El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado por unanimidad los recursos de súplica presentados por varias acusaciones y ha confirmado su decisión de no investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su actuación durante la dana de 2024.

Así lo ha decidido el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV en un auto hecho público este lunes que ratifica íntegramente, y de conformidad con el informe de la fiscalía, el auto que ya dictó el tribunal valenciano el pasado 16 de marzo tras la exposición razonada que había planteado la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la tragedia que dejó 230 víctimas mortales.

"La defensa de la exposición razonada que todos los recurrentes —principales y adhesivos— hacen en sus escritos no llega al extremo de proporcionar razones bastantes de la equivocación de la Sala a la hora de valorar y concluir sobre la posición de garante del aforado y la existencia de indicios serios y fundados que conduzcan a la competencia de la Sala”, según el auto notificado ya a las partes y contra el que no cabe recurso.

Asimismo, los magistrados desestiman la solicitud de no aplicar la prerrogativa del aforamiento a Mazón pues no aprecian en su adquisición de la condición de diputado en Les Corts Valencianes “abuso de derecho alguno”.

En concreto, señalan que ya era diputado con anterioridad al 29 de octubre de 2024 y lo sigue siendo actualmente, por lo que no existe un paralelismo, como sostenían los recurrentes, con el denominado caso Gallardo, resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en alusión al entonces líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo.

“Allí se trataba de un supuesto de adquisición sobrevenida de la condición de parlamentario de las Cortes de aquella Comunidad Autónoma por quien hasta ese momento carecía de fuero procesal”, precisa el TSJCV, y se había obtenido justo antes de la apertura del juicio oral, lo que no ocurre en el caso de Mazón, quien figura como diputado de la XI legislatura desde su inicio, el 26 de junio de 2023.

En esta nueva resolución, el TSJCV repite que no aprecia los indicios de delito sólidos y cualificados que requiere la jurisprudencia en cuanto a la supuesta participación activa de Mazón en el envío del mensaje de alerta Es-Alert a la población aquel 29 de octubre.

La Sala rechaza que el auto recurrido haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes, pues este derecho “no garantiza un resultado concreto, sino solamente el derecho a obtener una resolución motivada, razonable y fundada en derecho”.

En este caso, añade el auto, "el rechazo está debidamente explicado" y en él se responde "tanto a la ausencia de ese cuadro indiciario de cierto nivel que se precisa para entender que la conducta activa del aforado pudiera ser constitutiva de un delito de homicidio imprudente como a la imposibilidad de apreciar el carácter delictivo en el actuar por omisión que se atribuye al, en aquel tiempo, presidente de la Generalitat".

El auto hecho público este lunes desestima también el resto de las alegaciones de los recurrentes y reitera los argumentos ya expuestos en el auto del 16 de marzo y que confluyeron en su decisión de declarar la incompetencia del TSJCV para investigar a Mazón.

Se alude, en ese caso, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y se insiste en que el análisis de las normas autonómicas “pone de manifiesto inequívocamente” que al entonces jefe del Consell “no se le atribuía un deber jurídico de actuación” en la gestión de la emergencia, y por tanto no tenía la posición de garante. 

Mazón no será investigado. El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado por unanimidad investigar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana. La decisión llega porque no aprecian “un fundamento sólido y objetivo” de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa “revistan carácter de delito”.

Los cinco magistrados que integran el órgano judicial descartan de esta forma abrir una causa penal contra Mazón y basan su decisión principalmente en que éste no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión.

Así lo recoge un auto que consta de 70 páginas y que responde a la exposición razonada que elevó el pasado 24 de febrero la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana de 2024, en la que solicitaba al Tribunal Superior que investigase al expresident, que es actualmente diputado en Les Corts y por tanto aforado.

El tribunal tampoco ve elementos que acrediten la participación de Mazón en el Es-Alert que se envió a la población a las 20:11 horas el día de la dana en que murieron 230 personas y señala, además, que no es "insensible a la tragedia ocurrida", pero precisa que solo puede analizar la responsabilidad del exjefe del Consell "desde una perspectiva jurídico-penal" y no moral o política.

La resolución, que puede ser recurrida ante el TSJCV en el plazo de tres días, se pronuncia exclusivamente sobre la posible responsabilidad penal del expresident, para archivar las actuaciones respecto de él, y no sobre los dos investigados en la causa: la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

Esta decisión del TSJCV "no significa que el procedimiento no pueda continuar" en el juzgado de Catarroja: "Al contrario, puede y debe proseguir para resolver con libertad de criterio", expone el auto, que elogia el "esfuerzo y la laboriosidad" de la instructora, Nuria Ruiz Tobarra.

Los magistrados señalan que es indispensable que haya indicios "reforzados" de criminalidad y una "individualización concreta de la conducta" susceptible de reproche penal, pues "no basta cualquier sospecha o conjetura" ni son "suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones indirectas".

La Sala admite que las víctimas "están necesitadas de lograr el esclarecimiento de la verdad y de obtener justicia y reparación", pero insiste en que el único "instrumento de análisis" es el Código Penal y debe basarse en los "principios de legalidad y culpabilidad".

En este caso, indica, ha de determinar si los hechos que se atribuyen en la exposición razonada de la instructora respecto del aforado encajan con el delito de homicidio imprudente, en su modalidad de comisión por omisión, pues "no toda conducta política o socialmente discutible e incluso en su caso, reprobable, tiene encaje en un precepto penal".

Y tras analizar la legislación aplicable, el Tribunal concluye que no se da en el aforado la posición de garante exigible para apreciar una actuación comisiva por omisión por su parte: "No cabe concluir que el president de la Generalitat infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal", indica en coincidencia con los argumentos de la Fiscalía Superior.

Según la Sala, la legislación autonómica no asigna al jefe del Consell unos deberes específicos dentro de la normativa relativa a la protección civil y a la gestión de emergencias, sino que hace recaer el mando único de la emergencia en el titular de la Conselleria competente en esa materia.

"Sin prejuzgar otras posibles responsabilidades, es claro que el president de la Generalitat no incurrió en infracción de una norma legal en materia de emergencias al no atribuírsele deber específico alguno en este ámbito", señala la Sala, que aclara que la ley de Emergencias solo contempla la "facultad" del jefe del Consell de declarar la situación de emergencia catastrófica, pero esta "nunca fue declarada" por Mazón.

Sobre la posible participación del expresident en el envío del mensaje de alerta la población, "que supondría la desaparición de la conducta omisiva para su transformación en activa", los magistrados consideran que las consideraciones de la instructora en su exposición razonada "se mueven en el terreno de la mera conjetura".

Para el Tribunal, esos argumentos están "huérfanos de la acreditación indiciaria que la asunción de la competencia por la Sala requiere", pues no cabe entender que ni el tono de los mensajes remitidos ese día a la consellera por el que era jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, ni la proximidad personal y profesional entre ellos dos sirvan para "verificar la concurrencia de indicios, y mucho menos sólidos, de la participación" del entonces president en el envío del Es-Alert.

"Consecuentemente, ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud sobre la participación del aforado en el envío del Es-Alert, tampoco desde esta perspectiva podrá la Sala declararse competente para conocer de la causa", señala la resolución.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV también analiza otros aspectos de la exposición razonada de la instructora por los que ésta aprecia una posible responsabilidad penal del expresident, como la "prolongación de la comida" que mantuvo en un restaurante el 29 de octubre de 2024 y su "situación de ajenidad a los acontecimientos criticada en la exposición".

"Poco o nada puede decirse desde una perspectiva jurídico-penal y mucho, seguramente, desde otras ópticas. Pero no nos corresponde, como bien anota el órgano remisor, analizar la conducta del aforado desde un punto de vista moral o político", indica.

En esa línea, la responsabilidad penal de Mazón "no puede derivar del cargo que ocupaba, en ningún momento se encontró en posición de garante, ni siquiera (…) en lo que respecta a la coordinación de las consellerias en caso de emergencias", indica.

El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por la noche por, supuestamente, agredir y causar lesiones a su pareja, han confirmado a EFE fuentes del caso. Este lunes, el concejal ha pasado a disposición judicial en el juzgado de la Plaza número 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha acordado este mediodía la libertad aunque investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves.

