Del 30 de junio al 3 de julio de este año se celebrará en Sevilla la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (Ff4D) de Naciones Unidas. Se reúne en un momento de crisis económica y geopolítica internacionales, que han supuesto un importante bloqueo en el esfuerzo de implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La brecha de financiación alcanza ya en los últimos cinco años los cuatro billones de dólares anuales.

En el núcleo de esta crisis está la deuda externa, que totalizó la cifra sin precedentes de 8,8 billones de dólares en 2023, según el Banco Mundial. El servicio de la deuda se ha doblado en una década, hasta los 971 mil millones de dólares anuales, y el pago de intereses fue de 406 mil millones. A las puertas de la Conferencia, una docena de países están en quiebra y casi una cuarta parte de los Estados miembros de Naciones Unidas, los más pobres, han declarado moratorias y están renegociando su deuda. Es la situación más grave en la financiación internacional para el desarrollo en dos décadas y, de hecho, el flujo de financiación se ha revertido y actualmente los países en vías de desarrollo transfieren más capital a los países desarrollados que la ayuda oficial al desarrollo.

Las Instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), han vuelto a reimponer la línea de austeridad neoliberal a los países deudores tras la crisis del covid. El objetivo central de Naciones Unidas es reformar las instituciones de Bretton Woods y volver a situar en primer plano la necesidad de aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), porque “el sistema está moralmente en bancarrota” y “es un sistema creado por los países ricos para beneficiar a los países ricos”. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no encontró otro Estado del G-20 dispuesto a organizar la IV Conferencia que España.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) cayó globalmente un 9,6% en 2024, situándose en los 212 mil millones de dólares y la OCDE estima que caerá aún más, otro 9-17% en 2025. La causa fundamental fue la reducción de las contribuciones a las organizaciones multilaterales (-10,9%) y los fondos destinados a mantener a Ucrania ante la invasión rusa (-16,7%). Solo cuatro países miembros de la OCDE (Noruega, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca) han alcanzado el objetivo de destinar el 0,7% de su PIB a la AOD. España se encuentra, tras aumentar en 2023 y 2024, en el 0,25% de su PIB.

Si la transferencia de recursos del Norte al Sur global vía AOD parece incapaz de afrontar la herencia del neocolonialismo y el subdesarrollo, el énfasis recae en la gestión de la deuda externa, el mecanismo más importante de extracción de riqueza de los países subdesarrollados por los países ricos. Para ello es urgente una reforma de los mecanismos de decisión y gestión de los grandes bancos de desarrollo, de manera que su mandato sea promover los ODS adoptados por la asamblea general de Naciones Unidas. Pero los mecanismos de decisión de estos bancos están en manos de los acreedores de deuda externa y la marginación de los Estados deudores.

La cuestión para el secretario general de la ONU es cómo cambiar esa correlación de fuerzas. A corto plazo, aumentando el flujo de préstamos al Sur global, revirtiendo las políticas neoliberales. Renegociar la deuda externa con paquetes de cancelación de deuda injusta y abusiva, obligando a los acreedores públicos y privados a negociar, establecer condicionantes que aseguren suelos mínimos de gasto social e infraestructuras en el Sur global –una cláusula de exclusión para los ODS – frente a la presión del servicio y el pago de la deuda, ampliar la utilización de los derechos especiales de giro de los países ricos.

Pero también es esencial reformar los mecanismos de gestión, de manera que se asegure que los análisis de Sostenibilidad de la Deuda del FMI y el BM integran los ODS y los intereses de los Estados afectados por la deuda en los planes anuales para el desarrollo sostenible.

La Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGD) de España ha elaborado una importante aportación sobre todas las cuestiones que debe abordar la IV Ff4D que se puede consultar aquí. Por su parte, el primer borrador de las conclusiones de la IV Conferencia, que se está negociando con muchas dificultades, se puede consultar en inglés.

Como se puede ver en ambos documentos, la agenda de la IV Conferencia implica un análisis general del fracaso del sistema de financiación internacional surgido de la Conferencia de Bretton Woods, pero centrado en la situación del Sur global y el cumplimiento de la Agenda 2030. Son los primeros pasos hacia la construcción de un horizonte alternativo de regulación y gestión del sistema económico internacional. En medio de la guerra arancelaria de la Administración Trump puede parecer utópico. Pero la cadena de quiebras por la deuda externa, la inestabilidad social agravada por las consecuencias del cambio climático, el crecimiento de la pobreza y de las migraciones para escapar de la miseria, son muy reales y se concretan en millones de víctimas tanto en el Sur como en el Norte global.

La distopía del capitalismo global exige concretar la esperanza ecosocialista. En los próximos meses debemos discutir y acordar cómo reforzar el movimiento de solidaridad con el Sur global en todos sus aspectos, recuperando las movilizaciones de los Foros Sociales y proponiendo mociones y legislación que, paso a paso, concrete la solidaridad antiimperialista.

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Agustín Santos Maraver es diplomático, ha sido Embajador de España ante la ONU (2018-2023) y es el portavoz de Sumar en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) inician este lunes sus reuniones de primavera en un contexto marcado por la guerra arancelaria impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y por el impacto que esta tendrá en la economía, según informa EFE.

Tanto la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, como el presidente del BM, Ajay Banga, han advertido ya de que la incertidumbre y la volatilidad actual provocarán un avance del Producto Interior Bruto (PIB) más lento, por lo que urge llegar a acuerdos rápido. En concreto, la política y economista búlgara dijo el jueves que las próximas proyecciones económicas globales de su organismo "incluirán reducciones notables" en cuanto a crecimiento, "pero no recesión", y también "alzas en las previsiones de inflación para algunos países".

Esta próxima semana el FMI publicará tanto su informe de previsiones, conocido como WEO por sus siglas en inglés, como el Monitor Fiscal y el Informe de Estabilidad Financiera Global, donde se espera que haga balance de la salud bancaria. El FMI publica dos WEO al año, en abril y en octubre. 

"La volatilidad de los mercados financieros ha aumentado. Y la incertidumbre en torno a la política comercial es descomunal. (...) En gran medida, lo que estamos observando es resultado de una erosión de la confianza: la confianza en el sistema internacional y la confianza entre países", dijo Georgieva perfilando un panorama sombrío, pero también recalcando que "todo reto supone una oportunidad". 

Los encuentros privados entre altas autoridades de los países miembros y los foros públicos de debate que se llevarán a cabo hasta el día 26 en Washington no podrán escapar a esa coyuntura y abordarán también temáticas más concretas como la creación de empleo o la gestión de la deuda. 

La creación de empleo es precisamente el eje de la estrategia que el BM se ha marcado en su lucha contra la pobreza. Banga insistió el miércoles en su importancia porque en la próxima década se espera que en los países en desarrollo se incorporen al mercado laboral 1.200 millones de jóvenes, unos 780 millones más con respecto a los nuevos puestos previstos para entonces. 

El empresario indio-estadounidense ha lanzado una alerta tanto sobre ese desequilibrio como sobre el proteccionismo impulsado por EEUU: "La historia demuestra que las economías más abiertas tienden a crecer más rápido y a resistir mejor las fluctuaciones de las reservas y las crisis", dijo.

Pero el impacto de la guerra arancelaria no es el único tema de preocupación sobre la mesa. La cita tiene lugar en un momento en que Trump ha vuelto a cuestionar el multilateralismo y en que su Administración se encuentra en plena revisión de las organizaciones a las que pertenece y da apoyo.

Estados Unidos es el principal accionista tanto en el FMI como en el BM y hay dudas sobre si el país seguirá contribuyendo a sus iniciativas, como el compromiso de 4.000 millones de dólares para la Asociación Internacional de Fomento (AIF) que el año pasado firmó su antecesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025). 

"Las instituciones están intentando deliberadamente mantener un perfil bajo, pero obviamente una de las preguntas más importantes que surgirá esta semana es la postura de EEUU respecto a las mismas", destacó esta pasada semana en una conferencia de prensa la economista británica Rachel Glennerster, presidenta del Centro para el Desarrollo Global. 

Estas reuniones, según se concluye desde su organismo, serán únicas por el grado de incertidumbre global que las envuelve y porque supondrán la primera oportunidad de evaluar a tan gran escala la disrupción económica que han provocado las políticas de Trump desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero, especialmente en materia comercial.

La caída del régimen de Assad ha abierto en Siria el debate sobre la regulación del uso de criptodivisas. Estos activos digitales presentan un abanico de oportunidades, como una mayor inclusión financiera y una reducción del coste de las transferencias, pero también de riesgos, por su elevada volatilidad, porque ponen en peligro la soberanía monetaria y porque facilitan los flujos financieros ilícitos.

Las divisas digitales permiten efectuar pagos directamente a través de un sistema online, y las transacciones se realizan mediante una tecnología encriptada conocida como blockchain, en la que no interviene ningún banco central ni autoridad. Existen miles de criptodivisas, pero las más conocidas son Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Tethers (USDT).

Desde el lanzamiento de las criptodivisas en 2009, su valor ha fluctuado ampliamente. En 2021, el valor de mercado de los criptoactivos se situó en 2,6 billones de dólares, pero en 2022 su valor cayó por debajo del billón, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI). El marco regulatorio para las criptodivisas aún está en sus primeras fases, especialmente en los países en desarrollo, donde no obstante la adopción de criptodivisas ha sido muy vigorosa.

Es lo que ha ocurrido en Siria, un nuevo mundo financiero que analiza The Syria Report, el más antiguo medio online del país, que cubre la actualidad política y económica del país desde 2001. En los últimos años, los sirios han empezado a utilizar criptomonedas. “Una minoría hace sus pinitos con criptomonedas como Bitcoins y Ethereum, pero la mayoría trabaja con stablecoins, que utilizan porque son más fáciles de transferir”, explica Sinan Hatahet, vicepresidente del Programa de Inversión e Impacto Social de la ONG Foro Sirio. Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor está vinculado al de otra divisa; por ejemplo, Tether está vinculado al dólar estadounidense.

Muchos en Siria utilizan criptomonedas para transferir remesas. “Alguien de Alemania puede enviarle USDT [Tehther] a través del sistema hawala y transferirlos a una de las pocas oficinas hawala de Damasco, y de otras ciudades, que tienen capacidad para retirar efectivo”, indica Hatahet. El hawala es una red informal de transferencia de fondos basada en la confianza, que se utiliza en Oriente Próximo y el norte de África y que suelen operar trabajadores inmigrantes. La “capacidad de retirar efectivo” se refiere a que tengan una “oficina que acepte transferencias de Tether y stablecoins, y las retitre en dólares o en la moneda local”, añade.

Más allá de las transferencias entre particulares, “recientemente múltiples organizaciones han adoptado USDC [USD Coin] y USDT [Tether] para transferir salarios a sus empleados”, continúa Hatahet.

Finalmente, los grupos terroristas de Siria también se han beneficiado de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas para recaudar fondos.

Los asistentes a la Conferencia del Diálogo Nacional, celebrada en marzo en Damasco, emitieron una recomendación para regular las criptomonedas. Los participantes debatieron si una rápida adopción de las criptomonedas podría enviar la señal de que se trata de una forma de eludir las sanciones internacionales. Se discutió la posibilidad de utilizar criptodivisas para construir la cartera del banco central, pero se fijó como una posibilidad a largo plazo, no a corto.

Anteriormente, el 31 de diciembre, un grupo llamado Centro Sirio de Investigación Económica (SCER) publicó una propuesta de Ley de Política Bitcoin en Siria en Telegram. Esa cuenta ya no existe, no tienen página web ni presencia en las redes sociales. Esto sugiere que, más que un grupo de reflexión, se trata probablemente de un grupo de sirios interesados en presionar a favor de las criptomonedas. En cualquier caso, su propuesta de regular las criptomonedas tuvo un amplio eco en publicaciones centradas en las divisas digitales.

Proponían construir “una economía digital y una infraestructura bancaria centralizada y descentralizada”, facilitar el comercio electrónico y las remesas, y emitir un “marco regulador integral para legalizar el intercambio, el comercio y la minería de bitcoin y activos digitales en línea con las leyes internacionales y locales”. También abogaron por permitir que instituciones, bancos, plataformas de cambio de divisas y empresas de nueva creación presten servicios financieros que simplifiquen el manejo de activos digitales.

Hay distintas formas de adoptar las criptomonedas, desde permitir determinadas transacciones hasta adoptarlas ampliamente, incluso como activo de reserva en la cartera del banco central. Hatahet aboga por un enfoque gradual. “Podemos empezar regulando los monederos electrónicos, el uso de stablecoins, y de fondos permitidos para comprar y vender criptodivisas”.

Una “adopción total” de las criptodivisas no es el “camino más seguro”, porque Siria necesita reintegrarse en el sistema financiero mundial y debe cumplir plenamente las normas, advierte. “No se puede cumplir totalmente con la normativa y al mismo tiempo estar muy implicado en las criptomonedas, hay que encontrar un término medio”, añade.

En un escenario ideal, la regulación de las criptomonedas sería “conforme a las normas internacionales y a los protocolos KYC [Conozca a Su Cliente], y el banco central debería ser abierto, transparente, práctico y controlar todas las transacciones que se realicen. De lo contrario, acabaremos en una economía muy poco fiable”, sostiene Hatahet.

Aunque la espina dorsal de las criptomonedas es su naturaleza descentralizada, Hatahet apunta que, en algunos casos, las criptomonedas y la tecnología blockchain “se han adoptado en un muchos ámbitos distintos sin dejar de estar centralizadas; esto elimina algunas de sus características originales y la facilidad de uso, pero es un compromiso para seguir cumpliendo las normas. No se puede cumplir la normativa estando descentralizado”.

Hay un “espectro de personas que ven la criptomoneda como una forma de escapar a la regulación y el cumplimiento de la normativa, y hay personas que ven que hay un gran valor en la tecnología blockchain, siempre y cuando cumpla con las normas internacionales”, subraya Hatahet.

Binance, la mayor plataforma de criptodivisas del mundo, en un post publicado en su página web el 14 de enero pasado, afirmaba que “la naturaleza descentralizada del Bitcoin lo hace resistente a las presiones geopolíticas y ofrece a Siria una vía para eludir los sistemas financieros tradicionales dominados por las potencias occidentales y las sanciones”.

Dentro del Gobierno sirio de transición, hay dos enfoques sobre la adopción de las criptomonedas. Los que creen que “como no tienen acceso a las instituciones financieras tradicionales”, el cripto les hará “más fácil contrarrestar las sanciones”, describe Hatahet. Por otro lado, están quienes esperan que “se levanten las sanciones en Siria para que no haya necesidad de estas vías alternativas” y, como parte del proceso de construcción del Estado, quieren que el sector financiero permanezca “bajo supervisión estatal”, añade.

“Si existe un marco y un calendario claros para su reintegración en el sistema financiero y monetario internacional, sólo adoptarán criptomonedas a un nivel mínimo”, adelanta Hatahet.

Por el contrario, si persisten las sanciones, se podría adoptar la criptomoneda a gran escala. “Cualquier adopción generalizada de la criptomoneda a nivel de banco central disuadirá a los actores internacionales de comprometerse a levantar las sanciones en Siria, ya que temerán que se utilice para el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo”, avisa Hatahet. El Gobierno “no dará grandes pasos antes de ver cuál es la política de Estados Unidos respecto al levantamiento de las sanciones a Siria”.

El SCER también propuso que los empresarios pudieran “utilizar los recursos energéticos del país para minar Bitcoin y activos digitales”. La minería se refiere al proceso de creación de los bitcoins, que necesita hardware especializado diseñado para resolver problemas matemáticos complejos y, por tanto, requiere mucha electricidad. Dada la grave crisis eléctrica de Siria, “no hay forma viable de minar criptomonedas”, afirma Hatahet.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que la minería de criptomonedas y los centros de datos “representaban el 2% de la demanda mundial de electricidad –y casi el 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero– en 2022, y que esta cifra aumentará hasta el 3,5% en 2025”, según un estudio de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD) de Naciones Unidas.

Varios medios especializados en divisas digitales han publicado recientemente artículos en los que abogan por respaldar parcialmente la libra siria con criptodivisas como forma de lograr la estabilidad monetaria, y se refieren al ejemplo de El Salvador.

En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, a principios de este año, el Gobierno salvadoreño dio marcha atrás, como parte de las condiciones impuestas por el FMI en un nuevo programa de asistencia financiera al país centroamericano, según Americas Quarterly.

Tradicionalmente, los bancos centrales respaldan la moneda local con oro, activos físicos, bienes inmuebles y maquinaria pesada. Los defensores de las criptomonedas sostienen que éstas podrían formar parte de las carteras de reserva. “La razón por la que esto se plantea como solución es que existen dudas sobre el valor actual de la libra siria en el mercado nacional e internacional”, explica Hatahet. “La propuesta consiste en deshacerse de todos los billetes para crear una reserva de valor que refleje el dinero real, pero este dinero, en lugar de emitirse en papel, se emite electrónicamente”, detalla.

