Desde este martes, cualquier casa o piso destinado a alquiler turístico, de temporada o por habitaciones, que se anuncie en un portal inmobiliario tendrá que estar registrado en la Ventanilla Única Digital que ha habilitado el Gobierno. Al hacerlo, el Ministerio de Vivienda les asignará un número de registro y una licencia “para acabar con el fraude en este tipo de alojamientos”, señalan fuentes del Ministerio de Vivienda. Hasta el día de hoy, se han registrado 215.438 solicitudes, de las cuales 94.209 han sido aprobadas y 102.732 siguen pendientes de revisión por parte del Colegio de Registradores, órgano encargado de realizar el trámite. 15.271 han sido directamente denegadas. La vivienda turística acapara gran parte de las solicitudes (169.908), lo que supone un 78% del total y su regulación o prohibición sigue siendo uno de los núcleos del debate en torno a la vivienda

La llegada del verano ha precipitado el ritmo de las solicitudes —pese a que estas se podían hacer desde enero— y se ha producido un pico considerable a partir de mayo, con más de 130.000 peticiones solo en el último mes. Los pisos y casas que no aparezcan en este registro y que se anuncien en portales online por periodos inferiores a un año estarán incumpliendo la ley y serán retirados.

Esta nueva medida afectará a las plataformas donde se publiciten este tipo de alojamientos como Airbnb, Booking u otras inmobiliarias que se anuncien en internet, que deberán incluir en el detalle de los anuncios este número de registro para certificar su legalidad. Quedan exentos, eso sí, los alojamientos rurales que den servicios adicionales a la estancia, como desayuno, por considerarse más próximos en su función a los servicios hoteleros.

Por regiones, las zonas turísticas se llevan la palma y dos de cada tres solicitudes están en zonas costeras. “Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana concentran el 82,22% de las solicitudes definitivas de alquiler turístico”, señala Vivienda.

En Andalucía, la mayoría de estas licencias se concentran en Málaga, que acumula 27.936 solicitudes de alquiler turístico, sobre un total de 49.397 que se han registrado en toda la comunidad autónoma. En las Islas Canarias, Gran Canaria ha recogido 16.719 solicitudes y Tenerife 13.341. Hasta un total de 30.060 en las islas.

La costa mediterránea es otro de los puntos calientes. En Cataluña las peticiones se concentran en las provincias con playa: Barcelona tiene 9.521, Tarragona 6.659 y Girona 9.521. Son 27.818 las solicitudes de alquiler turístico totales. En la Comunidad Valenciana, de un total de 21.929, Alicante tiene 14.515, Castellón 2.909 y València 4.506.

Los sindicatos de vivienda y los expertos coinciden en que la dispersión de datos en esta materia dificulta hacer un mapa completo del problema y esa es unas de las deficiencias que pretende cubrir la medida. Hasta el momento, era el Instituto Nacional de Estadística el que publicaba una estadística experimental en la que calculaba los datos de viviendas turísticas, realizando un rastreo en las plataformas más utilizadas y eliminando repeticiones. Según estos datos de INE, en España habría 368.295 viviendas de uso vacacional al cierre de 2024, equivalentes a 1,8 millones de plazas.

La Ventanilla Única Digital arranca justo cuando el ministerio que dirige Isabel Rodríguez intenta poner en marcha un plan estatal con las comunidades autónomas para aumentar el presupuesto en esta materia. Por el momento la gran mayoría de las comunidades del Partido Popular se niegan a suscribir un acuerdo de mínimos que incluye tres puntos: blindar la protección de las viviendas, garantizar la transparencia en los datos y triplicar la inversión con una aportación autonómica del 40% y una estatal del 60%. En cambio, sí se han apuntado País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia. Estas dos últimas, gobernadas por los populares.

La vivienda de uso temporal y la de uso turístico no son lo mismo, pero tienen en común que ninguna de ellas da estabilidad a los inquilinos ni cubre la necesidad de residencia permanente y, por tanto, contribuyen al incremento de los precios. De una parte, los contratos cortos favorecen la rotación y permiten actualizar los precios cada vez que estos vencen sin respetar un tope específico, una denuncia que llevan tiempo haciendo los sindicatos; de otra, la vivienda turística y su elevada rentabilidad sacan inmuebles del mercado residencial y atraen inversores, con el consiguiente efecto inflacionario en los precios.

Se entiende por uso temporal aquellas “destinadas a soluciones habitacionales específicas como estudiantes, trabajos temporales, o estancias durante tratamientos médicos”, señala el ministerio. Estas se regirían por la Ley de Arrendamientos Urbanos y no requerirán que los propietarios soliciten nada más para obtener el número de registro. Por otro lado, las viviendas de uso turístico sí que necesitan un permiso de la comunidad o del ayuntamiento para operar y, por tanto, los dueños de este tipo de alojamientos deberán contar con ellos antes de incorporarse a la Ventanilla Única.

La medida se propuso el pasado mes de diciembre por medio de un Real Decreto que respondía, además, a un requerimiento de la Unión Europea de mejorar el registro de datos y la transparencia en el ámbito de la vivienda. Fue en enero cuando se estableció el plazo que vence este martes, y que se fijó para que los propietarios llevasen a cabo las gestiones necesarias. Esta ventanilla centralizará los trámites relacionados con el registro, la consulta de datos y requerirá que los portales inmobiliarios crucen información con ella.

Los pisos de alquiler vacacional están en el punto de mira del Gobierno. Este mismo lunes el Ministerio de Consumo instaba al Ayuntamiento de Madrid a inspeccionar y cerrar 3.556 alojamientos, ofreciendo al consistorio la dirección de cada uno. “Ante el persistente problema que afronta la ciudad de Madrid, con más de 15.000 viviendas de uso turístico ilegales operando, desde el Ministerio les remitimos nueva información que consideramos que les puede ser de máxima utilidad si pretenden hacer frente a esta situación”, señalaba la misiva enviada desde el Gobierno a las autoridades de la capital.

Las plataformas tampoco se libran del examen del Gobierno. La pasada semana, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy anunció que la web Booking habría eliminado 4.093 anuncios, la mayoría de viviendas ubicadas en Canarias, tras el envío de un primer requerimiento pidiendo la retirada de ofertas ilegales. Otra de las grandes, AirBnb, también mantiene una disputa con el Ejecutivo después de que este le exigiese borrar 65.935 anuncios en España. La compañía acudió a la justicia, aunque el Tribunal Superior de Madrid rechazó las medidas cautelares que solicitaba la compañía avalando el bloqueo de los anuncios que no cumpliesen con la legalidad.

Con la puesta en marcha efectiva de esta Ventanilla Única, el Ministerio de Vivienda advierte que los controles se harán más exhaustivos y que comenzará “a dictar resoluciones para requerir a las plataformas que den de baja aquellos anuncios que no tengan número de registro, sea este incorrecto o dado de baja por el Colegio de Registradores”, concluyen.

Desde que Aznar pusiera en marcha aquella reforma de la Ley Hipotecaria en 1998, y hasta el año 2015, la Iglesia inmatriculó 34.984 bienes como propios. De ellos “18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos”, según señala el Colegio de Registradores en una comunicación con el Ministerio de Justicia en el año 2018 a la que el medio Maldita.es ha tenido acceso.  Los registradores también indican que la Iglesia inmatriculó 30.245 bienes unicamente en base a la certificación eclesiástica y 4.075 además por otro título. 

El Gobierno de España lleva con el informe de bienes inmatriculados en su poder desde 2018, según reflejan estas comunicaciones, hace ya más de un año. Sin embargo, aún no ha hecho público el listado, a pesar de que el Congreso lo reclamó en el año 2017, cuando aún gobernaba el ex presidente Mariano Rajoy, al ser aprobada una proposición no de ley presentada por el PSOE cuando se encontraba en la oposición. Las razones que se alegan desde el Goibierno, según afirmaba El País, son que "aún no se ha enviado al Congreso porque se están corrigiendo posibles errores y ultimando un informe jurídico sobre las 'posibles actuaciones' que se puedan llevar a cabo". 

Este lunes Maldita.es también informaba de que el Consejo de Trasnparencia y Buen Gobierno (CTBG) había resuelto que el Gobierno debe de hacer público el listado, tras una reclamación realizada por este mismo medio. 

La Ley de Sociedades de Capital obliga a las empresas a depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil antes de que haya transcurrido un mes desde su aprobación. Si no lo hacen, se arriesgan al cierre registral: el Registro Mercantil les prohíbe inscribir ningún documento, excepto el cese de los administradores, la revocación de poderes y la disolución de la propia sociedad. Pero, además, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, debe abrir un expediente a la empresa infractora e imponerle multas de 1.200 a 60.000 euros e incluso de hasta 300.000 euros si la sociedad factura más de seis millones de euros anuales.

Sin embargo, las sanciones que el ICAC impone cada año son poco menos que anecdóticas. Según el Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España había en 2018 un total de 1.260.493 sociedades activas, entre anónimas, limitadas, colectivas y comanditarias, que son las que tienen obligación de inscribirse en el Registro Mercantil. Ese ejercicio depositaron cuentas un total de 1.154.084 sociedades. Es decir, incumplieron la obligación de presentar la documentación preceptiva 106.409 empresas. Estas cifras proceden de las estadísticas de los registros mercantiles, que no facilitan aún para 2018 el desglose de cuántas sociedades presentaron las cuentas que debían ese año (correspondientes a 2017) y cuántas lo hicieron respecto a ejercicios anteriores. La última cifra desglosada corresponde a 2017 y fueron 944.575 sociedades las que presentaron los datos cuando debían, y otras 192.522 depositaron cuentas de ejercicios anteriores.

En comparación, los expedientes resueltos por el ICAC son mínimos. En 2016 sólo fueron sancionadas 179 empresas, según los datos que publica en su memoria de actividades. En 2017 el número fue aún menor, 159, la cifra más baja desde 2012. El ICAC no facilita ni el importe global de las sanciones ni el individual, y tampoco identifica a las empresas multadas.

Es decir, no resulta penalizado ni un 0,15% de las sociedades infractoras. Tan residuales son las sanciones que el Colegio de Economistas advierte de la “relajación” que cunde en las empresas sobre sus obligaciones de depósito de cuentas. “Muchas han llegado a pensar que las sanciones no existen o que es tan poco probable que te multen que no presentar las cuentas no tiene consecuencias o que tiene carácter voluntario”, explica Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables del Colegio de Economistas.

Cada comienzo de año el Registro Mercantil suministra al ICAC el listado de las empresas que no presentaron sus cuentas el ejercicio anterior. De ahí, el instituto selecciona una muestra aleatoria sobre la que después abre sus expedientes y decide sanciones. Ni el Registro Mercantil, ni el Ministerio de Justicia del que depende, ni el ICAC proporcionan el número de sociedades que cada año incumple su obligación de depósito. Un portavoz de Economía precisa que la muestra se selecciona primero cribando qué empresas se encuentran inactivas, después se miden según su tamaño y, finalmente, procuran repartir los expedientes entre todas las provincias “para que no haya sensación de impunidad”. El trabajo está al cargo únicamente de tres funcionarios, según consta en la memoria del organismo. Economía habla también de “racionalización de recursos” cuando se le menciona el escaso personal dedicado a la tarea.

Francisco Gracia se queja precisamente del pequeño tamaño de la muestra y de que ésta no tiene “criterios objetivos”. También de que sólo tres funcionarios se encarguen de este trabajo. Por el contrario, critica el elevado importe de las sanciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital: “Es desproporcionado llegar a los 300.000 euros”.

Se dispara el número de sociedades inactivas

Además de que afectan a un número “casi irrelevante” de empresas, se da el caso de que cada vez hay más sociedades inactivas, resalta Gracia, que ni se liquidan ni se extinguen para ahorrarse los costes que tienen esos trámites, “parecidos a los de constituirlas”. Lo que no significa que estén eximidas de presentar las cuentas. También es común que no se depositen “por intereses comerciales”, asegura el presidente de Economistas Contables.

