Es muy difícil explicar desde posiciones de izquierdas que un vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial –Carlos Hugo Preciado– rompa todos los consensos establecidos en el seno de ese sector y entre ese sector y el de los conservadores; que, además, se excluya del resto de vocales nombrados por los partidos que forman el Gobierno para crear una nueva mayoría con los vocales a propuesta del PP y con la presidenta, Isabel Perelló; y que termine entregando a estos últimos el control de nueve de las 11 comisiones y con ello el control de facto del órgano de gobierno de los jueces. La jugada se produce en uno de los contextos judiciales más graves de los últimos años, con el omnipresente asociacionismo conservador conspirando contra el Ejecutivo por la ley de amnistía, múltiples pronunciamientos políticos de jueces y magistrados en activo que quedan sistemáticamente sin castigo y tras una huelga ilegal contra las reformas judiciales en tramitación, entre ellas la que aprobará este martes el Consejo de Ministros para entregar la investigación de los delitos a los fiscales.

En medio de ese contexto –en el que gran parte del estamento judicial más conservador dibuja España como una suerte de dictadura cuyo Gobierno solo quiere acabar con la separación de poderes y la independencia judicial– varias voces han surgido desde Sumar o las diversas fuerzas que convergen en esa formación, no para lamentar la enésima ruptura de la izquierda representada en el Consejo o criticar la maniobra que permitirá a Preciado (que sale sobrerrepresentado con presencia en nada menos que cuatro comisiones), sino con el sorprendente argumento de que la "traición" que, según los nueve progresistas restantes, ha terminado por consumar el "tránsfuga" Preciado es, en realidad, una buena noticia para la izquierda. Fuentes judiciales y los progresistas del CGPJ –entre ellos la fiscal Inés Herreros, la otra vocal propuesta por la formación de Yolanda Díaz– lo rechazan drásticamente. También la magistrada de Las Palmas, exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género y exdiputada de Podemos Victoria Rosell.

El primero en salir a defender a Preciado ha sido el que se considera su máximo valedor, el diputado de Sumar y ex secretario de Estado para la Agenda 2030 Enrique Santiago. El mismo día del vuelco a la derecha en el CGPJ, el pasado jueves, el parlamentario publicó un post en X en el que sostuvo que, en realidad, lo ocurrido era "una buena noticia", porque "de 15 comisiones y grupos de trabajo elegidos, ocho presidencias son progresistas". En realidad, las presidencias de comisiones que quedan en manos de vocales de la izquierda son cinco. Además, poco importa la presidencia, porque solo da el voto de calidad en caso de empate, y en todas ellas, los conservadores son mayoría.

En su post –y en otro posterior que publicó el sábado– Enrique Santiago critica indirectamente al sector progresista al afirmar que, desde que se constituyó en julio de 2024, "el nuevo CGPJ nombró un 65% de conservadores en altos tribunales", a lo que añadía: "Hoy esto cambió". Se trata de un argumento similar al esgrimido en repetidas ocasiones por el propio Carlos Hugo Preciado. En una entrevista publicada ayer en Diario Red y retuiteada por Pablo Iglesias, subía ese porcentaje al 68% y dejaba en 32% los puestos discrecionales que habrían ido a magistrados progresistas. Ese mismo porcentaje fue repetido en un comunicado distribuido por Izquierda Unida, la formación de la que Santiago, siempre desde el grupo de Sumar, actúa como portavoz en el Congreso.

Es cierto que los más de 150 nombramientos que ha tenido que poner en marcha el Consejo desde su renovación han beneficiado de manera neta a los candidatos conservadores, sobre todo a los procedentes de la mayoritaria y tradicionalmente alineada con el PP Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los vocales a propuesta del PP solo han apoyado a candidatos de ese colectivo hasta tal punto de que muchos jueces aseguran con sorna que la "APM es una agencia de colocación". O que, en España hay que hacer dos cosas para ser un juez exitoso: "Sacarse la oposición y afiliarse a la APM". El menor porcentaje de nombramientos de miembros de la única asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la tercera en número de afiliados, se ha debido a la ausencia de candidatos, que ha obligado a la izquierda del Consejo a buscar a sus aspirantes entre jueces no asociados o miembros de otros colectivos más conservadores, como en la Francisco de Vitoria e, incluso, en el Foro Judicial Independiente. Otro de los factores determinantes es que, a muchas de las vacantes, solo se presentaba un único candidato o candidata y era del sector conservador.

Un destacado magistrado de JJpD lo explicaba a infoLibre el pasado marzo: "Tenemos que animar a nuestros asociados a que se presenten a las convocatorias porque en la inmensa mayoría de ellas siempre hay un candidato de la APM". Un magistrado progresista de la Audiencia Nacional también relató que la creciente derechización de la carrera desincentiva a los jueces de izquierdas que, a final de 2024, vieron cómo los colectivos de derechas se hicieron con la práctica totalidad de los puestos electivos de las Salas de Gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia en unas elecciones a las que estaban llamados todos los miembros de la carrera. "Para muchos, optar a un cargo discrecional es como un estigma entre sus compañeros, mayoritariamente conservadores", añadió. Los vocales conservadores juegan con esa ventaja que ahora, con el apoyo evidenciado por Preciado y Perelló, se multiplica, aunque sin llegar a los 13 votos necesarios para las designaciones más importantes. La inmensa mayoría de los nombramientos que se han aprobado hasta ahora salieron por unanimidad o por muy amplias mayorías.

Frente a lo planteado por el diputado y responsable de Justicia de Sumar, la nota de Izquierda Unida defendiendo al díscolo Preciado y las apreciaciones del propio vocal al que sus compañeros del sector progresista consideran un "tránsfuga", Victoria Rosell, en una respuesta a Enrique de Santiago, explicó por qué, en realidad, la formación de una nueva mayoría conservadora con el apoyo de ese consejero y de la presidenta no era una buena noticia. A la mayoría conservadora en nueve de las 11 comisiones (las presidencias, en realidad, no importan), Rosell añadió la ruptura de la paridad. Solo en tres de ellas hay mayoría de mujeres (Igualdad, Escuela Judicial y Relaciones Internacionales), frente a ocho dominadas por hombres. Entre las presidencias, solo cuatro fueron a consejeras y las otras siete fueron para hombres. Otro de los elementos que hicieron de la maniobra de Preciado una "mala noticia" para Rosell y los vocales de izquierda fue la salida de uno de sus referentes, el juez de lo Mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo, que presentó su dimisión tras el Pleno.

Pero es que, además, Preciado y la otra vocal propuesta por Sumar, la fiscal Inés Herreros, ni se hablan, como recordaba Rosell y confirman fuentes progresistas. La ruptura entre ambos se produjo después de que el vocal "tránsfuga" tratara de presionarla, sin éxito, para atraerla a su terreno, lo que hubiera dado a la nueva mayoría –los 10 conservadores, Perelló y Preciado– los 13 votos que conforman la mayoría de tres quintos, la necesaria para los principales nombramientos: presidentes de tribunales, presidentes de sala del Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia, y magistrados del Tribunal Supremo. Con Herreros, el poder de Preciado, la presidenta y sobre todo el de los vocales del PP habría sido total, pero la vocal se ha mantenido fiel al resto de compañeros de su grupo. La propuesta de reparto de comisiones que finalmente se aprobó –la presentada conjuntamente por los conservadores y Preciado– la dejó fuera de todos los órganos en juego. Solo después de que los progresistas advirtieran de que era ilegal y se reservaran "el derecho de acciones", accedieron a incluirla en la comisión de Escuela Judicial. ¿Cómo habría justificado o defendido Sumar que sus vocales sumaran 13 votos con la derecha? Los vocales conservadores siempre votan como un solo hombre. Disciplina total.

Desde su llegada al órgano, Preciado se ha encargado, además, de escenificar el conflicto con sus compañeros de grupo denigrándolos públicamente al referirse a ellos como "negociadores promovidos por el PSOE" –sin contar con que Herreros, que sigue con el resto de progresistas, fue propuesta también por Sumar– y burlarse de sus "magros resultados" pese a haberse fijado, según sostuvo, "unos objetivos que pasaban por [lograr] la presidencia del Tribunal Supremo y las dos Salas", en referencia a las presidencias de las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, dos plazas clave, una de las cuales debió ser ocupada por una mujer propuesta por los progresistas. Perelló, con el apoyo inquebrantable de Preciado, forzó que las dos candidatas promovidas por la izquierda retiraran sus candidaturas para dejar el puesto a dos hombres aupados por los conservadores. Para el vocal díscolo, lo más importante es haber logrado "la presidencia del Tribunal Supremo" con su "decisiva intervención". Una presidencia que, como él, ha terminado rompiendo consensos para aliarse sin complejos con la derecha.

La coalición vive horas de zozobra. Izquierda Unida ha subido el tono de manera considerable después de que el Consejo de Ministros aprobara el martes el plan para aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB durante este año a través de una inyección adicional de 10.471 millones. La federación que nació al calor de las manifestaciones contra la entrada de España en la OTAN en la década de los ochenta ahora ha entreabierto incluso la puerta a dejar el Gobierno conformado tras las elecciones del 23J.

La formación, ahora en manos de Antonio Maíllo, presiona fuerte en público al PSOE a través de sus principales cargos y dirigentes ante la decisión “unilateral” de aumentar el gasto en defensa y para que se eche atrás en un contrato para comprar munición por parte del Ministerio del Interior a empresas israelíes. Estas reclamaciones también llegan por parte de los otros socios que comparten espacio en Sumar, pero cargos de IU plantean la posibilidad de que se rompa el Ejecutivo de coalición.

Todos los escenarios están abiertos. Este es el mensaje que llegó por los principales referentes: el propio Maíllo, Sira Rego (ministra de Infancia y Juventud) y Enrique Santiago (portavoz parlamentario). El líder de IU lamentó este miércoles la decisión “unilateral” del PSOE y de Pedro Sánchez: “Es un acto de irresponsabilidad”. “Si sigue así, lo único que está abriendo es la crisis de gobierno más importante de esta legislatura. Ese carril no lo vamos a recorrer”, subrayó el miércoles por la mañana. Horas más tarde, en una entrevista con Aimar Bretos en la Cadena Ser, puso el foco en que el PSOE debe rectificar para preservar la coalición, si no lo hace, dijo, Marlaska debería dimitir. ¿Y si no hay marcha atrás? "Vamos a ver y resolveremos como consideremos", respondió.

Santiago también hizo declaraciones a lo largo de toda la jornada reconociendo que todas las posibilidades están abiertas y apelando al gran “desencuentro” con el PSOE. Aunque señaló que quieren conservar un Gobierno opuesto a la derecha en España, no descartó ninguna vía en estos momentos. También deslizó la posibilidad de que dejen el Ejecutivo los titulares de Defensa e Interior. No obstante, en los mensajes que dan en público y en privado los dirigentes de IU se habla de que la salida de Sumar del Gobierno debería ser fruto de una decisión “colectiva”. Rego, de origen palestino, ha enviado incluso una carta al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para rescindir la compra con las empresas israelíes: "Es de una gravedad extrema que se anunciara públicamente la cancelación del contrato hace meses pero que éste finalmente se haya formalizado sin dar ningún tipo de explicación al respecto ni en público ni en el seno del Gobierno".

Fuentes del Ministerio de Interior dan esta explicación: “El contrato en cuestión fue licitado el 21 de febrero de 2024 y adjudicado el 21 de octubre de ese año por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. El 29 de octubre se puso en marcha el estudio sobre la posible rescisión".

“Tras estudiar todas las posibilidades de anulación, el ministerio ha decidido atender la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato. La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados”, indican en el Ejecutivo. Y se lanza este mensaje: “El Ministerio del Interior, pese a este episodio, comparte el compromiso del Gobierno español de no vender o comprar armamento al Estado israelí adquirido desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza”.

Fuentes de IU recalcan que estas decisiones “unilaterales no pueden permitirse en un Gobierno de coalición”. Y como señala otra de las personas con más poder en el partido:  “Se han traspasado muchas líneas rojas y hay una crisis de confianza, desde luego. Pero la opción de salir del Gobierno siempre sería colectiva”. Otra fuente de la dirección del partido hace este análisis: “Ponemos el foco en que el PSOE rectifique esa venta de armas. IU no está en el Gobierno a cualquier precio, pero en lo que estamos es en que los socialistas rectifiquen, no en que IU, que no ha incumplido el acuerdo de gobierno, se salga”.

Desde el Palacio de La Moncloa apoyan la justificación de Interior y recuerdan que son el Gobierno que reconoció a Palestina como Estado. Señalan fuentes gubernamentales que entienden la reacción de Izquierda Unida, pero que no se puede revocar jurídicamente. No obstante, insisten en que hay entendimiento dentro de la coalición y no ven que Sumar vaya a salir del Ejecutivo. En cambio, para Izquierda Unida se podría resolver jurídicamente con la firma de otro funcionario.

El resto de componentes de Sumar en el Gobierno también son muy críticos con el PSOE en las decisiones sobre defensa y la compra a empresas israelíes. Todos ellos están denunciando esta situación y presionando a la vez a los socialistas, pero descartan totalmente llegar a un punto de ruptura de la coalición. Un tema que se podrá tratar en la reunión de la mesa de partidos que están preparando esas formaciones próximamente.

La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, referente del espacio de Sumar en el Gobierno declaró sobre la comprar a empresas israelíes: "Quiero ser muy clara: es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido".

Pero la propia Díaz en una entrevista en TVE a primera hora habló de la “buena salud” de la coalición, a pesar del choque por el plan de gasto en defensa y seguridad. “Vamos a agotar la legislatura, absoluta normalidad”, remarcó. Fuentes cercanas a la también ministra de Trabajo descartan que esté sobre la mesa la posibilidad de salirse del Ejecutivo y señalan que es una postura sólo de Izquierda Unida. Este planteamiento de quedarse lo remarcan también otras altas fuentes de Movimiento Sumar, que descartan absolutamente romper con el PSOE y achacan las declaraciones de Izquierda Unida a un mensaje para sus bases, que crecieron con las manifestaciones contra la OTAN en los ochenta, además de creer que IU también siente presión por la posición que ha tomado Podemos de confrontar con el Gobierno con su particular ‘no a la guerra’.

También rechazan la posibilidad de salir del Gobierno en Más Madrid, cuya líder, Mónica García, ocupa la cartera de Sanidad. “Evidentemente no”, contestan fuentes del partido cuando se les plantea si podrían dejar el Ejecutivo de coalición, a la vez que insisten en que se deben explorar todas las opciones para que se anule el contrato con las empresas israelíes, además de que Marlaska deba comparecer en sede parlamentaria.

Desde los comuns, que están en el Consejo de Ministros a través de Ernest Urtasun, remarcan: "Creemos que hay que rescindir un contrato que no se tendría que haber autorizado nunca. El ministro Marlaska tiene que comparecer y dar explicaciones por una acción que va en contra de los pactos del gobierno de coalición".

"En segundo lugar, los comuns exigimos compromisos claros y esto quiere decir establecer por ley un embargo de armas a Israel. Si no lo hace el Gobierno, impulsaremos una votación en el Congreso a partir de la iniciativa de más de 500 entidades de la sociedad civil que lo llevaron al Congreso el pasado mes de julio. Los partidos que apoyamos el Gobierno de coalición nos tenemos que centrar en revertir el contrato y encontrar una solución estructural como es el embargo de armas".

¿Qué organizaciones se enmarcan dentro de la categoría de terrorismo nacional, según la última memoria de Fiscalía General del Estado, presentada hace escasas semanas? En  el epígrafe 4.5.2 del documento se incluyen organizaciones como ETA, los GRAPO, al "Independentismo Violento Radical Gallego", el "Movimiento Violento independentista catalán" y también el llamado “Ecologismo radical”, donde se señalan dos colectivos en concreto: "Extinction Rebelion (XR)" y "Futuro Vegetal", que en los últimos meses han ido adquiriendo cada vez más protagonismo con acciones directas de sabotaje.

