Vox ha nombrado a su portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero, nuevo portavoz adjunto del grupo parlamentario en el Congreso en sustitución de Javier Ortega Smith, una de las voces disonantes con la gestión de la actual dirección. Antes de este caso, otras figuras representativas del partido como Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros o Macarena Olona, fueron apartadas de la primera línea política.

Ortega Smith, según ha informado el partido este lunes, seguirá como portavoz en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid.

Vox destaca que Hernández Quero servirá de altavoz de uno de los principales problemas de los españoles, la "emergencia habitacional", y seguirá dando a conocer las propuestas del partido frente a las "fracasadas" políticas del bipartidismo.

Con este cambio, junto a la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, quedan como portavoces adjuntos los diputados José María Figaredo; María Ruiz y Hernández Quero.

Ya en 2022 Ortega Smith fue descabalgado de su puesto como secretario general de Vox, pero no ha sido el único en la formación en ser relegado.

Rocío Monasterio, que fue presidenta del Comité Ejecutivo Provincial del partido en Madrid, fue apartada por la dirección general en 2023, colocando a José Antonio Fúster como su sucesor. Monasterio abandonó la política, acusando a Abascal de haber elegido "a dedo" a la nueva dirección provincial.

Su salida de la formación tuvo lugar un año después de que lo hiciese su marido, Iván Espinosa de los Monteros. El que fuera secretario general de Vox entre 2014 y 2016 se marchaba del partido tras las elecciones del 23 de julio y, al parecer, por el enfriamiento de su relación con Santiago Abascal. "No siempre se trata bien al que ya no está y eso, a veces, define a una organización", declaró en una reciente entrevista para Voz Pópuli.

Estas salidas apuntan al fortalecimiento de la facción encabezada por Jorge Buxadé. De hecho, Macarena Olona, que fue secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso entre 2019 y 2022, acusó al eurodiputado de "juego sucio". Olona achacó su marcha a Andalucía, como candidata a la presidencia autonómica en 2022, a una serie de diferencias con Abascal.

Olona dimitió ese mismo año y, desde entonces, en varias apariciones públicas ha sembrado la duda sobre las cuentas de Vox y la financiación de Disenso.

"A mí me echaron de Vox por machismo". La frase la pronunció hace unos días la exportavoz de Vox en Madrid, Rocío Monasterio —la misma que durante su carrera política situó al feminismo y la "ideología de género" como causas a combatir—, en el podcast El Común de los Sentidos. Desde su marcha en octubre del pasado año, Monasterio había evitado hablar públicamente de los motivos que le llevaron a su expulsión forzosa, aunque durante su última comparecencia en la Asamblea de Madrid, cargó contra la falta de democracia interna que, aseguró, ella y otros compañeros habían "venido a defender" al entrar en política una década antes.

En el citado podcast Monasterio contó que ella y su marido, el exportavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ayudaron a crear Vox en Madrid y las causas que —a su modo de ver— llevaron a su defenestración, que tuvo lugar poco más de un año después de la salida de Espinosa. "Yo pregunté: '¿Por qué me echáis? ¿Es por ser la mujer de Iván?' Y me respondieron que sí, que era por eso", afirmó. "Me resultó muy duro", añadió. La exlíder de Vox en Madrid no ahorró en críticas a la dirección de su antigua formación, a la que acusó de ser una "secta" y de haber apostado por una línea "más intervencionista y estatalista" de la que se siente totalmente ajena: "Me recuerda a la izquierda comunista y todo lo que sea estatalista me provoca alergia".

Más comedido se ha mostrado en sus recurrentes apariciones públicas Espinosa de los Monteros, si bien ha lanzado algunos mensajes que demuestran que su salida no fue —o no solo— por "motivos personales y familiares", como él mismo defendió. "No siempre se trata bien al que ya no está y eso, a veces, define a una organización", afirmó en una reciente entrevista en Voz Pópuli, en la que criticó el expediente interno que el partido le abrió —sigue siendo militante— por un presunto tráfico de influencias en el que se le denuncia por presionar a una portavoz del partido para recibir a un empresario con intereses urbanísticos en la zona. "Me quieren fabricar una historia, pero si creen que soy el enemigo se equivocan", dijo sobre la dirección de su partido, encabezada por su antiguo amigo Santiago Abascal. Y añadió: "Si quieren inventar cosas de mí, que me echen. Pero no me voy a ir".

Fundador del partido ultra y compañero de Abascal desde sus inicios en la Fundación Denaes, Espinosa de los Monteros dejó sus cargos en agosto de 2023 tras quedar relegado en la pugna de poder entre las distintas facciones del partido frente a la liderada por el europarlamentario ultracatólico y excandidato de la Falange, Jorge Buxadé. Este último sacó de la lista del Congreso a algunos de los principales colaboradores del entonces portavoz como Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso. Según algunas informaciones, Buxadé también trató de enviar a Espinosa a Bruselas como eurodiputado y maniobró para apartar a Monasterio en la Asamblea.

Así, Vox ha ido desprendiéndose o relegando a las caras más conocidas del partido. En sus historias hay de todo: rupturas personales y distanciamientos ideológicos, acusaciones de "traición", salidas airadas y expulsiones, fichajes de disidentes y otros que han intentado trazar su propio camino. Pero hay dos rasgos en común: la denuncia de la falta de democracia interna en la formación de Abascal y la opacidad en instituciones en las que los ultras tienen o han tenido presencia, en las que se ha producido un goteo incesante de dimisiones y denuncias internas e incluso judiciales por la forma en que la cúpula ejerce el poder, llegando a prohibir las reuniones de afiliados durante las primarias y expedientándoles por hablar con la prensa.

Antes de la salida de Espinosa, la guerra de poder dentro de la cúpula ya había derivado en la marcha de Macarena Olona tras ser la candidata para la Junta de Andalucía en 2022. Su fracaso electoral, donde Vox aspiraba a crecer lo suficiente como para condicionar el Gobierno y entrar en la Junta, estuvo precedido de serias diferencias entre los equipos de Abascal y Olona a cuenta de la organización y el desarrollo de la campaña. Ella siempre atribuyó su marcha a Andalucía a una estrategia del líder del Vox para desplazarla fuera de los focos de la política nacional, donde asegura que rivalizaba en popularidad con Abascal. Tras su salida, acusó a Buxadé de "juego sucio" y de "destruir el proyecto político de Vox" por no dar sitio a distintas sensibilidades dentro de la formación.

En el libro que escribió bajo el título 'Soy Macarena' tras su intento fallido de presentarse a las generales de 2023, acusa a Abascal de ser un vago —"tiene un problema con el trabajo duro, es su mayor hándicap", escribe— de ser un "juguete" y un "esclavo del poder" en manos "del Yunque, Miami o Irán". Es más, asegura en esas páginas que quiénes realmente mandan en Vox son Kiko Méndez-Monasterio y Enrique Cabanas, dos de sus principales asesores, aunque por encima de ellos cita al expresidente de Intereconomía, Julio Ariza, al que define como "la cúspide del poder de Vox". Olona también siembra la duda sobre las cuentas de Vox y la financiación de Disenso y revela que, al menos en 2021, la formación ultra traspasó cinco millones de euros.

El exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo, dimitió en febrero de 2025 para sorpresa de muchos tras haberse negado a cumplir una orden de Abascal. García-Gallardo rechazó firmar la expulsión de dos parlamentarios autonómicos que supuestamente lideraban una "rebelión" contra la dirección nacional por considerar que no hay democracia interna, que no les tienen en cuenta y que el partido se ha desvirtuado. En su carta de renuncia, se solidarizó con algunas de sus denuncias sobre la gestión de Abascal. Dijo que "la dirección del partido ha ido ocupando cada vez más espacio en detrimento de los demás", que no había "pluralidad de liderazgos y carismas" y también que "intentar acabar con las oligarquías dentro de los partidos es una quimera".

Tras su marcha dio una entrevista a la Cadena Cope en la que explicó que su primer enfrentamiento con la dirección nacional tuvo lugar cuando le apartaron de las negociaciones directas con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, tras la crisis por el protocolo antiaborto que presentó en enero de 2023. También reconoció no estar de acuerdo en la ruptura de los pactos de gobierno con el PP en el verano del 2024, que supuso su salida del Gobierno. Acusó, además, a los suyos de hacer "chantaje", "guerra sucia" y "zancadillas" para medrar dentro de la organización.

El conocido como el 'médico de Vox', Juan Luis Steegmann, también abandonó el partido poco antes de las elecciones europeas. Lo hizo con una carta publicada en Libertad Digital en la que aseguraba que no iba a votar a Vox en esos comicios y en la que acusaba a Abascal de haber llevado a la formación de extrema derecha hacia una "deriva neofalangista, antiliberal y anticenfítica" por la influencia de Buxadé. Steegman fue el portavoz de sanidad de la formación ultra durante la pandemia y lideró una oposición muy dura contra el entonces ministro del ramo, Salvador Illa, pero también se enfrentó a su partido por defender las vacunas frente a la covid ya que muchos dirigentes de Vox, empezando por el propio Abascal, renegaban de ellas y se oponían a toda vacunación obligatoria.

Según detallaba, ya estaba alejado del núcleo dirigente de Vox porque considera que el partido lleva años "prescindiendo de su parte más liberal de su programa y sus diputados", pero los discursos que escuchó en el festival Europa Viva 24 le hicieron decisión de romper definitivamente con su partido y darse de baja e incluso les achacaba una cierta "hipocresía" y un "tacticismo" por usar al presidente argentino, Javier Milei, como "disfraz liberal de un acto mayoritariamente antiliberal". En la carta, citaba en concreto a Buxadé, al que afeaba su origen falangista y su "insufrible discurso, mencionando despectivamente las vacunas".

Escribo esto mientras en los boletos de radio se cuelan dos adioses bien diferentes: el primero, por minutos de diferencia, el de Rocío Monasterio. Uno de los pilares en los inicios de Vox se va después de que la dirección del partido la haya apartado sin previo aviso, un poco/bastante por sorpresa. La que ha sido cara visible del partido de Abascal en Madrid se va casi un año después de que lo hiciera su marido y se va acusando a la formación de empezar a tener demasiados tics de organización poco democrática (casi da la risa escucharle). Vox sigue perdiendo pesos pesados y sigue perdiendo apoyos. Y sólo el tiempo dirá si esto es el principio de su desaparición. O al menos, de pasar a ser irrelevante.

