Dubai Unlocked descubrió a decenas de delincuentes convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos de todo el mundo que residen en el emirato tras haber adquirido allí, sin ningún tipo de traba, carísimas propiedades. Entre ellos hay algunos españoles con cuentas judiciales pendientes. Los documentos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, que han servido de base para la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y del periódico financiero noruego E24, han permitido ahora localizar a otro ciudadano español bajo investigación judicial.

El empresario murciano Antonio José Boluda Sánchez puso en 2021 en concurso de acreedores Natural Mining Resources 1926 SL (NMR), una empresa que, tras convertirse en sólo dos años en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón, desapareció dejando un reguero de deudas de 190 millones de euros. En estos momentos, Boluda, oculto tras un vasto entramado societario que se extiende de Costa Rica a Dubái y la India, ha acumulado media docena de demandas en juzgados de Madrid y Asturias. Se le acusa de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. También se le atribuyen otros dos delitos, relacionados con el propio concurso, de estafa procesal y falsedad en documento mercantil. La Agencia Tributaria le imputa siete delitos contra la Hacienda Pública. Y cinco de sus clientes internacionales –dos empresas marroquíes, dos suizas y una búlgara– han acudido a tribunales de arbitraje en Suiza y Londres para cobrar.

Además, en 2020 y 2021 recibió 6,6 millones de euros públicos, en ocho avales del ICO para paliar los efectos del covid-19, según se puede comprobar en la base nacional de datos de subvenciones.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo, que ha acumulado los procedimientos del resto de los juzgados, recibió un informe de la Guardia Civil en la que se detallan las escuchas telefónicas practicadas a Boluda, a David Rodríguez Menéndez, quien figuraba como administrador único de MNR y fue su rostro visible en el tiempo en que operó en El Musel, así como a otros implicados. Los agentes elaboraron 16 oficios policiales entre julio de 2021 y octubre de 2022, de los que se desprende que ambos ocultaron información económica sensible a los auditores y presentaron a los acreedores datos financieros inexactos ya desde el preconcurso. También aseguran que ambos intentaron hacer perdurar las estructuras societarias y mantener el acceso a la financiación bancaria para su lucro personal, no para conseguir la viabilidad de la empresa. “Descapitalizaron” NMR “en su beneficio particular”, recalcan los investigadores en el informe, al que ha tenido acceso infoLibre.

Según los documentos inmobiliarios a los que ha tenido acceso infoLibre, una de las sociedades creadas por Antonio José Boluda, Obsidian Mining & Steel DMCC, consta como propietaria en 2022 de un apartamento de 307 metros cuadrados y tres habitaciones en The Royal Atlantis Resort & Residences, el edificio más vanguardista y lujoso de Dubái. El precio de la operación, firmada en mayo de ese año, fue de 4,5 millones de euros. Pero, dos años después, en los portales inmobiliarios del emirato se ofrecen apartamentos del mismo tamaño en The Royal Atlantis por el doble de esa cantidad.

Obsidian Mining & Steel DMCC fue registrada en abril de 2017 en el Dubai Multi Commodities Center, una de las Zonas Libres del emirato, donde no se pagan impuestos sobre la renta o los beneficios, no hay restricciones de ningún tipo para repatriar capitales y donde se permite a los extranjeros poseer el 100% de las sociedades. Ahora se llama Anchorage International DMCC. Como administrador figura Ahmed Salah Abdelshafy Mohamed Derbala, el mismo que aparece como responsable de Al Daksyd Metallurgies. Esta es una de las múltiples sociedades dubaitíes cuya propiedad atribuye la Guardia Civil a Antonio José Boluda.

En el emirato, Antonio José Boluda tiene o ha tenido registradas al menos media docena de sociedades, según puede comprobarse en los diferentes registros comerciales del emirato. Varias de ellas remiten al supuesto DSA Group suizo con el que NMR se presentó en Asturias para hacerse con las operaciones de carbón en El Musel y después para comprar la fábrica de amortiguadores Vauste: DSA Resources DMCC, DSA Enterprises DMCC y DSA Group DMCC. También figura como administrador de DSA Resources India Private Limited en Nueva Delhi. Según los registros comerciales españoles, DSA Resources DMCC era la propietaria de Graham Automotive SL y Graham Magnesium SL, que fueron utilizadas por Antonio José Boluda para comprar Vauste en noviembre de 2019. Sólo siete meses después de adquirirla, Vauste entró en concurso de acreedores, su plantilla terminó cobrando del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y entró en liquidación en julio de 2021.

Otras sociedades dubaitíes en las que Boluda figura como administrador son Origin Resources, que aparece con la misma dirección dubaití que Obsidian Mining & Steel, y The Khan Resources FZE.

infoLibre ha preguntado a Antonio José Boluda por el apartamento de Dubái, así como por su residencia fiscal y el estado actual de las demandas legales interpuestas contra él. A través de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada de Proton Mail, el empresario asegura que “cesó en sus funciones como director de Obsidian Mining & Steel en 2021”, y que se ha “desvinculado” de ella para dedicarse “a otras actividades del sector energético”. Dice que la vivienda nunca ha sido de su propiedad, sino de Obsidian Mining & Steel, de la que indica que es una “empresa con capital y socios emiratíes”.

Sin embargo, en los registros de Cedar Rose, una empresa de inteligencia empresarial especializada en Emiratos Árabes Unidos, Antonio José Boluda figura como administrador de Obsidian Mining & Steel al menos desde enero de 2022, cuatro meses antes de que adquiriera el apartamento en The Royal Atlantis. Desde julio de 2023 aparece también otro administrador, Rawda Hashem Abdulnoor Alajmani. Además, la dirección IP de Anchorage International, el nombre actual de Obsidian, es actualmente la misma que la de otras sociedades como Terranova Commodities, creada en noviembre de 2022 y con dirección en la misma oficina del centro empresarial de La Finca donde Boluda ha domiciliado buena parte de su enorme entramado societario. O como Mercurio Continental Limited, registrada en Londres en enero de 2022 y en la que Antonio José Boluda figura como director y socio mayoritario.

Pero hay otros datos que ligan al empresario murciano con Obsidian Mining & Steel más allá de 2021, cuando dice que cesó como director, y con el apartamento de Dubái. Según los documentos de Dubai Unlocked, el correo electrónico que Obsidian Mining & Steel facilitó en 2022 a una web inmobiliaria del emirato es uno de B26 Group, la marca comercial de NMR. Y la dirección de contacto que aún hoy figura en la página web de B26 Group es la misma del centro empresarial de La Finca donde Boluda tiene domiciliadas buena parte de sus sociedades.

Un indicio más aparece en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, que se prolongaron hasta octubre de 2022 cuando, a tenor de la respuesta del empresario murciano, ya se había “desvinculado” de Obsidian Mining & Steel. En una grabación de septiembre de ese año, Boluda y el entonces director financiero de NMR, Pedro Hernández Hoffman, hablan de Obsidian como si aún estuviera bajo su control. De hecho, se refieren a una propuesta de David Rodríguez Menéndez para repartirse las empresas: Boluda se queda con DKTK Energy y él con NMR, S & M Explotaciones Mineras y White Clay. Boluda rechaza enérgicamente la oferta y el director financiero habla de “darle DKTK Energy [otra empresa del grupo, propietaria de dos hipotecas sobre terrenos de Vauste] a Obsidian” [...] “pues el dinero de Vauste te lo vas a quedar tú [Boluda]”. “David firmó lo de Obsidian”, afirma Boluda, quien se niega a “regalar NMR” a su exsocio.

La Guardia Civil destaca en su informe que Antonio Boluda llegó a presumir en otra conversación de que tenía “60 millones en Dubái” e incluso de que estaba “en trámites de instaurar otra red de empresas destinada a reintroducir ese capital en España”. Los agentes también ponen en duda la existencia de los “supuestos dubaitíes” cuyas reclamaciones esgrimía una y otra vez el empresario murciano ante sus interlocutores. La Guardia Civil considera “curioso” que los mencione como acreedores cuando el propio Boluda actuaba como representante de la empresa dubaití en otras operaciones.

En las grabaciones realizadas por los agentes, Boluda reconoce que fue precisamente la ampliación de capital de NMR –en realidad, dos en un periodo de sólo seis meses entre 2019 y 2020– de 5,3 a 24,77 millones, lo que alertó a la Agencia Tributaria: la había suscrito otra de sus sociedades dubaitíes, RB Commodities.

Es más, el informe también revela que Boluda y Rodríguez Menéndez utilizaban testaferros. En concreto, la Guardia Civil ve indicios de blanqueo en algunas de las operaciones pergeñadas por ambos, a través de bienes que tenían “titulados en España mediante hombres de paja o directamente en el extranjero”.

La trabajada red societaria urdida por Antonio José Boluda se completa con compañías registradas en Chipre, Reino Unido y Costa Rica. La propiedad y la administración de muchas de ellas las comparte el empresario murciano con su mujer, Bianca de Vlas, e incluso con una de sus hijas, Kelly Boluda de Vlas, quien participó en 2002 en el concurso de talentos Popstars-Todo por un sueño, de Telecinco. Entre las decenas de sociedades que el matrimonio ha ido registrando –y cambiando de nombre a lo largo de los años– la mayoría comparten dos domicilios sociales. Como queda dicho, uno de ellos se ubica en el centro empresarial de La Finca, la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde acostumbran a residir, por ejemplo, los jugadores del Real Madrid, entre otros millonarios.

Pero el currículo de Boluda va más allá del interminable listado de sociedades que ha registrado en España y en otros dos continentes. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a él y a su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravado por la cuantía, los 3,3 millones de euros que habían robado a Banesto cuatro años antes utilizando otras dos sociedades: Alania Continental Group SL y Megacorp Metal SL. Firmaron con el banco un contrato Banesnet, por el que la entidad adelantaba las cuantías de los recibos emitidos por Alania Continental pese a que no obedecían a ”actividad empresarial alguna”. Por el contrario, dice la sentencia, la intención del matrimonio era “enriquecerse ilícitamente” tras no devolver el importe de los últimos 71 recibos. Boluda y su mujer aceptaron de conformidad la pena solicitada por el fiscal después de reintegrar el dinero al banco.

También falló en su contra la Audiencia Nacional en 2015, cuando dio la razón al Tribunal Económico Administrativo Central y a la Agencia Tributaria, que habían destapado otra operativa ilegal con dos nuevas sociedades, AB Worldwide Corporation SL y Multidynamic Corporation SL. Boluda, dice el tribunal, utilizaba la primera “para vaciar” a la segunda de su responsabilidad patrimonial por las deudas que había contraído. Multidynamic vendió inmuebles a AB Worldwide, por precio inferior al de mercado, para ocultarlos e impedir que fueran embargados por Hacienda. Ambas sociedades eran administradas por Boluda e incluso compartían domicilio social. Esa dirección, así como la propia vivienda de Antonio José Boluda y la de David Rodríguez Menéndez, fueron registradas cuando los dos socios y sus esposas fueron detenidos por la policía años después, en octubre de 2022.

Con estos antecedentes, Natural Mining Resources 1926 SL (NMR) irrumpió en 2018 en Asturias prometiendo millones en inversiones y 3.000 empleos. Sólo un par de años después se había convertido en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón. Pese a actuar en un sector tocado de muerte por las cada vez mayores exigencias medioambientales a la industria, en plena fase de descarbonización, NMR presumía en su web de una cifra de negocio de 139,1 millones de euros y 6,1 millones de beneficios en 2019 y de haber ingresado aún más en 2020: 295 millones, que le permitieron ganar nada menos que 46,6 millones de euros durante la pandemia.

Mientras, había comprado una empresa en estado de derribo, Vauste Spain, la fábrica asturiana de amortiguadores y componentes para el automóvil que antes se llamó Tenneco y antes aún Monroe. También había comenzado a explotar dos minas, una de antracita en Pilotuerto, y otra de arcilla en La Espina. La televisión pública asturiana, RTPA, le dedicaba reportajes resaltando sus logros. NMR, fundada sólo unos meses antes de pisar el puerto del Musel, incluso se convirtió en el patrocinador del Real Oviedo en agosto de 2020. Por medio millón de euros, los jugadores carbayones lucieron durante un año las siglas de la empresa en sus camisetas y el estadio pasó a llamarse NMR Carlos Tartiere.

Pero la historia de éxito comenzó a desinflarse enseguida. En junio de 2020, Vauste había entrado en concurso de acreedores y despedido a la mitad de sus trabajadores. Antes de acabar el año, NMR dejó de pagar a su escasa plantilla y a algunos proveedores.

En abril de 2021 NMR solicitó el preconcurso de acreedores y en noviembre, el concurso, con una deuda de 101 millones de euros. La aparición de nuevos acreedores la ha terminado elevando, tres años después, a 190 millones. Una buena parte de esa deuda, 50 millones de euros, son impagos a NMR de otras empresas de Boluda.

Detrás de Natural Mining Resources 1926 SL estaba Antonio José Boluda Sánchez, pero la cara visible de la empresa en Asturias era David Rodríguez Menéndez que, según publicó en su día la prensa local, había pasado de vigilante de seguridad en una mina a primer ejecutivo de la empresa de Boluda. También ha figurado como administrador y socio de un puñado de las sociedades de lo que podría llamarse grupo NMR: NMR Bunkering, NMR Minerals y NMR Maritime Services. Aunque la lista incluye unas cuantas más: NMR White Clay, NMR Energy 1977, NMR Steel & Solid Fuels, NMR Bulk Terminal…

Nacho Fuster, secretario general de Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y miembro del comité de empresa de Vauste, recuerda la visita de David Rodríguez y de Antonio José Boluda cuando el fondo alemán Quantum Partners les vendió la fábrica, en 2019. Antonio José Boluda era quien mandaba. Pidió expresamente reunirse con Fuster y le anunció que iba a ser necesario “reestructurar” la plantilla. En cambio, opina el sindicalista, Rodríguez Menéndez era un “xateru”, como se adjetiva en bable a una persona limitada en cuanto a palabra, forma y modales. “Entonces estaba aprendiendo inglés”, se sonríe Nacho Fuster.

