Las turbulencias ganan en intensidad en Prisa. Tanto en la redacción de El País, el buque insignia, como en el resto de las empresas del grupo, a los problemas laborales se suman las polémicas internas por asuntos profesionales y por fichajes que causan perplejidad entre muchos profesionales. 

El periodista Javier González Ferrari acaba de ser fichado como tertuliano en dos programas de la Cadena Ser: Hoy por hoy y Hora 25. En el primero ya fue presentado este miércoles por Pepa Bueno, y en el segundo se estrenará en los próximos días junto a Àngels Barceló. González Ferrari aterriza en Prisa procedente de la presidencia de Atresmedia Radio y Onda Cero, adonde llegó hace 13 años. Y su presencia ante los micrófonos de la Ser ha despertado los recelos –además de regurgitar agrios recuerdos– de los más antiguos profesionales del grupo.

El periodista madrileño, que comenzó su carrera radiofónica en 1975 en la Cadena Ser –y adonde regresó en 1994– fue director de Radio Nacional de España tras llegar el PP al Gobierno en 1996. Después se le designó director de informativos de TVE y, en 2000, con el segundo Ejecutivo de José María Aznar, fue nombrado director general de RTVE. En ambos puestos, fue acusado en repetidas ocasiones de manipulación informativa. Finalmente, dejó el cargo sólo un mes después de la huelga general del 20 de junio de 2002. Un año más tarde, la Audiencia Nacional condenó a RTVE por violar los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical a resultas de una denuncia de CCOO por el tratamiento informativo del 20-J. La sentencia obligaba a TVE a emitir un comunicado en todos los informativos: el de la famosa lectura burlona que hizo Alfredo Urdaci de las siglas del sindicato.

Pero a González Ferrari también se le asocia en Prisa a la “campaña” contra su fundador, Jesús de Polanco, a raíz del caso Sogecable. En febrero de 1997, el juez Javier Gómez de Liaño comunicó a Polanco que le procesaba por apropiación indebida de 23.000 millones de pesetas –138 millones de euros–, por lo que le retiraba el pasaporte y le prohibía salir de España. El entorno de Polanco consideró entonces que tanto TVE como RNE se habían “ensañado” con el tratamiento que dieron al asunto. El grupo siempre sostuvo que el procesamiento de su presidente respondía a la suma de los intereses del Gobierno del PP, Telefónica, El Mundo y la CopeEl Mundo. El director de la revista Época, Jaime Campmany, fue quien presentó ante la Audiencia Nacional la querella que desembocaría en el caso Sogecable. González Ferrari era entonces director de RNE, además de dirigir y presentar Los desayunos de Radio 1, que también transmitía TVE.

¿Cambios en 'El País'?

El aterrizaje de Ferrari en la Ser se suma al ambiente enrarecido en la redacción de El País, sobre todo tras la polémica cancelación de la asamblea de trabajadores convocada por el comité de redacción. La inquietud por el cambio de línea editorial, la pérdida de cuatro redactores hace apenas unas semanas y las críticas por la gestión de algunos responsables del periódico explican buena parte del malestar.

En la redacción se da por supuesto que se harán cambios en los mandos las próximas semanas. Miguel Jiménez, redactor jefe de Economía, a quien se considera más próximo al presidente del grupo, Juan Luis Cebrián, que al director de El País, Antonio Caño, está llamado a ocupar un puesto de relevancia. Y el actual director adjunto, David Alandete, persona de la máxima confianza de Caño pero muy cuestionado por la redacción, podría pasar a desempeñar otras funciones más ligadas a la apuesta digital del periódico.

infoLibre ha intentado, sin éxito, conocer la versión oficial de El País sobre estos temas.

La abortada asamblea de trabajadores el pasado 16 de septiembre fue convocada por el comité de redacción del diario para refrendar un comunicado que vertía duras críticas contra Caño. Entonces el detonante fue una información sobre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, su marido y Telefónica, de la que sus redactores retiraron la firma tras haberse cambiado el titular en la página web.

Ahora se ha sumado un nuevo motivo de conflicto entre parte de la redacción y la dirección por el caso de Andrea, la niña de Noia (A Coruña) con una enfermedad degenerativa que falleció la semana pasada tras una dura lucha de sus padres con los médicos para conseguirle una muerte digna. El periódico tenía la exclusiva de la noticia, pero no quiso publicarla por considerarla una defensa de la eutanasia, según ha podido saber infoLibre. La difundió la Cadena Ser cuatro días más tarde.

“Los lectores confían en nosotros para que no les hurtemos ninguna información que haya sido debidamente contrastada y resulte relevante para su conocimiento”, advertía a Caño el comunicado del comité de redacción que los periodistas no pudieron votar hace un mes. También le avisaba de los “riesgos de desafección” hacia el periódico como consecuencia de la “pérdida de la calidad informativa” del diario.

Contratos al borde "del fraude de ley"

Al panorama de desasosiego profesional se le añade el laboral. Los comités de todas las empresas de Prisa han enviado un comunicado a los trabajadores en el que tachan al grupo de “ente sin alma regido por tecnócratas”. Aseguran que constituye la “tónica general” en Prisa el “goteo de despidos”, las amenazas veladas de los responsables de Recursos Humanos y directores a los empleados y la “sustitución sistemática de trabajadores fijos por personal al que se contrata bordeando el fraude de ley”.

Según explican los comités, se trata de becarios, eventuales o contratados por obra que cobran “sueldos bajos”, trabajan en “condiciones precarias” y duplican las jornadas legales. “Esta situación intolerable se repite en todas y cada una de las empresas de este grupo que, en otros tiempos, ha sido el adalid de la libertad de prensa y representante de las ideas progresistas en este país”, se quejan. El comunicado cifra en el 60% el número de trabajadores temporales de la plantilla.

