El mensaje que han transmitido los banqueros centrales reunidos en su cita anual de Jackson Hole (Wyoming, Estados Unidos) no ha sorprendido a nadie: los tipos de interés se mantendrán e incluso seguirán subiendo durante el tiempo que haga falta, porque el objetivo que tienen encomendado, contener la inflación, no se ha alcanzado aún. En septiembre, el BCE tendrá que decidir cómo de contundente será la próxima subida. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sólo concedió que Estados Unidos procederá “con cautela [carefully]”.

En Estados Unidos, los tipos de interés están en el 5,5%, los más altos de los últimos 22 años. En la zona euro, en el 4,25%, récord desde 2008. El efecto inevitable de un dinero tan caro es la ralentización económica, cuando no la recesión. Y ése es el riesgo que corren los bancos centrales: pasarse de frenada y ahogar la actividad económica en su afán por contener los precios. De momento, lo que parece claro es que, independientemente de la intensidad de las próximas subidas, los tipos de interés en máximos se van a mantener en el tiempo. Por lo menos hasta mediados de 2024, como prevé Raymond Torres, analista de Funcas, el centro de estudios de las cajas de ahorro, o incluso hasta finales de ese año, según adelanta María Romero, socia directora de Economía de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI).

No obstante, España parece afrontar la amenaza sobre su crecimiento económico mejor pertrechada que sus vecinos europeos. Sorprendentemente: “En otras crisis hemos sido los más afectados, ahora se está invirtiendo la lógica y no nos está yendo tan mal como a otros”, resume Torres. La inflación española sigue siendo de las más bajas de la zona euro –el IPC armonizado se situó en el 2,1% en julio–; sólo en Bélgica –1,7%– y Luxemburgo –2%– es menor. Mientras que en Alemania aún se mantiene en el 6,5%, en Italia en el 6,3%, en Francia en el 5,1% o en Países Bajos en el 5,3%. La inflación en Reino Unido es incluso superior: un 6,8%.

También el crecimiento del PIB español se sostiene, pese a la desaceleración que está sufriendo este año. En el segundo trimestre, la tasa interanual alcanzó el 1,8% en España, mientras que la de Alemania se contrajo una décima tras entrar en recesión técnica –dos trimestres seguidos con tasas negativas, -0,5% y -0,3%, y terminar plano el último–. Además, el tercer trimestre “pinta feo” para la economía alemana, advierte María Romero. En lo que es un estupendo resumen de los efectos que una subida de tipos produce en la economía de un país, el Bundesbank avisó hace sólo unos días de la “fase de debilidad” que atraviesa el que hasta ahora ha funcionado como motor de la economía europea. “Se espera que la producción industrial se estanque en el tercer trimestre”, adelanta en su último informe mensual, una flaqueza que puede terminar trasladándose al crecimiento económico nacional. Aunque el consumo privado sostiene la economía, explica el banco central alemán, la débil demanda exterior y el aumento de los costes de financiación –consecuencia del alza de los tipos de interés– están deprimiendo la demanda de la construcción y las inversiones, además de frenar la concesión de préstamos, sobre todo de hipotecas, y de créditos a las empresas.

Los números no son mucho mejores en Reino Unido, donde el PIB no creció más que el 0,4%% interanual, mientras que en Francia se quedó en el 0,9%. Sólo Italia supera a España, y sólo por una décima. El enfriamiento de la economía mundial es, pues, un hecho, del que la OCDE culpa a la inflación, la guerra de Ucrania y las tensiones geopolíticas en Asia. En el segundo trimestre, los 38 países que integran la organización han crecido de media sólo cuatro décimas, una menos que en el primero.

En todo caso, las previsiones económicas para España son más optimistas que para sus vecinos. Según los cálculos de AFI, la economía nacional terminará este año con un crecimiento medio anual del 2,2%, pese a la evidente ralentización respecto a 2022, cuando acabó con una tasa del 5,5%. La misma cifra apunta Funcas. Para Alemania, en cambio, el ejercicio terminará con un alza del PIB de sólo dos décimas y Reino Unido puede que se contraiga en esa misma medida. Francia e Italia estarán por debajo del crecimiento español –0,7% y 1,2%–. Para 2024, AFI prevé que España mejore su PIB un 1,6%; Funcas calcula un 2%. Ese porcentaje dobla la previsión para el Reino Unido y supera la del resto de los grandes de la UE.

Y es que, con lo que ha crecido España el año pasado y los dos primeros trimestres de este ejercicio, el freno que muy posiblemente sufrirá en este tercer trimestre, y quién sabe si en el cuarto, quedarán amortiguados. En ese pronóstico coincide María Romero con el economista Javier Santacruz, quien atribuye a los “ingresos disparados” del turismo en los tres primeros meses de 2023 el papel de “salvavidas” del PIB. También las exportaciones agroalimentarias, con precios galácticos, sostendrán parte del crecimiento económico español en los próximos trimestres, augura Santacruz.

Torres considera que, si España está “aguantando mejor” que otros países el embate de los altos tipos de interés es por el consumo, aupado por una recuperación parcial de poder adquisitivo que se está gastando en servicios antes que en bienes industriales y por la competitividad de las exportaciones; también por una “desinflación más pronunciada” que en otros países.

Esa inflación, por cierto, experimentará un cierto repunte en lo que queda de año, una vez se acabe el efecto base de las elevadas tasas de 2022, por lo que puede terminar hasta en el 4,1% si Funcas acierta en sus cálculos. Aun así, el IPC español será todavía inferior a la inflación prevista para Alemania –6,8%–, Reino Unido –6,7%–, Italia –6,1%– y Francia –5,5%–. Se trata de unas tasas aún muy por encima del objetivo declarado por el BCE del 2%, por tanto. Sin embargo, Javier Santacruz cree que la de septiembre será la última subida de tipos que aprobará Christine Lagarde, y que no superará los 0,25 puntos. “Sólo si el BCE advierte un riesgo de que en las grandes economías la recesión técnica se convierta en una recesión profunda, optará por prolongar las subidas de tipos”, añade. “Ahora ya nos parece aceptable implícitamente que la inflación esté en el 4% o 5%”, esgrime como motivo. En esa proporción han crecido, de hecho, los salarios, y si los márgenes empresariales les imitan, “ese nivel de inflación no es preocupante, se ve como aceptable”.

Raymond Torres, por su parte, espera en que los tipos no suban más desde mediados de 2024, porque cree que ya están cerca de provocar una recesión en Europa. “Dependiendo de cómo se comporten los salarios y los márgenes empresariales entonces, se podría iniciar una senda de normalización”, aventura.

No obstante, y al contrario de unos servicios que siguen en buena forma, la industria española sí que se está resintiendo. No creció en el segundo trimestre del año mientras perdía 64.500 empleos. La cartera de pedidos se hundió un 9,7% en julio. El PMI (Índice de Gestores de Compras), que permite anticipar el comportamiento de la industria midiendo pedidos y precios y empleo, lleva tres meses de caídas. El indicador de confianza industrial se redujo un 9,6% en julio. El contagio del constipado de la economía alemana, que atraviesa una reestructuración de su sistema productivo, apunta Raymond Torres, tiene mucho que ver con estos malos datos.

También el sector inmobiliario, especialmente sensible a los tipos de interés, está notando las subidas, pero María Romero cree que el suyo es un comportamiento “previsible” y mejor que el que está teniendo en otros países europeos, por lo que AFI no espera un “ajuste brutal en las transacciones”.

Otro de los temores largamente mencionados a propósito de la inflación y de las medidas para atajarla es el bucle entre precios y salarios, los conocidos como efectos de segunda ronda. El pasado mayo sindicatos y patronal firmaron finalmente el acuerdo marco de salarios hasta 2025, con una subida del 4% para este año y del 3% para los dos siguientes. Un alza que ha llegado con retraso respecto del aumento de los precios. “En 2022 fueron los trabajadores quienes más se apretaron el cinturón, mientras los márgenes empresariales mejoraron más”, describe María Romero, primero los de la industria y más tarde los del turismo.

Según señala el Banco de España en un artículo publicado este mismo lunes, el año pasado las empresas hicieron un traslado “prácticamente completo” a los precios de venta de sus mayores costes de producción por el encarecimiento de la energía. Tanto respecto a 2021 como a 2019, antes de la pandemia. En concreto, las empresas del sector eléctrico, gas y refino de petróleo subieron los precios de venta más que sus costes unitarios. Lo mismo ocurrió con el sector del transporte y la hostelería, pero sólo en comparación con 2021, gracias a la fuerte recuperación de la demanda en ambos sectores tras el fin de las restricciones del covid. Con respecto a 2019, tanto el comercio mayorista como la construcción aumentaron sus precios más de lo que habían crecido sus costes.

Pero este año los márgenes de las empresas han empezado ya a ajustarse, tal y como se revela en la Contabilidad Nacional, precisa María Romero, quien cree que el riesgo de entrar en una inflación de segunda ronda está “acotado” tras la firma del acuerdo marco de salarios.

Raymond Torres advierte de que el BCE estará atento al mercado laboral en Alemania para decidir qué hace con los tipos de interés. Los salarios de los trabajadores alemanes crecieron un 6,6% en el segundo trimestre de 2023 –la inflación está en el 6,5%–, lo que supone el mayor aumento en un trimestre desde 2008, según la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Otro elemento que presiona en contra de la crisis de precios es la persistente inflación de los alimentos. Al aumento de los costes que sufrieron las explotaciones agrícolas y ganaderas por culpa de la carestía energética y de los fertilizantes, se le ha unido este año la sequía. “En realidad, llevamos tres años de malas cosechas”, tercia Javier Santacruz, en un sector caracterizado precisamente por sus precios volátiles, como recuerda Raymond Torres. En julio, la inflación de los alimentos alcanzaba el 10,8%, cinco décimas más que el mes anterior. No obstante, María Romero asegura que, aunque al precio de los alimentos le costará moderarse, “en el agregado ya se encuentran a la baja”, por lo que piensa que es sólo “cuestión de tiempo que esa reducción se refleje en la cesta de la compra”.

En palabras de la analista de AFI, lo que la economía mundial está viviendo, empujada no sólo por la subida de los tipos de interés, sino también por la guerra y las crisis geopolíticas, es un “enfriamiento natural”, en principio, por tanto, el objetivo de las medidas adoptadas por los bancos centrales. “No contemplamos una recesión y, si la hay, será pequeña y de corta duración”, pronostica. 

La primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 11 años, el pasado mes de julio, puso en boca de los analistas la palabra recesión. En septiembre, Estados Unidos la estrenó al encadenar dos trimestres consecutivos con cifras negativas de PIB: su economía se había contraído cinco décimas los primeros seis meses del año. Las bolsas mundiales se teñían de rojo. El encarecimiento de la energía, la inflación rampante y el precio del dinero en máximos desconocidos desde 2008 hacían presagiar tiempos oscuros para la economía mundial.

Así que, cuando en octubre BBVA Research predijo que España acabaría 2022 en recesión y en esa misma tónica empezaría 2023, parecía lógica la confirmación de que la profecía alcanzaba también a la economía española. Entonces el centro de estudios del segundo banco español preveía que el PIB español iba a caer un 0,3% en el cuarto trimestre y otro tanto en el primero del año que recién comienza. Lo que los economistas llaman “recesión técnica”. Eso sí, subrayaba que sería la más corta de los últimos 30 o 40 años. En cualquier caso, pronosticaba un crecimiento del PIB para todo el ejercicio que subía hasta el 4,4%, tres décimas más que en su anterior previsión, pero bajaba el de 2023 al 1%.

Poco después le acompañó en sus anuncios de “posible decrecimiento del PIB” Funcas, el centro de estudios de las cajas de ahorro. En concreto, auguraba una caída de la economía del 0,4% en el cuarto trimestre de 2022 y otro tanto en el primero de 2023. Unos días más tarde fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a través de su presidenta, Cristina Herrero, la que no descartaba la recesión técnica, puesto que vaticinaba un retroceso del PIB del 0,2% o el 0,3% tanto en el cuarto trimestre de 2022 como en los tres primeros meses del nuevo año. Y como el deterioro del resto de los países europeos estaba siendo muy intenso, la AIReF no excluía una nueva revisión al alza de esas caídas de actividad. A las predicciones negativas se terminó sumando el banco británico Barclays, que avanzó una caída del PIB mucho mayor, del 1%, en el fin del año e incluso del 2,3% en el primer trimestre de 2023 y de un 1,3% en el segundo. De forma que España sólo remontaría a partir del verano y gracias al turismo.

Fue en noviembre también cuando la Comisión Europea calculó que toda la UE entraría en recesión técnica con una caída del PIB de cinco décimas antes de acabar 2022 y de otra décima más en el inicio de este año. Lo mismo predecía para la zona euro. Aunque dejaba fuera de la recesión a España, con una contracción del PIB del 0,3% de octubre a diciembre, pero con un primer trimestre de 2023 al 0%. En la misma línea se había pronunciado el BCE ya en octubre, cuando su jefe de Riesgos, Fernando Monar, advirtió del carácter “inevitable” de la recesión técnica en toda la eurozona, aunque “temporal” y no muy profunda. “No es descartable que la eurozona entre en recesión técnica en los próximos trimestres”, corroboró su vicepresidente, Luis de Guindos, “pero esta situación no supondría una recesión excesivamente intensa”.

Por su parte, el Banco de España nadaba y guarda la ropa: excluía la recesión “en su escenario central”, pero advertía de que habían aumentado las probabilidades de que la hubiera. Y revisaba sus previsiones de crecimiento económico para 2023, del 2,8% al 1,4%, por culpa de una inflación “más alta y persistente de lo esperado”.

El ánimo de las empresas reflejaba el mismo pesimismo. Al menos a tenor de las encuestas realizadas por KPMG y PwC esos mismos meses a altos ejecutivos, que veían en el horizonte una recesión, aunque “suave y breve” e incluso temían un comienzo de 2023 peor que el final de 2022.

Por entonces, la realidad de los números había devuelto el crecimiento a la economía de Estados Unidos, con un alza del PIB del 0,6%, pero las de Reino Unido y Países Bajos perdían un 0,2% y la de Bélgica un 0,1%. En el tercer trimestre también cayeron los PIB de Letonia, Eslovenia, Hungría, Chequia y Finlandia. Alemania creció tres décimas, Francia dos e Italia cinco. La economía de la Unión Europea mejoró sólo un 0,2%, la peor cifra desde el primer trimestre de 2021.

Entre julio y septiembre España apenas creció una décima, tras un segundo trimestre con una subida del 2%, pero revisó el comportamiento del PIB en tasa interanual y aumentándolo hasta el 4,4%, seis décimas. La bajada del precio del gas y el petróleo, un mercado de trabajo que resiste, a diferencia de crisis anteriores, y una inflación que va conteniéndose gracias a las caídas de los carburantes y la electricidad han impedido el desastre que se auguraba. “Se acabará el año mejor de lo que pensábamos porque la economía europea y la española han demostrado que son más resilientes de lo que esperábamos”, reconoció el pasado 20 de diciembre en una entrevista en Radio Euskadi el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Domenech.

Para entonces, el centro de estudios del banco ya había revisado su pronóstico: el PIB quedará estancado en el cuatro trimestre o igualará el crecimiento del tercero. Además, subió el de todo el año al 4,6%. También el de 2023, hasta el 1,2%. Aun así, insiste el BBVA en que no puede descartarse por completo que la economía caiga en tasas negativas en 2023, arrastrada por la recesión en la zona euro y el agotamiento de la recuperación del turismo, mientras la subida de precios impacta en el consumo, se sigue desacelerando la creación de empleo y aumentan los tipos de interés. Pero de nuevo con matices. “A eso no le llamaríamos recesión”, apuntaba Domenech en esa entrevista, “porque el escenario base es de crecimiento económico, ligera creación de empleo y mantenimiento de la tasa de paro”. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, repitió la predicción al comparecer en la Comisión de Presupuestos del Senado: el PIB en el cuarto trimestre puede experimentar un “leve crecimiento”, similar al del tercero. En consecuencia, el organismo supervisor aumenta su previsión de mejora del PIB para este año hasta el 4,6% “debido a un avance más intenso de lo esperado en la segunda mitad del año”, pero aun así recorta las de 2023 hasta el 1,3%, por el “empeoramiento del contexto exterior”.

En esas cifras se sitúan ahora la mayoría de las instituciones y analistas: un 4,5% de crecimiento para 2022 y un 1,1% para 2023.