En cualquier caso, el asturiano sigue apareciendo como administrador –y es el socio único desde octubre de 2023– de Natural Mining Resources 1926 SL, la operadora de carbón del Musel, sólo que desde el pasado febrero se llama Special Anthracites SL. Ahora se dedica únicamente a vender el carbón de la mina de Pilotuerto, situada en el concejo asturiano de Tineo. Tiene una página web, íntegramente en inglés, en la que se presenta como la única mina de antracita de Europa y presume sin rubor de etiquetas medioambientales: “Green Today, Sustainable Tomorrow” [Verde hoy, Sostenible mañana]. Ni David Rodríguez ni los responsables de la empresa han atendido a la solicitud de contacto de infoLibre.

La mina de Pilotuerto era explotada por otra sociedad de Boluda, S& M Explotaciones Mineras, que también solicitó el concurso de acreedores, en julio de 2022. Su único socio es Río Blanco Limited, domiciliada en Chipre. La Guardia Civil también la vincula con el murciano a través de la dubaití RB Commodities. El propietario de la mina era el conocido empresario leonés Victorino Alonso, que se la arrendó a NMR y pasó a engrosar la lista de acreedores del concurso con una deuda de 820.000 euros porque no se le abonaba el alquiler. Special Anthracites SL la explota ahora en calidad de propietario.

La ristra de impagos de NMR es larguísima. A Hacienda por el impuesto de sociedades, a la Autoridad Portuaria de Gijón, a las empresas estibadoras del puerto, incluso al Real Oviedo, que no recibió el medio millón comprometido por el patrocinio. Endesa Generación la demandó en 2021 por una venta de carbón excedente de sus centrales térmicas, en proceso de cierre. La empresa de Boluda no pagó la mercancía y la eléctrica lo acusó de estafa. La Fiscalía llegó a pedir cinco años de cárcel para los responsables de la empresa del Musel. Un portavoz de Endesa explica a infoLibre que el procedimiento fue archivado en 2023 porque el juez no consideró acreditada la falsedad documental y la estafa. Pero la compañía energética sigue personada en el concurso de acreedores.

En teoría, NMR había dado con una fórmula aparentemente lucrativa: importaba carbón ruso o kajazo, por ejemplo, que luego mezclaba con otro que se extraía de minas asturianas y con el excedente de las centrales térmicas que se estaban cerrando. Luego lo exportaba a centrales térmicas de Marruecos. Pero la mezcla de carbón de buena calidad con residuos de lavadero, que tienen más cenizas y menos poder calorífico, es más barata y sólo resulta rentable si la bajada de precio se compensa con un aumento del volumen de venta, explica a infoLibre el profesor de la Universidad de León José Camino Llerandi.

El resultado quedó lejos de ser el esperado. Dos empresas marroquíes, Safi Energy Company (Safiec) y la compañía pública de electricidad y agua ONEE no recibieron los cargamentos de carbón contratados con NMR y reclamaron indemnizaciones de 49,8 y 18 millones de euros, respectivamente. Tanto ellas como las empresas suizas MIR Trade AG y Telf AG, dos comercializadoras internacionales de materias primas, las que traían el carbón de Rusia y Kazajstán, tuvieron que acudir al Centro Suizo de Arbitraje y a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres para reclamar indemnizaciones a NMR por incumplimiento de contrato. Todos los laudos han sido favorables a las empresas suizas y marroquíes, y reconocidos por el juzgado español donde se dirimen las causas contra la empresa de Boluda.

El comercializador de carbón suizo Kaproben y el búlgaro Stone Sales CZ Ltd también presentaron en 2021 demandas contra NMR en sendos juzgados de Pozuelo de Alarcón: la primera por apropiación indebida y la segunda por estafa. Telf AG, que ya en su día llevó a NMR a los tribunales, acaba de interponer otra demanda contra la empresa pública EBHI (European Bulk Handling Installation), que gestiona la terminal de descarga de graneles del puerto de Gijón, y contra la consignataria Marítima del Principado. Telf AG intenta así recuperar las 160.000 toneladas de carbón –10 millones de euros– que vendió a NMR, pero que está nunca pagó y que desaparecieron de El Musel mientras supuestamente estaban en depósito de EBHI. La compañía suiza acusa a la sociedad pública de apropiación indebida y estafa, según adelantó el periódico Público. En concreto, responsabiliza a su directora general y al director de operaciones de EBHI.

Para los trabajadores de Vauste, la justicia no ha llegado a tiempo. El concurso de acreedores fue declarado culpable en octubre de 2023, cuando la empresa llevaba liquidada más de dos años. El pasado septiembre, un juzgado de lo Mercantil de Gijón adjudicó a un supermercado mayorista las parcelas donde se levanta la antigua fábrica de amortiguadores. Supercash ofreció 3,6 millones de euros por los 10.900 metros cuadrados de terreno. Las fincas estaban hipotecadas a favor de otra de las sociedades de Boluda y su esposa, NMR 1977 –luego DKTK Energy–, que había concedido a Vauste un préstamo de 2,25 millones de euros. Es decir, el empresario era al mismo tiempo prestamista y prestatario.

A día de hoy, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid sigue tramitando el concurso de acreedores de NMR como voluntario. La propuesta inicial de convenio fue rechazada por el juez, que está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso contra esa decisión presentada por NMR, según indica a infoLibre el administrador concursal, AC Ius Aequitas Administradores Concursales.

De Antonio José Boluda ya no queda apenas rastro en Gijón. Aunque Nacho Fuster aún recuerda las protestas de los vecinos por el ruido del helicóptero negro que solían utilizar tanto Boluda como David Rodríguez y que hacían aterrizar cerca de El Musel. O los enormes rusos que una vez le flanquearon la entrada en la caseta de obras que luego se convertiría en 336 metros cuadrados de oficinas, cuya propiedad ha revertido a la Autoridad Portuaria.

Los NarcoFiles, los más de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía de la Nación de Colombia analizados por 40 medios de comunicación, infoLibre y Narcodiario en España, describen con precisión el nuevo panorama del crimen organizado en todo el mundo. La filtración sitúa a España como lugar de encuentro de toda clase de mafias internacionales de la droga, pero también como puerta de entrada de los flujos de droga procedentes de Sudamérica y como incipiente zona de producción, con laboratorios de cocaína y grandes plantaciones de cannabis.

En cuanto a las entradas, además de las muy conocidas que emplean los narcotransportistas gallegos –veleros, lanchas rápidas, pesqueros o narcosubmarinos–, los NarcoFiles desvelan con todo lujo de detalles el camino que recorren los grandes alijos entre cargamentos lícitos de bananas, con origen en los puertos de la región de Urabá –el principal, el de Turbo–, dominada con puño de hierro por el denominado clan del Golfo, y destino en distintos países europeos. Así lo han revelado los medios IrpiMedia, de Italia, y Vorágine, de Colombia, asociados a OCCRP, el consorcio internacional de periodistas que, junto al Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), ha coordinado la mayor investigación periodística conjunta sobre el crimen organizado realizada hasta la fecha.

“Los desembarcaderos fluviales de Zungo y Nueva Colonia forman parte del puerto de Turbo, y son administrados íntegramente por Banacol y otra empresa bananera. En los embarcaderos hay almacenes con cajas de plátanos listas para ser cargadas, y justo detrás de los embarcaderos, las plantaciones. Y son puertos fáciles de usar para quienes ya se han infiltrado en la cadena de suministro del cultivo del banano. Desde allí los contenedores son llevados en barcazas a altamar y allí son izados a los portacontenedores que esperan en el puerto”, explica a IrpiMedia una fuente policial que investiga desde hace años el tráfico de drogas en Urabá. Los NarcoFiles apuntan a Banacol como financiadora de actividades paramilitares, cuyos antiguos miembros dominan hoy la producción de cocaína.

La empresa, que dice ser “víctima del flagelo del narcotráfico como lo son todas las empresas exportadoras”, niega haber sido “investigada por ninguna autoridad judicial nacional ni internacional sobre delitos relacionados con narcotráfico” y asegura que “nunca ha sido cuestionada judicialmente por las autoridades nacionales por acusaciones relacionadas con supuestos pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), toda vez que se ha demostrado que nunca lo ha hecho” [ver aquí la explicación completa de Banacol].

En cuanto a los dueños de la mercancía, Los Urabeños, ahora conocidos como el clan del Golfo, tienen desde hace años oficinas en España. En su día fueron descubiertos en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y, desde luego, mantienen posiciones fijas en Madrid. La banana es el principal producto de exportación de Colombia, debe salir rápido de los puertos y, por tanto, es un escondite perfecto para la cocaína que, ya no sólo viaja hacia Galicia, Valencia, Barcelona o Algeciras, en España, sino también hacia Róterdam, Amberes y Gioia Tauro, el gran puerto italiano.

Una antigua alianza entre mafiosos calabreses y sicilianos y colombianos, en la que ahora también participan los balcánicos, sigue muy vigente, con tratos directos en Sudamérica para los grandes envíos. A la provincia de Pontevedra, la cocaína llega desde Turbo desde hace décadas, pero no hay que retroceder demasiado en el tiempo para hallar elementos de prueba.

En 2019, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolló la fase de explotación de la operación Cetil, destacada por Europol como la más importante del año en todo el continente. Fueron decomisados unos 6.000 kilos del clan del Golfo que salieron del puerto de Urabá y llegaron a distintos puntos: gran parte al puerto de Marín (Pontevedra), pero también a Valencia y a Países Bajos. Todo ello entre bananas. Para el rescate de estos cargamentos, sin embargo, no había gallegos, ni siquiera balcánicos. Eran marroquíes-holandeses, probablemente integrantes de la Mocro Mafia, la organización liderada desde prisión por Ridouan Taghi, el hombre que, según las autoridades, encargó el asesinato en plena calle del periodista Peter R. de Vries y mantiene amenazados al ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, y a la familia real holandesa.

Turbo también era el origen de los 7.200 kilos de cocaína incautados entre bananas este mismo 2023 en operativos conjuntos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de Colombia, en el puerto de Vigo, pero especialmente en el de Algeciras (Cádiz). Una organización histórica del Campo de Gibraltar tenía los contactos precisos en el Urabá antioqueño para recibir la mercancía. Su cabecilla, Damián R., sigue prófugo a pesar de los esfuerzos de las autoridades en España. Se le considera el enlace en la Península para hacer negocios con los colombianos en esta ruta.

Las seis terminales portuarias de Guayaquil (Ecuador), muy cerca de Colombia, son la segunda gran lanzadera mundial de cocaína. La sustancia llega a la ciudad del Pacífico por carretera desde los laboratorios del lado colombiano y parte en portacontenedores en dirección a Algeciras y Galicia, según explicó a Narcodiario el director antinarcóticos de Ecuador, Pablo Ramírez. El puerto de Valencia y los de Róterdam y Amberes, además de Gioia Tauro, en Italia, Le Havre, en Francia, y Hamburgo, en Alemania, también reciben alijos entre bananas.

“Estamos geográficamente ubicados entre dos países productores, por un lado está Colombia y por otro está Perú. De acuerdo con el último informe de la UNODC, el primer país es productor de 1.400 toneladas y el otro de 869, y, dentro de este ámbito, Ecuador no es productor, pero sí un país de acopio de forma previa al envío al exterior”. detalla Ramírez. “Tenemos debilidades, como son el ámbito marítimo y aéreo. El Estado está trabajando a través de varias estrategias, sobre todo tecnológicas, para detectar las embarcaciones y las aeronaves. Hemos establecido y fortalecido las inspecciones no intrusivas [en los contenedores]. Los seis puertos importantes de exportación están dotados de escáneres para ir avanzando en la inspección del 40%, 50%, 60% de los contenedores, con el objetivo de llegar al 100%”, avanza. Sin embargo, este año sólo han podido inspeccionar el 28,5% de los 329.000 contenedores que han salido de Ecuador, lamenta el jefe antidroga ecuatoriano. “El resto”, añade, “sale sin inspección, pero sí con un perfilamiento que nos permite tener una comunicación con países de todo el mundo, dar alertas al destino y de esta manera trabajar conjuntamente”.

Uno de esos contenedores llegó el pasado septiembre a Algeciras con 9.500 kilos de cocaína, el mayor alijo jamás incautado en España y también el mayor en todo el mundo desde 2021. Pablo Ramírez describe el camino que sigue la cocaína desde Colombia hasta su salida en los contenedores desde puertos ecuatorianos: “Tenemos tres pasos legales y 77 no autorizados. Toman los ramales de la sierra centro o de la costa, y van hacia Guayas, Manabí y también Los Ríos. Hemos identificado 23 puntos de acopio con nuestras intervenciones e incautado aproximadamente 30 toneladas de cocaína en estos centros. En esos puntos adecuan o modifican las estructuras de los contenedores introduciendo la droga en sus paneles de refrigeración, o en paredes, pisos y techos. Desde allí van hacia los puertos. En otras ocasiones contaminan el producto. El más perjudicado es el banano, en este caso mediante el sistema del gancho ciego o rip-off [introducir la droga sin que lo sepa la empresa y rescatarla en destino]. Los barcos salen hacia el Canal de Panamá y toman rumbo a Europa”.

