Una de las señas de identidad de infoLibre en sus primeros diez años de historia ha sido el periodismo de investigación. Nos sentimos orgullosos de cientos de informaciones que han denunciado comportamientos corruptos, privilegios o intereses ocultos de los poderosos, que han desvelado hechos del máximo interés público y que han tenido un importante impacto social. No resulta fácil seleccionar diez de esas investigaciones, pero las que te contamos a continuación sin duda definen ese periodismo comprometido de infoLibre.

Este periódico nació el 7 de marzo de 2013 y la primera portada fue ya toda una declaración de intenciones: Los dueños del gigante de la sanidad privatizada se ocultan en las Caimán. La compañía entonces denominada Capio, primer grupo sanitario privado y mimado especialmente por los Gobiernos madrileños del PP, tenía una compleja estructura societaria que pasaba por los Países Bajos y Luxemburgo, para terminar en las islas Caimán. Una trama que convertía en misión imposible conocer la identidad de los verdaderos dueños de una empresa que se alimentaba en buena medida de dinero público, ya que la colonia británica es uno de los territorios más opacos desde el punto de vista fiscal.

El juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado que investigaba la querella por la privatización de hospitales madrileños presentada por la asociación de médicos Afem, requirió a infoLibre copia de los documentos que acreditaban la conexión de Capio con sociedades de las Islas Caimán. En noviembre de 2014, la Audiencia Provincial ordenó archivar la investigación judicial.

infoLibre fue el primer medio que consiguió, a finales de noviembre de 2013, los correos secretos de Miguel Blesa, quien entre 1996 y 2009 había sido presidente de Caja Madrid. Este periódico publicó decenas de informaciones exclusivas, entre ellas que Blesa le había buscado a su íntimo amigo José María Aznar un contrato como comisionista de una empresa que vendía armamento a Venezuela. El contrato no llegó a “concluirse”, según la versión del expresidente del Gobierno, quien denunció a infoLibre ante la Fiscalía General al entender que la publicación de los mensajes constituía un delito de revelación de secretos. La denuncia de Aznar no prosperó.

Los correos de Blesa destaparon, entre otras muchas cuestiones, que la entidad ahorro ya sabía en 2006 que los preferentistas nunca recuperarían su inversión al completo. O que la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre impulsó que Caja Madrid y Telemadrid comprasen derechos del fútbol sabiendo que se perdería dinero.

Esperanza Aguirre fue, precisamente, la protagonista de otra relevante exclusiva de este periódico. Durante la campaña de las elecciones municipales de 2015, cuando la dirigente del PP aspiraba a convertirse en alcaldesa de Madrid, Aguirre se negó de forma reiterada a revelar cuáles habían sido sus ingresos. infoLibre puso fin a la opacidad al desvelar, el 21 de mayo de aquel año, sus ingresos: en 2013 Aguirre ganó 369.000 euros como cazatalentos en Seeliger & Conde y otros 5.000 en juegos de azar.

La dirigente madrileña montó en colera y, nada más publicarse la información, ordenó al bus de campaña del PP donde iban los periodistas que se dirigiese a la Fiscalía General del Estado, donde interpuso una denuncia por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Aguirre culpó directamente al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de la filtración. Y, tras los comicios, admitió públicamente que no había logrado la Alcaldía –para la que fue elegida Manuela Carmena– por la publicación de su declaración de la renta: el día que infoLibre destapó los datos el PP detectó “la caída de 12 puntos en el apoyo que hasta ese momento” tenía “entre los pensionistas”.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, era dueño del 25% de una empresa en Panamá denominada Duchesse Financial Overseas, según desveló infoLibre el 29 de mayo de 2017. La compañía panameña era, a su vez, propietaria de un chalé en España valorado entonces en 550.000 euros. Ante la negativa del fiscal a ofrecer su versión, este periódico llegó a enviarle un burofax para dejar constancia de los hechos, burofax que resultó clave para establecer la verdad de lo ocurrido cuando Moix intentó desactivar la noticia ofreciendo una versión falsa a través de un medio amigo. Tras tres días de mentiras públicas, el fiscal Anticorrupción tuvo que dimitir.

Este periódico también desveló que Manuel Moix, en su etapa de fiscal en Madrid, había evitado en tres ocasiones investigar a Ignacio González a pesar de que tenía pruebas más que evidentes sobre el escándalo de corrupción que terminó convirtiéndose diez años después en el caso Lezo, que supuso la detención del expresidente madrileño en 2017. Una asociación ciudadana denunció a Moix por el presunto delito de encubrimiento, pero el Supremo decidió archivar la querella.

infoLibre se convirtió en marzo de 2019 en el único medio español en formar parte de European Investigative Collaborations (EIC), consorcio europeo de periodismo de investigación del que forman parte entre otros la revista alemana Der Spiegel y el digital francés Mediapart (medio que tiene un acuerdo editorial con infoLibre y que también está entre sus principales accionistas). Desde entonces este periódico ha publicado decenas de informaciones de Football Leaks, filtración que ha desvelado la parte oculta del negocio del fútbol, incluyendo la utilización masiva de paraísos fiscales por parte de futbolistas y clubes con el objetivo de pagar menos impuestos.

Como parte del EIC, infoLibre ha publicado otras investigaciones relevantes, desde la historia de los 24 años de fracaso europeo en política fiscal hasta el saqueo del Congo por parte del dictador Joseph Kabila y su clan, los negocios del grupo de mercenarios Wagner en África, la utilización de España por parte del gigante petrolero Exxonmobil para transferir beneficios de Luxemburgo a Delaware sin pagar ni un euro en impuestos, o como España ayuda a las empresas alemanas a sortear la prohibición de Berlín de vender armas a Arabia Saudí.

Francisco Serrano, candidato de Vox en 2015 y en 2018 en las elecciones autonómicas andaluzas, proclamaba que había entrado en política para terminar con las “paguitas”. De quien no decía nada era de aquellos que estafan millones de euros de dinero público. Serrano tenía sus razones: como destapó en 2019 este periódico, el juez y dos socios se embolsaron 2,4 millones de euros de una ayuda pública tras declarar falsamente que era dueño de maquinaria industrial que nunca tuvo. Las diferentes informaciones de este periódico sobre dieron lugar a la apertura primero de una investigación policial y luego otra judicial, cuyos frutos se conocieron en enero de este año: el juez procesó a Serrano y sus socios por estafa y fraude de subvenciones de 2,4 millones.

Como es práctica bastante común entre los presuntos corruptos, Serrano intentó matar al mensajero, para lo que presentó una querella contra este periódico por presunta revelación de secretos. La jueza la desestimó, en un auto en el que recordó al juez “el deber moral de ejemplaridad” de los representantes políticos.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó un Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables que vivían en las residencias y 7.291 mayores murieron en los geriátricos durante los dos primeros meses de la pandemia de covid. Aunque la presidenta madrileña y sus cómplices mediáticos intentaron imponer la falsa versión de que era un simple borrador y que las competencias sobre las residencias eran en realidad de Pablo Iglesias, infoLibre desveló las cuatro versiones del ya conocido como Protocolo de la Vergüenza, documentos que reprodujo íntegramente.

Desde el inicio de la pandemia, infoLibre publicó decenas de informaciones exclusivas sobre lo que había ocurrido en las residencias de toda España y también sobre los principales grupos empresariales del sector, que en algunos casos son multinacionales que ocultan sus verdaderos propietarios en paraísos fiscales. Este periódico también ha puesto el foco en la pasividad del Ministerio Público a la hora de investigar lo ocurrido, que en el caso de la fiscal superior de Madrid –Almudena Lastra– llegó hasta el extremo de poner por escrito una serie de mentiras flagrantes que chocan con la realidad de todos los datos oficiales conocidos.

Este periódico destapó el contenido del chat creado por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire, lleno de mensajes de altos mandos del Ejército retirados que sueñan con fusilamientos y golpes de Estado. “No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”, escribió el antiguo general de división Francisco Beca. Los mensajes del chat desvelan la afinidad de algunos de sus integrantes con la ultraderecha y el franquismo, con referencias de los militares a "pronunciamientos" y ataques furibundos a los partidos independentistas.

El Ministerio de Defensa decidió poner en conocimiento del Ministerio Público el contenido de los mensajes de los militares. Sin embargo, la Fiscalía archivó el asunto al entender que como el chat era “privado”, sus integrantes se expresan “con libertad” y “en la confianza de estar entre amigos”, pero sin que concurran “elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo”.

En junio de 2021, infoLibre empezó a publicar una serie de informaciones sobre empresarios españoles que disponían de sociedades en Luxemburgo. Eran parte del proyecto OpenLux, impulsado por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Una investigación periodística que descubrió, entre otros temas, que el traficante de armas El Assir declaraba ser dueño de una empresa en Luxemburgo con 77 millones que Anticorrupción atribuía a Rodrigo Rato, que el banquero Jaime Botín guardaba más de 85 millones en una sicav en el Gran Ducado, la trama societaria montada por el hijo de Ana Botín para controlar desde Luxemburgo 20 residencias de estudiantes en España o el destino de parte del dinero que la familia política de Aguirre se embolsó gracias a un pelotazo inmobiliario.

OpenLux fue la primera colaboración entre este periódico y OCCRP, a la que siguieron otras durante estos dos últimos años, entre ellas las conocidas como Suisse Secrets, que demostró cómo el banco Credit Suisse mantuvo cuentas de dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo, o Radar de Activos Rusos, que analizó cuáles son los activos que realmente controlan los jerarcas próximos al Kremlin.

En junio de 2021, este periódico reveló que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, medió para una operación quirúrgica a la que debía someterse un familiar cercano del entonces número dos del PP, Teodoro García Egea. Los hechos ocurrieron durante el pleno que la Asamblea Regional celebró el 14 de abril, cuando una cámara captó los mensajes que desde el móvil cruzó López Miras con el secretario general del PP. Y lo que demostraban esas imágenes es que fue el presidente del Gobierno murciano, y no un médico o administrativo del servicio de salud, quien comunicó a su paisano García Egea cuándo entraría en quirófano la persona en cuestión: “Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde”, escribió. “Cojonudo”, reaccionó Egea.

Los dos políticos del PP presentaron una querella contra infoLibre. El juez la archivó por medio de un auto en el que destacó “la diligencia” de este periódico en el contraste de la noticia.

Las autoridades luxemburguesas sólo tardaron unas horas en desactivar el Registro de Titularidades Reales, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara “inválido” el acceso público general a la base de datos. En dicho Registro debe figurar quién es el verdadero dueño de una sociedad mercantil.

La sentencia, conocida el 22 de noviembre, sostiene que el acceso público a los registros supone "una injerencia en los derechos fundamentales” al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales, ambos garantizados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

El procedimiento judicial ante el TJUE lo activaron dos demandas presentadas por la compañía Sovim SA y por el beneficiario último –como también se conoce al dueño real de una empresa– de una sociedad inmobiliaria a quien en la sentencia se identifica con las iniciales "WM". Una investigación periodística publicada tras conocerse la resolución judicial desveló que la persona que se encuentra detrás de esas iniciales es Patrick Hansen, propietario de una sociedad de cartera en las Islas Vírgenes Británicas con actividades en Luxemburgo, Chipre y Rusia y activos valorados en más de tres millones de dólares. Hansen también era copropietario de una empresa registrada en el paraíso fiscal centroamericano de Belice.

Países Bajos, otro país europeo con políticas fiscales generosas para atraer inversiones extranjeras, cerró el acceso al Registro un día después del fallo del TJUE. Le siguieron Austria, Bélgica, Malta y Alemania.

No fue hasta 2018, en virtud de la llamada V Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales, cuando los Estados miembros se vieron obligados a crear registros con datos sobre el dueño real de las empresas y dar acceso público a dicha información. El objetivo es conocer quién se esconde detrás de estructuras societarias complejas, donde unas compañías son dueñas de otras, hasta que al final de la cadena se encuentra una persona física. Muchas veces, ese beneficiario último se oculta en una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal.

La sentencia de noviembre supuso una conmoción para las ONG que llevan años luchando por la transparencia empresarial, y también para muchos periodistas, que utilizan los registros para intentar desenmascarar a los verdaderos propietarios de empresas que, de otro modo, se mantendrían en la opacidad.

"No hay ninguna razón por la que una persona que crea una sociedad deba mantenerla en secreto", declaró a Investigate Europe (IE) Maira Martini, de Transparencia Internacional. "Constituir una compañía viene acompañado de derechos como la protección contra la insolvencia y también debería venir con obligaciones como la transparencia. La decisión es un golpe a la transparencia sobre la propiedad real, y llega cuando realmente necesitamos que haya más información disponible, no menos".

Graham Barrow, activista en favor de la transparencia y fundador del podcast Dark Money Files, examina regularmente el registro público del Reino Unido para identificar compañías sospechosas. Barrow se opone a la idea de que las autoridades sean las únicas que puedan llevar a cabo esas investigaciones: "Creo que gran parte del trabajo que hemos realizado utilizando el registro del Reino Unido, al que se puede acceder de forma libre y gratuita, demuestra que con suficiente gente que se esfuerce, el registro puede ser una fuente primaria de posibles delitos. Es decir, puede servir de base para una investigación, en lugar de limitarse a aportar pruebas a una ya existente".

La sentencia del TJUE se produce cuando ni siquiera todos los países europeos habían implementado de forma correcta el registro. Los dos grandes incumplidores son España e Italia, que nunca han tenido una base de datos de acceso público.

El plazo para la transposición de la V Directiva antiblanqueo terminó el 10 de enero de 2020. En esa fecha, por tanto, los Estados miembro tenían que haber aprobado normas internas para adaptarse a la legislación comunitaria. España aprobó un real decreto que transponía la Directiva con 15 meses de retraso y, además, aplazó el acceso público al Registro de Titularidades Reales hasta la aprobación de un reglamento específico que regulase su funcionamiento. En marzo de este año, el Ministerio de Justicia realizó el trámite de audiencia pública. Y en mayo, el Consejo General del Poder Judicial emitió su informe preceptivo. Pero el real decreto aún no ha llegado al Consejo de Ministros y ahora cabe esperar un nuevo retraso para adaptar el texto final a la resolución del TJUE.

La situación es similar en Italia. "La sentencia no afectará a la creación de un registro de empresas, que sigue siendo una obligación en virtud del régimen de la UE contra el blanqueo de capitales", afirma el profesor Michele Riccardi, del centro de investigación Transcrime de la Universidad Católica de Milán. Riccardi considera que la sentencia corre el riesgo, entre otras cosas, de limitar la capacidad de los gobiernos locales para controlar adecuadamente la integridad de la contratación pública, y también podría crear un "caótico mercado secundario de intercambiadores, proveedores y revendedores de datos del registro, que sólo beneficiaría a algunos y no al bien público".

La decisión del TJUE ha reavivado un viejo debate sobre el "interés legítimo" en conocer quién es el propietario final de un bien. ¿Debe todo el mundo saber quién se esconde detrás de una empresa o sólo las personas con un interés legítimo, como los activistas y los periodistas?

"La sentencia representa una victoria para la protección de datos y el Estado de Derecho en un contexto extremadamente politizado", proclamó Filippo Noseda, socio del bufete londinense Mishcon de Reya, que representó a “WM” en el caso de Luxemburgo.

El eurodiputado Damien Carême es más moderado en su valoración. "El Tribunal hace bien en realizar un test de proporcionalidad y en asegurarse de que las injerencias en esos dos derechos fundamentales están justificadas y son estrictamente necesarias para la lucha contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, el Tribunal es especialmente severo en su análisis".

Hasta 2018, en la UE no existía la obligación de declarar quién estaba detrás de una empresa. Sólo a raíz de la publicación de los llamados Papeles de Panamá, una enorme filtración de información confidencial sobre más de 200.000 empresas en paraísos fiscales y sus accionistas, la Comisión Europea se movió para introducir mayores normas de transparencia.

"El acceso público a la información sobre la propiedad real permite un mayor escrutinio de la información, también por parte de la prensa o las organizaciones de la sociedad civil", argumentó entonces la Comisión Europea. Hoy, un velo de cautela envuelve sus declaraciones. "La Comisión analizará a fondo las implicaciones de la sentencia para evaluar qué modificaciones son necesarias en el marco de la UE", indicó un portavoz.

Tras largas negociaciones, el Consejo Europeo logró en 2018 una mayoría cualificada para que los registros de titularidades reales fuesen obligatorios para los Estados miembro. El problema es que se dejó a los países la libertad de configurar esos registros. El resultado ha sido un mosaico de registros inconexos que, sólo en teoría, son accesibles al público.

Sólo Dinamarca, Estonia y Letonia han puesto sus registros a disposición del público en bases de datos abiertas, la norma de oro de la transparencia, mientras que otros países han introducido restricciones de acceso. Por ejemplo, en Alemania o Hungría hay que pagar por los datos. En Bélgica o Portugal es necesario ser residente para consultarlo. Antes de su cierre, el registro de Luxemburgo sólo permitía buscar por el nombre o el NIF de una sociedad, pero no por el de una persona física.

En algunos sectores, como el inmobiliario, la falta de transparencia hace más atractivas las inversiones de origen ilícito. "Es una buena forma de blanquear dinero y quienes lo hacen están dispuestos a pagar más que el precio de mercado, porque pueden convertir los fondos ilegales en activos legales", afirma Lucas Millán, de Tax Justice Network. "Esto infla los precios de los inmuebles y perjudica a la gente normal".

Un análisis de 49.000 propiedades inmobiliarias en Lombardía, realizado por la Unidad de Transcrime de la Universidad Católica de Milán, mostró que más del 40% tenía "al menos un elemento de anomalía".

"Los inmuebles en las ciudades europeas son una inversión más segura", según Gian Gaetano Bellavia, experto en blanqueo de capitales en Milán. "Esta gente no mira la rentabilidad. Se fijan en la conservación del capital".

Aunque varios países de la UE se apresuraron a cerrar sus registros en los últimos días, las normas vigentes ya contienen lagunas claras que dificultan el escrutinio de las estructuras empresariales.

En primer lugar, la obligación de declarar a sus beneficiarios reales afecta sólo a las empresas domiciliadas en cada país. No se aplica a las empresas extranjeras sin presencia legal en dicho Estado. "Si usted crea una empresa, digamos en las Islas Vírgenes Británicas, y compra una propiedad en París, no está legalmente obligado a abrir primero una filial en Francia, que es una condición para revelar la información sobre la propiedad real", explica Martini, de Transparencia Internacional. "Puedes simplemente comprar la propiedad directamente sin tener que registrarte", añade.

Las nuevas normas propuestas por la Comisión Europea en julio de 2021 podrían cubrir parcialmente esta laguna. Si se aprueba, el texto modificado ampliaría la obligación de registrar los dueños reales de las personas jurídicas no comunitarias vinculadas a bienes inmuebles en Europa. Sin embargo, la propuesta actual no tendría carácter retroactivo y sólo sería válida para futuras transacciones.

La otra gran laguna es que los registros sólo son obligatorios para las personas físicas que posean el 25% o más de las acciones de una empresa. En Luxemburgo, donde los fondos de inversión gestionan billones de euros en activos, Transparencia Internacional descubrió que el 81% de ellos no declaraba ningún beneficiario real (se supone que porque ninguna persona física disponía de ese porcentaje mínimo de capital). E incluso cuando se indica el nombre de una persona física, no hay garantía de que sea el verdadero propietario, podría ser simplemente un intermediario, un abogado o el administrador del fondo.

Incluso con una mejor normativa, aún quedaría mucho camino por recorrer para conseguir una total transparencia sobre quién es el propietario del edificio de al lado. El problema es que los registros de titularidades reales sólo afectan a las acciones de las empresas y no incluyen activos como bienes inmuebles o de lujo. Así, se puede saber quién gestiona un fondo inmobiliario, pero no qué propiedades posee ese fondo y, sobre todo, cómo las ha comprado.

Para obtener esta información, es necesario cruzarla con los registros de la propiedad. Sin embargo, esto no es fácil de hacer en ningún país de la UE, donde los datos inmobiliarios públicos suelen ser de mala calidad o estar detrás de un muro de pago.

En Alemania, por ejemplo, los datos inmobiliarios no están totalmente digitalizados y se encuentran dispersos en múltiples registros descentralizados. Los datos del registro de la propiedad sólo son accesibles para personas con un interés legítimo, como periodistas o abogados, pero no para las organizaciones de la sociedad civil en general, y a menudo se cobran tasas. El gobierno ha anunciado planes para vincular los registros de titularidades reales y de bienes inmuebles, pero estos últimos carecen de un formato de software común y, según expertos familiarizados con el proyecto, podría llevar hasta 13 años crear un registro federal de bienes inmuebles unificado.

Los mercados financieros son globales, por lo que también debería serlo el registro de titularidades reales. Según los economistas franceses Thomas Piketty y Gabriel Zucman, codirectores del Laboratorio de Desigualdad Mundial, su alcance debería extenderse también a todo tipo de activos y no solo las acciones de empresas.

Maira Martini, de Transparencia Internacional, está de acuerdo y afirma que la UE debería empezar a pilotar un registro global de activos para recopilar "información sobre la propiedad real de todos los activos que se poseen en los países de la UE: capital privado, fondos de cobertura, todo tipo de fondos de inversión y todo tipo de activos, desde propiedades hasta bienes de lujo".

Pero ese modelo parece estar muy lejos de hacerse realidad. Aunque una cosa es cierta: si los gobiernos de la UE se apresuraran tanto a respaldar plenamente los esfuerzos por crear un registro global, como hicieron las autoridades de Luxemburgo y de otros países para cerrar sus registros de titularidades reales, quizá Europa no estaría a punto de regresar a un apagón que impedirá conocer los verdaderos dueños de muchas empresas.

Trident Trust es una empresa de gestión de patrimonios y fondos que presume de tener más de 900 empleados en 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubái. También resulta ser la firma que más veces aparece en los Papeles de PandoraPapeles de Pandora, la filtración que publica el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País. Finalmente, la delegación de Trident Trust en las Islas Vírgenes Británicas es una de las empresas de servicios financieros que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, utilizó para eludir el pago de impuestos en España por los derechos de imagen que cobró durante su primera estancia en el club blanco, en 2014 y 2015.

En junio de 2020, la Fiscalía le denunció por haber utilizado un “entramado de sociedades instrumentales” para evitar el pago de 1,06 millones de euros, la cantidad que debería haber abonado en impuestos por los 3,6 millones que percibió entonces del Real Madrid por ese concepto. Gracias a los documentos de Football Leaks,Football LeaksinfoLibre –como miembro de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC)– reveló que Ancelotti había utilizado para burlar a la Hacienda española una sociedad instrumental ubicada en Reino Unido, Vapia LLP. El 99% de sus acciones eran propiedad de Vapia Limited, una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido. Y en el Registro Mercantil de Islas Vírgenes figuran como representantes autorizados, tanto de Vapia Limited como de Ditomac, dos firmas de servicios financieros: Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited, la oficina en las Islas Vírgenes de la firma que ahora va a estar en el centro del huracán de la elusión fiscal mundial.

Ancelotti es sólo uno más de las cientos de personas con grandes patrimonios que han utilizado a Trident Trust y otras firmas similares para crear entramados en paraísos fiscales tras los que ocultarse ante las haciendas de sus respectivos países y no pagar impuestos. Uno de los instrumentos utilizados por sus clientes para esconderse son los trusts o fideicomisos.

Mourinho, un trust en Nueva Zelanda

Por ejemplo, fue precisamente un trust el mecanismo que empleó para evitar el pago de impuestos otro entrenador del Real Madrid, José Mourinho. Lo desveló la revista alemana Der Spiegel que, como parte de la investigación periodística Football Leaks, publicó en diciembre de 2016 que detrás de la sociedad que el portugués usaba para ocultar sus ingresos por derechos de imagen, Koper Services, domiciliada como la de Ancelotti en las Islas Vírgenes Británicas, se encontraba un fideicomiso, Kaitaia Trust, con sede en Auckland (Nueva Zelanda). Estaba a nombre de la esposa y los hijos de Mourinho, pero era al 100% del entrenador.

Según explicó la revista alemana, a los 10 días de desvelarse que la red de empresas de Mourinho terminaba en las antípodas tras pasar por dos firmas sitas en Dublín (Irlanda) –Multisports & Image Management Limited y Polaris Sports Limited–, la Agencia Tributaria neozelandesa se presentó en Kaitaia Trust para requisar documentación.

José Mourinho fue condenado en febrero de 2019 por dos delitos fiscales a un año de cárcel y a una multa de 1,98 millones de euros. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, la pena de prisión fue sustituida por otra multa de 91.250 euros. Cuatro años antes, en julio de 2015, el hoy técnico de la Roma había firmado ya un acta de conformidad con la Agencia Tributaria en la que reconoció que no había declarado sus derechos de imagen. Entonces pagó una sanción administrativa de 1,14 millones de euros así como los 3,28 millones de las cuotas del IRPF –y sus intereses– que no había abonado en su momento. Un total de 4,42 millones de euros.

Un trust para diluir la propiedad real del patrimonio

Los trusts según los concibe el derecho anglosajón no existen en la legislación española. Pero tanto la normativa comunitaria como la nacional sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo consideran que esta figura diluye la titularidad real y, por tanto, puede constituir un riesgo de lavado de dinero. De hecho, la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a abogados y gestores de patrimonios a identificar a los titulares reales de los trusts y a “comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones”.

Los fideicomisos, tal y como los utilizan quienes poseen grandes patrimonios por los que no quieren tributar, son un contrato privado por el cual una persona transfiere bienes o derechos a otra para que los administre en beneficio de terceros. Por tanto, hay una relación trilateral entre el propietario original del bien o derecho –settlor u otorgante: Mourinho–, la persona, o entidad que lo administra –trustee o administrador: Trident Trust– y el beneficiario de la transacción –en teoría, la mujer y los hijos de Mourinho–. A todos ellos obliga la ley española a quedar identificados ante la administración tributaria, así como a “cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios”.

En su origen, los trusts eran un mecanismo de sustitución testamentaria pero, debido a las ventajas que aportan para gestionar bienes, derechos e intereses familiares, ha terminado convirtiéndose en un vehículo de inversión y en un sistema de protección de activos. De hecho, los hay tanto privados, para gestionar patrimonios familiares, como mercantiles, para proteger inversiones a largo plazo, por ejemplo.

Al dividir la titularidad sobre un bien para proteger a sus beneficiarios, los dueños reales, el trust se convierte en un posible vehículo para el blanqueo de capitales y para la elusión fiscal. De ahí la obligación legal de comunicar a la Agencia Tributaria quiénes son los beneficiarios últimos del dinero en ellos depositado. Ni Mourinho ni Ancelotti ni buena parte de los adinerados cuyos nombres serán destapados por los Papeles de Pandora han sido transparentes.

La importancia de los titulares reales: 'OpenLux'

Otro tanto ocurre con Luxemburgo, un país de la Unión Europea que, sin embargo, mantiene una normativa fiscal tan laxa que facilita a quienes quieren eludir impuestos ocultarse ante sus respectivas haciendas nacionales. El Gran Ducado estableció en 2019 lo que se conoce como Registro de Titularidades Reales, cuyo acceso es libre y gratuito, pero que tiene una laguna fundamental: sólo permite realizar búsquedas por el nombre de una empresa, pero no por el nombre de una persona física. Sin embargo, Le Monde consiguió extraer del sitio web del Registro 3,3 millones de documentos de las más de 124.000 empresas operativas en Luxemburgo en 2020, incluidos los que aportan información sobre los verdaderos dueños de cada sociedad. El periódico francés compartió esos documentos con otra organización internacional, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta. OCCRP dio posteriormente el acceso a la base de datos a una docena de medios de todo el mundo. infoLibre los publicó en España. De esa forma se puso en marcha el proyecto OpenLux.

En total, 1.558 personas vinculadas con España controlaban sociedades registradas en Luxemburgo, país que gracias a sus ventajas fiscales y su opacidad se ha convertido en uno de los destinos favoritos para las inversiones de multimillonarios de todo el mundo, pero también para el dinero sucio de miembros de organizaciones criminales o de políticos y funcionarios corruptos.

Este periódico ha publicado una decena de informaciones que afectan al traficante de armas Abdul Rahman El Assir y el exvicepresidente Rodrigo Rato; al empresario de la jet y socio de Villarejo, Adrián de la Joya; al banquero y máximo accionista de Bankinter, Jaime Botín; al primogénito de Ana Botín, Felipe Morenés, y su socio Juan Pepa; a Amancio Ortega y a su hija Sandra; a la familia política de Esperanza Aguirre; al presidente de la empresa de apuestas y tragaperras Cirsa, Joaquim Agut; a los productores televisivos de La ruleta de la suerte, Enric Lloveras y Daniel Bilbao, y al dueño de Pikolin, Alfonso Soláns.

Pérdidas fiscales y un delito contra la Hacienda Pública

Según la última actualización de The missing profits of nations (Los beneficios perdidos de las naciones), un estudio que arrancaron en 2015 Thomas Tørsløv y Ludvig Wier, de la Universidad de Copenhague, y Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley y director del Observatorio Fiscal de la UE, las ganancias mundiales distraídas a paraísos fiscales ascienden a 946.000 millones de dólares. La pérdida global en el impuesto de sociedades alcanza los 243.000 millones de dólares.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) advierte de que, si cualquiera de las personas descubiertas en los Papeles de Pandora no ha incluido la titularidad de las empresas offshore o sus propiedades en el extranjero en el modelo 720 de bienes en el exterior, esos importes se calificarán como una “ganancia patrimonial no justificada” que debe tributar en la base general del IRPF del último año no prescrito. Si el importe de ese bien no declarado supera los 250.000 euros en Cataluña, los 275.862 euros en Madrid o los 267.000 en las comunidades autónomas con un tipo marginal máximo del 45% en 2017, su propietario debe ser acusado de un delito contra la Hacienda Pública.

Amancio Ortega ya era en 2008 el hombre más rico de España y estaba entre los 25 más adinerados del mundo. Su fortuna ascendía a unos 15.000 millones de euros. El pago de impuestos por un yate podría parecer una cuestión menor cuando se disfruta de un patrimonio tan inmenso. Y, sin embargo, el fundador y accionista mayoritario de Inditex decidió crear una estructura societaria en Malta para abanderar allí la embarcación de lujo que adquirió aquel año. Aquel país mediterráneo es, desde hace años, uno de los lugares preferidos por multimillonarios para abanderar sus barcos. De hecho, en noviembre de 2020, el Gobierno maltés presumió de que su “registro de superyates” era el “más grande” del mundo. Para ello es determinante su régimen fiscal, que resulta especialmente ventajoso para los barcos de recreo con más de 24 metros de eslora.

infoLibre ha tenido acceso a diversa documentación de dicha estructura societaria creada por Amancio Ortega en Malta, incluidos recibos de transferencias bancarias realizadas por el empresario gallego a la compañía maltesa Crepusculum Holding, encargada de aportar el dinero para la compra de los dos superyates que ha tenido sucesivamente matriculados en aquel país.