No obstante, hubo muchos que fueron más optimistas. El Banco Sabadell rechazaba que España fuera a caer en recesión “ni este año [2022] ni en 2023”, según rebatió su consejero delegado, César González-Bueno. O Caixabank, que, si bien previó una “ligera” contracción en el cuarto trimestre de 2022, auguraba un primer trimestre de 2023 plano. Estancamiento sí, recesión no. También Mapfre Economics, Goldman Sachs, Deutsche Bank y S&P Global salvaban a España de la recesión que sí adivinan para el resto de la eurozona, con cifras negativas de PIB para este año. La confianza de los consumidores en España no ha caído tanto como en el resto de la UE, los fondos europeos deben sostener el repunte de 2023 y la economía nacional está menos expuesta a la crisis de la energía que Alemania o Italia, recuerdan. Todos ellos se situaron en octubre en sintonía con las previsiones del FMI, que citaba España como uno de los países que esquivarán la recesión en 2023 gracias a un crecimiento “fuerte”. Casi el doble que Francia y lejos de la recesión que vaticina para las economías alemana e italiana. El BCE, ya en diciembre, elevó su previsión para la zona euro hasta el 3,4% en 2022, al tiempo que la redujo a sólo el 0,5% para este año. “Los niveles de incertidumbre siguen en niveles muy elevados”, resumió su director general de Economía, Óscar Arce. 

La inflación termina el año en el 5,8%, tras una desescalada desde el 10,8% histórico en que se encaramaron los precios en julio. Es el IPC más bajo de la Unión Europea, a falta aún de que publiquen sus respectivos índices de diciembre el resto de los países miembros –sólo Portugal lo ha hecho ya: un 9,6%–. Pero ya lo era en noviembre, cuando estaba en el 6,8%. La media europea se sitúa en el 11,1%, que superan Italia –12,6%– Alemania y Países Bajos –11,3%– y roza Bélgica –10,5%–. Estados Unidos y Francia llegan al 7,1%, mientras que el Reino Unido está en el 10,7%.

Sin embargo, la frenada que ha pegado el índice general viene acompañada de una mala señal, el repunte de la inflación subyacente, la que excluye tanto los alimentos como la energía –los componentes más volátiles–, que sube hasta el 6,9%. Por tanto, supera por primera vez desde febrero de 2021 el IPC general. Sólo que entonces la brecha era de sólo tres décimas y el índice general dormía en el cero.

La bajada de la inflación en la segunda parte del año se explica por los precios de la electricidad, que no han dejado de moderarse en los últimos meses, y por el descenso de los carburantes. En el primer caso, la luz cayó este sábado hasta los 1,82 euros el megavatio hora, el precio más bajo desde enero de 2021. Basta con recordar que el 8 de marzo el precio había escalado hasta los 544,98 euros para valorar la magnitud de la desescalada. La guerra en Ucrania había estallado apenas dos semanas antes. El mecanismo ibérico, que topa el gas usado para generar electricidad, es el principal responsable del desplome del precio de la luz en España. Empezó a aplicarse el 15 de junio. Sin él, el megavatio hora costaría hoy 50,53 euros.

Pero durante estos meses también ha caído la demanda de gas natural, un 3,7% comparada con la de 2021, según los datos de Enagás, el gestor del sistema. En realidad, el descenso es mucho mayor, del 21,4%, que es lo que se ha reducido el consumo de hogares, comercios e industrias este año. La diferencia entre ambas cifras se debe al aumento experimentado por el consumo de gas para generar electricidad, en un año marcado también por la sequía, así como por las mayores exportaciones a Francia y Portugal.

La influencia capital de la energía en los precios ha llevado a Funcas, el gabinete de estudios de las cajas de ahorro, a elegir el IPC energético como “dato del año”. Según sus cálculos, ese índice ha aumentado un 28,7% hasta noviembre. Un alza que no se veía desde la crisis del petróleo de los años 70. En marzo, nada más estallar la guerra en Ucrania, el IPC energético se disparó un 61%, para moderarse a partir del otoño. El tope al gas, acompañado de la caída de la demanda y la entrada en el mix de nuevas fuentes de suministro –renovables– son las causas de la frenada.

Por lo que se refiere a los carburantes, la gasolina encadena ya su sexta semana consecutiva de descenso –1,565 euros el litro– mientras que el diésel suma nueve –1,643 euros–, según el Boletín Petrolero de la UE. Los precios han retrocedido al nivel previo a la invasión rusa de Ucrania y se encuentran lejos de los máximos de este verano: 2,141 euros la gasolina y 2,1 euros el diésel.

Aun así, sólo el IPC energético explica casi el 41% de la inflación total de 2022, subraya Funcas. Y pese al alivio que proporcionan estas bajadas de precios al bolsillo del consumidor, y de las empresas, el Banco de España alerta de que ha crecido el contagio de los precios energéticos al resto de la cesta de consumo y subraya el riesgo para 2023 de ese mayor impacto.

De hecho, el comportamiento de la inflación el próximo año dependerá no sólo de los precios de la energía, sino también del índice subyacente –los componentes contagiados de los que habla el Banco de España: 100 de los 192 productos que componen el IPC han subido por encima del 6%– y de los alimentos, que hasta noviembre se encarecieron un 15,3%. La carne de pollo, un 14,4%. La cerveza, un 10,2%. El aceite de oliva, un 24,8%. La harina, aún más: un 34,7%. La leche es un 29,6% más cara. Los huevos, un 26,1%.

El precio de los fertilizantes, que han subido un 54% por culpa de la guerra en Ucrania, de las semillas –un 30% más caras–, además del gasóleo, se suma a la sequía para explicar buena parte del alza de los alimentos. Factores a los que hay que sumar los márgenes aplicados por la distribución. Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que engloba a las mayores marcas, como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, el aumento de los precios de la distribución ha subido un 7% este año, por debajo del 12,6% que atribuyen a la industria, por ejemplo. No obstante, el Banco de España destaca el creciente aumento de márgenes sobre ventas en el comercio y la hostelería, que partían en desventaja tras sufrir más las restricciones de la pandemia.

Sea como fuere, la inflación se ha comido ya los ahorros acumulados durante el año largo de coronavirus. Según los más recientes datos del INE, la tasa de ahorro de los hogares españoles es un 3,2% inferior a la de hace un año, cuando aún creció un 6,4% interanual. En el tercer trimestre de este ejercicio, los españoles gastaron 192.034 millones de euros, un 12% más que un año antes, mientras que su renta disponible bruta mejoró sólo un 1,6%. También se redujo su inversión, un 2,9%. En consecuencia, acudieron a financiarse por importe de 19.453 millones, la mayor cuantía desde 2007, lo que multiplica nada menos que por 20 la cifra del año pasado, 954 millones de euros.

Ese dato se explica también por la cicatera subida de los salarios. Los aumentos firmados en convenios se han quedado en una media del 2,69%, menos de la mitad en que ha terminado la inflación, pero a enorme distancia del máximo anual, ese 10,8% de julio. Los sindicatos no cesan de reclamar que se mejoren los sueldos para evitar la ya inevitable pérdida de poder adquisitivo sufrida por los trabajadores, así como el alza del salario mínimo, que se actualizará el próximo enero en una cuantía aún desconocida. La patronal, en cambio, ofrece subida pero siempre por debajo de la inflación. Para el SMI accede hasta el 4%. Para el acuerdo de negociación colectiva general, rechaza la inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen subidas iguales al IPC.

¿Cómo se comportará la inflación el año próximo: seguirá la misma tendencia que los últimos seis meses o son esperables nuevos sustos –resurge el covid en China, la guerra se alarga…–? “Lo que pase con el IPC dependerá de la persistencia del tirón de los alimentos y, sobre todo, del comportamiento de la inflación subyacente; es decir, de los llamados efectos de segunda ronda”, avanza el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, preguntado por Europa Press. Esos temidos efectos, que la subida de precios empuje a subidas de salarios y éstas retroalimenten los precios, no se están produciendo de momento, según reconoce el Banco de España. Pero la escalada de la inflación subyacente no es un buen presagio. Habrá que ver también cómo funciona la bajada del IVA en los alimentos de primera necesidad que entrará en vigor a partir del 1 de enero. Y cuánto suben los carburantes una vez que se haya retirado la subvención general de los 20 céntimos. Aunque ya algunas grandes petroleras –Repsol, Cepsa, BP, Shell, DISA– han anunciado que mantendrán sus descuentos hasta marzo.

Además, el BCE seguirá subiendo los tipos de interés –“a un ritmo de 50 puntos básicos durante un periodo de tiempo", ha advertido su presidenta, Christine Lagarde– y parando las compras de deuda. Lo que agranda el fantasma de la recesión que hasta ahora España ha esquivado: la actividad económica y el empleo siguen con el motor en marcha. Raymond Torres, no obstante, apunta la caída del volumen de nuevos préstamos hipotecarios, un 22% en los últimos dos meses, y de los préstamos a empresas, un 17% como síntoma de un posible enfriamiento de la economía.

Las previsiones de los analistas e instituciones económicas para 2023 coinciden en pronosticar que la inflación se mantendrá por encima del 4%. Credit Suisse llega al 4,6%, Bankinter al 4,9%. Funcas se queda en el 4,7%. La Comisión Europea habla del 4,8%, al igual que la OCDE. El Banco de España prevé un 4,9%. Pero es que las avances para la eurozona son peores: una media del 6,3%. También están de acuerdo en vaticinar que España no volverá a índices en torno a la cifra mágica del 2% hasta acabar 2024.

De momento, en enero van a subir un 4% los peajes en 11 autopistas, mientras que quedan congelados los de las ocho rescatadas por el Estado en 2017. También se encarecerá la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas, un 8,67%. Los sellos, un 4%. Movistar aumentará sus cotas un 6,8%, mientras que Vodafone lo hará un 6,5%. Sin olvidar que el euríbor ya está en el 3%, el nivel que no tenía desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria.

Las bolsas no lo dudan. Habrá recesión. Los inversores han empezado a multiplicar las órdenes de venta. El miedo a la inflación se ha convertido en pánico a un desplome de la economía global. Y los analistas llevan tiempo advirtiendo de las señales. Que cada vez parecen más nítidas. Las subidas de tipos de interés tienen esa consecuencia inevitable, asegura el analista financiero Juan Ignacio Crespo. Con ese objetivo las han aprobado tanto la Reserva Federal de EEUU como el Banco de Inglaterra, y las ordenará el próximo día 21 el Banco Central Europeo (BCE): enfriar la economía para bajar la inflación, que se encuentra en niveles desconocidos desde los años 80 a ambos lados del Atlántico.

De hecho, Crespo asegura que Estados Unidos ya se encuentra en recesión, después de un primer trimestre en el que su economía se ha contraído un 0,45% y en el segundo, de acuerdo con las estimaciones del servicio de estudios del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, ha sufrido un retroceso de magnitud similar. Es decir, EEUU cumple ya los requisitos de la definición técnica europea de recesión: dos trimestres consecutivos de caídas del PIB. Es más, el analista avanza que el mundo entró en recesión industrial el pasado marzo, por culpa de las paradas intermitentes de las factorías chinas.

En Alemania las perspectivas tampoco son precisamente halagüeñas. En mayo la gran potencia exportadora europea tuvo el primer déficit comercial en 31 años: compró en el exterior por 900 millones de euros más de los que vendió. Pero si, además, se cortara el suministro de gas ruso este otoño, su poderosa industria tendría que parar. Este lunes se cerrará el gasoducto Nord Stream 1, que abastece de gas ruso a Alemania, para ejecutar unas tareas de mantenimiento habituales que, en condiciones normales, deberían durar sólo 10 días. Pero el temor a que Putin convierta el cierre temporal en algo más que una advertencia existe. “No es algo que debamos descartar al 100%, porque puede producirse una situación de máxima tensión, no ya en otoño, sino en las próximas semanas”, advirtió este viernes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Antena 3.

Ése sería el detonante que encendería la recesión en el resto de la Unión Europea, España incluida. El Banco de España calcula que el corte ruso de suministro energético le costaría a Europa 4,2 puntos de PIB, 600.000 millones de euros. Sólo un poco menos de los 750.000 millones del paquete de estímulo aprobado por Bruselas para recuperar a la UE de la pandemia. Aunque el BCE no incluye la entrada en recesión de la Unión Europea en su escenario central –el más probable– para los próximos meses, su vicepresidente, Luis de Guindos, previene ante una “desaceleración económica importante”, que en Alemania, debido al posible corte del gas ruso, puede conducir a la recesión, y ésta arrastrar al resto de la eurozona, según alertó la semana pasada en una entrevista en la Cope. Sí que aparece la recesión en su escenario adverso, con un embargo total de gas ruso en Europa, en cuyo caso el PIB del bloque caería un 1,7% en 2023.

Así que el estado de ánimo corporativo en Alemania comienza a resentirse. El índice de gestores de compras PMI –que elabora S&P Global a partir de encuestas mensuales a ejecutivos de miles de empresas de 40 países y muestra la evolución de sus pedidos– se situó el pasado junio en 51,3 puntos, 2,4 puntos por debajo de mayo y acercándose peligrosamente a 50, el límite por debajo del cual se revela una contracción económica. Si desciende de 42, hay recesión. En Francia, el PMI está en 52,8 puntos, 4,2 puntos menos que en mayo, el peor resultado desde que comenzó el año.

En España, aún se queda en 53,6 puntos, pero ha caído 2,1 puntos desde mayo. En toda la zona euro, el indicador es de 52 puntos. Según el análisis de S&P Global, el recorte del indicador en España refleja una caída de la demanda y de los pedidos de las empresas, la tercera en los últimos cuatro meses. No sólo los inversores, también las corporaciones, además de pertrecharse frente al alza de sus costes por la inflación, barruntan el parón de la demanda y se preparan.

Lo mismo está ocurriendo con los consumidores. Las encuestas desvelan cómo reducen o planean reducir sus compras en los próximos meses por culpa de los precios. Aún gastarán este verano parte del ahorro embalsado desde la pandemia. Pero en otoño empezarán a cerrar las billeteras. Según el informe de perspectivas del consumidor de Kantar Insights, es la primera vez desde 2012, en plena crisis financiera, en que los ciudadanos que recortan sus compras superan a los que las mantienen. Hay ganas de gastar, pero como los precios son más altos, el INE ha registrado entre enero y marzo de este año la primera tasa de ahorro negativa de los hogares españoles desde 2019. Porque por primera vez desde entonces han gastado más –un 14% más– de lo que han ganado. Es el efecto de la subida desbocada de los precios: este año las familias españolas han recortado su ahorro 1.427 millones de euros, mientras que, en el primer trimestre de 2021, cuando aún salían de la pandemia, habían conseguido guardar en la hucha nada menos que 14.516 millones.

Otro indicador de que la recesión se acerca son los precios de las materias primas, que con la guerra en Ucrania se instalaron en máximos al llegar marzo, pero ahora están cayendo. Los metales industriales pierden un 9,7% en lo que va de año, después de haber ganado un 26% en marzo, mientras que las materias primas agrícolas se recortan un 1%, frente a una subida del 36% cuando empezó la guerra, recuerda Juan Ignacio Crespo. Y el barril de petróleo Brent se situó por debajo de los 100 dólares –99,86– el pasado miércoles, desde los 130 que rozó en marzo. Los precios caen porque también lo ha hecho la demanda; la actividad se enfría. La inflación debería terminar moderándose, por tanto.

Al mismo tiempo, el euro se desploma frente al dólar y ya casi cotizan a la par. Lo que significa que el euro tiene ahora el peor cambio con la divisa estadounidense desde diciembre de 2002, tras acumular una depreciación del 10%. El motivo es el diferencial de los tipos de interés europeos y norteamericanos, explica María Jesús Fernández, analista de Funcas, el servicio de estudios de las cajas de ahorro. De modo que ahora los flujos financieros van hacia Estados Unidos. “Que se debilite el euro es algo que no nos conviene [a los europeos], por el contrario, debería generar confianza para atraer inversiones”, apunta, más allá del abaratamiento de las exportaciones, que favorece una baja cotización de la moneda, y del encarecimiento de las importaciones, sobre todo de las energéticas.

A la luz de todos estos síntomas, Juan Ignacio Crespo no duda en calificar de “horrenda” la coyuntura actual. E incluso se aventura a prever que la recesión global al acecho “durará 15 meses”. Por el contrario, Luciana Taft, consultora de Analistas Financieros (AFI), prefiere hablar de “desaceleración global” aunque también reconoce que han aumentado las probabilidades de que haya una recesión debido a los riesgos energéticos –el corte de suministro ruso a Europa– y las restricciones financieras –las subidas del precio del dinero que aprobará el BCE el día 21–. Pero, precisa, hay razones para pensar que, de producirse, la recesión será “más acotada y suave, más contenida” que en episodios anteriores. Como las crisis de 2008 y 2012.

Funcas pronostica que su escenario central no es de recesión, pero sí de “freno importante al crecimiento” por los dos factores antes citados, aliados con la inflación. Para llegar a una contracción del PIB es necesario que Europa quede desabastecida de gas, haya racionamientos y la industria alemana se paralice. Entonces será “inevitable”, dice María Jesús Fernández, que la recesión alcance a España.

