El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 33.405 personas en marzo en relación al mes anterior, lo que supone un descenso del 1,2% en términos porcentuales, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recoge Europa Press. Tras el retroceso de marzo, impulsado sobre todo por el sector servicios y la caída del paro femenino, el número total de desempleados se situó en 2.727.003 parados, el nivel más bajo para un mes de marzo desde 2008, ha subrayado el Ministerio.

La bajada del paro en marzo de este año es inferior al retroceso que experimentó el desempleo en igual mes de 2023, cuando disminuyó en 48.755 personas, pero está por encima del descenso registrado en 2022 (-2.921 parados), cuando estalló la guerra en Ucrania.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 24 ocasiones y ha subido en 5. El mayor repunte en este mes, de 302.365 desempleados, se registró en 2020, al comienzo de la pandemia, mientras que el mayor descenso fue el de 2002, con 66.804 parados menos.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en el tercer mes de 2024 en 11.900 personas. En el último año el desempleo acumula un descenso de 135.257 parados, lo que supone un 4,7% menos, con un retroceso del paro femenino de 85.766 mujeres (-5%) y una caída del desempleo masculino de 49.491 varones (-4,3%).

El paro bajó en marzo en todos los sectores económicos, salvo en el colectivo sin empleo anterior, donde aumentó en 1.779 personas (+0,7%). El mayor descenso mensual se lo anotaron los servicios, con 31.294 parados menos (-1,6%), seguido de la industria, que restó 2.055 desempleados (-0,9%); agricultura, donde el paro disminuyó en 1.502 personas (-1,5%), y la construcción, con 333 desempleados menos (-0,1%).

El paro retrocedió en marzo en ambos sexos, aunque algo más entre las mujeres. En concreto, el desempleo femenino bajó en 23.009 mujeres respecto al mes anterior (-1,4%), frente a una caída del paro masculino de 10.396 varones (-0,9%). Así, al finalizar el tercer mes de 2024, el número total de desempleadas se situó en 1.632.557 mujeres, mientras que el de varones totalizó 1.094.446 desempleados.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años disminuyó un 1,3% en marzo, con 2.748 parados menos que a cierre de febrero, mientras que el paro de las personas con 25 años y más bajó en 30.657 desempleados (-1,2%). Tras el descenso de marzo, el número total de parados menores de 25 años bajó hasta un total de 205.007 desempleados, su menor cifra en un mes de marzo de la serie histórica.

El paro registrado bajó en marzo en 15 comunidades autónomas y subió en País Vasco y Madrid, con 926 y 701 desempleados más, respectivamente. Los mayores descensos mensuales, por contra, se registraron en Andalucía (-11.374 parados), Canarias (-4.686 desempleados) y Comunidad Valenciana (-3.998).

En cuanto a las provincias, el paro retrocedió en 46 de ellas, encabezadas por Málaga (-3.095 desempleados), Santa Cruz de Tenerife (-2.456) y Sevilla (-2.289), y subió en seis, principalmente en Madrid (+701 desempleados), Guipúzcoa (+534 parados) y Vizcaya (+427).

El paro registrado entre los extranjeros bajó en 4.807 desempleados respecto al mes anterior (-1,3%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 366.441, lo que supone 6.474 parados menos que un año antes (-1,7%).

Pese a la celebración de la Semana Santa, que el año pasado se celebró en abril, en marzo de este año se registraron 1.123.488 contratos, un 14,6% menos que en el mismo mes de 2023.

De todos ellos, 504.893 fueron contratos indefinidos, cifra un 18% inferior a la de un año antes. En total, el 44,94% de los contratos realizados en marzo fueron indefinidos, porcentaje ligeramente inferior al registrado en febrero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 46%. Dentro de los indefinidos, en marzo se realizaron 222.515 contratos a tiempo completo, un 21,7% menos que en igual mes del año pasado; 158.271 contratos fijos-discontinuos (-12,5% interanual) y 124.107 contratos indefinidos a tiempo parcial (-17,6%).

De todos los contratos suscritos en marzo, 618.595 fueron contratos temporales, un 11,5% menos que en igual mes de 2023 y la menor cifra desde 1997. En total, estos contratos representaron el 55,06% de la contratación total efectuada en el tercer mes del ejercicio.

En los tres primeros meses del año se han realizado 3,4 millones de contratos, un 4,3% menos que en igual periodo de 2023. De ellos, 1,53 millones han sido contratos indefinidos, un 6,3% menos, mientras que 1,91 millones han sido temporales, lo que supone un 2,5% menos que en el mismo periodo del año pasado.

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en febrero de 2024 (último dato disponible) la cifra de 2.027,1 millones de euros, un 3,8% más que en igual mes de 2023. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.092 euros en el mes de febrero, un 2% más.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario fue de 984,6 euros el pasado mes de febrero, lo que supone un aumento de 26 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,4%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó al finalizar febrero en 1.893.595 personas, cifra un 1,6% superior a la de febrero de 2023. La tasa de cobertura, que un año antes estaba situada en el 68,11%, escaló en febrero de 2024 hasta el 73,19%, el valor más alto para un mes de febrero desde 2011, según ha subrayado Trabajo.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este martes las cifras de desempleo de marzo y la estadística de prestaciones de febrero. El Departamento que dirige Yolanda Díaz ha resaltado además que en 2023 aumentó el superávit presupuestario del desempleo hasta los 5.927 millones de euros gracias a la recuperación del empleo y la mayor recaudación por la subida de los salarios.

El mercado laboral comienza el año acusando el fin de la campaña de navidad: ha perdido 215.047 cotizantes a la Seguridad Social mientras el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha crecido en 70.744 personas. Ambas cifras superan las de enero de 2022, cuando los afiliados bajaron en 197.750 y los desempleados aumentaron en 17.173 trabajadores. Otro dato más que apunta hacia la desaceleración de la economía y el empleo que viene larvándose desde el final del año anterior. Aun así, España mantiene los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social –20,08 millones, exactamente–, que alcanzó el pasado mes de abril, y sigue por debajo de los tres millones de parados registrados –los ha superado en la Encuesta de Población Activa–, una cota que abandonó en mayo de 2022.

El hachazo laboral tras las navidades se hace evidente en el hecho de que todo el aumento del paro se lo ha llevado el sector servicios, que suma 70.759 parados más. Sólo la construcción ha bajado sus registros en el SEPE, con un descenso de 3.111 desempleados. La industria apenas se movió, con 408 parados más. La agricultura añadió 1.457 personas a las listas del desempleo. En las estadísticas de la Seguridad Social el golpe puede precisarse más: la hostelería ha prescindido de 43.118 trabajadores, un 3,36% de sus afiliados, y el comercio de otros 39.613, un 1,56%. También han perdido cotizantes, 42.068, las actividades administrativas, un 3%. En la sanidad se han dado de baja 17.329 profesionales. La caída de la ocupación en los servicios, sobre todo en los citados, que son sectores muy feminizados, se ceba en el empleo de las mujeres. La Seguridad Social ha perdido 116.322 afiliadas –un descenso del 1,2%–, pero 98.725 afiliados –una caída del 0,9%–, mientras que se han apuntado al paro 49.937 mujeres –un aumento del 2,95%– y menos de la mitad de hombres, 20.807 –un 1,8% más–.

En el patrón estacional característico del mercado de trabajo español, enero siempre es un mes malo, con crecimientos del paro y bajadas en la afiliación, y 2023 no ha sido una excepción. Aun así, el Ministerio de Seguridad Social ha destacado que el descenso de afiliación de este último enero –1,06%– ha sido menor que los registrados desde 2019. Con respecto al paro, el aumento multiplica por cuatro el de enero de 2022, pero queda por debajo de las alzas sufridas los tres años precedentes.

El buen dato que continúa en 2023 es el auge de los contratos indefinidos. En enero el 44,16% de los firmados eran de este tipo, un 122,2% más que en el mismo mes de 2022. Son cinco puntos porcentuales más de los registrados en diciembre. De los 530.306 contratos fijos suscritos el pasado enero, 236.443 fueron a tiempo completo, 173.968 eran fijos discontinuos y 119.895 a tiempo parcial. Los primeros han crecido un 62,2% respecto a hace un año, los segundos un 558,3% y los terceros, un 80,3%. Los temporales, a su vez, han caído un 50,6%. Los 670.444 suscritos son la mitad de los que se registraron hace un año, pero un millón menos de los que se firmaron en enero de 2019.

La misma tónica se desprende de los datos de la Seguridad Social. Los afiliados con contrato temporal han descendido hasta el 15%, su mínimo histórico según resalta el ministerio, que atribuye el cambio de tendencia a la reforma laboral aprobada hace un año. Hasta ese momento, la media de cotizantes con contratos de duración determinada no bajaba del 30%. Seguridad Social ha facilitado este mes datos sobre fijos discontinuos y sobre la pervivencia de los contratos fijos firmados desde la entrada en vigor de la reforma, dos de las polémicas surgidas con su aplicación. Así, el ministerio asegura que más de la mitad de los 4,05 millones de cotizantes que entre enero y marzo de 2022 –antes de la entrada en vigor plena de la reforma– tenían un contrato temporal y ahora siguen dados de alta, tienen un contrato indefinido. De ellos, el 80% han firmado un contrato fijo y el 20% son fijos discontinuos. Además, destaca, el 40% de los que han conseguido un contrato indefinido han cambiado de empresa.

El departamento de José Luis Escrivá sale así al paso de las críticas que la oposición y algunos expertos han lanzado sobre el enorme aumento de los fijos discontinuos tras la reforma laboral y sobre cómo se registra su número y sus periodos de inactividad en las estadísticas. Este último enero, se han firmado 173.968 contratos fijos discontinuos, un 2,2% menos que en diciembre, mientras que han aumentado un 32,1% los indefinidos a jornada completa y un 11,7% los de tiempo parcial.

El mal comportamiento del mercado de trabajo ha sido general en todas las comunidades autónomas, tanto en lo que se refiere al paro como al número de cotizantes a la Seguridad Social. Sólo en Baleares ha bajado el desempleo, aunque apenas tiene 297 parados menos que en diciembre. Los territorios donde más ha bajado el empleo y crecido el paro en cifra absolutas han sido Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, que también son las más pobladas. En términos relativos, Madrid es la segunda comunidad, tras Asturias, donde más ha aumentado el desempleo en enero respecto al mes anterior, un 3,74%, seguida por Cantabria y Castilla-La Mancha. Pero es en Extremadura –1,58%–, Comunidad Valenciana –1,52%– y Cantabria –1,4%– donde más ha caído el empleo en cifras porcentuales.

Finalmente, los ERTE siguen reduciendo el número de trabajadores a los que protegen. Son 15.010, un 27% menos que en diciembre. De ellos, 13.097 son por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, mientras que ya sólo quedan 1.529 por fuerza mayor y 384 en el mecanismo RED que se aplicó a las agencias de viajes.

A juicio del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, los datos de empleo de enero constatan que España tiene un mercado laboral “muy sólido y muy fuerte”, que además está “aguantando muy bien” un entorno “muy complicado”. Según ha dicho, enero es “el mes estacionalmente más bajo del año” por lo que prefiere observar los datos sin ese componente estacional, como sucede con el PIB. Pero incluso sin hacerlo, Escrivá ha resaltado que la caída de enero de 2023 de la afiliación media y la subida del paro son menores que las registradas en enero de 2020, antes de la pandemia, cuando se perdieron 245.000 ocupados y se sumaron 90.000 personas a las listas del desempleo. Para el ministro, los datos desestacionalizados evidencian que el mercado laboral “ha arrancado bien el año” y aunque no ha querido adelantar lo que ocurrirá en los próximos meses, sí ha dicho que el empleo “no hará más que crecer”. De hecho, ha afirmado que la probabilidad de que febrero sea también un buen mes “es grande”, informa Europa Press.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el crecimiento del paro en enero ha sido “más moderado que la media histórica y que otros eneros recientes, lo que muestra una mayor estabilidad del mercado laboral”.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, cree que los datos de empleo de enero “no son buenos”. Aunque corresponden a una situación estacional, advierte de que también se presentan como un “síntoma de desaceleración” que hacen necesario tomar medidas para “avanzar en la consolidación y la creación de empleo“.

La secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, ha subrayado que “son los bajos salarios los que lastran la economía y el empleo, no los que los castigan”, tras alabar la “senda de estabilidad” de los contratos tras la reforma laboral. Además, ha reclamado una mejora de las políticas activas de empleo para luchar contra el paro de larga duración y de la cobertura de las prestaciones por desempleo, pues la tasa de diciembre, del 68,9%, se encuentra 11 puntos por debajo de la registrada en el mismo mes de 2010, cuando alcanzó su máximo histórico.

Para la CEOE, el descenso del empleo y el aumento son un comportamiento habitual del empleo en el primer mes del año, aunque aprecia una mayor intensidad en la caída de la afiliación, al igual que en meses anteriores, por culpa de la incertidumbre. No obstante, la patronal destaca la “gran resiliencia” que está mostrando el mercado laboral, pese a que éste “no es inmune” a los riesgos que supone la guerra en Ucrania y “su impacto sobre la inflación, el suministro de energía y, en general, el encarecimiento generalizado de los costes de producción”.

El mercado de trabajo termina reluciente el mes de mayo, en las puertas de la temporada alta de la contratación. A tenor de las cifras tanto de paro como de afiliación a la Seguridad Social, en España hay más ganas de verano que miedo a los efectos económicos de la guerra en Ucrania. De modo que el empleo se sostiene por encima de los 20 millones de cotizantes, cota que alcanzó ya en abril, tanto en cifras estacionalizadas –20.025.089– como sin descontar los efectos del calendario –20.232.723–. Y el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha bajado de los tres millones de personas por primera vez desde noviembre de 2008. En España quedan aún 2,92 millones de personas sin empleo. En mayo han salido de esa lista 99.512 desempleados, un descenso del 3,29% respecto a abril, pero del 22,7% respecto a hace un año. Desde mayo de 2021 el número de parados ha caído en 858.259 inscritos.

Esa cifra es consistente con el casi millón más de ocupados –965.502— que revelan las estadísticas de la Seguridad Social para el último año. Tras crecer en 213.643 afiliados en mayo, ya hay 539.226 cotizantes más que antes de la pandemia, en febrero de 2020. Este último aumento es el mayor volumen desde 2006. El número de ocupados ganados el último mes está ligeramente por debajo de las mejoras de 2018 –237.000 cotizantes– y 2017 –223.192–, pero supera las de 2019 –211.752–, 2021 –211.923— y por supuesto los de 2020 –97.462–, en pleno confinamiento.

Además, continúa el cambio de tendencia de los contratos, con un aumento de 730.457 nuevos indefinidos, la cifra más alta desde que hay registros, según se encargó de destacar el Ministerio de Trabajo. La reforma laboral ha multiplicado por cuatro el número de contratos indefinidos respecto a los registrados en mayo de 2019. Y si se tienen en cuenta todos los inscritos desde enero, suman 2,49 millones, el triple que en el mismo periodo del año pasado. Mediado el año, los indefinidos representan el 44,52% de los contratos, lo que supone un descenso de 3,66 puntos porcentuales respecto de la cuota de abril, quizá porque aumentan los temporales para la campaña de verano.

La mejora de la calidad del empleo también se deja ver en los registros de la Seguridad Social: los afiliados con contratos indefinidos crecieron un mayo un 16% respecto a 2021, seis puntos más de lo que habían aumentado en abril sobre el año anterior. En total, el 79% de los cotizantes tienen uno de estos contratos, ocho puntos más que antes de la pandemia. Según resalta el Ministerio de Seguridad Social, incluso en la construcción, la hostelería, el turismo y las actividades administrativas se está afianzando el empleo fijo. Otro tanto ocurre con los menores de 30 años, una franja de edad abonado a la temporalidad. El 60% de ellos cuenta ahora con un contrato indefinido, cuando lo habitual era que no superaran el 39%.

Entre los contratos indefinidos, los fijos discontinuos son los que más han crecido, multiplicando por 13 los que había hace un año. Los de jornada parcial también están en pleno auge, pues se ha cuadriplicado su número en un año. Lo que deja entrever que hacia estas dos modalidades se está trasladando la contratación temporal. Ésta ha caído un 34,5% desde mayo de 2021, obligada por el cambio normativo tras la reforma que entró en vigor en abril.