El Registro Mercantil tampoco hace público el dato de cuántos cierres registrales ordena cada año a las empresas que no depositan cuentas. Ni la Agencia Tributaria informa de a cuántas revoca el NIF. Según sus estadísticas, en España había en 2016 un total de 361.961 empresas inactivas entre las que hacen la declaración del impuesto de sociedades. En el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019, el organismo destaca que las sociedades inactivas o con escasa o nula actividad son “una parte muy significativa del colectivo societario”. “A menudo han sido simplemente abandonadas por sus administradores y socios sin realizar los actos jurídicos que el ordenamiento prevé para los casos de terminación, extinción y disolución de la persona jurídica”, señala la Agencia Tributaria, que tacha de “muy perjudiciales” para la gestión adecuada de los recursos “este tipo de actitudes”.

Por ese motivo, ampliará este año la depuración de los censos de empresas, revocando el NIF a las inactivas. Así, la Agencia Tributaria ha incluido en sus planes de gestión y de visitas de los inspectores un módulo de control y verificación censal de los datos declarados sobre la actividad de las sociedades. El plan utiliza términos muy duros para referirse a estas empresas y sus gestores. De hecho, subraya que con esta medida quiere impedir “la proliferación estéril de empresarios mercantiles societariamente aparentes que banalizan con su comportamiento la personalidad jurídica de la que el ordenamiento jurídico les dota”.

En efecto, el número de sociedades inactivas no hace más que crecer. Desde 2007, cuando la Agencia Tributaria contabilizaba 152.320, hasta 2016, la cifra se ha disparado un 137%. Antes de la crisis representaban el 7,32% de las empresas que debían pagar el impuesto de sociedades. En 2016 equivalían al 14,62%. Han aumentado mucho más de lo que lo ha hecho el censo total de empresas, un 18,9% desde 2007. Entonces el fisco tenía registradas 2,08 millones de sociedades; nueve años después son 2,47 millones. No todas ellas, en cualquier caso, están obligadas a inscribirse en el Registro Mercantil, como las cooperativas, las sociedades agrarias de transformación o las sociedades civiles.

Y ésa es otra anomalía. ¿Cuántas empresas están inscritas en los registros mercantiles? El Registro no facilita el número de sociedades que tiene inscritas, ni en sus memorias estadísticas anuales ni a petición de infoLibre. Sólo publica la cifra de las que se constituyen o se extinguen cada año.

El precio de la vivienda libre lleva cuatro años y medio subiendo sin pausa: un 26,5% desde enero de 2014. En el último trimestre, de julio a septiembre escaló un 7,2%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El precio de la vivienda de segunda mano, además, ha experimentado un tirón al alza superior, del 7,3%, el mayor en 11 años, antes de la crisis. El de las casas nuevas le sigue a buen ritmo, con un crecimiento del 6,1%, el mayor del año en curso. En algunas comunidades autónomas, además, los precios han aumentado significativamente: casi un 11% en Madrid y un 9,1% en Cataluña.

El ascenso continuado de los precios es fruto de la recuperación del mercado inmobiliario tras su descalabro con el estallido de la burbuja. Según el Colegio de Registradores, el número de compraventas de vivienda en el tercer trimestre de este año es el segundo mayor desde mediados de 2008. En estos últimos tres meses se registraron 133.295 operaciones, tan sólo siete décimas por debajo el anterior trimestre. Si se cuentan las compraventas escrituradas ante notario, hay que acudir a las cifras de tres meses antes, las últimas que ha hecho públicas el Ministerio de Fomento: 160.287. En cualquier caso, el alza interanual en cada caso es similar: un 10,3% en las operaciones registradas y un 11,5% en las escrituradas.

Pero para hacerse una idea de la recuperación del mercado basta con comparar los datos de los últimos cuatro años: las compraventas escrituradas han crecido un 81,46% –casi se han duplicado– desde 2014 y las registradas, un 73,54%.

La mayor parte de estas compraventas tienen por objeto viviendas de segunda mano, el 82,4%. Desde mediados de 2007 no se firmaban tantas como ahora. Pero el mismo vigor experimenta la vivienda nueva: el número de compraventas lleva cuatro trimestres consecutivos subiendo y la cifra de las registradas desde julio a septiembre es la mayor desde 2014.

Por la lógica del mercado, la ebullición de la demanda se traslada a los precios. El Colegio de Registradores elabora el Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (IPVVR), el precio de las compraventas sucesivas de un mismo inmueble, que elimina las variaciones en función de la ciudad o barrio y del tamaño o el tipo de la vivienda. Este índice se sitúa en el 6,66% en el tercer trimestre del año; es decir, el precio de la vivienda se ha disparado un 26,47% desde finales de 2014. Un valor que casi copia el del Índice de Precios de Vivienda que publica el INE. Si desde los máximos de mediados de 2007 los precios de los inmuebles se habían desplomado un 35%, ahora han remontado hasta el 18%.

El resultado es que, según el Ministerio de Fomento, el valor tasado de la vivienda libre asciende ya a 1.590 euros el metro cuadrado –pero alcanza los 1.810 euros si es una vivienda nueva–. En el tercer trimestre de 2014 no pasaba de 1.456 euros.

Tipos de interés mínimos, rentabilidad máxima

La recuperación inmobiliaria viene de la mano de la recuperación económica general. El descenso del paro y una reanimación –aunque tímida– de los salarios se trasladan al consumo y al ahorro, ayudados por los tipos de interés en mínimos históricos y la reapertura del grifo del crédito tras la contracción que siguió a los excesos que provocaron la crisis.

Según el Banco de España, entre marzo y julio, el tipo de interés medio aplicado a las nuevas operaciones de crédito para comprar una vivienda se redujo en 0,1 puntos porcentuales, hasta situarse en el 2,1%, un nivel muy próximo al mínimo histórico registrado en diciembre de 2017. De forma que los préstamos hipotecarios para comprar piso sumaron en el segundo trimestre, el último del que ofrece datos el Ministerio de Fomento, 90.490 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 13,5% respecto al mismo periodo de 2017. Medidos por su importe, el crecimiento aún es mayor: en esos tres meses los bancos prestaron un total de 10.979 millones de euros, un 20,3% más que hace un año. Si en 2013 dos de cada tres viviendas se compraban al contado, sin hipoteca, ahora sólo una se adquiere sin la ayuda del banco, de acuerdo con los datos del Consejo General del Notariado.

Además, la inmobiliaria se presenta como una inversión muy rentable. Comprar una vivienda y luego alquilarla puede proporcionar un retorno de hasta el 10,9%, calcula el Banco de España. De ese porcentaje, sólo el 4,1% procede del alquiler. En comparación, los bonos del Estado a 10 años tienen una rentabilidad del 1,5%. Confiar el dinero a las empresas del ÍBEX 35 es mucho más incierto, sobre todo teniendo en cuenta las turbulencias del último año. Su rentabilidad en Bolsa durante el tercer trimestre ha sido negativa, con una pérdida del 9,6%. Los depósitos bancarios son seguros pero, con los tipos en valores mínimos, no rentan más que un 0,1%. El ahorro, de quien lo tiene, huye por tanto hacia una inversión considerada de las más seguras y hoy, además, muy generosa.

Así que también está aumentando el esfuerzo que hacen los hogares para comprar una casa, desde un mínimo del 30% de la renta bruta disponible en 2015 hasta el 32,1% del segundo trimestre de este año. Calculado en relación con el precio de la vivienda, ahora hacen falta 7,27 años de renta para pagar la compra, aún por debajo de los nueve años que eran necesarios en 2007, pero por encima de los 6,4 años de 2013.

La inversión extranjera se triplica

Finalmente, hay otro factor que empuja el precio de los inmuebles: la demanda extranjera. El 12,87% de las viviendas las compran extranjeros, que han firmado 65.500 operaciones en los últimos 12 meses, según el Colegio de Registradores. En 2009 representaban sólo el 4,24% de las operaciones. El Ministerio de Fomento destaca que la inversión extranjera en vivienda se ha triplicado desde principios de 2011, hasta alcanzar los 3.933 millones de euros.

Quienes más casas compran en España son los británicos, responsables del 15,31% de las operaciones. Con el 7,58% de las transacciones, los franceses han adelantado a los alemanes –7,51%–. Los belgas registraron el 6,49% de las compraventas, los suecos el 6,28%, los rumanos el 5,47%, y los italianos el 5,41%.

El 90% de las operaciones firmadas por extranjeros tienen por objeto inmuebles de segunda mano para ser utilizados como viviendas turísticas. De ahí que las comunidades autónomas donde más compran los foráneos sean Baleares –casi un 28% de las transacciones–, Canarias –un 25,31%– y la Comunidad Valenciana –25,03%–. Por provincias, enAlicante el 39,3% de las compraventas las han hecho inversores extranjeros, seguida de Tenerife, con un 32,47%.

Según destaca el Colegio de Registradores en su estadística del tercer trimestre, los mayores niveles de renta per cápita de los extranjeros proporcionan “estabilidad” al mercado inmobiliario español, al librarle de “la coyuntura económica local”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga una denuncia contra el Colegio de Registradores de España presentada por una empresa informática, Futuver, que lo acusa de “utilizar sus funciones públicas para intervenir en el mercado privado”, de forma que, suministrando su software para gestionar los registros de la propiedad “a precio muy inferior al coste” está “echando” a las firmas del sector. El propósito del Colegio, asegura la empresa denunciante, es “consolidarse como el único proveedor en España de soluciones informáticas para la gestión de los registros”.

La denuncia fue presentada el 22 de noviembre de 2017 y la resolución del expediente abierto es “inminente”, según las fuentes consultadas por infoLibre, tras llevar a cabo la CNMC la correspondiente investigación. Según Futuver, el Colegio provee a los registros de la propiedad un software que compite con las aplicaciones que desarrollan empresas privadas. Pero como el organismo utiliza “otros ingresos” para sufragar el coste del desarrollo y mantenimiento de su aplicación, puede suministrar el programa informático a precio por debajo de coste, lo que impide a las empresas privadas competir en igualdad de condiciones. Tampoco se permite a estas firmas suministrar a los registros actualizaciones y otros avances tecnológicos, asegura Futuver, que se presenta como la única empresa especializada que continúa activa. “En el año 2000 existían en España seis empresas dedicadas a proporcionar software de gestión a los registros de la propiedad, pero la política agresiva del Colegio para monopolizar la información pública de los registros, recrudecida durante los últimos cinco años, ha eliminado del mercado a todos los competidores”, explica un portavoz de Futuver. La firma dice que ha sobrevivido gracias a la exportación de sus productos a Latinoamérica.

El Colegio de Registradores no ha querido hacer comentario alguno a este periódico sobre la denuncia y el expediente abierto por la CNMC.

Futuver y los registradores mantienen desde hace años una conflictiva relación a cuenta del programa informático de los registros, en la que se vio implicado el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque pueda parecer un asunto menor, el contrato para suministrar el sistema electrónico integrado que comparten el millar de registros de España estuvo a punto de provocarun cisma en el propio Colegio y fue parte nuclear del enfrentamiento que la mayoría de los registradores mantuvieron con el Ministerio de Justicia desde que éste anunció la reforma de los registros y la integración del Registro Civil.

Contrato opaco

Pero las relaciones entre Futuver y el Colegio no siempre han sido hostiles. De hecho, buena parte de los registradores veían en la reforma y en la adjudicación del sistema informático, que denunciaban por opaca, una maniobra para beneficiar esta empresa asturiana. A Futuver la relacionaban con los registradores que trabajaron desde 2012 hasta 2014 en la Dirección General de los Registros, así como con una asociación profesional denominada Arbo y, finalmente, con Enrique Rajoy, hermano del entonces presidente del Gobierno y también registrador como él.

El concurso del sistema informático fue negociado y sin publicidad, y no lo convocó el Ministerio de Justicia sino el de Defensa, a través de una de sus empresas, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe). El importe nunca fue hecho público, pero llegó a hablarse de 40 a 80 millones de euros. Isdefe lo adjudicó a Indra y Telefónica. Futuver no se presentó, pero esperaba entonces que alguna de estas grandes compañías la subcontratara porque “ya tenía el trabajo adelantado”, explicó en ese momento un portavoz de la empresa a este periódico. Incluso reconoció que había enviado a Indra una oferta con sus productos y servicios como especialista en software registral La empresa siempre negó tener relación alguna con el equipo al frente entonces de la Dirección General de los Registros y el Notariado o con el hermano de Rajoy y los registradores de Arbo.