A preguntas de este periódico, un portavoz de Amancio Ortega aseguró que la decisión de abanderar los dos barcos en Malta no obedeció a motivaciones fiscales, sino al objetivo de “poder navegar por el Mediterráneo con la mayor discreción y privacidad posibles”. Además, destacó que las sociedades maltesas siempre han estado declaradas ante la Hacienda española: “Ni existe, ni ha existido nunca, nada irregular en esta operación”.

La embarcación que Amancio Ortega tiene ahora matriculada en Malta le costó 95 millones de euros. Si la hubiera abanderado en España, el dueño de Inditex habría tenido que pagar unos 24 millones más en concepto de IVA y de impuesto de matriculación. Otro ahorro fiscal, aunque de menor cuantía, es la cotización empresarial por los 18 tripulantes contratados, mucho más alta en España que en Malta.

El Twizzle, primer barco abanderado en Malta por Amancio Ortega en 2008 tras rebautizarlo como Drizzle, en una imagen de la web de Feadship, el astillero que lo construyó.

EL PRIMER DRIZZLEDRIZZLE

En el primer semestre de 2008, Ortega decidió adquirir una embarcación para navegar por el Mediterráneo. Al final se decidió por un barco de segunda mano que se llamaba Twizzle, tenía 55 metros de eslora y había sido construido en 2005 por el astillero holandés Feadship, especializado en la construcción de yates de lujo de alta gama. El precio abonado fue de 50 millones de euros.

El dueño de Inditex tomó dos decisiones: cambiarle el nombre y rebautizarlo como Drizzle –llovizna en inglés– y matricularlo en Malta, en vez de en España. Para esto último recurrió a una de las principales sociedades maltesas dedicadas a crear estructuras fiduciarias: Mamo TCV Advocates.

Así, el 14 de abril de 2008 se constituyó Crespusculum Holding Company Limited y un día después esta sociedad creó una filial, Drizzle Yachts XXI Limited. Como accionista de Crespusculum en el Registro Mercantil de Malta figura la firma TCV Management Trust Services Limited, parte del grupo Mamo TCV Advocates. Pero los malteses son meros testaferros, el dueño de Crepusculum desde su constitución es Amancio Ortega. En aquel momento no existía la obligación de declarar quién era el beneficiario último de una sociedad, así que era prácticamente imposible saber quién se escondía detrás del accionista fiduciario. Ahora, en su última directiva antiblanqueo, la Unión Europea ha establecido la obligación de que los Estados creen un Registro de Titularidades Reales que sea público. En Malta está operativo desde 2019 –en España aún no– y en el caso de Crespusculum, lógicamente, Amancio Ortega aparece como beneficiario último del 99% del capital de la sociedad.

Documento bancario de la transferencia de 14 millones de euros realizada por Amancio Ortega a la sociedad maltesa Crepusculum Holding, para una ampliación de capital, el 28 de abril de 2010.

Crepusculum abrió una cuenta en el Bank of Valleta, en la capital de Malta, a la que Amancio Ortega empezó a enviar los fondos necesarios para la adquisición y posterior mantenimiento de su superyate. La dinámica era siempre la misma: el empresario transfería el dinero desde una cuenta personal en el Banco Pastor en A Coruña a la entidad financiera maltesa –como banco corresponsal actuaba ING en Bélgica–, los fondos se utilizaban para afrontar ampliaciones de capital en Crepusculum, que de forma inmediata aprobaba una ampliación de capital en su filial Drizzle Yachts XXI. Esta última era la titular de la embarcación y, por tanto, la que corría finalmente con los pagos.

En mayo de 2008, un mes después de la constitución de ambas empresas, el dueño de Inditex ya había enviado a Malta 52 millones de euros, dinero dedicado en su mayor parte a la adquisición del primer Drizzle.

infoLibre preguntó a un portavoz del empresario gallego las razones por las que creó la estructura societaria en Malta. La respuesta fue la siguiente: “Amancio Ortega tenía una embarcación en España para navegar por Galicia. En un momento determinado decidió que le gustaría también navegar por el Mediterráneo, pero hacerlo con la mayor discreción y privacidad posibles. Y eso era más fácil realizarlo con un barco con sede en otro país. Quizá pueda parecer ilusiorio ahora, pero lo cierto es que durante muchos años consiguió navegar con esa privacidad. Y se eligió Malta porque es, tradicionalmente, un lugar de residencia de embarcaciones”.

Imagen de la web del astillero Feadship del Drizzle, botado en 2012, segundo barco con este nombre matriculado por Amancio Ortega en Malta.

EL SEGUNDO DRIZZLEDRIZZLE

Es cierto que durante casi una década Amancio Ortega surcó las aguas del Mediterráneo con esa “privacidad”. De hecho, los medios de comunicación nunca informaron sobre la existencia de ese primer superyate abanderado por el empresario en Malta. La primera información la daría en junio de 2017 el tabloide británico The Daily Mail, que publicó las fotos que unos paparazis le hicieron a Ortega en la cubierta de la embarcación cuando estaba cerca de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa. La prensa española se hizo eco de la información y presentó el barco como el “primer capricho del mágnate”.

En realidad, ese Drizzle que encontraron los fotógrafos en 2017 era el segundo barco con el mismo nombre adquirido por Ortega y abanderado en Malta. El primero lo adquirió como vimos en 2008 y se lo vendió a principios de 2012 a un empresario japonés, que lo rebautizó como Issana. Pero antes había encargado una nueva embarcación al astillero holandés Feadship. El segundo Drizzle –que esta vez ya salió de fábrica con este nombre– se inspiraba en el anterior, pero era más grande y lujoso. Así lo explicaba el astillero en su propia página web: “El Drizzle, de 67,27 metros, fue encargado por los propietarios de un Feadship de segunda mano, que habían pasado mucho tiempo a bordo y decidieron crear una versión a su medida”.

El barco, botado en 2012, dispone de tres cubiertas y tiene capacidad para alojar a diez personas en cinco camarotes dobles. La tripulación está formada por 18 personas. Tiene un depósito con una capacidad para 140.000 litros de combustible, lo que le otorga una autonomía de 4.000 millas naúticas y puede alcanzar una velocidad máxima de 16 nudos. El precio del gasoil oscila, pero llenar ese depósito los últimos años salió de media por unos 100.000 euros. El consumo también depende de diversos factores –como la resistencia del viento o el estado de la mar–, pero una travesía de ocho horas con los dos motores MTU de más de dos mil caballos de potencia que propulsan el Drizzle gasta unos 4.800 litros. En 2017, el superyate pasó de nuevo por los talleres de Feadship para un amplio reacondicionamiento, que incluyó ampliar la piscina en 1,5 metros, de forma que la nueva longitud del barco es de 68,77 metros.

Medios especializados en el sector calculan que los costes anuales de mantenimiento de una embarcación de recreo representan aproximadamente el 10% de su precio de adquisición, en cuyo caso el Drizlle saldría por más de nueve millones de euros al año. Esta cifra se confirma consultando las cuentas de la sociedad maltesa que es su propietaria, que declaró unos gastos de funcionamiento de 9,34 millones en 2020 y de 9,48 millones en 2019.

La compañía encargada de adquirir inicialmente este segundo superyate de Ortega con bandera maltesa fue de nuevo Drizzle Yachts XXI, pero el empresario coruñés decidió constituir una nueva sociedad en Malta para transferirle la propiedad. Ciertamente, si una persona considera prioritario mantener la “discreción” sobre la propiedad de un yate, una de las peores ideas imaginables es que la propietaria sea una firma que tenga exactamente el mismo nombre que el barco y que esté registrada en el país europeo preferido por los multimillonarios de medio mundo para abanderar embarcaciones de lujo. Así que, el 20 de junio de 2013, Amancio Ortega constituyó una tercera sociedad en Malta, Claritas Company, creada también como una filial de Crepusculum Holding.

Pero, más allá de tener un nombre que no era un hilo directo hacia Amancio Ortega en caso de que algún día trascendiese públicamente que el Drizzle era suyo –como ocurrió en 2017–, Claritas Company fue una pieza imprescindible para acogerse al régimen fiscal especial de Malta para el abanderamiento de embarcaciones de recreo. Por explicarlo de forma resumida, ese régimen consta de cuatro requisitos esenciales: que el barco lo adquiera una sociedad maltesa, que esta arriende la embarcación, que el arrendatario realice un primer pago del 50% del valor del yate y que el precio de adquisición final en el caso de que el arrendatario lo termine comprando sea al menos el 1% del valor del barco. Este régimen fiscal de compra a través de leasingleasing es especialmente beneficiosa para los superyates –aquellos que tienen más de 24 metros de eslora–, de forma que al final terminan pagando por la adquisición del barco un 5,52% de IVA. El tipo normal del IVA en Malta era en ese momento del 18% y en España del 21%.

Los documentos de las empresas maltesas de Amancio Ortega a los que ha tenido acceso infoLibre demuestran que este esquema se siguió milimétricamente. El 19 de julio de 2013, Drizzle Yachts XXI Limited y Claritas Company –ambas sociedades de Ortega– suscribieron un contrato por el que la primera le arrendaba a la segunda el flamante yate adquirido en Feadship por un periodo de un año y un precio de 95,2 millones. En la fecha de entrega del barco, Claritas Company le abonó a Drizzle Yachts XXI la cantidad de 47,6 millones (el 50% de su valor). Una adenda establecía que Claritas tenía derecho a ejercer una opción de compra para adquirir el buque por la suma de 950.000 euros (el 1% del precio original). Lógicamente, no hay nadie que pague 95 millones por alquilar un barco durante un año que no ejerza luego una opción para comprarlo por 950.000 euros. Claritas ejerció dicha opción de compra el 14 de julio de 2014.

[Si quieres conocer en mayor detalle este régimen fiscal, puedes consultar las páginas 11 a 13 de este documento elaborado por la embajada de España en Malta. En este folleto de la compañía que actúa como testaferro de Amancio Ortega también se explica de forma más breve].

Drizzle Yachts XXI, una vez traspasada la propiedad del barco a Claritas, decidió disolverse en 2015. En la actualidad, por tanto, siguen operativas dos sociedades de Ortega en Malta: Crepusculum, la matriz que recibe el dinero directamente del empresario, y Claritas, la filial que es la titular de la embarcación.

A preguntas de este periódico, el portavoz de Ortega indicó que “no existe ningún contrato de alquiler entre Claritas y otra sociedad de Amancio Ortega. Simplemente, él cubre los costes de mantenimiento. Pero no es un barco que tenga actividad comercial de ningún tipo. No existe arrendamiento”.

En definitiva, en la operación de compra por leasing desarrollada en 2013 y 2014 participaron las tres sociedades maltesas del dueño de Inditex: el barco lo adquirió inicialmente Drizzle Yachts XXI, que se lo alquiló primero y vendió después a Claritas, y estas dos compañías obtenían sus fondos a través de Crespusculum. Esta última llegó a tener un capital social de 132,5 millones en septiembre de 2011. Ahora, esa cifra se sitúa en 93,5 millones.

El yate con el que Ortega navega por aguas gallegas, llamado Valoria B, en una Imagen de la web de Feadship.

EL AHORRO FISCAL

Desde 2008, Amancio Ortega ha tenido siempre dos yates: uno abanderado en España y otro en Malta. El que tenía para navegar por Galicia se llamaba Valoria –una alusión a la localidad natal de su madre, Valoria la Buena (Valladolid)– y fue sustituido en 2018 por el Valoria B. Este último también fue construido por Feadship, tiene 47 metros de eslora, puede acomodar a diez invitados y cuenta con nueve tripulantes. Su precio fue de 30 millones de euros. Su puerto base está en Sanxenxo (Pontevedra).

La comparación entre los impuestos abonados por el Valoria B y el Drizzle muestra con claridad qué ahorro consigue un residente en España al matricular un superyate en Malta.

En España las embarcaciones abonan el impuesto de Matriculación, que es un 12% del valor del barco. En el caso del Drizzle ascendería a 11,4 millones de euros. En Malta no existe este tributo, pero sí una cuota de registro (25 céntimos por tonelada neta sujeta a un mínimo de 187,5 euros) y una cuota anual (una tasa básica de 255 euros y una tasa de tonelaje de 40 céntimos por tonelada con un mínimo de 400 euros). Teniendo en cuenta que el Drizzle pesa 1.269 toneladas, la cuota de registro sería de 317 euros y la tasa anual de algo más de 750 euros. Pero al tratase de un barco de edad no superior a cinco años ambas disfrutan de una reducción (50% en la cuota de registro, por ejemplo). Al final, sumando la cuota de registro y las anuales abonadas en estos ocho años por el Drizzle, el importe total abonado no llega a 5.000 euros. El ahorro fiscal en el registro o matriculación del barco ha sido, por tanto, del 99,96%.

El Drizzle, a cambio, no puede estar en aguas españolas. Si lo hiciera, tendría que abonar ese 12% por impuesto de matriculación. El portavoz de Ortega aseguró a infoLibre que la embarcación se ha desplazado por diversos países del Mediterráneo, pero "nunca ha navegado por aguas españolas".

En segundo lugar está el régimen fiscal especial para la compra de embarcaciones de recreo mediante leasingleasing vigente en Malta. Este hace que el IVA se pueda reducir considerablemente, al abonar un 5,4% sobre el precio de alquiler y un 18% sobre el importe de venta tras el arrendamiento. En el caso del Drizzle ello suma 5,24 millones, lo que equivale al 5,52% del importe de compra. En España no existe ese régimen fiscal especial y la adquisición de un yate está sujeta al IVA general del 21% (17,1 millones). Así que por esta vía Ortega se ahorró 11,8 millones.

En tercer lugar están los costes de la tripulación. Al tener bandera maltesa, los trabajadores están sometidos al régimen laboral de aquel país. Más allá de los salarios –aunque los salarios sean más bajos en Malta nada impide a Amancio Ortega pagarle a sus trabajadores lo mismo que si estuvieran dados de alta en A Coruña–, el ahorro que se produce con seguridad es la cotización empresarial a la Seguridad Social. En España los trabajadores del mar cuentan con un régimen especial que sitúa en el 35% dicha cotización, mientras que en Malta está en el 9%. Es imposible fijar con precisión el ahorro fiscal en este capítulo sin conocer la nómina exacta de los 18 tripulantes del Drizzle. Forbes calcula que el capitán de un superyate puede llegar a cobrar hasta 180.000 dólares al año (unos 153.000 euros al cambio actual), mientras que el sueldo de los marineros puede oscilar entre los 21.000 y los 42.000 euros. En definitiva, un cálculo conservador sitúa en más de 50.000 euros la diferencia anual de cotizaciones empresariales entre Malta y España para la plantilla del Drizzle.

El portavoz del empresario gallego confirmó a este periódico que la tripulación “está contratada en Malta, como no puede ser de otra manera, ya que la embarcación cumple con la legislación del país donde tiene su sede”.

La comparación tributaria se completaría con el impuesto de Sociedades, aunque en este caso el dueño de Inditex no obtiene ningún beneficio por tener la empresa en Malta. Los accionistas de sociedades de Malta que no residan en ese país terminan abonando en torno a un 5% por los beneficios que obtiene la compañía. Pero Claritas nunca obtiene beneficios. Sirvan las cuentas de 2020: Amancio Ortega puso 9.342.218 euros para cubrir los gastos de funcionamiento y la firma ingresó dos euros por cobro de intereses bancarios. Esas dos partidas cubrieron exactamente los 9.342.220 euros de gastos de funcionamiento de la sociedad. De forma que el balance quedó a cero, no tuvo ni pérdidas ni ganancias. Con cantidades muy similares, ocurrió lo mismo con las cuentas de 2019 (ese año los gastos de funcionamiento fueron de 9.480.309 euros).

En definitiva, si el Drizzle hubiese sido matriculado en España como el Valoria B, habría abonado a la Agencia Tributaria unos 28,5 millones por Impuesto de Matriculación e IVA, mientras que en Malta ha desembolsado 5,2 millones. Una diferencia de 23,3 millones de euros. Si a ello se le añaden las cotizaciones empresariales más reducidas durante todos estos años, el ahorro fiscal conseguido por Ortega se sitúa alrededor de los 24 millones.

El único tributo relacionado con su superyate que el dueño de Inditex paga en España es el de Patrimonio, tal y como confirmó su portavoz a infoLibre: “Todos los años Amancio Ortega paga el Impuesto de Patrimonio. Y también se declaran, lógicamente, las transacciones exteriores que se realizan por el envío de los fondos necesarios para cubrir los costes de mantenimiento de la embarcación”.

Alfonso Soláns Soláns es uno de los hombres más ricos de España, aunque tiene un perfil mediático bajo más allá de su Aragón natal. Debe su fortuna a la empresa de colchones Pikolin, fundada por su padre y que es la segunda más grande del sector en Europa, con una facturación anual de 400 millones de euros. El empresario también figura desde hace tres años en el Registro de Luxemburgo, como beneficiario único de dos sociedades con sede en dicho país: Iberluxco Sàrl y Luxembourg Investment Company 246 Sàrl.

Ambas compañías están relacionadas con una nueva actividad de negocio emprendida por Alfonso Soláns: la explotación de centros comerciales. Y, en concreto, con el complejo denominado La Torre Outlet, que se inauguró en octubre de 2020 en Zaragoza. Construido sobre los terrenos de la antigua fábrica de Pikolin, el proyecto despertó desde el inicio la oposición de entidades vecinales y sindicatos, que lograron incluso una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón que lo paralizaba. Pero no fue suficiente. El Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos de PP, Ciudadanos, Vox y PSOE, reformó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptarlo a los deseos de Soláns. Este último acuerdo municipal también está recurrido en los tribunales.

infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre las sociedades de Alfonso Soláns en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, está publicando una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes el dossier con las entregas anteriores de la serie].

Una “exigencia” del fondo de inversión

La estructura societaria montada para controlar desde Luxemburgo el negocio de los centros comerciales se hizo en tres fases, entre junio y noviembre de 2018.

Alfonso Soláns agrupaba hasta entonces todas sus inversiones inmobiliarias en el grupo Iberebro. En junio de 2018 constituyó una filial en España, Kiros Iberia SLU, a la que en septiembre de aquel año se le traspasó “la actividad de desarrollo, promoción y explotación de centros comerciales”, entre los que se incluía La Torre Outlet, que hasta entonces formaba parte del patrimonio de Iberebro SAU. El objetivo era “permitir la gestión diferenciada que requiere esta actividad”.

También en septiembre de 2018, Iberebro SAU compró dos compañías que ya existían en el Gran Ducado: Iberluxco Sàrl y Luxembourg Investment Company 246 Sàrl.

Por último, el 14 de noviembre de 2018, todas las acciones de Kiros Iberia SLU se aportaron para suscribir una ampliación de capital de 150 millones de euros en Luxembourg Investment Company 246 Sàrl. Y, ese mismo día, todas las acciones de esta última firma se aportaron para suscribir una ampliación de capital de 150 millones en Iberluxco Sàrl.

En definitiva, después de todas esas operaciones mercantiles, Iberebro SAU es propietaria directa del 100% del capital de Iberluxco Sàrl, dueña por su parte de la totalidad de las acciones de Luxembourg Investment Company 246 Sàrl, a su vez tenedora del 100% de las participaciones de Kiros Iberia SLU.

A preguntas de infoLibre, un portavoz oficial de Alfonso Soláns explicó que la creación de la estructura societaria montada en Luxemburgo fue una “exigencia” del fondo de inversión que aportó parte del dinero para La Torre Outlet: “La estructura doble luxco es el paquete estándar que los fondos de inversión utilizan para financiar proyectos. Una Sàrl garantiza el préstamo y la otra tiene como garantía las acciones de Kiros Iberia. Esta es una exigencia normal por parte de los financiadores, ya que en caso de ejecución la ley luxemburguesa es más rápida que la española”.

En las últimas cuentas presentadas por Iberebro SAU en el Registro Mercantil se indica, efectivamente, que esta sociedad “actúa como garante de la financiación que un fondo de inversión le tiene concedida a una empresa del grupo, mediante la prenda de sus participaciones en Iberluxco Sarl, la garantía personal de todas las obligaciones de dicha empresa con el fondo financiador y la subordinación de todos los derechos de crédito de Iberebro SAU frente a dicha empresa, al pago de cualquier derecho de crédito del fondo frente a la misma. El límite global de la financiación concedida garantizada es de 60 millones de euros y el saldo dispuesto al cierre de 2019 por la empresa del grupo asciende a 46.304.789 euros”.

El portavoz de Soláns se negó a aclarar quién era el fondo de inversión que le había concedido los 60 millones para el proyecto de La Torre Outlet, alegando que estaba sometido a “una obligación de confidencialidad”, no sólo sobre los términos de la operación sino incluso sobre el nombre del fondo. En cambio, sí indicó que se trata de “una mera operación de financiación y no hay participación accionarial” por parte del fondo. La empresa del grupo que recibe la financiación es Kiros Iberia.

Por último, el portavoz del empresario aragonés insistió en que la estructura societaria creada en Luxemburgo no obedece a una motivación fiscal: “No son inversiones, son estructuras requeridas por los fondos para financiar operaciones, es una práctica estándar en la industria de fondos sin ningún tipo de ventaja fiscal para el residente en España, incluso es penalizadora”.

En las cuentas correspondientes a 2020, tanto Iberluxco Sàrl como Luxembourg Investment Company 246 Sàrl declaran en su activo 150 millones de euros en la partida de inversiones financieras, pero se trata de la misma cantidad ya que la primera es accionista única de la segunda, a su vez dueña de la firma española [Kiros Iberia] propietaria del complejo comercial en Zaragoza.

Alfonso Soláns en un acto celebrado en el centro comercial La Torre Outlet, días antes de su apertura en octubre de 2020 | Foto: La Torre Outlet.

URBANISMO "A LA CARTA"

El centro comercial La Torre Outlet se inauguró el 22 de octubre de 2020, tras sufrir varios retrasos. Los datos oficiales hablan de una inversión de 100 millones de euros y un total de 61.500 metros cuadrados de superficie comercial, donde se concentran 60 marcas de moda, cinco operadores de ocio y un área de restauración. Sus objetivos no se puede tildar precisamente de modestos, si atendemos a las palabras del propio Alfonso Soláns en una entrevista con motivo de la apertura del complejo: “Es uno de los días más emocionantes para mí y mi familia. Ver cómo estos terrenos en los que se ubicaba la antigua fábrica de Pikolin se han convertido en un complejo comercial como La Torre Outlet, con una propuesta de valor novedosa e innovadora, que aspira a situar Zaragoza como ciudad de compras para el norte de España y el sur de Francia”.

El proyecto había sido presentando en 2015 –entonces bajo el nombre de Torre Village– y desde el principio contó con la oposición de un grupo de organizaciones políticas, sindicales, vecinales y comerciales. El 24 de octubre de 2016, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó un plan especial urbanístico que autorizaba un uso prioritariamente comercial en unos terrenos que hasta entonces tenían uso industrial. Votaron a favor PSOE, PP y Ciudadanos, mientras que se opusieron Zaragoza en Común y la Chunta Aragonesista.

Las entidades que rechazan el macrocentro comercial acudieron al TSJ de Aragón, que en febrero de 2019 les dio la razón: el proyecto era ilegal. El tribunal determinó algo que en realidad ya debían saber los concejales que votaron a favor de los intereses de Soláns: un plan especial no puede ir en contra de lo que dicta una norma superior como el PGOU. Así lo establece el principio de jerarquía normativa, algo básico en Derecho.

La empresa de Soláns promotora del proyecto –Iberebro– presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que retiró en septiembre de 2020, antes de que se dictara sentencia y pocas semanas antes de que el centro se abriese al público. Y es que para entonces ya había surtido efecto otra maniobra: en septiembre de 2019, una de las primeras medidas que adoptó la corporación salida de las últimas elecciones municipales fue iniciar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para regularizar el centro comercial de Pikolin. Votaron de nuevo a favor PSOE, PP y Ciudadanos, además de Vox, que cuenta ahora con representación en el Ayuntamiento. En contra estuvieron Zaragoza en Común y Podemos.

Las entidades que llevan cinco años luchando contra el proyecto denunciaron lo que entienden que es una “legalización a la carta” y presentaron un nuevo recurso contencioso ante los tribunales, esta vez contra la modificación del PGOU, que aún está pendiente de resolver.

¿Y cuánto le costó a Alfonso Soláns la recalificación recalificaciónde los terrenos? Pues 3,27 millones, que es la cantidad abonada al Ayuntamiento de Zaragoza a cambio del “aprovechamiento del área urbanística” donde se asienta el centro comercial.

Alfonso Soláns Soláns se ha salido con la suya. Con un patrimonio estimado de 475 millones de euros, según el ranking de los españoles más ricos que elabora El Mundo y que lo situaba este año en el puesto 105, ni siquiera una sentencia del TSJ de Aragón ha sido suficiente para tumbar su macrocentro comercial. Un proyecto que controla desde Luxemburgo.

Enric Lloveras y Daniel Bilbao son dos de los productores audiovisuales que más éxito han tenido en España en las últimas décadas. Su programa más conocido es sin duda La ruleta de la suerte, pero también han producido otros concursos como ¿Quién quiere ser millonario? o Jeopardy. Un éxito económico que no estuvo acompañado por la misma ejemplaridad como contribuyentes: Lloveras y Bilbao mantuvieron oculto al fisco durante más de una década parte del dinero ganado. Para ello crearon a finales de los años noventa una trama societaria en Islas Vírgenes Británicas, Curazao y Holanda, trasladada a Luxemburgo en 2011. En el Gran Ducado siguen manteniendo a día de hoy tres sociedades, dos relacionadas con su productora, y otra que se dedica a realizar inversiones financieras.

“Desde el momento en que nosotros tomamos el control efectivo de nuestras sociedades, todas las decisiones corporativas han cumplido con rigor todos los preceptos legales y obligaciones tributarias. Así se refleja en las declaraciones presentadas ante las Administraciones española y de Luxemburgo desde hace diez años”, indicaron Lloveras y Bilbao en una respuesta escrita a preguntas de infoLibre. No aclaran quién tenía el “control efectivo” de sus sociedades con anterioridad.

Esos “diez años” coinciden con el momento en que trasladan a Luxemburgo parte de la estructura societaria y también con la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en marzo de 2012. Los productores no quisieron aclarar a este periódico si se acogieron a dicha amnistía. Lo que resulta indudable es que entre 1999 y 2011 evadieron impuestos, ya que admiten que sólo han presentado declaraciones ante Hacienda por los bienes de esas compañías en los últimos diez años.

infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre las tres sociedades luxemburguesas de Enric Lloveras y Daniel Bilbao en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, está publicando una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes el dossier con las entregas anteriores de la serie].

ISLAS VÍRGENES, CURAZAO, HOLANDA

Enric Lloveras y Daniel Bilbao constituyeron en España la sociedad Sisifus Producciones SA el 17 de diciembre de 1997. Lloveras es el creativo de la pareja –había llegado a ser director de TVE en Cataluña y director de Producción de Programas en la televisión pública española–, mientras que Bilbao es quien se encarga de la parte financiera. El primer año de actividad, 1998, la empresa ya dio beneficios: 22 millones de pesetas de la época (algo más de 132.000 euros). Aquel año también registró la marca comercial Martingala, que es el nombre con el que fue conocida Sisifus Producciones durante mucho tiempo.

Los dos empresarios decidieron muy pronto crear una estructura societaria en paraísos fiscales y derivar hacia ella parte de los ingresos de la productora. A finales de 1999, esa estructura estaba completa: se componía de cuatro firmas en tres países. En Holanda adquirieron la compañía ME Multi Educational Enterprises BV, que tenía como accionista único a Leticia Corporation BV en Curazao (entonces Antillas Neerlandesas) y esta a su vez estaba participada por dos compañías en las Islas Vírgenes Británicas: Finola Limited, propiedad de Lloveras, y Carey Consultants Limited, cuyo dueño era Bilbao.

Curazao y las Islas Vírgenes Británicas eran en aquel momento dos de los territorios fiscalmente más opacos del mundo. Ante las autoridades españolas, los productores sólo declararon la existencia de la firma holandesa.

Lloveras y Bilbao no quisieron contestar, entre otras, a las preguntas planteadas por infoLibre sobre las sociedades en esos paraísos fiscales (puedes consultar al final de la información las cuestiones no respondidas). “Sobre las preguntas que nos haces, tras hacer lectura atenta, no vamos a entrar en detalles por distintos motivos, el principal de los cuales es que resulta tremendamente laborioso hacer arqueología financiera de hechos y decisiones que se remontan, en algunos casos, a más de veinte años atrás y que nos son en buena parte ajenos”, señalaron.

TRASLADO A LUXEMBURGO

Doce años después de montar la estructura offshoreoffshore, Lloveras y Bilbao cerraron la parte que estaba en las Islas Vírgenes Británicas y Curazao, y la trasladaron a Luxemburgo. Una operación que se hizo en tres fases: el 22 de junio de 2011 aprobaron mover al Gran Ducado las sociedades Finola Holdings Limited y Carey Consultants Limited; el 30 de noviembre de aquel año acordaron liquidar Leticia Corporation BV, y un mes después las dos flamantes sociedades luxemburguesas –rebautizadas como Finola SA y Carey Consultants SA– se convirtieron en las dueñas de la holandesa ME Multi Educational Enterprises BV.

Cuando se trasladaron a Luxemburgo ambas sociedades tenían cada una nueve millones de euros de capital. En su etapa en las Islas Vírgenes Británicas llegaron a valorar su participación en Leticia Corporation BV en 10,89 millones cada una. Casi 22 millones de euros entre las dos. Lloveras y Bilbao tampoco quisieron comentar estas cifras, ni aclarar si todo el dinero era suyo o parte pertenecía a algún tercero.

Tras la liquidación de la sociedad de Curazao a finales de 2011, las firmas luxemburguesas redujeron sus activos en un 70%. En las últimas cuentas presentadas, correspondientes a 2019, la compañía de Lloveras declara unos activos de 2,61 millones, mientras que los bienes de la firma de Bilbao ascienden a 3,37 millones. Cada uno es accionista único de su respectiva sociedad.

Las empresas ya estaban en Luxemburgo, pero la Hacienda española seguía sin tener noticia de ellas. Llama la atención, por ejemplo, que en las cuentas presentadas por Sisifus Producciones en España se afirme que la situación a 31 de diciembre de 2011 era la siguiente: “La sociedad está participada por la entidad holandesa ME Educational Enterprises BV en un 80,29%, que a su vez está participada por la entidad, también holandesa Trust International Management BV”. Esto simplemente no era cierto. Trust International ejercía labores de administración, pero las acciones de ME Educational Enterprises BV pertenecían en un 50% a Finola SA y en el otro 50% a Carey Consultants SA. Y así lo declaraban estas dos firmas en Luxemburgo.