El Banco Mundial (BM) sostiene que los criptoactivos “no cumplen hoy los requisitos básicos de los activos de reserva”, según un informe de 2024 titulado ¿Pueden los criptoactivos desempeñar un papel en las carteras de las reservas exteriores? Hoy no, y probablemente tampoco en un futuro próximo.

Los autores de ese informe, en un blog en el sitio web del Banco Mundial, aseguraron en septiembre de 2024 que “los principales criterios para los activos de reserva son la liquidez y la seguridad”. Las principales criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, tienen volúmenes de negociación considerables, pero siguen siendo muy inferiores a los de los activos de reserva tradicionales. Además, la profundidad general del mercado y el potencial de manipulación de los precios siguen planteando problemas.

Los criptoactivos “han mostrado un potencial de rentabilidad elevado, a menudo superior al de los activos tradicionales, pero esta rentabilidad implica una volatilidad y un riesgo elevados que los bancos centrales suelen evitar en sus estrategias de gestión de reservas”, señalan los autores.

Además, el marco regulador de las criptomonedas aún está evolucionando, y “la aplicación de las orientaciones internacionales y las nuevas normas vinculantes se encuentra en sus primeras etapas y sigue siendo desigual en los distintos países”.

Es poco probable que los bancos centrales incluyan los criptoactivos, incluidas las stablecoins, “en su combinación de activos hasta que dichos activos desempeñen un papel más sustancial en el sistema monetario mundial y se conviertan en medios de intercambio y almacenes de valor ampliamente aceptados, nada de lo cual parece probable en breve”, sostienen los autores del informe del Banco Mundial.

En 2021, 15 países en desarrollo se encontraban entre las 20 primeras economías en cuanto a porcentaje de población que posee criptomonedas, según un informe de 2022 de la Unctad. En un informe de 2023, este organismo de Naciones Unidas argumentó que las criptomonedas han sido más aceptadas en los países en desarrollo debido a una regulación más débil de sus mercados financieros, una menor estabilidad macroeconómica y la reducción de los costes de las remesas.

“La eliminación de los bancos como intermediarios promete transferencias más rápidas y baratas y la inclusión financiera de los no bancarizados. Dado que el porcentaje de la población no bancarizada tiende a ser mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados, la inclusión financiera se cita a menudo como una ventaja clave de los activos digitales para los países en desarrollo”, destaca la Unctad.

Sin embargo, la agencia ha pedido que se limite el uso de criptomonedas en las economías en desarrollo debido a varios riesgos. La Unctad argumenta que pueden poner en peligro la “soberanía monetaria” y la “estabilidad financiera” de los países, además de permitir la “evasión o elusión fiscal” a través de flujos extraterritoriales cuya propiedad no es fácilmente identificable.

Mientras que 67 países desarrollados han adoptado leyes fiscales sobre criptomonedas hasta noviembre de 2021, “la mayoría de los países en desarrollo carecen de regulación fiscal” sobre ellas, señala la Unctad. Incluso cuando existen normativas fiscales, su eficacia no está asegurada, ya que “la falta de un enfoque universalmente acordado sobre el tratamiento fiscal de las criptomonedas crea un sistema desigual propenso a la arbitrariedad regulatoria”.

Hatahet está de acuerdo en que los riesgos de las criptomonedas son “mucho mayores” en las economías en desarrollo. Las criptomonedas “socavan la soberanía del Estado sobre el sector financiero, y normalmente en los países en desarrollo se necesita un enfoque más centralizado para coordinar la inversión internacional”, advierte. Los inversores internacionales “prosperan en mercados muy regulados”, por lo que para “remediarlo se necesita un enfoque más centralizado, incluso cuando se adoptan criptomonedas”, reclama.

Según un informe del FMI de 2023 titulado Políticas para los criptoactivos, hacer frente a “los riesgos de los criptoactivos para la estabilidad macroeconómica y financiera”, requiere que los gobiernos “salvaguarden la soberanía monetaria y refuercen los marcos de política monetaria, se protejan contra la excesiva volatilidad de los flujos de capital y adopten un tratamiento fiscal inequívoco de los criptoactivos”.

El GAFI, el organismo mundial de vigilancia del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, admite en su sitio web que las criptomonedas pueden hacer “los pagos más fáciles, rápidos y baratos, y proporcionar métodos alternativos para aquellos que no tienen acceso a los productos financieros habituales”, pero advierte de que, al no estar reguladas en su mayor parte, pueden “perder su valor y ser vulnerables a ciberataques y estafas”, además de convertirse en un “refugio seguro para las transacciones financieras de delincuentes y terroristas”.

El GAFI ha emitido normas globales y vinculantes para prevenir la financiación del terrorismo, como la diligencia debida con el cliente (DDC), el mantenimiento de registros y la notificación de transacciones sospechosas (ROS).

El vínculo entre las criptomonedas y el terrorismo en Siria ha sido evidente en los últimos años. El Counter ISIS Finance Group (CIFG), subgrupo de la Coalición Global contra el ISIS, ha documentado cómo el Estado Islámico (ISIS) se ha apoyado en las criptomonedas para pedir donaciones, incluso lanzando crowdfundings, abusando del sector de la caridad. Muchas de estas iniciativas de crowdfunding están dirigidas a las mujeres retenidas en los campos de Al-Hol y Al-Roj, en el noreste de Siria.

En agosto de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había desbaratado tres campañas de ciberfinanciación del terrorismo incautándose de más de 300 cuentas de criptomonedas: una de las campañas implicaba a Al-Qaeda y a grupos terroristas afiliados en Siria.

En julio de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluyó en su lista negra a un miembro tayiko del grupo islamista HTS, Farruj Fayzimatov, afincado en Idlib, que utilizaba las redes sociales para pedir donaciones. Según Chain Analysis, el 12 de diciembre de 2024 aún seguía solicitando fondos para el HTS a través de las redes sociales.

En octubre de 2022, la empresa estadounidense Bittrex pagó una multa de 24 millones de dólares por no mantener un programa contra el blanqueo de capitales y por ayudar a sus clientes a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos a varios países, incluidas 7.999 violaciones de las sanciones en Siria.

En noviembre de 2023, Binance Holding Limited fue multada con 4.300 millones de dólares por incumplir las sanciones estadounidenses en varias jurisdicciones, incluida Siria. La empresa había supervisado 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones terroristas, entre ellas el ISIS, pero no presentó ningún Informe de Actividades Sospechosas (SAR), como estipula la normativa estadounidense.

A los pocos días de la ofensiva militar que derrocó al régimen de Assad, el 30 de noviembre de 2024, la agencia de noticias vinculada con el HTS News Agency of Sham publicó un llamamiento de la Sala de Operaciones Militares pidiendo donaciones de moneda digital para “contribuir a la liberación del país y al retorno de los desplazados” y publicó la dirección de un monedero de USDT.

Este mismo lunes, Malhama Tactical, una empresa yihadista de seguridad privada en Siria, anunció en un post en la red X que había recaudado 457 USD de los 2.000 USD necesarios para comprar una impresora 3D para necesidades militares. El grupo dijo que aceptaba donaciones a través de “MONERO, USDT, BTC y otras criptodivisas; PayPal y ShamCash Transfer dentro de Siria”. Malhama Tactical se estableció en el noroeste de Siria en 2015 y se compone principalmente de combatientes de Uzbekistán y el Cáucaso ruso. Sham Cash es un sistema de pago digital que permite a los usuarios enviar y recibir fondos a través de códigos personales, así como retirar efectivo sin restricciones a través de agentes de venta libre (OTC), según Crystal Intelligence. La plataforma admitía pagos tanto en liras turcas como en dólares estadounidenses.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado este martes cinco décimas las perspectivas de crecimiento de España para 2024, hasta el 2,9%, una cifra que destaca en una eurozona deprimida que sólo crecerá el 0,8% este año.

“En la primera mitad del año, lo que hemos visto es que las exportaciones han sido muy fuertes y parte de eso es por el turismo (…), pero también el consumo privado y la inversión pública han sido fuertes”, ha explicado en una entrevista con EFE la directora adjunta del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks.

Según Koeva Brooks, este buen dato está motivado también por la inversión pública y por “el impacto de algunos fondos de la Unión Europea (UE), que se están absorbiendo”.

El dato está por encima de las previsiones del Banco de España, que estima que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá el 2,8%, y del propio Gobierno, que calcula que el crecimiento será del 2,7%.

En el marco de las reuniones anuales que el FMI y el Banco Mundial celebran esta semana, la institución presentó este martes sus últimas actualizaciones económicas globales (el informe WEO, por sus siglas en inglés) y dejó sin cambios las previsiones de crecimiento para España en 2025, en el 2,1%.

Fadel y Fátima padecen una misteriosa enfermedad. A Ruqayya le han extirpado un riñón. La familia Al-Safi ha perdido a cinco de sus miembros. Raghad espera que sus cinco hijas tengan una vida próspera, pese a los innumerables gastos a los que le obliga el cáncer del que se está tratando. Khattar perdió a su primera esposa y lucha por conservar la segunda. Muchos ya han pedido responsabilidades a las compañías petroleras en los tribunales.

Todos son vecinos de la ciudad de Basora, en el sur de Irak, concretamente de las zonas residenciales próximas a los yacimientos de Rumaila, Zubair, Majnoon, West Qurna… cuyas antorchas registran las tasas de combustión de gas –flaring en inglés– más elevadas del mundo. Sus historias son una buena muestra de la alarmante crisis sanitaria que padece la zona.

Este reportaje forma parte de Burning Skies, una investigación del Environmental Investigative Forum (EIF) y la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, junto con la plataforma de televisión libanesa Daraj Media, y los medios de investigación SourceMaterial (Reino Unido) y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism (Sudáfrica). El proyecto examina las emisiones de gas producto de la quema en antorcha en 18 países de África y Oriente Próximo. El equipo al cargo de la investigación ha cruzado los datos de emisiones de gas de la ONG medioambiental Skytruth con mapas de concesiones de petróleo y gas para calcular las emisiones anuales de gas quemado en cada activo –yacimientos de petróleo y gas, refinerías, plantas de GNL– en esos países entre 2012 y 2022.

Hassan Abdul Amir tiene 40 años y jamás pensó que los campos petrolíferos próximos a su barrio podían convertirse en una fuente de devastación para él y su familia. Vive en Al-Sharsh, al sur del distrito de Al-Qurna, que está rodeado por tres grandes yacimientos.

Por el contrario, Hassan esperaba que los pozos le proporcionaran prosperidad y una vida cómoda para él, su familia y sus vecinos. Sin embargo, sus sueños se han convertido en una pesadilla. Los gases emitidos por las antorchas que no se apagan ni de día ni de noche han afectado de lleno a la salud de sus hijos. Fadel y Fátima sufren una enfermedad misteriosa que les oscurece la piel y les cubre el cuerpo de ampollas y llagas, los médicos han sido incapaces de diagnosticar y cuyo tratamiento su padre no puede pagar.

Pero Hassan, ya jubilado por razones médicas, culpa a las emisiones de los campos de Qurna, y a los vertederos y fábricas de cemento y asfalto, del destino de sus dos hijos. Los medicamentos que toman, se queja desesperado, son inútiles y sólo les proporcionan un alivio temporal.

Aunque Irak se encuentra entre los firmantes de la iniciativa Zero Routine Flaring (ZRF) del Banco Mundial, que se compromete a poner fin a la quema rutinaria de gas para 2030, las estimaciones de Burning Skies indican que el volumen total de quema en Irak aumentó de 10.900 millones de metros cúbicos en 2012 a 15.800 millones de metros cúbicos en 2022, alcanzando un máximo de 16.000 millones en 2021. Esta escalada ha provocado también un alza de las emisiones de CO₂e, que ha pasado de 28,2 millones de toneladas en 2012 a 40,8 millones en 2022.

Irak, de hecho, es el país donde más gas arde y más CO₂e se emite de los 18 países analizados: 158,63 bcm de gas quemado y unas emisiones de 403,7 millones de toneladas de CO₂e en la década estudiada, según las estimaciones de la investigación. De acuerdo con las cifras que publica el Banco Mundial, no hay duda: Irak es el país del mundo donde más gas se quema.

Burning Skies revela que los siguientes yacimientos iraquíes han quemado gas en antorcha durante una década de forma rutinaria:

Como se ve, la mayoría de las empresas responsables son europeas. Y queman gas en sus antorchas en Irak pese a que están obligadas por leyes estrictas en sus países, se adhieren a normativas y procedimientos relacionados con la sostenibilidad y están comprometidas con la iniciativa del Banco Mundial. Pero es que, además, en Irak no existe regulación alguna sobre la combustión de gas en las explotaciones petrolíferas.

Uno de los yacimientos iraquíes con más antorchas activas es el de Halfaya, a 200 kilómetros de Basora, donde la empresa francesa Total Energies tiene una participación del 22,5%. Halfaya no sólo es el campo que más quema de Irak, sino también el más contaminante de todos los que es propietario Total.

En una entrevista concedida a Al-Mirbad y Daraj, Kazem Dinar, que vive en el pueblo de Al-Mu’ayal, cerca de Halafaya, cuenta que su hijo Jalal desarrolló un cáncer de tiroides y tuvieron que extirparle la glándula. “Los médicos”, añade, “sugieren que la causa probable es la contaminación atmosférica debida a la quema de gas”.

EIC preguntó a TotalEnergies por las emisiones de Halfaya y sus efectos sobre las poblaciones cercanas. La compañía francesa se limitó a declarar: “Señalamos que CNPC [la empresa estatal China National Petroleum Corporation] es el operador”.

Abu Ali es otro vecino del campo de Qurna. Perdió a su hijo mayor, Ali, por un cáncer e interpuso una demanda contra BP, uno de los operadores de Rumaila, que es el mayor yacimiento petrolífero de Irak. Aún está esperando que la justicia se pronuncie.

“BP nunca ha sido ni será el operador del yacimiento petrolífero de Rumaila, ni tenemos intereses o derechos de propiedad sobre el yacimiento o sobre el petróleo que produce”, responde la petrolera británica a preguntas de EIC. “Sin embargo”, matiza a continuación, “como accionista del principal contratista [Basrah Energy Company Limited (BECL)] seguimos apoyando los esfuerzos para minimizar la quema en antorcha y las emisiones en Rumaila, en cooperación con el operador del campo petrolífero, Rumaila Operating Organisation (ROO)”. Rumaila incluye “instalaciones de petróleo y gas operadas por terceros, en las que BP no está involucrada y cuyas antorchas también queman gas”. La compañía tiene “la intención de seguir apoyando a BECL y ROO en estas acciones, en colaboración con el Gobierno iraquí y otras partes interesadas”, concluye.

EIC también ha preguntado a la italiana ENI por el yacimiento de Zubair, otro de los más contaminantes. Su respuesta se ajusta a la que dan otras grandes petroleras: son propietarios, pero no operadores y se atienen a la legislación del país en que trabajan. Por tanto, eluden cualquier responsabilidad en lo que se refiere a los efectos de la contaminación en las poblaciones cercanas: “ENI Iraq es contratista desde 2010 en virtud de un Contrato de Servicios Técnicos (CST), por lo que ENI ni posee ni explota Zubair. Basra Oil Company (BOC), como primera parte, es propietaria del yacimiento de Zubair y de sus activos, concretamente tanto de la totalidad del crudo como del gas asociado producido. La estrategia de desarrollo, incluida la contención de las emisiones, sigue siendo competencia de BOC”.

Además, la petrolera italiana asegura que el campo de Zubair está gestionado por una entidad sin ánimo de lucro, denominada Zubair Field Operating Division (ZFOD), que “carece de poder de decisión”. En todo caso, dice que ENI Iraq, “en su papel técnico y con un enfoque proactivo, colabora con BOC para reducir y minimizar la quema de gas y aumentar el valor del gas asociado mediante proyectos destinados a mejorar la gestión de los volúmenes de gas entregados a Basra Gas Company”. También lleva a cabo “controles y seguimientos continuos de las principales matrices medioambientales en la zona del yacimiento de Zubair: agua, suelo, aire, radiactividad natural”. Según destaca, sus resultados “se ajustan a la legislación iraquí y a las normas internacionales”. Incluso hace “encuestas de higiene industrial y estudios de evaluación de riesgos para la salud” de forma periódica.

La italiana dice que ha invertido 32 millones de dólares en atención sanitaria en Basora. En concreto, en “iniciativas dedicadas al diagnóstico oncológico, la atención pediátrica y una moderna unidad de tomografía por emisión de positrones”.

A Ruqaiya, una niña de nueve años antes alegre y vital, le extirparon un riñón. Sus padres viven con el temor constante de que se le dañe el otro, por lo que recibe cuidados especiales. El primer riñón lo perdió por un cáncer que terminó devorándole el órgano. Sus padres aseguran que el tumor lo provocó el gas emitido por los campos petrolíferos cercanos. Ra’ed, el progenitor de Ruqaya, expresa su frustración por no haber recibido ninguna ayuda pública, para sufragar los gastos médicos.