Ese equipo fue desmontado cuando Alberto Ruiz-Gallardón dimitió en septiembre de 2014 tras retirar Rajoy la reforma de la ley del aborto que el ministro había impulsado. Su sucesor, Rafael Catalá, no llegó a formalizar el contrato y ordenó al Colegio que desarrollara la plataforma tecnológica, aprovechando el trabajo ya realizado por Isdefe, Indra y Telefónica –“las especificaciones técnicas del contrato”–. Desde entonces es el departamento de informática del propio Colegio el que se ocupa de diseñar las aplicaciones necesarias para el trabajo de los registros.

Expedientes de nacionalidad

Futuver también fue la empresa encargada por el Colegio de Registradores, previa encomienda del Ministerio de Justicia, de la puesta al día de los expedientes de nacionalidad, que acumulan un considerable retraso en su tramitación. Al mando de ese proyecto el ministerio puso a un registrador, Javier Angulo, hasta ese momento administrador solidario de Futuver Rumanía SRL, antigua filial de Futuver Consulting SL, lo que también suscitó el recelo de un sector de los registradores. Hoy en día, el colegio no tiene ya ninguna aplicación informática desarrollada por esta empresa asturiana, cuyo consejero delegado es Antonio Otero Carreira. Creada en 1997, se dedica a la “modernización de la Administración pública y los registros públicos de la Propiedad”. Su aplicación Futureg funciona en una buena parte de los registros de España. También ha informatizado los registros de México DF y Panamá.

En 2014, CCOO denunció ante la Fiscalía General del EstadoCCOO denunció ante la Fiscalía General del Estado al entonces director general del Registro, José Joaquín Rodríguez, y al jefe del proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad, Javier Angulo, por haber intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos” vedadas a funcionarios públicos. Tanto Angulo como Rodríguez son registradores: el primero, de la propiedad en Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) y el segundo, mercantil en Zaragoza.

Según el sindicato, el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a Futuver por la aplicación con la que pretendía resolverse un atasco de casi medio millón de expedientes sin tramitar. Javier Angulo fue el autor de un informe enviado a la junta de gobierno del Colegio de Registradores donde le ofrece la aplicación informática de Futuver para gestionar el Registro Electrónico. “No hay otra empresa que disponga de una solución integral como la de Futuver. No hay otra empresa que disponga de su experiencia. No hay otra empresa que pueda afrontar en un plazo de ejecución breve el paso al Registro Electrónico en España”, recalcaba en el documento. Futuver niega cualquier trato de favor y asegura que por la aplicación para gestionar los expedientes de nacionalidad sólo se le pagaron 600.000 euros.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejará su puesto como registrador de la propiedad en Santa Pola (Alicante) tras haber conseguido plaza en un registro de Madrid. De la misma manera, su hermana Mercedes también ha conseguido traslado y dejará el municipio madrileño de Getafe para trabajar en Madrid capital.

Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este viernes, en virtud de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado que resuelve el concurso ordinario convocado el pasado mes de julio.

En concreto, el expresidente del Gobierno ha logrado una plaza en el registro de mercantil número cinco de Madrid. Y su hermana Mercedes, que hasta ahora ejercía en el registro número dos de Getafe, estará en el registro número 54 de Madrid. El BOE publica el listado de los 46 traslados, en el que Rajoy figura en el puesto número tres y su hermana en el cinco.

Volvió a su plaza tras salir de la Moncloa

El pasado mes de junio, tras la moción de censura que ganó el socialista Pedro Sánchez para echar al PP de la Moncloa, Rajoy se reincorporó a su plaza de registrador de la propiedad en la localidad alicantina de Santa Pola.

Durante las más de dos décadas que se dedicó a la actividad política, su plaza de registrador de la propiedad había sido ocupada de forma interna por Francisco Gaspar Riquelme. En julio, Rajoy también dejó su cargo como presidente del PP, un puesto en el que le ha sucedido Pablo Casado.

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy confirmó que se reincorpora a su plaza de registrador de la propiedad en la localidad alicantina de Santa Pola, informa Europa Press.

Según informa la televisión pública valenciana À Punt, el exdirigente conservador, que este martes visitó esta población del Baix Vinalopó, confirmó que regresa a su puesto en la plaza de registrador de la propiedad en el municipio.

À Punt Notícies detalla que Rajoy llegó hoy mismo a la ciudad, donde comió en un restaurante antes de entrar a las instalaciones del Registro. Una vez allí, Francisco Gaspar Riquelme, quien ocupó la plaza de forma interina durante más de dos décadas, presentó a los integrantes de la plantilla al ex presidente del Gobierno español.

Desde la agrupación del PP de Santa Pola se esperaba la reincorporación de Rajoy a este puesto laboral aunque no tenían conocimiento de la fecha concreta.

Mariano Rajoy confirmó el viernes su abandono de la política tras 35 años en primera línea, al presentar la renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados, justo dos semanas después de perder la moción de censura.

Además, Rajoy dejará en julio la presidencia del PP, un cargo que ocupa desde hace casi 14 años, abriendo así la sucesión dentro del partido. Su anuncio el pasado 5 de junio ante el Comité Ejecutivo cogió por sorpresa a muchos dirigentes de la formación, que situaban su relevo como líder del PP el próximo otoño.

El exjefe del Ejecutivo había pedido su reingreso en el cuerpo de registradores de la propiedad.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es un gran aficionado al fútbol. Y escogió este viernes, 15 de junio, pocas horas antes de que la selección española se estrenase en el mundial de Rusia, para anunciar que deja la política de forma definitiva. La noticia era esperada en las filas conservadoras desde que hace poco más de una semana, tras la moción de censura del PSOE que le apeó de la Presidencia del Gobierno, decidió dejar el liderazgo del PP. Pero la opinión más extendida era que esperaría a dejar pasar el congreso extraordinario en el que cederá las riendas del partido los días 20 y 21 de julio. O, incluso, al nuevo periodo de sesiones parlamentarias a la vuelta del verano. 

Pero no. Fue este viernes. En una breve nota, el PP informó de la renuncia de Rajoy a su escaño por Madrid y de que iba a solicitar su reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad. El todavía líder del PP es titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante) en situación de “servicios especiales” desde el 24 de marzo de 1990. Es decir, durante estos últimos 28 años ha conservado la plaza, pese a que se ha dedicado a la política. Ello es así porque la ley no establece ningún límite temporal para mantenerse en "servicios especiales", situación de aquellos funcionarios que ocupan determinados cargos representativos.

  Pérdida de aforamiento

Rajoy rechaza con esta decisión la incorporación al Consejo de Estado. Esta opción, a disposición de los expresidentes del Gobierno en el momento que la soliciten pero incompatible con otro tipo de ingresos, le permitía estar aforado para el supuesto de ser imputado por los tribunales. Lo mismo le ocurriría manteniéndose en el escaño.

Así, cuando se haga efectiva su baja como diputado, si tiene algún problema con la Justicia, ya no será el Tribunal Supremo el encargado de instruir la causa. Su forma de recuperar el aforamiento, en caso de que quisiera, sería solicitando ingreso en el órgano consultivo.

Rajoy (Santiago de Compostela, 1955) se fue de la Moncloa tras perder la moción de censura que le había planteado el socialista Pedro Sánchez después de que la sentencia de la Gürtel estableciese que su partido se había beneficiado de los delitos cometidos por esta trama corrupta. Había llegado a la sede de la Presidencia del Gobierno tras las generales de 2011. Pero no era ese su estreno en la política. 

Puede decirse que Rajoy es un profesional de la política. Lleva subido prácticamente desde el año 1981 en un coche oficial. A él siempre le gusta recordar cuando se reúne con afiliados y militantes que empezó desde la base, "pegando carteles electorales en Pontevedra", que fue concejal, diputado autonómico, ministro, vicepresidente de los Gobiernos de José María Aznar... Luego llegaría a la presidencia del Partido Popular señalado por el dedo de su antecesor y acabaría como presidente del Gobierno.

Su primer cargo público fue el de diputado en el Parlamento de Galicia en 1981; el último, presidente del Gobierno (diciembre 2011-junio 2018). Quienes le conocen bien dicen que empezaba a dar muestras de que no iba a presentarse a más elecciones generales, pero que para él ha sido inmensamente triste irse de esta manera, por los escándalos de corrupción que había intentado esquivar, apuntando a que eran cosa del pasado, desde febrero de 2009, cuando estalló el caso Gürtel.caso Gürtel

Ahora, al contrario de lo que hizo Aznar, Rajoy ha abierto el proceso para su sucesión sin señalar a nadie. Y destacando que, sea cual sea la decisión que se tome, la acatará como un militante disciplinado, sin incordiar. Su último discurso lo pronunciará en el XIX congreso extraordinario. Será su despedida de los suyos. Y no se descarta que sea proclamado presidente de honor, un puesto vacante desde diciembre de 2016 tras la renuncia de Aznar.

¿Tiene que regresar a Santa Pola? Es en esta localidad alicantina en la que Rajoy es titular de la plaza. Y es, por tanto, la que se le adjudicará de forma automática en cuanto se completen los trámites. Pero en el partido creen que solicitará otra plaza, por ejemplo en Madrid, donde estudian sus hijos. Varias veces al año salen a concurso los registros –bien de la Propiedad o Mercantiles (a ambos puede optar)– que están sin cubrir por fallecimientos, jubilaciones, excedencias o situaciones de servicios especiales. Si Rajoy quisiera optar a otra plaza, tendría que solicitarlo dentro del periodo de la convocatoria. Se adjudican en función del escalafón, un listado en el que Rajoy, por su antigüedad en el Cuerpo, está muy buen ubicado: entre los cuarenta primeros de la lista. La adjudicación de plazas es automática: se nombra titular del registro a quien tiene mayor antigüedad, no es un concurso de méritos.

  La historia del registrador Rajoy

La historia del registrador Mariano Rajoy es un caso único ya que 35 de los 37 últimos años no ha ejercido su profesión al ser incompatible con los sucesivos cargos públicos que ocupó desde 1981. En esas casi cuatro décadas, sólo trabajó como registrador entre 1987 y 1989. Y, desde marzo de 1990, es titular en servicios especiales del Registro de Santa Pola.

En una serie de informaciones publicadas en 2013, infoLibre desveló que, al menos mientras se lo permitió la ley, Rajoy cobró por partida doble: como político y como registrador. También descubrió que el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, escondió en 2001 en un "archivo de seguridad" su expediente de registrador.

La historia del registrador Rajoy comenzó el 6 de noviembre de 1978, cuando tomó posesión del registro de Villafranca del Bierzo (León). Poco después, en marzo de 1980, ganó la plaza de titular del Registro de la Propiedad de Padrón (A Coruña). Allí estaba cuando el 20 de octubre de 1981, Rajoy ganó un escaño en las primeras elecciones autonómicas gallegas. ganó un escaño en las primeras elecciones autonómicas gallegas.

En aquella época, la ley permitía a Rajoy cobrar como diputado y como registrador. Así lo establecía el artículo 541 del Reglamento Hipotecario, un texto aprobado en la España franquista de 1947. Y, pese a ello, Rajoy siempre se negó a ofrecer cualquier información sobre aquella etapa.

"¿Siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Padrón cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981?", le preguntó por escrito el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares el 11 de febrero de 2013. Un mes después llegó la respuesta de Moncloa: "El presidente del Gobierno,El presidente del Gobierno a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigentese ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros".

En septiembre de 2013, cuando infoLibre desveló que Rajoy se había acogido al artículo 541 del Reglamento Hipotecario para cobrar por partida doble, Llamazares denunció que el Gobierno le había "mentido" u "ocultado" información y anunció que volvería a la carga con nuevas preguntas para intentar conocer la verdad. No tuvo éxito.