El otro adiós sí que ocupará más páginas hoy en los periódicos, y ocupó, lógico, más minutos de programas informativos y de deportes este jueves. Nadal se va.

Él pidió poder manejar los tiempos, pidió respeto, pidió ser completamente libre a la hora de tomar la decisión más complicada de su vida: cuándo y cómo decir adiós al tenis. Cuándo dejar la raqueta.

Estos últimos meses, muchos, yo incluida, nos preguntábamos por qué alargar una agonía física en cada torneo. Por qué empeñarse en machacar así su cuerpo y, sobre todo, su legado. Verle sufrir en la pista y perder en las primeras rondas de muchos grandes torneos era doloroso, para él y para quienes le hemos admirado como deportista. Sus lesiones le lastraban. Y cada vez era más complicado que su cuerpo acompañara a su cabeza, por mucho que quisiera estar al 100%.

Pero, efectivamente, él quería saber hasta dónde podía llegar. Y fue hasta ayer. Nadal anunció que se retira. La Copa Davis será su último torneo. Se retira siendo uno de los mejores tenistas de la historia. En eso no hay contestación. Ha sido una leyenda y lo seguirá siendo. Será difícil repetir su palmarés.

Tras su triunfo en el último Wimbledon, Nadal dejó de ser ese tenista imbatible. Dentro y fuera de la pista. Quizás aquel era el momento: decir adiós en todo lo alto, en un torneo emblemático, en Londres, sobre el césped, el rey de la tierra batida ganando y entrando de nuevo en la historia.

Es fácil decir lo que debía o no hacer ahora, cuando ha pasado tiempo. Nadal nos ha regalado las mejores tardes del verano, nos ha hecho soñar a todos con esos golpes, con sus mordidas al trofeo fetiche del mallorquín, el de Roland Garros.

Sus decisiones deportivas y sus declaraciones sobre algunos asuntos polémicos amenazaron con desdibujar la leyenda. Una amenaza que viendo la reacción de ayer en todos los medios se ha quedado en eso. Ha sido un grande del deporte. Ha sido, sin duda, uno de los mejores deportistas de la historia. Y eso no se lo discute nadie.

Irte con el reconocimiento de todos es complicadísimo en este mundo en el que es difícil ponernos de acuerdo en casi nada y en el que la envidia lo mancha todo. Nadal lo ha conseguido también, algo que sumar a ese impresionante palmarés.

Monasterio se ha ido sin el reconocimiento de nadie, ni siquiera de su partido. No admitió preguntas pero, eso sí, dejó muchos recados a Abascal. Desde luego, el partido se le está quedando cada vez más prieto en cuanto a núcleo duro, eso no lo puede negar.

En un contexto internacional de precios energéticos al alza, entre 2019 y 2023 el porcentaje de hogares que no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada, se triplicó, superando el 20%. Cruz Roja los ha cifrado en 2,86 millones. Y uno de cada 10 se retrasó en el pago de las facturas de suministros, lo que supuso un 40% más que en 2019. Ello, pese a la existencia del bono social eléctrico que en España se introdujo en 2009, aunque se fue aproximando al actual a partir de 2017. ¿Qué es? Se trata de un descuento en la factura dirigido a combatir la pobreza energética y para recibirlo hay que cumplir una serie de requisitos como no sobrepasar una potencia contratada, tener una renta inferior a los 8.106 euros -dato a 2022-, ser familia numerosa o un hogar formado por pensionistas con la cuantía mínima vigente, no percibir otros ingresos que superen los 500 euros, o ser perceptor del mínimo vital (IMV). Una vez concedido el bono, la rebaja puede oscilar entre un 25% y un 80%. La medida ha alcanzado a 1,6 millones de familias, número superior al 1,1 recogido por el Defensor del Pueblo relativo al cierre de 2021. 

Ahora en el informe ¿Llega el bono social eléctrico a quien lo necesita? Análisis de las tasas de cobertura y las características del hogar, elaborado por EsadeEcPol en colaboración con Oxfam Intermón, se han medido por primera vez las tasas de cobertura de esta ayuda, aplicando un análisis estadístico multifactorial a una pregunta incluida en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, junto a las características que definen el perfil socioeconómico de cada hogar. Han concluido que, pese a que el alcance del bono, con vigencia de dos años una vez asignado, ha crecido desde 2020, en 2022 fue del 24,5%, lo que significa que casi 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no lo recibió. Si bien, el porcentaje trepó hasta el 45,5% en el caso de las familias numerosas, mientras fue sólo del 20% para la categoría de renta baja y de apenas el 9,2% para jubilados con pensión mínima. 

De acuerdo a lo reflejado en el mencionado informe que firman Natalia Collado y Ángel Martínez, aunque dos de cada tres beneficiarios del bono eléctrico eran de renta baja, uno de cada tres no lo era. Es más, entre las familias numerosas de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono, y apenas el 40% las de bajo. Y hay otras brechas en la cobertura de la medida, puestas de manifiesto en el análisis diseccionado: si en 2022 llegaba al 20% de los hogares monomarentales, el porcentaje se eleva hasta el 32% en los que contaban con dos progenitores; las familias con todos los miembros nacidos en España logran el doble de las que tenían alguno nacido fuera, 27% frente al 13%; y la distancia entre quienes tienen vivienda en alquiler y los propietarios era de 19% y 27%, respectivamente.

A lo esbozado hay que sumar que, aunque el bono se extendió en todas las comunidades, "la relación entre la incidencia de la pobreza energética y la cobertura" de éste "no es siempre directa, lo que sugiere que otros factores pueden estar influyendo en la distribución" de una ayuda en la que no están "involucrados los gobiernos autonómicos". De ahí que atribuyan las diferencia a factores como "la composición de la población y el mercado laboral de las distintas autonomías". "Un menor porcentaje de población con estudios superiores, mayor población extranjera -se asevera en el documento- o una mayor especialización de la economía en el sector primario pueden estar influyendo en la cantidad de hogares elegibles que reciben el bono".

Revisados los datos en conjunto, ser familia numerosa tiene el mayor efecto positivo, al acrecentar la probabilidad de obtener el bono en un 27%. En comparación, estar en un hogar de renta baja únicamente la aumenta en un 4%. Y es por esta grieta además por donde se ha colado la polémica en torno a esta iniciativa. InfoLibre ha desvelado que Enrique Ossorio y Alfonso Serrano, dos figuras políticas vinculadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, perciben desde 2021 la ayuda para pagar el gas destinada a "paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables". Este año se les han adjudicado a ambos 214,57 euros correspondientes al bono social térmico del año 2023, a lo que hay que hilvanar un descuento mensual en la factura de la luz del 65% por el bono social eléctrico, por ser integrantes de una familia numerosa. Sí se ha desligado de esas bonificaciones la hoy ministra de Sanidad, Mónica García, cuyo marido disfrutó de ellas gracias igualmente a su condición de familia numerosa. La pareja está divorciada.

Ossorio cobra en 2024 un sueldo público superior a los 118.000 euros como presidente de la Asamblea madrileña, aunque su salario como vicepresidente de la Comunidad que fue hasta junio de 2023 era algo menor. Según él mismo reconoció en una declaración de actividades, bienes, rentas e información tributaria, atesora un patrimonio de más de 1,4 millones en fondos de inversión, bancos y planes de pensiones. Por su parte, Serrano, escudero de Ayuso en el PP de Madrid, donde ocupa el cargo de secretario general, ingresó más de 67.000 euros el pasado ejercicio. Del lado de Vox, su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, admitió en rueda de prensa contar con el bono eléctrico y el de agua “del Canal de Isabel II”, pero no así el térmico, que no sabía si no le habría llegado por ser "facha", ironizó. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió a cambiar la regulación e introducir criterios de renta en las familias numerosas, para que sólo las de bajos ingresos pudieran acceder a estas ayudas, pero la reforma sigue pendiente.

Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, admite a infoLibre que no es fácil de llevar a cabo. Sin entrar a valorar “ningún caso particular”, anota que “ahora el criterio de la familia numerosa y el de renta van por separado, si se cumple alguno de los dos u otros, recibes el bono” y desde el centro de estudios proponen “introducir un tope de renta bastante alto, que evite distorsiones, para que el dinero no vaya a aquellas familias que son de forma incontrovertible de renta muy alta, a las que el bono no les supone nada diferencial, y lo haga a otras que sí lo necesitan realmente”. Pero estimar ese tope de renta combinado con la categoría de familia numerosa “es muy difícil”, reitera. “Tendría que ser condicionado al tamaño y a la tipología del hogar”, dice y, en ningún caso, a su juicio, la modificación debería pasar por “trasladar el tope actual de renta y hacerlo general”.

Más allá de las familias numerosas, expertos en justicia energética han avisado de que habría que mejorar el diseño en el bono social eléctrico y térmico para ampliar su alcance y multiplicar su eficacia. Idea con carácter de convicción que comparten los autores del trabajo reseñado, en el que se plantean vías de mejora, dado que calculan que se podría pasar de los 1,6 millones de beneficiarios a cinco. En primer término, se aboga por “reducir en la medida de lo posible barreras de entrada”. Aluden a que muchos hogares desconocen que tienen derecho a la prestación e, incluso si son conscientes de ella, se han de enfrentar a un proceso complejo de solicitud. Preguntado al director adjunto de EsadeEcPol si se podría replicar algún modelo de otros países europeos, advierte de que las comparaciones “no viajan muy bien” en este asunto porque “los mercados energéticos de los estados de Europa tienen cosas similares, pero otras muy distintas”. “En España el bono se da a través de las comercializadoras a personas que están en tarifa regulada y en otros estados no”, ejemplifica.

Lo que sí considera “interesante” de experiencias internacionales de políticas de lucha contra la pobreza en general es la “mayor iniciativa por parte de las administraciones públicas, que son las que tienen los datos, Hacienda para renta, Seguridad Social para condiciones de pensión mínima…, en la búsqueda de beneficiarios potenciales”. En ese sentido, cree que en España “hace falta un mayor esfuerzo” de éstas no sólo en lo relativo al bono social, también a otras prestaciones como el IMV, que, “aunque ha mejorado bastante, no llega todavía a los objetivos”, como han denunciado otros expertos y entidades. Apuestan por “armonizar” las concesiones de ambas ayudas.

