La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, se lo advirtió al inicio de su declaración. María Dolores de Cospedal ha comparecido ante la sección cuarta de la Audiencia Nacional sin la obligación de responder a todas las preguntas que tiene cualquier otro testigo llamado a declarar. Cospedal tenía el privilegio de no responder a cualquier pregunta que considerara que podría incriminarla.

Ese especial estatus procesal, derivado de su inicial imputación en el caso Kitchen y su posterior archivo provisional, en teoría no le permite mentir. Pero incumplir la obligación de todo testigo de no hacerlo no conllevaría ninguna consecuencia para ella. En caso de que volviera a ser objeto de acusación, el contenido de su testimonio de este jueves no podría ser utilizado contra ella, por el derecho fundamental a no declarar contra uno mismo. Tampoco podría actuarse contra ella por un hipotético delito de falso testimonio.

Palacios, la presidenta, le advirtió de que se le había comunicado desde la Audiencia que podría comparecer en el juicio con abogado. Cospedal aseguró, sin embargo, que no había recibido a esa comunicación, pero confirmó que estaba en disposición de declarar y que iba a responder a todo lo que se le preguntara. Y lo hizo, en muchas ocasiones en contra del contenido de los informes policiales en los que consta que mantuvo conversaciones telefónicas con el comisario jubilado José Manuel Villarejo –cuyos audios han sido ampliamente publicados por varios medios– para tratar de frenar las consecuencias del escándalo de los papeles de Bárcenas, que demostraron la existencia de una contabilidad B en el partido.

Varios jueces penalistas consultados por infoLibre explican que la situación procesal en la que ha intervenido Cospedal le permitiría una doble impunidad. Por un lado, sobre los hechos por los que inicialmente estuvo imputada y de los que finalmente el instructor del caso, Manuel García-Castellón, la eximió. Por otro, de las posibles falsedades que pudiera proferir durante su declaración en caso de que se demuestre su falta de veracidad. Más que un derecho, explican los expertos consultados, lo que Cospedal ha ejercido hoy en el juicio del caso Kitchen podría considerarse "un privilegio". "En teoría no puede mentir, solo puede no contestar. Pero si miente, no tendrá ninguna consecuencia para ella", señala uno de ellos.

Algunos de los pasajes del testimonio prestado por la exdirigente del PP y exministra de Defensa tienen difícil encaje en la realidad. Como cuando aseguró que nunca había hablado con Villarejo por teléfono, "ni fijo, ni móvil". Un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía recogió dos conversaciones con el comisario mantenidas con ella, precisamente, a través de un teléfono fijo. En la primera, del 20 de enero de 2013 –es decir, dos días después de que se publicaran los sobresueldos a cargos del partido–, Cospedal habla con Villarejo de la existencia de "una libretita" en la que estarían apuntados esos pagos y le dice que "sería mejor lograrlo parar". El comisario le responde que hará "todo lo posible".

Pese a esas conversaciones, Cospedal ha asegurado ante el tribunal sin ningún sonrojo que nunca habló con Villarejo del caso Gürtel. En los audios, sin embargo, el comisario aparece informando a la ex secretaria general del PP sobre sus gestiones para obstaculizar el caso de la contabilidad B del partido. Como en sus conversaciones y las de su compañero José Luis Olivera (también acusado en el juicio), con Manuel Morocho, el policía encargado de la investigación. El objeto, según Asuntos Internos, habría sido eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de uno de los informes elaborados por Morocho.

También ha negado la exministra ningún tipo de gestión al respecto con el principal acusado en el juicio, su compañero en el Gobierno y exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La ex número dos del partido ha asegurado que solo hablaban de la actuación de la formación en Cataluña. Sin embargo, en los audios recogidos por Asuntos Internos, Cospedal aparece explicando a Villarejo que Fernández Díaz le facilitó uno de los informes redactados por Morocho durante la investigación judicial un día antes de que se lo enviaran al instructor del caso Gürtel, el juez Pablo Ruz. En caso de ser cierto ese dato, podría tener consecuencias penales, ya que la Policía, cuando actúa a las órdenes de un juzgado, solo responde ante el juez.

Otra de las manifestaciones de Cospedal que casa mal con los hechos investigados conocidos hasta ahora ha aparecido cuando ha asegurado que solo se reunía con Villarejo porque era el comisario el que estaba interesado en verla a ella, y no al contrario, y que era él quien contactaba con su secretaria o con su jefe de gabinete para arreglar los encuentros. Este último, que también ha declarado como testigo, ha señalado que no se reunían únicamente a petición del mando policial sino que a veces era la propia Cospedal la que pedía que se concertaran esas citas.

Cospedal ha asegurado de igual manera que todas las reuniones con Villarejo se produjeron de forma presencial en su despacho en la sede nacional del PP y que solo una vez se vieron en una cafetería de la calle José Ortega y Gasset de Madrid. Su director de gabinete, sin embargo, la ha vuelto a contradecir en este punto al asegurar que también se veían en el Ministerio de Defensa mientras la dirigente popular fue su titular.

Por las testificales que han prestado este miércoles José María Aznar y Mariano Rajoy, pareciera que estuviéramos en 2013 y no en 2021. A pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional, primero, y de la posterior resolución del Tribunal Supremo, que dan por acreditada la caja b del PP durante al menos veinte años, los expresidentes del partido conservador y del Gobierno siguen negando la existencia de esa contabilidad opaca que el extesorero Luis Bárcenas gestionó y anotó en los ya conocidos papeles que fueron publicados hace más de ocho años. La consigna ahora ya la dejó clara la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, también en su declaración como testigo, cuando dijo que esos documentos serán de Bárcenas, no del PP.

Lo han dicho de todas las maneras posibles, sobre todo Rajoy, al que más se ha preguntado sobre este asunto. "Es absolutamente falso", "es falso de toda falsedad", "es mentira lo de la contabilidad b del PP", "esos documentos son mentira", ha reiterado de forma tajante el expresidente ante los infructuosos intentos de las acusaciones populares, que le han preguntado de todas las maneras posibles sobre si en el PP había una caja b, si conoció una contabilidad opaca, si era el M.Rajoy que aparece en los apuntes contables de Bárcenas. Su argumento: que "más del 95% de las personas que aparecen en esos papeles" mantienen que "eso no es cierto", aunque otros sí hayan reconocido haber recibido pagos en efectivo como préstamos o compensaciones económicas. El porqué de la inclusión de su nombre en los papeles dice que no lo sabe, y a preguntas al respecto del abogado de Bárcenas, se ha limitado a decir que no está "en su mente". 

Para Rajoy, todo es un "delirio" del extesorero del PP y le parece "una vergüenza todo lo que estamos viviendo", y ha afeado a las acusaciones den "por hecho la existencia de una caja b", pues en sus "40 años en el partido" asegura que no ha "escuchado a nadie hablar de la famosa caja b". Si, según su versión, "no hay ninguna caja b en el PP", sino que "habrá unos papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar", el expresidente ha negado también haber destruido parte de esa documentación, tal y como ha contado el propio extesorero en el juicio. "El señor Bárcenas ni siquiera está de acuerdo consigo mismo, un día dice una cosa y otro dice otra cosa. No he triturado lo que nunca tuve en mis manos", ha zanjado.

Con otras palabras, Aznar ha hecho lo propio: "Serán otras instancias las que deberán determinar lo que concierne a esos papeles. Ni conocía ni conozco esos papeles y no tengo indicios sobre su justificación", ha afirmado el expresidente, para quien dos sentencias judiciales no parecen ser indicios de la existencia de la caja b en el PP. Es más, después ha dejado un recado para el que fue su sucesor: "No sé lo que han hecho los demás ni me importa. Sé lo que hice yo", ha subrayado cuando se le ha preguntado si cobró sobresueldos en negro. Su sucesor en la presidencia del partido, Mariano Rajoy, también ha negado taxativamente haber percibido ninguna cantidad en negro, pero él sí ha dado la cara por sus compañeros: "Bárcenas guardaba dinero ahí (en una caja fuerte) y en otros sitios, pero los dirigentes del PP y yo, no”.

El empeño de las acusaciones

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado han preguntado a los expresidentes, ni siquiera por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede del PP, que es lo que se está juzgando estos días en la Audiencia Nacional. El extenso interrogatorio a ambos testigos ha sido responsabilidad de las acusaciones populares, que han intentado por activa y por pasiva poner en apuros, no tanto por las obras de Génova como por la caja b, a los que dirigieron el partido conservador durante 28 años. No lo han conseguido, ambos han mantenido las versiones que llevan defendiendo desde 2013, cuando se abrió la investigación, y sobre las que no han cambiado ni una coma.

Aunque el contenido de sus declaraciones haya sido casi idéntico, las formas de uno y de otro ni se parecen y han retrotraído a los asistentes al juicio a los perfiles que ambos mantuvieron cuando estuvieron en primera línea de la política. Ni los escenarios elegidos por ambos para atender la testifical por videoconferencia se parecían: Aznar, desde el despacho de su casa –según ha explicado él mismo– con una enorme estantería repleta de libros como telón de fondo; Rajoy, en una sala más austera en la que sólo se veían unas cuantas fotografías colgadas en la pared a modo de  decoración y una planta.

Durante toda su declaración, Aznar ha mantenido una actitud altiva, casi desafiante, ante las preguntas de las acusaciones, sobre las que ha querido dejar claro a quién representaban en todo momento, en un intento por cuestionar sus propósitos. "Ha sido abogado del Partido Socialista", ha espetado al letrado José Mariano Benítez de Lugo. "Entiendo que es el abogado del señor Puigdemont", ha recalcado cuando le tocaba preguntar a Gonzalo Boye, de Observatori Desc. Tanto se repetía este esquema que el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha tenido que llamarle la atención.

Precisamente ha sido Boye el que ha hecho constar al tribunal que Aznar llevaba puesta una mascarilla a pesar de que no ha acudido a la Audiencia Nacional a comparecer. El expresidente no ha sido el único que en este juicio ha recurrido al parapeto de la mascarilla, ya lo hicieron en anteriores sesiones exdirigentes conservadores como Cospedal o Javier Arenas, y a todos el abogado ha preguntado por qué lo hacían si estaban solos en la habitación, como ellos aseguraban. Pero ha sido al comentarlo sobre Aznar cuando el presidente del tribunal ha zanjado el debate al concluir que el testigo podía vestir como quisiera estando en su domicilio. Todo ello a pesar de la explicación que ha tratado de defender el expresidente, y es que "las autoridades sanitarias" recomiendan el uso de la mascarilla.

Otro letrado, Juan Moreno, en representación de IU, ha elevado protesta por este hecho, una actitud que, en su opinión, denota que Aznar se estaba "jactando ante el tribunal", y por llamar la atención sobre a quién representan las acusaciones populares, algo "impropio de un testigo y más de un expresidente del Gobierno de todos los españoles". El expresidente ya no ha vuelto a cuestionar a ningún abogado de la acusación, pero se ha dejado puesta la mascarilla, a pesar de que en algunos momentos se le empañaban las gafas. Rajoy, en cambio, ha comparecido a cara descubierta, cosa que le han agradecido los letrados.

Por lo demás, las declaraciones tanto de Rajoy como de Aznar han seguido el guión previsto. Previsto por ellos mismos. El magistrado se ha visto obligado a intervenir en algunas ocasiones, en unos casos por reflexiones que los exlíderes del PP hacían por las preguntas que les dirigían las acusaciones –"esto no es un Parlamento, es un juicio"–, bien cuando éstas rebatían las respuestas de los testigos –"esa pregunta excede mucho de esta causa"–. Alguna más en el caso de Rajoy, que ha excedido con diferencia la hora que ha estado declarando Aznar. En el caso del sucesor de éste, las acusaciones han incidido aún más, al haber sido el presidente del partido que estaba al mando cuando se publicaron los papeles de Bárcenas, que mandó mensajes de apoyo al extesorero y cuyo nombre está perfectamente identificado en la "contabilidad extracontable".