Los comités también piden explicaciones a la dirección del grupo sobre las negociaciones de venta del diario económico Cinco Días. Aseguran que los trabajadores desconocen quiénes han presentado las dos ofertas recibidas para su compra. Tras criticar el “desamparo”, la “desafección” y la “incertidumbre” en que viven las plantillas de todas las empresas, los comités amenazan con emprender las “acciones” que consideren “oportunas”, sin precisar más.

El exconcejal del PP Ricardo Galeote, uno de los 42 acusados que se sentarán en el banquillo por el caso Gürtel, ha usado sus prerrogativas para pronunciarse sobre la recusación de Enrique López y Concepción Espejel, y lo ha hecho con un escrito que defiende a capa y espada la "imparcialidad" de los dos magistrados.

Tanto Espejel, designada presidenta del tribunal, como López, nombrado ponente -redactor- de la sentencia, han sido recusados por las acusaciones populares, que destacan sus vinculaciones con el PP.

Este jueves se conoció la posición de la Fiscalía Anticorrupción. Formalmente, las fiscales del caso se limitan a pedir a la Sala Penal de la Audiencia que tramite las recusaciones. Pero, en la práctica, sus escritos añaden argumentos para el apartamiento, especialmente, el de Enrique López. 

Galeote no estaba obligado a pronunciarse sobre la recusación. Pero ha decidido hacerlo con un escrito en el que su abogado, el exjuez Javier Gómez de Liaño, traza una cerrada defensa de la imparcialidad de López y Espejel.  

"En el presente asunto, ninguna de sus ilustrísimas señorías recusadas ha dado muestras de imparcialidad", razona el letrado cometiendo lo que resulta un lapsus evidente: el texto dice "imparcialidad" donde debería decir "parcialidad".

Liaño aduce que si la Audiencia Nacional decidiese apartar a Enrique López porque fue vocal del Poder Judicial a propuesta del PP ningún miembro del órgano de gobierno de los jueces podría regresar a la judicatura. 

El abogado aprovecha su escrito para atacar a uno de sus enemigos históricos, el exjuez Baltasar Garzón, primer instructor de la causa y a quien ordenar escuchas en la cárcel le terminó costando la carrera judicial. Lo hace sin citarlo por su nombre y utilizándolo como palanca para emplearse contra las acusaciones populares.

En el caso Gürtel, escribe Liaño, "ha habido episodios judiciales, sobre todo en sus inicios, de muy dudosa legalidad en los que quienes ahora claman por una imparcialidad a ultranza guardaron buen silencio ante pasos clamorosamente contrarios a una justicia recta e imparcial".

El extesorero del PP Luis Bárcenas saldrá previsiblemente este jueves de la cárcel tras abonar una fianza de 200.000 euros cuando el Estado le reclama 11,5 millones. Es la suma que él y su mujer dejaron de ingresar a la Hacienda Pública en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio, según el escrito de acusación conocido este miércoles de la Abogacía del Estado, que incluye una pena para el exsenador de 60 años y seis meses de cárcel.

El todavía letrado de Bárcenas hasta que se haga efectiva su renuncia, Javier Gómez de Liaño, aseguró este miércoles a infoLibre que la familia del reo disponía, 48 horas después de la decisión adoptada por la Audiencia Nacional, de los 200.000 euros para abonar la fianza, "a falta de una pequeña cantidad".

En cuanto constate que el dinero se ha consignado, el juez Pablo Ruz deberá comunicar a los Juzgados del municipio madrileño de Colmenar Viejo, de los que depende la prisión de Soto del Real, la salida del extesorero del PP, que permanecía desde hace 19 meses en prisión incondicional hasta que este martes la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara la fianza.

Pese a la excarcelación, el extesorero del PP tendrá que presentarse en el juzgado tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes); al mismo tiempo que tampoco podrá recoger su pasaporte, que le fue retirado en febrero de 2013 tras su viaje a Canadá. Bárcenas no podrá abandonar el territorio nacional.

De los 11,5 millones que los servicios jurídicos del Estado reclaman al matrimonio de Bárcenas, un total de 267.319 euros corresponden a las cuotas defraudadas por Rosalía Iglesias Villar, la mujer del extesorero, a quién Hacienda reclama 11,2 millones de 9 años. El escrito de la Abogacía del Estado especifica que el año en el que el que también fuera gerente del PP habría defraudado más dinero fue 2007, con un total de 2,1 millones; seguido de 2003 (1,2 millones) y 2004 (1 millón).

Además, el letrado sostiene que Bárcenas procedió a aflorar los fondos obtenidos de la red Gürtel al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte, "operativa que también utilizó Rosalía Iglesias Villar al objeto de aflorar recursos propios".

"Llegando ambos imputados a elaborar documentos indiciariamente mendaces dirigidos a justificar formalmente algunas de esas transacciones y conseguir el archivo de esta causa en relación con el delito fiscal correspondiente al IRPF de 2006 de Rosalía Iglesias", sostiene el documento enviado al magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional.

En cuanto a la regularización fiscal realizada por Bárcenas de su dinero en Suiza, aprovechando la amnistía fiscal del Gobierno del PP, la Abogacía destaca que la firma uruguaya Tesedul, propiedad del extesorero del PP, consignó el 3 de octubre de 2012 más de 1,2 millones, aunque rechaza que esto pueda evitar que Bárcenas sea acusado de un delito fiscal.

Precisamente las autoridades suizas argumentaron su rechazo a cooperar con el juez Ruz asegurando que Bárcenas no había cometido un delito fiscal al acogerse a la amnistía: "Negamos radicalmente validez exoneratoria de la responsabilidad penal –a los efectos de una pretendida regularización con base en el artículo 305 del Código Penal– a dichas declaraciones", indica el abogado que defiende los intereses del Estado en el caso Gürtel.

Asimismo, el documento da por buenas las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción acerca de los cobros indebidos de Bárcenas en diferentes campañas electorales del PP, pero también otras procedentes de la caja B de la organización de Francisco Correa.