La historia que llevó a Ecuador, en general, y a Guayaquil, en particular, a su situación actual, convertida en un auténtico Medellín de los 80 por el dominio de las redes narcos, nace hace 30 años, según detalla el alto cargo policial. “En los años 80 y 90 y ya en los 2000, hasta 2005, aproximadamente, teníamos presencia de los cárteles mexicanos y los cárteles colombianos. A partir de 2010 y de forma más relevante desde 2017, hemos detectado la presencia de los cárteles de los Balcanes, a través de varias investigaciones y aprehensiones. Ya hay sentencias contra albaneses y tenemos investigaciones en curso muy importantes”. El cártel de los Balcanes se ha hecho fuerte también a este lado del Atlántico, y buena muestra son los recientes arrestos de Dritan Rexhepi, de Nenad Petrak, y Kristijan Palic, los tres refugiados en Turquía.

“Tenemos una ley migratoria universal que en su momento no requería ningún tipo de visa. Somos un país dolarizado y en esa época nuestra legislación era débil en cuanto al lavado de activos. Estas personas extranjeras comenzaban con la fachada de inversionistas lícitos y creaban empresas de exportación y también ejecutaban sus acciones ilícitas. Ahora intercambiamos información con el servicio de aduanas, con el servicio de rentas internas y con otros ámbitos de control, como el Ministerio de Agricultura, que da las licencias de exportación de banano, y ahí observamos si coinciden los pedidos, cómo son los pagos, las cantidades y los países de destino. Así hemos podido crear un centro de análisis de puertos y aeropuertos desde hace tres años. Ese perfilamiento de empresas a través de nueve o 10 indicadores nos ha permitido lograr importantes resultados e incautaciones”, explica Pablo Ramírez. Sobre el motivo que lleva a los narcos a emplear la banana para los envíos, no hay dudas: “Supone el 70% de nuestras exportaciones legales”.

Tras Colombia y Ecuador, los siguientes puntos de origen de la cocaína que llega en contenedores a Europa son Brasil, Panamá, Paraguay y Costa Rica. Desde Brasil destacaron durante años las rutas dirigidas por el ahora encarcelado en Bélgica Sergio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter. Considerado uno de los grandes capos contemporáneos, es el responsable de envíos no sólo en portacontenedores, sino también en barcos pesqueros, con España como referencia.

Así ocurrió en el caso del Titán III, donde sus socios gallegos fueron condenados y él eludió el juicio tras fingir su muerte. Más tarde fue detenido en Budapest y de allí, extraditado a Bélgica. España y Brasil le siguen reclamando. Los puertos atlánticos de Brasil, con Santos como punta de lanza, son origen de numerosos cargamentos destinados a Europa a través de España. El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, dos mafias brasileñas, están detrás de parte de estos negocios, con oficinas estables en puntos como las islas Canarias. Suelen apostar por el gancho ciego, ocultando la droga en toda clase de mercancías, muchas veces harinas o madera, que se envían de forma legal no sólo a España, sino también a Portugal.

En cuanto a Paraguay, los Narcofiles describen una hidrovía que permite mover los alijos de cocaína por el río Paraná desde los países productores hasta los puertos de salida. El destino final ya no es sólo España, sino también otros países de Europa. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de ese país está haciendo grandes esfuerzos por descabezar a las grandes redes delictivas asentadas en la región.

Costa Rica y su puerto de Limón es otro de los lugares más calientes de Latinoamérica a la hora de enviar grandes partidas de cocaína en contenedores hacia España. Su cercanía con los países productores y su rápido acceso al Canal de Panamá suponen una ventaja para los narcos. La desventaja con la que tienen que lidiar aquí los narcos es la presencia de Estados Unidos en la zona, que ayuda a las autoridades locales.

Por último, el caso de Panamá es particular, pues sus terminales portuarias hacen de puente para la mayor parte de los envíos procedentes de Ecuador y, en algunos casos, también de Colombia, por lo que mucha de la cocaína está en tránsito. Además, es un punto de recepción de grandes cantidades de droga que llegan en narcolancha tanto por el Pacífico como por el Atlántico.

En el país centroamericano entra en juego la corrupción, un factor clave a la hora de hacer pasar los grandes alijos por las terminales, lo mismo para su carga como para su recepción y posterior salida a los canales de distribución. “Si no existiese corrupción, tanto en los puertos de salida como en los puertos de entrada, no habría opción de llevar a cabo el transporte de cocaína”. Así lo declaró el propio jefe del clan del Golfo en España en el documental Narcogallegos que puede verse en la plataforma Movistar Plus+ en España y en todo el mundo a través de streaming en Kanopy.

La filtración de los NarcoFiles también revela las nuevas estrategias que, de un tiempo a esta parte, emplean los narcotraficantes para mover la cocaína que entra por los puertos de Europa, entre bananas o cualquier otra mercancía legal. Por ejemplo, el ataque a los sistemas informáticos de los puertos, bien de forma directa a través de hackers, bien con sobornos a personal con acceso a los equipos de cada uno de los puertos. La investigación de OCCRP desvela las tretas empleadas por un pirata informático holandés que se introdujo en el sistema informático del puerto de Róterdam para obtener los números PIN de los contenedores. Así conseguía monitorizar los contenedores que iban a ser objeto de inspección.

Otro sistema utilizado es la modificación virtual del origen de ciertos envíos, evitando así que se incluyan en los canales de análisis e inspección.

La lucha contra la corrupción en los puertos se antoja, pues, esencial. Así lo describió a Narcodiario Macarena Arroyo, fiscal antidroga del Campo de Gibraltar. “Una organización que envía nueve toneladas de cocaína no se arriesga a perderlas durante un control, una vigilancia o un posicionamiento. Tienen unas rutas establecidas y capacidad para modificarlas y dirigirse a otros puertos, tienen capacidades logísticas. También disponen de medios para los desplazamientos posteriores por carretera. Pero el problema es la corrupción. Los narcotraficantes no envían nueve toneladas de cocaína a un puerto si no tienen garantizado y asegurado que van a llegar a su destino”.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

El 14 de febrero de 2020, la policía de Costa Rica recibió un inesperado regalo de San Valentín: en un contenedor con plantas decorativas encontraron 3,8 toneladas de cocaína. Las autoridades no dieron muchos detalles sobre quién estaba detrás del alijo, que fue detectado en el puerto de Limón, en el mar Caribe. Pero poco tiempo después, la policía de los Países Bajos hizo otro hallazgo: al desencriptar la plataforma de chat cifrado SkyECC, descubrieron que un holandés de 41 años había desempeñado un papel clave en esa operación desde el ordenador de su casa en la ciudad portuaria de Róterdam.

Sobre el papel, Davy de Valk parecía tener problemas para conservar un trabajo estable. Aunque afirmaba haber estudiado informática, los fiscales holandeses descubrieron que vivía de las ayudas sociales, según se recoge en el escrito de su acusación. No obstante, las conversaciones desencriptadas revelaron cómo De Valk hacía de forma regular –y bien pagada– trabajos como hacker de sombrero negro, término empleado para aquellos que piratean con fines criminales. Su especialidad era penetrar en los sistemas informáticos de los mayores puertos europeos y vender la información obtenida a los narcotraficantes. 

Para mover su mercancía, las organizaciones criminales tradicionalmente tenían que sobornar a la larga cadena que compone el personal portuario, desde los operarios de las grúas hasta los inspectores de aduanas. Pero la creciente digitalización y automatización de la logística del transporte marítimo ofrece nuevas oportunidades de infiltración. Así, con la información que hackers como De Valk pueden ofrecer, los expertos señalan que los narcos necesitan ahora apenas a un empleado corrupto y al conductor de un camión.

A partir de documentos judiciales e informes policiales, así como de análisis de ciberseguridad del hackeo perpetrado por De Valk, OCCRP –red a la que pertenece infoLibre– y su socio checo investigace.cz han juntado las piezas sobre cómo este individuo y sus colaboradores penetraron en los sistemas informáticos de dos de los principales puertos europeos, Amberes y Róterdam. Y emplearon métodos que, en algunos casos, eran casi de novatos.

Un tribunal holandés sentenció que De Valk había conseguido controlar cómo los contenedores eran escaneados en el puerto de Róterdam, lo que le permitió asesorar a sus clientes sobre dónde esconder la droga para evitar que fuera detectada. También logró penetrar en el sistema informático del puerto de Amberes con un malware cargado en una memoria USB, que fue conectada a la red por una empleada corrupta de las oficinas. Así, obtuvo acceso a unos datos que permitieron a sus clientes recoger la droga sin llamar la atención, según reveló el tribunal. 

De Valk cobró cientos de miles de euros por sus servicios, tal y como consta en los chats interceptados, pese a que sus métodos de pirateo eran relativamente rudimentarios. “Es un tipo de trabajo de bajo nivel”, indicó a OCCRP Ken Munro, quien dirige una consultora de seguridad en el Reino Unido, tras revisar los detalles del ciberataque de De Valk en el puerto de Amberes. “Es un ataque ruidoso que debería haber activado numerosas alertas, si los sistemas del puerto de Amberes hubieran estado preparados para detectar este tipo de acciones”, añadió.

Un análisis del hackeo de De Valk, que OCCRP desvela en detalle por primera vez en NarcoFiles resalta cómo las vulnerabilidades en estos puertos los han convertido en coladores para que la cocaína inunde Europa en cantidades nunca vistas antes. En su defensa, De Valk argumentó que estaba realizando una investigación encubierta para desarrollar un videojuego sobre el tráfico de drogas, y que sólo vendió a sus clientes criminales información incorrecta. El tribunal desestimó esa explicación por considerarla “completamente inverosímil” y lo condenó en 2022 a 10 años de prisión por varios delitos, entre ellos, piratería informática, así como por complicidad con el tráfico de cocaína.

OCCRP envió numerosos correos electrónicos y realizó numerosas llamadas telefónicas a los abogados de De Valk pidiéndoles un comentario, incluyendo si iban a recurrir la sentencia. Pero no contestaron y no está claro si está cumpliendo su condena.

La enorme cantidad de contenedores que circulan por los principales puertos europeos ofrece un sinfín de oportunidades que los narcotraficantes aprovechan. De los 98 millones de contenedores que circularon en 2021, apenas un 2% fue inspeccionado.

Sólo en 2022 y sólo en los puertos de Amberes y Róterdam, las autoridades se incautaron de la cantidad récord de 160 toneladas de cocaína. Según los expertos, esta cifra representa menos de un tercio del total que pasa por el puerto, según un informe interno de Europol obtenido por OCCRP e investigace.cz.

El problema es que estos puertos comerciales se han diseñado para ser eficientes, no seguros. Se construyeron para “cargar un contenedor o llevar una carga del punto A al punto B en el menor tiempo posible y al menor precio”, explica a OCCRP Jan Janse, jefe de distrito de la policía portuaria de Róterdam.

En las semanas previas a la incautación en Costa Rica, De Valk ofreció sus servicios y tarifas a diversos clientes en la plataforma de chat encriptado SkyECC. Al controlar el historial de escaneado de las compañías que regularmente envían contenedores a Róterdam, De Valk pudo recomendarles qué líneas de transporte marítimo eran sometidas a menos registros. Y, por ende, cuáles eran los mejores objetivos para esconder la cocaína, aparentemente sin que las navieras lo supieran.

Si el contenedor llegaba a Róterdam, De Valk ayudaba a sus clientes a retirar el cargamento cancelando el servicio original de recogida. Luego, falsificaba las órdenes de transporte, lo cual permitía que sus clientes recogieran ellos mismos el contenedor, lo sacaran del puerto y, con toda la tranquilidad del mundo, descargaran la droga. El precio total por este servicio era 500.000 euros. “Tienes una compañía que no va a pasar por el escáner y tu transportista puede sacarlo sin problemas”, escribió De Valk en uno de los mensajes de SkyECC que se mencionan en su condena judicial. De Valk se refería a las navieras que consideraba seguras y que recomendaba a sus clientes como “mis líneas”.

Para el cargamento interceptado en Costa Rica, De Valk recomendó un contenedor empleado por Vinkaplant, una reconocida compañía holandesa de importación y exportación de plantas tropicales que se desplaza con frecuencia a viveros en Costa Rica y otros países de Centroamérica. “Dentro hay plantas. Es fácil de cargar. No está lleno”, escribió De Valk a su cliente, que no fue identificado por el tribunal. Esta forma de aprovecharse de una compañía legal suele producirse sin que ella lo sepa. Vinkaplant no fue acusada.

En esta ocasión, sin embargo, la “línea” de De Valk falló. En un registro rutinario, la policía de Costa Rica detectó una discrepancia sospechosa: el peso del contenedor no coincidía con el peso declarado. Una inspección encontró que, además de 20 torres de plantas ornamentales, el contenedor tenía maletines que contenían 5.048 paquetes negros, la mayoría con cocaína pura.

Para la labor de De Valk era fundamental acceder a los códigos PIN de los contenedores: son números únicos de referencia, asignados a cada contenedor por la naviera cuando ya se pagó el flete. Para recuperar el contenedor en el muelle, los transportistas tienen que mostrar el código correcto, además de otra documentación.

En 2018, las autoridades del puerto de Róterdam detectaron un aumento de los informes sobre contenedores robados, desaparecidos, entregados en direcciones equivocadas o que aparecían en lugares inesperados. Las autoridades se dieron cuenta de que las redes criminales habían descubierto un nuevo modus operandi para el narcotráfico, que Europol bautizó “fraude del código PIN”.