Otro residente de la zona, Wujud Al-Safi, ha perdido a cinco miembros de su familia y otros tres padecen cáncer. “¿Cómo es posible que el Ministerio del Petróleo pague sólo 300.000 dinares [205 euros] al año, que apenas alcanzan para comprar medicamentos para unos días?”, se pregunta. “¿Dónde están las parcelas de tierra que nos prometió el Gobierno? No queremos vivir en esas tierras. ¡Queremos venderlas para comprar medicamentos con ellas!”.

Al-Safi también reprocha a las autoridades de Basora que no hayan construido un hospital en Al-Qurna donde se pueda tratar a los enfermos, lo que obliga a la gente a desplazarse decenas de kilómetros hasta el centro médico más cercano, en la ciudad de Basora, para recibir la quimioterapia necesaria.

El hombre se deshace en preguntas retóricas: “¿Por qué hay advertencias contra el humo de los cigarrillos, pero ninguna contra los llamaradas de petróleo cerca de nuestros barrios? ¿Por qué el Ministerio de Sanidad no reconoce la contaminación causada por la industria petrolera? ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente?”.

El proyecto de ley federal de petróleo y gas presentado en 2011 no fue aprobado por el Parlamento iraquí pero, aun así, el Gobierno se ha fijado el objetivo de eliminar la quema rutinaria en los yacimientos, como parte de la iniciativa del Banco Mundial para 2030.

Según la Constitución y las leyes iraquíes, los ciudadanos tienen derecho a residir en un entorno seguro y limpio, libre de contaminantes. Los habitantes de zonas próximas a los campos petrolíferos viven en las tierras que heredaron de sus padres y abuelos, y no pueden abandonarlas: la bendición que esperaban de las petroleras se ha terminado convirtiendo en una maldición insoportable.

En diciembre de 2021, el ministro de Petróleo iraquí se comprometió a reducir la quema de gas en un 90% para 2024. Pero Burning Skies pone al descubierto que sigue habiendo unos elevadísimos volúmenes de combustión, buena parte de ellos responsabilidad de operadores europeos.

El exministro iraquí de Medio Ambiente Jassim Al-Fallahi reconoció en su día que la contaminación derivada de la extracción de petróleo es la principal causa de las elevadas tasas locales de cáncer, y citó en concreto la quema de gas como un factor que contribuye significativamente al aumento del riesgo de leucemia en las comunidades cercanas a los yacimientos petrolíferos de Basora.

De hecho, un informe filtrado del Ministerio de Sanidad iraquí atribuye el crecimiento del 20% en los casos de cáncer en Basora entre 2015 y 2018 a la contaminación del aire, también las emisiones procedentes de la quema de gas.

Además, estudios e investigaciones, incluida una de la BBC, han encontrado altos niveles de benceno y sustancias químicas cancerígenas en el aire alrededor de los campos petrolíferos y en muestras de orina de quienes viven cerca, lo que sugiere una fuerte correlación entre la quema de gas y el aumento de las tasas de cáncer.

En el distrito de Al-Deir, al norte de Basora, donde se encuentra el yacimiento petrolífero de Nahran Bin Omar, vive Raghad Jassem, funcionario del Ministerio del Interior y padre de cinco hijas. Le extirparon el apéndice tras diagnosticarle una apendicitis, pero sus dolores no desaparecieron. Cuando volvió al médico, le descubrieron un cáncer de colon. Tuvo que someterse a una segunda operación para extirparle 83 centímetros de intestino.

En ese momento comenzó el periplo de Raghad por el sufrimiento, la enfermedad y el dolor, viajando entre Irak, Irán y Líbano desde 2021 en busca de tratamiento o una dosis de quimioterapia. Además de tener que afrontar gastos inasumibles: cada dosis de quimioterapia le cuesta 2,1 millones de dinares –1.438 euros– , pero también tiene que pagar análisis de sangre, resonancias magnéticas y endoscopias.

Cuando en 2023 reapareció el dolor, Raghad viajó a Irán de nuevo para repetir las pruebas necesarias, que mostraron una obstrucción y dos tumores. Así que está pasando por un nuevo ciclo de quimioterapia, con la esperanza de recuperarse totalmente para cuidar de sus cinco hijas y darles la vida raghida (próspera) con la que sueña.

Desde Nahr Omran, en el distrito de Al-Qurna, al norte de Basora, hasta Zubair, en el oeste de la ciudad, se suceden los campos petrolíferos. En la zona de Shuaiba vive Hadi Khattar, cerca de los pozos. Hadi perdió a su primera esposa, madre de seis hijos, a causa de un cáncer. Después se casó con otra mujer que también desarrolló un cáncer de mama y sigue aún bajo tratamiento. Hadi, un hombre tranquilo y sencillo, sólo reclama tratamiento médico.

Esta investigación ha contado con el apoyo de JournalismFund Europe

El Banco Mundial (BM) advierte que más de 400 millones de estudiantes de todo el mundo vieron sus escuelas cerradas debido a fenómenos meteorológicos extremos, entre enero de 2022 y junio de 2024, según el informe Elegir nuestro futuro: educación para la acción climática, presentado en Washington este miércoles.

Las inundaciones, tormentas y olas de calor son las principales causas de estos cierres en ese período que, según el BM, provocaron un promedio de 28 días de suspensión de clases de forma muy desigual: las escuelas afectadas en los países de renta baja perdieron 45 días frente a los 6 que se clausuraron en los países de renta alta, según informa EFE.

El informe pone como ejemplo las distintas situaciones geográficas. Mientras que en Filipinas sufrieron 23 jornadas de cierre de escuelas, en Pakistán se perdieron 97 días de clase, lo que supone casi el 54% de un curso académico normal.

Igualmente, el informe incide en el aumento de las temperaturas como factor de riesgo que afecta negativamente al aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, dice el reporte, un estudiante medio del 50% más pobre de los municipios brasileños podría perder hasta 0,5 años de aprendizaje debido al aumento de las temperaturas, incluso cuando las escuelas están abiertas.

Pese a ello, el informe indica que los responsables políticos no están dando prioridad a esta cuestión. Según una encuesta, realizada para este estudio, entre 103 responsables de políticas educativas de 33 países de renta baja y media, solo la mitad (51%) cree que las temperaturas más cálidas inhiben el aprendizaje.

También el informe del Banco Mundial analiza la ansiedad climática de los estudiantes y estima que casi el 79 % de los jóvenes de ocho países de renta baja y media creen que su país se encuentra en una situación de emergencia climática.

Por eso, el BM, que denuncia que solo el 1,5 % de la financiación relacionada con el clima se destina al sector educativo, considera que una concienciación sobre la crisis medioambiental en la educación sería fundamental para mitigar el problema creando, además, una inquietud en los estudiantes como agentes de cambio.

"En todo el mundo, la educación es el factor predictivo más importante de la sensibilización sobre el cambio climático, y los niveles educativos más altos se asocian con comportamientos favorables al medioambiente, preferencias por políticas inocuas para el medioambiente y una mayor capacidad de adaptación", destaca.

Parte del informe pone el foco sobre la necesidad de que la educación pueda generar habilidades medioambientales entre los estudiantes con el fin de preparar a los jóvenes de hoy para que, según su evaluación, puedan optar a los 100 millones de nuevos empleos verdes.

Entre otras conclusiones, el Banco Mundial invita a los gobiernos y a los sistemas educativos a que realicen un esfuerzo de financiación para que se adapten, realicen ajustes de las infraestructuras, prioricen la continuidad del aprendizaje y movilicen a estudiantes y profesores como agentes de cambio.

La vuelta de la austeridad a la agenda en Francia no es un caso aislado. Desde hace varios meses, la actualidad está dominada por programas de austeridad presupuestaria y recortes en gastos sociales y prestaciones familiares. La reintroducción del Pacto Europeo de Estabilidad, aunque modificado pero potencialmente más austero que nunca, marca sin duda el final de la relajación presupuestaria en varios países de la eurozona, como Italia, donde el Gobierno de Meloni ya ha suprimido la renta de ciudadanía a principios de 2024. 

Alemania ya había iniciado en otoño el proceso de ajuste presupuestario en la eurozona anunciando una cura de austeridad para cumplir con el "freno a la deuda" constitucional que la coalición tripartita de Olaf Scholz ha decidido volver a poner en vigor en 2024. Al mismo tiempo, el Gobierno británico ha continuado con la austeridad que, es cierto, nunca ha cesado realmente en el Reino Unido. 

Pero los más golpeados por esta nueva tendencia son los países emergentes más frágiles, a menudo con la acción directa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además de Argentina, sometida a la furia austericida de su nuevo presidente libertario Javier Milei, otros países afectados por esta vuelta de tuerca son Egipto, Nigeria, Turquía y Kenia. El movimiento aún no se ha generalizado, pero es evidente que se está en marcha un torbellino disciplinario. 

Este movimiento va acompañado de un discurso que aboga de nuevo por la austeridad como solución a los males económicos. En el The Financial Times del 25 de marzo, el presidente del Rockefeller International Bank, Ruchir Sharma, se congratulaba de que los cinco países emergentes mencionados hubieran recurrido a esos métodos, que admitía eran dignos del viejo "consenso de Washington". "Están en el camino de la recuperación", afirmó. 

Pero eso no significa que hayamos vuelto al apogeo del Consenso de Washington de los años ochenta. Este contragolpe de la austeridad va acompañado de otro importante movimiento, aparentemente contradictorio, pero bastante generalizado, hacia una ayuda pública sin precedentes a la economía. Tras años de política monetaria muy acomodaticia, los gobiernos han intensificado las inyecciones de fondos en el sector privado. 

Sólo en Estados Unidos, el conjunto de planes de ayuda puestos en marcha desde la pandemia asciende a casi 5 billones de dólares, es decir, casi una cuarta parte del PIB anual de la primera economía mundial. China no se queda atrás, con el objetivo declarado de Xi Jinping de desarrollar "nuevas fuerzas productivas" tecnológicas, obviamente apoyadas con dinero público. 

Pero incluso en los países que afirman volver a la austeridad, no cesa la generosidad pública con el sector privado. En los países emergentes, los problemas presupuestarios se deben a menudo a la baja fiscalidad del capital. Sobre todo, tanto en Alemania como en Francia, los recortes presupuestarios se han utilizado para mantener importantes subvenciones públicas al sector privado. En Alemania, la censura del "Fondo Clima y Transformación" (KTF) por el Tribunal Constitucional en octubre llevó al gobierno federal a favorecer las ayudas a las empresas en detrimento de las ayudas sociales. En Francia, sabemos que la nueva reforma del seguro de desempleo sólo se justifica manteniendo un flujo fiscal anual de cerca de 200.000 millones de euros hacia las empresas y negándose a subir los impuestos sobre el capital. 

Esta política de ayudas, sobre todo a la industria, ha llevado a algunos a hablar de un "nuevo consenso de Washington" basado en el retorno del Estado a la economía con una postura más proteccionista. Pero sería ilusorio pensar que este nuevo consenso es simplemente un paso atrás para borrar el anterior. Lo que ocurre es más complejo: los dos enfoques están entrelazados. 

Como suele ocurrir, los nuevos regímenes de gestión del capitalismo no se limitan a abolir las fases anteriores, sino que las reorientan y adaptan a las nuevas exigencias de la acumulación de capital. El régimen neoliberal tuvo que asumir los elementos heredados del fordismo: el consumo de masas y la importancia del Estado en la economía. 

Del mismo modo, el nuevo modelo emergente, que podríamos llamar ya, provisionalmente, "neoindustrial" o "neomercantilista", no abandona la financiarización y la disciplina de mercado aplicada a los Estados. De hecho, en el corazón mismo del capitalismo de Estado contemporáneo, en China, y en un momento en que el país está cada vez más enfrentado a Estados Unidos, el presidente Xi Jinping escenificó su encuentro del 27 de marzo con un gran número de inversores americanos para ensalzar los méritos del crecimiento chino y animarles a invertir en la República Popular. Una prueba de que el consenso neoindustrial no puede prescindir de las fuerzas financieras globalizadas. 

Para entender cómo encajan estas dos lógicas aparentemente contradictorias, hay que observar el estado actual de la economía mundial. La situación está dominada por una marcada ralentización del crecimiento. Para 2024, el FMI prevé un crecimiento mundial cercano al 3,1%, muy por debajo de la media histórica del 3,8%. 

Y es poco probable que la situación mejore significativamente de aquí a 2028. Excluyendo la crisis financiera y el Covid, se trata de un nivel muy bajo en comparación con los últimos veinte años: en la década de 2010, el "mínimo" del crecimiento mundial fue del 3,2%. No obstante, el FMI puede parecer bastante optimista. En las previsiones publicadas el 29 de marzo, los economistas de la aseguradora alemana Allianz, por ejemplo, estiman que el crecimiento mundial se mantendrá por debajo del 3% en 2024 y 2025. 

Para los países avanzados, la situación es aún más delicada. Allianz prevé un crecimiento del 1,6% en 2024, y el FMI del 1,5%. Con la notable excepción de Estados Unidos, al que volveremos más adelante, la mayoría de las grandes zonas económicas mundiales han visto frenada su tendencia de crecimiento tras la crisis sanitaria, como ya ocurrió tras la crisis financiera de 2008-2009.

Gráfico: Tasa de crecimiento mundial.

Tal situación conduce necesariamente a una presión sobre la rentabilidad de las empresas. El fenómeno es bastante general. En un artículo publicado en 2023 en la revista New Left Review, Aaron Benanav, economista y sociólogo de la Universidad de Siracusa (Estados Unidos), explica el fenómeno como un cambio estructural de la demanda entre bienes y servicios, en un análisis inspirado en particular en el pensamiento del economista William Baumol, que en los años sesenta analizó los efectos del desarrollo de los servicios en el conjunto de la economía. 

Como es natural, a medida que la industria logra mayores aumentos de productividad, los precios de los bienes manufacturados tienden a bajar y, automáticamente, la composición de la demanda se desplaza hacia más servicios. Es lo que Aaron Benanav denomina "desplazamiento de la demanda" que comenzó en Occidente en los años 70 y 80, y que sin duda alimentado por la elección más o menos consciente de los consumidores, ha dado lugar a dos fenómenos: una sobreproducción permanente en la industria en un momento en que la competencia se ha visto exacerbada por la creciente industrialización de los países emergentes, y un debilitamiento general de la productividad del trabajo, ya que el desplazamiento hacia los servicios es un desplazamiento hacia sectores con escasos aumentos de productividad. 

Los datos disponibles confirman ese fenómeno. En un estudio publicado el 28 de marzo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que la productividad del trabajo en 37 de sus 38 países ha sido del 1,4% en 2023, un nivel cercano a la media de los años 2001-2019 y un nivel particularmente bajo para el crecimiento de la remuneración del trabajo y del capital. 

Estos dos fenómenos frenan el crecimiento potencial y la rentabilidad de las actividades económicas tradicionales, pero también tienen un efecto negativo sobre la demanda agregada, ya que la única palanca para mejorar la rentabilidad del capital es la presión sobre las condiciones de trabajo y la remuneración neta. Así pues, este fenómeno mantiene la tendencia al estancamiento económico, que se traduce efectivamente en un crecimiento más débil. 

La acción pública de ayuda directa al capital se hace pues indispensable. No sólo para "liberalizar" los mercados y contener las demandas laborales, como durante el periodo neoliberal, sino para organizar transferencias directas a los sectores económicos. Aquí hay que distinguir entre la industria y los servicios. 

En la industria, la situación general de sobrecapacidad y el debilitamiento estructural de la demanda de bienes hacen inevitable la dependencia del Estado. Para intentar escapar a este efecto tijera, los gobiernos han asumido el control de la política industrial en forma de una carrera de velocidad en los nichos de mercado más rentables: la alta gama del mercado, la industria más innovadora y la alta tecnología. En esos ámbitos, las esperanzas de rentabilidad siguen siendo altas, pero los proyectos necesitan una ayuda pública masiva. 

Es en ese contexto en el que hay que entender la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos. Pekín lanza su "desarrollo de nuevas fuerzas productivas" con inversiones masivas (en 2023, la inversión en alta tecnología creció un 9,9%), mientras que Washington subvenciona la vuelta a casa de fábricas de semiconductores y toma medidas proteccionistas para impedir cualquier transferencia de tecnología para los chips de última generación o la inteligencia artificial. 

Pero todos los países del mundo siguen esta política con ayudas públicas. El KTF alemán pretende financiar la creación de fábricas de semiconductores, en un momento en que las industrias tradicionales alemanas atraviesan una profunda crisis. Francia está intensificando sus planes de ayuda industrial y subvenciones para poner en marcha fábricas de baterías eléctricas, al igual que Indonesia, por ejemplo. Las subvenciones públicas se han hecho indispensables en esta nueva era industrial. 