Ninguna de las partes ha solicitado la orden de protección y el juzgado no la ha acordado por no considerar que se dieran los requisitos para ello, ha indicado el TSJCV, que ha añadido que la víctima se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar y no ha ratificado la denuncia. En todo caso, se ha elevado el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia Benidorm para su enjuiciamiento.

El ayuntamiento de Altea ha emitido esta mañana un comunicado donde el alcalde, Diego Zaragozí, de Compromís, ha anunciado que retira cautelarmente las competencias delegadas a Ramón Mompó "mientras se esclarecen los hechos" y desde "la presunción de inocencia".

"En estos momentos, el equipo de gobierno únicamente dispone de la información que ha trascendido a través de los medios de comunicación sin que exista todavía una comunicación oficial completa sobre los hechos ni sobre las posibles actuaciones judiciales o policiales en curso", ha indicado la nota del equipo de gobierno de Altea, donde Compromís tiene un pacto con el PSPV-PSOE.

Ha expresado "con total claridad la condena firme y rotunda ante cualquier clase de violencia, especialmente la que se ejerce en el ámbito de la pareja o contra las mujeres" y ha reiterado su "compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad, la dignidad de las personas y la erradicación de cualquier forma de violencia".

La acusación popular que ejerce la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024 en la causa penal por la gestión de la dana ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que obvie el aforamiento de Carlos Mazón y que permita que se le investigue en el juzgado de Catarroja (Valencia), recoge EFE.

Según consta en el escrito que esta acusación ha remitido al alto tribunal valenciano para adherirse a la exposición razonada que elevó la jueza instructora de Catarroja, esta parte pide que no se aplique el aforamiento del que sigue gozando el expresident por mantener el acta de diputado autonómico. Esta parte recuerda la resolución del TSJ extremeño, que rechazó recientemente el aforamiento del líder socialista regional, Miguel Ángel Gallardo, "por adquisición sobrevenida".

"El aforamiento actual -de Mazón- como diputado ha de entenderse únicamente por sus acciones como parlamentario regional, que no es el caso. La condición de aforado deviene de su actual condición de diputado por Alicante, no por ser presidente o miembro del Consell, y el delito imputado no guarda relación directa con la función pública que ahora desempeña, pudiendo acordarse la inaplicabilidad del aforamiento por interpretación restrictiva de la excepcionalidad del juez predeterminado por la Ley", sostienen las víctimas.

En el caso extremeño, sostiene esta parte, "la secuencia fáctica de los hechos fue valorada judicialmente como un fraude de ley por la adquisición sobrevenida del aforamiento", de modo que se pregunta si "el 'íter' -camino- seguido por Mazón no se puede apreciar también como un fraude de ley por el mantenimiento espurio de la condición de aforado".

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón, que es aforado por ser diputado en Les Corts, según informa EFE. Debido a su posición, el juzgado de instrucción no puede investigarle, pero sí puede hacerlo el TSJCV.

Hasta ahora solo dos altos cargos en el momento que se gestionó la crisis de la dana estaban siendo investigados: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; y su número dos, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso. Ahora, la jueza ha tomado esta decisión después de escuchar más de 500 declaraciones.

Será ahora el alto tribunal valenciano el responsable de decidir si investiga formalmente al expresident, que dimitió del cargo el pasado 3 de noviembre pero que sigue siendo diputado autonómico, y por tanto aforado y por ello no puede ser investigado por un juzgado de instrucción. En caso afirmativo, la instrucción pendiente de esta causa penal, en la que se investigan 230 posibles homicidios y lesiones imprudentes, pasaría a desarrollarse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La jueza cree que la "exclusión voluntaria" de Mazón en aquella emergencia "tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo", una "omisión equiparable a la acción" en los fallecimientos y en las lesiones que dejó aquel 29 de octubre de 2024.

Según detalla la instructora en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de 109 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, "el nexo causal ante la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo, entre las que se encuentra la coordinación ante esta situación de emergencia, supone que habrán de imputarse los fallecidos".

"El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos, insiste la jueza, conforme revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de los fallecimientos es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad (por parte del president, que) optó por recluirse en el reservado de un restaurante".

La jueza Nuria Ruiz Tobarra considera indicios contra Mazón también el "escaso intercambio de las llamadas" que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, "la escasa duración de las mismas o la falta interacción con los responsables autonómicos".

Dicha pasividad cabe "calificarse como negligente y constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo que justifica la presente exposición razonada", añade la instructora.

"En realidad -según la jueza-, desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante. Se mantenía en el interior del restaurante durante el peor momento de la emergencia y las llamadas que se pudieron haber hecho no revisten ningún resultado positivo, ni ninguna actuación".

A juicio de la instructora, el president "estuvo ausente en la gestación del envío de una alerta", es decir, de forma presencial en el Cecopi, pero cree también que intervino en aquel proceso a través de quien fue su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y de las instrucciones que éste trasladó a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas (investigada en la causa).

Según detalla la jueza, "existen indicios" de la "eventual participación" de Mazón en el proceso de decisión del mensaje masivo Es-Alert por varios motivos: "La condición de Cuenca de secretario autonómico, jefe de gabinete y persona de estrecha confianza convierte sus mensajes no en meras opiniones o consejos, sino en órdenes".

Además, la expresión "de confinar nada, Salo” (en un WhatsApp de Cuenca a Pradas) posee en opinión de la instructora un "carácter claramente imperativo". "En definitiva, una insistencia en el control de la emergencia que solo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior", remarca.

También señala la instructora el aviso que Cuenca dio a Pradas respecto a la llegada inminente del president al Cecopi aquella tarde, que "es en definitiva una forma de decirle que se espere", y eso es algo que "solo puede producirse si había una comunicación constante entre Mazón y su jefe de gabinete".

Recuerda la jueza que "el confinamiento, pese a los mensajes del jefe de gabinete de Mazón, está previsto en el plan especial frente al riesgo de inundaciones" y reprocha a la exconsellera Pradas que "tenía en un principio importantes dudas sobre sus propias competencias, lo cual generó una parálisis en los momentos decisivos y sería decisiva en el resultado mortal en la gestión de la emergencia".

"La forma en que tuvieron lugar los fallecimientos, en los domicilios, garajes, en accidentes in itinere, así como en la vía pública. En todos ellos era factible lanzar un aviso a la población que alertara y evitara la producción del resultado", según el escrito.

Por ello, "la omisión equivalente al resultado, que se atribuiría al president de la Generalitat, se desprende del hecho de que en todos y cada uno de los casos referidos es relevante que no se adoptaran medidas de alerta, precisas, concretas y a tiempo, desde un organismo el Cecopi, y desde una Conselleria a la cual podía el president, conforme a la normativa legal, dar órdenes e instrucciones y llevar a cabo tareas de coordinación ante la evidente parálisis que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda".

Por todo lo anterior, la "negligencia" en la que supuestamente incurrió Mazón es "grave" en opinión de la instructora, "por la permanencia, falta de atención en el tiempo, por el cargo que ocupaba y el resto de circunstancias descritas en la presente exposición".

Y como tuvo un "resultado mortal y lesivo, su conducta podría ser incardinable en el artículo 142 bis del Código Penal", es decir, el que permite "elevar en uno o dos grados la pena por homicidio imprudente si el número de fallecidos fuere muy elevado".

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 15 abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según informa EFE.

La institución judicial provincial señala que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valorada "razonablemente" por ellas como delictiva, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El citado Juzgado de Instrucción desestimó en diciembre los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto en el que denegó la apertura de juicio oral contra Oltra y acordaba el sobreseimiento provisional de esta causa. El asunto volvió a ser elevado a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial -que ya ordenó el procesamiento de Oltra en una anterior resolución-, al haber formulado las acusaciones (María Teresa Tanco, Vox y la asociación Gobierna-te) recurso de reforma y subsidiario de apelación.

La Audiencia debía resolver estos recursos y decidir si finalmente se enjuiciaba o no a Mónica Oltra y a varios miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana (María Teresa Tanco) por parte del exmarido de la exvicepresidenta (hechos por los que fue condenado).

En el escrito de alegaciones, Oltra se apoyaba en el auto de sobreseimiento provisional de la causa, de abril de 2024, y en el que deniega la apertura de juicio oral, de junio de 2025, así como en los diversos escritos del Ministerio Fiscal en los que "tampoco aprecia indicio de racionalidad alguno contra ninguno de los acusados".