52 millones en multas

Pero a las cantidades exigidas por el Estado a Bárcenas y a Rosalía Iglesias Villar se añaden las multas de 52 millones reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción al primero, y otros 10,7 millones a la segunda. La responsabilidad civil del extesorero es de 6,1 millones; y además el Ministerio Público solicita el comiso de más de 10,2 millones de euros por los delitos de blanqueo.

Los servicios jurídicos del Estado acusan a 20 personas por los delitos contra la Hacienda Pública y otros conexos (como falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa). Y en su escrito, el Abogado del Estado señala que durante el periodo en que ocupó el cargo de gerente y tesorero del PP y, "prevaliéndose de las funciones que el mismo le otorgaba, pudiera ser que [Bárcenas] se apoderara de recursos de esta formación aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pública o doble contabilidad creada, al margen de la contabilidad oficial presentada ante el Tribunal de Cuentas".

El magistrado ha remitido un exhorto a la prisión de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra recluido el extesorero desde el pasado 27 de junio de 2013, tras recibir notificación de la renuncia de Javier Gómez de Liaño, que ha alegado "pérdida de confianza" para dejar de representar a su cliente.

Fuentes del despacho de Gómez de Liaño señalaron a Europa Press que el letrado ha adoptado esta decisión después de que Bárcenas accediera a conceder una entrevista al diario Abcen la que comparaba su situación en prisión con los casos de Jordi Pujol y Rodrigo Rato y aseguraba estar viviendo "un atropello". "¿Por qué no tengo el mismo tratamiento?", se preguntaba.

La renuncia del letrado, que ya ha sido comunicada en un escrito remitido a la Audiencia Nacional, se produce después de que el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción volviera a rechazar la salida de la cárcel del extesorero del PP, que se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el 27 de junio de 2013.

En una nueva vista de apelación celebrada ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, las fiscales del caso Gürtel, Concha Nicolás y Concha Sabadell, se opusieron a la excarcelación de Bárcenas alegando que podría sustraerse a la acción de la Justicia y que, además, existen múltiples indicios de delito contra el imputado.

Bárcenas está imputado por un total de seis delitoscaso Gürtel (fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida y estafa procesal en grado de tentativa).

En julio de 2013 sus abogados en la primera fase de la instrucción, Miguel Bajo y Alfonso Trallero, renunciaron a representarle tras determinar que existían "discrepancias de peso" en relación con su nueva estrategia de defensa, que consistió en admitir la autoría de la supuesta contabilidad B de los conservadores.

La renuncia se produjo 12 días después de que Bárcenas ingresara en prisión incondicional sin fianza y una semana antes de la publicación en el diario 'El Mundo' de varios mensajes en los que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresaba su apoyo al antiguo responsable de las finanzas del PP.

Venía gestándose desde el mismo momento en que Pedro J. Ramírez fue relevado en la dirección de El Mundo. Y eso fue en enero. Hasta ahora se habían sucedido las escaramuzas: acusaciones veladas en Twitter, anuncios de competencia desleal en actos públicos. Pero la guerra ya es abierta. La apertura de conversaciones entre Unidad Editorial y el grupo Vocento para una posible fusión, por un lado, y, por otro, las acusaciones de censura, tanto del exdirector como de algunos redactores afines, contra los nuevos responsables de El Mundo, han disparado las tensiones.

Tal es así que antes de terminar agosto el abogado de Pedro J. Ramírez, el exjuez Javier Gómez de Liaño, remitió al presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández Galiano, un escrito en el que acusaba al director de El Mundo, Casimiro García-Abadillo, de incumplir tanto la “literalidad” como el “espíritu” del “compromiso de buena fe” firmado por ambas partes tras la destitución del periodista riojano. El motivo, un asunto en apariencia menor: la negativa de García-Abadillo a publicar en el periódico una reseña sobre la presentación del último libro de Pedro J. en un pueblo de Cádiz.

Pero no es la única señal de fricción. Para ahondar más en la fractura, la redacción de El Mundo se levantó ayer con la noticia de que la hija de Pedro J., María Ramírez, y su marido, Eduardo Suárez, ambos corresponsales en Nueva York hasta este verano y destinados ahora a Bruselas, dejan el periódico. Ambos han solicitado acogerse al plan de “desvinculaciones” voluntarias incluido en el último acuerdo de rebaja salarial que firmó la plantilla en junio.

También ayer, Pedro J. Ramírez ofrecía desde su despacho en la sede de Unidad Editorial una entrevista para el programa de La Sexta Al rojo vivo. Allí resaltó que la fusión que su aún empresa negocia con Vocento sería “muy mala para la prensa en general” y, “en particular”, para el periódico que él fundo hace 25 años. Tampoco dudó en volver a invitar a sus “antiguos compañeros”, la actual plantilla de El Mundo, a seguirle en un nuevo proyecto editorial si fracasa su intento de comprar el periódico.

Un libro en Chiclana

El episodio que ha terminado con la carta de Gómez de Liaño comenzó el pasado 21 de agosto. Ese día Pedro J. Ramírez presentó en Chiclana de la Frontera (Cádiz) La desventura de la libertad. Según la versión que proporcionan a infoLibre fuentes próximas al exdirector, García-Abadillo ordenó que no se publicara en el periódico “ni una línea” del acto. Acompañaba a Pedro J. la redactora del periódico Ana Romero, natural de la localidad gaditana, que el pasado mayo protagonizó un choque con García-Abadillo entre acusaciones de censura, inmediatamente secundadas en Twitter por María Ramírez y Eduardo Suárez desde Nueva York. Las mismas fuentes aseguran que la dirección consideró la presencia de Romero “una provocación” y “un ataque al periódico”.