Al mismo tiempo, el sector servicios también pide a gritos la ayuda del Estado. Aunque más dinámicos, estos sectores luchan por construir una acumulación de capital autónoma y suficiente. La debilidad, o incluso la imposibilidad, de lograr aumentos de productividad en estos sectores hace que dependan en gran medida de la ayuda pública para su rentabilidad: ya sea a través de subvenciones, sobre todo al empleo (por ejemplo, el sistema de aprendizaje en Francia), a través de reducciones de impuestos y cotizaciones, o con las ayudas al consumo. 

El sistema de ayudas públicas es, por tanto, el resultado de un cambio global de la economía. No es tanto un sistema bien pensado como una reacción a la crisis estructural que el neoliberalismo no ha conseguido frenar. Pero también es un régimen con sus propias contradicciones, y aquí es donde entra en juego la vuelta a la austeridad, y donde confluyen los dos Consensos de Washington. 

Esta ayuda pública masiva se enfrenta al problema de su financiación. Durante diez años, las finanzas mundiales han vivido bajo un régimen conocido como "represión financiera", durante el cual los tipos de interés eran muy bajos. Entre 2008 y 2021, dependió a su vez de la ayuda de las autoridades monetarias. Con el regreso de la inflación y la subida de los tipos de interés, el sector financiero ha recuperado su autonomía, pero a cambio debe exigir a los gobiernos una mayor seguridad para su deuda, cada vez menos garantizada por los bancos centrales. 

Es esta tensión entre una acción presupuestaria masiva para apoyar la economía y una retirada de ayudas a los mercados financieros por parte de los principales bancos centrales lo que está en el origen de la situación aparentemente paradójica actual. El sector financiero empezó presionando a los países emergentes más frágiles, lo que provocó las crisis antes mencionadas. Esas crisis emergentes son, por tanto, una señal del retorno de la presión del mercado sobre los gobiernos. 

Esta disciplina de mercado se está extendiendo progresivamente a otros países, como Francia, aunque se aplica de manera diferente. La deuda de países seguros como Francia es una materia prima esencial para el sector financiero, por lo que un ataque a Francia sería contraproducente. Habría que obtener garantías por medios indirectos: un pánico organizado y, posiblemente, rebajas en la calificación de las agencias de rating. Pero el resultado es el del regreso a la austeridad. 

Para resolver esta presión contradictoria entre el sector financiero, que reclama austeridad, y los demás sectores, que exigen ayudas públicas, la austeridad en los derechos de los trabajadores, la protección social y los servicios públicos, aparece como un compromiso. Esta política parece satisfacer a todos: los financieros están tranquilos y los demás se benefician de una presión a la baja sobre los salarios para sostener su rentabilidad, preservando al mismo tiempo las subvenciones que les afectan. 

La estructura del nuevo régimen es pues más represiva aún socialmente que el neoliberalismo, ya que hace pagar a los trabajadores una política industrial que se presenta como esencial para proteger la soberanía y el medio ambiente. En realidad, el objetivo es proteger y apoyar la rentabilidad del capital, tanto financiero como industrial. Así es también como hay que entender la nueva distinción establecida por Bruno Le Maire (ministro de Economía francés, ndt) entre el "Estado del bienestar" y el "Estado protector". El primero es un modelo social, el segundo un modelo de apoyo al capital. 

El problema es que esta es una política miope. Debilita inevitablemente la demanda interna y la calidad de la mano de obra. A largo plazo, la industria y los servicios sufrirán y exigirán aún más ayudas, que tendrán que financiarse con nuevos recortes del Estado del bienestar. El Estado del bienestar está, pues, condenado. Pero, contrariamente a lo que afirma Bruno Le Maire, su aplicación no resolverá el problema fundamental del crecimiento, sino todo lo contrario. 

Es más, parece condenado al fracaso el intento de salvaguardar la industria mediante el apoyo estatal a la rentabilidad del sector privado. Una vez comprendida la situación, la China de Xi Jinping ha tomado una decisión radical: embarcarse en una guerra de precios en determinados sectores, como los coches eléctricos o los equipos de energías renovables, con el fin de garantizar una rentabilidad creciente en esos ámbitos. 

La idea es utilizar la sobrecapacidad para crear un monopolio haciendo inviable el resto de la producción, incluso con la ayuda del Estado. En febrero de 2024, la producción industrial china creció un 7% interanual, con una clara aceleración desde octubre. Esta producción está inundando los mercados occidentales de productos tecnológicos baratos, haciendo inútiles los esfuerzos de los gobiernos. 

El 27 de marzo, la secretaria del Tesoro americano, Janet Yellen, advirtió a Pekín contra esta estrategia en el ámbito de las energías renovables. Washington, a pesar del "exorbitante privilegio" del dólar, tiene incluso dificultades para hacer frente a la situación y se ve obligado a recurrir a ciertos sectores, como el de los semiconductores de última generación, en el que las sanciones americanas penalizan a China. 

Pero en un conflicto así, naciones de segunda fila como Francia, sin una especialización tecnológica significativa, difícilmente pueden esperar seriamente salir de apuros. Sobre todo porque la política americana también apunta a la competencia europea, lo cual es lógico en un contexto de sobrecapacidad general. 

Por lo tanto, es probable que el gasto al servicio del capital privado sea cada vez más ineficiente, lo que inevitablemente reforzará la presión del capital financiero. 

El inicio de un nuevo ciclo de bajadas de tipos de interés en la zona euro en junio podría aliviar la presión. Pero el periodo 2009-2019 demuestra que la política monetaria es en general ineficaz para estimular la inversión y el crecimiento. Aún es posible un repunte, especialmente si la inteligencia artificial puede mejorar significativamente la productividad en los servicios. Pero el alcance de esta mejora está aún por ver, al igual que su duración. Por el momento, su difusión es aún demasiado limitada para juzgarla. 

Mientras tanto, este naciente régimen de austeridad neo-industrial, que intenta encontrar un equilibrio entre las exigencias contradictorias del capital en un contexto de creciente competencia política y económica, es extremadamente frágil e inestable. Al destruir los restos del Estado social, gana tiempo, pero refuerza también a las fuerzas que lo perturban.

Traducción de Miguel López

El Banco Mundial ha advertido de que el riesgo de una recesión global en 2023 está aumentando a medida que los bancos centrales de todo el mundo están subiendo los tipos de interés para combatir la inflación, según informa Europa Press.

El organismo con sede en Washington ha indicado que a estos riesgos se suman una serie de crisis financieras en las economías de mercado emergentes y en desarrollo que les causaría efectos negativos duraderos.

El informe apunta que los bancos centrales de todo el mundo han subido los tipos de interés durante este año "con un grado de sincronización que no se había visto en las últimas cinco décadas", una tendencia que probablemente continuará hasta bien entrado el próximo año.

Sin embargo, la trayectoria prevista actualmente de subidas de tipos de interés y otras medidas políticas podría no ser suficiente para devolver la inflación mundial a los niveles anteriores a la pandemia. Los inversores esperan que los bancos centrales aumenten los tipos de interés de la política monetaria mundial hasta casi el 4% hasta 2023, lo que supone un aumento de más de dos puntos porcentuales respecto a la media de 2021.

A menos que las interrupciones de la oferta y las presiones del mercado laboral disminuyan, estos aumentos de los tipos de interés podrían dejar la tasa de inflación subyacente mundial (excluyendo la energía) en torno al 5% en 2023, casi el doble de la media de cinco años antes de la pandemia, según el informe.

El documento señala que para reducir la inflación mundial a una tasa coherente con sus objetivos, los bancos centrales tendrían que aumentar los tipos de interés en dos puntos porcentuales adicionales. Si esto fuera acompañado de tensiones en los mercados financieros, el crecimiento del PIB mundial se reduciría al 0,5% en 2023, una contracción del 0,4% en términos per cápita que cumpliría la definición técnica de recesión mundial.

"Para lograr tasas de inflación bajas, estabilidad monetaria y un crecimiento más rápido, los responsables de las políticas podrían pasar de reducir el consumo a impulsar la producción. Las políticas deberían tratar de generar inversiones adicionales y mejorar la productividad y la asignación de capital, que son fundamentales para el crecimiento y la reducción de la pobreza", ha comentado el presidente del Banco Mundial, David Malpass.

El Banco Mundial ha rebajado en dos décimas su previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) mundial en 2022, hasta situarlo en el 4,1%, debido a los riesgos que emanan de la variante ómicron y al aumento de la inflación y la deuda, según se desprende de su informe Perspectivas económicas mundiales, publicado este martes, informa Europa Press.

"La economía mundial se enfrenta simultáneamente al covid-19, la inflación y la incertidumbre respecto de las políticas; el gasto público y las políticas monetarias se adentran en un territorio desconocido. El aumento de la desigualdad y los problemas de seguridad son particularmente perjudiciales para los países en desarrollo", ha indicado el presidente del Banco Mundial, David Malpass.

La previsión para 2023 ha quedado situada en el 3,2%, lo que supone una mejora de una décima respecto de la estimación anterior, publicada en junio. El Banco Mundial considera que esta desaceleración anual del crecimiento se producirá "a medida que la demanda reprimida se disipe y vaya disminuyendo el nivel de apoyo fiscal y monetario en todo el mundo".

En el conjunto de las economías avanzadas, la previsión de crecimiento para este año ha quedado fijada en el 3,8%, dos décimas menos, mientras que para 2023 se ha elevado en una décima, hasta el 2,3%. Dentro de este bloque, Estados Unidos crecerá un 3,7% en 2022, cinco décimas menos, mientras que la zona euro avanzará un 4 ,2%, dos décimas menos. Para 2023, el PIB crecerá un 2,6% y un 2,1%, respectivamente.

"La rápida propagación de la variante ómicron indica que probablemente la pandemia continuará afectando la actividad económica en el corto plazo. Asimismo, la marcada desaceleración de las principales economías (tales como los Estados Unidos y China) pesará sobre la demanda externa en las economías emergentes y en desarrollo", ha apostillado el organismo con sede en Washington.

Con el mundo inmerso en una segunda ola de covid-19, un consenso predomina en todos los organismos internacionales: cuanto más estrictas y rápidas sean las restricciones parciales de movimientos en la población, mejorarán la salud y la economía de los afectados. El informe del FMI de la semana pasada y titulado Perspectiva Económica Mundial, según el cual "los confinamientos pueden allanar el camino hacia una recuperación más rápida", es el que más eco ha tenido, frente a las medidas laxas de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pero también de líderes globales como Boris Johnson, Donald Trump o Jair Bolsonaro. 

Pero el informe del Fondo Monetario Internacional no es el único. Este jueves 15 de octubre, el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Henri P. Kluge, afirmaba sin ambages: "Las medidas se están endureciendo en muchos países de Europa, y esto es bueno porque son absolutamente necesarias". Casi a la misma hora y desde el edificio del Berlaymont, en Bruselas, la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, pedía a los 27 estados miembros hacer "todo lo necesario" porque los contagios van "desafortunadamente en la dirección incorrecta". 

El objetivo que señalan estas publicaciones es claro: si se quiere evitar un confinamiento generalizado como el de la pasada primavera, con efectos devastadores para la economía, hay que actuar ya sobre los perímetros con la incidencia acumulada desbocada. Y en este sentido se expresaba la propia Comisión Europea en julio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en septiembre, con sendas publicaciones. 

A mediados de julio, el Ejecutivo comunitario presidido por Ursula Von der Leyen envió una comunicación al Parlamento Europeo, el Consejo y otros órganos europeos titulada Preparación sanitaria de la Unión a corto plazo frente a brotes de COVID-19. Las indicaciones aludían a los nuevos brotes a partir de junio tras los confinamientos masivos, a medida que las prohibiciones iban relajándose.

"Medidas locales"

"Desde el levantamiento de unas medidas muy restrictivas, estamos asistiendo a un rebrote de casos declarados en varios Estados miembros, y siguen notificándose brotes localizados en contextos específicos, así como transmisiones comunitarias", advertía la Comisión. "Los recientes brotes muestran que los brotes locales deben contenerse inmediatamente para evitar que aumente la transmisión comunitaria".

Según el documento, los PCR o "pruebas de diagnóstico escalonadas y rastreos de contactos en la zona en cuestión" es una práctica que "debe realizarse inmediatamente". A continuación, la idea es pasar a restricciones más perimetrales o "medidas locales de atenuación del riesgo, como el aislamiento". Para lo anterior, se pide "movilizar las capacidades necesarias" a nivel local, regional o nacional "a fin de garantizar una respuesta adaptada y específica". 

El informe de la comisión incluso establece un calendario para 2020. En verano, Bruselas exigió "la implantación de laboratorios móviles o la realización técnica de pruebas RT-PCR".

Otro informe de la OCDE de septiembre, Perspectivas Económicas, apuntaba a la misma dirección que la Comisión: "Las intervenciones públicas sanitarias exhaustivas son necesarias", sentencia uno de los apartados de la organización con sede en París. 

Test, rastreos y aislamiento

Según la OCDE, la necesidad se traduce en "limitar y mitigar los nuevos brotes y despejar la incertidumbre para los consumidores y las empresas". "Los gobiernos en particular necesitan efectuar a gran escala test [PCR], rastreos y programas de aislamiento, así como reforzar los cuidados sanitarios y los equipos de protección", reza uno de los párrafos del texto. 

La OCDE, al igual que el resto de organismos, recomienda el uso masivo de mascarillas y geles, además de promover la distancia social entre las personas para que los brotes no vuelvan a dispararse. 

El Banco Mundial, por su parte, ha reconocido en respuesta a este medio que no ha preparado un informe sobre la idoneidad de las restricciones en caso de nuevos brotes. "No tenemos un informe enfocado en el tema", contestan en el Banco Mundial. "Por ahora seguimos concentrados en ayudar a los países en desarrollo a responder a la pandemia".

Los sindicatos de funcionarios estarán este jueves muy atentos a las palabras de la ministra Carolina Darias en el Congreso. Pese a que su compañera de gabinete, María Jesús Montero, ha desmentido ya hasta tres veces que el Gobierno vaya a recortar el salario de los empleados de las administraciones, el recuerdo de las bajadas aplicadas durante la crisis anterior sitúa la medida como una opción creíble para contener un gasto público que se va a desbocar por culpa de la pandemia.

“No nos lo planteamos para nada. Esta noticia que hemos conocido en las últimas horas, al igual que otras muchas, forma parte de esa estrategia de confusión, de bulo, de mentira, que en nada beneficia a la situación en la que nos encontramos”, descartó taxativamente la también portavoz del Gobierno ya el pasado mes de marzo. Por el contrario, explicó un mes después, el Ejecutivo quiere estimular el consumo y la demanda interna cuando la actividad se recupere. “Lo fundamental”, explicó, “es activar la economía, manteniendo en la medida de lo posible las rentas salariales y sin desarrollar ningún proceso añadido sobre lo previsto a principios de año”. Hace sólo dos días, además, tachó de “populistas” los discursos que intentan “denostar el papel de las administraciones públicas sobre el conjunto de la sociedad”.

El PP no ha incluido el recorte salarial de los empleados públicos en su programa económico para la recuperación, pero Vox acaba de presentar una proposición no de ley en el Congreso donde reclama la eliminación de 10 ministerios y tres vicepresidencias, así como la “disolución de entidades públicas y organismos que no realicen funciones esenciales”. También ha pedido en la Asamblea de Madrid que se supriman “consejerías sin presupuesto y sin funciones”.

El acuerdo salarial firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 se extiende hasta el ejercicio actual, en el que correspondía a los funcionarios un aumento del 2,3% más un 1% variable dependiendo de unas alzas del PIB que este año no se van a producir. La subida ya fue aprobada en enero y aplicada desde la siguiente nómina. Sindicatos y ministerio coinciden en recalcar que es “irreversible”. La mesa en que ambas partes deberían sentarse a hacer balance de los tres años de acuerdo y determinar si se cumplían los requisitos de PIB para la mejora del 1% variable ha “saltado por los aires” por culpa de la pandemia, reconocen. Y la mesa donde tendría que negociarse el acuerdo para los años siguientes tendrá que esperar. Por lo menos hasta después del verano. “Hasta que se negocien los Presupuestos Generales del Estado, no se tocará el tema”, indica a infoLibre un portavoz del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

“Tenemos que ver cómo evoluciona la economía y entonces nos situaremos”“Tenemos que ver cómo evoluciona la economía y entonces nos situaremos

Tanto CCOO, como UGT y CSIF niegan tener “indicio” alguno de que el Gobierno prevea recortar el salario a los funcionarios. “Es más ruido mediático que otra cosa”, apunta la secretaria de Políticas Públicas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miriam Pinillos. También asegura que, cuando le han preguntado a la ministra, les ha reiterado que no es más que un “bulo”. El secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell, lo considera un “rumor inducido”. “No vamos a hacer alarmismo ni generar preocupación”, rechaza. El presidente de CSIF, Miguel Borra, reduce la posible medida a “especulaciones de los medios de comunicación”.