"No era inspector de cajas fuertes"

Había momentos en que a los expresidentes les podía su experiencia dialéctica como políticos y Aznar hasta se ha permitido hacer algún comentario jocoso ante las preguntas que le dirigían las acusaciones. Por ejemplo, un abogado ha querido saber si en su despacho en el PP o en cualquier otro había una caja fuerte. "No lo sé, yo no era inspector de cajas fuertes, no me dedicaba a inspeccionar si había cajas fuertes. Yo no me he dedicado a buscar cajas fuertes ni a visitar despachos ajenos", ha replicado. "Con absoluta franqueza, la única caja fuerte que he visto y nunca he usado fue en Moncloa. Supongo que allí seguirá con el mismo uso que le di yo, ninguno", ha apuntado Rajoy.

Otra coincidencia de las declaraciones de ambos ha sido echar balones fuera sobre la responsabilidad que tenían como presidentes del PP sobre las cuentas. Han dado el mismo argumento: como líderes del partido, no tenían ningún conocimiento o dedicación en lo que respecta a la tesorería y la gerencia. "Yo me ocupaba de la política", "yo me dedicaba a la política" o "yo no tenía competencia para autorizar gastos" han sido los razonamientos que han mantenido ante el tribunal. Una tesis que recuerda a la que mantienen otros exdirigentes del partido imputados, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en el caso Púnica.

Todo ello a pesar de que otro testigo en el juicio, el exdiputado Juan Ignacio del Burgo, señaló directamente a Aznar como conocedor de varios pagos en 1991 a Calixto Ayesa como "compensación" por un crédito que pidió para la campaña de UDC. El expresidente ha solventado la contradicción exponiendo que Del Burgo "es inteligente y capaz y puede tener memoria de una reunión" que él afirma no recordar, pero que "en cualquier caso no tenía competencia para autorizar" compensación a nadie.

El que fuera el alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y expresidenta del PP regional Esperanza Aguirre le pidió en varias ocasiones "de forma directa o indirecta" que adjudicara contratos a empresas que financiaban al PP madrileño.

La declaración de González Panero -al que la trama Gürtel le denominaba 'el albondiguilla'-, que se ha producido en el marco de la pieza de la macrocausa Púnica en la que se investiga la financiación ilegal del PP de Madrid, se ha extendido por más de una hora. Según fuentes consultadas por Europa Press que han asistido a la comparecencia, las defensas de los acusados han intentado desacreditar al testigo.

En la misma, ha relatado como se le pidió que adjudicase a la constructora OHL las obras del Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte. Y, en declaraciones a los medios tras su comparecencia, también ha indicado que escuchó en un acto como el presidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir le decía a Aguirre que dado que había colaborado en lo que le habían pedido, que ahora le echasen una mano para que se le adjudicase las obras del intercambiador de transportes.

"En una reunión en Sol por otros motivos municipales surgió -el asunto- y me dijo que si era verdad que estaba pendiente de adjudicación -el intercambiador-, y que si podíamos echar una mano a OHL", ha recordado al respecto sobre una conversación mantenida con la propia expresidenta.

También ha expuesto este miércoles González Panero que cuando le sacaron de las listas a la Asamblea de Madrid en 2007 y preguntó al que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González el motivo, éste le explicó que era porque la presidenta -Aguirre- estaba bastante disgustada con él "por no haber hecho caso a sus peticiones".

Aguirre investigada 

Por otro lado, González Panerro ha indicado que se ha ratificado ante el juez al afirmar que Aguirre llevaba "un control absoluto del PP" y que no habia un consejero que hiciese nada sin el consentimiento de ella. Además, ha apuntado que el tesorero del partido en esa época Beltrán Gutiérrez "reportaba exclusivamente a Aguirre".

En el marco de esta pieza, el juez acordó ya en septiembre de 2019 investigar a Aguirre, pero también a su sucesora en la Presidencia madrileña, Cristina Cifuentes, en el caso Púnica, por la presunta financiación irregular del PP regional.

Sobre Aguirre, el juez explicó en su auto que la investigación arroja "indicios racionales" de que sería "quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". Campañas que "iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad", destacaba la resolución de García-Castellón.

2009 fue un año clave para la política española como consecuencia de las revelaciones del caso Gürtel, un entramado de corrupción que apuntaba a varios altos cargos del PP como ejecutores y beneficiarios del amaño de contratos públicos y el saqueo de los fondos públicos gracias a la red de empresas de Francisco Correa. En la actualidad, solo una de las piezas de esta macrocausa ha finalizado, a expensas eso sí de los recursos ante el Tribunal Supremo.

¿Qué pasó?

El 8 de febrero de 2021 comenzará el juicio por la supuesta contabilidad B del PP, ocho años después de que El País publicara los llamados papeles de Bárcenas y el caso Gürtel, destapado por el juez Baltasar Garzón en 2009, se complicara aún más. La trama de corrupción que ha marcado la imagen pública del Partido Popular en la última década es un entramado de nombres, condenas, testigos y reemplazos de jueces y magistrados que aún está lejos de terminar.

A la cabeza, el empresario Francisco Correa, apodado don Vito, que fue declarado cabecilla y autor intelectual de una trama que, según la sentencia de mayo de 2018,creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido [PP], aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas". El pasado mes de marzo, el juez de la Mata acabó de instruir una segunda causa concluyendo que Correa se había llevado unos 30 millones de euros en comisiones gracias a sus tratos con el PP. Desde que se abriera el caso, se ha imputado a 37 personas, de las que 29 ya han sido condenadas y están en prisión, algunas de ellas, como el propio Correa o Luis Bárcenas, a la espera de varios juicios más.

La sentencia por la llamada Época I de la Gürtel fue además la tumba política de Mariano Rajoy, que tuvo que dejar La Moncloa en 2018 tras perder una moción de censura impulsada por el PSOE.

¿Cómo se desarrolló el caso?

En 2009, el juez Baltasar Garzón destapó una trama de corrupción en el seno del Partido Popular y se puso al frente de la investigación de la Audiencia Nacional. En ese primer momento, cinco personas fueron detenidas. Entre ellos, dos nombres se repetirían hasta la saciedad durante los diez años siguientes: Francisco Correa Sánchez, empresario y organizador habitual de eventos del Partido Popular hasta el año 2003; y Pablo Crespo Sabaris, exsecretario de Organización del PP en Galicia. Además, 30 personas fueron imputadas.

El origen de las investigaciones se encontraba en más de 80 horas de grabaciones que el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas había entregado a la Policía en 2007. Gracias a ellas, se fueron abriendo diferentes ramificaciones de corrupción política: a nivel nacional del partido, en Madrid y en Valencia, lo que obligó a que el entramado judicial fuera aún más complejo, dando bandazos entre la Audiencia Nacional y los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Ricardo Costa y el entonces president de la Generalitat Valenciana, Francsico Camps, fueron acusados por ejemplo de recibir trajes a medida como regalo a cambio de diferentes favores. Estas acusaciones llevaron a la dimisión de Camps en julio de 2010, aunque el jurado terminó por absolverlo de esta causa en 2011 por una relación de cinco votos frente a cuatro. No obstante, más tarde su nombre volverá a salir a la luz en otro caso de supuesta corrupción política.

En 2011, Garzón fue apartado de la investigación del caso Gürtel y de la carrera judicial. El Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación profesional por haber realizado escuchas a los encarcelados durante reuniones con sus abogados, una práctica que consideró propia de "sistemas totalitarios". Tras un breve periodo en el que Antonio Pedreira tomó las riendas del caso, fue el juez Pablo Ruz quien finalmente se puso al frente de la Gürtel.

'Época I' del 'caso Gürtel'

La investigación de este caso se extendió durante casi diez años. Cuando por fin se dictó sentencia firme era mayo de 2018 y en la vista había testificado incluso Mariano Rajoy, Correa fue condenado a 51 años y 11 meses de prisión como cabecilla de la trama. Su número dos, Pablo Crespo, fue condenado 37 años y medio, mientras que el tercero en discordia, Álvaro Pérez, el Bigotes, quedó absuelto de la acusación de cohecho.

Entre 14 y 38 años de cárcel oscilaron las penas al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, el contable José Luis Izquierdo y el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. La exministra de Sanidad, Ana Mato, se libró pero fue condenada a pagar una multa de 27.857 euros, la cantidad de la que se habría beneficiado por los regalos a su exmarido, Jesús Sepúlveda. Durante su intervención en el juicio, Mato siempre negó conocer el salario de su expareja o participar activamente de esos regalos, aunque algunos fueran fiestas y vacaciones familiares: "Cada uno se hace cargo de sus gastos personales".

Por su parte, el Partido Popular, como persona jurídica, resultó culpable de ser beneficiario de un "sistema de corrupción institucional", según el fallo de la Audiencia Nacional, que cerró así la llamada Época I de la macrocausa Gürtel. Además, consideró que se cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

Los 'papeles de Bárcenas'

Luis Bárcenas, por entonces tesorero del PP, fue llamado a declarar como imputado en 2009 y disfrutó de un abogado costeado por su partido. En abril de 2009 se dio de baja como militante del PP y en agosto de ese mismo año recibió una exculpación provisional, pero su caso volvió a abrirse.

El 18 de enero de 2013, El Mundo publicó en portada el titular que más complicó la ya de por sí compleja trama Gürtel: "Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP". Menos de 15 días después, El País publicó los conocidos como papeles de Bárcenas, en los que se detallaba la actividad ilegal de la caja B del Partido Popular. Los documentos revelados señalaban a Rajoy, María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes como algunos de los beneficiarios de estos sobresueldos. Este descubrimiento obligó a abrir una línea de investigación independiente de la Gürtel para destapar la verdad sobre la contabilidad secreta del partido y sus beneficiarios.

Durante los días siguientes, el PP negó públicamente que nada de ello fuera cierto a través de las declaraciones de María Dolores de Cospedal. El 2 de febrero, Mariano Rajoy compareció sin preguntas de los periodistas e insistió una y otra vez en que "todo es falso". Dos días después, sin embargo, rectificó ligeramente: "Todo lo que se refiere a mí y que figura allí, y a los compañeros del partido mío que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación".

En abril de ese mismo año, y después de haber sido llamados a declarar tanto Bárcenas como Álvaro Lapuerta —tesorero del PP que precedió a Bárcenas en el puesto—, un informe caligráfico determinó que el extesorero del PP era el autor de los polémicos papeles. Dos meses después, Bárcenas ingresó en prisión. Se sucedieron entonces los sonados SMS en los que Mariano Rajoy le mostraba su apoyo: "Luis, sé fuerte". Una comunicación de la que se arrepentiría luego públicamente: "Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía". Las palabras del expresidente del Gobierno llegaron semanas después de que Bárcenas arremetiera contra el partido y declarara que había pagado a Rajoy y Cospedal unos 50.000 euros en B durante el año 2010.

El 1 de agosto de 2013, el PP entregó los ordenadores desde los que trabajaba el extesorero en la sede de Génova, pero los discos duros estaban vacíos. La investigación reveló que habían sido formateados 6 días después de que Bárcenas entrara en prisión.

El 22 de noviembre, el juez Ruz confirmó indiciariamente la contabilidad B del PP y señaló a Bárcenas y Lapuerta como encargados de esta caja como gerente y tesorero, respectivamente. Estos indicios, a los que Ruz calificó como una práctica “continuada en el tiempo”, fueron ratificados definitivamente por la Fiscalía Anticorrupción en 2017. No obstante, en 2016 se archivó la denuncia contra Lapuerta, que tenía entonces 88 años, considerando demencia sobrevenida.

En diciembre, y tras una reiterada negativa del partido a colaborar, el juez Ruz envió a la Policía Nacional a registrar la sede del PP de la calle Génova en busca de información relevante para la trama. Durante 14 horas, los agentes recabaron la documentación requerida por la Audiencia Nacional y la escanearon para su investigación judicial.

El 23 de enero de 2015, Bárcenas salió de la cárcel y en una de sus primeras declaraciones públicas afirmó: "Cómo no va a conocer la contabilidad del PP el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba don Álvaro Lapuerta directamente en su despacho mientras estuvo en Génova, y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro. Cómo no iba a conocer la contabilidad del partido".