En su momento, Ana Romero aseguró que García-Abadillo le había prohibido publicar una información sobre Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la amiga íntima del rey Juan Carlos. Desde entonces no ha vuelto a pisar la redacción, mientras negocia con la empresa su salida. El mismo día del choque entre redactora y director, los corresponsales en Nueva York mostraron su apoyo a Romero desde sus cuentas de Twitter y denunciaban la existencia de “censura” en El Mundo. Fueron suspendidos de empleo y sueldo durante un mes, plazo que luego fue rebajado a la mitad. La sección de Nacional del diario, al completo, firmó una nota en la que apoyaba a García Abadillo y negaba la versión de Romero sobre el incidente.

Por un lado Pedro J., por otro su hija

“Pedro J. está decidido a montar su propio periódico y está construyendo un caso para justificarlo”, explican por su parte fuentes de Unidad Editorial. Según destacan, El Mundo ya ha publicado un total de 86 informaciones sobre el último libro de Pedro J. RamírezEl Mundo, que ha presentado en una treintena de ciudades durante los últimos meses. Las mismas fuentes se muestran convencidas de que el exdirector quiere repetir ahora la operación que ya llevó a cabo, y con éxito, tras su salida de Diario 16. De ahí nació El Mundo en 1989.

Las fuentes próximas a Pedro J., en cualquier caso, desligan el conflicto con María Ramírez y Eduardo Suárez de las tensiones relacionadas con la posible venta de El Mundo. “Es una cuestión de dignidad”, resaltan. La suspensión de empleo y sueldo fue “una reacción desmesurada” a una actitud, conceden, “que no fue correcta”. Las relaciones entre ambos corresponsales y la dirección no eran muy buenas desde que García-Abadillo ofreció a la hija de Pedro J. la jefatura de la sección de internacional del periódico. Ésta la rechazó. Después se le propuso, a ella y a su marido, cambiar Nueva York por Bruselas, un traslado al que se oponían ambos. Querían continuar en Estados Unidos. Ahora su salida parece segura. Según el pacto de recorte salarial, todos aquellos trabajadores en desacuerdo con la bajada de sueldos pueden dejar la empresa con una indemnización de 35 días por año trabajado, más una paga lineal de 5.000 euros. La reforma laboral fija una indemnización de sólo 20 días para estos casos. El plazo para acogerse a esta medida termina el próximo día 9.

También este verano Vocento y Unidad Editorial aprobaron abrir negociaciones para estudiar la posibilidad de unir ambos grupos. Según fuentes del segundo, el objetivo sería conseguir un acuerdo sólo para la parte “industrial del negocio”, pero manteniendo las cabeceras de Abc y AbcEl Mundo. “De la misma forma que Planeta conserva Antena 3 y La Sexta, cada una con su propia línea editorial independiente”, comparan. Una fórmula que Pedro J. rechazaba ayer en La Sexta. “Mantener dos cabeceras en un mismo grupo, una diciendo que la infanta es inocente y la otra lo contrario, no sería más que un apaño para salir del paso, una tomadura de pelo”, respondía en Al Rojo Vivo. “No me tragaría esa fórmula sin una respuesta periodística”, concluyó.

Un acuerdo de 'despido' millonario

La oferta que Pedro J. pretende poner sobre la mesa del grupo italiano RCS se basa en la presunción de que el propietario de Unidad Editorial quiere vender hasta el 60% de su participación. E incluso estaría interesado en “trocear” la empresa española, que además de El Mundo publica Expansión, Marca y Telva, entre otras cabeceras. Según fuentes próximas al exdirector, el problema principal de la operación estaría en los contratos de impresión y distribución del periódico de papel, que Unidad Editorial ha firmado con empresas externas hasta 2020. La idea de Pedro J. es hacer una apuesta decidida por el soporte digital y desligarse del “lastre” que suponen esos contratos. “Un proyecto digital”, resaltan, “sí puede resultar atractivo para posibles inversores”.

Por el momento Ramírez afirma estar a la espera de que RCS le confirme que la cabecera está en venta, aunque en el sector editorial se pone en duda su “capacidad financiera” para comprar El Mundo. Y ello a pesar de sus contactos y de que el acuerdo “amistoso” alcanzado cuando se le destituyó de la dirección fue generoso. Fuentes conocedoras de ese compromiso aseguran que pactó una indemnización de unos 13 millones de euros, a los que habría que sumar más de 300.000 euros anuales para pagar guardaespaldas, chófer y otros gastos de infraestructura. A esas cantidades se le añaden, además, alrededor de 14 millones en un fondo de pensiones que podrá rescatar a su jubilación.

De los 13 millones de indemnización antes citados, Pedro J. ha cobrado ya unos 11, según las mismas fuentes. El acuerdo –y aquí radicaría la clave de buena parte de las tensiones que han estallado– incluye una cláusula que supedita el cobro de los dos millones restantes a que el exdirector se abstenga de montar otro periódico durante dos años. Pero RCS podría reclamarle también que devolviera los 11 millones ya percibidos si considera que Ramírez ha incumplido las condiciones. El recorte salarial que la plantilla firmó el pasado mes de septiembre, el segundo de los tres sufridos hasta ahora, equivalía precisamente a 13 millones de euros.

Cuánto puede valer El Mundo es, por el momento, otra incógnita. Prnoticias hablaba ayer de 100 millones de euros. Las fuentes próximas a Pedro J. admiten que puede quedarse en la mitad de lo que a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, le costó The Washington Post: 190 millones de euros. Pero puede ser incluso menos si se tiene en cuenta que, como el resto de la prensa, El Mundo lleva perdiendo lectores y publicidad de forma continuada e imparable durante toda la crisis. Las fuentes de Unidad Editorial recuerdan que Pedro J. Ramírez dejó el periódico en enero con un Ebitda negativo de 17 millones y una caída en las ventas de 50.000 ejemplares en el último ejercicio.