Los tres sindicatos están a la espera de que el Gobierno defina las líneas del próximo Presupuesto. “Ahora es muy pronto para saber cuál va a ser el esquema económico del Ejecutivo”, advierte Monell, “el foco es la recuperación, tenemos que ver cómo evoluciona la economía y entonces nos situaremos”. Por tanto, no adelantan cuál será su planteamiento salarial cuando se sienten a negociar con el Ejecutivo. Pero coinciden en su negativa a perder poder adquisitivo. “Cuestión distinta será ver cómo lo concretamos, porque no vivimos al margen del mundo”, añade el dirigente de UGT. “Es un debate que debe ir parejo a cómo volvemos a la normalidad”, corrobora su compañera de CCOO. Borra, por su parte, recuerda que los funcionarios “arrastran una pérdida de poder adquisitivo de entre el 20% y el 25%” desde el primer recorte efectuado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 para rechazar que tengan que ser de nuevo los empleados públicos “los primeros a los que metan la tijera como en la anterior crisis”. Hasta septiembre, en cualquier caso, no esperan los sindicatos que se ponga sobre la mesa la cuestión salarial.

Frente a quienes defienden que los funcionarios no deben quedar al margen de los sacrificios salariales y laborales que van a tener que acometer los trabajadores del sector privado, los tres sindicatos ponen en valor el papel de los empleados públicos, “que están salvando al Estado ante la crisis más grave de los últimos años”, destaca Miguel Borra. “No sólo los sanitarios, sino también los del SEPE y la Seguridad Social, que están duplicando sus jornadas para gestionar las prestaciones”, continúa Miriam Pinillos. “Somos una pieza más del gasto público”, reconoce Frederic Monell, pero “también un motor de creación de actividad y de empleo, además de proveedores de puestos cualificados que hacen falta, como investigadores”, remata Miguel Borra.

Pérdida de masa salarial de 10.626 millones

La tentación, sin embargo, no sólo no es nueva sino que tampoco se limita al caso español. Según reveló este mismo miércoles el periódico conservador The Telegraph, el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, incluye en el borrador de un documento sobre medidas para paliar la crisis la congelación de los salarios de los funcionarios durante dos años, lo que supondría un ahorro para el erario de 6.500 millones de libras, unos 7.336 millones de euros.

En un informe de 2016, CCOO cifró en 10.626 millones de euros la pérdida de masa salarial sufrida por los empleados públicos durante la pasada crisis, una caída del 8,5% nominal pero del 17% en términos reales, debido no sólo a la devaluación de los sueldos sino también al recorte de las plantillas. Rodríguez Zapatero redujo en un 5% la nómina de los funcionarios en 2010 mientras que Rajoy llegó al 7%, tras eliminar la paga extra de Navidad en 2012 y congelar sus sueldos hasta 2014.

No obstante, el Banco Mundial desaconseja a los gobiernos en uno de sus blogs que recurran a los recortes de sueldos públicos para afrontar los estragos económicos de la pandemia. Primero, porque mermar su poder de compra puede afectar al consumo interno e incluso torpedear la recuperación: en España suman el 16,5% de los ocupados, 3,25 millones según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Y segundo, porque prestan servicios esenciales para responder al virus “en primera línea”. “La crisis provocada por el covid-19”, detalla, “ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y medios de subsistencia de las personas”.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública dice que tampoco hay nada previsto sobre las ofertas de empleo público, que pueden quedar congeladas como ocurrió durante toda la crisis anterior. De momento, el covid-19 ha forzado la suspensión de todas las convocatorias en curso, unos procedimientos que pueden prolongarse hasta un par de años hasta completarse. CCOO y UGT dicen que harán todo lo posible para que las oposiciones se mantengan y se recuperen al mismo tiempo que lo haga la economía a partir de 2021.

En cualquier caso, CSIF ya ha solicitado una reunión con Carolina Darias para “evaluar la situación en estos momentos de incertidumbre y eliminar la alarma”. CCOO ha pedido también cita con la titular de Función Pública “en dos ocasiones”, revela Miriam Pinillos, en su calidad de “coordinadora de todas las administraciones públicas”, pero no ha recibido respuesta. Y UGT confía en poder hacer balance con el Gobierno del acuerdo salarial que ahora concluye “en las próximas semanas”.

El  último informe del Banco Mundial muestra que tan solo seis países en el mundo tienen en la actualidad leyes paritarias al 100%. España no está entre ellos. Los países que han conseguido este hito son Bélgica, Dinamarca, Letonia, Suecia, Luxemburgo y Francia. Todos ellos pertenecen a la Unión Europea y dentro del estudio se enmarcan entre las economías más desarrolladas de la OCDE. Este grupo consigue, en conjunto, la mejor nota en cuanto igualdad legal. En la presentación del informe, la presidenta del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, dio algunas claves sobre el objetivo de esta investigación: “La economía mundial es 160 billones de dólares menos rica debido a que la legislación no es igualitaria. Yo llamo a esto un coste muy caro que se puede solucionar”.  En el informe, el Banco Mundial refleja que las mujeres disfrutan tan solo tres cuartos de los derechos que tienen los hombres a nivel mundial.

El cambio en la última década es uno de los ejes del estudio, que engloba 187 economías de todo el mundo, de las cuales 131 han incluido reformas legislativas en post de la igualdad. Esto incluye a 35 países que han mejorado las leyes en cuanto al acoso sexual, lo que revierte en 2 millones más de mujeres protegidas en este ámbito, según afirma la propia Kristalina Georgieva.

La igualdad legal no es todavía una realidad en la mayoría de los países de Occidente y, en concreto, en nuestro país. Bien es cierto que España recibe la segunda mejor nota y se puede posicionar en el podio de los países igualitarios en materia de leyes, obteniendo un 97,5 sobre 100, la misma nota que reciben otras economías como Finlandia, Austria o Canadá. En España, las facilidades en materia de maternidad son aún desiguales y los permisos de paternidad se encuentran en el punto de mira. Desde PiiNA (la Plataforma por Permisos Iguales e Intrasferibles de Nacimiento y Adopción) consideran que España está en el buen camino tras la aprobación del decreto ley que igualará los permisos de paternidad y maternidad en los próximos tres años. “Si se cumplen los calendarios”, apostillan muchas de las expertas preguntadas al respecto.

María Pazos, coportavoz de esta plataforma, asegura que para su organización ningún país ha conseguido una legislación por completo igualitaria, ni siquiera aquellos que afirma el Banco Mundial. “Nuestro modelo se apoya en tres puntos: que los permisos sean iguales en duración, que sean intransferibles y 100% remunerados. Ningún país ha obtenido aún ese nivel, aunque algunos se acercan más como Islandia”. Para el Banco Mundial, Islandia no es uno de los seis países completamente equitativos debido a una brecha en la retribución de las pensiones, pero la institución lo considera igualitario en cuanto a las políticas de maternidad.

“Hay una regla de oro y es que, si los permisos no se remuneran al menos al 80% y son intransferibles, la mayoría de los padres no los toman, y esta regla se cumple a nivel internacional, los datos lo reflejan en todos los países”. Esta es la explicación que María Pazos ofrece sobre la necesidad de que los permisos no sean transferibles y bien pagados. “Los hombres no piden excedencias o permisos mal pagados, esos solo los adquieren las mujeres. Además, hay muchos países con un periodo que es completamente transferible entre la pareja, lo que puede parecer igualitario, pero los datos muestran que son las mujeres las que toman estos permisos en su gran mayoría”.

El impacto de la maternidad

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, coincide con Pazos en que estos permisos transferibles siguen accediendo las madres y esto ayuda “a perpetuar el estereotipo de las mujeres menos productivas y que abandonan más su puesto de trabajo”. “Desde el punto de vista real y legal la maternidad sigue teniendo un gran impacto en la empleabilidad de las mujeres, y que esta mejore depende de la implementación de las medidas aprobadas. Ya se habían aprobado con anterioridad medidas para la igualdad que no han llegado a aplicarse”, asegura Soleto.

En esta línea, el decreto ley aprobado en 1 de marzo en el Congreso de los Diputados, y que entra en vigor el 1 de abril, es lo que más se acerca al modelo que la plataforma PiiNA propone. “Pero hay que tener cuidado con la letra pequeña, porque estas nuevas leyes se van complicando y se acercan a la igualdad, pero siguen teniendo trampas”, advierte María Pazos. En concreto desde la plataforma advierten de tres puntos en los que consideran que la reforma es mejorable. La que más resaltan es la obligatoriedad de ambos progenitores de tomar el permiso simultáneamente durante las primeras seis semanas. “En esas primeras semanas simultáneas, por presión social, hay un alto riesgo de que se consoliden los roles de madre cuidadora principal y de padre ayudante, en muchos casos no desenganchado de su empleo”, afirman en un comunicado. Además, “se impide alargar al máximo el tiempo de cuidado de la criatura”.

Para María Pazos, coportavoz de PiiNA, la brecha salarial y de las pensiones (hitos en los que España obtiene la máxima ponderación en el informe del Banco Mundial) no se pueden desligar de las políticas de maternidad. “Puesto que las discriminaciones de la maternidad, que las mujeres sigan siendo casi totalmente las principales cuidadoras de sus criaturas, las que se retiran de sus empleos, excedencias, con reducciones de jornada con mayores permisos, esto hace que para las empresas sean mano de obra de alto riesgo, eso influye directamente en la discriminación salarial. La discriminación influye también en las pensiones, porque todas las lagunas de cotización que tienen las mujeres no se compensan por los suplementos por hijo”, afirma Pazos. Además, la experta considera que el efecto de esta medida tiene “un cambio en el comportamiento de forma inmediata, los padres se acostumbran muy rápido a pedir estos permisos”.

Irlanda o Canadá obtienen la misma ponderación que España, y fallan también en las políticas de maternidad. El informe muestra que de los ocho indicadores que se estudian, la maternidad es el punto más vulnerable a nivel mundial. En contrapunto las libertades de movilidad son las más igualitarias en todo el globo. Otros países con la misma puntuación que España, como Portugal, fallan en otros conceptos. En el caso de la legislación portuguesa no gozan de plena igualdad de acceso al matrimonio y de cómo repercute este en la vida laboral de las mujeres. Algunos estados con notas generales mucho más bajas que las del nuestro, como Chad o China, obtienen la misma puntuación en cuanto a la igualdad en las políticas de maternidad.

Arabia Saudí y Estados Unidos

El país más desigual del mundo es Arabia Saudí, que apenas alcanza el 25% de la igualdad legal, según el informe. La igualdad legal en el país es deficiente en todos los puntos medidos y en especial en la libertad de movimiento y la retribución de los salarios, dos puntos en los que el país obtiene un 0 como ponderación. Según el informe, ha hecho algunos progresos en los últimos diez años. El año pasado, el reino saudita aprobó una ley que permitía a las mujeres acceder a un permiso de conducir. Yolanda Besteiro, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, afirma que: “En concreto, en este país, que las mujeres puedan conducir o que puedan acudir a un partido de fútbol son hechos anecdóticos, cuando se permite en la legalidad una aplicación informática para controlar donde está una mujer en todo momento”. Para ella no existen notas posibles en este sentido: “No hay graduación posible, o admites la igualdad y legislas en base a ella, sancionas y regulas para que la igualdad legal sea reconocida sin condicionantes, o todo lo demás es anecdótico, es completamente desigual y contrario a los derechos humanos y de las mujeres”.

Absher, o “el predicador” en español, es una aplicación descargable en los smartphones que se sirve para dar permiso legal a las mujeres para transacciones cotidianas desde comprar un billete de avión hasta casarse. En esta aplicación los “miembros dependientes de la familia” son registrados con sus datos legales para este fin. Las mujeres en Arabia Saudí tienen un tutor al que están a cargo, en los casos más comunes este es el padre o el marido y son ellos los que deciden si pueden abrir o no una cuenta bancaria, entre otras gestiones.

Estados Unidos sigue considerándose la primera potencia económica mundial, sin embargo, obtiene una puntuación de igualdad por debajo de la media de la OCDE. No se encuentra ni tan siquiera entre los primeros 50 países. El gigante americano se posiciona al mismo nivel que países como Tanzania, Kenia o Malawi en cuanto a igualdad legal entre hombres y mujeres. Aún existen deficiencias en la igualdad salarial y el acceso a pensiones en los que obtiene un 75 sobre 100 de puntuación, según el Banco Mundial. Su gran materia pendiente coincide, no obstante, con la de nuestro país, ya que en maternidad obtiene tan solo un 20% de paridad. El mismo porcentaje que reciben economías como Zambia, Siria o Sudán.

Para Yolanda Besteiro, esto se debe a “la propia dinámica de funcionamiento de la economía en EEUU, ya que es más liberal y el gobierno tiende a regular menos el mercado. Es la ley de la oferta y la demanda sin incluir factores para corregir las desigualdades”. Además, para esta experta en legislación, tiene relación con las diferencias entre el derecho romano que rige ciertos países de la UE y el derecho anglosajón que siguen otros países como EEUU y Alemania –que obtiene una nota por debajo de la media de la Unión Europea en igualdad legal según el informe del Banco Mundial. En el derecho romano la fuente principal de derecho es la ley y la jurisprudencia solo tiene un papel interpretativo; mientras que el derecho anglosajón la principal fuente de derecho es la costumbre y la jurisprudencia tiene más peso. “Por tanto estas diferencias se deben sobre todo al funcionamiento de su mercado y de su propio sistema legislativo”, ha resumido Besteiro.

Zonas más y menos igualitarias del mundo

El informe del Banco Mundial también responde en qué áreas del globo las mujeres tienen más o menos derechos con respecto a los hombres. La ponderación es de 74 sobre 100, lo que implica un cuarto de desigualdad a nivel mundial. Esta diferencia no es homogénea y existen grandes diferencias entre las zonas más y menos igualitarias del mundo.

Los países desarrollados de la OCDE son los que obtienen una mayor puntuación. La media de este grupo de países es del 93,54% de igualdad legal, en este grupo de países destaca la Unión Europea. Sobre este asunto la presidenta del Banco Mundial afirmó en la presentación del informe que “la Unión Europea lidera el cambio y las mejoras en la última década. Si alguien nos preguntase por qué las mujeres gozamos de más derechos en la Unión Europea, tendríamos que decir que somos una sociedad luchadora y no hay mejor manera de alcanzar derechos (...) además hay otros factores como la buena oraganización y representación de las mujeres en los cuerpos legislativos de la Unión Europea". Hasta seis países de la UE alcanzan una ponderación de 100 y otras 39 economías, entre ellas la española, obtiene una puntuación por encima de 90. El país que peor nota obtiene en este grupo es Chile con tan solo un 77,50 sobre 100.

Oriente Medio y el Norte de África son las regiones en las que las mujeres obtienen menos derechos respecto a los hombres y son las regiones que menos han mejorado sus legislaciones en las última década. Según el Banco Mudial, los indicadores estudiados tan solo han mejorado en un 3%. Mientras que la zona que más mejoras ha llevado a cabo son el Sur de África y el África Subsahariana que han aumentado en un 8,2% y 6,8%, respectivamente. El informe refleja que la zona de África Subsahariana se han aprobado hasta 71 medidas para mejor la brecha en la legislación. Burundi, las Comoras, Ruanda, Santo Tomé y Zambia introdujeron leyes sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo y la violencia doméstica. 

Oriente Medio y el Norte de África también han conseguido algunos avances. En concreto en cuatro economías –Argelia, Bahrein, Líbano y Arabia Saudita– introdujeron leyes de violencia doméstica e Irak fue el que más cambios ha introducido sobre la igualdad de género en la región en los últimos diez años.

La presidenta del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, añadió en la presentación del informe que el mundo será mucho más productivo, pacífico y feliz el día en el que se alcance una igualdad de género. Además, añadió que “somos conscientes de que alcanzar la igualdad requiere mucho más que cambiar las leyes. Estas leyes deben ser implementadas de forma significativa”. “En mi organización nos propusimos llegar a una completa igualdad entre géneros en el año 2020. Hemos alcanzado ese objetivo este año y somos una organización mejor como resultado”, así cerraba su discurso una las mujeres influyentes a nivel mundial de nuestros tiempos.

El gasto público social de España equivale al 23,7% de su PIB, casi 3,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y nada menos que 7,5 puntos menos que el campeón del gasto en políticas sociales del continente, Francia. Además, según el último informe de la OCDE al respecto, el compromiso público con las políticas sociales en España no ha hecho más que descender durante toda la crisis y no se ha recuperado con la reactivación económica: en proporción al PIB ha caído dos puntos desde 2009.