“La carga de ese esfuerzo debe estar en los hombros de las administraciones, el Estado y las comunidades, y no tanto en los de la ciudadanía, y menos en los de personas que están en peores condiciones de partida para tener acceso a la información y disponer del tiempo necesario para ejecutar todo lo que se le pide para poder tener las ayudas”, concluye Galindo. 

Junto a ese empuje al que instan a las administraciones y a la introducción del máximo de renta para las familias numerosas ya señalada, abogan por “el uso de políticas fiscales más efectivas y unificadas, como impuestos negativos sobre la renta” que permitan abordar a largo plazo “las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos”. Por último, entienden que “se han de focalizar” recursos en medidas como optimizar "el aislamiento de suelos, techos y paredes”, los cerramientos en las ventanas, o "sustituir las calderas de gas o petróleo por bombas de calor" y “cambiar los calentadores de agua y aires acondicionados por otros más eficientes". Para ello, resultará "primordial", avanzan, "reforzar a las administraciones" con una red de “agentes rehabilitadores” acreditados, como la existente en Alemania o Francia, que posibilite garantizar "los conocimientos técnicos necesarios" para realizar "la renovación de manera efectiva". En resumen, queda por hacer y se diría que los resultados dependerán de dar o no con distancias y alteraciones de criterios de reparto justos.

Es inusual que un mandatario extranjero visite un país y no demande una audiencia con su máxima autoridad, que en el caso de España es el presidente del Gobierno. Y lo es todavía más —de hecho, según el ministerio de Exteriores es la primera vez en la historia que ocurre—, que ese mismo mandatario demande en su lugar una audiencia con el rey. Pero cuando se trata del presidente argentino, Javier Milei, la excepción es la norma. Tras la crisis diplomática desatada hace un mes, el líder ultraderechista vuelve a suelo español con la excusa de recoger un galardón que le otorga el Instituto Juan de Mariana en Madrid.

Una visita que ya está generando polémica incluso antes de producirse por el encuentro que mantendrá con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que aprovechará para otorgarle la Medalla Internacional de la comunidad, un reconocimiento discrecional del Gobierno autonómico a representantes de los países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales "por su labor institucional”, aunque según marca la propia ley del Gobierno regional ese premio únicamente se puede conceder a mandatarios en visita oficial y la de Milei no lo es. Será su único encuentro con autoridades españolas.

El reconocimiento es, en sí mismo, toda una declaración de intenciones de la dirigente madrileña, tanto por su confrontación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez —al que Milei le ha declarado la guerra—, como en clave interna dentro del Partido Popular. En Génova se han cuidado mucho en no apoyar al dirigente ultra, con el que discrepan en muchas materias por su filosofía anarcocapitalista que defiende que la mínima intervención del Estado que lo ha convertido, a su vez, en uno de los aliados estratégicos de la formación de Santiago Abascal. Pero si hay un Gobierno autonómico que representa —en parte— esa doctrina es el de la Comunidad de Madrid.

En Génova no han querido entrar a polemizar con la madrileña y han encuadrado el encuentro en la "normalidad" institucional, pese a la crisis diplomática iniciada hace un mes que el mandatario argentino sigue explotando casi cada día, con insultos a Sánchez y a su gobierno. "Es normal que una presidenta en el marco de sus competencias haga lo que considere oportuno", señaló la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, desde el Congreso. En esa línea afirmó que "no entiende cuál es la noticia" ni "el problema", y destacó que Argentina es "un país hermano", al tiempo que culpó al Gobierno de "abrir y ampliar la brecha".

Más comedido se mostró Esteban González Pons, vicesecretario Institucional del partido y principal asesor de Feijóo en materia exterior dentro de la dirección nacional, que afirmó que había tenido conocimiento del acto "por la prensa". Cuando se desató la polémica el pasado mayo tras la intervención de Milei en el acto de Vox, Pons lo calificó de "espectáculo chocante" y afirmó que se trataba de una "intromisión en la política nacional". Ayuso se desmarcó de esa posición y también de la equidistancia de Núñez Feijóo, que responsabilizó tanto a Milei como a Sánchez de la escalada, y culpó únicamente al líder socialista tras unos días de silencio—a diferencia del resto de barones autonómicos, que cerraron filas con la postura del líder del PP—.

La dirección nacional del PP evita deliberadamente valorar la gestión y el discurso del argentino y equipara el recibimiento de Ayuso con la visita de Estado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, "un señor que entre otras cosas ha dicho que los españoles somos esclavistas y se le ha recibido con respeto", en palabras de Muñoz. A diferencia del argentino, Petro tuvo agenda oficial en España, se reunió con el rey Felipe VI así como con el presidente del Gobierno. Pero para la presidenta madrileña es un "honor" entregarle el galardón. "Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de Argentina", aseguró desde la Asamblea de Madrid, entre críticas de la oposición, incluida Vox..

Un elogio que repitió en la entrevista en Radio Mitre de Argentina, en la que destacó la buena imagen a nivel internacional de Milei, pese a que el presidente argentino acaba de aprobar una polémica ley que le confiere al Ejecutivo el poder para reformar o aprobar leyes sin pasar por el Congreso y una reforma laboral que vulnera la protección de los trabajadores y que ha generado disturbios durante toda la semana en las principales ciudades del país. Pero para Ayuso sus recetas dan “confianza y atracción para la inversión" en el país.

La presidenta madrileña también obvió los insultos proferidos por el mandatario argentino hacia el Ejecutivo y culpó precisamente al Gobierno de Sánchez de iniciar el conflicto, al tiempo que defendió que las malas relaciones de Moncloa con Milei no pueden "arrastrar" a otras administraciones: "Somos un país fuertemente descentralizado, tenemos otras administraciones y no todos vemos las cosas de la misma manera", arguyó. Además, también alabó a la ministra italiana, Giorgia Meloni, unas de las voces más reconocidas de la extrema derecha europea y otra de las aliadas de Abascal. Sobre ella dijo que "está tomando un papel cada vez más relevante" y remarcó que "sus éxitos serán los de todos".

Con Ayuso elogiando a varios de sus aliados internacionales, no es de extrañar que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, haya entrado al choque este jueves en la Asamblea. Acusó al Ejecutivo regional de "subir la tarifa del agua" a todos los madrileños, de "aumentar el gasto público" y de "subvencionar" a medios de comunicación, lo que le llevó a la visita de Milei. "Como se entere de que ha aumentado el gasto público en 4.000 millones de euros, un 20%, y que paga a medios subvenciones va a entrar en Sol con una motosierra", señaló la portavoz ultraderechista.

Sobre el encuentro del viernes, fuentes de la Comunidad de Madrid señalan que fue el presidente argentino el que pidió reunirse con Ayuso y minimizan la condecoración, que afirman se le dan a todos los mandatarios que acuden a la Puerta del Sol. Se trata del mismo argumento esgrimido por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en Todo es Mentira (Cuatro),que en un primer momento lo circunscribió a un reconocimiento “entre pueblos hermanos” si bien después  admitió que había coincidencia ideológica con Milei y que el Gobierno de Madrid no entregaría ese galardón a otros líderes latinoamericanos como Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Para el ministerio de Exteriores, sin embargo, el hecho de que Ayuso reciba al presidente argentino supone una “profunda deslealtad hacia las instituciones españolas” al ir en contra de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior, aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy en el año 2024. Fluentes diplomáticas inciden en que debería haber informado al departamento de José Manuel Albares de su encuentro con un mandatario extranjero, "tal y como obliga dicha Ley”. Y añaden: "Esperamos que durante su visita a nuestro país señor Milei esté a la altura del pueblo argentino y respete a las instituciones españolas, como jefe de Estado que es. No lo hizo en su anterior visita”, cuando llamó “corrupta” a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

En el entorno de la presidenta madrileña alegan, por su parte, que el Gobierno no puso inconvenientes ni trasladó queja alguna cuando Ayuso recibió a otros galardonados como el opositor venezolano Juan Guaidó o el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. “El problema lo tienen porque es Milei”, señalan en conversación con infoLibre. Así, consideran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez solo quiere “generar polémica” y consideran que no están incumpliendo con la ley de acción exterior: "Es solo una visita institucional de cortesía a la presidenta regional. Además, no se firma ningún tratado ni acuerdo", añaden. Estas fuentes señalan que no se ha invitado a ningún portavoz ni autoridad a la entrega, únicamente a los miembros del Consejo de Gobierno. La entrega del galardón tendrá lugar en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional, a las 19 horas y desde allí se producirá una declaración de ambos, sin preguntas.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha advertido en el Pleno de este jueves de que si el presidente de Argentina, Javier Milei, se entera "de su aumento de gasto público", entrará en la Real Casa de Correos -donde la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo recibirá este viernes- "con una motosierra", según ha recogido Europa Press.

Monasterio ha ironizado así con el lema -la "motosierra" para recortar el gasto público- del mandatario argentino, con el que la presidenta madrileña se reunirá y le impondrá la Medalla Internacional de la Comunidad. De esta forma ha atacado la portavoz de Vox a Díaz Ayuso por su política de gasto público, en este caso por la revisión de las tarifas del Canal de Isabel II.

En su pregunta de control al Gobierno durante la sesión plenaria en la Cámara de Vallecas, Rocío Monasterio ha afeado el incremento tarifario para determinados consumos a pesar de que "tener dinero" para gastar en "publicidad institucional".

Frente a estas críticas, Díaz Ayuso ha negado las acusaciones sobre subida de tarifas y ha explicado que se trata de una medida para "hacer sostenible" el suministro ante una previsión de un incremento de población en la Comunidad de más de un millón de habitantes para los próximos años y ante la sucesión de periodos de sequía, fomentando "un uso comedido del agua".

En cualquier caso, ha subrayado que "para el 60% de los consumidores", las tarifas no van a variar, recordando, además, que en Madrid llevan "diez años congeladas".

En respuesta al portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, Ayuso ha considerado un "honor" recibir a Milei, "elegido por amplía mayoría en las urnas por el pueblo", y dice no tener la culpa de que este realice visitas institucionales a gobierno diferentes y no se reúna con "aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente" no solo a él sino "a todos los gobiernos que no son de su signo".