Documento del Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo donde consta que Enric Lloveras es el accionista único de la sociedad Finola SA.

DECLARACIONES ANTE HACIENDA DESDE “HACE DIEZ AÑOS”

Los productores televisivos prefirieron no responder a estas dos preguntas de infoLibre: si se acogieron a la amnistía fiscal y, en caso afirmativo, cuánto dinero regularizó cada uno. El Gobierno de Mariano Rajoy anunció una amnistía el 30 de marzo de 2012 para que el capital oculto en el extranjero que retornase a España solo tuviese que pagar un “gravamen especial” del 10%, sin ningún tipo de penalización o sanción. Al final, de media, los defraudadores pagaron un 3%. El Tribunal Constitucional tumbó la amnistía del PP en 2017 por considerarla ilegal.

En cambio, Lloveras y Bilbao sí quisieron dejar claro que “desde hace diez años” han cumplido con todas sus obligaciones legales: “Desde el momento en que nosotros, Daniel Bilbao y Enrique Lloveras, tomamos el control efectivo de nuestras sociedades, Carey y Finola, propietarias mayoritarias de Sisifus Producciones, todas las decisiones corporativas han cumplido con rigor todos los preceptos legales y obligaciones tributarias, tanto las que se refieren a Luxemburgo como a España. Esta voluntad se concreta en la declaración ante la Hacienda Pública de los dos países de todas nuestras actividades económicas tanto corporativas como personales, con la presentación y pago de los Impuestos de Patrimonio, Sociedades, IRPF y la Declaración 720 de bienes en el extranjero, estando en estos momentos totalmente al corriente de pago y sin ninguna deuda pendiente. Nuestra realidad, que es un retrato fijo del cien por cien de nuestras actividades empresariales, se refleja en las declaraciones presentadas ante las Administraciones española y de Luxemburgo desde hace diez años”.

Impuestos y dividendos en el Gran Ducado

Los productores relataron a este periódico de forma detallada por qué, una vez declaradas ante la Hacienda española, decidieron mantener Finola SA y Carey Consultores SA en Luxemburgo, donde siguen a día de hoy: “El régimen fiscal de Luxemburgo es en estos momentos de transparencia con la Hacienda española, lo que vosotros demostráis con el acceso a los datos del Registro de Titularidades Reales que sirve de base a vuestro trabajo y que permite conocer a los propietarios de todas las sociedades que operan en el país. Trabajar en Luxemburgo no da, a empresas como la nuestra, en estos momentos, ninguna ventaja fiscal puesto que estamos obligados –y cumplimos– a la tributación final en España. Luxemburgo, país fundador de la Unión Europea, alejado en estos momentos de las prácticas de los paraísos fiscales, permite una mayor agilidad de uso de los instrumentos financieros y una seguridad jurídica envidiable para cualquier otro país del mundo, además de solvencia como país y de sus entidades financieras”.

El análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias de Finola SA y Carey Consultants SA entre los años 2014 y 2019 –último ejercicio presentado– muestra dos rasgos comunes: una tributación en Luxemburgo por debajo del 3% sobre los beneficios brutos y un importante reparto de dividendos para sus dos socios.

Finola SA declaró en ese periodo de seis años unos ingresos de 2,71 millones de euros, mientras que los de Carey Consultants SA ascendieron a 2,66 millones. En ambos casos, 1,35 millones provienen de su filial holandesa, cuyos ingresos procedían a su vez básicamente del dinero que generaba en España Sisifus Producciones.

En cuanto al resto de los ingresos, en la caja de Finola SA entraron 1,34 millones de sociedades no vinculadas y en la de Carey Consultants SA 1,23 millones por el mismo concepto. Los productores no quisieron explicar cuál era el origen de estos pagos.

El dato probablemente más llamativo es el correspondiente a la tributación. En el periodo 2014 a 2019, con unos beneficios brutos de 2.337.622 euros, Finola SA pagó en total 47.895 euros en impuestos (9.865 por Sociedades y 38.030 euros por otros tributos), lo que equivale al 2,05% de las ganancias. En el caso de Carey Consultants SA, sus beneficios brutos fueron de 2.473.875 euros y abonó en impuestos 58.107 euros (9.875 por IS y 48.232 euros de otros tributos), lo que supone el 2,35%.

Por último, respecto al reparto de dividendos, Finola SA le entregó a Enric Lloveras 835.000 euros en 2017 y 600.000 euros en 2018, mientras que Carey Consultants SA le abonó a Daniel Bilbao 1,2 millones en 2018.

Los productores no quisieron comentar el dato de la baja tributación de ambas sociedades, pero si destacaron que “en cuanto a la distribución de dividendos, se paga en primer lugar el tipo de impuesto luxemburgués, ligeramente más bajo que el español, y se armoniza con la presentación y pago del IRPF español, con lo que los impuestos devengados son exactamente los mismos que si fueran dividendos distribuidos en una empresa radicada en España”.

DESAPARECE LA SOCIEDAD DE HOLANDA

El último cambio en la estructura empresarial se produjo el 7 de febrero de 2019, fecha en la que fue dada de baja en el Registro Mercantil de Holanda la sociedad ME Multi Educational Enterprises BV. Por tanto, desde esa fecha, las dos sociedades de Luxemburgo pasan a ser las accionistas directas de Sisifus Producciones.

Sorprende, de nuevo, que la sociedad española presente información incorrecta en las cuentas que presenta en el Registro Mercantil de Madrid. A 31 de diciembre de 2019, casi un año después de que su antigua dueña holandesa haya dejado de existir, Sisifus Producciones declara que “la sociedad está participada” en un 80,29% por ME Multi Educational Enterprises BV. El rastro sobre Luxemburgo sigue oculto en las cuentas que presentan ante el Registro Mercantil español y que se pueden consultar públicamente. En cambio, la información que facilitan en el Gran Ducado Finola SA y Carey Consultants SA es la correcta: cada una declara ser dueña, a finales de 2019, del 40,14% de Sisifus Producciones.

Trama societaria de la productora Sisifus desde 1999 hasta la actualidad.

Esta falta de pulcritud en las cuentas de Sisifus Producciones incumple a veces de forma clara lo que dicta la normativa mercantil. Un ejemplo: el 28 de mayo de 2014 compró la totalidad de las acciones de Portal Vertele SL, sociedad dueña de una web del mismo nombre sobre noticias de televisión, pero no incluyó esta adquisición en sus cuentas de los años 2014 y 2015. La incluyó por primera vez como filial en 2016, que es precisamente el año en que vende Portal Vertele SL a la editora de eldiario.es, una operación que se escrituró el 11 de enero de 2017.

El precio de la compraventa de Portal Vertele SL también llama la atención. Sisifus Producciones asegura que la compró por 3.010 euros en la primavera de 2014 a una compañía registrada en San Sebastián de nombre Sorfin SA –que  a priori no está relacionada con el mundo audiovisual– y la revendió por 300.000 euros dos años y medio después. Aparentemente, no hay ningún motivo que explique cómo fue posible que su valor se multiplicase por 99 en tan corto espacio de tiempo. Se trata de una web que en 2014 ya tenía una importante audiencia.

En 2017, el año en que se escrituró la venta de Portal Vertele SL, Enric Lloveras dejó de ser consejero de la empresa editora de eldiario.es. Mantiene el 6,2% de las acciones del periódico, idéntico porcentaje al que tiene Daniel Bilbao. Ambos estuvieron entre los socios fundadores de dicho medio, que publicó su primer número el 18 de septiembre 2012. [En enero de 2021, eldiario.es compró el 10% del capital de la editora de infoLibre, así que desde hace seis meses Lloveras y Bilbao son accionistas indirectos de este periódico].

UNA TERCERA EMPRESA EN LUXEMBURGO

En 2013, Lloveras y Bilbao constituyeron una tercera sociedad en Luxemburgo, que se llama Stunersville Sàrl. Cada uno puso un millón de euros. La compañía tiene otros seis socios, entre ellos Iñigo Bilbao, hermano del productor y que también invirtió un millón de euros. En sucesivas ampliaciones de capital, aportaron otros 72.331 euros por cabeza, de forma que actualmente cada uno de ellos es propietario del 20% de la compañía, cuyo capital social asciende a 5,36 millones de euros.

El objeto social de Stunnersville Sàrl es la gestión de activos financieros. De acuerdo con las últimas cuentas presentadas, a 30 de junio de 2019, tenía 1,24 millones invertidos en valores mobiliarios y 3,9 millones en tesorería. En ese ejercicio –en su caso no coincide con el año natural sino que empieza el 1 de julio–, declaró unas pérdidas de 656.874 euros. En los años anteriores había acumulado ganancias por importe de 434.958 euros.

“Así conquistó una poderosa industria el sistema fiscal”. Ese es el titular de una detallada información de The New York Times, publicada hace tres semanas, donde explica cómo la industria de los fondos de capital privado (private equity en inglés) ha conquistado el sistema impositivo de Estados Unidos. En realidad, ese dominio de los fondos se extiende por todo el mundo, y se aprovecha de cualquier laguna en las normativas fiscales de los países donde operan y de un uso masivo de paraísos fiscales o territorios de baja tributación. El mayor fondo de capital privado del mundo es Blackstone, que también cuenta con importantes intereses en España: es el principal dueño de viviendas de alquiler –a finales de 2020 tenía casi 40.000– y el propietario de Cirsa, una de las principales multinaciones del juego en Europa y Latinoamérica.

La adquisición de Cirsa en 2018 es un ejemplo emblemático de las estructuras que monta Blackstone para reducir al máximo la factura fiscal de sus inversores y de sus ejecutivos. El fondo estadounidense constituyó para dicha operación seis sociedades en Luxemburgo, cinco de ellas controladas desde compañías en las Islas Caimán y en Delaware (Estados Unidos), ambos territorios con nula o baja tributación. La sexta es la firma que agrupa a los principales directivos de Cirsa. Se llama LHMC Managers SCSp y Joaquim Agut Bonsfills, presidente y consejero delegado de la multinacional del juego, es el beneficiario del 40,04% de su capital. En el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo no consta el nombre del resto de ejecutivos que participan en LHMC Managers SCSp porque sólo existe la obligación de identificar a quienes disponen de más del 25% de una sociedad. Lo que sí se puede deducir, por tanto, es que al menos otros tres ejecutivos de Cirsa participan en la empresa de Luxemburgo.

Esa sociedad luxemburguesa de los directivos es dueña del 3,03% del capital de Cirsa. Y con ella confían en dar el gran pelotazo cuando Blackstone revenda la multinacional del juego. Por poner un escenario conservador: si esa futura operación se valorase en 2.000 millones, sus acciones les reportarían 60 millones de euros.

A preguntas de infoLibre, la portavoz de Cirsa no quiso aclarar quiénes son el resto de directivos dueños de LHMC Managers SCSp, por razones de “confidencialidad”. Eso sí, aseguró que recibir determinados ingresos en Luxemburgo “no tiene ninguna ventaja fiscal” para Agut y el resto de ejecutivos, “porque cuando el dinero venga a España, tributará aquí exactamente igual que si las operaciones se hubieran realizado en España”. También destacó que la decisión de montar la estructura societaria en el Gran Ducado fue de Blackstone.

infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre la sociedad de Joaquim Agut y otros directivos de Cirsa en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, está publicando una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes el dossier con las entregas anteriores de la serie].

Información del Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo, donde Joaquim Agut declara ser el dueño del 40,04% del capital de la sociedad LHMC Managers SCSp.

LA RUTA DEL DINERO: CAIMÁN, DELAWARE, LUXEMBURGO

Cirsa es la principal empresa del juego de España, donde a 31 de diciembre de 2020 contaba con 45.372 máquinas tragaperras, cinco casinos, 39 salas de bingo y 242 casas de apuestas. Es el primer operador en apuestas deportivas a través de Sportium. Cirsa es además una de las grandes multinacionales del sector, con una presencia destacada en Italia, Panamá, Colombia, México, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Marruecos.

Fundada en 1978 por Manuel Lao Hernández y con sede en Terrassa (Barcelona), su facturación en 2019 alcanzó los 1.614 millones de euros (657 de ellos en España), cifra que se redujo en 2020 a causa del coronavirus hasta los 842 millones. La pandemia obligó a clausurar su negocio durante meses en diferentes países. Una parte de su actividad genera un creciente rechazo social, como ocurre en España con los salones de juego y las apuestas deportivas. Diferentes estudios han puesto en evidencia que cada vez hay más jóvenes enganchados, especialmente en barrios con menor poder adquisitivo.

A finales de 2017, Manuel Lao decidió que había llegado el momento de vender Cirsa. Unos meses antes se supo que la multinacional del juego había donado 900.000 euros a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tras comprar a Sharp por un euro su fábrica en Sant Cugat, una operación que le reportó 30 millones de beneficios, contó con el apoyo de la Generalitat de Artur Mas y con la que también se lucró Oriol Pujol. Más allá de esa polémica, los ingresos de Cirsa mejoraban cada año y parecía un buen momento para hacer caja. Blackstone mostró interés y el acuerdo de compraventa se firmó el 27 de abril de 2018. El fondo estadounidense cifra en sus cuentas en 1.453 millones de euros el “coste de adquisición” de la multinacional del juego, que tenía además en ese momento una deuda de 950 millones.

Blackstone constituyó seis sociedades en Luxemburgo para instrumentar la operación, en un esquema utilizado habitualmente por este tipo de fondos. LHMC Midco Sàrl es la dueña directa de las acciones de la española Cirsa Enterprises SLU, mientras que en la cúspide de la pirámide societaria en el Gran Ducado está LHMC Topco Sàrl, propietaria indirecta y responsable de consolidar las cuentas de todo el grupo. Además hay dos compañías centradas en obtener financiación –LHMC Finco 2 Sàrl y Cirsa Finance International Sàrl– y otras dos destinadas a facilitar la participación de los directivos de la multinacional en el negocio –LHMC Managers GP Sàrl y LHMC Managers SCSp–. En esta última es donde están Joaquim Agut y otros ejecutivos de Cirsa.

Pero la estructura societaria no se detiene en Luxemburgo. Los inversores no entregaron el dinero a Blackstone en ese país de la UE, sino en dos sociedades de las Islas Caimán y una de Delaware. La principal se denomina Blackstone Capital Partners (Cayman) VII LP y controla el 93,85% del capital de Cirsa. La identidad de esos inversores se desconoce. Lo habitual es que pongan dinero en este tipo de fondos lo que se denomina inversores institucionales –entidades financieras, aseguradoras– y también personas con patrimonios muy elevados. Las Caimán y Delaware son precisamente las dos jurisdicciones que utiliza con mayor frecuencia Blackstone para sus negocios, tal y como se refleja en los documentos que presenta ante la SEC (la comisión que controla los mercados en Estados Unidos). Cuando la inversión se produce en un país europeo, es frecuente que la estructura societaria pase por Luxemburgo, como ocurre en el caso de Cirsa. El motivo esencial es tributario puesto que es la mejor forma de que quienes han puesto el dinero y los gestores del fondo terminen por pagar a Hacienda muy poco o nada por los dividendos y plusvalías obtenidos con el negocio.

En algún lugar de la maraña societaria estará también una firma de los ejecutivos de Blackstone que gestionan la operación de Cirsa. Los ejecutivos de los fondos de private equity cobran por la administración del negocio, pero sobre todo se enriquecen con las comisiones de éxito que obtienen con los grandes pelotazos. Para tener una idea de las cifras que se mueven baste decir que Stephen Schwarzman, el presidente de Blackstone, se embolsó 610 millones de dólares en 2020 (unos 515 millones de euros al cambio actual). En la última lista Forbes de personas más ricas del mundo ocupaba el puesto 79.

El accionariado de Cirsa se completa con la sociedad luxemburguesa de los directivos españoles, que controla el 3,03% del capital.

LA EMPRESA DE AGUT EN LUXEMBURGO

infoLibre preguntó a Cirsa las razones por las que Joaquim Agut y otros directivos disponen de la firma LHMC Managers SCSp en el Gran Ducado. La respuesta de su portavoz fue la siguiente: “La estructura societaria la crea Blackstone para la compra de Cirsa, en 2018, y es la habitual en estas operaciones lideradas por fondos que incluyen un esquema retributivo en favor de los directivos. Blackstone no tiene un equipo dirigente propio en Cirsa. Como muestra de compromiso en la continuidad de la gestión, el equipo directivo invierte en la compañía. Y cuando se produzca la venta de Cirsa en el futuro es posible que obtengan un rendimiento. La sociedad LHMC Managers SCSp obedece exclusivamente a este objetivo, canalizar la inversión de los directivos”.

Es cierto que, en este tipo de operaciones, el “esquema retributivo” de los principales directivos se nutre de dos fuentes: el salario anual, que en este caso Agut y compañía reciben en España, y la participación en el capital, que en Cirsa se vehicula a través de la sociedad en Luxemburgo. Aunque la retribución ordinaria sea cuantiosa, donde los directivos confían en dar el gran pelotazo es con el futuro traspaso de la compañía. Los fondos de private equity suelen permanecer en una empresa una media de cinco años antes de revenderla. En el caso de Cirsa, ser dueño del 3,03% del capital puede terminar reportando a sus directivos decenas de millones de euros (un escenario conservador: 60 millones si el precio de venta fuese de 2.000 millones). También es verdad que la pandemia ha retrasado a priori el calendario para dar el pelotazo.

LHMC Managers SCSp invirtió inicialmente 20 millones de euros en la matriz luxemburguesa del grupo Cirsa –LHMC Topco Sàrl–, lo que significa que Joaquim Agut puso ocho millones y los otros ejecutivos no identificados los doce millones restantes. Así se deduce de la documentación depositada en el Registro de Luxemburgo. Pese a las preguntas de infoLibre, la empresa no quiso confirmar ninguna de las cifras que se incluyen en esta información.

La portavoz de Cirsa sí aseguró, en cambio, que los 20 millones de Agut y compañía llegaron a Luxemburgo desde “sus cuentas en España” y que en ningún momento invirtieron a través de las Caimán o Delaware, como el resto de accionistas de la empresa de juego. “Los directivos no participan en ninguna sociedad de Caimán o Delaware”, insistió.

Lo que sí se controla desde las Caimán y Delaware es, en todo caso, la gestión de LHMC Managers SCSp. La mayoría de las sociedades creadas por fondos tienen dos actores: el “general partner”, que es quien las gestiona, y los “limited partners”, que son los inversores. Los directivos de Cirsa son quienes pusieron el dinero en LHMC Managers SCSp, pero esta compañía cuenta con un general partner, que es la también sociedad luxemburguesa LHMC Managers GP Sàrl. Y esta tiene como accionistas a las mismas tres sociedades de Caimán y Delaware que el resto del grupo.

Hay que destacar que buena parte de los 20 millones desembolsados inicialmente por Agut y compañía ya los han recuperado y además con unas plusvalías importantes. En el último trimestre de 2019, Blackstone decidió que los inversores recuperasen casi el 60% del dinero que habían puesto para la compra de Cirsa. Por tanto, Agut y los otros directivos recibieron cerca de 12 millones. Técnicamente, ello se hizo mediante la amortización de tres clases de acciones –denominadas C3, C4 y C5–, que otorgaban el derecho a un dividendo preferente del 11% anual. Ese altísimo dividendo explica en buena medida que, en sus cuentas de 2019, la sociedad LHMC Managers SCSp declarase unos beneficios de 1,5 millones de euros. En definitiva, que al año y medio de invertir los 20 millones en Cirsa, Agut y compañía ya habían recuperado dos tercios del dinero utilizado para hacerse con el 3% de la multinacional del juego (12 millones por la amortización de acciones y 1,5 millones en dividendos).

En 2019, Blackstone devolvió al conjunto de accionistas 392 millones de euros aportados para la compra de Cirsa y les abonó otros 59 millones como dividendo por las acciones amortizadas. ¿De dónde salió el dinero? De la emisión de bonos que dispararon el endeudamiento de la empresa. Una decisión que llevó a la agencia de rating S&P a calificar la emisión de bonos como especulación con alto riesgo.

Y es que el endeudamiento de Cirsa ha crecido de forma notable desde su compra por Blackstone, al pasar en solo tres años de 950 a 2.423 millones de euros. Una parte de ese dinero se destinó a realizar diversas compras, entre ellas el 50% que no era suyo en Sportium, el grupo Giga o Marca Apuestas, la división dedicada al juego en Unidad Editorial (dueña entre otros medios de El Mundo). Pero otra parte muy significativa se fue para el bolsillo de los inversores.

En Cirsa sostienen que la empresa luxemburguesa no reportará ningún beneficio fiscal a Joaquim Agut y compañía y que todo el dinero está declarado perfectamente en España. “El dinero que puso el señor Agut y el resto de directivos en LHMC Managers SCSp proviene de España y la participación en dicha compañía ha sido declarada en el Modelo 720. Y cuando se produjo la desinversión de 2019, y parte de los fondos regresaron a España, también se declaró ante la Hacienda española. Desde el punto de vista de los directivos no hay ninguna ventaja fiscal y toda la operación es completamente transparente ante la Agencia Tributaria”, señaló la portavoz a infoLibre. La desinversión de 2019 se refiere a la mencionada devolución del 60% del capital inicial que habían puesto los accionistas de Cirsa. “Cuando el resto del dinero venga a España, tributará aquí exactamente igual que si las operaciones se hubieran realizado en España”, reiteran en Cirsa.

Estructura societaria de Cirsa.

agut: DEl fiasco de terra al éxito en cirsa

Joaquim Agut es dueño de una sicav, Oregon 2000, que en marzo de 2021 tenía un patrimonio de 8,72 millones. Lleva 15 años en Cirsa y en el sector le atribuyen un papel clave tanto en el crecimiento de la compañía como en la negociación para su venta a Blackstone. Antes había sido el primer ejecutivo de General Electric en Europa y presidente de Terra, una filial de Telefónica que a principios del año 2000 llegó a tener una capitalización bursátil superior a la del BBVA, el BSCH, Repsol o las eléctricas, pero que en pocos meses perdió más del 97% de su valor. Muchos pequeños accionistas de Terra culparon de su ruina a Agut, quien finalmente salió de allí por la puerta de atrás con destino a la productora de televisión holandesa Endemol, que entonces también era parte del grupo Telefónica.

Desde su aterrizaje en Cirsa, Agut ha mantenido un perfil público bajo. Sus declaraciones son escasas en general y casi inexistentes las de contenido político. Quizá por eso llamen más la atención las realizadas en enero de 2012, pocas semanas después de que el PP de Mariano Rajoy ganase las elecciones con mayoría absoluta. “En España conservamos unas condiciones laborales muy estrictas y el empresario teme a la contratación”, afirmaba Agut, quien pedía a Rajoy que actuase para lograr “mayor flexibilidad laboral” si empresarios y sindicatos no se ponían de acuerdo. También se declaraba partidario de una amnistía fiscal: “La economía sumergida es un problema que necesitamos solucionar aunque su enderezamiento no sea fácil. Quizá sería conveniente empezar por perdonar a aquellos que han actuado de forma fraudulenta y, a partir de ahí, regular la situación con flexibilidad, entendiendo las posibilidades reales de cada contribuyente”. Dos peticiones extendidas entre algunos empresarios, la reforma laboral y la amnistía fiscal, que Rajoy cumplió de inmediato aquel mismo 2012.

El nombre del presidente de Cirsa también aparece al menos una vez en el BOE –en castellano y con una errata en su segundo apellido–, en mayo de 2013, cuando el Ministerio de Economía le denegó la concesión de un permiso de importación “para un trofeo de caza de leopardo (Panthera pardus) originario de Zambia”. Seguro que a Joaquim Agut Bonsfills le resultará más fácil, si así lo decide, repatriar el dinero que acumule en Luxemburgo gracias a Cirsa.

El proyecto OpenLux OpenLuxha puesto el foco sobre la actividad de más de 1.500 personas vinculadas con España que mantienen empresas en Luxemburgo con objeto de gestionar miles de millones de euros que son opacos al fisco. Las derivadas son evidentes, aunque quizás las más relevantes son la conexión directa entre elusión fiscal y corrupción y el dumping fiscal que practica Luxemburgo (como también los Países Bajos y otros Estados “puritanos” y “bien-pensantes” de la UE).

La elusión consiste en un tipo de planificación fiscal en la que se aprovechan rendijas legales para evitar o aminorar el pago de impuestos. No es ilegal, aunque las consecuencias son obvias. Sin caer en populismos: o pagamos todos (lo que toque a cada cual) o no paga nadie. Más allá de que esta práctica pueda ser útil a quienes quieran ocultar fondos de origen lícito, resulta que OpenLux ha identificado también prácticas de elusión entre sujetos implicados en grandes escándalos de corrupción, lo que no resulta para nada extraño.

El dumping fiscal es una práctica de competencia fiscal dañina mediante la cual las empresas multinacionales, aprovechando la globalización, ubican su domicilio en el entorno que les es fiscalmente más favorable. En este campo OpenLux sucede a otro escándalo de 2014 denominado LuxLeaks, que estalló tras la filtración por un empleado de PricewaterhouseCoopers (PWC) que detallaba cómo creaban estructuras en Luxemburgo para eliminar los ingresos sujetos a impuestos en un territorio.

Estas dos derivadas tienen un elemento en común: ambas son de carácter estructural y las posibilitan los propios Estados. Con frecuencia se suele atribuir la total responsabilidad respecto de la expansión de la corrupción a sujetos y empresas, obviando un hecho indiscutible: la cooperación imprescindible –en la mayor parte de ocasiones– de los mismos Estados. Tan evidente es este hecho que la UE y EEUU ultiman en el G7 un impuesto a las multinacionales y un acuerdo para que revelen qué impuestos pagan en cada país.

La corrupción es estructural, lo que obliga a combatirla modificando, también, las estructuras. No es suficiente con disponer de políticas de prevención de lo que se considera un peligro individualizado que atañe a sujetos y empresas (la corrupción): las causas últimas de la corrupción atañen al sistema, son colectivas y no se suelen abordar eficientemente. Prueba de ello es que, a pesar de que en España se han planteado algunas iniciativas (la Ley de Transparencia, la de Financiación de Partidos, el proyecto de Ley reguladora del ejercicio de altos cargos o la reforma del Código Penal), el fenómeno va en aumento. No es extraño que así sea porque, en primer lugar, mientras el Derecho es estatal, la corrupción es global, y en segundo lugar por la baja eficiencia del Estado español en este ámbito. Muestra de ello son las reiteradas advertencias de distintos organismos internacionales respecto de incumplimientos relacionados con la eficacia de la aplicación de normativas anticorrupción en base a los cuatro pilares de los que España es parte: la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, el Convenio de Lucha contra la Corrupción de la OCDE, los Convenios del Consejo de Europa y las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). A esto podemos sumar la lentitud de la justicia, los deficientes controles administrativos internos y externos, la amplia tolerancia a las “puertas giratorias” para altos cargos, o el deficiente despliegue normativo interno. Sirva como ejemplo de esto último lo sucedido con la Ley 19/2013, de transparencia, que ha cumplido ya siete años sin que se haya podido aplicar la obligación de los cargos políticos de publicar su estado patrimonial y de intereses. Ni siquiera existe un régimen sancionador derivado de su infracción. Peor aún, entre 2015 y 2018 al menos 100 de entre ellos han incumplido la obligación de detallar sus bienes, contando además con la aquiescencia de la propia Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y del Tribunal Supremo.

En fin, la corrupción no es algo que responda esencialmente a un comportamiento individual; su fundamento básico se halla en el sistema. Si quieren saber cuan corrupto es un sistema o un país miren en el ojo del huracán: cómo es la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronales; si su sistema electoral es abierto o cerrado; si su modelo tributario es progresivo, equitativo y bien percibido; si su modelo de contratación pública es eficiente y transparente; si sus mercados son transparentes, libres y sin oligopolios; si su sociedad civil es robusta, activa y bien informada. Casi todo lo demás es más de lo mismo.

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Ramón J. Moles Plaza es profesor universitario, ha sido colaborador de ACAD (Iniciativa Académica Anticorrupción-ONU)

A principios de 2017, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), aseguró en el Congreso que para mantener la “cohesión social” era necesario que las grandes empresas realizasen una mayor contribución a las arcas del Estado con el impuesto de sociedades (IS). Aunque el tipo nominal en este tributo se situaba en el 25%, el tipo efectivo (el que realmente se paga) había estado en 2015 en el 7,6%. Un porcentaje muy por debajo del que abonaban las pequeñas y medianas empresas, que era del 18%, y también los trabajadores a través del IRPF, que ascendió aquel año al 17,5% de media. Una situación que no era novedosa, sino que se venía repitiendo año tras año. Las razones para ello son diversas, desde que las grandes empresas pueden contratar a fiscalistas expertos en eso que llaman “optimización fiscal” hasta que la normativa del IS contempla toda una serie de exenciones y deducciones de las que se benefician sobre todo las grandes empresas.

Un ejemplo de manual es lo ocurrido con El Arverjal SL, la sociedad de Micaela Valdés Ozores que dio en 2003 y 2004 un pelotazo de 197 millones de euros con unos terrenos que tenía en Guadalajara. Micaela Valdés es la tía política de Esperanza Aguire (su hermana Beatriz era la suegra de la dirigente del PP). Pese a que el tipo nominal del Impuesto de Sociedades en aquellos años era del 35%, El Arverjal pagó a Hacienda efectivamente menos del 14%.

Una parte del dinero que ingresó El Arverjal salió inmediatamente con destino a dos sociedades de Luxemburgo, tal y como desvela infoLibre en uno de los reportajes del proyecto OpenLux. Esas inversiones en el Gran Ducado sirvieron también a la empresa de Micaela Valdés para pagar menos impuestos en España [puedes leer aquí dicha información y aquí tienes el dossier con las entregas anteriores de OpenLux].

Este periódico ha pedido a dos expertos fiscales que analicen las cuentas de la sociedad de Micaela Valdés entre 1998 y 2019. Su conclusión es que muestran cómo determinadas empresas “van enlazando una tras otra exenciones y deducciones para no tributar, que están en la ley, pero que se aplican de forma que constituyen un claro abuso de la norma”. Tres operaciones concretas, que veremos más adelante, plantean a los expertos dudas legales.

A preguntas de infoLibre, Ignacio Mencos Valdés, administrador de El Arverjal e hijo de Micaela Valdés, se limitó a decir que todas las actuaciones de la empresa se hicieron siempre “dentro de la legalidad” y que emprenderá acciones legales contra quien le acuse de la comisión de defraudar a la Hacienda pública española.

A continuación se analizan las principales actuaciones tributarias llevadas a cabo por El Arverjal para dejar el IS en un tipo efectivo por debajo del 14%.