Ambas abogan por la desobediencia cívica a modo de protesta ante la crisis climática y en nuestro país han organizado protestas como la de pegarse a algunos cuadros en el Museo del Prado o lanzar líquido contra la puerta del Congreso. "Los colectivos ecologistas, al igual que está ocurriendo a nivel internacional, han incrementado notablemente su actividad, tanto cuantitativa como cualitativamente, pasando de las habituales acciones reivindicativas de desobediencia civil no violenta a realizar acciones de mayor calado que al contrario de las anteriores ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía", precisaba la Fiscalía. 

El Ministerio Público cifró en 26 las detenciones de activistas ecologistas que tuvieron lugar el año pasado, motivadas por acciones de protesta, aunque ninguna de estas causas ha recaído en la Audiencia Nacional, el tribunal que tiene competencia exclusiva para investigar el terrorismo en España. Tras la protesta de cinco asociaciones ecologistas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— la Fiscalía ha rectificado y ha asegurado que no volverá a incluir al activismo climático en ese apartado.

Estas organizaciones enviaron una carta tanto al Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, solicitando la eliminación del término y la mención expresa de los grupos Extinction Rebellion y Futuro Vegetal. "La mención de estos grupos en este apartado es asistemática y no resulta procedente", señala la Fiscalía en su misiva de respuesta, a la que ha tenido acceso infoLibre. El Ministerio Público también destaca "lo necesario que resulta el activismo ambiental para avanzar en la imprescindible protección del medio ambiente en su sentido más amplio".

Además a las citadas asociaciones, la inclusión del "ecologismo radical" en el epígrafe de terrorismo puso en alerta a las organizaciones políticas que integran Sumar, como Alianza Verde, Podemos e Izquierda Unida, que reclamaron una rectificación inmediata. Un paso más allá dio este lunes el portavoz adjunto de IU, Enrique Santiago, con otra misiva dirigida al Fiscal General, en la que defendía que "no tiene fundamento señalar al movimiento ecologista como una amenaza terrorista": "El derecho a la protesta pacífica o las acciones de desobediencia civil no tienen encaje alguno dentro de la calificación de actos de terrorismo o amenaza terrorista", reza el documento.

A juicio de Santiago, lo que se esconde detrás de esta inclusión, es "un paso más en la criminalización de las personas y organizaciones que luchan contra la crisis ecológica que amenaza nuestra sociedad". El parlamentario de Sumar considera que de esta forma "se sigue la senda de persecución iniciada en algunas instituciones europeas al ecologismo y a los movimientos sociales que defienden la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático" y cita ejemplos como la intención del gobierno francés disolver Lés Soulèvements de la Terre, o las represiones en La Haya.

Una persecución de la que participa la extrema derecha europea y también española. Desde su fundación en 2013, Vox ha coqueteado con el negacionismo sobre el cambio climático. Para la formación dirigida por Santiago Abascal se trata de un fenómeno exagerado por una izquierda que quiere infundir miedo a la población para implantar su agenda totalitaria. "Que se caliente un poquito el planeta, para empezar, reducirá muertes por frío", llegó a afirmar la pasada legislatura el diputado Francisco Contreras, portavoz del partido en la Comisión de Transición Ecológica.

Una deriva en la que el Partido Popular parece estar cada vez más cómodo. En el discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su investidura habló de “dictadura climática" para referirse a las políticas de lucha contra el cambio climático, emulando así los postulados de la ultraderecha negacionista: “Transición ecológica sí. Dictadura activista en ningún caso”, afirmó.

Esta posición contrasta con el sentir mayoritario de la sociedad española. Según una encuesta realizada por el Real Instituto Elcano en 2019 sobre el nivel de preocupación de los españoles con respecto al cambio climático, hay muy pocos ciudadanos que nieguen su existencia. Sólo el 3% de los encuestados afirmaron que el cambio climático no existe y sólo el 15% contestó que el impacto del cambio climático todavía no se nota.

Con la Memoria de la Fiscalía también se ha vuelto a reavivar el debate en torno a las manifestaciones de desobediencia civil, que camina en dirección opuesta al reconocimiento que hace la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como formas legítimas de protesta. Un término que fue acotado en el siglo XIX por el filósofo Henry David Thoreau, quien estuvo preso por negarse a pagar impuestos en señal de protesta por la guerra contra México y la esclavitud en Estados Unidos

Los expertos definen la desobediencia civil como "una acción que busca denunciar o transformar una determinada realidad que se considera injusta recurriendo para ello al incumplimiento de la ley". Una desobediencia civil que puede ser directa –se infringe la ley que se considera injusta– o indirecta –se produce un incumplimiento de una norma para llamar la atención sobre un problema mayor. Las protestas de las organizaciones ecologistas serían, por tanto, indirectas, ya que buscan alertar sobre las consecuencias a largo plazo de los efectos del cambio climático.

Uno de los ejemplos más nombrados para ejemplificar qué es la desobediencia civil es el de Rosa Parks, una mujer negra que en 1955 se negó a ceder su asiento en el autobús y pasar a la parte trasera, lo que se considera un gesto fundacional del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

El estreno legislativo del grupo parlamentario de Sumar ha tenido un protagonista claro: la libertad de expresión. La coalición liderada por Yolanda Díaz propone derogar hasta seis los delitos del Código Penal: el de injurias a la Corona –artículos 490.3 y 491–, injurias al Gobierno y sus instituciones –artículo 504–, ofensa a los sentimientos religiosos –artículo 525–, ultrajes a España –artículo 543– y enaltecimiento del terrorismo –artículo 578–. Se trata de una vieja reivindicación de Unidas Podemos y formaciones como ERC y Bildu que nunca llegó a ver la luz durante la pasada legislatura.

Delitos que han provocado verdaderos quebraderos de cabeza a figuras como Pablo Hasel, encarcelado por por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona o el rapero Valtonyc, fugado en Bélgica tras ser condenado a tres años de cárcel también por enaltecimiento del terrorismo, injurias, calumnias y amenazas por las letras de sus canciones. Hace dos años el Gobierno de Pedro Sánchez prometió una revisión de los delitos más polémicos para eliminar las penas de privación de libertad, pero finalmente acabó cayendo en el olvido.

El encargado de presentar esta iniciativa ha sido el portavoz adjunto de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, que ha apelado a hacer esfuerzo para "recuperar las libertades civiles" en nuestro país y ha citado las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que "sacan los colores" a España diciendo que "no se pueden aplicar normas con este sentido":"Tenemos que corregir una anomalía que España tiene en su legislación", ha subrayado.

Se trata de un asunto sobre el que se han pedido avances a nivel internacional. En su último examen periódico universal, dos de las recomendaciones del Consejo de Europa iban justo en esa dirección. La primera pedía "garantizar la libertad de expresión y de opinión mediante una reforma del Código Penal". La segunda planteaba una revisión relativa, en concreto, de las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos.

El debate jurídico lleva años planteado, a la vista de las numerosas sentencias y autos discrepantes entre los distintos tribunales españoles a la hora de interpretar la aplicación de estos delitos considerados "de expresión", más allá del de enaltecimiento del terrorismo. Desde Sumar defienden que hay que poner fin a las diferentes interpretaciones entre los magistrados y adaptar el Código Penal español a los estándares europeos e internacionales. Estos serían los delitos principalmente afectados.

La proposición de Ley de Sumar, a la que ha tenido acceso infoLibre, argumenta que la "especial protección de la más alta institución política del país" en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye "un verdadero ataque contra la libertad de expresión". "En un sistema democrático cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera no se entiende la libertad política ni la democracia", exponen.

Un delito por el que fue condenado a un año de prisión el actual líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. El dirigente abertzale se refirió al rey Juan Carlos como el "jefe máximo" de los "torturadores" durante una rueda de prensa. Tras la condena, impuesta por el Tribunal Supremo, Otegi recurrió ante el Tribunal Constitucional, que cerró filas alrededor del monarca al considerar que "las afirmaciones efectuadas" superaban de manera "patente" el "nivel de lo lícito", expresando "un evidente menosprecio" al rey y la institución que encarna y, por tanto, no pudiendo considerarse amparadas por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabó dando la razón al entonces dirigente de Batasuna. Y lo hizo criticando que el jefe del Estado goce de un nivel de protección mucho mayor que el que se concede a otras personas o instituciones "respecto a la difusión de información u opiniones que les conciernen".

Sumar identifica "un problema" en la legislación española relativo "a la indefinición de determinados tipos penales" siendo el paradigma de este tipo de supuestos, a su modo de ver, la "ambigüedad en la definición del enaltecimiento del terrorismo", recogido en el artículo 578 del Código Penal. Según defienden desde la coalición, el enaltecimiento terrorista es un delito de opinión, que consiste en incitar “indirectamente” a la comisión de delitos terroristas. Santiago argumenta que ahora está sirviendo para perseguir a "cantantes y titiriteros" y, en su lugar, Sumar plantea incluir a las víctimas del terrorismo entre los colectivos que merecen "especial protección", de modo que la persecución de las injurias o calumnias contra ellos se articulen mediante la vía del agravante.

Uno de los casos más conocidos fue la pena impuesta por el Tribunal Supremo, que el Constitucional acabó anulando, a un año de prisión a César Augusto Montaña Lehmann, más conocido como César Strawberry, cantante del grupo Def con Dos, por unos tuits en los que mencionaba la vuelta de los Grapo y ETA y hacía chistes sobre los atentados contra el socialista Eduardo Madina o el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco. Aunque admitía "los aspectos reprobables de los tuits" de Strawberry, la sentencia del tribunal de garantías tenía en cuenta el "imperativo constitucional" de respeto a la libertad de expresión y la intencionalidad crítica de los mensajes, pero también examinaba su propia jurisprudencia y la del tribunal de Estrasburgo.

La coalición liderada por Yolanda Díaz sostiene que un Estado aconfesional "no han de primar los sentimientos de unos ciudadanos frente a otros": "Lo único que habría que proteger es la libertad religiosa como derecho fundamental. En este sentido la legítima crítica contra las religiones, dogmas y creencias está amparada por la libertad de expresión", aseguran. Por tanto, consideran que la crítica expresada mediante "burla, sátira o cualquier otro tipo de opinión contra las confesiones religiosas está amparada por la libertad de expresión".

Sobre este delito en particular también ha habido discrepancias entre sentencias judiciales: mientras el actor Willy Toledo resultó absuelto por un juzgado de Madrid por publicar en Facebook "me cago en dios y en la virgen", en Málaga una mujer fue condenada por participar en la llamada Gran Procesión del Santo Chumino Rebelde a una pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de 10 euros.

A juicio de Sumar el delito de ofensas o ultrajes a España o a sus símbolos o emblemas, se está aplicando "para atacar la libertad de expresión, reprimiendo la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional". "Ponerse de acuerdo cientos de personas en un estadio, previo reparto de silbatos a la entrada de un partido de la Copa del Rey de fútbol y en el marco de una protesta ciudadana, no es delito. Silenciar el himno nacional no entraña ataque contra la patria, sino una legítima expresión de la libertad de expresión", señalan.

El cómico Dani Mateo fue denunciado por ultrajes a los símbolos por una intervención en clave humorística en El Intermedio en la que se sonaba los mocos con una bandera de España, si bien el caso acabó archivado.

Se trata de un delito que, tal y como recoge el grupo parlamentario de Díaz, "apenas se ha aplicado". "Lógicamente las instituciones en un sistema democrático tienen que estar expuestas a la crítica de la ciudadanía, aunque es preciso conjurar el riesgo de que se active su aplicación", zanjan.

El XXI Congreso del Partido Comunista de España (PCE) ha reelegido a Enrique Santiago como secretario general, tras obtener el 54,16% de apoyo de los 498 delegados acreditados, que se han congregado este domingo en Madrid para la elección de los miembros del Comité Central, según Europa Press.

La lista encabezada por Enrique Santiago, con Amanda Meyer de número dos y con Alberto Garzón cerrando la plancha, ha sido la más votada, seguida de la de Alberto Cubero que ha obtenido el 45,84% de los votos. Con esa composición, el nuevo Comité Central, reunido tras la votación, ha elegido a Enrique Santiago como secretario general del PCE y a José Luis Centella como presidente.

La cita congresual ha tenido lugar en el auditorio Marcelino Camacho de CCOO Madrid y también ha servido para decidir la estrategia política del partido de cara a los próximos años.

Durante las convenciones regionales, los planteamientos de Santiago se impusieron en la conferencia del Partido Comunista de Andalucía, que es la organización que mayor número de delegados aporta al cónclave, al nominar aproximadamente el 40%, casi por unanimidad. También logró amplia mayoría en Euskadi y en Castilla-La Mancha se impuso pero con menor margen, logrando también la mitad de los delegados en Cantabria.

Mientras, la mayoría de convenciones autonómicas se decantaron por el sector alternativo de Cubero en distintas proporciones, aunque la actual dirección del PCE también ha obtenido apoyos.

De esta forma, el aspirante crítico cosechó un apoyo unánime en Aragón y un respaldo mayoritario y amplio apoyo en la Comunidad Valenciana y Extremadura, imponiéndose también en Murcia, Asturias, Madrid, Castilla y León, Galicia o Baleares.

El secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista (PCE), Enrique Santiago, ha asegurado que están trabajando para "subsanar" el problema técnico-jurídico, después de que la Junta Electoral de Andalucía (JEA) haya acordado no aceptar la solicitud de constitución de la coalición electoral Por Andalucía integrada por Podemos Andalucía, IU, Más País Andalucía, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz por haberse registrado fuera de plazo.

Así lo ha asegurado este domingo durante la inauguración del Jardín de la Paz de Rivas Vaciamadrid (Madrid). Santiago ha asegurado que están trabajando para "subsanar" los problemas técnicos aunque ha tildado de buena noticia que "haya un amplio acuerdo que signifique el inicio de un proceso de construcción de un Frente Amplio en España bajo el liderazgo de nuestra compañera Yolanda Díaz".

Ha defendido que se ha cerrado un acuerdo de ampliación del actual espacio político "para ir avanzando en la construcción de ese Frente Amplio para sumar más fuerzas, más personas y más colectivos", lo que permite que "la izquierda tenga una opción ganadora en las próximas elecciones andaluzas".

De este modo, ha apuntado que "no es un problema de Podemos", toda vez que ha asegurado que todas las fuerzas políticas de ese acuerdo en Andalucía "estamos trabajando conjuntamente para subsanar un problema técnico-jurídico" y ese trabajo "dará sus frutos de una forma u otra, corrigiendo las deficiencias que ha habido o estableciendo un mecanismo que salvaguarde el amplio acuerdo que hay en concurrir todas esas fuerzas conjuntamente a las elecciones andaluzas".

Santiago ha añadido que "ahora mismo es incuestionable la voluntad de las seis fuerzas políticas que han ampliado el actual espacio de Unidas Podemos con ese primer paso para ese frente amplio en toda España y que va a tener unos excelentes resultados en Andalucía con el liderazgo de Yolanda Díaz". "Lo importante es el acuerdo político, lo demás son cuestiones formales que se solventan con medios jurídicos sin problema", ha concluido.

Las palabras de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mostrándose por primera vez el jueves a favor de crear una compañía eléctrica pública, sigue siendo tema central de las declaraciones de los grupos políticos de diferente ideología este viernes que marca nuevos máximos históricos por quinto día consecutivo.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos, Enrique Santiago, considera que tras la "excelente noticia" de la declaración de Ribera, "llega la hora de pasar de las palabras a los hechos y de concretar esta medida en la práctica lo antes posible". En un comunicado recogido por Europa Press, Santiago ha indicado que esta eléctrica pública debe ir acompañada por otras actuaciones igual de eficaces para hacer frente a la actual escalada de precios de la luz, además de "poner cordura en el mercado de la energía de forma definitiva".