Señalaba asimismo que el proceso inculpatorio "no puede continuar si la instrucción no ofrece sólidas razones para ello", y destacaba que "más allá de consideraciones genéricas, los recurrentes no invocan hecho alguno que justifique la existencia de algún indicio racional de criminalidad ni la equivocación del juzgado en lo que se refiere a Mónica Oltra".

"Las acusaciones introducen hechos nuevos, reformulan el relato en clave distinta, añaden elementos típicos no determinados en los hechos, creando un escenario donde el juez acertadamente no puede abrir juicio oral", afirmaba. En este sentido, defendía que "no existen indicios racionales de criminalidad respecto de los hechos finalmente acusados, resultando obligado el sobreseimiento y la denegación de la apertura del juicio oral".

El escrito señalaba, además, que la resolución de la Audiencia Provincial "en ningún momento ordena acordar la apertura de juicio oral" sino que, una vez abierta la fase intermedia y formuladas las acusaciones, el instructor "recupera plenamente su función de garantía pudiendo -como ha realizado- acordar el sobreseimiento si aprecia inexistencia de indicios". Por todo ello, la defensa de Oltra pidió impugnar los recursos de apelación interpuestos por María Teresa Tanco, Gobierna-te y Vox, "con expresa imposición de costas a los recurrentes por su temeridad".

La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió, el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la referida causa judicial.

Oltra desempeñaba esos cargos, junto al de consellera de Igualdad y Política Inclusiva, desde el inicio del Consell del Botànic, en 2015, y era diputada autonómica por Compromís en Les Corts Valencianes desde 2007.

Desde su retirada de primera línea política, trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como futura candidata electoral.

El que fuera asesor externo de Carlos Mazón el día de la dana, Josep Lanuza, ha afirmado este lunes, durante su declaración como testigo en el juzgado de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la emergencia, que el expresident de la Generalitat llegó al Palau entre las 19:32 y las 19:42 de aquel 29 de octubre y estuvo en su despacho unos 25 minutos antes de salir hacia el Cecopi, según recoge EFE.

Lanuza acompañó a Mazón en el trayecto en coche del Palau de la Generalitat al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre y accedió con él al edificio a las 20:28 horas, 17 minutos después del envío del primer mensaje Es-alert a la población de las 20:11 horas.

La jueza que instruye la causa citó a Lanuza para conocer si oyó durante el trayecto en coche "cualquier comunicación sobre el envío de la alerta" o llamadas esa tarde entre el expresident y la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. 

Lanuza, asesor político externo en estrategia de comunicación que trabaja para el PP de Valencia, ha señalado ante la jueza que el 29 de octubre coincidió con Mazón en un acto por la mañana y quedaron de nuevo por la tarde a partir de las 19:00 horas, la hora habitual en la que se reunían para hablar de temas de comunicación, según fuentes conocedoras de la declaración. 

Ese día, ha añadido, habló por la mañana con Mazón de una encuesta reciente del CIS y ha señalado que no tuvo conocimiento de la alerta roja hasta más tarde, cuando se grabó el vídeo con el president para las redes sociales diciendo que la alerta se acababa a las 18:00 horas y que la tormenta se iba hacia Cuenca. Ha relatado que acudió al Palau de la Generalitat por la tarde de nuevo sobre las 18:30 horas y ha asegurado que Mazón llegó al edificio pasadas las 19:30 horas. Lanuza se encontraba en el patio Gótico y cuando llegó el president, solo y en una actitud normal, subió con él a su despacho.

Ha señalado que no tiene el minutaje pero serían entre las 19:32 y las 19:42 horas y que en el despacho le dijo que no podrían hablar de los temas que tenían previstos porque se acababa de inundar el metro. Según su declaración, estuvieron en el despacho entre 20 y 25 minutos, hablando y Mazón atendiendo llamadas en ese rato, pero que no le escuchó hablar de la emergencia.

Cuando colgó una de las llamadas le contó que había un problema con una presa, la de Forata. Ha señalado asimismo que sobre las 19:45 horas recibió una llamada de Pradas, que no le dijo nada más en relación a la dana y que sobre las 20:00 horas salieron del Palau.

La jueza instructora ha hecho ver al exasesor que este relato no coincide con el testimonio de los escoltas de Mazón, que en su declaración en el juzgado situaron la llegada del president al Palau cerca de las 20:00 horas y que estuvo en su despacho unos diez minutos. Lanuza ha mantenido su versión y ha insistido en que salieron del Palau a las 20:00 horas y acompañó a Mazón a la sede del Cecopi en l'Eliana, aunque de camino recogieron en las Torres de Serrano de València a la jefa de prensa de Presidencia, Maite Gómez.

Justo cuando pasaron las torres, al otro lado del río, cuando habían transcurrido unos 5 u 8 minutos desde que salieron del Palau, sonó en los móviles el Es-alert de las 20:11 horas, ha relatado. Lanuza también ha manifestado que durante el trayecto oyó a Mazón hablar con la consellera de Interior, Salomé Prada, a quien le dijo que estaban de camino y volvió a hablar con ella justo antes de llegar a l'Eliana.

En el trayecto llamó también la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero no consiguieron transferir la llamada desde la Secretaría al teléfono del president por lo que le llamaron a él y pasó el teléfono a Mazón.

Ha señalado que Mazón solo comentó la preocupación por la presa de Forata y cuando recibieron el Es-alert comentaron que debía ser como el que se recibió en Madrid durante el temporal de Filomena. Por otra parte, el exasesor ha afirmado que es "falso" que él dijera "presidente, hay muchos muertos" cuando Mazón llegó esa tarde al Palau de la Generalitat, y ha aseverado que delante de él no oyó a nadie decir esta frase ni tampoco en alguna llamada.

Uno de los escoltas que estuvo al servicio del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 ha afirmado que el entonces jefe del Consell llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19:50 horas y que sobre las 20:00 horas salieron hacia la sede donde estaba reunido el Cecopi, según informa EFE. 

Así lo ha afirmado en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, en la que ha precisado que su servicio comenzó a las 7:30 horas del 29 de octubre y finalizó a las 2:00 del día siguiente, según fuentes conocedoras de esa declaración. 

Este escolta ha explicado que Mazón tuvo un acto por la mañana, tras el cual volvió al Palau de la Generalitat sobre las 11 horas, y más tarde salieron a pie hacia la comida que el expresident mantuvo en El Ventorro con la periodista, Maribel Vilaplana. 

Mazón prescindió de los servicios de los escoltas antes de llegar al restaurante y continuó solo el trayecto, algo que, según este testigo, "era raro" pero no era la primera vez que ocurría. 

Los responsables de la seguridad del president conocían la existencia de esta comida privada desde el día anterior, ha indicado el testigo, que ha añadido que en ningún momento se comentó nada de suspenderla por la alerta meteorológica, y ellos tampoco sabían el motivo de la comida. 

Los escoltas regresaron al Palau, mientras que el entonces president llegó a la sede del Gobierno valenciano sobre las 19:50 horas, subió un momento al despacho y, sobre las 20 horas o un poco antes, salieron hacia el Centro de Coordinación de Emergencias, en l'Eliana (Valencia), donde llegaron sobre las 20:30 horas. 

Este testigo ha señalado que Josep Lanuza, asesor de Mazón, iba en el coche del president, y de camino al Cecopi recogieron a la jefa de prensa, Maite Gómez.

El que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca, ha asegurado este viernes a la salida del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana que él no borró ningún mensaje, sino que restauró los valores de fábrica del teléfono que manejaba antes de devolverlo, según recoge EFE.

En declaraciones a los periodistas, una vez concluida la prueba pericial que se ha practicado en el teléfono que manejaba el día de la dana, y que ha finalizado sin que haya sido posible recuperar los mensajes que envió y recibió aquella jornada, Cuenca, que ha participado en la diligencia de cotejo, ha subrayado el hecho de que ha acudido por cuarta vez al juzgado.

"Nunca borré los mensajes, lo único que hice es lo que hace cualquiera que tiene un móvil de empresa, restablecer los valores de fábrica al devolverlo", ha insistido. Antes de esa devolución, ha explicado, "se perdió información en un proceso de portabilidad".

Aún así, la jueza de Catarroja si que pudo comprobar algunos de los mensajes que se intercambio con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, cuando se revisó el móvil de ella. En ese proceso se comprobó que la mano derecha de Mazón le había insistido en que no confinara a la población el día de la dana.