De ese gasto, la parte del león corresponde a las pensiones, que representan el 12% del PIB y casi la mitad del presupuesto del Estado de cada año. Pero a las prestaciones que los economistas e investigadores denominan means-tested, aquéllas cuya percepción está sujeta a la comprobación de las rentas de los beneficiarios, España sólo dedica el 3,14% del PIB, 35.108 millones de euros, según los datos de Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE, relativos a 2016. A sufragar el subsidio de desempleo, las ayudas para los parados de larga duración las ayudas para los parados de larga duración –RAI, PAE, Plan Prepara, ahora reconvertidos en el SED– las pensiones no contributivas y las rentas mínimas autonómicas, el Estado destina únicamente el 13% del gasto en protección social. Pese a que este sistema de garantía mínima de ingresos resulta ser, según coinciden los expertos y las instituciones, el instrumento más eficaz para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Dinamarca dedica el 36,4% de su gasto en políticas sociales a este capítulo e Irlanda el 30,2%. Holanda, con tres veces menos población, emplea el 14,5% de su gasto a protección asistencial, punto y medio más que España.

El Banco Mundial lo subraya en un informe sobre la redistribución fiscal en la UE: las prestaciones condicionadas a la renta son las más “progresivas, pero su impacto redistributivo depende sobre todo del tamaño de los programas”, de su volumen de financiación. Aunque están diseñadas para beneficiar al 40% más pobre de la distribución de ingresos, los recursos que se destinan a estas prestaciones son, sin embargo, mucho menores que aquéllas no vinculadas a la renta de los beneficiarios. No sólo en España sino también en el resto de Europa.

“Es ahí donde está el gran agujero [de la protección social en España]”, advierte José Antonio Noguera, profesor de la Universidad Autònoma de Barcelona y especialista en política social, quien destaca el “déficit” en prestaciones para los más desfavorecidos. Para Jorge Calero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, el conjunto de las prestaciones condicionadas a la renta está “relativamente poco desarrollado” en España, que ha preferido las políticas de protección social contributivas, basadas en el trabajo, y creó su sistema asistencial “tarde y mal”.

Además de escaso, el volumen de las prestaciones condicionadas a la renta no ha hecho más que descender durante toda la crisis, precisamente cuanto más acuciante era la necesidad. De hecho, según Eurostat, el importe de estas ayudas cayó en España un 18,5% desde 2011, cuando alcanzaron su máximo, hasta 2016, en que llegaron al mínimo de la década. En el camino se perdieron casi 8.000 millones de euros.

Donde menos reducen la pobreza

Un estudio sobre necesidades sociales en España que el Observatorio Social de La Caixa publicó el pasado octubre no sólo señala la menor financiación de este conjunto de ayudas, sino que también critica la falta de mejoras durante la crisis y resalta que sus cuantías quedan muy por debajo del umbral de pobreza. “No es extraño”, concluye, “que España sea uno de los países con peores resultados en cuanto a la capacidad del conjunto de prestaciones para reducir la incidencia de la pobreza monetaria”.

Tras analizar las pensiones no contributivas, la renta activa de inserción (RAI) y las rentas mínimas autonómicas, los autores de la investigación las consideran “insuficientes” para cubrir el riesgo de pobreza, puesto que todas ellas quedan por debajo del 66% del umbral –situado en 710 euros al mes, el 60% del ingreso mediano–. Una brecha que, además, se agranda cuando aumenta el tamaño del hogar: con hijos, las rentas mínimas de las comunidades autónomas no cubren más que el 45% de ese umbral y la RAI ni siquiera el 30%.

Aunque hay diferencias considerables entre las rentas autonómicas, el promedio nacional sitúa a España en el puesto 19º de 24 países de la UE. En Dinamarca, recuerda el informe de La Caixa, estas prestaciones cubren casi por completo el riesgo de pobreza, mientras que en Irlanda y Reino Unido alcanzan el 75%. Sólo las rentas mínimas del País Vasco, que rozan el 70%, y Navarra, con un 65%, pueden presumir de estar al nivel europeo.

Según los datos que maneja la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, las rentas mínimas sólo las cobra en España el 8% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza: de los 9,1 millones en riesgo de privación únicamente 728.142 las perciben. Se trata de una media: en Castilla-La Mancha las rentas mínimas sólo llegan a un 2,1% de los potenciales beneficiarios; en Murcia, al 3,6%; en la Comunidad Valenciana, a un 4,3% y en Andalucía, a un 4,5%.

Es más, durante la crisis aumentó –sólo teóricamente– la capacidad de estas ayudas para combatir la pobreza, pero no porque se elevara su cuantía, sino gracias a la caída general de la rentas. El efecto reductor sobre la pobreza del conjunto de las prestaciones sociales ya es de por sí limitado en España, un 52,4%, pero si se descuenta el impacto que tienen las pensiones, el efecto encoge hasta el 24,4%. De tal forma que en el ránking europeo España se hunde en la posición 22ª de 27 países, resalta el estudio, no sólo muy inferior a la media comunitaria sino incluso por debajo de países con menor renta per cápita como Polonia, Grecia, Portugal, Chipre o Malta.

Sólo en EEUU hay menos clase media que en España

Otro informe sobre el sistema de garantía de ingresos en España, elaborado para el Ministerio de Sanidad por los profesores Luis Ayala, José María Arranz y Carlos García Serrano, destaca también el “limitado” efecto redistributivo de las prestaciones. Las pensiones contributivas concentran casi la mitad de la reducción de la pobreza. Las prestaciones por desempleo, un 9%. Pero las prestaciones por hijo a cargo –sólo 291 euros al año– tienen un efecto muy pequeño pese a beneficiar a un número muy elevado de personas, más de un millón, según los últimos datos de la Seguridad Social con fecha de diciembre de 2018. Las rentas mínimas autonómicas también reducen la pobreza de forma bastante tímida, un 3,5%.

La generosidad de las prestaciones sociales y un sistema tributario progresivo son las herramientas para redistribuir la riqueza en un país. La consecuencia suele ser el aumento de las clases medias y la reducción de las que perciben rentas más bajas, explica el Tercer Informe sobre la Desigualdad en España de la Fundación Alternativas. Es lo que ocurrió hasta el estallido de la crisis. Su larga duración y el “debilitamiento de algunas políticas redistributivas” invirtieron la tendencia de forma “drástica”, asegura el documento: uno de cada seis hogares dejó la clase media para caer en el segmento con los ingresos más bajos. Por el contrario, las rentas más altas han acumulado un mayor porcentaje de la renta total en la última década. Como resultado, sólo en Estados Unidos, entre los países desarrollados, la clase media representa un porcentaje menor de población que en España. Según el estudio, el modelo español está “más orientado a la tercera edad y al desempleo, aunque no al de larga duración, mientras los jóvenes sin experiencia laboral, los hogares con hijos pequeños, y especialmente los monoparentales, se encuentran más desarropados ante las crisis”.

Sus autores echan en falta en España políticas de acceso efectivo a la vivienda, políticas activas de empleo y contra la exclusión social, prestaciones familiares y para niños, así como ayudas de garantía de ingresos. Porque, aun sin crisis, el punto de partida de los mecanismos redistributivos ya era deficiente. Mientras en Alemania los impuestos y las prestaciones aumentan casi 20 puntos porcentuales el peso de la clase media-baja y en seis puntos el de la media-alta, en España sólo mejora el primero en 16 puntos y el segundo en seis. ¿Dónde consiguen el mayor peso las clases medias? En Suecia, Dinamarca y Francia.

Para José Antonio Noguera, uno de los problemas del sistema español de rentas mínimas es su diversidad territorial. “No hay un programa estatal como en otros países de Europa, sino 17 programas, uno por cada comunidad autónoma”, lamenta, “por lo que no sólo han sido presupuestariamente más débiles, excepto el del País Vasco, sino que además tienen requisitos legales muy distintos y difíciles de cumplir, así que dejan fuera a muchas personas que deberían recibir las prestaciones”.

Rentas mínimas que no cubren y renta básica universal

Las comunidades autónomas reparten en rentas mínimas 1.350 millones de euros, de los que el 36% corresponden al País Vasco –el programa “más generoso, eficaz y con mayor cobertura”, apunta Noguera– y sólo el 9% a Madrid, según el informe del Ministerio de Sanidad. El profesor de la Autònoma de Barcelona defiende como “asumible económicamente” un sistema universal de garantía de rentas, bien como una renta básica, bien como un impuesto negativo sobre la renta, pero con armonización estatal. Y con requisitos más laxos o concebido como un “derecho subjetivo” independiente del presupuesto.

España es uno de los países de la UE donde las ayudas condicionadas a la renta menos llegan al 40% más pobre, los que deberían ser sus destinatarios. Mientras en Grecia, Reino Unido alcanzan al 70% de los que tienen menos ingresos, y en Portugal e Italia hasta casi el 60%, en España apenas protegen al 32% de aquéllos a los que deberían beneficiar, según el informe sobre gasto social de la OCDE. De los 14.396 millones de euros de prestaciones a las familias, sólo 3.335 millones son de este tipo: 67,76 euros per cápita, según las estadísticas de Eurostat.

El profesor de la Universidad Autònoma de Barcelona niega que exista prueba concluyente alguna de que este tipo de ayudas “fomenten el parasitismo”. “Al contrario, dan más tranquilidad para buscar empleo, que es su objetivo”, replica. Noguera critica que en la mayor parte de los casos se pierda el derecho a seguir cobrando las prestaciones cuando se encuentra trabajo. Y alaba las del País Vasco, que pueden complementar salarios bajos. “Siempre son más eficaces los estímulos positivos”, resalta. Sin embargo, las reticencias ante este tipo de ayudas están extendidas. En 1989, cuando el Gobierno vasco aprobó lo que entonces se llamó Ingreso Mínimo Familiar, 30.000 pesetas al mes y 5.000 más por cada hijo, la ministra socialista de Asuntos Sociales Matilde Fernández lo rechazó: “Hay que dar la caña y no el pez. Lo que hace el Gobierno vasco es dar el pez”, recuerda José Antonio Noguera.

El informe de La Caixa advierte de que la reactivación económica no bastará por sí sola para reducir la pobreza. Por el contrario, considera que será necesario, además de mejorar las condiciones laborales de un segmento amplio de trabajadores, “aumentar la cobertura y la adecuación de las prestaciones dirigidas a grupos sociales actualmente poco protegidos”. Si antes de la crisis las personas que sufrían simultáneamente baja renta y privación material alcanzaba el 7,3%, en 2016 habían crecido hasta el 10,4%, superando así la media de la UE. Una de las causas es precisamente que la privación se cronifica: en 2018 casi el 14% de los españoles llevaba más de tres años en la pobreza.

No estarán ni Trump ni May ni Macron ni Xi ni Putin, pero aun así los más de 3.000 líderes políticos y empresarios de multinacionales que a partir de este martes se reúnen en Davos (Suiza) representan mejor que cualquier otra cita a las élites que gobiernan el mundo. La 49 edición del Foro Económico Mundial se celebra bajo el lema Globalización 4.0: configurando una arquitectura global en la era de la cuarta revolución industrial, justo cuando empiezan a asomar en la economía los nubarrones de la desaceleración, aún más oscurecidos, si cabe, por las tensiones geopolíticas, desde el Brexit hasta el auge de la ultraderecha y del proteccionismo.

En la presentación de la cita anual, el fundador del foro, Klaus Schwab, alertó ante los “riesgos” que amenazan el crecimiento económico y propuso como solución una “renovada arquitectura de la cooperación internacional” y un “nuevo pacto social entre ciudadanos y líderes”. Habló de “moralizar” una globalización que no es “sostenible” tal y como se presenta en la actualidad, instó a atender a sus “perdedores” e incluso a combatir la “desigualdad” provocada por sus “excesos”: “No es sorprendente que la gente pierda la esperanza porque, si no sabes cómo va a ser tu futuro, sobre todo en momentos de cambio rápido, te vuelves egocéntrico y te pones a la defensiva y eso se refleja no sólo en el nivel político y nacional”, subrayó.

Pero para los movimientos más críticos con la globalización, los llamamientos de Davos a la “responsabilidad social” de las multinacionales y los gobiernos no son más que “hipocresía”. “No creemos que haya perspectiva alguna de que cambie su paradigma de la globalización”, protesta Cuca Hernández, coordinadora de ATTAC España. “Esa globalización 4.0 de la que hablan en Davos, lo que llaman nueva industrialización, se basa en el nuevo petróleo, el comercio de datos, que se ha convertido en el negocio de la industria digital y cuyos beneficios quieren repartirse sin pisarse unos a otros”, resume.

ATTAC se muestra igualmente escéptica ante la preocupación por las consecuencias del cambio climático, el auge del proteccionismo económico y el éxito de los populismos que los organizadores de Davos quieren poner en primer plano de sus debates. “No creo que les inquiete el avance de la ultraderecha”, rebate Cuca Hernández, “lo primero que ha anunciado el nuevo Gobierno andaluz es la eliminación del impuesto de sucesiones y Pablo Casado este fin de semana ha prometido también rebajas y supresión de tributos”. A su juicio, a las grandes empresas les resultan incluso más “fáciles de manejar” estas políticas.

Por el contrario, es precisamente en la desigualdad donde Ofxam Intermón pone el foco, para reclamar como solución a los desequilibrios mundiales servicios públicos gratuitos y universales –sanidad y educación– y mayores impuestos a los ricos y las grandes compañías. Oxfam es uno de los integrantes, al igual que ATTAC, del Foro Social Mundial que nació en 2001 como alternativa a Davos y que no celebrará su próxima edición hasta 2020 en México DF.

En un informe que acaba de publicar coincidiendo con la apertura de Davos, Oxfam destaca quela desigualdad está “envenenando el clima político” y que la brecha entre ricos y pobres contribuye a “avivar el autoritarismo”. El siguiente paso ha sido “criminalizar a las personas migrantes, a otros grupos étnicos, a otros países, a las mujeres y a las personas en situación de pobreza”, en lugar de reducir la fractura entre ricos y pobres.

También el FMI

El documento de la ONG contrapone los planteamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial sobre las posibles soluciones al aumento de la desigualdad. Mientras el organismo presidido por Christine Lagarde asegura que el gasto público en salud, educación y protección social reduce la pobreza y tienen “un enorme poder igualador”, el que encabeza Jim Yong Kim defiende que el sector privado es mejor proveedor y, por tanto, debe reducirse la provisión de servicios públicos. También apoya el FMI que existe un “amplio margen para recaudar más impuestos de las grandes fortunas y las multinacionales”. Según los estudios citados por Oxfam en su informe, el 69% de la reducción de la desigualdad en los últimos 30 años se debe al gasto en educación y salud.

Lagarde ha sido la primera en comparecer en Davos este mismo lunes, antes de la inauguración oficial del foro, pidiendo “solidaridad” y economías “inclusivas”, que cumplan con “la gente” y ayuden a “los trabajadores desplazados por la automatización, las mujeres y los jóvenes”.

Para financiar esos servicios públicos, Oxfam propone implantar una tributación más justa. “Si los más ricos pagaran un 0,5% más de impuestos, se recaudaría más dinero del necesario para escolarizar a los 262 millones de niñas y niños que actualmente no tienen acceso a una educación y para proveer servicios de atención sanitaria que salvarían la vida a 3,3 millones de personas”, apunta el informe. La ONG recuerda que las grandes fortunas ocultan a las autoridades 7,6 billones de dólares, que desvían a paraísos fiscales. De acuerdo con los cálculos de la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), los países en desarrollo dejan de recaudar 100.000 millones de dólares mediante el impuesto sobre sociedades, que grava los beneficios de las empresas, por culpa de la elusión fiscal. Todo ello mientras el número de milmillonarios se ha duplicado en los 10 años posteriores a la crisis y la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial, 3.800 millones de personas, se ha recortado un 11%. Según destaca Oxfam, sólo el 1% de la fortuna de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, equivale al presupuesto sanitario de Etiopía, un país con 105 millones de habitantes.

Schwab, en cambio, no ha hablado de impuestos o de servicios públicos universales. Sino de las “tensiones geoeconómicas”, el deterioro de los acuerdos comerciales multilaterales, el fracaso de la lucha contra el cambio climático, los ciberataques, las noticias falsas y la necesidad de que las empresas sean más “resilientes” ante el desafío de la digitalización. “En todos los foros internacionales se habla del cambio climático, pero mientras no haya mecanismos vinculantes con sanciones para quienes incumplan los compromisos del Acuerdo de Kioto, las emisiones seguirán siendo las mismas y no se cambiará nada”, protesta de nuevo la responsable española de ATTAC. Cuca Hernández también enfoca el reto de la economía digital desde un punto de vista diferente: “Su objetivo es que los trabajadores se adapten a unas condiciones laborales cada vez más precarias”.