Ayuso también ha sostenido que Milei también visitará el sábado al canciller alemán, Olaf Scholz. "¿Les suena? Es socialista. ¿Está en la ultraderecha el señor Scholz? ¿Cómo funciona esto?", ha preguntado a continuación y ha defendido que "si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no sólo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo", ellos no tienen "la culpa".

Según ha trasladado, para el Gobierno regional es "un honor recibir al presidente legítimo elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de la Argentina". "Tenemos delante a un Gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares; que permiten que se insulte constantemente a España y al Rey, y ustedes se callan, con socios de gobierno y medio gobierno insultando al Rey de todos", ha sostenido.

Esto mientras, según ha expuesto la presidenta, les "quitan infraestructuras y proyectos a Madrid". "Y ustedes, los socialistas madrileños, se callan, mientras tienen a un delegado del Gobierno que insulta todos los días al alcalde de Madrid y al Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha lanzado, para a renglón seguido sostener que el Ejecutivo está "borrando delitos" provocando que los españoles no sean "iguales ante la ley".

En este punto, ha preguntado "qué lealtades" y de "qué instituciones" les hablan mientras "traen a inmigrantes solamente para intentar repartir favores y los tratan como a fardos dejándolos en el aeropuerto y los traen por miles a los ayuntamientos" gobernados "por el PP". "Deslealtad es lo que hacen ustedes y lo que hace usted cada día, porque le dieron a elegir entre el honor y la poltrona y ya veremos algún día si va a poder defender tanto el honor como la poltrona", ha espetado.

Asimismo, ha instado a los socialistas madrileños a pronunciarse cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vuelva "a robarle a los madrileños su propiedad para sacar impuestos", "para pagar a los independentistas". Para la jefa del Ejecutivo regional, "es muy difícil de justificar cómo puede ser que la comunidad más solidaria" tengan que aguantar que les sigan "atacando". "Son ustedes todos cómplices de ello. Y me habla a mí de la lealtad. Hundieron la Argentina ustedes. Uno de cada dos argentinos son pobres precisamente por esas políticas. Ustedes sabrán dónde se quieren poner, si con el honor o con la poltrona, aunque me temo que en los segundo", ha concluido.

Los diferentes modelos fiscales, la calidad de los servicios públicos o las políticas de vivienda han marcado el debate a cinco entre los cabeza de lista de las formaciones con representación en la Asamblea de Madrid que ha dejado este martes a una presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, enfocada en la defensa de su gestión en una corta pero dura legislatura frente a una izquierda que le ha recriminado en bloque la falta de apoyo a las políticas públicas y a las familias y trabajadores y un Vox centrado en la seguridad en los barrios y la protección a familias y trabajadores, según recoge Europa Press.

Los cinco candidatos han marcado pronto las líneas de lo que sería el debate posterior, con Díaz Ayuso que ya en su intervención inicial apeló al terrorismo para advertir que el 28 de mayo se elegirá entre "una Comunidad ambiciosa" o entre "los que quieren subir impuestos, votar a ETA y dar vivienda a los okupas". No sería ésta la única alusión a la banda terrorista de la candidata del PP, quien en el cuarto bloque, dedicado a la relación de la Comunidad con otras administraciones, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus "socios de ETA" de odiar a Madrid, mientras que en el segundo, dedicado a la vivienda, se ha referido a la reciente normativa estatal aprobada en las Cortes Generales como la ley "de Sánchez y Bildu".

La candidata de Más Madrid, Mónica García, se ha reconocido "con menos nervios" que hace dos años, pero "con el mismo compromiso y responsabilidad", mientras que el aspirante socialista, Juan Lobato, apostó por "hablar de Madrid" y ha resumido que "a la Comunidad de Madrid no le queda un solo amigo", ha resumido el candidato del PSOE, Juan Lobato.. Por su parte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, aludió desde un principio a conseguir "barrios seguros, vivienda asequible y servicios de calidad" en una región que no es "ni el infierno que pinta una izquierda que ha traicionado a los trabajadores", ni "el paraíso que pretenden vender otros", en tanto que la aspirante de Podemos, Alejandra Jacinto, apeló al discurso social en su primer minuto, con un recuerdo a la situación de la Cañada Real Galiana, donde llevan más de 900 días sin luz.

El primer bloque, dedicado a la economía y el empleo, ha servido para que la presidenta y aspirante a la reelección sacara pecho de su gestión económica, así como para evidenciar las divergencias en materia fiscal entre los bloques de izquierda y derecha. Díaz Ayuso ha reprochado a la izquierda su política de "empobrecer" a la población y "enfrentar al trabajador con el empresario", algo a lo que Mónica García ha contestado con los niveles de "desigualdad" crecientes en la Comunidad, al hilo de lo cual Alejandra Jacinto ha tildado la política fiscal del PP de estar pensada "para ricos".

Los reproches fiscales de Jacinto le han servido para ser la primera en mostrar gráficos durante el debate, algo que han replicado otros candidatos, aunque sólo Rocío Monasterio ha llegado a romper el suyo al advertir de que los datos que dieron en su día sobre el coste que para la Comunidad de Madrid tienen los menores extranjeros no acompañados eran "muy inferiores" a los reales, lo cual ha generado críticas por parte del resto de candidatos, que han llegado a acusarla de "falta de sensibilidad", como Juan Lobato, mientras Díaz Ayuso le ha recriminado que vincule "inmigración y delincuencia" en una región que se precia de no tener "forasteros ni charnegos".

No ha sido éste el único desencuentro entre Monasterio y Lobato, a quien la candidata de Vox ha acusado de tener "cara" por hablar de la deuda de la Comunidad en el bloque económico cuando pertenece al partido responsable del endeudamiento en el conjunto del Estado. "Yo estoy pasado vergüenza", ha llegado a decir Monasterio, cuyo relevo ha tomado Díaz Ayuso para acusar a los socialistas de tener "la cara de cemento armado".

Sin embargo, el momento de mayor tensión entre candidatos se ha vivido en el tercer bloque, el dedicado a sanidad, educación y servicios sociales, cuando la candidata de Podemos ha tratado de hacerle entrega a Díaz Ayuso de un ejemplar del libro Morirán de forma indigna, del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero, en el que denuncia la gestión que la región hizo de las residencias durante la pandemia, ejemplar que la candidata conservadora se ha negado a recibir y le ha recriminado que trate de "retorcer el dolor de las víctimas".

La presidenta regional ha rechazo este ofrecimiento, pidiendo incluso a la candidata de la formación morada que no se le acercara. "No, se lo agradezco, pero no. No invada mi espacio", ha indicado la presidenta regional, que ha tildado de "miserables" que haya aludido a los muertos durante la pandemia.  Según Jacinto, las muertes de residencias "es uno de los hechos más demenciales que ha podido ocurrir durante esta legislatura".

No se han quedado ahí los ataques de Jacinto a la líder del Ejecutivo autonómico a cuenta de la pandemia, ya que ha sacado a colación los contratos de suministros sanitarios con la intermediación del hermano de la presidenta.

En materia social, tanto la candidata de Podemos como la de Más Madrid han clamado contra la situación que se vive en las residencias, más allá del coronavirus, en relación con la comida que se sirve en estos centros.

Por lo que se refiere a la sanidad, García ha acusado a la candidata conservadora de "insultar" a los profesionales sanitarios, cerrar las urgencias o "sustituir a los profesionales por tablets y ha recuperado su lema de "Sanidad o Ayuso".

El modelo sanitario ha marcado otro de los puntos de fricción entre Ayuso y la izquierda, mientras que en el bloque dedicado a transporte, infraestructuras y viviendas, Ayuso se ha comprometido a la que la próxima sea "la legislatura de la vivienda" y ha apostado por favorecer un aumento de la oferta, algo en lo que ha coincido su contrincante de Vox, mientras desde la izquierda se han rechazado las políticas especulativas e incluso Mónica García ha llegado a acusar a la candidata conservadora de "dar azúcar a un diabético" con sus medidas.

Lo ocurrido en San Fernando de Henares con las familias que han perdido sus hogares debido a las obras de ampliación de la L7B de Metro ha sido otro de los momentos en que los candidatos de la oposición han lanzado reproches a la presidenta de la Comunidad, que en su apuesta por integrar el medio ambiente en las políticas de vivienda ha llegado a prometer "una planta en cada balcón".

Las relaciones de la Comunidad de Madrid con las otras administraciones han marcado el cuarto bloque, en el que mientras el candidato del PSOE ha lamentado que la Comunidad "no llega a acuerdos con nadie", Rocío Monasterio ha acusado a aquellos que "creen que el multiculturalismo es ir a cenar a un libanés" de tratar de imponer en Madrid el mismo modelo que "está llevando a Europa al desastre".

Frente a estas críticas, Ayuso ha subrayado que Madrid "nunca ha sido tan internacional" y ha presumido de los acuerdos alcanzados con distintas comunidades y del diálogo que mantiene con los municipios de la región, aunque no ha escondido los desencuentros con la Administración del Estado por los "ataques" de Sánchez a la Comunidad.

El último bloque, dedicado al Madrid del futuro y al horizonte de pactos electorales tras los comicios, ha servido para que PP y Vox se echaran en cara su ruptura en la legislatura que agoniza mientras que Alejandra Jacinto ha reivindicado el papel de Podemos para "tirar del brazo izquierdo del PSOE". Juan Lobato, por su parte, ha presentado "la sensibilidad, la solvencia y la experiencia de gestión" de su partido como aval de gobierno, mientras que Mónica García ha puesto el contrapunto con su defensa de la cultura.

Entre tanto, Ayuso ha reivindicado su gestión en un contexto de "cuatro años dificilísimos" con una pandemia, una guerra, la borrasca Filomena y una crisis económica, tras lo que ha subrayado el apoyo "del pueblo de Madrid" que le dio más votos "que toda la izquierda junta".

La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha trasladado que el acto anunciado por la asociación de estudiantes Libertad Sin Ira para el día 8 de marzo, en el que iba a participar la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, no se llevará a cabo, al no haber sido "autorizado ni tener asignado un espacio para su celebración", según informa Europa Press.

"De nuevo la UCM cancela una conferencia de Libertad Sin Ira por disentir de los postulados progres. Es indignante cómo el totalitarismo se ha instalado en las universidades. Animamos a los jóvenes a dar la batalla en todas las facultades. Vox estará con ellos siempre", ha lanzado Vox en su cuenta de Twitter.