Pradas llegó a decir, en un careo que tuvieron el lunes ante la jueza, que sentía que la "persuadían de presidencia". Ante esta afirmación Cuenca aseguró que esta posición "solo era una preocupación personal por la cobertura legal para el confinamiento", ha asegurado Cuenca este lunes. "Soy periodista, no soy jurista", ha insistido.

A las 20:15 del 29 de octubre, la exconsellera avisó Cuenca de que iban a pedir que se evitaran desplazamientos en la provincia y a confinar cuatro comarcas. Sin embargo, ese confinamiento nunca se llegó a plasmar en ningún mensaje Es-Alert aquel 29 de octubre.

La exconsellera valenciana de Justicia e Interior Salomé Pradas ha asegurado ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana que cuando José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, le dijo que "de confinar nada" es porque había hablado antes con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, o directamente con el president, según informa EFE.

Ha sido durante el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca que celebra la jueza este lunes para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos relativas a cómo se gestionó aquella emergencia. La principal controversia son los mensajes que Cuenca envió a Pradas sobre la inconveniencia de ordenar ningún confinamiento de la población, y el origen de la posición que Cuenca sostuvo respecto a este asunto.

Cuenca también escribió a Pradas: "Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado", en alusión a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se encontraba conectada al Cecopi pero de forma telemática, y remató pidiendo "calma" de nuevo a la entonces consellera.

Esta posición "solo era una preocupación personal por la cobertura legal para el confinamiento", ha asegurado Cuenca este lunes. "Soy periodista, no soy jurista", ha insistido.

Sin embargo, la exconsellera se ha mostrado convencida de que cuando Cuenca le dijo que "de confinar nada", es porque éste había hablado antes con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, o directamente con el president, Carlos Mazón. "Sentía -ha asegurado- que me persuadían desde Presidencia", ha señalado Pradas.

En cualquier caso, Pradas ha querido resaltar que esas dudas sobre el confinamiento "no paró nada" ni nada se "ralentizó" por conversaciones "de terceras personas que no estaban en la gestión de la emergencia en ese momento. 

Por su parte, Cuenca ha insistido en que "nunca" le dio "ninguna instrucción a Pradas" y que como jefe de gabinete "nunca" recibió una orden del presidente: "No era intermediario de instrucciones".

Según han explicado fuentes presentes en el careo, la jueza ha reprochado a Cuenca que no haya aportado su teléfono móvil para corroborar su versión y éste ha señalado que reseteó el terminal para devolverlo tal y como se lo entregaron. Las fuentes señalan también que en ese punto Cuenca ha dado autorización para que se examine su teléfono (el que entrego reseteado).

En contraposición, Pradas ha explicado que se quedó el móvil y dio orden expresa de que no fuese reseteado.

Varias decenas de miembros de asociaciones de víctimas de la dana se han concentrado este lunes en el Juzgado de Catarroja (Valencia) y han recibido con gritos de "asesinos" a Salomé Pradas y a José Manuel Cuenca, antes del inicio del careo entre ambos.

Los manifestantes han exhibido fotografías de sus familiares fallecidos y carteles en los que se puede leer "Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia" o "Menos mentiras, más justicia" y "Memoria, justicia, reconstrucción", y han recibido a ambos responsables con gritos de "asesinos" y "sinvergüenzas".

José Manuel Cuenca ha llegado al juzgado pasadas las 9:00 horas, sin hacer declaraciones a los numerosos periodistas que allí se concentraban y entre un importante cordón de seguridad; minutos más tarde lo ha hecho Salomé Pradas, quien tampoco ha atendido a los medios de comunicación.

La presidenta de la Asociación de víctimas mortales de la dana 29-O, Rosa Álvarez, ha valorado el careo ordenado por jueza, algo que les da "esperanzas" de que Pradas "tenga sentido común y por una vez diga la verdad".

Espera que "no quiera cargar ella con todo" porque, a su juicio, "todos sabemos que Cuenca es igual de responsable que ella porque aunque no tenía competencia, se las atribuyó" y, por lo tanto, "es responsable".

"Él era la correa de transmisión entre Carlos Mazón y Salomé Pradas", ha afirmado Álvarez, quien espera que Cuenca, que ha entrado como testigo al juzgado, "salga como imputado", de lo contrario, ha dicho, "iremos más allá" porque cree que "es igual de responsable".

"No tenía competencias pero se las atribuyó", ha denunciado, y ha destacado que si se estuviera hablando "de una persona que ejerce de médico y no lo es, sería imputada", por lo que cree que lo mismo debe ocurrir con una persona que, "además, ha provocado 230 muertos".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de víctimas de la dana 29 de octubre, Mariló Gradolí, espera "que se sepa la verdad". "Necesitamos esa verdad para que los fallos que ocurrieron ese 29 de octubre no se vuelvan a repetir", ha dicho, y ha añadido: "No queremos relatos, queremos la verdad".

En la misma línea se ha pronunciado Toñi García, quien perdió a su marido y a su hija en la dana, y ha afirmado que lo único que espera después de más de un año desde la tragedia es "la verdad" porque "solo con toda la verdad podremos llegar a una reconstrucción y a conseguir justicia".

"Es vergonzoso que miembros del Consell o exmiembros tengan que verse en una situación así", ha lamentado, y ha denunciado "las mentiras y contradicciones" en las que han incurrido en este tiempo, lo que ha provocado más sufrimiento a las víctimas porque "no han tenido empatía con los familiares de las víctimas, no han tenido dignidad y no han sido honrados". 

Para García, lo mínimo que se puede esperar de un Gobierno es que fuera honrado y que admitiese sus errores, algo que "no solo no han admitido", sino que se han dedicado "a echar la mierda a otros".

Ha considerado "vergonzoso, lamentable e indigno" tener a "políticos de esta calaña, de esta ineficacia y de esta inutilidad" en la Comunitat Valenciana. "No son personas. Yo siempre lo he dicho, son todos psicópatas", ha manifestado.

Tras conocerse los mensajes, que fueron aportados a la causa por la defensa de Salomé Pradas, Cuenca fue citado a declarar por segunda vez el 12 de diciembre. En esta comparecencia negó que transmitiese a Pradas ninguna orden de Mazón y aclaró que su indicación contraria al confinamiento tuvo su origen en una consulta previa a la Abogacía de la Generalitat.

Por este motivo, la jueza pidió -el 22 de diciembre- un informe a la Abogacía de la Generalitat para conocer si algún alto cargo del Consell hizo alguna consulta verbal o escrita sobre aquel episodio de inundaciones y barrancadas del 29 de octubre de 2024 que dejaron 230 víctimas mortales.

Dicho informe, ya aportado a la causa, detalla que ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito a esa Abogacía, pero en la tarde de aquel 29 de octubre sí se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con la dana que se estaba produciendo.

En concreto, la del entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García, que llamó al abogado coordinador de la Abogacía en esa Conselleria y le preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que contestó afirmativamente indicando los preceptos en los que podría fundamentarse, es decir, que la Abogacía sí respaldó la posibilidad del confinamiento.

Por todo esto, la jueza ha citado a declarar, también como testigos y por el momento sin una fecha concreta, al subsecretario de la Conselleria de Justicia el 29-O y a dos abogados de la Generalitat, por las contradicciones que el referido informe ofrece respecto a la declaración del exjefe de gabinete del expresident Carlos Mazón.

La jefa de gabinete de Salomé Pradas en la Conselleria valenciana de Justicia e Interior el 29 de octubre de 2024, Silvia Soria, ha testificado este viernes en la causa penal en la que se investiga la gestión de la dana que su superiora no retrasó el envío del mensaje Es-Alert, según informa EFE.

Ha explicado que antes de las 20:00 horas de aquel 29 de octubre vio a Pradas atender una llamada en una habitación de al lado de la que acogía la reunión del Cecopi y que la entonces consellera regresó a la reunión diciendo "hay que enviarlo", pero ha insistido en que no sabe con quién hablaba.

Según lo que ella observó aquella jornada, en el Cecopi se acordaba todo, nadie imponía su criterio.