Aunque el descenso del paro registrado este último mayo es inferior a los 129.378 desempleados que salieron de las listas del SEPE en 2021, supera los datos de ese mismo mes en 2019. La caída se extiende a todos los sectores, desde el 5,9% de la agricultura y el 4,1% de la construcción hasta el 3% de los servicios. También a los menores de 25 años, con un descenso del 38,1% desde mayo de 2021. La Seguridad Social afina más en el desglose y revela que la hostelería es la rama de actividad que más empleo ganó en mayo, 83.427 afiliados, un 6,22%. También en perspectiva anual: un 30,85% –335.758 cotizantes más–. Le siguen la agricultura, con un 3,46%, y las actividades administrativas, con un 1,53%.

El reparto territorial del empleo refleja igualmente la reactivación del sector turístico de cara a la temporada alta. Donde más ha bajado el paro y crecido la afiliación a la Seguridad Social es en Baleares, con una caída del 52% en el número de desempleados en el último año y un aumento de los cotizantes del 24,29%. En Canarias también ha sido significativo el descenso del paro, un 30,2% desde mayo de 2021, y de la afiliación, un 8,28%. En Cataluña, la bajada del número de desempleados es del 27,4% y en Madrid, del 25,4%, con alzas de cotizantes más modestas, del 4,78% y el 5%, respectivamente.

Transcurridos más de dos años del estallido de la pandemia, aún quedan en ERTE un total de 27.380 trabajadores, pero la mayoría se encuadran en el mecanismo ETOP –causas económicas, técnicas, organizativas o de producción–. Sólo quedan protegidos por causas de fuerza mayor 1.215 asalariados. Otros 3.711 pertenecen a agencias de viajes y están amparados por el nuevo mecanismo RED para sectores en dificultades.

El mayor número de trabajadores aún en ERTE, pero por causas económicas o técnicas sigue correspondiendo a los hoteles –2.980—y hostelería –2.328–, por delante del transporte aéreo –1.564– y el comercio –1.676– Pero se les han sumado los 2.010 del sector automovilístico, afectado por la rotura de las cadenas de suministro internacionales. Con la salida de los trabajadores de los ERTE, las prestaciones que se les abonan no dejan de descender. En abril –las cifras de prestaciones se publican con un mes de retraso respecto de las de desempleo– el SEPE pagó 47 millones de euros a estos trabajadores con los contratos suspendidos o la jornada reducida. Hace un año, el desembolso se elevaba a 591 millones de euros.

Los sindicatos han aplaudido los buenos datos de empleo de mayo. “Sabemos que una parte de ellos corresponden a la propia estacionalidad, pero no hay ninguna duda de que la reforma laboral ha tenido un impacto muy importante”, sostiene Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO. Para UGT, es “fundamental” que, en un momento en que se crea empleo y con la inflación en cotas muy elevadas, se suban los salarios. “No puede ser que la media de subida salarial sea del 2,4% mientras los precios crecen por encima del 8%, no puede ser que los trabajadores pierdan poder adquisitivo mientras las empresas siguen aumentando sus beneficios”, ha advertido la responsable de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez.

Por su parte, la CEOE enfría el optimismo y opta por la “cautela en la valoración del funcionamiento del mercado laboral y de su evolución en los próximos meses”, advirtiendo de la próxima bajada de las previsiones de crecimiento. Aun así, reconoce como “dato más relevante” el alza de la contratación indefinida, que no duda en atribuir a la reforma laboral. Al tiempo, pide que no se introduzcan “elementos que conduzcan a espirales inflacionistas”, en alusión, aunque sin nombrarlos, a los salarios.

La pandemia ha empujado al paro a 2,14 millones de trabajadores. Es la cifra que arroja la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para los últimos 18 meses. Son el 59,4% de los 3,61 millones de desempleados registrados. De ellos, se pueden considerar ya parados de larga duración, por llevar más de seis meses sin trabajo, 1,21 millones, más de la mitad –el 56,67%–. Aunque en España se consideran parados de larga duración quienes permanecen un año o más sin empleo, en otros países como Estados Unidos el umbral se acorta a los seis meses. El mercado laboral español siempre ha sido infortunado líder en desempleados crónicos, con una cifra que suele rozar la mitad del número total de parados. No obstante, desde que la economía empezó a recuperarse tras la crisis financiera, el paro de larga duración no había dejado de reducirse –aun manteniendo una bolsa muy resistente integrada por quienes superan los dos años sin trabajo–. Hasta que llegó el coronavirus. Desde marzo de 2020, el paro de larga duración se ha disparado un 59%, un repunte de 997.000 personas inscritas durante más de seis meses a las listas del SEPE.

De hecho, no ha habido un aumento de ímpetu semejante desde 2009, cuando según los registros del SEPE experimentó un alza del 58,96%. Las cifras de la Encuesta de Población Activa muestran un paisaje similar: tras explotar en 2009 y 2010, y continuar creciendo los siguientes años en lo peor de la crisis, empezó a bajar a partir de 2014. Comparando las cifras del primer trimestre de 2020 y las del primer trimestre de 2021, son 1,85 millones los trabajadores que llevan más de seis meses en el paro.

Es más, el número de parados que no superan los seis meses registrados en el SEPE ha descendido durante estos meses de pandemia e incertidumbre económica, un 40,3%, pero el resto, los que van acumulando antigüedad en el desempleo, destrozan la estadística. Quienes se quedaron sin trabajo al principio de la pandemia parecen ser los que más difícil lo tienen para volver a la actividad: con el coronavirus casi se ha duplicado la cifra de los trabajadores que llevan entre un año y 15 meses en el paro. Y casi se ha triplicado, hasta alcanzar los 366.739, el número de quienes superan los 15 meses sin trabajar.

Pero la crisis poscovid también está dificultando el regreso al trabajo de los que perdieron su empleo antes de la irrupción del virus. De forma que los parados que llevan entre 18 meses y dos años registrados en el SEPE han aumentado un 138% hasta junio.

Más mujeres, con título de ESO, en ocupaciones elementales del sector servicios

¿Quiénes son estos trabajadores atrapados en el paro cronificado por el coronavirus? Para empezar, hay 597.038 mujeres más que hombres, pero el aumento ha sido más violento para ellos, un 68% respecto a febrero de 2020, que para ellas, un 54%. El número de los varones que llevan entre 15 y 18 meses en el paro incluso se ha triplicado en lo que dura la pandemia. Con respecto a la edad, hay una diferencia clara según el tiempo que lleven sin trabajar. El 30% de los que llevan entre seis y 12 meses en el paro son jóvenes de 20 a 29 años, según la última EPA. Pero, en la bolsa donde ha quedado atrapados quienes superan los dos años sin empleo, la mayoría –el 43,8%– tiene entre 45 y 59 años. Aunque entre los jóvenes esa cifra es el resultado de un aumento de casi el 55% respecto a febrero de 2020, mientras que los mayores sólo han crecido un 0,7%.

Además, un 38,4% de los parados de larga duración de la pandemia sólo ha estudiado la ESO o posee una formación equivalente. Pero el segundo grupo más representado son los universitarios, cerca del 27%, y su número se ha elevado más este último año y medio que el de quienes poseen únicamente estudios básicos: un 36% los primeros frente a un 28% los segundos.

Si se pone la lupa sobre sus ocupaciones, 250.500 son trabajadores con ocupaciones elementales, revela la EPA, y 232.400 estaban empleados en la restauración, el comercio, eran vigilantes jurados o auxiliares de enfermería. Pero como la crisis está impactando sobre todo en la hostelería, el turismo y el comercio, el paro de larga duración se ha cebado con los asalariados de estos servicios de cara al público, cuyo número ha subido un 44,6% en 12 meses, mientras que el de los englobados en la categoría de ocupaciones elementales –peones, personal de limpieza, barrenderos–, se ha elevado mucho menos, un 17,8%. Una señal clara del daño que las restricciones están infligiendo a esa parte sustancial del sector servicios es que, a pesar del colchón de los ERTE, la cifra de los empleados de restauración y comercio que llevan entre seis y 12 meses en el paro –147.200– se ha disparado nada menos que un 74,6% entre el primer trimestre de 2020 y el de 2021. Es lo que ocurre con quienes no consiguen reengancharse a la actividad con el comienzo del verano y la temporada alta del turismo, a diferencia de lo que les ocurría en los años sin pandemia: terminan convirtiéndose en parados de larga duración si se pasan los tres meses estivales sin trabajar.

Lógicamente, pues, los servicios acaparan casi el 24% de los parados de larga duración de la pandemia, unos 508.700 de acuerdo con los datos de la EPA. Pero su número ha crecido respecto al primer trimestre de 2020 un 13,5%, menos que los de la industria, con un alza del 29,7%, y muy por detrás del fuerte aumento de la construcción, un 94,5%. Quizá es uno de los efectos de los ERTE, que han sido aplicados de forma mucho más masiva en el sector terciario y muchísimo menos en la construcción y la industria.

Como el covid persistente

Los expertos advierten de que, cuanto más se alarguen las incertidumbres sanitarias y económicas y más lenta sea, por tanto, la recuperación, mayor será la duración del paro entre quienes pierdan su empleo. Un efecto que se prolongará incluso cuando ya se haya solventando la crisis. De forma que el paro de larga duración puede convertirse en una especie de covid persistente: aunque ya no existe la infección, las secuelas acompañan al enfermo mucho después de haber recibido el alta. Y, como el covid crónico, el paro de larga duración no tiene un remedio rápido. Básicamente, se trata de poner a estos trabajadores en el centro de las medidas de reorientación y recualificación profesionales, que siempre han sido un punto débil de las políticas activas de empleo españolas.

El paro de larga duración se produce por un desajuste entre las competencias profesionales de los trabajadores y las que demandan las empresas. Así, los jóvenes que abandonan el sistema educativo antes de tiempo son candidatos perfectos para quedar atrapados en la bolsa del paro prolongado, mientras que la demanda de trabajos cada vez más cualificados expulsa del mercado laboral a los individuos menos preparados. Pero también ocurre que personas con educación secundaria o universitarios carezcan de la formación que exigen las empresas y afronten serias dificultades para encontrar un empleo en mucho tiempo.

La pregunta es si eso puede cambiar ahora con las medidas incluidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia, que se marca como uno de sus objetivos reducir el número de desempleados generados por la pandemia mediante su “capacitación y reorientación”. En concreto, destina 235 millones de euros hasta 2023 para financiar al menos dos proyectos por comunidad autónoma destinados a “colectivos especialmente vulnerables”, que incluyen a los parados de larga duración. El plan habla de becas de cursos de formación, itinerarios personalizados para devolver a estos desempleados al mercado laboral y ayudas a su contratación, que deben traducirse en una inversión media de 6.000 euros por persona.

El fin de las restricciones y el buen ritmo de la vacunación, a las puertas de la temporada alta de la economía española, el verano, ha dado al mercado laboral el empujón que necesitaba, con un aumento del empleo de 211.923 personas, el mayor desde 2018, y un descenso del paro registrado que no se veía desde 1996: 129.370 inscritos menos en el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal).

La afiliación a la Seguridad Social, la medida del empleo, ha alcanzado ya los 19,26 millones de cotizantes, lo que supone que hay 711.092 ocupados más que hace un año, con la economía aún en estado de hibernación. Al tiempo, hay 2,84 millones de trabajadores menos en ERTE. Quedan aún bajo estos esquemas de protección –con el contrato suspendido o la jornada y el sueldo reducidos– 542.142 personas. Sólo en mayo han salido de un ERTE 95.439 trabajadores.

No obstante, el impulso se asienta sobre unas bases que las empresas sienten aún muy poco seguras. La contratación también se ha disparado, con un alza del 81,67% respecto a mayo del año pasado, cuando aún la actividad económica estaba paralizada. Lo que no significa que se haya recuperado. En el mes que ahora termina se han firmado 1,54 millones de contratos, cuando en un mayo normal, de antes de la pandemia, se superaban los dos millonesde antes de la pandemia. Además, la incertidumbre explica que los contratos temporales hayan crecido este último mes un 16,47%, cuadriplicando el avance de los indefinidos –4,83%–. Por supuesto, no ha cambiado el patrón habitual: de cada 100 contratos firmados, sólo 10 fijos.

Por otro lado, la recuperación del empleo por la pandemia se está convirtiendo cada mes que pasa en un problema sectorial. Pese a que ha sido la hostelería la rama de actividad que más nuevos ocupados suma en mayo respecto a abril, un 6,13%, aún mantiene un nivel de afiliación un 4% inferior al del mismo mes de 2020. Los cotizantes del comercio sólo han aumentado un 0,64% mensual, pero ya están un 2,26% por encima del año pasado. Respecto a 2020, la educación supera en un 10,23% el empleo que tenía entonces, las actividades administrativas lo hacen en un 8,73%, la sanidad en un 4,3% y la construcción en un 12,2%. También el transporte, con un 3,33% más de afiliados. Poniendo la lupa en el detalle, sólo el transporte aéreo –con un desfase del 1,78%–, los hoteles –con un 0,36%–, y sobre todo las agencias de viajes –2,27%– y las actividades artísticas –2,02%– sufren aún por debajo de los niveles de empleo de hace un año.

La misma foto se revela al analizar los ERTE. El 45% de esos 542.142 trabajadores con el contrato suspendido o la jornada reducida pertenecen a bares, restaurantes y hotelesbares, restaurantes y hoteles. Pese al inicio inminente del verano y de la temporada alta del turismo, aún siguen en esa situación casi el 58% de los empleados de las agencias de viajes, el 40% de los de las aerolíneas y el 38% de las plantillas hoteleras. En cifras absolutas, no obstante, es la hostelería la actividad que mayor número de trabajadores mantiene en ERTE, 153.616. Más que los hoteles, con 90.689, y el comercio, con 81.648.

La traducción geográfica del esperado repunte estival se refleja en que Baleares lidera el crecimiento mensual del empleo en mayo, con un alza del 5,81%, seguida a considerable distancia por La Rioja, con un 2,2%. En Madrid, la afiliación sólo ha aumentado un 0,63% y en Cataluña, un 1,1%. En Canarias, apenas un 0,48%. Sin embargo, en comparación con 2020, Baleares aún está un 6,38% por debajo y esla única comunidad autónoma que registra una cifra negativa. Las demás, con Andalucía a la cabeza –5,66%– han mejorado sus niveles de empleo en el último año.

De ahí que sean igualmente La Rioja y Baleares las comunidades que han disparado las contrataciones, un 57,19% y un 49,98%, respectivamente. Esos porcentajes quintuplican los aumentos de Madrid –10,77%– y Cataluña –10,98%–. Si se comparan con las deprimentes cifras de mayo de 2020, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla, han más que duplicado el número de los contratos.

Buenos, pero con cautela

Todos las organizaciones sindicales y patronales han saludado los “buenos” datos de mayo, aunque también han expresado sus muchas cautelas. UGT ha atribuido la mejora de los datos de empleo a la reapertura de la actividad tras el segundo estado de alarma y a una mejora en las expectativas económicas por la rápida extensión de las vacunas. Pero también ha subrayado la necesidad de mejorar el SEPE, dotándole de recursos humanos suficientes para “no dejar a nadie atrás” en la recuperación.

Una recuperación que CCOO no ve aún en las cifras, con aún 3,78 millones de desempleados. Por eso, reclama que se “redoblen los esfuerzos” en inversión, se pongan en marcha “cuanto antes” los Planes de Recuperación y se impulse el diálogo sobre las políticas de formación y reciclaje de los trabajadores, de forma que los nuevos empleos tengan “condiciones dignas”.

También USO ve “luces y sombras” en la caída del paro, que atribuye al fin del estado de alarma y la consiguiente reactivación del turismo y la hostelería. Pero lamenta que los contratos indefinidos se hayan reducido casi un 5% este mes de mayo.

Por su parte, la organización de autónomos ATA ha calificado de “muy positivos” los datos de paro y afiliación, puesto que se han puesto “en consonancia con lo que tradicionalmente ocurre en un mes de mayo sin pandemia”.

La patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, cree que los datos de empleo de mayo evidencian el “optimismo” con el que la mayor parte del tejido empresarial afronta la reapertura de la actividad pero advierte al mismo tiempo de que las pymes “están enfrentándose a la reapertura muy endeudadas, con el patrimonio y los ahorros mermados, después de muchos meses de gasto sin actividad y sin capacidad de inversión”.  Finalmente, la CEOE confía en que mayo marque el inicio de una senda de recuperación plena durante el verano.“Las cifras demuestran claramente la voluntad de empresas y trabajadores de impulsar la normalización de la actividad económica y del empleo”, destaca.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno enviará a Bruselas mantiene la ampliación del periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión que ya aparecía en la versión del pasado diciembre y que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, definió como un “cálculo intermedio” no definitivo cuando se hizo pública la medida, el pasado mes de enero. “Tenemos que hacer muchos cálculos y muchos estudios más a nivel de microdato y en eso estamos, ésa es la parte más difícil de precisar de todo lo que hay”, aseguró entonces. Tres meses tarde, y es de suponer que hechas las cuentas, la medida se ha asentado en el documento que el Gobierno también enviará al Congreso para su debate este miércoles.

El plan no menciona que se vaya a aumentar el periodo de cómputo –actualmente fijado en 25 años tras la reforma de las pensiones de 2011– a 35 años como sí figuró en un primer momento en las propuestas del ministerio. Según sus propios cálculos, esa extensión de 10 años se traduciría en un recorte medio de la pensión inicial del 6,3%. El texto actual indica que ese plazo se “adecuará a las nuevas carreras profesionales”, para que “refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”. Así, añade, se reforzarán la progresividad y el carácter contributivo –tanto pagas, tanto recibes– del sistema.

En enero, la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones suscitó el rechazo inmediato tanto de los sindicatos como de Unidas Podemosel rechazo inmediato tanto de los sindicatosUnidas Podemos.

El Plan de Recuperación incluye la derogación no sólo del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) sino también del Factor de Sostenibilidad, las dos creaciones estrella de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Aunque no se precisa cómo se va a sustituir el IRP, el documento garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; es decir, su actualización según suba el IPC. Del Factor de Sostenibilidad, que recorta la cuantía de la pensión inicial de acuerdo con la esperanza de vida de cada generación, se menciona su sustituto: un mecanismo de “equidad intergeneracional” que añade a la esperanza de vida “otros indicadores complementarios” sin más concreción. El Factor de Sostenibilidad, que debería haber entrado en vigor en 2019, estaba en suspenso desde un año antes.

El resto de las medidas incluidas en el plan para reformar el sistema público de pensiones repite el esquema explicado la víspera por el ministro Escrivá en el Congreso, incluidas las destinadas a acercar la edad efectiva y la edad legal de jubilación, incentivando la demora del retiro y penalizando la salida anticipada de la vida laboral. Además, se prevé el destope de las bases máximas de cotización, aunque no se especifica hasta qué punto, con un aumento simultáneo de la pensión máxima. Y la promoción de los sistemas complementarios de pensiones –planes de empresa– así como la creación de un fondo de pensiones públicas a imitación del sistema vasco.

La holgura lingüística de la “modernización”“”

El segundo punto polémico del plan se refería al mercado laboral. Si en la reforma de las pensiones cualquier medida definitiva está supeditada a la negociación en el Pacto de Toledo, en lo que se refiere al mercado de trabajo, el Gobierno deja claro que todas las propuestas se encuentran sobre la mesa de diálogo con la patronal y los sindicatos. De modo que los enunciados de cada una de ellas hacen gala de la mayor holgura lingüística posible. Al menos cinco de las medidas son de “modernización”: de las políticas activas de empleo –formación, reorientación y recualificación de trabajadores–, de la negociación colectiva, de la subcontratación, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los incentivos a la contratación.

Un saco en el que cabe casi cualquier cosa y que le sirve al Gobierno para no hacer sangre en la reforma de la negociación colectiva y de la subcontratación. Son los dos puntos donde mantienen una agria disputa los sindicatos y la patronal en la mesa que debe derogar los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral de 2012. La CEOE no quiere ni oír hablar de cambiar la prioridad del convenio de empresa sobre el de sector, ni la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios cuando caducan y mientras se negocia su renovación–. También rechazan modificaciones en la norma que regula la subcontratación. Sin embargo, para los sindicatos esas dos cuestiones son la llave que abre todas las cerraduras del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI impulsado por el Gobierno.

El documento plantea además la ya anunciada reducción de los tipos de contratos a sólo tres modelos. Uno temporal, otro de formación y un tercero que, en lugar de denominar “indefinido” llaman “estable”.

El plan enviado a Bruselas consagra finalmente los ERTE como mecanismo permanente de ajuste interno de las empresas, “alternativo a la alta temporalidad y al desempleo”, que debería actuar como “amortiguador” de la volatilidad del mercado laboral español, además de orientar y recualificar a los trabajadores con formación. Esos mecanismos actuarán ajustando el tiempo de trabajo ante “caídas cíclicas o extraordinarias de la demanda” o bien como acompañamiento de “procesos estructurales en sectores en conversión”.

2.363 millones de euros de inversión

El Gobierno promete igualmente a Bruselas utilizar la inteligencia artificial para casar la oferta y la demanda de trabajadores, diseñando “itinerarios personalizados” de formación y reciclaje para los trabajadores. También racionalizará y simplificará los incentivos a la contratación –descuentos de cuotas a la Seguridad Social–. Y digitalizará el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), víctima de recortes de plantilla y de recursos desde la anterior crisis y en entredicho por su gestión de las prestaciones de los ERTE y sus recientes problemas informáticos.

Todas estas medidas se traducirán en un volumen de inversión de 2.363 millones de euros, calcula el Gobierno. Todo el plan de reformas debería reducir en un 5,7% –en términos del índice Gini– la desigualdad entre las rentas salariales de los hogares de aquí a 10 años, según el Ejecutivo. Y recortar la brecha de desigualdad entre España y la Unión Europea en más de dos tercios.

Los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Boiro, en la provincia de A Coruña, han creado grupos de WhatsApp para comunicarse con sus superiores en las jefaturas y en la dirección provincial del organismo. Y atienden “con lápiz y papel” a los ciudadanos que tenían cita previa para este segundo día sin ordenadores ni teléfonos. Su directora, Pilar Seoane, cuenta que han tenido que desempolvar impresos para renovar las demandas de empleo que se habían quedado “olvidadas en cajas antiguas” a fin de iniciar los trámites. El SEPE fue de los primeros organismos públicos que se convirtieron en “oficinas sin papel” cuando la Administración se apresuraba por volverse electrónica. Pero este martes ha regresado al siglo XX tras quedar inoperativo e incomunicado por culpa de un ciberataque que ha inutilizado el sistema informático de sus casi 800 oficinas en toda España, el mismo que gestiona decenas de miles de prestaciones de desempleo y de los ERTE.

Los responsables del SEPE repiten este miércoles que no ha habido sustracción de datos y que ni los sistemas operativos y de gestión ni los servidores han resultado dañados. Las nóminas de prestaciones, por tanto, no se verán afectadas. También dicen que nadie ha exigido un rescate por recuperar los archivos que los piratas informáticos han bloqueado. Sin embargo, José Lancharro, director de la división de BlackArrow, y Borja Merino, responsable del servicio de threat huting de la empresa de ciberseguridad Tarlogic, lo dudan: “Es sólo cuestión de tiempo que pidan un rescate”, destacan. Se trata del modo habitual de operar de estos delincuentes. Suelen enviar un correo electrónico a un funcionario que contiene un adjunto malicioso comprometen un ordenador. “Ya tienen un pie en el sistema”, explican, “luego pueden tardar días, o sólo horas, en conseguir los privilegios suficientes para infectar toda la red, por lo general no es un proceso instantáneo”.

Cuando han cifrado todos los ficheros, pasan a la extorsión, que puede ser doble: exigen dinero para liberar la información secuestrada y para evitar que ésta se haga pública. En este caso, pueden ser millones de datos confidenciales de ciudadanos. “Los delincuentessuelen dejar un fichero con un texto donde incluyen los datos necesarios para pagar”, advierten Lancharro y Merino. Normalmente, en criptomonedas, una forma casi anónima, barata –sin comisiones–, sin control de las autoridades e internacional, de mover dinero.

Los precios varían, según la valoración que los propios piratas hayan realizado del material secuestrado y cuyo rescate (ransom en inglés, de ahí ransomware) exigen. Merino menciona el millón de dólares que llegaron a pedir por el material bloqueado a una empresa privada europea. Pese a que la recomendación unánime de policías y expertos es que no se ceda al chantaje, se calcula que hasta un 40% de las víctimas paga. Al menos es la cifra reconocida públicamente , lo que da pie a pensar que la cifra real es superior. “Quien paga desde luego no lo dice”, apunta.

Programas a medida, comisiones por ganancias

Detrás de estos ciberataques hay un nuevo tipo de delincuentes que viven de la extorsión. Los responsables de Tarlogic aseguran que se trata de un “modelo de negocio”, y muy lucrativo. Grupos perfectamente organizados que compran un ransomware, en el caso del SEPE un programa denominado Ryuk que ya ha aparecido en múltiples ciberataques anteriores. Cualquiera, apuntan Lancharro y Merino, puede adquirir “un ejemplar, pero también toda la plataforma” a un desarrollador y luego explotarlo. El desarrollador cobra una comisión de lo que obtiene el que extorsiona. Incluso puede prepararse un malware a “medida”malware, lo que hace inútiles hasta los antivirus más actualizados, subrayan los expertos de Tarlogic.

Es lo que puede haber ocurrido en el SEPE. Sus responsables aseguran que no se ha comprometido información sensible porque cuentan con una copia de seguridad de todos los archivos realizada el día anterior al ataque. Pero José Lancharro llama la atención sobre la fecha que figuraba en un primer momento en la página web del SEPE tras el ciberataque, 2018 aunque después la fecha ha cambiado.“Quizá ese backup no es el más actualizado ni el idóneo”, advierte. Porque es posible que la entrada de los piratas se produjera antes de esa última copia de seguridad yestaría, por tanto, contaminada. 

Ahora quedan días, o incluso semanas por delante para averiguar desde cuándo están los agentes maliciosos en la red del SEPE, qué copias de seguridad están sanas y cuáles se deben recuperar, una tarea en la que están centrados los informáticos del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de la Administración Digital. Según responde esta secretaría a las preguntas de infoLibre, las administraciones públicas cuentan como mecanismo de seguridad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que detecta las intrusiones y los códigos dañinos, además de gestionar incidentes como el ocurrido en el SEPE esta semana.

El SEPE ha anunciado enseguida que los plazos de las solicitudes de prestaciones no van a computar mientras el sistema de gestión no se restablezca totalmente. De modo que no se resentirán los derechos de quienes solicitan las prestaciones y subsidios, mientras que las demandas de empleo se renovarán de forma automática mientras dure la parálisis informática. Sin embargo, Pilar Seoane, que también es secretaria general de la Sección Sindical de CCOO en el Ministerio de Trabajo, explica que el ciberataque también está perjudicando a las consejerías de Trabajo de las comunidades autónomas y a la Seguridad Social, que necesitan datos en poder del SEPE para tramitar demandas de empleo o pensiones, por ejemplo.

Los problemas del SEPE con la informática

En cualquier caso, los problemas del SEPE con la informática no son nuevos. Según denuncia Seoane, los programas de nóminas que utilizan los funcionarios “son de hace 30 años”, y soportan múltiples parches. Cuando se pusieron en marcha los ERTE, la avalancha de expedientes y su enorme complejidad de tramitación hizo estallar el pasado verano el programa informático de fabricación interna que se eligió para la tarea. Como publicó entonces infoLibre, los múltiples errores en los ficheros tuvieron que ser corregidos “a mano”, uno a uno, por los funcionarios, lo que redundó en un considerable retraso en la aprobación de las prestaciones para los trabajadores afectados.

Los presupuestos del Ministerio de Trabajo incluyen una partida de 73,6 millones de euros para digitalización, de los que 49,8 millones se destinarán al SEPE. Ya antes, los de 2016 asignaban 100 millones a la “modernización” del organismo, pero sólo se gastaron 60, según denunció en su momento UGT.

El SEPE no es el primer organismo público víctima de un ataque de este tipo, antes ya lo habían sufrido los ayuntamientos de Bilbao y Jerez de la Frontera (Cádiz). En 2019, más de 30 organismos públicos y empresasempresas españolas resultaron afectadas por ciberataques por ransomware, de acuerdo con las cifras del Centro Criptológico Nacional. En agosto de 2020 Mapfre denunció a la Guardia Civil el pirateo que dejó durante días sin servicio a sus clientes. En septiembre el objetivo fue SegurCaixa Adeslas, pero su paralización, con problemas para realizar pruebas médicas y con las pólizas de los clientes, se prolongó durante al menos mes y medio. Un año antes, los perjudicados habían sido hospitales de Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. El de Torrejón de Ardoz, en Madrid, también fue infiltrado por un programa con la extensión .ryuk en enero de 2020.

En general, según los datos del Centro Criptológico Nacional, el 23 % de las grandes empresas españolas sufrió algún incidente de seguridad en 2019. Ese año, el centro gestionó un total de 42.997 ciberincidentes, un 11 % más respecto a 2018, pero más del doble de los 20.807 que atendió en 2016. Una tendencia que durante 2020, el año del confinamiento, el teletrabajo y el acceso remoto, ha repuntado aún más, según advierten los expertos.

El número de afiliados a la Seguridad Social ha vuelto a superar lo 19 millones de personas este mes de noviembre, superando así la caída que provocó la pandemia y el confinamiento. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha destacado los 107.505 nuevos cotizantes, en términos desestacionalizados –31.638 sin corregir el efecto estacional– de sus registros, pero el aumento se debe en parte al alza del número de trabajadores en ERTE, que asciende a 746.900, lo que supone 18.487 más que en octubre y 40.650 más que en septiembre.

El departamento de José Luis Escrivá asegura que estas cifras muestran una “estabilización” respecto a meses anteriores pues lo que se ha producido es un trasvase de los ERTE del primer esquema aprobado por el Gobierno al segundo, que dio comienzo el 1 de octubre pasado. En los viejos ERTE hay aún 326.296 trabajadores y en los nuevos, 420.604. De los primeros se han dado de baja 379.954 personas respecto al final de septiembre, aunque el ministerio no precisa cuántos de ellos han pasado a un ERTE de los nuevos, cuántos han vuelto a la actividad y cuántos han terminado en el paro.

Lo que sí precisan las estadísticas de la Seguridad Social es que el 45% de los trabajadores incluidos en un ERTE, 330.979, son empleados de bares, restaurantes y hoteles, cuando en septiembre representaban el 35%. Es más, el 60% de los trabajadores afectados por un ERTE de las nuevas modalidades en vigor desde el 1 de octubre pertenecen a la hostelería: 252.363.

Pero el colchón que el esquema de protección de los ERTE ha puesto en la economía en general, y para la hostelería y el comercio en particular, está lejos de impedir la debacle en los sectores más afectados por la crisis del covid. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en noviembre en 25.269 personas, la mayor desde 2012 en un mes poco proclive a las buenas cifras aunque mucho menor que la de octubre –49.588–. De ellos, 24.959, el 98,77% tenían un empleo en el sector servicios. Y como viene ocurriendo a lo largo de la pandemia, al verse más afectado un sector feminizado como el terciario, el número de mujeres que se han quedado desempleadas en noviembre triplica el de los hombres: 18.969 frente a 6.300. De cada cuatro nuevos parados, tres son mujeres.

El Ministerio de Inclusión ofrece más cifras que avalan la debacle de hostelería y hoteles. Los trabajadores protegidos por un ERTE son el 5% de los afiliados a la Seguridad Social, pero representan hasta el 62% de quienes tienen un empleo en hoteles, el 56% en agencias de viaje, el 43% en aerolíneas, el 27% en bares y restaurantes, el 29% en casas de apuestas y el 19% en actividades deportivas y recreativas.

La hostelería ha perdido 238.523 trabajadores en un año

El esquema aprobado por el Gobierno tras llegar a un acuerdo con los agentes sociales a finales de septiembre tiene por objecto precisamente sostener a empresas y trabajadores más perjudicados por la pandemia. Hasta el 31 de enero, de momento, las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y las prestaciones a las plantillas se extendieron a las empresas que no hubieran podido recuperar más que el 65% de su actividad y las limitadas por las restricciones impuestas por las autoridades para contener los contagios. En esa primera línea están situados bares, restaurantes, hoteles, establecimientos de ocio nocturno, agencias de viajes...