1. El dinero de la expropiación

El Gobierno de Aznar, precisamente en la época en que Aguirre era ministra de Cultura, decidió que el AVE no podía parar en Guadalajara ciudad y eligió en su lugar un páramo a 13 kilómetros, en un pueblo de poco más de 200 habitantes llamado Yebes. Allí tenía varios millones de metros cuadrados de suelo rústico Micaela Valdés, que los había recibido en herencia y figuraban a nombre de El Arverjal.

Cronológicamente, lo primero que se produjo fue la expropiación de los terrenos de El Arverjal donde se iba a construir la estación del AVE de Yebes. El justiprecio por la expropiación ascendió a 1.515.016 euros (252 millones de pesetas de la época), que fueron pagados por el Gobierno en 1999.

Pero El Arverjal no tuvo que incluir ese dinero en el IS de aquel año. Primero se acogió a la “exención por reinversión de beneficios extraordinarios”. Esa reinversión consistía en una construcción, que no se detalla en las cuentas de la empresa, pero sí que su “puesta a disposición” se produjo en el año 2002. Entonces, integró la renta –los 1,51 millones de euros– por el método recogido en el art. 34.1.b) del Reglamento de Impuesto de Sociedades vigente, “esto es, a través de la amortización del elemento patrimonial en el que se ha materializado la reinversión”.

¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que en 2002 incluyó en la renta 29.037 euros y que desde entonces va incorporando cada año 30.300 euros. Y así seguirá hasta el 2051, ya que la construcción se puede amortizar en 50 años.

En otras palabras: dinero que El Arverjal ingresó en su caja en 1999, lo incorporará a su declaración del IS medio siglo después.

Además de disfrutar de dinero sin tributar durante décadas, la sociedad se está beneficiando de otras dos circunstancias. La primera es obvia: el valor de compra de un euro en 2002 nada tiene que ver con el que tendrá ese mismo euro en 2051. La segunda es que el tipo nominal del IS ha bajado de forma considerable desde hace dos décadas, y ahora está en el 25%. Así que los 30.300 euros que El Arverjal incorpore a su IS de 2021, tributarán mucho menos que cuando obtuvo el ingreso y el tipo era del 35%.

Cuentas de 2019 de El Arverjal, donde costa que ese año incorporó a su renta 30.300 euros procedentes de una expropiación que se produjo en 1999.

2. La aportación de la finca a una filial de reyal

El proyecto con los terrenos de El Arverjal incluía levantar una nueva ciudad junto a la estación del AVE, que se denominó Valdeluz, planificada para acoger hasta 34.000 personas, aprovechando que el viaje en alta velocidad hasta Madrid se podría hacer en poco más de 25 minutos. Todo ello en un momento en que el precio de la vivienda en Madrid crecía desbocado en pleno boom inmobiliario.

El Ayuntamiento de Yebes, en manos entonces del PP, recalificó los terrenos de El Arverjal en 2001. Y la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por José Bono (PSOE), dio el visto bueno al proyecto al año siguiente. De levantar Valdeluz se encargaría Construcciones Reyal, cuyo principal propietario era por cierto Rafael Santamaría, uno de los mejores amigos de Bono.

En definitiva, Reyal tenía que adquirir los terrenos ya recalificados de El Arverjal para levantar allí Valdeluz. Pero en vez de una compraventa de la finca realizaron una operación más compleja, para lo que utilizaron una filial de la constructora denominada Las Dehesas de Guadalajara SL, constituida el 16 de febrero de 2001.

El 10 de mayo de 2002, El Arverjal suscribió una ampliación de capital de Las Dehesas de Guadalajara SL por importe de 43,12 millones de euros, mediante la aportación de la finca en Yebes donde se iba a construir Valdeluz. Y a cambio de transmitir la propiedad de los terrenos recibió el 49% del capital de Las Dehesas de Guadalajara.

De nuevo, tal y como explica El Arverjal en sus cuentas del año 2002, se acogió a una exención para no tributar en el IS por la transmisión de la finca a Las Dehesas de Guadalajara: “Esta aportación no dineraria se ha acogido al régimen especial establecido en la Ley del Impuesto de Sociedades para las fusiones, escisiones, aportación de activos y canje de valores previsto en el Capítulo VIII de dicha ley”.

Pero la empresa de Micaela Valdés en absoluto pensaba dedicarse a la promoción inmobiliaria en Valdeluz. Así que se deshizo rápidamente del 49% del capital que tenía en Las Dehesas de Guadalajara. En 2003 le vendió a Reyal acciones por un precio total de 168.374.535 euros y al año siguiente por 32.096.808 euros.

En resumen, El Arverjal no vendió directamente la finca a Reyal, sino que realizó esa operación en dos partes: en 2002 aportó los terrenos a una filial de la constructora a cambio de un paquete de acciones valorado en 43,12 millones, y en 2003 y 2004 le vendió esas acciones a Reyal por un total de 200,47 millones.

Ambas partes pactaron que el pago de los 200,47 millones se haría entre 2003 y 2006. En concreto, El Arverjal se embolsó 9,5 millones en 2003, 38,8 millones en 2004, 49,5 millones en 2005 y 102,6 millones en 2006.

En esta operación, los expertos fiscales consultados por infoLibre coinciden en destacar dos cuestiones. La primera es que El Arverjal valorase en 2002 la finca en 43,12 millones (al aportarla a la filial de Reyal), pero que en 2003 y 2004 ingresara por ella 200,47 millones (al vender las participaciones de dicha filial). “La diferencia es abismal y el valor de mercado de los terrenos no pudo multiplicarse por 4,6 en un año. Para llegar a una conclusión fehaciente habría que analizar todos los documentos de las diferentes transacciones, pero con lo que figura en las cuentas de las sociedades implicadas es evidente que las cifras no cuadran”, destacan.

El segundo asunto problemático es la exención por reinversión aplicada por El Arverjal. “También en este caso habría que ver los documentos para alcanzar una conclusión firme, pero la normativa del IS establecía que los elementos patrimoniales objeto de la operación debían permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo al menos siete años, algo que no parece haber ocurrido”.

Cuentas de 2002 de Las Dehesas de Guadalajara, donde costa que los terrenos aportados por El Arverjal se valoraron en 43,12 millones.

3. las deducciones por reinversión de los 200 millones

En 2003 y 2004, El Arverjal se anotó como “beneficios en enajenación de inmovilizado” un total de 200,75 millones. La práctica totalidad correspondía a la finca de Yebes. Antes de que su suelo rústico fuese recalificado como urbano, todos los bienes de la empresa estaban valorados en 3,21 millones de euros, así que el beneficio mínimo atribuible a la operación relacionada con el AVE es de 197 millones.

Los más de 200 millones que ingresó El Arverjal entre 2003 y 2006, según figura en sus cuentas de esos ejercicios, fueron “reinvertidos por la entidad por medio de la adquisición de acciones y participaciones sociales representativas del capital de sociedades mercantiles en porcentajes superiores al 5%, así como por medio de la adquisición de otros elementos del inmovilizado material”. Y, por tanto, se acogió a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios contemplada en la ley.

En esos cuatro años, El Arverjal adquirió acciones hasta en 18 sociedades diferentes. A las que más dinero destinó fueron Valmenta Simcav (85 millones), Valmenta Inversiones SCR (49,9 millones) y Eprec SA (25 millones). Esta última era una sociedad de Luxemburgo. En el listado de inversiones también aparece otra compañía radicada en el Gran Ducado, el fondo DB Real Estate Iberian Value Added I SA SICAR, creado por Deutsche Bank y al que El Arverjal declaraba haber aportado 5,01 millones de euros en 2006 (en años posteriores la inversión llegaría hasta 6,75 millones).

En definitiva, la empresa de Micaela Valdés envió a dos sociedades de Luxemburgo una parte del dinero conseguido gracias al pelotazo en Valdeluz (30,01 millones a finales de 2006), y esa inversión le sirvió al mismo tiempo para pagar menos por el impuesto de sociedades en España.

El caso de Eprec plantea la tercera cuestión problemática en las cuentas de El Arverjal. En 2006, al detallar el importe de la renta acogida a la deducción por reinversión, se atribuyen 25 millones a la sociedad luxemburguesa. En ese momento, el capital de Eprec era de 45 millones, que estaba suscrito pero solo parcialmente desembolsado. De hecho, en 2015, los socios de la compañía decidieron cancelar 16,5 millones de capital que estaban pendientes de aportar. Así que el capital máximo desembolsado que ha tenido Eprec es de 28,4 millones, del que el 50% pertenecía en 2015 a El Arverjal.

Es decir, El Arverjal se acogió a deducciones en 2006 por una inversión de 25 millones en Eprec, pero en realidad su aportación al capital de esta compañía no superó los 14,2 millones. Los expertos fiscales consultados por infoLibre indicaron que El Arverjal, al producirse en 2015 la cancelación de capital en Eprec, tenía que haber hecho un ajuste fiscal en su declaración del IS. Algo que no consta en las cuentas de la compañía. Ignacio Mencos, por su parte, se ha negado a aclarar este asunto.

Cuentas de 2006 de El Arverjal, donde constan las inversiones en dos sociedades de Luxemburgo que le sirvieron para pagar menos impuestos en España.

4. El tipo efectivo pagado por El Arverjal

El análisis de la memoria que acompaña a las cuentas anuales presentadas por El Arverjal en el Registro Mercantil permite comprobar cuánto pagó realmente entre 2003 y 2006 por el Impuesto de Sociedades. La respuesta es que abonó en total 27,5 millones de euros (1,17 en 2003, 4,92 en 2004, 6,85 en 2005 y 14,63 en 2006).

En esos cuatro años declaró en total unos beneficios antes de impuestos de 210,7 millones. Al menos 197 millones corresponden directamente al pelotazo con los terrenos de Guadalajara. En relación con esta última cantidad, los 27,5 millones abonados en el IS supondrían un 13,9%. En realidad, lo correcto es hacer ese cálculo respecto al resultado total antes de impuestos, en cuyo caso la cifra baja al 13,0%. Todo ello en unos años donde el tipo nominal era del 35%.

Los ministros de Hacienda sin duda saben que en la normativa del Impuesto de Sociedades existen múltiples exenciones y deducciones, de las que se pueden aprovechar sobre todo las grandes empresas. Así que no dejan de ser sorprendentes declaraciones como aquellas de Montoro en 2017, pidiéndoles que contribuyan más. Como si lograr eso no estuviera en manos del Gobierno, por la sencilla vía de eliminar dichas exenciones y deducciones. Ninguno lo ha hecho.

Las posibilidades de convertirse en multimillonario gracias a unos terrenos rústicos en una zona despoblada de la provincia de Guadalajara son a priori escasas. Pero hay gente con suerte. Por ejemplo, Micaela Valdés Ozores, la tía política de Esperanza Aguirre. El Gobierno de José María Aznar decidió que era buena idea que el AVE de Madrid a Barcelona, en vez de detenerse en Guadalajara capital, lo hiciera en un descampado a 13 kilómetros de distancia y mal comunicado por carretera con el resto del mundo. Así fue como se construyó la estación de Yebes y se planificó una nueva ciudad para 34.000 habitantes, Valdeluz. Todo ello en terrenos que pertenecían a una sociedad de Micaela Valdés Ozores denominada El Arverjal SL. El resultado ha sido el siguiente: la familia política de Aguirre dio de forma inmediata un pelotazo de 197 millones de euros, una de las ramas de la Púnica se lucró con la construcción de un colegio, la estación del AVE de Yebes no tiene prácticamente pasajeros y Valdeluz se convirtió en una especie de ciudad fantasma símbolo del hundimiento del ladrillo en España durante la Gran Recesión.

Micaela Valdés Ozores es dueña de más del 80% de las acciones de El Arverjal y el resto pertenece a sus hijos. Uno de ellos, Ignacio Mencos Valdés, se encarga de la administración de la sociedad. Tras la recalificación en urbanos de los terrenos rústicos en Yebes, El Arverjal ingresó por ellos 200,4 millones de euros entre 2003 y 2006, de acuerdo con la documentación mercantil de la compañía consultada por infoLibre. Una parte de ese dinero lo sacó inmediatamente de España con destino a Luxemburgo. En 2005 decidió invertir 6,75 millones de euros en un fondo creado allí por el Deutsche Bank y a principios de 2006 constituyó en el Gran Ducado la sociedad Eprec SA y suscribió acciones por importe de 20 millones. Esas inversiones en Luxemburgo le sirvieron a El Arverjal para reducir los impuestos pagados en España [en esta información se detalla cómo redujo la empresa su factura fiscal].

En 2013, El Arverjal entró en el capital de una tercera sociedad en Luxemburgo: Shark Capital SA. Esta compañía se había constituido un par de años antes y su principal accionista era una firma que estaba controlada desde el territorio caribeño de Belice y que ahora pertenece al empresario malagueño Andrés Martín Caba.

infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre las sociedades luxemburguesas de Micaela Valdés y familia en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, está publicando una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes el dossier con las entregas anteriores de la serie].

EL PELOTAZO DEL AVE

El 23 de enero de 2006, cuatro familias constituyeron en Luxemburgo la sociedad Eprec SA con 45 millones de capital. El Arverjal de Micaela Valdés suscribió acciones por 20 millones; Norvo, holding financiero e inmobiliario gestionado por Daniel Gómez García, puso 10 millones; la familia Cavestany Corsini también invirtió 10 millones y una firma de las Islas Vírgenes Británicas comprometió los 5 restantes. Esta última compañía estaba representada por el financiero español Javier Muguiro.

En conversación con infoLibre, Muguiro se atribuye la paternidad de la idea de montar Eprec: “En 2005 había gran liquidez y las familias españolas no tenían vehículos para diversificar sus inversiones inmobiliarias fuera de España. De hecho, la idea era crear un club de inversión de un reducido grupo de familias. Se trataba de vehiculizar, a través de una compañía luxemburguesa, perfectamente declarada y sujeta al Impuesto sobre Sociedades en Luxemburgo, el pool de inversores que querían unirse al proyecto. El citado proyecto no era otro que llevar a cabo inversión inmobiliaria de calidad en Alemania principalmente, Bélgica y Reino Unido”.

Muguiro asegura que la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas pertenecía a un ciudadano sudamericano, cuyo nombre no desvela “por confidencialidad”, y que él simplemente actuó como su representante en el acto de constitución de Eprec. Además, desvincula aquella operación de MdF, el family office –entidad que gestiona grandes patrimonios– donde trabaja desde 2009 y cuyo rostro más conocido es el exministro del PP José María Michavila. Y ello a pesar de que otro de los socios de MdF es el mismo Daniel Gómez que fue uno de los cuatro fundadores de la luxemburguesa Eprec. “Daniel era amigo desde hacía muchísimos años. No era cliente mío ni había hecho ninguna inversión conmigo, pero siendo un importante inversor inmobiliario tenía sentido la diversificación. La mejor prueba de que no existía relación con MdF es que esta sociedad ni siquiera existía, se creó tres años después”, explica Muguiro.

Entre las personas con “liquidez” a principios de 2006, una destacada era sin duda Micaela Valdés Ozores. Nacida en 1934 en Madrid en una familia de la nobleza que ostenta el marquesado de Casa Valdés, es la tía política de Esperanza Aguirre (su hermana Beatriz era la suegra de la dirigente del PP). El Gobierno de Aznar había decidido en 1998, precisamente en la época en que Aguirre era ministra de Cultura, que el AVE no podía parar en Guadalajara ciudad y eligió en su lugar un páramo a 13 kilómetros, en un pueblo de poco más de 200 habitantes llamado Yebes. Allí tenía 3,4 millones de metros cuadrados de suelo rústico Micaela Valdés, que los había recibido en herencia y figuraban a nombre de El Arverjal. El Ayuntamiento, en manos entonces del PP, recalificó los terrenos en 2001. Y la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por José Bono (PSOE), dio el visto bueno al proyecto al año siguiente. La idea era levantar una nueva ciudad junto a la estación del AVE, que se denominó Valdeluz, planificada para acoger hasta 34.000 personas, aprovechando que el viaje en alta velocidad hasta Madrid se podría hacer en poco más de 25 minutos. Todo ello en un momento en que el precio de la vivienda en Madrid crecía desbocado en pleno boom inmobiliario. De levantar Valdeluz se encargaría Construcciones Reyal, cuyo principal propietario era por cierto Rafael Santamaría, un íntimo amigo de Bono.

Ignacio Mencos Valdés.

Cuando Interviú publicó en 2003 la primera información sobre el pelotazo que El Arverjal iba a dar con sus tierras de Guadalajara, Ignacio Mencos Valdés admitió que sin la estación del AVE no se les habría ocurrido construir allí miles de viviendas. “Nos vimos un poco obligados. El GIF [Gestor de Infraestructuras Ferroviarias] comenzó a expropiarnos terrenos y eso nos empujó a plantearnos construir en nuestras tierras”, declaró a la revista el hijo de Micaela Valdés y administrador de El Arverjal. Además, negó que su parentesco con Aguirre les hubiera beneficiado, con un argumento ciertamente peculiar: “No nos ha afectado para nada la relación familiar con Esperanza Aguirre, entre otras cosas porque estamos en otra comunidad autónoma”. O sea, según lo que podríamos denominar la tesis Mencostesis Mencos, en España las influencias se detienen en las fronteras autonómicas. En todo caso, Aguirre siempre negó que la construcción de Valdeluz le hubiese beneficiado a ella, a su marido o a su suegra –que tenía tierras en el municipio de Chiloeches, próximo a Yebes– y recomendaba preguntar a Bono por la recalificación del suelo de El Arverjal.

Pese a las declaraciones de Ignacio Mencos, su familia no decidió construir en aquellas tierras. Nada más lejos de la realidad. Lo que hizo El Arverjal fue aportar en 2002 la finca a una filial de Construcciones Reyal –Las Dehesas de Guadalajara SL– y vender las acciones recibidas a cambio de forma inmediata a la propia Reyal, a través de dos contratos firmados en 2003 y 2004. De acuerdo con esos contratos, El Arverjal se embolsó 9,5 millones en 2003, 38,8 millones en 2004, 49,5 millones en 2005 y 102,6 millones en 2006. El páramo de suelo rústico se había transformado en 200,4 millones de euros. Antes de la recalificación, todos los bienes de El Arverjal estaban valorados en 3,2 millones. Así que el pelotazo se puede cifrar en algo más de 197 millones. Los Valdés eran una familia con enorme “liquidez”, como diría Javier Muguiro.

Parte de esa liquidez salió rápidamente con destino a Luxemburgo, donde los Valdés se convirtieron en accionistas mayoritarios de tres empresas del grupo Eprec. En enero de 2006 constituyeron la matriz (Eprec SA), cuatro meses más tarde Eprec Investments Sàrl y en verano de 2007 compraron una compañía que tenía un edificio en Berlín y a la que rebautizaron como Eprec Bundesallee Sàrl. En esta última, por cierto, participaba con un 5% una firma que había creado Javier Muguiro en Alemania, llamada Achievers Family Office SL & Co K.G. “Era un requisito que establecía en aquel momento la legislación alemana, que al menos un 5% del capital estuviera en manos de una compañía local, y yo les hice el favor a las cuatro familias fundadoras de Eprec de constituir dicha sociedad en Alemania. Pero el dinero lo pusieron las familias”, rememora Muguiro.

En septiembre de 2007, Eprec SA entró en el mercado inmobiliario de Bélgica con la compra de las sociedades Estaks Properties NV, Immo Waterloo SA e Immo Wavre Office Parc SA, dueñas de sendos edificios en aquel país.

Si uno atiende a las cuentas oficiales presentadas en el Registro de Luxemburgo, las inversiones de Eprec SA fueron una ruina. En 2009, al inicio de la Gran Recesión, la compañía ajustó sus activos depreciándolos en 11,7 millones (lo que equivalía a más del 50%), dos años más tarde tuvo unos gastos extraordinarios de 9,7 millones y en 2013 se declaró en concurso la filial Eprec Bundesallee Sàrl. ¿Qué pasó? El inmueble en Berlín estaba alquilado a dos cajas de ahorro locales, que quebraron, y Eprec Bundesallee Sàrl no consiguió arrendarlo de nuevo. “Eprec estaba muy apalancada en esa inversión, no pudo pagar la deuda y el banco malo alemán se terminó quedando con el edificio”, señala Muguiro.

Mucho más lacónico se mostró Ignacio Mencos, quien respondió con un mensaje escrito de cinco líneas a la veintena de preguntas que le planteó infoLibre, en el que se limita a destacar que todas las inversiones inmobiliarias de El Arverjal en el extranjero se han realizado “dentro de la más absoluta legalidad”. En relación con Eprec SA, Mencos asegura que se encuentra “en liquidación”. En el Registro Mercantil de Luxemburgo no hay de momento rastro de tal circunstancia [puedes consultar al final de esta información las preguntas no respondidas por Ignacio Mencos]. Este 27 de junio de 2021, como principal beneficiaria de Eprec SA en el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo figuraba Micaela Valdés Ozores, con un 43,4% del capital.

El Arverjal fue sin duda la gran beneficiada por la decisión de montar una estación del AVE en el medio de la nada. Pero no la única. También sacó tajada la trama de corrupción conocida como PúnicaPúnica, liderada presuntamente por Francisco Granados, durante años el número tres de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Una de las ramas de la investigación judicial se centra en la adjudicación de colegios concertados, a través de Alfedel SL, una de las sociedades de la trama. Pues bien, uno de los colegios bajo investigación es Luz de Yebes, que puso en marcha Alfedel y de cuya construcción se encargó Obrum, otra compañía de la Púnica. Por cierto que, como desveló infoLibre, padres de ese colegio avisaron en 2009 por carta a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal de sus sospechas de corrupción. No recibieron respuesta.

Valdeluz, por su parte, se quedó en ciudad fantasma. Un lugar que los grandes medios internacionales ponían como símbolo del derrumbe del ladrillo en España. En 2008 se habían construido 2.000 pisos, la primera de las cuatro fases y 9.350 viviendas previstas. En la localidad estaban empadronadas 312 personas. En la actualidad la población está ligeramente por encima de los 3.000 habitantes, gracias a que el desplome de los precios atrajo a nuevos pobladores. En 2015 se vendían viviendas de tres dormitorios y dos baños por 110.000 euros, menos de la mitad del precio por el que salieron al mercado inicialmente. Tampoco hay aglomeraciones en la estación del AVE, que en 2017 tuvo una media de 213 viajeros al día. Construcciones Reyal, por último, protagonizó una de las principales quiebras de una empresa en España. ¿La gran perjudicada? Hacienda. En 2020, Reyal Urbis era la primera en la lista de morosos que publica anualmente la Agencia Tributaria. Debía a todos los españoles 343 millones de euros.

EL SOCIO MALAGUEÑO DE LOS VALDÉS

La supuesta mala experiencia con Eprec SA, no fue óbice para que Micaela Valdés Ozores entrase en otra sociedad de Luxemburgo dedicada también a las inversiones inmobiliarias en diferentes países de Europa: Shark Capital SA. El 29 de abril de 2013, El Arverjal suscribió acciones por importe de 1,5 millones en la compañía luxemburguesa. Y a finales de 2015, declaraba tener el 27,27% de Shark Capital, cuyo principal accionista es el empresario malagueño Andrés Martín Caba.

Shark Capital había sido fundada en abril de 2011. Ese año entró en su accionariado Eltato Sàrl, una sociedad del Gran Ducado que pertenecía al grupo español Mazabi. Y también Bovent SA, otra compañía con sede en Luxemburgo, que había sido fundada pocos meses antes y cuyo accionista único era una firma de Belice. El propietario único de Bovent SA, según consta en el Registro de Titularidades Reales, es Martín Caba.

infoLibre habló el pasado miércoles con el empresario malagueño –que entre otros negocios explota en Estepona el aparcamiento Zapallito–, quien repitió insistentemente que “no entendía” por qué sus empresas de Luxemburgo eran objeto del interés informativo de este periódico. Ante la pregunta sobre su relación con la sociedad de Belice que era accionista única de Bovent SA, primero negó tajantemente cualquier relación con el país caribeño y luego indicó que no le constaba, pero que en todo caso preguntaría a su asesor fiscal. Sin embargo, no volvió a contestar a los mensajes de infoLibre. Durante la conversación telefónica aseguró que todas sus inversiones relacionadas con Bovent SA estaban "declaradas ante la Agencia Tributaria española". Martín Caba se encontraba de viaje en Dubái, precisamente en compañía de Ignacio Mencos.

Mencos, por su parte, en el mensaje escrito de cinco líneas con el que respondió a las preguntas de este periódico, indicó que “El Arverjal dejó de ser accionista de Shark hace dos años”. En 2019, se produjo efectivamente algún movimiento accionarial en la sociedad de Luxemburgo. Salió del capital El Arverjal y entró la socimi [sociedad inmobiliaria que cotiza en bolsa] Silicius, cuyo presidente es… Ignacio Mencos. Unos años antes, en 2016, El Arverjal ya había segregado la rama de negocio de arrendamiento de inmuebles –valorada en 35,5 millones– y la había aportado a Silicius. En definitiva, salió del capital de Shark una empresa de los Valdés y entró en el accionariado otra donde participa esa familia.

Silicius está gestionada por la entidad vasca Mazabi, cuyo consejero delegado es Juan Antonio Gutiérrez Hernando, quien por cierto también es el presidente del consejo de administración de Eprec SA. A preguntas de infoLibre, un portavoz de Mazabi explicó que el objetivo de Shark Capital es “la inversión en inmuebles que generan rentas estables”. Actualmente tiene inmuebles en Londres, Ámsterdam y Luxemburgo, y también ha contado con edificios en Lisboa y Edimburgo. “Los impuestos se pagan en el país donde está ubicado el inmueble. Por operatividad y conocimientos jurisdiccionales, se fijó la sede en Luxemburgo”, indicó el citado portavoz. Por último, señaló que en 2019 Silicius había adquirido el 29% del capital de Shark Capital SA, un porcentaje similar al que vendió ese año El Arverjal. El portavoz de Mazabi se negó a confirmar si se trataba de la misma operación.

En las últimas cuentas presentadas, correspondientes al ejercicio 2020, Shark Capital SA valoraba sus activos en algo más de 10 millones de euros. El 15 de marzo de 2021, la empresa actualizó la información que consta en el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo e indicó que el principal beneficiario de la sociedad es Andrés Martín Caba, quien controla el 34,95% del capital. En la declaración anterior, realizada en 2019, el empresario malagueño tenía un porcentaje prácticamente idéntico (el 35,08%), mientras que Micaela Valdés figuraba con el 25,72%.

LA PRIMERA INVERSIÓN EN LUXEMBURGO

Antes que en Eprec SA y en Shark Capital SA, Micaela Valdés Ozores ya había realizado una primea inversión en Luxemburgo a través de un fondo creado por el Deutsche Bank y denominado DB Real Estate Iberian Value Added I SA SICAR. Constituido en diciembre de 2005, logró captar 134,8 millones de euros, entre ellos al menos 6,75 millones comprometidos por El Arverjal.

En el accionariado de dicho fondo, los Valdés coincidieron con otros conocidos millonarios españoles. Tal y como desveló infoLibre en una entrega anterior de OpenLux, una de las inversoras fue Sandra Ortega, la mujer más rica de España gracias al 5% que controla en el imperio Inditex. También habían puesto dinero la familia Martínez Zabala, propietaria de Bodegas Faustino; Guillemo Mesonero-Romanos, ex presidente de Puleva y con socios variopintos como Javier López Madrid en una ingeniería o Juan Luis Cebrián en una petrolera, ambas ya quebradas, o la familia Sarasola Jáudenes, uno de cuyos miembros –Borja– fue un estrecho colaborador de Ignacio González, expresidente madrileño detenido como presunto capo de una organización criminal que se enriqueció con el cobro de comisiones y mano derecha durante una década de Esperanza Aguirre.

El fondo luxemburgués de Deutsche Bank realizó inversiones inmobiliarias en Portugal, a través de dos filiales. La primera era otra sociedad domiciliada en el Gran Ducado –QPL Lux Sàrl–, que adquirió el Penha Longa Hotel & Golf Resort, un cinco estrellas gestionado por Ritz-Carlton en la localidad de Sintra. La segunda era la compañía lusa Silcoge, donde tenía como socio a una de las principales promotoras inmobiliarias de Portugal (Grupo Sil), que llegó a tener en su cartera de activos una veintena de propiedades en el área de Lisboa. Tanto QPL Lux Sàrl como Silcoge estuvieron a punto de quebrar en 2012, pero finalmente lograron que los bancos refinanciaran sus cuantiosas deudas. En 2018 el fondo vendió el hotel de Sintra y ahora continúa en la fase de venta de sus activos, puesto que tiene que estar liquidado como muy tarde en diciembre de 2022.

Pese al extraordinario fenómeno que le ha ocurrido a Micaela Valdés Ozores, sigue siendo cierto que a priori no existen muchas posibilidades de convertirse en multimillonario gracias a un páramo en la provincia de Guadalajara. Pero también es verdad que hay familias capaces de transformar un descampado en 197 millones de euros. En el caso de los Valdés, parte de ese dinero salió rápidamente con destino a Luxemburgo, una especie de segunda patria económica (cuando no la primera) de muchos ricos españoles. Esas inversiones en Luxemburgo sirvieron además a los Valdés para pagar menos impuestos en España.

España es uno de los nueve países de la Unión Europea que aún no ha creado un Registro de Titularidades Reales tal y como le obliga a poner en marcha la directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales. Ese registro público y centralizado debe reunir los datos de los beneficiarios últimos o propietarios reales de todas las empresas, asociaciones, fundaciones y fideicomisos, así como de las entidades sin personalidad jurídica –comunidades de bienes, sociedades civiles– que no declaren quién es su auténtico dueño en el Registro Mercantil o en cualquier otro. Se trata de un mecanismo básico de transparencia para impedir que se utilicen medios jurídicos y financieros para fines delictivos. El acceso a esa información no sólo por las autoridades de los distintos países, sino también por las propias empresas, los ciudadanos y los medios de comunicación es una manera de prevenir, detectar y perseguir todo tipo de conductas ilícitas.

España ha incumplido el plazo, enero de 2020, para crear el registro. Con fecha del 27 de abril de este año, el Gobierno aprobó un real decreto-ley donde se daba seis meses para brindar acceso al público al registro, por lo que debería estar funcionando antes de que acabe este año. Para ello hace falta que antes se apruebe el reglamento que detalle aspectos fundamentales del funcionamiento de este mecanismo. No obstante, por las características que se describen en el real decreto-ley, el registro adolecerá de algunos de los defectos que la ONG Transparency International considera que limitan el acceso tanto de otros gobiernos como del público en general a la información sobre quién es el dueño real de muchas sociedades, a veces sociedades pantalla de las que sólo se conocen los administradores, a veces sociedades intermedias en un larga cadena de control.