También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) descarta la posibilidad de una recesión en España. Al menos “ahora mismo”, precisó su presidenta, Cristina Herrero, este miércoles. “No en este momento, no para nuestro país”, abundó, “pero hay preocupación sobre qué puede pasar en invierno en la zona euro”, previno Herrero en el Nueva Economía Fórum. Es el mensaje que repiten los ministros del Gobierno. “En el segundo trimestre el crecimiento se ha acelerado, la campaña turística está siendo de récord, en un nivel muy próximo al de 2019, y las previsiones para la segunda mitad del año son de un crecimiento muy intenso, de más del 4%”, elogió la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el pasado jueves. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, definió como “muy baja” la probabilidad de que España entre en recesión debido a la “resiliencia del mercado laboral”, con cifras históricas de afiliación, los fondos europeos y la “holgada” situación financiera de las familias. Lo que no quiere decir, matizó enseguida, que no se vaya a producir una “desaceleración significativa”.

Luciana Taft destaca el “importante blindaje a corto plazo” de que disfruta España de cara al frenazo económico que se avecina. El segundo trimestre, con un turismo de nuevo en máximos de actividad, unas exportaciones también al alza y el aumento del empleo, va a ser “muy bueno”, subraya. La patronal de las empresas turísticas, Exceltur, calcula que el PIB del sector está ya un 1,1% por encima de 2019 y el empleo, un 0,6% mejor. Mientras, el sector secundario todavía funciona a buen ritmo, con una subida del 6,5% del Índice General de Producción Industrial en mayo, 7,1 puntos superior a la de abril y la más alta desde junio de 2021. “Así que el tercer trimestre también aguantará”, continúa. Las dudas asomarán en el cuarto, cuando el deterioro de las rentas de los hogares por culpa de la inflación y la subida de los tipos de interés hagan mella.

Aun así, la analista de AFI cree que España crecerá por lo menos un 4% este año. Conforme discurra el ejercicio, además, deberían dejarse notar ya las ayudas de los millonarios fondos de la UE para la recuperación, cuyo reparto acumula retrasos. España no depende del gas ruso en la medida de otros países europeos, pero si Alemania tose este invierno por falta de suministro, la economía nacional puede terminar acatarrándose con el comienzo de 2023, augura Luciana Taft.

Además, María Jesús Fernández descarta que España ya esté sintiendo lo que los economistas anglosajones llaman “efectos de segunda ronda”: la subida de los precios hace subir los salarios y este aumento incentiva el consumo, subiendo más aún los precios. Los salarios firmados en los convenios colectivos hasta ahora sólo mejoran un 2,4%, muy lejos por tanto del 10,2% en que se ha encaramado el IPC en junio. Pero la analista de Funcas alerta ante la “presión al alza” que se va a dejar sentir en todas las mesas de negociación colectiva en lo que queda de año. Luciana Taft asegura, además, que las cláusulas de revisión salarial, cuya reincorporación a los convenios reclaman los sindicatos, “no van a volver”. Y defiende la conveniencia de ese pacto de rentas que el Gobierno pretende reactivar después del verano. La UE tampoco siente aún la espiral de precios, al contrario que en Estados Unidos, donde “la subida de salarios, en algunos sectores, ya ha escalado a los dos dígitos”, indica la consultora de AFI. Pero Juan Ignacio Crespo las rebate. “La inflación inducida está llegando ya vía materias primas”, zanja.

Todos estos elementos se suman a un contexto macroeconómico muy distinto al de la gran crisis de 2008, recalcan Fernández, Taft y Crespo. En 2022 no hay “excesos” como los que desequilibraban la economía española cuando Lehman Brothers quebró y se hundieron las cajas de ahorro. En 2022 no hay burbuja inmobiliaria, ni un endeudamiento privado récord, el sistema financiero está saneado, la actitud del BCE y de la UE es muy distinta tras la aprobación de los fondos de recuperación, el whatever it takes de Mario Draghi y el mecanismo de protección anunciado por Christine Lagarde para evitar desviaciones de las primas de riesgo como las sufridas en 2012.

Pero en la actual coyuntura, el “talón de Aquiles” español son la deuda y el déficit públicos, disparados tras la pandemia, coinciden las expertas de Funcas y AFI. Taft explica que la inflación está “licuando la deuda”, ayudando al Estado a pagarla, pero a su juicio el principal componente del “agujero fiscal” español son las pensiones, para las que pide una “reforma de calado”. “También es fundamental que el BCE nos resguarde de la ruptura del euro”, añade, con ese mecanismo de protección del que aún se desconocen los detalles.

Juan Ignacio Crespo es más escéptico sobre las ventajas de partida ante la inminente recesión. “De momento, no estamos tan mal como en 2008, porque la pata financiera [de la crisis] aún no ha asomado por debajo de la puerta, pero lo hará”, advierte. Hasta la caída histórica provocada por el coronavirus, España había estado en recesión –con caídas trimestrales continuadas del PIB— desde el cuarto trimestre de 2010 hasta el tercero de 2013, casi tres años. En 2021 la economía creció un 5,1% y para este año la previsión del Gobierno es del 4,3%.

Crespo culpa al exceso de liquidez, a los miles de millones inyectados por los bancos centrales y a las ayudas millonarias de los programas de estímulo de Joe Biden y de la UE de la crisis mundial de precios. “¿Cómo no iba a haber inflación?”, se pregunta. Califica de “milagro” el hecho de que España haya pasado la crisis del covid casi sin despeinarse. “Con el PIB hundido casi en el 11%, tenemos ahora un millón más de empleos, cuando en las anteriores superábamos el 20% de paro e incluso el salario medio ha subido”, resalta, “gracias a los 4.000 millones de deuda pública española que ha comprado el BCE y el aumento del gasto público”. Algo parecido ocurre en la UE, “donde no parece que estén al borde de la recesión porque la tasa de paro es muy baja y en EEUU, donde tienen pleno empleo porque todo está muy subsidiado”, resume. “Parece jauja, pero termina pasando factura”, lamenta el analista, que concluye con una recomendación: “Cuanto antes se haga el ajuste, mejor”.

A lomos del precio de la luz, la inflación ha escalado en septiembre hasta el 4%, un nivel que no se registraba en España desde septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers quebró y la crisis financiera se llevó por delante la euforia económica de casi una década de burbuja inmobiliaria. Y como casi todo lo que ocurre en un planeta globalizado, no es un fenómeno local.

En Alemania el IPC ha alcanzado el 4,1%, todo un récord que no se veía desde diciembre de 1993. En un país donde se teme a la inflación más que al diablo –la sombra de la pobreza causada por la hiperinflación de los años 20 del siglo pasado es muy larga–, los políticos no dudaron en utilizarla como arma durante la reciente campaña electoral. El candidato del liberal FDP, Christian Lindner, acusó al socialdemócrata Olaf Scholz, ministro de Finanzas con Angela Merkel, de haber propiciado un gasto público excesivo incluso antes de que la pandemia lo hiciera aceptable. “Necesitamos poner fin a la inflación inducida políticamente”, pidió. Markus Söder, líder de la CSU, el partido bávaro hermano de los conservadores, llegó a pedir “un semáforo en rojo” que frene la inflación, compensando a los consumidores por el aumento del coste de la calefacción y a los ahorradores por el bajo rendimiento de sus depósitos.

En Estados Unidos, la inflación alcanzó en agosto el 5,4% –aún no se conoce la de septiembre–.

Sin embargo, los bancos centrales, encargados de vigilarla, aún no han activado las alarmas. Parecen tranquilos, porque consideran el repunte de los precios un fenómeno temporal, favorecido por la potencia de la recuperación tras la pandemia y con unas causas bien delimitadas: los precios de la energía, los problemas en las cadenas de suministro y la comparación estadística con las deprimidas cifras de 2020. Así, la presidenta del BCE, Christian Lagarde, sostiene que el desafío clave de la institución hoy es, precisamente, “no sobrerreacionar” ante la inflación.

Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, advierte de que una inflación alta sostenida en el tiempo genera una “inestabilidad en el sistema que no favorece el crecimiento económico”. Pero también cree que lo prudente es esperar a la primavera. “Si se mantiene la inflación en estos niveles”, avanza, “los bancos centrales tendrán que actuar”.

Javier Santacruz, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), sostiene que el IPC elevado será “tolerable” sólo si en Alemania no hay una “revuelta social” y si en Estados Unidos, que “están más nerviosos”, no se desatan tensiones inflacionistas por la fuerte subida de los salarios que ya se está produciendo allí. Porque esos nervios, dice, se pueden terminar contagiando en Europa.

Ventajas

Pero la inflación también tiene sus ventajas. Para empezar, puede favorecer una recuperación de los salarios, como también ocurrirá con las pensiones desde que vuelven a revalorizarse según evolucione el IPC. Y los sueldos de los funcionarios y de quienes tengan ligados los suyos a la inflación en sus convenios colectivos. En Alemania, los sindicatos han comenzado a pedir subidas salariales para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo; es decir, por encima del 4%. En España, sindicatos y patronal deberían renegociar este otoño el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), que establecerá el marco general de retribuciones de los convenios para los próximos dos años.

Por el contrario, las pérdidas de poder adquisitivo se dejan sentir ya en todos los convenios que han firmado las moderadas subidas de este último año, nunca por encima del 1,56%. Además, sólo el 18% de los convenios incluyen ya cláusulas de garantía salarial que garanticen su actualización si al final del año el IPC es superior a la subida pactada. “La recuperación económica sólo podrá consolidarse si las rentas de los trabajadores ganan poder de compra, reanimando el consumo, la actividad y el empleo, a la vez que se reducen las desigualdades”, reclama UGT.

La inflación alta beneficia igualmente a todos los que tienen deudas. A quienes han pedido préstamos y firmado hipotecas, y al Estado. Se aligera el coste real de las deudas. Lo mismo ocurre con los intereses de la deuda pública, que está en niveles de récord histórico por culpa de la pandemia, 1,42 billones de euros, lo que equivale al 122,8% del PIB.

Inconvenientes

Pero un aumento de los precios fuerte y persistente tiene también sus desventajas. La primera, que desencadene una subida de salarios que retroalimente un alza de los precios. Es lo que se llama espiral inflacionista, “que no es buena para nadie”, apunta Santiago Carbó. El BCE descarta que se esté produciendo ese contagio al mercado laboral. Además, el IPC al alza perjudica las exportaciones, sobre todo si se basan en la competitividad a través de los precios. No sólo de los productos, sino también de servicios tan importantes para el PIB español como el turismo, destaca por su parte Javier Santacruz.

Con el aumento de la inflación, aumentan las posibilidades de que, finalmente, los bancos centrales suban los tipos de interés. Lo que ayudaría a los bancos a arreglar sus cuentas de resultados, lastradas por la falta de rentabilidad del negocio bancario. Pero no les quedaría más remedio que “comerse”, señala Javier Santacruz, la diferencia entre los nuevos tipos, más altos, y los tipos fijos de las hipotecas, cuyo número no ha dejado de crecer y constituyen ya casi el 64% de las que se firman en España.

Los ahorradores, quienes tengan su dinero en depósitos, sufren cuando sube la inflación, pues su dinero cada vez vale menos. Sobre todo, mientras los bancos ofrezcan rentabilidades mínimas a la espera de una subida de los tipos de interés que se está haciendo esperar.

Sin recuperación fuerte

“En general”, explica el economista, “una inflación demasiado alta es dañina”. Hasta ahora, el dinero inyectado por el BCE no había producido tensiones inflacionistas porque circulaba “en un circuito cerrado”, pero ahora “el circuito se ha abierto y el exceso de liquidez está circulando en el mercado, lo que puede provocar tensiones inflacionistas en el consumo y en la inversión, asegura. A Santiago Carbó también le preocupa más el IPC en escalada de lo que parece inquietarle a Christine Lagarde, porque no ve una recuperación. “Me gustaría ver inflación porque hay mucha recuperación”, advierte, “pero no veo sobrecalentamiento”. Javier Santacruz es prudente: cree que el problema con las cadenas de suministro es, en efecto, transitorio, pero los precios de la energía desbocados es un factor “más permanente” de lo que piensan los bancos centrales.

El pronóstico de la presidenta del BCE no se aleja de esa cautela: “Una vez que cesen los efectos de la pandemia, esperamos que la inflación caiga. Los efectos de base deberían desaparecer a principios del año que viene, aunque estamos viendo más incrementos en los precios del petróleo y del gas”.

Las crisis económicas se ceban siempre en los más vulnerables. Los trabajadores precarios, los de baja cualificación, las personas con peores salarios, los jóvenes y las mujeres suelen llevarse la peor parte cuando la economía descarrila. Con el covid-19 no ha sido diferente. Los sectores más feminizados han resultado también los más más expuestos al coronavirus y los que más han sufrido las restricciones, a la vez que son los que proporcionan empleos peor pagados, temporales y a tiempo parcial. El confinamiento y el teletrabajo han supuesto, además, una sobrecarga laboral para las mujeres. Cómo va a recuperarse el empleo femenino –¿más empleo? ¿de qué calidad?– será una buena manera de medir si las políticas adoptadas para reactivar la economía han tenido en cuenta el sesgo de género.

Según los últimos datos publicados, referidos a julio, en España hay 10,51 millones de hombres dados de alta en la Seguridad Social y 9,073 millones de mujeres. En marzo y abril del año pasado la hibernación económica destruyó casi 800.000 empleos, el 4,1% de los cotizantes. A partir de ese último mes, la afiliación a la Seguridad Social volvió a crecer y sigue haciéndolo hasta hoy. Una evolución que reproduce la que ha tenido el empleo masculino. El femenino, en cambio, no empezó a recuperarse hasta junio de 2020, tardó dos meses más. La pérdida fue menor, de un 3,8% en cuatro meses, por un 4,6% de caída de los hombres en sólo 60 días. Ambos han recuperado, en mayo de 2021, e incluso remontado en la actualidad las cifras de cotizantes previas a la pandemia. Pero la participación de las mujeres en el empleo se ha reducido: antes del virus representaban el 46,64% de los cotizantes y ahora se mantienen en el 46,31%.

De hecho, Olga Salido Cortés, profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, asegura en un artículo publicado en la revista Panorama Social de Funcas –el centro de estudios de las cajas de ahorro– que el impacto de la crisis del covid sobre el empleo femenino ha sido “mucho más intenso” en términos relativos. Así, para las mujeres, la destrucción de empleo se centró en dos categorías laborales: las trabajadoras de restaurantes, bares y comercios, con una pérdida de empleo del 20%, y las trabajadoras no cualificadas de los servicios, con otro 12%. Esos dos grupos representaban el 29,8% de la ocupación femenina en 2019, y la pérdida de empleo sufrida por ambos equivale al 14,1% del que había antes de la pandemia.

Sin embargo, la destrucción de puestos de trabajo para los hombres se repartió entre cinco categorías laborales: construcción –5,4%–, industria –3,5%–, operadores de maquinaria –5,1%–, peones agrícolas –7,2%– y trabajadores de restaurantes y comercios –18,6%–. Esos cinco grupos suponen casi la mitad del empleo masculino en España, pero su pérdida de ocupados fue mucho menor que la femenina: un 8,2%.

Más en ERTE, paro más resistente

El impacto, además, ha sido en esta crisis muy distinto al sufrido en la anterior. Entonces, la descompensación por sexo fue mucho más fuerte, cuando el 83% de la pérdida de empleo corrió a cargo de los hombres, destaca la autora. A su juicio, la herida infligida por el covid a la ocupación femenina será “difícilmente recuperable en el medio plazo”. Incluso teme que, una vez desaparecido el “colchón” de los ERTE, se produzcan “reajustes estructurales de calado” en algunos de los sectores que concentran la mano de obra femenina. Un aumento del paro. De ahí que reclame “un enfoque de género” en el diseño de las políticas y medidas de apoyo que adopten los gobiernos para recuperar la economía y el empleo.

Aunque el Ministerio de Seguridad Social acaba de rebajar a 286.000 los trabajadores que aún permanecen en ERTE a fecha de 13 de agosto, las últimas cifras detalladas sobre estos esquemas de protección social se refieren al mes de julio. Entonces los trabajadores en ERTE sumaban 331.486: 157.887 hombres y 173.599 mujeres. Hay un 10% más de trabajadoras protegidas. En el comercio, el número de mujeres en ERTE –19.920 – más que dobla al de hombres –8.741–; en los hoteles son 31.366, un 30% más; en restaurantes y bares, 40.773, un 9,5% más; en agencias de viajes, 11.592, el triple que hombres; en servicios sociales y personales, la cifra de mujeres multiplica por cuatro la de hombres; en educación son 2,5 veces más y en actividades sanitarias, 4,4 veces más. También es mayor el número de mujeres en ERTE en actividades auxiliares, administrativas, de consultoría, inmobiliarias…

El desempleo femenino, tanto medido por la Encuesta de Población Activa (EPA) como el registrado por el SEPE, siempre ha sido superior al masculino. El 59% de los parados son mujeres. Desde el pasado mes de febrero las cifras de ambos sexos no dejan de caer. Aunque lo están haciendo a distinto ritmo. Con la llegada del verano y la desescalada, el paro de los hombres se redujo en junio respecto al mes anterior un 9,43%, el doble que el de las mujeres, un 4,21%. En julio, el masculino ha caído un 6,23% más, por un 4,94% el femenino. En comparación anual, hay un 12,33% menos desempleados que en julio de 2020, y un 7,34% menos desempleadas, según los registros del SEPE.