En referencia al texto del mensaje Es-Alert que finalmente se envió a la población a las 20:11 horas y el debate previo sobre el mismo, Soria ha indicado que hubo debate entre el máximo responsable de los bomberos, José Miguel Basset; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Ha explicado además que Salomé Pradas no estuvo atenta a los medios de comunicación una vez iniciado el Cecopi.

Según han informado fuentes del caso presentes en la declaración, Soria ha subrayado que en el Cecopi estaban todos los integrantes de las instituciones que, a su juicio, son la fuente de información de los medios.

También ha explicado que, según recuerda, se empezó a hablar de la posibilidad de enviar un mensaje Es-Alert alrededor de las siete de la tarde, una hora después del aviso del peligro que corría la presa de Forata.

Consultada por el rol que desempeñó Salomé Pradas en el Cecopi, esta testigo ha asegurado que ella coordinaba las intervenciones y pedía información, y ha agregado que recuerda mucho "tumulto" en aquella reunión.

La directora general de la secretaría del gabinete del entonces president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha afirmado que no recuerda haber mantenido una conversación con él a las 19:42 horas del día de la dana, ni tampoco aparece entre sus llamadas de esa tarde, según informa EFE.

Pilar Montes, actualmente directora general de Relaciones Institucionales, ha declarado este miércoles como testigo en la causa penal por la gestión de la dana en los Juzgados de Catarroja (Valencia), donde ha señalado no haber hablado con Mazón con motivo de una llamada a las 19:42 horas del 29-0 que fue aportada por Mazón cuando hizo público su listado de llamadas.

Según su relato, sí escribió varios mensajes de WhatsApp al expresident con motivo de un viaje a Madrid en días posteriores, para enviarle documentación donde almorzaba y para transmitirle que el lehendakari quería hablar con él, sin recibir respuesta por su parte; y habló con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, por cuestiones de agenda pero no por la emergencia.

Cuenca le comunicó, sobre las ocho de la tarde, al preguntarle si cancelaba la agenda de la tarde en Alicante del día siguiente, que esperara y que le iría diciendo al respecto.

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas envió un documento para imprimir a Mazón, y posteriormente otros dos, cuyo contenido era "resumen dana" -para la comparecencia en medios por la mañana- y la orden era imprimir tres copias y darlos al Consell. Ella los entregó a un conserje que se los entregaría a Mazón.

La directora general fue quien realizó la reserva en el restaurante El Ventorro, como otras anteriores, y quien se puso en contacto con el local para decir que le hicieran llegar una documentación para firma -sobre deportistas de elite-. Se le dijo que la factura del restaurante la pagaría el Partido Popular, y el encargo para la reserva de la comida le llegó una semana antes.

Sobre el equipo de seguridad del president, ha confirmado que el día anterior se les envía la agenda al jefe de seguridad y al equipo de conductores, y cuando el president sale, se activa un dispositivo, aunque sea agenda privada. Y ha añadido que el chófer y los bedeles sabrán la hora de regreso de Mazón de El Ventorro.

La tarde de la dana estuvieron en el Palau de la Generalitat María Jesús García, directora general de Organización de Mazón, y el asesor Josep Lanuza, que dijo que había quedado con el expresident, pero Montes no sabe ni a qué hora ni para qué.

Montes, que ha dicho no haber recibido o no recordar mensajes de allegados o familiares sobre la emergencia ese día, estaba en Alicante la tarde de la dana porque al día siguiente tenían actos previstos, motivo por el que no recibió el Es-Alert. 

Por parte de una acusación se ha pedido que Montes aporte los mensajes de WhatsApp con Mazón, Cuenca y Pradas.

El que fuera jefe de gabinete del expresident Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, pidió a las 19:54 horas del día de la dana a la exconsellera Salomé Pradas que "de confinar nada, por favor" y le insistió a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza", según los mensajes que la exconsellera ha aportado al juzgado, según informa EFE.

En estos mensajes, a los que ha tenido acceso EFE y que han sido acreditados por un notario antes de su remisión al juzgado de Catarroja, la exconsellera le va informando de la complicación de la situación en Valencia e incluso, a las 16:28 horas, antes de la convocatoria de la reunión del Cecopi, le anuncia que hay una víctima mortal.

Tras cruzar mensajes con Mazón a las 13:03 horas, a partir de las dos de la tarde Pradas se dirigió por Whatsapp a Cuenca, posiblemente porque, como explicó recientemente en una entrevista en televisión, recibió la instrucción de no molestar al president.

Los mensajes que intercambió Salomé Pradas con el entonces president, fueron para decirle que estaba en contacto con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y que "lo que más preocupaba ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo (sic) y Río Magro".

Le informa igualmente de que se había declarado la alerta hidrológica "en municipios de esa zona" y añade: "Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por temporal marítimo".

"Han habido (sic) varios rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio castellón", a lo que respondió Mazón media hora más tarde, a las 13:34 horas, de forma breve: "Cojonudo".

Tras estos mensajes con Mazón, Pradas avisó al jefe de gabinete del president a las 14:25 de aquel 29 de octubre de 2024 de que "la cosa se complica en Utiel".

"El río se está desbordando", le escribió un minuto más tarde, a lo que Cuenca respondió "Ostias", y a continuación la consellera le informó de que la emergencia se elevaba a nivel 2, se establecía un puesto de mando avanzado en Requena y se solicitaba la colaboración de la UME.

Más tarde, a las 16:03 horas, le informó de que se iba a constituir el Cecopi a las 17 horas y minutos después, a las 16:28 horas le comunicó que había una persona fallecida en Utiel.

El entonces jefe de gabinete de Mazón, que no se encontraba en València aquella jornada, respondió a aquel mensaje quince minutos después e informó a Pradas de que "igual a las 19 horas vamos al 112", en referencia al president Carlos Mazón.

Un minuto después de que arrancase la reunión del Cecopi, a las 17:01 horas, Pradas vuelve a contactar con Cuenca para informarle de que había unas 100 personas en Utiel aguardando un rescate, porque no se podía acceder al municipio por carretera, únicamente por aire, y solo lo había logrado un helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos.

La comunicación por Whatsapp entre ambos se interrumpe hasta las 19:54 horas, cuando Cuenca se dirige a la consellera: "Salo, de confinar nada, por favor. Calma", en respuesta posiblemente a lo planteado en una conversación telefónica anterior entre ambos.

Salomé Pradas insiste en que "la cosa está muy, muy mal" a las 19:55 horas, y Cuenca responde "ya mujer". La exconsellera continúa: "Desbordamientos por toda la provincia", y el jefe de gabinete responde "confinar una provincia es una barbaridad, una cosa es zonificar...".

"Es que poco se queda fuera", insistió Pradas, en referencia a que las inundaciones afectaban a buena parte de la provincia de Valencia, con afección a las comunicaciones.

Pradas informa a Cuenca a las 19:57: "Vamos a pedir precaución a todos, el confinamiento de las áreas afectadas y el alejamiento (subir plantas) en unos cuantos municipios".

Minutos después, a las 20:08, José Manuel Cuenca reitera: "Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado", en alusión a la delegada del Gobierno, que se encontraba conectada al Cecopi pero de forma telemática, y remata Cuenca pidiendo "calma" de nuevo a la consellera.

Pradas aclara al jefe de gabinete de Mazón a las 20:15 horas -el Es-Alert se había lanzado 4 minutos antes- que la ley autonómica de Emergencias permite decretar el confinamiento, a lo que Cuenca responde: "Quítate eso de la cabeza, por favor" y anuncia que "ya llega el president" -lo hizo a las 20:28 horas-.

La factura del teléfono corporativo del día 29 de octubre de 2024 de Juanfran Pérez Llorca, que aquel día era alcalde de Finestrat (Alicante), confirma que hizo dos llamadas al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, y una a Salomé Pradas como consellera de Justicia e Interior.

La historia no se repite pero rima, o si no que le pregunten al Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Carlos Mazón es el tercer jefe del Consell que dimite de su cargo tras Eduardo Zaplana y Francisco Camps, también del PPCV. El primero abandonó el Palau de la Generalitat para formar parte del Gobierno de José María Aznar en el año 2002 como ministro Trabajo; el segundo dimitió presionado por la dirección nacional encabezada por Mariano Rajoy, por el llamado caso de los Trajes. "Voluntariamente ofrezco mi sacrificio para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno", dijo Camps en su despedida. Era el año 2011 y abandonaba el cargo tras haber ganado solo unos meses antes por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas. Cedió el testigo a Alberto Fabra, entonces alcalde de Castelló, pero se mantuvo como diputado en Les Corts toda esa legislatura para no perder el aforamiento.

