de las previstas para la Comunidad de Madrid en materia de seguridad, por lo que tanto el dinero destinado a su salario como el que se utiliza para la compra y mantenimiento de material, que ha sido cuantificado, fue incorrectamente utilizado. Este dinero formaba parte de los fondos de la Comunidad de Madrid".

"Penalmente responsables"

La acusación de la Comunidad de Madrid también ha solicitado la apertura de juicio oral contra los acusados, al considerarlos "penalmente responsables" de un delito de malversación de caudales públicos de la Administración regional, entonces encabezada por Esperanza Aguirre, cuyo número dos era Francisco Granados, en prisión incondicional sin fianza desde hace más de dos años.

Presuntamente efectuados en 2008, los seguimientos tuvieron como objeto a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González; el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital, Manuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz-Gallardón figuraba entre los espiados.

"Una gestapillo"

Esta accidentada causa provocó en 2009 un verdadero cisma en el PP madrileño y llevó al entonces número dos de Gallardón en la alcaldía madrileña, Manuel Cobo, a acusar al equipo de Aguirre de haber montado "una gestapillo".

Un portavoz oficial del Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena ha explicado a este periódico que el Ayuntamiento mantiene la acusación del caso de los espías habida cuenta de que la persona afectada era entonces vicealcalde del Consistorio. Además, en el Consistorio madrileño relatan que Cobo no ha renunciado por escrito a esta acusación popular.

Por otra parte, la magistrada Carmen Valcarce ha acordado la expulsión del PP como acusación popular del caso de los espías, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre. La jueza acuerda la salida del PP al no haber formulado la formación política un escrito de acusación, por lo que su presencia en el proceso "carece de finalidad jurídica".

El Gobierno que encabeza Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid ha reconocido que entre marzo y mayo de 2008 el entonces director general de Seguridad del Ejecutivo encabezado por Esperanza Aguirre, Sergio Gamón Serrano, y su hombre de confianza y subdirector general, Miguel Castaño Grande, "encomendaron u ordenaron la realización de [...] tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes Administraciones", según el escrito de acusación enviado a la jueza Carmen Valcarce por el letrado de la Comunidad de Madrid.

En el mencionado escrito, adelantado por la Cadena Ser, la representación legal de la Comunidad de Madrid solicita a la magistrada Valcarce, que es la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, solicita la apertura de juicio oral, al mismo tiempo que formula un escrito de acusación contra los mencionados Sergio Gamón Serrano y Miguel Castaño Grande, pero también contra los exagentes a los que éstos habrían encargado el espionaje: José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.

El abogado del Gobierno autonómico del PP de Cifuentes les considera "penalmente responsables" de un delito de malversación de caudales públicos de la Administración regional, entonces encabezada por Esperanza Aguirre, cuyo número dos era Francisco Granados, en prisión incondicional sin fianza desde hace más de dos años.

"Una gestapillo"

Presuntamente efectuados en 2008, los seguimientos tuvieron como objeto a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González; el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital, Manuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz-Gallardón figuraba entre los espiados.

Esta accidentada causa provocó en 2009 un verdadero cisma en el PP madrileño y llevó al entonces número dos de Gallardón en la alcaldía madrileña, Manuel Cobo, a acusar al equipo de Aguirre de haber montado "una gestapillo".

El juez que investiga la trama Púnica, Eloy Velasco, ha autorizado que el presunto cabecilla de la misma, Francisco Granados, salga de la cárcel para comparecer en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid para hablar del presunto caso de espionaje entre miembros del PP de Madrid, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Ahora, el que fuera consejero de Presidencia, Interior y Justicia debe aceptar la petición de requerimiento de la Asamblea. Los grupos han recordado que la comparecencia es de obligado cumplimiento y el juez lo autoriza bajo las pertinentes medidas de seguridad para evitar riesgo de fuga.

La del viernes será la última sesión que celebre la comisión de corrupción sobre el caso del espionaje. Además de Granados, han solicitado la comparecencia del expresidente regional, Ignacio González, del exvicepresiente Alfredo Prada y de un exasesor de Seguridad de la Consejería de Granados. Tal y como ha adelantado la cadena Ser, el magistrado ha dado luz verde a la salida de prisión de Granados siempre y cuando se cumplan todos las garantías para evitar su fuga durante su traslado y comparecencia.