Si se mide el paro como lo hace la EPA, la tasa femenina es del 17,36%, mientras que la masculina se queda en el 13,39%. Es decir, existe una brecha de casi cuatro puntos entre ambas. Respecto a la que existía antes de la pandemia, ha crecido casi un 20%.

Extranjeras más expuestas al virus

El artículo de Panorama Social también destaca que las mujeres estuvieron más expuestas al contagio debido a su sobrerrepresentación en los sectores considerados esenciales durante la pandemia: mientras un 5% de los hombres están ocupados en estas actividades, la participación de las mujeres alcanza nada menos que el 37%. Son el 80% de los trabajadores de la limpieza, sanitarios y sociosanitarios, o casi el 100% de los cuidadores a domicilio. Es más, según los informes del Instituto de Salud Carlos III, entre los extranjeros las mujeres contagiadas en noviembre de 2020, durante la cuarta ola, sumaban un 11,2%, mientras que los hombres no superaban el 8,9%, una diferencia que la autora del estudio atribuye a la mayor concentración de mujeres migrantes en puestos esenciales, menos cualificadas y más expuestas al virus.

Otro dato llama igualmente la atención. Pese a que los hombres tuvieron más ingresos en UCI, más fallecimientos y más exceso de mortalidad, el exceso de mortalidad sin diagnóstico de covid-19 fue mayor entre las mujeres, lo que apunta, resalta la autora, a “una inadecuada clasificación de las muertes no hospitalarias, que habría afectado en mayor medida a las mujeres”.

El teletrabajo sobrecarga a las mujeres

Finalmente, uno de los principales cambios sociolaborales inducidos por la pandemia, el teletrabajo, ha sido utilizado más por las mujeres. El 50% de los hombres trabajaron desde casa por primera vez por culpa del covid y el 61% de las mujeres, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado marzo. Sin embargo, la mayor dedicación femenina dobló la carga de trabajo de las mujeres por su mayor responsabilidad e implicación en las tareas del hogar, los cuidados de los enfermos, la educación también a distancia de los hijos… De forma que el 10,9% de las francesas declaran que sus responsabilidades familiares les han impedido siempre o casi siempre dedicar el tiempo que debían a su trabajo, mientras que sólo el 5,6% de los franceses tienen ese problema. En Austria son el 8,7% de las mujeres, por un 2,8% de los hombres. En Portugal, el 8,2% de las mujeres y el 6,1% de los hombres. En España, el 5,7% de las trabajadoras sienten ese malestar, pero sólo un 2,6% de los trabajadores.

No es de extrañar, por tanto, que la productividad de los investigadores universitarios creciera durante la pandemia y el confinamiento, pero no así el de las mujeres investigadoras. De hecho, ya hay estudios que cuantifican el impacto del teletrabajo en el mundo académico, por ejemplo. Uno de ellos, realizado por mujeres economistas estadounidenses el año pasado, cifraba en un 12% la caída de las prepublicaciones y estudios firmados por mujeres académicas en marzo de 2020, un porcentaje que se elevó al 20% en abril.

España sufre "la mayor correción del FMI". El Fondo "sube la previsión de crecimiento de la economía mundial pero rebaja la española". O "desinfla la recuperación" nacional. Todos estos titulares se publicaron tras conocerse que la previsión del organismo que dirige Kristalina Gueorguieva recortaban el crecimiento previsto por el Ejecutivo Sánchez para el actual 2021 del 7,2% al 5,9%. 

Lo que nadie tituló es que en apenas tres meses el FMI ha rebajado la caída del PIB español para el año pasado, 2020, del 12,8% al 11,1%. Nada menos que 1,7 puntos entre octubre y enero, que se parecen mucho a la caída del 11% registrada por el INE este viernes y mejoran incluso la penúltima estimación del Ministerio de Economía lanzada en octubre (-11,2%). La pérdida real del Producto Interior Bruto es importante, pero las previsiones catastrofistas del Fondo y de otros cuatro organismos internacionales en torno a España han fracasado estrepitosamente.

Lo que ha pasado más bien es que los resultados arrojados por el FMI han reforzado las proyecciones de la Vicepresidencia Tercera y Ministerio de Asuntos Económicos, dirigida por Nadia Calviño. Lo están haciendo a toro pasado, pero los titulares se los llevan los cataclismos a futuro. Economía proyectó una merma del 11,2% del PIB en octubre y ahora recorta ese derrumbe dos décimas. También refuerzan las perspectivas de la Airef, que en noviembre vaticinó una caída de entre el 10,7% y el 11,4% en tres escenarios distintos. Y el dato está aún por conocer. 

En última instancia, las estadísticas del FMI, y también de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Europea, el Banco de España y la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas, demuestran que los modelos de los grandes referentes nacionales e internacionales apenas sirven para sacar conclusiones en tiempos de pandemia. Y seguirán igual hasta que gran parte de la población esté vacunada y se alcance la inmunidad de grupo tan ansiada. 

"Desde el inicio del shock, el instrumental que teníamos todos los organismos salta por los aires", destacan fuentes del Gobierno. "Entonces se han adoptado estrategias distintas basándose en el enfoque de los escenarios: contemplar dos o tres escenarios porque se es incapaz de valorar el impacto concreto. Así que en última instancia, se produce una escenificación. Válida, claro, pero inservible a la larga". Desde el Ejecutivo defienden que tanto Economía como la Autoridad Fiscal Independiente, Airef, han "ajustado el instrumental con una frecuencia casi diaria en vez de trimestral". 

El economista Juan Laborda lo explica de otra manera. "El mejor modelo de previsión a dos trimestres vista lo implantó [el ministro José Luis] Escrivá en su etapa en la Airef". Laborda se refiere al modelo conocido como Ñ-Sting, implantado por dos trabajadores del Banco de España, Gabriel Quirós y Manuel Camacho. 

"Si el Banco de España manejara el Ñ-Sting, su conclusión debería ser la misma que Escrivá. Pero parece que han abandonado este modelo por lo que se ve, por otros conocidos como DSGE [Equilibrio General Dinámico Estocástico]... lo más seguro es que fallen como escopetas de feria", indica Laborda. "Y los modelos de organismos como el FMI son escopetas de feria". Para este economista, la diferencia de 1,3% entre el Fondo y el Gobierno para 2021 es, por tanto, "irrelevante". 

El sociólogo Andrés Villena, autor de Las redes de poder en España: élites e intereses contra la democracia (Roca Editorial), señala que "muchos de estos modelos de equilibrio dinámico tienen una alta complejidad estadística y son muy bien valorados en los Journal de turno. Sobre todo en las carreras académicas de quienes acaban en puestos directivosJournal". "Pero la alta complejidad de estos modelos se ha demostrado muy ineficiente a la hora de predecir los desarrollos futuros de las economías", resalta.

"En muchas ocasiones asumen realidades que ya no se dan", deplora Villena, "y más con una pandemia en la que la presidenta del BCE ya ha dicho que los manuales de Economía tradicionales no valen". El ex gobernador del Banco de Inglaterra Mervyn King, entrevistado por El País el pasado 17 de enero, fue todavía más taxativo al respecto: "Los modelos matemáticos son estupendos, pero antes de enfrascarse en esa absurda tarea de intentar medirlo todo hay que hacer un esfuerzo por conocer la naturaleza de fenómenos como la covid. Veo a un montón de economistas creyendo que van a aplicar sus modelitos a cualquier cosa, y eso es no haber entendido nada".

Más allá del FMI, ¿qué es lo que han dicho otros organismos de referencia?

En mayo, Funcas llegó a vaticinar un desplome del 13% del PIB para 2020. Y en noviembre, esto es, hace dos meses, todavía hablaba del 12%. 

El Banco de España ha presentado siempre tres escenarios, entre sí muy dispares que no invitan a la confianza. El servicio estadístico de la institución presidida por Pablo Hernández de Cos presentó en junio del año pasado un cuadro que iba del 9% al 15,1% de caída, un diferencial enorme. En ese momento, el Gobierno pronosticaba que el PIB menguara un 9,2%. En septiembre solo contempló dos escenarios más ajustados, del -10,5% al -11,6%. Y en diciembre el supervisor bancario volvió a ajustar todavía más las proyecciones, que volvieron a ser tres: entre el -10,7% y el -11,6%.

La Comisión Europea, donde ha estado trabajando Nadia Calviño la última década, tampoco ha estado acertada con España. Un desplome del 12,4% en noviembre permite abonarse a la última tesis. Hay que reseñar que en julio el Ejecutivo comunitario que preside Úrsula Von der Leyen vaticinaba una menor caída que el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Finalmente, la OCDE anticipó una caída en junio que iba del 11,1% (escenario benigno) al terrible 14,4%. En diciembre pasado, la organización con sede en París rebajó mucho los porcentajes, y la fijó en el -11,6%, sin doble escenario.

Las estadísticas nunca habían sido tan dispares entre los organismos y el Gobierno nacional. Ni durante la pasada crisis financiera (2008-2014) ni en la recuperación. 

Desde el Ministerio de Economía, un consultado resume así la situación estadística macro: "El coste mediático que pagamos por ajustar nuestras previsiones es muy alto. Se sacan titulares en prensa descontextualizados".

“Una agenda de reformas estructurales ambiciosa” pidió el pasado martes en el Congreso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La necesidad de poner en marcha reformas estructurales fue un lugar común durante toda la crisis anterior en las declaraciones de economistas, políticos, empresarios, así como la receta de las instituciones internacionales para solucionar las anomalías del mercado laboral, los fallos de los sistemas sanitario y educativo, las ineficiencias del sistema fiscal, los problemas de competencia en algunos sectores económicos, la falta de innovación tecnológica, el retraso en la digitalización... lastres básicos que frenan la productividad de la economía española, hasta ahora basada en el éxito, polémico y frágil, del ladrillo y el turismo.

La penúltima recesión se vendió como una oportunidad para hacer los cambios esenciales destinados a corregir los desequilibrios que empujaron a España a la burbuja inmobiliaria, el paro estructural o una economía sumergida de récord, entre otros muchos males. Con el estallido del coronavirus y la irrupción de otra crisis de proporciones históricas, resurgen las apelaciones a las reformas estructurales. No en el corto plazo, dada la urgencia de tomar medidas excepcionales para amortiguar el tremendo golpe que ha asestado la pandemia sobre la economía mundial, pero sí en cuanto pase lo peor. Y la mayoría van en la misma y única posible dirección, según sus defensores: la de flexibilizar y liberalizar regulaciones, instituciones y mercados.

Hernández de Cos repitió ante los diputados una lista ya conocida de reformas que el Banco de España insta a adoptar a todos los gobiernos desde hace años. Y que no se diferencian mucho de las que reclaman la OCDE, el FMI, la Unión Europea y ciertos servicios de estudios. Primero, la reforma del mercado laboral, introduciendo el contrato único que lleva años rondando en algunos programas políticos y que era la enseña sobre todo los economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Aunque él no le dio ese nombre y se refirió a un contrato con indemnización creciente.

Esa medida y la llamada mochila austriaca –una cuenta individual nutrida de las aportaciones de la empresa y el trabajador que éste puede cobrar si cambia de empleo o quiere formarse o puede guardarlo para su jubilación– ayudarían, a su juicio, a reducir uno de los males permanentes y más dañinos del mercado laboral español: el abuso de la contratación temporal. España es el segundo país de la UE con mayor tasa de empleo eventual, superior al 26%, sólo superada por Polonia. Cada año, en una proporción que apenas ha resultado alterada ni por la bonanza económica ni por las crisis, tampoco por las sucesivas reformas laborales, se firman un 90% de contratos temporales y sólo un 10% de indefinidos. Esa segmentación es una de las causas de la precariedad de demasiados trabajadores, a los que se escatima no sólo la seguridad laboral, sino también la formación, los salarios y las condiciones laborales de las que sí gozan los asalariados indefinidos.

Ambas medidas se encuentran en la base de los programas electorales de Ciudadanos e incluso se colaron en el acuerdo que ese partido suscribió con el PSOE en 2016. Los sindicatos se oponen tanto al contrato único, que consideran una equiparación a la baja de temporales e indefinidos, como a la mochila austriaca, que en su día tacharon de “ocurrencia”. Tampoco son del agrado de la CEOE, que cree necesaria la existencia de los contratos temporales y no quiere cargar a las empresas con aportaciones extra para llenar esa cuenta individual del trabajador. La OCDE y el FMI, en cambio, defienden la implantación de ambas herramientas para combatir la brecha entre temporales e indefinidos.

Hernández de Cos también volvió a pedir una reforma de las pensiones, o al menos que no se deroguen los elementos fundamentales de las dos últimos aprobadas, en 2011 y 2013. En concreto, abogó por la aplicación de “mecanismos automáticos de ajuste”, como el factor de sostenibilidad, que recorta la cuantía de la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación y que permanece en suspenso hasta 2023. Además, pidió medidas para acercar la edad efectiva de jubilación, que está en 64 años y siete meses, a la legal, 65 años y 10 meses.

En ese punto coincide con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que quiere desincentivar las jubilaciones anticipadas. Por el contrario, Escrivá desecha por poco efectivo el factor de sostenibilidad. Según explicó en la Comisión del Pacto de Toledo, el ahorro que permitiría ese mecanismo de ajuste “no llegaría ni a medio punto del PIB a largo plazo”. Por el contrario, el FMI y la OCDE recomiendan este tipo de herramientas e instan a ampliar la edad legal de jubilación, que en España irá aumentando de forma gradual hasta que alcance los 67 años en 2027. También aconsejan estimular los planes de pensiones privadas. El ministro Escrivá sólo ha expresado su intención de fomentar los planes de pensiones de empresa, poco desarrollados en España.

La Comisión Europea también ha hecho su lista de reformas esenciales para España. Y evalúa su grado de aplicación. En el informe que emitió el pasado febrero, aprecia que sólo en el 24% de sus “recomendaciones” España ha hecho avances sustanciales desde 2011, en el 40% sólo ve “algunos avances” y en el 23% “avances limitados”. En el 1%, ningún avance. Únicamente ha aplicado “plenamente” el 12% de las reformas propuestas.

Reforma fiscal

Una de ellas no es la fiscal, aunque Bruselas no deja de señalar en su informe que la ratio entre impuestos y PIB española –34,7%– está por debajo de la media comunitaria –39,2% de la zona euro y 40,6% de la UE al completo–. Así que considera que el país tiene margen para aumentar los ingresos por el IVA, los bienes inmuebles y el medio ambiente. Y tacha de ineficaces las bonificaciones fiscales a las empresas por el I+D. Sobre el impuesto sobre sociedades y el IRPF no precisa nada, pero también destaca que la recaudación del primero aún no ha recuperado las cifras anteriores a la crisis financiera.

La receta es básicamente la misma que ofrecen el FMI, la OCDE y el Banco de España: subir el IVA y los impuestos verdes. La OCDE, además, invita a eliminar las exenciones en el IRPF y Hernández de Cos reclamó una revisión de los beneficios fiscales, las deducciones y bonificaciones en múltiples impuestos, desde sociedades hasta el IVA, que está previsto recorten la recaudación en 2019 en 37.237 millones de euros.

En un giro inesperado para esta institución, el portavoz del FMI, Gerry Rice, instó la semana pasada al Gobierno español a poner en marcha “un mayor reparto de la carga” que supondrá la pandemia y la recuperación económica posterior. “Los contribuyentes, empresas y particulares, que se han beneficiado de las tendencias globales del pasado o que se han visto menos afectados por los recientes acontecimientos adversos deberían contribuir más a superar la crisis y a hacer frente a las necesidades futuras de la sociedad”, explicó Rice sin precisar cómo debería llevarse a cabo ese cambio en la tributación. Poco después, se cayó del documento conjunto que PSOE y Unidas Podemos presentaron a la Comisión de Reconstrucción del Congreso el impuesto a las grandes fortunas.

Fedea ha creado junto con miembros de los servicios de estudios de BBVA, la fundación de las cajas de ahorro (Funcas), Repsol, Banco Sabadell y Equipo Económico, la consultora que fundó el exministro Cristóbal Montoro, un grupo de trabajo para desarrollar un plan para salir de la crisis del covid-19 “lo antes posible” y reconstruir la economía. Entre las medidas propuestas por los 120 expertos del grupo, figura un plan de ajuste fiscal a partir de 2022 que incluya “reformas para aumentar el crecimiento potencial y los ingresos públicos, racionalizar el gasto público y mejorar la estructura fiscal. Y, sólo en último término, “subir los impuestos de forma que perjudique lo menos posible el crecimiento económico, la inversión, la innovación y el empleo”.