Se trata de un caso similar al de Mazón, que este martes acudió a la toma de posesión de su sustituto y hasta ahora lugarteniente, Juanfran Pérez Llorca. Ambos, sin embargo, evitaron el tradicional 'paseíllo', en el que el nuevo president recorre la breve distancia entre Les Corts y el Palau sede del Gobierno, donde es recibido por el jefe del Consell saliente ante representantes políticos e institucionales, así como ante los ojos de curiosos que se acercan para ver el traspaso de poderes entre los dos dirigentes. En este caso, ninguno de ellos ha querido exponerse a los previsibles abucheos que hubiera recibido Mazón, como le ocurre desde la dana.

Mazón trató de pasar desapercibido y ni acompañó a Pérez Llorca en su entrada —como hicieron el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la alcaldesa de València, María José Catalá—, ni entró con él al hemiciclo —como los consellers—. Es más, accedió al mismo por una puerta secundaria y ocupó el asiento 97, un escaño ubicado en la última fila, en lo que coloquialmente se conoce como "el gallinero". Es, precisamente, donde se suelen situar los diputados que gozan de una menor visibilidad y estuvo flanqueado a su derecha por los parlamentarios de Vox. Un lugar que, según el portavoz del PP, Nando Pastor, pidió ocupar el propio Mazón. "Ha querido estar lejos de cualquier tipo de protagonismo y su voluntad se ha respetado", afirmó el síndic (portavoz) conservador, que lo calificó como un "gesto de humildad", aunque evitó aclarar si en los próximos plenos el expresident se sentará también en la última fila.

Aunque ni Pastor ni el propio Pérez Llorca citaron en ningún momento a Mazón en el pleno de investidura del pasado jueves –un gesto que no pasó desapercibido y con el que el PP pretende visibilizar una nueva etapa–, los conservadores le premiaron este lunes al elegirlo como nuevo presidente de la comisión de reglamento de Les Corts Valencianes, que comporta un plus mensual de 634 euros en su sueldo de diputado. Se trata de una comisión que no se ha reunido en toda la legislatura, que no tiene carácter legislativo y que aborda la modificación del reglamento del Parlamento. La última vez que se convocó fue en octubre de 2020. Según el síndic del PP, no se trata de un "trato de favor" sino de un "trato de igualdad", porque, argumenta, "todos y cada uno de los diputados" que no forman parte de la Mesa o de la Junta de síndics "ocupan una secretaría, o una portavocía o una presidencia de comisión".

Mazón busca emular así a otro president que se creyó eterno y que entre 2003 y 2011 construyó un Gobierno que fue desmoronándose por la corrupción. Camps también decidió quedarse en Les Corts y encontró acomodo en la tercera fila del hemiciclo, flanqueado por la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y por la de València, Rita Barberá, con quien inició su carrera política en el Ayuntamiento de la capital del Túria. Ambas defendieron su decisión de continuar como diputado y lo definieron como una "persona honestísima, íntegra y buena", en palabras de Castedo. A diferencia del jefe del Consell saliente, fueron muchas las muestras de apoyo públicas que tuvo Camps de los suyos pese a estar investigado judicialmente.

El expresidente valenciano mantuvo el acta toda la legislatura, lo que garantizaba el aforamiento que tienen los diputados autonómicos, condición que obliga a que los procesos judiciales en los que puedan estar implicados sean investigados siempre en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Sucede lo mismo en el caso de Mazón, ya que la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que instruye la investigación sobre la dana, Nuria Ruiz Tobarra, puede recabar indicios contra el exjefe del Consell para elevar una exposición razonada al TSJCV, aunque no puede investigarlo directamente. Sin embargo, el cerco sobre él se estrecha cada vez más después de que Ruiz Tobarra haya pedido la testifical de todas y cada una de las personas que tuvieron algún contacto visual o telefónico con el presidente de la Generalitat, entre ellas sus escoltas, asesores y la periodista Maribel Vilaplana.

Una cuestión sí diferencia a Camps de Mazón y es que el primero renunció a su sueldo de diputado en Les Corts de manera voluntaria. Lo hizo porque, al completar una legislatura, entró a formar parte del Consell Jurídic Consultiu de por vida, lo que le garantizaba mayor sueldo —incompatible con el de diputado—, además de coche oficial, chófer, escolta y la posibilidad de abrir una oficina. Una oficina que la Generalitat valenciana no ha tardado ni 24 horas en activar tras la marcha de Mazón. El exbarón del PP ha fijado una dirección en un edificio de la Administración autonómica, en la calle Ingeniero Lafarga de Alicante, ciudad en la que tiene su residencia habitual, como sede de dicho despacho. La misma norma permite al expresidente asignar dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat.

Pero más allá de los aspectos formales (y los privilegios), lo que busca Mazón es emular la estrategia de Camps y apartar el foco mediático de su figura. "Esto ya lo vivimos, y creo que pasará como en 2011. Los primeros meses había mucho 'runrún' con Paco [Camps], pero después su presencia era poco más que una anécdota", señala un cargo del PPCV en conversación con infoLibre. Lo cierto es que Camps destacaba más por sus ausencias que por su presencia, ya que desde que dejó el cargo de president en julio de 2011 estuvo siete meses sin acudir a Les Corts. No hizo acto de presencia hasta febrero de 2012, cuando se reincorporó después de ser declarado "no culpable" por el tribunal popular. Sus ausencias eran objeto de las chanzas de la oposición para cargar contra la falta de liderazgo de Alberto Fabra.

En esa legislatura, Camps no estuvo adscrito a ninguna comisión parlamentaria, por lo que tampoco acudió a ninguna de las reuniones. Ese no será, en principio, un problema para Mazón, ya que la comisión que preside no se reúne desde hace más de cinco años. El entonces síndic del PP, Rafael Blasco, justificó la ausencia de Camps alegando "circunstancias personales", palabras que también podrían aplicarse a lo que sucede en estos momentos con Mazón. Tras su dimisión el pasado noviembre, desde su equipo explicaron que iba a "parar unos días" su actividad para tomar unos días de descanso porque así se lo exigía su familia; también dijeron que iría a una consulta médica.

El nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 y ha apelado a la reconciliación "entre todas las víctimas y todas las administraciones", según informa EFE.

Así lo ha señalado tras prometer ante Les Corts Valencianes el cargo como octavo president de la Generalitat, cinco días después de su elección por los votos del PP y Vox como sustituto del dimitido Carlos Mazón, mediante la fórmula tradicional en valenciano que señala que acatará la Constitución y el Estatut d'Autonomia "sin engaño" y guardará "fidelidad a la Generalitat".

En una intervención que no ha sido objeto de debate y que Mazón ha seguido desde un escaño en la última fila del hemiciclo, Pérez Llorca ha apelado al diálogo y al acuerdo y a avanzar juntos.

Sus primeras palabras han sido para "pedir perdón" a las familias de las víctimas de la dana y ha apelado a un "inicio de diálogo y entendimiento que hemos de tener y saber mantener".

Un "inicio de reconciliación" ya que ha reconocido que "ni el día 29 ni los posteriores las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad".

Como marca el reglamento de Les Corts, el president ha efectuado ante el pleno una Proposició sobre su programa de gobierno con el que ha querido lanzar un mensaje de "optimismo y esperanza" y con la confianza en que las cosas pueden ser de otra manera".

"Es una responsabilidad que asumo con un compromiso firme para aplicar día a día, minuto a minuto, en cada decisión y en cada paso que daré a la cabeza de un gobierno que quiere estar a la altura del pueblo", ha afirmado.

Para ello ha anunciado que presidirá un gobierno "abierto, participativo y transversal" y "no sectario". "Nunca rechazaré ninguna idea venga de donde venga", ha aseverado.

"La política tiene que ser un servicio, no un frontón", ha defendido, y ha asegurado que este martes "se abre una nueva etapa que ha de recuperar nuestra autoestima y vuelva a poner en pie el orgullo de ser valencianos", ya que "durante mucho tiempo esta tierra ha tenido la sensación de caminar con la cabeza baja" y ha pedido a todos "levantar la mirada".