Se iba a celebrar este miércoles a las 12 horas, tal y como lo ha organizado el movimiento universitario Libertad sin Ira. Se tratan de los mismos organizadores del acto Tengamos memoria: Contra la apología de ETA, que no se ha pudo celebrar el pasado viernes en la Complutense y tuvo lugar finalmente en el Centro Cultural Galileo.

La propia Monasterio lo ha criticado en sus redes: "En la universidad hoy no existe la libertad, esto es una auténtica dictadura, se censura al discrepante. Algunos no tenemos derecho a hablar", ha señalado.

Las organizaciones acusaron a la universidad de "censura", al igual que PP que tachó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de "nido de Podemos", y Vox que avisó de que se mantendría "con más fuerza que nunca" y de que les verán "en las universidades, en las calles, en las instituciones y en los tribunales".

El presidente de Libertad sin Ira, Diego Yañez, explicó que han promovido esta iniciativa porque es "muy importante" que a las universidades vayan políticos de "cualquier ámbito" y que, debido a que la UCM, "tiene cierta tendencia a la izquierda" quieren "cambiar esa imagen" inventando, en este caso, a la líder de Vox.

Para este estudiante, "lo más bonito" es generar espacios de este estilo donde haya libertad de expresión para todos. Avisó de que estaban preparados por si les pusieran trabas en el último momento con "protocolos inexistentes".

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la empresa de Rocío Monasterio a ejecutar a su cargo las obras de reparación y reforma para adecuar a la legalidad urbanística la obra ilegal que realizó en un loft del presentador Arturo Valls en el barrio de Lavapiés.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sala desestima el recurso interpuesto por Rocío Monasterio y Asociados S.L. contra la resolución dictada, en julio de 2021 y que ahora se confirma.

En la sentencia de instancia, el juez de Primera Instancia número 59 de Madrid declaró el incumplimiento contractual del contrato de la consultoría firmado por Pólvora Films S. L. con la demandada Rocío Monasterio y Asociados S. L. y Diseño de Ambientes para el Confort S. L.

En noviembre de 2019, el popular presentador demandó a la líder de Vox en Madrid por su trabajo como arquitecta al convertir en 2005 un local de la calle Rodas de Lavapiés en vivienda sin licencia.

Se declaró entonces la obligación de resarcimiento de daños y perjuicios y se condenaba a los demandados al pago de 3.838,49 euros correspondiente al importe de la sanción administrativa urbanística impuesta y 4.205 euros (IVA incluido) correspondiente al importe de los costes de demolición.

De igual modo, se les condenaba solidariamente, a ejecutar a su cargo, todas las obras de reparación, reforma, sustitución, adaptación y adecuación, incluso previa demolición de cuanto fuera necesario, para adecuar a la legalidad urbanística el resultado de la obra litigiosa dentro de un plazo de tres meses.

En el recurso, Monasterio invocaba la vulneración del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al considerar que se había alterado las normas de la carga de la prueba y planteaba un error en la valoración probatoria.

La líder de Vox en Madrid basaba la impugnación en que no había existido incumplimiento del contrato suscrito, siendo conocedora de que "las obras se habían realizado sin licencia y habiéndose asumido dicha circunstancia".

Exponía que no se efectuó "queja o reclamación alguna durante quince años respecto de los servicios prestados y no siendo objeto fundamental del contrato el cambio de uso de local a vivienda y oponiéndose la parte demandante a que se demoliera al forjado que se había construido ilegalmente antes de la adquisición del local debido a que perdía gran parte de la edificabilidad, recibiéndose la obra en mayo de 2006 sin objeción alguna".

Los magistrados exponen que "la obra se ha ejecutado sin disponer de los correspondientes permisos municipales y sin el cambio de uso de local a vivienda", por lo que concluye que se ha producido "un incumplimiento de sus obligaciones contractuales".

La Sala se pronuncia respecto a la alegación realizada por la apelante relativa a que la demolición acordada y sanción impuesta no tiene su origen en su actuación sino en "las obras ilegales anteriormente efectuadas".

Al respecto, señala que conforme a los documentos aportados "no cabe considerar que dicha orden de demolición derivara de las obras realizadas con anterioridad a la adquisición por la parte actora del local sino de las obras ejecutadas por la parte apelante y por tanto, ha de mantenerse el razonamiento efectuado al respecto en la sentencia recurrida".

A pesar de que fue el jueves pasado cuando el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunciaba un su plan antiaborto, las redes siguen haciendo memes a cuenta de la propuesta. Vox pretendía que las mujeres que quisieran abortar escucharan el latido y vieran una ecografía en 4D del feto. 

Los tuiteros se han reído y han criticado estas medidas a partes iguales, pero no han sido su única fuente de inspiración esta semana. El propio Federico Jiménez Losantos se ha convertido en meme tras las declaraciones que le dedicó a Rocío Monasterio en una entrevista en EsRadio. Ambos se han enzarzado en una discusión que ha derivado en una bronca a gritos. “¿Pero por qué creéis algunos que sois los únicos que sabéis lo que es la vida, los únicos que defendéis la vida y que los demás tenemos que acatar sumisamente", señaló el locutor.

Recopilamos las mejores creaciones de los tuiteros en este Tuitómetro:

Las redes tampoco han pasado por alto el cambio de logo de Ciudadanos. La nueva imagen ha provocado comentarios y comparaciones, incluso entre la clase política.

El Grupo Parlamentario de Vox ha tumbado este viernes en comisión el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 y será ahora la Mesa de la Asamblea la que tendrá que decidir si el dictamen desfavorable se debate y vota en los próximos Plenos del 21 y 22 de diciembre, según informa Europa Press.

Sin acuerdo cerrado y acusaciones de que el PP "humillaba" a sus votantes en la negociación, Vox registró fuera de plazo sus enmiendas parciales al articulado a principios de diciembre y la Mesa de la Asamblea, donde los conservadores tienen mayoría, no las admitió.

En un primer momento, el partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio anunció que, pese a esto, se abstendrían en la votación porque ellos con la izquierda no iban "a ninguna parte". Tan solo un semana más tarde desde la Dirección Nacional de esta formación se anunció que cambiaban de opinión y votarían "no". Consideraban que estaban "secuestrando" sus enmiendas y que se estaban aliando con la izquierda.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ofreció a principios de esta semana a Vox la búsqueda de fórmulas que incorporar sus peticiones a la gestión del Ejecutivo a lo largo de 2023 pero no hubo respuesta.

La formación seguía enrocada en el "no" si no aceptaban las enmiendas hasta este mismo viernes por la mañana cuando desde la Dirección Nacional y Monasterio abrieron la puerta a cambiar de postura si se les ofrecía un acuerdo político, que incluyera, entre otros puntos, la derogación de la ley trans autonómica. La presidenta madrileña contestó rápidamente e indicó que rechazaba "mezclar negociaciones", y no intercambiará "derechos y obligaciones".

Ya en la sesión de la Comisión de Presupuestos de este viernes por la tarde, Vox ha cumplido su amenaza y han votado en contra del dictamen (el texto final de los Presupuestos con la incorporación de los cambios en la tramitación) en la comisión.

Con esto podrían quedar rechazados los Presupuestos pero un vacío en el Reglamento de la Asamblea no aclara si este dictamen desfavorable podría ser debatido en el Pleno previsto del 21 y 22 de diciembre. Por ello, la Mesa de la Comisión lo remitirá a la Mesa de la Asamblea, máximo órgano parlamentario, que tendrá la última palabra.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha explicado este martes que la constructora que se encargó de las reformas en su chalé es la que tenía deudas y que la Agencia Tributaria no les dejaba pagar a esta empresa, por lo que le ha pedido que acelere el proceso.

El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid ha ordenado por decreto el embargo del sueldo del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, para hacer frente al pago de la deuda, de 63.183 euros, que debe a una empresa de reformas por las obras que realizaron en su chalé.

En una entrevista con Antena 3, recogida por Europa Press, Monasterio ha trasladado que esta constructora "no ejecutaba bien los trabajos y no pagaba a sus trabajadores" quienes "tenían que salir corriendo porque no se les estaba pagando la Seguridad Social".

"Hubo que rescindir ese contrato a la constructora. Se llegó a un juicio y a la hora de pagar la Agencia Tributaria nos dijo que no pagáramos a la constructora porque tenía deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social porque no pagaba a sus trabajadores", ha esgrimido.

En este punto, la líder de Vox en Madrid ha incidido en que la Agencia Tributaria les dijo que en "ningún caso" pagaran a la empresa. La Agencia Tributaria, por el momento, no ha atendido a la carta de pago de Monasterio y Espinosa de los Monteros y ha instado a la propia Hacienda a que "acelere los procesos para que se pueda liquidar ese pago".

No obstante, la portavoz de Vox en la Cámara regional ha asegurado que estas cosas "pasan con frecuencia con las constructoras porque, por desgracia, algunas entran en concurso". "Yo que he trabajando en el mundo de la construcción durante 20 años he tenido muchos casos como estos", ha sostenido.

La agenda mediática y el tráfico de contenido de redes sociales como Twitter del pasado jueves, así como el cierre de Vox a la campaña electoral en Castilla y León, estuvieron marcados por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en respuesta a las acusaciones de Rocío Monasterio (Vox), que le recriminaba favorecer la inmigración ilegal, poniendo en riesgo la vida de los jóvenes madrileños, afirmando sin rubor que salir un sábado por la noche por la capital podría conllevarles un machetazo.  

Ayuso, en realidad, se limitó a decir algo tan obvio y tan sabido como que “la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas” y que muchos de los integrantes de las bandas latinas en cuestión “son inmigrantes de segunda generación tan españoles como Abascal, como usted (dirigiéndose a Monasterio) o como yo”. La intervención de Monasterio —que Ayuso tildó, justamente, de 'pregunta mitin'—, huelga decir que no fue casual. A pocos días de las elecciones en Castilla y León, Vox quiso movilizar a su electorado apelando, como tantas veces hace, a la pasión del miedo, sirviéndose del fantasma estereotipado del racismo y aprovechando la fragilidad del sentimiento identitario colectivo, tan explotado y retroalimentado por los partidos europeos de extrema derecha.