Santiago ha destacado que esta propuesta es "razonada y factible" y ha recordado que desde Izquierda Unida se viene planteando desde hace ya varios lustros, algo que Unidas Podemos también ha defendido y expuesto públicamente durante esta etapa de Gobierno de coalición. "Pero más allá de autorías, no se puede perder ni un minuto más en realizar lo que en buena parte de países de nuestro entorno es una realidad desde hace décadas, mucho antes incluso de que en España estallara esa inútil competencia para ver quién privatizaba más y más rápido que nos ha arrastrado hasta aquí", ha señalado.

El portavoz ha advertido de que mientras en otros países "nadie se rasga las vestiduras" por tener una compañía eléctrica pública, España se debe enfrentar "a los prejuicios, intoxicaciones y mentiras de la derecha y del entorno empresarial al que se debe, mientras utilizan la subida del recibo de la luz solo en su beneficio y sin importarles los problemas que acarrean a la mayoría de la gente".

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso lamenta que son precisamente "quienes ahora hacen más ruido desde la derecha" los mismos que llevan de perfil desde mucho antes para no respaldar medidas como la mejora del bono social que ayuda a los consumidores más vulnerables, los mismos que han ignorado el decreto ley para acabar con los denominados beneficios caídos del cielobeneficios caídos del cielo o los mismos que trataron de torpedear incluso antes de conocer su contenido el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico".

En este sentido, Santiago ha denunciado que ha sido también el líder de los populares, Pablo Casado, quien "se desgañita" planteando pactos de Estado "tramposos" o exigiendo adelantos electorales "irreales", cuando se negó a respaldar hace unas semanas la bajada del IVA del recibo de la luz. "Casado prefiere anteponer sus ambiciones, su inoperancia y su propio interés al del 97% de los consumidores domésticos, de las casi tres millones de empresas y autónomos, o de los más de 600.000 hogares vulnerables que se benefician de esta medida", ha criticado Santiago.

Podemos pide un Decreto Ley para limitar el precio de la energía hidroeléctrica y nuclear

Por su parte, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este viernes al Gobierno que apruebe un Real Decreto Ley para limitar el precio de la energía hidroeléctrica y nuclear y así contener el alza de la electricidad, que este viernes ha registrado el quinto día de récord histórico. "A día de hoy se podría fijar mediante Real Decreto un precio máximo para la energía hidroeléctrica y la nuclear", como medida inmediata para lograr bajar el precio de la energía eléctrica, ha afirmado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.

Según Fernández, el problema es que actualmente se está pagando estas energías, que son más baratas, "al precio del gas". "Ese es el gran problema", ha señalado para referir que esta circunstancia está llevando a "situaciones dantescas" como que "Iberdrola esté desecando pantanos" y "desabasteciendo a municipios, agricultores y ganaderos" para generar energía hidroeléctrica "muy barata" y "venderla a precio de gas". Así, ha asegurado que eso es "un timo".

Fernández se suma así a las declaraciones del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que este jueves en pedía limitar el precio del megavatio hora por Real Decreto siguiendo el ejemplo de Francia para dejar de pagar la energía nuclear e hidroeléctrica "insultantemente por encima de su precio de coste". En la misma línea, Fernández se ha mostrado favorable de "intervenir y reglar" el mercado eléctrico y "fijar el precio máximo" de cada una de las "tecnologías" en función del "coste real de producción".

Finalmente, ha insistido en que "es un buen primer paso" que el PSOE "se avenga" a aceptar los planteamientos de Podemos sobre una empresa pública de energía, que en su opinión es la "solución estructural" para reducir el precio de la factura eléctrica.

El PP: "Son cortinas de humo y parches"

El vicesecretario de participación del Partido Popular y diputado nacional Jaime de Olano ha calificado de "verdadero disparate" que el Gobierno mencione la opción de contar con una "empresa pública" para atajar el problema de la escalada del precio de la luz, algo que, advierte, "no va a solucionar" con esa medida.

De Olano, en declaraciones a los medios de comunicación, ha criticado que Ribera se echase este jueves "en brazos de las políticas de Podemos", al referirse a esa alternativa en una entrevista en la Cadena Ser. "Soluciones como nacionalizar determinadas empresas o crear una nueva empresa estatal para gestionar la producción de energía hidroeléctrica no dejan de ser cortinas de humo y parches, cuando saben que es algo que es absolutamente irrealizable. El propio gobierno decía hace unos meses que eso no iba a solucionar en absoluto el problema", ha asegurado el popular.

Por su parte, el diputado del PP ha constatado que "se cumplen cinco días en los que en España se van batiendo los récords del precio de la energía (...) y por quinto día consecutivo el señor Sánchez da la espantada y no da la cara ante los españoles". Así, ha afirmado estar "ante un gobierno falto de ideas, que no tiene propuestas, que no sabe cómo hacer frente a los problemas del país, en este caso la factura eléctrica, el precio de la energía". Se trata, ha ahondado, de un ejecutivo "desbordado, agotado, que es absolutamente incompetente para hacer frente a los problemas de los españoles".

Por eso, y después de que Pedro Sánchez no dijese "ni una sola palabra de este problema que afecta a todos los españoles", y ya que "el Gobierno con más asesores de la historia no tiene una sola propuesta seria para hacer frente a este grave problema", ha exigido que comparezca la vicepresidenta Ribera en el Congreso y que el presidente del Gobierno "dé explicaciones". 

En concreto, le ha reclamado "que convoque para principios de septiembre el debate sobre el estado de la nación". "Si no tienen propuestas ni capacidad para actuar ante las crisis, lo que tiene que hacer es echarse a un lado, disolver las Cortes y convocar elecciones", ha confrontado. "Cruzarse de brazos no es ninguna solución y demuestra que el proyecto de Sánchez era vacío y que cuando vienen las cosas mal dadas no hay nada detrás", ha incidido.

Cs: Marín cree que "todo es debatible" pero Villacís y Garicano ven una "idiotez" la idea de Ribera

Desde Ciudadanos, fuentes del partido presidido por Inés Arrimadas han explicado a Europa Press que el problema de la escalada del precio de la luz "no tiene nada que ver con la titularidad de la producción energética". Para la formación naranja, la idea de la vicepresidenta tercera del Gobierno es una "ocurrencia" que "vuelve a poner de manifiesto que Podemos marca el camino a Sánchez", y cree que el Ejecutivo de coalición ha intentado lanzar una "cortina de humo" para "desviar la atención del precio histórico de la electricidad". "En un asunto tan importante como este, no existen soluciones mágicas como esta empresa pública, que tendría que vender la electricidad por debajo del precio de coste para tener un efecto notable, creando un agujero de tamaño insostenible en las ya maltrechas cuentas del Gobierno", han comentado desde Cs.

No obstante, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y miembro del Comité Permanente de Cs, Juan Marín, ha dicho que "todo es debatible" y se ha mostrado favorable a explorar todas las opciones frente al fuerte incremento del precio de la luz. "Habría que valorarlo y analizarlo con más detenimiento", ha deslizado. En esta línea, el vicepresidente andaluz ha trasladado que tendrían que "sentarse" a valorar la propuesta, aunque ha insistido en que son "explorables" todas las opciones que favorezcan ser un país competitivo. "Podrá ser o no. Podemos estar de acuerdo o no en el sistema. Lo que no puede ser es que estemos sufriendo una subida tan importante y no estemos siendo capaces de buscar soluciones", ha apostillado.

El portavoz naranja ha recalcado que Ciudadanos no se "quita de en medio" cuando hay problemas y reprocha al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esté de vacaciones y "deje" en esta situación a los ciudadanos que, según Marín, "no estarán muy contentos". Además, ha denunciado que "especialmente" el sector de la hostelería y el turismo no reciben ayudas directas ni sienten el "aliento de las administraciones". Así ha subrayado que "se puede hacer más" para reducir la factura de la luz al tiempo que ha recordado que la Comisión Europea permite al Gobierno "un margen" para bajar los precios a la electricidad.

Sin embargo, la coordinadora de Ciudadanos Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha calificado este viernes de "insensato, locura y populista" la posibilidad de crear una empresa pública de electricidad en España, y ha pedido al Gobierno central "no copiar lo que hacen en Venezuela". "Es una insensatez que creen una empresa pública de electricidad. Lo sensato es abordar el problema del coste de la energía y bajar impuestos. Tenemos que tener un IVA súper reducido porque es un bien básico. En lugar de copiar lo que hacen en Venezuela, propondría que imitasen a países con propuestas más reseñables", ha trasladado ante la prensa desde la calle Castelló al ser requerida por un nuevo precio histórico en la factura de la luz.

Villacís considera que el Ejecutivo de Sánchez "no se puede escaquear", y ha afeado que cuando el presidente, Pedro Sánchez, "estaba en la oposición, se le llenaba la boca diciendo que era una aberración". Como receta, la vicealcaldesa ha aconsejado a Sánchez "bajar los impuestos de la electricidad", ya que se trata de dos impuestos, por un lado el de la electricidad y por otro el del valor añadido. Además ha indicado que la luz "se tiene que tratar como un bien básico", y ha abogado por "acabar con ese impuesto de doble imposición, porque es sobre el coste de la energía y el coste de la electricidad".

En la misma línea se ha manifestado el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha rechazado la propuesta de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de crear una empresa pública que gestione las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose para así bajar el importe de la tarifa eléctrica, una idea que ha calificado de "idiotez". "Por favor, menos idioteces sobre una empresa pública como solución. Sólo servirá para crear empleo para políticos sin poltrona", ha indicado el eurodiputado este viernes a través de su cuenta de Twitter. En cambio,

Carlos Hugo Fernández-Roca, el diputado de Vox que hace un mes renunció a su escaño, está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 38 de Madrid como supuesto autor de un delito contra la libertad sexual, según publica este miércolesinfoLibre. La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, han sido de las primeras en mostrar su indignación en Twitter ante esta noticia. 

Montero ha reivindicado en Twitter que "la violencia si tiene género", en alusión, además, al discurso de Vox que niega esta realidad y que ha reiterado este mismo miércoles el propio Santiago Abascal desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Por su parte, Lastra ha asegurado sobre Fernández-Roca que "es vergonzante y doloroso que alguien así se haya sentado en un escaño del Congreso". El 13 de noviembre, el hasta entonces parlamentario por Almería admitió que dimitía tras conocer que había sido objeto de "una denuncia" sin más detalle del contenido de la misma y proclamando su inocencia. 

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha acusado a la portavoz socialista de “cargarse de un plumazo” la presunción de inocencia “haciendo de juez”, para acto seguido remarcar la dimisión de Férnandez-Roca y condenas y acusaciones de abuso sexual de otros políticos.

La diputada del PSOE por Jaén y portavoz de Igualdad en el Congreso, Laura Berja Vega, ha compartido la publicación de Lastra y ha añadido: "Vox niega la violencia machista. Un diputado de Vox, que dimitió sin dar explicaciones, acusado de agredir sexualmente a una chica que acabó sangrando".

La diputa socialista por León, Andrea Fernández, también ha compartido la información sobre Fernández-Roca. "En España se denuncia una media de 4 agresiones sexuales al día. Los denunciados no son enfermos ni locos, son hombres normales y corrientes que trabajan y viven entre nosotras, también en el Congreso", ha asegurado en Twitter. En otra publicación, ha recordado que el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, le mandó ánimos de forma pública cuando dimitió: "Un gran ejemplo de la omertá machista". 

El diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, también ha tuiteado esta información en alusión al discurso cuando al líder de Vox de este miércoles cuando ha tachado de "violadores a todos los menores extranjeros que hay en España". "Con el reciente antecedente de Carlos Hugo Fernández-Roca en su grupo parlamentario, investigado por una presunta violación, le convendría ser más prudente", ha asegurado en esta red social. 

Martina Velarde, secretaria general de Podemos Andalucía también se ha hecho eco de la noticia. "No falla. Cuanto más repiten que la violencia no tiene género, más probabilidades de que sean terroristas machistas"

Por su parte, Podemos, desde su perfil de Twitter, ha criticado que no se hable de este "escándalo" en televisión. 

El sector crítico a la dirección de IU ha formalizado este jueves se precandidatura, encabezada por el dirigente José Antonio García Rubio y que cierra "simbólicamente" el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; de cara a liderar el partido en la próxima asamblea federal y con el objetivo de evitar la fusión con Podemos.

"Con todo respeto para todos, no queremos que nos dirija Pablo Iglesias (líder de Podemos), que no ha sido elegido por ningún órgano de IU", ha explicado en declaraciones a Europa Press García Rubio, para resaltar que este proyecto busca preservar "la soberanía" plena del partido.

Por tanto, los afiliados y cargos de IU agrupados en este sector buscan evitar que "bajo el paraguas" de la unidad popular se "encubra" un proyecto de fusión con Podemos, formación con la que existen posturas "divergentes".

Su lema "IU, la izquierda necesaria"

Bajo el lema 'IU, la izquierda necesaria', la precandidatura ha remitido este jueves a la Comisión de Organización los nombres de los precandidatos que la conforman, con dos listados de 31 mujeres y 31 hombres.

García Rubio se encuadra en el sector crítico al actual coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, a través de la corriente '+Izquierda' y ha desempeñado cargos en áreas de empleo y economía del partido.

La candidatura integra afiliados de 10 federaciones de IU (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi, Madrid, Navarra, País Valenciano y Rioja) con presencia de cargos y excargos políticos de IU, entre los que destaca el regidor de Zamora, quien cierra simbólicamente la lista.

Con esta inclusión se hace un guiño a los partidarios de la conocida como 'Declaración de Zamora', que defiende el proyecto político autónomo de IU.

Aparte, participan en ella militantes de todos los partidos estatales integrados en IU, independientes y miembros destacados de distintos sectores; afiliados y cuadros de diferentes sindicatos y personas activas en los movimientos sociales y en las mareas en defensa de los servicios públicos.

El equipo que conforma la precandidatura también subraya la presencia en la lista de la política y escritora Lidia Falcón y otras mujeres vinculadas al Partido Feminista, en virtud de que su afiliación a IU es siempre individual. También incorporarán personas de organizaciones LGTBI.

"No encubrir la fusión con Podemos" 

Ahora, sus miembros están elaborando un documento "alternativo" a las tesis de la ponencia de la dirección, que se terminará de redactar una vez sea público el documento oficial, y que apuesta por una IU como "movimiento político y social", con una política de alianzas "positiva" pero "que no encubra" bajo fórmulas de convergencia la "fusión de hecho con Podemos".

"Queremos recuperar la autonomía política de IU", ha asegurado el cabeza de lista del sector crítico para recalcar que, con ello, no se quiere decir que no se produzcan acuerdos políticos, pero bajo las fórmulas que preserven el espacio e identidad del partido.

También ha destacado que "no es posible" un proyecto estratégico comín entre ambas fuerzas políticos porque son "diferentes", como se ve en las visiones sobre la concepción del país, la relación con los nacionalismos o sobre el feminismo.

Por ello, García Rubio defiende que en esta asamblea federal IU debe decir "clara e inequívocamente" hacia dónde se dirige en el futuro, "sin ambigüedades" que "confundan" a la afiliación y con el debate sobre cómo se reforzará la soberanía de la formación.

La precandidatura expresa también "una fuerte preocupación por la pluralidad de IU" y su confección se ampliará de cara al 22 de diciembre, plazo establecido por las normas de la XII para presentar la candidatura definitiva.

El PCE apuesta por superar IU 

La asamblea federal de IU iba a celebrarse inicialmente este verano pero fue aplazada a enero a raíz de la crisis del coronavirus. Según el calendario que maneja la organización, el 22 de diciembre es el plazo límite para presentar candidaturas a liderar el partido.

