Se cumplen cinco años del exilio fiscal de Juan Carlos I de Borbón en Abu Dabi. Cinco años en el desierto, cinco años de damnatio memoriae, cinco años de silencio. Lawrence de Arabia, fascinado con el Wadi Rum de Jordania, afirmaba que el desierto purificaba el espíritu. Sólo el desierto está limpio. En Los siete pilares de la sabiduría, dejó escrito que “el beduino, nacido y criado en él, ha abrazado con toda su alma esta desnudez excesivamente áspera para los demás, por la razón, sentida aunque no expresada, de que allí se encontraba indudablemente libre”. 

Todo el mundo sabe que Juan Carlos de Borbón despreció los vínculos materiales, las comodidades, todas la cosas superfluas y demás complicaciones de la vida española, tan real, tan superlativa, tan alocada, con el fin de alcanzar una libertad personal que rondaba la inanición y la muerte en el desierto. Todo el mundo sabe que arriesgó su corona durante el golpe del 23F y que su vida ha sido, qué duda cabe, una sinfonía borbónica, como si las leyes que sancionara desde la Transición hasta su abdicación fueran sólo el descanso intermitente de la orgía perpetua de una vida dedicada con absoluta abnegación a los españoles. 

En breve, Juan Carlos publicará sus memorias. Llevarán por título Reconciliación y buscan recuperar la biografía de un hombre que, afirma el emérito, otros le han arrebatado. Se supone que esos otros somos nosotros, la prensa, la canalla, los rojos y unos cuantos desarrapados que merodeamos como hienas el Palacio Real, la Corte de los Leones y el chigre. El infierno son los otros, dijo Sartre. El Borbón borbonea. La reina Sofía, como una diosa Cibeles, ha vivido prácticamente separada de su marido toda una vida. El infierno es el rey, podría haber dicho Sofía. Las monarquías tienen algo de profecía autocumplida. Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, también tuvo un matrimonio lacónico y fingido. Sólo se les veía juntos en la berlina de los toros. 

Todo lo demás han sido negocios y comisiones, corinas y amnistías fiscales. El rey vive en Abu Dabi como un rey de hoteles, siempre sospechoso, siempre condenado, rodeado de jerifes que le dan mal vivir, mientras observa las dunas del desierto, esperando la muerte. Escribir unas memorias o unas confesiones borbónicas en la última hora siempre ha tenido algo de toque a rebato final, lo que nos da pie para recordar que el próximo 22 de noviembre se cumplen los 50 años de la coronación de Juan Carlos I de Borbón con la edad provecta de un anciano cercano a su fin. Algunos, que llevamos el veneno en la sangre, ya estamos pensando en su entierro, porque en España somos muy de enterrar al personal con la grandeza que despilfarraron a lo largo de su vida. ¿Merece o no Juan Carlos de Borbón un funeral de Estado? Esa es hoy la cuestión que algunos llevamos planteando desde hace más de un año cuando nos hablan del rey emérito. La dignidad del pueblo español, humillado y ofendido, no merece ver el féretro de un defraudador portado desde la Gran Vía sobre un armón tirado por cuatro corceles negros. O sí.

Dice José Antonio Zarzalejos que la Casa Real está muy preocupada con las confesiones que Juan Carlos pueda expresar en su libro. Zarzalejos es el hombre/institución de ojos vivos, nariz aquilina y mentón de los Austrias, como un noble vasco que lee todas las mañanas el Abc desde su cama y después suspira embriagado por la melancolía. Uno piensa que el gran periodista habría sido un buen jefe de la Casa Real, siempre en todas las ferias, elegante y vanidoso, culto y conspirador. No tardaremos mucho en observar cómo una parte del país se pone de acuerdo con la otra para celebrar el 50 aniversario de la muerte de Franco y de la posterior coronación de Juan Carlos. Y uno también cree, ingenuo y malvado, que nos saldrá un aniversario objetivo, histórico, informativo, despejado como la frente de Zarzalejos o como el desierto de Lawrence, donde la furia borbónica del rey se ha desatado contra Felipe y Letizia. 

Porque la figura de Juan Carlos apenas mueve ya a nadie. Digamos que el acontecimiento histórico está enterrado bajo el devenir del tiempo, como si la tumba de la Historia demostrase que nunca es eterna. El tiempo va devorando sus ideas y sus colores. Las leyes que regulan los secretos de Estado, también. Pronto averiguaremos que la intentona golpista del 81 fue un aquelarre de tricornios en actitud suicida, guardiaciviles con el trueno en la mano disparando a la techumbre del Congreso, una nube de soldados en carros de combate sin dirección y el verde batallón de Milans del Bosch tomando el corazón de las glorietas con la pose marcial de un perro ladrándole al cielo. 

El 23F fue un día sin tiempo, el día que no ocurrió, el día que el rey y Armada pararon los relojes del Congreso y con él todos los relojes de España. El gobierno desclasificará los informes que se tienen sobre el 23F, cuando Juan Carlos vivía su idilio ecuestre con los golpistas, razón de mas para que todo lo que le vino después fueran todas las fiestas de mañana, aquellas en las que se le metía en la alcoba una vedette y se llevaba al bolsillo una comisión, como una sinfonía borbónica de putas, dinero y leyes. Reconcialiación... ¡Bah!

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a Felipe VI su disposición a someterse a la sesión de investidura, con el convencimiento de que es el único que puede armar una mayoría, pero mostró su "respaldo y respeto" a la decisión que adopte el monarca.

Así lo explicó Sánchez en una comparecencia en el Palacio de La Moncloa después de haberse reunido con el rey en Zarzuela dentro de la ronda de consultas para designar al candidato a la investidura, como marca el artículo 99 de la Constitución.

"En nombre del PSOE le he trasladado mi disposición a asumir tal responsabilidad y a lograr la investidura", subrayó el presidente en funciones, quien dijo que los socialistas creen "estar en condiciones" de aunar los respaldos suficientes.

Según marca el artículo 99 de la Constitución, el aspirante debe lograr en una primera votación mayoría absoluta (176 diputados como mínimo). En caso de no obtenerla, se iría a un segunda ronda 48 horas después en la que valen más 'síes' que 'noes'.