Algunos de los factores que han propiciado esta fragilidad son los procesos de globalización que, desde principios de los años ochenta del siglo pasado, se han desarrollado a una velocidad vertiginosa, redefiniendo la oposición entre identidad y alteridad, modificando las diferencias entre lo familiar y lo extraño, aumentando, en palabras de Simmel, “la cercanía de lo lejano” y haciendo que tengamos cada vez más a menudo la sensación de ser “extranjeros a nosotros mismos” (Kristeva). A esto se suman, según el semiólogo Massimo Leone, las características de la posmodernidad, los procesos de digitalización y la estructura rizomática de la red, que desposeen al individuo de una comunidad de referencia y vierten sobre él la enorme responsabilidad de erigir e irradiar sus propias fronteras de pertenencia. Y, además de estos procesos, en España, debemos añadir el factor endógeno de los nacionalismos periféricos que chocan con el discurso nacionalista asumido por Vox, que tiene como papel de aglutinador social lo que Iñaki García Borrego ha denominado “la voluntad de españolidad”. En este sentido, cabe recordar la respuesta de Santiago Abascal a las declaraciones de Ayuso: “Además de regalar la nacionalidad, en España se ha legalizado la inmigración ilegal y la nacionalidad española es un tesoro que no podemos regalar porque nosotros la respetamos”. 

Pues bien, el término “inmigrantes de segunda generación” —por cuyo sentido ya se preguntaban a finales de los noventa Pierre Bourdieu o Paolo Fabbri—, no parece, desde luego, el más adecuado para oponerse al racismo culturalista. Pues no deja de ser una forma de nombrar y, por tanto, de clasificar a un colectivo, el de los hijos de inmigrantes, atribuyéndoles una identidad estática que coincide con la de sus padres, personas que realmente han inmigrado, que vienen de fuera. En definitiva, su posición, situada en la periferia de la frontera cultural, hace que sean concebidos como una fuerte amenaza para el imaginario nacionalista y, en consecuencia, son rápidamente catalogados como un "Ellos" en contraposición al "Nosotros". 

Frente a esta concepción, parece más sugerente la propuesta semiótica de la que dan cuenta Miguel Martín y Eric Landowski en una entrevista que el primero le realiza al semiólogo francés. En ella se parte de la premisa de que el sujeto, ya sea individual o colectivo, se construye en el discurso: la semiótica no aspira a definir la esencia de un determinado sujeto, sino que se ocupa de investigar cómo este se presenta y representa en sus respectivas interacciones sociales”. En ese sentido, desde un punto de vista semiótico, cuando nos definimos a nosotros mismos siempre lo hacemos en función de un otro. Nuestra identidad está siempre condicionada por alguna forma de alteridad.  

Al respecto, explica Landowski que existen dos formas opuestas de identidad, aquella que, como decíamos, está basada en la dinámica interaccional: “lo que uno es está abierto al devenir, son los procesos interaccionales en los que interviene el sujeto los que construyen, transforman y reconfiguran su propia identidad”. Y otra que es esencialista, que se basa en una predeterminación de la existencia del sujeto, y se cimienta en etiquetas, estereotipos y en la concepción goffmaniana del estigma. Un caso paradigmático lo podemos encontrar en las afirmaciones de una participante al acto celebrado por Alvise Pérez y Javier Negre el pasado martes en la Plaza Mayor de Valladolid. Esta señora, altavoz en mano, consideró relevante contar a todos los ahí presentes que había tenido un “problema” con un marroquí, en sus palabras: "era un crío de unos veinte años que se paró donde no se tenía que parar, yo le miré de mala leche y él pasó de mí. Pero yo pensé que me iba a robar o algo".

Siguiendo este razonamiento, la diferencia entre aquello que Ricoeur denominó el Miembro y el Extranjero, está en que el término marcado es Miembro, que adoptará diferentes posiciones frente al otro, redefiniéndose a su vez. Según Landwoski las posiciones posibles son cuatro: la asimilación, la exclusión, la segregación y la admisión. Si partimos de la concepción esencialista e inmutable de nuestra identidad, sólo tendrán cabida la exclusión; la asimilación, exigiendo al otro renunciar a sus diferencias, a su otredad (lengua, religión, etc.); o la segregación, permitiéndole ser un otro, probablemente porque lo necesitemos, pero apartándole del resto de la comunidad. 

Sin embargo, existe una quinta posición. Esta exige renunciar a una idea tan absurda como la de una identidad substancialmente definida, pasa por valorizar positivamente la alteridad y la diferencia, por la constante redefinición de sujetos, individuales y colectivos, y, en definitiva, comporta la supervivencia de las sociedades, y es la de una admisión que estime y defienda las diferencias.

Algunas lecturas sugeridas:

García Borrego, I. (2003): “Los hijos de inmigrantes como tema sociológico: la cuestión de la segunda generación”, en Anduli: revista andaluza de ciencias sociales, nº 3, págs. 27-46

Goffman, E. (1998): Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires, Amorrortu.

Leone, M. (2020): “Breve historia topológica del mundo: del muro a la red”, en DeSignis, nº 33, págs. 219-230.

Martin, M. (2019): “No hay ningún conflicto entre Europa y el Islam”, en Revista de Occidente, nº 454, 2019, págs. 103-116. 

El 90% de los miembros de bandas juveniles violentas de Madrid son de nacionalidad española y cada vez más jóvenes, ya que la Policía ha identificado a menores de 14 años, según ha indicado esta mañana la delegada de Gobierno en Madrid en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press.

"Cada vez las detenciones e identificaciones que se hacen son de auténticos críos, cada vez son más pequeños, y desde hace un tiempo se ha identificado a personas por debajo de las barreras de los 14 años", ha añadido la delegada. De hecho, ya se han identificado niños de 11 años implicados en bandas.

Mercedes González ha recalcado también que ya son bandas que "que no tienen nada que ver con el concepto de latinos", pues el 90% de los pandilleros son de nacionalidad española, chicos nacidos en España de padres de primera o segunda generación.

En ese punto, ha aplaudido las palabras este jueves en la Asamblea de Madrid de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó en respuesta a la líder de Vox Rocío Monasterio que los miembros de las bandas eran tan españoles "como Abascal, usted o yo". "La presidenta me alertó el lunes cuando en un tuit habló de inseguridad; pero me parece muy bien el giro que dio ayer en la Asamblea de Madrid, diciendo que había incidentes puntuales, pero que Madrid es una ciudad segura", ha manifestado.

La delegada del Gobierno entiende la sensación de inseguridad que puede generar los dos crímenes relacionados con bandas perpetrados el fin de semana, pero ha afirmado que "esta es una ciudad segura, con un ocio seguro" y lo que va a hacer la Policía Nacional para mantenerlo es activar el plan de actuación que comenzó ayer y que "ha venido para quedarse, y no va a parar hasta que cese su actividad".

El objetivo de este plan de choque, ha indicado la representante del Gobierno central en Madrid, es identificar a los pertenecientes de estas bandas, actualmente hay 400 integrantes; y neutralizar cualquier tipo de actividad para que cesen estos acontecimientos en los últimos días".

González también ha indicado que "cada día que pasa están más cerca" de detener a los autores del crimen de Jaime, de 15 años, asesinado el sábado por la noche en la calle Atocha. "Espero que las próximas horas haya novedades", ha señalado.

La delegada también ha hablado del control de las armas blancas, que se viene realizando desde que pusieron en marcha a finales de año la operación Hispano, con el control en las armerías y otras tiendas donde se venden estos grandes cuchillos. Ahora, han pedido a la Policía Municipal que refuerce el control de los establecimientos, mientras el Ministerio del Interior "analiza cómo se puede controlar la venta de ese compra de armas".

"Las bandas tienen que saber que la Policía será implacable con ellos. Por parte de la seguridad lo estamos dando todo, pero esta situación tiene que tener un análisis más profundo, social, porque la actuación y arraigo identitario con las bandas es algo que ha pasado antes de que actúe la seguridad. Algo ha fallado como la cultura del ocio de los jóvenes, la inserción, los servicios sociales y por esto las instituciones tienen que hacer un análisis para saber qué ha pasado", ha concluido.

La ultraderecha no tiene dudas: si tiene que elegir entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso prefiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esa evidencia, que los dirigentes de Vox nunca han ocultado, se ha transformado ahora en una estrategia dirigida a apuntalar a Ayuso y debilitar al líder del PP en la disputa que enfrenta a ambos dirigentes por el control del partido en Madrid.

Vox acaba de dar a Ayuso sus primeros presupuestos autonómicos prácticamente gratis, sin apenas contrapartidas, mientras se niega no sólo a aprobar sino a negociar los de José Luis Martínez-Almeida en el ayuntamiento de la capital. La diferencia no está en las políticas sino en el perfil de la presidenta y del alcalde en el contexto de la batalla interna del PP: la primera es la gran rival de Casado dentro de su partido y el segundo es uno de los hombre de Génova y con toda probabilidad el candidato elegido para intentar mantener el control de la organización en Madrid y cerrar el paso a Ayuso.

La estrategia de los ultras de fortalecer a Ayuso dándole estabilidad parlamentaria y de negar al mismo tiempo el respaldo que también necesita Almeida busca debilitar a Pablo Casado justo cuando el presidente del PP trata de mostrarse ante la opinión pública como un líder fuerte capaz de unificar todo el espacio del centro derecha incluidos los votantes de Vox.

En el PP están convencidos de que esta actitud, comprensiva, negociadora y dialogante en la comunidad y exigente, drástica y radical en el ayuntamiento, no es casual. Creen que Vox ha tomado posición en la batalla interna dentro del partido porque creen que un Casado incapaz de doblegar a Ayuso desacredita los cantos de sirena con los que el líder conservador trata de recuperar a los votantes de la derecha extrema que un día lo fueron del PP.

Los conservadores han llegado a esta conclusión después de ver cómo Rocío Monasterio, la portavoz de Vox en la comunidad, ha aceptado apoyar el proyecto de presupuestos de Ayuso sin pedir casi nada a cambio más allá de encargar una auditoría sobre el funcionamiento de los centros de acogida de menores emigrantes no acompañados —una de las obsesiones de los ultras— y un compromiso genérico de reducir duplicidades de cargos y gasto supuestamente innecesario. Incluidos los llamados chiringuitos, sin mencionar cuáles. 

