La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sostiene que entre 4.000 y 8.000 cánceres detectados en España tienen un origen laboral, sobre un total de diagnósticos que en 2025 superó los 296.000 casos. Sin embargo, oficialmente solo 119 casos de cáncer se han podido vincular con el desarrollo de la actividad profesional. Otra estimación, en este caso del Ministerio de Sanidad, señalaba que unos 8.700 hombres y 850 mujeres habrían fallecido en 2015 por enfermedades oncológicas ligadas al ámbito laboral. Pero solo son estimaciones, ya que los datos reales quedan ocultos por la ausencia de protocolos de reconocimiento claros, según denuncian los sindicatos. "El gran problema es que no estamos controlando a qué nos enfrentamos", apunta Carmen Mancheño, secretaria de salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO), quien define este problema como "el gran agujero negro de la prevención de riesgos laborales".

“Lamentablemente, en la actualidad no contamos con información suficiente para poder calcular el porcentaje de personas fallecidas por cánceres laborales”, señalan a infoLibre desde el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. Para hacerlo, explican, es necesario “avanzar en el reconocimiento del origen profesional del cáncer para disponer de datos contrastados”. De hecho, en el gráfico, extraído de un informe de CCOO, se ve la marcada brecha de reconocimiento con respecto a otros países europeos que arrastramos desde hace años. La participación de las afecciones oncológicas sobre el conjunto de las enfermedades profesionales se quedaba en España en el 0,2% en 2016, frente a un 32% en Alemania. Los datos actuales señalan que la incidencia ha ido subiendo, pero apenas hasta un 0,4%, según el Ministerio de Sanidad.

Entre las cifras y los porcentajes emergen casos a través de los cuales se hace más patente el laberinto al que se enfrentan los trabajadores que enferman por estar expuestos en su trabajo y que quieren que se les reconozca. Es el caso de Ferran Sangüesa, un trabajador de la industria del azulejo que falleció en 2023 por un adenocarcinoma de pulmón. La lucha por que se reconociera el vínculo de su dolencia con su trabajo comenzó en 2022, pero la primera victoria judicial le llegó tarde: el juzgado número 3 de Castellón reconoció en 2025 que su cáncer estaba relacionado con su actividad profesional como esmaltador en 2025; la sentencia llegó dos años después de su fallecimiento.

"La resolución judicial desmonta los intentos de la empresa, de la mutua FREMAP y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de desvincular la enfermedad del trabajo, señalando que no han sido capaces de probar la ausencia de relación causal ni que otros factores personales puedan explicar el desarrollo de la misma", señala un comunicado de CCOO. "Es una lucha quijotesca", señala su compañero y secretario general de CCOO Hábitat Castellón, Jordi Riera. Además, la sentencia aún no es firme y las partes acusadas han recurrido.

"Tú, como trabajador, te tienes que enfrentar a la empresa, a la mutua y al propio INSS, que tienen muchísimos más recursos y además en un momento de tu vida en el que te enfrentas a una enfermedad muy grave", explica Riera. "En este caso hay una acumulación de hechos que el juez no ha podido obviar, con denuncias previas e incluso falta de mascarillas a la hora de trabajar", relata a infoLibre, "y aun así está siendo muy difícil", concluye.

En su caso, estaba expuesto a polvo de sílice y, en teoría, su lucha debería haber sido más fácil porque es un agente cancerígeno reconocido en el Real Decreto 1299/2006. Muchos de estos agentes ni siquiera lo están (como los riesgos de trabajar al sol o el gas radón) por lo que lograr que se reconozca es mucho más complicado.

"Demostrar esta vinculación es un trabajo tan largo, tan jodido y tan tedioso, que muchas veces fallecen compañeros pero no se hace el trabajo de depuración necesario para acreditar y probar la causa de la enfermedad", explica Riera. El problema, subraya, es que luego esas personas no existen en las estadísticas. "El caso de Ferran es particular, porque era delegado de prevención en el sindicato y presidente del comité de empresa. Eso llevó a su familia a seguir con la pelea, pero no suele ser así".

"Los datos son ínfimos respecto a la cantidad de diagnósticos que hay”, señala Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT. "La causa está en la falta de obligatoriedad normativa, porque con el amianto pasó exactamente igual. Se tardó muchísimos años en que se reconociera como enfermedad profesional. Al final se consiguió y, además, se implantaron medidas de protección. Pero faltan medidas para productos químicos, para el gas radón, para la exposición al calor, etc. Hay muchísimas causas que no están respaldadas por una normativa concreta y están escapándose al registro", explica a este medio. Además, insiste en que otro problema es que el servicio de salud pública no está determinando las contingencias del origen de los cánceres de forma adecuada. "No tiene protocolos para determinar la causa, el origen o el agravamiento de un tipo de cáncer por las condiciones laborales", concluye.

En España, el grupo de dolencias causadas por agentes carcinógenos es el que menos prevalencia ha tenido en la serie histórica. En 2025 se comunicaron 119 partes de enfermedad profesional por agentes carcinógenos sobre un total de 30.713, apenas un 0,38%. En la serie histórica que ofrece el Observatorio de Enfermedades Profesionales (Cepross), desde 2011 ha habido un total de 972 casos sobre un total de 324.113 enfermedades profesionales. Con estos datos oficiales, la incidencia de los agentes carcinógenos en el total se queda en apenas un 0,29%. Un dato que contrasta con las estimaciones científicas y la Comisión Europea señala, en base a ellas, que "el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea, con una incidencia del 53% del total de las muertes laborales cada año (frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias)".

"Las estimaciones científicas apuntan a que entre un 4% y un 10% de todos los cánceres se pueden deber a la exposición a agentes en el entorno laboral y, sin embargo, en los datos oficiales es lo que menos se ve", coincide Carmen Mancheño, quien sentencia que el cáncer "es el agujero negro de la prevención". "Lo que estamos demandando son sistemas de registro de trabajadores y de sustancias carcinógenas a las que pueden estar expuestos. Es algo que ya existe en otros países europeos y que ayuda también a conseguir diagnósticos precoces porque la gente se enferma y se muere sin saberlo".

Si la exposición no está acreditada en el lugar de trabajo, establecer causalidad se convierte en un laberinto. Pero aun contando con esto, como le ocurrió a Ferran Sangüesa, que enfermó por sílice cristalina, el reconocimiento no es inmediato. La mayoría de los cánceres reconocidos en 2025 están relacionados con la exposición al amianto, concretamente 60 casos, y en segundo lugar aparece, precisamente, la sílice, con 15 casos el año pasado. El caso del amianto, señala la responsable de CCOO, es el único para el que existe un programa con registros y vigilancia, pero "pasaron años" hasta que se logró su puesta en marcha. De ahí que sea uno de los cánceres más declarados en los registros oficiales.

"La sílice es una sustancia que está presente en todo el proceso de fabricación del azulejo y además provoca efectos negativos dispares en los trabajadores, aunque sea en concentraciones muy bajas, por lo que la prevención debe ser máxima", explica Jordi Riera. Pero hay otros muchos sectores donde aparece como un riesgo, bien en la fabricación de productos, bien por exposición a materiales que lo contienen, como el cuarzo. "Te dicen que el polvo de sílice es inherente a la producción de azulejo, pero se quedan tan anchos; no hay pluses por toxicidad o cocientes reductores a la hora de jubilarte a pesar de que te juegas tu salud", concluye Riera.

"Es el elefante en la habitación, todo el mundo lo sabe, pero no se está elaborando un registro eficaz. No somos capaces de ponerle cifra", explica Patricia Ruiz, quien habla de "dejación de funciones" por parte del Ministerio de Sanidad.

Desde el ámbito sindical piden además que se incluya en el catálogo la exposición a peligros climáticos, por ejemplo, el riesgo de personas que trabajan al sol y cómo aumenta la incidencia de los melanomas. De hecho la Organización Mundial de la Salud sostiene que una de cada tres muertes por cánceres de piel en el mundo se relaciona directamente con la actividad profesional.

Mientras avanza (o no) la regulación, las estimaciones científicas y los datos reales evolucionan a ritmos muy dispares. "Un médico sabe si la persona a la que le diagnostica un melanoma trabaja al sol, o si el cáncer de pulmón que diagnostica a un paciente tiene algo que ver con el radón porque trabaja en un parking. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos para medir bien estas situaciones", concluye la responsable de UGT.

Los accidentes de trabajo dejaron 489 fallecidos hasta agosto, según los datos publicados este lunes, en el inicio de una semana en la que UGT y CCOO se concentran para reclamar más seguridad en el trabajo después de que cuatro trabajadores hayan muerto en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid.

La estadística del Ministerio de Trabajo refleja que, aunque hubo nueve fallecidos menos que hace un año, la siniestralidad laboral sigue en cifras récord y mantiene una mayor incidencia en los sucedidos durante la jornada de trabajo (398, seis menos) que en los in itinere, es decir, en el camino de ida o vuelta del trabajo (91, tres menos).

La mayoría de los accidentes se produjeron en el sector servicios (180), seguido de la construcción (113), la industria (71) y la agricultura (34).

Entre enero y mayo el número de accidentes laborales llegó hasta los 243.664, una cifra que se ha reducido en un 4% con respecto al mismo periodo del año pasado. Los accidentes mortales ascendieron a 287, con una caída del 2% frente a 2024. En verano y tras atravesar el junio más caluroso desde que hay registros, las altas temperaturas pasan a ser uno de los mayores riesgos para la actividad de miles de trabajadores. De hecho, cada año mueren unas 1.300 personas en España por causas atribuibles al calor durante su jornada laboral, y durante las olas de calor los accidentes laborales aumentan un 17,4%, de acuerdo con un estudio del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que hasta el 30 de junio han realizado 7.889 inspecciones a empresas para valorar la exposición de los trabajadores. “A tenor de las estimaciones que tenemos en el sindicato y que elaboramos a través de los delegados que están en los centros de trabajo, muchos de los accidentes que se producen, con o sin baja, no son catalogados como tales. Esto es así porque la sintomatología se confunde con otras cosas”, explica Patricia Ruíz, responsable de salud laboral de UGT

Si bien los datos de siniestralidad que se han publicado este viernes apuntan a una ligera mejora con respecto al año pasado, los sindicatos advierten de que, en lo relativo a las muertes y accidentes por calor, el conteo deja muchos casos fuera. “Este año los datos provisionales que tenemos, en base a lo que nos dicen nuestros delegados, señalan que estaríamos en, al menos, seis personas fallecidas durante la jornada laboral a efectos del calor. No parece muy real que el año pasado, con unas temperaturas muy parecidas, solo se registrara un fallecimiento en los datos oficiales”, apunta Ruíz. “Estamos exigiendo que el registro se haga de manera más rigurosa”, concluye.

“En muchos casos, es difícil mostrar que la causa inductora ha sido el calor. Por ejemplo, un trabajador que se desploma desde un andamio fallece por la caída, pero puede darse que la causa sea un golpe de calor”, explica desde Comisiones Obreras Mariano Sanz. El responsable de salud del sindicato explica que en los datos oficiales que se ofrecen solo aparecen los casos en los que se ha verificado la causa mediante una autopsia, pero que muchos pueden quedar fuera de este dato: “Nosotros sospechamos que hay muchos que están directamente vinculados con la exposición al calor”, concluye.

En lo que va de verano, ha perdido la vida una trabajadora del sector de la limpieza en Barcelona, pero para los sindicatos hay casos que se quedan sin aclarar. En los últimos años, UGT señala que se contabilizó un fallecido por altas temperaturas en 2024, cuatro en 2023 y seis en 2022. “Si solo se miran los números, hay una ligera mejoría, pero lo que llevamos sosteniendo desde hace años es que el registro de estos fallecimientos por exposición al calor no se está cuantificando de manera correcta”, concluye Ruiz.

En contra de lo que puede parecer, la época estival es mala para la siniestralidad laboral. Pese a ser un periodo de vacaciones, explica la representante de UGT, el calor, la falta de descanso o la sensación de fatiga acumulada “termina afectando a la concentración, aumentan la irascibilidad y eso acaba engordando las tasas de accidentes o conflictos laborales”.

“Lo que queremos es prevenir y no reparar”, señalaba la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la presentación del plan de acción del Gobierno, que incide en reforzar las inspecciones y contempla sanciones de hasta 980.000 euros. Sin embargo, los sindicatos insisten en la importancia de precisar los protocolos asociados a riegos climáticos en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales que está por hacerse. “Dentro de los nuevos riesgos que se deben incluir en la reforma de la ley, aquellos relacionados con el cambio climático son evidentes y ya se han convertido en estructurales”, explica Sanz, quien también hace referencia a los episodios de frío o las inundaciones.

Desde Inspección de Trabajo las actuaciones se han ido intensificando. De acuerdo con los datos del ministerio, las inspecciones han aumentado desde las 704 en 2021, hasta alrededor de 11.500 en 2024. En lo que va de año, el ministerio señala que ya han efectuado 7.889 inspecciones en empresas para revisar el cumplimiento de las recomendaciones en cuestiones de calor. Empresas multiservicio, restauración, construcción, agricultura, gasolineras o mercadillos son algunos de los establecimientos que recibirán especial atención y que ya han recibido una carta informativa relativa a las medidas que deben implantar por parte de Inspección de Trabajo. Sin embargo, esta lista, para los sindicatos, debería ampliarse: “No solo afecta a empleados que trabajan en el exterior”, puntualiza Sanz, “en el histórico tenemos accidentes mortales de personas que estaban en el interior de naves, por ejemplo, de tratamiento de productos hortofrutícolas”, concluye.

“Desde 2023 todas las empresas en las que el trabajador esté expuesto a riesgos por calor deben tener un plan de acción, pero no siempre se cumple o se comunica a las plantillas”, señala el representante de CCOO. Además, las agrupaciones insisten en la necesidad de sistematizar los procesos de forma que los trabajadores sepan los pasos a seguir en casos como olas de calor o alertas de la Aemet. Cuándo acudir o no al trabajo, reclamar lugares de refresco, puntos de agua o incluso cambios en los turnos, son algunos de los puntos que los sindicatos quieren fijar en la ley para que las reglas del juego estén claras, tanto para empresas, como para los trabajadores.