En una reforma legal aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González en 1984, se estableció que los funcionarios públicos debían pasar a la situación de "servicios especiales" cuando ocupasen un cargo retribuido en una Asamblea autonómica o una entidad local. Además, dicho artículo obligaba a los afectados a "recibir las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios". El 29 de noviembre de 1985, Rajoy solicitó el pase a "servicios especiales con reserva de plaza" por incompatibilidad con el cargo de presidente de la Diputación de Pontevedra.

Para entonces, Rajoy no sólo había cambiado de cargo político, sino que también había ido concursando como registrador. El 30 de octubre de 1982 tomó posesión de la plaza de Berga, en Barcelona, y el 26 de noviembre de 1985 se hizo con el registro de Elche número 4. Y el año siguiente, 1986, Rajoy ganó la plaza de Santa Pola.

La carrera política de Rajoy seguía un ascenso fulgurante en Galicia y el 5 de noviembre de 1986 fue nombrado vicepresidente de la Xunta. Estuvo en ese cargo menos de un año porque el 26 de septiembre de 1987, la entonces llamada Alianza Popular perdió la Xunta por una moción de censura y Rajoy dejó de ser vicepresidente. Por primera vez en seis años, se quedaba sin cargo público y tenía que volver al registro. Así que el 29 de noviembre de 1987 pidió la reincorporación al servicio activo como titular del Registro de Santa Pola, localidad situada a algo más de mil kilómetros de su residencia en Galicia.

Dos años después, Rajoy dio el salto a la política nacional al ser elegido diputado en Cortes en las elecciones del 29 de octubre de 1989. Así que, de nuevo, solicitó pasar a la situación de “servicios especiales”. En el BOE del 24 de marzo de 1990 se publicó la resolución accediendo a la petición de Rajoy, quien queda como titular del Registro de Santa Pola con reserva de plaza. Se nombra como interino a un viejo amigo de Rajoy: Francisco Riquelme Rubira, ya entonces titular del Registro de Elche-3. Una situación que se ha mantenido inalterable durante 28 años.

Desde que ocupó su primer cargo público en 1981 hasta la actualidad han transcurrido 37 años, de los que Mariano Rajoy ha estado 35 en servicios especiales y sólo dos llevando efectivamente un registro. Pero durante estas tres décadas largas siempre ha sido titular, ha estado 35 en servicios especiales y sólo dos llevando efectivamente un registro. Pero durante estas tres décadas largas siempre ha sido titularsucesivamente, de los registros de Padrón, Berga, Elche-4 y Santa Pola.

Al no pedir una excedencia, y mantenerse en servicios especiales, además de acrecentar notablemente los ingresos de Riquelme, Rajoy ha logrado conservar su plaza en propiedad. Y este viernes, 15 de junio de 2018, ha anunciado que regresará a su profesión privada.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, presentó este viernes su renuncia a su acta de diputado por Madrid.

Así lo anunció el partido en una nota de prensa en la que también explican que "una vez formalizada su baja como diputado, Mariano Rajoy solicitará su reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad".

Al renunciar a su escaño, Rajoy pone fin a 35 años en primera línea política, justo dos semanas después de perder la moción de censura. 

Además, Rajoy dejará en julio la presidencia del PP, un cargo que ocupa desde hace casi 14 años, abriendo así la sucesión dentro del partido. Su anuncio el pasado 5 de junio ante el Comité Ejecutivo cogió por sorpresa a muchos dirigentes de la formación, que situaban su relevo como líder del PP el próximo otoño.

El ex jefe del Ejecutivo pidió reingresar como registrador de la propiedad, aunque tiene opción de formar parte del Consejo de Estado, una decisión que le permitiría mantener el aforamiento ante cualquier circunstancia judicial sobrevenida que pueda producirse en el futuro.

De la estabilidad de los PGE a perder la moción de censura

A finales de mayo, Rajoy y el PP daban por garantizada su continuidad en Moncloa hasta agotar la legislatura tras sacar adelante en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 gracias precisamente a los cinco votos del PNV.

Pero en menos de 24 horas, la situación dio un giro de 180 grados tras conocerse la sentencia del caso Gürtel que condenaba a los cabecillas de esta trama de corrupción y al PP a pagar 245.000 euros como partícipe a título lucrativo.

La moción de censura presentada por Pedro Sánchez contó con el apoyo de los diputados de Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias. Un total de 180 votos que pusieron fin a más de seis años de Ejecutivo del Partido Popular.

Suárez y González sí ganaron las mociones

Rajoy es el primer presidente de la democracia que ha perdido una moción de censura. Y lo ha hecho a manos de un candidato socialista al que derrotó en dos ocasiones en las urnas, en las generales de diciembre de 2015 y en las elecciones de junio de 2016, en las que incluso el PP mejoró su resultado (134 escaños frente a las 84 actas del Grupo Socialista).

El socialista Felipe González presentó en mayo de 1980 una moción de censura para desbancar a Adolfo Suárez, de UCD, que dimitiría sin embargo un año después. El dirigente de Alianza Popular Antonio Hernández-Mancha presentó una moción en marzo de 1987 contra Felipe González, pero cosechó un rotundo fracaso.

En esta legislatura, el propio Mariano Rajoy ya superó una moción de censura en junio de 2017. Su promotor fue el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quién sin embargo no consiguió aunar la mayoría necesaria para echar al PP del Gobierno.

35 años con cargos públicos

Mariano Rajoy (Santiago de Compostela, 1955) es licenciado en Derecho y registrador de la propiedad. Fue elegido presidente de la Diputación de Pontevedra en 1983 con tan solo 28 años, tras su paso por el Parlamento gallego. Desde 1986 hasta 1987, en un breve periodo de diez meses, fue vicepresidente de la Xunta de Galicia con Manuel Fraga.

Rajoy se embarcó en el PP cuando Alianza Popular se refundó en 1989 de la mano de Fraga. Ese mismo año entró a formar parte ya del Comité Ejecutivo Nacional del partido, ocupando puestos como el de vicesecretario de Organización y Electoral del PP y haciéndose cargo de las campañas electorales de 1996 y 2000, en las que ganó José María Aznar.

Con la llegada del PP al Palacio de la Moncloa, Aznar le nombra ministro de Administraciones Públicas, una cartera que dejaría en 1999 para convertirse en titular de Educación, Cultura y Deporte hasta el año 2000. En esa segunda legislatura del Partido Popular, con mayoría absoluta, es nombrado vicepresidente primero del Gobierno y poco después sumaría a esa responsabilidad la de Interior. En 2002 dejó ese Ministerio para ser portavoz del Gobierno y ministro de la Presidencia.

En septiembre de 2003, Aznar le designa para ser su sucesor, de forma que le convierte en secretario general del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno. Un año más tarde, en 2004, se convierte en presidente del Partido Popular, tan solo meses después de perder las elecciones generales frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien en 2008 volvería a ganarle en las urnas.

En ese año, el PP le revalida como presidente del partido en un complicado congreso en Valencia y que gana contra una oposición liderada por Esperanza Aguirre; se evidencia ya la distancia que le separa de José María Aznar, que no ha dejado de aumentar hasta hoy.

Será en noviembre de 2011 cuando Rajoy llega al Palacio de la Moncloa, con una abultada mayoría absoluta pero en plena crisis económica. El PP volvía a ganar los comicios de diciembre de 2015 pero la fragmentación parlamentaria no logró que los partidos se pusieran de acuerdo para investir un candidato, lo que obligó a repetir las elecciones en junio de 2016. Tras alcanzar un acuerdo de investidura con Ciudadanos, la abstención del PSOE –partido que hoy le ha derribado del poder– le permitió entonces seguir en Moncloa.

Este miércoles termina el plazo para que las empresas interesadas se presenten al concurso convocado por el Ministerio de Justicia para contratar el desarrollo e implantación del nuevo sistema informático que gestionará el Registro Civil digital. La licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 8 de agosto y se trata de un contrato suculento, de 15,2 millones de euros, que debe ejecutarse durante los próximos cuatro años. La puesta en marcha del nuevo sistema informático es una parte fundamental en la reforma del Registro Civil, que avanza con dificultades, entre sucesivos aplazamientos legales y el temor de los empleados de sus oficinas a la privatización.

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, al que Justicia pretendió en un primer momento encargarles la gestión del Registro Civil, celebró una reunión el pasado 30 de agosto en la que decidió por mayoría no presentarse al citado concurso. Según explican a infoLibre fuentes del órgano colegiado, los registradores han descartado participar en la licitación tras estudiar el informe de sus técnicos, que consideran “obsoleto” el diseño propuesto por Justicia en los pliegos del contrato.

El Registro Civil digital supondrá la desaparición del sistema actual que divide el registro en secciones –nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales–. En su lugar, se creará un registro individual para cada persona, a la que se asignará un código. En ese registro figurarán todos los datos de la vida de cada individuo. La idea es que el nuevo Registro Civil sea “único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente”, según consta en los pliegos de condiciones técnicas del concurso, de forma que se exima “al ciudadano de la carga de tener que acudir presencialmente a las oficinas”.

Pero la implantación del nuevo sistema será progresiva, durará años, por lo que deberá seguir en servicio el sistema actual, denominado Inforeg. Por tanto, ambos tendrán que ser compatibles durante un tiempo. Los técnicos del Colegio de Registradores sospechan que el deseo de mantener Inforeg puede haber “condicionado” el diseño del sistema licitado.

Nuevos recelos

Cuando se publicó la convocatoria, UGT envió un escrito al decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, al tiempo que se dirigió a los grupos parlamentarios. “Les advertimos de que estaremos vigilantes en todo el proceso”, indica Victoria Carrero, responsable del área de Justicia del sindicato. UGT recuerda la polémica que envolvió la adjudicación del sistema informático que debían compartir todos los registros cuando aún el Ministerio de Justicia pensaba encargar a los registradores mercantiles y de la Propiedad la gestión del Registro Civil. El desarrollo de esa aplicación informática fue licitado y adjudicado por la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa. Y el concurso fue negociado y sin publicidad.

La licitación puso en pie de guerra a dos sectores de los registradores enfrentados entre sí, también a los sindicatos de los trabajadores del Registro Civil, que temen su privatización y la desaparición de sus puestos de trabajo. Una parte de los registradores denunciaba que el concurso se había diseñado a la medida de FutuverFutuver, una empresa asturiana a la que relacionaban con un sector minoritario en el Colegio próximo a los hermanos de Mariano Rajoy, registradores como él y los entonces responsables de la Dirección General de los Registros y el Notariado. Finalmente, los adjudicatarios fueron Indra y Telefónica, aunque Futuver contaba con ser subcontratada por estas grandes empresas para aplicar su tecnología, especializada en la gestión informática de registros.

En la nueva licitación, en cambio, el procedimiento lo ha tramitado directamente el Ministerio de Justicia y se trata de un concurso ordinario y abierto.

Victoria Carrero apunta a un segundo peligro recordando los problemas de eficacia y de seguridad sufridos por LexNET, la plataforma de intercambio de información entre los órganos judiciales, abogados, fiscales y procuradores. Instalada en 2004, además de recibir numerosas quejas por su mal funcionamiento, ha padecido este verano hasta cinco ataques informáticos que obligaron a suspender el servicio durante días. En su desarrollo a lo largo de los años participaron media docena de empresas.

Los plazos

Mientras la mesa de contratación estudia las ofertas para implantar el Registro Civil digital, el Ministerio de Justicia ultima el proyecto de modificación de la Ley del Registro Civil, que lleva en vacatio legis –buena parte de su contenido no ha entrado aún en vigor– desde que se aprobó en 2011. Según Luis Calero, secretario general del Sector de Justicia de CCOO, el proyecto de ley está pendiente del informe de la Secretaría General Técnica y de la Abogacía del Estado. Superado ese trámite, lo aprobará el Consejo de Ministros. Si no hay nuevos aplazamientos, la ley deberá entrar en vigor al completo el 30 de junio de 2018. Entonces comenzará la “desjudicialización” del Registro Civil: “Su llevanza será asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado”, señalan los pliegos de condiciones del concurso. Es decir, tanto los jueces de Paz como los de Primera Instancia e Instrucción serán despojados de sus actuales competencias respecto del Registro Civil.