Precisamente, la causa principal de que el crecimiento potencial de la economía española sea “modesto”, en palabras de Hernández de Cos, es la anémica productividad nacional. Según las cifras aportadas por el Banco de España, ha crecido sólo un 0,2% en los últimos 20 años, mucho menos que la alemana, un 0,8%, o la de Estados Unidos, un 0,9%. El gobernador presentó las ganancias de productividad como “el ingrediente fundamental para conseguir un aumento sostenible del bienestar económico de un país”. “Cuanto mayores sean estas ganancias, mayores serán las posibilidades de incrementar los niveles salariales y la calidad de los empleos creados, así como los recursos para la financiación de las políticas públicas”, sostuvo.

Para alcanzar ese objetivo, también existe un catálogo completo de medidas, muchas de ellas menos publicitadas que las anteriores. Y apenas acometidas. Por ejemplo, eliminar las regulaciones que frenan el aumento del tamaño de las empresas –en España el 95% son pymes de menos de 10 trabajadores–, reducir las cargas administrativas de las empresas, aumentar la transparencia y la eficiencia de las adjudicaciones públicas, elevar la competencia en determinados sectores –reformar el mercado eléctrico–, mejorar la unidad de mercado y reforzar la independencia de los organismos reguladores –CNMV, CNMC–, o evaluar las políticas públicas.

Capital humano y tecnológico

Pero también crece la productividad si se mejora el capital humano. Y para ello hace falta aumentar el nivel educativo de los españoles, que aún hoy sigue muy por debajo de la media europea. La tasa de abandono escolar en España –el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que sólo han cursado la ESO– es la más alta de la UE, un 17,3%, pese a la reducción experimentada en los últimos años: en 2006 era del 30,3%. La media europea es del 10%. Bruselas le había marcado a España un 15% para este año, por lo que ha incumplido el objetivo. Si, además, los índices de calidad de la educación dejan que desear –basta recordar la polémica que acompaña cada año a la publicación del informe PISA–, se entiende la repercusión económica inmediata. Reforzada si cabe por el escaso desarrollo de la formación profesional y la formación permanente de los trabajadores. La FP dual es una promesa eterna que se mira en el modelo alemán pero no termina de despegar. Y mientras el paro de larga duración –quienes llevan más de un año sin trabajar– se disparaba en la anterior crisis, las políticas activas de empleo, que deberían servir para recualificar a estos trabajadores y devolverlos al mercado laboral, se han visto perjudicadas por el recorte de su presupuesto y por las batallas con sindicatos y patronal para su reforma.

Otro tanto puede decirse de las universidades, la investigación y la innovación, que adolecen de una crónica insuficiencia financiera. Es la “brecha del capital tecnológico” a la que aludió Hernández de Cos en su intervención en el Congreso. A su juicio, el problema va más allá de la falta de fondos. Por eso reclama “una reestructuración del conjunto de las organizaciones públicas que realizan innovación en España”, de forma que reflejen más que ahora “criterios de excelencia académica”. La OCDE recomienda que parte de los préstamos que se dedican a la I+D se conviertan en subvenciones basadas en los resultados y que se incentive la especialización de las universidades, además de proporcionar más oportunidades profesionales a los investigadores de mayor cualificación.

En cualquier caso, a la lista habría que añadirle ya nuevas reformas, para ir adaptando a la sociedad y a la economía a los cambios que la pandemia está acelerando a un ritmo vertiginoso. Si la herida social infligida ha hecho realidad en pocas semanas una medida como el Ingreso Mínimo Vital –reclamado también desde hace años por todos los organismos citados y largamente discutido hasta ahora–, otro tanto puede ocurrir con las políticas necesarias para abordar el cambio climático. O la digitalización de la economía. Más allá de los fondos ligados a ambos desafíos que prometen llegar desde Bruselas en los próximos años.

España fue el segundo país de la Unión Europea donde más creció la desigualdad de rentas de mercado entre 2007 y 2015, sólo superado por Dinamarca. Las rentas de mercado son los salarios y las rentas obtenidas de las acciones, planes de pensiones privados o alquileres que perciben los ciudadanos. La brecha en esas rentas primarias, antes de impuestos y de otras intervenciones públicas de redistribución, creció un 9,3% en España, mientras en Dinamarca aumentó un 10,6%, según los cálculos elaborados por Samuel Calonge y Antonio Manresa, profesores de Economía de la Universidad de Barcelona y autores de Crisis económica y desigualdad de la renta en España. Efectos distributivos de las políticas públicas, que ha publicado Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. En comparación, la desigualdad de las rentas de mercado creció en Alemania y en Italia sólo un 1,96%, y sólo un poco más, un 2,3%, en Francia.

Las causas de esa herida social y económica fueron el aumento del desempleoel aumento del desempleo –la crisis dejó sin trabajo a tres millones de personas entre 2007 y 2012–, el crecimiento de la desigualdad salarial y el alza del número de jubilados, cuyas pensiones no son renta de mercado, sino un gasto social de la Administración, precisan los autores. La cifra de pensionistas españoles creció un 10,2% entre 2007 y 2015.

El informe de Calonge y Manresa desvela que fueron los parados y los autónomos arruinados por la crisis quienes coparon en España el segmento más pobre de la distribución salarial, desplazando a los pensionistas hacia arriba. Además, en 2012 la mitad de los desempleados registrados no recibía ninguna prestación, lo que hizo aumentar “significativamente” los niveles de pobreza. Así, el número de pobres –quienes no llegan al 60% de la mediana de la renta extendida, es decir, de la suma de los salarios, rentas del capital, subsidios y pensiones, menos los impuestos y más las transferencias públicas en sanidad y educación– pasó del 11,6% en 2007 al 21,6% en 2015.

Políticas públicas sobre las rentas de mercado

Según los autores del estudio, la desigualdad salarial creció sobre todo entre 2012 y 2015, precisamente los tres años posteriores a la reforma laboral. El repunte del empleo temporal y el uso cada vez más extenso de contratos de muy corta duración explican buena parte de la brecha de salarios. España es el país europeo líder en temporalidad, con una tasa del 26,4%, según los datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE, referidos al segundo trimestre de este año. La media comunitaria es del 13,6%. Pero no son los únicos factores. Ese tipo de contratos se concentran, además, en sectores estacionales y con menores niveles de productividad, destacan Calonge y Manresa. Si se les añaden factores de género y de nivel educativo, la fractura se hace más clara aún. Los asalariados con contratos temporales suelen alternar periodos de actividad con otros de desempleo, por lo que su sueldo anual se resiente. Mientras el salario bruto mensual de un trabajador temporal era en 2007 de 1.110 euros, el de uno fijo alcanzaba los 1.998 euros, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. En 2015, la diferencia entre uno y otro se había agrandado un 18,7%.

De forma que la desigualdad salarial en España, tal y como la miden Calonge y Manresa, aumentó entre un 10% y un 15% entre 2007 y 2015, pero especialmente, destacan, a partir de 2012, año de aprobación de la reforma laboral.

A juicio de los autores, las políticas públicas “deberían centrarse mucho más en reducir la desigualdad en las rentas de mercado, dejando así margen a las políticas de redistribución a posteriori”. Samuel Calonge precisa a infoLibre que deberían ser políticas “estructurales, a largo plazo”. Una reforma del mercado de trabajo que acabe realmente con el abuso del empleo temporal y parcial, así como medidas sobre capital humano y formación de los parados y los trabajadores. También contra el fracaso escolar, que es mucho mayor en España que en Europa. “Quien no controle las nuevas tecnologías está condenado a ser un trabajo precario”, augura. Calonge propone igualmente que se rediseñe el sistema de prestaciones de desempleo.

Estado del bienestar eficaz, pero agotado

El estudio deja claro que el Estado de bienestar en España ha sido “eficaz” a la hora de reducir la desigualdad de la renta. Las pensiones públicas y el seguro de desempleo han tenido “un efecto contracíclico significativo”, reduciendo la desigualdad en un 23% antes de la crisis pero hasta un 27,9% en 2015, cuando el PIB comenzó a recuperarse. En 2012, el peor año de la crisis, las pensiones representaron el 49% de esa distribución, destacan Calonge y Manresa, y un 9,1% el seguro de desempleo. Es más, si se analiza sólo la renta de los hogares activos, excluyendo los pensionistas, resulta que la desigualdad provocada por la crisis sobre quienes trabajaban es mayor que la sufrida por el conjunto de la población y el efecto de las políticas redistributivas en quienes tenían empleo fue menor.

El mismo impacto positivo cabe atribuirlo al impuesto sobre la renta, puesto que el 80% de la redistribución que genera procede del 10% de los hogares más ricos.

Y otro tanto puede decirse del gasto público en sanidad y educación, que redujo la desigualdad de la renta un 23,6% en 2007 y menos –la lucha contra el déficit obligó a recortarlo–, un 18,7%, en 2012 y 2015.

En cualquier caso, Samuel Calonge cree que el Estado “no da para más, está agotado”, como demuestra el elevado déficit de la Seguridad Social y el hecho de que sus ayudas no lleguen en España a los más pobres. Por ese motivo reclama que se descargue a las administraciones públicas de la ingente tarea contra la desigualdad atajándola en su raíz, esas rentas primarias integradas por unos salarios anémicos y unas rentas de capital cuya participación en los ingresos de los hogares es en España muy pequeña.

Christine Lagarde se estrenó este jueves al frente del Banco Central Europeo (BCE) lanzando un mensaje optimista sobre la alicaída economía comunitaria. “Los riesgos en el horizonte son ahora menos pronunciados que meses atrás”, aseguró en referencia a la guerra comercial entre Estados Unidos y China –“las negociaciones van en mejor dirección”, apuntó– y a las elecciones en el Reino Unido, cuyo resultado eliminará un “elemento de incertidumbre”, el Brexit desordenado. De hecho, calificó de “alentador” el panorama resultante no sólo del alivio de las tensiones globales, sino también de los signos de “estabilización” que el BCE percibe en la desaceleración económica general.

Un día después, su vicepresidente, Luis de Guindos, incluso pronosticó un “rebote” de la actividad en la Unión Europea a partir de mediados de 2020. “La desaceleración económica que arrancó en 2018 está tocando fondo”, resumió.

En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB para el último trimestre del año, del 0,4% al 0,55%, casi el mismo –0,54%– que adivina para los tres primeros meses del año próximo. Analistas Financieros Internacionales (Afi) también va a revisar al alza sus previsiones de crecimiento para el final del año, según avanza Rui Mota Guedes a infoLibre. Afi pronosticó un alza del PIB para este ejercicio del 1,9%, dos décimas menos que el Gobierno, pero Mota Guedes cree más que probable que la economía española alcance el 2% –ocho décimas por encima de la media de la eurozona– a la vista de su comportamiento en el tercer y cuarto trimestre.

“Nunca vimos el panorama de alarma que se extendió después del verano y que poco menos que nos abocaba a una nueva crisis”, explica por su parte María Jesús Fernández, analista de Funcas, el gabinete de estudios de las cajas de ahorro. El diagnóstico es compartido: por una parte, las incertidumbres exteriores se han disipado y los riesgos no se han materializado; por otra, durante los últimos años la economía española “no ha generado desequilibrios”, indica la analista de Funcas, que puedan perjudicar a su actual “buena salud”, como la describe el analista de Afi. “Está más equilibrada ahora que en el pasado, con una cuenta corriente positiva, menores importaciones y menos inversión en vivienda”, detalla Rui Mota. Ni ha creado burbujas ni asimetrías que puedan terminar contrayendo el consumo o la inversión; el endeudamiento privado se ha reducido, las empresas están menos apalancadas y disponen de más recursos propios; el coste de la deuda para particulares y compañías se encuentra en mínimos históricos.

Además, se sigue generando empleo, recuerda el analista de Afi, “aunque con menos fuelle” que cuando la economía crecía por encima del 3%. Según la previsión de Funcas, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentará este mes en 54.200 personas, de forma que para todo el año el empleo crecerá en 491.000 personas respecto a 2018, un 2,6%. Menos que en 2018, cuando aumentó un 3%. Pero será el sexto ejercicio consecutivo en que España mejorará su número de ocupados. El año, por tanto, cerrará con 19,28 millones de personas con trabajo, la cifra más elevada desde 2011.

En resumen, la economía nacional continuará desacelerándose, pero lo hará de forma “suave”. Para 2020 Afi prevé que el PIB español crezca un 1,7%, dos décimas menos que su última estimación para el año que ahora acaba. Aun así por encima del cálculo del BCE para la zona euro, sólo del 1,1% para el próximo ejercicio, que se elevará hasta el 1,4% en 2021 y 2022.

Ajuste fiscal

Ni Funcas ni Afi creen que las dificultades para formar gobierno tengan un impacto reseñable en el crecimiento a estas alturas del año. Rudi Mota no considera probable una nueva convocatoria de elecciones. “Nuestro escenario principal es que se forme un gobierno con el PSOE”, resume. Y María Jesús Fernández sostiene que sólo una política “muy disruptiva” del futuro Ejecutivo podría perjudicar al PIB. “Como una derogación de la reforma laboral, por ejemplo”, precisa. Además, como los nuevos Presupuestos no estarán listos hasta mediado el próximo año, su efecto no se notará hasta entonces.

No obstante, la analista de Funcas espera que haya continuidad en la política fiscal. Los ajustes de 9.600 millones de euros que Bruselas exige a España para cumplir con el objetivo de déficit no deberían tener consecuencias. “Además, cada vez se habla más en Europa de que hay que aflojar las políticas fiscales, por lo que ya se verá si ese ajuste es necesario o cómo se aplicará, si en un ejercicio o en un periodo más largo, por ejemplo”, precisa Rudi Mota. María Jesús Fernández advierte de que si no se cumple con el déficit el crecimiento será aún mayor, “pero a costa del crecimiento futuro”. Por eso la analista de Funcas prefiere medidas que reduzcan el déficit estructural, “en lugar de dejar que sea sólo el ciclo el que lo recorte”.

Guerra comercial y Alemania

En cualquier caso, ambos expertos coinciden en que el elemento que debe someterse a vigilancia es el exterior. Porque, pese a que Donald Trump acaba de anunciar “un gran acuerdo” con China que paraliza la imposición de unos aranceles previstos para este próximo domingo, se trata sólo de la “fase uno” de la negociación. Y Alemania puede ser el principal perjudicado de una guerra comercial con China, apunta Rudi Mota. El motor germano, que tira de la economía española y ha escapado por la mínima de la recesión en este final de año, crecerá en 2020 un raquítico 0,5%. “Pero disfruta casi de pleno empleo [su tasa de paro era del 4,8% en noviembre] y los salarios crecen por encima del 2%”, recuerda el analista de Afi.

De hecho, el Bundesbank se apuntó este mismo viernes al discurso optimista: la economía alemana acelerará su expansión en 2021 y 2022, con un 1,4% de mejora del PIB, gracias a un “crecimiento más vigoroso de las exportaciones” que reactivará su industria. También el Green Dealpublicitado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen –movilizar 100.000 millones de euros para convertir a Europa en un territorio neutro en emisiones en 2050–, puede ser un potente revulsivo económico y “dará más margen de maniobra también a Alemania”. “Pero eso no será antes de 2021”, advierte Mota Guedes.

Para María Jesús Fernández, el punto débil español, y europeo, es también el reto tecnológico y su efecto sobre la productividad, que aún no se está notando, lamenta.

Al hilo de la ralentización económica, las regulaciones de empleo –despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada– han aumentado un 25% en lo que va de año respecto a 2018. En un porcentaje similar, un 25,3%, han crecido los despidos colectivos. Aunque el impacto del tipo de regulación de empleo más agresiva es desigual dependiendo del sector. La industria es el que se ha llevado la bofetada más fuerte: la cifra de trabajadores despedidos de esta forma se ha disparado este año nada menos que un 73,9% hasta el mes de agosto, según los datos que ha publicado este viernes el Ministerio de Trabajo.

Es más, sólo en los ocho primeros meses de 2019 se han superado ya el número de trabajadores despedidos en los años 2017 y 2018. Hasta agosto se han quedado sin empleo tras sufrir un ERE un total de 5.767 personas, un tercio de los despedidos desde enero en todos los sectores. En todo 2017 perdieron su trabajo así 5.436 asalariados industriales y en 2018, 5.554. Es el único sector con una evolución tan negativa. Si bien el número de despedidos en un ERE en los servicios casi duplica al de los industriales –10.797 en lo que va de este año–, su crecimiento respecto a 2018 ha sido muy inferior –un 7,9%– y aún está lejos de las cifras registradas en los dos últimos ejercicios –13.511 en 2018 y 13.525 en 2019–. La construcción también ha disparado sus despidos colectivos en un porcentaje similar a la industria –un 73,4%– pero aún no alcanza el dato de 2017 –aunque sí supera el de 2018–. El sector primario es el único donde se han desplomado las extinciones colectivas de contratos, en un 48%, y donde no hace más que reducirse desde 2017.