Ya en 2016, el PP tuvo que pagar una fianza de 1,2 millones de euros como parte de su obligación como responsable civil subsidiario de la trama Gürtel, aunque seguía negando todo lo referente a los papeles de Bárcenas —es entonces cuando Rajoy insiste en que son "casos aislados"—. El interesado, por su parte, seguía confirmando en 2017 la existencia de la caja B y el conocimiento del partido, pero negaba haberse llevado "ni un céntimo". El 14 de octubre de ese año, el PP pide la nulidad de la Gürtel al completo, sin éxito.

La visita del papa a Valencia

En julio de 2006, el papa Benedicto XVI visitó Valencia. Como parte de los gastos en preparativos y decoración, el Canal 9 contrató una serie de pantallas gigantes para transmitir las palabras del pontífice. Lo hizo a través de Teconsa, una de las empresas pantalla que operaban en la red Gürtel por la que se calcula que pudieron llegar a repartirse 3,3 millones de euros entre los cinco responsables principales: Correa, Crespo, el Bigotes, Pedro García Gimeno —director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV)— y Ramón Blanco Balín.

La vista oral para juzgar estos hechos comenzó el pasado 9 de marzo, apenas unos días antes de que la pandemia de coronavirus paralizara el país, y que tiene, por el momento, 22 procesados en el punto de mira. La Fiscalía pide 40 años de prisión para Gimeno, 38 para Correa, 37 para Crespo y El Bigotes y 18 para Balín. Gimeno admitió el pasado 27 de julio haber recibido "instrucciones políticas" para la adjudicación del contrato de las pantallas gigantes y el sistema de megafonía a una empresa de la Gürtel.

La Fiscalía también ha señalado a un posible responsable político, Juan Cotino, para quien piden 11 años de cárcel. Aunque en 2006 ostentaba el cargo de consejero de Agricultura y no tenía, por tanto, competencia sobre la visita del Papa, afirman que "impulsaba activamente y gestionaba de facto la contratación de los actos de la visita". Cotino no podrá ser juzgado porque falleció el pasado mes de abril a causa del covid-19.

Francisco Camps volvió al foco de atención por este caso. Prestó declaración en calidad de investigado y se desmarcó de cualquier vínculo con las contrataciones irregulares. No obstante, la Fiscalía ha considerado que faltó "palmariamente a la verdad" y ha instado a la Audiencia Nacional a investigarlo.

¿Cómo se informó de ello?

Los medios de comunicación tuvieron un papel central en las revelaciones de los papeles de Bárcenas. Primero El Mundo y después El País, se convirtieron en altavoces de las investigaciones judiciales. Después, y durante los últimos 11 años, la prensa ha tenido diferentes actitudes frente a la corrupción política. Un estudio publicado en la revista de comunicación Eu-topías en 2014 señala que los medios bebieron en exceso del discurso parlamentario, dejando que la estrategia política —basada en "desviar la atención del núcleo central del tema a través de la utilización de las emociones y simplificando argumentos"— marcara la agenda informativa.

Según la autora, los medios se plegaron a la "victimización" de Camps y trasladaron "su campaña heroica en defensa de su verdad y por la consecución de la candidatura". No obstante, esta investigación solo tiene en cuenta aquellos matices que "unen" el discurso mediático y señala que existen "obvias diferencias" entre la prensa de diferente ideología.

¿Qué consecuencias tuvo?

37 personas fueron imputadas por la llamada Época I del caso Gürtel, la única que tiene resolución judicial en la actualidad. De ellas, 29 han entrado en prisión y cumplen penas que suman en total 351 años; muchas de ellas con previsión de alargarse según vayan concluyendo los siguientes procesos judiciales. Sin ir más lejos, Luis Bárcenas está cumpliendo en prisión una pena de 30 años, pero la Fiscalía pide cinco más por su implicación en el manejo de la caja B del Partido Popular.

Las revelaciones de la Gürtel, entremezclada en ocasiones con la trama Púnica, dejaron también tocada a Esperanza Aguirre, en el momento de los hechos presidenta de la Comunidad de Madrid. Dos exalcaldes y una empleada de Gürtel aportaron en julio de este año al juez García-Castellón más pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Aguirre. Anticorrupción estableció conexiones entre la red que dirigía Francisco Correa y la trama Púnica. El escrito entregado a Anticorrupción por Guillermo Ortega, preso por su condena en Gürtel, definió por ejemplo como "un pitorreo" los arrendamientos de locales que hacía una empresa pública dependiente de un organismo de la Comunidad. Mariano Rajoy, señalado por los papeles de Bárcenas como uno de los beneficiarios de la contabilidad B del PP, tampoco se escapa. José Luis Peñas, el exconcejal que dio el soplo inicial sobre las irregularidades del partido, le calificó como "el mayor responsable político de la trama".

La macrocausa Gürtel ha propiciado la dimisión o destitución de varios cargos públicos, aunque la salida más importante fue precisamente la de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno se enfrentó em junio de 2018 a una moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez poco después de la primera sentencia por el caso Gürtel. Era la primera vez en la historia de la democracia en que una moción de censura salía adelante.

¿Qué aprendimos?

Las diferentes tramas de corrupción que se enmarcan en la macrocausa Gürtel están lejos de cerrarse. Este mismo mes de julio seguía en curso el juicio por la visita del papa a la Comunitat Valenciana en el año 2006 y aún queda pendiente el juicio por el caso de los papeles de Bárcenas, que se ha fechado para el 8 de febrero de 2021. Por tanto, las consecuencias finales están aún por determinar.

La corrupción, que hace poco más de un año se posicionaba como la segunda causa de preocupación de la ciudadanía, como apunta el CIS de abril de 2019, ha pasado a un plano secundario. El barómetro del CIS del pasado 25 de marzo demuestra que los tres principales problemas de los españoles son el paro, problemas de índole económica y la sanidad. Después, con un 16,9%, se sitúa la corrupción. Puede que la crisis del coronavirus haya acrecentado la preocupación general por el empleo y el estado de la sanidad, pero la corrupción como problema social lleva una tendencia a la baja desde finales de 2014.

En este gráfico de EPdata, que recoge la posición de la corrupción en el ránking de problemas ciudadanos del CIS desde 1995, se pude observar cómo la corrupción alcanza un primer pico de atención en 2009, con el inicio de la investigación sobre Gürtel, y cobra fuerza en la conciencia española especialmente entre 2012 y 2014, cuando se llega a un máximo del 63,8%.

A pesar de que el desarrollo de esta y otras causas de corrupción política no han dejado de aparecer en los medios durante los últimos 11 años, la población ha cambiado de intereses y se va perdiendo paulatinamente la sensación de que sea una cuestión verdaderamente relevante. De nada sirven llamadas de atención como la que sucedió en abril de 2019, cuando se proyectó la imagen de los papeles de Bárcenas sobre la fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid bajo la frase "Que no vuelvan".

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, despejó este lunes la última de las grandes incógnitas que tenía pendiente para el gran ciclo electoral que se avecina: la persona que encabezará la lista a las elecciones europeas del 26 de mayo de 2018. Será Dolors Montserrat. 

Portavoz del Grupo Parlamentario Popular y exministra de Sanidad, Montserrat sustituyó a Rafael Hernando cuando Casado asumió la presidencia del partido. Fue el pago, cuentan fuentes conocedoras del proceso, que el presidente de los conservadores tuvo que hacer por el apoyo que le brindó María Dolores de Cospedal en la segunda fase de las primarias. Montserrat había sido la mano derecha de la candidatura de la exsecretaria general. La candidata se quedó fuera de las listas al Congreso. En sectores del PP sorprendió que no encabezase la lista por Barcelona, un puesto que ha correspondido a Cayetana Álvarez de Toledo. 

El anuncio lo hizo Casado en un desayuno informativo organizado por Europa Press. En las anteriores elecciones la candidatura fue encabezada por Miguel Arias Cañete, seguido de Esteban González Pons, dirigente que figuraba en todas las encuestas internas como posible número uno. El actual portavoz del PP de Casado en el Parlamento Europeo será número dos. Es el mismo puesto que ocupó en la lista de 2014.

Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, acompañará a Montserrat en esta lista. El hombre que asumió las riendas del PP de Madrid tras la marcha de Cristina Cifuentes no encabeza la lista para las próximas autonómicas. Hace ya semanas que se conoce que la candidata será Isabel Díaz Ayuso.

Está previsto que Garrido, que será número cuatro, deje su cargo en los próximos días. El número tres es para Tono López Istúriz. Y el cinco, para Pilar del Castillo.

Los exministros José Manuel García-Margallo y Juan Ignacio Zoido también integran esta lista en la que continúa Rosa Estarás y en la que se estrenan Isabel Benjumea, mano derecha del jefe de gabinete de Casado, Javier Fernández Lasquetty, y Javier Zarzalejos. Benjumea colaboró con Faes, la fundación de Aznar. Y Zarzalejos es su director.

Una elección en clave europea

Con este fichaje, el PP interpreta las europeas muy en clave catalana. El propio Casado así lo reconoció en este desayuno informativo. No pasa inadvertido, dicen las fuentes consultadas, que es así cómo han interpretado otros partidos esta cita electoral: concurre el ministro de Exteriores, Josep Borrell, por el PSOE. Y el expresident Carles Puigdemont.

El jefe de los conservadores destacó la "experiencia y empuje" de su apuesta para Bruselas y puso el foco en la necesidad de "revertir el relato de las fake news" sobre Cataluña.

Casado culmina con este anuncio un proceso que no ha estado exento de polémica por lo que las listas electorales han supuesto de barrido del marianismo y de los dirigentes que en el proceso de primarias para la sustitución de Mariano Rajoy se decantaron por Soraya Sáenz de Santamaría.

Prevalencia de Policía y Guardia Civil

En el desayuno, Casado defendió la prevalencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos y locales, "fortaleciendo su jerarquía", explican fuentes del PP.

Las mismas fuentes aseguran que se trata de cumplir la ley de seguridad ciudadana y la ley de defensa nacional.

A ojos del presidente del PP, "hace falta un apuntalamiento" del Estado y de sus competencias.

"Aquí nadie habla de acabar con el Estado autonómico, aquí lo que hay es lealtad al texto constitucional", añadió.

La lista completa

Tras el desayuno informativo, Casado presentó a los integrantes del resto de la lista en un hotel cercano a la la madrileña Plaza de España. Son los siguientes:

1. Dolors Montserrat

2. Esteban González Pons

3. Antonio López-Isturiz

4. Ángel Garrido

5. Pilar del Castillo

6. Javier Zarzalejos

7. José Manuel García-Margallo

8. Francisco Millán

9. Rosa Estarás

10. Isabel Benjumea

11. Pablo Arias

12. Juan Ignacio Zoido

13. Gabriel Mato

14. Esther Herranz

15. Ana Collado

16. José Ignacio Salafranca

17. Carlos Iturgaiz

18. Juan Corro

19. Veronica Lope

20. Ana Requesens Moll

Izquierda Unida ha comunicado a la Audiencia Nacional a través de su equipo jurídico que puede señalar cuando estime oportuno la fecha para la apertura del juicio por el caso de la denominada caja B del Partido Popularcaja B, según ha informado el partido en un comunicado que recoge Europa Press. Además, solicita en el mismo escrito dirigido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de este órgano judicial que antes de fijar esta fecha incorpore como pruebas novedosas a la causa "testimonios muy concretos que corroboran dicha contabilidad falsa -referida a 2008- del partido que ahora lidera Pablo Casado, a partir del cobro de comisiones ilegales desembolsadas por empresarios".

Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular en esta causa junto a otras asociaciones, responde así a la diligencia que le trasladó hace unos días dicha sección de la Sala de lo Penal. Los letrados que representan al partido manifiestan que "nada obsta igualmente" para solicitar al tribunal que "admita como prueba e incorpore a la causa" un nuevo "elemento probatorio de interés" para aclarar la caja B del PPcaja B.

En concreto, se refieren a la "grabación realizada por Ildefonso de Miguel en el año 2008 al empresario Rafael Palencia Marroquín, en la que este último reconoce haber realizado un pago de 30.000 euros al Partido Popular, reconocimiento que coincide con las anotaciones realizadas por Luis Bárcenas", extesorero y exsenador del PP. La representación legal de IU solicita también a la Sección Segunda que se incorpore como prueba "copia de la declaración testifical de Ildefonso de Miguel", así como que se "acuerde la declaración como testigo" de éste en la vista oral.