En la tribuna de invitados de Les Corts han seguido este breve pleno el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, mientras que antes de tomar posesión Pérez Llorca se ha sentado ya en los bancos azules destinados al Gobierno valenciano, junto a todo el Consell en funciones.

El pleno ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del expresident de la Generalitat José Luis Olivas, quien falleció el pasado sábado y estuvo al frente del Gobierno valenciano once meses entre 2002 y 2003, cuando sustituyó a Eduardo Zaplana tras la dimisión de este para ser ministro.

Pérez Llorca ha afirmado que su Gobierno estará "al lado del pueblo" y que una de las "urgencias" a abordar y "eje central" de su programa será la vivienda.

"Necesitamos más oferta, más agilidad, más seguridad jurídica y menos trabas", ha insistido, y ha defendido el acercamiento de la administración a todos los ciudadanos y la simplificación administrativa.

El nuevo president se ha dirigido también a los jóvenes, que "necesitan condiciones reales para crecer y quedarse aquí", y para ello ha apostado por conectar la educación y la ocupación para hacer de la Comunitat Valenciana "un lugar donde valga la pena arraigar". 

El "futuro y la esperanza" de la Comunitat Valenciana, ha agregado, pasa por una economía fuerte y un tejido productivo moderno y avanzado", que genera ocupación "estable, cualificada y con salarios dignos" y que fomente y capte el talento e industrias que "mejoren la vida".

Pérez Llorca ha defendido asimismo que "el esfuerzo ha de tener una recompensa" por "justicia" y "no ser castigada por impuestos inasumibles", al tiempo que ha reivindicado "el agua que es nuestra, la financiación que nos merecemos y los servicios públicos que nos igualen al resto de españoles".

"Creo mucho en el diálogo y el acuerdo, y quiero que este mandato sea recordado por esto, porque todos fuimos capaces de acordar cuando todo parecía que estaba roto" y que "pondremos delante los intereses de la Comunitat a otros", ha concluido.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha sido nombrado portavoz de la comisión de Reglamento de Les Corts Valencianes, con una asignación mensual extra de 634,27 euros, según las tablas retributivas de diputados de 2024, unos 8.879,78 euros más al año en bruto. Según el Portal de Transparencia de la Generalitat, el sueldo del expresidente en 2024 era de 7.616,52 euros brutos mensuales, 91.398,24 anuales.

El nombramiento de Mazón ha sido comunicado por el nuevo síndic del PP en el parlamento autonómico, Nando Pastor, a la Mesa de Les Corts, según el escrito difundido por el portavoz socialista en la cámara, José Muñoz, en su cuenta en la red social X. La comisión de Reglamento no aborda temas legislativos y no se ha reunido en dos años y medio de legislatura.

Muñoz lamenta que el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en lugar de exigirle el acta de diputado a Mazón le "premia" haciéndole portavoz de la Comisión de Reglamento. "Todo para que pueda cobrar un plus salarial (634 euros al mes). Curiosa forma de pedir perdón a las víctimas de la dana", añade Muñoz. 

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado también de "vergüenza" el nombramiento de Mazón en la portavocía de la Comisión de Reglamento, que le permitirá ingresar unos 8.879,78 euros más al año en bruto.

Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, y Podemos también han tachado de "vergüenza" este nombramiento. "Vergüenza", ha escrito de forma escueta en X la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, mientras que la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, ha acusado a Vox de haber destinado en la Comunidad Valenciana sus votos "a los regalos para los responsables de 229 muertes".

Por su parte, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado el nombramiento de un "insulto" a las víctimas de la dana y al pueblo valenciano. "Es una auténtica vergüenza. Mazón tiene que ir a prisión y está caterva de miserables encima le premian. Profundo asco", ha añadido.

¿Qué hicieron Mazón y Maribel Vilaplana? ¿Qué hicieron para que se estén enredando tanto en sus explicaciones? A cada hora que marcan como final de esa comida/encuentro, a los pocos días, tienen que salir a desmentirlo porque o un documento, una imagen o un testimonio, les corrigen, por ser muy generoso con eso de corregir. Lo último, el extracto del pago del ticket del parking donde la periodista dejó su coche. Ese pago retrasa en una hora la última que marcaron ambos como el final de su reunión.

Contar la verdad, desde el principio, hubiese sido mucho más fácil. Aguantar la vergüenza de no haber estado a la altura, de haber pasado olímpicamente de todo aquella tarde siendo quien era, el presidente de la comunidad, hubiese sido mucho más razonable que andar así, un año y pico después, metiéndose ellos solitos (dejo aquí mi completa incomprensión de por qué Vilaplana está enredándose así) en un berenjenal que, a este paso, va a acabar con una condena por falso testimonio. Sea lo que sea lo que estuvieran haciendo durante esa hora que ahora han dejado en blanco entre que salieron del restaurante y el coche de la periodista salió del parking.

Queriendo o no, con sus mentiras, con sus torpezas, están dando pie a que todo el mundo piense mal. Piense que en esa hora desconectados del mundo, con el teléfono de Mazón sin atender las llamadas que podrían haber salvado vidas, ambos tomaron la peor decisión de sus vidas. Alargar la comida, seguir hablando, pasear, meterse en el parking, revisar el ordenador según el testimonio de Vilaplana… Da igual. Hicieran lo que hicieran.

Da igual. Nada puede ser ya peor a la vergüenza de verse desacreditado, una vez más, por ti mismo. Verse atrapado por tus propias palabras, por tus vagas explicaciones, “llevaría el móvil metido en la mochila”... ¿En serio? Insisto. No entiendo la postura de ella, no la puedo comprender. Ella no fue culpable de que Mazón no estuviera, su comida fue una casualidad. Pero no ser clara en las horas, es sumamente cuestionable. Ya no como periodista, que también, sino como ciudadana, como valenciana.

En fin. Sería bochornoso, y poco más, si no estuviéramos hablando de que, en esas horas, se perdió un tiempo precioso para salvar vidas. En esas horas, muchos pedían ayuda sin recibirla. No se tomaron decisiones porque o bien quienes estaban no podían, no sabían o no tenían la potestad para hacerlo.

Me temo que ésta no será la última versión que tengamos de qué hizo Mazón aquella tarde. No será porque, ni siquiera ésta, se ajusta a lo que él dijo en su última comparecencia en el Congreso. El miércoles presidió su último Consell de Gobierno. Lo hizo sin contar la verdad. Sin dar explicaciones, o dándolas como lo lleva haciendo durante un año, con mentiras. 

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este jueves en su debate de investidura que, si es elegido president, sus primera palabras en el cargo serán para "pedir perdón" a las familias de las 229 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, según informa EFE.

"Sí señorías, pedir perdón. Perdón a todas las personas y familias que aún sufren las consecuencias de las riadas del 29 de octubre, a aquellas que lo perdieron todo y a aquellas que perdieron demasiado", ha aseverado en su discurso ante Les Corts Valencianes.

A su juicio, "ha sobrado mucha gresca y mucho insulto", de manera que si es elegido president pedirá perdón en nombre de la Generalitat, pero exigirá lo mismo de otras Administraciones "por todas las vías que sean posibles", pues el Gobierno de España "aún no ha reconocido ningún error, no ha dado explicaciones y no ha asumido ninguna responsabilidad".

El también secretario general del PP de la Comunitat Valenciana ha insistido en que, desde "la más absoluta humildad", hay que pedir perdón porque las Administraciones "no han estado a la altura que merecían todos los ciudadanos".

Pérez Llorca ha asegurado al inicio de su debate de investidura que llega a esta sesión "sin ningún acuerdo cerrado con ninguna formación política", pero con la determinación de acabarla con un pacto que propone llamar "el pacto de Les Corts".

Un pacto, ha dicho al inicio de su discurso en Les Corts Valencianes, que asegure la gobernabilidad de las instituciones y la estabilidad de una legislatura y que se apoye sobre una mayoría parlamentaria "real que ha funcionado" y que quiere seguir al servicio de esta tierra.

"Formo parte de un proyecto político de mujeres y hombres que han hecho realidad propuestas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos", ha aseverado Pérez Llorca, quien necesita de los votos de Vox para poder ser elegido president de la Generalitat en sustitución del dimitido Carlos Mazón.

Pérez Llorca ha defendido en su discurso de investidura "la necesidad de ordenar la inmigración con sentido común", y ha planteado medidas como el retorno de los menores no acompañados a sus países de origen o conocer la nacionalidad de los delincuentes.