Sánchez cree que esa mayoría es posible teniendo como base la votación de la Mesa del Congreso, en la que el bloque progresista sumó 178 escaños, al pactar con EH BIldu, PNV, BNG, ERC y Junts.

Por eso, Sánchez comunicó al monarca su "voluntad" de trabajar para articular una mayoría parlamentaria que forme un Gobierno progresista, además de garantizar la estabilidad social y económica.

Además, su opción pone "pie en pared" a fuerzas reaccionarias que quieren recortar derechos y libertades, resumió ante la prensa en La Moncloa. Su mensaje, prosiguió, es consolidar los avances que se han hecho durante estos cuatro años con el Ejecutivo de coalición.

Sánchez incidió en que las elecciones del 23 de julio y la elección de la Mesa del Congreso han dejado claro "que sólo hay una mayoría parlamentaria posible progresista liderada por el PSOE".

"No hay otra alternativa que reeditar un Gobierno de progreso", remarcó el jefe del Ejecutivo, que ha dicho que "fracasaron" en las urnas los que se presentaron con una propuesta derogatoria. Con este mensaje a Feijóo: "Sus esfuerzos y contorsiones para optar a la investidura son legítimos, pero son baldíos".

No obstante, el secretario general del PSOE trasladó en privado al rey que su decisión, sea cual sea, contará con el "respeto y el respaldo" del partido: "Lo hemos hecho siempre".

Subrayó que una posible investidura de Feijóo sería "fallida" porque tiene un techo de votos (172), pero lanzó: "Si quiere darse de bruces por tercera vez, está en su derecho, es una decisión que debe tomar él".

El jefe del Ejecutivo dijo que era prematuro hablar de las negociaciones con los independentistas pero defendió el trabajo de la coalición de "normalización y estabilización" de la situación en Cataluña. En su opinión, la sociedad catalana apuesta por el "reencuentro y la convivencia" de manera mayoritaria, en virtud de los resultados electorales.

"A partir de ahí, coherencia con lo que hemos venido haciendo", indicó, para señalar, ante las preguntas sobre un posible ley de amnistía, que "el diálogo es el método y la Constitución el marco".

Preguntado sobre si sería constitucional una ley de amnistía, el presidente en funciones contestó que no le corresponde a él decir lo que es constitucional o no, ya que para eso está el Tribunal Constitucional. Lo que sí defendió es que el PSOE es el único partido capaz de hablar con todas las formaciones, a excepción de Vox. En ese punto criticó que los populares sólo se entiendan con la ultraderecha.

–Majestad…, ¡majestad! Hemos llegado.

Don Juan Carlos abrió los ojos y contempló la indescriptible belleza del pantano de la Serena.

–Mira, no sé yo.

–Señor, desde que vuestra majestad marchó a Abu Dabi, las cosas han cambiado mucho por aquí. Ibiza y Marbella dejaron de ser chic; ahora, la jet set se va de pantanos. Créame, la costa está insoportable con tanto populacho, pero esto… ¡mire qué despejadito!

El emérito asomó la cabeza por la ventanilla y vio a media Diputación de la Grandeza en chanclas y bermudas: el duque de Alba se ajustaba una gorra de la Caja Rural, media docena de Hohenlohes jugaban con un balón de Nivea y el conde de Salvatierra churruscaba unas chistorras en una de esas barbacoas endebles. Al reconocer al jubilado, todos comenzaron a vitorear.

Mientras sucedía el sainete, en mi cabeza resonaba aquella reunión unos días antes en  Zarzuela:

–Mi padre está empeñado en regresar a España durante las vacaciones y lo de Sanxenxo no puede repetirse.

–Lo entiendo majestad, pero…

–Tiene que mantenerlo entretenido lejos de la prensa. Es de vital importancia. Le ruego la mayor de las discreciones.

–Ya, pero es que…

–Por favor, es nuestra única esperanza. No hemos reparado en gastos: aquí tiene treinta cheques comedor, las llaves de una Citroën C15, el teléfono de un funcionario que trabaja a media jornada y dos carnés de alberguistas. ¡El destino de la corona está en sus manos!

***

Cuando me quise dar cuenta, don Juan Carlos se había lanzado al agua pertrechado con unos manguitos rojigualdas. Allí, se entretenía mojando el cardado a unas señoras que, por las pintas, habrían conocido a Fernando el Católico en sus tiempos mozos. "Mirad, ¡la cosa del pantano!", voceaba.

Aliviado, me senté en una silla plegable y cogí una de esas repugnantes cervezas con limón de la neverita de algún marqués que pasaba por allí. Estaba sorprendido con la convocatoria. Me figuré que Casa Real debía de haberlos amenazado con requisarles el título. Al cabo de media hora, vi acercarse al rey, zampándose un bocadillo de filetes empanados.

–¿Lo pasa bien, señor?

–Son unos cachondos –dijo, con una carcajada– pero, ¿es que no vamos a regatear o qué?

–Está todo previsto. Mire.

Señalé dos hidropedales fastuosos, uno rojo Ferrari y el otro blanco inmaculado. Don Juan Carlos gritó: "¡Para mí el del tobogán!". Agarró por el brazo a dos ricoshombres que me miraron con consternación y los arrastró hasta las barcazas.

–¡No se olvide el protector solar!, grité, mientras se alejaba.

Volví a sentarme y escribí un SMS a Zarzuela: "progenitor neutralizado". Pasados unos segundos, recibí contestación: tres pulgares hacia arriba.

Su majestad surcaba el embalse con gallardía. Perseguía al otro bote que, espantado, huía del intento de abordaje. "Esta noche dormirá como un bendito", me dije. Unos metros más allá, unos condes empujaban a otro al agua. "Esperad, esperad", protestaba el desdichado, "¡que se me moja el toisón!". Abrí una latita de aceitunas con anchoas y recliné la tumbona con la satisfacción del deber cumplido.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves en relación con el regreso a España del rey emérito, después de que la Fiscalía haya archivado las diligencias de investigación sobre su fortuna, que las decisiones que tome la Casa Real contarán con el "respaldo" y el "respeto" del PP.

"Las decisiones que tome la Casa Real son las decisiones de la Casa Real que contarán con nuestro respaldo y con nuestro absoluto respeto", ha declarado Gamarra en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, al ser preguntada expresamente si cree que tras esa decisión de la Fiscalía el rey emérito debería volver inmediatamente a España.