Por ello, Izquierda Unida solicita que se acuerde "continuar con la tramitación del presente procedimiento, dictando auto en que se admitan las pruebas propuestas por las partes y se señale fecha para el inicio del juicio oral" de la caja B del PP. En esta vista oral se deben enjuiciar cuatro asuntos: la caja B del PP entre 1990 y 2008caja B, el pago con dinero negro de la remodelación de la sede nacional del partido en la calle Génova sede nacional del partido en la calle Génova, el fraude fiscal en el Impuesto de Sociedades, así como la compra de acciones del medio Libertad Digital supuestamente con dinero procedente de esa contabilidad opaca.

En esta causa la Fiscalía solicitó cinco años de cárcel para Luis Bárcenas y en ella también están procesados el exgerente del PP Cristóbal Páez y tres responsables del estudio de arquitectura que hizo las obras en la sede de Génova.

Esta petición de IU llega después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, José de la Mata, diera vía a libre a la Sección Segunda para poner fecha y que se pueda juzgar ya la caja B. El magistradodecidió que la investigación que él mantiene abierta en su juzgado sobre una rama de este caso, conocida popularmente como los papeles de Bárcenas, no afecta para nada a un próximo juicio sobre la contabilidad en negro de la formación papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, al no haber conexión ni afección entre ambas causas que lo impidan.

La rama de los papeles de Bárcenas está relacionada con el pago de elevadas donaciones irregulares al PP por parte de algunos empresarios a cambio de contratos y fue reabierta por el magistrado del nº 5 a instancias de Izquierda Unida, tras las confesiones realizadas por Francisco Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo en el trascurso del juicio de la trama Gürtel.

La asociación Observatori Desc, que ejerce una de las acusaciones populares en el caso de los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que indague si el PP infló su censo de afiliados para blanquear dinero "de la denominada y demostrada Caja B".

En un escrito presentado este jueves y al que ha tenido acceso infoLibre, la asociación solicita al magistrado que cite a declarar como investigados a la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, así como al hombre que durante dos décadas controló las cuentas del PP y dejó constancia manuscrita de los movimientos de la caja B, el ahora encarcelado Luis Bárcenas. Y que reclame al Tribunal de Cuentas “el expediente completo” de la contabilidad declarada por el PP entre los ejercicios 2009 y 2016.

Observatori Desc basa su solicitud en los datos del Tribunal de Cuentas desvelados días atrás por este periódico y que certifican cómo los ingresos oficialmente atribuidos a sus militantes se desplomaron de forma dramática después de 2013, el año en que los papeles de Bárcenas salieron a la luz y la Audiencia Nacional abrió una pieza separada sobre esa materia dentro del caso Gürtel. Los 9,4 millones que según el órgano fiscalizador obtuvo el partido ese año por "aportaciones de cargos públicos", un tipo de contribución adicional a las cuotas ordinarias de afiliación, se redujeron en 2014 a 2,3 millones para ya desde entonces mantenerse en ese nivel.

La cuenta de resultados publicada por el PP en su página web presenta sin embargo en 2013 una discrepancia de siete millones respecto del informe del Tribunal de Cuentas. En lugar de anotar en la casilla de "aportaciones de cargos públicos" los 9.429.406 constatados por el órgano fiscalizador tras examinar la documentación y los justificantes entregados por el PP, el partido reflejó 2.349.049,66 euros. Los siete millones restantes los colocó bajo un epígrafe cuyo significado exacto no se conoce  –"otros ingresos"– y que se inscribe en el apartado reservado al dinero cuyo origen son los "afiliados, adheridos y simpatizantes".

Antes de su publicación, el informe del Tribunal de Cuentas sobre el estado contable de los partidos políticos en 2013 había sido "asumido" y aprobado por la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el órgano fiscalizador, cuyo presidente es un diputado del PP.

El informe del Tribunal de Cuentas para 2013 no ofrece resquicios para la duda en cuanto a su interpretación: "Los ingresos procedentes de la financiación privada –dice el texto– ascendieron a 18.339.797,54 euros". De ese total, añade el texto, el mayor volumen se correspondía a cuotas y aportaciones de los cargos públicos. Y a continuación detalla las cuantías: "Los importes correspondientes a las cuotas de afiliados y a las aportaciones de cargos públicos ascendían a 4.381.006,31 y 9.429.406,14 euros, respectivamente".

Cuotas anuales con decimales o números "muy anómalos"

El escrito de Observatori Desc hace también mención expresa a la información de este periódico sobre cómo el PP adjudicó durante al menos cinco años a miles de afiliados el pago de cuotas anuales tan insólitas como 0,20, 3,61 o 9,97 euros. Esos números, que la asociación califica de "muy anómalos", proceden de una kilométrica hoja de cálculo en formato Excel incorporada a la causa de los papeles de Bárcenas y que detalla las cantidades que el partido declaró entre 2008 y 2011 como aportaciones de los afiliados.

“Entendemos – aduce Observatori Desc en referencia tanto al desplome de ingresos por afiliados como a las peculiares cantidades que aparecen en el citado Excel– que toda esta información procedente del Tribunal de Cuentas debiera ser investigada, a fin de depurar responsabilidades en el presente procedimiento, pues, podría haberse cometido un delito continuado de blanqueo de capital y falsedad en documento mercantil, conexos con los delitos investigados en la presente causa”.

La asociación califica de “dato muy revelador” que de 869.535 afiliados oficiales sólo 66.384 se inscribieran para las primarias que el partido celebró este jueves. "Estaríamos hablando, indiciariamente, de una suma de afiliados –869.535– inflada artificialmente", sostiene el escrito de la asociación.

Antes de publicar la primera de las tres informaciones relativas a este asunto, infoLibre trasladó a los portavoces oficiales del PP los datos que obraban en su poder. El partido pidió tiempo para ofrecer una respuesta argumentada que finalmente no llegó. Tan solo una frase: que todo obedece a “un cambio de criterio contable”.

De forma verbal, fuentes autorizadas del PP añadieron que ese cambio se relaciona con los siete millones que, según el Tribunal de Cuentas, el PP contabilizó incorrectamente en 2014 como ingresos privados los proporcionados por distintos grupos municipales y por el grupo parlamentario de Navarra en lugar de como subvenciones de origen público. Este periódico hizo notar entonces a los portavoces del PP que el reproche y la advertencia del órgano fiscalizador se refiere en efecto a siete millones pero de 2014, no de 2013. El partido se aferró a su versión sobre el hipotético “cambio de criterio contable” y no accedió a ofrecer explicaciones detalladas ni a facilitar a este medio las cuentas de 2013, de las que solo se conocen las magnitudes reflejadas en la cuenta de resultados de 2014. La web del PP permite el acceso a sus cuentas anuales solo a partir de las de 2014.

Los 9,4 millones de 2013 marcaron la cima en el capítulo de “aportaciones de cargos públicos”. Pero el formidable peso de esas contribuciones no se limita a 2013. Al menos desde 2009 –el primer ejercicio en que el Tribunal de Cuentas distingue entre las cuotas de afiliación y ese tipo de contribuciones extra–, su peso en los ingresos del PP había sido abrumador: 6.769.221 euros en 2009 (el 63,06% del total de los ingresos por afiliados); 6.972.199 en 2010 (61,8%); 7.831.037 en 2011 (64,8%); 8.083.603 en 2012 (64,6%); y por fin, 9.429.406 en 2013 (68,2%).

A partir de ahí, se despeñaron: 2.306.368 euros en 2014 (38,3% del total de ingresos por afiliados) y 2.350.462 en 2015 (42,2%). De 2016 aún no hay informe de fiscalización. Según las cuentas del PP, las aportaciones de cargos públicos representaron ese año 2.069.167 euros, el 41,2% de los ingresos por afiliados.

Dos días antes de que voten en las primarias del PP menos de 67.000 de los 860.000 afiliados que el partido proclamaba tener, surgen nuevos interrogantes sobre el censo interno de la formación conservadora. Una hoja de cálculo con más de 287.000 casillas o registros,  incorporada al sumario de los papeles de Bárcenas y a la que ha tenido acceso infoLibre, constata que al menos entre 2008 y 2011 el PP adjudicó a miles de afiliados el pago de cuotas anuales tan insólitas como 0,20, 3,61, 9,97 o 37,14 euros. Esas son solo algunos de la larguísima serie de números decimales que se integran en la tabla.

¿Resulta verosímil que un afiliado abone en concepto de cuota anual cuantías como las enumeradas o son producto de la aplicación de algún programa informático que aleatoriamente hubiera repartido los importes hasta alcanzar una determinada suma? Es una incógnita.

El PP no ha ofrecido ninguna explicación más allá de la que sostiene que este lunes por la tarde fue imposible contactar con nadie de la tesorería o la gerencia. La semana pasada, el partido tampoco accedió a ofrecer explicaciones detalladas cuando este periódico preguntó a sus portavoces por el desplome de las denominadas "aportaciones de cargos públicos" tras la salida a la luz de los papeles de Bárcenas en 2013. Como constatan los informes del Tribunal de Cuentas, esas "aportaciones" fueron en ascenso desde 2009 hasta alcanzar su cénit en 2013 con 9,4 millones. Al año siguiente, cayeron a 2,3 millones. Desde entonces se han mantenido en ese nivel. El PP se ha limitado a decir, sin más datos, que todo obedece a "un cambio de criterio contable". 

En ausencia de explicaciones detalladas –el PP se ha negado a ofrecerlas-–, precedentes como el del pitufeo de 2011 destapado en Valencia –blanqueo de donaciones opacas mediante la transferencia de pequeñas cantidades que luego regresaban en negro al bolsillo de quienes las habían efectuado- o el realizado desde la sede central de Génova en 2009, y que reveló hace dos años elespanol.com, alimentan las dudas sobre el abultado peso de esas "aportaciones" y su posterior e inmediato colapso.

Ni naturales ni redondos

La existencia de la referida hoja excel ya era conocida y, de hecho, fue la que en el verano de 2013 destapó que el juez Francisco Pérez de los Cobos, entonces presidente del Tribunal Constitucional, había pagado hasta 2011 cuotas de militante al PP.

Pero había pasado inadvertido que en esa tabla se suceden de continuo dígitos que no solo no se encuadran en la categoría de números naturales sino que ni siquiera son decimales redondos. Por ejemplo, y según la contabilidad oficial del PP, Pérez de los Cobos pagó entre 2008 y 2011 una cantidad idéntica por año: 37,14 euros. Y su caso no constituye una excepción: ese inopinado importe –37,14 euros– aparece 636 veces en la hoja de cálculo.

Más sorprendente si cabe resulta la entrada en escena de minicuotas anuales como la de 3,61 euros, que se repite 78 veces. O la de 1,08 euros, que figura una sola vez, asignada a un afiliado en 2008. Idéntica circunstancia concurre en la más reducida de todas: 0,20 euros, que figura en 2008 como la contribución de un único militante. Otra no menos estrafalaria, 9,97 euros, hace acto de presencia cuatro veces, una por año. Y siempre teóricamente satisfecha por el mismo afiliado.

En ese extensísimo excel figuran, con nombre, apellidos y DNI quienes, supuesta y oficialmente, entregaron durante el cuatrienio 2008-2011 contribuciones para el sostenimiento de su partido.

En 2007, entró en vigor una nueva ley de Financiación de Partidos que permaneció vigente hasta la que le sustituyó en 2015. Aprobada sin el apoyo del PP, aquella ley de julio de 2007 prohibió que las organizaciones políticas recibieran donaciones anónimas.

¿Optó el PP, cuya tesorería estaba entonces en manos de Álvaro Lapuerta –recientemente fallecido– y de Luis Bárcenas, por inflar el censo de afiliados para camuflar como cuotas o "aportaciones de cargos públicos" lo que en realidad eran donaciones externas? Algunas fuentes jurídicas conocedoras de la pieza separada de Gürtel que analiza la contabilidad paralela del PP creen que es a eso a lo que apuntan los datos.