Ambos representantes coinciden en la necesidad de ensanchar los márgenes de la legislación sobre riesgos laborales para conseguir una mayor cobertura tanto de riesgos climáticos, como aquellos relacionados con las nuevas tecnologías o la salud mental. “Tenemos que dar un paso más y modernizar la ley”, concluye el responsable de Comisiones Obreras. Para Patricia Ruíz también está en el tintero el reconocimiento como accidentes laborales de patologías asociadas: “Las consecuencias de la exposición, como los cánceres de piel o daños oculares, también deberían contemplarse. No se puede permitir que siga ocurriendo”, concluye.

De las 796 personas que fallecieron por accidente de trabajo el año pasado, 266 lo hicieron por infartos, derrames cerebrales u otras causas naturales, según recogen los datos provisionales del Ministerio de Trabajo publicados este jueves. “Estos accidentes siempre rondan el 40% del total. Cuando se manda un parte de este tipo, se suele poner que está relacionado con causas comunes, pero hay que tener en cuenta que la ansiedad, el estrés o la presión no se evalúan en las empresas. Si no hay evaluación, no hay constancia”, explica Mariano Sanz, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras. “Mientras no haya constancia, no se pueden tomar las medidas para que no siga ocurriendo”, concluye. 

La estadística recoge que los accidentes de trabajo en general no han crecido significativamente, lo hicieron un 0,5% anual y afectaron a 628.300 trabajadores. Pero los 796 accidentes mortales que se recogen, suponen un 10,4% más que en 2024. “Desde UGT lo veníamos avisando. No puede ser que la gente pierda la vida donde se supone que va a ganársela”, señala José de las Morenas, responsable de salud laboral de UGT. Los fallecimientos por golpes o choques contra algún objeto se doblaron, pasando de 26 a 46 fallecidos y los accidentes mortales relacionados con aplastamientos supusieron la segunda causa de muerte (99 personas), solo por detrás de los infartos y derrames cerebrales (266).

Por sectores, los servicios se llevan la peor parte, ya que se han registrado 326 fallecidos en 2024. Le siguen la construcción, la industria y el sector agrario. En cuánto al índice de incidencia de los accidentes mortales, que cruza el número de accidentes con la media anual de trabajadores afiliados, sube en todos los sectores, menos en el agrario, que cae cinco puntos porcentuales. Dónde más aumenta es en la industria (18%), seguido de los servicios (12,2%). En el cómputo general, que incluye los accidentes no letales, Inspección de Trabajo apunta que ese indicador ha disminuido un 2,3%.

“Es necesario aumentar el catálogo de enfermedades profesionales y sobre todo las que tiene que ver con la salud mental”, explica Patricia Ruíz, secretaría de salud laboral de UGT. Porque, apunta, “la salud mental está teniendo un papel protagonista en los accidentes laborales”. De hecho, según las estadísticas, hubo más de mil accidentes laborales reportados por infartos y derrames cerebrales.

El teletrabajo, la digitalización y los cambios en los modelos productivos en general, están cambiando los peligros a los que los trabajadores se enfrentan en sus jornadas laborales. “Las enfermedades músculo-esqueléticas, también se trataron de desviar como algo que no estaba vinculado a la actividad laboral, pero se consiguió que fueran incluidas en el catálogo. Ahora tenemos que mirar hacia la salud mental, porque estas patologías no dejan de aumentar y sobre todo en la población joven”, concluye. Esta será una de las principales propuestas que lleven a la mesa de negociación que tienen abierta desde hace un año con el Gobierno para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que data de 1995.

Los accidentes cardiovasculares, como infartos o derrames cerebrales, tienen una alta incidencia en las cifras de mortalidad y en los últimos cinco años no se han reducido. “Si se trata a las personas como un recurso humano que hay que optimizar, esta situación seguirá agravándose”, explica Sanz. “Esto se agrava muchísimo más cuando el trabajador es un terminal móvil o una cara en un iPad, porque las decisiones se vuelven mucho más frías. Se deshumaniza”, concluye.

De hecho, cuestiones como el teletrabajo o la digitalización no están en la ley vigente, que cumplirá treinta años, pero sí aparecen en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que elabora el Ministerio de Trabajo de 2023. Esta reconoce una “mayor prevalencia de los riesgos ergonómicos y psicosociales (dentro de los cuales entran el estrés, la ansiedad, etc.)” y recoge que un 32% de la población activa ha declarado estar expuesta a presiones de tiempo y sobrecargas de trabajo que afectaron a su salud mental. En la sanidad y el sector financiero ese porcentaje roza el 50%.

El tiempo es oro y la productividad un indicador exigente para las empresas. “Cuando hablamos de riesgos psicosociales, básicamente hablamos de organización del trabajo. No solo de horas laborables, sino de cargas que sean asumibles, de no tener que responder una llamada a las 11 de la noche o de que no haya un algoritmo marcando las pautas de trabajo y penalizándote si no llegas”, concluye el responsable de Comisiones Obreras.

Desde los sindicatos insisten en la necesidad de vigilar mejor, porque si bien los riesgos psicosociales pueden estar cambiando de la mano de nuevos modelos de trabajo, las caídas, golpes y contusiones son viejos conocidos. “Muchos de estos accidentes están relacionados con una labor de prevención básica que no se está haciendo”, explica Sanz. “Solo con el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales se evitarían muchos de estos casos”, coincide el delegado de UGT.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales que opera en España es de 1995 y los representantes sindicales mantienen que es necesario actualizarla, pero también aumentar la presión sobre su cumplimiento, reforzando las inspecciones de trabajo. “Reclamamos un cambio normativo en profundidad de la ley”, apuntan desde UGT. “Este año aún no ha habido ninguna reunión”, protesta de las Morenas, quien incide en la necesidad de apurar el proceso.

La “mercantilización de los servicios de prevención” es otra de las protestas de los sindicatos. “No puede delegarse en una empresa externa como una mera formalidad para evitar multas”, explica Sanz, quien señala además que una de las propuestas que defenderán será integrar la prevención en las empresas. “Tiene que haber una persona que sea responsable de hacer un seguimiento […] y se tiene que incorporar perspectivas de género en los planes, porque cuestiones como el embarazo o la lactancia no aparecen contempladas”, concluye.

En la estadística oficial se recoge que han fallecido 608 varones frente a solo 64 mujeres y en las cifras globales de accidentes laborales, ellas sufrieron 159.195 accidentes frente a los 381.199 de ellos. Algo que, en parte, se explica porque ellos tienen más presencia en sectores con mayor siniestralidad como la construcción o la industria manufacturera.

Mientras se actualiza la norma y se crean nuevos procedimientos, los representantes de los trabajadores tratan de apurar los plazos y los trabajadores de lidiar con un ámbito profesional que cambia por momentos. “Se ha demostrado que las condiciones laborales afectan a la salud mental, los derrames cerebrales o ictus son la primera causa de fallecimiento en la jornada. Son cosas que se podrían evitar con protocolos adecuados”, concluye Patricia Ruíz.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el decreto-ley que regulará medidas más estrictas para el desarrollo de ciertas tareas al aire libre cuando concurren episodios de altas temperaturas. La normativa trata de evitar que más personas fallezcan en su puesto de trabajo durante episodios de temperaturas peligrosas, como ocurrió con cinco hombres durante 2022. Fallecieron en su puesto de trabajo, pero no fueron los únicos: más de 200 personas en edad de trabajar fueron víctimas del exceso de temperatura. La nueva normativa vinculará las medidas de prevención con las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Si el plan de prevención de riesgos laborales de una empresa debe actualizarse ante cambios, el cambio climático supone un cambio para todas. Y el Ministerio de Trabajo tiene algunas exigencias claras: estos planes deben adaptarse a las características de los trabajadores, a las condiciones climáticas extremas y tienen que hacerlo ya. Por ejemplo, el plan debe tener en cuenta si una persona con riesgo cardiovascular pueda estar sometido a inclemencias al aire libre que pongan en riesgo su salud.

El fin de esta normativa es que, por ejemplo, en una empresas dedicada a la actividad agrícola o la construcción en la zona del valle del Guadalquivir ya exista un plan de actuación si de repente la AEMET decreta alerta de nivel naranja o rojo en esta región propensa a concentrar altas temperaturas. Así, si no es posible asegurar la salud de los trabajadores mediante los recursos de la empresa o la adecuación de sus tareas, estará obligada a reducir o modificar el horario de los trabajadores. Fuentes del Ministerio de Trabajo han asegurado que la norma entrará en vigor mañana.  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya reconocía la obligación de las empresas de evaluar los riesgos y prevenirlos, así como dotaba a los trabajadores de una herramienta para “desobedecer” en casos extremos. Una vez todos los planes han fallado, si el empleado se encuentra en una situación de riesgo grave o peligro inminente, tiene derecho a interrumpir la actividad y abandonar su lugar de trabajo. 

“La paralización de la actividad es un derecho que se utiliza en muy pocas ocasiones”, explica a infoLibre Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras. “Es un derecho que tiene muchas dificultades. Si luego el inspector de trabajo no le da la razón al trabajador que ha paralizado su actividad puede incurrir en una falta muy grave, por abandonar su puesto de trabajo”, explica. A esto se le suma la precariedad: "Un trabajador que no tiene condiciones estables tiene secuestrada su voluntad de reclamar", remacha el sindicalista.

Sanz reconoce que la legislación aprobada este jueves en el Consejo de Ministros es un paso adelante, pero lamenta no haber participado en su elaboración: “Nos hubiera gustado que nos hubieran consultado, hubiera salido una normativa mucho más precisa y consensuada”, añade. El responsable de Salud Laboral del sindicato considera que la norma deja algunos “flecos”.

“Hace falta formación, por ejemplo, para que un trabajador reconozca los síntomas de un golpe de calor… Y, ¿qué pasa con los trabajadores en lugares cerrados y con una exigencia física alta?”, se pregunta Sanz. Ante este último punto, fuentes del Ministerio de Trabajo recalcan que las empresas ya están obligadas a tener condiciones adecuadas, ya que los espacios cerrados deben estar climatizados. No obstante, esta obligación no fue suficiente para evitar el fallecimiento de dos de los cinco trabajadores que perdieron la vida el año pasado, que se encontraban en las naves de sus empresas.

El año pasado fallecieron cinco trabajadores por exceso de calor. Tres de los sucesos ocurrieron a mediados de julio en la Comunidad de Madrid, que se encontraba en alerta naranja. El primer caso, fue el de un barrendero de la capital de 60 años que se desplomó a las 17.30 del 16 de julio mientras hacía labores de limpieza en la avenida de San Diego, ubicada en Puente de Vallecas. El hombre presentaba una temperatura corporal de 41,6 grados. Pese a que el equipo sanitario le aplicó rápidamente hielo y soluciones salinas frías, falleció de un infarto al llegar al Hospital Gregorio Marañón.

Dos días después, un mecánico de 58 años murió en Móstoles mientras trabajaba en una nave de la calle Moraleja de Enmedio, en la que había una temperatura de 46 grados, sobre las 20.50. Según comprobó el equipo médico, el trabajador tenía 42,9 grados. Según informó El Confidencial, el hombre, de nacionalidad rumana, dejó de articular palabra antes de que desfalleciera y empezara a convulsionar.

Tres días después, con la ola de calor todavía presente en la Península Ibérica, un tercer trabajador murió: un repartidor de publicidad de 56 años que estaba buzoneando en una zona de chalés en Paracuellos, también en la Comunidad de Madrid. El hombre se desplomó a las 15.45. Los equipos médicos comprobaron que también alcanzaba los 42 grados de temperatura corporal. El hombre entró en parada cardiorrespiratoria y falleció tras 35 minutos de reanimación.

Los últimos dos casos ocurrieron en agosto en la Región de Murcia. El día 9, un trabajador de 38 años se desplomó sobre las 12.40 mientras trabajaba en el interior de una empresa en Fuente Álamo, en Murcia. El 31 le ocurrió a un obrero de la construcción de 45 años. Se desplomó mientras trabajaba en una obra en Los Alcázares (Murcia) tras sufrir un golpe de calor. 

Según los datos del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre hubo 4.813 fallecimientos atribuidos al exceso de temperaturas. La gran mayoría de estas muertes afectó a personas de avanzada edad: 3.024 tenían más de 85 años, mientras que otras 1.079 víctimas tenían entre 75 y 84. No obstante, tampoco se libran las personas de menor edad: 442 fallecidos tenían entre 65 y 74 años; 203, entre 45 y 64 años; 41, entre los 15 y 44 años y 22 eran menores de 14. 

Estos datos reflejan que más de 200 personas que fallecieron por calor se encontraban en edad de trabajar, aunque no estuvieran en su puesto de trabajo, lo que explica la vulnerabilidad de las personas, también jóvenes, ante el cambio climático. Este se ceba especialmente con la Península Ibérica: como informó infoLibre, España sufrió el doble de muertes por altas temperaturas que el resto de Europa en los últimos 20 años.

Todas las actividades que estaban realizando los cinco trabajadores que fallecieron el año pasado son incluidas como “pesadas” o “muy pesadas” dentro de una guía que elaboró la Generalitat Valenciana. El documento pedía extremar precauciones en la ejecución de estas últimas durante episodios de altas temperaturas. 

Entre las actividades recogidas, se encuentra el trabajo “muy rápido e intenso” (como descargar objetos pesados), trabajar con maza pesada o hacha (de más de 4,4 kilos y asestando 15 golpes por minuto), cavar zanjas, subir o bajar escaleras (durante mucho tiempo) o caminar a paso ligero, por encima de 7 kilómetros por hora. 

En un nivel inferior, denominadas como tareas pesadas, hay otras actividades que incluyen algunas que ejercían algunos de los trabajadores fallecidos el año pasado, como “tirar de un carro”, “manipulación de cargas pesadas”, “colocar bloques de hormigón” o “caminar a paso ligero”, por encima de los 5,5 kilómetros por hora.