Aun así, el número de trabajadores afectados por los despidos colectivos queda muy lejos de los espectaculares números de los peores años de la crisis, cuando la industria se deshizo de 36.497 trabajadores, en 2009, o de los 26.861 que anotó la estadística en 2012.

También han aumentado, y de forma considerable, los trabajadores afectados por suspensiones de contrato en los dos últimos años. Pero la causa es el ERE temporal aplicado por la multinacional Fordel ERE temporal aplicado por la multinacional Ford en su factoría de Almussafes (Valencia). De los 30.328 asalariados incluidos en estas medidas hasta agosto, 23.001 pertenecen al sector industrial, lo que supone un crecimiento del 33,5% respecto al mismo periodo de 2018. De ese número, 6.500 son trabajadores de Ford, que han sufrido dos ERE temporales: el primero entre noviembre de 2018 y enero de 2019, y el segundo, aún en vigor, entre agosto y diciembre.

La industria crece menos que el PIB

Este año se ha anunciado el posible cierre de Alcoa, de las centrales térmicas de Endesa y casi 500 despidos en las fábricas catalanas de General Cable o la deslocalización de la planta de la británica Vesuvius en Asturias. También peligran los puestos de trabajo del mayor astillero privado de España, el vigués Hijos de J. Barreras, que acaba de entrar en preconcurso de acreedores.

El informe sobre la situación de la industria en España que acaba de publicar el Consejo General de Economistas de España (CGE) revela que la destrucción de empleo en el sector secundario ha sido “más acentuada” que en el resto de la economía durante los dos últimos años. La industria aporta un 14% al empleo nacional, más de doble que la construcción, con un 6,4%, aunque lejos de los servicios, que dan trabajo al 75,5% de los asalariados españoles.

El progresivo aumento de los despidos colectivos en la industria se presenta como síntoma de la desaceleración del sector, doblemente grave no sólo porque genera un gran valor añadido sino también porque es precisamente la actividad que crea más empleo estable y de calidad. Según el estudio del CGE, sin embargo, la industria no ha dejado de perder peso en el PIB español desde el año 2000: en 2018 representaba el 16% de la riqueza nacional, cuando al romper el siglo alcanzaba el 18,7%. Es decir, España se aleja del objetivo del 20% del PIB que la Comisión Europea ha fijado como deseable para 2020.

Aunque España, quinto país europeo en volumen de facturación industrial, número de empresas y Valor Añadido Bruto (VAB), no ha podido sustraerse de la tendencia mundial a la terciarización de la economía, su sector secundario sufrió con mayor intensidad que el resto de la eurozona durante la crisis debido al hundimiento de la demanda interna, según explica el CGE. Su crecimiento durante estos últimos años de recuperación ha sido siempre inferior al experimentado por el PIB nacional. De por sí, su posición es más débil: el Valor Añadido Bruto de la industria nacional, 126.430 millones de euros, equivale a la mitad del que generan Italia o Francia.

Cae un 4,4% la cartera de pedidos industriales

Pues bien, la industria manufacturera española se encuentra ahora en recesión tras seis trimestres consecutivos “con tasas de crecimiento nulas o negativas”, asegura Funcas, el gabinete de estudios de las cajas de ahorro, en sus más recientes previsiones económicas para España. De forma que el VAB de la industria perdió cuatro décimas en 2018 y tres décimas más en lo que va de 2019. Y la cartera de pedidos del sector, tras caer un 7,1% el pasado septiembre, acumula un descenso del 4,4% este año, todo un descalabro desde el 0,2% de descenso experimentado de media en 2018. Los pedidos del automóvil se han reducido un 5,5% en tasa interanual y los de la industria textil aún más, un 6,5%, señala la última estadística del INE.

Según los datos publicados por Funcas, España es el país de la UE, junto con Italia, donde más cayó la producción industrial entre 2000 y 2017, un 0,9%, mientras que en la eurozona creció un 0,6% de media en ese periodo. En lo que va de año, no obstante, ha crecido otro 0,9%, mientras que la poderosa industria alemana ha sufrido un auténtico cataclismo, con una pérdida del 4,2%. El desplome del gigante germano añade una nueva incertidumbre a la industria española, que sufre también por la guerra comercial, los precios de la energía y el enfriamiento económico mundial. Sin contar con un problema propio: la baja productividad. Medida como VAB por empleado, España se sitúa en el puesto 14º de los 28, por detrás de las primeras potencias europeas y sólo por delante de Portugal, Grecia y los países del Este.

Tanto el Consejo General de Economistas como los sindicatos CCOO y UGT llevan tiempo pidiendo un pacto por la industria que la revitalice mediante nuevas inversiones en I+D, mayor especialización tecnológica y un esfuerzo en infraestructuras, logística y energía. No sólo para alcanzar ese 20% del PIB que reclama la UE, sino también para sostener un sector que hasta ahora disfrutaba de un 95% de empleos a jornada completa –frente a un 85% en el resto de la economía– y de un 74% de contratos indefinidos –frente al 62% del resto de las actividades–. También paga los mejores salarios: según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, el sector secundario abona un sueldo medio de 2.373,50 euros brutos al mes, un 19% por encima de la media española.

Ya son seis los años de recuperación económica, pero España aún cuenta en sus estadísticas casi millón y medio de parados de larga duración. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre de este año, 1,46 millones de personas llevan más de un año sin encontrar trabajo. Y de ellos, más de un millón superan los dos años desempleados. No sólo son los más difíciles de recuperar para el mercado de trabajo, sino que también configuran el grupo más amplio de parados: el 45% de los 3,23 millones de ciudadanos que hacen de España el país de la UE con mayor tasa de desempleo después de Grecia.

Los parados de larga y muy larga duración sufren la obvia desventaja de que cuanto más tiempo se pasa en el paro, más difícil resulta salir de él. De ahí que, además, casi el 55% de ellos supere los 45 años. La reconversión, reorientación y recualificación profesional de quienes fueron despedidos durante la crisis es una asignatura pendiente que los servicios públicos de empleo han suspendido por culpa de los recortes de gasto público: el presupuesto para para políticas activas de empleo en 2013, en lo peor de la recesión, llegó a caer a la mitad de la cantidad destinada a tal fin en 2008.

No obstante, los años de crecimiento económico que comenzaron en 2014 sirvieron para reducir la bolsa de parados de larga duración a gran ritmo. Casi un 60% se recortó su cifra desde que en el cuarto trimestre de 2013 alcanzó un máximo de 3,6 millones de personas. El número de quienes llevaban entre uno y dos años sin trabajar cayó incluso más, un 67% desde el máximo de 1,37 millones registrado en el segundo trimestre de 2014. Quienes superan los dos años en el paro disminuyó un 58%.

Pero el descenso está muy lejos de ser suficiente. Los parados de larga duración aún son el triple de los que había en el segundo trimestre de 2008, justo antes de que estallara la crisis con la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre de ese año. Entonces la EPA sólo contaba 506.900 personas con más de un año en el paro. Si se tienen en cuenta los que llevan más de dos años, el grupo de más difícil recolocación, su cifra actual multiplica por cuatro la de 2008.

Baleares sólo tiene un 7,8% de parados de muy larga duración

En cualquier caso, el recorte del paro tampoco ha servido para apear a España del liderazgo europeo en desempleo crónico. Sigue siendo el segundo país de la UE con mayor número de personas con más de un año de paro a sus espaldas, tanto en cifras absolutas como en porcentaje. Sólo la superan Italia –1,57 millones– y Grecia –13,6%, el doble que España–. La media de la zona euro es del 3,8%.

Como ocurre con otros indicadores laborales, el paro de larga duración muestra diferente comportamiento según la comunidad autónoma. Baleares es la que tiene menos desempleados con más de uno y de dos años sin trabajo, el 6,7% y el 7,8%, respectivamente. Por el contrario, Asturias y País Vasco destacan por el enorme volumen de parados de más de dos años: el 42% y el 41%.

En las islas, la duración media del paro es la menor de todo el país, sólo 8,6 meses, puesto que la mayoría de sus desempleados encuentran trabajo antes, gracias a la oferta estacional del turismo. En cambio, en el País Vasco, la segunda comunidad con menor tasa de paro de España después de Navarra –un 8,63%–, el tiempo medio de permanencia en el desempleo es el mayor del país, 28,4 meses, según explica un estudio sobre el coste social del paro elaborado por Iseak, un grupo de investigación impulsado por la catedrática de Economía Sara de la Rica. Así, en el País Vasco, el número de quienes se apuntan a las oficinas de empleo es más elevado que en el resto de España, al tratarse de un requisito indispensable para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) –625 euros mensuales a cambio de formación–. Los autores del estudio precisan que la larga permanencia de sus beneficiarios en los registros del paro se explica por el hecho de que se trata de una medida para reducir la pobreza, que no desincentiva necesariamente la búsqueda de empleoque no desincentiva necesariamente la búsqueda de empleo. “Por el contrario”, aseguran, “la formación que reciben sus usuarios tiene un fuerte impacto positivo en su reincorporación al empleo”.

Paro estructural español

Para este año la Comisión Europea calcula que la tasa de paro estructural española será del 14,9%. Se trata de una medida, denominada Nawru por sus siglas en inglés, polémica y puesta en entredicho por muchos economistas, que relaciona paro y salarios. Se supone que mide la tasa de paro a la que puede llegar un país sin que suban los salarios o los precios. O dicho de otro modo, representa la capacidad real que tiene una economía de crear empleo. En teoría, y siempre según los cálculos de la Comisión Europea, si España bajara del 14,9% este año, empezarían a subir los salarios como muestra de que escasea la mano de obra empleable, pese a que el número de parados seguiría siendo enorme. Ése sería el paro estructural español; por encima de esa cifra, el paro sería creado por el ciclo económico.

El caso es que el desempleo ha bajado ya de ese porcentaje, se halla en el 14,02%, y los salarios están subiendo, pero más bien fruto de los acuerdos de la negociación colectiva y del alza del salario mínimo. La inflación, en cambio, sigue en tasas muy discretas –0,5%–. Además, en años anteriores, como en 2015, la Comisión Europea llegó a calcular una tasa de paro estructural elevadísima, del 26,6%, que muchos economistas rechazan por irreal y sinsentido.

En un artículo publicado en los Cuadernos de Información Económica de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, los economistas María Romero y Daniel Fuentes plantean la necesidad de recortar esa tasa de paro estructural puesto que implica la “exclusión laboral de un colectivo nada desdeñable de trabajadores” y, por tanto, “la infrautilización de la capacidad productiva” española. Para ello proponen la reorientación profesional de los parados mayores de 45 años que llevan más de un año sin trabajo y de los jóvenes, reforzando el gasto en políticas activas de empleo. España, recuerdan, es uno de los países de la UE con menor gasto por parado en este capítulo. También recomiendan impulsar el autoempleo, aplicar medidas en defensa de la competencia y reducir las “rigideces del mercado laboral”, pero sin menoscabar la “calidad del empleo generado”.

El 53% de los españoles afirma desconocer el porcentaje de personas migrantes que residen en el país, frente al 29% en la Unión Europea (UE-27), según 'Apuntes de opinión pública', la serie editada por Funcas que analiza las opiniones y actitudes sobre asuntos de sociedad y política, a partir de encuestas de diversas fuentes.

Asimismo, el análisis basado en últimos datos de Eurostat muestra que los españoles ven la inmigración como un problema (26%), una oportunidad (26%) o como ambas cosas a la vez (33%). En este caso, la media europea de la percepción de la inmigración como problema (38%) casi dobla a su consideración como oportunidad (20%).

En este sentido, el informe indica que el 60% de los españoles considera que la presencia de inmigrantes en la sociedad tiene un impacto económico positivo, mientras que la media europea se sitúa en el 51%.

De esta forma, más de tres cuartas partes (78%) opinan que ayudan a cubrir puestos de trabajo para los cuales cuesta encontrar candidatos españoles, superando la media europea del 72%. Además, un 48% de los españoles piensa que las personas migrantes quitan puestos de trabajo a los autóctonos, frente al 39% de los europeos.

Por otra parte, el estudio señala que el 67% de los españoles valora positivamente la contribución cultural de los inmigrantes, un porcentaje que supera la media europea, que alcanza el 61%; y el 41% de los encuestados considera que los inmigrantes son una carga para el sistema de bienestar, frente al 56% de los europeos.

En relación con la gestión de la inmigración, los europeos elevan la responsabilidad a la UE. En el caso de los españoles, más de una cuarta parte (27%) menciona la inmigración entre los principales temas que afronta la región.

Al ser preguntados sobre los principales problemas a nivel nacional, el 6% de los encuestados −por debajo de la media europea del 21%− cita los flujos de población como una de las primeras preocupaciones, por detrás del desempleo, la economía, la sanidad, la educación y las pensiones.

"Estas cifras son importantes para entender lo que podríamos denominar el estado de la opinión pública española sobre la inmigración en la primavera de 2018, y, por tanto, la base sociocultural sobre la que se producen las reacciones de la sociedad ante acontecimientos relacionados con la inmigración a nuestro país, incluyendo el rescate del barco 'Aquarius' con más de 600 inmigrantes el pasado mes de junio", explica Funcas.

España gastó el año pasado en pensiones 139.647 millones de euros, un 12% del PIB. El gasto creció, por tanto, un 3% respecto al año anterior. Aun así, se mantiene por debajo de Italia (16,5%), Austria (14,6%), Francia (15%), Portugal (14,9%) u Holanda (14,6%), así como de la media de la zona euro (13,6%), según Eurostat, la oficina estadística de la UE.

Exigiendo a miles en la calle que las pensiones mantengan su poder de compra, los jubilados apremian tanto al Gobierno como a la Comisión del Pacto de Toledo a solucionar, de una vez por todas, los problemas que aquejan al sistema de prestaciones públicas. Hasta ahora, los esfuerzos del Ejecutivo se han centrado en contener el gasto. Pero la precariedad en que ha instalado la crisis a muchos hogares y la perspectiva de pensiones públicas cada vez más pobres han activado las alarmas y virado el timón del debate hacia el otro lado del balance, el de los ingresos. Un sistema sostenible, pero con pensiones suficientes.

La pensión media de jubilación se sitúa en 1.077,52 euros mensuales entre las contributivas, pero baja hasta los 357,16 euros entre las no contributivas. Y la más habitual entre las primeras, ya que la cobran 1,12 millones de personas de los 5,8 millones de pensionistas jubilados, está entre los 600 y los 650 euros. El 41,6% percibe una prestación contributiva de jubilación que no llega a 735,9 euros al mes, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por tanto, ¿son suficientes y dignas, las pensiones en España? Según Eurostat, están un 30% por debajo de la media europea en Paridades de Poder de Compra (PPA), una “moneda” artificial que elimina las diferencias de precios entre países. Una PPA compra el mismo volumen de bienes y servicios en todos los Estados miembros de la UE y permite comparar indicadores económicos. Así, la pensión de jubilación española ascendía a 2.358,30 PPA en 2014, mientras que la media europea se eleva hasta los 3.069,18. Es inferior a la que mantiene a los pensionistas en Portugal y Grecia. Y se encuentra muy lejos de las que perciben en Austria –la más elevada–, con 4.614 PPA; Luxemburgo, 4.320; y Suecia, 4.062. También adelantan a España, Reino Unido –3.318 PPA–, Finlandia –3.699–, Holanda –3.906–, Italia –3.669–… Sólo las prestaciones de los países del Este e Irlanda quedan por detrás de las españolas.

También se sitúa por debajo de la media europea el gasto público español en pensiones respecto del gasto social en su conjunto. Eurostat lo cifra para 2014 en un 39,27%, un punto por debajo del promedio de la UE. Francia dedica el 40,08% de su gasto en prestaciones sociales –discapacidad, vivienda, incapacidad temporal, paro, ayudas familiares, exclusión– a pensiones de jubilación. Italia, el 49,98%. Austria, el 44,52%. Reino Unido, el 42,92%. Portugal, el 50%.

Por el contrario, el gasto en pensiones de viudedad y orfandad casi dobla en España la media de la UE en porcentaje del gasto social: alcanza el 9,88%, mientras que en los 28 países comunitarios se queda en un promedio del 5,67%. Sólo Italia –9,33%–, Croacia –9,81%– y Polonia –10,24– la superan. España destinó en 2017 un total de 21.369 millones de euros a pagar pensiones de viudedad. La prestación media de esta clase se sitúa en 652,17 euros, según las estadísticas de la Seguridad Social a febrero de este año.

Más pérdida de poder de compra en el futuro

Como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2013, las pensiones han dejado de actualizarse según el IPC. Su subida está ligada desde 2014 al déficit o superávit de la Seguridad Social. Si cierra en números rojos, como viene ocurriendo durante toda la crisis y ha continuado con la recuperación, el alza de las pensiones queda limitada al 0,25%. Y si la inflación supera ese porcentaje, las pensiones pierden poder adquisitivo. Diferentes expertos han calculado la devaluación que sufrirán estas prestaciones públicas en caso de que la Seguridad Social continúe en déficit, contando con que el IPC vuelva a los valores normales de una economía que crece al ritmo del 3% anual. La última proyección la ha realizado UGT, que estima que una pensión de 1.000 euros rebajará su poder de compra a 949 euros en 2022. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el sistema seguirá en números rojos hasta ese año, por lo menos. El Gobierno cifra en 2.000 millones de euros el recorte que la revalorización topada al 0,25% inflige a las pensiones cada año.