Los traficantes se dieron cuenta de que, accediendo ilegalmente a los códigos PIN de los contenedores –con la ayuda de empleados portuarios corruptos o hackeándolos– podían recuperar el contenedor haciéndose pasar por la compañía de transporte encargada de retirarlo. Estos datos, así como el número del contenedor, también les permiten seguir el estado del cargamento en el puerto, incluyendo el momento en que está listo para ser recogido.

Sin estos códigos, los traficantes tenían que recurrir a métodos más arriesgados, como enviar a un equipo para forzar los contenedores dentro del puerto y huir con la mercancía ilegal. Ha habido también casos de contenedores conocidos como “caballos de Troya”, en los que equipos de extracción se cuelan en el puerto dentro de un contenedor y esperan, a veces durante días, hasta que llega su cargamento de droga y tienen la oportunidad de recuperarlo.

Las facilidades que proporciona el fraude con los códigos PIN explica el elevado precio de los datos: las conversaciones interceptadas muestran que los criminales han llegado a pagar de 20.000 a 300.000 euros por esos códigos, según un informe interno de Europol.

La gran cantidad de personal portuario y de transporte con acceso a esos números de serie –algunas navieras emplean hasta 10.000 personas– ofrece muchas oportunidades a los traficantes. “Es fácil encontrar a alguien que tenga acceso a este código, pagarle y conseguirlo”, advierte el jefe de distrito de la policía portuaria de Róterdam, Jan Janse. “Si no aceptas la primera vez, lo intentarán en una segunda ocasión cuando estés haciendo la compra y quizás intenten ofrecerte dinero en una tercera ocasión. Hay [también] casos en los que, desde luego, le han dicho a la gente ‘sabemos a qué escuela van tus hijos”. Este tipo de corrupción es el principal método empleado por los criminales para acceder a información interna, entre ellas, los códigos PIN, añade Janse.

Los chats de De Valk dejan claro que él y sus colaboradores tenían acceso a información interna sobre el movimiento de contenedores en el puerto de Róterdam. El tribunal holandés averiguó que De Valk, como parte de su esfuerzo para organizar el envío del contenedor interceptado en Costa Rica, había falsificado una orden de transporte, la había compartido con sus colaboradores y cancelado al transportista legítimo. En un chat, citado en la sentencia, envió a sus clientes la imagen de una orden de transporte y escribió: “Bajo la referencia está el código PIN".

Además de esa redada en Costa Rica, De Valk fue condenado por ayudar a organizar otro envío de más de 200 kilogramos de cocaína, que la policía encontró en Róterdam en 2020 escondidos en un contenedor de vino.

Los investigadores descubrieron chats cifrados de SkyECC en los que De Valk preparaba una orden de transporte y correos electrónicos falsos para facilitar la recogida, utilizando datos clave sobre el contenedor proporcionados por un miembro no identificado de un chat grupal. El escrito de acusación ofrece detalles adicionales: De Valk y otros miembros del chat accedieron al software de gestión de los contenedores del puerto y, con la ayuda de “posibles contactos portuarios corruptos”, tenían “una visión directa de la entrada del contenedor, los números de registro correspondientes y los tiempos de carga y descarga”.

Se desconocen los detalles precisos de cómo lograron acceder a esta información en el puerto de Róterdam. Pero las andanzas de De Valk en Amberes ofrecen una pista. Días después de que el cargamento de vino fuera interceptado en Róterdam, De Valk se enfocó en un nuevo objetivo con la ayuda de un holandés llamado Bob Zwaneveld, según consta en sus condenas judiciales.

Zwaneveld, de 57 años, no encaja con la imagen típica de un capo criminal. Antes de su captura en 2021, aseguró que había pasado siete años viviendo en una caravana en un parque de atracciones. Oficialmente, estaba desempleado, excepto por algún trabajo ocasional que conseguía en la construcción. Pero, en realidad, se dedicaba el tráfico de cocaína y de armas, lo que le valió una condena de 12 años de prisión en 2022.

OCCRP intentó en múltiples ocasiones ponerse en contacto con Zwaneveld a través de sus representantes legales, solicitándoles comentarios sobre la condena y preguntándoles si iban a recurrirla, pero no ha recibido ninguna respuesta. No está claro si está cumpliendo su condena.

Los chats muestran que Zwaneveld desempeñó un papel como coordinador en varios negocios de drogas en 2020, entre ellos, la venta a un amigo del Reino Unido de 100 “colos”, término que él y otros utilizaban para referirse a kilos de cocaína colombiana. También mantenía negociaciones periódicas a través de plataformas de chat encriptadas sobre la compra, venta o entrega de armas de fuego, granadas de mano y municiones.

Juntos, Zwaneveld y De Valk planearon infiltrarse en la terminal de Amberes, que gestiona el segundo mayor volumen de contenedores marítimos de Europa después de Róterdam. Para hacerlo, necesitaban la ayuda de alguien de dentro, en este caso, una empleada de las oficinas del puerto. Según contó ella a la policía belga, alguien se le acercó y le ofreció 10.000 euros por insertar una memoria USB en un ordenador de su lugar de trabajo. Después de aceptar, le dieron un teléfono Sky –un dispositivo seguro con la aplicación de mensajería cifrada– para comunicarse con un usuario de la cuenta SkyECC identificado en el tribunal sólo como 7MIOBC, quien compartió sus consultas en un chat grupal con De Valk y Zwaneveld.

La empleada portuaria fue condenada en un tribunal belga en marzo, según publicó la prensa local, que no dio detalles sobre la condena ni avanzó si sería recurrida. La mujer no respondió a las solicitudes de entrevista que le envió OCCRP.

Una vez que De Valk terminó de preparar la memoria USB, ésta pasó por varias manos, incluidas las de Zwaneveld, antes de llegar a la empleada del puerto. “Simplemente activa el programa en la memoria USB. Haz doble clic y espera 15 segundos, luego podrás sacarlo nuevamente”, le indicó De Valk. Poco después, la operación estaba en marcha.

“Sí, lo tengo”, escribió en el chat grupal, enviando una captura de pantalla que mostraba su acceso al ordenador de la empleada, con la palabra “usuario”, seguida de una foto con carpetas y unidades de disco. El usuario 7MIOBC respondió con una foto de la USB conectada al ordenador de la oficina del terminal de Amberes. Después de que la empleada del puerto abriera el archivo en la USB e instalara el malware, De Valk ejecutó una serie de “actividades maliciosas” en el sistema, según un informe forense sobre el hackeo, realizado por la empresa holandesa de ciberseguridad Northwave y que aparece citado en su condena.

De Valk abrió Solvo, el programa de gestión de contenedores de Amberes, el 21 de septiembre. Los registros de actividad muestran que a las cuatro de la madrugada abrió un manual de usuario del programa, probablemente “para investigar qué datos podía obtener a través de Solvo (por ejemplo, cómo buscar ubicaciones de contenedores)”, escribió Northwave en su informe. El programa permitía a De Valk ver una amplia gama de información relacionada con la dotación de personal y la gestión y ubicación de los contenedores de envío. Incluso, le permitía generar él mismo números PIN, según la empresa de ciberseguridad.

Los chats revelan que De Valk también intentó clonar las tarjetas de identificación del personal del puerto. Unos días después, envió una fotografía al chat grupal de SkyECC mostrando una pantalla de un computador con el texto “badge” –identificación– y “alfa pass” –pase alfa– , que se refiere a las tarjetas plásticas que utilizan los empleados del puerto para acceder a diferentes áreas de las instalaciones. “Creo que pronto podremos crear una tarjeta nosotros mismos”, escribió.

No se sabe si De Valk finalmente logró fabricar dichas identificaciones. El tribunal tampoco vio ninguna prueba de que De Valk estuviera involucrado en otros intentos de tráfico de droga después del hackeo de septiembre de 2020. Sin embargo, hay pruebas de que estuvo activo en el sistema informático de la terminal de Amberes hasta al menos el 24 de abril de 2021, según la investigación de Northwave. De Valk no respondió a las solicitudes de comentarios que le envió OCCRP.

Los registros que Northwave pudo recuperar sugieren que De Valk accedió al software de contenedores Solvo varias veces entre el 19 de octubre y el 24 de abril de 2021, visitando páginas que controlaban contenedores, vehículos, pases del personal y nombres de transportistas. Si bien se desconoce la actividad de De Valk después de este periodo, la fiscalía señaló que un análisis de su ordenador portátil muestra que siguió conversando “con varias personas sobre modos de transporte y cargas en cubierta” hasta agosto de 2021. 

Se desconoce el alcance total de lo que consiguió De Valk antes de su captura en septiembre de 2021. Pero la policía cree que forma parte de un fenómeno más extendido de fraude con códigos PIN que ha permitido la entrada de al menos 200 toneladas de cocaína a través de Róterdam y Amberes desde 2018.

Kurt Boudry, un alto oficial de la policía federal de Bélgica, señala que, cuando comenzaron a investigar los chats de SkyECC interceptados, esperaban desmantelar lo que llamaban el “puerto negro”. Es decir, la red de empleados portuarios corruptos, camioneros y otras personas que hacen posible el narcotráfico. “Pero no sabíamos que iba a ser tan grande”, admite Boudry a OCCRP.

Según un informe de Europol de 2023, es probable que no se denuncien todos los fraudes relacionados con códigos PIN, y es posible que también esté ocurriendo en otros puertos europeos. En algunos casos, después de descargar la mercancía ilegal fuera del puerto, los camioneros que trabajan con los narcotraficantes entregan el contenedor a su importador legítimo. Lo que significa que algunos casos nunca son detectados o denunciados, indica el informe.

Janse, jefe de policía del distrito del puerto de Róterdam, insiste en que el principal frente de lucha contra los traficantes es su capacidad para corromper los puertos utilizando tanto el dinero como la intimidación. Las autoridades portuarias y las navieras están experimentando con nuevos métodos para reforzar la seguridad, incluso ofreciendo formación a los empleados y limitando el número de personas que tienen acceso a datos que puedan ser usados por los traficantes, añade. “No estoy diciendo que vayamos a ganar esta guerra, pero sí que podemos hacerla más controlable”, apunta Janse.

Interferencia de Radios UCR y Brecht Castel (Knack) han colaborado en esta investigación.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Es entonces cuando el director de Admisión de Riesgos cumple la formalidad de pedirle a su empleada que aporte la firma. Cuando se niega, él le sugiere que firme, pero “con reparos”. La analista lo rechaza de nuevo: “No tiene sentido que la firme con reparos, cuando ya he puesto mi sanción desfavorable”, insiste. Jesús Sanz accede pero, unos minutos después, escribe al director general de Avalmadrid, Pedro Embid, informándole de la negativa de la analista a firmar la resolución del comité de riesgos. Y como los avales con importe de más de 50.000 euros deben ser sancionados por dos personas, la analista y él mismo, Sanz le indica que no puede aprobar en solitario el de la empresa en cuestión, Asesoría Hispanoamericana de Inversión. La operación ascendía, en principio a 120.000 euros, que luego se rebajaron a 60.000. Aun así, superaba el límite. “Este comportamiento [el de la analista] nos lleva de nuevo ante una situación que podemos denominar como ‘dictadura del analista’ que, con su actitud, evita que se puedan asumir algunas operaciones que podrían ser viables y está poniendo reparos a las directrices y políticas que tratamos de implementar algunos directores de departamento”, le explica a Pedro Embid.

El aval, finalmente, no se concedió, pero la presión ejercida para aprobar la solicitud terminó en el canal de denuncias anónimas de Avalmadrid. Y el pasado mes de abril Jesús Sanz fue despedido.

A preguntas de este periódico, un portavoz de Avalmadrid niega que la sociedad tuviera un interés especial en aprobar este aval. “En este caso concreto, se aplicó de manera estricta y rigurosa la política de riesgos por parte del órgano que denegó la operación”, asegura, tras apuntar que su “único interés” es “facilitar el acceso [el crédito] a pymes y autónomos madrileños, siempre que se cumplan los criterios establecidos en las políticas y normativas aplicables”. En el análisis de las operaciones, continúa Avalmadrid, “se tienen en cuenta únicamente criterios objetivos ligados al riesgo del cliente; en ningún caso entran en juego otro tipo de consideraciones, y menos aquéllas de carácter subjetivo”. infoLibre ha intentado también recabar la versión de Jesús Sanz sobre lo ocurrido, pero éste ha declinado alegando que su despido es una cuestión “privada”.

La empresa que había pedido el aval el pasado mes de febrero, Asesoría Hispanoamericana de Inversión, fue constituida apenas un mes antes por dos socios, Eduardo Hernández-Ripoll Aznar y Carlos Isidro Echeverria Perera, que aportaron el capital mínimo necesario, 3.000 euros. En la solicitud del aval, aseguraban que su contacto con Avalmadrid era Rodrigo Tilve, el presidente de la sociedad de garantía recíproca. Hasta la disolución del anterior Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la convocatoria de elecciones anticipadas, Tilve fue viceconsejero de Economía en el departamento que entonces dirigía Manuel Giménez, independiente elegido por Ciudadanos.