El exsecretario del PP regional entró en la cárcel de Esterera hace un año y medio. Ya había sido llamado a declarar en la Asamblea en noviembre de 2015 por el fallido Campus de la Justicia. No atendió a la petición, ni el juez tampoco. Sin embargo, se trataba de la comisión de Endeudamiento, que no es de obligada comparecencia.

Un tal D. F. escribió este miércoles un texto en El Confidencial que llevaba el siguiente título: "De la 'fea' que avisó a Granados a las maniobras con Inda para hundir a González". Escribirlo tiene mérito, desde luego, pero mucho peor es que la persona al frente del periódico decidiese que el texto del tal D.F. también se podía publicar. La combinación de ambos ingenios dio como resultado un ataque a la dignidad profesional de Alicia Gutiérrez, una de las mejores periodistas de investigación de este país y compañera de infoLibre. Y que, dicho sea de paso, desveló algunas de las principales exclusivas sobre Granados.

Vayamos primero con los hechos.

En el sumario de la Púnica se transcribe una conversación entre Francisco Granados y Alicia Gutiérrez, que se produjo el 24 de julio de 2014. La periodista llama al dirigente del PP para confirmar si le han citado a declarar en el caso de los espías y si le han abierto diligencias por la cuenta que Granados tenía en Suiza. "Confirmar", quédense con este concepto, que será luego clave en el relato. La conversación transcurre en los siguientes términos:

Alicia Gutiérrez.– Me dicen que te han llamado como testigo en lo de los espías…

Francisco Granados.– No tengo ni idea, no.

A. G.– ¿No te ha llegado ninguna citación?

F. G.– Ninguna citación.

A. G.– (…) Y luego, me dicen también que han abierto diligencias con lo de la cuenta de Suiza… alguien… ¿es así?

F. G.– Ni idea… no… ni idea.

A. G.– ¿Tampoco lo sabes?

F. G.– Ni idea, Alicia, yo te digo que no he reci… vamos ni de una cosa ni de la otra… o sea yo… estoy totalmente dedicado a…

A. G.– ¿Qué estás haciendo ahora?

F. G.– Estoy en el banco Société Générale (…). Apartado absolutamente de la política y de… y dedicado a mi vida… privada vamos, no he vuelto a tener más noticias, ni nadie me ha dicho absolutamente nada, ni nada, o sea que no…

A. G.– (…) Vale, si me dijeran algo más concreto te llamo y te lo cuento.

Al día siguiente, 25 de julio, infoLibre publicó esta información de Alicia Gutiérrez: "La jueza del espionaje en el PP de Madrid cita como testigo al exconsejero Francisco Granados". Respecto a la cuenta en Suiza de Granados, la noticia había sido una exclusiva de El Mundo, publicada en febrero de 2014.

Hasta aquí los hechos. 

Pasemos a lo que el talento concentrado puede perpetrar con esos hechos. El Confidencial titula diciendo que la periodista "avisó" a Granados y en el texto se añade que la conversación telefónica "sirve a Francisco Granados de sobre aviso acerca de la investigación que se estaba realizando sobre sus cuentas en Suiza".

Y ahí es cuando se jode el periodismo: cuando alguien confunde "confirmar" con "avisar". Ambos son verbos de la primera conjugación, pero es esencial que el periodista aprenda a distinguirlos. Luego ya se puede pasar a la segunda conjugación. Y de ahí al Pulitzer, un pasito.

Confirmar es el concepto clave. En infoLibre nos confundimos con frecuencia (esencialmente Jesús Maraña o yo, que somos los responsables últimos de las decisiones), pero tenemos una máxima sagrada: siempre llamamos a la persona afectada por una información para confirmar los hechos y para incluir su versión. Aunque esos hechos procedan de un sumario. En los últimos días, sin ir más lejos, llamamos al PP para conocer la opinión de Pablo Casado sobre las conversaciones de la Púnica en las que aparecía mencionado. Y al Ministerio de Economía para saber la versión del ministro sobre la charla que mantuvo con Granados en relación con la privatización de AENA.