Gamarra ha expresado el "máximo respeto" del Partido Popular a las decisiones que se están tomando en estos momentos y ha destacado el papel que Juan Carlos I "ha tenido en la construcción de la democracia". "Creo que no hay que olvidarlo ni obviarlo nunca", ha dicho.

El regreso del rey emérito a España desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde se instaló en agosto de 2020, está un poco más cerca después de la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de archivar las diligencias abiertas contra Juan Carlos. Tendrán que ser ahora Zarzuela y Gobierno quienes decidan cuándo y en qué condiciones se produce.

Desde que el 3 de agosto de 2020 se anunció que abandonaba España, el antiguo monarca ha aprovechado todas las ocasiones que se le han presentado, principalmente a través de los amigos que le han visitado en Abu Dhabi o con los que sigue hablando telefónicamente, para hacer saber su deseo de poder regresar.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recalcado este miércoles en el Congreso que el rey Juan Carlos no está fugado ni huido de la justicia y ha insistido en que el coste que supone para el Estado su estancia en Emiratos Árabes, donde se trasladó el pasado mes de agosto, es el mismo que si residiera en España, según informa Europa Press. 

De esta forma ha respondido Calvo en la Comisión Constitucional del Congreso a diversas críticas que han efectuado tanto Unidas Podemos como Esquerra Republicana (ERC), Bildu o Junts, que han censurado que el rey emérito se haya fugado "acorralado por los escándalos de corrupción" y han criticado que Patrimonio Nacional está haciéndose cargo de los sueldos de tres asistentes que ayudan al rey emérito en su día a día.

La número dos del Ejecutivo ha querido dejar claro que el rey emérito no está fugado ni huido de la justicia y ha pedido en este sentido a los partidos citados a que sean "rigurosos" y "no falten a la verdad" para no confundir a la opinión pública.

Ha sido reprobado por la sociedad, y "con razón"

"No está encausado ante la justicia en este momento" y, por tanto, "está en la plenitud de la presunción de inocencia, como el resto de españoles, nos guste o no otras cuestiones que han sido reprobadas por una parte importante de la opinión pública, con razón", ha dicho.

Además, ha señalado que su estancia en Abu Dhabi "no se financia con recursos públicos" y que sólo se sufraga con dinero público los sueldos de los tres asistentes que le ayudan, un gasto que sería el mismo en caso de que Juan Carlos I residiera en nuestro país.

Y ha insistido, una vez más, que el rey emérito cuenta en los Presupuestos Generales del Estado con esa ayuda asistencial en su condición de ex Jefe del Estado, al igual que los expresidentes del Gobierno, pero que no recibe ninguna retribución porque no tiene ninguna actividad pública.

En otro momento de su comparecencia, Calvo ha confirmado que el Gobierno fue informado de la marcha del rey emérito y que, de hecho, el propio Jefe del Estado hizo pública la carta con las razones de su padre. "No hay más", ha apostillado ante las dudas de la oposición sobre el papel jugado por Ejecutivo en la marcha de Juan Carlos.

"Adecuar" la monarquía a la exigencia ética actual

Asimismo, la vicepresidenta ha precisado a las formaciones independentistas que el Gobierno no se plantea una ley de la Corona y que en lo que está trabajando con Zarzuela es en posibles modificaciones en materia de transparencia "para adecuar la Monarquía a los niveles de exigencia éticos actuales de la sociedad española", como así lo han verbalizado tanto el rey Felipe VI como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El Gobierno tiene que reflexionar sobre todo esto, y lo está haciendo, pero sin secretismo ni opacidad", ha señalado Calvo, incidiendo en que cuando este asunto esté maduro, se abrirá el debate parlamentario, como así le ha reclamado Bildu.

Unidas Podemos, ERC y Bildu también han aprovechado para afear a Calvo que el PSOE haya vetado en la Mesa del Congreso las numerosas iniciativas que Unidas Podemos y otras formaciones independentistas han venido presentando pidiendo abrir una comisión de investigación sobre las actividades y negocios del padre del rey.

"La inviolabilidad real no puede seguir siendo una coartada para que los actos privados de un rey no sea objeto de investigación", ha manifestado el portavoz de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, quien sostiene que en una monarquía parlamentaria "no hay un poder que pueda pretender estar ajeno a la transparencia, viviendo en la opacidad del privilegio y situarse por encima de la ley".

Sin embargo, la número dos del Gobierno se ha reafirmado en las decisiones adoptadas por los socialistas siguiendo los criterios de los letrados de la Cámara Baja sobre la base del artículo 56.3 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del rey.

En su escrito, IU, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas sostienen la reapertura de la llamada pieza Carol –la de los audios de Corinna– como la gran baza en favor de su petición. La querella sostenía que los audios arrojaban ya en 2018 indicios de una “estructura organizada” creada y mantenida en el tiempo para “realizar operaciones de índole económico con clara apariencia de ilegalidad”. Ahora, hay más indicios. 

Elevado bajo la fórmula de alegaciones, el escrito lanza una crítica poco soterrada a la Fiscalía: "Pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos".

El Supremo dio cerrojazo a la querella contra Juan Carlos de Borbón precisamente con el argumento de que la Audiencia ya había investigado los hechos referidos en la denuncia pero que en septiembre de 2018 había sobreseído por falta de indicios. Dado que la Audiencia archivó el 7 de septiembre de 2018 la pieza Carol –subrayaba la resolución que tumbó la querella de IU–, no elevó a la Sala Penal del Supremo ninguna exposición razonada. Es decir, no remitió el escrito que un juez cursa al órgano jurisdiccional correspondiente cuando encuentra indicios delictivos contra alguien blindado por el aforamiento, en este caso Juan Carlos de Borbón. Utilizando el lenguaje jurídico, el Supremo vino a decir con otras palabras que la querella era un truco para sortear aquel archivo. Y que "el principio de seguridad jurídica" impedía admitirla. 

Pero ahora, aducen IU y el PCE, ha "cesado la causa que fundamentó el archivo de estas actuaciones" ante la Sala Penal del Supremo. Es decir, se ha revocado el sobreseimiento provisional de la pieza Carol. Y además, "existen nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación (...) remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado SM. Juan Carlos de Borbón". Por tanto, razona el escrito, "procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación".