Por el mismo motivo, las comunidades autónomas que encabezan las pérdidas de empleo este último mes resultan ser Baleares, con una caída de afiliación del 6,67% respecto a 2019, y Canarias, con una bajada del 5,35%. Las dos duplican y hasta triplican los descensos de Cataluña –2,42%–, Madrid –2,10%– y País Vasco –2,12%. Y es que los cotizantes de la hostelería a la Seguridad Social se han desplomado un 7% respecto a octubre: 77.840 menos, de los pocos subsectores cuya afiliación se reduce. Comparado con el año anterior, aún tiene casi un 19% menos de empleados. Ha perdido 238.523 trabajadores. El comercio, por el contrario, ha aumentado sus cotizantes, aunque poco: 9.833 personas, un 0,41%. Aún le quedan 70.173 trabajadores por recuperar respecto a 2019.

El aumento de la afiliación lo han sostenido este último mes la educación, con el comienzo del nuevo curso –31.582 cotizantes más que en octubre y 16.717 más que el año pasado–, las actividades administrativas –12.984–, la Administración –12.953– y la sanidad –7.456–.

Los contratos en el sector servicios caen un 30,8% respecto a 2019

Los contratos firmados en noviembre también muestran la depresión del mercado laboral y el mordisco que el covid ha asestado a los servicios, el sector del que depende casi el 13% del PIB español. Este último mes se han firmado 1,45 millones de contratos, un 17,8% menos que en noviembre de 2019 y un 6,55% menos que en octubre. Pero lo destacable es que en los servicios los contratos han caído un 30,8% respecto a noviembre del año pasado. Se han firmado 381.148 menos. Respecto a octubre, también el descenso de los contratos en el sector servicios más que duplica la media de la economía: un 14,6%

Otro factor de preocupación, derivado del alargamiento de la crisis provocada por la pandemia, es el aumento del paro de larga duración. Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en octubre –el Ministerio de Trabajo publica las cifras de este apartado con un mes de retraso respecto a las del paro– sumaban 2,55 millones de personas, 10.651 más que en septiembre. Pero ese aumento se debe a que hay más trabajadores cobrando el subsidio, 19.522 más que en septiembre, mientras que han disminuido los beneficiarios de la prestación contributiva, 13.358 menos que el mes anterior. Es decir, muchos están agotando ya la prestación ligada a sus periodos de cotización previos o no han cotizado durante el tiempo suficiente para acceder a ella –un mínimo de 360 días dentro de los seis años anteriores– y sólo pueden solicitar el subsidio.

La fotografía completa de los nueve meses de pandemia muestra un mercado de trabajo español con 355.587 empleos menos que hace un año –aunque 689.713 más que en marzo–. De esos puestos de trabajo perdidos, 314.300, el 88,38% corresponde al sector servicios. Son, no obstante, 561.462 más de los que había cuando el covid-19 obligó a echar el cierre a la economía.

Los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recibieron este último viernes en sus buzones de correo electrónico un documento Excel donde se muestran casi 199.000 expedientes de prestaciones solicitadas por afectados por ERTE que contienen errores, por lo que “no consta ni su reconocimiento ni su denegación”. Son, por tanto, casi 200.000 trabajadores con suspensión de contrato o reducción de jornada que, de momento, no van a cobrar la prestación. Según ha podido saber infoLibre, se trata de ficheros donde el programa informático utilizado para tramitarlos, denominado Hope, ha identificado los errores, que ahora tendrán que ser corregidos “a mano”, uno a uno, por los empleados del SEPE.

El documento Excel, enviado por la Subdireccción General de Prestaciones, contiene tres pestañas. La primera incluye una lista de 142.926 expedientes cuya prestación no consta como “reconocida” porque tienen mal el DNI o la cuenta bancaria, por ejemplo; la segunda tiene 27.000 expedientes con la prestación reconocida, pero también con errores, y una tercera con 29.000 más cuyo error es que el trabajador está dado de alta como autónomo y, por tanto, no puede cobrar la ayuda por ERTE.

Todos ellos son fallos causados por el propio programa informático, según las fuentes consultadas por este periódico. La aplicación se ha visto desbordada por la complejidad de la tramitación de los expedientes.  “Se ha apostado por la rapidez en lugar de por la eficacia”, explican. Las empresas deben mandar unas tablas de Excel tipificadas en las que constan desde la base reguladora hasta la cuenta bancaria del trabajador. Esas tablas decodificadas se introducen en el programa Hope, pero éste a veces rechaza esos registros, no los procesa bien: “En algunos casos se come la tabla entera; en otros, la escupe si le parece que hay errores, o sencillamente no mete nada de la tabla", detallan las fuentes.

También comete fallos que sólo se descubren después. Por ejemplo, a los contratos a tiempo parcial por cuidado de hijos no les extiende la base reguladora al 100%, por lo que la prestación resultante es inferior a la correcta, o no reconoce la segunda empresa de un trabajador que tenga dos empleos a tiempo parcial y que, por tanto, recibe igualmente una prestación menor. Y ahora, por muy rápidos que sean los trabajadores del SEPE para enmendar uno a uno los errores, la corrección de todos esos fallos va a retrasar el cobro de las prestaciones debidas. De momento, por tanto, estas 200.000 solicitudes se encuentran en el limbo administrativo del SEPE.

98% de prestaciones reconocidas y abonadas

El Ministerio de Trabajo dice que no le “consta” la existencia de esos 200.000 expedientes y se remite a la cifra del 98% de prestaciones reconocidas y abonadas que hizo pública el pasado 21 de mayo. El director el SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, explicó entonces que “prácticamente” no quedaban prestaciones pendientes de reconocer “más allá de las que se están subsanando por errores detectados en sus datos y las que han entrado diariamente nuevas, que se están reconociendo”. Cifraba en 3,4 millones el número de prestaciones. Las fuentes consultadas por este periódico aclaran que es probable que el 98% de las solicitudes hayan “pasado” por el programa Hope, pero no es cierto que ese porcentaje de prestaciones hayan sido reconocidas.

También aseguraba el director general que los errores detectados eran “ajenos al propio SEPE”, tales como fallos en el DNI o en otro tipo de información relativa a los trabajadores.

Según las fuentes, el programa Hope ha sido creado especialmente para gestionar las prestaciones de los ERTE por personal del ministerio.

El Ministerio de Trabajo ha tenido que contratar a la empresa pública Tragsatec para que le ayude a tramitar la avalancha de solicitudes de prestaciones de ERTE, así como los subsidios extraordinarios para empleadas domésticas despedidas por la pandemia. Con esos refuerzos pretende solventar la falta crónica de personal del departamento, que ha perdido el 25% de sus trabajadores en los últimos 10 años. Desde que comenzó la crisis del coronavirus, la plantilla del organismo ha trabajado hasta 12 horas diarias, incluidos sábados, para hacer frente a los 3,4 millones de solicitudes de prestaciones de ERTE que se han cursado.

El covid-19 ha puesto patas arriba también el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Ambos organismos se han visto obligados a tramitar una avalancha de solicitudes de prestaciones en unas pocas semanas. “Hemos gestionado en mes y medio el mismo volumen de trabajo que tenemos en todo un año”, resume Pilar Seoane Vázquez, quien además de ser secretaria general de CCOO en el Ministerio de Trabajo dirige la oficina del SEPE en Boiro (A Coruña). Según las cifras oficiales del organismo, sólo en las tres semanas que van del 15 de marzo al 7 de abril el SEPE reconoció 659.791 prestaciones tras acordar casi un millón de citas previas y recibir más de 10,4 millones de entradas en la sede electrónica. Y todo ello con una plantilla que se ha recortado en un 25% en los últimos 10 años y cuenta ahora con menos de 7.900 trabajadores. El 17% de ellos, temporales.

En el INSS, la situación no es mucho mejor. Desde 2012 ha perdido un 16% de su plantilla. Actualmente cuenta con 9.761 funcionarios, más 598 laborales. De media, en el INSS se jubilan 272 personas al año porque su plantilla es de las más envejecidas de la Administración. Según los datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 84,7% de los trabajadores del INSS tienen más de 50 años. Sólo 61 de ellos no llegan a los 30. En el SEPE hay únicamente 32 jóvenes. Aquí el 64,4% del personal supera la cincuentena.

De modo que ante el desbordamiento de la carga de trabajo y la urgencia de atender las situaciones de necesidad de quienes pasan a depender de una prestación pública, tanto el Ministerio de Trabajo como el de Inclusión y Seguridad Social optaron por la misma solución: contratar a Tragsatec, filial del grupo público Tragsa para que sus trabajadores ayuden a tramitar la avalancha de expedientes. Así, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha firmado tres encomiendas –encargos– con esta empresa para gestionar las solicitudes del subsidio extraordinario para empleadas domésticasy de las prestaciones de los ERTE, por un importe provisional que roza el millón de euros. Una cantidad que más que se duplica si se le añade el encargo de mayor volumen, el del departamento de José Luis Escrivá para gestionar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital.las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital Es decir, para sacar adelante el paquete completo de ayudas del Gobierno destinado a paliar la situación de emergencia de millones de personas por culpa de la pandemia y la paralización económica.

La primera encomienda fue adjudicada el 26 de marzo a Tragsatec para que ayudara durante dos meses en la gestión de las prestaciones que deben cobrar los 3,8 millones de trabajadores incluidos en ERTE. Las 17 personas que ha contratado la empresa pública por un importe de 139.982 euros ya han empezado sus tareas desde casa, teletrabajando.

El 18 de mayo Trabajo firmó un segundo encargo con Tragsatec para que tramite durante los próximos seis meses los subsidios a las empleadas domésticas que se han quedado sin trabajo por culpa del coronavirus. A cambio de 771.320 euros, 40 personas han empezado ya a dar vía a estos expedientes, también teletrabajando. Hasta el momento el SEPE ha recibido 27.815 solicitudes, explica el Ministerio de Trabajo a infoLibre. Pese al refuerzo, sin embargo, aún no ha cobrado ninguna empleada del hogar de las que han pedido la ayuda, aprobada el pasado 31 de marzo. “Lo harán este mes”, subraya un portavoz.

Pero la mayor encomienda es la que ha hecho el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para reforzar la tramitación de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, aprobado el pasado viernes y que debería beneficiar a 850.000 hogares. Según ha asegurado el ministro José Luis Escrivá, sólo en las primeras 24 horas en que ha estado en marcha el simulador de la web del ministerio, este mismo miércoles, ha recibido ya cerca de un millón de consultas. Serán 700 trabajadores los que proporcionará Tragsatec para gestionar las ayudas. El ministerio no ha querido revelar a infoLibre el importe del contrato, porque “aún no está firmado”. Sin embargo, Tragsa asegura que la selección de personal concluyó la semana pasada, tras haber recibido unos 7.000 currículos, y prevé que los escogidos empiecen a incorporarse la semana próxima y a lo largo del mes. De ellos, 125 serán personas con discapacidad.

Cobros indebidos, Garantía Juvenil, prestaciones internacionales

En cualquier caso, no son éstos los únicos encargos que ambos ministerios han hecho a Tragsatec en los últimos meses. Aunque no relacionados con la pandemia, sí que van dirigidos a poner un parche a la ya histórica falta de personal de algunos de sus principales departamentos. Así, Trabajo le encomendó en marzo la gestión de las prestaciones de desempleo indebidamente cobradas, un contrato de 383.110 euros por el que la empresa pública reforzará al SEPE durante 14 meses, prorrogables otros seis. Para empezar, son unos 24.759 expedientes. A diferencia de las encomiendas anteriores, el trabajo se llevará a cabo de forma presencial en las instalaciones de la Dirección Provincial de Madrid del SEPE. En el documento de la licitación, accesible a través de la Plataforma de Contratación del Estado, el director del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, reconoce que “la falta de personal” en el organismo impide disminuir los plazos del procedimiento para recuperar las prestaciones de paro cobradas de forma indebida, un fallo que pone en peligro el reintegro de esas cantidades y del que ha sido advertido el SEPE tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Intervención General del Estado.

Desde 2015, además, el SEPE ha encargado a la filial de Tragsa parte de los procesos necesarios para tramitar las solicitudes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil –ofertas de empleo y ayuda para menores de 30 años–. Un contrato que superaba el millón de euros y se ha ido renovando al menos hasta 2018 con importes más pequeños.

El INSS, por su parte, lleva desde 2018 contratando con Tragsatec la gestión de las prestaciones económicas concedidas “al amparo de normas internacionales”. Este año la encomienda firmada en marzo asciende a 857.180 euros y, como la anterior, tiene una duración de 24 meses. El organismo se ha visto obligado a pedir refuerzos para tramitar las cada vez más numerosas prestaciones sanitarias y pensiones a los ciudadanos españoles en el extranjero y a los turistas foráneos. Un aumento de movilidad internacional, admite el INSS en el propio contrato, para el que el organismo necesita “unos recursos materiales y humanos de los que a corto plazo no puede disponer”.

En total, y sin contar con la encomienda de mayor volumen, para gestionar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, la factura desde marzo asciende a 2,15 millones de euros, sin contar con el encargo que todos los años la filial de Tragsa recibe del Instituto Social de la Marina, dependiente del Ministerio de Inclusión, para organizar sus cursos de formación, un trabajo de cuatro meses de duración por importe de 782.861 euros.

El precedente del Fogasa

Las encomiendas a Tragsatec para gestionar expedientes ya levantaron polémica en 2013 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy le encargó tramitar los que se amontonaban en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en lo peor de la anterior crisis. El Fogasa abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Por lo que durante la crisis se formó una bolsa de expedientes sin resolver que el propio Fogasa cifraba en 153.698 a 30 de abril de 2013. A su vez, el atasco provocaba dilaciones en la tramitación que alcanzaban los dos años en algunos casos. Legalmente, el organismo debe responder en un plazo inferior a tres meses. El 75% de los expedientes, sin embargo, superaban ese límite. Así que el ministerio que entonces encabezaba Fátima Báñez recurrió a Tragsatec a cambio de 3,26 millones de euros.

Dos años después, el Tribunal de Cuentas dictaminó que ese contrato era “contrario a los principios de legalidad y de economía”, además de resultar “perjudicial para los fondos públicos gestionados por el Fogasa”. Y ello es así porque el tribunal advierte de que podían ser nulas de pleno derecho las casi 150.000 resoluciones del Fogasa que se basaron en expedientes tramitados por Tragsatec. Cada una de ellas dio lugar a una prestación económica, lo que supuso un desembolso de 1,32 millones de euros, a razón de una media de 8.899 euros por trabajador.

El motivo de que esas resoluciones pudieran ser nulas era, según el Tribunal de Cuentas, que los empleados de Tragsatec se “extralimitaron” en las funciones teóricamente encomendadas por el Fogasa, ya que no sólo realizaron “tareas de apoyo, instrumentales y carácter accesorio” –como recoge la letra del contrato–, sino que, en realidad, también “instruyeron” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos.

Además, el informe critica que el personal de Tragsatec tuviera acceso a las vidas laborales de los trabajadores que figuran en el sistema informático de la Tesorería de la Seguridad Social, algo que está “permitido única y exclusivamente a los funcionarios públicos del Fogasa” y que considera una vulneración de la Ley de Protección de Datos.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas denuncia que el coste por expediente cobrado por Tragsatec, 21,78 euros, era “desproporcionado”, con un desfase del 1.077% sobre el coste medio que le supone al Fogasa tramitar un expediente con sus propios funcionarios, sólo 1,85 euros.

Tanto Trabajo como Seguridad Social coinciden ahora en precisar que se ha recurrido a Tragsatec para “tareas muy puntuales en las que se espera un importante volumen de solicitudes”. “Se trata de un aumento puntual y excepcional por la puesta en marcha de una nueva prestación, en absoluto un recurso para soluciones estructurales”, explica un portavoz de José Luis Escrivá sobre los 700 nuevos trabajadores para gestionar el Ingreso Mínimo Vital. Sobre los problemas desvelados por el Tribunal de Cuentas en los contratos del anterior Gobierno con el Fogasa, Trabajo asegura que los encargos más recientes se han hecho “con sumo cuidado”: “El de Tragsatec es personal de apoyo, no realiza las funciones de los empleados públicos, sólo tareas mecánicas y administrativas, en ningún caso validarán ni aprobarán expedientes”.