Especialmente peligroso es el trabajo donde el calor y la humedad son elevados, como fundiciones, acerías, fábricas de ladrillos, de cerámica o cemento, hornos, minas, fábricas de conservas, invernaderos, pero también locales que se encuentran en un barrio, como panaderías o lavanderías. 

La Agencia de Meteorología no clasifica la información de sus avisos por temperaturas máximas, pero según las alertas difundidas en sus redes sociales es posible ver que entre junio y septiembre de 2022 hubo 44 días de alertas, en los que en 16 hubo alertas de máximo nivel en alguna comunidad autónoma. 

En todas las regiones hubo en algún momento una alerta roja, a excepción de Asturias, la Comunidad de Madrid, Cataluña. Las que más transgredieron el límite máximo de manera continuada fueron Extremadura y Galicia, con cinco días consecutivos de alerta roja en la segunda semana de julio. Andalucía y Navarra también tuvieron cinco días de alerta roja, en días no consecutivos.

Según define la propia AEMET, en el nivel rojo el peligro es “extraordinario": “Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos”. El nivel de alerta es diferente en función de la latitud y del nivel de humedad. Por ejemplo, en Utrera es necesario superar los 44 grados para decretar la alerta roja, mientras que en Coruña es a partir de 40. 

Los accidentes laborales dejaron 826 fallecidos en 2022, un 17,2% más que en 2021, cuando se registraron 705 defunciones, según los datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, publicados este lunes y recogidos por Europa Press.

La mayor parte de los accidentes mortales se producen por infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y amputaciones, caídas y colisiones contra objetos en movimiento. Entre enero y diciembre de 2022 los accidentes con baja laboral aumentaron un 10,4% en relación con el año anterior, hasta un total de 631.724 siniestros, de los que 552.173 se produjeron en el centro de trabajo (un 10,9% más) y 79.551 fueron accidentes 'in itinere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un avance interanual del 6,5%.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo se incrementaron hasta diciembre de 2022 un 18,1%, al registrarse 679 fallecidos, 104 más que en 2021, mientras que los siniestros in itínere con resultado de muerte subieron un 13,1%, al pasar de 130 fallecidos hasta diciembre de 2021 a 147 en 2022. Los accidentes graves en jornada de trabajo sumaron 3.801, un 2,7% más que en 2021, mientras que los siniestros 'in itinere' de carácter grave aumentaron un 4,9%, con un total de 913 accidentes.

Por sectores, aumentaron las tasas de los siniestros laborales con baja en jornada de trabajo en las actividades sanitarias y de servicios sociales (+47,3%) y en la hostelería (+39,6%), y sólo el sector de la agricultura y la ganadería recortó su número de accidentes de trabajo, con un descenso del 6,5% sobre el periodo enero-diciembre de 2021.

En valores absolutos, la industria manufacturera fue la actividad que registró un mayor número de accidentes con baja en jornada laboral, con un total de 88.870 siniestros, un 5,3% más que en 2021. Le sigue la construcción, con 71.596 accidentes (+4,6%), y las actividades sanitarias, que sumaron 69.748 siniestros (+47,3%).

La estadística de Trabajo revela además que de los 826 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral en 2022, 747 eran asalariados (+18%) y 79, trabajadores autónomos (+9,7%). En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron 35.140 accidentes laborales con baja entre enero y diciembre de 2022, un 1,9% más que en el mismo periodo de 2021, con un aumento del 2% en los siniestros en jornada de trabajo y un descenso del 0,6% en los 'in itinere'. Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, en 2022 se notificaron 564.701 accidentes sin baja laboral, un 0,1% menos que en igual periodo de 2021.

Al hablar de siniestros mortales durante la jornada laboral, el primer pensamiento que viene es un andamio o la industria química, que sin duda son los dos sectores que más accidentes acumulan. Sin embargo, una investigación constata que el sector que registra la siniestralidad más grave y mortal es el campo. Un fenómeno que, además, no afecta a todos los trabajadores por igual. El informe revela que el sector agrario concentró entre 2013 y 2018 a 4,6 millones de trabajadores españoles y 1,3 millones de migrantes. Pese a la gran diferencia de los números, el estudio revela que los migrantes están más expuestos a los siniestros graves y letales. “No tendría que haber diferencias entre nacionales y extranjeros en cuanto a accidentes”, explica a infoLibre Natàlia Cugueró, una de las autoras del informe. “Y sin embargo los resultados muestran que sí. Consideramos que las claves está en la menor formación, así como menor conocimiento de los derechos laborales”. 

Las conclusiones de la investigación, publicada recientemente en la revista científica Spanish Journal of Agricultural Research, son contundentes. El colectivo de trabajadores inmigrantes del sector agrario presentó un 91,3% más de accidentes que los de origen español, en proporción a los tamaños que presentan ambos grupos. Esta diferencia se eleva a un 116,8% en caso de los accidentes mortales. 

Los datos recopilados de seis años revelan que el sector del campo fue el tercero en accidentes laborales, pero el primero en siniestros mortales. “La siniestralidad laboral en el sector de la construcción está asociada a la maquinaria. En el sector químico, al uso de los productos. Lo que ocurre en el campo es que se dan esos dos elementos: hay uso de maquinaria y productos químicos peligrosos”, añade la investigadora Cugueró, que critica que se habla poco de la siniestralidad en el campo: “El campo es como si fuera un sector que no existe”, remacha.

“El trabajo en el campo es duro y arduo. Requiere descansar”, puntualiza Vicente Jiménez, portavoz del sector agrario en CCOO. “Si no descansas, no comes bien, no te aseas… no puedes trabajar en condiciones. Si comes bocadillos y duermes en una cuneta no puedes hacer bien tu trabajo. Otro aspecto es la falta de formación. Es verdad que la salud laboral en el campo ha empezado a abordarse después de la pandemia, pero queda mucho por hacer. Hay que gastar dinero en equipos de protección individual, en formación o en hacer reconocimientos médicos antes de empezar a trabajar”, critica el sindicalista. 

La investigación ha contrastado los datos y ha puesto en evidencia la realidad de la siniestralidad en el campo, en especial en el caso de la población migrante. No obstante, los datos no explican las causas. La coautora del estudio cree que lo que subyace detrás de las bajas cortas es el miedo a perder el trabajo: “Vienen a ganar dinero. Cuando sufren una baja laboral, vuelven al trabajo sin estar recuperados. Son temporeros. De hecho, citamos un estudio que muestra que hay un 60% menos de reportes de accidentes respecto a otros sectores”, critica Natàlia Cugueró. 

“Si me echan, a mí como extranjera me cuesta más encontrar trabajo que a un español”, lamenta Mayra R., en conversación con infoLibre. Esta mujer, ecuatoriana de 40 años, lleva 20 en España y trabaja en un invernadero en Extremadura. “Tragas. Tienes que aguantar. Yo he venido a trabajar con fiebre, con mocos, con lumbalgia… Hay miedo, no es plan jugársela. En mi invernadero trabajo recogiendo pepinos y soy alérgica a la planta del pepino, con eso te lo digo todo”, explica Mayra, que señala el arsenal de tratamientos y vacunas a los que debe recurrir para tratar de que le perjudique lo mínimo posible en su vida diaria. “Lo paso fatal con la alergia”, lamenta.

La trabajadora considera que ella, dentro de lo que cabe, está en una situación aceptable: “Yo soy fija discontinua. Sé que tarde o temprano me van a echar, pero algo sí que me la puedo jugar. Pero muchos no pueden. Vienen a trabajar, como yo empecé, con la cabeza gacha. Cobras 30 o 40 euros cada día. Si faltas, no cobras. En esa situación solo quieres trabajar todos los días”, apunta. Mayra reconoce que, de las cosas buenas que ha tenido en su camino laboral, han sido sus compañeros de cuadrilla: “Gracias a Dios tenemos el sindicato. Mis compañeros luchan mucho, estamos bien dentro de lo que hay”. La trabajadora hoy es representante sindical. 

Cabe pensar que muchos trabajadores, por ejemplo, de origen marroquí o rumano, no son conscientes de sus derechos, especialmente teniendo en cuenta la barrera idiomática. Sin embargo, Mayra disiente de esta idea. Considera que los trabajadores migrantes sí son conscientes de los derechos que existen, pero que muchas veces no pueden ejercerlos: “Tú lo que quieres es que te vuelvan a llamar. Creo que esto también pasa con los trabajadores españoles. Los jefes lo saben y juegan con eso”, critica.

En este sentido, el portavoz del sector agrario de CCOO pone de relieve la importancia de la inspección, dado que la precariedad pone a los trabajadores entre la espada y la pared, a la hora de reivindicar sus derechos o denunciar una irregularidad: “En el último año y medio hemos notado una evolución positiva. Han resultado esclarecedoras. De cada 10 inspecciones, en 7 se encontraron fraude laboral. Las patronales están criticando que se les vigila mucho. Yo digo que no, es que antes no se les vigilaba nada. Es más, si cumplen con la ley, no tienen nada que temer. No digo que todos los empresarios del campo lo hagan mal. Pero hay que señalar al que lo hace mal”, puntualiza. 

El sindicalista señala un factor que sí considera que amplía la brecha entre los trabajadores migrantes y sus derechos laborales: los prejuicios. “La barrera cultural sí es importante. Hay mucho recelo, mucho miedo y desconfianza. Es complicado que se acerquen al sindicato a contarme una situación irregular por cómo funcionan los sindicatos en sus países de origen. La barrera idiomática yo creo que ya no es tan importante. He tenido compañeros tunecinos y marroquíes, y ha habido una gran evolución, utilizamos traductores, hay textos del sindicato en árabe, en rumano… La barrera cultural es más complicada”, señala Vicente Jiménez.  

Otro aspecto de la siniestralidad laboral en el campo es relativo a la edad. Los investigadores del estudio hallaron, con cierta sorpresa, que los accidentes se daban más en las personas de más edad, algo que a priori resultaba contradictorio a los autores de la investigación, ya que a más experiencia se espera una mayor prudencia ante el conocimiento del riesgo. “Tenemos solo teorías puramente especulativas. Creemos que es posible que con el tiempo sobreestimar su capacidad y subestimen los riesgos”, señala la investigadora Cugueró. 

“En muchos casos se trata de personas mayores que se han jubilado y siguen teniendo picos de trabajo con tractores de antes de Cristo”, afirma el portavoz de CCOO. “Todas las semanas tenemos algún caso, personas de más de 70 años que van por zonas angostas en tractores que tienen más de 40 años. No van por las carreteras, para que no los pillen, y estos tractores no tienen medidas de seguridad, en muchos casos no tienen ni la ITV pasada”, lamenta Jiménez. 

En este sentido, el Ministerio de Trabajo lanzó la campaña Tu vida, sin vuelcos, dirigida para proteger a las personas mayores que siguen labrando la tierra. Este organismo estima que hay 300.000 tractores en circulación que no tienen estructura de protección en caso de vuelcos. En lo que va de año, 43 personas han fallecido en estas circunstancias, prácticamente uno a la semana. El Gobierno estima que el 99% de los siniestros no hubieran resultado mortales de haber contado el tractor con la estructura antivuelcos.    

El diluvio de 220.000 millones de dólares –211.000 millones de euros– que Catar ha destinado durante la última década a hacer del tórrido y desértico emirato un lugar adecuado para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2022 atrajo como un gigantesco imán a empresas de todo el mundo. Para hacerse una idea de la cantidad de dinero que los riquísimos jeques cataríes pusieron en juego: equivale al PIB de Grecia según las previsiones del FMI para este año, e incluso supera al PIB del mismo Catar, que se calcula en 180.833 millones de dólares. De esa cantidad, sólo 10.000 millones han ido a parar a los siete nuevos estadios de fútbol con que se ha dotado el país.

Que la concesión del Mundial en diciembre de 2010 estuviera rodeada de sospechas de corrupción, que 6.500 trabajadores migrantes murieran levantando los estadios, según publicó The Guardian, y que la vulneración de los derechos de mujeres y homosexuales formen parte de las leyes del emirato no han sido obstáculo para que las empresas españolas pujaran por los suculentos contratos ofrecidos por las autoridades públicas cataríes. Todas las grandes constructoras, pero también medianas consultoras de ingeniería figuran entre quienes han ayudado a preparar al país para la llegada de los 1,3 millones de visitantes que se esperan a partir de este domingo –el emirato sólo tiene 2,9 millones de habitantes, de los cuales el 80% son emigrantes–. Han construido redes de alcantarillado y plantas desalinizadoras, también carreteras y hoteles de lujo. Hasta el chef Dani García abrió un restaurante BIBO en la capital, Doha, en 2020 y otro, Lobito de Mar, el pasado mes de marzo. Y la institución educativa SEK abrió un colegio también en la capital catarí en 2013.

Las principales constructoras españolas ya estaban en Catar antes de que lloviera el maná del Mundial de Fútbol. ACS desde 2005, Técnicas Reunidas desde 2006 y la constructora alicantina Ecisa desde 2008, por ejemplo. Pero con las milmillonarias inversiones del Mundial otras se sumaron: Ferrovial en 2010, FCC en 2012, Sacyr en 2013, la empresa gestora del agua Global Omnium en 2015…

De todas ellas, es ACS, la compañía de Florentino Pérez, la que más contratos y por mayor importe ha conseguido. En una suma no exhaustiva, son unos 4.324 millones de euros si se incluyen los 1.300 millones en que se adjudicó la construcción del centro comercial Barwa Comercial Avenida en 2009. ACS funciona en el Golfo Pérsico a través de su filial Hochtief, que a su vez concursaba con otra filial, australiana, primero llamada Habtoor Leighton Group y después Cimic.

Entre su cartera de contratos en Catar se cuenta la autopista New Orbital, por importe de 1.233 millones de euros, concedida en 2014 en alianza con Al Jaber Engineering, y el tranvía de Doha, en 2012, por otros 328 millones, también conjuntamente con la alemana Siemens. Además, Leighton se hizo con hasta siete contratos licitados por Kahramaa, la compañía pública de electricidad y agua, el último de los cuales, de 2015, incluía la construcción de cinco embalses por 560 millones de euros. Ya antes había conseguido los embalses de Duhail y Umm Qarn en 2009 –162 millones–, otros dos en Al Shahaniya en 2010, un tercero en Al Kaaban en 2012, así como un contrato adicional de 52,3 millones para los dos primeros pantanos y otro para instalar 120 kilómetros de tuberías por 220 millones más.