Por ejemplo, los datos –nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y de nacionalidad de los titulares reales– estarán accesibles de forma gratuita para las autoridades: Fiscalía, Poder Judicial, policía y Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia, Sepblac (Comisión de Prevención del Blanqueo), la Agencia Tributaria–. Pero los ciudadanos tendrán que pagar una tasa si quieren obtener esa información. Además, previamente tendrán que identificarse, acreditar en condición de qué quieren esos datos e incluso demostrar que tienen “un interés legítimo” en conocerlos si lo que solicitan es información sobre fideicomisos tipo trust –donde una persona transmite bienes a otra, el administrador, para que los gestione en beneficio de terceros; precisamente una figura utilizada con frecuencia para ocultar patrimonio, por ejemplo–.

Pero el acceso a los datos tampoco es automático e ilimitado. Puede ser denegado si los responsables del registro –el Ministerio de Justicia– consideran que proporcionar determinada información puede exponer al propietario de una sociedad a un “riesgo desproporcionado” o bien a un riesgo de “fraude, secuestro, extorsión, acoso, violencia o intimidación, u otros de análoga gravedad”. También se podrá denegar el acceso si el titular real es un menor de edad o persona con la capacidad limitada o sujeta a especiales medidas de protección, explica el real decreto-ley.

Sólo Dinamarca y Letonia

Igual que España, Finlandia, Rumanía, Chipre, República Checa y Grecia han incumplido el plazo fijado por la directiva comunitaria. Chipre no lo tendrá listo hasta fin de año, la República Checa se ha comprometido para ponerlo en marcha este mismo verano, Grecia aún no sabe cuándo lo creará y Finlandia tiene el registro operativo, pero no permite a los ciudadanos conocer ni siquiera el nombre de los propietarios reales de las empresas inscritas.

Además, Hungría, Italia y Lituania carecen aún de cualquier tipo de registro ni están en proceso de constituir uno. Sólo Dinamarca y Letonia poseen registros públicos, gratuitos y con acceso total a los datos en formato electrónico y abierto.

En el caso de Alemania, en cambio, su registro central sólo incluye datos de las empresas que no aparecen en otros registros mercantiles. Como éstos no están integrados, “resulta imposible verificar si sociedades que deberían haber aportado información sobre sus dueños reales efectivamente lo han hecho”, advierte Transparency International, que ha examinado las características de los registros europeos. Y parece que los gobiernos son más que renuentes a proporcionar a los ciudadanos de forma sencilla, ágil y exhaustiva información sobre quién está detrás de sociedades, fundaciones y negocios.

Todo tipo de barreras

Así, es habitual que se requiera un documento digital de identificación o registro onlineonline, como en Austria, Bélgica, Croacia, Alemania, Irlanda, Holanda, Portugal y Suecia. En Luxemburgo, por el contrario, un ciudadano puede acceder incluso como “usuario anónimo”. Pero  su registro tiene un defecto crítico: no permite buscar por el nombre de una persona física, sólo por el de la compañía o por el número de identificación de la sociedad. Ello dificulta enormemente cualquier investigación periodística. El periódico francés Le Monde y la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pusieron en marcha OpenLux para superar esa dificultad.

Le Monde logró extraer 3,3 millones de documentos de la plataforma onlineonline de dicho Registro. Hay documentos corporativos y estados financieros de las 260.000 empresas que se han registrado en Luxemburgo desde 1955, de las que algo más de 124.000 estaban operativas en 2020. Los datos incluyen la identidad de 117.424 beneficiarios últimos (o administradores, cuando los dueños no pueden ser identificados). De ellos, 1.558 son españoles o tienen alguna vinculación con España (son residentes en este país u ocupan cargos en sociedades españolas). El periódico francés compartió esos documentos con el OCCRP, cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta, y luego los compartieron con una docena de medios internacionales. En el proyecto OpenLux están algunos de los periódicos más prestigiosos del mundo, como el propio Le Monde o el alemán Süddeutsche Zeitung. De esta forma, los periodistas de esos medios pudieron hacer búsquedas por el nombre de personas físicas.

En España, OCCRP facilitó a infoLibre el acceso a la base de datos. Tras varios meses de investigación, este periódico inicia ahora la publicación de una serie de reportajes basados en la información de OpenLux.

Un segundo problema del registro luxemburgués es que la base de datos está incompleta. En buena medida ello se debe a que sólo existe la obligación de identificar a una persona física como beneficiario último cuando controla al menos el 25% de la empresa. Si nadie llega a ese umbral, en el Registro de Titularidades Reales figuran los administradores de la compañía, algo que es un agujero evidente puesto que no siempre coinciden éstos con los beneficiarios últimos.

En otros países, además, el acceso a los registros está restringido a los ciudadanos nacionales o a de algunos Estados miembros. Es lo que ocurre en Bélgica –donde los extranjeros sólo pueden pedir información si tienen un NIF belga–, Croacia, Portugal y Suecia.

Aunque la restricción más clara es la de exigir una tasa para descargar documentos, obtener extractos o conseguir datos históricos sobre la propiedad de una empresa. En Austria, Bélgica, Estonia, Alemania, Irlanda, Malta y Holanda hay que pagar. Los precios oscilan entre el euro por archivo de Estonia y los cinco euros de Malta. Pero alcanza los 27 euros en Suecia si lo que se pide es un certificado de titularidad real. También habrá que pagar en España para acceder al registro cuando éste se ponga en marcha, pero la tasa no se desvelará hasta que se apruebe el reglamento que desarrolle el real decreto-ley de abril.

Según destaca Transparency International, sólo en cinco países es posible buscar en sus registros por el nombre de la empresa y por el nombre del titular real: Bulgaria, Dinamarca, Francia, Malta y Suecia. En Austria y Suecia, sin embargo, hay que aportar el nombre exacto de la empresa. En Bulgaria, sólo se puede hacer búsquedas en cirílico. En Polonia, sólo introduciendo el NIF de la empresa. En Malta, Suecia y Polonia, sólo con el DNI del titular real. En Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Irlanda y Holanda, entre otros, únicamente se pueden hacer búsquedas con el nombre de la empresa. En Portugal, además, hay que “motivar” cada solicitud de información.

Los datos que se pueden obtener sobre una sociedad son los básicos: nombre del titular real, fecha de nacimiento, país de residencia y nacionalidad, así como naturaleza y extensión del interés del titular en la empresa. Pero en Eslovaquia no se puede saber cuál es la relación de ese titular real con la empresa: si la propiedad es directa o indirecta, a través de acciones, si hay derecho a voto o a beneficios o cuál es la distribución de los activos. En Eslovenia no se informa con cifras concretas, sino con rangos [del 25% al 30% del capital, por ejemplo] y no se proporciona la fecha de nacimiento ni la nacionalidad del propietario último.

Transparencia contra la opacidad fiscal

El pasado 27 de mayo, Transparency International envió una carta al comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, donde le instaba a impulsar desde el G7, del que forma parte y que se reunió la semana pasada en Londres, a mejorar la transparencia sobre titularidades reales. “Sólo será posible avanzar en el combate contra los abusos de las empresas anónimas si la información sobre sus propietarios reales está disponible fácil y oportunamente en todas las jurisdicciones, y si las autoridades pueden usar esa información y cruzar los datos con fines de investigación”. La organización reconoce la resistencia de algunos “centros financieros claves” a este ejercicio de transparencia, pero subraya que, una vez que Canadá ha anunciado su intención de abrir su propio registro público, sólo queda Japón como el único miembro del G7 que no planea abrir un registro público de este tipo.

La obligación de las multinacionales de publicar informes sobre los beneficios que obtienen en todos los países donde desarrollan sus negocios, recién aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, el anuncio de un tipo mínimo mundial para el impuesto de sociedades, así como la tributación por los ganancias en los países donde las grandes compañías generan sus ventas, y, finalmente, la publicación de quiénes están detrás de muchos de los instrumentos legales que se utilizan para eludir el pago de impuestos pueden dar un vuelco a un panorama fiscal donde, hasta ahora, ganaban los paraísos offshore, por opacos, y la ingeniería tributaria creativa, aprovechando los agujeros del sistema.

El imperio económico de Amancio Ortega se sustenta sobre dos columnas: el grupo textil Inditex y su cartera inmobiliaria. El primero es mayor y está en el origen de su patrimonio, que Forbes calcula en casi 65.000 millones de euros, lo que le sitúa en el puesto 11 en la lista de personas más ricas del mundo. Pero el segundo crece cada año, con la adquisición de edificios emblemáticos en las principales ciudades de Europa y Estados Unidos, y ya supone casi una cuarta parte de su riqueza (15.163 millones). Luxemburgo desempeña un papel importante en la gestión de sus bienes inmuebles, puesto que dos sociedades domiciliadas en ese país controlan buena parte de sus inversiones en el ladrillo del Reino Unidoladrillo.

Hills Place Sàrl y Adelphi Property Sàrl tenían activos por importe de 1.106 millones de libras esterlinas (uno 1.288 millones de euros) a finales de 2019, según las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Luxemburgo. En realidad, el patrimonio de esas sociedades es bastante más alto, puesto que el valor en libros que consta en la contabilidad está claramente por debajo de su valor de mercado.

En el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo, Amancio Ortega declara ser el beneficiario del 99,70% del capital de Hills Place Sàrl y del 99,99% del de Adelphi Property Sàrl.

El dueño de Inditex aparece como principal dueño de otras dos compañías en el Gran Ducado: Zara Luxembourg SA e ITX Luxembourg SA. En este caso se trata de las empresas locales que operan las tiendas de moda del grupo en aquel país. La primera gestiona seis tiendas de Zara, mientras que la segunda explota ocho locales del resto de marcas de Inditex. Su tamaño nada tiene que ver con las sociedades inmobiliarias, ya que entre Zara e ITX suman unos activos que no llegan a los 30 millones de euros. Amancio Ortega declara en ambos casos ser el beneficiario del 59,27% del capital.

infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre las sociedades luxemburguesas de Amancio Ortega en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, está publicando una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes el dossier con las entregas anteriores de la serie].

EN LUXEMBURGO DESDE 2010

“Los grandes patrimonios españoles aceleran su huida a Luxemburgo”. Ese era el titular del 2 de diciembre de 2010 de Expansión. El periódico económico explicaba que el traslado de capital al extranjero se había iniciado entre mayo y julio de aquel año, tras el rescate de Grecia, y que los rumores de que España y Portugal podrían ser los próximos rescatados había acrecentado “el nerviosismo de los grandes inversores nacionales”. El diario citaba el caso concreto de Amancio Ortega, que llevaba dos años retirando dinero de sus sicav (sociedades de inversión de capital variable) para destinarlo a adquisiciones inmobiliarias.

Lo cierto es que apenas un mes antes de aquella información, el 5 de noviembre de 2010, en plena gran recesión, Amancio Ortega había adquirido su primera sociedad en Luxemburgo. Lo hizo a través de Pontegadea Inmobiliaria SL, que adquirió una compañía que se llamaba Hills Place Sàrl y que había sido constituida tres años antes. Cuando Ortega compró la empresa, tenía unos activos ligeramente por debajo de los 45 millones de libras esterlinas (algo más de 52 millones de euros entonces y ahora, ya que el cambio es casi idéntico).

En los años siguientes, el dueño de Inditex apostó con fuerza por Hills Place Sàrl. En mayo de 2011 constituyó una filial en Luxemburgo –West End Investments Sàrl–, cuyos activos a finales de 2013 eran ya de 542 millones de libras.

En enero de 2015, Hills Place Sàrl transfirió sus propiedades a una sociedad inglesa del grupo –Pontegadea Uk Limited– y a cambio pasó a controlar el 42,95% del capital de esta compañía. Entre los bienes traspasados estaba un inmueble que ocupa una manzana entera en la calle Hills Place, con tiendas y oficinas, entre ellas la sede en Londres del imperio de Ortega. Un porcentaje accionarial que mantiene en la actualidad y que, en 2019, estaba valorado en 759,18 millones de libras (casi 884 millones de euros).

Tras la última reordenación societaria de su holding inmobiliario, desde agosto de 2020, la sociedad luxemburguesa tiene como accionista único a la empresa española Pontegadea GB 2020 SL. Por el camino, en 2017, fue disuelta West End Investments Sàrl.

La segunda sociedad que Amancio Ortega mantiene en Luxemburgo es Adelphi Property Sàrl. Una compañía fundada en Liechtenstein, que luego se registró en Jersey, antes de llegar a Luxemburgo en 2013. Ese año la había comprado uno de los mayores fondos de inversión del mundo, Blackstone. En su activo estaba el edificio Adelphi, una joya arquitectónica de estilo art décoart déco situada en el West End londinense, con una superficie comercial de más de 30.000 metros cuadrados.

Blackstone puso a la venta su propiedad en 2018 y el comprador fue Amancio Ortega, que pagó unos 680 millones de euros por el edificio, probablemente su mayor operación inmobiliaria hasta entonces. Una operación que se articuló traspasando la sociedad luxemburguesa, que es la dueña del edificio londinense. Así, el 3 de agosto de 2018, Adelphi Property Sàrl pasó a tener como accionista único a una de las sociedades del holding inmobiliario de Ortega (en este caso, la británica Almack Ltd.).

Con la adquisición del edificio Adelphi, el multimillonario gallego se convirtió en el casero de la revista The Economist, de la editorial Condé Nast o de la sede londinense de Spotify. Unos inquilinos de lujo que pagan rentas acordes con la excelencia del lugar. En 2019, las cuentas de Adelphi Property Sàrl recogían ingresos de 25,43 millones de libras (29,6 millones de euros) por el alquiler del inmueble.

El edificio Adelphi es, por cierto, un claro ejemplo de que el valor real de las propiedades londinenses de Ortega supera claramente el valor contable. La sociedad luxemburguesa atribuye a este activo 308,64 millones de libras, unos 270 menos que los pagados por Ortega hace tres años. Pero no es que el inmueble se haya devaluado casi la mitad, es que su valor en libros está muy por debajo del valor de mercado.

En las cuentas de 2019, Adelphi Property Sàrl declaraba 347,06 millones de libras en activos totales. Unidos a los 759,18 millones de Hills Place Sàrl, suman los 1.106 millones de libras (1.288 millones de euros) de las dos compañías luxemburguesas de Amancio Ortega.

infoLibre contactó con un portavoz de Pontegadea para conocer su versión sobre las dos sociedades del grupo en el Gran Ducado. “Es frecuente que el vendedor de un inmueble en el Reino Unido lo haga a través de una sociedad en un tercer país como Luxemburgo”, explica dicho portavoz. “Lo que te venden es la sociedad, no el inmueble directamente”, añade.

“Nuestra filosofía es que los inmuebles pertenezcan a sociedades del país donde están ubicados”, destaca, así que es “probable que el edificio Adelphi se traslade a una compañía del Reino Unido y se disuelva la sociedad luxemburguesa”. En todo caso, afirma que el inmueble “ya liquida los impuestos en el Reino Unido”.

En cuanto a Hills Place Sàrl, el portavoz de Pontegadea indica que la intención no es disolverla, sino mantenerla “por si en el futuro es necesaria para adquirir algún inmueble situado en Luxemburgo o para realizar alguna otra transacción en la que interese tener una sociedad en ese país”.

Por último, dicho portavoz sostiene que las dos sociedades de Luxemburgo “no responden ni a opacidad ni a elusión fiscal. Respecto a lo primero, siempre figuran en las diversas cuentas que presentan las sociedades del grupo. En cuanto a lo segundo, los inmuebles pagan impuestos en Reino Unido. Y los flujos de dinero que pasan por las sociedades de Luxemburgo (dividendos que paga Pontegadea UK), están libres de tributación igual que lo estarían si la compañía estuviese en España, para evitar la doble imposición. La tributación sobre beneficios ya se realiza en el país de origen. Al final, en la estructura del grupo, siempre hay una empresa española”.

LAS TIENDAS DE LUXEMBURGO

Muy diferente es el objetivo de las otras dos compañías de Amancio Ortega en Luxemburgo, ya que se trata de las empresas locales que gestionan las tiendas de ropa en el país. Es decir, tienen una actividad que justifica su presencia allí.

Zara Luxembourg SA inició sus operaciones en 1995 y en la actualidad tiene cuatro tiendas en el Gran Ducado. En 2019, su cifra de negocios ascendió a 31,8 millones de euros. La media de empleados durante el año se situó en 130 y declaró unos beneficios de 1,23 millones. Sus activos eran de 13,9 millones de euros.

ITX Luxembourg SA, por su parte, gestiona ocho tiendas en Luxemburgo: dos de Pull & Bear, dos de Massimo Dutti, una de Stradivarius, una de Oysho, una de Bershka y una de Zara Home. El importe de su cifra de negocios en 2019 ascendió a 14,2 millones de euros y tuvo unas pérdidas de algo más de un millón. La media de trabajadores durante el año fue de 72. Sus activos ascendían a 15,6 millones.

Hasta septiembre de 2018, el accionista único de ITX Luxembourg era la compañía Pull & Bear España. En esa fecha, las acciones se trasladaron a la sociedad holandesa Zara Holding BV. infoLibre preguntó a un portavoz de Inditex cuál era el motivo de ese cambio y si todas las sociedades europeas dependían ahora de Holanda. “Se decidió así en una reestructuración societaria del grupo. No todas las sociedades europeas dependen de Holanda, sólo algunas”, fue su lacónica respuesta.

En 2016, el grupo de Los Verdes en el Parlamento europeo acusó a Inditex de rebajar su factura fiscal en 585 millones de euros entre los años 2011 y 2014. En su informe explicaban que la estructura societaria estaba diseñada de forma que las compañías que más beneficios declaraban tenían su domicilio en países con menor presión fiscal. Así, mientras las filiales comerciales obtenían márgenes de beneficio muy bajos o incluso pérdidas, las empresas dedicadas a otras actividades y localizadas en Holanda, Irlanda y Suiza admitían ganancias muy superiores. Inditex contestó al estudio con una nota de prensa en la que rechazaba sus conclusiones porque partían “de premisas equivocadas”.

Al contrario de lo que ocurre con otros españoles que tienen sociedades en Luxemburgo, en el caso de Sandra Ortega Mera no hay dudas sobre el origen lícito de su dinero. La mujer más rica de España no está procesada por delitos de corrupción como Rodrigo Rato o Adrián de la Joya, ni apareció en la lista Falciani como Jaime Botín, protagonistas de entregas anteriores de la serie OpenLux que está publicando infoLibre. Forbes calcula que Sandra Ortega tiene un patrimonio de 5.600 millones de euros, especialmente gracias a ser la dueña del 5,05% de las acciones de Inditex, el gigante mundial de la moda que crearon sus padres. Una fortuna que no impide que recurra a sociedades radicadas en semiparaísos fiscales para reducir la factura fiscal de algunas de sus inversiones. Es el caso de Luxemburgo, desde donde ha realizado en los últimos 14 años inversiones inmobiliarias en Francia, Portugal y Alemania. Y también de Delaware, donde su grupo empresarial ha creado hasta 13 sociedades diferentes para gestionar sus activos inmobiliarios en Estados Unidos.

infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre las sociedades luxemburguesas de Sandra Ortega en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, está publicando una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes el dossier con las entregas anteriores de la serie].

37 SOCIEDADES TRAS UN EDIFICIO EN PARÍS

La matriz del grupo empresarial de Sandra Ortega se llama Rosp Corunna SL y sus dos filiales más importantes son Ferrado Inmuebles SL y Rosp Corunna Participaciones Empresariales SL. El holding fue creado a principios del año 2000 por Rosalía Mera, fundadora del imperio textil Inditex junto a su exmarido Amancio Ortega, y estuvo al frente del mismo hasta que falleció en 2013. Su hija Sandra, que había sido la principal asesora de su madre durante años en Rosp Corunna, cogió entonces las riendas.

El análisis de la documentación de OpenLux realizado por el OCCRP y sus socios desveló dos grandes pautas a la hora de crear sociedades en Luxemburgo. En muchos casos se utilizan como puerta de entrada en la UE de activos que se habían mantenido en paraísos fiscales más tradicionales. Y también es frecuente usarlas para invertir en bienes inmuebles de otros países, especialmente en Francia. La última incursión de Sandra Ortega en el Gran Ducado es un ejemplo paradigmático de esto último.

El 1 de agosto de 2014, Ferrado Inmuebles SL y Grupo Asyad –propiedad del multimillonario saudí Osama Al Sayed– firmaron un contrato para adquirir la totalidad de las acciones de las compañías francesas SC George V 301 y SC George V 302. Ambas eran las dueñas de un edificio junto a los Campos Elíseos, en una de las zonas más caras de París, con boutiques de lujo, oficinas y 94 plazas de aparcamiento. El inmueble estaba valorado en 135 millones de euros.

Documento de la empresa SC George V 302 donde se informa sobre su adquisición por parte de Ferrado Inmuebles y el grupo Asyad en 2014.

Para la compra y gestión del inmueble, Sandra Ortega y su socio saudí montaron una estructura societaria que tiene a día de hoy dos compañías en Luxemburgo y 35 filiales en Francia. En la cúpula están las firmas 30 AGVH 1 Sàrl y 30 AGVH 2 SA –el nombre obedece a que el inmueble está en el número 30 de la Avenue George V y que se va a destinar a un hotel–, ambas con sede en el Gran Ducado y que fueron las que adquirieron el inmueble en París en 2014. Las vendedoras del edificio, por cierto, también eran dos empresas de Luxemburgo. La razón de este trasiego societario es obvia: abaratar al máximo la factura fiscal por la compraventa.

En la parte baja de la estructura societaria creada por Ortega y Al Sayed están las compañías francesas. Una de ellas, Hôtel 30 AGV SAS, es la dueña directa del inmueble. De otras dos, Parkinvest Global SAS y Paris Parking Placement SAS, cuelgan en total hasta 30 sociedades civiles inmobiliarias (SCI). De acuerdo con la información del catastro francés, 27 de las 30 SCI declaran propiedades en el edificio de la Avenue George V. infoLibre trasladó a Sandra Ortega una serie de preguntas para saber si las SCI eran dueñas de las 94 plazas de aparcamiento, pero la empresaria no respondió a ninguna de las cuestiones planteadas, ni sobre esta inversión en París ni sobre el resto de las realizadas por Rosp Corunna a través de Luxemburgo (puedes consultarlas al final de esta información).

Una opacidad que se extiende al Registro Mercantil francés, ya que Parkinvest Global SAS y Paris Parking Placement SAS no presentan sus cuentas anuales desde el ejercicio 2017. Curiosamente, su propietaria indirecta en Luxemburgo –30 AGVH 2 SA– sí informó de que ambas compañías habían obtenido beneficios en 2019 por importe de 301.446 y 128.600 euros, respectivamente.

El inmueble albergará un hotel de lujo de Bulgari, cuya inauguración está prevista para este año, tal y como informó elDiario.es. El 15 de diciembre de 2020, Hôtel 30 AGV SAS tuvo que realizar una ampliación de capital de 90 millones de euros. Así que, de momento, la inversión en el edificio parisino ya está por 225 millones. Y aún no está operativo.

Sandra Ortega declara en el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo que es la beneficiaria del 40,16% de las dos sociedades que controlan la inversión en París desde el Gran Ducado. Su compañero de negocios saudí, Osama Al Sayed, es el dueño del 42,20%.

Declaración de beneficiarios últimos de la sociedad luxemburguesa 30 AGVH Sàrl.

FONDOS EN LUXEMBURGO

El resto de las inversiones de Rosp Corunna en sociedades de Luxemburgo –tanto ahora con Sandra Ortega como antes con su madre al mando– se produjeron por mediación de diferentes fondos.

En junio de 2015, Rosp Corunna Participaciones Empresariales SL metió 2,5 millones de euros en BTC Tres Sàrl, una sociedad creada en el Gran Ducado por el fondo de capital riesgo Black Toro Capital. En los últimos años, este fondo ha sufrido importantes traspiés en empresas como la firma de zapatos Marypaz, la marca de ropa Amichi o la cadena de heladerías La Menorquina. Tampoco corrió mejor suerte la inversión estrella de BTC 3 Sàrl, a través de otra filial luxemburguesa llamada BTC Uno Sàrl: la empresa Antibióticos de León, que pasó a denominarse ADL Bionatur Solutions tras fusionarse con la andaluza Bionaturis y convertirse en una de las biotecnológicas más importantes de España.

En marzo de 2021, Black Toro Capital salió de ADL Bionatur Solutions por la puerta de atrás después de quedar fuera de una ampliación de capital asumida por el fondo Kartesia. Antes había ejecutado un ERE y un ERTE a un tercio de la plantilla.

Tampoco han quedado demasiado satisfechos quienes pusieron dinero en un fondo en Luxemburgo del Deutsche Bank denominado DB Real Estate Iberian Value Added I SA SICAR, que inició su andadura en 2006 y logró captar 134,8 millones de euros. El fondo está ahora en la fase de venta de sus activos, puesto que tiene que estar liquidado como muy tarde en diciembre de 2022, pero ya a principios de 2019 el cabreo de los inversores con los gestores era lo suficientemente importante como para oponerse a que cobrasen determinadas comisiones.

Entre esos inversores estaban al menos diez empresas españolas. Una de ellas era Rosp Corunna Participaciones Empresariales SL. Pero Sandra Ortega no era la única famosa del grupo. También habían puesto dinero la familia Martínez Zabala, propietaria de Bodegas Faustino; Guillemo Mesonero-Romanos, ex presidente de Puleva y con socios variopintos como Javier López Madrid en una ingeniería o Juan Luis Cebrián en una petrolera, ambas ya quebradas; Micaela Valdéz Ozores, tía política de Esperanza Aguirre, o la familia Sarasola Jáudenes, uno de cuyos miembros –Borja– fue un estrecho colaborador de Ignacio González, expresidente madrileño detenido como presunto capo de una organización criminal que se enriqueció con el cobro de comisiones.

El fondo luxemburgués de Deutsche Bank realizó inversiones inmobiliarias en Portugal, a través de dos filiales. La primera era otra sociedad domiciliada en el Gran Ducado –QPL Lux Sàrl–, que adquirió el Penha Longa Hotel & Golf Resort, un cinco estrellas gestionado por Ritz-Carlton en la localidad de Sintra. La segunda era la compañía lusa Silcoge, donde tenía como socio a una de las principales promotoras inmobiliarias de Portugal (Grupo Sil), que llegó a tener en su cartera de activos una veintena de propiedades en el área de Lisboa. Tanto QPL Lux Sàrl como Silcoge estuvieron a punto de quebrar en 2012, pero finalmente lograron que los bancos refinanciaran sus cuantiosas deudas. En 2018 el fondo vendió el hotel de Sintra.

Rosp Corunna entró en el fondo cuando aún estaba dirigido por Rosalía Mera, que tenía el 86% de la sociedad patrimonial, mientras que su hija tenía el 14%. Pero desde la creación de Rosp Corunna, Sandra Ortega participó en la gestión del multimillonario patrimonio, y cualquier inversión sólo se realizaba si madre e hija estaban de acuerdo.

Un acuerdo que les llevó en aquella época a realizar inversiones en Luxemburgo a través de otros dos fondos, Alpina Real Estate I y Alpina Real Estate II, creados por el banco de negocios N+1, con el objetivo de comprar inmuebles en Alemania.

Rosp Corunna comprometió siete millones de euros en Alpina Real Estate I, mediante diversas aportaciones que se iniciaron en octubre de 2007. Los principales inversores fueron empresarios gallegos y catalanes, entre los que destacaban Francisco Rubiralta Vilaseca, fundador del imperio siderúrgico Celsa, y Epifanio Campo Fernández, accionista del Banco Gallego y Banco Pastor (ambos ya fallecidos).

Alpina Real Estate I constituyó seis filiales en Luxemburgo, que fueron las encargadas de adquirir edificios de oficinas en las ciudades alemanas de Munich, Stuttgart, Núremberg, Hamburgo y Fráncfort. El fondo fue liquidado a finales de 2016.

Con un planteamiento similar nació en 2010 Alpina Real Estate II, donde Rosp Corunna metió 4,25 millones de euros. Entre el resto de inversores estaba esta vez el diseñador gallego Florentino. El fondo constituyó cuatro filiales en Luxemburgo, que compraron edificios en Munich, Stuttgart y Hamburgo. La decisión de liquidar el fondo se produjo en 2017.

Estas son las cinco operaciones de Sandra Ortega –y en su día de Rosalía Mera– que se detallan en los documentos de OpenLux analizados por infoLibre: inversiones en cuatro fondos diferentes y una operación inmobiliaria mucho más cuantiosa para hacerse con un edificio en el centro de París.

Sandra Ortega (52 años) es una persona extremadamente discreta, apenas se pueden encontrar un par de imágenes de ella en los medios, la mayoría tomadas el día del funeral de su madre. Quienes la conocen aseguran que tiene una visión del mundo progresista, aunque no la haga pública como su progenitora, quien mostró en su día su rechazo a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy o al intento del PP de reformar la ley del aborto. Dedica desde hace décadas parte de su tiempo a la fundación Paideia Galiza, centrada en la ayuda a personas con discapacidad, y al cuidado de su hermano Marcos, que nació con parálisis cerebral. Está casada con quien era su novio de juventud y tienen tres hijos a los que han puesto nombres en gallego, algo no precisamente habitual entre los adinerados de aquella tierra.

Pero todo lo anterior no impide que, como tantos otros multimillonarios, la mujer más rica de España también acuda a semiparaísos fiscales como Luxemburgo o Delaware para reducir al máximo la factura fiscal de determinadas inversiones.

Las inversiones de Rosp Corunna, el holding de Sandra Ortega, a través de sociedades en Luxemburgo.

Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola y Juan José Pepa empezaron a trabajar juntos en Lone Star, uno de esos fondos llamados “buitres” u “oportunistas”, que negocian principalmente con activos de riesgo. Hace tres años, en marzo de 2018, decidieron crear su propio fondo –denominado Stoneshield– y eligieron Luxemburgo para montar su estructura societaria. De momento, Stoneshield cuenta con cuatro compañías en el Gran Ducado. Desde allí controla el que ya es el segundo grupo más grande en España de residencias de estudiantes, Micampus, con 16 centros operativos y otros cuatro en construcción.

Felipe Morenés es el mayor de los tres hijos de Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Trabajó en Londres,primero en UBS y luego en Lone Star, donde coincidió con Juan Pepa, que era el director para Europa del fondo texano. Lone Star envió a los dos financieros a España, donde contaba con una importante cartera de activos inmobiliarios, tras comprar primero créditos dudosos de la entidad alemana Eurohypo y adquirir después la inmobibiliaria de Kutxabank, Neinor. Esta última operación se formalizó en mayo de 2015 y, en menos de tres años, Lone Star dio un pelotazo de 350 millones de euros. Este tipo de fondos compran hipotecas impagadas o en riesgo de caer en morosidad, con descuentos que superan habitualmente el 50%, y buscan quedarse cuanto antes con el piso o local para rehabilitarlo y ponerlo de nuevo en el mercado. De ahí el nombre de “fondos buitre” o “fondos oportunistas”. Una denominación que a Juan Pepa no le gusta. "Se habla de fondos oportunistas, pero somos fondos patriotas porque había que dar entrada a la confianza" en el ladrillo español, defendió en 2015 el entonces directivo de Lone Star.