Los pre-Pulitzer no deben asustarse ante el verbo confirmar. Una llamada telefónica roba muy pocos minutos y ahora que hay tarifa plana prácticamente no tiene coste económico para la empresa. Si el tal D. F. hubiese llamado a Alicia Gutiérrez antes de escribir ese texto le podría haber explicado dos cosas: la sencilla diferencia entre "confirmar" y "avisar", y que jodidamente alguien puede poner sobre la pista a Granados en julio de 2014 de que existe una investigación judicial de su cuenta en Suiza cuando en febrero de ese año El Mundo ya había publicado lo siguiente: "La Justicia helvética informa a España de la existencia de un depósito en BNP Paribas" de Granados. Este será corrupto, pero no imbécil, y no necesita que le llame ninguna periodista para saber que la Justicia española va a investigar la información aportada por la Justicia suiza.

Que febrero viene antes que mayo en el calendario gregoriano es algo que supongo de general conocimiento. También entre los pre-Pulitzer.

Y sí, explicar es otro verbo de la primera conjugación.

P. D.-1: Este miércoles, a las 11.00 de la mañana, hablé con la persona que estaba al frente de El Confidencial. Pocos minutos después de la llamada, el periódico cambió el titular y los subtítulos de su texto. El daño ya estaba hecho. Pero esa rectificación es correcta. Y así debe constar.

La magistrada sí aceptó citar, también como testigo, a Yolanda Laviana, exesposa del antiguo director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, y quien en 2010 relató al diario El País que su marido ya había vigilado en 2006 y para Ignacio González al entonces consejero madrileño Alfredo Prada.

La citación de Laviana se produce a petición de la defensa de tres de los seis imputados así como de la acusación popular que en nombre de los socialistas madrileños (PSM) ejerce el abogado Wilfredo Jurado.

Tras lograr que la Audiencia de Madrid ordenase reabrir el caso tres veces, Jurado recalcó este viernes en la vistilla ante Valcarce que, seis años después de iniciada la instrucción, aún no se ha “despejado la equis” del caso. Es decir, aún no se ha averiguado quién ordenó montar la trama de espías en la que supuestamente participaban los policías y guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid y que se sentarán en el banquillo.

Yolanda Laviana ya fue citada por la juez hace un año. Pero cuando llegó el momento de la verdad esgrimió su derecho a no declarar contra el que había sido su marido, Sergio Gamón.

En la audiencia preliminar la juez Valcarce recordó que la cuestión de si un divorcio exime o no a un testigo de declarar contra quien fue su cónyuge no se ha resuelto aún jurídicamente de modo pacífico. Y que si al final Laviana declarase y alguna de las defensas lograra la nulidad de su declaración, todo lo que de ella se derivase quedaría automáticamente anulado en aplicación de lo que en derecho se conoce como la doctrina de los frutos del árbol envenenado.

Un ejemplo: si, como consecuencia de la declaración de Laviana, Ignacio González fuese imputado y eventualmente condenado, esa condena acabaría anulada si previamente quedase sin efecto el testimonio que originó su inculpación.

La declaración del hasta hace dos semanas presidente de Madrid y expresidente cuando los seguimientos acreditados -2008- tuvieron lugar no fue la única que la juez Valcarce ha rechazado.

La magistrada también desechó citar al exconsejero Salvador Victoria, mano derecha de Ignacio González; al exconsejero de Presidencia Francisco Granados, ahora preso por la Operación Púnica; y al exdirector de la Academia madrileña de Policía, Agustín Carretero, entre otros.

La defensa de los guardias civiles José Oreja y José Manuel Pinto, a los que ahora se ha unido otro guardia civil imputado, Antonio Coronado, reclamó igualmente sin éxito a la jueza la incorporación a la causa de las grabaciones difundidas en febrero por el diario El Mundo.

Efectuada en 2012, en esa grabación se oye cómo uno de los agentes, José Oreja, le explica a Francisco Granados que el entonces viceconsejero de Presidencia, Alejandro Halffter, le había felicitado por salvar en sus declaraciones a la cúpula del Gobierno regional. Sus palabras fueron estas: “A mí me dijo Halffter: 'Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas”.