Hernández-Ripoll conoció a Tilve en 2012, cuando ambos trabajaban en Guatemala. El primero estaba empleado por la consultora Ostossola, del estratega político Antonio Sola, quien fue asesor de José María Aznar, Mariano Rajoy y del presidente mexicano Felipe Calderón, entre otros líderes latinoamericanos. Según su currículo, Eduardo Hernández era entonces asesor de presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo en 2015 y permanece en prisión desde entonces por varios casos de corrupción. Mientras, Rodrigo Tilve ejercía como consejero económico y comercial en la Embajada de España en Guatemala y pertenecía al consejo asesor de la Cámara de Comercio española en el país centroamericano. El presidente de Avalmadrid no ha querido comentar con este periódico ningún aspecto de la operación o de su relación con Hernández-Ripoll. Pero éste sí admite conocer a Tilve, con quien “coincidió hace ocho años”. “Pero no he vuelto a hablar con él desde entonces”, asegura a este periódico. Tampoco sabía que el director de Admisión de Riesgos había sido despedido. Y apunta que si Tilve se tomó algún interés especial en la solicitud de aval de Asesoría Hispanoamericana de Inversión debió de ser únicamente porque “se acordaría” de él. “Me sorprendería que se hubiera producido nada irregular, porque es una persona impoluta e intachable, superrecto en lo personal”, subraya.

Salarios de hasta 100.000 euros para cada socio

Hernández-Ripoll y Carlos Echeverria, que es abogado y fue embajador de Costa Rica en Trinidad y Tobago entre 1999 y 2005, crearon la empresa para asesorar a pymes españolas que quieran abrir negocios en Latinoamérica, incluyendo tareas de lobby, análisis de situación e inteligencia de mercado, de acuerdo con el plan de negocio aportado para solicitar el aval. También ofrecen a sus posibles clientes “una estrategia fiscal que maximice los ingresos” aprovechando los convenios para evitar la doble tasación que España ha suscrito con países latinoamericanos. A cambio, piden unos honorarios mínimos de 100.000 euros por operación o  una participación en el negocio, bien en efectivo bien en acciones u otros valores.

La analista denegó el aval porque pedían el préstamo para cubrir, básicamente, los sueldos de ambos socios, a la vez únicos empleados de la empresa: entre 70.000 y 100.000 euros anuales se reservan para cada uno, cuando su presupuesto de gastos estaba calculado en una horquilla de 162.900 a 222.900 euros. “Su plan de inversión apenas presenta gastos justificables frente al importe solicitado”, dictamina la analista. Además, como avalista sólo presentan al propio Hernández Ripoll, que carece de patrimonio, vive en régimen de alquiler en Alicante y únicamente posee 2.000 euros en una cuenta de ING. Carlos Echeverria también carece de patrimonio inmobiliario, sólo anota un fondo de pensiones voluntario de 80.000 dólares. “Los accionistas no aportan datos de solvencia ni de patrimonio, así como tampoco de generación de ingresos independientes al negocio”, se lee en el informe. Ambos sólo justifican mediante facturas 10.000 de los 30.000 euros que dicen haber gastado para poner en marcha la empresa, entre ellos la mudanza internacional desde la República Dominicana de Eduardo Hernández. Y dan la referencia de un único cliente, una empresa de construcción naval de Barcelona con la que firmaron la búsqueda de un astillero en Trinidad y Tobago para comprarlo. No obstante, Hernández-Ripoll precisa que el contrato se encuentra “parado”, ya que el espacio aéreo permanece cerrado por culpa del covid-19.

“Como no nos concedieron el aval, seguimos buscando financiación, un socio privado”, indica Eduardo Hernández, a quien también le negó ayuda Enisa (Empresa Nacional de Innovación), una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria que financia a pymes mediante préstamos participativos. “Si acudimos a Avalmadrid”, relata, “fue porque creímos que los avales para emprendedores estaban pensados para empresas que no tienen nada, como la nuestra, y necesitan un empujón”.

“Creo que deberíamos valorar si debe seguir en el departamento”

El portavoz de la sociedad de garantía recíproca destaca que la denegación del aval a Asesoría Hispanoamericana de Inversión es un “ejemplo de la rigurosidad con la que Avalmadrid aplica las distintas políticas internas en el análisis de las operaciones”. Sobre la relación entre Rodrigo Tilve y Eduardo Hernández-Ripoll se limita a mencionar que forma parte de la “labor institucional y comercial” del presidente de la sociedad “dar a conocer la oferta de productos de Avalmadrid” y que el solicitante del aval indicó en el formulario que esa oferta la había conocido a través de Tilve.

Hernández-Ripoll estudió Ciencias de la Información y militó en Nuevas Generaciones del PP. Tras pasar tres años en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Villena (Alicante) cuando lo gobernaba el Partido Popular, llegó en 2012 a Guatemala y en 2014 trabajó para The Trump OrganizationThe Trump Organization, la empresa del expresidente de EEUU Donald Trump, para “velar por sus intereses reputacionales en Ciudad de Panamá”. Ahora, revela, está buscando clientes en la República Dominicana para Asesoría Hispanoamericana de Inversión.

Avalmadrid no ha querido explicar la tramitación de la denuncia que se cursó a través de su canal anónimo, gestionado por una empresa externa. Tampoco los motivos por los que despidió a Jesús Sanz. “Son estrictamente confidenciales”, precisa, “pero objetivos y concretos”. Sólo ha indicado que el exdirector de Admisión de Riesgos “llevaba poco tiempo en la compañía”. Concretamente, desde febrero de 2020, por lo que apenas superó el año en el cargo. Jesús Sanz Martín, no obstante, tenía una larga experiencia en su campo, puesto que había sido responsable del departamento de riesgos del Banco Popular durante 26 años. En el mismo correo que dirigió al director general de Avalmadrid, Pedro Embid, lamentándose de la “dictadura del analista”, Jesús Sanz le destaca los reparos que ponía esta empleada a “ver de forma constructiva las operaciones”constructiva, su “lentitud en las resoluciones” y sus “comentarios inapropiados”, una “actitud” que ya le había comentado previamente, le recuerda. “Creo que deberíamos valorar si debe seguir en el departamento”, termina el mensaje. Sanz Martín fue despedido dos meses después.

El integrismo religioso de la Iglesia evangélica instalado desde los 70 en Centroamérica ha ido introduciéndose en los gobiernos y dificultando la lucha de la mujer por la igualdad. La criminalización del aborto o la connivencia con la homofobia en gran parte de la región son algunas de sus consecuencias y, al tiempo, causas por las que se ha consolidado la violencia de género contra las mujeres y las niñas, así como contra las personas LGTBI. 

Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación Mujeres de Guatemala (AMG), subraya que las iglesias evangélicas "son inoculadas en Centroamérica por EEUU, en el marco de la guerra fría, para neutralizar la creciente adhesión a la teología de la liberación" y "conllevan una agenda fundamentalista conservadora" en la región. Su influencia se debe a que han aprovechado "los vacíos de poder" que ha dejado la Iglesia católica y los ha llenado de las formas de pensamiento "más extremas y reaccionarias" que "se ceban especialmente contra lo femenino", espeta la presidenta de AMG. La experta en violencia de género explica que la supervivencia de las instituciones patriarcales nace de una "amplia tolerancia" de las sociedades de la región "hacia la misoginia" y agrega que la sociedad es el "caldo de cultivo del sexismo" que luego el Estado "institucionaliza" y la iglesia "sacraliza", en una rueda de imaginario colectivo que se retroalimenta.

La gobernabilidad de estos países pasa, según Mercedes Hernández, por una insuficiente "separación de los poderes estatales" y "la necesaria revisión de la independencia de los medios de comunicación". A esto se suma el hecho de que las iglesias evangélicas carezcan de "figuras que impugnen el control religioso sobre los cuerpos de las mujeres", como es el "único" caso de Católicas por el Derecho a Decidir. 

Entre las imposiciones de la moral evangelista en la política se encuentra la prohibición del abortoy la reticencia a rendir de cuentas por parte de los gobiernos a la hora de reflejar el incumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres. "Se les niega el derecho a tener derechos", señala Hernández para referirse a continuación a "la involución en materia de derechos humanos y los retrocesos en la agenda feminista en particular". Como en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, son dos asuntos polémicos en los que Centroamérica flojea. Aunque, en teoría, los países latinoamericanos admiten en algunos casos la interrupción del embarazo siempre que este sea fruto de una violación, o que suponga un riesgo de muerte para la mujer o para el feto, la realidad es que es prácticamente imposible que una mujer aborte legalmente. Las legislaciones centroamericanas se distinguen además por ser las más inflexibles en la cuestión del aborto a pesar de las altas tasas de violencia y feminicidios.

Las víctimas de violencia de género y sexual de la región centroamericana apenas disponen de atención especializada. Los marcos legales del Triángulo Norte –El Salvador, Honduras, Guatemala–, Panamá, Costa Rica, Belice y Nicaragua mantienen, a través de sus legislaciones, deficiencias en los servicios de salud o de información para la protección de los derechos de las mujeres. Honduras y Nicaragua muestran los peores sistemas de denuncias mientras que El Salvador es el más combativo a la hora de impedir el aborto. Son estimaciones de la iniciativa regional Mira que te miro, formada por un conjunto de asociaciones, universidades y organizaciones de 23 países de América Latina y el Caribe que monitorizan los derechos humanos, sexuales y reproductivos para forzar a los gobiernos a rendir cuentas sobre los compromisos adquiridos en el Consenso de Montevideo de 2013.

El país que más avanza en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, en línea con estos compromisos, es Costa Rica, mientras que El Salvador, Panamá y Belice se sitúan en la media y Guatemala, Nicaragua y Honduras están entre los cinco últimos de esa lista de 23.

En los países de la región prima la protección del derecho a la vida desde la concepción. Abortar en El Salvador puede suponer una pena de cárcel de entre seis meses y doce años, ampliables bajo supuestos delitos de homicidio. En Honduras el aborto fue ilegalizado en 2017 y se castiga con multas –tanto al personal médico como a la mujer– y penas de entre tres y diez años de cárcel para ella. También en Guatemala como en Panamá y en Costa Rica el aborto está penado con cárcel de uno a tres años. En Belice está penado con 14 años de prisión para el médico y la mujer. En Nicaragua se castiga con penas de uno a dos años de cárcel para la mujer y de dos a ocho para el médico.

Inseguridad, violencia y desprotección

Los datos disponibles de feminicidios en la región centroamericana dependen de la eficacia de cada Estado para abordar los problemas que adolecen las mujeres. Según el Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala, 7.320 mujeres sufrieron agresiones sexuales y 6.200 mujeres fueron asesinadas violentamente durante el 2018, en su mayoría, menores de 29 años, niñas incluidas. El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contabiliza anualmente los feminicidios por cada 100.000 mujeres a partir de los 15 años de edad acontecidos en Latinoamérica, el Caribe y España por razones de género. Detectó 345 asesinatos en El Salvador, 221 en Guatemala, 235 en Honduras, 26 en Costa Rica, 18 en Panamá y 9 en Belice en el año 2017; mientras que los resultados de Nicaragua se remontan al 2013, con 67 feminicidios.

"La penalización del aborto es la institucionalización de la maternidad forzada", espeta Hernández. Se impone así la maternidad a mujeres o a niñas que, ocasionalmente, terminan optando por someterse a la práctica de abortos clandestinos. Algunas mujeres optan por buscar pastillas abortivas a precios asequibles a través de las redes sociales. De esta manera ponen en riesgo su salud, acaban con ella, o afrontan penas de cárcel por decidir sobre sus cuerpos. Así pues, esta prohibición conlleva que los derechos fundamentales de las mujeres sean vulnerados: el derecho a la autonomía, a la libertad de conciencia y reproductiva; el derecho a la salud y a la atención sanitaria; a la integridad física, a la dignidad, a la intimidad, la privacidad... Supone un obstáculo para los derechos humanos de las mujeres que oprime a las más vulnerables desde el punto de vista económico.

Los impedimentos al aborto libre, legal, seguro y gratuito son para Mercedes Hernández "una grave violación de los derechos humanos que, junto a otras violencias, atraviesa los cuerpos de las mujeres" y "conforman un conjunto muy heterogéneo de mecanismos de producción de obediencia" para mantenerlas bajo control. Además, la penalización del aborto no asegura que este deje de practicarse, sino que más mujeres que no desean ser madres tendrán más probabilidades de optar por interrumpir sus embarazos de forma insegura.

Las mujeres trans son más vulnerables a las maras y el crimen organizado en Centroamérica, así como los defensores de sus derechos, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La CIDH creó de 2011 a 2014 una relatoría sobre los derechos humanos de las personas LGTBI. Su informe sobre la Violencia contra las personas LGTBI determina como problemas sistémicos del colectivo la criminalización por razón de la orientación sexual o su identidad de género, los altos índices de violencia de los que son objeto y la impunidad relacionada, o su exclusión en el acceso a sus derechos fundamentales: salud, justicia, educación, trabajo y participación política, que en muchas ocasiones les obligan a migrar.

Contexto de las centroamericanas

Mercedes Hernández puntualiza que la violencia estructural en Centroamérica "tiene que ver con la discriminación histórica que sufren las mujeres en la región", si bien la violencia a manos de las maras es "una manifestación de esas discriminaciones históricas"; sin embargo, la gran mayoría de las mujeres asesinadas lo son a manos de "hombres cercanos a ellas". Ve necesario fijarse en que en "la despersonalización del crimen de género" subyace la idea "celosamente custodiada" de que "las mujeres, su vida y sus cuerpos son propiedad de los hombres". Observa también que "existen formas de violencia que, por estar tan normalizadas y aceptadas socialmente, se hacen más invisibles". Señala que "una de ellas es la idea de que el sufrimiento" forma parte de "ser mujer, que el miedo es inherente a la vida de las mujeres". "Ese estado de terror cotidiano –apunta– llega a ser no solo tolerado sino incluso embellecido y encontrado virtuoso".