“Patriota” es sin duda un concepto polisémico, pero lo cierto es que el fondo texano compró Neinor a través de una empresa en el paraíso fiscal de Bermudas, y que a la hora de lanzar su primer fondo propio Morenés y Pepa han elegido Luxemburgo para montarlo. El objetivo es siempre el mismo: reducir al máximo la factura fiscal de las operaciones. infoLibre envió hace una semana una serie de preguntas a los financieros para conocer su versión, pero no respondieron a ninguna de las cuestiones planteadas (puedes consultarlas al final de esta información).

La estructura luxemburguesa del fondo se compone de cuatro compañías. Morenés y Pepa se reparten al 50% el capital en dos de ellas (Stoneshield Holding Sàrl y Stoneshield GP Sàrl), mientras que son gestores y accionistas minoritarios en las otras dos (Stoneshield Investment Fund SCA SICAV-RAIF y Stoneshield Southern Real Estate Holding Sàrl). 

infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre las cuatro sociedades controladas por Morenés y Pepa en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, está publicando una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes el dossier con las tres entregas anteriores de la serie].

EL PARAÍSO DE LOS FONDOS

Luxemburgo es el país europeo que cuenta con mayor número de fondos domiciliados y el segundo del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. En diciembre de 2019 estaban allí registrados más de 14.800. La industria luxemburguesa de los fondos sostiene que su atractivo se debe a motivos como la estabilidad económica y política del país, su pertenencia a la Unión Europea o tener una regulación moderna y flexible para ese tipo de vehículos de inversión colectiva. Todo ello es cierto. Igual que lo es la existencia de importantes beneficios fiscales respecto a las plusvalías, los dividendos, el pago de intereses a sociedades del mismo grupo o las comisiones que cobran los gestores de los fondos.

Las estructuras societarias que crean los fondos en Luxemburgo pueden ser más o menos complejas, pero la mayoría contempla al menos tres o cuatro compañías diferentes, como ocurre con Stoneshield.

La primera compañía creada por Morenés y Pepa, el 12 de marzo de 2018, fue Stoneshield Holding Sàrl (siglas en francés de sociedad de responsabilidad limitada). Esta es la empresa que utilizan para invertir en el fondo. Los dos financieros no solo gestionan Stoneshield, sino que también son coinversores. En concreto, se comprometieron a aportar entre ambos ocho millones de euros. Una cifra que equivale al 3,2% de los 250 millones que captó en total el fondo.

Pero Stoneshield Holding Sàrl no solo se dedica a inversiones en el fondo del mismo nombre. El 18 de diciembre de 2019, la sociedad luxemburguesa adquirió junto a otras dos compañías españolas una cartera de créditos fallidos (non-performing loans en la jerga del sector) por importe de 1,14 millones de euros. Son ese tipo de préstamos que rentabilizan al máximo fondos buitre como Lone Star, escuela de Morenés y Pepa. Uno de los socios de Stoneshield Holding Sàrl en la compra de los créditos fallidos es una empresa del grupo Atitlan, que dirige Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig (dueño de Mercadona).

El 14 de marzo de 2018, Morenés y Pepa fundaron su segunda empresa luxemburguesa: Stoneshield GP Sàrl (las siglas GP se corresponden con “general partner”). Los fondos están integrados por dos actores: “general partner”, que es quien lo gestiona, y “limited partners”, que son los inversores que ponen el dinero. En ocasiones, como ocurre en el caso de Stoneshield, los gestores también son coinversores (Morenés y Pepa pusieron ocho millones de euros). El objeto social de Stoneshield GP Sàrl es actuar como gestor (general partner) del fondo.

Los dos financieros se reparten al 50% el capital de ambas sociedades, tal y como consta en el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo.

Declaración de beneficiarios últimos de la sociedad luxemburguesa Stoneshield Holding Sàrl.

PRIMER OBJETIVO: RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

La tercera sociedad luxemburguesa es el fondo propiamente dicho: Stoneshield Investment Fund SCA, SICAV-RAIF, creado el 13 de abril de 2018. La figura de los RAIF (fondo de inversión alternativo reservado) existe en Luxemburgo desde hace cinco años y se caracteriza por no estar sujeto a la autorización del supervisor. En esta compañía es donde coinciden los gestores y los inversores.

En total, Morenés y Pepa consiguieron compromisos de inversión en Stoneshield por importe de 250 millones de euros. Dado que ellos pusieron ocho, falta por saber quiénes se comprometieron a aportar los 242 millones restantes. En prensa se han publicado los nombres de Ana Botín y Javier Botín –madre y tío de Morenés– y de dos de las principales fortunas de Argentina, país donde nació Pepa: Alejandro Bulgheroni (presidente de una petrolera) y Marcos Galperin (dueño de la plataforma de ventas online Mercado Libre). También se ha difundido el nombre de Warren Buffet, el inversor estadounidense que es la sexta persona más rica del mundo. infoLibre ha intentado contrastar estas informaciones o con Stoneshield o con los propios interesados, pero ninguno ha querido confirmar su participación en el fondo, aunque fuentes conocedoras de la situación explicaron que Ana Botín no está entre los inversores.

El objetivo de Stoneshield, tal y como indica en sus propias memorias, es realizar inversiones en el sector inmobiliario del sur de Europa y puso “el foco inicialmente en el mercado de las residencias de estudiantes en España”. En concreto, Stoneshield es el propietario de Micampus, a la que ha convertido en el segundo principal grupo del sector en España.

Los fondos internacionales consideran las residencias universitarias como un sector prioritario para sus inversiones desde hace años. En España hay casi medio millón de estudiantes que cursan estudios universitarios desplazados a una ciudad que no es la suya (incluidos extranjeros), pero el número de plazas en residencias o colegios mayores apenas llega a cien mil. Además, las residencias universitarias son el activo inmobiliario que genera mayor rentabilidad, junto a las residencias de mayores.

El claro líder del sector en España es Resa, controlado por la firma estadounidense Greystar, que dispone de 37 residencias y tres colegios mayores en 20 ciudades distintas. Pero el segundo puesto ya lo ocupa Micampus, que gestiona 16 residencias y dos complejos de apartamentos para estudiantes, y tiene previsto abrir otros cuatro centros en septiembre de 2022. El grupo de Morenés y Pepa ha dejado atrás a otros como Nexo Residencias o Livensa Living, que explotan nueve residencias cada uno.

Hay que reseñar que una parte del negocio de Micampus tiene origen público ya que explota residencias en régimen de concesión administrativa. A finales de 2019, al menos tres centros en Sevilla, Logroño y Burgos eran concesiones públicas.

La política de expansión de Micampus se está produciendo básicamente a través de la compra de centros que ya están operativos. Dos buenos ejemplos son la adquisición de la residencia Rector Estanislao del Campo, de la Universidad de Sevilla y que es la más grande de Andalucía, o del colegio mayor Galileo Galilei, el mayor centro de València.

Una política de compras que continuará en el futuro inmediato, porque Stoneshield tiene hasta abril de 2022 para seguir realizando inversiones. Este tipo de fondos suelen tener un esquema temporal dividido en tres fases: en el periodo inicial buscan el dinero, cuando alcanzan la cifra que los gestores consideran apropiada se inicia una fase de inversión que suele durar varios años, y finalmente comienza la etapa de desinversión en la que van vendiendo los activos adquiridos. En el caso de Stoneshield, se constituyó por un periodo máximo de diez años, de forma que será liquidado como muy tarde el 12 de abril de 2029. Antes de esa fecha, por tanto, tiene que haber revendido todos los bienes adquiridos.

La cuarta sociedad en Luxemburgo se llama Stoneshield Southern Real Estate Holding Sàrl y es la compañía de la que cuelgan todos los inmuebles. A fecha 31 de mayo de 2021, dicha sociedad luxemburguesa era accionista única de la española Campus Newco SL, que a su vez tenía 22 filiales en España. La mayoría de ellas eran las empresas encargadas de gestionar una residencia concreta; por ejemplo, Ruescampus Sevilla SL es la dueña del centro Rector Estanislao del Campo.

Cuando Morenés y Pepa encuentren comprador para Micampus, la estructura societaria montada permitirá cerrar el traspaso del grupo de residencias en España con una única transacción mercantil en Luxemburgo: la venta de Stoneshield Southern Real Estate Holding Sàrl. Y que se realice en el Gran Ducado tiene importantes ventajas fiscales, por el tratamiento que reciben las plusvalías, y también por el camino que seguirá el dinero escalando niveles en la estructura societaria hasta llegar a su destino final: las sociedades de los inversores. Un camino que puede estar completamente libre de impuestos dependiendo del territorio donde se encuentren registradas esas sociedades de los inversores.

Hay que destacar que Micampus es de momento la principal apuesta del fondo Stoneshield, pero no la única. De hecho, la primera inversión que realizó en 2018 fue en un pequeño desarrollo residencial en el centro de Madrid, al adquirir el 85% de la compañía Bascones Atomiun SL.

De mucho mayor calado parece la compra, en febrero de 2020, del 75% de la empresa Domo Gestora de Viviendas SL. La intención de Morenés y Pepa, según informó El Confidencial, es lograr una ampliación de capital de 100 millones de euros para convertir al Grupo Domo en un importante promotor inmobiliario. Domo Activos, una filial que cotiza en el BME Growth (la Bolsa de las pymes), era conocida hasta ahora porque entre sus accionistas figuraban futbolistas como Ronaldo Nazario, Fernando Llorente o Juan Mata.

Estructura societaria del fondo Stoneshield.

GESTORES EN BUSCA DEL GRAN PELOTAZO

El objetivo de un fondo como Stoneshield es, lógicamente, dar el gran pelotazo con la venta de los activos que ha ido adquiriendo. Con Micampus, sin duda, y con el resto de inmuebles o suelo que vaya comprando. Es importante tener en cuenta que la retribución de los gestores tiene siempre dos partes, una fija y otra variable, que está relacionada con la dimensión de ese pelotazo.

Esto se entiende fácilmente al analizar cómo se distribuye el dinero que entra en el fondo tras la venta de sus activos (“distribution waterfall” en la jerga financiera). Stoneshield tiene pactado un modelo de reparto que funciona así:

1. Primero se devuelve a los inversores el capital que aportaron al fondo.

2. Después se paga a los inversores el “retorno preferente” pactado: un 8% sobre el dinero aportado, calculado de forma acumulativa anual.

3. En tercer lugar se abona a los gestores una comisión de éxito (carried interest) equivalente al 20% del importe entregado a los inversores como “retorno preferente”.

4. Si queda dinero, se hace un reparto 80/20: el 80% para los inversores y el 20% para los gestores.

La clave para los gestores está, por tanto, en llegar a esa cuarta fase de la distribución. Y con el máximo dinero posible en caja, para que las plusvalías sean más suculentas.

Lo que tienen garantizado en todo caso Morenés y Pepa es la remuneración fija. Por un lado, su sociedad luxemburguesa Stoneshield GP Sàrl cobra una comisión por administrar el fondo (general partner fee). En 2019, últimas cuentas presentadas, esta sociedad facturó por ese concepto 2,32 millones de euros. Por otro, la sociedad española Stoneshield Investments SL –donde ambos también se reparten el capital al 50%– actúa como consultora del fondo, y en 2019 devengó por sus servicios 3,18 millones de euros (advisory fee). No es que todo este dinero se lo embolsen Morenés y Pepa, de ahí tienen que pagar por ejemplo al equipo que trabaja con ellos.

Es pronto para saber si ambos financieros darán el gran pelotazo con Micampus, pero en los dos primeros años el negocio marchaba viento en popa. Así se indicaba en la memoria de las cuentas de 2019: “El fondo contaba con 21 activos en su portfolio y el valor de mercado de las inversiones era de 114,45 millones de euros, con unas plusvalías latentes de 20,59 millones de euros”.

LOS OTROS NEGOCIOS DE MORENÉS Y PEPA

El gran éxito profesional de Felipe Morenés (35 años) y Juan Pepa (43) ha sido la gestión que realizaron en España para el fondo buitre Lone Star, que se embolsó unos 350 millones en plusvalías con la compra y posterior salida a Bolsa de la promotora Neinor Homes. Pero ambos participan en otras sociedades.

El primogénito de Ana Botín creo su primera empresa en España en septiembre de 2014. Se trata de Alpha Capital FLM 1 (las letras se corresponden con las iniciales de su nombre, Felipe Luis Morenés). Es el accionista único y como administrador figura José María Morencia Calvo, persona de confianza de la familia Botín desde hace más de una década y con anterioridad trabajador en el departamento de Contabilidad de Alianza Popular (el antecedente del PP). En aquel momento, Felipe Morenés aún trabajaba para Lone Star en Londres, aunque el fondo texano le enviaría poco después a España junto a Pepa.

En 2015, Morenés entró en el consejo de administración de Neinor Homes, donde aún sigue en la actualidad.

Un consejo que Juan Pepa abandonó en diciembre de 2019, tras esgrimir como principal motivo la falta de tiempo consecuencia del “incremento de actividad previsto en Stoneshield”. Una escasez de tiempo que no le ha impedido continuar como administrador único de la empresa Berkshire Residential Assets 1 SL, que gestiona los intereses inmobiliarios en España del multimillonario estadounidense Warren Buffet. Pepa ocupa ese cargo de administrador desde 2016.

Buffet no es el único famoso en la vida profesional de Pepa. Durante su estancia en Londres, tal y como desveló la prensa argentina, compartió empresa con Alexander Nix, el director de Cambridge Analytica que protagonizó un escándalo mundial cuando se supo que había utilizado los datos en Facebook de 50 millones de usuarios sin su consentimiento. A Nix se le atribuyó un papel clave en la victoria de Donal Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Nix y Pepa fueron socios en la empresa Rubirosa Ltd., dedicada a la comunicación estratégica y disuelta en 2011 (aquí puedes consultar el historial de Rubirosa Ltd. en el Registro Mercantil inglés).

Alexander Nix fue uno de los padrinos de la Fundación Pro-Alvear, fundada por Juan Pepa, oriundo de la localidad Intendente Alvear en la Pampa argentina. Se trata de una organización benéfica, que apoya iniciativas contra la pobreza infantil en dicha región, y que recauda fondos organizando torneos de polo en lugares como Saint-Tropez (Francia). Y es que tanto Pepa como Nix son grandes aficionados al polo. Otro padrino de la Fundación Pro-Alvear era, por cierto, el entonces presidente argentino Mauricio Macri. Felipe Morenés también solía acudir a los torneos organizados por su amigo Pepa, un lugar de encuentro para cierta aristocracia económica o nobiliaria.

Los paraísos fiscales son, en realidad, infiernos para el resto de las naciones del planeta. Sumideros por los que cada año se escapan miles de millones que, como se ha podido comprobar con la pandemia, dejan de aprovecharse para comprar vacunas, contratar médicos y enfermeras o construir hospitales, también para apuntalar los estados de bienestar de quienes los disfrutan o para construirlos donde aspiran a tenerlos. El debate es recurrente y sube de temperatura con cada nueva investigación periodística (como la que ha empezado a publicar infoLibre) 0 cuando se anuncian acuerdos “históricos” que prometen una fiscalidad mundial más justa.

Pese a la dificultad de cuantificar una actividad financiera que se basa esencialmente en la opacidad, las cifras existentes muestran a las claras su gran volumen y la gravedad de sus consecuencias. Cerca del 40% de los beneficios que las multinacionales obtienen fuera del país donde tienen instalada su matriz se trasladan a paraísos fiscales. Son datos de 2017 aportados por los investigadores de la Universidad de Copenhague Thomas Tørsløv y de la Universidad de Berkeley Ludvig Wier y Gabriel Zucman, que han publicado en missingprofits.world. Son 700.000 millones de dólares en ganancias corporativas que reducen la recaudación fiscal mundial en más de 200.000 millones, el 10% de lo que ingresan las arcas públicas de todo el planeta.

Los países de la Unión Europea aparecen, además, como los principales perdedores de ese desvío de beneficios a territorios offshore, con baja o nula tributación y sin ninguna transparencia, puesto que pierden un 20% de sus ingresos tributarios. Por el contrario, los paraísos fiscales que atraen esos capitales recaudan más –porcentualmente respecto a su renta nacional– que Estados Unidos y la UE, subrayan los investigadores.

En concreto, España pierde cada año un 14% de su recaudación fiscal, 4.242 millones de dólares –3.482 millones de euros–, porque se le escapan 16.967 millones de beneficios que las grandes empresas envían a paraísos offshore. Pero lo más grave es que, de esa cantidad, el 85%, 3.606 millones, se traslada a paraísos fiscales situados dentro de la propia Unión Europea. Países Bajos es el primer receptor de beneficios perdidos –5.743 millones de dólares, que se traducen en 1.436 millones de impuestos distraídos– y Luxemburgo, el segundo. Cada año se le escapan a la Hacienda española en dirección hacia el Gran Ducado 4.226 millones de dólares –3.469 millones de euros– en beneficios de las grandes corporaciones, por los que deja de ingresar 1.056 millones de dólares –866,9 millones de euros– en impuestos. El 3% de su recaudación anual. Cantidades menores se desplazan a Bélgica, Chipre, Irlanda –3.313 millones de dólares en beneficios, 828 millones en impuestos– y Malta.

A paraísos fiscales extracomunitarios se transfiere menos dinero: 2.544 millones de dólares quedan sin gravar, lo que supone una pérdida de 636 millones para Hacienda. De ellos, 444 millones corresponden a Suiza. El resto se reparten entre las Islas Bermudas y otras plazas del Caribe, Hong Kong, Singapur…

Por el contrario, el 58% de la recaudación de Luxemburgo por el impuesto sobre sociedades procede de los 66.000 millones de dólares de beneficios que le envían las multinacionales desde países con tipos más elevados que el suyo, un 3% efectivo, según explican Tørsløv, Wier y Zucman. De los 3.300 millones de dólares que ingresa gravando las ganancias corporativas, 1.900 millones tienen su origen en el extranjero.

Tipos fiscales y pago de intereses 

Y es que, aunque el tipo máximo –nominal– de sociedades en Luxemburgo es del 24,94% –incluido un 7% de tasa de solidaridad y un 6,75% de tasa municipal en la capital del Gran Ducado–, puede reducirse al 15%, si la facturación de la empresa no supera los 175.000 euros, o al 17% si su volumen de negocio excede de 200.000 euros. Estos tipos pueden recortarse aún más si se hace uso de las exenciones de hasta el 25% durante ocho años que se ofrecen para atraer a empresas extranjeras.

Con esas tasas, Luxemburgo consigue recaudar el equivalente al 5,9% de su PIB, el país con mayor porcentaje de la UE junto con Chipre –5,9%– y Malta –5,7%–. España, en cambio, no reúne más que el 2,1% de su PIB gracias al impuesto de sociedades, un poco más que Italia –1,9%– y un poco menos que Alemania –2,7%– o Francia –2,8%–, según los cálculos del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Es decir, dos primeras potencias económicas como Berlín y París ingresan menos por los beneficios de las empresas que un pequeño país como Luxemburgo, de sólo 626.000 habitantes. Claro que el tipo máximo del impuesto de sociedades en España es del 25%, en Italia del 27,8%, en Alemania del 29,9%, en Francia del 34,4%...

Pero no es ése el imán irresistible para las grandes compañías. Sino que gran parte del traslado de beneficios se realiza a través del pago de intereses. Como detallan de nuevo Tørsløv, Wier y Zucman, los intereses netos pagados por las sociedades no financieras son especialmente elevados en Luxemburgo, lo que a su juicio revela pagos por valores “híbridos”; es decir, títulos “tratados como bonos [como deuda] a efectos fiscales en Luxemburgo y como acciones [capital] a efectos fiscales y regulatorios en otros países”. Así se evita el impuesto de sociedades.

Hay que recordar que Luxemburgo no practica retención alguna ni en los intereses por préstamos entre filiales del mismo grupo ni en los royalties de los pagos que las filiales creadas en el Gran Ducado hacen a sus matrices en terceros países, y ofrece exenciones a los dividendos si las sociedades cumplen determinadas condiciones. Lo mismo ocurre con las plusvalías, las ganancias de capital obtenidas por la venta o transferencia de activos.

Este conjunto de ventajas ha convertido Luxemburgo en una plaza atractiva para el capital corporativo internacional hasta el punto de que el 90% de las empresas domiciliadas en el Gran Ducado están registradas a nombre de ciudadanos extranjeros. De hecho, el 76% del valor añadido nacional luxemburgués procede del sector empresarial, mientras que en Estados Unidos esa cifra no supera el 57%.

El proyecto de ley contra el fraude fiscal, que se tramita en el Senado, amplía la definición de “paraíso fiscal”: no sólo los territorios que cumplan con los requisitos internacionales de transparencia o carezcan de acuerdos de intercambio de información tributaria con España serán desde ahora considerados “jurisdicciones no cooperativas”, sino también aquellos en los que exista “baja o nula tributación”. Este último criterio podría suponer, en teoría, la inclusión de paraísos europeos como Luxemburgo o Irlanda en la lista negra española. Al menos es la expectativa que sostiene Gestha. El problema es que aún hay que concretar cuánto de baja debe ser esa tributación. El proyecto sólo establece que será “un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al exigido en España en un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes”.

Y, como resalta Xavier Varela, vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), más que la baja tributación el verdadero problema es la opacidad. Y que las rentas pasivas –dividendos, royalties, intereses– no se graven en Luxemburgo. También que no pueda identificarse a los verdaderos titulares de las sociedades, ocultos tras testaferros o sociedades pantalla. “La ocultación es el auténtico fraude”, subraya.

Intercambio de información

No obstante, tanto Varela como José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), coinciden en asegurar que Luxemburgo “colabora” cuando España le pide información. El acuerdo de intercambio funciona. Es automático y los datos se remiten cada mes de octubre con la información acumulada del ejercicio precedente. Los miembros de la UE tienen la obligación de comunicar los tax rulings –acuerdos fiscales con empresas o contribuyentes concretos– que firman, y Luxemburgo lo hace, indica Xavier Varela. También informa si la Agencia Tributaria le solicita datos sobre las cuentas bancarias de una sociedad o un contribuyente español concreto o le pregunta quién es el titular real de una empresa. Lo mismo ocurre con las peticiones singulares de información, añade Mollinedo. Incluso existen mecanismos para que los inspectores de Hacienda españoles puedan viajar a Luxemburgo y comprobar in situ in situsi una determinada sociedad existe, por ejemplo. “Pero no se suele ir, porque el país colabora”, matiza Varela.

La ventaja de la que se aprovecha Luxemburgo –también Países Bajos– es que funciona como un auténtico “caballo de Troya” en la Unión Europea. Es la puerta de entrada en el selecto club continental, advierte el inspector de Hacienda. “De esta forma puedes utilizar los convenios internos, como la directiva matriz/filial [que exime de retención en origen a los beneficios pagados por la filial a su sociedad madre], de los que están excluidos terceros países”, precisa Xavier Varela.

También es un paraíso para las grandes fortunasparaíso para las grandes fortunas. Muchos artistas, añade el vocal de IHE, cobran royalties a través de sociedades constituidas en Luxemburgo, tras conseguir un tax rulingtax ruling que les garantiza que no tendrán que tributar por, digamos, sus conciertos. “Esos royalties nosotros ni los vemos”, se queja. En otros casos, los ultrarricos utilizan Luxemburgo para que sus fondos “fluyan hacia otros países”. Además, los luxemburgueses pueden presumir de ser “muy eficientes”, “muy profesionales” y “muy rápidos” constituyendo sociedades. Lo que no quiere decir que sean baratos. Exigen unas comisiones muy elevadas, apunta Varela, por sus servicios de gestión. No es muy distinto a lo que ocurre en Suiza, donde cobran “hasta por el anonimato”.

Apenas un 3% del beneficio, ni siquiera un 3% de las ventas

En todo caso, el inspector de Hacienda echa en falta una necesaria “armonización” fiscal dentro de la UE. Ya se ha conseguido en los impuestos especiales y el IVA, explica, pero está pendiente la imposición directa, que “cada vez da más problemas al generar distorsiones”. Por eso saludaría que se estableciera una retención en salida de los dividendos, por ejemplo. Y aplaude tanto los informes país por país, obligatorios para las multinacionales, que acaban de aprobar el Parlamento Europeo y el Consejo, como los registros de titularidades reales que deben poner en marcha ya los Estados miembros. “Esta década y este año ha habido muchísimos avances, desde la estrategia contra la erosión de las bases imponibles de la OCDE y las directivas de cooperación fiscal (DAC) hasta el acuerdo del G7 anunciado esta semana”, enumera. Nada que ver, recalca, con los problemas para recabar información de otros países hace sólo seis años.

Pero tanto Varela como Mollinedo advierten de que ese tipo mínimo del 15% recién publicitado es “insuficiente”. “La estructura va a estar ahí”, concede el inspector, pero el responsable de Gestha no duda en calificar de “decepcionante” que sólo se vaya a gravar “el 15% del 20% de los beneficios” obtenidos por las multinacionales fuera de su territorio de origen. “Es decir, apenas un 3% del beneficio, ni siquiera un 3% de las ventas”, protesta José María Mollinedo. “Por eso están tan contentas las grandes compañías”, lamenta, que a cambio van a conseguir también la supresión de las tasas Google europeas. El responsable de Gestha confía, no obstante, en que el G20 y la OCDE tengan “mayor ambición” y suban el mínimo.

Para Xavier Varela, no hay duda de que estos últimos años se está “arrinconado” más a los paraísos fiscales, pero también recuerda que no han dejado de adaptarse a la cada vez mayor “presión” ejercida contra ellos. José María Mollinedo cree que los paraísos fiscales dentro de la UE perderán atractivo con el nuevo tipo mínimo, pero eso no significa, ni de lejos, que las multinacionales vayan a desmantelar sus estructuras en Irlanda o Luxemburgo. “Viven más de la opacidad que de los tipos bajos”, insiste Varela.

Jaime Botín, banquero, se ha convertido en un habitual de la crónica de tribunales. Parte de sus problemas con la Justicia se deben al dinero que ocultaba en Suiza, y que afloró al conocerse la lista Falciani, o al uso de una sociedad en Portugal para no pagar impuestos en España por su avión privado. La otra parte está relacionada con sus actividades como contrabandista de arte. Jaime Botín es también uno de los españoles que aparece en la base de datos de OpenLux, como beneficiario último de una sociedad en Luxemburgo. Se trata de ABC Legacy Fund y, hasta ahora, su existencia no había trascendido públicamente.

Jaime Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos se declaró, el 6 de septiembre de 2019, dueño del 31,05% de las acciones de ABC Legacy Fund. Esa declaración seguía vigente este miércoles 9 de junio. De acuerdo con la normativa de Luxemburgo, solo tienen que identificarse los titulares reales que controlen al menos el 25% de una sociedad. En el Registro el único nombre que aparece es el de Jaime Botín, por lo que se desconoce quiénes son los dueños del resto de capital de dicho fondo, pero cabe concluir que ninguno de ellos llega a ese umbral del 25%.

Hay que destacar que el nombre de la sociedad luxemburguesa encaja perfectamente en el tipo de denominaciones que ponían los Botín a sus sociedades en el extranjero. Jaime Botín era el dueño de XYZ Heritage Foundation y los hijos de su hermano Emilio –incluida Ana Patricia, la actual presidenta del Santander– eran los beneficiarios de ABC Heritage Foundation y DEF Heritage Foundation, las tres creadas en Panamá.

Este hecho lleva a pensar que los otros miembros de la sociedad luxemburguesa sean también personas próximas a Jaime Botín y no terceros ajenos por completo a su familia.

infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre ABC Legacy Fund en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, inició la semana pasada la publicación de una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes cinco preguntas y respuestas clave sobre este proyecto].

La primera entrega de la serie desveló las conexiones entre Rodrigo Rato y el traficante de armas Abdul Rahman El Assir en una sociedad luxemburguesa denominada Wheelerdale Corporation Sàrl. La segunda se centró en Adrián de la Joya, imputado en los casos Lezo y Tándem, dueño en el Gran Ducado de la compañía Riviera Invest und Services SA.

Declaración de Jaime Botín en el Registro de Luxemburgo en la que se declara beneficiario último del 31,05% de los activos de ABC Legacy Fund.

DE LA ESTAFA DE MADOFF A LA ASESORÍA DE BANKINTER

Jaime Botín, que es junto a su familia el principal accionista de Bankinter, no ha querido responder a ninguna de las preguntas planteadas por infoLibre sobre su participación en el fondo de Luxemburgo. Ni siquiera ha querido aclarar si los activos que tiene en ABC Legacy Fund están declarados ante la Agencia Tributaria [al final de la información se reproducen de forma íntegra las preguntas planteadas].

La sociedad luxemburguesa tiene la forma jurídica de sicav (sociedad de inversión de capital variable) y se constituyó en septiembre de 2006. De acuerdo con la legislación de Luxemburgo, las sicavs no pagan ni impuesto de sociedades, ni de patrimonio, ni están sujetas a tributación los dividendos que repartan. Este tipo de vehículos inversores son utilizados habitualmente, también en España, por personas con grandes patrimonios para reducir su factura fiscal. Jaime Botín figura en el puesto 52 en la lista de españoles más ricos que elabora El Mundo.

En sus primeros años de andadura, ABC Legacy Fund mostraba una gran querencia por los paraísos fiscales. Así, a finales de 2007, el reparto geográfico de sus inversiones indicaba que los territorios dominantes eran Bahamas, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas. Esta política le generó un agujero millonario. En las cuentas de 2008, la sociedad admitió que había tenido una “exposición indirecta a estrategias inversoras gestionadas por Bernard Madoff” desde las Islas Vírgenes Británicas, por importe de 3,5 millones de euros. Una inversión que los gestores de ABC Legacy Fund dieron por perdida y pasaron a valorar a cero euros en sus cuentas. Madoff fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel por cometer una estafa piramidal de 57.180 millones de euros, probablemente la más grande de la historia, que dejó 27.300 víctimas. Murió en prisión el pasado 14 de abril.

Dado que Jaime Botín no ha querido aportar ningún dato sobre su participación en la sociedad luxemburguesa, es imposible saber si fue uno de los afectados por la estafa de Madoff o si en aquel momento aún no era accionista de ABC Legacy Fund. Sus gestores aprendieron en todo caso la lección y redujeron en años sucesivos de forma drástica sus inversiones en paraísos fiscales.

La sicav cuenta en realidad con dos subfondos, denominados Global Flexible y Balanced Diversified. El 1 de julio de 2011, Bankinter Gestión de Activos pasó a ser asesor de inversiones de este último subfondo. Jaime Botín era ya entonces el principal accionista del banco español, con algo más del 23% de su capital. Fue además presidente de Bankinter entre 1986 y 2002.