La derogación de las leyes de igualdad aprobadas para proteger a la comunidad LGTBi, que hace pocas semanas era una condición irrenunciable para aprobar los presupuestos de Madrid, ha desaparecido del mapa.

Por contra, el grupo municipal de Vox, liderado por Javier Ortega Smith, mantiene una actitud mucho más beligerante con el alcalde, que también es el portavoz nacional de Casado, e insiste en que no apoyará los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez-Almeida “falta a la palabra dada” y acepta las “políticas de izquierda”, argumenta su líder. El alcalde quiere “negociar los presupuestos en un despachito y empezar con el intercambio de cromos”, denuncia.

Negociar a puerta cerrada y pactar a cambio de determinadas medidas es precisamente lo que ha hecho su homóloga en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. Una actitud en las antípodas de lo que está haciendo Ortega Smith, lo que lleva a alcalde a sospechar que detrás hay algo más que diferencias políticas. 

El líder de Vox en la capital, asegura Almeida, ni siquiera se siente a negociar y no es capaz de aclarar el porqué. “Quien no lo quiere explicar en público es porque a lo mejor tiene un interés particular”.

El propio presidente de Vox, Santiago Abascal, siempre ha reconocido que su partido tiene “muchas más coincidencias” con la presidenta madrileña que con Casado y el equipo que dirige el PP desde la calle Génova. “Se aproxima mucho más en algunas cosas a lo que nosotros decimos”. Y esta misma semana recordaba en una entrevista que la política del PP en Madrid no tiene nada que ver con la que practica en Galicia o en Andalucía. 

Vox defiende desde hace tiempo que el PP de Casado y el PSOE son dos caras de la moneda que ellos han bautizado despectivamente como el “consenso progre”. Y han diseñado una estrategia destinada a desbaratar el plan de la calle Génova para crecer a su costa como ya han hecho absorbiendo los restos de Ciudadanos después de las elecciones autonómicas de Madrid. 

Y está funcionando. Las encuestas revelan la fortaleza de la ultraderecha en España y las dificultades que Casado está teniendo para recuperar el voto de los decepcionados con el PP. Vox lleva por encima del 15% de intención media de voto en las encuestas publicadas desde las últimas elecciones generales. Sólo estuvo por debajo de esa cifra cinco meses —entre abril y agosto de 2020—. En marzo pasado llegó a tocar el 17,5% y ahora resiste con comodidad muy cerca del 16%. El PP, en cambio, no logra alcanzar la barrera del 30% que el propio Casado se ha marcado para justificar un futuro gobierno monocolor con el apoyo externo de los ultras.

El Ejecutivo madrileño alcanza con la ultraderecha un acuerdo para la aprobación de los primeros presupuestos de la era Ayuso. El pacto alcanzado, firmado por el consejero de Hacienda, Javier Ferdnández Lasquetty, y la líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, incluye 13 medidas. "Una por cada uno de nuestros diputados", ha remarcado la dirigente del partido ultra en rueda de prensa. Entre ellas, la realización de una auditoría del dinero destinado a los centros de menores no acompañados, la fiscalización de "todas las subvenciones concedidas en los últimos cuatro años" y la gratuidad de la enseñanza en las etapas educativas no obligatorias –infantil de cero a tres años, Bachillerato y FP–.

“Nos comprometemos a rechazar todas las enmiendas totales y parciales de la izquierda”, ha dicho Monasterio. "Agradecemos la disposición de la Comunidad de Madrid. No cumple todas las expectativas, pero es satisfactorio", ha continuado la dirigente de la extrema derecha, quien ha querido dejar claro que mientras Vox exista la izquierda debe perder "toda la esperanza" de "entrar en Madrid". "Es un acuerdo importante, muy positivo", ha apuntado el consejero de Hacienda, que ha explicado el acuerdo desde la Asamblea de Madrid. Lo ha hecho una hora después de la intervención de Monasterio desde la sede nacional del partido. Por el momento, no ha habido foto conjunta entre las dos partes.

El pacto entre los dos grupos, cerrado el lunes y suscrito a primera hora de este martes, incluye una partida presupuestaria de 62,5 millones de euros para iniciar el "proceso de gratuidad" de las etapas educativas no obligatorias. "El Gobierno propone incrementar el importe de los cheques/bonos educativos y el número de beneficiarios de las mismas", reza el documento.

Los fondos puestos sobre la mesa son solo el punto de partida. Según se detalla en el acuerdo, en cada ejercicio el Ejecutivo madrileño se compromete a incrementar un 33% las ayudas y beneficiarios en el caso de la educación infantil, mientras que en el resto de etapas contempladas –Bachillerato y FP– la subida será del 25% anual. El coste total esperado de todo el proyecto se cifra en algo más de 200 millones de euros. "Se espera incrementar en 18.090 familias el número de beneficiarios actuales", señala el documento, en el que también se pone un límite de renta para el acceso fijado en la "media del PIB per cápita de la Comunidad de Madrid".

El pacto, en el que también se plasma el recorte del 10% en el presupuesto de Telemadrid –un acuerdo que realmente se alcanzó hace ya un par de meses–, incluye además incrementar en 9 millones de euros la financiación prevista para el programa Primera Vivienda, que busca favorecer la emancipación de los jóvenes menores de 35 años que carecen de ahorro para acceder a una casa. Además, en materia de vivienda, también se contempla un aumento del suelo público a disposición de la iniciativa público-privada para aumentar la oferta de vivienda de alquiler a precio asequible.

A nivel social, el documento contempla incrementar en un millón de euros el apoyo a las familias con miembros que padecen Trastornos del Especto Autista, meter cinco millones al Plan de Cuidados Paliativos y en otro millón de euros adicional "la dotación económica para entidades que apoyan a mujeres adolescentes embarazadas". Además, recoge el compromiso del Gobierno de Ayuso de agilizar los pagos a proveedores y de personarse en los "asuntos relacionados con la seguridad de los madrileños".

El Ejecutivo regional también se ha plegado a algunas de las exigencias más ideológicas de los ultras. Así, por ejemplo, el pacto contempla realizar a partir del próximo 1 de marzo una auditoría sobre los costes de los servicios y las subvenciones asociadas a los centros para menores extranjeros no acompañados. O fiscalizar todas las ayudas económicas concedidas durante los últimos cuatro años, sobre todo su "impacto" y los "resultados conseguidos". O llevar a cabo una reducción de la estructura y funcionamiento de la administración autonómica –gastos de promoción, de arrendamiento, fusión o supresión de órganos–,, con la que esperan ahorrar 10 millones de euros.

Pero no solo eso. "El Gobierno mantendrá el principio de igualdad en todas las convocatorias de ayudas o incentivos para el empleo, sin discriminación entre los potenciales perceptores. En aquellas convocatorias que obedezcan a requisitos o condiciones marcados por el Gobierno de la Nacional o la UE, como administraciones financiadoras, se estará a lo dispuesto en las respectivas normativas", recoge el documento. "Se respetará la igualdad de todos los madrileños. No se harán distinciones en las convocatorias por razones de raza, religión o sexo", ha sostenido al respecto Monasterio.

En total, para los presupuestos de 2022, el acuerdo contempla un desembolso extra de 78,75 millones. Una parte de ello se financiará con el ahorro que generan algunas de las medidas contempladas –17,4 millones de euros–. Los 61,3 millones de euros restantes irá "contra la partida de créditos centralizados, que se reserva para atender a las cuestiones que puedan ir surgiendo". "Ninguna partida de ninguna consejería bajará para poder financiar estas medidas", ha sentenciado el consejero de Hacienda.

“Coherencia interna de la contabilidad rendida: NO”. Insertada en el informe que sobre las elecciones autonómicas de mayo aprobó el jueves la Cámara de Cuentas de Madrid [puedes consultarlo pinchando aquí], esa escueta nota consagra y resume lo que el organismo fiscalizador ha detectado en Vox, uno de los seis partidos que cuando se celebraron los comicios tenían diputados en esa comunidad. Las cuentas electorales de la formación ultraderechista que a escala regional comanda Rocío Monasterio no cuadran.

Aunque menores en lo que respecta a las cuantías, el examen ha localizado “inconsistencias internas” que abren interrogantes. Porque, según fuentes conocedoras de la materia, la clave reside en la propia discordancia y no en la diferencia de importes que señalan distintos documentos de su contabilidad aportados por Vox en aplicación de la ley. En las anteriores autonómicas, las de 2019, la Cámara no halló ninguna anomalía. En estas, el único gasto legalmente prohibido al que se refiere el informe es uno de Vox, también de cuantía muy reducida: 325 euros por la emisión de cuñas de radio previa al inicio oficial de la campaña.

El apartado del informe donde se analizan las "inconsistencias internas" de Vox desgrana los casos a que se refieren. Un ejemplo: “La cuenta de acreedores varios en Balance presenta un saldo de 672,72 euros, y en el Libro Mayor presenta un saldo de 29.372,40 euros”. Es decir, la cifra de lo adeudado por Vox a distintos acreedores por sus actividades en la campaña autonómica de Madrid se balancea en 28.699,68 euros, según el papel que se consulte.

Otro ejemplo:  la llamada cuenta de cuentas corrientes no bancarias del balance “presenta un saldo de 1.813.000 euros”, mientras que el desglose de Aportaciones del partido “muestra un total de 1.824.306 euros”. Y esa diferencia se desglosa a su vez en dos partidas que la Cámara de Cuentas detalla así: “En el extracto bancario no se registra un importe de 1.000 €, correspondiente a 2 ingresos de 500€ en concepto de “Recarga Pidal Reg. 5414-9614”, que sí se incluyen en la cuenta 580 de Tesorería, así como en la cuenta 554 de Cuentas corrientes no bancarias y en el Balance”. A renglón seguido, el informe añade lo siguiente: “Aunque en alegaciones se afirma que el origen de estos movimientos en contabilidad que no tienen reflejo en el extracto bancario se encuentra en la recarga de una tarjeta virtual, realizada erróneamente por el Banco desde una cuenta corriente no electoral, lo cierto es que no se ha acreditado documentalmente la recarga en la cuenta no electoral de titularidad del Partido, lo que hubiera fundamentado su consideración como aportación del mismo”.