Condiciones “discriminatorias” para las empleadas domésticas

En el documento donde el SEPE encarga a Tragsatec la tramitación de los subsidios para las empleadas del hogar que se han quedado sin trabajo por culpa del covid-19, el director general reconoce de nuevo que el organismo “carece de medios humanos y materiales suficientes para poner en marcha y gestionar” la nueva ayuda. Sin embargo, Pilar Seoane cree que el problema no es exactamente de carga de trabajo, sino de su mala distribución. “El SEPE tiene una estructura provincializada, del siglo XIX”, critica, “por ejemplo, los funcionarios sólo pueden trabajar con usuarios de su propia oficina”. De forma que conviven oficinas con una enorme carga de trabajo, como las de Madrid y Barcelona, con otras que no sufren tanto, explica. Seoane menciona provincias como A Coruña y Pontevedra, donde se las han tenido que ver con cerca de 90.000 ERTE cada una, frente a otras como Lugo y Ourense, que se han quedado en 20.000.

Pilar Seoane cuenta también que los funcionarios del SEPE han estado trabajando hasta 12 y 14 horas diarias, incluidos sábados, tanto en las oficinas como en sus propias casas y al principio utilizando sus propios ordenadores y móviles. “En algunos casos gratis, además, porque no a todo el mundo le han pagado”, denuncia. Trabajo, por el contrario, se remite a un acuerdo de compensación, de 21 euros la hora, que se firmó hace semanas. Además, tanto el SEPE como el Fogasa han sido una suerte de patitos feos de la Administración durante años. El desgaste del trabajo de cara al público o los límites que se les imponían a los funcionarios de ambos organismos a la hora de presentarse a los concursos de traslados son un fuerte desincentivo laboral. “Hay muchos que en cuanto pueden se van, incluso perdiendo dinero”, reconoce Seoane Vázquez.

En su oficina de Boiro les han tocado dos de los 1.000 interinos que Trabajo está incoporando en el SEPE para acelerar la tramitación de las prestaciones de los ERTE. En toda España ya están en sus puestos unos 800, según el ministerio. En Boiro trabajan ahora 10 personas, para una oficina que en algunos meses puede llegar a atender a más de 3.000 trabajadoras fijas discontinuas de las muchas conserveras asentadas en la ría de Arousa. “Sabemos que no trabajamos con licencias de pesca, sino con personas, y ahora muchas de ellas se encuentran en una situación desesperada”, apunta. Por eso escribió el pasado abril una carta al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, denunciando las condiciones establecidas para que las empleadas domésticas pidan el subsidio, que ella tacha de “discriminatorias”. Sólo pueden presentar la solicitud en los registros administrativos, previa obtención del certificado o clave digitales, un proceso no apto para quien no tiene destrezas informáticas, critica. Además, se les exige que presenten declaraciones juradas de todos sus empleadores, tanto de los que han dejado de contar con ellas por el coronavirus como de los que siguen pagándoles. Si uno de ellos no quiere firmar ese documento, se le deniega el subsidio. Finalmente, se ha centralizado toda la tramitación de estas solicitudes en Madrid.

“Es lo más eficiente”, replica por su parte el Ministerio de Trabajo, ya que se trata de una prestación nueva “para la que no existía un sistema o una aplicación previa que pudiera reutilizarse”. Sobre la presentación en los registros, el departamento esgrime que, al estar las oficinas del SEPE cerradas, es la opción “más fácil” y que también se puede solicitar el subsidio en papel a través de Correos. “Pero se exige que sea por correo certificado, lo que es un coste añadido para la trabajadora”, aclara Pilar Seoane. “Se pide la declaración jurada de todos los empleadores porque se trata de una ayuda topada, no puede superar el Salario Mínimo Interprofesional, pero los pagos también se pueden acreditar con otros documentos”, matiza un portavoz. Seoane Vázquez indica que no hacen falta las declaraciones juradas porque toda la información sobre horas, salario y base de cotización de las empleadas domésticas se halla en las Vidas Laborales de la Seguridad Social. “Unos datos a los que tenemos acceso los funcionarios del SEPE, no sé si lo tendrán los trabajadores de Tragsatec”, concluye.

La carga de trabajo no ha sido el único problema con el que han tenido que lidiar los funcionarios del SEPE. También han tenido que solucionar los errores múltiples que les está dando el nuevo programa informático instalado para tramitar las prestaciones de los ERTE. Se llama Hope, y es “demasiado simple para una tarea de la complejidad que tienen las prestaciones, así que ahora tenemos que corregir los errores a mano”. Los detectados por el propio programa y los que sólo se descubren a posteriori, cuando el beneficiario se da cuenta de que está cobrando menos de lo que debería: “Sólo en A Coruña, estamos corrigiendo ahora unos 1.000 errores detectados por la aplicación”.

La pandemia se ha llevado por delante casi un millón de empleos –947.896– desde el 12 de marzo, e incluso supera esa cifra –1,14 millones– si se consideran los dos últimos meses completos. Al menos es lo que revelan las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social de abril. Además, hay 3,38 millones de trabajadores con el contrato suspendido o la jornada y el sueldo reducidos tras serles aplicado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo ERTE).

El descalabro del mercado laboral en apenas 45 días no tiene parangón: el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo INEM) tiene registrados 3,83 millones de parados, una cifra que devuelve la estadística a mayo de 2016, en el inicio de la remontada tras la Gran Recesión que ahora se pierde por culpa del coronavirus. Hace sólo unos días que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba su Encuesta de Población Activa (EPA), que cifraba en 3,31 millonesque cifraba en 3,31 millones el número de desempleados. Debe de ser la primera vez que el número de parados registrados supera al de los contados por la EPA: no todos quienes carecen de trabajo se inscriben en el INEM. Hasta ahora. En este caso la brecha se produce porque muchos de los nuevos parados han sido considerados inactivos por la INE al no poder estar en disposición de buscar empleo por culpa del confinamiento y del cierre de las empresas que podrían contratarlos.

De ahí que, además de dispararse el paro –282.981 más, un alza del 8%, el mayor en un mes de abril desde que hay datos–, se haya hundido la contratación. El SEPE sólo ha registrado 673.149 contratos este último mes, unas cifras que no se veían desde 1996, cuando España tenía una población activa de 16,5 millones de personas. Hoy se acerca a los 23 millones. Lo normal habría sido que en un mes de abril, con el comienzo de la temporada turística, se hubieran firmado más de 1,7 millones de contratos. Sobre todo teniendo en cuenta el protagonismo de la contratación temporal en España, más aún en el sector servicios, que multiplica el número de contratos hasta cifras inauditas en el resto de la UE. 

De hecho, el 91,23% de los contratos registrados son temporales, 614.107. Aun así, son un 61,87% menos de los que se firmaron el mismo mes del año pasado. Y casi los mismos que se inscribieron en febrero de 1996. Los indefinidos han caído incluso más, un 66,26%, y sólo se han contabilizado 59.042. Para encontrar una cifra tan pobre hay que remontarse al mes de agosto de 1997.

De nuevo, el mayor golpe lo ha sufrido el sector servicios, que ha dejado de contratar al 74% de los que empleó en abril del año pasado.

El 76% de quienes perdieron su empleo eran temporales

Pero el daño no se limita a la falta de nuevos contratos, lógica consecuencia de una economía paralizada desde el decreto del estado de alarma, sino que también se ha cebado con los ya contratados. De ese casi millón de empleos perdidos que aparecen en los datos de la Seguridad Social, el 78% corresponden al sector servicios. Sólo en la hostelería se han dado de baja 76.902 cotizantes a la Seguridad Social en abril, y otros 68.770 en el comercio. Aun así, son muchos menos que en los últimos 15 días de marzo, cuando perdieron su empleo 181.148 trabajadores de la hostelería. Además, el 76% de las bajas sumadas de marzo y abril son de asalariados con contrato temporal. En la construcción, el segundo sector más afectado por la debacle del empleo, los puestos de trabajo suprimidos han sido 129.682 en los dos últimos meses.

Como la Seguridad Social publica las cifras de altas y bajas diarias, puede comprobarse que el 30 de abril fue el día en que más personas se quedaron sin empleo, 133.884, muy lejos no obstante de los números espectaculares que se registran en fechas marcadas por la estacionalidad del empleo en España: las 501.558 bajas registradas el pasado 2 de enero, al terminar la campaña navideña, o las 484.450 del 1 de julio de 2019, por los despidos en la educación.

Parte de esa brecha se pueda atribuir a los ERTE. De los casi 3,4 millones trabajadores a los que se ha aplicado un ERTE a fecha de 30 de abril, 3,07 están incluidos en uno de fuerza mayor y sólo 312.323 en los que aducen causas económicas, organizativas o de producción. De modo que las prestaciones abonadas por el SEPE en marzo –las cifras de prestaciones se publican con un mes de retraso respecto a las del paro– fueron cobradas por 5,19 millones de personas, un 136,5% más que el mismo mes del año anterior. El Ministerio de Trabajo asegura que ha reconocido casi todas las prestaciones por ERTE que se le han solicitado.

Por ese motivo también, la cobertura del sistema de protección por desempleo alcanzó el 62,4%, 2,8 puntos porcentuales por encima del mismo mes de 2019. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, destacó este mismo martes que, entre la prestación extraordinaria paran autónomos y las de los ERTE, se está protegiendo a casi un 30% de la población activa. Y en sectores como la hostelería, la protección está alcanzando al 90% de los afiliados a la Seguridad Social.

Patronal y sindicatos quieren más ERTE

Sin embargo, la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, criticó que las medidas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno “son menos ambiciosas y redistributivas de lo que la situación requiere”. Los datos del paro registrado, recalcó, revelan la necesidad de extenderlas. UGT, por su parte, defiende la ampliación en el tiempo del procedimiento de los ERTE “en los sectores productivos y empresas donde sea necesario”.

Mientras, la CEOE resalta “la estabilización en el empleo” que, a su juicio, reflejan los datos de afiliación, “en modo alguno comparables con la vertiginosa caída del mes de marzo”. La patronal atribuye esa moderación a los ERTE, que actúan “como malla de contención tanto del tejido empresarial como del empleo, evitando consecuencias irreversibles en un momento crítico desde el punto de vista sanitario y con previsiones económicas muy negativas a futuro”. Por eso reclama su flexibilización y prolongación.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 63.805 desempleados en junio (-2,07%), su menor descenso en este mes desde 2009, cuando disminuyó en 55.250 personas.

Tras el descenso de junio, el cuarto consecutivo, el volumen total de parados se situó en 3.015.686 desempleados, su nivel más bajo desde noviembre de 2008.

En términos desestacionalizados, el paro subió en el sexto mes del año en 8.986 personas, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El sector servicios fue el que más recortó el número de parados en junio, con un descenso de 51.752 desempleados (-2,4%), seguido del colectivo sin empleo anterior (-7.994 parados, -2,9%); la industria (-5.808 desempleados, -2,1%) y la construcción (-4.066 parados, -1,6%). En cambio, el paro subió en junio en la agricultura, con 5.815 parados más (+4,09%).

Dentro de la serie histórica de junio, que se inicia en 1996, el paro ha bajado siempre en este mes salvo en 2008, cuando subió en casi 37.000 desempleados. El descenso de este año es inferior a los experimentados en los meses de junio del periodo 2010-2018.

En el último año, el paro se ha reducido en 146.476 personas, a un ritmo interanual del 4,6%, moderando en siete décimas la tasa interanual que se registró en mayo.

En cuanto a la contratación, en el sexto mes del año se realizaron 2.009.011 contratos, casi un 2,3% menos que en junio de 2018, de los que 174.159 fueron contratos indefinidos, el 8,67% del total, con un descenso del 9,7% respecto al mismo mes del año pasado.

La Seguridad Social marca récord de afiliación (19,5 millones) tras ganar 75.584 ocupados en junio

Por otra parte, la Seguridad Social cerró junio con un aumento medio de 75.584 afiliados (+0,4%), por debajo de los ascensos logrados en los meses de junio de 2016, 2017 y 2018, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

No obstante, con el repunte registrado en el sexto mes del año, el total de ocupados se situó en 19.517.697 afiliados, su mejor dato desde que existen registros.

También ha vuelto a batir un récord la cifra de mujeres afiliadas al sistema, con 9.050.836 ocupadas al finalizar la primera mitad del año.

La hostelería ha sido el sector que más han empujado la afiliación en junio, al sumar 37.225 ocupados (+2,6%), seguido de las actividades sanitarias y servicios sociales, que ganaron 31.799 afiliados (+2,06%).

En valores interanuales, la afiliación ha crecido en 510.707 cotizantes desde junio de 2018 (+2,7%).

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 84.075 desempleados en mayo (-2,6%), superando por poco el retroceso que experimentó en el mismo mes de 2018, cuando disminuyó en 83.738 personas.

Tras el descenso de mayo, el volumen total de parados se situó en 3.079.491 desempleados, su nivel más bajo en este mes en los últimos diez años.

En términos desestacionalizados, el paro bajó en el quinto mes del año en 20.073 personas, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El sector servicios fue el que más recortó el número de parados en mayo, con un descenso de 54.762 desempleados (-2,5%), seguido de la construcción (-9.040 parados, -3,4%); la industria (-8.085 desempleados, -2,9%); la agricultura (-7.864 parados, -5,2%) y el colectivo sin empleo anterior (-4.324 parados, -1,5%).

Dentro de la serie histórica de mayo, que se inicia en 1996, el paro ha bajado siempre en este mes salvo en 2008, cuando subió en algo más de 15.000 desempleados. El descenso de este año es ligeramente superior al experimentado en mayo del año pasado, pero inferior a los registrados en los meses de mayo del periodo 2012-2017.

En el último año, el paro se ha reducido en 172.639 personas, a un ritmo interanual del 5,3%.

Baja más en varones y en todas las comunidades

El paro retrocedió en mayo en ambos sexos, aunque más entre los hombres, con 47.896 desempleados menos (-3,7%), frente a un descenso del desempleo femenino de 36.179 mujeres (-1,9%). Así, al finalizar mayo, el número de mujeres en paro se situó en 1.828.679 y el de varones, en 1.250.812.

Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años bajó un 4,5% en mayo en relación al mes anterior, con 11.287 parados menos, mientras que el paro de las personas con 25 años y más disminuyó en 72.788 desempleados (-2,5%).

El paro bajó en mayo en todas las comunidades autónomas. Los mayores retrocesos se registraron en Andalucía (-17.981 parados), Cataluña (-10.507 desempleados) y Comunidad Valenciana (-8.744 desempleados).

Por provincias, el paro se redujo en 49 de ellas, encabezadas por Madrid (-6.600 desempleados), Baleares (-5.833 parados) y Barcelona (-5.647 parados), y subió en tres, principalmente en Almería (+1.807 parados) y Huelva (+895 desempleados).

Entre los extranjeros, el desempleo bajó en 14.243 personas en mayo en relación al mes anterior (-3,7%), hasta un total de 373.310 parados. En términos interanuales, son 15.072 parados menos (-3,9%) que en mayo de 2018.

Cae la contratación indefinida

En cuanto a la contratación, en el quinto mes del año se realizaron 2.075.741 contratos, un 0,8% más que en mayo de 2018, de los que 184.161 fueron contratos indefinidos, el 8,9% del total, con un descenso del 7,9% respecto al mismo mes del año pasado.

Del total de contratos indefinidos realizados en mayo, los contratos a tiempo completo sumaron 106.602, un 6,6% menos que en igual mes de 2018, en tanto que los contratos indefinidos a tiempo parcial totalizaron 77.559, con un retroceso interanual del 9,7%.

En mayo se efectuaron más de 1,8 millones de contratos temporales, de los que el 26,2% eran de obra o servicio con jornada a tiempo completo y el 28,5%, eventuales por circunstancias de la producción, también a jornada completa. Los contratos temporales a tiempo parcial representaron el 31,4%.