A partir del 30 de junio de 2019 comenzará a implantarse en 17 oficinas piloto. La ley crea “al menos” una oficina por cada comunidad autónoma, además de Ceuta y Melilla, pero permite abrir otra más por cada medio millón de habitantes, y otras tres adicionales “por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio. Finalmente, Canarias y Baleares contarán con al menos una oficina en cada una de las islas donde ya exista un Registro Civil. Año y medio después, en diciembre de 2020, el nuevo sistema deberá estar plenamente operativo, excepto en las oficinas consulares, que quedan fuera del proyecto.

Temor por los puestos de trabajo

Pese a que Justicia dice en los pliegos del concurso que el Registro Civil Digital será llevado por “funcionarios públicos”, no indica por cuáles. Los letrados de la Administración de Justicia –antiguos secretarios judiciales– se han ofrecido a llevar el Registro Civil, y el ministro se ha declarado a favor, previa reforma de la ley de 2011. “Rafael Catalá también promete que se mantendrán los puestos de trabajo”, añade Victoria Carrero, “al menos hasta el 30 de junio de 2018 [cuando entre en vigor la ley de 2011]”. Pero, a partir de esa fecha, los empleados de los registros civiles sospechan que inevitablemente “sobrará personal y amortizarán plazas a medio plazo”. Los funcionarios serán recolocados y los interinos, despedidos. Unos recortes que, en cualquier caso, deberán ser negociados antes en la Mesa Sectorial de Justicia, advierte Luis Calero.

Desde 2012 los expedientes de nacionalidad los tramitan los registradores de la Propiedad, y desde 2016 procuradores, gestores administrativos y abogados pueden también presentar solicitudes telemáticas para obtener la nacionalidad española. A partir del 30 de junio de 2018, los notarios tramitarán el expediente matrimonial y no hará falta acudir al Registro Civil. Para otros trámites, el ciudadano podrá acceder directamente desde su ordenador en casa.

Pero no sólo temen por sus empleos, los trabajadores desconfían de que el Registro Civil siga siendo un servicio público y gratuito. Solicitar la nacionalidad española por residencia cuesta 100 euros más las tasas por el examen de español –entre 108 y 305 euros, según el nivel–, más otros 85 euros por el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Sin contar lo que cobran abogados, procuradores o gestores administrativos por los trámites que se les encarguen. Justicia ha pagado ya a los registradores de la Propiedad un total de seis millones de euros desde 2015 por ayudarle a desbloquear el inmenso atasco de expedientes sin digitalizar ni tramitar que sufre desde hace años.

El Ministerio de Justicia ha renovado un año más la encomienda de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para desatascar las solicitudes de nacionalidad española por residencia. Ya es el cuarto acuerdo que el Gobierno firma con los registradores desde 2012, cuando Alberto Ruiz-Gallardón suscribió el primero. Entonces la tarea encomendada consistió en desbloquear una lista de espera de 400.000 expedientes acumulados. Pero si bien en los dos primeros años los registradores cumplieron su cometido sin contraprestación económica alguna, en 2015 cobraron cuatro millones de euros por despachar 150.000 expedientes y por los 75.000 del último encargo el ministerio les pagará este año dos millones más.

Ésta es la primera vez que la encomienda –una especie de adjudicación directa de una administración pública a otra, y el Colegio de Registradores es una corporación de derecho público– la firma la Dirección General de los Registros en lugar de la Subsecretaría de Justicia. Esta dirección general la encabeza un registrador de la propiedad, el último es Javier Gómez Gálligo. Una orden ministerial de abril de 2015 faculta a la Dirección General de los Registros para realizar encomiendas de gestión “en el ámbito de la modernización tecnológica del Registro Civil”. Precisamente el área que ha incendiado la controversia entre el ministerio y buena parte de los registradores desde que se acometió la digitalización de los registros públicos y salieron a concurso las plataformas informáticas necesarias.

Los motivos alegados por Justicia para repetir la encomienda con el Colegio de Registradores son idénticos a los de años anteriores: “La escasez de medios técnicos y humanos con los que cuenta el ministerio”. Además, “el número de solicitudes presentadas anualmente para adquirir la nacionalidad por residencia se mantiene”. Así que el retraso en la tramitación de los expedientes había provocado el “colapso” tanto en la Dirección General de los Registros y del Notariado como en el resto de los departamentos de la Administración afectados, admite el ministerio en la misma resolución del 14 de marzo pasado que publicó la encomienda a los registradores. Desde octubre de 2012 éstos han tramitado más de 700.000 expedientes.

En cualquier caso, el retraso en la gestión de estas solicitudes persiste, puesto que los 1.200 registradores que hay en España sólo se ocuparán de las presentadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015. Las que se cursaron partir de esa fecha quedarán en manos de la Dirección General de los Registros y el Notariado, que a partir de esa fecha debe asumir toda la instrucción de los expedientes, en virtud del decreto de noviembre de 2015 que regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad. Para esa nueva tarea, el ministerio está “adaptando una aplicación utilizada en Extranjería”, según CCOO.

Los funcionarios del Registro Civil se reivindican

Al menos hasta el 30 de junio de este año, las solicitudes pueden seguir presentándose en papel en las 8.000 oficinas del Registro Civil repartidas por toda España. Pero desde esa fecha sólo podrá hacerse electrónicamente. CCOO ha remitido una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que le pide que suprima ese límite temporal del 30 de junio, cuando en principio está previsto que finalice la vacatio legis –periodo desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor– de tres años y prorrogada por otros tantos, de la Ley del Registro Civil de 2011.

También reclama para el Registro Civil la competencia exclusiva sobre la tramitación de los expedientes de nacionalidad. Los funcionarios del Registro temen que la entrada en vigor de la ley de 2011 signifique el cierre de sus oficinas y el fin de la gratuidad de las gestiones que hasta ahora se llevan a cabo en ellas. Además, CCOO exige a Catalá que aclare las “discrepancias” entre sus declaraciones públicas a favor del “carácter público y gratuito” del Registro Civil y el borrador del anteproyecto de ley que lo va a reformar y que establece la clausura gradual de las oficinas, de forma que sólo se mantenga una por comunidad autónoma.

Según explica el sindicato en su larga carta al ministro, son numerosas las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo por el retraso en la resolución de los expedientes –hay solicitudes de 2010 sin concluir en 2016, por ejemplo–. Otras muchas han llegado a los tribunales de lo contencioso en forma de demandas, puesto que el silencio administrativo, transcurrido un año desde la solicitud de la nacionalidad, implica la denegación de la solicitud. En muchos casos, asegura el sindicato, los expedientes se resuelven de forma defectuosa, por lo que ahora también se ha encargado a los registradores que los revisen. Una función ésta que realizaban hasta ahora los funcionarios del Registro Civil y que, a su juicio, “permite reducir el número de solicitudes incompletas que se remiten a la Dirección General de los Registros y el Notariado [que dicta resolución concediendo o denegando la nacionalidad]”.

En cumplimiento de las dos primeras encomiendas de gestión, los registradores mercantiles y  de la propiedad digitalizaban los documentos necesarios para conseguir la nacionalidad, también pedían a las comisarías los certificados de antecedentes penales y a los ministerios de Interior y Presidencia –al CNI, el servicio de inteligencia– informes que acreditaran el tiempo de residencia del solicitante así como su “buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”. Luego los remitían a la Dirección General de los Registros y el Notariado para que ésta elevara al ministro su propuesta de resolución.

Pero, desde 2014, con la tercera encomienda de gestión, los registradores dejaron de digitalizar los documentos, que hasta ese momento los funcionarios de los registros civiles de toda España debían remitir al número 540 de la calle de Alcalá, sede de los Registros de la Propiedad de Madrid. A partir de entonces, la Dirección General de los Registros se encargó de escanear e indexar los documentos, lo que ralentizó aún más la tramitación de las solicitudes. Los funcionarios del Registro Civil piden que se les deje a ellos hacer esa tarea. Pero en su lugar, protestan, el ministerio negocia con los colegios de abogados, procuradores, gestores administrativos y graduados sociales para que estos profesionales presenten directamente las solicitudes de forma telemática. A diferencia del servicio que ofrece el Registro Civil, abogados y gestores sí cobran por prestarlo, apunta CCOO. Y obtener la nacionalidad tampoco es gratis. Cuesta entre 185 y 306 euros: 100 euros por la tasa que cobra el ministerio, 85 euros por el examen sobre “valores históricos, constitucionales y socioculturales de España” y 124 euros por el examen de castellano en el Instituto Cervantes.

Vaciamento de competencias

Los funcionarios de los registros se oponen igualmente a que su trabajo lo lleven a cabo a partir de ahora los letrados de la Administración de Justicia –antes secretarios judiciales–. La intención del ministerio es que sean éstos quienes asuman las funciones en materia de matrimonios civiles, ahora en manosde los jueces de paz y jueces de primera instancia adscritos a los registros civiles . Además, a partir del próximo 30 de junio, los notarios también podrán tramitar actas previas a la celebración de los matrimonios civiles, otra de las competencias que deja de ser exclusiva de los registros civiles y los juzgados de paz.

El Ministerio de Justicia asegura que está negociando con los grupos políticos cambios en la Ley del Registro Civil para adaptarla a las exigencias de la era digital. “El Registro Civil debe ser digital, centrado en el ciudadano, y debe ofrecer nuevas prestaciones acordes con los servicios públicos del siglo XXI, con mayor accesibilidad –24 horas al día los siete días de la semana–, ahorrar desplazamientos y facilitar a las administraciones compartir información”, anunció Justicia tras su última reunión con los sindicatos. Los funcionarios del Registro Civil sospechan que, en el camino hacia el servicio digital, la pérdida de atribuciones sea sólo el principio de la privatización.

La Generalitat valenciana acaba de despedir a 37 inspectores de tributosdespedir a 37 inspectores de tributos que se encargaban de la gestión de los impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas: patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y sobre el juego. Pero, al tiempo, la Comunidad Valenciana se gasta millones de euros cada año en pagar a los registradores de la Propiedad para que hagan ese mismo trabajo. En 2014 fueron 12 millones. Los registradores cobran un tanto por ciento del dinero que recaudan. En la Comunidad Valenciana era un 4% hasta 2013, cuando el Gobierno de Alberto Fabra, acuciado por las estrecheces económicas, recortó en un 24% las retribuciones a los registradores. Pretendía así ahorrar un total de 17,2 millones hasta 2017.

Pero no es la valenciana la única comunidad autónoma que paga a los registradores de la Propiedad y Mercantiles por gestionar los tributos cedidos por el Estado. En realidad, lo hacen todas menos Asturias, Baleares, Canarias y Murcia. Y desde hace mucho tiempo, desde 1959 al menos, cuando se les encargó por decreto la recaudación del impuesto sobre derechos reales, lo que ahora sería el impuesto de sucesiones. Sólo que con la cesión a las comunidades autónomas de un puñado de impuestos en 2001, cada una de ellas firmó su correspondiente convenio o encomienda de gestión con el colegio de registradores respectivo. Como queda dicho, se les paga un porcentaje de lo recaudado: el 5% en La Rioja, por ejemplo, aunque en Canarias llegó a ser del 8%.

Así, la Comunidad de Madrid pagará 38,6 millones a los registradores hasta 2019. Cataluña les compensó con 19,4 millones de euros en 2014, a razón de un 1,9% por los primeros 6,89 millones ingresados; un 1,5% hasta 13,8 millones, y el 1% por encima de esa cantidad. También se quedan con el 20,6% de lo que recaudan en concepto de liquidaciones complementarias y sanciones firmes. Andalucía llegó a pagarles 22,7 millones en 2010, aunque desde entonces ya les ha recortado en tres ocasiones los honorarios, la última el pasado mes de enero. No obstante, siguen llevándose el 5% de la recaudación.

infoLibre se puso en contacto con el Colegio de Registradores para obtener su punto de vista y apreciaciones sobre la actividad liquidadora que realizan. Sin embargo, no ha conseguido una contestación en la última semana.