La sentencia de la pieza troncal del caso, cuyo recurso ante el Supremo ya ha anunciado el PP, ya ha declarado acreditada la existencia de la caja B. Según la Audiencia Nacional, el partido recibía donaciones opacas que no se hacían "de modo altruista por algunos empresarios" sino para "pagar favores" y como "contrapartida por adjudicaciones irregulares".

La bajísima participación en las primarias del PP -66.384 inscritos de los 869.535 afiliados oficialmente registrados- y la constatación de que los ingresos declarados como aportaciones de la militancia se desplomaron tras salir a la luz los papeles de Bárcenas abren ahora un interrogante: el de si existe algún nexo entre un censo con visos de hiperinflación y la forma en que se financiaba el partido.

Los informes del Tribunal de Cuentas analizados por infoLibre no solo certifican la caída en picado de las llamadas "aportaciones de cargos públicos" -contribuciones adicionales a las cuotas- tras haber alcanzado su cénit en 2013 sino que ofrecen para esas ayudas unas cifras astronómicas en el quinquenio que finalizó ese año, el mismo en que la justicia colocó el foco sobre las cuentas del PP tras las revelaciones de su antiguo tesorero. Entre 2009 y 2013, el PP declaró haber recibido casi 40 millones por "aportaciones de cargos públicos": 39.085.466 euros en cifras exactas.

En ausencia de explicaciones detalladas -el PP se ha negado a ofrecerlas-, precedentes como el del pitufeo de 2011 destapado en Valencia –blanqueo de donaciones opacas mediante la transferencia de pequeñas cantidades que luego regresaban en negro al bolsillo de quienes las habían efectuado- o el realizado desde la sede central de Génova en 2009, y que reveló hace dos años elespanol.com, alimentan las dudas sobre el abultado peso de esas "aportaciones" y su posterior e inmediato colapso.

Y afianza también esas dudas la ausencia de explicaciones para un hecho insólito: el desfase de nada menos que siete millones de euros entre las “aportaciones de cargos públicos” que el Tribunal de Cuentas dictamina como recibidas por el PP en 2013 -9,4 millones- y las anotadas por el partido en la cuenta de resultados publicada en su web: 2,3 millones.

Ante las preguntas de este periódico, el PP se ha limitado a aducir que esa discrepancia multimillonaria obedece a que hubo "un cambio de criterio contable". En realidad, fue en 2014 y en 2013 cuando el Tribunal de Cuentas concluyó que el PP había contabilizado erróneamente ese ejercicio como ingresos procedentes de afiliados siete millones cuyo verdadero origen eran subvenciones públicas a grupos municipales y al del Parlamento de Navarra. En el informe de 2013 el órgano fiscalizador desglosa en cambio con tal detalle los ingresos de origen privado que resulta imposible atribuir nada menos que siete millones a una fuente de financiación distinta de la que señala el texto.

Fue en 2013 cuando el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz sostuvo que el PP contaba con "más de 700.000 militantes" que confiaban "en el honor del partido" frente a las acusaciones de Luis Bárcenas sobre la caja B, la contabilidad paralela cuya existencia terminó por certificar la Audiencia Nacional en la sentencia de la pieza troncal del caso Gürtel.

Más peso que las donaciones legales

Pero si la cifra de 40 millones en un quinquenio como fruto de las aportaciones de cargos públicos resulta en sí misma formidable, la mayor sorpresa radica en que fueron esas aportaciones y no las cuotas de afiliación ni las donaciones las que, oficialmente, mayores ingresos  privados procuraron al PP. De hecho, a lo largo de ese mismo lustro las cuotas de afiliación se limitaron a 21,3 millones: es decir, casi exactamente la mitad de lo que representaron las “aportaciones de cargos públicos”. Las donaciones declaradas solo sumaron 7,6 millones.

¿Por qué precisamente en el momento álgido de la crisis se dispararon esas "aportaciones de cargos públicos" -25,3 millones entre 2009 y 2011- y cayeron ya en 2014, justo cuando, según el propio Gobierno de quien entonces dirigía el PP, Mariano Rajoy, la recesión había quedado por fin atrás?  ¿Tenía menos electos el PP en 2014 que en 2013? No. O, al menos, no sustancialmente dado que en 2014 solo había perdido ocho escaños -en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas ese año- de los más de 27.000 cargos que atesoraba desde la triple cita electoral de 2011: generales, autonómicas en la mayoría de las comunidades y municipales. 

¿Y había variado entre 2013 y 2014 el tratamiento fiscal de las cuotas y aportaciones a los partidos políticos? No. ¿Por qué entonces pasaron de 9,4 millones en 2013 a 2,3 en 2014 esas aportaciones de cargos públicos, en ascenso desde al menos 2009, el primer ejercicio en que el Tribunal de Cuentas ofrece datos desagregados que permiten diferenciar las cuotas ordinarias de esas contribuciones especiales? Sigue sin haber explicación oficial.

A día de hoy, el PP posee alrededor de 23.500 cargos electos. Es decir, unos cuatro mil menos que en 2013. ¿Explica ese retroceso que las aportaciones de cargos públicos cayeran desde los 25,4 millones contabilizados en el trienio 2011-2013 a los 6,7 que el PP declaró entre 2014 y 2016? En principio, las reglas de proporcionalidad tampoco apuntan aquí a una respuesta afirmativa.

Los ingresos oficialmente contabilizados por el PP como procedentes de sus afiliados se desplomaron hasta caer a menos de la mitad a partir de 2013, el año en que salieron a la luz los papeles de Bárcenas y que la justicia comenzó a investigar la denominada caja B. Fue el descenso drástico de las llamadas “aportaciones de cargos públicos”  -contribuciones adicionales a la cuota de afiliación- lo que condujo a que en 2014 el PP pasara de 13,8 millones anotados en el ejercicio anterior como ingresos de sus militantes a reflejar menos de la mitad: solo 6,01 millones.

Esos datos proceden de los informes del Tribunal de Cuentas, que antes de su publicación reciben el visto bueno de la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el órgano fiscalizador. La comisión está presidida por un diputado del PP.

Pese a que la redacción de los dos informes que constatan el punto más alto y la caída fulminante de las "aportaciones de cargos públicos" (el de 2013 y el de 2014) resulta inequívoca, el PP sostiene ahora que simplemente hubo un "cambio de criterio contable", extremo que ninguno de los dictámenes avala. Pero hay más: las cuentas que publica en su web difieren de las analizadas por el tribunal fiscalizador en lo que respecta al ejercicio 2013.

¿En qué difieren? Pues nada menos que en cuanto al origen de siete millones de euros. Esa memoria financiera -la de 2013- no es pública. Pero sus principales magnitudes aparecen reflejadas en la cuenta de resultados de 2014, la primera a las que el partido dio acceso desde su página web.

El PP no ha atendido la petición de explicaciones más detalladas que el miércoles le hizo llegar infoLibre. [Puedes comprobar la discrepancia sobre los ingresos por cuotas y aportaciones de cargos públicos pinchando aquí para ver lo que dice el informe del Tribunal de Cuentas en su página 201 y en el cuadro de la página 203 y pinchando aquí para leer lo que en el cuadro de su página 4 dicen las cuentas difundidas por el PP a través de su web].

Un peso creciente y sostenido

Pero el formidable peso de las "aportaciones de cargos públicos" no se limita a 2013. Al menos desde 2009 -el primer año que el Tribunal de Cuentas distingue entre las cuotas de afiliación y ese tipo de contribuciones extra-, su peso en los ingresos del PP había sido abrumador: 6.769.221 euros en 2009 (el 63,06% del total de los ingresos por afiliados); 6.972.199 en 2010 (61,8%); 7.831.037 en 2011 (64,8%); 8.083.603 en 20o12 (64,6%); y por fin, 9.429.406 en 2013 (68,2%). A partir de ahí, se despeñaron: 2.306.368 euros en 2014 (38,3%) y 2.350.462 en 2015 (42,2%). De 2016 aún no hay informe de fiscalización. Según las cuentas del PP, las aportaciones de cargos públicos representaron ese año 2.069.167 euros, el 41,2% de los ingresos por afiliados.

Este periódico preguntó al PP cuáles de esas cifras, todas ellas presentes en los informes del Tribunal de Cuentas, considera incorrectas y fruto de una simple discrepancia de criterio contable. No hubo respuesta. Pero la pregunta resulta crucial porque el dato de 2013 no constituye un hito aislado sino la culminación de una serie en ascenso.

El partido tampoco contestó a las preguntas de por qué si consideraba errónea la atribución a "aportaciones de cargos públicos" que hace el Tribunal de Cuentas en 2013 no presentó alegaciones en ese punto ni planteó ninguna objeción en la comisión mixta Congreso-Senado. La resolución por la que la comisión parlamentaria aprobó el 7 de febrero de 2017 el dictamen de fiscalización de los partidos para el ejercicio 2013 acuerda, textualmente, "asumir el contenido del citado informe, así como sus conclusiones y recomendaciones".

El informe del Tribunal de Cuentas para 2013 dice así: "Los ingresos procedentes de la financiación privada ascendieron a 18.339.797,54 euros". De ese total, el mayor volumen se correspondía a cuotas y aportaciones de los cargos públicos. "Los importes correspondientes a las cuotas de afiliados y a las aportaciones de cargos públicos ascendían a 4.381.006,31 y 9.429.406,14 euros, respectivamente". 

En cambio, el cuadro que, según el PP, refleja su cuenta de resultados en 2014 y el año anterior cifra los ingresos por cuotas en 4.436.327,94 euros y las "aportaciones de cargos públicos" en 2.349.049,66 euros. Los siete millones de diferencia respecto de los números que acredita el informe del Tribunal de Cuentas los asigna el PP a un desconocido epígrafe titulado "otros ingresos" que ni son cuotas ni aportaciones de cargos públicos ni "otras aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes" ni tampoco donaciones y legados. Las aportaciones de cargos públicos se corresponden con un porcentaje del salario que, según el PP, varía por territorios.

Ingresos "en efectivo"

El informe detalla el origen de todos los fondos de origen privado que en 2013 contabilizó el PP. Y desglosa así los 18,3 millones de euros a que asciende la suma: 13.810.412,45 euros procedían de los ingresos por cuotas y aportaciones de cargos; 406.244,48 euros, de donaciones; y 4.123.140,61 euros tenían “procedencia diversa”. El tribunal cita aquí fuentes de ingresos como la regularización de saldos de acreedores por importe de 630.347,48 euros o ingresos financieros por 286.997,59 euros, por mencionar las dos cuantías más voluminosas de la serie. 

Los números relativos a los ingresos por afiliados salen a la luz en medio del debate sobre el censo real de afiliados del PP. En su informe sobre 2014, el tribunal advierte de lo que, previo análisis de “una muestra de sedes territoriales”, plasma del siguiente modo: “Determinadas sedes de la formación, en particular, las de Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Ourense y Pueblos de Madrid, han registrado cobros de cuotas de sus afiliados y de aportaciones de cargos públicos bajo el concepto de “ingreso en efectivo”, si bien no figura en todos los casos la identificación de la persona que ha realizado dicho ingreso, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 8 de la LOFPP (Ley Orgánica de Financiación de Partidos)”.

También en 2013, el tribunal pidió al PP una "relación certificada" de las cuentas "destinadas al ingreso exclusivo de donaciones, cuotas de afiliados y aportaciones de cargos públicos". Pero lo que a ese requerimiento entregó el partido fue una "relación de las cuentas bancarias en la que no consta firma, rúbrica ni sello alguno de la formación política".

Cuando este miércoles, infoLibre preguntó a los portavoces del PP qué factor explica que las “aportaciones de cargos públicos” cayeran de pronto en picado justamente en un año electoral como lo fue 2014 -hubo comicios europeos-, la formación conservadora pidió tiempo para conocer en detalle el asunto y responder a las preguntas planteadas. El jueves a mediodía, el partido terminó respondiendo por escrito con la frase escueta ya citada: hubo “un cambio de criterio contable”.