De cara a esa cita, el Partido Comunista de España (PCE) defenderá la necesidad de "superar" IU y lograr un proceso de convergencia que amplié la actual Unidas Podemos, que no debe limitarse a una "alianza electoral".

Para ello, la formación que dirige el diputado Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos, es concretar ese nuevo sujeto político con un "mínimo de cohesión territorial que permita trascender el proyecto de unidad electoral que es Unidas Podemos".

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique ha defendido este jueves la abstención de Unidas Podemos en la votación del decreto contra la 'república digital' catalana señalando que lograron modificaciones para que fuera "mucho menos lesivo". "Si hubiéramos votado en contra, hubiera salido adelante igualmente y sería mucho peor", ha añadido.

"Es sencillo, el decretazo digital salía adelante sí o sí porque PP y Ciudadanos votaban a favor", ha indicado Echenique en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press. Se refiere al decreto ley que el Gobierno consiguió que la Diputación Permanente del Congreso convalidase este martes contra la 'república digital'.

El dirigente de Podemos señala que lograron que en el texto se incluyera expresamente el control jurisdiccional inmediato de las decisiones de concesión o denegación de autorizaciones que pudieran suponer la suspensión de un servicio por parte de la administración. Indica además que las resoluciones "tendrán que ser motivadas" y que se ha de asegurar que las intervenciones de la Administración Pública "nunca podrán implicar un recorte de libertades y derechos fundamentales recogidos por el ordenamiento jurídico".

Otra de las modificaciones que Echenique arroga a la acción política de Podemos es que la orden de cese de una presunta actividad infractora del ordenamiento "deberá ser motivada si se adopta sin audiencia previa y será recurrible inmediatamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo". Ese recurso, añade, incluye la solicitud de adopción de medidas cautelares de suspensión de la decisión de cese de la actividad.

Echenique apunta también que en el decreto se incluye gracias a ellos la intervención de las comunidades autónomas en el control de las decisiones denegatorias de sistemas de identificación electrónica, a través de la Conferencia Sectorial para asuntos de Seguridad Nacional, en un plazo máximo de tres meses desde la adopción de la decisión.

Y suma a esto que en los supuestos excepcionales en los que la Administración General del Estado asuma la gestión directa o intervención de redes y servicios de comunicación electrónicos, se añade que "en ningún caso esa intervención podrá suponer una restricción de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en el ordenamiento jurídico, además de estar sometida la decisión a control judicial inmediato".

Por su parte, el secretario general del PCE y diputado electo de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha explicado en un hilo de su cuenta de Twitter que cambiaron su voto para abstenerse a cambio de que el Gobierno aceptara modificar el decreto ley, mediante otro decreto o un proyecto de Ley, "para evitar riesgo de inconstitucionalidad". Y añade que "legalmente era imposible modificarlo en la sesión de la Diputación Permanente de ayer".

"Votando en contra no habríamos conseguido que el PSOE aceptara las modificaciones ni tumbar el Decreto. Absteniéndonos hemos introducido las garantías fundamentales y salvaguarda de derechos reivindicadas por las organizaciones de defensa de la libertad de información", ha apuntado para luego advertir de que Unidas Podemos "se abstuvo a la espera de que se cumpla lo acordado a la mayor brevedad".

En nuestro lucha siempre estará su recuerdo. Ese es el lema que presidía el primero de los actos de homenaje a Marcelino Camacho que CCOO, IU y PCE organizarán a lo largo de 2018, año en el que se celebra el centenario de su nacimiento. Este acto abarrotó el auditorio que lleva su nombre en la sede del sindicato en la calle Lope de Vega, en Madrid.

Metalúrgico, comunista y sindicalista fueron las primeras palabras con las que se definió al primer secretario general de CCOO entre 1976 y 1987, y diputado del PCE —formación a la que se afilió con 17 años— por Madrid entre 1977 y 1981.

Además de miembros de los promotores del acto, no quisieron faltar otras personalidades políticas, sindicalistas, artistas, etc. El anfitrión del acto, Jaime Cedrún, secretario general de CCOO de Madrid, se encargó de agradecer su presencia a Ángel Gabilondo y Toni Ferrer (PSOE), Idoia Villanueva y Ramón Espinar (Podemos), Miguel Gutiérrez (Cs), Montse Muñoz (IzAb), Rafael Espartero y Ana García de la Torre (UGT) y a las delegaciones de la Asociación Unificada de Militares Españoles y del Sindicato Unificado de Policías. El acto tuvo incluso el reconocimiento de la CEOE con la presencia de Jordi García Viñas, que fue levemente abucheado por el público.

También acudieron Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, la escritora Almudena Grandes, los poetas Luis García Montero y Benjamín Prado, el ex secretario general de IU, Cayo Lara, el exeuroparlamentario de IU Willy Meyer o el secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez, entre otros.

Cedrún no fue el único en recuperar el celebérrimo "ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar” e insistió en que “conmemorar cien años de Marcelino es conmemorar cien años de la historia de la clase obrera”. Quiso también actualizar el mensaje de Marcelino de “si acabamos con la esclavitud, por qué no vamos a poder acabar con la explotación”, diciendo que la lucha sindical ahora se basa en buscar la igualdad entre hombres y mujeres y la caída del sistema patriarcal.

Los actores Carlos Olaya y Gloria Vega fueron los encargados de conducir el evento. Ellos son también quienes han interpretado a Marcelino y a Josefina Samper, su mujer, en el documental Lo posible y lo necesario, que se entrenará en mayo. Adolfo Dufour Andía dirigió este largo que relata la vida de Camacho desde la Guerra Civil, pasando por los diez años que estuvo encarcelado y los cuatro de trabajos forzosos, su exilio, el nacimiento de CCOO y su lucha contra la dictadura y por la libertad.

En su intervención, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quiso añadir al lema del acto que Marcelino además “siempre será un ejemplo” y que, por serlo, “la ciudad tiene que recordarle, recogerle y esparcir su memoria”. “Conquistó Madrid para el movimiento obrero, conquistó Madrid para la democracia, conquistó Madrid para la libertad”.

Recordó que en una reunión en el colegio de La Paloma se constituyó la Comisión de Enlaces y Vocales Jurados de la Metalurgia Madrileña, de la que Camacho formó parte. La alcaldesa se preguntó si no habría que poner una placa en ese colegio, una propuesta que fue respondida desde el público con gritos de “calle ya para Marcelino Camacho”. “Tiene ya preparada una”, aseguró Carmena momentos después, la que ahora es la calle de Muñoz Grandes.

“No estoy sólo como alcaldesa, sino como admiradora y discípula de sus enseñanzas”, dijo para después mostrar su agradecimiento personal a quienes hicieron posible CCOO. “Fue, sin duda, un hombre honesto, trabajador, honesto, luchador y bueno”.

El coordinador de la dirección política del PCE, Enrique Santiago,aseguró que Marcelino vino al mundo “para luchar por él y dejarnos uno mucho mejor” y que “el eco de tu voz sigue aquí, bien audible”. Marcelino Camacho fue líder “porque fue ejemplo” y porque, junto a sus camaradas, trajo “amnistía, democracia, solidaridad y más justicia social”. Para Santiago, el mejor homenaje es seguir con sus luchas, porque de él se aprende que “sólo unidos seremos fuertes y mereceremos respeto”.

Sira Rego, responsable de Acción Política y Relaciones Políticas de IU, acudió en representación de su formación, ya que Alberto Garzón no pudo asistir. Aseguró que Camacho es una figura que les inspira, no sólo por su trayectoria política y sindical, sino también por “su calidad humana y coherencia”. Señaló que la libertad de la que gozamos “no se la debemos a los Borbones” ni a “los Botines”, sino a “los Marcelinos que entendieron la importancia del movimiento obrero”. Insistió en que es una fuente de inspiración porque, desde IU, creen que es importante trabajar en las instituciones además de en la calle, como hizo él con su labor como diputado.

Paquita Martín, la anciana famosa por su encendida defensa de las pensiones en laSexta Noche —"¿por qué tienen que tener las mujeres la pensión más baja que los hombres?”— dio un consejo a los asistentes: “Sólo quiero recomendaros que mientras estemos aquí y tengamos la cabeza en su sitio, la pelea continua”. Criticó la miseria y la precariedad laboral, que sólo puede solventarse siguiendo el ejemplo de Marcelino: “luchar, luchar, luchar”.

Ángela Serantes, de la Juventud Comunista, también insistió en la figura de Camacho como un referente y retomó su frase de “el derecho a huelga se consigue haciendo huelga; el derecho a reunión se consigue haciendo reunión y el derecho a asociarse se consigue asociándose" para denunciar la ley mordaza, que está limitando esos derechos.

Yenia Camacho, que no pudo ser acompañada de su hermano, Marcel—la gripe es siempre inoportuna, recordó Olaya al darle paso—, mostró su emoción por todas las palabras que le dedicaron durante el acto a su padre. Recordó las últimas palabras de su padre en público: “Hay que seguir luchando por la paz y por la libertad. Pero no os olvidéis de la igualdad”. También recuperó una de las últimas entrevistas que le hicieron en la que fue preguntado por cómo quería que le recordasen, a lo que respondió: “Si algo de mi vida les puede ser útil, adelante”.

Yenia, la hija de Marcelino Camacho, durante su intervención en el acto de homenaje.

Elsecretario general de CCOO, Unai Sordo, destacó cómo la afluencia al acto y las palabras dedicadas demuestran “la sombra histórica que tiene la figura de Marcelino Camacho” y, por extensión, CCOO y la lucha obrera en España. También reivindicó a Josefina como símbolo de las mujeres que durante el último siglo “han hecho tanto por la consecución de libertades, de la igualdad y de la democracia y que tantas veces han sido silenciadas”. “Es imposible entender la historia de las CCOO, del movimiento obrero y del país sin la presencia de Marcelino Camacho”, insistió.

Para Sordo no fue sólo “un resistente”, sino “un hombre que tuvo la clarividencia para atisbar algunos de los cambios que iba a requerir el sindicalismo en España”. Reivindicó el papel del sindicalismo durante la Transición: “Fue capaz de poner en la calle centenares de huelgas, centenares de manifestaciones”.

El acto terminó con la actuación del cantaor Juan Pinilla y Pablo Vega a la guitarra. Mientras interpretaban el himno de Santa Bárbara, patrona de los mineros, todas las personas que tomaron la palabra volvieron al escenario y, por último, entonaron La Internacional junto a todos los asistentes.

Entre los numerosos actos que se celebrarán a lo largo de 2018, destacan el estreno de Lo posible y lo necesario en mayo y la exposición sobre la lucha sindical y la figura imprescindible de Marcelino Camacho que tendrá lugar en otoño. El último gran evento será un nuevo homenaje el 29 de octubre, día del octavo aniversario de su fallecimiento.

Comisiones Obreras, Izquierda Unida y el PCE han preparado, junto a la familia de Marcelino Camacho, diversos actos que celebrarán a lo largo de este año para reivindicar la figura del histórico sindicalista y la "memoria de la lucha obrera" que simboliza, cuando se cumplen cien años de su nacimiento, informa Europa Press.

El que fuera el primer secretario general de Comisiones Obreras, fallecido el 29 de octubre de 2010, representa, según estas organizaciones, una figura clave para entender lo que significó la lucha obrera durante la posguerra, el franquismo y también durante la Transición, y para la consecución de los derechos y libertades que rigen hoy en día.

En concreto, la comisión designada para organizar el centenario programó un primer acto para el 21 de enero –día de su nacimiento, en 1918–, que tendrá lugar en el auditorio que lleva su nombre y en el que habrá una "fuerte" presencia de la sociedad civil, de otras fuerzas políticas e instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, que estará representado por su alcaldesa, Manuela Carmena.

Documental y exposición

También se estrenará el documental Lo posible y lo necesario, dirigido por Adolfo Dufour Andía, que relata la vida de Marcelino Camacho desde la Guerra Civil, pasando por su exilio, el nacimiento de CCOO, su lucha contra la dictadura y "por la libertad".

Asimismo, los organizadores están preparando una exposición, que será itinerante, y un acto solemne que coincidirá con el octavo aniversario de su fallecimiento, el 29 de octubre, para conmemorar "una vida llena de lucha por la libertad y por los derechos laborales y democráticos de los trabajadores".

"Patrimonio de todos los demócratas"

"Es un patrimonio común de todas las gentes de bien de este país, de todos los demócratas", aseguró el coordinador del PCE, Enrique Santiago, quien destacó que, además, Marcelino Camacho fue "la historia" de su partido, por lo que contribuyó a su desarrollo y a la lucha contra la "cruel dictadura", durante la guerra, el exilio y la cárcel.

En esta línea, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, reivindicó la necesidad de recordar la figura de Marcelino Camacho no sólo desde el punto de vista de su "compromiso político" sino por lo que simboliza para la lucha obrera y las transformaciones de la clase trabajadora.

"Sin el ejemplo de Marcelino Camacho, hoy viviríamos en un país mucho más injusto", defendió, para añadir que los actos programados –al que se sumará otro que organizará IU– tienen un gran "valor pedagógico para las generaciones jóvenes.

El papel 'silenciado' de la lucha obrera durante la Transición

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, hizo hincapié en el papel de Marcelino Camacho y de la lucha obrera en "una parte de la historia de la Transición que no se ha contado". "España tenía planteado un modelo de Transición distinto, pero fueron la lucha de miles de trabajadores, las huelgas y la negativa de CCOO y el PCE de asumir aquel escenario los que corrigieron el rumbo", aseguró. "Hay que hacer mucha pedagogía en España sobre el papel que jugó nuestra gente en determinados momentos históricos", añadió Sordo.

En la misma línea, el hijo de Marcelino Camacho, Marcel Camacho, lamentó que en la historia de la Transición "se ha ocultado la lucha de los trabajadores". "Como familia, queremos que con este centenario se ponga en su sitio a la lucha de los trabajadores que consiguieron que la libertad llegara a este país", enfatizó.

La acusación popular liderada por IU –y la de la que forman parte la Asociación Justicia y Sociedad, Adade, Ecologistas en Acción y Los Verdes– en el caso de la contabilidad B del PP pedía 15 años y 7 meses de cárcel para Acebes y para los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta 19 y 21 años, respectivamente, como responsables de esa caja opaca del partido y acusados, entre otros delitos, de organización criminal. IU dirigía su escrito contra un total de 26 personas, entre ellos a los que considera responsables de la caja B y a los empresarios que hicieron donativos al partido de Mariano Rajoy, según constaba en los papeles de Bárcenas, como Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr) o José Mayor Oreja (FCC), para los que reclamaba siete años de prisión.

Sin embargo, cuando Ruz cerró la instrucción del caso, levantó la imputación a Acebes y a los empresarios. La decisión fue impugnada por IU y por el resto de acusaciones. El juez, en un solo escrito conocido el pasado 15 de abril, desestimó la petición. Decisión que fue recurrida ante la Sala de lo Penal de la Audiencia y aún pendiente de resolución. 

La federación volvió a la carga e incluyó al ex secretario general del PP en el paso siguiente, en su escrito de acusación [consúltalo aquí en PDF], presentado el pasado martes 28. IU, como las demás acusaciones del caso Bárcenas –PSOE, Observatori DESC y Adade–, creen que Acebes debe ser procesado por la financiación ilegal del partido entre 1990 y 2008. IU también solicitó que en el juicio comparezcan como testigos el presidente del Gobierno y presidente del PP, Mariano Rajoy; la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y sus predecesores en ese cargo, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, y también el exministro y expresidente de Baleares Jaume Matas, entre otros. 

"Conocía y participaba en la trama criminal"

Para IU, según su texto de incriminación, la investigación puso "de manifiesto que la actuación de los sucesivos secretarios generales no se circunscribe a cuestiones políticas e institucionales", sino que además "conocían y participaban en la trama criminal organizada, sin que su sola negativa ante el juzgado desvirtúe lo anterior". Y es que Cospedal, Arenas y Álvarez-Cascos ya declararon como testigos en agosto de 2013. 