Para entonces, julio de 2011, la existencia de dinero oculto de la familia Botín en el extranjero ya no era un secreto. Los nombres de Emilio Botín –presidente en aquel momento del Banco Santander–, de su hermano Jaime y de los hijos de ambos figuraban en la lista Falciani de evasores fiscaleslista Falciani que las autoridades de Francia entregaron a España en 2010. Jaime Botín y sus hijos pagaron unos 100 millones de euros para regularizar su situación con la Agencia Tributaria, lo que indica que la cantidad que tenían escondida en el HSBC de Suiza se situaba alrededor de los 1.000 millones.

ABC Legacy Fund disponía a finales de 2020 de activos netos valorados en 283 millones de euros, de los que 150,6 millones estaban en el subfondo Balanced Diversified y 132,4 en el Global Flexible. Esta diferencia es importante a la hora de calcular el patrimonio que tiene Jaime Botín en la sicav. En la declaración realizada ante el Registro de Luxemburgo, señala que es dueño del 31,05% de las acciones de ABC Legacy Fund. Pero cada subfondo tiene un número de acciones diferente con un valor también distinto. De forma que ese porcentaje de capital equivale a 87,9 millones si se calcula sobre el total de activos netos de ABC Legacy Fund, pero si todas las acciones de Jaime Botín fuesen del subfondo Balanced Diversified el valor de sus activos superaría los 100 millones de euros. Es otra de las cuestiones que el banquero no ha querido aclarar.

Hay que señalar que las acciones y los bonos de compañías españolas casi siempre han ocupado un lugar importante en la cartera de inversiones de ABC Legacy Fund. En 2013 llegó a tener 1,3 millones de acciones de Bankinter, con un valor de mercado de 6,6 millones de euros, aunque se desprendió de ellas en los dos años siguientes. Hace algunos años empezó a apostar por bonos de la entidad financiera y, a finales de 2020, tenía más de 20 millones invertidos en dicho producto. En 2012, en plena crisis económica, la sicav de Botín llegó a tener 57 millones en bonos del Tesoro.

El 14 de enero de 2021, Bankinter Luxembourg SA fue nombrado nuevo gestor de inversiones de ABC Legacy Fund, en sustitución de Banque Pictet & Cie SA. Se intensificó así la relación entre la entidad financiera que tiene como principal accionista a Jaime Botín y el fondo en Luxemburgo del que es el principal beneficiario.

LA VIDA EN LOS TRIBUNALES

Jaime Botín tiene un largo expediente relacionado con Hacienda y con los tribunales. Y, durante muchos años, la moneda siempre caía para él de cara.

La referencia más antigua que consta en las hemerotecas es del año 2000, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló la multa que le había impuesto la Junta de Castilla-La Mancha por la muerte de un águila imperial especialmente protegida que cayó en un cepo para la captura de conejos. La sanción administrativa había ascendido en total a 15,2 millones de pesetas (algo más de 91.000 euros), pero el Supremo llegó a la conclusión de que Botín no tenía responsabilidad alguna, ni en la colocación de los cepos ni en la negligencia a la hora de retirarlos.

En junio de 2010 saltó el escándalo de lo que se conocería como lista Falciani, por el informático Hervé Falciani, que obtuvo la base de datos de clientes de la filial suiza del banco HSBC y la compartió con las autoridades francesas. Estas a su vez la entregaron a varios países, entre ellos España. Allí estaban los hermanos Emilio y Jaime Botín y sus hijos. De hecho, el 60% del dinero oculto por los españoles de la lista pertenecía a los Botín, quienes pagaron algo más de 210 millones de euros para regularizar los 2.000 millones que tenían escondidos en Suiza. Jaime Botín y sus cinco hijos abonaron unos 100 millones de euros por la parte que les tocaba.

Entregar 100 millones a Hacienda puede parecer una mala noticia, pero en realidad no lo era tanto. Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recibió la información de la lista Falciani, en vez de denunciar a los defraudadores por delito fiscal, les envió una carta indicándoles que tenía sus datos y dándoles un plazo para regularizar su situación de forma voluntaria con Hacienda. Quienes optaron por el pago voluntario, como los Botín, podían acogerse así a la excusa absolutoria que libra del delito fiscal a quienes saldan sus deudas con la Agencia Tributaria antes de que se les abra una inspección. Así que es cierto que la cuenta bancaria de Jaime Botín quedó algo más ligera, pero a cambio se libró de un delito fiscal de libro.

El banquero, eso sí, quiso dejar para la historia otra versión sobre estos hechos. En una columna publicada en El País, el 7 de octubre de 2013, Jaime Botín aseguró que había pagado para arrimar el hombro ante la grave crisis económica que sufría entonces España: “Yo realicé en 2010 una declaración, totalmente voluntaria, de todos esos bienes cuyo origen se remonta a una época muy distinta a la nuestra, porque entendí que en la actual y en medio de la grave crisis económica que sufre el país, eso era lo que debía hacer”. Lo que no explicó en su artículo es la curiosa coincidencia de que se percatara de que en España había una crisis económica justo unos días después de recibir una carta de Hacienda informándole de que tenía los datos sobre su dinero oculto en Suiza.

Es más, cuando escribió su artículo, a Jaime Botín se le olvidó contar que meses antes él y sus hijos habían reclamado a Hacienda que les devolviera unos 25 millones de lo abonado, al entender que uno de los ejercicios de la regularización ya estaba prescrito. Vamos, que quería contribuir a la lucha “contra la grave crisis económica que sufría el país”, pero que había 25 millones que prefería que estuvieran en su bolsillo y no en el de Hacienda. En 2017, el Supremo explicó a los Botín que no tenían derecho a esa devolución y señaló que acceder a su solicitud sería un “fraude de ley”, ya que primero usaron el dinero para librarse del delito fiscal y una vez exonerados de la vía penal pretendían que se les devolviera ese dinero.

El 11 de octubre de 2012, el Ministerio de Economía que dirigía Luis de Guindos (PP) comunicó a Jaime Botín la imposición de una multa de 700.000 euros que le había impuesto la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) por ocultar que una fundación de su familia era dueña del 7,85% del capital de Bankinter, de forma que controlaba algo más del 23% de la entidad y no el 16% como había declarado hasta entonces. Esas acciones ocultas se descubrieron precisamente al aflorar los activos escondidos en el HSBC de Suiza. La multa se dividía en dos partes: 500.000 euros para Botín y 200.000 para XYZ Heritage Foundation, de la que el banquero era el único beneficiario y que era la entidad propietaria de las acciones de Bankinter. Pero Jaime Botín volvió a tener suerte: Economía dejó pasar el plazo límite para notificar la sanción, que fue anulada por la Audiencia Nacional.

La muerte del águila real, la amnistía fiscal encubierta de la lista Falciani, la fallida sanción del Ministerio de Economía… La Justicia se llevaba definitivamente bien con Jaime Botín. Pero las cosas se empezaron a torcer.

Para empezar, la CNMV decidió que la ocultación del 7,85% del capital de Bankinter era una infracción continuada, que por tanto no había prescrito e inició un nuevo expediente. Economía fue esta vez capaz de tramitar el expediente en los plazos legales y le impuso una sanción de 500.000 euros en julio de 2015. La Audiencia Nacional la redujo a 300.000, cantidad que confirmó el Supremo en 2019.

Esa era una sanción en el ámbito administrativo, pero las cosas también se complicaron en la vía penal. La Fiscalía se querelló contra Jaime Botín y otras tres personas en julio de 2017 por defraudar más de un millón de euros en impuestos al matricular su avión privado en Portugal y no en España, a pesar de que era en este país donde tenía su base de movimientos. El banquero llegó a firmar un pacto con la Fiscalía, por el que aceptaba una condena de nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa, pero rompió el acuerdo cuando éste trascendió a la prensa. Botín acusó a la Fiscalía de incumplir la cláusula de confidencialidad. Y es que había puesto como condición para reconocer el delito que la condena se mantuviera en secreto.

En noviembre de 2019, la Fiscalía informó de que pedía para Jaime Botín dos años y tres meses de cárcel, además de una sanción de tres millones de euros, por el presunto delito fiscal con su jet privado. Ha pasado año y medio desde entonces y aún no hay fecha para juzgarle.

El juicio que sí se celebró fue el del Botín contrabandista. En 2012, intentó vender a través de Christie’s el cuadro Cabeza de mujer joven, pintado por Picasso. La casa de subastas le indicó que para sacar el cuadro de España necesitaba la autorización del Ministerio de Cultura, al ser indudable su interés histórico-artístico y tener una antigüedad superior a 100 años. El Gobierno negó a Botín el permiso, una decisión que ratificó la Audiencia Nacional. Pero el banquero decidió que su voluntad estaba por encima del Gobierno y de la Justicia. Así que trasladó el cuadro a su goleta, Adix, atracada en Valencia, con la finalidad de sacarlo de España. En julio de 2015, las autoridades francesas lo incautaron en Córcega.

A principios de 2020, la titular del Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, Elena Raquel González Bayón, condenó a Jaime Botín a tres años y un día de cárcel y a 91,7 millones de sanción por el contrabando. En noviembre de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la condena. Desde entonces, sus abogados han hecho hasta tres intentos para tirar abajo la sentencia: recusaron a uno de los magistrados de la Audiencia, presentaron un recurso de amparo ante el Constitucional antes de que estuviese resuelta la recusación y pidieron al Supremo que llevase el caso a la Justicia europea. Los tres intentos fracasaron. A Jaime Botín le queda un último cartucho antes de ingresar en la cárcel, otro recurso de amparo ante el Constitucional una vez resuelta la recusación. Y si también falla siempre podrá alegar la edad (tiene 85 años) o algún motivo humanitario para intentar evitar la prisión.

En el juicio que terminó con su condena por contrabando de arte, Jaime Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos recurrió a otra de sus explicaciones pintorescas en busca de la absolución. Si la regularización fiscal la hizo porque se dio cuenta de que en España había una crisis económica, resulta que el cuadro de Picasso iba en su yate camino de Suiza no porque quisiera exportarlo para su venta, sino por seguridad. Un argumento que no convenció a la jueza.

Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco ha tenido dos vidas públicas, una voluntaria y otra no. En la primera, a finales del siglo pasado, era uno de los habituales en las fiestas de la jet set en Madrid y Marbella jet set. Allí se le podía ver con Mario Conde, con los Albertos o con su cuñado Abdul Rahman El Assir, traficante de armas e íntimo amigo de Juan Carlos I. Hasta que decidió hacer mutis por el foro y buscar la máxima discreción, lo que incluyó el traslado de su residencia oficial a Suiza. Sus actividades en la sombra, sin embargo, han desembocado en una segunda vida pública que se desarrolla en los tribunales. De la Joya está imputado en el caso Lezo, por actuar de intermediario en el pago de una comisión al expresidente madrileño Ignacio González, y en el caso Tándem, que ha destapado su amistad y sus negocios compartidos con el excomisario José Manuel Villarejo.

En las investigaciones judiciales han salido a la luz diversas empresas relacionadas con De la Joya, pero hasta ahora se desconocía su relación con una sociedad en Luxemburgo denominada Riviera Invest und Services SA, de la que es el único propietario. De acuerdo con las últimas cuentas presentadas en el Registro del Gran Ducado, correspondientes a 2019, tenía unos activos de 1,1 millones de euros.

infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre la empresa Riviera Invest und Services SA en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, inició la semana pasada la publicación de una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes cinco preguntas y respuestas clave sobre este proyecto].

En la primera entrega de la serie se desvelaron las conexiones entre Rodrigo Rato y el traficante de armas Abdul Rahman El Assir en una sociedad luxemburguesa denominada Wheelerdale Corporation Sàrl. El Assir y De la Joya fueron por cierto cuñados –estaban casados con las hermanas María y Cristina Fernández Longoria, respectivamente, aunque esos dos matrimonios ya se rompieron– y ambos residen oficialmente en la misma ciudad suiza, Gstaad. Es cierto que El Assir está ahora en paradero desconocido, buscado por la Justicia española (que lo acusa de delito fiscal) y por la francesa (que lo condenó en rebeldía a cinco años de cárcel por su implicación en el escándalo de corrupción conocido como Karichagate).

SIN INGRESOS CONOCIDOS, PERO CON UN FALCON

La empresa luxemburguesa de Adrián de la Joya, Riviera Invest und Services SA, se constituyó en marzo de 2006. En sus primeros cuatro años de vida fue una compañía durmiente, sin actividad ni patrimonio. A 31 de diciembre de 2009 declaraba tener 4.031 euros en un banco, y eso era todo.

Las cosas cambiaron en 2010, un año ajetreado para Adrián de la Joya. Según desveló en su día El Confidencial, la Agencia Tributaria inició una investigación al empresario tras detectar el envío a Suiza de 12 millones que tenía en España y cuyo origen se desconoce. De la Joya abrió una cuenta en el Deutsche Bank de Ginebra el 12 de abril de 2010, ese mismo día transfirió allí nueve millones desde CaixaBank y el 3 de mayo trasladó otros tres millones desde el Banco Popular.

En 2010 ya había estallado el caso Gürtelcaso Gürtel, en cuyo sumario también aparece De la Joya, porque realizó un pago de 50.000 euros a Francisco José Yañez, uno de los testaferros en Suiza del entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas. El dinero salió de Frankford Trade Ltd, una sociedad intrumental de De la Joya radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Hacienda sospechaba que Frankford Trade Ltd. era parte de una trama societaria dedicada a la evasión de fondos y creía que la salida de los 12 millones de España respondía a una estrategia de De la Joya que “podría ser constitutiva de algún ilícito penal tendente a vaciar su patrimonio frente a futuras responsabilidades penales o administrativas en España”.

El 5 de mayo de 2010, dos días después de la segunda transferencia de dinero desde España a Suiza, también se movieron las cosas en Riviera Invest und Services SA. En concreto, fueron nombrados administradores de la compañía tres sociedades precisamente de las Islas Vírgenes Británicas, denominadas Cardale Overseas Inc, Taswell Investments Ltd y Kelwood Investments Ltd. Años después, la administración de la compañía de De la Joya pasó a manos de una fiduciaria de Luxemburgo llamada FBK.

Y aquel 2010 también se acrecentó el patrimonio de Riviera Invest und Services SA, que había empezado el año con 4.031 euros en el banco y lo terminó con un patrimonio de 1.176.792 euros. De ellos, 1.106.250 euros eran activos del inmovilizado material (bienes físicos, no financieros) y 70.542 eran tesorería.

La información económica que facilita Riviera Invest und Services SA en el Registro de Luxemburgo es mínima. No consta que haya tenido ningún tipo de ingreso por su actividad. Sin embargo, sus pérdidas son constantes: entre 2010 y 2019 ascendieron en total a 3,2 millones. ¿Y cómo afronta esas pérdidas? Mediante endeudamiento: a finales de 2019, las deudas ascendían a 4,6 millones. Fiscalistas consultados por este periódico explicaron que “con toda probabilidad esas deudas son con sociedades o personas relacionadas con la propia empresa, puesto que una entidad financiera o un tercero no vinculado con ella jamás le prestarían dinero a una compañía que no tiene ingresos, salvo que avalase la deuda con otros bienes”.

Por lo demás, el activo inmovilizado se ha mantenido invariable durante estos años –es el mismo en 2019 que en 2010– y llama la atención un ingreso en tesorería de más de 314.000 euros en 2013.

Más allá de Luxemburgo, solo hay un rastro de Riviera Invest und Services SA. El 29 de enero de 2013, inscribió a su nombre en el Registro de Aeronaves de la Isla de Man un Mystere-Falcon 200, cuya matrícula es M-ENTA. El precio medio de un avión de ese modelo se sitúa ahora en cerca de 700.000 dólares (unos 575.000 euros). Las páginas web existentes dedicadas a rastrear vuelos han localizado la aeronave en diversas ocasiones en los aeropuertos de Madrid o Málaga, pero sobre todo en Ginebra (aquí puedes ver una imagen tomada en la localidad suiza en enero de 2019).

Adrián de la Joya declaró ante el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo que era el beneficiario último del 100% de la compañía Riviera Invest und Services SA. Esa declaración se produjo el 8 de agosto de 2019 y seguía vigente este 6 de junio.

infoLibre trasladó a Adrián de la Joya, a través de su abogado, una serie de preguntas sobre su empresa de Luxemburgo para incluir su versión en este reportaje. El empresario no respondió [al final de la información se reproducen de forma íntegra las preguntas planteadas].

Declaración de Adrián de la Joya en el Registro de Luxemburgo en la que afirma ser el único beneficiario de la empresa Riviera Invest und Services SA.

negocios con VILLAREJO E INTERMEDIARIO EN el PAGO de una mordida a ignacio GONZÁLEZ

Adrián de la Joya acumula dos detenciones en los últimos años. En abril de 2017 fue arrestado en la operación Lezo, en la que se desarticuló la presunta organización criminal liderada por el expresidente madrileño Ignacio González, y en mayo de 2019 fue apresado de nuevo por sus actividades supuestamente delictivas junto al comisario José Manuel Villarejo, que se estudian en una de las piezas del caso Tándem (denominada Pit).

En esta última causa se investiga el pago de 7,4 millones de euros a dos compañías de Villarejo –Cenyt y Stuart & Mckenzie– por parte de los empresarios Ángel y Álvaro Pérez-Maura, implicados en un escándalo de corrupción en Guatemala. Los hermanos Pérez Maura son propietarios de un importante grupo naviero y figuran en el puesto 205 en la lista de los españoles más ricos que elabora El Mundo. Las autoridades de Guatemala habían solicitado la extradición de Ángel Pérez-Maura, acusado de pagar una mordida de 30 millones de dólares al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a cambio de la adjudicación de la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en el puerto de Quetzal. Villarejo y De la Joya convencieron a Pérez-Maura de que con sus contactos lograrían frenar su extradición a Guatemala, algo para lo que en realidad no se necesitan demasiadas influencias ya que España no suele extraditar a otro país a sus nacionales.

Aunque en su declaración judicial Adrián De la Joya aseguró no haber cobrado ninguna comisión –“El señor Villarejo no reparte ni con su madre”, alegó–, el magistrado Manuel García-Castellón no le creyó y llegó a la conclusión de que “participó directamente de las ganancias obtenidas” por el comisario, además de “ostentar una posición dominante como negociador principal en la fijación de los honorarios a percibir”. El fiscal sostiene que De la Joya se embolsó una comisión de más de un millón de euros, pagados por la sociedad de los navieros A. Pérez y Compañía SL en una cuenta del grupo Serena Digital en el emirato de Dubai. Aunque Anticorrupción solicitó para el empresario el ingreso en prisión, el juez le dejó en libertad tras el pago de una fianza de medio millón de euros.

El otro gran negocio realizado conjuntamente por Villarejo y De la Joya fue la intermediación ante los dueños de Banca Privada de Andorra (BPA), los hermanos Ramón e Higini Cierco, para conectarlos con quien era el jefe de campaña de Donald Trump para las elecciones presidenciales de 2016, Paul Manafort. Los Cierco también tenían un grave problema, ya que Estados Unidos había señalado a BPA como una entidad que colaboraba con el blanqueo de dinero de organizaciones criminales, y aceptaron el plan de Villarejo y De la Joya. Un plan que consistía en invertir 16 millones de dólares (algo más de 13 millones de euros) en una empresa de telefonía con sede en Florida –Hoyos VSN Corp.– vinculada a Manafort. Los Cierco inyectaron el dinero en la compañía estadounidense y Manafort tuvo que dejar la campaña de Trump tras conocerse que había cobrado 12 millones de dólares del presidente ucraniano Víctor Yanukóvich. Según desveló Público, De la Joya puso a su nombre la comisión que correspondía a Villarejo por este negocio. “Para que nadie te vea nada”, le dice el empresario al policía en un audio que reprodujo dicho periódico.

La amistad entre Villarejo y De la Joya se había hecho pública a causa de otro escándalo, el del Pequeño NicolásPequeño Nicolás, aunque en este caso el empresario no fue imputado. Pero en la investigación se detectaron 174 contactos telefónicos entre el comisario y Serena Digital, la sociedad de De la Joya. Este último es uno de los cuatro accionistas de la finca La Alamedilla, propiedad en su día vinculada a Mario Conde y que Francisco Nicolás Gómez Iglesias pretendía utilizar presuntamente para cometer una estafa.

Pero, antes que por sus negocios con Villarejo, es probable que De la Joya se siente en el banquillo por el caso Lezocaso Lezo, donde la Fiscalía Anticorrupción pide para él tres años y seis meses de prisión y una multa de 1,8 millones de euros por el delito de cohecho activo. Tras ser detenido, el empresario admitió que había puesto a disposición del empresario Javier López Madrid –yerno del entonces principal accionista de OHL, Juan Miguel Villar Mir– una cuenta que tenía en el Anglo Irish Bank de Suiza a nombre de una sociedad panameña (Lauryn Group Inc.) para recibir el pago de 1,4 millones de euros. Ese dinero debía enviarlo luego a Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y persona de la máxima confianza de Esperanza Aguirre, y a Ildefonso de Miguel, principal ejecutivo del Canal de Isabel II. Los 1,4 millones eran la mordida que OHL pagaba a González y De Miguel a cambio de obtener la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero (Madrid). De la Joya aseguró ante el juez que, tras recibir los 1,4 millones, decidió quedárselos para saldar una deuda que OHL tenía con él relacionada con negocios en África.

Parece improbable que Adrián de la Joya se libre esta vez de la Justicia, como ocurrió la primera vez que fue imputado. Como recordaba El País, su trayectoria profesional estuvo muy vinculada en su día a Rafael Martín Sanz, que fue consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha en el Gobierno socialista de José Bono. Ambos fueron imputados en el denominado caso Atocha, en el que se investigó el cobro de comisiones por adjudicaciones irregulares de la Comunidad de Madrid a la empresa Construcciones Atocha, entre 1989 y 1992. Una imputación que quedó en nada.

En una conversación con su buen amigo Mauricio Casals, adjunto a la presidencia de Atresmedia, Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco se declaraba cansado de las informaciones que algunos medios publicaban sobre él. “Que yo puedo tener todas las sociedades en Panamá que me salga de los cojones. Que yo no tengo que darle ni una puta explicación a la Agencia Tributaria española. Yo puedo tener si quiero 500 sociedades panameñas, gibraltareñas, de Curazao y del coño de su madre, ¿de acuerdo?”, proclama el empresario de la jet. Es solo una verdad a medias. Las sociedades las puede tener, desde luego, pero otra cosa es de dónde vengan los fondos de esas compañías y a qué actividades se dediquen.

Basta con darse un paseo por algunos de los despachos que ofrecen en internet sus servicios para hacer negocios en Luxemburgo. El Gran Ducado es una “excelente plaza financiera” y el “paraíso ideal para las grandes fortunas”, cuya “beneficiosa fiscalidad” a la par que “extraordinaria reputación en confidencialidad y privacidad” venden los gestores de alta gama. “Una magnífica elección para disfrutar de una baja o nula tributación”, no lo dude. “Luxemburgo nunca había sido más atractivo [que ahora] para domiciliar fondos y holdings intermedios”, un anuncio irresistible. Gracias a la “actitud liberal” de sus autoridades hacia los inversores extranjeros, tal y como la glosan los profesionales de la consultoría internacional, el 90% de las empresas registradas en Luxemburgo están controladas por ciudadanos foráneos. Tanto capital atrae el pequeño país que la inversión extranjera directa entrante multiplica por 58 su PIB y la inversión extranjera saliente por 67, según destaca el informe Mejorar la política contra el blanqueo de capitales, elaborado por el Parlamento Europeo en 2020.

Al Gran Ducado han acudido hasta 1.558 ciudadanos españoles que poseen o gestionan sociedades en ese paraíso de baja fiscalidad. Ellos son el objeto de OpenLux, la investigación de infoLibre en colaboración con la organización internacional OCCRP iniciada esta semana para aportar transparencia sobre su identidad, intereses y operaciones. 

El secreto del éxito del pequeño país se basa en una combinación de factores que lo convierten en un caso único en el mundo. Luxemburgo es miembro de la Unión Europea y, al mismo tiempo, la sexta jurisdicción financiera más secreta del mundo, además del sexto paraíso fiscal corporativo del planeta, de acuerdo con la clasificación de Tax Justice Network, una organización de investigadores y activistas contra la evasión de impuestos. El Parlamento Europeo considera al Gran Ducado el peor territorio, por delante de Países Bajos y Suiza, en lo que a blanqueo de dinero se refiere. Y sin dramatismos: la culpa no es tanto de la corrupción o las drogas como del secreto financiero y los bajos impuestos. Esa fórmula proporciona a las empresas extranjeras una rentabilidad 11,5 veces superior a la de las empresas locales. Sólo que estas sociedades también son peculiares: el 91% de los flujos de capital foráneo antes citados –5.000 millones de dólares en 2019, la segunda mayor entrada de inversión tras Estados Unidos– no se explican por que detrás exista una actividad económica real, destaca el informe del Parlamento Europeo.

Con una extensión un poco menor que Vizcaya pero la mitad de su población, cada uno de sus 626.000 habitantes habría sido así capaz de captar casi ocho millones de dólares anuales.

Impuesto de sociedades, IVA, rendimientos de capital

¿Qué ofrece Luxemburgo a inversores, empresarios y millonarios de todo el mundo para haberlo convertido en un paraíso fiscal en plena UE?

Obviamente, bajos impuestos. Ser miembro –fundador– del club comunitario no impide al Gran Ducado disfrutar de uno de los tipos impositivos más bajos del mundo, sumando impuestos sobre beneficios y cotizaciones sociales, que el informe del Banco Mundial y PwC Paying taxes 2020 cifra en el 20,4%, muy lejos del 47% de España, el 48,8% de Alemania, el 59,1% de Italia o el 60,7% de Francia.

Así, Luxemburgo grava con sólo un 15% los beneficios de las empresas con ingresos por debajo de los 175.000 euros, mientras que las que facturan entre esa cantidad y 200.000 euros pagan un fijo de 26.250 euros más un plus del 31% sobre la base imponible que supere los 175.000 euros. Por encima de 200.000 euros de volumen de negocio, el tipo es del 17%. El tipo máximo es del 24,94% –en España es del 25%–, en el que se incluyen un 7% de tasa de solidaridad –fondo para el empleo– y un 6,75% de tasa municipal en la capital del Gran Ducado. Estos tipos pueden, además, reducirse en gran medida si se hace uso de las exenciones de hasta el 25% durante ocho años que se ofrece a las nuevas empresas extranjeras. Sin olvidar que Luxemburgo también tiene el tipo máximo de IVA más bajo de toda la UE, el 17% –un 21% en España–.

Pero el mayor atractivo para el capital extranjero es otro: Luxemburgo no practica retención alguna ni en los intereses ni en los royalties de los pagos que las filiales creadas en el Gran Ducado hacen a sus matrices en terceros países, y ofrece exenciones a los dividendos si las sociedades cumplen determinadas condiciones. Lo mismo ocurre con las plusvalías, las ganancias de capital obtenidas por la venta o transferencia de activos. En España, los rendimientos del capital tienen un gravamen del 19% si se dirigen a otro país comunitario, y del 24% si se trata de terceros países.

La Comisión Europea no deja de incluir en sus recomendaciones semestrales a Luxemburgo que la ausencia de retención y las exenciones antes citadas se traducen en una elusión “total” del pago de impuestos si el país receptor tampoco los grava. Por lo que apremia al país del que procedía su presidente entre 2014 y 2019, Jean-Claude Juncker, a combatir la planificación fiscal abusiva que las leyes tributarias luxemburguesas permiten utilizar a las empresas. En la última recomendación de 2020, sin embargo, la Comisión admite que el Gran Ducado “no ha anunciado todavía reformas concretas para combatir la planificación fiscal agresiva”. Aunque sí ha elaborado un proyecto de ley para eliminar el blindaje fiscal de los intereses y royalties enviados a los países incluidos en la lista negra de paraísos de la UE, que sólo incluye a una docena de territorios.

Un modelo societario para cada necesidad

Bruselas también destaca en sus tirones de orejas a Luxemburgo que es el país del mundo que más inversión directa recibe a través de entidades de propósito especial, o sociedades instrumentales. Según las cifras aportadas por el informe del Parlamento Europeo, el 38% de las entradas de capital extranjero en el Gran Ducado y el 32% de las salidas se producen a través de estas entidades, creadas para alcanzar un objetivo concreto y definido de antemano. Están diseñadas para evitar que el riesgo se transfiera a los propietarios de la entidad. Sólo se dedican a comprar y financiar activos muy específicos, y pueden adoptar muy diferentes formas societarias: desde sociedades anónimas o limitadas hasta fideicomisos, o fundaciones como las stichting holandesas. También en Reino Unido o la isla de Jersey, por ejemplo, se pueden constituir este tipo de sociedades.

En España acaba de cerrarse el plazo de audiencia pública del anteproyecto de Ley del Mercado de Valores que regulará las sociedades cotizadas con propósito especial para la adquisición o SPAC, cuyo único objetivo inicial es obtener fondos mediante una oferta pública de acciones, para encontrar después, en un plazo de dos años, una empresa donde invertirlos. Así, esta segunda sociedad termina siendo una empresa cotizada que sirve a la primera para salir a bolsa sin pasar por los trámites requeridos para una oferta pública de acciones. En Estados Unidos se han puesto de moda entre deportistas millonarios y cantantes. El anteproyecto vende las SPAC como “un mecanismo alternativo a la salida a Bolsa tradicional”, pensado sobre todo para “empresas en desarrollo” y como manera de diversificar las fuentes de financiación. También existen las ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros), que disfrutan de un régimen fiscal especial, con exenciones en dividendos y plusvalías.

Luxemburgo ha creado un abanico propio de sociedades con sus propios regímenes fiscales, que se adaptan a las necesidades de inversores extranjeros ávidos por rebajar sus facturas fiscales y por ocultar cualquier vínculo con sus activos. La sopa de letras es amplia. Las soparfis (Sociedad de Participación Financiera) pueden quedar exoneradas de tributar por los dividendos pagados si poseen al menos el 10% del capital de una filial en Luxemburgo o una participación de 1,2 millones de euros durante un año. Lo mismo ocurre con los dividendos recibidos de su matriz. Tampoco tributan por las plusvalías si venden acciones –y poseen un 10% del capital o seis millones de euros en acciones de la filial durante un año–. Estas sociedades se utilizan para gestionar participaciones de filiales.

Para gestionar el patrimonio de los más ricos se crearon en 2007 las SPF (Sociedad de Gestión de Patrimonio Familiar), que no pueden realizar actividades comerciales ni poseer bienes inmuebles o propiedad intelectual, pero sí comprar y vender desde acciones y metales preciosos hasta dinero en efectivo o divisas o fondos de inversión. Están exentas del impuesto de sociedades y de patrimonio. Tampoco se les retiene nada por dividendos ni por plusvalías.