En resumen, ingresan cantidades considerables si se tiene en cuenta que, en buena parte de las comunidades autónomas, las oficinas liquidadoras de los tributos cedidos que gestionan los registradores son las responsables de casi la mitad de la recaudación por este concepto. Según los informes anuales que elabora el Ministerio de Hacienda sobre la gestión de cada administración autonómica, en Andalucía recaudan el 43% de la cantidad ingresada por esos tributos, que asciende a 1.618,4 millones de euros; en la Comunidad Valenciana, el 55% de 1.241,7 millones.

Asturias asumió en 2009 las funciones de estas oficinas; Baleares lo hizo en 2010. Murcia y Canarias suprimieron sus convenios con los registradores en 2013. En todos los casos, el trabajo lo asumieron funcionarios de sus respectivas administraciones. No sin polémica en el caso canario, puesto que los registradores recurrieron los decretos del Gobierno de Paulino Rivero, que fueron anulados primero por el Tribunal Superior de Justicia y, en 2015, por el Tribunal Supremo.

Funciones incompatibles

En realidad, que los registradores de la Propiedad ejerzan de liquidadores de impuestos, además de resultar un trabajo caro, despierta suspicacias legales. En 2009, UPyD presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que se instaba a reconocer la “incompatibilidad” entre la función de registrador y de liquidador tributario. La Ley Hipotecaria prohíbe a los registradores ejercer cualquier otro “cargo o empleo público, en propiedad o por sustitución, esté o no retribuido con fondos del Estado, de la provincia o del municipio”. Y si quieren realizar otra actividad deben obtener un permiso del Ministerio de Presidencia para que no se modifiquen ni la jornada de trabajo ni el horario de ambos puestos, que se prestan de cara al público. Además, no pueden percibir al mismo tiempo dos retribuciones, tal y como dispone la Ley de Incompatibilidades de 1984. Y de sumarse ambas remuneraciones, en ningún caso podrían ser superiores al sueldo de un director general.

Según explica la proposición no de ley, existe otro factor que convierte en “manifiestamente ilegal” la figura del registrador/liquidador. Los registradores cobran de los ciudadanos un arancel por registrar el “valor comprobado” de los bienes, y luego, como liquidador tributario, deben comprobar ese valor. Es decir, destaca UPyD, tienen un incentivo que “pone en riesgo su imparcialidad”.

Finalmente, cada Registro de la Propiedad tiene una competencia territorial exclusiva, por lo que, apunta la proposición parlamentaria, su titular ejerce la actividad de liquidador “en régimen de monopolio”. Lo que, a su vez, “desincentiva que los ciudadanos interpongan recursos contra las comprobaciones de valor”. La proposición no de ley ni siquiera llegó a ser debatida en la Cámara baja.

También ha resultado polémico el hecho de que las comunidades autónomas hayan otorgado a los registradores/liquidadores la capacidad de proponer sanciones, de las que, además, cobran un tanto por ciento. Y que el personal de sus oficinas maneje información tributaria pese a no ser funcionarios; son contratados por cada registrador, al que les une una relación laboral de Derecho privado. Hay unos 12.000 empleados de registros en toda España.

Deben cobrar el IVA cuando gestionan impuestos

Los registradores de la Propiedad son funcionarios públicos, pero poseen características especiales. A diferencia de los segundos, no cobran sus salarios de los Presupuestos Generales del Estado, sino que sus remuneraciones proceden del arancel que cobran a los particulares. Dependen del Ministerio de Justicia cuando funcionan como tales, pero están integrados en su correspondiente administración tributaria autonómica cuando ejercen como liquidadores de impuestos.

Las peculiaridades de su figura se evidenciaron, por ejemplo, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en noviembre de 2009 que deben cobrar el IVA cuando ejerzan como liquidadores de impuestos. Los jueces comunitarios fallaban así en contra del Gobierno español, que sostenía que, como funcionarios públicos cuya actividad como liquidadores tributarios no tiene “carácter económico”, no debían estar sujetos al régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por el contrario, el TJUE dejó claro que las funciones de los registradores como liquidadores son retribuidas, no sólo con una compensación por las prestaciones que realizan, sino también con una contrapartida económica por encima del gasto que soportan. “Los registradores/liquidadores”, destaca el tribunal europeo, “no ejercen su actividad liquidadora y recaudadora en calidad de órgano de Derecho público, puesto que no están integrados en la organización de la Administración pública, sino como una actividad realizada en el marco de una profesión asimilada a una profesión liberal”.

El caso es que, apoyados en esa doble condición –funcionarios asimilados a profesionales liberales–, los registradores no sólo gestionan tributos autonómicos, sino también municipales. Llevan años firmando convenios con ayuntamientos para liquidar y recaudar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la conocida como plusvalía municipal, que se paga en la compraventa de inmuebles. A cambio, suelen cobrar un 10% de la recaudación. Más de 250 ayuntamientos han firmado convenios de este tipo con los registradores. Otra fuente generosa de ingresos para el gremio.

El Ministerio de Justicia mantiene paralizada la tramitación de las solicitudes para adquirir la nacionalidad española por residencia presentadas a partir de enero de 2015. “El expediente número uno de 2015 aún no está digitalizado”, informa un teleoperador en el 902 que el departamento de Rafael Catalá ha habilitado para consultar el estado de las solicitudes.

En una carta enviada al ministro el pasado 25 de mayo, CCOO le reprocha el bloqueo y le recrimina que su departamento sólo esté “interesado en resolver los expedientes presentados en 2014, que son para los que tiene suscrita la encomienda con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles”. El sindicato asegura que la razón del atasco no es otra que la falta de medios del ministerio: la digitalización y asignación de un número de registro es el primer paso del proceso y, sin él, no hay trámite hasta la concesión o rechazo de la nacionalidad. Así, el proceso puede llegar a prolongarse dos años, explican fuentes de CCOO.

El ministerio admite que “actualmente se están finalizando los expedientes de 2014”. Pero evita hablar de paralización y asegura que ya ha digitalizado 65.000 correspondientes a 2015. “Están digitalizados los documentos, pero no registrados, no se les ha asignado aún un número de expediente”, precisa Vicente Marín, abogado especializado en asuntos de extranjería. Por tanto, aún no existen como tales y su tramitación no se ha iniciado aún año y medio después. La página web de Marín, parainmigrantes.info, hace un seguimiento de los expedientes y de sus resoluciones. Así, el abogado asegura que las solicitudes presentadas desde el 1 de enero de 2015 en los registros civiles de toda España no están “ni registradas ni metadatadas”.

Además, las solicitudes cursadas de forma telemática, a través de la página web del ministerio puesta en marcha en noviembre de 2015 –por tanto con los documentos escaneados previamente por el propio interesado– sí tienen número de registro, pero tampoco están siendo tramitadas. “Justicia no ha pedido aún ninguno de los informes preceptivos a Interior o al CNI para esos expedientes”, apunta.

Es decir, el proceso se ha atascado en el primer paso, en teoría el más simple: la conversión de los documentos de papel en documentos digitales mediante su escaneado y correspondiente indexación. Esta operación la llevaron a cabo en 2012 y 2013 los registradores de la Propiedad y Mercantiles. Desde 2014 ha recaído en las manos del Ministerio de Justicia. Y no da abasto.

Cuando infoLibre le preguntó al teleoperador de Justicia cuándo van a empezar a digitalizarse los documentos, sólo pudo explicar que “hace falta implementar unas bases de datos y ciertos programas informáticos que se encuentran aún en periodo de prueba”. “Pero no se nos ha indicado”, añadió, “cuándo termina esa fase o cuándo comenzará la digitalización”. Una voz grabada informa previamente de que se pueden consultar los expedientes de nacionalidad española por residencia “anteriores a 2015” en la web del ministerio. CCOO advierte de que el enlace está roto y no funciona. Algo que Justicia niega: “Si da error en algún caso concreto es porque el expediente no se encuentra metadatado, no basta con que esté digitalizado”. Este periódico ha comprobado que los dos únicos enlaces disponibles no están operativos.

Los registradores ya no digitalizan

El ministerio empezó en 2012 a suscribir encomiendas de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para desatascar los 570.000 expedientes que se habían acumulado desde 2010 hasta 2013 sin tramitar. En cumplimiento de las dos primeras, el millar de registradores que hay en España digitalizaban los documentos, también pedían a las comisarías los certificados de antecedentes penales y a los ministerios de Interior y Presidencia –al CNI, el servicio de inteligencia– informes que acreditaran el tiempo de residencia del solicitante así como su “buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”. Luego los remitían a la Dirección General de los Registros y el Notariado para que ésta elevara al ministro su propuesta de resolución.

Pero en 2014, con la tercera encomienda de gestión, los registradores dejaron de digitalizacon la tercera encomienda de gestiónr los documentos, que hasta ese momento los registros civiles de toda España debían remitir al número 540 de la calle de Alcalá, sede de los Registros de la Propiedad de Madrid. Aun así, siguen tramitando las solicitudes. Sólo que, si antes los digitalizaban gratis, la última encomienda les garantiza un pago de cuatro millones de euros a cambio de hacer sólo la tramitación.

Esa última encomienda, en cualquier caso, comprende las solicitudes presentadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Hasta el momento el ministerio no ha firmado un nuevo encargo al Colegio de Registradores para que siga tramitando los expedientes de 2015 y 2016. Y es improbable que lo haga estando en funciones.

Abogados, procuradores, gestores y graduados sociales

Como cada año se presentan unas 150.000 solicitudes para adquirir la nacionalidad española, según el propio ministerio, el atranco hasta ahora puede superar los 200.000 expedientes desde el 1 de enero de 2015. A esa cifra habría que añadir los 140.000 recursos de años anteriores que Justicia tiene pendientes de resolver, destaca el abogado Vicente Marín, quien recuerda, además, que la plataforma telemática abierta en octubre de 2015 no funciona aún al 100%.

Ante semejante volumen de trabajo las fuentes de CCOO expresan su desconcierto por el hecho de que no se les permita hacer el trabajo de digitalización a los registros civiles. El sindicato, que lleva tiempo denunciando el intento de privatización de estas oficinas, afea a Catalá en su carta que, en funciones, se haya apresurado a negociar convenios con los colegios de abogados, procuradores, gestores administrativos y graduados sociales para que estos profesionales presenten directamente las solicitudes para conseguir la nacionalidad. Pero que ni siquiera haya comenzado a desarrollar el mandato que el mismo ministerio se dio en el decreto de octubre de 2015 para que los registros civiles también puedan digitalizar los documentos y presentar las solicitudes telemáticamente. Ahora sólo envían los papeles a Justicia para que éste los escanee e indexe. “Quieren dejarnos sólo la función registral y quitarnos toda la tramitación que hacíamos, tanto con los expedientes de matrimonio, que ahora pueden hacer los notarios, como con los de nacionalidad”, denuncian las fuentes de CCOO.

La diferencia entre ambas opciones es clara: los trámites en el Registro Civil son gratis, mientras que los profesionales colegiados cobrarán sus propias tarifas. No es una cuestión menor cuando, desde el pasado noviembre, obtener la nacionalidad por residencia cuesta entre 185 y 306 euros: 100 euros por la tasa que cobra el ministerio, 85 euros por el examen sobre “valores históricos, constitucionales y socioculturales de España” y 124 euros por el examen de castellano en el Instituto Cervantes.

De dos años a siete meses

El pasado 12 de mayo el BOE publicó una orden ministerial que detalla las condiciones en que Justicia suscribirá convenios con los citados colegios profesionales, así como “asociaciones y colectivos” que no precisa, para presentar las solicitudes de nacionalidad. De hecho, lleva tiempo manteniendo reuniones con los colegios para que pongan en marcha las plataformas informáticas necesarias.

Fuentes del Consejo General de la Abogacía aseguran que la negociación está aún “muy verde”. Por el contrario, el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, dice que su institución se ha comprometido a tener terminado a finales de julio el desarrollo de la plataforma informática, para que comience a funcionar en septiembre. Por su parte, una portavoz del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales habla de “reuniones quinquenales” pero “muy generalistas” que aún no han cristalizado en un borrador de convenio.