En enero de 2013, Oreja cumplió aquello de lo que ya había avisado a Granados en aquella reunión grabada: le contó a la juez, por escrito, que había espiado a Alfredo Prada pero también a Alberto Ruiz-Gallardón en su etapa como alcalde porque Ignacio González tenía “especial interés” en conocer sus movimientos y con quiénes se reunían. Como Gallardón y Prada, el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, fue igualmente objeto de seguimientos.

La jueza que desde 2009 investiga el presunto espionaje a cargos del PP contrarios a Esperanza Aguirre por parte de funcionarios a sueldo de la Comunidad de Madrid ha ordenado iniciar los trámites para juzgar en un juicio con jurado a los seis imputados. Titular del juzgado de instrucción 5 de Madrid, la magistrada Carmen Valcarce considera “verosímil” atribuirles la comisión de los hechos investigados, que “revisten por ahora [...] los caracteres de delito de malversación de caudales públicos”. Así lo escribe en una resolución fechada el 26 de junio y a la que ha tenido acceso infoLibre.

Tras el durísimo auto adelantado por este diario y con el que, por tercera vez, la Audiencia de Madrid le obligó el 1 de junio a reabrir el caso, Valcarce ha convocado a todas las partes a una comparecencia –vistilla, en el argot jurídico- para que el viernes 10 de julio a las cinco y media de la tarde pidan el sobreseimiento, lo que en teoría sigue siendo posible, o la continuación del procedimiento. A esa comparecencia no acudirán sólo los abogados. También los imputados han de estar presentes.

De momento, y antes de que llegue ese momento, ya hay otra solicitud. Y de calado: el abogado que representa a dos imputados clave, José Manuel Pinto y José Oreja, reclama que se ponga bajo protección a Yolanda Laviana, exesposa del exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid, el también imputado Sergio Gamón, y que se la cite a declarar.

En junio de 2010, Laviana afirmó en declaraciones al diario El País que su marido ya investigaba en 2006 al entonces consejero Alfredo Prada para Ignacio González, en aquel momento delfín de Esperanza Aguirre. En septiembre de 2012, y tras la inesperada dimisión de Aguirre, González tomó el relevo de su mentora al frente del Gobierno madrileño. 

Dos años y medio después de aquellas primeras declaraciones de Yolanda Laviana, el guardia civil imputado José Oreja dio una vuelta de tuerca al caso al enviar a la jueza una confesión escrita en la que reconocía exactamente lo que la exmujer de Gamón había dicho. Y más.

En su escrito, Oreja relataba cómo había espiado a Alfredo Prada pero también a Alberto Ruiz-Gallardón en su etapa como alcalde y a su mano derecha, Manuel Cobo, porque Ignacio González tenía “especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”. Aquello no conmovió a la jueza Valcarce, que al poco volvió a dar cerrojazo al caso.

“Aterrorizada, arruinada, moralmente hundida y sola”

Obligada de nuevo por la Audiencia de Madrid a reabrir la causa, la jueza ya citó a declarar a Yolanda Laviana el año pasado. Pero, una vez ante ella, le concedió la potestad de no declarar contra Sergio Gamón porque había estado casada con él. Ese argumento, concluyó la Audiencia de Madrid en su auto del 1 de junio, no vale: porque en el momento de colocarse ante la magistrada, a la testigo ya no le unía ninguna relación afectiva ni de lealtad conyugal con su exmarido.

Al solicitar que Yolanda Laviana sea llamada de nuevo a testificar, la defensa de Oreja y Pinto subraya cómo recibió con “perplejidad” que se acogiese a un hipotético derecho de silencio. ¿Por qué? Porque Laviana se había reunido “por petición propia con esta parte manifestándonos todo lo contrario el día 10 de mayo de 2013”.

Según el letrado de Oreja y Pinto, Ramón González Bosch, en aquella reunión la exmujer de Gamón le transmitió, entre otras cosas, lo siguiente: “Desde que empezó todo esto se encuentra aterrorizada, arruinada económicamente, moralmente hundida y sola”. Además, ratificó “todo lo manifestado por ella y publicado por el periódico El País” y dio “como verídicas estas informaciones en todos sus extremos”.

El abogado agrega que quien luego se convirtió en una testigo refractaria le desveló entonces cómo “continuamente está siendo seguida”. Y que “estaba dispuesta a ratificar delante de su señoría toda la información publicada por El PaísEl País y a aportar más información de relevancia a favor de la verdad”.