IU acusaba a Acebes de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, falsedad contable, en fondos electorales y en documento mercantil y delito fiscal. Delitos por los que pide 15 años y siete meses de prisión. También le atribuyó el cobro de sobresueldos procedentes de la caja B (107.100 euros en total) y le achaca que tuvo "participación directa" en la recaudación del dinero negro y en la aprobación de los pagos que se hacían con esos fondos, entre los que se encontraban, según los papeles de Bárcenas, los 888.000 euros con los que se pagaron las obras de la sede nacional del partido, en la calle de Génova de Madrid. 

La defensa de Acebes, sin embargo, presentó un escrito el 29 de abril solicitando la "inadmisión" del texto de acusación por "vulneración de la buena fe procesal". El juez le da la razón. 

De la Mata recuerda en su auto, firmado el 30 de abril [consúltalo aquí en PDF], que el sobreseimiento expreso de la causa contra Acebes pudo ser objeto de recurso, y lo fue, y se desestimó, con lo que se cumplieron los trámites exigidos por la ley. 

Recurso ante la Sala de lo Penal

"Por estas razones, el escrito de acusación presentado debe ser rechazado, en cuanto opta por una variante 'sorpresiva' y por tanto inadmisible en contra del recurrente [Acebes] (a la que denomina acusación cautelar), olvidándose de los hechos que sustentan el auto de transformación [el de cierre de la instrucción], de las personas que en el mismo figuran como imputados y, lo que es más importante, de la garantía constitucional que esta resolución judicial encarna", escribe el magistrado. 

Como ya contaba infoLibre, las acusaciones populares incluyeron a Acebes en sus escritos de forma "cautelar" porque la ley sólo permite solicitar una acusación contra las personas incluidas en el auto de procesamiento del juez. Y Ruz no lo incorporó, pues dictó el archivo de las actuaciones contra el ex número dos del PP. Pero como todas las acusaciones recurrieron ante la Sala de lo Penal esta decisión de Ruz, esta precisión les daba la oportunidad de advertir de que Acebes ha de sentarse en el banquillo de los acusados. Fuentes de la Audiencia señalaban que su procesamiento es el que más posibilidades tiene de prosperar, porque fue imputado por Ruz, mediante auto de 21 de octubre de 2014.

De la Mata además advierte a IU a que en el plazo de un día presente un nuevo escrito de acusación "en los términos legales". Si no lo hace, se dará por "decaído" su derecho a hacerlo. 

Una semana ha tardado la dirección federal de Izquierda Unida en abrir expediente por "falta muy grave" a los portavoces en la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, Gregorio Gordo y Ángel Pérez, por sus responsabilidades políticas en el caso Bankia. Pero ya lo ha hecho, y ha nombrado como instructora a la dirigente Amanda Meyer. 

La Presidencia Federal del pasado 30 de enero aprobó, a iniciativa de Cayo Lara, una resolución contra Gordo y Pérez, excoordinadores de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, aún en sus puestos pese a que se les requirió repetidamente su dimisión después de estallar el escándalo de las tarjetas black. A los dos se les pidió que dieran un paso atrás por su responsabilidad política en la toma de decisiones relevantes en la entidad financiera. El punto 2 de la moción aprobada [consúltala aquí en PDF] consideraba "inaceptable la actuación de los compañeros actuales portavoces de los grupos de la Asamblea y Ayuntamiento de Madrid que no acatan el contenido de la resolución del Consejo Político Federal y, ante esta circunstancia, que es un grave incumplimiento, se acuerda su desautorización política y aprobar que este órgano, en el ejercicio de sus competencias inicie el correspondiente expediente, para lo que el coordinador de la Presidencia [José Luis Centella] mandatará a un miembro de la Presidencia para que desarrolle estatutariamente el citado expediente". 

Esta redacción fue más tibia que la planteada por el dirigente Enrique Santiago –y apoyada por Alberto Garzón–, que pedía la baja cautelar de militancia y la apertura de expediente de expulsión. 

Centella resolvió nombrar como instructora a Amanda Meyer, miembro de la dirección federal y de la ejecutiva de IU en Andalucía y secretaria general de Vivienda de la Junta hasta la ruptura del pacto de gobierno con los socialistas. Además, es hija del exeurodiputado Willy Meyer, con mucha influencia en el PCE y en Cayo Lara. La dirigente tendrá que concluir la investigación "en el plazo más breve posible". La previsión inicial es que estuviera rematado para el Consejo Político Federal del próximo 21 de febrero. Antes, la instructora deberá dar audiencia a las partes y emitir su dictamen.

"Actuación contra los acuerdos" de los órganos

Este viernes se inicia, por tanto, la tramitación del expediente disciplinario, según informó IU en un comunicado. Se abre "por falta muy grave contemplada en el artículo 34, apartado 4, punto 1" de los estatutos federales aprobados en la asamblea de diciembre de 2012. Según ese precepto, se considera falta muy grave "la actuación en contra de los acuerdos, decisiones o resoluciones expresamente adoptados por los órganos de la organización en el marco de sus competencias con consecuencias negativas para IU".

La sanción prevista en las normas de la federación para estos casos, según su artículo 33. c, es "la suspensión de los derechos como afiliado por un periodo desde un año a dos años o la expulsión de IU". 

La resistencia de Gordo y Pérez a dimitir, y el amparo que ha dado a ambos la cúpula de IU-CM, dominada por la vieja guardia (a la que ambos pertenecen), ha sido uno de los ingredientes fundamentales de la guerra en la federación madrileña, que el pasado miércoles cruzó un hito clave, con la salida de Tania Sánchez y parte de sus fieles de la organización, lo que deja a IU sin candidata autonómica a tres meses de las elecciones municipales y autonómicas. 

Decisión más contundente del PCE y del PCM

En la tarde de este viernes se reúne el Consejo Político Regional de IU-CM, en el que se abordará el proceso de sustitución de la cabecera de lista, la confección del resto de las candidaturas y cómo dar cumplimiento a la última resolución de la Presidencia contra Gordo y Pérez. 

El Comité Federal del PCE, por su parte, decidió el pasado sábado lo que había pedido Enrique Santiago la víspera en la Presidencia de IU: suspender de militancia y abrir expediente de expulsión por infracción muy grave a Gordo y Pérez. Este, en la práctica, ya no era militante del PCE porque había dejado de pagar su cuota en enero. Ayer jueves, el Comité Central de los comunistas madrileños, su máximo órgano de poder, exigió la "inmediata destitución" de los dos portavoces. 

La dirección de Cayo Lara no intervendrá Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM). Permitirá que, aun sin coordinador y envuelta en una mayúscula confrontación interna, sobreviva como hasta ahora. Abrirá expediente, eso sí, a los portavoces en la Asamblea y el Ayuntamiento de la capital, Gregorio Gordo y Ángel Pérez. También se les desautoriza y se les reprueba por el comportamiento que los consejeros en Caja Madrid y Bankia. Una decisión, la enésima, que podría no resolver la profundísima crisis y la descomposición de la formación en un territorio clave, donde podría desaparecer, fagocitada por el auge de Podemos. 

Esas son las dos principales conclusiones de la Presidencia Ejecutiva Federal (PEF) celebrada esta tarde, según confirmaron fuentes oficiales. Una reunión crucial que se saldó, como era esperable, a favor de Lara. Aunque con un fuerte enfrentamiento, como demostraron las votaciones. La propuesta del coordinador de sancionar a Gordo y Pérez –ambos señalados por el caso Bankia, por la toma de decisiones sobre la entidad madrileña en su época de líderes regionales– fue apoyada por 28 votos, por los 16 que recabó la resolución planteada por el dirigente Enrique Santiago, que exigía la suspensión cautelar de militancia fulminante de ambos y la apertura de expediente de expulsión. A continuación se votó qué hacer con IU-CM. Lara ofreció diálogo y ayuda para resolver el conflicto y Santiago, la intervención directa, una posición compartida por los ganadores de las primarias a la Comunidad y al Ayuntamiento, Tania Sánchez y Mauricio Valiente. El coordinador volvió a ganar: por 26 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones. 

Lara llegó a la Presidencia con una única propuesta bajo el brazo: la desautorización política de Gordo y Pérez por no haber dimitido como portavoces en la Asamblea y el Ayuntamiento, una exigencia aprobada en otra reunión de este órgano federal, el pasado 14 de diciembre, junto con la posibilidad de abrir expediente. Santiago encabezó el coro de voces críticas: defendió una respuesta más rápida y rotunda, que había que darles de baja cautelar ya y abrir un expediente para que el Consejo Político Federal previsto a mediados de febrero ratificase la expulsión [consulta aquí su propuesta en PDF]. El diputado y secretario de Proceso Constituyente y Convergencia, Alberto Garzón, ya candidato a la Moncloa, se abonó a esta última tesis, y consideró "manifiestamente insuficiente" el planteamiento de Lara, porque el sentir de la militancia y el de las federaciones era otro, de mayor contundencia. 

Lara asume algunos cambios

Durante esta parte del debate, según diversas fuentes, se confrontaron distintos argumentos: quienes, como el coordinador, creían que la desautorización política no podría encontrar ningún revés judicialpolítica , mientras que la expulsión rápida podía ser revertida por los jueces en caso de que los dos afectados pleiteasen. Otros subrayaban que sí era posible actuar de forma rápida, con los estatutos en la mano.

La oferta final de Lara se plasmó en la resolución ganadora. Primero, se dice en el texto, al que ha tenido acceso infoLibre [aquí el PDF] que aunque se remitió a los grupos institucionales de IU-CM las resoluciones de la Presidencia –la del 14 de diciembre y la del 10 de noviembre, en el mismo sentido–, la respuesta de Gordo y Pérez fue "insuficiente", y por eso se considera que "no se ha dado cumplimiento" a las mismas, que pedían su renuncia. Se insta así a la dirección colegiada regional a "gestionar de manera urgente, con ambos grupos, la forma de dar cumplimiento suficiente" a la exigencia federal. Dos, considera "inaceptable la actuación" de los dos portavoces y ante ese "grave incumplimiento", acuerda su "desautorización política" y que se tramite "el correspondiente expediente". José Luis Centella, como coordinador de la Presidencia, nombrará instructor a un miembro de la misma. Se prevé que la decisión definitiva se valide el mes próximo, en el Consejo Político Federal (CPF), máximo estamento de poder entre asambleas.  

Además, durante la discusión, que se prolongó durante cinco horas, se acordó respaldar todas las candidaturas a nivel federal (Alberto Garzón), autonómico y local, en los distintos procesos, y entre ellas, la de Tania Sánchez a la Comunidad de Madrid y la de Mauricio Valiente para el Ayuntamiento. No es una ratificación, porque eso tendrá que llegar en el CPF, pero sí un espaldarazo explícito. Un intento de zanjar el debate sobre ambos, cuestionados por la vieja guardia de IU-CM, la que representa el colectivo SomosIU (en el que están Gordo y Pérez) y la corriente afín al hasta ahora secretario de Organización federal, Miguel Reneses. Los dos, no obstante, ya habían sido validados el pasado 16 de enero por los órganos regionales. Sánchez, sin embargo, afronta un futuro judicial sombrío, ya que el PP se querelló contra ella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por las adjudicaciones del Ayuntamiento de Rivas, del que ella fue concejala entre 2007 y 2011, a la cooperativa administrada por su hermano, Héctor Sánchez.

Santiago planteó a su vez la intervención de IU-CM. Es decir, lo que podría llamarse desfederación. La toma, por parte de IU federal, de la dirección madrileña para desencasquillar el conflicto interno. Algo parecido a lo que en otros partidos se llamaría gestora, figura que no está contemplada en los estatutos. A ello se suma otra complicación: IU-CM dispone de personalidad jurídica propia, por lo que la intervención no era tan sencilla. Garzón también respaldaba esta posición. Según fuentes de la reunión, Centella, coordinador de la Presidencia y secretario general del PCE, propuso una fórmula transaccional, en sintonía con el espíritu mayoritario pero intentando tender puentes con los críticos.

No a la 'fórmula partido'

Lara se negó en redondo al mecanismo planteado por Santiago, como ya había adelantado a los barones previamente, y despreció la vía Centella. Lo pactado finalmente, con el voto a favor del coordinador y del líder del PCE, es que IU federal se pone a disposición de todos los sectores y sensibilidades de IU-CM para contribuir a que haya un entendimiento entre ellos de cara a los procesos electorales de 2015. 

En el texto final, se hace referencia a la cuestión de la convergencia, aunque de forma bastante abierta. La PEF "considera que ha llegado el momento de volcar el trabajo político e institucional en los inmediatos procesos electorales por lo que hace un llamamiento expreso a todas las federaciones, a todos los cargos públicos y orgánicos y a toda la militancia para llevar adelante un relanzamiento de la ofensiva política, concretando las políticas de convergencia y las propuestas políticas que desarrollen nuestra propuesta de nuevo proyecto de país". Además, se reitera el "mandato a todas las federaciones y asambleas de trabajar activamente para lograr que los procesos de convergencia se puedan concretar en candidaturas y programas de izquierda a los ayuntamientos y comunidades". Por último, se acuerda "celebrar urgentemente una reunión federal para reconocer y analizar la forma en que se concretan en cada territorio los acuerdos de convergencia de cara a las municipales y autonómicas". 

No se explicita así que la confluencia ha de plasmarse legalmente bajo la fórmula de la coalición electoral. Ganemos Madrid y Podemos acordaron ayer jueves constituir un partido "instrumental" con el que concurrir en las municipales de mayo. Desecharon tanto la coalición electoral (que permite que la marca de IU no se disuelva) y la agrupación de electores (la vía preferida por los de Pablo Iglesias). Al acto acudieron los dos ganadores de las primarias. Los partidarios de Sánchez y Valiente consideran que lo importante es llegar a la confluencia, y lo accesorio la fórmula legal. ¿Significa eso que se puede aceptar el formato partido? "Quiere decir que no se trató concretamente ese asunto", señalan desde el entorno de Centella. 

La Presidencia se saldó, en consecuencia, con una derrota de Sánchez y Valiente por varios flancos. Sus partidarios adelantaron a infoLibre que hasta que no se produzcan las reuniones de todos los integrantes de este sector, no se valorará qué pasos seguir. Es decir, que no habrá decisión hasta avanzada la semana próxima. En el ambiente está una posible ruptura de IU-CM. 

Santiago, no obstante, no se quedó solo. Le apoyó, para empezar, Garzón, que se declaró "absolutamente decepcionado con la falta de miras" de la Presidencia. El joven diputado intervino en la tribuna pero luego se marchó antes de la votación para participar en una reunión con el líder del Front de Gauche francés, Jean-Luc Mélenchon. También respaldaron a Santiago federaciones como Cataluña (EUiA), Valencia, Murcia, Baleares, Cantabria o La Rioja. El resumen de Lara, sin embargo, encontró el favor de Madrid, Navarra, Castilla y León, Aragón, Extremadura e Izquierda Abierta.

Satisfacción de la cúpula regional

El partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz creía que cualquier intervención de IU-CM era un "golpe de Estado" perpetrado desde Olimpo, la sede federal. En la reunión, defendió que ya propuso extender la responsabilidad de lo que ocurrrió con Caja Madrid a toda la ejecutiva regional, postura que no se aprobó, y pidió contención, también señaló que la solución pasa por convocar una asamblea extraordinaria, según relataron fuentes de la formación a este periódico. Andalucía, la federación más importante, no acudió a la cita. Sólo acudieron los dirigentes federales Willy Meyer, José Luis Centella –alineados con Lara– y Alberto Garzón. El coordinador regional, Antonio Maíllo, firme sostén de Garzón, está ya de campaña autonómica. 