Un empresario dedicado a impartir cursos de formación a trabajadores ha puesto a la venta un censo de 15 certificados de profesionalidad por vía telemática y 50 acuerdos que firmó con academias para dar clases presenciales. Los ha ofrecido en un envío múltiple de correos electrónicos, en los que pide 50.000 euros por todo el paquete. Según explica el Ministerio de Trabajo a preguntas de infoLibre, vender esas acreditaciones que concede el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) es ilegal e incluso puede tratarse de una “estafa”.

De hecho, la CEOE ya lo ha comunicado tanto al SEPE como a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), aunque ambas instituciones dicen no haber recibidio una denuncia formal. “La noticia de los correos nos ha llegado a través de algún centro de formación que lo ha recibido, incluso se envió al propio centro de formación de la CEOE”, asegura Manuel San Juan, vocal de los empresarios en el patronato de la Fundae, que gestiona la formación para el empleo y donde están representados tanto la Administración como la patronal y los principales sindicatos.

San Juan deja claro que esas acreditaciones no se pueden vender y explica que, como apreció “connotaciones dudosas” en la “anómala” oferta, la puso en conocimiento del SEPE y la Fundae para que la investiguen. “Aunque fuera legal, sería cuestionable”, resume. El vocal de la CEOE destaca que ahora es “un buen momento” para vender esas acreditaciones puesto que acaba de abrirse el periodo de solicitud de subvenciones públicas para la convocatoria de 2018.

Los certificados de profesionalidad son acreditaciones oficiales, expedidas por el SEPE, que garantizan la posesión de unas competencias profesionales, un perfil o capacitación de las 26 familias que componen el Catálogo Nacional de Cualificaciones. Esas competencias pueden adquirirse mediante formación o mediante la experiencia laboral. En el primer caso, sólo la pueden impartir centros privados convenientemente registrados en el SEPE –además de centros de formación profesional, centros públicos o las empresas–. Para que una academia o centro de formación privada dé estos cursos debe acreditar ante el SEPE que cumple con un determinado número de requisitos. Así, tiene que poseer un proyecto formativo con una planificación didáctica, una metodología y tutorías, así como disponer de instalaciones, formadores acreditados y una plataforma informática a la que se conecten los alumnos si la enseñanza es en modalidad de teleformación –las clases pueden ser también presenciales–.

Una vez que el SEPE ha verificado el cumplimiento de estas condiciones, concede las acreditaciones y revisa cada año si la empresa las sigue satisfaciendo o no. Puede ocurrir que quien compre las acreditaciones que esta empresa ha puesto a la venta no cumpla sin embargo los requisitos gracias a los cuales fue expedida para ella. El SEPE es el encargado del “seguimiento y control de las acciones formativas” que ejecutan estas empresas, explica a este periódico la Fundae.

“Una gran oportunidad”

En los correos a los que ha tenido acceso infoLibre, Rafael Galobart, que se presenta como socio director de la consultora Necesitas Formación SL, cita su número de registro en el SEPE como centro de teleformación y adjunta un enlace al registro oficial donde aparecen los 15 certificados de profesionalidad que tiene acreditados: administrativo, mantenimiento de jardines, auxiliar de almacén y de comercio, vendedor, camarero de piso, camareros y cocineros, profesor de Formación Profesional y atención a dependientes. También dice contar con “más de 50 acuerdos (la mayoría en la zona centro)” para dar clases presenciales en toda España. “Se presenta una gran oportunidad, ya que se pueden abrir/aumentar diferentes líneas de negocio: contratos de formación y aprendizaje, impartir formación a través de iniciativa privada o formación programada [en empresas] y subvenciones públicas, para desempleados y trabajadores”, invita.

A continuación, el empresario explica que por “cese de actividad” ofrece esos censos por 50.000 euros. Manuel San Juan apunta que Galobart puede vender la sociedad o las acciones, pero no las acreditaciones oficiales. “Puedo vender todo lo que tengo en la empresa”, responde su dueño a este periódico. Cuando se le pregunta si lo ha conseguido, dice que aún está “en ello” y que le parece “absurdo” que no se le permita hacerlo.

El Ministerio de Trabajo no renovará el acuerdo marco con las agencias privadas de colocación que firmó y prorrogó el anterior Gobierno para encontrar trabajo a los parados, en competencia con los servicios públicos de empleo. Así lo han avanzado a infoLibre fuentes oficiales del departamento dirigido por Magdalena Valerio. El acuerdo, que empezó a funcionar en 2014, llegó a su fin el pasado 16 de junio.

En estos cuatro años, el Gobierno ha pagado a las agencias privadas de colocación un total de 681,7 millones de euros. El triple de lo que ha destinado en ese mismo plazo a mejorar y modernizar las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 215 millones, según se desprende de las partidas que cada ejercicio han destinado a las agencias privadas los Presupuestos Generales del Estado.

La puesta en marcha de este modelo de colaboración público-privada fue accidentada. Aunque el decreto que regula la actividad de las agencias de colocación se remonta a diciembre de 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo marco que sustentaba el modelo no se aprobó hasta agosto de 2013. En las comunidades autónomas empezaron a trabajar con los desempleados en 2014, pero las del concurso nacional no se pusieron a ello hasta enero de 2016. La razón fueron los sucesivos recursos interpuestos por las agencias que competían por los contratos, que paralizaron el concurso una y otra vez.

Después, el SEPE ha prorrogado el acuerdo marco dos veces, hasta hoy. Mientras, algunas comunidades autónomas han terminado descolgándose del modelo: Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y Baleares. Cataluña, País Vasco y Andalucía se desentendieron desde el primer momento.

Ya en septiembre de 2017, la Conferencia Sectorial de Empleo, que reúne a las comunidades autónomas, acordó eliminar el desempeño de las agencias privadas de colocación como uno de los indicadores que deciden el reparto de los fondos para las políticas de empleo. Se lo habían pedido a la ministra Báñez 10 comunidades autónomas, a cambio de darle su apoyo a la aprobación del Plan Prepara, que había sido anulado por el Tribunal Constitucional por invadir las competencias autonómicas.

Según explica el ministerio, el planteamiento ahora es “dar más flexibilidad a las comunidades autónomas para que contraten con las agencias que ellas elijan el servicio de colocación de sus desempleados. “En la Conferencia Sectorial se distribuirán fondos para políticas activas de empleo, pero no habrá partidas específicas para agencias privadas de colocación como hasta ahora”, precisan fuentes del departamento.

Este nuevo modelo es del agrado de las pequeñas agencias de colocación. La asociación que las agrupa, ANAC, siempre se ha quejado de que el acuerdo marco estableció un “filtro-embudo” al seleccionar sólo a 80 agencias de las 1.728 autorizadas por el ministerio. Y de ellas, sólo podían operar en una comunidad las que estaban radicadas en ese territorio. De forma que el número de las que han estado funcionando estos años al amparo del acuerdo marco no superan las 40, asegura ANAC. “Nos parece adecuado que se descentralice el sistema y que cada comunidad autónoma elija con qué agencia quiere trabajar, en concurrencia competitiva, como ya está haciendo Castilla-La Mancha, y que no se prime el volumen de facturación, sino el de inserción de trabajadores o con qué experiencia en determinados colectivos cuenta una agencia”, explica su presidenta, Yojana Pavón. De esta forma, añade, las pequeñas agencias tienen alguna posibilidad de competir frente a los gigantes de la gestión de recursos humanos, como Manpower, Adecco, Randstad y Eulen.

Al secretario general de Adecco, Santiago Soler, tampoco le disgusta que se descentralice la colaboración público-privada en materia de inserción laboral. Es más, se queja de las “muchas deficiencias” que poseía el acuerdo marco, “una experiencia muy mejorable”. Soler es muy crítico con los resultados de estos cuatro años: “Tengo una biblia de incidencias”, asegura, en alusión a cómo tuvieron que desarrollar su trabajo. De manera que el resultado, subraya, “ha sido peor del deseado por nosotros, dista mucho de la intermediación que podría haberse realizado aunque, en términos objetivos, ha sido mejor para el ciudadano”. En cualquier caso, dice que no se puede dudar de que sus tasas de intermediación son “superiores” a las conseguidas por los servicios públicos de empleo.

Adecco se hizo cargo de uno de los lotes del segundo contrato, el que incluía a parados con entre tres y seis meses sin empleo. Pero ha desistido de participar en buena parte de los concursos convocados por las comunidades autónomas. “No compartíamos el modelo”, revela Soler. Eso sí, teme que cada comunidad autónoma implante un sistema distinto y terminen reproduciéndose los problemas sufridos hasta ahora. El acuerdo marco, no obstante, “es lo de menos”. “Queremos participar en el diseño del modelo de colaboración público-privada, con acuerdo marco o sin él”, se ofrece, “y compartir nuestro diagnóstico con todos los implicados para corregir el modelo anterior y sentar una bases nuevas”.

El programa electoral del PSOE prometía crear una Agencia Pública de Empleo y Cualificación “para una gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema, con la sustitución automática del actual SEPE, y una mayor coordinación con las comunidades autónomas”. A este nuevo organismo le debería corresponder “una verdadera acción pública de colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras”. El argumento que esgrimía el anterior Gobierno para recurrir a las agencias privadas de colocación era el bajo nivel de eficacia de los servicios públicos de empleo, que sólo son capaces de gestionar el 2% de las ofertas de empleo.

A juicio de Santiago Soler, “no es incompatible” que se apueste por reforzar el servicio público y se mantenga la colaboración con las agencias privadas. “Aunque parezca paradójico, estamos de acuerdo en que el SEPE necesita refuerzos en muchas cosas, y una parte de ese refuerzo pueden ser las agencias privadas de colocación”, apunta.

La breve y complicada historia de las agencias privadas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suscribió dos contratos con las agencias privadas de colocación. El primero, prorrogado por dos años el 13 de mayo de 2016, fue adjudicado a seis agencias para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara en todo el territorio nacional y a los desempleados de Ceuta y Melilla. El segundo se lo concedió a otras cuatro para que encontraran empleo a parados distribuidos según el tiempo que llevaran sin trabajar.

Pero hasta ese momento, el camino estuvo jalonado de tropiezos. Primero fue la lista de las 80 agencias de colocación seleccionadas la que sufrió cambios, entre acusaciones de las grandes ETT y las pequeñas agencias. Después los problemas se repitieron en el concurso convocado por el SEPE para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara y a los parados de Ceuta y Melilla. La lista de adjudicatarios sufrió hasta cuatro vuelcos, como consecuencia de los recursos presentados por las empresas que habían sido excluidas.

En un primer momento el SEPE dejó fuera a las empresas de formación que consiguieron liderar el concurso tras hinchar supuestamente su red de oficinas hasta superar en algunos casos el millar de sucursales. Ese número era el criterio determinante para la adjudicación.

Después fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos –Manpower, Eulen y Adecco–, además de las divisiones de formación de Telefónica y la ONCE, que se habían hecho con la concesión provisional. Finalmente, fueron seis empresas dedicadas a la formación las se quedaron con los lotes: Grupo Adalid Inmark el de Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, el de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, Aragón y Cataluña; Consultora San Román, Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecom 2003, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Vértice, Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, se les encargó atender a 11.000 parados.

En vista de los problemas acumulados con la primera convocatoria, el SEPE optó por un concurso negociado sin publicidad para adjudicar el segundo contrato. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplían ese requisito: Eulen, Manpower y la Asociación Salesiana. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitió acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

A estas tres grandes ETT y a los salesianos, las ganadoras, se les encomendó atender a 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estaban inscritos en el paro: Adecco se encargaba de quienes sólo llevaban de tres a seis meses sin trabajar; Eulen, de quienes hubieran pasado entre seis meses y un año sin empleo; los salesianos, de desempleados con entre uno y dos años de antigüedad en los registros de los servicios públicos, y Manpower, de quienes superaran los dos años.

Las vencedoras de este último concurso ofrecieron rebajas de hasta el 60% sobre las tarifas iniciales establecidas en el acuerdo marco, que ya permitía un descuento del 30%. Los precios originales oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros por parado colocado, dependiendo del grado de dificultad de la inserción.

Prórroga con una evolución incompleta

También fue controvertida la evaluación a la que están obligadas a someterse las agencias privadas de colocación. Pese a que legalmente debería haberse elaborado un informe sobre su desempeño y sometido a una comisión de seguimiento, la prórroga del primer contrato se suscribió antes de que esa comisión llegara a constituirse y con un informe que sólo era provisional. El segundo se prolongó cuando la comisión de seguimiento del acuerdo marco no se había reunido aún por segunda vez. El SEPE debería este verano presentar la segunda evaluación del trabajo de las agencias privadas.

De momento, los datos que el SEPE ha facilitado sobre la actuación de las agencias privadas no son detallados. Según constaba en el primer informe, hasta 2016 el SEPE remitió a las agencias los nombres de 189.879 parados –en España aún hay 3,79 millones, según la última EPA–, de los que sólo atendieron a 81.635, el 43%. La gran disparidad entre ambas cifras la explica el organismo público por el hecho de que los datos de que disponía sobre muchos de esos desempleados eran erróneos. Así, por ejemplo, las agencias privadas tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de ellos. En un buen número de casos, el SEPE les envió listados tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

De esas 81.635 personas atendidas, sólo 8.051 encontraron un trabajo durante al menos seis meses en un plazo de ocho. Son el 4,2% del listado remitido por el SEPE y el 9,8% de los que fueron atendidos. Estas cifras le sirvieron al SEPE para elogiar el trabajo de las agencias, por cuanto el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%.

En cualquier caso, los porcentajes también eran dispares, según la comunidad autónoma o el contrato. Murcia fue la que mejores resultados obtuvo, con un 25,6% de personas con empleo. En Castilla y León fueron el 10,5%. En los dos contratos firmados por el SEPE para el Plan Prepara, Ceuta y Melilla, y el distribuido según el tiempo que los parados llevan sin trabajar, el grado de éxito ha sido del 13,3%. El organismo no dio más detalles ni desagregó los datos por perfiles de parados, ni dijo qué tipo de empleos se ofertaron.

Sí precisó que las agencias manejaron 65.746 ofertas de empleo, realizaron 84.334 “acciones de información”, sin explicar en qué consistieron; 129.852 acciones de orientación y 16.212 acciones de formación.

Incidencias

Las agencias privadas tenían la obligación de comunicar cualquier tipo de “incidencia” que surgiera con los desempleados a los que atendían. Así, decían que 9.330 parados no comparecieron tras ser llamados, 1.138 rechazaron las acciones de orientación que les propusieron, 106 rechazaron las de formación y 287 rechazaron los puestos de trabajo ofrecidos. Los desempleados están obligados a aceptar una “oferta de empleo adecuada” si no quieren perder la prestación o el subsidio que cobran.

El SEPE considera “oferta de empleo adecuada” la profesión que demanda el desempleado, la que desempeñaba habitualmente u otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. También la última que ejerció si duró al menos tres meses. No obstante, si ha cobrado prestaciones, se entenderá que es adecuada cualquier profesión. Finalmente, la oferta de empleo no podrá suponer un desplazamiento a más de 30 kilómetros de distancia.

En el caso de los programas de ayudas ligados a formación, como el Plan Prepara, los beneficiarios no pueden rechazar los cursos que les ofrecen.

Además, el acuerdo marco permitía a las agencias cobrar un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubrieran percibiendo indebidamente la prestación y fuera sancionado por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, el informe provisional del SEPE no hacía mención alguna a este tipo de incidencia.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo —antiguo Inem— bajó en febrero en 6.280 desempleados respecto al mes anterior (-0,18%), impulsado sobre todo por el sector servicios, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y recoge Europa Press.

El volumen total de parados alcanzó a finales de febrero la cifra de 3.470.248 desempleados, su nivel más bajo de los últimos nueve años, según ha destacado Empleo.

Dentro de la serie histórica comparable, que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de febrero no ha seguido la misma tónica. En 13 de los 23 febreros de la serie se registran descensos del desempleo, frente a diez meses de aumentos.

La bajada de febrero de este año es inferior a la registrada en 2017 (-9.355 desempleados), pero contrasta con la subida de 2.231 personas experimentada en febrero de 2016. En 2015 el paro bajó en febrero en 13.538 personas y en 2014 lo hizo en 1.949 desempleados. En los últimos diez años, la subida media del paro en los meses de febrero es de 50.696 personas.