La filial de ACS también construyó, entre 2015 y 2019, un túnel de 14,7 kilómetros que forma parte del sistema de alcantarillado del país por 265 millones. En 2016 obtuvo el encargo de levantar dos torres de viviendas, las Al Mutahidah Towers, situadas en la una de las islas artificiales del emirato. Costaron 151 millones de euros. Finalmente, fue la encargada de la construcción y mejora de las carreteras de Azizya East, un contrato de 53 millones.

Pero la trayectoria de Cimic en el Golfo Pérsico tuvo un final abrupto. El pasado mes de abril, el periódico Australian Financial Review informaba de que la filial de Hochtief y ACS, que también es la mayor constructora australiana, abandonaba la bolsa del país, Australian Securities Exchange (ASX), tras haberse hecho público el conflicto que mantenía con 150 empleados por el impago de siete meses de salarios. En marzo ya había anunciado su retirada del Golfo.

Un año antes, las pérdidas de Cimic se llevaron por delante a Marcelino Fernández Verdes, que en 2017 había ascendido a consejero delegado de ACS y a quien incluso se mencionaba como posible sucesor de Florentino Pérez al frente de la constructora. Entonces se le consideró responsable de los 1.100 millones de euros en que se calculaban las pérdidas ocasionadas por la venta de BIC Constructing, la marca con la que operaba en Oriente Próximo.

El segundo gran jugador español en Catar es menos conocido. La constructora alicantina Ecisa, que levantó más de 30 rascacielos en Benidorm, salió rumbo a Catar cuando estalló la crisis del ladrillo en España y constituyó allí una filial, Harinsa Qatar, cuyo 51% pertenecía a Al Alfia, un holding propiedad de la familia real. Desde entonces, ha firmado al menos 13 contratos. De 2012 data el que le brindó la construcción de la Torre Bin Samikh, un hotel de 45 plantas para el grupo Meliá que costó 57 millones de euros. También llevan su firma el Hotel Waldorf Astoria de Doha –85 millones—y el Marriott, 53 pisos y 200 millones de presupuesto. Además, obtuvieron un contrato de 135 millones para levantar seis torres con viviendas de lujo en La Perla, una de las islas artificiales del emirato.

En 2015 se le encargó construir el hotel de cinco estrellas –y 90 metros de altura— Gran Mercure, por 62 millones. En 2012 ya había comenzado la Buzwair Tower, de 45 plantas y con un coste de 86 millones. El edificio residencial Bilal Plaza fue uno de sus primeros proyectos, por 4,7 millones más, al igual que la academia militar de Qatar, dos contratos por un total de 41 millones. Además de las torres, Ecisa construyó dos centros de datos para la Qatar Foundation por 90 millones de euros e incluso un centro logístico por otros 40 millones. En total, una cartera de más de 800 millones de euros.

Tan importante ha sido Catar para Ecisa que la familia Al Thani empezó por ampliar su participación en el capital de la empresa alicantina, inicialmente sólo un 25%, hasta el 76% en 2017, para terminar haciéndose con el 100% en 2020. En julio de 2021, Urbas adquirió Ecisa, al tiempo que el holding Al Alfia entraba en el capital del grupo financiero español.

Una de las obras de mayor volumen licitadas por Catar han sido las del Metro de Doha. Tres líneas –Roja, Verde y Dorada—, 211 kilómetros de vías, con contratos distribuidos en 12 lotes. Una inversión total de 20.000 millones de euros. El doble de la destinada a construir los estadios de fútbol. Dos constructoras españolas participaron en los concursos: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y OHL. Así como otras dos firmas de ingeniería: Typsa y Sener, que han diseñado tramos de algunas de las líneas, además de sus talleres y cocheras. Sener también ha sido la responsable en los últimos 13 años del servicio de supervisión de obra del metro ligero de Lusail, otra ciudad del emirato.

En 2014, FCC consiguió una adjudicación de 506 millones de euros para construir un tramo de la Línea Roja junto con la empresa griega Archirodon, la turca Yüksel y la pública catarí Petroserv Limited. Un año antes, OHL obtuvo el contrato para diseñar y construir dos estaciones, en realidad intercambiadores con otros modos de transporte como el tren: Msheireb y Education City. El importe total del contrato ascendía a 1.100 millones de euros, y se lo repartía con Samsung C&T y Qatar Building Company, una empresa del emirato. Pero la historia terminó mal. En 2016 Qatar Railways Company rescindió el contrato, cuando la obra no se había terminado, alegando que el consorcio había incumplido “ciertas obligaciones contractuales”. Según explicó entonces la empresa de Luis Amodio, la decisión de los cataríes era la respuesta a las “notificaciones de disputa” que las adjudicatarias habían presentado a Qatar Railways Company mostrando su desacuerdo con algunos aspectos del contrato. Su intención, decía OHL, era resolverlo “entre las dos partes o mediante la mediación de un experto independiente”.

El fiasco de este contrato no fue sino el segundo capítulo de un conflicto anterior mucho más crudo que aún sigue en los tribunales. Catar también le había rescindido a OHL un proyecto aún mayor, el diseño, construcción y mantenimiento durante dos años de un gran centro hospitalario –seis edificios– en Sidra. El contrato, de 1.645 millones de euros, fue en su momento, 2008, el mayor conseguido por la constructora española hasta entonces. Lo compartía con Contrakt International, filial del grupo egipcio Orascom. La Qatar Foundation acusaba al grupo español de “falta de diligencia, particularmente en el ritmo de los trabajos y en los plazos de entrega”. En el momento de su rescisión, el contrato estaba ejecutado en un 95%, según alegaba OHL, que presentó una reclamación ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en Londres y que arbitra en disputas entre empresas. Pedía 783 millones de euros a los cataríes, que luego rebajó a 376. Catar, por su parte, exigía al consorcio hispano-egipcio 1.134 millones. Desde entonces, la ICC ha emitido una decena de laudos parciales, pero aún no ha dictado el laudo final, que establecerá las responsabilidades de cada parte. El importe total de los dos contratos fallidos de OHL en Qatar suma 1.235 millones de euros. Los de FCC ascienden a 845 millones de euros si, al del Metro de Doha, se añaden los 300 millones de la gestión del saneamiento de Al Dhakhira, un servicio de 10 años que la filial FCC Aqualia comparte con la coreana Hyundai, y los 39 millones de la urbanización de la zona de Barzán en Al Wajba.

Otra española que tuvo problemas en Catar fue Ferrovial, a la que el Gobierno de Doha anuló un contrato de 750 millones de euros en 2017. También asociada con la turca Yüksel, iba a construir una sección de la carretera de Al-Bustan. En este caso, la responsabilidad cayó del lado de la empresa turca, que no consiguió los avales y garantías exigidas. Además, la compañía de Rafael del Pino consiguió, a través de su filial británica Amey, un contrato para asesorar durante cinco años a la Autoridad de Obras Públicas de Catar en el mantenimiento y mejora de las carreteras del país. Con otra filial, FMM, que Ferrovial ha creado con Qatar Airways, la empresa española se encarga de la gestión del aeropuerto de Hamad y del mantenimiento de cinco instalaciones de la petrolera Schlumberger Qatar. FMM también se hizo con el mantenimiento del Museo de las Artes Islámicas de Catar, situado en una de las famosas islas artificiales del emirato.

Los museos han sido precisamente una de las bazas que ha jugado Acciona para hacer negocio en la península catarí. A través de Acciona Cultura –antes Acciona Producciones y Diseño— es la responsable del diseño, desarrollo y gestión del Museo Olímpico y del Deporte de Qatar 3-2-1, que se publicita como el mayor del mundo dedicado al deporte, y está situado dentro del estadio internacional Khalifa de Doha. También llevan su firma un buen número de exposiciones temporales en el Museo de las Artes Islámicas y el Museo Nacional de Catar, así como el proyecto Msheireb, cuatro museos temáticos situados en otras tantas casas tradicionales cataríes, con una superficie total de 3.000 metros cuadrados.

Pero los mayores contratos de la compañía de José Manuel Entrecanales en el emirato son dos desaladoras, conseguidas en consorcio con Mitsubishi y Toyo Thai Corporation. Las de Ras Abu Fontas y Umm Al Houl, en el sur de Doha, costaron 462 millones de euros y son, según Acciona, las de mayor tamaño de Catar, que depende de este tipo de instalaciones para proveerse de agua potable, debido a la escasez de lluvia y al alto contenido de sal de sus corrientes subterráneas.

Para proporcionar servicios de limpieza y gestión de residuos, Acciona utiliza Acciona & GSSG, otra empresa conjunta, que por 35 millones de euros se encarga de los hospitales de Al Wakrah, Al Khor, Dukhan, dos centros pediátricos de urgencias, cinco centros de salud, 50 centros de servicios médicos de emergencias y el almacén central de la Hamad Medical Corporation, la principal entidad de salud pública del emirato.

Sacyr también ha dispuesto de una abultada cartera de contratos en Catar, que superan los 800 millones de euros. Llegó en 2013, con una adjudicación para construir carreteras en Al Rayyan a cambio de 70 millones de euros, junto a un socio local, Combined Group Company. Otros 65 millones corresponden ese mismo año a los trabajos de urbanización del municipio de Al Khessa. En 2015 se alió con Urbacon Trading & Contracting (UCC) para realizar las mismas tareas en Ras Bufontas, en un contrato de 415 millones de euros. El alcantarillado en esa misma zona también fue responsabilidad suya, por 19 millones más. La urbanización de Bani Hajer le supuso otros 125 millones de euros y la de Al Meshaf, 114 millones.

La empresa Global Omium, propietaria de Aguas de Valencia, ha hecho igualmente su viaje al Golfo Pérsico con al menos cinco contratos. De los estudios sobre diseños y modelos hidráulicos para el aeropuerto de Hamad y de redes de agua potable para el Gobierno, por importe superior a los cinco millones de euros, pasó a conseguir un contrato para operar y mantener las estaciones depuradoras y estaciones de bombeo de una parte del área metropolitana de Doha que dan servicio a un millón de personas. Para ello creó una empresa conjunta con Mace, una firma catarí de ingeniería. Recibirán a cambio 50 millones de euros al año durante cinco años prorrogables a otros cinco. Es decir, 250 millones que pueden ampliarse a 500.

Técnicas Reunidas ha sumado en sólo dos proyectos recientes contratos por valor de 1.052 millones de euros. El año pasado le fue adjudicada –482 millones de euros– por Qatar Petroleum la ampliación de las instalaciones de North Field, el mayor campo de gas natural del mundo no vinculado a un pozo de petróleo. Catar es el mayor exportador mundial de gas natural. Y el pasado abril obtuvo un contrato de Qatar Energy por importe de 570 millones de euros para construir una planta de tratamiento de azufre en el mismo North Field. Técnicas Reunidas tiene el 70% del consorcio que ha creado con la china Wison Engineering.

Mención aparte merece Iberdrola, que creó en 2016 un centro de innovación en Doha, el Iberdrola Innovaction Middle East, en colaboración con la Agencia de Promoción de la Inversión de Catar (IPA Qatar). Es un caso especial porque el fondo soberano del emirato es desde 2011 el mayor accionista de la energética que preside Ignacio Sánchez Galán, con un 8,69% del capital. En 2010 Iberdrola puso en marcha la que por entonces era la mayor central de ciclo combinado de Oriente Próximo, una planta de gas situada en Mesaieed que fue inaugurada por el mismo emir de Catar y le fue adjudicada a la empresa española por 1.593 millones de dólares. Ella sola aporta el 40% de la electricidad del país.

En abril de 2015, el entonces embajador de España en Catar, Ignacio Escobar Guerrero, explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores las peculiaridades políticas, económicas y sociales del emirato. Además de describir sus estructuras de gobierno, el seguimiento del respeto a los derechos humanos que hacía la UE y la política exterior de Catar, enumeró algunas de las empresas españolas que habían obtenido contratos del plan de infraestructuras del Mundial. Junto a las grandes constructoras –Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC— citó a la constructora asturiana Coprosa, con un contrato de 15 millones de euros en acuartelamientos militares, así como a Indra –suministró sistemas de ayuda de navegación a la Autoridad de Aviación Civil— y la vallisoletana Construcciones y Obras Llorente (Collosa), que construyó el intercambiador de Ain Khalid y la estación de autobuses CNG Bus en Doha, dos contratos que superaron los 60 millones de euros.

La aventura catarí de Coprosa, sin embargo, estuvo lejos de ser un caso de éxito. La asturiana, especialista en obra ferroviaria, emprendió en 2012 su expansión internacional y lo hizo dando el salto hasta el emirato. Creó una sociedad, BC Group, con Qatar Bin Laden Group, propiedad de uno de los hijos de Osama Bin Laden, Omar. Y consiguió contratos para construir dos cuarteles militares en Doha, así como carreteras, obras ferroviarias, e hídricas. Pero los impagos de algunas de estas obras abocaron a Coprosa al concurso de acreedores en 2018 y a la liquidación este mismo año.

Pero no sólo las constructoras se han interesado en los millones de Catar. También los bancos españoles han financiado la presencia de las empresas en el emirato. Según un informe de Fair Finance International, la banca española ha financiado con un total de 1.843 millones de euros proyectos en Catar entre 2019 y 2022. Se trata de préstamos y suscripción de acciones y bonos, así como inversiones en acciones y bonos de un grupo seleccionado de grandes empresas, tanto en los sectores de la construcción –946 millones– como en hostelería –898 millones–. Para obtener la cifra han utilizado como fuente los datos de Bloomberg, Thomson Eikon e IJGlobal, además de los informes anuales de las compañías e informes de bolsa. Los números españoles quedan muy por debajo de los 17.163 millones de los bancos alemanes o los 9.556 millones de los británicos. A la cabeza de los españoles figura el BBVA, con un total de 840 millones en financiación, de los cuales 704 millones fueron a parar a constructoras y 136 millones a proyectos hoteleros. Le sigue el Santander, con 645 millones de euros –241 para la construcción y 403 para hoteles– y Caixabank, con 136 millones. Banco Sabadell financió proyectos por valor de 81 millones, los mismo que Bankinter. Y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) sumó 61 millones de euros en financiación.