De manera verbal, fuentes autorizadas del partido añadieron que ese “cambio de criterio” se refiere a que “se había contabilizado como ingresos de afiliados las cantidades provenientes de algunos grupos municipales y parlamentarios”.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre 2013 sí señala que el PP contabilizó incorrectamente determinadas subvenciones como si se tratasen de ingresos por cuotas, pero esas subvenciones solo sumaban 542.155 euros. El órgano fiscalizador aborda ese punto en el mismo párrafo donde cuantifica en 9,4 millones las aportaciones de cargos públicos. Y lo hace así: "El partido ha clasificado incorrectamente como ingresos por cuotas las subvenciones procedentes del Parlamento de Navarra por importe de 270.948 euros y de las Juntas Generales de Vizcaya por importe de 271.207 euros".

En 2014, el PP anotó 7,3 millones bajo el epígrafe “otros ingresos” con origen en su militancia y en todo caso diferentes a las “cuotas” y las “aportaciones de cargos públicos”, que ya tienen su propia casilla. Son esos 7,3 millones los que, según el Tribunal de Cuentas, se correspondían en aquella anualidad con el siguiente concepto: “Las aportaciones realizadas por los grupos políticos en las Entidades Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.), por importe conjunto de 7.012.311,02 euros, así como las aportaciones del grupo parlamentario de Navarra, por importe de 285.556,36 euros”, y así lo constata el Tribunal de Cuentas.

infoLibre pidió al PP obtener una copia de sus cuentas de 2013, el año en que se conoció la contabilidad paralela de la que Luis Bárcenas había dejado constancia manuscrita a lo largo de casi 20 años. El partido no accedió a la petición de este periódico.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, condenado a 33 años y 4 meses de prisión en la trama Gürtel, ha asegurado este miércoles que cuando acusó a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre de ser "una presunta delincuente" era porque "intuía lo que ahora se está conociendo".

"Ella se refirió a mí como un delincuente y yo le respondí que la única delincuente era ella y que si quería podíamos hablar de la Regional de Madrid. Lo que quise decir es que intuía lo que ahora estamos conociendo", ha señalado Bárcenas en una entrevista que el diario El Mundo publica este miércoles y recogida por Europa Press.

El extesorero del PP se ha referido así al desencuentro que ambos dirigentes del PP protagonizaron en 2015, cuando Aguirre arremetió contra Bárcenas, exigiéndole que acreditase los "cuarenta y tantos millones de euros" que tenía en Suiza.

El asalto a su casa, una "operación" para amedrantarle

Por otro lado, el que fuera encargado de las cuentas del PP se ha referido al asalto que un hombre disfrazado de cura efectuó en 2013 a su domicilio, secuestrando a su mujer, Rosalía Iglesias, y pidiéndole diversa documentación.

"Hay muchas circunstancias que me llevan a pensar que el asalto a mi casa y el secuestro durante unas horas de mi familia no fue la obra de un loco, sino una operación diseñada con el objetivo de llevarse documentación de mi casa", ha aseverado.

A su juicio, la irrupción en su domicilio del falso sacerdote de prisiones tenía también la intención de amedrentarle. "¿Por quién y con qué objetivo? No lo sé", ha señalado

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un informe en el que pide a la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer que dicte auto de sobreseimiento provisional de la causa que se instruye contra la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro "al no haber resultado debidamente justificada" la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho que motivaron la apertura de la causa penal contra ella, informa Europa Press.

Barreiro declaró el pasado 15 de enero en el alto tribunal, donde negó haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro —considerado el conseguidor de la trama Púnica— para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Sobre uno de los contratos, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales y que no se llegó a firmar, dijo que estaba previsto que lo pagara el partido, un dato que días después confirmó un cargo regional del PP.

Ciudadanos trasladó en enero al Gobierno que si la senadora Pilar Barreiro no renunciaba a su acta por su implicación en la Púnica no daría su apoyo a las cuentas del Estado del año 2018.

Sin repercusión en otros investigados

El archivo se solicita con independencia de que la causa pueda reabrirse si se aportan nuevos indicios contra Barreiro y la Fiscalía concreta que su petición respecto a esta investigada, sin que la decisión que tenga que adoptar ahora Ferrer "tenga por qué trascender respecto a las demás investigaciones" seguidas en el marco de la causa por la operación Púnica que se instruye en la Audiencia Nacional.

En el escrito de 18 páginas dado a conocer este jueves, el fiscal Fernando Sequeros subraya que no se niega "la evidencia de unos hechos objetivos admitidos incluso por la propia investigada y los demás implicados", ya que han sido constatados documentalmente en las actuaciones.

"Lo que en modo alguno queda claro tras la investigación, es su trascendencia y más para que el orden penal sea el adecuado para su sanción", al no poderse garantizar prima facie que pudieran ostentar "no sólo la nota de antijuricidad exigible como punto de partida para su persecución, sino particularmente la de su tipicidad como referencia inaplazable para una condena posterior".

Así, concreta que no existe ningún documento que permita confirmar que Barreiro participara en la elaboración de un plan criminal para que los gastos para mejorar su imagen en las redes sociales —trabajos de reputación contratados con las empresas de De Pedro— fuera asumidos por la Consejería de Educación de Murcia a través de un contrato simulado de formación. Además, de confirmarse esta hipótesis, el asunto sería pagado por el PP tal y como confirmó el presidente regional de este partido Francisco Celdrán.

Crítica a la instrucción de Velasco

El documento de la Fiscalía arremete contra la instrucción previa de la causa contra Barreiro realizada en la Audiencia Nacional por el primer juez que instruyó el caso, Eloy Velasco —actualmente lo investiga el actual titular del Juzgado Central de Intrucción número 6 Manuel García Castellón— y añade la falta de relevancia penal, por ejemplo, de determinados correos electrónicos interceptados entre De Pedro a un trabajador de la empresa Madiva.

Su contenido confirma, por el contrario, "el despliegue propagandístico desplegado, igualmente perseguido por la publicación de las noticias" en relación con los logros materiales de la exalcaldesa de Cartagena respecto al desempeño de su función.

Lo mismo dice de conversaciones telefónicas interceptadas, que no evidencian según la Fiscalía "más allá de unas relaciones de conocimiento y en el mejor de los casos contracturales con la investigada, sin que del lenguaje ambivalente, críptico, oscuro y superficial utilizado en las mismas por sus artífices, puedan extraerse otras conclusiones".

Añade que los indicios acumulados no trascienden, desde el punto de vista de la Fiscalía, de la "mera suposición", y que el cúmulo de "indicios periféricos" facilitados por la investigación "carecen de entidad y relevancia", tanto individualmente como en su conjunto. Por ello "no son aptos" para interesar por la acusación una sentencia condenatoria para la senadora popular.

Dice también de la exposición razonada que el juez Velasco remitió en su día al Supremo "no parecen respetar el principio de intervención mínima, conforme al cual se le reconoce al derecho penal su doble carácter subsidiario y fragmentario".

Tampoco se consolidaron en su día los "principios de prueba que deberían dar vigor a las sospechas de corrupción" contra Barreiro , "requisito, por otra parte, inaceptable para proceder con rigor y seriedad" desde la perspectiva de una acusación pública.

En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 se subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros —que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención—. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.

El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.  

El expresidente del Gobierno Felipe González ha negado este martes que haya "un fenómeno de corrupción" política en España y ha afirmado que lo que se ha producido es "un descuido generalizado".

"Aquí ha habido un descuido generalizado que nos ha metido en esta situación, aunque creo que hay una nota positiva y es que la justicia a veces tarda mucho pero finalmente llega", ha apuntado en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press tras ser preguntado si España es un país corrupto.

El exlíder socialista ha señalado que "va a haber un antes y un después" cuando haya una decisión judicial sobre los casos de corrupción relacionados con formaciones políticas y ha dicho que, una vez eso ocurra, "nadie va a querer asumir riesgos".

Granados no aporta pruebas 

Con respecto a la comparecencia de este lunes del exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados para hablar sobre la financiación ilegal del PP de Madrid, González ha remarcado no saber "cuál era la intención" del conservador al "lanzar la responsabilidad" sobre la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y su antecesor en el cargo, Ignacio González.

Asimismo, ha subrayado que, durante la declaración de Granados, no tuvo "la sensación" de que sus palabras aportasen pruebas, todo lo contrario de lo que, a su juicio, hizo el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, quien, según ha comentado, sí aportó pruebas al confirmar que hubo financiación ilegal en el PP valenciano.

Además, ha explicado que "en un sistema de garantías" como el que tiene España "lo que hizo Granados puede obligar a los líderes a comparecer y aclarar" lo sucedido. No obstante, ha lamentado no tener "la impresión" de que Granados lo hiciera para ayudar a la causa aportando pruebas. "Lo que yo vi es que este señor no reconocía ninguna responsabilidad", ha zanjado.

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha tildado este miércoles de "preocupantes" los cambios en el tribunal que juzgará la presunta caja B del PP porque "no ayudan a la imagen de credibilidad e imparcialidad" que debe transmitir la Justicia. Además, ha avisado de que el magistrado Juan Pablo González, que redactará la sentencia, podría ser tan recusable como lo fue en su momento Concepción Espejel, que fue apartada de los juicios de Gürtel por su cercanía al PP.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Robles, magistrada en excedencia, ha incidido en que las nuevas reglas de reparto acordadas por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional podrán ser "técnicamente correctas" pero no contribuyen a mejorar la imagen de la Justicia ni a reafirmar su imprescindible apariencia de independencia.

Además, ha remarcado que tampoco ayuda que estos cambios hayan sido propuestos por la magistrada Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal. Tras asegurar que ésta tiene "todo su respeto profesional", Robles ha recordado que acabó siendo apartada del juicio de GürtelGürtel porque había sido propuesta por el PP para formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Robles ha defendido que los miembros del tribunal que han sido relevados han actuado "con absoluto rigor e imparcialidad" y ha sugerido que al magistrado Juan Pablo González, que se encargará de redactar la sentencia del futuro juicio sobre la caja B, podría aplicársele el mismo argumento que a Espejel porque, como ella, fue elegido vocal del CGPJ a instancias de los 'populares'.

"La apariencia objetiva de imparcialidad es muy importante", ha insistido Robles, quien también ha querido dejar claro su respeto profesional por González. Además, ha apuntado que "curiosamente" siempre se intenta acusar de "politización" a los jueces progresistas.

¿Cómo iba a estar el Gobierno detrás?

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha rechazado de plano este miércoles estar detrás de la decisión de la Audiencia Nacional de modificar la composición del tribunal. Según ha recalcado, se trata de una decisión de organización del trabajo que hay que respetar.

"¿Pero como iba a estar detrás (el Gobierno)? ¿Cómo es posible? Explíquenme cómo es posible que el Gobierno le diga a la sala de gobierno de la Audiencia Nacional, compuesta por un alto número de jueces, lo que tiene que hacer. Es imposible", ha manifestado Catalá.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por los primeros años de actividades de la trama Gürtel ha rechazado practicar un careo entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el extesorero del PP Luis Bárcenas que solicitó la acusación popular Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ha aceptado esta petición, que había sido formulada en un recurso de súplica al tribunal insistiendo en la necesidad de practicar esta prueba al considerar que Rajoy dio versiones contrapuestas a las vertidas por Bárcenas anteriormente acerca de la existencia de una caja B en el PP.

El abogado de Adade José Mariano Benítez de Lugo ya pidió el careo el pasado 26 de julio durante la declaración como testigo del jefe del Ejecutivo en el juicio. Sin embargo, esta solicitud fue directamente rechazada por el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, al entender que no era "pertinente, no porque cada uno diga lo que le parezca, sino porque eso sí que es entrar de lleno en los Papeles de Bárcenas".

Hace unos días me encontré a un amigo, colega de profesión y emigrado a Escocia en los 90, que venía para un congreso internacional de Lingüística a España. Hacía varios años que no nos veíamos, aunque mantenemos contacto por email por cuestiones académicas. Y de sopetón me espetó:

– Me han dicho, y he leído, que el presidente Mariano Rajoy, del PP, está obligado a testificar en persona por el caso Gürtel en la Audiencia Nacional.

– Sí, el Alto Tribunal enjuicia las actividades de la red corrupta del PP en su primera época desde 1999 hasta 2005, en las que Rajoy tuvo muchas responsabilidades en las campañas electorales.

– Pero, si mal no recuerdo, cuatro de sus últimos tesoreros han tenido que responder sobre corrupción y financiación ilegal del Partido Popular.