Herederas de las abiertas por Anticorrupción cuando la Audiencia Nacional archivó la pieza Carol en septiembre de 2018, las diligencias de la Fiscalía del Supremo sobre el rey emérito se centran en dos eventuales delitos: fraude fiscal y blanqueo de capitales. Dado que a tenor de lo que hasta el momento ha trascendido los bienes ocultos por el monarca se encuentran en el extranjero, el delito fiscal no tiene por qué haber prescrito. Hacienda ya confirmó en 2018 a la Audiencia Nacional que el padre de Felipe VI nunca había declarado esos bienes. Y una ley en vigor desde 2013 convierte en imprescriptibles las infracciones tributarias con dinero o activos ubicados fuera del país.

Según El Confidencial, el rey emérito se está planteando regularizar su situación con Hacienda antes de que la Fiscalía le notifique lo que todo el país sabe: que le está investigando. La Fiscalía se niega a confirmar o a desmentir si ha dado algún paso para que Juan Carlos de Borbón tenga "conocimiento formal" de que ha incoado diligencias penales de investigación por un supuesto delito tributario. Si no lo ha hecho, el monarca ve incrementadas sus posibilidades de librarse de una acusación penal.

Los nuevos datos

Ahora, tanto la reapertura de la pieza Carol como el escrito remitido por IU y el PCE se convierten en dos fichas de dominó capaces de provocar un movimiento encadenado en todo el tablero que puede poner en aprietos a la Fiscalía y al Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque García Castellón reabre la pieza sobre los audios de Corinna con un formato en teoría acotado a hechos casi residuales. De manera inicial, el juez circunscribe las pesquisas al encargo que supuestamente hizo la antigua amante del rey a Villarejo para investigar si su asistente española había filtrado datos personales. Y explica la reapertura citando la recepción de determinados "oficios policiales" que aportan nuevos datos.

Pero todo apunta a que se trata de lo que el cine de suspense conoce como un macguffin: una excusa argumental sin relevancia verdadera y que permite a los verdaderos elementos de peso salir a la luz. El auto con que el titular del juzgado central 6 de la Audiencia reabre la pieza Carol dice que el objeto de las diligencias es averiguar lo que ocurrió con la asistente de Larsen. Pero, y aquí viene el aviso, es así "sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otro tipo de infracciones conforme al carácter dinámico de la investigación". ¿Y a qué tipo de infracciones puede llevar el asunto de la asistente española de Corinna? Esa es hoy la gran duda, aunque lo cierto es que las diligencias toman como base los audios grabados por el comisario Villarejo a Corinna Larsen. Y en esas grabaciones la empresaria decía que el rey ocultaba fondos en el extranjero, que había cobrado comisiones por el AVE a la Meca y que la había utilizado a ella como testaferro.

Además, nadie sabe qué declararán –si no se acogen a su derecho al silencio– Villarejo ni Corinna, citados respectivamente para el 7 y el 8 de septiembre. Ni si en el supuesto de que quieran hablar ante García Castellón sobre el rey emérito lo permitirá la Fiscalía. Ni qué hará el juez. Ni qué ocurrirá cuando Suiza envíe, si es que no lo ha hecho ya, una segunda tanda de documentos a la Fiscalía del Supremo, que desde junio mantiene abiertas unas diligencias de investigación penal sobre el rey emérito. Si esa investigación de la Fiscalía concluye que ahora sí hay indicios suficientes contra el padre de Felipe VI, su obligación será interponer una querella. O tal vez se vea forzada a remitir sus conclusiones al juez García Castellón, que, por limitada que sea, ya tiene en marcha una causa sobre hechos cuyas características los conectan con Juan Carlos de Borbón.

En el auto con que la Sala Penal del Supremo inadmitió el 1 de abril de 2019 la querella de IU y el PCE hay un párrafo que hoy cobra especial protagonismo y enlaza con la posibilidad de que lo que averigüe la Fiscalía del Supremo acabe en manos de García Castellón. Ese párrafo dice lo siguiente: "Cuando un órgano jurisdiccional conoce de unos hechos de los que se pudiera derivar responsabilidad penal para varias personas y, entre ellas, figura una persona aforada, no debe abstenerse sin más de realizar cualquier investigación con respecto a esta última. Al contrario, de conformidad con una jurisprudencia reiterada de esta Sala (...), el juez instructor deberá practicar aquellas diligencias que le permitan individualizar de forma precisa la acción concreta que respecto de ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, expresando los indicios incriminatorios que pudiera servir de apoyo a tal imputación y que serán los que se reflejarán en la exposición razonada que dirija a esta Sala".

Diversas fuentes jurídicas han coincidido en los últimos meses en que la Fiscalía no es partidaria de que García Castellón se adentre en una investigación que, tarde o temprano, rozará al anterior jefe del Estado aun si es de forma tangencial. En octubre de 2019, el juez y los fiscales anticorrupción del caso Villarejo se reunieron en Madrid con el fiscal jefe de Ginebra, Yves Bertossa, responsable máximo de la investigación que en Suiza ha destapado datos sustanciales. Entre ellos, que Juan Carlos de Borbón está vinculado a dos fundaciones opacas. Y que una de ellas, la panameña Lucum, transfirió a Corinna Larsen 65 millones de euros dos meses después del accidente de caza en Botsuana. El rey emérito consta como el primer beneficiario de Lucum. Y, según las informaciones que se han ido filtrando hasta la fecha, también se ha visto favorecido por otra fundación. Esta se llama Zagatkka, se localiza en Liechtenstein y aparece capitaneada por su primo Álvaro de Borbón.

Los documentos de la investigación de la Fiscalía suiza sobre los manejos económicos de Juan Carlos I acaban de confirmar una paradoja de gran calado: que quien hasta junio de 2014 ostentó en España la Jefatura del Estado había ocultado seis años antes fondos multimillonarios de oscuro origen en Panamá, entonces un país blindado por completo frente a la justicia española por su condición de paraíso fiscal. Panamá se mantuvo en la lista negra española hasta el 25 de julio de 2011, cuando entró en vigor un acuerdo bilateral. El convenio incluía un compromiso de intercambio de información aunque en la práctica la república centroamericana ha seguido desde entonces operando como un territorio opaco y poco dispuesto a colaborar en la lucha contra los evasores fiscales.