La satisfacción de IU-CM se palpaba en las reacciones en las redes sociales de varios de sus dirigentes: 

Remodelación más amplia en febrero

Lara, además, procedió a la sustitución definitiva de su secretario de Organización. Reneses, radicalmente enfrentado a Garzón, había presentado su escrito de dimisión el 7 de diciembre, pero no se había tramitado su baja. La consigna era esperar a que concluyera el proceso de primarias federales, que terminó el pasado viernes con la proclamación de Garzón, al no obtener su rival, el militante cordobés Nicolás García-Pedrajas, los avales necesarios. El coordinador no ha podido mantener a Reneses hasta el Consejo Político. Varios barones habían reclamado su destitución fulminante después de que ratificara a Gordo como portavoz en la reunión del grupo en la Asamblea. Lara anunció que, haciendo uso de las prerrogativas que le confieren los estatutos, lo sustituía por el coordinador aragonés, Adolfo Barrena. No fue una sorpresa, porque ya se barajaba ese nombre. Este ya formaba parte de la ejecutiva desde hace años como responsable de energía y sostenibilidad. También confirmó que en el Consejo de febrero comunicará el resto de relevos en la dirección. La remodelación será, pues, más amplia, como ya había avanzado este periódico. Reneses no acudió a la reunión y Barrena ejerció ya como nuevo hombre fuerte, pues se fajó en la negociación del texto final. En los próximos días se hará el traspaso de poderes. 

El nombramiento de Barrena fue apoyado por la Presidencia, igual que el informe político de Lara (32 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones). Un documento en el que el coordinador analizaba la victoria de Syriza en Grecia, la ruptura del Gobierno en Andalucía y la convocatoria de elecciones anticipadas, la coyuntura económica y el rechazo del PP a que comparezca Mariano Rajoy por los casos de corrupción y se abra una comisión de investigación en el Congreso. 

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*Esta información ha sido actualizada el sábado 31 de enero de 2015, a las 15 horas, para incorporar la resolución en PDF aprobada por la Presidencia y la propuesta de Enrique Santiago y precisar lo acordado sobre la política de convergencia de IU 

sábado 31 de enero de 2015, a las 15 horasincorporar la resolución en PDF Enrique Santiago

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ha decidido archivar la querella presentada por el exministro del PP Fracisco Álvarez Cascos contra el abogado de Izquierda Unida Enrique Santiago por un presunto delito de injurias y calumnias en su actuación al frente de la querella interpuesta en la Audiencia Nacional por los denominados papeles de Bárcenas y la presunta financiación ilegal del PP.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado decreta el sobreseimiento de las actuaciones iniciadas por Cascos a raíz de unas declaraciones de Enrique Santiago que relacionaban al exministro con la presunta contabilidad b de los conservadores anotada por su extesorero Luis Bárcenas.

En su resolución, el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo enmarca las declaraciones de Santiago en un clima de "crítica, censura e información" sobre unos hechos que recuerda que ya habían sido puestos a disposición de la Udef.

La querella había sido interpuesta por Cascos en octubre del pasado año y era percibida por Santiago como un intento de "amedrentarle" en su actuación en la Audiencia Nacional, según dijo él mismo tras declarar por exhorto en los tribunales de primera instancia de Madrid.

Santiago, miembro de la dirección de IU, defendió que su actuación se limitó a ejercer la acción judicial en representación de su partido, ALA, Ecologistas en Acción, Justicia y Libertad y Los Verdes e insistió en que la voluntad del exministro del PP era buscar la retirada de la causa abierta en la Audiencia Nacional. En este marco, explicó en que Álvarez Cascos es la persona que más veces aparece reflejada en los papeles de Bárcenas, ya sea mediante siglas o en alusión directa, y el propio extesorero 'popular' ratificó estos apuntes. "Cascos haría bien en dedicar sus esfuerzos a una buena defensa para la causa Gürtel y los papeles de Bárcenas porque la va a necesitar", auguró hace ya más de un año.

25-M. Izquierda Unida multiplica por tres sus resultados de las anteriores europeas, las de 2009. 7 de junio: Cayo Lara asume una fuerte autocrítica, reconoce que IU no ha capitalizado el descontento ciudadano, anuncia primarias abiertas y una remodelación de la ejecutiva. 28 de junio: el Consejo Político, el máximo órgano de dirección, encumbra a Alberto Garzón como nuevo hombre fuerte de la federación y sitúa en primera línea a cuadros muy jóvenes.

El relato de la mera sucesión de hechos cuenta parte de lo que ha ocurrido en IU. Pero no todo. Y da a entender que todo comenzó con el 25-M, con las elecciones europeas. No es así. El movimiento de placas tectónicas dentro de la federación, el relevo generacional y el viraje en el discurso, se ha ido larvando en los últimos meses. Años, incluso. Es anterior al fenómeno Podemos, por mucho que este haya "acelerado" los cambios internos, como todos los dirigentes reconocen, y ya sin vuelta atrás. La pulsión entre lo viejo y lo nuevo –que no se ciñe sólo al paso al frente de dirigentes muy jóvenes, aunque tenga que ver–, entre un sector más renovador y otro más clásico, la dialéctica entre un mayor "rupturismo" y un cierto "reformismo" se lleva viviendo intramuros de IU desde la frustrada operación de refundación y el nacimiento del 15-M en 2011, se apunta con más fortaleza en la X Asamblea Federal (2012), cristaliza en la confección de la candidatura de las europeas (febrero de 2014) y estalla definitivamente tras las elecciones del 25-M. Chocaban lo que algunos llaman "las dos almas" de IU, la que peleaba por ir un paso adelante y más rápido y la vieja guardia, con un anclaje orgánico más poderoso. 

infoLibre ha conversado con numerosos dirigentes en los últimos días para explicar qué ha pasado, por qué el propio Lara y su núcleo de poder más cercano –integrado por el líder del PCE y hombre fuerte en el Congreso, José Luis Centella, por el secretario de Organización, Miguel Reneses, y por el hasta ahora eurodiputado y responsable de Política Internacional, Willy Meyer– deciden proyectar a una nueva cantera de cuadros y, en especial, a Garzón. El diputado por Málaga, 28 años, pilota ya la Secretaría de Proceso Constituyente y Convergencia, un área capital en IU, pues es la encargada de elaborar el proyecto de país que ofrecerá la federación en los siguientes comicios, y de acercar posiciones con otros movimientos sociales y fuerzas políticas. Entre ellas, Podemos, con cuyo portavoz, Pablo Iglesias, Garzón mantiene una buena relación.

01. La andadura desde LA refundación

En diciembre de 2008, tras una traumática IX Asamblea Federal, Cayo Lara asume las riendas de una IU hundida por los resultados electorales y despedazada internamente. Logra pacificar la organización, ensambla un discurso contra la crisis y de dura oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y lanza la refundación, la gran encomienda que todas las familias de IU pactaron en la IX Asamblea. Refundación significaba apertura hacia fuera, convergencia, rediseño de IU. Incluso cambio de siglas si era necesario, se llegó a decir. El encargado de conducir esos trabajos era Enrique Santiago, cabeza de un sector interno que agrupaba, y agrupa, a dirigentes jóvenes.

La refundación sólo llegó a tener un acto mayor, la asamblea de junio de 2010. Y poco más. Pero sí sirvió para ver nuevos perfiles de IU que comenzaban a gozar de un mayor protagonismo. Caso de Yolanda Díaz, la coordinadora gallega; la alicantina Esther López Barceló, que en 2011 accedería a Les Corts; la andaluza Amanda Meyer, la madrileña Tania Sánchez... Algunas caras, vinculadas estrechamente a Santiago, pero no todas. 

Andando el tiempo, en mayo de 2011, irrumpiría en la escena política el movimiento de los indignados, en el que participaron muchos militantes de IU. Entre ellos, el propio Garzón. Él fue reclutado para las listas de las generales, como cabeza de cartel por Málaga. Recuperó un escaño perdido por IU desde 2000, y enseguida comenzó a tener proyección pública y a ser una visible referencia para muchos de sus compañeros.

Un año después de las últimas generales, en diciembre de 2012, se celebró en Madrid la X Asamblea. Se ofició la ceremonia de unidad en torno a Lara –la suya fue la única lista que compitió– y la de la renovación del discurso. IU se planteó ambiciones más elevadas, convertirse en una fuerza de masas capaz de llegar al Gobierno, asumió la idea del proceso constituyente, la necesidad no de reformar la Carta Magna de 1978, sino de dar la vuelta al sistema, elaborando una nueva Ley Fundamental desde la raíz. Se hablaba ya entonces de "rebelión democrática", y se llegó a la convicción de que "hacían falta nuevas caras y nuevas personas", según recuerda un miembro de la actual ejecutiva. Como opina otro joven cargo ligado a Santiago, en el cónclave de 2012 "se impone el discurso" de los renovadores, "se pasa la pelota pero no el jugador". "Los documentos aprobados eran muy positivos, pero teníamos que haber dado más pasos, y una dirección que se los hubiera creído", añade. 

02. Nuevos nombres

Van descollando más nombres. Aparte de Garzón, cuadros como Patricia Luquin (Aragón), Eddy Sánchez (Madrid), Clara Alonso (Madrid), Ignacio Blanco (Esquerra Unida del País Valencià, EUPV), Elena Cortés (consejera andaluza de Fomento y Vivienda), Marina Albiol (EUPV), Chema Ruiz (activista de la PAH), Javier Couso y, más tarde, Antonio Maíllo, que releva en junio de 2013 a Diego Valderas en la jefatura de la federación andaluza, la que concentra mayor poder institucional y orgánico, por su número de militantes. Todos se mueven en la franja de edad de entre los veintipico y los cuarenta y tantos años. "Se sienten como nosotros en la Transición. La pulsión era como entonces, entre ruptura y reforma. Creen que esa asamblea es la oportunidad para protagonizar el cambio, el futuro de IU, y tienen en Alberto a uno de sus referentes", analiza Ramón Luque, uno de los dirigentes más veteranos, miembro de las direcciones de Gaspar Llamazares y Cayo Lara y el único de todos los cuadros que se presta a que se publique su nombre. 

En febrero de 2013 se conforma la nueva dirección, que incluye a miembros de este grupo, aunque en un lugar discreto. Entran Alberto Garzón, Clara Alonso, Chema Ruiz o Tasio Oliver, uno de los nombres que Izquierda Abierta pone encima de la mesa. Otro joven. Periodista y de 35 años.  

Pero, en realidad, ¿dónde está la quiebra? ¿Qué separa a los dos sectores, ambos integrantes de la mayoría que sustenta a Lara? Como coinciden casi todos los cargos consultados, tanto de Olimpo –la sede federal–, como de distintos territorios, no es una cuestión sólo generacional, de jóvenes contra mayores, porque de hecho al grupo crítico se adscriben dirigentes que peinan canas como el propio Luque o el balear Eberhard Grosske. "Quizá se ha escenificado con una generación, pero la quiebra es política, es de discurso", dice un miembro del Consejo Político vinculado a Santiago. Unos, los críticos, defendían que la crisis no era sólo económica, sino que sus raíces eran más profundas. Era una verdadera "crisis de régimen", total. "Y lo vimos rápidamente. En las movilizaciones, por ejemplo, los sindicatos han perdido su liderazgo y el protagonismo ha recaído en los movimientos sociales y las plataformas ciudadanas. La respuesta la ha tejido lo social, más que lo sindical. Nuestro análisis es que la crisis es radical, no sólo económica. Hemos pecado de una lectura muy economicista de lo que estaba ocurriendo", observa un integrante de este amplio sector. El núcleo dirigente era visto, pues, como "más continuista, reformista, más institucional".

03. Criados en otro ecosistema político

Lo que comparte este grupo renovador, vanguardista, es, en palabras de varios de sus miembros, una misma "cultura política". Son dirigentes que han "conocido la precariedad y el paro", que han hecho política desde los movimientos sociales, las plataformas ciudadanas, las asambleas de base o las asociaciones estudiantiles, no tanto desde estructuras sólidas como los sindicatos. "Somos más rupturistas con el actual marco. No tenemos nada que perder. Nos están echando de este sistema y buscamos un nuevo país. Los que son como más estáticos, los que viven en el discurso de lo viejo, conocieron los pactos de la Transición, les cuesta más abrirse a los movimientos sociales o abrirse a nuevas dinámicas", sentencia un joven cargo con sitio en la ejecutiva de Lara. Buscan abrir puertas y ventanas en IU, implantar nuevos métodos de participación "hacia fuera". 

Desde la otra parte del cristal, en el círculo de colaboradores más cercano a Lara, niegan que se trate de una disyuntiva "ruptura-reforma", aunque sí reconocen que la centralidad del discurso se ha situado en la contradicción marxista capital-trabajo y en que el acento se ha puesto "acertadamente" en el movimiento obrero. "Es que la crisis es de régimen porque es de clase y es de clase porque es de régimen", según un dirigente de la confianza del coordinador. Fuentes oficiales, no obstante, reconocen que sí que ha habido "matices", "distintas maneras de interpretar la crisis y distintos ritmos": "Ellos han ido más rápido y han querido ir más rápido, lo han visto antes que el grueso de IU, y es verdad que Cayo ha hecho más hincapié en la vinculación con el mundo sindical. Pero Cayo tiene que ir con la gente detrás, dar tirones colectivos, tiene que llevar a buen puerto a toda la organización, no sólo la vanguardia. Pero esas diferencias de matiz, de ritmos, se han unificado ya". 

La quiebra de discurso ya era pasto de los comentarios en la federación (y con los periodistas) desde el año pasado. Pero la rivalidad se agudizó en la tormentosa confección de la candidatura europea. El sector crítico pujaba por renovar la lista desde el número uno, puesto para el que aupó a la castellonense Marina Albiol, 31 años. Consideraba que había que salir "a ganar", muy "a la ofensiva", porque era la oportunidad para asestar el golpe de muerte "al bipartidismo". "Con la profundidad de la crisis, con el descrédito de las instituciones y de las élites, no había posibilidad de ir creciendo poco a poco. Sabíamos que podía pasar cualquier cosa", esgrimen fuentes de este grupo. 

Lara y su entorno y federaciones como Andalucía apostaron por que repitiera Willy Meyer por tercera vez. El coordinador logró su objetivo, aunque ello costó enormes tensiones internas. La entente cordial que firmaron las dos partes de la mayoría federal fue esta: Meyer, uno; la sindicalista Paloma López, la dos; la cuatro, Albiol y el siete, el activista Couso. La fractura se alejaba del horizonte.

"Siempre han votado juntos"

Izquierda Abierta se quedó desplazada, fuera del acuerdo de mesa camilla. Su soledad, en aquel y en otros momentos, permite decir a sus mandos que "aunque haya diferencias de discurso" entre las dos partes de la mayoría federal, "a la hora de la verdad siempre han votado juntos". Los gasparistas, además, sienten que su lectura de la crisis ha sido más ajustada, ya que confrontaban con Lara precisamente por centrarse en el aspecto económico, orillando la crisis política e institucional. En este sentido, su discurso es más próximo al de los críticos. 

El conflicto fue por la candidatura, pero el 25-M hizo el resto. IU logró 1.562.567 votos, el 9,99%, seis escaños, frente a los 588.248 sufragios, 3,71% y dos actas de 2009. Podemos, una fuerza nacida formalmente en marzo, y liderada por Iglesias, cosechó, a la primera, 1.245.948 papeletas, el 7,97% del total, cinco eurodiputados. Los renovadores se sienten ganadores, creen que las urnas les dieron "la razón" y se la quitó a "los conservadores". En concreto, a Lara, por haber lanzado "un órdago muy potente" para colocar a Meyer de uno. Apuesta, por otro lado, efímera, porque anunció la renuncia a su escaño en cuanto infoLibre destapó el escándalo de la sicav de los europarlamentarios. 