"Ninguna persona decente puede pensar que un menor estará en mejor situación" que con su familia, ha señalado el candidato, que necesita los votos de Vox para su investidura, y ha dicho que por ello se oponen al decreto de reparto de esos menores, que ha sido "una tremenda irresponsabilidad" y lo seguirán haciendo, porque usan a esos menores "como mercancía política" para hacer "chantaje".

Pérez Llorca ha señalado que trabajará en fórmulas legales para que esos menores que han llegado a la Comunitat valenciana vuelvan con sus familias; ha exigido políticas basadas "en la legalidad y en la seguridad", y ha defendido que no hay que "tener miedo a defender los datos reales de delincuencia y de origen de quienes cometen los delitos".

Ha afirmado que "la transparencia es esencial" para poder adoptar medidas "proporcionadas, mejorar la prevención y ofrecer respuestas serias y eficaces" a los problemas de la ciudadanía, y ha acusado al Gobierno de España de repartir a esos menores "como penalización de las regiones que considera hostiles".

Pérez Llorca ha señalado en Les Corts que los efectos de una inmigración "masiva y mal gestionada" no pueden recaer en la comunidad autónoma, y ha señalado que hablar de "la convivencia, la seguridad y la preservación" de la identidad "no es ser racista ni alarmista, es ejercer la responsabilidad que se espera de cualquier servidor público".

Ha señalado que el president de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, ha defendido que no se puede decir "que venga todo el mundo" y hay que regular e integrar, un discurso que en Cataluña dicen que es "de integración" pero en este hemiciclo la izquierda tacha de "racista".

A su juicio, no se puede mirar "a otro lado" cuando llegan personas que pretenden mantener prácticas que "chocan brutalmente con nuestros valores de igualdad y de libertad, o de dignidad de la mujer, y que no respetan la ley", y ha defendido que todo esto "no va de ideologías, va de proteger un marco de convivencia".

El president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha justificado su ausencia en el pleno de investidura de este jueves de Juanfran Pérez Llorca como su sustituto en que hoy "es fundamental que este proceso se desarrolle con el máximo protagonismo para el candidato, respetando así el curso natural del debate". 

En su cuenta de X, Mazón ha explicado que por ello ha decidido que acudirá al pleno de Les Corts Valencianes "una vez finalicen las intervenciones de los grupos" y antes de la votación de la candidatura de Pérez Llorca, prevista para esta tarde. 

Por este motivo, en la bancada del Gobierno en el hemiciclo de Les Corts están los consellers pero está vacío el escaño del dimitido president.

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que se ratifica en que el día de la dana fue desde el aparcamiento al que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana tras comer en El Ventorro "andando directamente al Palau de la Generalitat, sin hacer ninguna parada, sin entrar a ningún otro sitio", y que no estuvo "ilocalizable", según informa EFE.

Así lo ha señalado a los medios de comunicación a su llegada al Palau de la Generalitat, donde va a presidir el pleno del Gobierno valenciano, preguntado por la noticia publicada por el periódico Levante-EMV, según la cual la periodista acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau.

"Vuelvo a desmentir que estuviera ilocalizable, vuelvo a desmentir que estuviera en paradero desconocido, vuelvo a desmentir que fui a mi casa, vuelvo a desmentir que me enseñaran ningún pantallazo, vuelvo a desmentir que tuve ninguna otra reunión", ha señalado Mazón, quien ha afirmado que, aunque se dice que llegó al Palau de la Generalitat a las ocho de la tarde el día de la dana, a esa hora "estaba saliendo" desde allí al Centro de Emergencias de L'Eliana, donde estaba reunido el Cecopi.

El president ha afirmado que desmiente también que ese día estuviera con algún expresident de la Generalitat o que pusiera "como coartada" al presidente de la patronal valenciana CEV porque, según ha dicho, no lo hizo, y ha asegurado que no entiende "tanto interés en algo que nada tiene que ver con la gestión de la emergencia ni con la toma de decisiones".

Ha argumentado que no estuvo "ilocalizable", pues hasta se le "requirió para firmar los documentos urgentes en el restaurante" donde "gran parte" de su equipo sabía que estaba, por lo que no termina de comprender el interés en "un asunto que más parece de 'Sálvame' que de otra cosa".

Sobre su trayecto tras la comida, ha insistido en que fue andando "desde la puerta" del aparcamiento cercano al restaurante al Palau de la Generalitat, "entre otras cosas" porque "no tendría demasiado sentido" ir en coche a "una zona perimetrada donde el acceso está restringido solo para vehículos autorizados y donde más cerca se puede llegar es a la misma calle de la Paz, que es donde está el 'parking'".

Preguntado por la hora en que lo hizo, Mazón ha señalado que siempre ha dicho que no puede precisar "con exactitud" su "minutaje" ni si pudo "salir quince minutos antes o quince minutos después", como dijo el pasado 17 de noviembre en la Comisión de investigación sobre la dana del Congreso de los Diputados.

"Si un notario me dice que salí a las seis y cuarenta le diría: pues puede ser. Y si me dice que salí a las siete y siete minutos, pues le diría también podría ser", ha señalado Mazón, quien preguntado de nuevo a qué hora salió del aparcamiento ha señalado: "No le puedo decir, es que no lo puedo saber".

Respecto a qué hora llegó al Palau de la Generalitat, ha afirmado que tampoco lo puede "decir con precisión", aunque sí sabe que se dice a las ocho de la tarde el día de la dana y a esa hora "estaba saliendo" desde allí al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en L'Eliana, donde estaba reunido el Cecopi.

El president en funciones ha lamentado que sigan saliendo informaciones que, en su opinión, "nada tienen que ver ni con la gestión de la emergencia ni con toma de decisiones ni con decisiones operativas ni con la gestión de la dana", y ha destacado que ya ha desmentido muchas de ellas.

El pleno de Les Corts Valencianes para la investidura del secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, como president de la Generalitat en sustitución del dimitido Carlos Mazón se celebrará el próximo jueves 27 de noviembre a las 11 de la mañana.

Así se ha fijado este jueves, después de que la presidenta del Parlamento valenciano, Llanos Massó (Vox), haya mantenido una ronda de consultas con los síndics de los cuatro grupos parlamentarios sobre la única candidatura presentada para relevar a Mazón, que se registró este miércoles, último día de plazo.

Para ser elegido president, el dirigente popular necesita mayoría absoluta (50 escaños) en primera votación, o mayoría simple (más 'síes' que 'noes') en segunda 48 horas después, en un hemiciclo en el que el PP tiene 40 diputados y Vox 13, mientras que la oposición suma 46 parlamentarios, lo que hace que Vox tenga la llave para la investidura. La votación será, terminado el debate, pública y por llamamiento.

Pérez Llorca señaló este miércoles que aún no tiene cerrado un acuerdo con Vox, pero confía en ser capaz de alcanzarlo, igual que se consiguió al inicio de la legislatura para investir a Mazón president de la Generalitat y este año para aprobar unos nuevos presupuestos autonómicos.

El segundo pleno de investidura de esta legislatura comenzará en Les Corts Valencianes con el discurso del candidato, quien no tendrá límite de tiempo para exponer el programa político de gobierno del Consell que pretende formar y solicitar la confianza de la Cámara autonómica.

Tras la intervención de Pérez Llorca, la presidenta de Les Corts suspenderá la sesión por un tiempo que según el reglamento de la Cámara no puede ser superior a 24 horas, y que habitualmente suele ser un receso de unos 30 minutos.

Una vez retomada la sesión, será el turno de los síndics de los grupos parlamentarios de mayor a menor representación (PSPV-PSOE, Compromís y Vox), excepto el grupo al que pertenece el candidato (PP), que lo hará en último lugar, por un tiempo de 30 minutos cada uno.

Pérez Llorca podrá contestar conjunta o separadamente a los representantes de los grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de 30 minutos, tras lo cual cada grupo tendrá diez minutos de réplica y el candidato popular cerrará lo discursos con otros diez minutos.

Si consigue el respaldo de Vox, Pérez Llorca se convertirá en el octavo president de la Generalitat, el sexto del PP (tras Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps, Alberto Fabra y Carlos Mazón), y el tercero investido sin haber sido el candidato en las elecciones (tras Olivas y Fabra).