Un acta fechada el 10 de marzo de 2011, firmada por Juan Carlos de Borbón y publicada ayer por elconfidencial.com demuestra ya sin ápice de duda que el ahora rey emérito utilizó una fundación panameña, Lucum, para manejar 65 millones de euros "donados" en 2008 por otro jefe de Estado, el rey de Arabia Saudí. El documento, de tres páginas en cada una de las cuales aparece la firma del rey emérito, confirma dos hechos sustanciales: que su primer beneficiario era el entonces rey de España; y que la fundación nació como sociedad instrumental para recibir el dinero saudí. 

Constituida en julio de 2008, la Fundación Lucum era la titular de una cuenta abierta en el banco suizo de Mirabaud. Allí permanecieron los 65 millones ingresados por el hasta que, en junio de 2012 y tras el escándalo de la cacería de Botsuana, el padre de Felipe VI transfirió el dinero a su antigua amante Corinna Larsen. La empresaria ha sostenido ante la Fiscalía suiza que aquel traspaso fue un regalo de amor. Los distintos expertos en materia tributaria a quienes ha consultado este periódico creen por el contrario que el episodio posee todos los visos de una operación de camuflaje y blanqueo.

Mientras la Casa Real y los abogados de Juan Carlos de Borbón guardan un silencio hermético, la existencia del acta empeora la situación del rey en un momento en que la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga si hay suficientes indicios para abrir una causa judicial. Las supuestas mordidas derivadas de la adjudicación del AVE a la Meca a un consorcio de empresas españolas, mordidas de las que parte habrían ido a parar al monarca, se encuentran en el origen del caso.

Los datos conocidos hasta la fecha ya apuntaban a que el padre de Felipe VI podría haber cometido un delito de blanqueo y otro de fraude fiscal al no haber tributado por los bienes localizados en el extranjero. El Gobierno trató ayer de desligar a Felipe VI de las responsabilidades penales que puedan alcanzar a su progenitor. El acta de la Fundación Lucum que señala a Juan Carlos I como primer beneficiario corrobora que el segundo era su hijo.

Gestha cifra en 52 millones lo que debería haber tributado

Ahora, el nuevo documento refuerza a quienes sostienen que todo apunta a que Juan Carlos de Borbón jamás tributó por el dinero que le llegaba desde, al menos, países árabes como Arabia Saudí (65 millones) y Bahrein: 1,7 millones en 2010, según el gestor suizo Arturo Fasana, figura clave en este caso y cuyo testimonio ha colocado al rey emérito contra las cuerdas. Este martes, elespanol.com desveló que en su declaración ante el fiscal de Ginebra Yves Bertossa, Fasana dijo que, según sus conocimientos, el monarca no ha declarado los fondos de la Fundación Lucuma las autoridades fiscales españolas: "Que yo sepa, no. Se lo tendría que preguntar a él".

La difusión del acta panameña movilizó ayer a la asociación de técnicos de Hacienda Gestha. Según Gestha, si una vez transfirió en 2008 el rey saudí los 65 millones de euros no fue presentado el impuesto de donaciones, "se demostraría que la donación se habría ocultado al fisco español".  Gestha estima que Juan Carlos I debería haber pagado 52 millones de euros por ese ingreso. Y que debería habérselos pagado a la Comunidad de Madrid. En este caso, el impuesto de donaciones "no está bonificado al no existir lazos familiares entre las partes".

Gestha lanzó un llamamiento para que la Fiscalía del Tribunal Supremo "se blinde frente a posibles injerencias a la hora de investigar a Juan Carlos I". Y para que solicite a la Agencia Tributaria "el apoyo de un número suficientemente amplio de técnicos e inspectores de Hacienda para que no se eternice la investigación y reforzar la acción de la Justicia".  El comunicado de los técnicos exige una inspección: "Mientras no exista una investigación judicial o de la Fiscalía notificada a Juan Carlos de Borbón, los técnicos de Hacienda piden a la AEAT que ordene una investigación tributaria sobre el Rey emérito".

Dos años después de que unos audios de Corinna zu Sayn-Wittgenstein destaparan la supuesta implicación de Juan Carlos I en el cobro de comisiones millonarias por la adjudicación a empresas españolas del AVE a la Meca, el rey emérito se ha convertido oficialmente en objeto de investigación penal. En una decisión inédita avalada por la fiscal general del Estado y acordada con Anticorrupción, el caso pasa ahora a manos de la Fiscalía del Supremo. Y ocurre así porque una de las "personas involucradas en los hechos investigados" –lo dice la nota oficial– es el rey emérito, aforado ante el alto tribunal. Tras el comunicado con que, recién iniciado el estado de alarma, la Zarzuela reconoció el 15 de marzo la tenencia de fondos opacos por parte del anterior monarca, el paso dado este lunes por el equipo de la fiscal Dolores Delgado abre lo que parecía una puerta cerrada de por vida. Y esa puerta conduce al todavía remoto aunque ahora posible escenario de que Juan Carlos de Borbón acabe en el banquillo por dos delitos: blanqueo de capitales y fraude fiscal. 

En las "nuevas diligencias" que afectarán "directamente" al padre de Felipe VI solo interviene de momento el ministerio público, es decir, que la causa no está aún judicializada. Solo llegará a estarlo si la Fiscalía concluye que ha reunido elementos suficientes para presentar una querella. Y si la admite el magistrado del Supremo en cuyo juzgado recaiga. 

El traslado de las actuaciones de Anticorrupción a la Fiscalía del Supremo se produce, según las fuentes consultadas, todavía en espera de que Suiza envíe una comisión rogatoria pendiente con datos que pueden resultar decisivos. Según distintos expertos, la posibilidad de que la Fiscalía llame a declarar al monarca resulta improbable: cabe cursarle una citación, pero mientras que la obligación de comparecer ante un juez es insoslayable, la de hacerlo solo ante un fiscal queda al albur de quien está siendo investigado. Para comandar la investigación, Delgado designó al fiscal de sala del Supremo especialista en delitos económicos, Juan Ignacio Campos. El decreto de la fiscal general lleva fecha del 5 de junio. Es decir, lo firmó justo al día siguiente de que se pusiera de nuevo en marcha el reloj de los plazos procesales tras el parón del estado de alarma.