El cálculo de UGT no incluye la bajada en la prestación que supondrá a partir del año próximo la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, también aprobado en la reforma de 2013. Ese coeficiente, que reduce la pensión según la esperanza de vida de cada generación, se aplicará sólo a las nuevas pensiones que se generen a partir de 2019 y sólo una vez. Pero supondrá un recorte adicional al acumulativo de limitar al 0,25% la subida cada año.

La combinación de ambas medidas se traducirá en una reducción progresiva de las nuevas pensiones que comenzará siendo del 8% en 2020 y podrá alcanzar el 35% en 2050podrá alcanzar el 35% en 2050, según los cálculos del catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri publicados en los Papeles de Economía Española de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. “A los trabajadores se les ha reducido la pensión inicial, el tiempo durante el cual cobran la pensión [al aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años] y, quizá peor, el valor real de su pensión irá disminuyendo a medida que envejezcan”, resume Zubiri el efecto de las reformas.

Parecidas son las conclusiones a las que llega el profesor de la Universidad Complutense Alfonso R. Sánchez en un ejercicio de simulación publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Los nacidos entre 1965 y 1985, que se jubilarán entre 2032 y 2052, serán los más afectados por la aplicación conjunta del factor de sostenibilidad y la revalorización del 0,25%, concluye.

Para los jubilados más longevos, augura, el alza mínima anual se convertirá en una pérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicial pérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicialrespecto del salario medio que percibían cuando trabajaban, según el estudio. Además, “una vez determinada [la cuantía de la pensión], su poder de compra real se deteriorará inexorablemente”, asegura el autor. Y el efecto será aún “más dañino” para las pensiones más bajas e incluso “podría llevar a una parte apreciable de la población mayor a estar por debajo del umbral de pobreza”, advierte.

El IPC, sólo si hay equilibrio

Este miércoles Mariano Rajoy intervendrá en el pleno monográfico sobre pensiones convocado tras las masivas protestas de los jubilados. Pero Moncloa descarta que el presidente del Gobierno dé “golpes de efecto” ni plantee “ocurrencias”“golpes de efecto”. Y el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Gerardo Camps, ha prometido que las pensiones subirán, incluso por encima del IPC, sólo cuando se equilibre el sistema de la Seguridad Social.

A favor de vincular de nuevo la subida de las pensiones a la inflación, en cambio, se han manifestado todos los partidos de la oposición, menos Ciudadanos –que puso “condiciones” para apoyar la iniciativa–, así como los sindicatos. El PP se niega a suprimir tanto la revalorización del 0,25% como el factor de sostenibilidad, porque, asegura, aumentaría el déficit público y se pondría en peligro el sistema.

“Tengo la responsabilidad de gobernar y, por tanto, de ajustar los gastos al conjunto de los ingresos. Lo más importante para garantizar el sistema de pensiones y su poder adquisitivo es crear empleo”, proclamó el presidente del Gobierno en el Congreso el pasado miércoles, “todo lo demás son buenas intenciones”. Mariano Rajoy contestaba así al diputado de UPN Íñigo Alli, quien le instó a subir las pensiones según el IPC, en lugar del 0,25% con que vienen revalorizándose desde 2014.

Al día siguiente, miles de pensionistas se manifestaban en toda España para exigir pensiones dignas y protestar por la “miserable” subida que el Gobierno ha aplicado a sus prestaciones desde la reforma de 2013. Todos ellos habían recibido sólo unas semanas atrás la carta en que como cada año la ministra de Empleo, Fátima Báñez, les informaba de que el alza de sus pensiones sería de sólo el 0,25%, “una mejora anual garantizada” que presentaba como “salvaguarda económica para las generaciones futuras”.

Ese mismo día, mientras los pensionistas protestaban en la calle, Báñez negaba en televisión que fueran a perder 350 euros al mes como consecuencia de las reformas de 2011 y 2013. La cifra la había avanzado una semana antes un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), encargado por la Asociación Empresarial del Seguro. Precisamente el año próximo será el primero en que se aplique el factor de sostenibilidad, incluido en la reforma de 2013 y que recortará la prestación de quienes se jubilen a partir de 2019 según la esperanza de vida de su generación.

La combinación de ambas medidas, la revalorización del 0,25% y el factor de sostenibilidad, supondrán una reducción progresiva de las nuevas pensiones que comenzará siendo del 8% en 2020 y podrá alcanzar el 35% en 2050podrá alcanzar el 35% en 2050, según los cálculos del catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri publicados en los Papeles de Economía Española de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. “A los trabajadores se les ha reducido la pensión inicial, el tiempo durante el cual cobran la pensión y, quizá peor, el valor real de su pensión irá disminuyendo a medida que envejezcan”, resume Zubiri el efecto de las reformas: el factor de sostenibilidad, el aumento de la edad de jubilación y la desvinculación del IPC.

Margen para el gasto, nuevas fuentes de ingresos

En efecto, todas estas medidas, y la filosofía que hay detrás de ellas y en las palabras de Rajoy sobre las “buenas intenciones” de subir las nóminas de los jubilados, están dirigidas a poner freno al gasto público en pensiones. Entretanto, la Comisión del Pacto de Toledo lleva ya un año poniendo en el centro de sus discusiones el otro extremo de la balanza: cómo aumentar los ingresos de la Seguridad Social.

Mientras el Gobierno se preocupa con la sostenibilidad del sistema, buena parte de la oposición, los sindicatos y los pensionistas en la calle claman por la suficiencia de las prestaciones. Según las previsiones del Ejecutivo, el gasto en pensiones se contendrá en el 12,3% del PIB cuando llegue 2050 –sólo medio punto más que en 2015– gracias a las dos reformas aplicadas. Es decir, por debajo del gasto en Italia –14%–, Francia –15,1%– o Alemania –13%–, como por otra parte les gusta recordar a los defensores de priorizar el mantenimiento de pensiones “dignas”. A su juicio, por tanto, hay margen para subir las pensiones. Ignacio Zubiri, por ejemplo, cree que España puede gastar un 30% más de lo que destina ahora a esta forma de protección social. De forma que el gasto público en pensiones llegara al 15% del PIB e “incluso algo más allá sin que esto supusiera un coste inasumible”, sostiene.

Pero para ello hay que encontrar nuevas fuentes de ingresos. Y las posibles fórmulas están claras para expertos y políticos. Los socialistas han propuesto que se paguen las pensiones con nuevos impuestos, uno que grave las transacciones financieras y otro los beneficios de la banca. Calculan que habrían de recaudarse cerca de 2.750 millones de euros al año y que la medida debería prolongarse hasta 2050. Otras posibilidades de financiación sobre la mesa son el destope de las bases máximas de cotización, sobre la que también existe un alto grado de acuerdo.

Lo mismo ocurre con la equiparación de las cotizaciones de los autónomos con las de los asalariados del Régimen General o con la idea de cargar a los Presupuestos del Estado tanto los gastos de gestión y personal de la Seguridad Social como las pensiones de viudedad y orfandad. Eliminar las reducciones de cuotas con que el Gobierno lleva años intentando incentivar los contratos indefinidos es otra medida adicional. El Ejecutivo está de acuerdo en transformarlas en bonificaciones, que son compensadas por el Servicio Público de Empleo y no hacen un agujero en las cuentas de la Seguridad Social.

Por contra, la polémica envuelve la sugerencia del PP de ampliar a toda la vida laboral el periodo de cotización necesario para calcular la cuantía de la pensión, que en 2022 será de 25 años –15 años antes de la reforma de 2011–. Presentada como un medio para subir la prestación de los trabajadores despedidos durante de la crisis, sindicatos y oposición recelan de que uno de sus posibles efectos sea también mermar la pensión de mujeres y jóvenes.

Sí han perdido poder adquisitivo

Todos los grupos de la oposición, menos Ciudadanos, están de acuerdo igualmente en suprimir el mecanismo para revalorizar las pensiones, o por lo menos subirlas por encima del 0,25% actual. Mantener el factor de sostenibilidad sólo lo defienden también el PP y la formación naranja.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, cifró en sólo una décima la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los pensionistas desde 2014. La ministra Báñez incluso amplía el dato hasta 2007 para decir que no han perdido nada.

El problema es que para hacer ese cálculo utilizó la inflación media de los últimos cuatro años, no la tasa con la que termina el año, que es la que se empleaba, hasta la reforma de 2013, para actualizar las pensiones. En concreto, se recurría al IPC de noviembre. Pero si para hacer la cuenta se emplea esa tasa final del ejercicio, en 2017 el IPC terminó en el 1,2% y en 2016, en el 1,7%. Es decir, en dos años los precios subieron un 2,9%, mientras que las pensiones lo hicieron sólo un 0,5% acumulado. Es decir, en ese bienio perdieron 2,4 puntos de poder adquisitivo. En 2014 el IPC terminó en negativo (-1%) y en 2015 el índice no se movió, acabó en cero. Pero esta bajada de los precios tampoco compensa las subidas posteriores. En el cuatrienio considerado, el IPC aumentó un 1,9%, mientras que las pensiones sólo lo hicieron un punto. Es decir, perdieron nueve décimas de poder adquisitivo. En euros, por tanto, la pensión media debería haber aumentado 16,43 euros en cuatro años para no devaluarse frente a los precios, pero sólo creció 8,64 euros.

Tomando la inflación en el mes de noviembre de cada año, las cifras son similares: los precios subieron un 1,7%, pero las pensiones se quedaron en un punto. La merma es de siete décimas.

Recortes que aumentarán año tras año

Y si continúa aplicándose la subida mínima del 0,25%, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados se situará entre un 15% y un 17%, según los cálculos realizados por el sindicato CCOO, suponiendo que la inflación permanezca entre el 1,5% y el 2%, el objetivo del BCE. Añadiendo a esa quita por la revalorización limitada al 0,25% el recorte que, a partir de 2019, sufrirán las pensiones cuando se les aplique el factor de sostenibilidad, la pérdida de poder de compra se elevará hasta el 25% en los próximos 10 años, advierte el sindicato.

UGT, en un informe publicado el pasado enero, utiliza datos del Gobierno para cuantificar el recorte en la tasa de reemplazo –la relación entre el último sueldo y la primera pensión– que infligirá en las prestaciones públicas la combinación del alza del 0,25% y el factor de sostenibilidad: pasará del 81% actual al 48% en 2060.

En la misma dirección apunta también el Banco de España. En un estudio sobre las alternativas de reforma del sistema público de pensiones publicado en septiembre del año pasado, asegura que “en ausencia de modificaciones adicionales en los ingresos del sistema”, el índice de revalorización del 0,25% “generará reducciones elevadas de la tasa de sustitución de las pensiones junto con un mayor riesgo de pérdida de poder adquisitivo de la población jubilada ante aumentos inesperados de la inflación”. Los autores del informe no dudan en vaticinar “disminuciones sistemáticas de la renta real de los pensionistas”. El Banco de España también aporta su previsión sobre el efecto del factor de sostenibilidad: recortará la pensión inicial un 7% en 2030 y hasta un 12% en 2040.

Finalmente, el centro de estudios del BBVA calcula que en 2019, el primer año en que se aplicará el coeficiente reductor según la esperanza de vida, quienes se jubilen verán recortada su pensión un 0,72%. Quienes lo hagan en 2030 perderán un 7,92% y nada menos que un 15,62% los que dejen de trabajar en 2045.

Para saber la cifra exacta habrá que esperar. El pasado enero la ministra de Empleo dijo ante la Comisión del Pacto de Toledo que sus técnicos aún no han hecho los cálculos, pues la Seguridad Social no dispone de las estadísticas de defunciones de 2017, necesarias para precisar la esperanza de vida en 2019. Aun así, Báñez recalcó que la pensión inicial ese año “no será menor” porque el factor de sostenibilidad “lo que hace es modular el crecimiento”. La pensión, abundó para negar el recorte que dan por cierto los expertos, “dependerá del crecimiento económico, la carrera laboral, las bases de cotización y los aumentos del poder adquisitivo que se hayan dado todos los años”.

Prestaciones públicas por debajo de Grecia y Portugal

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, contestó a las protestas multitudinarias de pensionistas del jueves asegurando que el saldo para “este sector de población” es “positivo” si se compara con otros “que han sufrido de una forma más intensa la crisis”. Repetía así la idea esgrimida por la ministra ese mismo día, apoyada, según dijo, en los informes de la OCDE: “Los pensionistas han sido uno de los colectivos que más protegidos han estado durante la crisis”.

UGT se ha ocupado de rebatir esa protección especial de la que hablaba el organismo internacional y de la que presume Fátima Báñez. Según explica el sindicato, basándose en datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE, las prestaciones públicas dirigidas a los ciudadanos de mayor edad sólo alcanzan en España el 63,5% de la media comunitaria, “muy lejos del PIB por habitante español, que supone el 85% del promedio de la UE a 15”. Están por debajo de las de Grecia y Portugal. Las de Francia equivalen al 118,6% de la media europea.

También la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato participan las principales compañías y bancos españoles, matiza los argumentos de la ministra. Un documento sobre el consumo y el ahorro de las familias durante la crisis y la recuperación revela que los hogares formados por una persona mayor de 65 años, con o sin cónyuge, fueron los únicos cuyas rentas disponibles no se recortaron entre 2007 y 2013. Pero el motivo no fue la revalorización de las pensiones, sino “el aumento de las pensiones medias con las que los nuevos jubilados entraban en el sistema”: tienen sueldos más altos y han cotizado más años que sus predecesores. Aun así, recuerdan sus autores, los hogares formados por un mayor de 65 años se encuentran entre los que poseen una menor renta disponible. La pensión más habitual en España se sitúa entre 600 y 650 euros, la que cobran 1,87 millones de personas, según las estadísticas de la Seguridad Social. Y las prestaciones que cobran 5,4 millones de pensionistas, el 62% de los perceptores existentes a fecha de enero de este año, no llegan a 1.000 euros.

El próximo lunes reanudan los sindicatos y la patronal las negociaciones para pactar, entre otros temas, la subida salarial de 2018. Independientemente del resultado de las conversaciones, lo que parece claro es que los salarios no van a remontar lo suficiente como para compensar la inflación. En esa previsión coinciden la CEOE y Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, que acaban de hacer públicas sus perspectivas para la economía española hasta 2018: el PIB se desacelera, frenado a su vez por el consumo privado, que “moderará su ritmo de crecimiento” este año y el próximo por culpa de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El consumo de los hogares caerá hasta el 2,5% este año, desde el 3,2% de 2016, e incluso una décima más en 2018. La culpa, dicen ambas instituciones, es de la inflación, que este año subirá un 1,9% este ejercicio y un 1,1% en 2018, calcula la patronal. Según Funcas, el IPC aumentará más ese año, un 1,3%. Y esa alza mermará los salarios reales. La remuneración por asalariado apenas crecerá tres décimas este año y ocho el próximo, apunta la CEOE. “La mejora de la economía no se trasladará a los salarios”, sentencia contundente la fundación de las cajas.

El freno del consumo privado lo vislumbran también el Banco de España, la Comisión Europea y el propio Gobierno. Estos dos últimos lo rebajan más aún, al 2%, en 2018.

La anemia salarial, en cualquier caso, no es un fenómeno nuevo. Utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la CEOE asegura que la remuneración por asalariado ha caído una décima en el segundo trimestre de este año, y el coste laboral unitario, cuatro décimas, una tendencia que ya se hizo patente a lo largo de 2016, cuando ya se redujo en el mismo porcentaje. En 2015 sólo aumentó dos décimas, después de acumular una caída de siete décimas en 2013 y 2014.

En consecuencia, otro tanto sufrirá la tasa de ahorro de las familias, que descenderá desde el 24,4% con que acabó 2016 hasta el 23,2% en 2018.

Tasa del paro en el 14% en 2018, según CEOE

La desaceleración de la economía que ya se revela en las cifras del segundo trimestre, dejará a fin de año el aumento del PIB en un 3,1%, una décima por debajo del crecimiento de 2016, según Funcas –un 3,2% según la CEOE–. En 2018 el freno será mayor. La economía medrará un 2,7%, dicen al unísono las cajas de ahorro y la patronal. Y esa ralentización se trasladará al mercado laboral. El empleo, que según Funcas, aumentará un 2,7% este año, se quedará en un 2,3% el próximo. La CEOE es más optimista y eleva ambas cifras en una décima. Con esos porcentajes, los técnicos de las cajas de ahorro aventuran que el paro caerá al 15% en 2018. La patronal se atreve a dejar la tasa de desempleo en el 14% a finales de ese ejercicio. Actualmente está en el 17,22%, de acuerdo con la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Otra magnitud que tampoco consigue repuntar es la productividad. Lo demuestra el hecho de que casi todo el aumento del PIB se transforme en empleo. De hecho, como destacan los técnicos de Funcas, en el último trimestre el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se disparó hasta un 3,8%, tres décimas por encima del alza del PIB. Así, las cuatro décimas que aumentó la productividad en todo 2016 se quedarán en tres décimas este año y en dos décimas en 2018.