Hasta mediados de este año, la banca española había dedicado 350 millones de euros a proyectos en Catar. A la cabeza, Caixabank, con 71 millones, seguida de BBVA, con 58. Pero en la lista figuran unos cuantos más: Santander, Kutxabank, Banca Marcha, Sabadell, Ibercaja, y las gestoras de fondos GVC Gaesco y EDM Group, además de las aseguradoras Mapfre, Santalucía y Mutua Madrileña.

Independientemente de cómo discurra el Mundial de Fútbol, de si resulta un éxito organizativo o se hacen patentes las discordancias que el régimen del emir intenta blanquear con el evento, Qatar seguirá siendo un potente polo de atracción para las empresas del resto del mundo una vez haya concluido el último partido. Y no sólo porque la guerra en Ucrania ha elevado la demanda de gas natural licuado, del que el emirato es el primer exportador mundial, garantizando una inagotable fuente de ingresos para el ya de por sí rico país del Golfo. Cuando se haya dado el pitido final, Catar empezará ya a preparar los Juegos Asiáticos de 2030, otra oportunidad para continuar con su apuesta por convertirse en una potencia turística. Pero cuenta, además, con un proyecto estratégico, y seguro que de nuevo milmillonario, Qatar National Vision 2030, con el que pretende llevar a cabo la transición energética, diversificar su economía y, por supuesto, seguir atrayendo inversiones. 

El Gobierno ha concedido 32 indultos a empresarios por delitos contra los derechos de los trabajadores desde 1997, de los cuales seis fueron por homicidio imprudente porque murió un trabajador en accidente laboral. Según el registro de indultos que lleva la Fundación Civio, otros dos fueron concedidos por delitos de lesiones con imprudencia grave, dos más por explotación laboral de inmigrantes irregulares y otros dos más por inducir a mujeres a la prostitución en los clubes de alterne donde trabajaban.

El último de los indultos otorgados a empresarios ha sido el aprobado por el Gobierno para Andrea Martín Targa, que fue condenada a tres años de cárcel por toda una serie de incumplimientos de las normas sobre seguridad laboral que ocasionaron una explosión en su bodega en 2014. Murió un trabajador y resultaron heridos otros dos empleados. Andrea Martín pertenece a una conocida familia de empresarios de Granada, en el momento de ocurrir el accidente laboral era vicepresidenta de la patronal local y es sobrina de Manuel Martín Montero, el dirigente de Vox que ha empadronado a Macarena Olona en su casa de Salobreña.

“Pocas veces se dictan sentencias que impliquen la entrada en prisión por accidentes laborales mortales. Y cuando se dictan, el Gobierno indulta a los culpables. Aunque la sentencia acredite el más absoluto incumplimiento en materia de seguridad como en este caso. Se llama impunidad”, denunció CCOO cuando se hizo pública la decisión del Gobierno, aprobada por el consejo de ministros el pasado día 24.

Este indulto es el primero a un empresario por un delito de homicidio de un trabajador desde 2010, pero hasta ese momento habían sido cinco, desde 1997, los concedidos a condenados por accidentes mortales en el tajo. En 2006 se perdonó a un empresario de Jerez de la Frontera (Cádiz), sentenciado a tres años; en 2008 fueron dos los indultos, a otros dos condenados por la Audiencia de Cantabria; en 2009 recibió la medida de gracia el gerente de una empresa valenciana en la que un trabajador, temporal y con apenas un mes de antigüedad, falleció tras caerse de una carretilla elevadora. El último hasta este mes se otorgó un año después, a otro empresario de Jerez de la Frontera.

Desde entonces, y hasta que se aprobó el de Andrea Martín, sólo se han concedido cuatro indultos por delitos relacionados con el mundo del trabajo, pero han sido a sindicalistas condenados por piquetes: los vigueses Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, por una huelga del transporte en 2011, y Carlos Cano y Carmen Bajo Crémer por la huelga general del 29 de marzo de 2012. Todos ellos fueron aprobados en 2019. Muchos años antes, en 2005, había sido indultado un sindicalista de la CIG en Lugo por la huelga general de 2002.

En muchos de estos casos, los indultos fueron más rápidos que las sentencias que condenaron a los agraciados. Es una de las lacras sin resolver de los procesos judiciales cuando de accidentes laborales se trata. Las últimas cifras que proporciona la Fiscalía de Siniestralidad Laboral en su memoria se refieren a 2019. Entonces, los juzgados de lo Penal tardaban una media de seis años y cinco meses en sentenciar un caso. De hecho, en el 29% de las sentencias condenatorias de 2019 los jueces aplicaron la atenuante de dilación indebida por el tiempo transcurrido desde el accidente. Por ejemplo, ese año aún se dictó una sentencia –absolutoria– sobre un caso de 2001, tres de 2002, 1 de 2004, siete de 2005. Pero es que en 2018 aún se sentenció un accidente ocurrido en el año… 1995. Después de 25 años. Y fue condenatoria.

“Que para la seguridad en el trabajo haya que acudir al Código Penal ya es un mal indicador”, advierte Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, porque requiere probar “fehacientemente que el empresario de forma consciente vulneró las normas de prevención de riesgos laborales”. Y luego el indulto termina desnaturalizando la propia jurisdicción penal, protesta.

Un indulto puede pedirlo no sólo el condenado, o sus parientes, sino también cualquier persona en su nombre, sin necesidad de acreditar que lo representa. Se trata de un “derecho de gracia”, regulado por una ley de 18 de junio de 1870. Los concede el rey y su tramitación le corresponde al Ministerio de Justicia. De los 32 indultos a condenados por delitos laborales sólo seis fueron tramitados por gobiernos del PP; el resto, por ministros socialistas. Quien más perdones otorgó a empresarios fue Juan Fernando López Aguilar, un total de nueve. Antes de conceder la medida de gracia, emiten informes sobre el condenado el tribunal que lo sentenció y el director de la prisión donde cumple la pena. Pero también entran en juego otros apoyos. “Recogida de firmas y avales, desde los alcaldes y otros políticos hasta la Iglesia”, relata Mariano Sanz.

Mientras tanto, los accidentes laborales siguen aumentando. En 2021 hubo 572.448, un 18% más que el año anterior, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. De ellos, fueron mortales 575 y graves, 3.702. Conforme se recupera la actividad económica, crece la siniestralidad laboral. Entre enero y marzo de este año ya se han producido 172 accidentes mortales, un 25,5% más que en el mismo trimestre de 2021. De acuerdo con los datos de la fiscalía, el 59% de los accidentes laborales mortales ocurridos en 2019 podían dar lugar a infracciones penales; el resto se atribuyeron a causas naturales como infartos. “Aún siguen produciéndose accidentes por problemas básicos de seguridad como caídas de altura”, explica Mariano Sanz. La estadística de la fiscalía cifra en un 25% los causados por atrapamientos, aplastamientos y amputaciones, el 22% por caídas, el 7% por colisiones o golpes contra objetos…

En 2020, los fiscales abrieron un total de 202 diligencias previas por homicidio imprudente en accidentes laborales, así como otras 10.234 por lesiones imprudentes. Pero ese año aún tenían pendientes otras 469 causas por homicidio imprudente incoadas en años anteriores, además de 2.601 por lesiones imprudentes. Los juzgados de lo Penal dictaron 347 sentencias en casos de siniestralidad laboral, mientras que las audiencias provinciales resolvieron 76 recursos de apelación.

Según la memoria de la fiscalía, el 80% de las sentencias suelen ser condenatorias, y de ellas el 75% se dictan por acuerdos de conformidad; es decir, después de que el acusado reconozca los hechos y admita la culpa a cambio de una reducción de la pena.

Eso fue lo que ocurrió en el caso de uno de los indultados en 2009, un ciudadano rumano condenado por la Audiencia Provincial de Murcia en 2007 a ocho años de prisión como el principal implicado junto con otras cuatro personas en una red para prostituir a mujeres inmigrantes. Reconoció los hechos y los jueces rebajaron tres años la pena que solicitaba la fiscalía. En 2009, el Gobierno le perdonó tres años más de su condena por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Salvamento Marítimo ha trasladado una actualización de la información de las labores de búsqueda de la tripulación del pesquero con base en Marín (Pontevedra),Villa de Pitanxo, en base a una actualización del Centro de Coordinación de Rescate de Halifax, y ha confirmado que los cuerpos de marineros fallecidos que han sido recuperados hasta el momento son nueve. Los supervivientes son tres y se mantiene la búsqueda de otros 12 marineros desaparecidos, de una tripulación conformada por 24 personas, en unas condiciones muy difíciles.

Fuentes de la Xunta y de la delegación del Gobierno han confirmado a Europa Press que se les ha notificado esta actualización de la información de los medios de rescate movilizados para las tareas de rescate del pesquero hundido en aguas de Terranova. El portavoz del Centro de Coordinación de Rescate en Halifax, Brian Owens, ha informado de que el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y olas de 10 metros "complican" la búsqueda de los desaparecidos.

Con respecto a los supervivientes, según la información facilitada por Salvamento Marítimo a Europa Press, los tres supervivientes se encuentran a bordo del pesquero español Playa Menduiña Dos. Tal y como se confirmó el martes, entre los supervivientes se encuentra el patrón del arrastrero Villa de Pitanxo, Juan Padín, y su sobrino, Eduardo Rial Padín. El tercer superviviente del naufragio es un joven natural de Ghana, residente en Marín. Se trata de Samuel Kwesi Koufi, cuya mujer y cinco hijos permanecen en África.

En este pesquero permanecen también seis de los cuerpos recuperados en la zona del siniestro. Por su parte, a bordo de los pesqueros lusos Novo Virgem da Barca y Franca Morte y en un buque de bandera canadiense permanecen el resto de cadáveres.

Salvamento Marítimo, a través del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento en Madrid y el Joint Rescue Coordination Center (JRCC) Halifax —centro coordinador responsable de la zona donde ha ocurrido el naufragio— cuenta este miércoles con un avión, dos helicópteros, una fragata de Halifax, un buque canadiense, el pesquero Playa Menduiña dos y las dos embarcaciones portuguesas en la zona de búsqueda.

A las 5.24 de este martes se recibió en el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo (CNCS) de Madrid dos alertas provenientes del pesquero Villa de Pitanxo de 50 metros de eslora con 24 personas a bordo y puerto base en Marín. Por parte del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento de Madrid, desde donde se presta asistencia a los barcos españoles que navegan en aguas internacionales, se intentó contactar tras recibir las alertas "sin éxito", destacan las mismas fuentes, y simultáneamente se movilizó vía satélite dos pesqueros que se hallaban más próximos al lugar de la emergencia.

En concreto, se trataba del pesquero español Playa Menduiña Dos y el pesquero portugués Novo Virgem da Barca. Asimismo, se les instruyó para realizar llamadas por radio al pesquero Villa de Pitanxo.

A las 10.37 horas de este martes en España —5.37 horas en Halifax— el pesquero español Playa de Menduiña Dos avistó balsas salvavidas en el agua y muchos objetos dispersos. Al acercarse, localizó a tres personas en una de las balsas y varios cuerpos.

La alerta del naufragio se produjo a más de 450 kilómetros de la tierra más cercana, en zona SAR canadiense, cuya coordinación corresponde al Joint Rescue Coordination Center (JRCC) Halifax, que es un centro de coordinación de rescate operado por la Real Fuerza Aérea Canadiense y la Guardia Costera Canadiense.

El Gobierno Vasco ha afirmado que tras haberse excavado ya 525.000 metros cúbicos de residuos del vertedero de Zaldibar, de los que 372.038 se han rastrillado y cribado para la búsqueda de Joaquín Beltrán -desaparecido desde el pasado 6 de febrero-, las tareas se centrarán ahora en las zonas B1B y B1C con "la firme esperanza de encontrarlo en esos lugares". Este sábado se cumple el primer aniversario del derrumbe de la escombrera de Zaldibar donde fallecieron dos operarios, uno de los cuales, Joaquín Beltrán, continúa a día de hoy desaparecido.

Por este motivo, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, han visitado este sábado la zona para ver cuál era la situación actual de las labores de emergencia y el proceso de búsqueda que se está realizando en el vertederovertedero de Zaldibar. En su intervención, la consejera Tapia ha destacado que, una vez completada la búsqueda en el vertedero, no se podrán verter más residuos y se "clausurará definitivamente".

Asimismo, ha resaltado que, a pesar de que en marzo se declaró el estado de alarma, los trabajos en el vertedero solo han cesado en las jornadas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y una jornada en septiembre por las fuertes lluvias, según recoge Europa Press.

Según lo dado a conocer, la búsqueda de Beltrán en la zona B4S se ha completado sin éxito y todos los trabajos se centrarán ahora en las zonas B1B y B1C, para lo que previamente se extraerá residuo del desmonte 4. De este modo, se confía en "acometer la búsqueda en caliente" a principios del mes de marzo con "la esperanza firme de encontrarlo en esos lugares".

De este modo, el objetivo prioritario de la búsqueda es la parcela B1B, zona en la que estaba situado el pozo de lavado de camiones del vertedero y que los análisis de los expertos creen que es el lugar en el que pudiera estar Beltrán en el caso de que se hubiera movido hacia la zona en la que estaba Alberto Sololuce.

Quinta zona

Asimismo, el vicelehendakari Josu Erkoreka ha anunciado que el personal experto ha recomendado abordar una zona de búsqueda más en la zona Alta de la B4S. Por ello, en el caso de que la búsqueda que se va a comenzar en marzo no dé frutos, en el mes de abril el Gobierno Vasco iniciará esa fase nueva.

"Hemos podido sortear todas las dificultades y hemos conseguido entregar a la familia de Alberto Sololuze sus restos mortales. Es muy importante hacer lo mismo con la familia de Joaquín y que puedan encontrar sosiego", ha indicado Erkoreka, que ha subrayado que sigue siendo "una prioridad del Gobierno".