Menos inversión, menos comercio, menos crecimiento

Como preludio de lo que será preocupación central en Davos, el FMI anunció este lunes una rebaja de sus previsiones de crecimiento de la economía mundial para este año y el próximo: hasta un 3,5% y un 3,6%, respectivamente. Lagarde negó que al mundo le espere una recesión a la vuelta de la esquina, pero advirtió de que han crecido los riesgos de un mayor recorte del crecimiento. La mayor desaceleración en Alemania, el Brexit, las crisis en Turquía y Argentina, la contracción en China y la moderación en Estados Unidos no aventuran un buen año, adelanta el FMI.

También la UNCTAD recorta el crecimiento de la economía mundial para los dos próximos años, en su caso al 3% en ambos ejercicios. Según explica la organización de Naciones Unidas, sólo la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China ralentizó el crecimiento del comercio mundial en dos puntos entre 2017 y 2018. Además, la repatriación de capitales impulsada por Donald Trump ha causado un descenso del 19% en la inversión extranjera en todo el mundo, por lo que se encuentra en su nivel mínimo desde 2008. En Europa, las inversiones procedentes de otros continentes se hundieron nada menos que un 73% en 2018, por sólo un 4% en América Latina. 

Cuca Hernández atribuye el freno de la economía mundial al hecho de que la recuperación tras las crisis se ha basado en un “crecimiento en falso”. “La ralentización es inevitable porque no se han solucionado realmente los problemas, sólo se han puesto parches, dando más poder a los mercados financieros y limitando la capacidad de respuesta de los Estados ante una nueva crisis”, explica. La excesiva dependencia de una economía no productiva, la financiera, la desregulación de los mercados y las medidas de austeridad que han desembocado en una devaluación interna constituyen, a su juicio, la auténtica “amenaza”.

Estreno de Bolsonaro y regreso de España

Que a la cita de este año falten los principales líderes políticos mundiales tampoco la inquieta. “Ellos no son el poder real, lo es el económico, y ésos sí van a asistir”, apunta. Pedro Sánchez acudirá el miércoles a Davos, donde mantendrá una charla con el presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende. Un presidente español no iba a la cita suiza desde 2010, cuando lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero. También participarán Angela Merkel y se estrenará el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Entre los empresarios españoles estarán los presidentes de Acciona, Ferrovial, Iberdrola, Repsol o Villar Mir, así como los máximos responsables del Banco Santander, Ana Botín, y BBVA, Carlos Torres.

Este año no se prevén movilizaciones de protesta “masivas”, revela Cuca Hernández, “si acaso, algún acto simbólico”. Además de una campaña de recogida de firmas organizada por 150 organizaciones de toda Europa para que se elimine el sistema de solución de controversias entre inversores y estados (ISDS), unos tribunales privados que aparecen incluidos en la mayoría de los tratados de comercio y permiten a las multinacionales demandar a los gobiernos por cambios legales u otras medidas que les supongan perjuicios económicos.

Se da la circunstancia de que España es el país de la UE que más demandas acumula ante estos tribunales de arbitraje, un total de 41, que pueden traducirse en el pago de 7.500 millones de euros en dinero público si el Estado las pierde. “[Estos tribunales] Son una amenaza para las democracias”, concluye la coordinadora de ATTAC.

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, ha anunciado que dejará este cargo tras más de seis años en el puesto, según ha informado la entidad financiera en un comunicado recogido por Europa Press.

La consejera delegada del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, será la encargada de tomar el relevo de forma interina en la presidencia a partir del 1 de febrero a Kim, cuyo cargo terminaba en 2022.

Jim Yong Kim, que abandona el Banco Munidal para recalar en un fondo de inversión, donde se centrará en aumentar las inversiones en infraestructura en los países en desarrollo, ha reconocido que ha sido "un gran honor" ejercer este cargo en una institución "llena de personas apasionadas dedicadas a la misión de acabar con la pobreza extrema".

Bajo el liderazgo de Kim y con el respaldo de los 189 países miembros, el Banco Mundial estableció en 2012 dos objetivos, como son acabar con la pobreza extrema para 2030 e impulsar la prosperidad compartida, centrándose en el 40% de la población de los países en desarrollo.

Bosnia-Herzegovina ha celebrado elecciones generales este domingo enfrascada en la espesura de los nacionalismos, el descrédito político y el desafecto institucional. Las herramientas burocráticas de los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra en 1995, dispuestas para intentar acotar la fragmentación cultural y confesional del país, chocan con la rigidez étnica y religiosa que divide a serbobosnios, bosniocroatas y bosniacos (las tres etnias sobre las que está construido el sistema político local).

Los algo más de tres millones de bosnios inscritos en el censo electoral estaban llamados a designar a los representantes de la Presidencia tripartita —que rota cada ocho meses entre los representantes de cada una de las tres etnias—, los diputados del Parlamento estatal, los de las asambleas de las dos entidades territoriales que integran Bosnia-Herzegovina (la República Srpska, de mayoría serbia, y la Federación, compuesta por bosniocroatas y bosniacos o musulmanes), los del distrito federal de Brcko (al noreste del país y con estatus especial y gobierno propio), y los representantes de los 10 cantones que constituyen la Federación musulmano-croata. Cada una de dichas entidades, además, posee su propia Constitución.

Mujeres bosnias acuden a votar en las elecciones presidenciales y legislativas del domingo. EFE

Al cierre de las urnas, la Comisión Electoral Central (CIK, por sus siglas en serbocroata), informó de que la participación había superado el 53% (en torno a 1,7 millones de votantes) y, unas horas más tarde y de acuerdo con el escrutinio del 43,4% de los votos, entre los 15 candidatos que aspiraban a la presidencia de las tres divisiones la victoria ha sido para los nacionalismos serbio y musulmán en la República de Srpska y el lado musulmán de la Federación respectivamente, y para el candidato moderado de centroizquierda en la parte croata.

Milorad Dodik, que revalida el cargo con el 55,1% de los apoyos en la facción serbobosnia, ha declarado que su victoria “es tan pura como una lágrima”. En el lado bosniocroata las previsiones daban como vencedor al nacionalista Dragan Čović, pero el 49,4% de los votos han respaldado al moderado Željko Komšić, que atesora la esperanza del diálogo y los consensos para desenquistar la situación administrativa que lastra el funcionamiento institucional bosnio desde hace varios años. “No toleraremos la interferencia exterior en los asuntos internos de Bosnia”, aseveró Komšić tras conocerse los primeros resultados. Por su parte, en el lado musulmán, el 37,9% de los sufragios le otorgan el triunfo al nacionalista Šefik Džaferović, que defiende el centralismo de Bosnia y la retirada de competencias y autonomía al resto de identidades dentro del país.

Lejos de la entrada en la UE y la OTAN

Bosnia ha basado su Gobierno en la organización étnica desde Dayton y las tres divisiones —que además responden a distintas confesiones: cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes—, con algunos territorios en régimen especial y autonomía, están vinculadas entre ellas por un débil gobierno central. No obstante, esta configuración es similar a la que existía en la federación bosnia de Yugoslavia.

Desde 2016 las disputas entre los partidos bosniocroatas y bosniacos por la ley electoral han impedido que se renueve una de las dos cámaras que integran el Parlamento de la Federación bosnia. Sin esa cámara no se puede establecer el gobierno federal y sin éste es imposible investir un ejecutivo estatal para el conjunto de Bosnia; por lo que la crisis institucional es latente y solo está contenida por una resolución de urgencia del Tribunal Constitucional, que directamente eliminó los puntos problemáticos de la ley y, por tanto, la base legal para constituir el Parlamento federal.

Antes de estas elecciones —las octavas desde la guerra y las primeras desde la desregulación—, la directora del CIK, Irena Hadžiabdić, alertó de que el país estaba “entrando en un período electoral sin regulaciones claras y en contra de las normativas internacionales”. En la Unión Europea, donde Bosnia-Herzegovina pretende entrar, son conscientes de las disfuncionalidades administrativas del país y coincidieron con el CIK al asegurar que, a menos que se encuentre una solución al conflicto por las reglas de votación, las instituciones de la Federación podrían dejar de funcionar.

En 2006 hubo un intento fallido de reformar la constitución para desahogar la esclerosis administrativa del país, agilizar el sistema judicial y luchar contra una corrupción que, en algunos sectores públicos, es endémica. En 2013, la falta de avances en reformas de semejante calado llevó a Bruselas a suspender una ayuda de 47 millones de euros para los candidatos a la adhesión en la UE, por lo que su entrada quedó suspendida indefinidamente.

Una campaña de apelación al nacionalismo

A pesar de que desde Europa se insta al consenso entre etnias para avanzar hacia objetivos comunes, la campaña electoral, una vez más, ha estado basada en el nacionalismo y la movilización del voto apelando a la identidad cultural.

La guerra de Bosnia también ha sido tema recurrente durante la campaña para intentar exaltar y fidelizar el voto. El candidato del Partido Democrático Serbio (SDS), Vukota Govedarica, llegó a admitir en un mitin que quería parecerse a su fundador, Radovan Karadžić, que fue presidente de la República de Srpska durante la guerra y está condenado por el tribunal de La Haya a 40 años de cárcel por crímenes contra la humanidad.

Una valla electoral pide el voto para el candidato musulmán Šefik Džaferović. EFE

El mes pasado en Vlasenica (al noreste de la zona serbobosnia) apareció una valla electoral con las fotos del alcalde del municipio junto al excomandante del ejército serbio de Bosnia, Ratko Mladić, condenado por el mismo tribunal a cadena perpetua por delitos similares a los de Karadžić.

El paro y el éxodo oscurecen el futuro de Bosnia

Muchos en Bosnia ven la solución de Dayton como un parche que no ha hecho sino enfermar al país con una administración desproporcionada —la mitad del PIB bosnio se emplea en alimentarla—, llena de duplicidades y donde el nepotismo y la corrupción son una práctica normalizada. En uno de los países más pobres del continente, la crisis económica ha dejado unas cifras de desempleo desorbitadas —especialmente altas entre los jóvenes— y una creciente masa de ciudadanos que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Según datos del FMI y el Banco Mundial, el sueldo medio en Bosnia apenas supera los 400 euros, la tasa de desempleo supera el 30% —la juvenil el 50%— y el éxodo de bosnios que salen de su país para buscar trabajo —lo siguen haciendo mayoritariamente a Alemania, como en los años 80— es enorme. Aunque no hay datos oficiales, el FMI estima que entre 2006 y 2016 abandonaron Bosnia entre 200 y 400.000 personas (un decrecimiento poblacional del 7%).

La exánime economía bosnia depende, en gran medida de la exportación de metalurgia, un sector que el Estado va desmantelando poco a poco. Otro pilar fundamental de la riqueza del país depende de las divisas que envían los emigrados a sus familiares. Sin embargo, estas remesas se van reduciendo porque, la envejecida población, hace que cada vez haya menos familiares a quienes enviarles dinero.

El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, dimitió el pasado jueves, apenas 10 días después de que rectificara en su blog unas declaraciones a The Wall Street Journal en las que desvelaba una supuesta alteración por motivos políticos de los datos que sobre Chile publica la institución en su informe Doing Business.

Sus revelaciones –llegó a disculparse con el país austral “y con cualquier otro” por los posibles perjuicios ocasionados– provocaron un auténtico incendio, y no sólo en Chile. Tal es así que el Banco Mundial se ha comprometido a realizar una investigación independiente sobre cómo se elabora su ránking anual, no sin antes desautorizar a Romer. “No es lo que quería decir o creo haber dicho. No he visto ningún signo de manipulación de los datos publicados en el informe Doing Business o en cualquier otro informe del Banco Mundial”, se enmendó a sí mismo el ya ex economista jefe. Lo que sí quería decir, pero no dijo, es que la institución multilateral debería “explicar con mayor claridad” lo que significan las cifras, “por ejemplo, por qué cayó el ránking de Chile” de un año a otro.

Pero ni las explicaciones del Banco Mundial ni la rectificación de su economista jefe han calmado el escándalo en el país austral. El Gobierno de Michelle Bachelet ha pedido una investigación de lo que considera un “escándalo”: que Chile descendiera hasta 20 puntos en la clasificación del informe durante los años en que gobernaba la política socialista y subiera después cuando presidía el derechista Sebastián Piñera.

No es la primera vez que Doing Business y otros informes, tanto del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) como de la OCDE, han levantado polémica. “La economía es ideología con ecuaciones”, le gusta decir al también controvertido Yanis Varufakis. Y en el caso de las grandes instituciones multilaterales, las acusaciones sobre el sesgo de los estudios y políticas que apadrinan vienen de lejos. El premio Nobel Joseph Stiglitz, que fue economista jefe del Banco Mundial entre 1997 y 2000, habla una y otra vez en El malestar de la globalización sobre la “ideología del FMI”. El fondo, explicaba en 2002, cuando se publicó el libro, “enfoca los problemas desde la perspectiva y la ideología de la comunidad financiera y desde luego ambas se alinean estrecha, aunque no perfectamente, con sus intereses”. El motivo, según el Nobel, estriba en que muchos de sus empleados clave proceden del mundo de las finanzas y, tras haber “servido eficazmente a esos intereses”, dejan el FMI para integrarse en puestos “bien pagados” en entidades financieras.

Según Stiglitz, esa ideología es el fundamentalismo del mercado, la creencia en que cuanto menos intervenga el Estado, más eficiente y próspera será la economía. Una fe, añade, que en el FMI sostienen “con tanta firmeza que apenas precisan confirmación empírica” y que lleva a sus técnicos a rechazar por la vía rápida las pruebas que la contradicen. Por ejemplo, el fondo está “obsesionado con la inflación”, pero desdeña el desempleo, “y sus recomendaciones reflejan esas perspectivas particulares”.

Aunque no todo tiene una carga ideológica. El mismo Joseph Stiglitz airea los procedimientos rayanos en la chapuza con que el FMI elaboraba sus informes. Antes de visitar un país –recuérdense los hombres de negro que viajan a España–, sus expertos redactan un borrador de informe, un “texto estándar” (boilerplate), que repite, párrafo tras párrafo, otros informes anteriores. Sólo cambia el nombre del país. En algún caso, asegura, el procesador de texto falló y el documento se publicó con errata incluida. “La visita sólo pretende matizar el informe y sus recomendaciones, así como detectar errores de bulto”, admite.

Los negocios, mejor sin regulación

El caso es que Doing Business lleva tiempo siendo un informe bajo sospecha. El Banco Mundial lo elabora desde 2002 y le han llovido críticas constantes. Para empezar, porque sólo tiene en cuenta aspectos regulatorios para medir la facilidad con que se hacen negocios en los países. De forma que se puntúan al máximo los bajos impuestos y las regulaciones laborales o ambientales laxas, considerados como estímulos de la inversión extranjera. Por el contrario, se obvia la corrupción o la protección social.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió ya en 2007 al Banco Mundial que modificara el informe, debido a los “serios problemas conceptuales y metodológicos” que había detectado en los indicadores utilizados sobre el mercado laboral. Así, Doing Business cataloga como coste cualquier regulación laboral, prima la flexibilidad externa –los despidos– sobre la salarial, penaliza la negociación colectiva, favorece a los países sin indemnizaciones por despido y castiga a los que pagan prestaciones de desempleo. “El índice se basa en una visión miope del mercado laboral”, concluía la OIT.

En su última edición, España está situada en el puesto número 28 de 190 países donde es más fácil hacer negocios, por detrás de Letonia o Georgia. Esa clasificación es la media de un conjunto de índices. El que mide la facilidad para abrir un negocio sitúa a España en el número 86; la adelantan Albania, Burkina Fasso, Liberia o Madagascar. Y el que considera los permisos de construcción la deja en el número 123, tras Armenia, Belice, Bután, Comoras o la República Democrática del Congo.

Quien fue su economista jefe lamenta que ser considerado “un instrumento de los gobiernos occidentales y los sectores financieros y empresariales de los países” lastre la eficacia del Banco Mundial, nacido al igual que el FMI de los acuerdos de Bretton Woods tras la segunda guerra mundial.

Para Javier Santacruz, economista e investigador de la Universidad de Essex (Reino Unido), el problema de Doing Business y de otros informes como el PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), que elabora la OCDE, es que “intentan extraer resultados muy contundentes, muy claros, con muestras muy pequeñas”. Con el añadido de que con ellos se hace luego política económica, “y eso es muy peligroso”, advierte. Santacruz suma a la lista de informes con problemas de fiabilidad el que firma la ONG Oxfam Intermón sobre desigualdad y el del banco Credit Suisse sobre riqueza en el mundo. El primero, porque considera “rico” a todo el que posee más de 100.000 euros en activos, “no en renta neta”. “Con sólo tener un piso por ese valor, un español ya es rico”, rebate. Y el segundo, porque no resta la inflación de la evolución de la bolsa. “Desde 2009”, apunta, “la bolsa de EEUU ha crecido un 400%”.