Además, el consumo público seguirá frenado por la necesidad de reducir el déficit. Funcas cree que éste bajará al 3,3% del PIB en 2017 y se recortará hasta el 2,4% en 2018, por lo que España saldrá del procedimiento de déficit excesivo de la UE. Por el contrario, la inversión, sobre todo en la construcción, crecerá a buen ritmo, un 4% este año y un 5,3% el siguiente, porcentajes que serán mucho mayores en el caso de la construcción residencial: un 7,9% y un 8,3% respectivamente. La misma tónica tendrán las exportaciones –un 5,6% en 2017 y un 5,4% en 2018–, pese a que Funcas prevé un ligero frenazo en la entrada de turistas, tras dos años de récord, fruto de la “saturación de los destinos tradicionales”.

La devaluación salarial puede considerarse el mayor éxito de la reforma laboral de 2012. Dependiendo de la fuente y del parámetro que se mida, los salarios han caído en España entre un 8% –dicen los estudiosos de Funcas– y un 28% –calcula un informe de Oxfam Intermón–. CCOO, en otro documento, cifraba en un 15,4% el recorte de los costes laborales unitarios entre 2009 y 2014.

Además, resulta que esa depreciación de las nóminas no se ha producido de forma homogénea: se ha cebado con muchos y ha dejado intactos a otros. El informe sobre desigualdad salarial que hizo público este jueves Oxfam Intermón se basa a su vez en otro elaborado por los profesores de la Universidad de Alcalá de Henares José María Arranz y Carlos García-Serrano. La caída de los salarios ha afectado de forma muy dispar a los trabajadores según su edad, sexo, nivel de cualificación profesional o sector productivo. Así, los asalariados cuyas retribuciones más han bajado desde 2008 son los pertenecientes al sector de la educación, un 16%; los empleados del hogar, un 15,1%, y los de la sanidad, un 12,7%. Las cifras se refieren a salarios diarios reales –descontada la inflación–.

En la hostelería han caído un 7,5% y en el comercio y la Administración pública, un 6,5%. En los dos primeros, que constituyen el grueso del sector servicios, es precisamente donde los salarios, además, son más bajos. Según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral, en la hostelería el coste laboral –incluidas cotizaciones sociales– es sólo de 1.545,18 euros al mes; en las empresas dedicadas al suministro de energía alcanza los 6.261,92 euros, cuatro veces más. En el sector financiero llega a los 4.716,65 euros. Y eso que desde 2008 los trabajadores de bancos y cajas de ahorro han perdido un 6,2% de sus salarios. Los empleados en empresas energéticas, sólo el 0,6%.

Pero incluso dentro de cada sector hay diferencias importantes entre quienes más cobran y quienes tienen las nóminas más exiguas. Una brecha que es patente entre el conjunto de los salarios más altos, que apenas han sufrido durante la crisis –con una caída del 0,6%–, y los más bajos –con un desplome del 27,8%–. Estos porcentajes son el resultado de dividir el total de los asalariados en grupos de nueve según la cuantía de sus sueldos, de forma que el primer decil lo constituye el 10% de los trabajadores con los menores salarios y el noveno, el 10% con los salarios más elevados.

Pues bien, aplicando la distribución por deciles a los trabajadores según su sector productivo, el más desigual en sus retribuciones es también la educación, con una brecha entre quienes más cobran y quienes menos de 7,69, seguida de los denominados “otros servicios” (reparaciones, peluquería, servicios funerarios, actividades asociativas), con un índice de 6,72, y la sanidad, con 5,28. El más igualitario resulta ser la construcción, con un cociente de 3,22.

Y la brecha se agranda

Además, la divergencia salarial dentro de cada sector no ha dejado de aumentar en los últimos años. Donde más, en la hostelería, con una brecha que ha crecido nada menos que un 48,7% de 2007 a 2014, según los cálculos de Arranz y García-Serrano. En la construcción, un sector dinamitado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, ha aumentado un 43,7%.

En la administración pública, pese a los cinco años de congelación salarial, la distancia entre grandes y pequeños salarios se agrandó un 26,5%. Y en la educación, también muy afectada por la congelación de los sueldos públicos, la diferencia medró un 24,3%. En contraste, sólo creció la distancia un 8,7% en la sanidad y un 9,2% en el sector del transporte.

La brecha se hace aún más palpable cuando se comparan estos aumentos con las variaciones registradas entre los años 2005 y 2007, en pleno auge económico. En ese intervalo casi todos los sectores redujeron la diferencia entre salarios más altos y más bajos, aunque no demasiado: disminuyó un 3,5% en la industria, la rama de actividad que más lo hizo, y un 3,1% en la hostelería. En esos años sólo creció el desajuste en la Administración pública, un 7,1%.

Empleo a tiempo parcial, salarios a la baja

¿Por qué caen más los salarios en unos sectores que en otros? En la educación, con un peso significativo de la enseñanza pública, la congelación salarial impuesta en los Presupuestos del Estado recortó las retribuciones entre un 5% y un 10%. Además, en 2012 las comunidades autónomas comenzaron a mandar el paro en verano a los profesores interinos, que volvían a contratar al comienzo del curso. Dos meses de desempleo que reducen el salario anual de los docentes. La medida se revirtió en 2015, pero no en todas las comunidades: Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia siguen pagando a sus profesores interinos sólo 10 meses al año.

También la precarización de las condiciones laborales se ha ensañado más en unos sectores que en otros. Por ejemplo, donde más empleo a tiempo parcial se crea, más bajos son los salarios. Y más han caído durante la crisis. En la hostelería el 24,5% de los trabajadores tienen contratos por horas, en el subsector de actividades administrativas y servicios auxiliares –agencias de viajes, vigilantes de seguridad, call centers– asciende al 28,4%, el mayor porcentaje. En contraste, la industria cuenta sólo con un 5,4% de trabajadores a tiempo parcial y las empresas energéticas, con un 3,8%. Entre los empleados del hogar, el 54,6% trabajan por horas. En educación y sanidad, la proporción supera el 16%.

La cuenta es fácil de sacar: el coste salarial por hora de un trabajador a tiempo completo es de 14,95 euros; de uno a tiempo parcial, de 9,88 euros. Según un informe de CCOO sobre la devaluación salarial en España, mientras los salarios nominales para los empleados a tiempo completo descendieron un 2,2% entre 2009 y 2014, para quienes trabajan por horas, cayeron un 10,2%.

Mayor rotación laboral

Otro factor que influye en la cuantía salarial es el aumento de la rotación laboral. La recuperación del empleo desde que la economía española abandonó la recesión se sostiene sobre el empleo temporal. De tal forma que la tasa de temporalidad se ha situado en la cifra récord del 27%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). La más elevada de la Unión Europea, sólo superada por Polonia. Pues bien, de partida los trabajadores con contrato temporal tienen de media un sueldo un 36,6% inferiorun sueldo un 36,6% inferior al de un contrato indefinido, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial.

Sobre esa diferencia hay que sumar la caída salarial, producida por la crisis y estimulada por la reforma laboral. De acuerdo con un estudio de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, que analizaba sólo sueldos de trabajadores masculinos –los de las mujeres son inferiores–, aquéllos que habían conservado su empleo entre 2008 y 2013 sufrieron una rebaja en sus nóminas del 1,6%. Pero las de quienes cambiaron de puesto de trabajo en ese periodo de cinco años, y pasaron temporadas en el paro, se desplomaron un 17%.

Según CCOO, cada trabajador firma casi cinco contratos temporales al año. Si antes de la crisis hacía falta registrar tres contratos para consolidar un empleo temporal al cabo de un año, ahora son necesarios 4,6. Pero la precariedad se ha contagiado también a los indefinidos. Se ha pasado de 1,14 contratos para consolidar un empleo indefinido al final del año, en 2015 ya eran 1,45.

Además, quienes pierden su trabajo pero consiguen volver al mercado laboral, lo hacen siempre cobrando salarios inferiores. Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, cifra en un 34% la pérdida de sueldo, en términos reales, para quienes mudan de trabajo y consiguen un contrato indefinido. Porque si lo cambian por uno temporal, cobran un 65% menos.

Negociación colectiva debilitada

Finalmente, cabe reseñar un factor más que empuja a favor de la devaluación salarial: los cambios en la negociación colectiva. La reforma laboral ha incentivado los convenios de empresa y, protestan los sindicatos, ha debilitado la capacidad de presión de los trabajadores. Patronal y centrales sindicales pactaron en 2012 contener los salarios durante la crisis.

Además, los nuevos convenios de empresa rebajan los sueldos establecidos en los sectoriales. En los primeros se han negociado este año subidas salariales del 0,7%, en los segundos, de hasta el 1,1%. Y habría que añadir las mayores facilidades que la reforma laboral da a las empresas para descolgarse de los convenios. El 90% de estas inaplicaciones tienen por objeto, precisamente, la cuantía de los salarios de las plantillas.

Y no es casualidad que, en los sectores donde más débil es la capacidad de negociar de los trabajadores, los sueldos sean igualmente menores. “Los sectores con convenios fuertes, como el químico, el financiero o el automóvil, por ejemplo, permiten más fácilmente a las plantillas evitar las rebajas salariales”, destaca el profesor Carlos García-Serrano. A diferencia de lo que ocurre en buen parte del sector servicios, donde ya de partida los salarios son más bajos y la capacidad de los trabajadores para negociar, muy débil. Está ocurriendo con las empresas multiservicios o las de seguridad privadaseguridad privada, que compiten entre ellas básicamente en costes laborales, practicando un auténtico dumping salarial.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que las fusiones entre bancos para afrontar la reducción del negocio acentuarán los ajustes sufridos por el sector financiero durante la crisis. Los recortes adicionales ante el nuevo panorama bancario implicarán el cierre de unas 3.000 oficinas y a una reducción de plantilla de otros 14.688 empleados hasta 2019, informó Europa Press.

En concreto, la fundación recuerda que el número de sucursales se redujo de 37.903 a 31.021 oficinas desde 2012 a 2015, cuando las plantillas se rebajaron desde los 231.389 a 194.688 trabajadores, incluyendo prejubilaciones. Ahora, la nueva vuelta de tuerca en busca de rentabilidad reducirá la plantilla a los 180.000 empleados y acotará la red a unas 28.000 oficinas.

El sector bancario afronta un futuro que parece apuntar a prolongar la consolidación, después de configurar un mapa bancario formado por 15 entidades financieras. La nueva normativa europea, con la puesta en marcha del supervisor único, alienta además la posibilidad de acometer fusiones transfonterizas.

El investigador de Funcas Francisco Rodríguez se refirió a estas expectativas de fusiones y concretó el ajuste adicional en oficinas y empleados de cara a los próximos cuatro años durante un encuentro celebrado la pasada semana en Londres con un grupo de inversores internacionales.

El debate en España sobre la necesidad de más fusiones, defendida desde el Banco de España, se ha apaciguado ante el impasse político y a la espera de la formación de un nuevo Gobierno, que podría prolongarse hasta más allá del verano. E incluso alguno de los principales banqueros del país ha pospuesto el proceso de consolidación que parecía inminente a los próximos tres o cuatro años.

En cualquier caso, una nueva oleada de fusiones se antoja inevitable ante la dificultad de los bancos para mejorar sus márgenes en un contexto de tipos de interés muy bajos. Sin ir más lejos, el Euríbor a doce meses, de referencia para la mayoría de las hipotecas en España, ha cerrado el mes de febrero en negativo por primera vez en la historia, lo que se traducirá en una reducción del diferencial de los préstamos hipotecarios.

¿Pagar por prestar?

Esta situación ha llevado a pensar que la banca podría llegar incluso a pagar a los hipotecados por pedir dinero prestado, si bien desde la patronal bancaria se ha advertido de que no está claro que esto sea posible jurídicamente.

No obstante, algunas entidades se han empezado a cubrir ante este nuevo reto y están incluyendo en las nuevas hipotecas las ya denominadas 'cláusulas 0%' para garantizar que al menos se devuelve la totalidad del capital prestado.

La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha rebajado una décima su previsión de crecimiento de la economía española para 2014, hasta el 1,3%, aunque ha mantenido en el 2,2% el incremento del PIB estimado para 2015.

Funcas explica que ha revisado a la baja sus previsiones de este año por el menor crecimiento de lo esperado para el segundo semestre ante las dudas que arrojan algunas cifras, como la recuperación de los bienes de consumo duradero, especialmente los automóviles.

"No cabe esperar que este tipo de gasto siga creciendo a un ritmo tan intenso", señala Funcas, que indica además que las condiciones de fondo no son consistentes con una recuperación autónoma del consumo si no existe otro motor que sostenga el crecimiento, porque no hay margen para que los hogares se endeuden más o reduzcan más su ahorro.

Asimismo, cree que hay dudas sobre la continuidad del vigor de la inversión en un contexto en el que las perspectivas de la recuperación mundial pueden no cumplirse.

A su parecer, el mayor riesgo está en la zona euro, porque si no remonta en los próximos trimestres, la recuperación de la economía española se vería "frenada", lo que obligaría a reconsiderar las cifras de 2014 y 2015. Además, el déficit exterior por cuenta corriente se ampliaría, lo que implicaría nuevas incertidumbres sobre la sostenibilidad de la recuperación a medio plazo.

En este sentido, afirma que la eficacia de las últimas medidas del Banco Central Europeo (BCE) será "limitada" si no se acompañan de cambios en la política fiscal y las reformas estructurales en el conjunto del área euro. Además, advierte de que sus efectos sobre la actividad económica pueden tardar muchos meses en sentirse.

Otro de los riesgos que ve Funcas procede del "imprevisible impacto" sobre los mercados financieros de la retirada de las medidas de expansión cuantitativa en Estados Unidos y el aumento de sus tipos de interés.

Según Funcas, algunos activos financieros pueden estar sobrevalorados por la abundancia de liquidez de los últimos años, por lo que la moderación de la misma podría provocar reajustes de precios y aumentos de la rentabilidad de la deuda.

Pese a todos estos riesgos, Funcas cree que algunos de estos factores se pueden considerar "transitorios" y que, por tanto, no afectarán al crecimiento de 2015, por lo que ha decidido mantener la previsión en el 2,2%. Además, considera que la mejora prevista de las condiciones financieras el año que viene y los efectos sobre el gasto de los hogares de la reforma fiscal auguran una aceleración del crecimiento el año que viene.

Funcas ha modificado la composición del PIB por la continuidad en el segundo trimestre del patrón desequilibrado de aportaciones de la demanda nacional y del sector exterior. En concreto, se han revisado al alza la aportación de la demanda interna y de las importaciones en 2014 y 2015 y se han rebajado las cifras de las exportaciones.

El consumo de los hogares crecerá un 2,1% este año y un 2,6% el próximo, algo más de lo previsto inicialmente por el mayor dinamismo en el segundo trimestre y la corrección al alza de la cifra del primer trimestre. Según Funcas, el crecimiento se apoyará en un ligero aumento de la renta disponible –por el aumento del empleo y de las rentas empresariales, junto al descenso de los pagos por intereses–, aunque también en la reducción del ahorro en el caso de 2014.

En 2015, este componente de la demanda recibirá un impulso adicional derivado de la bajada del impuesto sobre la renta, que además permitirá una recuperación del ahorro. El consumo de las Administraciones Públicas, por su parte, aumentará un 0,2% este año y descenderá un 0,7% el próximo.

Funcas cree que la inversión en construcción "suavizará notablemente" su ritmo de caída hasta el 4% en 2014 y el 0,1% en 2015. En concreto, considera que el cambio de tendencia del mercado inmobiliario permitirá acelerar la absorción del stock de viviendas sin vender, lo que hará posible que la inversión en construcción residencial comience a crecer en la segunda mitad del próximo año, si bien, la evolución para el conjunto del ejercicio todavía será negativa. La inversión en bienes de equipo crecerá un 7,2% y un 6,6% en 2014 y 2015, respectivamente.

En este contexto, Funcas cree que la creación de empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ascenderá al 0,7% este año y el 1,5% el próximo, una décima más de lo estimado anteriormente. La tasa de paro, por su parte, se situará en el 24,5% en 2014 y en el 22,5% en 2015, una décima menos. La reducción del desempleo también se deberá a la caída de la población activa.

Con este aumento del empleo, el incremento de la productividad se ralentizará "sensiblemente" y los costes laborales unitarios seguirán descendiendo a un ritmo "muy inferior" al observado en los últimos años, puesto que el crecimiento de los salarios seguirá siendo "muy contenido".