El Tribunal de Cuentas ha criticado que la ausencia de una regulación normativa adecuada para la gestión, el control y seguimiento de los recargos derivados de incumplimientos en materia de seguridad e higiene en el trabajo retrasa su tramitación y ejecución.

Estos recargos sobre las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, entre un 30% y un 50% en función de la gravedad de la falta, se reconocen por parte de la Inspección de Trabajo en favor del trabajador en caso de responsabilidad empresarial, como consecuencia de la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

Sin embargo, en su informe de fiscalización de los recargos aplicados durante el ejercicio 2016, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas detecta varios elementos que dificultan la tramitación de estas compensaciones, así como su determinación por parte de la Seguridad Social.

Recargos en el 34% de accidentes investigados, pero no enfermedades

En 2016, la Inspección propuso a las entidades gestoras de la Seguridad Social –el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM)–imponer recargos en el 34,19% de los accidentes de trabajo investigados, pero no pudo informar en el caso de las enfermedades profesionales, para las que un cambio de normativa impide la calificación de su gravedad desde 2007.

Tampoco existe una normativa que determine un baremo al que ajustar el porcentaje de aplicación en cada supuesto específico. Los recargos, según la Ley General de la Seguridad Social, se sitúan entre un 30% y un 50% dependiendo de la gravedad de la falta.

Según señala el Tribunal, lo que sí existe es un criterio técnico interpretativo de la Dirección General de la Inspección de Trabajo que "trata de evitar posibles valoraciones subjetivas que podrían provocar consecuencias económicas negativas en la empresa infractora".

La ausencia de una regulación, recalca el órgano que preside María José de la Fuente, impide un tratamiento homogéneo de estos recargos por parte de las diferentes direcciones provinciales, ya que los artículos referidos a estas cuestiones están "dispersos en diferentes textos normativos" y las instrucciones internas de las entidades gestoras "tampoco abordan una regulación sistemática".

En Madrid hay recargos que no llegan al trabajador

Esto se suma a la ausencia de aplicaciones informáticas específicas para esta gestión, lo que, a juicio del Tribunal de Cuentas, dificulta la obtención de una información completa y homogénea de los expedientes gestionados. En cuanto a tiempos, observa "una elevada dilatación" en la tramitación de expedientes.

En el caso de la dirección provincial de Madrid del INSS, aquellas personas aquejadas de incapacidad permanente generan un derecho legal que incrementa un 20% su pensión, pero el importe correspondiente al recargo aplicado no integra dicho incremento.

Y es que, tal y como señala, el INSS no ha remitido el correspondiente certificado de capital coste a la Tesorería General de la Seguridad Social para que esta inicie los trámites necesarios para su cobro, provocando la falta de reconocimiento del derecho de estos beneficiarios a percibir una cuantía superior --en idéntico porcentaje-- del importe del recargo reconocido.

En su fiscalización, el Tribunal también señala que los aplazamientos de deuda concedidos a las empresas declaradas responsables del pago (un total de 12,6 millones de euros en 293 operaciones), y los intereses de capitalización (otros 6,4 millones) no se registran en su partida, sino en otras aplicaciones del presupuesto de ingresos de la Tesorería.

Actualizar tablas de mortalidad y tipos de interés

En sus recomendaciones sobre este sistema de recargos, el órgano fiscalizador recomienda, por otro lado, la actualización de las tablas de mortalidad y las tasas de interés para determinar el valor actual del capital coste de las pensiones derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a fin de garantizar su cobertura y evitar desviaciones negativas.

Y es que, según señala, el cálculo de los capitales coste se refiere a la población del año 2000, y teniendo en cuenta el incremento de la esperanza media de vida desde entonces, esta falta de actualización "podría estar provocando una falta de proporcionalidad entre el importe ingresado en el sistema de la Seguridad Social para el pago de estos recargos y el importe percibido".

De la misma forma, también considera que el tipo de interés técnico utilizado (3% anual) "tampoco se encuentra actualizado con criterios de prudencia y de acuerdo con las previsiones de evolución de la economía a largo plazo, de forma que se pudieran obtener valores de capitales coste próximos a los reales", asevera.

Jupol (Justicia Policial), el sindicato de reciente creación surgido desde la plataforma Jusapol, que pide una "equiparación salarial real", es desde este miércoles el sindicato mayoritario en la Policía Nacional al conseguir ocho de los 14 vocales en sus primeras elecciones al Consejo del Cuerpo, como recoge Europa Press. El resto de vocales se ha repartido entre SUP (2), SPP (2), CEP (1) y UFP (1).

La asignación provisional de vocales del Consejo de la Policía Nacional ha otorgado seis vocales a Jupol por la escala básica, donde el SUP consigue sus otros dos representantes y CEP y UFP cada uno el suyo. En la escala de subinspección Jupol ha obtenido otro vocal y en la ejecutiva su octavo representante. El SPP, sindicato con amplia representación entre mandos, ha obtenido el otro vocal de la escala ejecutiva y también el único en juego de la escala superior.

A estas elecciones, celebradas el miércoles sin incidentes, estaban convocados 66.776 policías y han concurrido ocho sindicatos policiales, según ha informado la Policía Nacional. En el proceso electoral anterior, en 2015, se eligieron 16 vocales, mientras que este año han sido 14: un vocal de escala superior, dos de escala ejecutiva, uno para la escala de subinspección y diez para la escala básica.

Elecciones marcadas por la equiparación

El recuento le otorga a Jupol unos 30.000 votos -25.000 solo en la Escala Básica, la más numerosa--. La participación ha sido del 72,75%, unos ocho puntos menor que en las elecciones sindicales de 2015 que ganó el SUP, que ha perdido su hegemonía en el Consejo de la Policía, el órgano de interlocución entre los sindicatos y la Dirección General.

Las elecciones celebradas este miércoles han estado marcadas por la irrupción de Jupol (Justicia Policial), el sindicato creado desde la plataforma Jusapol, que nació en paralelo a la negociación y firma en marzo de 2018 del acuerdo de equiparación salarial entre la Policía y la Guardia Civil con respecto a los Mossos d'Esquadra. La plataforma ha creado Jucil como nueva asociación en el Instituto Armado.

En un encuentro con la prensa el pasado viernes, los líderes de Jupol aseguraron que aspiraban a ser el sindicato mayoritario y obtener entre seis y ocho vocales. Además, avisaron de que la "equiparación real es innegociable". Pese al incremento salarial de 561 euros al mes de media, sostienen que los 807 millones entre 2018 y 2020 se deben elevar al menos hasta 1.500 millones.

El acuerdo de equiparación salarial está pendiente del resultado de un informe de una consultora externa para reajustar las cantidades puesto a puesto tanto en la Policía como en la Guardia Civil. Organizaciones de ambos Cuerpos han acusado al Ministerio del Interior de falta de transparencia en este punto del acuerdo que fue firmado cuando era ministro Juan Ignacio Zoido (PP).

Resultado en 2015

En las últimas elecciones celebradas en 2015, el SUP consiguió revalidar su hegemonía con siete de los 16 vocales -dos más que ahora-- del Consejo de la Policía. CEP quedó segundo, con cuatro vocales, y el SPP --que cuenta con numerosos altos mandos entre sus afiliados-- consiguió dos representantes.

La novedad de aquellas elecciones fue Alternativa Sindical de la Policía (ASP), que logró por primera vez representación en el Consejo con un vocal en la Escala Básica, donde también consiguió representación la Unión Federal de la Policía (UFP) con dos vocales. En 2015 se registró una alta participación al votar el 80,56% de la plantilla.

El Consejo de la Policía es el órgano de interlocución entre los sindicatos policiales y la Dirección General de la Policía, es decir, el foro en el que se discuten las cuestiones laborales que afectan a los policías con la administración.

En estas elecciones se ha podido ejercer también el voto por correspondencia para aquellos funcionarios que lo hayan solicitado y los agentes han podido acceder a cualquiera de los puntos habilitados, fuese o no el de su plantilla de destino. En todo el territorio nacional se han constituido 245 comisiones de garantía electoral y 796 puntos de votación.

El año 2018 se cierra con malas noticias para los trabajadores: los accidentes laborales siguen golpeando con fuerza y poniendo en riesgo su salud y sus vidas. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, un total de 1.333.002 empleados sufrieron algún tipo de accidente laboral entre enero y diciembre del pasado año. De ellos, 730.686 no necesitaron baja y otros 602.316 sí. Y entre estos últimos, 520.037 sufrieron el accidente durante su jornada de trabajo, mientras que otros 82.279 fueron víctimas in itinere, es decir, durante el desplazamiento del trabajador desde su domicilio al centro de trabajo, o viceversa.

La foto fija que arrojan los datos es nítida: los accidentes laborales no dejan de crecer desde el año 2012. El motivo, para los sindicatos, parece obvio. "El cambio de paradigma en el sistema de relaciones laborales", asociado a "la extensión de la precariedad", precipita los resultados relativos a siniestros laborales. Una precariedad que se ha visto acentuada con la reforma laboral aprobada ese mismo año, "la más alta expresión a nivel normativo de este nuevo paradigma y la herramienta más eficaz para generalizar un modelo de relaciones laborales basado en la precariedad en el empleo". Así lo afirma CCOO en su informe sobre la evolución de los accidentes de trabajo en España, hecho público esta semana de cara al Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra este domingo.

Si en 2012 el número de accidentes laborales registrados con baja sumaba 471.223, en 2018 la cifra ascendió a 602.316, un aumento del 27,8%. Más específicamente, el crecimiento es igualmente rotundo en cuanto a los accidentes en jornada: de 408.537 en 2012 a 520.037 en 2018, un 27,29% más. Respecto a los accidentes graves y los mortales, los primeros pasaron de 3.738 en 2012 a 4.939 en 2018 (un 32,1% más) y los segundos ascendieron de 452 en 2012 a 652 en 2018 (44,2% más).

Pero se hace necesario en este punto un matiz: todas las cifras referidas hasta ahora son valores absolutos. La CEOE apunta a que el crecimiento de la siniestralidad laboral tiene que ver con el aumento de la actividad económica y la recuperación del empleo. Es decir, a más personas con trabajo, más posibilidades hay de que se produzca un accidente. Pero si se observan los índices de incidencia –el número de accidentes por cada cien mil trabajadores–, el argumento de la patronal pierde fuerza. En 2012 el índice de incidencia reveló la existencia de 2.948,9 siniestros en jornada por cada cien mil trabajadores, mientras que la cifra seis años después creció hasta los 3.325,9. El incremento es, por tanto, de un 12,78%, según los datos oficiales.

Pedro J. Linares, secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, explica en conversación con infoLibre que las estadísticas son claras: "Todo el principio de siglo ha supuesto un descenso, tanto en momentos de economía al alza como al contrario". Sucede, por contra, que a partir de 2012 es cuando la curva comienza a reflejar un incremento de la siniestralidad. ¿Hay entonces una relación directa con la reforma laboral? Para el sindicalista, desde entonces "se está consolidando un modelo de gestión de la mano de obra en el que tiene mucha influencia la reforma de 2012, pero también la de 2010", aclara.

Esa tendencia, continúa, dibuja un "mercado de trabajo cada vez más precario, con más rotación de la empleabilidad y elementos que lo que hacen es reforzar la capacidad del empresario a la hora de modificar y establecer las condiciones en las que se realiza el trabajo". Hay, por tanto, un sistema de gestión de mano de obra "avalado por esas reformas que es lo que está en el fondo determinando que nuestro mercado de trabajo sea más inseguro".

El escenario previo a 2012 da buena cuenta de los avances en materia de seguridad laboral que se habían desarrollado hasta entonces. "Nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales realmente cambia el modelo de prevención en las empresas", subraya Linares, porque "empieza a consolidar la práctica preventiva en las empresas y hay un descenso en cuanto a siniestralidad". En los últimos años, sin embargo, "la incorporación de nuevo al mercado de trabajo [tras la crisis] se está haciendo con fórmulas mucho más precarias: las empresas consolidadas han mantenido una línea de prevención, pero han dado respuesta a otras necesidades, mientras que las de nueva creación han dejado en un segundo plano la materia preventiva".

La construcción, el sector más perjudicado

El informe confeccionado por el sindicato elabora un profundo análisis sobre la evolución de los accidentes a lo largo de los seis años de reforma laboral conservadora. Por sectores de actividad, los mayores índices de siniestralidad en jornada se producen en la construcción, que llega a triplicar al sector servicios.

Desde 2012, los accidentes en jornada en la construcción han acumulado un incremento del 22,9% –pasando de 6.296,9 accidentes por cada cien mil trabajadores en 2012 a 7.738,5 en 2018–, frente al 19,8% del agrario –de 4.339,2 a 5.197,1 en 2018–, al 16,7% de la industria –de 4.652,0 a 5.429,3– y al 10,5% de los servicios –2.305,6 a 2.547,2–, único sector que se sitúa por debajo del índice general.

Índice de accidentes laborales por sector.

En cuanto a las muertes laborales, la siniestralidad mortal en jornada entre 2012 y 2018 se demuestra mucho más estable en términos relativos. En el caso de la industria se ha reducido –pasando de 5,35 muertes por cada cien mil empleados en 2012 a 4,40 en 2018–, mientras que el resto de sectores han experimentado ligeros ascensos –de 10,27 a 10,78 en el sector agrario; de 9,45 a 9,77 en construcción y de 2,02 a 2,15 en servicios–.

Índice de accidentes laborales mortales por sector.

La siniestralidad in itinere, por su parte, ha aumentado en todos los sectores desde 2013, primer año del que se dispone de índices de incidencia para este tipo de accidentes. Los importantes incrementos acumulados del 23,3% de la industria, 17,4% del sector agrario y 14,9% de la construcción se han visto compensados por el escaso 3,2% de los servicios, reza el informe del sindicato.