– ¿Y?

– Pues que en cualquier democracia europea, e incluso internacional, eso sería motivo más que suficiente para una reprobación general del Gobierno de turno o una moción de censura, si siguen, mienten y no dan explicaciones claras. Por ejemplo, no dicen ni pío sobre todo lo que se ha gastado con los procesos judiciales y carcelarios de la corrupción del PP.

– Pero les da lo mismo, amigo –le dije–, pues han montado el sainete de Lapuerta o el de Fraga, o el de Rita Barberá, que ya les da lo mismo un muerto que otro, o un vivo “desahuciado con un deterioro neurocognitivo", según sus abogados. En la comisión de investigación del Congreso, Fernández-Maíllo, jefe de la claque pepera, estaba con cara de póker, y de pocos amigos, dictando por gestos a los declarantes tesoreros lo que tenían o no tenían que hacer y decir. Y así se pasaron todo el rato manipulando la comisión mientras se representaba el sainete Lapuerta.

Lo que sí tiene un daño más que degenerativo es la decencia del PP como partido político, por doparse en períodos electorales en Valencia, Madrid, pasando por Baleares, País Vasco y Galicia.

– Pero sí; es que tienen en el trullo a un montón de ex altos y medios cargos peperospeperos acusados de meter la mano en los dineros públicos y privados, por cobrar mordidas y sobres en b, por prevaricar y por financiar ilegalmente al partido de la gaviota azul. Hay ya varios ministros y altos cargos del Gobierno reprobados y censurados por el TC (Tribunal Constitucional) y por la  mayoría del Parlamento. Muestra el PP una dolencia de fatiga y miedo a la reprobación, porque en temas sociales, de pensiones, de impuestos, de empleo, sanidad y educación, hacen aguas y mantienen su legislación laboral inútil y de recortes.

Por mucho que cacareen de la actual solidez económica de España, solo les llega para decir que las grandes empresas del IBEX sí lo perciben, pero no los bolsillos de la mayoría de los españoles, y menos los pensionistas y los parados. Unos salarios medios precarios y que han perdido más de 700 euros desde el 2008. La Seguridad Social ha marcado en 2017 otro déficit histórico y seguimos teniendo una alta deuda pública. Quizás exista más estabilidad económica (para clases altas y empresas de envergadura) pero es muy insuficiente para otros millones de españoles. Precisamente Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, que no es ni mucho menos socialista ni podemita ni comunista, ha afirmado categóricamente que “la precariedad impide una más fuerte recuperación económica”. ¿Oído cocina, Mariano, de Guindos y Montoro? También Albert Rivera, Ciudadanos, el monaguillo o sastrecillo (por lo de bajarse continuamente los pantalones para remiendos peperos), debe escuchar que esa estabilidad de la que tanto pregona y presume Rajoy, es más bien temporal, como la creación de empleo y como el apoyo parlamentario demasiado heterogéneo y justito a su techo de gasto.

– Y lo más preocupante en este tema es la inacción del Gobierno del PP. La mayoría de los economistas, con dos dedos de frente, advierten de que la pretendida mejora de la economía española no llega aún a los salarios. De seguir así, auguran un pésimo futuro, sobre todo para nuestros jóvenes que siguen apresados por el paro y por los sueldos muy bajos.

– Pero, ¿tú crees que si Rajoy ya mintió en junio durante la moción de censura en sede parlamentaria, no hará lo mismo en sede judicial?

– Sí, eso o decir que no sabe nada. En el PP ya anticipan que su estrategia es alegar ante el tribunal del caso Gürtel que Rajoy desconoce los hechos investigados.

– Vamos, que el registrador de la propiedad ajena se va a hacer el sueco y que le pregunten a Laporta, claro…

Funesto sainete y pestilente chiringuito este de la carroñera gaviota azul o del charrán pepero que no se sabe. ___________________

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre

La Comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular celebró este jueves en el Congreso la segunda tanda de comparecencias con los extesoreros del PP Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta y la actual responsable de las cuentas, Carmen Navarro, como protagonistas. El pasado día 26 fue el turno de Luis Bárcenas. Junto a las comparecencias, otro de los ejes de este órgano parlamentario es el de analizar documentación judicial. De su estudio y de lo que aporten los protagonistas se extraerán las conclusiones que, en todo caso, no serán vinculantes.

La Comisión no sólo está sufriendo como baches la negativa de algunos de los comparecientes a responder a los grupos parlamentarios, como fue el caso de Luis Bárcenas, o las reticencias del Partido Popular a que avance con amenazas de paralización en el Tribunal Constitucional. El proceso de demanda y obtención de información también se ha complicado. En una carta fechada el 20 de junio a la que ha tenido acceso infoLibre, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pide a Ana Pastor que la Comisión reformule su petición con una explicación más exhaustiva de los datos que se demandan.

En respuesta, este órgano parlamentario presidido por el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo remitió otro escrito a Pastor, para su traslado a Carlos Lesmes, en el que rebajaba la petición inicial: en la primera carta se requerían un total de 29 documentos, "preferentemente en soporte digital y archivo electrónico que permita la búsqueda de contenidos"; en la segunda, con fecha de salida del Congreso del 23 de junio, se rebajaba a diez.

El literal de la carta firmada por Lesmes es el siguiente: "He de comunicarle que, para que desde el CGPJ se proceda a dar traslado a los órganos judiciales afectados de la solicitud de documentos, resulta imprescindible que se concreten e identifiquen de manera precisa los datos necesarios para ello, como son la identificación completa del órgano judicial que está conociendo de los procesos en cuestión (clase de órgano, número, localidad...), el número de procedimiento completo y el tipo de procedimiento de que se trate". El presidente del Supremo había recibido la copia del acuerdo adoptado en la citada Comisión parlamentaria "solicitando diversa documentación sobre distintos procedimientos judiciales el 13 de junio".

Además, recuerda que en el CGPJ "no existe un registro o base de datos que almacene la información en base a los parámetros que se mencionan en el último punto del escrito, no resultando posible, en consecuencia, que desde este órgano se identifique la información que requiere la Comisión de investigación en dicho punto".

En la primera de las cartas demandando documentación al Tribunal Supremo, Quevedo solicitaba "acceso y disposición de todos los autos y procedimientos judiciales abiertos y no sometidos a secreto sumarial que guarden relación con las diferentes tramas de corrupción investigadas a lo largo y ancho de la geografía del Estado español".

Asimismo, el presidente de esta Comisión reclamaba los "procedimientos sancionadores contra empresas por prácticas irregulares conectadas a la Comisión de supuestos delitos en connivencia con representantes políticos adscritos al Partido Popular".

Esta reacción de Lesmes, unida a un reciente informe jurídico del CGPJ en el que se advertía de que de instancias judiciales no iba a salir documentación que pudiese afectar a las resoluciones judiciales, ha despertado cierto malestar en los partidos de la oposición.

Demandas concretas

Entre la información que, en un primer momento, fue demandada al Supremo por la Comisión en cuestión están las "denuncias, sumarios y, en su caso, sentencias" de los casos Lezo, Palma Arena, Parques Eólicos, Pokemon-Aquagest y Púnica.Lezo, Palma Arena, Parques Eólicos, Pokemon-Aquagest y Púnica

Es también el caso de "las nueve carpetas de colores entregadas por Luis Bárcenas, el 15 de julio de 2013, al juez Pablo Ruz" y "los papeles de Bárcenas".

En el nuevo escrito ya no aparece la última de las demandas de información del requerimiento original en la que se pedía el acceso a "todos los autos judiciales abiertos y no sometidos a secreto sumarial..."

A la espera de Rajoy

Fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso mantienen que la idea de llevar esta comisión ante el Constitucional sigue adelante. Los conservadores creen que no debe seguir adelante porque, además de nacer como "una causa general" contra el PP, carece de la precisión de elementos fundamentales: ámbito temático, ámbito temporal y ámbito territorial, es decir, instituciones a las que afecta.

Tomada la decisión, en el partido de Rajoy buscan el mejor momento político para hacer el anuncio. Mientras, intentan que la Comisión que investiga la financiación de todos los partidos en el Senado, donde sí tienen mayoría absoluta, y, por tanto, mayor capacidad de control, funcione como una especie de contracomisión.

El PP ha buceado en las últimas semanas en sentencias judiciales para estudiar la posibilidad de demandar en el recurso que la comisión quede paralizada mientras el tribunal decide. La idea más extendida a día de hoy es que es un escenario bastante improbable. Se trata de una facultad que tiene reservada el Gobierno central y que se ha venido aplicando en todas los recursos que el Gobierno de Rajoy ha planteado a decisiones de la Generalitat de Cataluña.

Los movimientos del PP se entienden si se tiene en cuenta que Rajoy está en la lista de comparecientes. En un principio, los conservadores estaban de acuerdo en que fuese a comparecer el primero, algo que, a priori, compartía el PSOE. Después, un pacto entre toda la oposición llevó a que los primeros en acudir a la Cámara baja fuesen los tesoreros y esperar a tener más material sobre el que preguntar al presidente del Gobierno.

Con esto, se trastocaron los planes del PP y del Gobierno, que pretendían volver de vacaciones de verano con un calendario limpio de comparecencias de Rajoy en lo relacionado con los asuntos de corrupción que afectan a su partido. 

Los requisitos legales

Los comparecientes en estas comisiones no pueden mentir. El artículo 502 del Código Penal recoge que "el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses". Un texto que también deja claro que no se puede dar la espalda al mandato de la Cámara de acudir ante estos órganos. "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia". Y va más allá: "Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

La Audiencia Nacional ha acordado por mayoría citar a declarar como testigo en el caso Gürtel al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La decisión ha sido anunciada tras un breve receso durante el cual abandonó el tribunal el abogado del PP. Rajoy tendrá que explicar si existió una caja B en el Partido Popular durante su etapa de secretario general y como director en varias campañas electorales que se investigan en esta causa.

La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto de manera tajante a que Mariano Rajoy compareciera como testigo en el juicio de la trama Gürtel.trama Gürtel Su declaración "ni es útil ni necesaria", fueron las palabras de la fiscal Concepción Nicolás. Su compañera Concepción Sabadell, asignada al caso desde su inicio, no estaba en la sala.

De todos los dirigentes del PP que ocuparon el cargo de secretario general en el periodo objeto de este juicio –hasta 2005–, Rajoy era el único cuya citación había sido denegada hasta ahora el tribunal.

El tribunal acepta finalmente la solicitud planteada por la asociación de abogados Adade, la más activa de las acusaciones populares personadas en la causa. La decisión por mayoría confirma las discrepancias de los miembros el tribunal, integrado por tres magistrados.

En su rechazo a la citación de Rajoy, la Fiscalía había obtenido el apoyo expreso de tres abogados. El alineamiento de dos de ellos se daba por hecho desde que la fiscal Nicolás comenzó a hablar: el que representa al Estado –lo declarado por Francisco Correa sobre el pago de comisiones no guarda "ninguna relación" con Rajoy, dijo–  y el que representa al PP –la citación del presidente sería "una diligencia enormemente perturbadora"-. La mayor sorpresa la ha constituido la intervención de la letrada del bufete que defiende a Luis Bárcenas y su esposa: en lugar de comunicar una escueta adhesión a lo dicho por la Fiscalía, la letrada de los Bárcenas se ha extendido para remarcar que Rajoy "no tiene nada que esclarecer" y que la acusación popular está abusando de su posición "con mala fe".

Un tercer togado –el que actúa en nombre de un antiguo asesor de Alberto López Viejo, el político que encargó a la red Gürtel todos los actos de Esperanza Aguirre– ha definido la petición de Adade como un acto de "populismo al estilo tramabús"tramabús. Las defensas de los otros 34 acusados han permanecido en silencio.

Adade, siglas de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, ya solicitó en 2013 que Rajoy declarara en calidad de testigo en la pieza separada de los papeles de Bárcenas. Más tarde, solicitó que testificara en el juicio que ahora se desarrolla. Y una vez iniciada la vista, reiteró su petición. El tribunal la denegó de nuevo pero dejó una puerta abierta: su decisión sería reconsiderada si durante el desarrollo del juicio surgían nuevos elementos que así lo aconsejaran.