Las elecciones hacen que los críticos avancen "muchas posiciones" de golpe. "Tras el 25-M, ya han tomado la decisión de protagonizar los cambios, se consideran legitimados y ya no piden permiso. Y tienen referentes", asegura Luque. Aquellos que incluso eran más reticentes se convencieron de que había que dar paso a los cambios, y sin dilación. IU se da cuenta de que debe "ponerse las pilas", en palabras de una dirigente de la ejecutiva. "No comprendimos la hondura de la crisis, la necesidad de buscar nuevos referentes, así que había que dar un nuevo impulso, ir a un ritmo más rápido", analiza un influyente barón. 

04. La dirección pensaba el reajuste antes del 25-M

Todo se decanta muy rápido. Lara enhebra una profundísima autocrítica, en la que reconoce que IU no ha sabido captar todo el voto protesta, considera que los métodos "deben cambiar de abajo arriba y también de arriba abajo", para actuar con "audacia" y que hay que elaborar un discurso "más fresco, emocional y diverso". Coloca en primera línea y da más poder a Alberto Garzón, Clara Alonso, y da visibilidad a Tasio Oliver, Javier Couso, Lara Hernández (otra joven, miembro de la marea granate, la de los emigrantes, y número diez de la lista europea)... 

En el círculo de Lara se argumenta que "ya se tenía pensado reajustar la dirección antes de las europeas", aunque no se habían planteado nombres, para "afrontar el nuevo ciclo electoral con fuerza". Pero estas fuentes sí asumen que la apuesta clarísima por Garzón en un área "estratégica", como es la articulación del proceso constituyente y del contacto con otras fuerzas, así como la entrada de nuevos perfiles "es producto del análisis electoral". La conclusión es unánime, allá donde se pregunte en IU: el 25-M "aceleró" los cambios, de modo decisivo. Tanto en lo que concierne al refresco de la ejecutiva como en el abrazo de las primarias abiertas, que en enero eran casi un anatema –un "invento norteamericano", llegó a decir Lara–. 

IU se ha movido en un entorno también en convulsión. El terremoto de las europeas (y la fuerte eclosión de Podemos) se extendió al PSOE –dimisión en diferido de Alfredo Pérez Rubalcaba, convocatoria del congreso extraordinario, pugna por la Secretaría General– y se enlazó con la abdicación del rey Juan Carlos, absolutamente sorpresiva. Este fue el momento, además, donde el núcleo dirigente pudo constatar definitivamente que sí, que había "crisis de régimen", que los cimientos nacidos con la Transición se tambaleaban. La federación levantó la bandera republicana y pidió, con otras formaciones, un referéndum monarquía-república. Enseña que no ha arriado y que se integra en ese proceso constituyente que ahora quiere lanzar y que tiene Garzón en sus manos. IU se siente obligada a responder sin demora a un "momento de emergencia", como verbaliza un importante barón. A un "ritmo más rápido". Uno de los termómetros del proceso será la confluencia o no con Pablo Iglesias, no sólo para generales sino para autonómicas y municipales. El sábado pasado, de hecho, la federación madrileña se reivindicó como actor "fundamental" en el bloque de izquierdas que ha de pensar en "ganar Madrid" en 2015 [consulta el informe político de IU-CM aquí]. 

El punto de inflexión del 25-M ha servido para confirmar la salida, por la puerta grande, de los jóvenes, del sector crítico. No obstante, hay quien ve, como Izquierda Abierta, que no es más que una "lucha por el poder", que los renovadores "van a por la vieja guardia con prácticas más sectarias que las de la vieja guardia". Lo que en todo caso no hay es un relevo total. Lara sigue siendo el coordinador, y aunque recibe sonoras críticas, su puesto no peligra. Otra cosa es la candidatura a la Moncloa. Su reemplazo a medio y a largo plazo ya no es una entelequia. Y el mejor situado, de nuevo, es Garzón. Él no hace ascos. Pero nadie dijo que el coordinador haya cedido por completo la batalla. 

Los dirigentes de Izquierda Unida no daban crédito a lo que acababan de oír por boca de Cayo Lara. "¿Queréis otro coordinador federal? Si queréis cambiar la dirección, no tengo ningún problema. Vayamos a una asamblea federal extraordinaria". 

El coordinador estalló. Fue al cierre del Consejo Político Federal de este sábado, una larga reunión de nueve horas en la que pretendía lanzar las primarias abiertas y apuntar los cambios más relevantes en la dirección. En principio, no se preveía ninguna tempestad. Todo lo contrario. Ya el viernes la cúpula había avanzado quiénes serían las nuevas caras a partir de ahora. El ganador era, claramente, el diputado Alberto Garzón (28 años), responsable de marcar la línea estratégica del futuro y la interlocución y el pacto con las demás izquierdas, desde su flamante Secretaría Ejecutiva de Proceso Constituyente y Convergencia. Y también otra joven, Clara Alonso, de 30 años, que hasta ahora se hacía cargo de Comunicación Interna y que desde hoy asumirá también Comunicación Externa, la cartera que hace tres semanas dejó vacante el diputado valenciano Ricardo Sixto, precisamente por diferencias con el líder. 

Lara abrió el debate por la mañana presentando su informe. Tras una primera exposición ante el plenario de varios coordinadores, los 200 miembros del Consejo, el máximo órgano de dirección entre asambleas, se repartieron en cuatro comisiones de trabajo. Al frente de cada una se nombró a un relator, encargado de llevar después al pleno las reflexiones vertidas en ellas. Los elegidos fueron Montse Muñoz, coportavoz de Izquierda Abierta; los barones de Galicia y Navarra, Yolanda Díaz y José Miguel Nuin, y Alberto Garzón. Donde más críticas se oyeron al coordinador fue en la comisión de la que era ponente este último, el diputado por Málaga. Fue "la más macarra", en opinión de uno de sus integrantes. "Los cambios que ahora anuncia Cayo están muy bien, pero la reflexión que se oyó era por qué habríamos de creerle ahora. Ya en la asamblea federal de 2012 se hablaba de proceso constituyente, de ir a la ofensiva, de caminar rápido... Y hasta ahora el núcleo dirigente en el que se apoya Cayo ha sido muy reticente a los cambios. El problema está en el aparato. La crítica venía más de lo hecho hasta ahora, y de que había que profundizar en los cambios", relataba a infoLibre uno de los miembros que presenció el debate. 

El papel de Garzón

Las críticas llegaron, sobre todo, de un sector vinculado a Enrique Santiago, el responsable de Convergencia Político-Social hasta el pasado 7 de junio, cuando dimitió de parte de su responsabilidad. Fue Santiago y su gente la que ya en febrero, cuando IU comenzó a confeccionar la candidatura de las europeas, se oponía a que Willy Meyer repitiera por tercera vez como cabeza de lista. Era partidario de acelerar el relevo generacional. Y este núcleo es el que se sintió ganador el 25-M, cuando la subida de IU (de dos a seis diputados, de 588.000 a 1,56 millones de votos, de un 3,71% a un 9,99%) supo a poco, a muy poco, por la fuerte irrupción de Podemos, la formación de Pablo Iglesias. 

Garzón, según las fuentes consultadas, "se limitó a hacer el relato de lo escuchado en la comisión". Y Lara lo digirió mal. No entendía cómo se le pedían más cambios, cuando había accedido a situar al joven diputado en primera línea, como gran referente del presente y del futuro de IU. Aunque en la exposición en plenario no se había pedido una asamblea federal extraordinaria, ese planteamiento sí había salido en los últimos días, de la mano de varios cuadros medios ligados a Santiago. El coordinador lanzó, a puerta cerrada, lo que algunos entendieron como "un reto": si lo que se estaba pidiendo era una renovación más profunda, e incluso se le estaba cuestionando a él mismo, no quedaba otra salida que ir a una asamblea extraordinaria. 

Fuentes próximas al líder sí reconocieron que Lara había pronunciado esas palabras –"Si queréis cambiar la dirección, no tengo ningún problema. Vayamos a una asamblea extraordinaria"–, pero subrayaron que era un enunciado "puramente retórico", un "ejemplo". "Contestaba a aquellos que habían pedido el congreso. Lo que ha venido a decir es que no se puede mantener abierta la crisis de dirección eternamente, que este asunto hay que cerrarlo ya, y ya se ha dado un paso con los nombres anunciados, y el organigrama se cerrará el 19 de julio", en la reunión de la Presidencia Federal, órgano del que forman parte unos 70 dirigentes. "Tener abierta la crisis de dirección nos lleva al abismo", insistieron estas fuentes oficiales. Desde el círculo más inmediato al coordinador protestaban por la actitud de Garzón, creían que "no había reflejado fielmente lo dicho en su comisión". "Fue más sosegada, como lo fueron todas, y de hecho los que estuvieron allí fueron a quejarse a Alberto". 

Un Consejo "reventado"

Entre los más distanciados con el líder, se calificaba su intervención final, muy "vehemente", de "desastre", de salida extemporánea, producto de su "falta de cintura". "Ha generado un problema donde no lo había. No se plantea el cuestionamiento de Cayo como coordinador, los cambios pedidos iban en la línea de que la Conferencia Política prevista para el otoño sea potente, que las primarias abiertas a simpatizantes se desplieguen al máximo, que se profundice en la renovación de la dirección... Y lo ha llevado a su terreno, como un ataque personal. Y se ha equivocado", analizaba un miembro del Consejo. El juicio de no pocos altos mandos era que Lara había "reventado la reunión", "tirado a la basura el trabajo de horas y horas de debate" con su remate final. 

Subyacen igualmente, según la lectura de varios dirigentes, recelos hacia Garzón y a su nueva proyección. El diputado suena cada vez más como candidato seguro a las primarias presidenciales, y subsiste la duda de si, en esa tesitura, Lara competiría o daría un paso atrás. "Pero si lo vive como una confrontación con Alberto, no se explica muy bien, porque su paso a primera línea tiene su visto bueno", indicaba un integrante de la ejecutiva. "Cayo sabe que su ciclo se está acabando, y está muy débil, por eso ha estallado", consideraba un miembro del sector renovador y crítico. A ello se ha sumado la dimisión súbita de Meyer, uno de sus confidentes más fieles, por el escándalo de la sicav de los eurodiputados en Luxemburgo. 

¿Qué se entiende por profundización de los cambios en la dirección? ¿Por qué algunos cuadros decían sentirse insatisfechos? A quien apuntaban con el dedo es a Miguel Reneses, secretario de Organización y hombre de la máxima confianza de Lara. Nadie ponía en duda su permanencia en la ejecutiva. Ahora hay quien cree que debe ser sustituido. La tesis del coordinador es que una modificación radical de la composición de la cúpula (y ahí se incluye un puesto clave como el del jefe del aparato) no se puede llevar a cabo sin una asamblea de por medio. La remodelación de la ejecutiva y de su funcionamiento interno, adelantada ayer viernes, no comporta realmente bajas, salidas de dirigentes, sino el reforzamiento de ciertos perfiles (caso de Garzón y Alonso) y la incorporación de algunas caras nuevas (Javier Couso, Elena Cortés, Tania Sánchez o Raúl García). 

75,17% de respaldo al informe político

Desde el núcleo más cercano a Lara, se insistía en que no se podía elevar de categoría lo que había sido una "pura anécdota". "Este Consejo ha sido un éxito", resumían. Primero, por el resultado de la votación del informe del coordinador: 109 votos a favor (75,17%), 7 en contra y 29 abstenciones (parte de ellas, de Izquierda Abierta, el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, discrepante con el método). "Cayo pilota este tiempo de renovación, de proyección de nuevos valores, lanza las primarias abiertas y la política de convergencia, y ha cerrado la crisis de dirección". 

Las consecuencias de la regañina de Lara a los suyos están por ver. Pero lo que parece cada día más claro es que las turbulencias y el nerviosismo en IU se acrecientan. La federación, que se sabía ganadora del hundimiento del bipartidismo, se encontró con que otra fuerza que acababa de nacer, Podemos, le comía terreno y la empujaba hacia un terreno fantasmal: la "casta". La modulación de la respuesta al torbellino Pablo Iglesias y a la crisis política es lo que sigue a debate.   

El diputado Alberto Garzón será uno de los nuevos hombres fuertes de la dirección federal de Izquierda Unida. Estaba claro casi desde que se abrieron las urnas de las elecciones europeas. Y el tiempo lo ha confirmado. Él será, a partir de ahora, el encargado de la Secretaría Ejecutiva del Proceso Constituyente y Convergencia. O sea, el responsable de la interlocución con los movimientos sociales y los partidos políticos. Una macroárea que tendrá un enorme peso dentro de la cúpula, la que pilotará el rediseño de IUrediseño de IU. La que ensanchará su base y comandará el diálogo hacia el exterior. 

Garzón, como ya había avanzadoinfoLibre, pasa a asumir el área que dejó vacante Enrique Santiago, pero con mucho más poder y margen de maniobra. La otra cartera que se había quedado libre, la de Comunicación Externa, que dejó el diputado Ricardo Sixto, recaerá en manos de la periodista Clara Alonso, otra joven dirigente (30 años) de la confianza del coordinador, Cayo Lara, y del propio Alberto Garzón, de 28 años.  

Estos dos cambios significativos, junto con el resto, serán sometidos mañana sábado a debate en la reunión del Consejo Político Federal, el máximo órgano de poder de IU, del que forman parte 200 dirigentes. Y serán propuestos por el propio Lara. Se aprobarán, previsiblemente, sin problemas, ya que ya han sido pactados con las distintas familias, según fuentes de la federación. La cita es decisiva, porque con ella IU quiere lanzar tanto las primarias abiertas para la elección de sus candidatos –inéditas en la historia de la organización federal– y una renovación de sus cuadros dirigentes, para aportar una imagen de mayor frescura, de relevo generacional. Para hacer frente, entre otras cosas, al efecto Podemos, que mermó y deslució su crecimiento en las europeas del 25-M.

De hecho, Garzón será el responsable, desde su nueva cartera, del diálogo con la formación de Pablo Iglesias, de la convergencia con el partido emergente, que considera posible y en la que ha hecho especial ahínco en las últimas semanas. Pero el diputado por Málaga gozará a partir de ahora de más visibilidad, un trampolín perfecto para el que todos en IU presumen que será su siguiente reto: competir en las primarias abiertas para lograr la candidatura a la Presidencia del Gobierno. 

Dar forma a la "revolución democrática y social"

Los relevos más notables figuran en el informe político que mañana defenderá Lara, y al que ha tenido acceso infoLibre [consúltalo aquí en PDF]. El coordinador describe en él por qué cree que el parlamentario andaluz ha de gozar de un papel preeminente. "Hace tres años llenamos las plazas reivindicando una nueva forma de hacer política, y hoy necesitamos construir un nuevo país. Hoy comenzamos una etapa crucial. El Consejo Político Federal encarga a Alberto Garzón esta responsabilidad", la Secretaría Ejecutiva del Proceso Constituyente y Convergencia. "El proceso constituyente y el diseño de un nuevo proyecto de país desborda a IU y tiene como propósito pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones". Para ello, se da vida a esta macroárea, que tendrá a su servicio un gabinete técnico formado por expertos –sociólogos, economistas...–, que marcará las "líneas estratégicas" de la federación para los próximos años. Es decir, no se mira sólo a las generales de 2015, sino a la ampliación de IU. 

La nueva secretaría "dirige, impulsa y desarrolla cuantas iniciativas políticas hacia el exterior puedan ser susceptibles de concretarse en acciones y campañas en torno a las mismas en el conjunto del Estado", describe el documento. Garzón será, por tanto, el portavoz de las propuestas sobre "la elaboración de un proceso constituyente de país como salida social de la crisis en clave republicana". Lo que IU ha venido llamando "revolución democrática y social", "con una IU a la ofensiva". Se encargará de preparar propuestas tanto a medio como a largo plazo, de carácter estratégico. 