Hombres y jóvenes

Una aproximación al perfil de quienes sufren con mayor intensidad los accidentes laborales revela que son hombres jóvenes los más expuestos. Un 71% de los accidentes en jornada lo sufren los hombres, un perfil marcadamente masculino que se incrementa a medida que aumenta la gravedad, alcanzando el 95% de los mortales, con datos de 2017. Las actividades con mayores niveles de siniestralidad están altamente masculinizadas, afirma CCOO, "debido a que tradicionalmente contaban con mayores niveles de reconocimiento y de remuneración –al menos hasta la llegada de la crisis económica y la extensión de la precariedad–". Y la mayor probabilidad de sufrir un accidente de trabajo, sostiene el análisis, la tienen los trabajadores más jóvenes, si bien la mortalidad golpea con más fuerza en los grupos de edad más avanzada.

"Hay un mayor nivel de siniestralidad en la población joven, pero también lo hay en los contratos que tienen una duración menor", subraya Linares.

Lo cierto es que el tipo de contrato es, para los sindicalistas, un "factor determinante en la siniestralidad". Y de nuevo en esta materia la precariedad vuelve a hacer acto de presencia. En ese sentido, los contratos temporales tienen un índice de incidencia de accidentes laborales en jornada un 50% superior al de los contratos indefinidos. El índice de los contratos a tiempo completo también supera a los de a tiempo parcial, "debido a la reducción del tiempo de exposición a sufrir el accidente en estos últimos". Pero el dato más significativo, dicen, es la evolución de estos índices desde 2012, ya que a medida que aumenta la precariedad en la contratación se dispara el incremento acumulado durante estos años.

Entre 2012 y 2017, dentro de los contratos indefinidos, aquellos firmados a tiempo parcial duplican el incremento de los a tiempo completo –12,3% frente al 6,2%–, mientras que los contratos temporales –28,1%– casi quintuplican el incremento del conjunto de los contratos indefinidos –6,4%–. Y es el contrato temporal a tiempo parcial, el de máximo nivel de precarización, el que de largo ha sufrido un mayor incremento de siniestralidad en este periodo, con un 33,3%.

Evolución de accidentes laborales según tipo de contrato.

"Este sistema de precarización afecta más a quien se incorpora en principio al mercado de trabajo", explica Linares, porque "los jóvenes ingresan a través de sistemas precarizados, por lo que es una población expuesta a esa posibilidad y a todo lo que se deriva de ella", como "la imposibilidad del ejercicio de derechos o tener que aceptar un tipo de trabajo que en otro momento quizá no se hubiera aceptado". Los jóvenes, además, "rotan muchísimo en el empleo", de manera que "es más difícil que consoliden los elementos de prevención de cada empleo al que se incorporan".

Otro dato sobre el que los sindicatos sitúan su lupa es el de la ocupación. Pero los detalles al respecto son escasos. "La ocupación es la variable que mejor determina las condiciones de trabajo en función de la clase social, pero lamentablemente no disponemos de índices de incidencia, por lo que no queda más opción que comparar el número total de accidentes en cada ocupación", señalan. Durante el periodo estudiado, la única rama que ha reducido el número de accidentes es la de directores y gerentes. Por el contrario, los accidentes se han incrementado en el resto de ocupaciones, especialmente aquellas con cualificaciones y remuneraciones más bajas.

El número de accidentes laborales alcanzó en 2017 el máximo desde 2013: el año pasado hubo 596.606 siniestros en el trabajo con baja, un 5,3% más que en 2016 y un 27,5% más que cuatro años atrás. Los accidentes laborales no han dejado de aumentar al mismo tiempo que lo ha hecho la actividad económica; cuantas más personas se incorporan al mercado laboral, más percances se producen en las empresas.

Pero también el aumento de la precariedadel aumento de la precariedad influye en la siniestralidad laboral. La incidencia de los accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta –15,47 millones– permite medirlos con independencia del aumento del número de trabajadores. En 2017 el índice de incidencia en los asalariados con contrato temporal era de 4.503,1 por cada 100.000 afiliados, un 50% por encima de la incidencia en contratados indefinidos: 2.995 por cada 100.000, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo.

Además, con el aumento de la precariedad durante los años de recuperación económica, la brecha de peligrosidad laboral entre temporales e indefinidos ha crecido. Mientras la incidencia de accidentes de trabajo entre los indefinidos ha aumentado un 6,3% desde 2012, entre los temporales se ha disparado un 28,1%. Es decir, su índice cuadriplica el de los asalariados fijos. Y entre los temporales, la incidencia de accidentes laborales de aquellos que, además, tienen contrato a tiempo parcial, los más precarios, se ha elevado un 33,3% en los últimos cinco años. El número bruto de siniestros en el trabajo también revela el mayor aumento de percances sufridos por los temporales: mientras los accidentes de los indefinidos crecen un 11% desde 2012, los accidentes de los eventuales se disparan un 62%. En comparación, durante los últimos cinco años, el número de asalariados temporales ha crecido un 34,6%, según los registros de afiliación de la Seguridad Social, por sólo un 7,3% la cifra de los fijos.

En 2017, la mayor incidencia la sufrieron los contratados temporales a tiempo completo, con un índice de 5.771,1 accidentes por cada 100.000 afiliados, seguidas de los trabajadores fijos discontinuos, con 4.158,3. En cifras absolutas, de los 596.606 accidentes con baja registrados el año pasado, 515.082 ocurrieron durante la jornada laboral, mientras que 81.524 fueron in itinere –en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo–. De los primeros, a su vez, 292.122 los sufrieron asalariados indefinidos y 212.008, temporales. Por tanto, los trabajadores temporales, que representan el 30,5% de los afiliados al Régimen General, sufren el 40,6% de los accidentes. Con un contrato eventual, el trabajador acumula menos experiencia y también recibe menos formación. Así, el número de siniestros padecidos por los temporales que llevaban menos de un mes en su puesto de trabajo o sólo entre uno y dos meses supera entre un 43% y un 63% la cifra de los que afectan a quienes llevan de tres meses a un año en su empleo.

También son más largas las bajas de los contratados indefinidos, con una media de 31,6 días, por sólo 29,8 las de los temporales. E igualmente ha crecido su duración a lo largo de los años, no importa el tipo de contrato. La media era de sólo 22,2 días en 2008 para los fijos y de 20,8 para los temporales.

Los datos de 2018: un 3,6% más

Los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Trabajo sobre siniestralidad laboral se detienen en el pasado agosto. Hasta entonces, los accidentes con baja contabilizados ascienden a 399.312, un 3,6% más que en el mismo mes de 2017. Pero el índice de incidencia ha bajado, aunque sólo dos décimas respecto al año anterior. Sin embargo, la incidencia es muy desigual si se desglosa por sectores. En la minería ha crecido un 9,9%, en la construcción un 4,6%en la construcción un 4,6% y en la industria un 2,6%en la industria un 2,6%. En el resto de las actividades el índice ha caído o ha aumentado de forma no significativa –dos décimas en el transporte–.

Entre los casi 400.000 accidentes laborales registrados en los ocho primeros meses del año, 2.629 fueron considerados graves y 327 fueron mortales, un 1,2% más que hasta agosto de 2017. Ese año completo los siniestros letales se elevaron a 629 –496 durante la jornada y 133 in itinere–. Los accidentes durante el trayecto crecen incluso más que el total, un 4,3%, y mucho más los mortales, nada menos que un 12,2%, casi los triplican. Según destaca UGT, cada día mueren de media dos trabajadores en España. El sindicato culpa del aumento de la siniestralidad tanto a la “mala calidad del empleo” como a la falta de prevención. Además, tiene un coste económico: CCOO lo cifraba en más de 13.000 millones de euros en 2013, cuando el número de accidentes caía a niveles mínimos por culpa de la recesión.

Siete años y tres meses hasta la sentencia firme

Pero hay otra dimensión de la siniestralidad. De los 496 accidentes mortales ocurridos durante la jornada laboral en 2017, 190 de ellos –un 18% más que en 2016– llegaron a los juzgados de instrucción tras ser denunciados como posibles homicidios. Otras 200 denuncias o querellas las presentó el Ministerio de Fiscal después de que la Inspección de Trabajo le trasladara sus propuestas de infracción por la posible existencia de un delito contra la seguridad de los trabajadores, aunque no se hubieran producido ningún accidente. Según la Memoria de la Fiscalía, la Inspección le remitió 1.189 expedientes en 2017 –no todos tienen por qué haber ocurrido ese año, de ahí la disparidad con las cifras anteriores–, de los cuales 251 se referían a accidentes mortales.

Y es en ese punto donde comienza el segundo calvario para la víctima del accidente laboral. Hasta agotar la vía judicial –si tras obtener una sentencia en el juzgado de lo Penal se presenta un recurso ante la Audiencia Provincial– un accidentado o sus familiares pueden tener que esperar una media de siete años y tres meses para obtener una sentencia firme, un plazo que, como lamenta la propia Fiscalía, “mal puede conjugarse con una rápida y ágil administración de justicia”. Si no media recurso, el plazo tampoco es aceptable: seis años y cuatro meses.

La Memoria destaca que en 2017 la Fiscalía aún presentó un escrito de acusación sobre un accidente ocurrido en 2002, así como 91 sobre siniestros de 2014 y 90 sobre hechos de 2015. Es más, el año pasado la mayoría de las sentencias dictadas por los juzgados de lo Penal se refieren a accidentes ocurridos entre 2008 y 2015. El retraso en la celebración del juicio, los problemas para localizar a acusados y testigos después de tanto tiempo, además de la endeblez de sus declaraciones, tienen como resultado que en 142 de las 290 sentencias condenatorias dictadas en 2017 el juez aplicara la atenuante de dilación indebida.

UGT ha denunciado este martes que se producen un 10% más de accidentes mortales de los que se recogen en los registros debido a que los fallecimientos se califican inicialmente de manera errónea como leves o graves y terminan resultando mortales.

Así ocurrió en 2016 cuando se calificaron como accidentes mortales un total de 629 siniestros, y acabaron falleciendo 693, es decir, 64 más de los registrados inicialmente, según argumenta UGT.

UGT ha agradecido que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social haya hecho públicos los fallecimientos reales causados por los accidentes de trabajo porque con ello se demuestra que algunos tuvieron una calificación inicial que no se correspondía con la realidad.

Pese a ello, el sindicato ha abogado por establecer un sistema normativo "objetivo" de clasificación por gravedad de los accidentes de trabajo, a fin de "disolver las actuales dudas en cuanto a la calificación de la gravedad" de los accidentes.

Asimismo, UGT ha advertido de que vigilará el incremento de los accidentes sin baja, pues, a su juicio, esto puede deberse al "endurecimiento" de las condiciones para proporcionar bajas por parte de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Un total de 461 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los nueve primeros meses del año, la misma cifra que en el mismo periodo de 2016, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

De estos fallecimientos, 366 se produjeron durante la jornada de trabajo, 16 más que hasta septiembre de 2016, lo que supone un aumento porcentual del 4,6%.

Los 95 accidentes mortales restantes registrados en los nueve primeros meses fueron in itinere(los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), un 14,4% menos.

Entre enero y septiembre se contabilizaron 435.721 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 5,1% respecto al número de siniestros del mismo periodo de 2016.

Del conjunto de siniestros, 377.512 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 58.209 fueron siniestros in itinerein itinere. Los primeros aumentaron un 5%, mientras que los segundos se incrementaron un 5,5% respecto al periodo enero-septiembre del año pasado.

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo 374.318 hasta septiembre, un 5% más, y los graves alcanzaron los 2.828, un 6,4% más. En el caso de los siniestros in itinere, se registraron 57.335 accidentes de carácter leve (+5,5%) y 779 de gravedad (+12,6%).

El mayor aumento de la siniestralidad, en las construcción

Por actividades económicas, la industria manufacturera registró el mayor número de accidentes con baja en jornada de trabajo, al aglutinar hasta septiembre 70.665 siniestros (+6,2%), seguido del comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos a motor, con 53.572 accidentes (+4%); la construcción, con 44.184 siniestros (+13,1%), y la hostelería, con 38.856 siniestros (+6,1%).

Casi todas las actividades incrementaron hasta septiembre su número de siniestros respecto al mismo periodo de 2016. Se salvan las industrias extractivas, que recortaron su volumen de accidentes un 18,1%, hasta sumar 1.391 siniestros; las actividades sanitarias (-1,8%, 32.140 accidentes), y la Administración Pública, que redujo un 3,1% su cifra de accidentes, hasta 26.712.

Por contra, los mayores repuntes se dieron en la construcción, con un aumento del 13,1% y un total de 44.184 accidentes; actividades administrativas, con un crecimiento del 11,7% y 22.768 siniestros, y agricultura, con un repunte del 10,2% y 25.910 accidentes.

La mayor parte de los accidentes laborales se deben a sobreesfuerzos físicos, caídas, tropiezos, choques contra objetos en movimiento, y contactos con materia cortante, punzante o duro.

Según la estadística de siniestralidad laboral del Ministerio de Empleo, entre enero y septiembre se notificaron 552.546 accidentes sin baja, un 0,9% más que en el mismo periodo del año pasado.

CCOO advierte del deterioro de las condiciones laborales

Ante estos datos, el secretario de Salud laboral de CC.OO., Pedro J. Linares, ha advertido de que los principales causantes del aumento de la siniestralidad laboral son el deterioro de las condiciones de trabajo y el debilitamiento de la capacidad protectora del sistema preventivo.

"Hay voces interesadas que atribuyen el repunte de la siniestralidad laboral al aumento de la actividad productiva, pero es un discurso absolutamente falso", ha criticado Linares, que ha calificado de "absolutamente intolerable" el repunte de la mortalidad en la construcción.

La siniestralidad laboral se cobró en España durante los seis primeros meses del año un total de 300 trabajadores, una persona fallecida menos que en el mismo período del año anterior, según los datos difundidos este lunes por UGT y recogidos por Europa Press.

Sin embargo, el sindicato advierte de que la siniestralidad aumentó un 2,87%, registrándose un total de 657.169 accidentes, 17.765 siniestros más que en el mismo período de 2016.

Del mismo modo, la mortalidad aumentó en los accidentes ocurridos durante la jornada laboral (245 trabajadores fallecidos, un 8% más interanual), mientras que cayeron un 27% los fallecimientos en accidentes in itinere (55 víctimas mortales).