El acuerdo de la destitución establece igualmente que Pedro J. se vería liberado de mantener su compromiso de no agresión –y podría irse percibiendo los dos millones de euros pendientes– en caso de que un tercero comprara El Mundo y cambiara su línea editorialEl Mundo. Y a ello se atiene el periodista riojano, que siempre ha adjudicado su cese a presiones del Gobierno de Rajoy y de las principales empresas del Ibex, cada vez que anuncia su intención de recuperar el periódico o montar otra cabecera. Sin embargo, las fuentes consultadas se muestran convencidas de que sería posible alcanzar una fusión –un término que no se cita en el escrito– sin romper el pacto con el exdirector. La guerra no ha hecho más que comenzar.

Para octubre se anuncian también más cambios en la redacción de El Mundo, con o sin la firma de Pedro J. Ramírez en sus páginas.

La Agencia Tributaria ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que sostiene que la cuñada del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas pagó unos honorarios a su abogado, Javier Gómez de Liaño, que triplican su sueldo anual, por lo que el letrado podría estar siendo pagado con "posibles rentas ocultas" del investigado.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, apunta que Armida Iglesias Villar, hermana de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, abonó en el año 2013 unos emolumentos de 65.000 euros al bufete Gómez de Liaño Abogados SLP, en el que trabaja este letrado y su esposa, la exfiscal Dolores Márquez de Prado, que se encarga de la defensa de la mujer del antiguo responsable de las finanzas del PP.

Armida Iglesias Villar, contribuyente con domicilio en Astorga (León), tiene 62 años y es soltera, según el informe del organismo tributario, y percibió un total de 21.478 euros en 2013 como trabajadora por cuenta ajena de Palcarsa, "una empresa familiar del sector cárnico" ubicada en la localidad leonesa.

"Sus fuentes de renta se limitan a estos rendimientos del trabajo y unos pequeños intereses derivados de imposiciones bancarias", señala el informe antes de añadir que la mujer "no presenta declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio y se desconoce cualquier renta que pueda tener".

Una vivienda y un Seat Ibiza

Sus únicas propiedades declaradas, según el informe de la Agencia Tributaria, que fue entregado al juez Ruz el pasado 10 de junio, son "una vivienda catastral inferior a 50.000 euros y un vehículo Seat Ibiza matriculado en 2003".

Ruz embargó el verano pasado a Bárcenas y su esposa los saldos de sus cuentas bancarias así como su vivienda en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, un chalet junto a la estación de esquí de Baqueira Beret y dos plazas de garaje, al objeto de cubrir la posible responsabilidad civil que los dos acusados podrían tener que afrontar en un eventual juicio oral.

En el caso del extesorero la responsabilidad civil asciende a 43,2 millones de euros y en el de su mujer a seis millones de euros. Bárcenas, que se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de junio, está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. A Rosalía Iglesias se le atribuyen los mismos delitos menos el de cohecho.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado por cuarta vez la petición de salir de la cárcel del extesorero del PP Luis Bárcenas en un auto en el que señala que las alegaciones contenidas en su último recurso son "inconsentibles y en todo caso carentes de la más mínima relevancia jurídica, es decir, gratuitas a todos los efectos".

En un auto dictado este lunes la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal señala que los "calificativos o expresiones" utilizados en su último recurso por el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, son "impropias" y le advierte de que "el derecho de defensa no es ilimitado y no ampara bajo su manto censuras respetuosas –como las definió el letrado– de este tipo".

En su recurso, el letrado de Bárcenas atribuía "ignorancia" al juez Ruz, le acusaba de haber llevado a cabo "una estrategia procesal perversa a lo largo de la causa", le atribuía "manifestaciones tan gratuitas como falsas" durante la instrucción y resmuía que su actuación "roza con la temeridad" o había sido "imprudente o mal intencionada", entre otras críticas.

De esta forma, el tribunal avala la decisión adoptada el 18 de marzo por el juez instructor, Pablo Ruz, de mantener a Bárcenas en prisión, al considerar que sigue existiendo "riesgo de fuga" y que la medida acordada está "justificada" por la aparición en los últimos meses de nuevos movimientos y cuentas bancarias.

Las autoridades de Estados Unidos remitieron a comienzos de este año una nueva comisión rogatoria que ponía de relieve que, además del depósito en el Chase Manhattan Bank de Nueva York que tenía para sufragar los estudios de su hijo, Bárcenas disponía de otras dos cuentas en esta entidad, "desconocidas hasta el momento", que se podrían haber utilizado en el "circuito de blanqueo de capitales".

Además, los magistrados Ángela Murillo (presidenta), Teresa Palacios y Carmen Paloma González recalcan que la Agencia Tributaria informó en febrero pasado de que no era posible realizar un seguimiento de los tres millones de euros que el extesorero sacó de Suiza después de que en febrero de 2009 estallara el 'caso Gürtel', hacia las sociedades Lidmel International y Grupo Sur de Valores, radicadas en Uruguay.

También rechaza la Sala "la falta de indicios" alegada por la defensa del antiguo responsable de las finanzas del PP y que los delitos que se le atribuyen (fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa) hayan prescrito.

Al mismo tiempo, el tribunal critica que Gómez de Liaño tache de "superficiales y ligeros" los últimos informes planteados por la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal para luego "no suministrar un solo dato objetivo en apoyo de tales expresiones ni ofrecer al respecto el más mínimo comentario razonado".

Bárcenas, que llegó a acumular 48,1 millones de euros en Suiza en enero de 2008, está en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 27 de junio de 2013. Ruz, que ha rechazado tres veces su excarcelación, descartaba en su último auto que "subsiste la presunción" de que el extesorero del PP dispone todavía de "una importante infraestructura patrimonial más allá de los elementos hasta ahora conocidos" y "de difícil y compleja incautación policial".