A pesar de la creación de institutos nacionales de la mujer o el Plan de Equidad de Género, la acción política contra la violencia de género o la brecha salarial en la región resulta insuficiente. "Solo hay dos contrapesos y uno es resultado del otro", piensa Hernández: "Ninguna de estas mujeres está dispuesta a renunciar a las libertades". Los contrapesos de las instituciones patriarcales son, para la experta en violencia de género, el "incansable" movimiento feminista y "un gran bloque de las mujeres que, sin estar organizadas, no están dispuestas" a limitar sus derechos a "la reproducción y a los cuidados solamente".

El 93% de los 18 millones de personas que se dedicaban al trabajo doméstico remunerado en América Latina son mujeres, en su mayoría afrodescendientes, según las estimaciones de la OIT del 2015. La distribución sexual y racial de los puestos de trabajo encasilla a las mujeres en roles de cuidados, en muchas ocasiones, sin contrato y bajo condiciones precarias.

Las mujeres afrodescendientes se enfrentan a la discriminación étnico-racial y de género, así como a la superposición de distintas formas de exclusión. Son consignas a las que se ha sumado la CEPAL, que en 2015 contabilizó 130 millones de personas afrodescendientes en 16 países latinoamericanos, entre los que se encuentran El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o Costa Rica. En su informe sobre las Deudas de la igualdad para con el colectivo de mujeres afrodescendientes, la CEPAL constata la desigualdad laboral y económica que sufren estas frente a las no afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe. En Costa Rica, Nicaragua y Honduras, más de un 10% de las afrodescendientes se desempeñaban en 2016 en empleos domésticos mal remunerados y en condiciones de precariedad.

Una pareja de homosexuales ha anunciado este viernes que su boda, el primer matrimonio igualitario en Costa Rica, ha sido suspendida tras la prohibición del Consejo Notarial que impide a los notarios inscribir matrimonios entre personas del mismo sexo, informa Europa Press.

La decisión del Consejo Notarial ha tenido lugar a pesar de las recomendaciones y críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha instado a reconocer los derechos de las parejas homosexuales en el país.

"La notaria nos dijo que lo mejor era posponer el matrimonio. Nos impactó bastante", ha manifestado Mario Arias, que tenía previsto casarse con Roberth Castillo y se ha visto obligado a posponer la boda.

"Mi mensaje va dirigido a todas las parejas que estaban esperando para casarse. Estamos seguros de que esto va a pasar y que así como nosotros nos vamos a casar ustedes también se van a casar, entonces tengan la confianza de que todo esto se va a resolver por la vía legal y al final vamos a poder contraer matrimonio y como siempre el amor va a ganar", ha destacado Castillo.

Asimismo, la pareja ha asegurado que presentarán un recurso de amparo contra la decisión del Consejo por inconstitucionalidad, según ha recogido el diario local La Nación.

En este sentido, Arias ha criticado que "lo que está haciendo el Consejo Notarial no es solo no cumplir o no facilitar el cumplimiento, sino impedir que las personas notarias puedan cumplir con el mandato de la Corte", algo que ha tildado de "muy grave".

La notaria de la pareja, Marianella Mora, ha indicado que son respetuosos con las decisiones de las autoridades y que, por ende, deben apegarse a la directriz del Consejo de Notariado.

"No hay mal que por bien no venga. Se abre la vía de una discusión jurídica que es necesaria en el país y que nos permite dar con una decisión definitiva que encaminará al Estado costarricense a un mejor puerto", ha manifestado Mora.

Hasta hace unos días, solo tres países tenían prohibida la reelección presidencial de forma absoluta: México, Guatemala y Paraguay. En el resto de países, está contemplada de distintas formas en su legislación, aunque en el caso de Colombia el Congreso ha aprobado de nuevo su supresión y en Brasil también se ha dado un primer paso en esta misma línea.

En el caso de Venezuela y Nicaragua, existe la posibilidad de la reelección indefinida. En el primer país se aprobó en febrero de 2009 con Hugo Chávez todavía vivo, mientras que en Nicaragua fue aprobada en enero de 2014, lo que permitiría a su actual presidente, Daniel Ortega, continuar de por vida en el cargo.

Repasamos a continuación la situación en esta materia en los países de América Latina:

Argentina

Bajo mandato de Carlos Menem y mediante una reforma constitucional se aprobó la reelección continua en 1994. Desde entonces, solo se ha beneficiado de ella la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en su segundo y último mandato ya que no puede presentarse a las elecciones del próximo 25 de octubre.

Su caso supuso el primero de lo que Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), ha bautizado como "reelección conyugal", la que Fernández sucedió en el cargo a su marido, el presidente Néstor Kirchner.

Bolivia

La Constitución de 2009, con Evo Morales ya como presidente, estableció la reelección consecutiva para un segundo mandato. El actual mandatario, que llegó al poder en 2006, está cumpliendo ahora su segundo mandato, tras ser reelegido en las elecciones de octubre de 2014, ya que el primero no se cuenta puesto que fue bajo la anterior Carta Magna.

En el Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera, son cada vez más numerosas las voces que defienden que se enmiende la Constitución para permitir a Morales seguir en el poder. El mandatario ha dejado esta misma semana abierta la puerta a esta opción, tras asegurar en una entrevista que "si el pueblo dice que hay que cambiar la Constitución, obedeceré". Una de las vías de enmedar la Carta Magna es precisamente mediante una iniciativa popular respaldada por el 20 por ciento del electorado.

Brasil

A finales de mayo, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura una iniciativa que busca poner fin a la reelección consecutiva en los cargos ejecutivos, incluido el de presidente. La medida deberá ser votada nuevamente en la Cámara Baja y a continuación deberá ser el Senado el que decida si se suprime la reelección presidencial consecutiva que se fijó en la Constitución de 1995 con Fernando Henrique Cardoso como presidente.

La propuesta, que afectará igualmente a gobernadores y alcaldes (aunque no a los que actualmente están en el cargo) fue presentada por el partido opositor Demócratas (DEM), pero ha recibido el respaldo tanto del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y de su aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), como de la principal formación opositora, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). De salir adelante, la actual presidenta, Dilma Rousseff, no se vería perjudicada, puesto que está ya en su segundo mandato.

Chile

El país ha experimentado diversos cambios en esta materia desde la vuelta de la democracia en 1980. Así, del mandato inicial de 8 años sin posibilidad de reelección, para tras la reforma de 1994 pasar a ser de 6 años e igualmente sin reelección inmediata. La última reforma, llevada a cabo en 2005, fijó el mandato presidencial en 4 años y estableció la posibilidad de una única reelección, pero dejando al menos un mandato entre medias.

La primera en beneficiarse con este último cambio ha sido la actual presidenta, Michelle Bachelet, que ya estuvo en La Moneda durante el periodo 2005-2010. Como en otros países de la región, también en Chile desde el oficialismo se están dando pasos para que se instaure la reelección directa. Así, en diciembre de 2014 un grupo de diputados de la Nueva Mayoría presentó una propuesta en la Cámara de Diputados para que se fije la reelección consecutiva ya que consideran que un mandato único de cuatro años no es tiempo suficiente para poder desarrollar las políticas y medidas prometidas.

Colombia

La Constitución de 1991 prohibía la reelección del presidente de por vida pero Álvaro Uribe consiguió sacar adelante una reforma constitucional en 2005 que autorizó la reelección directa para un único mandato y que le permitió ser reelegido en 2006.

Su delfín político convertido en principal rival, el actual presidente Juan Manuel Santos, ha echado por tierra este logro bajo su mandato, ya que la Cámara de Representantes aprobó el pasado 3 de junio suprimir la reelección. Durante el debate, que ha enfrentado principalmente a partidarios de Santos y Uribe, se llegó a plantear la posibilidad de la reelección no consecutiva, algo que habría beneficiado al actual senador de Centro Democrático. Santos ha defendido esta semana que la medida, que afectará a todos los cargos del Estado, busca cerrar la puerta al "caudillismo tropical".

Costa Rica

La introducción de la reelección presidencial en Costa Rica es obra del expresidente Óscar Arias quien, tras un primer mandato entre 1986-1990, intentó primero por la vía del a Asamblea Legislativa y luego por la vía de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que la prohibición fuera anulada.

Finalmente, en abril de 2003, la Corte Suprema le dio la razón e instauró la posibilidad de la reelección aunque no de forma directa, en un gesto que llegó a ser tachado de "golpe de Estado técnico". Gracias a esta reforma constitucional, Arias volvió a la presidencia en las elecciones de mayo de 2006.

Ecuador

La reelección consecutiva y limitada a dos mandatos quedó recogida en la nueva Constitución de 2008 promovida por el presidente Rafael Correa, que había llegado al poder un año antes. Correa está actualmente en su segundo mandato, tras imponerse en las elecciones de 2013, y teóricamente no podría seguir en el cargo.

Sin embargo, su partido, Alianza País, inició en junio del año pasado una propuesta de enmiendas a una serie de artículos de la Constitución, entre ellos planteando la reelección indefinida. La Corte Constitucional autorizó a la Asamblea Legislativa a discutir estas enmiendas sin tener que pasar por un referéndum y el asunto sigue actualmente su curso parlamentario, por lo que no es de descartar que Correa pueda optar a seguir en el cargo después de 2017.

El Salvador

La Constitución de 1983 permite la reelección por un segundo mandato de cinco años pero no de manera consecutiva, sin que por el momento ninguno de los presidentes que ha tenido el país desde el restablecimiento de la democracia haya repetido en el cargo.

El único que lo ha intentado hasta la fecha ha sido Antonio Elías Saca quien, habiendo sido expulsado en 2009 de ARENA, se presentó como candidato para las elecciones de 2013 con Movimiento Unidad y recibió el respaldo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Sin embargo, solo pudo ser tercero en unas elecciones que ganó en segunda vuelta Salvador Sánchez Cerén por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Guatemala

Es uno de los contados países de la región en el que por el momento está prohibida la reelección presidencial. Aquí, los presidentes solo disponen de un único mandato improrrogable de cuatro años. Guatemala celebra elecciones presidenciales el próximo septiembre y se da la paradoja que desde que se reinstauró la democracia nunca el partido gobernante ha conseguido sucederse a sí mismo.

Además, el país ha vivido un intento de reelección conyugal ya que el anterior presidente, Álvaro Colom, intentó que su esposa Sandra Torres fuera la candidata de su partido a las elecciones de 2011 e incluso se divorció de ella para facilitarlo, pero la Corte de Constitucionalidad se lo impidió.

Honduras

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia instauró la reelección presidencial consecutiva en el país a finales de abril de este año tras ratificar una sentencia que anulaba tres artículos de la Constitución que la prohibían expresamente. El Supremo se pronunció en respuesta a una petición formulada por el expresidente Rafael Callejas y 16 diputados, del gobernante Partido Nacional y Unificación Democrática, para que se autorizara la reelección presidencial en cualquiera de sus formas.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se limitó a expresar su respeto por la sentencia y por el momento no se ha pronunciado sobre sus intenciones de optar a un nuevo mandato en las elecciones de 2017. Quien sí ha expresado su intención de volver al cargo es Callejas, presidente entre 1990-1994. El cambio podría beneficiar también al expresidente Manuel Zelaya, depuesto precisamente en 2009 en un golpe de Estado por intentar instaurar la reelección.

México

México es el único gran país de la región que no tiene reelección presidencial. Aquí sus presidentes solo pueden gozar de un único mandato de seis años que invariablemente comenzara el 1 de diciembre del año en que sean elegidos y tras lo cual deberán abandonar para siempre la residencia oficial de Los Pinos.

El pasado 14 de junio, la esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, anunció que buscará ser la candidata del Partido de Acción Nacional (PAN) de cara a las elecciones presidenciales en 2018, en lo que sería lo más próximo a una reelección que podría producirse en el país, aunque por la vía conyugal, si bien la antigua primera dama ha marcado distancias de su marido.

Nicaragua

En enero de 2014, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Constitución que estipula la reelección inmediata indefinida y además contempla la posibilidad de que el presidente sea elegido en primera vuelta con mayoría simple de los votos. Esta reforma permitirá a Daniel Ortega, que ya había gobernado el país entre 1985 y 1990, pueda presentarse si así lo desea a las elecciones de 2016.

Ortega, que se impuso en las elecciones de noviembre de 2006 tras dos intentos fallidos de llegar a la presidencia por las urnas, fue reelegido en noviembre de 2011 después de cierta polémica en el país dado que muchos consideraban que el artículo 147 de la Constitución le prohibía optar a un nuevo mandato. Finalmente, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia allanó el camino para su segundo mandato consecutivo.

Panamá

El artículo 173 de la Constitución de 1972 estipula que aquel que haya sido presidente o vicepresidente del país "no podrá ser reelegido para el mismo cargo en los dos períodos presidenciales inmediatamente siguientes".

En 1998, el entonces presidente, Ernesto Pérez Balladares, convocó un referéndum para introducir la reelección consecutiva, pero la propuesta fue rechazada por el 63,8% de los panameños. El último intento fallido por introducir la reelección consecutiva se produjo en 2011 bajo mandato de Ricardo Martinelli y en la Asamblea, pero no llegó a buen puerto.

Paraguay

La Constitución de 1992 estipula un único mandato presidencial de cinco años. Sin embargo, también en este país han surgido voces que abogan por establecer la posibilidad de la reelección, algo que ya se intentó durante el mandato de Fernando Lugo, destituido mediante un juicio político en 2012.

Desde el Partido Colorado del actual presidente, Horacio Cartes, se ha defendido la necesidad de reformar la Constitución para permitirlo mientras que Lugo, actual senador por el Frente Guasú, también ha visto con buenos ojos esta posibilidad –"Paraguay no debería estar en otra corriente distinta a la de la región"– si bien ha asegurado que no tiene ningún "interés personal" en ello.