La adjudicación  de la segunda fase de la construcción del AVE del desierto –el tramo entre las ciudades de Medina y La Meca– a un consorcio de empresas españolas se anunció en octubre de 2011. Tanto la mayor parte de los juristas como los dos grandes partidos, PSOE y PP, interpretan que nada que sucediera durante su mandato como jefe del Estado podría sentarle frente a un tribunal. Pero ahora disminuyen sus opciones de salir indemne si la investigación constata que existió el cobro de comisiones multimillonarias por el tren saudí o incluso si solo confirma que el rey emérito manejó o sigue manejando fondos opacos a través de una fundación del paraíso fiscal de Panamá. Fondos que nunca hayan sido declarados a la Hacienda española. 

Si una vez había abdicado Juan Carlos de Borbón hubiera hecho alguna maniobra para aflorar dinero, sería perseguible por blanqueo. Y respecto al delito fiscal, la clave radica en lo siguiente, y así lo confirmaron este lunes las fuentes consultadas: desde octubre de 2012, una ley estipula que nunca prescriben las ganancias patrimoniales no justificadas ni declaradas y localizadas en el extranjero. Y no prescriben porque el dinero no declarado a través del denominado Modelo 720 y que se termine localizando en otros países pasará a integrarse en la "base liquidable general" a efectos tributarios del ejercicio "más antiguo entre los no prescritos". A día de hoy el más antiguo entre los no prescritos es 2015. Y, para entonces, Juan Carlos de Borbón ya no gozaba de inviolabilidad. 

En diciembre, Bruselas demandó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) porque considera excesiva la penalización que impone esa ley a quienes ocultan bienes en el exterior. Por ahora, el TJUE no se ha pronunciado. Pero en el supuesto de que tumbe la norma que rige el denominado Modelo 720, uno de los beneficiados será el rey emérito si realmente nunca tributó por los fondos. Sobre la existencia de esos fondos –alojados en una cuenta suiza de la fundación Lucum– y sobre el vínculo de Juan Carlos I como "benefeciario" de esa entidad opaca ya ha avanzado la Fiscalía suiza abierta través de una investigación abierta en 2018.

Mientras la Audiencia Nacional daba carpetazo a la pieza del caso Villarejo basada en los audios de Corinna, la Fiscalía que en Ginebra dirige Yves Bertossa emprendía averiguaciones sobre un caso donde ya muestran perfiles nítidos dos hechos de relevancia. El primero, que en 2008, Lucum Foundation abrió una cuenta en el banco suizo Mirabaud a la que el 8 de agosto de aquel año y como publicó El País llegaron 65 millones de euros donados por la casa real de Arabia Saudí. El segundo hecho es que dos años más tarde, en abril de 2010, la misma cuenta de Lucum en Mirabaud recibió 1,7 millones transferidos por el sultán de Bahrein. Los datos referidos a ambos ingresos figuran en un documento remitido por Bertossa a la Audiencia Nacional en agosto de 2019 y de cuya existencia nada se supo hasta que el rotativo del grupo Prisa la desveló el pasado 25 de marzo. 

La Fiscalía ginebrina había abierto su investigación para seguir el rastro de una donación de la que se benefició Corinna Larsen. En los audios grabados por el comisario Villarejo y que vieron la luz en julio de 2018, la empresaria y antigua amiga íntima del rey emérito cifraba en 80 millones las mordidas pagadas para que el consorcio español se hiciese con la adjudicación del AVE a la Meca. Segín su versión, al menos una parte del dinero fue a parar a Juan Carlos I.  

Aunque la Audiencia Nacional archivó la pieza de Corinna con gran celeridad, Anticorrupción siempre consideró factible investigar al rey emérito, como adelantó este periódico.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la antigua "amiga entrañable" a la que en medio de la crisis económica Juan Carlos I transfirió fondos opacos multimillonarios que supuestamente procedían de Arabia Saudí, acaba de efectuar una especie de salida del armario mercantil. Desde el 31 de enero, y así lo atestiguan los documentos del Registro de Panamá a los que accedió infoLibre, la empresaria figura como directora de Solare Investors Corporation. Es decir, de la compañía que, a tenor de lo ya conocido de la investigación de la Fiscalía suiza sobre el pago de comisiones por al AVE a la Meca, recibió del rey nada menos que 65 millones de euros en junio de 2012. 

Sus portavoces, a los que infoLibre preguntó por el significado de ese paso, aseguran que su aparición pública en Solare, empresa "que posee", obedece solo a que "cambió de asesores en Suiza" pero no ofrecen más explicaciones [pincha aquí para ver el documento del Registro de Panamá]

En el trasiego de movimientos realizados desde la cuenta suiza de Lucum –fundación de interés privado y también panameña citada en el comunicado de la Casa del Rey, que confiere veracidad a que es Juan Carlos de Borbón su beneficiario– hay cinco sociedades sobre el tablero. Pero Solare es la que recibió el mayor traspaso. En 2015, y mediante un préstamo a otra sociedad panameña, Honeybird Group Corporation, Corinna adquirió una mansión al norte de Londres. En total, el dinero transferido por quien entonces era jefe del Estado le permitió adquirir cuatro inmuebles de lujo –dos en Suiza y otros tantos en Londres– y, como capítulo final, transferir 39,3 millones de euros a una cuenta bancaria en EEUU.

Según los datos de la Fiscalía suiza que el lunes difundió el diario El País, el rey ordenó en junio de 2012 transferirle a Corinna el "saldo" de Fundación Lucum porque "la nueva legislación fiscal" del país alpino le obligaba a cerrar la cuenta que poseía en el banco Mirabaud.

Acciones "al portador"

Solare Investors se había constituido el 16 de diciembre de 2011 en Panamá con un capital de 10.000 dólares, dos testaferros profesionales como presidenta y secretaria y dos "suscriptores" del mismo bufete de abogados que, oficialmente, adquirieron una acción por cabeza. De las otras 98, ninguna de las dos actas de juntas de accionistas depositadas en el registro del país centroamericano dice absolutamente nada. Lo que los papeles permiten saber es algo habitual en las sociedades que operan en paraísos fiscales: que las acciones podían emitirse no solo nominativas sino también "al portador", un método infalible salvo milagro o acierto pleno judicial para ocultar su verdadera titularidad. 