En términos desestacionalizados, el paro bajó en febrero en 23.139 personas y en los últimos doce meses se ha reducido en 280.628 desempleados (-7,5%).

El paro disminuyó en febrero en servicios (-15.133 desempleados), industria (-4.010) y construcción (-3.800) y subió en agricultura (+10.846 parados) y en el colectivo sin empleo anterior (+5.817 parados).

El desempleo aumentó en febrero en seis comunidades autónomas, lideradas por Andalucía (+7.473 parados) y Madrid (+1.731) y bajó en once regiones, principalmente en Cataluña (-4.685 desempleados), Baleares (-3.338) y Comunidad Valenciana (-2.045).

La mayor cifra de contratos fijos en una década

El número de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.546.402, cifra un 6,4% superior a la del mismo mes de 2017.

En febrero de 2018 se registraron 174.287 contratos de carácter indefinido, el 11,3% del total y la cifra más alta en diez años, con un incremento del 15,4% sobre igual mes del ejercicio anterior.

Empleo ha destacado que con este aumento de la contratación indefinida se encadenan 49 meses de incrementos interanuales.

La Seguridad Social ganó en febrero una media de 81.483 afiliados (+0,4%), su segundo mejor dato en un mes de febrero en diez años, sólo superado por el de 2015, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Al finalizar el mes pasado, el total de ocupados se situó en 18.363.514 cotizantes.

Educación, hostelería y construcción fueron los principales responsables del avance de la afiliación en febrero al ganar, respectivamente, 32.013, 21.312 y 21.015 ocupados, respectivamente.

Sin el componente estacional, la afiliación aumentó en febrero en 62.006 personas y, en valores interanuales, en 623.150, su mejor dato desde 2007, según Empleo.

En el segundo mes del año 2018 el Régimen General ganó 64.643 afiliados, un 0,4% más que en enero, hasta un total de 15.090.156 cotizantes.

Por su parte, el Régimen de Autónomos (RETA) ganó 16.027 ocupados en febrero (+0,5%), hasta un total de 3.209.919 afiliados.

En el último año, la Seguridad Social acumula un repunte de 615.8259 afiliados, un 3,47% más, su mejor dato interanual en once años.

Aumenta el paro juvenil 

El paro bajó en febrero en ambos sexos casi por igual. Así, el desempleo masculino retrocedió en 3.109 desempleados (-0,2%) y el femenino en 3.171 paradas (-0,1%), situándose el total de mujeres en paro en 1.997.878mujeres en paro y el de varones, en 1.472.370.

Por edades, el desempleo aumentó en 8.348 personas entre los menores de 25 años (+3,1%) y bajó en 14.628 personas entre los mayores de dicha edad (-0,4% respecto a enero).

La mayor cifra de contratos fijos en una década

El número de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.546.402, cifra un 6,4% superior a la del mismo mes de 2017.

En febrero de 2018 se registraron 174.287 contratos de carácter indefinido, el 11,3% del total y la cifra más alta en diez años, con un incremento del 15,4% sobre igual mes del ejercicio anterior.

Empleo ha destacado que con este aumento de la contratación indefinida se encadenan 49 meses de incrementos interanuales.

Dentro de los contratos fijos, 105.980 fueron a tiempo completo, un 16,1% más que en febrero de 2017, y 68.307 fueron a tiempo parcial (+14,1%).

El Ministerio ha resaltado que el crecimiento de la contratación indefinida casi triplica el aumento de la contratación temporal (+5,2%).

En el segundo mes del año se realizaron más de 1,3 millones de contratos de carácter temporal, de los que el 26,8% eran de obra o servicio a tiempo completo y el 25,8% eventuales por circunstancias de la producción, también con jornada completa. Por su parte, los contratos temporales con jornada a tiempo parcial supusieron el 29,6%.

La creación de empleo ha vuelto a acelerarse con el fin del año, después de un tercer trimestre en que perdió fuelle. Lo dice el Banco de España en su último informe trimestral sobre la economía española. El impulso se lo atribuye a la construcción, donde constata una “aceleración más intensa” y un “mayor dinamismo” laboral durante el mes de noviembre.

Los registros de afiliación de la Seguridad Social no sólo corroboran la apreciación del Banco de España respecto al último mes sino que también revelan el músculo con que la construcción lleva creando empleo todo el año. De hecho, el número de cotizantes en este sector ha aumentado en 106.087 desde enero hasta noviembre, un 10%, más del doble de lo que ha crecido en la industria –86.831 afiliados más, un crecimiento del 4%– y en los servicios –587.472 más, un alza del 4,4%–.

Es más, desde que la construcción tocó fondo en lo peor de la crisis, cuando en 2013 llegó a contar con sólo 989.332 cotizantes de media, hasta el pasado noviembre, cuando alcanzó los 1,16 millones, la creación de puestos de trabajos en el sector se ha concentrado este año. Desde 2013 hasta diciembre de 2016 el empleo en el ladrillo sólo creció en 64.190 afiliados; en los últimos 11 meses, por tanto, ha aumentado casi el doble.

El sector que más sufrió la recesión y destruyó 1,5 millones de puestos de trabajo –de los más de cuatro millones que se volatilizaron desde 2008— se está recuperando con mayor brío que los demás. El Banco de España recuerda, no obstante, que este comportamiento es similar al de las crisis anteriores. También tras la de 1993 e incluso en la de mediados de los años 70, la construcción creció más que la media y por encima de la industria. Claro que a partir de 2008 el empleo en el ladrillo se recortó en más de un 60%, mientras que en las dos recesiones anteriores el desplome fue sólo del 30%. En su año de apogeo, en 2007, justo antes de estallar la burbuja inmobiliaria, el sector daba trabajo en España a casi 2,5 millones de personas.

Es decir, la construcción sigue acaparando el protagonismo en lo que el Banco de España llama “oscilaciones cíclicas de la economía” nacional: destruye más empleo que el resto de los sectores durante las crisis y lo crea a mayor velocidad durante las recuperaciones.

Este último año el número de afiliados del Régimen General –los asalariados– en la construcción ha experimentado alzas interanuales superiores al 8% casi todos los meses. El pasado noviembre incluso rozaron el 10%, más del doble que cualquier otra rama de actividad, incluyendo el comercio y la hostelería, que se consideran los motores del empleo.

Más contratos indefinidos y más duraderos

Otro tanto puede decirse si la atención se pone en las estadísticas del paro registrado. Según los datos del Ministerio de Empleo, el pasado noviembre la construcción fue el sector que más recortó el desempleo en comparación interanual, un 17,38%, por delante de la industria, con un 11,36% y casi triplicando el descenso de los servicios, un 6,55%. Así, la industria tiene ahora más parados –303.384– que el ladrillo –303.768–, cuando en el peor momento de la crisis, en marzo de 2013, llegó a sumar 761.458 desempleados registrados, 207.421 más que el sector secundario. Al igual que ocurre con la afiliación a la Seguridad Social, los descensos del paro en la construcción a lo largo de este año con los mayores en términos interanuales, rozando algunos meses el 20%. En la industria los mayores alcanzan el 13,7%; en los servicios, apenas el 9%.

Finalmente, la construcción también lidera el crecimiento de contratos indefinidos respecto al resto de los sectores. Pese a su escaso peso en el mercado laboral español –son apenas el 9% de los que se firman cada mes–, este año el número de contratos fijos ha aumentado en el ladrillo un 22% respecto a 2016, por un 14% en la industria y un 12,2% en los servicios. Además, la duración media de un contrato en la construcción supera en mucho la del resto de los sectores. A fecha de noviembre, es de 75 días, mientras que en la industria se queda en 54,16 días y en los servicios es sólo de 53,98 días, según las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Además, según detalla el Banco de España, el tirón laboral del ladrillo es positivo en términos de productividad. El informe del supervisor explica que la crisis y la recuperación han cambiado el peso de cada sector productivo en términos de empleo. El porcentaje de quienes trabajan en la construcción ha caído en más de siete puntos porcentuales desde 2007, por lo que ahora representan el 5,9%, mientras que el de asalariados en la industria se ha reducido sólo tres puntos. Esas pérdidas han sido absorbidas por los servicios, que crecen 7,5 puntos. Sin embargo, ramas como la hostelería y el comercio tienen una productividad muy baja, inferior a la construcción. Que el empleo crezca en el ladrillo, indica el supervisor, compensa así la menor productividad del sector más pujante de la economía. Aunque, de momento, sólo ha permitido un crecimiento “muy reducido” esta magnitud, concluye el informe.

Subida salarial, más inversión, vivienda más cara

De momento, los indicadores positivos del sector han permitido firmar un convenio colectivo para los próximos cinco años, que fija una subida salarial del 2% para 2018, por encima de las recomendaciones del último acuerdo de negociación colectiva entre los sindicatos y la patronal para este año.

También es optimista en sus previsiones el Instituto de Estudios Económicos (IEE) –el instituto de estudios de la CEOE–, que prevé un alza del 4,6% de la inversión en el sector del ladrillo el próximo año. Son dos décimas más de lo que creció el ejercicio en curso y dos puntos más que en 2016). Es decir, todo parece dispuesto para que la construcción siga empujando al alza en la economía y el empleo.

Naturalmente, el resultado de tal pujanza no es otro que la subida del precio de la vivienda. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo entre julio y septiembre la vivienda se encareció un 6,7%, casi dos puntos más respecto al trimestre anterior. La subida es el mayor aumento desde el tercer trimestre de 2007. Entonces el precio de la vivienda se disparó un 9,2%.

Los tres años de recuperación tras la crisis económica más larga desde la posguerra han mejorado el panorama social gracias al crecimiento del empleo –1,2 millones de ocupados más desde 2014– y a un “incipiente aumento de las rentas de las familias”, según concluye el Consejo Económico y Social (CES) en su Memoria de 2016. No obstante, la institución, que reúne a la patronal y los sindicatos más representativos, también revela las “secuelas” que esa prolongada y dura crisis ha dejado en la sociedad española y su mercado de trabajo.

  1. Pérdida de población activa

La reactivación de la economía ha reducido el número de parados en 1,6 millones entre 2013 y 2016. Pero no todos los que han dejado las listas del desempleo han encontrado un trabajo. En estos tres años muchos de ellos han abandonado el mercado laboral. De ahí que la población activa –las personas entre 16 y 65 años dispuestas a trabajar– se haya recortado en 367.000 personas durante ese trienio. Sólo en 2016 se perdieron 100.000 activos. Y no sólo se debe a un fenómeno demográfico, apunta el CES, por la menor natalidad y la salida del país de los inmigrantes, sino también a una menor participación laboral. La bajada, de hecho, se concentra en los menores de 40 años, sobre todo entre los más jóvenes, porque prolongan sus estudios ante la falta de expectativas laborales. Sin olvidar que las mujeres siguen 10 puntos por debajo de los hombres en lo que a integración en el mercado de trabajo se refiere.

  2. Más desanimados

El descenso de la población activa también es culpa del aumento en el número de desanimados, quienes no buscan empleo porque no creen que vayan a encontrarlo. En España eran el 7,4% de la población activa en 2013 y el 5,4% en 2016, casi dos puntos por encima de la media de la UE. Son 336.400 personas. Además, su número ha aumentado entre los mayores de 50 años en el último año, el único grupo de edad que crece entre los desanimados. Otro dato preocupante: en 2007 en España había casi medio millón de personas que, según la definición de Eurostat, la Oficina Estadística de la UE, se consideran activos potenciales –pueden trabajar pero no buscan empleo por motivos no objetivos pero ajenos a su voluntad–, de los cuales 188.800 eran desanimados. Pues bien, en 2016, los activos potenciales son casi los mismos que antes de la crisis, 514.200, pero la cifra de desanimados es casi el doble que entonces.

  3. Paro de larga duración

Casi la mitad de los parados españoles –el 47,8%– son de larga duración, llevan más de un año sin trabajar. Y sólo se reduce su número entre los que están desempleados menos de dos años. Por el contrario, los que llevan cuatro años o más en el paro han crecido 7,1 puntos porcentuales entre 2013 y 2016: son el 18% de los desempleados, 760.000 personas. Además, el paro crónico entre los trabajadores de más edad se ha triplicado desde el comienzo de la crisis y ya son el 31,8% de los desempleados.

  4. Pérdida de empleo en la industria

Desde 2007 la industria ha perdido en España a 720.000 ocupados, un 24%. Según los sectores, la industria del mueble ha recortado un 50% su empleo y la textil, un 46%. A juicio del CES, esta pérdida de trabajadores “probablemente no es reversible”. La construcción ha empezado a recuperarse, pero aun así, ocupa ahora a 1,7 millones de personas menos que en 2007. La protagonista de la recuperación es la hostelería, que desde 2013 ha ganado el doble del empleo que perdió con la crisis y tiene 150.000 trabajadores más que en 2007. Sólo las plantillas de los servicios de alojamiento han crecido un 15% en 2016.

Por el contrario, han sufrido “descensos marcados” la I+D – un 6,4% en 2016– y las actividades profesionales, científicas y técnicas –un 17,2% desde 2008–. También el empleo público: las administraciones públicas han reducido sus plantillas desde 2011 en 186.000 personas.

El CES advierte igualmente de la “polarización” que está sufriendo el empleo, puesto que crecen más los empleos en los extremos: los más cualificados, los técnicos y profesionales, un 5,3% en 2016, y los menos cualificados, los peones, un 10,9%. En cualquier caso, esta disparidad no consigue revertir la “preminencia de las ocupaciones relacionadas con la hostelería y el comercio”.

Tampoco el empleo autónomo ha despegado con la reactivación económica, pese al impulso que el Gobierno le ha dado estos años con todo tipo de incentivos, ayudas y campañas mediáticas. Mientras que desde 2013 se ha recuperado cerca de una tercera parte del empleo asalariado perdido durante la crisis, el empleo por cuenta propia no ha recobrado ni el 20%.

  5. El contrato temporal es el rey

La tasa de temporalidad española –26,1%– es la segunda más alta de la UE, después de la polaca. En 2016, los contratos temporales crecieron un 6,8%, cuatro veces más que los indefinidos. Entonces se registraron en total 19,98 millones de contratos, un 7,6% más que el año anterior e incluso un 1,7% más que en 2007, antes de la crisis. Pero respecto a esa fecha se firmaron 1,9 millones de contratos temporales más y medio millón de contratos indefinidos menos. De hecho, el peso de los indefinidos en la contratación total ha caído 3,3 puntos respecto a 2007. Es decir, tras ocho años de crisis y recuperación, se mantiene la estructura de los contratos, pero más extremada aún.

Es más, la Memoria del CES revela que, pese al descenso que ha experimentado en el último año el empleo a tiempo parcial, el número de los contratos por horas, tanto temporales como indefinidos, es muy superior al que había en 2007, mientras que el de los de jornada completa de ambos tipos es muy inferior. “La contratación indefinida y a tiempo completo se ha convertido, a la salida de la crisis, en el caso menos frecuente”, concluye.

  6. Bucle empleo/paro

Otro fenómeno achacable a la reactivación económica tal y como se está desarrollando es la cada vez menor duración de los contratos, que el CES atribuye no sólo a cambios en la composición sectorial del empleo, sino también a un aumento del encadenamiento de los contratos y de la rotación laboral.

La duración media de un contrato en España no llegaba en 2016 a 51 días. Ha caído 28,1 días desde 2007. Pero es que, además, los contratos ultrabreves, de hasta una semana, son cada día más numerosos –el 28,1% de los que se firmaron en 2016–.

En consecuencia, también aumenta la rotación de los trabajadores, el número de personas que combinan periodos de empleo y de paro en un mismo año. La tendencia se confirma acudiendo a los datos sobre altas en las prestaciones por desempleo que publica el Ministerio de Empleo. Éstas pueden ser iniciales o reanudaciones. Las últimas, cuando se trata de contratos temporales, fueron en 2016 1,44 millones, casi el doble de las 791.200 iniciales. En el caso de altas en el subsidio de desempleo por falta de cotización para cobrar la prestación contributiva, las reanudaciones ascendieron a 926.000, triplicando las 288.000 iniciales. La elevada cifra de reanudaciones de las prestaciones es una buena muestra del gran número de episodios de empleo y paro, pero también revela que esa rotación se está concentrando, además, en una parte de la población laboral, destaca el CES. De otro modo, el 66% de todas las altas en prestaciones y subsidios de desempleo son reanudaciones, lo que demuestra lo difícil que resulta en España encontrar un trabajo estable. Es más, el 53% de quienes cobran una prestación tienen derecho a una durante seis meses o menos, consecuencia de haber trabajado antes con un contrato temporal o encadenando los más breves.