Perú

Perú fue el primer país de la región en introducir la reelección continua durante dos mandatos en 1993 de la mano del entonces presidente Alberto Fujimori. En el año 2000, sin embargo, se optó por cambiar el sistema a reelección alterna, siendo necesario dejar un mandato de cinco años entre medias.

Además del propio Fujimori, también se ha beneficiado de la posibilidad Alan García, que gobernó por primera vez entre 1985-1990 y que volvió a la presidencia entre 2006-2011. Perú celebra elecciones en 2016 a las que podrían concurrir tanto García (ya que su primer mandato fue antes del cambio) como el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Además, se ha especulado con la posibilidad de que la primera dama, Nadine Heredia, trate de suceder al actual mandatario, Ollanta Humala.

República Dominicana

La Cámara de Diputados aprobó a principios de junio la reelección consecutiva y derogó la reelección alterna que estaba vigente en el país desde 2010, cuando se abandonó la reelección directa por la alterna.

Este cambio, propuesto por el oficialista Partido de la Liberación Dominicano (PLD), permitirá al actual presidente, Danilo Medina, optar a un segundo y último mandato en las elecciones de 2016, algo que esta misma semana ha dicho que hará si así lo quieren los dominicanos. Asimismo, y dado que no es retroactivo, permitirá al expresidente Leonel Fernández intentar volver al cargo, aunque solo una vez más, si decide presentarse en dichos comicios.

Uruguay

El país contempla la reelección, aunque no de manera sucesiva, siendo necesario que se deje un mandato de cinco años entre medias. Desde el restablecimiento de la democracia en el país en 1994, han sido dos los presidentes que han vuelto al palacio de Suárez y Reyes.

El primero en lograrlo fue Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, que gobernó entre 1985 y 1990 y entre 1995 y 2000. El actual presidente, Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, ha vuelto a la presidencia en 2015 tras imponerse en las elecciones del año pasado después de dirigir los designios de Uruguay entre 2005 y 2010.

Venezuela

En Venezuela, la posibilidad de reelección presidencial no llegó hasta 1999, cuando estableció la reelección consecutiva. El entonces presidente, Hugo Chávez, trató de instaurar la reelección indefinida mediante un referéndum en 2007, pero su propuesta no salió adelante.

Finalmente, con el referéndum celebrado el 15 de febrero de 2009, los venezolanos dieron luz verde a la introducción de una enmienda en la Constitución que permite la reelección indefinida. Venezuela se convertía así en el primer país que autorizar esta opción, que permitiría a un Chávez, ya enfermo, ser reelegido en las elecciones de diciembre de 2011.

Nominado como comisario de Energía y Acción Climática para la futura Comisión Europea que presidirá Jean-Claude Juncker, el exministro Miguel Arias Cañete vio la semana pasada cómo las dudas de socialdemócratas y de los grupos a su izquierda (Izquierda Unitaria, al que pertenecen IU y Podemos, y Los Verdes, que cuenta con el apoyo de Equo) dejaban en suspenso su evaluación hasta que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se pronuncie sobre su segunda declaración de intereses, que incluye sus cobros del PP.

Un día antes de que los coordinadores de grupo aplazasen el dictamen sobre Cañete, el candidato se había sometido a un duro examen de tres horas ante las comisiones de Industria y Medio Ambiente. Fue allí donde Cañete negó tajante cualquier relación con operaciones localizadas en paraísos fiscales y varios interrogantes abiertos sobre el holding familiar que capitanea su cuñado Miguel Domecq. Por ejemplo, quién hay tras la empresa holandesa Havorad BV, cabecera del grupo –se lo preguntó la eurodiputada de IU Paloma López–, o a quién ha vendido el 2,5% que poseía en las dos petroleras españolas que controla Havorad, Petrologis Canarias SL y Petrolífera Dúcar SL. Los documentos mercantiles del holding y varias sentencias sobre una de las sociedades del grupo, heredera española de una compañía familiar panameña, aportan algunas respuestas.

01. ¿Ha tenido Cañete algún vínculo directo con empresas localizadas en paraísos fiscales?

Sí, con la empresa panameña Angelmo International Corp, que en abril de 2000 trasladó su domicilio social a España y quedó rebautizada como Angelmo Development SL. Entre julio de 1991 –cuando el Gobierno promulgó un real decreto sobre la materia, el 1080/1991–, y abril de 2013, Panamá permaneció en la lista española de paraísos fiscales.

El primer dato de la relación del futuro comisario con Angelmo International Corp. lleva fecha de 23 de julio de 1997. El día 1 de ese mes, quedó constituida en Madrid Angelmo International Corp. Sucursal en España, de la que no hay cuentas disponibles por cuanto, como su nombre indica, era solo una delegación de la compañía panameña.

El día 23 de julio de ese año, la sucursal española de Angelmo nombró dos “representantes permanentes” [ver el PDF]: el primero era una persona jurídica, la empresa Arias y Domecq SL; el segundo, una persona física: Miguel Domecq Solís, cuñado de Miguel Arias. Cinco meses antes, el 20 de febrero de 1997, Miguel Arias Cañete había sido nombrado administrador solidario de Arias y Domecq SL, junto con Miguel Domecq Solís. Dado que Miguel Domecq ya era representante de la compañía como persona física, el único efecto de otorgar ese rango también a Arias y Domecq SL fue este: que también así Cañete se incorporó a la gestión de la panameña Angelmo.

El 31 de marzo de 2000 –esa fue la fecha que en un debate parlamentario ofreció el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada–,dos semanas después de las elecciones generales que otorgaron mayoría absoluta a José María Aznar, Cañete cesó como administrador solidario de Arias y Domecq SL [consulta el PDF], aunque el cese no quedó inscrito en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) hasta el 26 de diciembre de ese año. El 27 de abril de 2000, Cañete fue nombrado ministro de Agricultura y Pesca.

Para entonces, y por decisión de una junta de accionistas celebrada en octubre de 1999 [aquí tienes el PDF] pero cuyos acuerdos no se materializaron en Panamá hasta enero de 2001 [lo puedes ver aquí en PDF], la panameña Angelmo International Corp ya había trasladado su domicilio social a Madrid y “adquirido la condición de entidad social española”, que fue el mandato de la junta de accionistas en Panamá.

Los documentos del registro panameño señalan que Miguel Domecq Solís constaba como presidente de Angelmo International Corp en octubre de 1999 y que fue él quien dirigió el proceso de disolución. Y que todas las acciones de Angelmo eran propiedad de Havorad BV. Domiciliada en Amsterdam, Havorad BV opera como cabecera del holding familiar. Por ejemplo, es el accionista de control de las compañías Petrologis Canarias SL y Petrolífera Dúcar SL, aquellas de cuyas participaciones (el 2,5% respectivamente) se ha desprendido ahora Miguel Arias.

Una vez decidida la disolución de la compañía panameña y su traslado a España, una nueva empresa nació en Madrid. Constituida el 5 de abril de 2000, la empresa quedó rebautizada como Angelmo Development SL. Es la heredera de la Angelmo panameña. Y, a día de hoy, está participada al 99% por la compañía holandesa Havorad BV [revisa el PDF]. a la que la Agencia Tributaria considera una “empresa pantalla”. Ni los documentos depositados en el Registro Mercantil de Holanda ni los presentados en el de Madrid permiten saber a quién pertenece el 1% restante. Ni, por supuesto, cuál es y ha sido a lo largo de los años la composición accionarial de Havorad BV.

02. ¿Quién está detrás de la empresa holandesa Havorad BV, cabeza del holding familiar?

A ciencia cierta no se sabe, y Arias Cañete tampoco lo ha aclarado, pero todos los datos apuntan  a que Havorad BV ha pertenecido al menos desde finales de los ochenta al entorno familiar de Cañete, con su cuñado Miguel Domecq en cabeza.

Constituida en 1962 y sin un solo empleado, Havorad BV declaró en las cuentas de 2013 activos por 32,9 millones de euros, todos ellos de carácter financiero. Al cierre de 2013, Havorad constaba como accionista mayoritario o de control de 12 sociedades españolas del grupo familiar. Entre ellas figuran las dos compañías petroleras españolas –Petrologis Canarias y Petrolífera Dúcar–, tres dedicadas a la agricultura y siete del ámbito inmobiliario, como Angelmo Development SL.

El historial registral de Havorad BV, expedido por el Registro holandés y facilitado en septiembre a infoLibre por fuentes políticas europeas, muestra una peculiaridad. Según el documento, el accionista único de la compañía entre el 5 de mayo de 1989 y el 22 de diciembre de 2003 fue una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, Gold Lion Corporation NV. El 22 de diciembre de 2003, Gold Lion fue sustituida como “accionista único” de Havorad BV por la costarricense Corporación Bilares SA. Y ese mismo día, Corporación Bilares SA dejó de ser la propietaria de Havorad BV.

La peculiaridad estriba en que tuvo como accionista único a Bilares por un solo día. Y en que a partir de su cese –diciembre de 2003–, el historial deja en blanco la identidad de los accionistas. A partir de 2007, las cuentas introducen una fórmula según la cual la compañía consideraba primero a Miguel Domecq, su esposa y sus hijos como propietarios, para finalmente señalar sólo al cuñado de Cañete y a sus nietos. En las cuentas de 2013, desaparece toda referencia nominal a los accionistas. Los títulos, dice la memoria de ese año, depositada el pasado 3 de julio, son “mayoritariamente propiedad de un individuo español”.

Pese al más que efímero paso –un solo día– de Corporación Bilares por Havorad [consúltalo aquí en PDF], esta aún la consideraba como “entidad relacionada” en 2009. El balance de ese año, como los anteriores hasta al menos el de 2006, titula la nota 8 de la memoria con el siguiente epígrafe: “Préstamos debidos a entidad relacionada”. Debajo, el texto dice lo siguiente: “Este artículo [es decir, esta nota de la memoria] representa dos acuerdos con Bilares Corporación SA de fecha 28 de diciembre de 1989 y 15 de septiembre de 1996. Además, este producto también representa un préstamo de Bilares Corporación en la cantidad de 1.783.900 euros concedido el 1 de enero de 2002”.

03. ¿Ha incurrido en malas prácticas tributarias alguna de esas empresas?

Pues, a tenor de lo que sostiene Hacienda y queda reflejado en varias sentencias de lo contencioso –es decir, no hay un procedimiento penal–, la última de ellas dictada por el Supremo en diciembre de 2013, la respuesta es sí. El pleito está relacionado con Angelmo Development SL, heredera de la panameña Angelmo International Corp. Y lo que Hacienda lleva sosteniendo desde hace una década es que esa compañía ejecutó una maniobra destinada a pagar menos impuestos desde el mismo momento de su instalación en España. ¿Cuál? Contabilizar como préstamo destinado a la reforma de una nave de Fuenlabrada 734.600 euros, una operación realizada en 1997, el año en que la panameña Angelmo abrió su sucursal en España. Según Hacienda, la empresa jamás demostró que la obra se hubiera ejecutado, por lo que ni siquiera considera que el préstamo exista.

Varias de esas sentencias expican el hilo societario de Angelmo. Una de ellas, emitida por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) el 9 de abril de 2013 [la puedes consultar aquí en PDF] y que estimó uno de los recursos de Angelmo por prescripción, incorpora el siguiente párrafo sobre aquel préstamo: “Este préstamo, inicialmente entre la prestamista Corporación Bilares de Costa Rica y Angelmo Internacional Corp, de Panamá, casa central de la sucursal española y de la hoy recurrente cuando en el año 2000 los activos y pasivos de la sucursal se integran en Anselmo Development S.L., y que según resulta del expediente y de la información facilitada por la Administración Tributaria de los Países Bajos, Havorad BV, propietaria al 100% de la recurrente, es propiedad [el texto dice "propietaria" por error, aunque en otras sentencias se transcribe de forma correcta] de Gold Lion Cop NV, de Antillas Holandesas, la cual, a su vez, es filial asimismo al 100% de Corporación Bilares S.A. de Costa Rica, siendo HAVORAD BV una sociedad unipersonal, sin empleados y sin otra actividad que la fiduciaria, siendo calificada por la AEAT [la Agencia Tributaria] como sociedad pantalla siendo el beneficiario de los pagos por intereses procedentes de España la sociedad matriz de Costa Rica Corporación Bilares SA”. En otras palabras, los impuestos que Angelmo Development se deducía en España por pagos del préstamo terminaban en Costa Rica.

04. ¿Controla su familia un tercio de Cepsa Panamá?

Sí. La compañía holandesa Havorad BV, que en España es accionista de control de Petrologis Canarias y de Petrolífera Dúcar, controla un tercio de la filial panameña de Cepsa, uno de los gigantes españoles del sector. Petrolífera Dúcar ya colaboraba en España con Cepsa, pero sólo en calidad de arrendadora de tanques para petróleo en Ceuta.

¿Qué documento acredita lo anterior? Las cuentas depositadas por Havorad BV en el Registro holandés. Al cierre de 2013, Havorad BV poseía el 57,58% de la compañía panameña Pacific Petroleum Services SA. A su vez, Pacific Petroleum Services SA posee el 33% de Cepsa Panamá, que suministra crudo en las dos orillas del Canal y a la que su matriz, Cepsa, presenta en su web corporativa como cabeza de puente para su expansión a través del Atlántico y el Pacífico. La versión española de la web no menciona la existencia de Pacific Petroleum Services. En cambio, la inglesa sí especifica el reparto accionarial entre Cepsa y Pacific Petroleum. Y aunque el texto menciona a la compañía como “Pacific Petroleum SA”, el Registro panameño confirma que se trata de la “Pacific Petroleum Services SA”.