Otro importe, de 12.306 €, registrado en el extracto bancario sin que conste su procedencia, ausente en la cifra de Balance y en la cuenta contable 554, de Cuenta corriente electoral, sí está presente en la cuenta 580 de Tesorería, como “devolución pago anticipo”, y declarado como aportación del partido en un desglose de aportaciones facilitado al margen de la propia contabilidad” .

El informe detalla que los "gastos electorales ordinarios justificados" ascienden a 1.339.171,65 euros. "Se financiarán con la correspondiente subvención de la Comunidad de Madrid, por importe de 596.492,37 €, con las donaciones privadas por importe de 20.000 €, y el resto, 722.679,20 € con las aportaciones del Partido". Los gastos por envío de propaganda electoral –474.184,49 euros–, se financian "en su totalidad con la subvención" específica para esa tarea.

Este martes, infoLibre pidió a los portavoces de Vox Madrid su versión sobre lo sucedido y sobre el porqué de las "inconsistencias internas". No hubo respuesta.

El dictamen de la Cámara de Cuentas madrileña no exige explicaciones adicionales por parte de Vox. Pero el partido de Santiago Abascal tal vez deba ofrecer nuevos datos si prospera en el Congreso una iniciativa registrada por el PSOE el 8 de septiembre aunque salió a la luz la semana pasada: la que propone que se encomiende al Tribunal de Cuentas “una fiscalización de la contabilidad” de Vox en 2018 y 2019, “con especial atención a los hechos recogidos en la petición remitida al tribunal en julio de 2020 por la Fiscalía de Valencia”.

La petición mencionada por los socialistas fue la que el ministerio público cursó al órgano fiscalizador estatal tras dar carpetazo a la denuncia con que una exmilitante valenciana de Vox había alertado de la supuesta existencia de una caja B en su comunidad. Tanto la interposición de la denuncia como el carpetazo a la investigación por la Fiscalía provincial de Valencia se produjeron en el lapso de 13 días. Lo que hizo el ministerio público, que no vio indicios de delito, fue derivar el asunto al Tribunal de Cuentas: por si lo que se desprendía del relato de la denunciante podía implicar que Vox hubiese infringido la Ley de Financiación de Partidos.

Pero, como publicó este medio el pasado mes de junio, el Tribunal de Cuentas guardó el escrito de la Fiscalía en un cajón. El órgano fiscalizador, adujeron sus portavoces a preguntas de este periódico, solo investiga lo que "de oficio" considera prioritario o lo que solicitan las Cortes o Parlamentos autonómicos. Y "así se ha procedido –se leía en la respuesta oficial– en relación con el escrito enviado al Tribunal de Cuentas por parte de la Fiscalía de Valencia". Este lunes, y tras el pacto político del Gobierno con el PP para desbloquear órganos constitucionales, la progresista Enriqueta Chicano -propuesta por el PSOE- relevó en la presidencia del  Tribunal de Cuentas a la conservadora María José de la Fuente. Aupada por el PP, De la Fuente entró como vocal del TCU en 2012. Y en 2018 fue elegida presidenta.

Si la denuncia de Valencia se estrelló contra la Fiscalía levantina, lo mismo pero en sentido inverso sucedió luego con la presentada por un pequeño partido que observa a Vox con lupa: Alianza Cívica. El 13 de mayo, Alianza presentó una amplia denuncia contra Vox también por la supuesta infracción de la normativa legal sobre financiación política. El 3 de junio se supo que Cuentas había rebotado la denuncia a la Fiscalía madrileña. Y el 18 de octubre trascendió que el ministerio público había vuelto a dar carpetazo. Lo que adujo ahora la Fiscalía fue muy parecido al argumento que esgrimió en Valencia: que la pretensión de imputar a Vox hechos aparecidos “en su mayoría” en informaciones periodísticas resultaba "excesivamente vaga, abstracta, amplia, indiscriminada, y carente de precisión mínima e individualización necesaria respecto a la conducta presuntamente realizada".

Este martes, fuentes de Alianza Cívica aseguraron lo que cabría condensar así: que no han tirado la toalla frente a Abascal y su equipo. “VOX y sus irregularidades fiscales tendrán la preceptiva querella en el momento oportuno”, anuncian sus portavoces. Con un discurso que interpreta la iniciativa parlamentaria del PSOE como una decisión que bebe de la denuncia de mayo, los portavoces de Alianza Cívica no se detienen ahí: “En nuestro ánimo por sacar toda la putrefacción de la clase política que ensucia nuestras instituciones vamos a dar traslado a todos los grupos parlamentarios que lo deseen del dossier completo de pruebas y testificales recabadas aportados en nuestra denuncia y algunas más que están siendo objeto de estudio”.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha avanzado que tienen ya casi cerrado un acuerdo con el PP sobre Radio Televisión Madrid (RTVM) que incluiría rebajar un 10% de su presupuesto, para, de esta forma, dar su apoyo este jueves a la ratificación del nuevo administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez.

"Nos quedan muchas horas para negociar, pero estos días hemos ido negociando la reducción de presupuesto, mecanismos que garanticen la transparencia de las productoras externas y la garantía de libertad y neutralidad de los que trabajan en Telemadrid", ha señalado Monasterio en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional antes de la celebración del Pleno de la Asamblea, ha recogido Europa Press.

Según ha explicado, el PP "ha ido cediendo" en estas tres líneas y "parece" que van a poder llegar a un acuerdo "en unos minutos" para dar su apoyo a José Antonio Sánchez en la votación de este jueves. Así, han acordado de reducir un 10% el presupuesto de la cadena pública con respecto al año pasado y que se vayan incluyendo todas las aportaciones de los fondos de contingencia.

Además, han accedido a que se publiquen contratos de forma mensual y las actas de titularidad de las productoras que se contratan y las subcontratas, así como garantizar la neutralidad y no injerencia de los políticos en las televisiones públicas.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid no recurrirá la inadmision a trámite de la querella presentada contra la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, por un delito de falsedad documental en relación a un visado del Colegio Oficial de Aparejadores, ha informado Europa Press.

El pasado 25 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó tumbar la querella al considerar que se estaba ante "una falsedad burda y grosera", lo que no privaba del soporte material de toda posibilidad de producir un efecto jurídico.

La querella se interpuso por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en el marco de la investigación abierta a raíz de dos denuncias cursadas contra la portavoz de Vox por presunta falsedad documental y estafa.

El fiscal entiende, a pesar de que el TSJM reconocía la existencia de alteraciones en el visado del Colegio de Aparejadores para los planos de reforma de un loft, "el criterio de los jueces sobre que este hecho no encaja en el tipo penal de falsedad documental".

La Fiscalía sostenía que Monasterio incluyó en dos ocasiones en los planos que presentó ante el Ayuntamiento de Madrid para la obtención de una licencia de obras en un inmueble, "una fotocopia en blanco y negro del sello visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid de un primer proyecto en ese mismo inmueble del año 2005", en vez de los preceptivos sellos visados que requiere cada nuevo proyecto.

Lo hizo, según el fiscal, "con la intención de darle a los planos la apariencia de estar debidamente visados, una utilización fraudulenta", que constituía, a su juicio, un delito de falsedad en documento público.

Sin embargo, los magistrados discreparon del criterio de la Fiscalía y afirmaban en su resolución que para que exista falsedad material "es requisito nuclear que la alteración de la verdad tenga un mínimo considerable de apariencia, una entidad suficiente que sea capaz de inducir a error".

Para los magistrados, en este caso se está ante "una falsedad burda o grosera", que precisamente por ello priva al soporte material de toda posibilidad de producir un efecto jurídico.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la querella presentada por la Fiscalía de Madrid contra la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en un visado del Colegio de Aparejadores.

En un auto del pasado 25 de junio, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal inadmiten a tramite la querella "al no reunir los hechos relatados los caracteres del delito de falsedad documentalla querella atribuido a la querellada".

La querella se interpuso por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en el marco de la investigación abierta a raíz de dos denuncias cursadas contra la portavoz de Vox en la Asamblea por presunta falsedad documental y estafa.falsedad documental y estafa

La Fiscalía sostenía en su querella que Monasterio incluyó en dos ocasiones en los planos que presentó ante el Ayuntamiento de Madrid para la obtención de una licencia de obras en un inmueble, "una fotocopia en blanco y negro del sello visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid de un primer proyecto en ese mismo inmueble del año 2005", en vez de los preceptivos sellos visados que requiere cada nuevo proyecto.

Lo hizo, según el fiscal, "con la intención de darle a los planos la apariencia de estar debidamente visados, una utilización fraudulenta", que constituía, a su juicio, un delito de falsedad en documento públicodelito de falsedad.

Sin embargo, los magistrados discrepan del criterio de la Fiscalía y sostienen en su resolución, ante la que cabe recurso de súplica, que para que exista falsedad material "es requisito nuclear que la alteración de la verdad tenga un mínimo considerable de apariencia, una entidad suficiente que sea capaz de inducir a error".

Para los magistrados, en este caso se está ante "una falsedad burda o grosera", que precisamente por ello priva al soporte material de toda posibilidad de producir un efecto jurídico.

La introducción de una reproducción gráfica de un visado del Colegio de Aparejadores de 2005 en planos de un proyecto "corregido" posterior que se presenta en 2016, "de forma tan burda y perceptible a simple vista sin necesidad de pericia, que resulta incapaz de inducir a error alguno sobre la autenticidad a ninguna persona en general y mucho menos a técnicos del departamento urbanístico que hubiese de validarla, conducen sin género de duda, a la conclusión de que la tosca operación de inserción del visado en los planos o documentos integrantes del expediente urbanístico mediante estampación por fotocopia en blanco y negro, no podría en modo alguno surtir efecto como auténtico y debido visado", señala el auto.

De este modo, concluyen que "es difícil comprender, a la vista de la palmaria inidoneidad de la estampación de la imagen del visado, qué pretensión pudo albergar quien llevase a cabo esta operación, pero lo cierto es que, desde el punto de vista penal, a los efectos de la consideración de los hechos en relación con el delito de falsedad, la tosquedad del proceder no permite afirmar la entidad penal de los hechos". "No resulta concebible que la inserción fotocopiada y de escasa calidad del visado de 2005 en los planos que se aportan en 2016 pudiese generar apariencia alguna de autenticidad", agrega la Sala.