Justo a los dos meses de la cacería de elefantes en Botswana que en abril de 2012 puso al padre de Felipe VI en la cuerda floja llegó la transferencia de Fundación Lucum a Solare Investors. Corinna zu Sayn-Wittgenstein y sus abogados sostienen que aquello fue una "donación" legítima, un "regalo no solicitado" y por completo ajeno al pago de cualquier mordida relacionada con la adjudicación de las obras del AVE del desierto a un consorcio de empresas españolas. Aquella adjudicación reportó más de 6.500 millones en 2011 al grupo conformado por varias firmas, entre ellas Indra y OHL.

Mientras el padre de Felipe VI guarda silencio sobre el origen de los fondos ocultos que manejaba Lucum, los abogados de Corinna zu Sayn-Wittgenstein enfatizan que los 65 millones que en 2012 fueron a parar a la cuenta de Bahamas tras haber sido entregados por Arabia Saudí al rey en 2008. Y argumentan que el hecho de que transcurrieran tres años entre esa entrega y la adjudicación del tren del desierto avala la ausencia de vínculo entre esos dos hechos. Quienes conocen el caso de cerca no otorgan relevancia a ese razonamiento: porque una cosa es que la concesión oficial del contrato se produjese en octubre de 2011 y otra que con antelación a esa fecha no se hubieran registrado pagos ocultos. 

Al igual que muchos de los misterios que permanecen irresolubles por décadas, la fortuna del rey Juan Carlos I se ha mantenido intacta como secreto con argumentos que evocan el estribillo de la canción del caballo y la pistola: va a caballo por llevar pistola y lleva pistola porque va a caballo. O sea, sin una explicación susceptible de ser enunciada con certeza incluso si un país considerado refugio de evasores fiscales, Suiza, aparece en escena una y otra vez: ya ocurrió en 2013. Y en 2018. Y ocurre ahora de nuevo, en clara conexión con lo que hace dos años se conoció por los audios de Corinna zu Sayn Wittgenstein pero con un elemento por completo original: un comunicado de la Casa del Rey que, aun sin nombrar al país helvético, refuerza la información que ya había trascendido. Pero, como hace siete años, cuando se supo que la herencia recibida por el rey emérito estaba en Suiza, o hace dos, cuando vieron la luz los citados audios, tampoco esta vez Hacienda ha dado señales de que planee abrir una inspección. Ni entonces ni ahora la Zarzuela ha confirmado si en algún momento Juan Carlos de Borbón ha efectuado el preceptivo pago de impuestos.

El viernes, ERC se sumó a quienes, como la asociación de Técnicos de Hacienda Gestha, ya han pedido a la Agencia Tributaria una investigación. ¿Representa el comunicado de la Casa del Rey un factor inédito y de tal relevancia que obligue al fisco a intervenir de oficio por un eventual delito fiscal sin prescribir? De oficio dada la existencia de bienes en el extranjero que, a tenor de ese comunicado de Zarzuela y salvo sorpresa, nunca ha llegado a declarar el rey emérito. La Agencia Tributaria nunca ofrece oficialmente información sobre casos concretos. Y ni descarta ni confirma que opte necesariamente por iniciar comprobaciones cuando una noticia –o una denuncia– ofrezca visos de veracidad.

Antes de tomar una decisión –aducen sus portavoces– los equipos de análisis e información de la Agencia contrastan los documentos "que haya aportado el denunciante o el periodista con el resto de la información disponible para la AEAT". Y, una vez analizada "de la forma más completa la posible veracidad de los hechos denunciados y si estos plantean indicios suficientes o están documentados", los analistas abordan la última fase: comprobar "si los hechos, en el caso de ser ciertos, se realizaron en un periodo que puede ser comprobado administrativamente (esto es, en periodos no prescritos administrativamente)". Como ya ha publicado infoLibre, una ley en vigor desde 2012 preceptúa que no prescriben nunca las ganancias patrimoniales no justificadas ni declaradas y localizadas en el extranjero. O sea, aquellas sobre las que cualquier residente fiscal en España debe informar a Hacienda mediante el llamado Modelo 720.

Lo cierto es que, de momento, nada indica que Hacienda ya se haya cruzado ahora en el camino de Juan Carlos de Borbón. Hace ya una década, y a partir de uno de esos inesperados aleteos de mariposa que sacuden el escenario político, el patrimonio de quien hasta 2014 rigió la Jefatura del Estado salió de las tertulias de barra de bar para ir situándose junto al costado de una investigación judicial desarrollada en Palma. En 2009, el descubrimiento casual durante un registro de unos papeles en los que aparecía el nombre de Iñaki Urdangarin había dado origen a un caso de dimensiones mayúsculas que acabó provocando un terremoto. Cinco años más tarde, el suegro de Iñaki Urdangarin, Juan Carlos I, abdicaba después de 38 años como jefe de Estado.

Para cuando el monarca entregó la Corona a su hijo, ya hacía un año que había trascendido la versión oficial sobre una cuenta suiza vinculada, según Zarzuela, a la herencia de su padre, Juan de Borbón, y de la que oficialmente le correspondieron al ahora rey emérito 2,2 millones de euros. La cuenta, cuya difusión pulverizó el mito de la pobreza de la familia Borbón por el exilio de Alfonso XIII, se había cancelado en 1995. Y el dinero, sostuvo la Casa del Rey, se había destinado a pagar deudas. Aunque la institución recalcó su convicción de que se habían pagado los impuestos correspondientes, alegó que carecía de datos que lo acreditasen. “El rey no tiene cuentas en el extranjero”, fue el mensaje central en aquel verano de 2013. En el aparato locomotor de la Agencia Tributaria nadie movió un músculo.

Hoy, tras reconocer Zarzuela que Juan Carlos I posee fondos opacos en paraísos fiscales, Suiza regresa a las tablas como un actor que en realidad aguardaba entre bambalinas el momento de su nueva aparición. Ahora –tras el comunicado oficial de la Jefatura del Estado sobre la fundación panameña Lucum, la que, a tenor de lo que dice la Casa del Rey, tiene como beneficiario a Juan Carlos de Borbón– Hacienda tampoco ha hecho ningún movimiento.