Un informe policial incorporado al sumario Gürtel ayer miércoles, víspera de la nueva declaración judicial de Luis Bárcenas, destapa cómo el arquitecto que reformó la sede central del PP confeccionó supuestamente una factura falsa para neutralizar los efectos de la publicación de los papeles de Bárcenas. El arquitecto Gonzalo Urquijo, propietario de la empresa Unifica, creó la factura en julio de 2013. Pero la dató el 2 de enero de 2008. Perseguía, dice la Brigada de Blanqueo, "cubrir y justificar” un pago de 195.000 euros que el extesorero había anotado en la contabilidad B del partido justamente con fecha 28 de enero de 2008. 

Tanto la Policía como el juez Pablo Ruz en varios de sus autos –el último, uno del pasado lunes– ya habían recalcado que una parte de la obra de la sede central de la madrileña calle Génova se pagó con dinero de la caja B del PP. Pero esta es la primera vez que un informe policial señala que contrarrestar el contenido de los papeles de Bárcenas fue el objetivo de la presunta falsificación de documentos.

La factura lleva fecha oficial de 2 de enero de 2008 pero el informe policial sostiene que la realidad es muy distinta: “La fecha de creación en formato digital es de julio de 2013, fecha coincidente con la reunión del señor Urquijo con sus abogados debido a la aparición de los papeles de Bárcenas”, añade la Policía. De ahí "se infiere que esta factura pudiera haber sido creada ad hoc para cubrir y justificar la anotación que figura en dichos documentos [los papeles manuscritos del extesorero] en fecha 28 de enero de 2008 por 195.000 euros hacia Gonzalo Urquijo, y no que fue una factura que se creó por un anticipo que iba a cobrar por la reforma de esta planta como manifestó en su declaración judicial".

Más adelante, la Policía recuerda que la salida de 195.000 euros reflejada en los papeles de Bárcenas se anotó bajo el siguiente concepto: "Gonz. Urquijo". 

A lo largo de 253 páginas y casi cuatro meses después de que el juez Ruz enviase a la Policía a la sede del PP en busca de papeles, el informe analiza pagos, facturas y certificaciones de obras para alcanzar una conclusión demoledora: que la empresa de Gonzalo Urquijo, Unifica, elaboró por cada planta reformada –salvo en la segunda, aunque es la que se corresponde con el apunte de los papeles de Bárcenas– dos certificaciones de obras, una real y otra ficticia.

El informe incorpora una tabla que contrapone, planta por planta, el coste real de la obra y la “certificación ad hoc”. Atendiendo a esa tabla, el PP pagó por la reforma de su sede 4,17 millones de euros frente a los 2,68 que suman las certificaciones supuestamente falsas. Es decir, el importe verdadero superó en un 55,4% el declarado.

Duplicidad de certificaciones finales

“Se puede concluir –expone la Policía– que la duplicidad de certificaciones finales halladas en relación a la ejecución de las obras de las plantas baja, tercera, cuarta y quinta pone de manifiesto la dualidad en la forma de pago de los trbajos, de tal forma que se generan dos certificaciones”. “Las de menor importe –continúa el informe- son las creadas ad hoc con el fin de adecuar lo pagado por la formación política a través de la cuenta de la que es titular a la documentación que se genera en las obras”. Las segundas certificaciones localizadas, es decir, “las de mayor importe” resultan ser “las verdaderas”. Son estas “las que recogen los trabajos efectivamente ejecutados”. Y la diferencia “se abona en parte con fondos ajenos al circuito económico-financiero, correspondientes con las anotaciones procedentes de la contabilización cuya llevanza correspondía a Luis Bárcenas”.

La incorporación al sumario de este informe, al que infoLibre tuvo acceso anoche, llega justo en la víspera de la tercera declaración judicial de Bárcenas desde el 26 de junio de 2013, fecha en que ingresó en prisión. Preso en la cárcel de Soto del Real, el extesorero del PP responderá, como mínimo y salvo viraje drástico, a las preguntas del juez, los fiscales y su abogado, Javier Gómez de Liaño.

¿Lleva Bárcenas algún as en la manga, algún dato o papel desconocido hasta ahora? Ayer, Gómez de Liaño y Bárcenas se reunieron "cuatro horas", pero el abogado mantuvo un silencio hermético sobre el contenido de su conversación. Lo único que se da por seguro es que Bárcenas negará haberse enriquecido con fondos que diversos donantes habían entregado para el partido. "No distrayó nada", asegura su entorno. Lo hace utilizando el mismo verbo empleado por Ruz hace unos días para explicar el origen de parte del dinero que Bárcenas ocultaba en Suiza. 

Si Bárcenas accede a responder las preguntas de las acusaciones populares, es muy probable que deba responder si, como sostiene la Policía, el PP ya manejaba a comienzos de los años noventa una contabilidad B gestionada por el entonces tesorero, Rosendo Naseiro. El círculo más próximo a Bárcenas subrayó ayer que no fue Naseiro quien le dio el testigo de la tesorería. "Antes hubo otro tesorero", dijo una fuente en alusión directa al octogenario Álvaro Lapuerta, también imputado en el caso de los papeles de Bárcenas que Ruz investiga como pieza separada del caso Gürtel.

Bárcenas está citado a las diez de la mañana en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares, a la que llegará conducido desde Soto del Real. A las cuatro de la tarde, y salvo que una declaración larga, compleja o sorprendente altere los horarios, declarará su esposa, Rosalía Iglesias, también imputada en el caso Gürtel pero sobre la que no pesa ninguna medida cautelar.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido que el extesorero del PP Luis Bárcenas tiene "presumiblemente un importante patrimonio en el extranjero de difícil control e incautación judicial", según indica en un auto firmado este lunes, en el que el magistrado acuerda mantener en prisión al exsenador del PP. Para ello argumenta que en el actual momento procesal del caso Gürtel existe "riesgo de fuga", y el imputado podría "alterar pruebas" y volver a delinquir.

En este sentido, Ruz señala que el imputado sigue teniendo "una importante infraestructura patrimonial" en el extranjero y a la que habría transferido "fondos de procedencia indiciariamente ilícita tras conocer que estaba siendo investigado en este procedimiento".