No era posible calcular el daño hecho

Si en la vistilla del viernes de la próxima semana la jueza descarta el sobreseimiento, podrá practicar nuevas diligencias y tendrá que dar luego traslado a las partes para que presenten los escritos de acusación y defensa.

En esta causa, la Fiscalía no acusa. Se mantiene abierta porque la acusación popular, ejercida por los socialistas madrileños a través del abogado Wilfredo Jurado, recurrió los tres intentos de carpetazo de la magistrada. Y en sus tres recursos obtuvo el respaldo de la Audiencia de Madrid.

Reacia desde el primer momento a investigar más allá del primer nivel –el de los agentes directamente involucrados en los seguimientos, en favor de cuya existencia hablan distintos informes caligráficos y de posicionamiento de teléfonos móviles-, la jueza Valcarce se aferró a que no era posible cuantificar el daño causado a las arcas públicas.

Y que como eso no era factible, tampoco lo era atribuir a los imputados un delito de malversación. Ocasión tras ocasión, la Audiencia de Madrid tumbó sus razonamientos y forzó la reapertura de la causa.

Ahora, la gran incógnita radica en si, por cuarta vez, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid desoye el mandato de la Audiencia Provincial e intenta, tras la vistilla del 10 de julio, volver a archivar el caso.

Como consejero de Presidencia, Granados era el jefe orgánico de los supuestos espías imputados. Uno de ellos, el guardia civil José Oreja, envió en enero un escrito a la jueza en la que aseguraba que en realidad vigilaban a aquellos políticos en cuyos movimientos y actuaciones tenía “especial interés” el hoy presidente de Madrid y entonces vicepresidente primero con Esperanza Aguirre, Ignacio González.

Antes de la confesión de Oreja, en la causa ya constaban partes de seguimiento a destacados políticos del momento como el vicealcalde de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo –“se montó una gestapillo”, acusó públicamente– y el entonces vicepresidente regional Alfredo Prada, ambos internamente alineados contra Esperanza Aguirre.

Pero el guardia civil imputado amplió en esa declaración la lista de “objetivos” en las tareas de espionaje. Y lo hizo incorporando, entre otros, dos nombres de máxima relevancia: Alberto Ruiz-Gallardón, ahora ministro de Justicia, y Cristina Cifuentes, actual delegada del Gobierno en Madrid.

Ignacio González ha negado de modo tajante y en distintas ocasiones cualquier nexo directo o indirecto con los hechos investigados. Cuando el guardia civil José Oreja hizo llegar a la jueza Carmen Valcarce la declaración que le señalaba como beneficiario último de los seguimientos, el jefe del Ejecutivo regional se pronunció en los siguientes términos: “Se archivó el caso dos veces y ahora cambian las declaraciones”, dijo durante una entrevista en la Cadena Ser.

infoLibre contactó ayer jueves con portavoces oficiales de la Comunidad de Madrid en busca de un pronunciamiento sobre la citación de Granados como testigo, así como sobre el papel que desempeñará en la causa la Comunidad de Madrid, ahora personada como acusación particular. No hubo respuesta.

El primer cargo político

La citación de Granados, el primer político de la etapa examinada que desfilará ante la jueza excluidos los denunciantes Cobo y Prada, llega a instancias de otra acusación particular de muy distinto tenor: la que ejerce Carmen Rodríguez Flores, la matrícula de cuyo coche apareció en los partes de seguimiento.

Flores pertenece al círculo del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, imputado en la pieza separada del caso Gürtel que investiga si el partido se financió ilegalmente y quien en 2008 alertó a Mariano Rajoy de que estaba siendo vigilado tras sus críticas a ciertas adjudicaciones del Gobierno de Madrid.

La declaración del antiguo hombre fuerte del PP madrileño, quien en febrero tuvo que dimitir como senador y diputado autonómico tras desvelar el diario El Mundo que había tenido una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros, marcará un hito.

Sujeto a la obligación legal de contar como testigo todo lo que sepa y considerado en el PP como enemigo frontal del presidente madrileño, Ignacio González, su declaración subirá de forma automática el listón de un caso que avanza a trompicones en el juzgado de instrucción número 5 de Madrid desde hace cinco años.