La última semana de septiembre, los portavoces de Cepsa confirmaron que, tal como consta en el Registro Mercantil de Panamá, Cepsa Panamá SA se constituyó en noviembre de 1998 con un reparto de porcentajes idéntico al que se mantiene: 67% de Cepsa y 33% de Pacific Petroleum Services SA.

Los mismos portavoces dijeron carecer de información sobre a quién pertenece Pacific. Pero remarcaron que en 1998 –Pacific se había constituido nueve meses antes–, esa sociedad pertenecía a “panameños”. Fueron los dueños de Pacific, recalcó Cepsa, los que propusieron crear una sociedad conjunta que operase en el Canal, punto estratégico para el mercado de crudo.

Aunque la operadora española asegura desconocer la identidad de los accionistas de control de Pacific Petroleum Services SA, el Registro Mercantil panameño constata que Miguel Domecq Solís forma parte, como vocal, del órgano directivo de Cepsa Panamá SA desde 2007 [consulta el PDF]. A tenor de los documentos depositados en el Registro panameño, Miguel Domecq continúa actualmente como director de Cepsa Panamá [compruébalo aquí en PDF].

Las cuentas de Havorad BV sobre 2013 dicen que Pacific Petroleum Services SA es una compañía española, a diferencia de lo que sostenían los balances previos, que la localizan en el país correcto: Panamá.

Ante la posibilidad de que el grupo hubiera iniciado un proceso de traslado como hizo en el año 2000 con Angelmo, este diario consultó el Registro Mercantil español: no aparece inscrita ninguna compañía denominada Pacific Petroleum Services SA, que, en cambio, sigue constando en el Registro panameño.

Los empleados que atendieron las llamadas de infoLibre en el cuartel general del grupo en Madrid, ubicado en la calle de Claudio Coello, dijeron que no podían pasar la llamada a nadie para hablar de Havorad BV o Pacific Petroleum Services SA porque nadie sabía nada de ninguna de esas dos sociedades.

05. ¿ ¿A quién ha vendido Cañete sus acciones en las petroleras familiares?

No se sabe, dado que Cañete mantiene este dato oculto. Petrologis Canarias y Petrolífera Dúcar, que tienen en España relaciones con Cepsa –la segunda le mantiene alquilados tanques de almacenamiento en Ceuta– tuvieron a Cañete como presidente hasta su nombramiento como ministro en diciembre de 2011. El exministro, a cuyos portavoces en el PP preguntó infoLibre el pasado jueves quiénes han adquirido los 23.585 títulos que tenía en Petrologis Canarias SL y los 85.349 que poseía en Petrolífera Dúcar SL, no accedió a desvelar ese dato. La venta de acciones queda reflejada en la segunda declaración de intereses [consúltala en PDF] aportada al Parlamento europeo por Cañete.

Ahora bien, tanto Petrologis Canarias como Petrolífera Dúcar son sociedades limitadas. Y en ese tipo de compañías, los poseedores de títulos tienen derecho de adquisición preferente si uno de los accionistas decide vender su cuota. En el supuesto de que alguien ajeno a la sociedad pretenda entrar en el accionariado comprando las participaciones de un accionista saliente, este tiene que comunicar su identidad al resto en previsión de que alguno de los propietarios originales quiera ejercer el derecho de tanteo y retracto. No obstante, una sentencia de la Audiencia de Madrid fechada en abril de 2013 sostiene que, a efectos de venta de títulos, prima lo que establezcan los estatutos de la sociedad: en el supuesto de que permitan la libre transmisión de participaciones, la sentencia resuelve que bastará con que el órgano de administración autorice la entrada de un nuevo socio. 

En Petrologis Canarias, y según sus cuentas de 2012, la holandesa Havorad BV poseía el 48%; Miguel Domecq como persona física tenía el 11%; y Civisol, empresa en cuya administración participó Arias Cañete en 1999 a través de la sociedad Arias y Domecq SL, tenía asignado el 20%. En resumen, la familia controlaba al menos el 79% de Petrologis Canarias al cierre de 2012. Ese porcentaje no incluye el 2,5% que acaba de vender Arias Cañete y que, a tenor de los datos oficiales, debía estar englobado dentro del 21% de títulos que las cuentas señalan como propiedad de “otros” accionistas.

Por lo que respecta a Petrolífera Dúcar, y también según sus cuentas de 2012, Havorad ostentaba el 45,2%; Miguel Domecq, el 12,78%; Civisol, el 9,7% y Arias y Domecq SL, el 9,7%. El 26,75% restante correspondía a “otros” accionistas. Y dado que Cañete sólo ha declarado participar en Petrologis y Petrolífera Dúcar, su 2,5% debe necesariamente situarse en esa franja. Las cifras anteriores significan que, sin contar el 2,5% del exministro, la familia poseía al menos el 73,25% de Petrolífera Dúcar al cierre de 2012.

"Me cago en los muertos helenos de la puta Grecia", decía el mensaje que durante unos segundos podía leerse en la cuenta de Twitter del Diario de Sevilla.

Aunque las disculpas llegaron inmediatamente, ya era demasiado tarde; los tuiteros ya habían realizado una captura del comentario.

¿Se confundiría el community manager a la hora de elegir la cuenta? ¿Lo publicaría por error el redactor, enfurecido por la hora extra –presumiblemente no pagada– que le tocaba hace que hacer a esas horas del domingo?

Por si acaso, los tuiteros que bromearon con el comentario ya han pedido a los dueños del periódico que no despidan al autor del tuit.

No se trata de la única broma tuitera que ha disgustado a la parroquia en este Mundial. La aerolínea holandesa KLM publicó un polémico tuit en el que bromeaba con la eliminación de México en los octavos de final de la Copa del Mundo. "Adiós Amigos!", decía KLM acompañando el texto con la foto de un cartel de "Departures" (salidas). Tal fue la avalancha de respuestas desde México, que la compañía tuvo que borrar el mensaje y disculparse por la metedura de pata.

Por segundo consecutivo, el PSOE exige a Miguel Arias Cañete que aclare antes del 25 de mayo sus vínculos con los paraísos fiscales. Y no va a dejar de demandar explicaciones. 

"Sería muy conveniente que el señor Cañete explique y responda" antes de los comicios del próximo domingo "si sus socios en sus empresas tenían intereses en paraísos fiscales y si sus empresas han trabajado con o en paraísos fiscales", subrayó este miércoles Óscar López, secretario de Organización y director de la campaña de los socialistas en un comunicado. 

López se refería así a la información publicada hoy por infoLibre, según la cual el candidato del PP y su familia utilizaron cinco empresas panameñas para hacer negocios desde el paraíso fiscal centroamericano. Cañete estuvo ligado directamente a la gestión de dos de estas sociedades: Lucite Development Inc y Angelmo International Corporation. Las dos eran propiedad de una tercera compañía que a día de hoy sigue funcionando, Havorad BV, una sociedad holandesa que, como también descubrió este diario, pertenece al 100% a Gold Lion Corp NV, radicada en otro paraíso fiscal, las Antillas Holandesas. Havorad, al menos hasta el cierre de 2012, era la principal accionista de Petrolífera Dúcar SL y Petrologis Canarias SL, las dos empresas de suministro y almacenamiento de carburantes de las familias Arias y Domecq en las que el exministro participa como socio minoritario. 

Havorad BV también está relacionada con las otras tres sociedades panameñas ligadas a la familia de la mujer de Cañete: Lauter Development Corporation, Carlin Corporation y Monsell Development Corporation.

No tendrá "fácil" ser comisario

Además, López volvió a reclamar que Cañete aclare "qué va a hacer el PP en Europa en contra del fraude y los paraísos fiscales", teniendo en cuenta que hay "11 cuentas en Suiza y dos en Luxemburgo" del PP, descubiertas por el caso Bárcenas. En línea con lo que manifestaba esta mañana en la Ser Elena Valenciano, la cabeza de cartel socialista para el 25-M, es "muy difícil que quienes utilizan los paraísos fiscales puedan acabar con ellos". 

"El señor Cañete quiere evitar algunas preguntas para no tener que dar algunas respuestas, pero las preguntas siguen ahí, e incluso crecen y debería responderlas antes de que acabe la campaña y antes de que los ciudadanos voten", remachó. 

El PSOE cree que el exministro "no va a tener fácil" conseguir la cartera de comisario de la UE. No sólo por sus declaraciones machistas del pasado viernes –y de las que hoy, cinco días más tarde, se disculpó en la Cope–, sino por sus negocios con paraísos fiscales, ya que precisamente uno de los objetivos de la Unión para la próxima legislatura es el combate a los territorios de fiscalidad opaca. 

Arias Cañete estuvo directamente ligado a la gestión de dos de esas sociedades: Lucite Development Inc y Angelmo International Corporation. Y ambas eran propiedad de una tercera compañía que a día de hoy sigue a pleno rendimiento: Havorad BV.

Havorad BV es justamente la sociedad limitada holandesa que, como desveló este martes infoLibre, pertenece al 100% a una empresa –Gold Lion Corp. NV– radicada en otro paraíso fiscal: las Antillas Holandesas. A su vez, y según la información suministrada a España por la Agencia Tributaria holandesa a raíz de un pleito civil, Gold Lion figuraba en 2013 como participada al completo por la costarricense Corporación Bilares SA.

Al menos hasta el cierre de 2012, Havorad BV constó como principal accionista de Petrolífera Dúcar SL y Petrologis Canarias SL. Es decir, de las dos empresas de almacenamiento y suministro de carburantes de las familias Arias y Domecq en las que el exministro de Agricultura y Medio Ambiente declara participar como socio minoritario.

Havorad BV también está relacionada con las otras tres sociedades panameñanas vinculadas a la familia de la esposa de Cañete: Lauter Development Corporation, Carlin Corporation y Monsell Development Corporation.

Como ya ocurrió el lunes, infoLibre no logró tampoco ayer contactar con Arias Cañete o algún miembro de su equipo de campaña. Este diario trasladó la petición a portavoces oficiales del PP, a los que hizo llegar dos preguntas para el candidato: por qué operó con sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Panamá y, de nuevo, cómo se distribuye el accionariado de Havorad BV; es decir, el de su matriz Gold Lion Corp. NV (Antillas Holandesas) y el de su socio único costarricense, Corporación Bilares SA, disuelta en noviembre de 2013 como acreditan documentos oficiales de ese país.

Lucite Development Inc. y Angelmo International Corporation 

Las dos empresas panameñas con las que Arias Cañete mantuvo relación directa hasta su disolución el 30 de noviembre de 2000 eran Lucite Development Inc. y Angelmo International Corporation.

Ambas habían abierto sucursal en España en el verano de 1997. En el mismo acto de su constitución bajo mando directo de sus respectivas matrices panameñas, tanto Lucite como Angelmo designaron como representante permanente en España a la sociedad Arias y Domecq SL, donde Arias Cañete ocupaba entonces el cargo de administrador solidario, al igual que su cuñado, Miguel Domecq Solís. En 1997, el dirigente del PP ya ocupaba un escaño en la Eurocámara.

Constituida en enero de 1986 con un capital de 60.000 dólares y con Miguel Domecq como director, la panameña Lucite Development Inc. mantuvo solo tres años su sucursal en España.

El 30 de noviembre de 2000, y mediante una escritura rubricada por el director de Havorad BV –el Registro panameño no desvela su identidad–, se disolvió tras haber adoptado un año antes, el 25 de noviembre de 1999, la decisión de trasladar su domicilio social a España.

La compañía se instaló definitivamente en Madrid en septiembre de 2000, cambió el sufijo panameño "Inc." por el español "SL" y nombró administrador único a Miguel Domecq Solís, que hoy conserva el cargo a tenor de la información disponible en el Registro Mercantil. Ubicada en el mismo despacho madrileño donde se localizan buena parte de las empresas de la familia y especializada en la “explotación de fincas rústicas y urbanas”, Lucite Development SL no ha presentado cuentas después de 2010.

El rumbo seguido por la segunda sociedad panameña con la que Arias Cañete mantuvo relación directa, Angelmo International Corp., fue diferente al de Lucite, aunque el resultado final resultó idéntico: tras su disolución en Panamá, su antigua sucursal en España acabó sustituida por una compañía de nueva creación y nombre casi calcado del original, Angelmo Development SL, y que incluye en su objeto social el siguiente: “La transformación de fincas rústicas en urbanas mediante los oportunos planes de ordenación”.

Fundada el 7 de junio de 1988 y con un capital social que el Registro panameño cifra en 380.500 dólares, la panameña Angelmo International Corp firmó la escritura de disolución el 30 de noviembre de 2000 por decisión de Havorad BV.

Traslado a España de otras tres sociedades panameñas

Las otras tres sociedades panameñas de la familia de Arias Cañete, todas ellas con Miguel Domecq Solís en el puesto de director, se disolvieron finalmente en enero de 2005.

La operativa se repitió aquí: las tres trasladaron su domicilio social a España y mantuvieron denominaciones casi idénticas a las originales panameñas, pero con un nuevo adjetivo añadido: la Carlin Corporation pasó a llamarse Carlin Agroganadera SL; Lauter Development Corporation quedó como Lauter Agroganadera SL, y Monsell Development Corporation fue rebautizada como Monsell Agroganadera SL.

Las tres tienen en la actualidad el mismo socio único: Havorad BV. Qué personas físicas están tras la estructura de muñeca rusa que arranca con esta empresa, definida por Hacienda como “sociedad pantalla”, eso sigue siendo la principal incógnita.