Santiago Ollero aclara que los gestores administrativos ya han pagado “de su propio bolsillo” el desarrollo de la plataforma informática y prevé que los honorarios que percibirán estos profesionales por hacer el trámite serán “similares a la tasa” que exige Justicia. “Si se cobran unos 50 euros la hora y no se dedican más de dos horas a la gestión…”, calcula, “no se puede cobrar más”. Según el ministerio, la tarifa que apliquen abogados o gestores “no supone ningún sobrecoste para el ciudadano” porque éste “no está obligado a hacer su solicitud” a través de estos profesionales: puede acudir al Registro Civil o hacerlo él mismo por internet.

A su juicio, la incorporación de abogados, procuradores, gestores y graduados sociales a la tarea permitirá reducir a entre cinco y siete meses el tiempo de tramitación de los expedientes de nacionalidad. “La Administración no tiene medios, sobre todo humanos, para hacer el trabajo”, advierte.

Pero el atasco en el ministerio y las tasas no son las únicas disfunciones de los expedientes de nacionalidad. Los exámenes de castellano no se pueden hacer en todas las provincias, por lo que a muchos les cuesta un desplazamiento. Además, el Instituto Cervantes puede demorar meses la fecha para llevarlos a cabo. Tampoco se ha dispuesto ningún tipo de convalidación que permita a emigrantes con estudios universitarios realizados en España evitar el examen de castellano: sólo están exentos los ciudadanos procedentes de países latinoamericanos. Ni se aplica rebaja alguna en las tasas para familias numerosas o desempleados, critica CCOO.

El Gobierno de José María Aznar dio instrucciones en 2001 al Ministerio de Justicia para esconder en un “archivo de seguridad” el expediente de Mariano Rajoy como registrador de la propiedad.

Rajoy estaba entonces a punto de cumplir 11 años como registrador en servicios especiales –la excedencia concedida a los diputados– y se preparaba para pasar del Ministerio de la Presidencia al de Interior.

El expediente de Rajoy, sobre cuya doble condición de registrador y cargo público nunca ha dado explicaciones el PP, contenía lo que todos los historiales de esa naturaleza: los registros a cuya titularidad había ido accediendo desde su entrada en este cuerpo de funcionarios en 1978 y las solicitudes de compatibilidad de cargo público que sucesivamente elevó para mantener la titularidad de cada registro en cuestión.

¿Por qué ordenó el Gobierno del PP ocultar el historial legal de Mariano Rajoy como registrador? De momento, no hay respuesta. Como no la hay para la forma en que el hoy presidente compatibilizó a partir de 1981 sus cargos públicos con el rango de titular de sucesivos registros de la propiedad. ¿Hasta cuándo simultaneó Rajoy sus ingresos como cargo público con los de los registros que fue teniendo a su cargo?

Sólo hay una manera de saberlo y es exigiendo al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que haga público su expediente secreto. Firma la petición. ¡Actúa!

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El Gobierno de Aznar ocultó su expediente de registrador en un “archivo de seguridad”.Las siete preguntas que no responde el registrador Rajoy.

¿Qué ver?

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¿Qué hacer?

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El traspaso de la gestión del Registro Civil a los registradores de la Propiedad y mercantiles queda enterrado definitivamente con las enmiendas al proyecto de ley del Gobierno que todos los grupos parlamentarios han firmado y registrado la tarde del jueves en el Congreso. Finalmente, la Ley del Registro Civil de 2011 no entrará en vigor hasta el 30 de junio de 2017, en lugar del 15 de julio próximo como estaba previsto.

Se trata, pues de la tercera vacatio legis que sufre esta norma. Y reproduce la petición que le habían hecho los sindicatos al Ministerio de Justicia, que en principio había anunciado una prórroga de sólo un año.

Además, todos los grupos se han puesto de acuerdo en que deben quedar derogadas las cinco disposiciones adicionales de la Ley 18/2014, de 15 de octubre que encomendaron la gestión del Registro Civil a los registradores e imponían un sistema informático único tanto para las oficinas de ese organismo como para las de los registros de la Propiedad y mercantiles y para las consulares. Sí se mantiene, en cambio, la disposición que garantizaba la gratuidad de los servicios que el Registro Civil presta a los ciudadanos.

La iniciativa llega tras una tramitación en el Congreso que se prolongaba desde el pasado mes de septiembre y tras una polémica que no ha cejado: todos los sectores implicados, desde los funcionarios de Justicia hasta los jueces, los secretarios judiciales y los propios registradores se han opuesto frontalmente al traspaso del Registro Civil en los términos diseñados por el Gobierno. Primero por Alberto Ruiz-Gallardón y después por Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia.

Ni siquiera el intento de este último por enmendar la reforma del primero ha conseguido superar los numerosos obstáculos que han bloqueado el proyecto. Sindicatos, oposición, funcionarios y jueces rechazaban una reforma que consideran una “privatización” del Registro Civil. Ni siquiera los registradores, en principio beneficiarios de la medida, la apoyaban. Acusaban al ministerio de endosarles un trabajo añadido sin haber calculado el coste. El contrato para desarrollar la plataforma informática, además, sembró la división en el gremio, que veía en la adjudicación un “pelotazo” instado por un puñado de registradores próximos al hermano del presidente del Gobiernopróximos al hermano del presidente del Gobierno, también registrador como él.

De hecho, Justicia llegó a adjudicársela, a través de un organismo dependiente del Ministerio de Defensa, Isdefe, a dos empresas, Indra y Telefónica. Tras la llegada de Catalá al departamento, la adjudicación decayó. Sin embargo, el Colegio de Registradores incluyó en sus presupuestos para este año una partida de 18,6 millones de euros para desarrollar el nuevo sistema informático. Indra y Telefónica son algunas de las empresas con las que el órgano colegiado contrató esos trabajos, ahora con destino incierto.

Cobrar o no cobrar

Los registradores no querían sufragar el Registro de sus propios bolsillos y, mientras el ministro Catalá reiteraba en sus declaraciones públicas que los servicios al ciudadano iban a seguir siendo gratuitos, el Colegio Oficial negociaba con Justicia en una comisión ad hoc qué trámites iban a empezar a cobrarse y cuáles no.

Antes, el Consejo de Estado había inutilizado, con un duro dictamen, la Corporación de Derecho Público, una suerte de colegio de registradores paralelo, que Ruiz-Gallardón había diseñado para hacerse cargo de los nuevos registros integrados.

Durante los últimos meses los sindicatos de funcionarios del Registro no han dejado de movilizarse para exteriorizar su rechazo al traspaso a los registradores. Y los secretarios judiciales, de repetir su disposición a hacerse cargo de esas oficinas. Una opción que rechazó Ruiz-Gallardón y no satisface tampoco a Catalá. Cuando éste anunció que la reforma quedaba en suspenso, en cualquier caso, abrió la puerta a negociar con todas las partes implicadas el diseño de un nuevo modelo. Será el que salga del anteproyecto de ley que continúa ahora su tramitación en las Cortes, quizá con mayor consenso que hasta ahora a la vista de la iniciativa conjunta que ha quitado el Registro Civil de las manos de los registradores mercantiles.

El pasado día 21 el titular de Justicia comunicaba al decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, la “paralización” de la reforma del Registro Civil. Tres días más tarde, Catalá confirmaba el “abandono” del 15 de julio como fecha para el traspaso a los registradores del Registro Civil e incluso del “modelo” diseñado su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y que él mismo había continuado con algunas variaciones. Pero los términos difusos en que se hizo hecho pública la decisión no acallaban las sospechas de los sindicatos, radicalmente contrarios a la privatización del Registro Civil, y de los propios registradores, muchos de ellos opuestos a la cesión.

Ahora el ministro aclara que la renuncia a los registradores es definitiva. Y que se derogarán las disposiciones adicionales del real decreto 8/2014 y de la Ley 18/2014 que se referían al Registro Civil, a su cesión a los registradores mercantiles y de la Propiedad, al uso de una plataforma informática única para unos y otro, y que fijaban el 15 de julio como fecha para el traspaso de la gestión. También se ha ampliado una semana más el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de reforma del Registro Civil, que terminará decayendo, ha explicado el ministro a los sindicatos.

“Vamos a partir de cero”, resumió gráficamente el ministro, según explica a infoLibre el secretario general del sector de Justicia de CCOO, Ramón Alvaré. Rafael Catalá reiteró el sinsentido de seguir adelante con una reforma que no cuenta con el respaldo de ninguno de los sectores implicados y confesó que había sido “incapaz de explicar” a la opinión pública que la cesión de los registradores no implica la privatización del Registro Civil. Mientras repetía en sus declaraciones públicas que los trámites iban a seguir siendo gratuitos para los ciudadanos cuando el Registro Civil estuviera en manos de los registradores mercantiles, el ministro negociaba en una comisión mixta con el Colegio Oficial las condiciones del traspaso, entre ellas el cobro por expedir libros de familia o inscribir poderes, por ejemplo.

Sobre el futuro modelo, basado en la “desjudicialización” del Registro Civil a que obliga la ley de 2011 –ahora lo gestionan jueces y funcionarios de Justicia–, sólo adelantó su rechazo a ceder el Registro Civil a los secretarios judiciales, pese a que este gremio se ha ofrecido a gestionarlo. En su lugar, no descartó estudiar la posibilidad de que se hagan cargo del Registro incluso los ayuntamientos –citó a los secretarios municipales–, o las comunidades autónomas. Dependerá de la fase de diálogo y negociación que el ministro pretende abrir ahora con sindicatos, partidos políticos y profesionales.

Los sindicatos, por su parte, le pidieron una vacatio legis de dos añosvacatio legis y volvieron a reclamar más inversiones en las 8.120 oficinas del Registro Civil. Pero Catalá remitió esta última cuestión a las negociaciones que comenzarán en una fecha aún no fijada.

Catalá aseguró el viernes a los periodistas que abandonaba tanto el 15 de julio como fecha para la entrega del Registro Civil a los registradores mercantiles, como el modelo diseñado por su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y corregido luego por él nada más llegar al ministerio. Sin embargo, los sindicatos de funcionarios y buena parte de los propios registradores sospechan que el cambio se limitará a retrasar en unos meses la aplicación del mismo proyecto: el Gobierno salva así la próxima campaña electoral de las municipales y autonómicas y vuelve con la privatización del Registro Civil tras el verano o incluso tras las elecciones generales.

Según el decano, el ministro justificó la paralización del proyecto por el “estado actual de ejecución del proyecto, la proximidad del plazo para su entrada en vigor y el periodo político”; es decir, la cercanía de las elecciones. De ahí que Catalá haya optado, dice Aguilera,  por “reflexionar serenamente sobre las decisiones más convenientes para la implantación con éxito del nuevo modelo de Registro Civil”. Además, el decano explica a los colegiados cómo trasladó a Rafael Catalá la “inquietud” que el “modelo organizativo adoptado” había sembrado en el gremio. Un modelo que negoció durante los últimos seis meses con el ministerio en una comisión mixta creada al efecto. Hace sólo un par de semanas, el decano pidió al ministro en esa mesa que retrasara la entrada en vigor de la ley del Registro Civil.

En su mensaje el decano anuncia que Justicia derogará las disposiciones adicionales 19 a 24 del real decreto-ley 8/2014 y de la ley 18/2014 que enconmendaban a los registradores de la Propiedad y mercantiles la llevanza del Registro Civil, establecían su gratuidad y ordenaban el uso de “un único sistema informático y una misma aplicación”.

No a la privatización

Los sindicatos de Justicia se reúnen hoy con los responsables del ministerio en su mesa sectorial. Allí esperan que se les precise cuáles son exactamente los planes de Catalá sobre el Registro Civil, más allá de unas declaraciones públicas que no calmaron sus recelos. Ya han dejado claro que sólo les vale el abandono de la privatización. Y entienden que cederlo a los registradores mercantiles –aunque funcionarios, gestionan sus registros como empresarios privados y cobran no de los presupuestos públicos sino de los aranceles que perciben de los usuarios– es privatizar su gestión, en contra de las reiteradas proclamas del ministro sobre la gratuidad del servicio.