La Comunidad ejerce la acusación... cinco años después

Fue el pasado 27 de marzo, y así consta en la causa, cuando la Comunidad de Madrid solicitó a la jueza Valcarce personarse como acusación en calidad de “perjudicada”.

En su solicitud, la Comunidad alega que "ha tenido conocimiento" de que el juzgado de instrucción 5 tramita esas diligencias y reclama ejercer la acusación bajo el razonamiento de que hay en liza una presunta malversación: la del dinero público empleado para seguir física o telefónicamente a los cargos políticos del PP espiados por quienes trabajaban a sueldo de la propia Comunidad de Madrid .

La juez Valcarce accedió a la pretensión del Gobierno de Ignacio González el pasado 18 de julio: dio por personado a su letrado en la misma providencia por la que ordenó tomar declaración a Francisco Granados. Pese al mazazo que las revelaciones sobre su cuenta suiza infligieron a su prestigio –dimitió como senador y como diputado autonómico–, el cercano interrogatorio del exconsejero ha generado máxima expectación entre quienes siguen el caso de cerca.

Deportado de la política desde su doble dimisión, Granados ya sufrió una verdadera metamorfosis política en noviembre de 2011: de ser hombre clave en el PP y el Gobierno madrileños pasó a caer derribado de un golpe. Su antigua mentora y jefa, que en junio de ese año ya había prescindido de él para su nuevo Gobierno, lo destituyó por sorpresa como número dos de la organización regional del PP.

Su cese fue interpretado como un auténtico pulso de Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy, entonces recién vencedor de las elecciones generales y a quien Granados había iniciado un acercamiento. Al fulminar a Granados, Aguirre ungió como delfín único a Ignacio González, a quien cedió la Presidencia del Ejecutivo poco después, en septiembre de 2012.

Doble carpetazo fallido

Sea del tenor que sea y salvo que algún nuevo viraje del caso impida su declaración, lo que Francisco Granados responda a partir de las seis de la tarde del 16 de septiembre ante la jueza Carmen Valcarce actuará como revulsivo en el caso.

Con diligencias abiertas en mayo de 2009, la magistrada Valcarce ya intentó en julio de 2010 dar carpetazo a la investigación con el siguiente razonamiento: dado que era imposible cuantificar el dinero público malversado para los hipotéticos seguimientos, no hay causa que investigar. Nueve meses después, marzo de 2011, la Audiencia de Madrid forzó la reapertura: los hechos –adujo el tribunal– ofrecen claros indicios de un posible delito de malversación.

Durante un año, la jueza mantuvo abiertas las diligencias pero, a efectos prácticos, en estado de hibernación. Y en febrero de 2012 archivó por segunda vez el caso. De nuevo, pero ahora solo tres meses después, la Audiencia de Madrid impuso la reapertura.

Hubo una tercera enmienda de la Audiencia a los pasos dados por la jueza: en enero de este año, ordenó a Valcarce tomar declaración a Yolanda Laviana, exesposa del principal imputado, Sergio Gamón y quien, finalmente, logró esquivar su comparecencia judicial. En junio de 2010, Laviana le había dicho al diario El País que Gamón ya espiaba a Alfredo Prada desde 2006 por orden de Ignacio González. El hoy presidente madrileño desacreditó entonces el relato de Laviana presentándolo como fruto de “un conflicto familiar”, pese a que fueron las palabras de su exmujer las que precipitaron la dimisión de Gamón.

Así lo han confirmado fuentes oficiales egipcias a la agencia palestina de noticias Maan. De momento, un hombre de nacionalidad egipcia, supuestamente vinculado a la red compuesta por un mínimo de ocho miembros, ha sido detenido. Vivía en Rafá, en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, y estaba siendo investigado desde hace cuatro meses, hasta que se descubrió que estaba en contacto con agentes israelíes.

Además las fuerzas de seguridad han detectado llamadas hechas por egipcios y palestinos al servicio de Israel, que proporcionaban información sobre movimientos de tropas y agentes egipcios en el Sinaí, lugar donde tuvo lugar una operación ordenada por el presidente egipcio, Mohamed Mursi, contra milicias y contrabandistas de la zona.