Garzón asume la parte más específica que conducía hasta ahora Santiago: la ayuda a la construcción de un bloque político y social alternativo para "disputar el poder político al neoliberalismo". En tres sentidos: hacia los partidos que podrían confluir con la federación, hacia los movimientos sociales y hacia la propia IU, para "impulsar la integración y acción social" en las localidades con sectores "más desfavorecidos y necesitados". 

IU fichó a Garzón antes de las últimas generales. Aunque era militante del PCE y de IU, participó en el 15-M, y la dirección lo colocó de cabeza de lista en Málaga precisamente por eso, como guiño a los indignados. Su apuesta prosperó y con él recuperó un escaño por una provincia que había perdido en las elecciones de 2000. El diputado gozó desde el primer momento de protagonismo en el Congreso como portavoz de Economía. Tras la Asamblea Federal de diciembre de 2012, entró en la dirección de Lara, como responsable de Política Económica Global, un cargo de segunda línea, bajo el mando del secretario ejecutivo de Economía y Empleo, José Antonio García Rubio, un hombre de la máxima confianza del coordinador. 

Cuando, tras las europeas del 25-M, se comenzó a hablar de la remodelación de la ejecutiva, el estado mayor de IU, encabezado por Lara y sus números dos, José Luis Centella (líder del PCE) y Miguel Reneses (secretario de Organización), propuso a Garzón darle más proyección pública y más poder orgánico. Él lo aceptó, siempre que le dejaran manos libres, que tuviera capacidad de maniobra, que no le ocurriera lo que, a su juicio, le pasó a Santiago. Y esa posición es la que finalmente ha triunfado, según reconoció el mismo diputado a este periódico. El encargo a Garzón, para algunos dirigentes, se asemeja al que tuvo Julio Anguita en los años ochenta, cuando construyó Convocatoria por Andalucía, el germen de la actual IU. 

"Liderazgo colectivo"

Lara explica en su informe que son necesarios nuevos equipos acorde con los nuevos tiempos, con una "dirección más ágil y flexible", capaz de responder "de manera audaz y valiente al momento histórico", una "dirección atrevida", que visualice que hay banquillo, que hay una "ruptura generacional", y que sea "transparente" y "rinda cuentas". La estrategia es articular un "liderazgo colectivo". 

El Consejo Político no dará vida, previsiblemente, a toda la nueva cúpula, dado que no ha habido tiempo para negociar todos los flecos, así que lo que quede pendiente se aprobará en la Presidencia Federal –el órgano intermedio de poder, que componen unos 70 miembros– del 19 de julio. Entonces también se definirá el equipo de trabajo del día a día, el cogollo directivo, más pequeño que la ejecutiva, el núcleo de colaboradores más cercano a Lara. En él se sentarán Garzón y Alonso. Esta coordinará "en todos los niveles el trabajo de comunicación con las federaciones, activistas y profesionales de la comunicación". Es decir, que sumará a la tarea de Comunicación Interna (que tenía desde febrero de 2013) la competencia de Comunicación Externa y enlace con los medios. Carteras que en los últimos años estaban divididas. 

En su informe, Lara da algunas pinceladas más del nuevo equipo. Así, Lara Hernández, que compitió en las europeas como número diez de la lista, como representantes de los españoles emigrados (la marea granate), se encargará de las labores de convergencia, dentro de la macroárea de Garzón. El activista Javier Couso, que concurrió como número siete y que ahora tendrá escaño en Bruselas gracias a la dimisión de Willy Meyer, asumirá "tareas relacionadas con el Área Internacional cuando se organice". Esta área es la que también pilotaba desde 2008 Meyer. Tasio Oliver, el ocho de la candidatura del 25-M y uno de los valores emergentes de Izquierda Abierta (el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz), mantendrá su cartera actual –adjunto al Área de Política Institucional– y se incorporará al equipo que trabaje sobre los argumentarios. 

Los nuevos nombres

El balear Eberhard Grosske (de la corriente EnComún) y el andaluz Raúl García (de IzAb) conducirán la "propuesta sobre participación democrática y el desarrollo de propuestas vinculadas a la coherencia y a la ética en las instituciones", según la descripción de Lara. Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y su mano derecha, Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda, se encargarán de "divulgar las nuevas formas de gestión de lo público", dadas sus responsabilidades de gobierno en el bipartito. Por último, la diputada madrileña Tania Sánchez (EnComún) se incorpora a la Presidencia Federal. 

De la ejecutiva no salen siquiera ni aquellos que dimitieron de sus responsabilidades (Sixto y Santiago). Lo que se hace, según el relato de varios dirigentes, es "cambiar el modelo de trabajo", organizarlo por áreas de trabajo potentes, comandadas por un responsable y a la que se adscriben varios miembros. La pretensión es que sean "plurales" y que se trabaje "de forma horizontal". El acento está puesto, pues, no en las salidas, sino en el "reforzamiento de determinados perfiles", como Garzón, Alonso y Oliver, y en la incorporación de nuevas caras, como Couso, Cortés, Grosske, Hernández o García. 

No obstante, todo está sujeto a lo que mañana delibere el Consejo Político. Nada es definitivo. Y, desde luego, quedaría mucha tela que cortar de cara a la Presidencia del 19 de julio. Despejar todo el organigrama, saber si se mantienen o cambian los responsables de las grandes áreas (Organización, Institucional, Elaboración Colectiva, Política...) y cómo se combinan los perfiles para que no se evidencia una quiebra entre jóvenes-mayores.

El lanzamiento de las primarias abiertas

A la reestructuración de la ejecutiva se suma el lanzamiento de las primarias abiertas a simpatizantes. El pasado miércoles, en una reunión de la Comisión de Organización y de Finanzas, se inició el debate sobre el reglamento y se apuntaron algunas ideas, pero aún no hay nada cerrado y puede que no se apruebe hasta la Presidencia del 19 de julio. Tampoco hay una propuesta final de calendarios. En principio, se calcula que los candidatos tendrán que recabar entre un 5% y 10% de avales –IU cuenta con unos 30.000 militantes–, y se pretende que se estiren los plazos con el fin de no cerrar el proceso de elección antes de que se produzca la confluencia con otras fuerzas y plataformas. 

La federación también pretende promover nuevas metodologías de participación, compartir la toma de decisión, obligar a la rendición de cuentas de los cargos públicos y orgánicos a todos los niveles y posibilitar su revocación. 

Las heridas aún no habían suturado, y el propio Lara tuvo que admitir que con la confección de la lista al Parlamento Europeo se habían dejado muchos pelos en la gatera, había tensionado en exceso la organización. Y de pronto, justo cuando IU se disponía a poner remedio al bofetón del 25-M, le cayó un obús de incalculables dimensiones, que puso en el disparadero otra vez a él, a Meyer, con escaño en Bruselas desde 2004. 

infoLibre descubría ayer martes que eurodiputados de varios partidos y diferentes países mantienen un fondo de pensiones gestionado a través de una sicav con sede en Luxemburgo, por ser la sede de la Secretaría General de la Eurocámara. Entre los que se sumaron al fondo aparecía su nombre, Willy Meyer. También el de los otros dos cabezas de lista del 25-M del PSOE y del PP, Elena Valenciano y Miguel Arias Cañete. El eurodiputado reconoció a este periódico que se unió al fondo, pero añadió que nada sabía que estuviera ligado a una sociedad de inversión de capital variable residenciada en un país concebido internacionalmente,, de facto, como un paraíso fiscal. Meyer, a las pocas horas de que la noticia estuviese en el aire, escribió una carta al Parlamento Europeo por medio de la cual comunicaba su baja en el régimen voluntario de pensión completaria del que formó parte "desde el año 2004-2009 [sic]".

Pero no dijo cuánto dinero había aportado en el fondo, ni qué movimientos hizo con ello, ni por qué suscribió un plan de pensiones privado cofinanciado en un tercio por la institución, ni cuánto ha tributado al fisco estos años. Los suyos vieron la maniobra como un "cortafuego", un ademán rápido pergeñado con el fin de que el incendio no fuera a más. 

'Gabinete de crisis' en las alturas

Pero el fuego creció y creció durante todo el día. La presión interna fue a más y todos los dirigentes consultados, casi en su totalidad pertenecientes a la mayoría que da sostén a Lara, daban por hecho que Meyer caería. Que la semana que viene no podría tomar posesión de su escaño en Estrasburgo y que, por tanto, correría la lista y entraría el número siete, el activista Javier Couso. La dimisión o el cese automático del hombre de confianza de Lara eran invocados por diputados como Alberto Garzón o Gaspar Llamazares, compañeros de viaje el 25-M como Marina Albiol, responsables de los órganos de dirección como Enrique Santiago o Eberhard Grosske y barones como el murciano José Antonio Pujante. 

IU era anoche un completo hervidero. La casa estaba "en llamas", como lo definían varios responsables de primer nivel. Las redes sociales ardían, pero eran una pálido espejo del trasiego de llamadas, mensajes y WhatsApp entre miembros de la ejecutiva y con las federaciones. A mediodía, almorzaron en el Congreso los jefes y los lugartenientes de IU y del PCE: Cayo Lara y José Luis Centella y sus respectivos secretarios de Organización, Miguel Reneses y Fernando Sánchez. Por la noche, según pudo confirmar infoLibre, también se reunió el núcleo duro del coordinador. "El cogollo organizativo, el politburó quintaesenciado", como bromeaba un mando de la federación. Ni Meyer ni su equipo más estrecho de colaboradores atendieron las reiteradas llamadas de este diario, aunque el eurodiputado volvía anoche a Madrid. 

Ello hace suponer que las decisiones se tomarán rápido. También porque aprietan las fechas. Para este sábado, 28 de junio, está convocado el Consejo Político Federal, el máximo órgano de poder, con un programa potente: la aprobación de las primarias y la remodelación de la ejecutiva. Eso, en teoría, porque la eclosión de lo que muchos llamaban un "escándalo", el caso Meyer, ha desplazado las prioridades. Todas las fuentes consultadas insistían ayer en que el Consejo del sábado no puede quedar anegado por el debate sobre la continuidad de Meyer, no puede "despistar lo importante", la respuesta de IU a las europeas, su apertura interna y el relevo en la cúpula. 

El análisis del contexto

Muchos dirigentes en IU vislumbraban anoche pocas salidas para Meyer. Que se explicase, en primer lugar, y resultase convincente. Pero ni aun así se garantizaba que se pudiera salvar de la quema. El veredicto era el siguiente: malo si lo sabía y lo hizo, y si no lo sabía, también mal. Porque el eurodiputado parecía pisar a la vez varios charcos: había suscrito voluntariamente un fondo privado de pensiones cofinanciado por una institución –cuando IU se opone a ello–, fondo articulado a través de una sicav –cuya tributación, al irrisorio 1% en España, al 0,01% en Luxemburgo, pide subir– y encima en Luxemburgo, circunstancias que el eurodiputado dijo no conocer. Ayer, varios responsables (entre ellos, Garzón) recordaban que los diputados de IU, al comienzo de esta legislatura, renunciaron a la prebenda del plan de pensiones ofrecido por el Congreso y que gestionaba un banco, el BBVA. No una sicav, claro. Poco después, las Mesas de las dos Cámaras suspendieron las aportaciones a la póliza privada como medida de ahorro. 

Para la hemeroteca quedaba una foto con Couso en plena campaña de las europeas, en Valladolid, señalando un mapa con los paraísos fiscales en Europa, entre los cuales un punto rojo señalaba al Gran Ducado. "Es que esto es dinamita para IU", aducía un dirigente.

"Lo peor es el momento en el que viene", concedía otro responsable. Ahí está otra de las claves. El tropezón de Meyer tiene peor encaje dentro de la federación por el contexto. IU aún está conmocionada por la pesada digestión del 25-M, donde triplicó sus resultados de 2009 pero vio debutar, y con una fuerza inesperada, Podemos. La desafección ciudadana no da tregua. El descontento con los partidos ha calado. El melón interno está completamente abierto a escasos días de un Consejo que se presume decisivo. "Y encima aparecemos con Valenciano y con Cañete. Lo que nos faltaba para combatir el discurso del todos son iguales". La tormenta perfecta. "Es un golpe muy duro. Lo que me preocupa es que nos hunda", manifestaba un integrante de la cúpula, en este caso de Izquierda Abierta, el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz. 

La pugna en la mayoría

Ayer muchos ojos volvieron la mirada a lo que pasó en febrero de 2014. IU se dispuso a confeccionar su candidatura de las europeas. A toda prisa. Ya entonces se vivió el proceso con máxima tensión en el seno de la mayoría que sustenta a Lara desde 2008. De un lado, el sector renovador que pujaba por aupar a Marina Albiol –joven, 31 años, la cara de la lucha contra la corrupción en el País Valencià– a la cabeza de la lista. De otro, el grupo que lideraba el coordinador, que entendía que era mejor combinar la experiencia de Meyer, revalidándolo para un tercer mandato como número uno, con la juventud de Albiol, relegándola a un puesto de salida. Pintón, pero por debajo de Meyer. Y así se hizo. Meyer, de uno; Albiol, de cuatro; Couso, de siete. No convenían los "cambios de testigos radicales", justificó el líder. IzAb montó en cólera porque, a fin de cuentas, la candidatura se había negociado de forma opaca entre la propia mayoría, haciendo equilibrismo interno, sin pasar por primarias.

Sin embargo, aquella fractura no se cerró del todo con el pacto de la mayoría. Volvió a sangrar tras las europeas. Los renovadores sintieron que las urnas les habían dado la razón, e incluso aquellos que apoyaron a Meyer entendieron que había que acometer cambios con celeridad. De ahí que en la Presidencia Federal del 7 de junio Lara diera su brazo a torcer: primarias sí, y abiertas, y remodelación de la cúpula. Todo completado, se decía, de forma ágil, sin tiempo que perder. Entre los ganadores de la partida, Alberto Garzón, a quien muchos sitúan como candidato más que seguro a las elecciones internas. 

La dirección de IU temía ayer el golpe de credibilidad para su parroquia. Vivió la jornada con nerviosismo. Algunos responsables consultados insistían en que no valían medias tintas, en que no cabía la resistencia de Meyer, porque eso podía "hacer daño a la organización". "No es una acusación ni una condena contra Willy. Es que la responsabilidad política tiene unas reglas de hierro", afirmaba un integrante de la ejecutiva y de la extinta mayoría, Ramón Luque. "Ahora nos disponíamos a hacer una reestructuración profunda de la dirección. Si hay un cerrojazo, si en lugar de abrirnos, nos cerramos, entonces sí que va a haber una fractura muy fuerte, no sólo por lo de Willy", apuntaba otro miembro del Consejo Político. 

Golpe para Lara

La pulsión de cambio, de hecho, ya se había intensificado en los últimos días. El sector renovador, vinculado al dirigente Enrique Santiago –una de las voces más cualificadas de la ejecutiva, que hasta su dimisión a principios de junio llevaba las riendas del Área de Convergencia Político-Social–, lanzó un manifiesto y una web (ahoraeselmomento.org) para reclamar una asamblea federal para el otoño, para resituar la estrategia de IU. No para relevar su dirección, que en teoría se debería rematar este sábado en el Consejo o el 19 de julio en la reunión del órgano inferior, la Presidencia. "Por estas situaciones son tan importantes medidas y herramientas como una mayor participación. Así los posibles errores pueden ser solventados y las decisiones ser tomadas de forma más compartida", analizaba a su vez Tasio Oliver, una de las cabezas visibles de IzAb y número ocho de la lista europea. 

La estabilidad de Lara como coordinador no corre peligro. Su mando no es cuestionado, otra cosa es que no haya unanimidad a la hora de verlo como el mejor cartel electoral para las generales de 2015. Pero, sin duda, el patinazo de Meyer, un hombre de su máxima confianza, el fontanero que ha estado en la cocina de IU en los últimos seis años, asesta un duro golpe al líder. Su estrella, la estrella de Meyer, parece sufrir un importante mordisco.