El empresario Alfonso García-Pozuelo se ha negado a declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que ha reabierto la causa de la presunta caja B del PP después de que el cabecilla de la trama Gürtel revelara comisiones pagadas por constructoras para conseguir adjudicaciones públicas, informa Europa Press.

Según han informado fuentes jurídicas, el exdueño de Constructora Hispánica se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado, que le recordó que había llegado a un pacto con la Fiscalía, pero aún así no quiso contestar a ninguna pregunta.

Y eso a pesar de que García-Pozuelo había afirmado en el juicio del caso Gürtel el pasado otoño que el dinero que entregaba a Correa procedía de "organismos centrales", refiriéndose –según indican las acusaciones en sus escritos– a ministerios, además del PP, y que las cuatro empresas que abonaron comisiones son OHL, ACS, Dragados y Degremont.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional reabrió la causa de la presunta caja B del PP tras las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de dos de las acusaciones populares personadas en distintas piezas de la trama Gürtel, IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) después de las afirmaciones de Correa durante el juicio del caso Gürtel.

El siguiente que está llamado a declarar es el propio Correa. El cabecilla de la trama de corrupción aseguró en el juicio que tras intervenir en la concesión de "muchas obras" abonó comisiones de entre el 2 y el 3% al extesorero del PP Luis Bárcenas.

De la Mata también ha citado a declarar a Plácido Vázquez, supuesto intermediario de esos cobros, quien está previsto que comparezca este viernes en la Audiencia Nacional a las diez de la mañana.

La avalancha de citas en los tribunales derivadas de casos corrupción marcó parte del otoño judicial y sigue presente en la agenda en este principio de 2017. Al mismo tiempo, los barómetros del CIS vienen reflejando desde 2013 que la corrupción es el segundo problema más importante del país para los ciudadanos. Sin embargo, la petición de rendición cuentas y los debates sobre estos escándalos no están monopolizando el debate en el Congreso de los Diputados.

Al menos, eso es lo que se deduce del análisis de las iniciativas registradas por los diferentes grupos parlamentarios en lo que va de legislatura, realizado por infoLibre. Entre ellas no abundan las referencias a casos concretos de corrupción. Además, las tres comisiones para estudiar o investigar este fenómeno siguen atascadas. La comisión permanente, de la que se pretenden extraer propuestas de reformas legislativas, todavía no ha definido su contenido. Y las dos de investigación previstas –sobre la financiación del PP y sobre la llamada Operación Cataluña–, tampoco han arrancado por el momento. 

Esta misma semana se ha sentado en el banquillo de los acusados el extesorero de los conservadores Luis Bárcenas, que reconoció la existencia de una caja B en el PP. Pese a ello, la página web del Congreso no recogía a última hora de este viernes ninguna pregunta o iniciativa parlamentaria al respecto. Ese mismo registro tampoco incluye ninguna alusión a casos tan relevantes como Púnica, Taula, ERE de Andalucía, las causas relativas a la familia Pujol Ferrusola... aunque el calendario judicial de los próximos meses sí pondrá el foco sobre algunos de ellos.

Resulta especialmente paradójico el perfil bajo del PSOE en relación a la declaración de Bárcenas, pues en julio de 2013, cuando El Mundo publicó los SMS de apoyo que Rajoy había enviado a su extesorero, el entonces líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió su "dimisión inmediata" al considerar que estaba "incapacitado" para ser jefe del Ejecutivo. Esta semana, sin embargo, el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, se limitó a cuestionar qué había "cambiado" en Bárcenas para que su declaración no fuera "mucho más clara" sobre el PP, como parecía anticipar en los últimos tiempos.

  Los casos concretos 

Salvo algunas excepciones, los casos de corrupción más importantes apenas han tenido protagonismo en las iniciativas que los grupos políticos con representación parlamentaria han ido registrando desde el inicio de la legislatura el 19 de julio pasado. 

La Operación CataluñaOperación Cataluña

El caso que más eco ha tenido en el Congreso ha sido la llamada Operación Cataluña, con la actuación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y sus presuntas maniobras para desprestigiar a políticos independentistas como principales exponentes. Todos los grupos, salvo el PP, se posicionaron a favor de la creación de una comisión de investigación para fiscalizar su labor que, no obstante, todavía no ha empezado a funcionar porque Fernández Díaz continúa de baja médica.

Toda la oposición en bloque pidió también a Rajoy la destitución "inmediata" del ya exministro "por sus acciones y actitudes antidemocráticas y faltas de ética política". Lo que no fraguó es la petición de comparecencia presentada por Esquerra Republicana, PNV y el Pdecat (antigua Convergència) para que Rajoy explicara en el Pleno la llamada Operación Cataluña. También está pendiente de ser aprobada la petición de valoración por parte del Gobierno de la querella (ya archivada) interpuesta por su partido y el exalcalde de Xavier Trías contra Fernández Díaz por este asunto. La petición fue formulada por la diputada del Pdecat, Lourdes Ciuró. 

Las tramas que afectan al PP

El análisis de las iniciativas presentadas permite deducir que otros procesos judiciales o investigaciones por corrupción que han cobrado protagonismo en los últimos meses no han despertado en demasía el interés de los diputados. Es el caso, por ejemplo, de Gürtel, la trama corrupta que en mayores aprietos ha puesto al PP, y en cuyo juicio se sientan en el banquillo el presunto cabecilla, Francisco Correa; el extesorero Luis Bárcenas; y una veintena de ex altos cargos de la formación.

Más allá de preguntas generales al Gobierno sobre los resultados de sus "medidas contra la corrupción" –como las registradas por los diputados Artemi Rallo (PSOE) y Xavier Domènech (En Comú Podem)– la alusión más concreta a este caso puede encontrarse en la solicitud de comisión de investigación "sobre la financiación ilegal y otras tramas de corrupción que afectan al Partido Popular" que ha presentado el PSOE y a la que todavía no se ha sumado ningún grupo más, por lo que no está aprobada. De hecho, a día de hoy, la petición para constituirla no ha llegado siquiera al Pleno y no lo hará antes del mes de febrero, como mínimo, porque enero es mes inhábil en el Congreso.

Acuamed

El caso Acuamed también ha llegado al Parlamento en esta legislatura aunque, por el momento, con poco recorrido. El PSOE, por un lado, y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea junto al Grupo Mixto, por otro, han presentado sendas peticiones de creación de una comisión de investigación sobre esta causa en la que se investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014 por parte de este organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Ninguna de las iniciativas se ha aprobado por el momento. 

Por otro lado, la formación morada y sus confluencias registraron a mediados de agosto una proposición no de ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura del Congreso en la que instaban al Gobierno a desmantelar las sociedades estatales de aguas al considerar que "contribuyen gravemente a hacer opaca las inversiones públicas en materia de obras hidráulicas" y también (al igual que el PSOE y el Grupo Mixto) solicitaron la comparecencia de la ministra de Agricultura para que explicara las "irregularidades" detectadas en las obras adjudicadas por la empresa pública Acuamed y financiadas con fondos europeos. 

Arístegui-De la Serna

Aunque de forma más tangencial ha tenido cierta repercusión en el Congreso el caso del exembajador Gustavo de Arístegui y del exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, que permanecen imputados como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, organización criminal y un delito en las transacciones internacionales por las operaciones llevadas a cabo en países como Argelia, Panamá y Emiratos Árabes Unidos. 

En concreto, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pidió la comparecencia en la comisión sobre la corrupción del Congreso –que fue aprobada a principios de octubre solo con la oposición del PP– del jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas. El objetivo era que explicara los graves hechos puestos en su conocimiento en una carta en la que, como desveló infoLibre, el denunciante de esa trama, José Faya, le alertaba sobre los negocios privados. La citada comisión todavía no ha decidido al respecto. 

El rescate bancario 

Por otro lado, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea junto al Grupo Mixto solicitaron el pasado 11 de enero la creación de una comisión de investigación "sobre las responsabilidades políticas que pudieran derivarse con motivo del rescate y del proceso de reestructuración del sector financiero español". Ciudadanos había registrado una petición similar pero consta como "inadmitida" en la página web del Congreso.

  La comisión específica 

El fin de la época de mayoría absoluta del PP ha posibilitado la aprobación de comisiones de investigación sobre temas relacionados con la corrupción como las citadas, que es algo a lo que los conservadores se cerraron en banda entre 2011-1015. De hecho, la X Legislatura fue la única de la democracia en la que no se creó ninguna.

Pero el nuevo tiempo político ha favorecido también la creación –con los votos a favor de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos– de un órgano estable de rendición de cuentas de los responsables políticos en el Parlamento: la comisión de calidad democrática, contra la corrupción y reformas institucionales y legales. No obstante, este órgano no legislativo —cualquier iniciativa debería ser elevada a una comisión de mayor rango— tiene pendiente todavía dar sus primeros pasos. 

Sobre el papel, la idea es que esta comisión sirva para analizar los escándalos de corrupción que afectan a todos los partidos independientemente del color político, buscar soluciones y hacer propuestas para que sea difícil que estos casos se vuelvan a producir. Sin embargo, transcurridos más de tres meses desde su creación, sus miembros no se han puesto de acuerdo todavía a la hora de fijar los temas que van a empezar a debatirse y un calendario de trabajo.

Además, su presidente, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó, propuso que se creara dentro de ella una subcomisión para avanzar en asuntos concretos como la financiación de los partidos, el análisis sobre las medidas para reforzar la imparcialidad e independencia de órganos constitucionales y organismos reguladores, la procedencia de crear un órgano específico de lucha contra la corrupción y el estudio de los mecanismos para la protección de los denunciantes de los casos de corrupción. Tampoco se ha avanzado en este frente. 

Las primeras comparecencias solicitadas en esta comisión –además de la citadas de Moragas– son las de los presidentes de ACS, Florentino Pérez; y OHL, Juan Villar-Mir; solicitadas por el Grupo Mixto tras la declaración de Francisco Correa en el juicio de la trama Gürtel, donde manifestó que a sus empresas se les habían adjudicado obras públicas a cambio de dar dinero al PP. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quería también que desfilara por esta comisión el expresidente José María Aznar, propuesta que rechazaron PP, PSOE y Ciudadanos tras estudiar el informe desfavorable de los letrados de la Cámara.

  Las propuestas 

Más allá de las alusiones a casos o las peticiones de comisiones de investigación, los grupos también han registrado otras iniciativas relacionadas con temas de regeneración democrática. UPN presentó el pasado octubre una proposición de reforma de ley de partidos, si bien todavía está a espera de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración. También el PSOE ha presentado una proposición no de ley para fusionar toda la legislación sobre partidos políticos –las actuales Ley de Partidos y Ley de Financiación de partidos– y que sirva para "forzar a estas formaciones a ser más democráticas y más transparentes".

Por otro lado, a iniciativa de los socialistas y del Grupo Mixto, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, que criticó duramente a España en un informe hecho público el pasado octubre por no garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Está pendiente que una moción similar sea debatida en el Pleno. También en relación a este asunto, la diputada del PDCat Lourdes Ciuró ha formulado al Gobierno dos preguntas por escrito que siguen esperando respuesta. 

Otras dos preguntas relacionadas con temas de corrupción que siguen esperando respuesta son las formuladas por los diputados valencianos del PSOE, que preguntaron al Gobierno sobre las medidas puestas en marcha en su comunidad para luchar contra la corrupción; y la de la diputada de Podemos Àngela Ballester, que interpeló al Gobierno por la colaboración entre la Intervención General del Estado y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como por "la existencia de entidades públicas valencianas investigadas, fondos europeos implicados y sanciones que podrían aplicarse de existir delitos o prácticas de fraude, corrupción o malversación de dichos fondos". 

La diputada socialista Margarita Robles también se ha interesado, a través de dos preguntas escritas al Gobierno, sobre las medidas puestas en marcha para evitar el incumplimiento de los requerimientos judiciales en la tramitación de asuntos penales relacionados con la corrupción o por delitos fiscales, así como por las previsiones acerca de asignar a los juzgados unidades específicas de peritos que estén bajo el mando exclusivo del juez, en delitos como la corrupción, blanqueo de capitales y delincuencia económica.