Ruz, que ya denegó la petición de excarcelación planteada por la defensa de Bárcenas en septiembre pasado, argumenta que tiene que practicar varias diligencias de investigación con el fin de "confirmar y delimitar su participación delictiva" en los hechos investigados, ya que, conforme se ha ido desarrollando la instrucción se han seguido obteniendo "nuevos elementos fácticos que determinan la necesidad del mantenimiento" de esta medida. "Resta aún por concretarse el conocimiento y significado real de diversos movimientos patrimoniales vinculados a Luis

Bárcenas que se encuentran en fase de investigación".

Uruguay, Helsinki y Canadá

Entre los últimos descubrimientos de la investigación, el magistrado cita la incoación de un procedimiento penal en Uruguay por blanqueo de capitales y el conocimiento a partir de la información enviada por Estados Unidos de que, en colaboración con el extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís, quiso reintegrar de modo opaco parte de los fondos que desvió desde sus cuentas en Suiza.

Ruz también ha tenido constancia en estos últimos meses de una transferencia realizada en enero pasado por Bárcenas a la empresa de heliesquí Beyond Bounderies, con sede en Helsinki (Finlandia), así como de otros dos movimientos por valor total de 800.000 euros que realizó en abril de 2011 con destino a cuentas de su sociedad Tesedul en el Discount Bank de Montevideo.

De igual modo, el juez instructor señala que, en contra de la voluntad de "cooperación" aludida por el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, el imputado aún debe concretar "el conocimiento y significado real de diversos movimientos patrimoniales" vinculados a Bárcenas, como los relacionados con las cuentas denominadas 'Obispado', Ranke y Rosalía en el Lombard Odier. En concreto, la investigación ha logrado determinar que Bárcenas envió varios correos electrónicos a empleados del banco suizo Lombard Odier en los que les ordenaba que le vendieran determinados valores para cancelar una deuda con la entidad financiera de 1,3 millones de euros: "Todo ello en respuesta a la previa comunicación del banco donde le informan sobre el bloqueo acordado por el fiscal de Ginebra sobre la cuenta mantenida en el Lombard Odier" tras "un contacto telefónico con el cliente desde Canadá".

En prisión desde el 27 de junio

La defensa de Bárcenas, que permanece en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de junio, argumentaba que la permanencia en prisión estaba provocando al exdirigente "perjuicios de carácter personal, familiar, profesional y social, e incluso psicológico".

En un escrito presentado el pasado 5 de noviembre, el abogado del antiguo responsable de las finanzas del PP, Javier Gómez de Liaño, señalaba que el riesgo de fuga de su cliente es "inexistente" y que no tiene "ningún estímulo" para "sustraerse a la acción de la Justicia ni para neutralizar elementos del prueba".

Cinco delitos

Bárcenas se encuentra imputado en el caso Gürtel por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa. También es investigado en la pieza separada que se sigue por la presunta contabilidad B del PP.

El abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, abrió ayer la caja de pandora sobre las garantías aplicadas en el caso al comunicar al juez sus sospechas de que sus conversaciones con su cliente “no son tan secretas como deberían”. En el escrito, sobre cuyo contenido informó él mismo durante una entrevista en Te Vas a Enterar, el magacín vespertino de Cuatro, Liaño explica qué sustenta sus temores: el viernes, cuando estaba a punto de entregar a Bárcenas en la prisión madrileña de Soto del Real un sobre cerrado “con documentación procesal”, los funcionarios le comunicaron que debían proceder previamente a su apertura.

El letrado relató que tras la reclamación de los funcionarios decidió llevarse el sobre de vuelta. La confidencialidad de sus comunicaciones personales con Bárcenas “no se está respetando”, recalcó.

Liaño aportó durante la entrevista más detalles: “Me dijeron que habían recibido de la superioridad orden de abrir el sobre y hojear con hache y ojear sin hache su contenido”. Un abogado que defiende a presos comunes sin vínculos con casos de corrupción aseguró anoche a infoLibre que la práctica de revisar la documentación "no es excepcional" y que, cuando se lleva a efecto, obedece a "razones de seguridad".

El abogado ya envió una queja al juez hace dos meses después de un diario publicase la ficha policial de Bárcenas, que obra en poder de Interior. Las cárceles dependen de ese mismo ministerio, lo que sugiere que Liaño cree que es el departamento de Jorge Fernández el que estaría vulnerando su derecho al secreto de las comunicaciones, aunque cuando se le preguntó quién entiende que está infringiendo las normas respondió con vaguedad: “No lo sé”. En otro momento, aunque de forma también difusa, convino sin embargo en que la responsabilidad puede atribuirse a Interior.

La denuncia de Liaño introduce un verdadero bucle histórico en esta rama del caso Gürtel donde se investiga si el PP se financió ilegalmente y compensó luego a sus donantes con adjudicaciones públicas. El temor del abogado de Bárcenas a que se esté vulnerando la confidencialidad de sus contactos con su defendido posee una intensidad menor pero de idéntica naturaleza a la que llevó al abogado de uno de los empresarios imputados en Gürtel a plantear la querella que condujo a la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial. ¿Estamos ante una repetición de aquellos hechos? Liaño sostiene que sus sospechas no tienen tanta “firmeza acusatoria” pero, en el fondo, la cuestión es la misma. Con la diferencia de que las escuchas a los imputados de Gürtel entonces presos se produjo previa orden judicial. En este caso, y salvo en la improbable hipótesis de que el juez Ruz haya abierto una pieza secreta, no existe tal orden.

El abogado ha pedido a Ruz que sus entrevistas con Bárcenas se celebren desde ahora en “departamento sin mampara de cristal u otra barrera física”.