Ventajas fiscales tienen igualmente las sicavs, las sociedades de inversión colectiva, allí conocidas como ucits, que también sirven para albergar grandes patrimonios empresariales o familiares. Para constituirse, necesitan un capital social de 1,25 millones de euros, mientras que en España hacen falta 2,4 millones. Si se trata de un SIF (Fondo de Inversión Especializado) basta con un solo inversor; en España son necesarios 100 para crear una sicav.

Finalmente, las sicar son sociedades de inversión de capital riesgo, para las que es necesario un capital mínimo de un millón de euros. Están exentas del impuesto de patrimonio, pero tributan por sus beneficios, aunque con exenciones por dividendos, plusvalías e intereses.

Esta colección de beneficios fiscales ha levantado las protestas del resto de los Estados miembros de la UE, que en algunos casos requieren, a través de sus respectivas normas contra la evasión, que las sociedades registradas en Luxemburgo proporcionen pruebas de que no son entidades vacías, meras empresas buzón. Para ello deben poseer lo que se llama sustancia fiscal. Los despachos dedicados a crear y gestionar estas estructuras recomiendan a sus clientes abrir una oficina real, contratar empleados e incluso obtener ingresos de actividades distintas a las de holding. “Estas medidas tienen un coste; sin embargo, una de las razones más importantes para crear una entidad de propósito especial es beneficiarse de ciertas ventajas fiscales, que superan con creces los costes de creación de la sustancia fiscal”, explican con absoluta franqueza.

De hecho, la oferta corporativa luxemburguesa también puede presumir de otras comodidades más prosaicas, como una gran simplificación de trámites, por ejemplo. Los gestores prometen completar en sólo 10 días la constitución de una sociedad en el Gran Ducado.

El resto de los miembros de la UE, cómplices

Luxemburgo también acaparó la atención mundial cuando se hicieron públicos los denominados tax rulings, acuerdos fiscales que su gobierno había firmado entre 2002 y 2010 con 343 empresas, entre ellas algunas de las principales multinacionales del planeta, desde Amazon y Apple hasta Ikea o Vodafone. Como desvelaron los Luxleaks en 2014, los intermediarios entre las autoridades del Gran Ducado y las compañías habían sido los cuatro gigantes de la consultoría internacional: PwC, KPMG, Ernst & Young y Deloitte. Gracias a esos acuerdos, las multinacionales no pagaban ni un 1% de sus beneficios en impuestos. Tras el escándalo, los tax rulings siguen siendo legales, pero los Estados miembros tienen que informar sobre los que firman.

Se trata, pues, de un primer ejercicio de transparencia en un país que se ha convertido en un centro financiero mundial gracias a la opacidad, vendida al inversor extranjero como discreción y confidencialidad. Tras la crisis financiera de 2008, la mayor presión sobre los paraísos fiscales más descarados forzó a muchos capitales a trasladarse a una plaza un poco más regulada como Luxemburgo. Según la OCDE, el principal inversor en el Gran Ducado son las Bermudas, con un 13,5% del capital, por delante incluso del Reino Unido, con un 13,1%, Irlanda –12,1%– y Países Bajos –9,3%–. Otro centro offshore puro, las Islas Caimán, es el sexto país con más filiales en el pequeño país europeo.

La publicación en febrero de las revelaciones de OpenLux sobre el Registro de Luxemburgo dio lugar a un debate en el Parlamento Europeo donde el presidente de la subcomisión de Asuntos Fiscales, el holandés Paul Tang, tachó de “vergonzoso” que entre los 10 principales paraísos fiscales figuren dos países europeos: Luxemburgo y Países Bajos. En el pleno también se repitieron los llamamientos a romper el “tabú” y señalar claramente a ambos como paraísos fiscales dentro de la Unión Europeaseñalar claramente a ambos como paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. “Todo el mundo apunta a Luxemburgo, pero ¿realmente debemos creer que un pequeño Estado puede convertirse en el segundo centro financiero del mundo tras EEUU sin la complicidad de los demás Estados miembros de la UE?”, preguntó al pleno el italiano Piernicola Pedicini. Otros eurodiputados pidieron a la Comisión que abriera un procedimiento de infracción para garantizar que Luxemburgo cumple con las leyes contra el blanqueo y la evasión fiscal. “La UE tiene un problema grave con Luxemburgo y, seis años después de LuxLeaks, el país sigue sin dar pasos suficientes para acabar con prácticas propias de un paraíso fiscal”, resumió el español Ernest Urtasun, tras recordar que en el Gran Ducado “esconden su riqueza” oligarcas, élites corruptas, traficantes de armas, organizaciones mafiosas y criminales ambientales”.

Rodrigo Rato mantuvo conexiones empresariales con un famoso traficante de armas, Abdul Rahman El Assir, fugado de la Justicia española en 2019 para no responder de una acusación por fraude fiscal y condenado en rebeldía en Francia el año pasado por un asunto de corrupción. Los intereses de Rato y El Assir confluyen en una sociedad de Luxemburgo denominada Wheelerdale Corporation Sàrl, de acuerdo con documentos del Registro Mercantil del Gran Ducado y diversas pruebas documentales incautadas al político del PP en el marco de la investigación judicial sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio, 

El Assir es un ciudadano español de origen libanés que fue durante años un gran amigo del entonces rey Juan Carlos I, con quien compartía asiduamente monterías. Una idea de sus relaciones la da el hecho de que asistiera a la boda del actual monarca, Felipe VI, y también al enlace de la hija de Aznar, Ana, con Alejandro Agag.

infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre la empresa Wheelerdale en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que han elegido a infoLibre como medio colaborador en España. Este periódico inicia hoy la publicación de una serie de reportajes con las informaciones más relevantes obtenidas tras investigar la base de datos de OpenLux [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes cinco preguntas y respuestas clave sobre este proyecto].

Abdul Rahman El Assir declaró ante el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo que era el beneficiario último del 75% de la compañía Wheelerdale, mientras que el 25% restante estaba controlado por su hermano Rabih El Assir. Esa declaración se produjo el 25 de noviembre de 2019 y seguía vigente este 2 de junio.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción española considera que esa empresa de Luxemburgo forma parte del patrimonio oculto en el extranjero de Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno con el PP, antiguo director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y máximo mandatario de Bankia cuando la caja fue rescatada con dinero público. Así lo detalla en el recurso de apelación que presentó el pasado 5 de marzo, ante la Audiencia de Madrid, contra el auto que pone fin a la investigación del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid sobre el conocido como caso Rato.

En su escrito, la Fiscalía recuerda que en los registros practicados en su día en el domicilio y en el despacho de Rato se encontraron “escrituras, certificados, estatutos, documentos y mails” que lo vinculan con la sociedad Wheelerdale, que en 2019 declaraba tener unos activos de 77,5 millones de euros. Anticorrupción también señala que la UCO se incautó de correos entre Rato y el hermano y el yerno del traficante de armas, aunque simplemente da sus nombres sin precisar en ningún momento sus vínculos familiares con Abdul Rahman El Assir. Y, por último, destaca que Rato recibió transferencias desde cuentas relacionadas con Wheelerdale.

A preguntas de infoLibre sobre su relación con la sociedad luxemburguesa y con El Assir y sus familiares, Rato se limitó a responder lo siguiente: "En 2013 y 2014 yo realicé informes profesionales sobre posibles inversiones en España, que no se materializaron. Sin entrar en más detalles, esa ha sido toda mi relación con esas personas" [al final de este reportaje se reproducen las preguntas planteadas por este periódico que no respondió].

Además, Rato añadió lo siguiente: "Como se puede comprobar por el auto de transformación del juzgado 31 hecho público hoy, ni la sociedad ni las personas que menciona en sus preguntas han sido objeto de ninguna investigación judicial vinculada conmigo". El expolítico del PP se refiere a la decisión del magistrado que instruye el conocido como caso Rato, conocida este miércoles 2 de junio, de sentarle en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.

DE CURAZAO A LUXEMBURGO, TRAS LA AMNISTÍA FISCAL

Wheelerdale Corporation se constituyó en 1988 y su primera sede estaba en Curazao, isla en el Caribe que es uno de los territorios fiscalmente opacos usado por algunos millonarios o delincuentes para crear complejas estructuras societarias que les permitan ocultar sus fortunas. El 19 de diciembre de 2012, los dueños de la compañía decidieron trasladarla a Luxemburgo.

Se da la circunstancia de que, apenas tres semanas antes, el 30 de noviembre de 2012, Rato había presentado ante la Hacienda española una declaración acogiéndose a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. En ese documento no hay ni rastro de Wheelerdale, ni de otras muchas sociedades y bienes que Rato ocultaba en el extranjero, según Anticorrupción.

En las primeras cuentas presentadas ya como sociedad de Luxemburgo, correspondientes al ejercicio 2012, Wheelerdale declara tener un patrimonio de 77,1 millones de euros, de los que 73,4 son activos financieros. Además, indica que es la accionista única de una filial en Holanda denominada G.I International Holdings (Amsterdam) BV. Estos datos se han mantenido prácticamente inamovibles desde entonces. En las últimas cuentas presentadas, del año 2019, los activos eran de 77,5 millones. A la filial holandesa se le adjudicaba un valor en libros de 36,3 millones de euros

Cuentas de Wheelerdale del año 2019, donde consta que es accionista única de una filial en Holanda denominada G.I. International Holding Amsterdam BV.

El 16 de abril de 2015, Rato fue detenido en el marco de la investigación sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. Esa investigación es la que cerró este miércoles el juez Antonio Serrano-Arnal, que lo acusa de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, además de solicitarle una fianza de 65,1 millones. El magistrado considera probada la existencia de incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, que ocultó a a Hacienda, al igual que otros rendimientos de capital mobiliario en el extranjero. La Fiscalía pidió inicialmente una pena de 70 años de cárcel para el ex vicepresidente del Gobierno.

Pero la Fiscalía Anticorrupción no está en absoluto de acuerdo con la forma en que Serrano-Arnal ha cerrado la investigación. El pasado 5 de marzo, presentó un recurso de apelación contra el auto con el que el juez finalizaba la instrucción, al entender que “realiza afirmaciones erróneas que no se ajustan a la realidad documental obrante en autos, incurre en omisiones de hechos que forman parte de la instrucción e injustificadamente no se recogen en el auto, y está desajustado al entremezclar confusamente hechos de distintos delitos”. Fuentes jurídicas confirmaron que la Audiencia de Madrid aún no se ha pronunciado sobre dicho recurso de apelación, lo que no ha evitado que Serrano-Arnal cerrase la causa. Hay que señalar que la Audiencia ya ha corregido en anteriores ocasiones diversos acuerdos de Serrano-Arnal, casi siempre favorables a los intereses de Rato.

Las pruebas encontradas en los registros domiciliarios

Entre los hechos que se encuentran en la instrucción y el juez pretende dejar fuera del juicio está todo lo relacionado con Wheelerdale, siempre según Anticorrupción, que considera dicha sociedad como parte del patrimonio que Rato escondió fuera de España.

En su escrito, Anticorrupción señala en relación con Wheelerdale lo siguiente: “Se localizan escrituras, certificados, documentación del Registro Mercantil, estatutos, documentos, mails,... incautados durante los registros efectuados en la causa que, además, se contrastan con los datos obtenidos sobre su estructura societaria, sus administradores/gestores y vínculos con Rato, así como con transferencias bancarias en cuentas del Nordea Bank, o las señaladas transferencias United International Bank NV (Curaçao) o la transferencia efectuada en 2013 desde la entidad bancaria KBL European Private Bankers SA de Luxemburgo en favor de Kradonara”. Esta última, Kradonara 2001 SL, es una firma española que Rato utilizaba esencialmente para cobrar determinadas comisiones.

La Fiscalía detalla a continuación las relaciones de Rato con G.I. International Holding Amsterdam BV, la filial holandesa de Wheelerdale: “Se localizan documentos, mails, swift de transferencias bancarias... incautados durante los registros efectuados en la causa a los que se añaden los datos obtenidos sobre su estructura societaria, administración y balances contables localizados en bases de datos abiertas. Dicha información se contrasta con mails incautados de D. Gregory Edward Elias, con D. Hugo S. Linares y D. Rabih El Assir”.

Hugo Salvador Linares Espinós es el yerno de Abdul Rahman El Assir –está casado con Alia María El Assir Fernández-Longoria– y figura como director de la sociedad G.I. International Holding Amsterdam BV, según los datos oficiales del Registro Mercantil de Holanda consultados por infoLibre. Rabih El Assir es el hermano del traficante de armas y supuesto dueño del 25% de Wheelerdale. Gregory Elias, bautizado por la prensa local como “el rey de Curazao”, creó en la isla caribeña la principal empresa dedicada a montar estructuras societarias opacas. Elias desempeñó un papel central en la creación de Wheelerdale.

La Fiscalía Anticorrupción concluye que la documentación incautada evidencia el “presunto manejo de la anterior estructura societaria instrumental” para la “repatriación de fondos del extranjero con origen en GI International/Wheelerdale y con destino, según indicios de la causa, a Rodrigo Rato Figaredo”.

Rodrigo Rato, en una imagen de octubre de 2020, tras salir de la cárcel en régimen de semilibertad.

“COMER CON JUAN CARLOS I Y DESAYUNAR CON FELIPE GONZÁLEZ”

“Cuando un hombre de negocios es capaz de reunir la astucia comercial con el engaño político, cualquier milagro es posible. El milagro de El Assir consiste en comer un día con el rey Juan Carlos I, cenar con el rey Hassan II y desayunar al día siguiente con su amigo Felipe González y otros dirigentes del PSOE”. Esa era la descripción de Abdul Rahman El Assir que hacía en octubre de 1989 el semanario árabe Sourakía, editado en Londres. Dos años antes, el diario El País ya lo había definido como “el hombre que actualmente monopoliza la intermediación de las exportaciones españolas de material militar […] Su secreto es el altísimo nivel de sus relaciones con el entorno socialista”.

El Assir llegó a España de la mano de quien entonces era su cuñado, Adnan Kashogui, considerado en su momento el hombre más rico del mundo y de quien aprendió el oficio de mercader de armas. En 1985 se divorció de su primera mujer (Samira Kashogui) y meses después contrajo matrimonio con María Fernández-Longoria, una de las hijas del embajador en Egipto entre 1985 y 1990 (Carlos Fernández-Longoria Pavía). Otras dos hijas del diplomático también han sido a veces noticia: Beba fue durante muchos años la secretaria de Enrique Sarasola, todopoderoso amigo de Felipe González cuando estaba en la Moncloa, mientras que Cristina se casó con el empresario Adrián de la Joya, ahora imputado en el caso Villarejo.

El triunfo de Aznar demostró la capacidad de El Assir para entenderse con el poder, más allá del signo ideológico, hasta el punto de que en septiembre de 2002 fue uno de los asistentes a la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag en El Escorial. Y pocos meses después, en mayo de 2004, acudió al enlace real entre Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, invitado por el entonces rey Juan Carlos I. Y es que El Assir y el monarca eran viejos amigos y compañeros habituales de cacerías. Unas andanzas con impacto internacional. Cuando El Assir fue acusado de generar un agujero de 42 millones en el banco portugués BPN, uno de sus supuestos compinches, el exministro luso Manuel Dias Loureiro, aseguró que su relación con el traficante de armas le había permitido entablar amistad con el rey de España: “Fui no menos de seis veces a cazar con Don Juan Carlos en la finca de El Assir”.

Además de darle a la escopeta junto a Juan Carlos I, el traficante de armas se dedicaba en aquellos años a otra actividad que terminó generándole problemas con la Justicia: estafar (presuntamente) a Hacienda. La Fiscalía sostiene que defraudó 14,7 millones en 2002 y 2003 y pide para él ocho años de cárcel por delito fiscal. Tras dejar plantados varias veces a los tribunales, la Audiencia de Madrid dictó en marzo de 2019 una orden de captura internacional. Pero El Assir, que oficialmente reside desde hace más de una década en Suiza, está en paradero desconocido.

España no es el único país que le busca. Un tribunal francés condenó en junio de 2020 a seis personas a penas de cárcel por un caso de corrupción relacionado con la venta de armas en los años noventa a Pakistán, un escándalo conocido como Karachigate. Parte del dinero cobrado en comisiones por la venta de submarinos terminó financiando la candidatura a la Presidencia gala del entonces primer ministro, Édouard Balladur. Pues bien, uno de los condenados en rebeldía a cinco años de prisión es El Assir. Y hasta la Justicia suiza le busca, en concreto la del cantón de Berna, ya que entre 2006 y 2013 no pagó ni un céntimo en impuestos, de forma que las autoridades tributarias le reclaman 2,55 millones de francos suizos.

Entre órdenes de detención y condenas en rebeldía, El Assir tuvo tiempo para ordenar a sus apoderados que cumpliesen con la nueva normativa del Registro de Luxemburgo que estableció en 2019 la obligación de identificar quién es el beneficiario último de las empresas domiciliadas en el país. Y así fue como el 25 de noviembre de 2019 aseguró controlar el 75% de Wheelerdale Corporation Sàrl.

Lo cierto es que Wheelerdale es la matriz de un importante grupo empresarial. Su filial en Holanda, G.I International Holdings Amsterdam BV, declaró en 2015 que su cifra de negocios había ascendido a 200,4 millones de euros. Desde aquel año no ha vuelto a presentar sus cuentas en el Registro Mercantil holandés. En marzo de 2018, fue designado como director de la compañía Hugo Linares, yerno del traficante de armas.

Esa sociedad holandesa tenía entonces el control accionarial de una empresa estadounidense dedicada al sector energético, Gulf Interstate Engineering Co., con sede en la localidad texana de Houston. Hace dos décadas, El Assir ya figuraba como director de la compañía. En 2021, en el equipo de dirección ya consta su hija Alia María El Assir Fernández-Longoria, la esposa de Hugo Linares.

La boda entre María y Hugo en la localidad suiza de Gstaad, en 2016, fue probablemente el último gran acto social de El Assir. Duró tres días y el mercader de armas fletó un avión privado para los invitados españoles, entre los que estaba el matrimonio Agag-Aznar, Tamara Falcó o Ana Boyer.

La Fiscalía Anticorrupción no desvela en su escrito cuál era el contenido de los correos entre Rodrigo Rago y Hugo Linares o Rabih El Assir, más allá de indicar que hablaban sobre Wheelerdale y su filial holandesa. Rato está condenado a cuatro años y medio de cárcel por apropiación indebida en el caso de las conocidas como tarjetas black, salió absuelto del juicio por la salida a Bolsa de Bankia y le espera el banquillo en la causa que lleva su nombre por esconder a Hacienda un enorme patrimonio de origen supuestamente ilícito. Pero el capítulo de conexiones con traficantes de armas estaba de momento inédito. Las pruebas documentales de las que habla Anticorrupción sugieren que hay evidencias suficientes para empezar a redactarlo, a pesar de que la Fiscalía no mencione en su escrito que Abdul Rahman El Assir se declara dueño de la empresa en Luxemburgo con 77 millones que el ministerio público atribuye a Rato.

1.558. Esa es la cifra de personas vinculadas con España que controlan sociedades registradas en Luxemburgo, país que gracias a sus ventajas fiscales y su opacidad se ha convertido en uno de los destinos favoritos para las inversiones de multimillonarios de todo el mundo, pero también para el dinero sucio de miembros de organizaciones criminales o de políticos y funcionarios corruptos. La identidad de esas 1.558 personas ha quedado desvelada ahora gracias al proyecto OpenLux, impulsado por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que han elegido a infoLibre como medio colaborador en España.

Luxemburgo estableció en 2019 lo que se conoce como Registro de Titularidades Reales, cuyo acceso es libre y gratuito, pero que tiene una laguna fundamental: solo permite realizar búsquedas por el nombre de una empresa, pero no por el nombre de una persona física. Ello dificulta enormemente cualquier investigación periodística.

Sin embargo, Le Monde consiguió extraer del sitio web del Registro 3,3 millones de documentos de las más de 124.000 empresas operativas en Luxemburgo en 2020, incluidos los que aportan información sobre los verdaderos dueños de cada sociedad. El periódico francés compartió esos documentos con el OCCRP, cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta. OCCRP facilitó posteriormente el acceso a la base de datos a una docena de medios de todo el mundo [puedes consultar aquí una información con las preguntas y respuestas clave sobre OpenLux].

¿Quién está en Luxemburgo?

infoLibre publicará una serie de reportajes en los dos próximos meses con las informaciones más relevantes obtenidas tras investigar quiénes son y qué sociedades tienen las 1.558 personas vinculadas con España. La mayoría son ciudadanos españoles, aunque en la base de datos también figuran extranjeros que residen en España o que ocupan cargos en sociedades domiciliadas aquí.

Decenas de empresarios que figuran en la lista de los más ricos de España controlan en el Gran Ducado sociedades que en conjunto disponen de miles de millones de euros en activos. Pero también hay personas implicadas en grandes escándalos de corrupción. De hecho, en la primera entrega de la serie, se desvelan la conexiones entre Rodrigo Rato y el famoso traficante de armas Abdul Rahman El Assir en una sociedad luxemburguesa denominada Wheelerdale Corporation Sàrl, con unos activos de 77 millones de euros, que la Fiscalía Anticorrupción española vincula al patrimonio oculto en el extranjero del exvicepresidente del PP.

Esas 1.558 personas se pueden clasificar en tres grandes grupos.

En el primero están los nombres conocidos, personajes públicos que son los que tienen interés informativo y que centrarán los reportajes de este periódico.

En el segundo se encuentran ejecutivos del sector financiero, especialmente de fondos de inversión y sociedades gestoras de patrimonio. Muchas de estas compañías, aunque tengan su sede en España, montan empresas en Luxemburgo para gestionar desde allí las inversiones de sus clientes.

En el tercero figuran personas sin proyección pública o españoles que residen en el Gran Ducado, y que tienen allí un negocio o pertenecen a la directiva de una asociación o al patronato de una fundación.

Las razones que atraen al capital

Luxemburgo es un pequeño país de poco más de 2.500 kilómetros cuadrados –la mitad de la provincia de La Rioja–, que se ha convertido en el segundo destino más importante del mundo para el capital extranjero. En diciembre de 2019, se acumulaban en el Gran Ducado 5,06 billones de dólares en inversiones de cartera, más que en Japón, Alemania o Reino Unido. Y estaban registradas allí 124.045 empresas, un 90% de ellas controladas por no luxemburgueses. Al menos 266 miembros de la lista de multimillonarios de Forbes tienen sociedades en el país (ninguno de ellos es autóctono). Alrededor del 40% de las compañías se crearon simplemente para conservar activos, sin generar ninguna otra actividad económica.

Hay dos grandes razones que explican estos datos: las ventajas fiscales y la opacidad que Luxemburgo proporciona a las empresas.

Los activistas en temas de transparencia lo consideran uno de los sistemas financieros más opacos del mundo, y durante años ha sido un semiparaíso fiscal, acusado de formar parte de un "eje de evasión fiscal" en Europa. Todo ello, combinado con la estabilidad derivada de estar en el corazón de la Unión Europea, convierte al Gran Ducado en un imán para los inversores de todo el mundo.

Los extranjeros que abren empresas en Luxemburgo suelen buscar "desconectarse de sus propiedades", explica al OCCRP Gabriel Zucman, profesor asociado de la Universidad de California en Berkeley especializado en el estudio de los paraísos fiscales. "Ese es el servicio clave que presta este segmento de la industria financiera: desconectar a la gente de sus activos, crear opacidad financiera, dificultar la investigación de las autoridades en casos de corrupción, fraude o evasión fiscal", señala.

Zucman también destaca una ventaja de Luxemburgo frente a otros territorios fiscalmente opacos: la amplitud de los servicios financieros que presta. Las Islas Vírgenes Británicas o Panamá son lugares donde es posible crear empresas ficticias de forma rápida y barata, Suiza está especializada en la gestión de patrimonios privados almacenados en cuentas bancarias offshore y las Islas Caimán son las preferidas para constituir fondos de inversión. "Luxemburgo está presente y activo en todos estos ámbitos: desplazamiento de beneficios por parte de empresas multinacionales, constitución de fondos de inversión, gestión de patrimonios privados, creación de empresas ficticias, etc. Eso es lo que hace que Luxemburgo sea único", sostiene este investigador.

¿Para qué se utilizan las sociedades?

Muchas empresas luxemburguesas cumplen plenamente la ley y existen por razones legítimas. Sin embargo, otras son propiedad de personas con exposición política, funcionarios corruptos e incluso grupos criminales organizados.

Pero, ¿para qué se utilizan las empresas de Luxemburgo? El OCCRP y sus socios analizaron la actividad de las empresas de personas políticamente expuestas o con antecedentes penales y descubrieron dos grandes pautas.

La primera es el uso de Luxemburgo como puerta de entrada en la UE de activos que se habían mantenido en paraísos fiscales más tradicionales, a menudo en el Caribe. "Luxemburgo tiene una importante función de conexión de las empresas no europeas con los mercados europeos", indica al OCCRP Markus Meinzer, investigador de Tax Justice Network. "Los inversores extracomunitarios pueden invertir dinero sucio en la UE a través de Luxemburgo, libre de impuestos, de forma oculta".

Un porcentaje sorprendente de empresas registradas en Luxemburgo son filiales de otras compañías con sede en paraísos fiscales: las Islas Caimán ocupa el sexto lugar en la lista de países cuyas empresas tienen filiales en Luxemburgo, las Islas Vírgenes Británicas el 10º, Panamá el 16º y Chipre el 17º.

Un ejemplo lo constituyen los llamados bolichicos –un grupo de empresarios que se enriquecieron gracias a contratos con el Gobierno venezolano–, que supuestamente transfirieron activos multimillonarios desde Barbados a Luxemburgo. Posteriormente, sociedades luxemburguesas de los bolichicos movieron grandes cantidades de dinero, ya sea en forma de inversión o de préstamos a otras compañías, con destino a España y a Gibraltar.

La segunda gran pauta es constituir una sociedad en Luxemburgo para invertir en bienes inmuebles en otros países, especialmente en Francia. Esto se hace en parte para mantener el secreto y en parte para minimizar los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria en otros países europeos, que pueden tener enormes diferencias fiscales con Luxemburgo.

Los ejemplos descubiertos por el OCCRP son múltiples. La familia de Oleg Toni, jefe adjunto de la compañía ferroviaria estatal rusa, controla un imperio inmobiliario en toda Europa a través de empresas luxemburguesas. Mohamed Najib Mikati, ex primer ministro libanés, implicado en varios casos de corrupción, es beneficiario de varias sociedades luxemburguesas cuyo único objetivo es poseer bienes inmuebles en Francia. Sukanto Tanoto, un magnate indonesio que ha sido calificado como el principal impulsor de la deforestación en el mundo y está acusado de fraude fiscal, compró en secreto un edificio histórico en Múnich por casi 350 millones de euros a través de una empresa registrada en Luxemburgo.

Las lagunas del Registro de Titularidades Reales

En 2019, para cumplir con la V Directiva Antiblanqueo de la UE, Luxemburgo creó el denominado Registro de Titularidades Reales, que exigía a las 124.045 empresas registradas allí identificar a sus beneficiarios últimos; es decir, a las personas físicas que controlan realmente una compañía.

Luxemburgo fue uno de los primeros países de Europa en establecer ese registro público y los defensores de la lucha contra la corrupción lo consideran un gran paso adelante. Sin embargo, tal y como se ha implementado, la base de datos tiene al menos tres limitaciones importantes.

La principal es que sólo se pueden realizar búsquedas por el nombre de la empresa o por el número de identificación de la sociedad, pero no por el nombre de una persona física. Ello complica enormemente cualquier investigación ya que para saber si una persona concreta tiene sociedades en Luxemburgo es necesario previamente conocer cómo se llama dicha compañía.

Un segundo problema es que la base de datos está incompleta. En buena medida ello se debe a que sólo existe la obligación de identificar a una persona física como beneficiario último cuando controla al menos el 25% de la empresa. Si nadie llega a ese umbral, en el Registro de Titularidades Reales figuran los administradores de la compañía, algo que es un agujero evidente puesto que no siempre coinciden éstos con los beneficiarios últimos.

Transparencia Internacional sostiene que este tema es especialmente crítico en Luxemburgo debido al gran número de fondos de inversión existentes en el país. El concepto básico de un fondo de inversión es que los individuos que invierten en él, y se benefician financieramente, no son los mismos que quienes controlan el fondo y toman las decisiones sobre las inversiones. Como resultado, "los delincuentes pueden estratificar o integrar las ganancias del delito invirtiendo dinero sucio en diferentes fondos de inversión, permaneciendo en el anonimato mientras su inversión esté por debajo del umbral de notificación".

Según el análisis realizado por Le Monde de los datos del Registro, un año después de su creación sólo el 52% de las empresas ha declarado quién es su verdadero propietario (las autoridades luxemburguesas niegan esta cifra y afirman que la real es del 88%). Lo cierto es que unas 40.000 sociedades no están obligadas a hacerlo, ya que nadie posee más del 25% de la compañía, mientras que otras 26.000 están incumpliendo la obligación legal de facilitar al Registro el nombre de su beneficiario último.

Le Monde y el OCCRP también identificaron decenas de casos donde los titulares reales declarados eran niños, personas fallecidas o testaferros evidentes.

Quizá el ejemplo más flagrante de esto último sea el de Prestigestate, la empresa propietaria de la casa más cara del mundo: Château Louis XIV. Con una extensión de 50.000 acres en las afueras de París y construida con materiales lujosos para evocar un Versalles de los últimos tiempos, la finca de 300 millones de dólares fue noticia en todo el mundo cuando se terminó de construir en 2011. Entre sus instalaciones se encuentran una sala de meditación bajo el agua y un club nocturno con obras de arte de valor incalculable. El castillo es formalmente propiedad de una empresa registrada en Luxemburgo cuyo verdadero dueño es el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman. Sin embargo, en el Registro figuran como titulares reales tres saudíes cercanos al príncipe.

Un tercer problema es que Luxemburgo no mantiene ningún registro histórico de los beneficiarios últimos. Cuando una empresa se liquida, la identidad de quienes han sido sus propietarios se elimina de inmediato. "Es una laguna enorme que la información pueda desaparecer de un día para otro", explica Thom Townsend, director ejecutivo de Open Ownership, una ONG británica que aboga por la creación de registros abiertos de beneficiarios últimos. "Desde una perspectiva de investigación, los registros históricos son fundamentales en la cadena de pruebas. Lo que hemos visto en los Papeles de Panamá es que las entidades corruptas cambian de propietario con bastante regularidad, para evitar que una persona sea rastreada", destaca Townsend.

Y cerrar una compañía ya no es algo extraño en Luxemburgo. En 2020, el año siguiente a la puesta en marcha del Registro de Titularidades Reales, aumentó de forma drástica el número de empresas liquidadas. Por primera vez en la historia del país, se eliminaron más sociedades de las que se crearon. Una prueba más de la alergia que tienen a la transparencia muchas de las personas que eligen el Gran Ducado para constituir una compañía.