  7. Intermediación laboral a medio gas

Con un 18% de paro, la intermediación laboral –los servicios destinados a encontrar trabajo a los desempleados– es fundamental, recuerda el CES. Los servicios públicos de empleo autonómicos tuvieron un índice de colocación del 10% en 2016, más de tres puntos por encima del año anterior, pese a que enviaron un 32,4% menos de ofertas a demandantes de empleo. El 70,5% de esas colocaciones corresponden a trabajadores que no cobraban prestaciones. Sólo un 1% de las ofertas fueron rechazadas.

Las agencias privadas de colocación, por su parte, colocaron al 3,8% de los desempleados que les envió el ministerio, 12.333 personas. En 2016 recibieron del Gobierno un total de 175 millones de euros para cumplir con este cometido. La Memoria del CES se queja de la “falta de transparencia y la ausencia de datos completos y detallados” sobre la actividad de estas agencias.

  8. debilitamiento de la protección social

El Consejo Económico y Social alerta de los “síntomas de debilitamiento” que, a su juicio, presenta el sistema de protección social español. Los motivos, “el descenso continuado de la cobertura y la creciente asistencialización”. El primero se refiere a que el sistema de prestaciones por desempleo sólo protege a la mitad de los parados: en 2016, al 55,1% de los registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En 2010, la cobertura alcanzaba al 78,4%. Según la memoria, el recorte se debe no sólo a la reducción del paro, sino también a la pérdida de prestaciones que supone la prolongación del desempleo. Un desamparo que no parecen subsanar los sucesivos planes para parados de larga duración que agotan las prestaciones: Renta Activa de Inserción, Plan Prepara y Programa de Activación para el Empleo (PAE).

La segunda causa de debilitamiento del sistema es el cada vez mayor peso de los subsidios asistenciales –426 euros– respecto de la prestación contributiva –la cuantía depende del salario, la media en 2016 fue de 800 euros–. El aumento de las ayudas asistenciales se debe, otra vez, a la cronificación del paro. Y la consecuencia es un mayor riesgo de pobreza entre los desempleados: en 2016 el 46,5% de ellos se encontraba en situación de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sobre todo si se tiene en cuenta que los subsidios son mayoritariamente percibidos por los parados de más de 55 años: suman el 42,1% de sus beneficiarios. Además, determinan la pobreza futura. Estas ayudas no cotizan a la Seguridad Social, excepto el subsidio para mayores de 55 años –el SEPE ingresa la cotización, pero por la base mínima–, por lo que se recorta en buena medida la cuantía de la futura pensión.

La Seguridad Social alcanzó en 2016 el mayor déficit de su historia, 18.096 millones de euros, tras aumentar un 37,6% el último año. La cifra equivale al 1,62% del PIB. Así, la Seguridad Social se convierte en la administración que más ha aportado al déficit público, muy por encima del 2,52% del Estado central y el 0,82% de las comunidades autónomas. Los ayuntamientos siguen teniendo superávit, que en 2016 ha crecido un 0,64%.

Pero la cifra es superior si se mide sólo el sistema de Seguridad Social, excluidos el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que en términos de Contabilidad Nacional se suman en el mismo epígrafe. El superávit del SEPE, 2,294 millones de euros, así como el descenso del déficit del Fogasa, casi un 40%, atemperan el dato final. Considerada de forma aislada, pues, la Seguridad Social tiene un déficit de 20.283 millones de euros, el 1,82% del PIB. Es el resultado de unos ingresos por cotizaciones sociales que han crecido un 3,1% –el mismo aumento que ha registrado la afiliación, 540.655 cotizantes más– superados por unos gastos en prestaciones sociales que han experimentado un alza del 3,4%.

En cifras absolutas, la Seguridad Social ingresó en 2016 un total de 103.875 millones por las cuotas de los ocupados y de los parados, pero gastó 132.640 millones en prestaciones, la mayor parte de ellas pensiones contributivas –no sólo de jubilación, también de invalidez, viudedad y orfandad–. El Ministerio de Hacienda, en su informe sobre las cuentas trimestrales de las administraciones públicas, destaca que el número de perceptores de pensiones contributivas ha crecido un 1,2% y la pensión media ha aumentado un 1,9% –quienes se jubilan tienen cada vez salarios más altos, por tanto también mayores prestaciones–.

Por el contrario, el ministerio reconoce que los ingresos del sistema son lastrados por las tarifas planas de cotizaciones, las exenciones y bonificaciones de cuotas a los contratos indefinidos que el Gobierno ha potenciado desde 2013. El informe no precisa la cifra, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calculó en su día el impacto de estas reducciones de cuotas en un 0,14% del PIB en 2015 y un 0,19% en 2016; es decir, casi en 3.700 millones de euros.

La brecha de los ingresos por cotizaciones es aún mayor si se comparan las cantidades recaudadas con las previsiones iniciales del Gobierno, que ascendían a 117.242 millones de euros. Los derechos reconocidos del sistema, sin embargo, sumaron un 11,7% menos. Para 2016, el Ejecutivo había calculado que las cotizaciones sociales crecerían un 6,7%, un aumento que la Airef desechó por demasiado optimista. Esos derechos reconocidos, en realidad, subieron únicamente un 2,93%, según las cuentas hechas públicas este mismo jueves por el Ministerio de Empleo. Sólo las cuotas ingresadas por los asalariados del Régimen General se quedaron un 12% por debajo de las previsiones del Gobierno.

El gasto en pensiones de jubilación crece un 4%

Además, el Estado redujo en 2016 un 1% sus transferencias a la Seguridad Social, que también ingresó un 37% menos por los intereses del Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones. Como a la hucha sólo le quedan ya 15.900 millones de euros –llegó a acumular 67.000 millones en 2010–, sus rendimientos –los fondos están invertidos en deuda pública española– son cada vez más exiguos.

Del otro lado, en pensiones de jubilación, la mayor partida de prestaciones del sistema, la Seguridad Social se gastó el año pasado un total de 79.652 millones de euros, un 4% más que en 2015. Las prestaciones por incapacidad temporal de los trabajadores se dispararon un 11,2%, hasta los 6.657,4 millones.

Durante la presentación del cierre del Presupuesto del Estado de 2016, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intentó disipar cualquier duda sobre la viabilidad del sistema y el pago de las pensiones asegurando que el déficit de la Seguridad Social “se puede absorber en el conjunto de las administraciones públicas”. Y auguró que 2017 será el primer año en que “los ingresos del sistema de pensiones crecerán más que los gastos”.

Cumple el objetivo de déficit por primera vez

Montoro anunció que España cerró 2016 con un déficit público del 4,33% del PIB, que se eleva hasta el 4,54% si se le suman los 2.389 millones de euros de las ayudas a la banca. De esta forma, cumple por primera vez el objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea. Aunque España lo ha alcanzado después de conseguir que Bruselas se lo ampliara del 2,8% inicial al 4,6%, que finalmente no ha llegado a rozar. El ministro se mostró seguro de que este ejercicio volverá a cumplir con la meta de déficit, un 3,1%, y que España dejará de ser en 2019 “formalmente” el único país de la UE sometido al procedimiento de déficit excesivo, “aunque nadie duda de que ya en 2018 bajará del 3%”.

Cristóbal Montoro se felicitó por haber conseguido recortar el déficit público gracias al “impulso del crecimiento económico y la creación de empleo, no a su costa”. Pero también reconoció que no había cumplido la previsión de ingresos, porque la rebaja de la recaudación ha tenido “más intensidad de la inicialmente” calculada. Los impuestos subieron en 2016 un 1,7%, mientras que los gastos del conjunto de las administraciones públicas sólo aumentaron un 0,3%. Según los cálculos del ministro, la recaudación ha subido 39.000 millones de euros desde 2011. Pero el dato aún se sitúa por debajo del registrado en 2007. En 2016 el fisco ingresó un total de 240.805 millones de euros en concepto de impuestos sobre la producción y las importaciones – IVA, impuestos sobre el alcohol, combustibles…– e impuestos sobre la renta y el patrimonio –IRPF, Sociedades…–. Hace una década, recaudó 259.275 millones, un 7,7% más.

En cualquier caso, los ingresos por el IVA crecieron un 2,3% el pasado ejercicio, y por los impuestos especiales, un 1,5%. Los del IRPF, por el contrario, bajaron un 2,3%, y los del Impuesto de Sociedades aún más, un 2,9%Impuesto de Sociedades. La recaudación del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes se ha disparado un 30,8%. En cambio, la del Impuesto de Sucesiones ha caído un 28%.

Montoro también proporcionó una cifra del impacto que ha tenido en los ingresos tributarios la reforma fiscalreforma fiscal: 11.300 millones de euros desde 2015 que han escapado del fisco. El ministro aseguró que la recaudación crecerá según vaya aumentando la actividad económica, estimulada, dijo, por la bajada de impuestos del Gobierno.

En el capítulo de gastos, las administraciones públicas se ahorraron 4.675 millones de euros por el adelanto del cierre presupuestario –de noviembre a julio– y por el acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros en créditos. También se ahorraron otros 1.500 millones en intereses de la deuda y se redujo la aportación de España a la Unión Europea.

Además del recorte del déficit conseguido por el Estado central, once de las 17 comunidades autónomas cumplieron el objetivo fijado, el 0,7%. Sólo Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón y Cataluña se situaron por encima.

Finalmente, Cristóbal Montoro culpó de la abultada deuda pública –el 99,4% del PIB– al déficit y a las ayudas financieras. Como solución, recetó “más crecimiento económico”.

El Ministerio de Empleo dejó sin gastar el año pasado un total de 578,88 millones de euros de los casi 2.000 millones que tenía presupuestados para formar a trabajadores, tanto desempleados como ocupados. La cifra supera en un 33% el nivel de desaprovechamiento de los fondos de 2015, cuando el ministerio se quedó sin emplear 435 millones de euros. En 2016 sólo se utilizó el 70% del dinero disponible, que procede de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores, un 0,7% de su aportación por contingencias comunes. La ejecución, por tanto, ha bajado seis puntos en el último año.

Desde los organismos internacionales hasta los analistas del mercado laboral y todos los partidos políticos, la coincidencia es unánime sobre el papel fundamental que las llamadas políticas activas de empleo, la formación, orientación y recualificación profesionales, desempeñan en la lucha contra el paro. Sin embargo, las cifras aún récord de desempleo en España –3,76 millones de parados registrados y 4,23 millones según la Encuesta de Población Activa (EPA)– conviven con una reforma del sistema de formación para el empleo que ha paralizado las subvenciones y desatado una dura bronca entre el ministerio y los agentes sociales, patronal y sindicatos aliados en esta ocasión contra un enemigo común.

Si en 2015 no hubo convocatoria de subvenciones para formar a ocupados, en 2016 la Audiencia Nacional suspendió la convocatoria de 2014 a instancias de los empresarios, que también han recurrido la convocatoria de 2016 acompañados de CCOO y UGT. La anulación de las ayudas de 2014 supuso el bloqueo del tercer pago de las subvenciones, unos 35 millones de euros. Las del año pasado aún están pendientes de la decisión de la Audiencia Nacional. En 2014, antes de los cambios en el sistema, el nivel de ejecución del presupuesto de formación era casi total: del 95,12% para los cursos de desempleados y del 88,33% para los cursos de ocupados.

Todas estas cifras proceden del avance de liquidación del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo Inem). El año pasado ascendió a 25.000 millones de euros, seis millones menos que en 2015. De esa cantidad, la parte del león corresponde a las prestaciones de desempleo, que supusieron en 2016 un gasto de 18,6 millones de euros, 2,2 millones menos que el ejercicio anterior.

Este último año, el SEPE ha gastado menos tanto en prestaciones contributivas –un 10,65% menos–, como en el subsidio –un 11,5% menos–. En la Renta Activa de Inserción (RAI), destinada a parados mayores de 45 años que hayan agotado el resto de las prestaciones y subsidios, el gasto ha sido un 8% menor.

Ni parados de larga duración, ni autónomos ni jóvenes

En 2015 se puso en marcha el Programa de Activación para el Empleo –para quienes hayan agotado la RAI o el Prepara–, una ayuda para parados de larga duración ligada a cursos de formación u orientación profesional. Pero no ha tenido mucho éxito. En 2015 se presupuestaron 850 millones, pero sólo se gastó el 18,9%, 160,6 millones de euros. En 2016 sólo se ha utilizado el 43% de los 350 millones destinados inicialmente al programa. Los sindicatos no han dejado de criticar que los requisitos para acceder a esta ayuda son demasiado restrictivos y que se le ha dado tan poca publicidad que los potenciales beneficiarios no saben de su existencia.

Por lo que se refiere al Plan Prepara, igualmente pensado para desempleados de larga duración sin otras rentas, el SEPE sólo ha desembolsado el 61,66% de la partida prevista, 219 millones de euros. Son 124,2 millones, un 25% menos de lo que se gastó un año antes.

Mucho menos atractivo ha resultado tener la prestación por cese de actividad, el paro de los autónomos. Si en 2015 sólo se emplearon 3,6 millones de los 19,8 millones disponibles, el año pasado fueron aún menos: 3,3 millones. En este caso el problema es que muy pocos autónomos, un 20%, cotizan para esta prestación, pese a que su cuantía es muy pequeña. Además, la mayor parte de las solicitudes de la prestación se desestiman porque el autónomo no acredita correctamente el cese de actividad. Tienen que demostrar unas pérdidas del 10%.

Otro tanto le ocurre al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, uno de los caballos de batalla publicitarios del Ministerio de Empleo. En 2016 sólo se gastó el 8,13% del presupuesto asignado, que ascendía a 120 millones de euros. Y eso que este último ejercicio se aumentó esa partida en 40 millones respecto a 2015. Se trata de una iniciativa, cofinanciada con fondos de la UE, por la que Empleo se compromete a conseguir a los menores de 30 años una oferta de trabajo, un curso de formación o unas prácticas en un plazo de cuatro meses.

Según las últimas cifras facilitadas por el ministerio, se han inscrito en el sistema 421.209 jóvenes. En España, con el paro juvenil más elevado de la UE después de Grecia, el 43%, hay 1,12 millones de menores de 30 años sin trabajo. En principio, el programa estaba pensado sólo para menores de 25 años; para aumentar el número de inscritos Empleo lo amplió en 2015 hasta los menores de 30. Bruselas, que asignó a España el mayor volumen de fondos para este plan, advirtió el pasado octubre del mal funcionamiento del sistema, con una ratio de eficacia que no es ni la cuarta parte de la media comunitaria.

Más bonificaciones, menos dinero para el SEPE

En el capítulo de las políticas activas de empleo se incluyen también las subvenciones a la contratación indefinida. Éstas son de dos tipos: las reducciones, que son cotizaciones que deja de ingresar la Seguridad Social cuando un empresario contrata a un trabajador fijo, y las bonificaciones, cuyas cuotas abona el SEPE a la Seguridad Social. En 2016 este organismo público abonó un total de 1.583 millones de euros, un 7,34% más que el año anterior, en bonificaciones.

La intención del Gobierno es aumentar en próximos años la proporción de bonificaciones, sufragadas por el SEPE, y recortar la de reducciones, para intentar taponar así el agujero que estos descuentos de cuotas hacen en las cuentas de la Seguridad Social, en déficit desde 2012.

Finalmente, Empleo también ha ahorrado recortando en la partida que todos los años se reserva para modernizar los servicios públicos de empleo. Al igual que en 2015, se habían destinado 100 millones, pero sólo se han gastado 60. Los 40 millones restantes, asignados a “mejorar las oficinas de empleo” se han quedado en el tintero. El año anterior, el presupuesto fue recortado a mitad de ejercicio en 41,63 millones. Es otra de las críticas recurrentes de los sindicatos y la oposición al ministerio: mientras se retraen recursos a los servicios públicos de empleo, se destinan nuevos fondos a pagar a las agencias privadas de colocación, precisamente 100 millones de euros.