Las principales causas de fallecimiento durante la jornada laboral siguieron siendo los infartos y derrames cerebrales, con 113 fallecimientos —aunque fueron un 2,6% menos que en 2016—, seguidos de los accidentes de tráfico (39 fallecimientos) y quedar atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (33 fallecimientos).

La mortalidad aumenta un 48% en la construcción

Desglosando los fallecimientos por sectores de actividad hasta el mes de junio, 123 muertes de trabajadores se produjeron en el sector servicios, 45 en industria, 43 en la construcción y 34 en el sector agrario. En este sentido, el sindicato advierte del aumento en un 48% de la mortalidad en la construcción, tras registrarse 14 fallecimientos más que en 2016.

Es precisamente este sector el que mayor índice de incidencia en accidentes mortales registró, con una tasa del 0,909, seguido del sector agrario (0,827), de la industria (0,382), y del sector servicios (0,178), el único por debajo de la media (0,273 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores).

Por otro lado, el índice de incidencia del total de los accidentes de trabajo con baja laboral fue de 280,5 accidentes por 100.000 trabajadores al mes, lo que supuso un 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

La industria extractiva fue el sector de actividad que presentó el mayor índice de incidencia (755,5 accidentes por 100.000 trabajadores), seguido de la construcción (611,4). Los índices de incidencia que más se incrementaron fueron los correspondientes a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (9,4% más respecto al primer semestre de 2016), construcción (6,6%) y la industria manufacturera (3,2%).

Aumentan un 5,5% los accidentes con baja

Del total de 657.169 accidentes, 291.267 siniestros causaron baja, un 5,5% más en relación al mismo periodo del año anterior (15.198 accidentes más), y 365.902 no causaron baja, un aumento del 0,7% (2.567 accidentes más).

La industria manufacturera y el comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos a motor, fueron las dos secciones de actividad que registraron la mayor cantidad de accidentes laborales con baja (47.797 y 35.596 accidentes, respectivamente), produciéndose los mayores incrementos en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 14,7%, y la construcción, con un 14,5% más.

En referencia al género, 177.014 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral (un 70%) afectaron a varones, mientras que 74.953 (un 30%) afectaron a mujeres. El aumento de accidentes en el caso de los varones fue del 7,4%, mientras que en las mujeres fue del 1,6%.

Causas "fácilmente evitables"

Analizando la causalidad de los siniestros, el sindicato advierte de que los sobreesfuerzos físicos sobre el sistema músculo-esquelético volvieron a ser la primera causa de accidente de trabajo con baja, con 96.195 casos. En segundo lugar se situaron los choques o golpes contra objeto inmóvil, como caídas o tropiezos, que registraron 62.408 accidentes, seguidos del choque contra objetos en movimiento (35.711 siniestros).

Estos tres tipos de accidentes concentraron un 67% del total de los casos, siendo causas, según el sindicato, "fácilmente evitables implantando medidas de seguridad adecuadas en los centros de trabajo".

Un 59% de accidentados, entre 35 y 54 años

Por edades, 70.040 accidentes con baja en jornada laboral los sufrieron trabajadores y trabajadoras con menos de 35 años (un 28%), de los cuales 344 fueron accidentes graves y 22 los mortales.

La franja de edad que concentró un mayor número de accidentes en jornada laboral fue la comprendida entre los 35 y 54 años, con un total de accidentes de 147.785 (un 59%). De ellos, 1.074 fueron accidentes graves y 136 mortales.

Los trabajadores y trabajadoras mayores de 54 años sufrieron un total de 34.142 accidentes laborales en jornada laboral (un 13%) de los cuales 447 fueron graves y 87 mortales.

"La seguridad es incompatible con la precariedad"

En su denuncia de estos datos, el sindicato UGT ha criticado que "la seguridad y salud en el trabajo es incompatible con condiciones laborales cada vez más precarias, que hacen que el trabajo sea inseguro y nada saludable" y ha instado al cumplimiento de las medidas de prevención y a una mayor implicación de las distintas administraciones públicas y de las propias empresas.

Así, ha criticado que "muchos de estos accidentes podrían evitarse realizando una mayor prevención de los riesgos psicosociales" y el aumento de la siniestralidad que, han denunciado, "lejos de reducirse, sigue aumentando".

"El empleo que se está creando es empleo de mala calidad, con condiciones de trabajo cada vez más precarias que hacen que el trabajo sea inseguro y nada saludable", han aseverado, recordando que "la prevención sigue siendo la mejor herramienta para reducir o evitar los daños a la salud de los trabajadores".

Un total de 360 trabajadores fallecieron en accidente laboral entre enero y julio de este año, 23 más que en el mismo periodo de 2015, lo que supone un incremento en términos relativos del 6,8%, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social recogidos por Europa Press.

De estos fallecimientos, 268 se produjeron durante la jornada de trabajo, 13 menos que en los siete primeros meses de 2015, lo que implica una caída del 4,6%. Los 92 accidentes mortales restantes registrados hasta julio fueron in itinere (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), un 64,3% más.

En los siete primeros meses del año se contabilizaron 320.721 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 6,7% respecto al número de siniestros del mismo periodo de 2015, cuando se produjeron 300.550 accidentes. Del conjunto de siniestros, 277.371 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 43.350 fueron siniestros in itinere. Los primeros aumentaron un 6,5%, mientras que los segundos se incrementaron un 7,8%.

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo sumaron 275.059 hasta julio, un 6,6% más, y los graves alcanzaron los 2.044, un 5,9% más. En el caso de los siniestros in itinere, se registraron 42.718 accidentes de carácter leve (+7,7%) y 540 de gravedad (+8,4%).

Por actividades económicas, la industria manufacturera registró el mayor número de accidentes con baja en jornada de trabajo, al aglutinar 52.317 siniestros (+9,5%), seguido del comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos a motor, con 39.644 accidentes (+6,9%); la construcción, con 29.588 siniestros (+9,1%), y la hostelería, con 26.435 siniestros (+14,2%).

Casi todas las actividades incrementaron su número de siniestros respecto a los siete primeros meses de 2015. Se salvan las industrias extractivas, que recortaron su volumen de accidentes un 9%, hasta sumar 1.393 siniestros, y la Administración Pública, que redujo un 8% su cifra de accidentes, hasta 21.643.

Por contra, los mayores repuntes se dieron en la hostelería, con un aumento del 14,2% y un total de 26.435 accidentes; las actividades administrativas y servicios auxiliares (+9,7%, 15.538 siniestros), y la industria manufacturera (+9,5%, 52.317 accidentes).

La mayor parte de los accidentes laborales se deben a sobreesfuerzos físicos, caídas, tropiezos, choques contra objetos en movimiento, y contactos con materia cortante, punzante o duro. Según la estadística de siniestralidad laboral del Ministerio de Empleo, hasta julio de este año se notificaron 423.013 accidentes sin baja, un 3,6% más que en el mismo periodo de 2015.

El Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) va a denunciar ante la Inspección de Trabajo los contratos que la empresa Inaer ha empezado a ofrecer este mes a sus nuevos pilotos de helicópteros contraincendios. La compañía, que aglutina al 90% del sector en España y pertenece a la multinacional británica Babcock International Group, obliga a quien quiera trabajar para ella a pagarse los cursos de habilitación y de lucha contra incendios necesarios para subirse a bordo de sus aparatos. Una práctica ya extendida entre las aerolíneas comerciales desde que la introdujeron a comienzos de siglo las compañías low cost. Pero que entre los pilotos de helicópteros de emergencias, que a través de Inaer trabajan para las administraciones públicas, es nueva.

Además, en este subsector aéreo afecta a un colectivo muy precarizado y con unos índices de siniestralidad laboral elevadísimos, superiores a los de la minería, por ejemplo. En los nuevos contratos, Inaer cifra el importe del curso de habilitación en 24.550 euros y en 14.370 euros el de lucha contraincendios para un helicóptero Bell 412. Todos los pilotos deben recibir un curso que les instruye en las características concretas del modelo de aeronave con el que van a trabajar. En el caso de los pilotos comerciales, suele durar hasta un par de meses, explica Agustín Guzmán, jefe adjunto de la Vocalía Técnica del Sepla, el sindicato de pilotos. Su precio puede oscilar entre 20.000 y 30.000 euros.

Para los de helicópteros, en cambio, el curso no suele superar las dos semanas, explica Esteban Sánchez, secretario general del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA). Pero Inaer lo ha tasado casi al mismo precio que el obligatorio para los aviones comerciales. “Lo han inflado”, asegura.

Es más, a diferencia de los contratos que firman los pilotos comerciales, a los de helicópteros esta compañía ofrece contratos temporales, de obra y servicio, de sólo dos temporadas de duración. Cada temporada son cuatro meses. El resto del año, el piloto va al paro. Sus sueldos también son considerablemente más bajos. Cierto que los pilotos comerciales ya no cobran los salarios que en su día los convirtieron en uno de los colectivos profesionales mejor pagados del país: los de nuevo ingreso perciben sueldos anuales de 30.000 euros, advierte el portavoz del Sepla.

Pero es que los pilotos a los que Inaer ofrece estos nuevos contratos van a cobrar un salario base de 857 euros brutos al mes más una dieta diaria de 36 euros por desplazarse a más de 600 kilómetros de su destino. El puesto ofrecido, en realidad, ni siquiera es de piloto, sino de tripulante. Sólo al cabo de tres años de vuelo conseguirán la categoría de copiloto. Y sólo entonces deberán aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de habilitación. Como tripulante su trabajo consiste en avisar al piloto de la proximidad de obstáculos cuando apagan el fuego o colaborar en las tareas de carga. 

Indemnización por daños y perjuicios a la empresa

Pues bien, con esos salarios deben pagar a Inaer 13.100 euros (7.000 euros del curso de habilitación y 6.100 euros por el de lucha contra incendios) porque la empresa concede a los futuros tripulantes una “subvención” (sic) de 25.820 euros 17.550 de la habilitación y 8.270 euros del curso de lucha contraincendios . Como fórmula de pago, Inaer permite elegir entre hacerlo al contado o descontarlo de la nómina. El trabajador puede precisar el importe que quiere que le quiten cada mes; eso sí, sin que pueda dejar el sueldo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 655,20 euros, indica el contrato. “Quieren que paguemos por trabajar”, resume Esteban Sánchez.

El contrato incluye un compromiso de permanencia por dos campañas. Si el tripulante es despedido de forma procedente o por razones disciplinarias, debe abonar a la empresa el curso completo o, si deja la empresa antes de que acabe la segunda campaña, la parte que no haya terminado de pagar. Inaer, incluso, puede pedirle que abone “otros daños y perjuicios” que ni especifica ni cuantifica. También tendrá que pagarle el curso completo a la compañía si lo suspende.

Preguntada por su cambio de política, Inaer se remite al decreto que exige la incorporación de un tripulante en los helicópteros contraincendios y se limita a explicar que la empresa “facilita” a sus nuevos empleados el curso “cubriendo la mayor parte de su precio y ofreciéndoles facilidades en el pago”. “No existe ningún tipo de subvención pública para este tipo de cursos formativos”, indica.

100.000 euros para la licencia y luego, el paro

Agustín Guzmán explica que el pago de los cursos con cargo al trabajador se ha extendido de tal forma que incluso Iberia ha adoptado esa política, en vista de la guerra por rebajar costes en que está embarcado el sector desde la irrupción de las compañías low cost. Hay aerolíneas que dejan al trabajador elegir dónde quieren hacer el curso de habilitación. Otras lo ofrecen al futuro piloto “a precio de coste”, como Iberia. Y finalmente están las compañías “que cobran 40.000 euros por cursos que cuestan 20.000”. “Financian el sueldo del piloto con lo que éste les paga de más”, protesta, “es decir, pagar por volar, un comportamiento que ya hemos denunciado como sindicato”.

En efecto, para para ser piloto hay que pagar. Y mucho: los cursos para sacar la licencia cuestan hasta 100.000 euros y pueden durar dos años. Por establecer una comparación: el precio de la carrera de Medicina –seis años– en la Universidad de Navarra es de 14.166 euros.

Los elevados porcentajes de paro que soportan los pilotos, lamenta el portavoz del Sepla, son un excelente caldo de cultivo para que estos contratos  –“alegales”, dice Guzmán– sean aceptados y firmados casi sin rechistar por los recién licenciados. De los aproximadamente 50 previstos –que ya habían sido contratados como tripulantes la pasada campaña–, ya ha habido ocho pilotos que han firmado. Antes que Inaer, otra empresa del sector, Faasa, ya había comenzado a cobrar por los cursos. Pero mucho más baratos: 9.000 euros, revela el responsable del SLTA. Es la única manera de sumar horas de vuelo. “Sin experiencia previa, nadie te contrata”, concluye el portavoz del Sepla. El problema es que se establece una barrera de selección económica: “No se elige a los mejores, sino a quienes pueden pagar”.

Sin olvidar que, además, las aerolíneas imparten ahora la “instrucción mínima” en los cursos para que cualquier coste adicional no les suponga una desventaja competitiva respecto al resto de las compañías. No supone un riesgo para la seguridad, precisa Guzmán enseguida, porque ese mínimo respeta los límites legales, pero la calidad ha descendido mucho en los últimos años.

Contratos sustanciosos con Fomento, Agricultura y CCAA

En el nuevo modelo laboral de estos pilotos se añade una agravante: el 90% del negocio de Inaer procede de contratos con las administraciones públicas. Sus helicópteros combaten los incendios a las órdenes del Ministerio de Agricultura o se dedican al salvamento marítimo subcontratados por el Ministerio de Fomento, o las emergencias médicas al servicio de las comunidades autónomas, por ejemplo. Cuenta con una plantilla de 1.300 trabajadores, de los cuales 350 son pilotos –11 mujeres–, y con una flota de 128 helicópteros. La mayoría de sus máquinas, 77, se destinan a la lucha contra incendios.

De hecho, Inaer es el mayor operador privado de servicios públicos de helicópteros de Europa. Sólo el último contrato del Ministerio de Agricultura ganado por esta empresa para la campaña contra incendios ascendía a 30,26 millones de euros. Inaer también lleva desde 2012 prestando el servicio de salvamento marítimo para Fomento gracias a un contrato de 160 millones de euros.