Catalá anunció el pasado viernes su intención de negociar a partir de ahora con todos los implicados el futuro modelo. “No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las administraciones, los trabajadores, los sindicatos y los partidos políticos. Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en llevar adelante una reforma que no cuente con los apoyos necesarios”, aseguró. Hasta el momento, sin embargo, sólo se había sentado a negociar con el Colegio de Registradores.

No obstante, no todos los registradores han aceptado pacíficamente las gestiones que su colegio ha desarrollado ante Justicia. Gonzalo Aguilera defiende su labor, destacando que el órgano colegial ha cumplido con “su responsabilidad profesional y con su deber de lealtad institucional hacia el ministerio y hacia la legalidad vigente”. “Nadie podrá decir [...] que todo ello se hizo al margen de la voluntad de los registradores, pues en todo momento estuvieron presentes en nuestras propuestas”, asegura. 

Programas informáticos ya contratados

Juega en contra del abandono total de la cesión a los registradores el hecho de que el Colegio haya presupuestado para este año una partida de 18,6 millones de euros destinada a implantar el sistema informáticoel sistema informático del nuevo Registro Civil. Para 2016 están previstos otros seis millones de euros. Con ese dinero, el órgano colegial ya ha contratado a Indra, Telefónica, Accenture y PricewaterhouseCoopers Indra, Telefónica, entre otras empresas, para que desarrollen los programas informáticos necesarios. El Servicio de Sistemas de Información (SSI) del colegio ha dividido esa plataforma en unidades de trabajo. Cada una de ellas se ha sacado a concurso y se ha adjudicado a distintas compañías.

Es más, según fuentes próximas a los registradores, se han comenzado a hacer pruebas piloto de los nuevos programas en consulados y en algunos registros. En su mensaje, el decano anuncia también que está casi terminada su propuesta de borrador del reglamento para la puesta en marcha del nuevo Registro Civil, un instrumento normativo necesario para trasladar los trámites desde las 8.120 oficinas del Registro Civil hasta el centenar de registros mercantiles. Esa propuesta tiene más de 400 artículos y se encuentra sólo “a expensas de la decisión del ministerio sobre el modelo organizativo y normativo legal”.

El Ministerio de Justicia admite que está buscando alternativas a los registradores de la propiedad y mercantiles para gestionar el Registro Civil. Como adelantó infoLibre, el departamento que dirige Rafael Catalá ha renunciado a encomendárselo a los registradores, una decisión que ya ha comunicado al decano de su colegio oficial, Gonzalo Aguileracolegio oficial. En principio, los registradores mercantiles debían hacerse cargo del Registro Civil el próximo 15 de julio.

Fuentes del ministerio han asegurado a Europa Press que Justicia intenta alcanzar un “consenso” que satisfaga a los críticos de la medida, todos los sectores implicados, desde los funcionarios del Registro Civil hasta los secretarios judiciales, jueces, partidos de la oposición, sindicatos y los propios registradores. Justicia, añade, se declara “abierto a las sugerencias que le hagan llevar registradores, secretarios judiciales, sindicatos y grupos de la oposición”.

El próximo martes se reunirá la Mesa Sectorial de Justicia, en la que los sindicatos intentarán conseguir de los representantes del ministerio detalles sobre la paralización de la reforma del Registro Civil. El sindicato de funcionarios CSI-F, tras celebrar el “acierto” de frenar la privatización, asegura que el ministerio adelantó ya la semana pasada a los responsables del sindicato que está dispuesto a “negociar todo, incluido el modelo de Registro Civil sin sujeción a plazo alguno y, por tanto a revisar el proyecto de privatización”.

CCOO, por su parte, no se conforma con las declaraciones públicas del ministro Catalá en las que anunció el abandono tanto de la propuesta que hasta ahora había promovido, como de la fecha que tenía prevista para ponerlo en marcha. “Sólo admitiremos para detener las movilizaciones [...] la retirada inmediata del proyecto de ley 18/2014 que pone en manos de los registradores la gestión de los registros civiles, y no un simple aplazamiento de su entrada en vigor”, advierte en un comunicado.

El sindicato de secretarios judiciales, finalmente, reitera su disposición “y capacidad” para asumir la gestión del Registro Civil, una oferta que este cuerpo jurídico hizo desde el principio y nunca fue considerada por el ministerio.

Ahora pide diálogo

La cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles es el tercer proyecto estrella del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón del que se termina desdiciendo el Gobierno, tras dar marcha atrás en la aplicación de las tasas judiciales y en la reforma de la ley del aborto.

Sobre el Registro Civil la duda es todavía si el Gobierno va a decretar una nueva prórroga de la vacatio legis –retraso en la entrada en vigor de una ley– de la ley de 2011 o si el proyecto de ley de reforma que se está tramitando en el Congreso terminará decayendo, aseguran las fuentes consultadas por este periódico. La Ley del Registro Civil ya estableció una vacatio legis hasta julio de 2014, que en esa fecha se prorrogó un año. De optarse por esta solución, el Ejecutivo estaría aplicando el tercer aplazamiento de la reforma. El proyecto de ley lleva tramitándose en el Congreso, tras innumerables ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, desde el pasado mes de septiembre.

De momento, el ministro de Justicia sólo ha explicado que “no va a proponer un modelo de reforma que no sea compartido por el conjunto de los agentes”. Después ha ofrecido abrir al diálogo el proyecto tanto a sindicatos como a partidos. 

Polémica financiación

Mientras tanto, Justicia negociaba en una comisión mixta con el Colegio de Registradores, las condiciones de un traspaso que ha encontrado gran resistencia dentro mismo del gremio. La financiación del nuevo Registro Civil ha sido siempre el núcleo del problema. El ministro Catalá repite en todas sus declaraciones públicas que los trámites van a seguir siendo “gratuitos” para el ciudadano “en los mismos términos que ahora”. Pero al mismo tiempo, Justicia está discutiendo con el Colegio nuevas tasas en el Registro Civil y nuevos aranceles para el Mercantil.

Cuando se dio a conocer que el órgano colegial pedía al ministerio que le permitiera cobrar desde los libros de familia electrónicos hasta los actos de última voluntad o la inscripción de poderes, arreciaron las críticas de los funcionarios, de los partidos y de los sindicatos. También de muchos registradores, que rechazan hacerse cargo de una tarea que consideran ajena y que se niegan a sufragar de sus bolsillos. Además, aseguran, por meras cuestiones prácticas, va a ser imposible asumir las 8.120 oficinas de los registros civiles en julio. En España no hay más de 100 registradores mercantiles.

La privatización del Registro Civil ha suscitado el rechazo de todos los colectivos implicados: desde los funcionarios hasta los secretarios judiciales y jueces, todos los partidos políticos de la oposición, los sindicatos e incluso los propios registradores. Al unísono pedían al Gobierno que diera marcha atrás en el polémico proyecto. Finalmente, el Colegio de Registradores, tras meses de negociar en una comisión mixta con Justicia las condiciones del traspaso, pidió al ministro que retrasase el traspaso del Registro Civil, en principio previsto para el próximo 15 de julio.

Éste es el tercer proyecto estrella del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón del que se termina desdiciendo el Gobierno, tras dar marcha atrás en la aplicación de las tasas judiciales y en la reforma de la ley del aborto.

Sobre el Registro Civil la duda es todavía si el Gobierno va a decretar una nueva prórroga de la vacatio legis –retraso en la entrada en vigor de una ley– de la ley de 2011 o si el proyecto de ley de reforma que se está tramitando en el Congreso terminará decayendo, aseguran las fuentes consultadas por infoLibre. La Ley del Registro Civil ya estableció una vacatio legis hasta julio de 2014, que en esa fecha se prorrogó un año.

De que a las intenciones del Gobierno les costaba progresar da idea también el hecho de que va camino de eternizarse en el Congreso la tramitación del citado proyecto de ley de reforma del Registro Civil: el plazo de presentación de enmiendas se amplió el pasado martes una semana más. Lleva en esa fase desde septiembre del año pasado. La dimisión de Ruiz-Gallardón, ese mismo mes, supuso un primer parón en el proyecto de ceder a los registradores el Registro Civil. Su sucesor cambió el equipo al frente de la Dirección General de los Registros y el Notariado, y tiró a la papelera el proyecto inicial de Ruiz-Gallardón: tanto la creación de una suerte de colegio de registradores paralelo al oficial –una “corporación de derecho público” que fue tumbada por un duro dictamen del Consejo de Estado–, como la controvertida adjudicación a Indra y Telefónica, a través de una empresa pública del Ministerio de Defensa, del diseño de la plataforma informática para el nuevo Registro Civil.

A vueltas con la gratuidad y las nuevas tasas

Catalá abrió entonces una comisión mixta con el Colegio de Registradores que no ha dado ningún fruto más allá de la paralización del proyecto. El rechazo dentro del gremio a hacerse cargo de una tarea que los registradores mercantiles consideran ajena y para la que, alegan, carecen de medios, ha socavado también la posición del órgano colegial ante Justicia. La financiación del nuevo Registro Civil es el núcleo del problema. Mientras el ministro Catalá repite una y otra vez que los trámites van a seguir siendo “gratuitos” para el ciudadano “en los mismos términos que ahora”, Justicia negocia con el Colegio nuevas tasas en el Registro Civil y nuevos aranceles para el Mercantil.

Así, el Colegio de Registradores ha pedido a Justicia que le permita cobrar desde los libros de familia electrónicos hasta los actos de última voluntad, la inscripción de poderes, de la vecindad civil o de los contratos de seguro que cubren fallecimientos. El órgano colegial, según deja claro en sus propuestas al ministerio, considera “irrenunciables” estos ingresos como “fuente de financiación” del Registro Civil.

Aunque no es la única fuente de ingresos prevista. El proyecto de ley de reforma del Registro Civil habilita al ministro para que apruebe “en tres meses” nuevos aranceles “correspondientes a la intervención de los registradores de la propiedad y mercantiles respecto de los asuntos, actas, escrituras públicas, expedientes, hechos y actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en esta ley”.

Imposible para el 15 de julio

El caso es que la filtración de estas negociaciones puso en guardia a buena parte de los registradores, a quienes nunca han visto con buenos ojos hacerse cargo del Registro Civil y a quienes dudaban de que esas nuevas tasas alcanzaran para financiarlo y temían, por tanto, que la tarea terminara siendo sufragada por sus propios bolsillos. Todos ellos comenzaron a desconfiar del Colegio, al que acusaban de oscurantismo y de haber cedido ante Justicia. Además, veían imposible tener dispuestos el personal y las oficinas necesarias para el 15 de julio. Hay que recordar que en estos momentos funcionan 8.122 oficinas del Registro Civil en toda España y los registradores mercantiles son sólo un centenar.

Entretanto, los funcionarios del Registro Civil arreciaban sus protestasarreciaban sus protestas contra la privatización y contra la penuria de medios en que, según denuncian, Justicia les ha ido dejando a la espera del traspaso. Hace sólo unos días el Registro Civil de Sevilla dejó de emitir certificados por falta de papel timbrado. Un magistrado presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el Ministerio de Justicia mandara sólo 28.000 folios pese a que la secretaria del Registro había pedido 60.000.

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explique si "le parece admisible" que un presidente del Gobierno, en referencia a Mariano Rajoy, "que es registrador de la propiedad privatice el Registro Civil en beneficio de su propio gremio", según informó Europa Press.

Por este motivo, con el objetivo de recabar la opinión al respecto del titular de Justicia, el partido liderado por Rosa Díez registró una pregunta con ese enunciado para que Catalá la responda el próximo miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Concretamente, el encargado de formular la pregunta será el portavoz adjunto de la formación magenta, Carlos Martínez Gorriarán, quien aprovechará su intervención para dejar claro el rechazo de su formación a la nueva ley que entrará en vigor el próximo 15 de julio y por la que la gestión de los registros pasará a manos de los registradores mercantiles y de la propiedad.