No fue ese el único asunto punzante sobre el que ayer habló Liaño. El letrado, cuyo objetivo prioritario es obtener la excarcelación de su cliente, planteó una “reflexión” que en la práctica constituye un dardo envenenado al PP. “La reflexión es si acaso la prisión provisional que sufre Bárcenas [para evitar el riesgo de fuga y el de destrucción de pruebas] no está siendo aprovechada por algunos para ser ellos los que las destruyan. Y a algunos hechos recientes me remito”. A la pregunta de si estaba queriendo decir que el PP ha destruido deliberadamente los discos duros de su extesorero, reclamados inútilmente por el juez, Liaño respondió que no pero, a renglón seguido, abundó en la idea: “ Los hechos acaecidos en el último mes, donde no sé, no recuerdo, se destruyeron, las tiré, se borraron, eran inútiles… son demasiados aspectos negativos para un material que pudiera ser idóneo en la instrucción de esta causa”.

El abogado deslizó la tesis de que su cliente quiere contar todo lo que sabe. Pero no en cualquier circunstancia. “El preso preventivo, a la hora de prestar declaración, puede que tenga algunas reticencias y, sobre todo, la prisión provisional no le da la confianza necesaria para despojarse de todas las ataduras y decir la verdad plena”. “Mi consejo –recalcó- es que diga toda la verdad y cuanto más pronto, mejor”.

¿Hay reticencias en Bárcenas?, preguntó la conductora del programa, la periodista Ana Rodríguez Martín. Y Liaño recogió el guante: “Cómo no van a existir si en estos momentos, desde que voy a visitar al señor Bárcenas tengo el temor, no caprichoso sino bastante fundado, de que la confidencialidad de las comunicaciones no se está respetando”.

Liaño lanzó un tercer ataque: su cliente renunció al acta de senador, cuya conservación le habría garantizado ser investigado solo por el Tribunal Supremo, “por presiones de algunos” que querían que perdiese el aforamiento. ¿Quiénes presionaron? “Algunos que acabamos de ver en las imágenes”, dijo en referencia un vídeo donde distintos altos dirigentes del PP cargaban contra Bárcenas “el delincuente”.

Ruz actúa así contra el criterio de la Fiscalía. En un escrito presentado este miércoles, el Ministerio Público rechazaba la petición efectuada por varias acusaciones personadas en la causa de los papeles de Bárcenas, –el Observatori DESC, el PSOE y Manos Limpias– que exigían la apertura de una investigación. La Fiscalía argumentaba que acceder a esa diligencia no aportaría ningún resultado de interés para el avance de la causa. El juez entiende que sí puede haber delito, pero que no es competencia suya indagar, sino de los juzgados de instrucción de Madrid, ya que fue el lugar donde se cometieron los hechos. 

El PP vació los dos ordenadores –un Toshiba y un Mac– en abril de 2013, dos meses después de que El País revelase los papeles del extesorero y unos días después de que agentes de la Polícia Nacional acudieran a la sede nacional, en la madrileña calle de Génova, a partir de una denuncia del propio Bárcenas contra el letrado del PP, Alberto Durán. Esa visita se produjo el 1 de marzo, a las pocas horas de que el extesorero presentara su denuncia en una comisaría del distrito de Salamanca, en Madrid, en el que residía. 

El PP explicó el vaciado de los ordenadores en un escrito con fecha de 20 de agosto en el que decía que fueron "destruidos" cuando "adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución" por no haber acreditado su propiedad. Es decir, cuando el juzgado archivó la denuncia de Bárcenas. 

Reforma del Código Penal

Ruz recuerda en su auto que el letrado del PP puso en conocimiento del juzgado que, "en fecha indeterminada, si bien en todo caso posterior al 21 de abril de 2013, se procedió por persona no identificada a la destrucción de los discos duros de los ordenadores que tuvo asignados Luis Bárcenas". El magistrado señala que en aquel momento el extesorero ya se encontraba imputado en el caso Gürtel y también en la pieza separada por la contabilidad manuscrita del PP, abierta a raíz de la querella presentada por IU. Bárcenas había incluso prestado declaración el 21 de marzo de 2013. "Acontecimientos procesales que además de encontrarse documentados en las actuaciones, constituían al tiempo de la supuesta destrucción del material informático hechos notorios por su difusión pública". Más aún, escribe el juez: el PP conocía los hechos porque en aquel momento sí estaba personado en la Gürtel, hasta que finalmente la Audiencia le expulsó del procedimiento el 26 de abril. Todas estas circunstancias determinan, como señala la acusación popular Observatori DESC, "la ausencia de irracionalidad en cuanto a la apreciación de indicios" que pudieran conducir al eventual encaje de los hechos denunciados en el Código Penal. 

El juez toma la decisión "sin necesidad de esperar" a que le lleguen las actuaciones del juzgado 21 de Madrid, el que archivó la denuncia de Bárcenas contra el PP por el robo de esos ordenadores, y que el fiscal Antonio Romeral había pedido que se incorporaran a la causa antes de remitir la investigación a los jueces de Madrid. El auto lanza un aviso importante al PP: le recuerda que tras la reforma del Código Penal de 2010, cabe la responsabilidad penal por una persona jurídica en este tipo de delitos informáticos. 

Por todo ello, Ruz se inhibe a favor del juzgado de instrucción de Madrid que por turno de reparto corresponda, sin perjuicio de que se pida a Bárcenas que aporte "el disco duro del ordenador portátil, marca Macintosh, modelo MacBook Pro, que fuera sustituido por otro" en octubre o noviembre de 2012. 

Por otra parte, Ruz ha firmado este jueves otro auto en el que a petición de la acusación popular Observatori DESC ha acordado citar a declarar como testigo a Antonio de la Fuente. Este empleado del PP, que es cuñado de Bárcenas, ha sido hasta hace unas semanas el jefe de seguridad del PP en su sede madrileña de la Calle Génova. Su testifical es pertinente, según el auto, por si puede aportar información y aclarar las visitas recibidas por los imputados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y si éstas entrevistas tienen relación con la anotación de ingresos de los papeles de Bárcenas.