Errores cargados de ideología

Además, Javier Santacruz coincide con Stiglitz en que la economía ha sido reemplazada por la ideología en muchos de los informes de las grandes instituciones internacionales. Lo corrobora Alejandro Inurrieta, que trabajó en el gabinete del secretario de Estado de Economía David Vegara y no duda de que estos documentos “son informes de parte, manipulados políticamente por los gobiernos”. A juicio de Juan Laborda, profesor de Economía de la Universidad Carlos III, hasta los errores cometidos, y reconocidos, por estos organismos multilaterales tienen su “trasfondo ideológico”. Se refiere Laborda a las tres ocasiones, al menos, en que el FMI ha tenido que corregir sus propias directrices durante la última crisis económica mundial. Primero con la austeridad. Después con Grecia. El último año, con los salarios y los impuestos.

Fue en enero de 2013 cuando el entonces economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, admitió que sus expertos se habían equivocado en los cálculos y utilizado un multiplicador fiscal de 0,5 en lugar de 1,5. Es decir, por cada dólar recortado en un presupuesto público, la economía nacional perdía dólar y medio, en lugar de sólo medio dólar. Habían infravalorado el perjuicio de las medidas de austeridad en los países a los que recomendaban aplicarlas. Y habían instado a España, Portugal y Grecia, por ejemplo, a adoptar políticas demasiado severas que habían provocado un mayor deterioro de sus economías. “Los pronósticos subestimaron significativamente el aumento del desempleo y la caída de la demanda interior con la consolidación fiscal”, confesó Blanchard en su propio informe.

Cinco meses después, el FMI volvió a entonar el mea culpa por sus “notables fallos”, esta vez en el rescate a Grecia. Sus técnicos pronosticaron que la economía griega se contraería un 5,5%, pero lo hizo un 17% sólo hasta 2012; previeron que el paro aumentaría un 15%, en cambio se disparó hasta el 25% en tres años. También la deuda pública creció muy por encima de lo que predijo el FMI. Tres años más tarde, el auditor interno del fondo, la Oficina de Evaluación Independiente, fue incluso más allá y admitió que las presiones políticas de los países de la UE le habían llevado a salvar a los bancos sacrificando a la economía griega. “No hubo un intento riguroso de articular un plan convincente para restaurar la sostenibilidad de la deuda en Grecia más allá de un programa de financiación oficial, del ajuste fiscal y las reformas estructurales”, reprocha el auditor, quien critica que se usaran “análisis superficiales y mecánicos”. Advierte incluso de que, en algunos casos, ni siquiera le fue posible saber quién en el FMI “tomó las decisiones” ni pudo “encontrar documentación de asuntos sensibles”. Años antes de que estallara la crisis y Grecia fuera rescatada, Joseph Stiglitz ya apuntaba en su libro que el FMI trabajaba con denuedo para asegurarse de que “los prestamistas del G-7 [los siete países más ricos del mundo] recuperaran su dinero”, más que para ayudar a la supervivencia de las economías nacionales.

Más adelante, lo que ha hecho el FMI ha sido rectificar antiguas recomendaciones. En 2013 pidió a España una bajada de sueldos del 10% durante dos años, junto con un recorte en las cotizaciones a la Seguridad Social y una subida del IVA. Era su fórmula para crear empleo en un país entonces sumido en lo peor de la recesión. Según calculaba, el PIB subiría cinco puntos y el empleo, otros siete hasta 2018. También reclamaba al Gobierno un endurecimiento de la reforma laboral: despidos más baratos, el contrato único, menos discrecionalidad para los jueces en materia laboral, desregular la negociación colectiva… Dos años después, en un informe sobre los efectos de la devaluación salarial en España, Irlanda, Portugal, Italia y Grecia, el FMI constató que la bajada de sueldos en esos cinco países había sido perjudicial porque contrajo las economías de toda la zona.

Finalmente, en 2017 el FMI ha sorprendido a muchos recomendando subidas de impuestos a los más ricos y alabando los beneficios de la renta básica universal contra la desigualdad y la pobreza.

Modelos anticuados y pretensión de infalibilidad

Javier Santacruz cree que la culpa de estas equivocaciones hay que atribuirla a los supuestos para los modelos de predicción que utiliza el organismo. “Son los mismos que hace 30 años y la economía no funciona ahora igual”, explica, “por lo que se crean sesgos que, además, son siempre procíclicos [empujan en la misma dirección que el estado de la economía]”. Tanto el FMI como el Banco Mundial, recuerda, se han regido desde los años 90 de acuerdo con el decálogo del llamado Consenso de Washington: liberalización comercial y financiera, mínima intervención del Estado y estabilización macroeconómica. Y no parece que las directrices vayan a cambiar, lamenta el economista.

Pero aparte de la ideología, Joseph Stiglitz subraya un factor adicional que impide a los organismos multilaterales reconocer y enmendar sus frecuentes errores de cálculo: la “infalibilidad institucional”. “El FMI no se ha preguntado nunca por qué sus modelos subestimaron sistemáticamente la gravedad de las recesiones, o por qué sus políticas son siempre excesivamente contractivas”, resume.

Otro premio Nobel, Paul Krugman, arremetió en su día contra dos colegas, los economistas de Harvard Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, después de que se descubriera que el umbral que habían calculado para la deuda pública era producto de un error. En 2010, la idea de que, cuando la deuda de un país superaba el 90% de su PIB, el crecimiento económico se derrumbaba fue acogida con entusiasmo por los expertos, gobiernos e instituciones que defendían los recortes del gasto público. Rogoff y Reinhart admitieron un error en las tablas de Excel que utilizaron. Krugman dice que, además, “omitieron datos” y “emplearon unos procedimientos estadísticos poco habituales y muy cuestionables”. Pero lo que el premio Nobel reprocha con más dureza es que los cálculos de la pareja de Harvard se presentaron como un “hecho incuestionable” gracias al “intenso deseo de los legisladores, políticos y expertos de todo el mundo occidental de usar la crisis económica como excusa para reducir drásticamente los programas sociales”.

El FMI, el Banco Mundial y la OCDE, adalides internacionales de los sistemas privados de pensiones como herramienta básica de las políticas de control del gasto público que ellos mismos promueven, tienen su contrapunto en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), defensora de la protección social como derecho de todos los individuos. En su Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019, evalúa los resultados de la privatización de los sistemas públicos de pensiones llevada a cabo durante los últimos 30 años en 24 países. La mayoría de América Latina y del este de Europa. Y su conclusión es que los modelos privatizados no sólo no estuvieron a la altura de las altas expectativas que despertaron, sino que, por el contrario, aumentaron la desprotección de los jubilados tanto como recortaron sus pensiones.

La OIT cifra en 169 las reformas ejecutadas en los sistemas públicos de pensiones de todo el mundo sólo desde 2010 hasta 2016. De ellas, 103 retrasan el inicio del cobro de la prestación, otras 37 reducen su cuantía y 29 más aumentan las cotizaciones o privatizan el sistema. Todas tienen el mismo objetivo: disminuir el gasto en pensiones, acuciados los gobiernos por la necesidad de ajustes fiscales. La organización internacional denuncia que esas medidas ponen en riesgo el mantenimiento de la protección social y el contrato social mismo. Según explica, fruto de esos recortes, muchos trabajadores que antes tenían derecho a una pensión contributiva cuando se jubilaban, con los modelos privatizados sólo acceden a pensiones mínimas garantizadas o a sistemas de asistencia social. Y como la economía informal se extiende, los trabajadores poco cualificados tienen cada vez más dificultades para cobrar una pensión contributiva.

La OIT apoya la introducción de reformas paramétricas en los sistemas públicos de pensiones –ampliar la edad de jubilación, aumentar el periodo para calcular la cuantía de la prestación, por ejemplo– para garantizar su sostenibilidad. Pero advierte contra las reformas que privatizan las pensiones públicas, muchas de ellas impulsadas por el Banco Mundial y el FMI desde los años 90. Chile, Argentina, Bolivia, México, entre los latinoamericanos, y Polonia, Hungría, Letonia, Estonia y Lituania, Eslovaquia o Rumanía, entre los europeos, fueron algunos de los países que cambiaron sus sistemas públicos de “prestación definida” –como el español– por otros de “contribución definida”, o de cuentas individuales, que gestionan firmas privadas y cuyos fondos después se invierten en los mercados de capitales. La OIT no habla de ellos, pero también Suecia e Italia adoptaron sistemas de cuentas nocionales –virtuales, son apuntes contables– a mediados de esa década. Y en España es el sistema que defienden como preferible la patronal de los seguros Unespa, la de los fondos de inversión Inverco, el Círculo de Economía, el servicio de estudios del BBVA o la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), entre otros.

Según detalla la OIT, los nuevos sistemas privados recortaron la cobertura –el número de jubilados protegidos por una pensión– una media de 11 puntos porcentuales en nueve de los países que los implantaron. En Argentina cayó un 10% entre 1992 y 2004; en Bolivia, la cobertura siguió siendo tan mínima como antes de la privatización: protegía sólo al 12% de los jubilados.

Por el contrario, los costes de gestión del sistema se dispararon, impulsados por las elevadas comisiones que cobran las entidades financieras por administrar los fondos. A su vez, los mayores costes redujeron la cuantía de las prestaciones percibidas por los jubilados. En 2003, los costes de gestión en 11 países latinoamericanos con sistemas privados de pensiones representaban de media el 26% de las cotizaciones de los trabajadores. En Polonia, como los costes no se regularon hasta 2004, las comisiones cobradas por las entidades financieras alcanzaron hasta el 10% de las cantidades aportadas.

El mismo problema tienen las cuentas suecas. Los mismos responsables de la Agencia Sueca de Seguridad Social reconocen que necesitaron una fuerte inversión para crearla como entidad independiente y que sus costes de explotación son “enormes”.

El impacto de la crisis financiera

Además, al invertirse las cotizaciones en los mercados de capitales, el riesgo financiero se traslada por completo a los pensionistas. Por eso, la crisis financiera de 2008 provocó un desplome de los fondos de pensiones europeos de entre el 10% y el 20% en sólo un año. En EEUU alcanzó el 25% y en Islandia e Irlanda, el 35%. El informe de la OIT destaca el “deterioro” de la tasa de reemplazo –la ratio entre el salario que se cobra en activo y la pensión percibida al jubilarse– que sufrieron las pensiones de los países de América Latina y el este de Europa tras su privatización. En Chile, en sólo una década, la mitad de los contribuyentes al sistema privado pasó a percibir la pensión mínima. Si se trataba de mujeres, la prestación era aún menor. En Argentina la tasa de reemplazo cayó un 33% en 2004. En el este de Europa, la rentabilidad de las nuevas pensiones era inferior y más volátil que la proporcionada por las antiguas. Su cuantía no llegaba ni a la pensión mínima. “La privatización de las pensiones erosionó el concepto fundamental de un contrato social basado en la solidaridad, la redistribución y la suficiencia”, concluye la OIT.

Pero es que los sistemas privados ni siquiera ayudaron a conseguir el objetivo para el que fueron creados: no mejoraron los déficit públicos de los países ni aliviaron sus problemas financieros. Al contrario, los altos costes de transición que supusieron “exacerbaron las presiones fiscales preexistentes”, asegura el informe. Los costes de poner en marcha los nuevos modelos “fueron enormemente infravalorados en todos los países, en unos casos porque no se hizo ningún análisis sólido y en otros porque los cálculos se basaban en premisas optimistas totalmente infundadas”. En Polonia, los costes de transición acumulados entre 1999 y 2012 equivalían al 14,4% del PIB. En Bolivia, multiplicaron por 2,5 veces los costes proyectados. En Argentina, del 3,3% del PIB en que se calculaba el déficit público en 2000, el 1,5% procedía de las cotizaciones que se habían desviado del sistema público al privado.

Seis renacionalizaciones

Este cúmulo de ineficiencias llevaron a seis países a renacionalizar sus sistemas de pensiones: Argentina en 2008, Bolivia en 2011, la República Checa en 2014, Hungría en 2011, Polonia en 2014 y Kazajistán en 2013. Además, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia redujeron de forma drástica el tamaño de su sistema de cuentas individuales, recortando las cotizaciones al sistema y redirigiéndolas al sistema público. En Chile, el precursor de la privatización que sirvió de modelo al Banco Mundial, se ha introducido un componente solidario financiado con impuestos para paliar los riesgos sociales.

El debate en los países desarrollados se centra en la sostenibilidad financierasostenibilidad financiera de los sistemas públicos de pensiones, amenazados por el envejecimiento demográfico y los cambios en el mercado laboral. Es lo que ocurre en España. La OIT advierte de que el dominio de las políticas de consolidación fiscal en estas discusiones “amenaza el pacto social y los principios sobre los que se fundaron los sistemas de seguridad social”. A lo largo de este año, un buen número de expertos, también representantes de entidades financieras y aseguradoras, explicaron en la Comisión del Pacto de Toledo sus soluciones al déficit de la Seguridad Social. Algunos de ellos se mostraron a favor de introducir las cuentas nocionales, un sistema que entienden más justo y transparente, pues permite al trabajador saber qué prestación va a percibir y, por tanto, decidir si quiere o no alargar su vida laboral. En cualquier caso, como sus mismos defensores admiten, la introducción ahora de este sistema en España supondría un recorte de entre el 15% y el 25% de las pensiones actuales. En 2027 la reducción sería aún mayor. Según desvela un estudio elaborado por el Instituto Santalucía de seguros, haría falta una transición de 20 años para que ningún pensionista resultara perjudicado.

El malestar en la globalización (Debolsillo, 2015) es el libro que el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz en el Senado, Ramón Espinar, recomienda este verano al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al ministro de Economía, Luis de Guindos, para que hagan "autocrítica" y no repitan en España errores que dañaron la democracia y empobrecieron a otros países en el pasado.

En esta obra, el economista y profesor estadounidense, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, antiguo asesor del presidente Clinton y economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial, analiza el efecto devastador que la globalización puede tener en los países más pobres del mundo si se lleva a cabo una mala gestión de la misma. Y, en concreto, según relata Espinar, realiza un "análisis sistemático sobre lo que establece como la vía al subdesarrollo impuesta sobre algunos países del sur en los años ochenta y noventa por las instituciones económicas y financieras globales".

El dirigente de Podemos lo considera una lectura "interesante" por tratarse de un "ejercicio de autocrítica" de alguien que participó en las decisiones del Banco Mundial. Así, el portavoz desglosa las tres principales claves que el autor propone en su estudio de las vías al empobrecimiento y la dependencia económica: "La hiperespecialización productiva, que generaba un modelo de economías poco diversificadas y altamente dependientes de la importación de bienes; los planes de ajuste estructural, que reducían drásticamente la capacidad del sector público de orientar la política económica en los países; y los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, presentados como única solución posible a la dependencia económica una vez cumplidos los dos primeros pasos".

Pero más allá de la teoría, Espinar cree que el modelo planteado por Stiglitz podría aplicarse, en gran medida, a la senda económica emprendida por España en los últimos años. En concreto, Espinar se refiere a "la hiperespecialización productiva en el sector inmobiliario y el turismo, acometida desde la reconversión industrial y el desmantelamiento progresivo de nuestro sector agrario; el plan de ajuste estructural implementado en estos años desde la crisis de 2008; y las propuestas de tratados de libre comercio tales como el CETA o el TTIP, que hemos conocido en los últimos años".

Por ello, sugiere a Montoro y de Guindos leer al estadounidense y, así, "no repetir en la política española los errores que han llevado a otros países al deterioro de derechos democráticos y el empobrecimiento en el pasado". Pero advierte de que "si no lo leen, tampoco pasa nada": "Tenemos previsto ganar las próximas elecciones generales y construir en España una mayoría de progreso para un país con futuro", concluye Ramón Espinar. 

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El malestar en la globalización. Joseph E. Stiglitz. Traducción de Carlos Rodríguez Braun. Debolsillo, Barcelona, 2015. 447 páginas. 9,95 euros. 

El Tribunal Federal del distrito Sur de Nueva York ha confirmado el laudo arbitral por el que España tendría que pagar 128 millones de euros a Eiser Infraestructure y su filial Energía Solar Luxemburgo. El fallo, emitido el 27 de junio, dictamina que España deberá pagar además un interés del 2,07% desde el 20 junio de 2014 hasta el 4 de mayo de 2017, y un interés del 2,5% mensual.

La sentencia confirma la ya dictada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (Ciadi), del Banco Mundial, que recurrió el Gobierno, por el recorte de las subvenciones prometidas a estas empresas por sus plantas fotovoltaicas en nuestro país.

La defensa del Estado español ha recurrido la anulación de esta nueva sentencia "por eludir requisitos jurisdiccionales y procesales de la ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera". 

España tiene pendientes otras 26 denuncias por los recortes en las primas a las renovables que, de seguir un desarrollo similar, podrían costar cientos de millones en compensaciones al erario público. 

El Ministerio de Energía, por su parte, declaró cuando se dio a conocer el laudo del Ciadi que este "no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante" para otros casos. "El laudo, por tanto, no cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014 que permitió acabar con el déficit de tarifa", añadió el ministerio.