Los emails de Corinna, un puente entre Urdangarin y el rey

En su respuesta a las preguntas de este periódico, los portavoces de la AEAT precisan que el "tercer factor" que se valora una vez se recibe información sobre hechos que pudieran constituir una infracción tributaria administrativa o un delito fiscal es "que el caso no se encuentre sub iudice". Es decir, "que por los mismos hechos no existan autoridades judiciales que estén actuando". En lo que concierna al rey emérito, ninguna autoridad judicial, salvo el Tribunal Supremo, goza de potestades para investigarle. Anticorrupción sí mantiene abiertas unas diligencias sobre el supuesto pago de comisiones por el AVE a la Meca. Y su versión se resume así: que si encuentra indicios de que Juan Carlos I estuviese involucrado o los facilita la Fiscalía que ya en la ciudad suiza de Ginebra investiga el asunto, derivará el caso al Supremo.

En espera de que la Fiscalía suiza aporte a España datos sobre la cuenta de Fundación Lucum en el banco suizo Mirabaud, lo que ya ha trascendido abre la puerta para una eventual imputación del rey emérito por delito fiscal y blanqueo.

De Lucum -asegura Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la antigua “amiga entrañable” del rey emérito- le fueron transferidos 65 millones en 2012 a modo de “regalo” como muestra de cariño. Aquel fue el año en que Juan Carlos de Borbón y Corina zu Sayn-Wittgenstein marcharon juntos a cazar elefantes en Botswana. El viaje se conoció porque el rey se rompió la cadera. A su vuelta, pidió perdón a un país que entonces se desangraba por la crisis económica.

La notoriedad que aquella cacería en África reportó a la empresaria quedó afianzada a comienzos de 2013. Para entonces en Palma aún se investigaba si Iñaki Urdangarin había cobrado en Suiza comisiones por un proyecto relacionado con Jordania, uno de los países fronterizos con Arabia Saudí, aunque las pesquisas no llegaron a nada. En cambio, lo que terminó en el despacho del juez José Castro fue el nuevo lote de correos electrónicos aportados por el antiguo socio del yerno del rey, Diego Torres. Y, como se lee en el segundo párrafo de este texto, aquel lote acercaba más al inviolable monarca al costado de lo que se estaba investigando. “Disculpa mi silencio de estos días pero quería chequear a mi suegro y a Alberto Aza [entonces jefe de la Casa Real] antes de responderte”, le escribió Urdangarin a Corinna el 1 de marzo de 2005. Casi un año antes, en el verano de 2004, ella había lanzado a Urdangarin una oferta para que se incorporase a la denominada Fundación Laureus con un sueldo anual de hasta 250.000 euros. “He puesto en copia [como destinatario del correo] a tu suegro y espero que esta propuesta despeje todas las dudas que puedas tener”, le anunció Sayn-Wittgenstein en otro email fechado el 22 de febrero de 2005.

Corinna nunca fue llamada a declarar en el caso Urdangarin o Nóos. “De haber tenido la información que tenemos hoy habría llamado a Corinna como testigo", aseguró con cierto enfado el juez José Castro en el verano de 2018. Castro lo dijo mientras, desde la prisión en que permanecía desde noviembre del año anterior, el comisario José Manuel Villarejo, veía cómo se activaba el resorte más potente de su maquinaria de espionaje y extorsión, donde la frontera entre lo público y lo privado mantuvo siempre una confusión balcánica.

Considerado la figura más prominente de las denominadas cloacas del Estado, Villarejo había grabado a Corinna zu Sayn-Wittgenstein en unos audios donde quien durante años fue la “amiga entrañable” del rey lanzaba un auténtico misil: Juan Carlos de Borbón había cobrado comisiones del AVE a la Meca y la había utilizado como testaferro. De nuevo, Suiza. Porque según la empresaria, el monarca tenía cuentas en ese país a nombre de su primo Álvaro de Orleans.

Pero  tampoco nadie llamó a Corinna a declarar esta vez. Abierta como pieza separada del caso Villarejo, la Audiencia dio carpetazo a los dos meses de que los digitales okdiario y elespanol.com hubieran difundido los audios donde Corinna afirmaba que Juan Carlos de Borbón había manejado cuentas en Suiza a través de testaferros y que había cobrado comisiones de Arabia Saudí por la adjudicación del AVE a la Meca a un consorcio de empresas españolas.

Las fuentes conocedoras del caso consultadas entonces por infoLibre destacaron que Hacienda se había limitado a informar de que el rey emérito no tenía declarada ninguna cuenta en Suiza. De nuevo, los caminos de la Agencia Tributaria se separaban de los del monarca emérito como una línea divergente de fuga.

Hoy, con el escándalo amortiguado por la pandemia, ningún dato hace presagiar que Hacienda haya emprendido o planee hacerlo la inspección tributaria que el lunes reclamaba la asociación de Técnicos de Hacienda Gestha. En el Gobierno, se ha instalado el silencio aunque Unidas Podemos suscribió la primera solicitud –fallida– para que el Congreso crease una comisión de investigación. La diputada que representa a la formación morada en la Mesa de la Cámara, la vicepresidente tercera, Gloria Elizo, publicó este viernes su cuenta de Twitter  un hilo de significado inequívoco:  “Si no se investigan los hechos que nos revela Corinna será imposible saber si estos presuntos delitos se habrían cometido antes o después de su abdicación, por lo que la Justicia estaría dejando escapar la investigación de posibles delitos”.

Una semana después de que reconociera que Juan Carlos I posee fondos opacos en paraísos fiscales, anunciase que Felipe VI renuncia a su herencia y que priva a su padre de la asignación que percibía, la Casa del Rey sigue sin dar respuestas cruciales sobre el mayor escándalo protagonizado por la monarquía española desde la restauración democrática. Ni la Zarzuela ni el bufete contratado por el rey emérito han despejado aún las incógnitas sobre el hallazgo de una cuenta suiza propiedad de una fundación panameña que, a tenor de lo que ha trascendido, ya tenía a Juan Carlos de Borbón como beneficiario mucho antes de que abdicase el 2 de junio de 2014.

Según la información conocida hasta ahora, en esa cuenta se depositaron en 2008 no menos de 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí. Y de ella, supuestamente en 2012 y tras el sorprendente viaje a Botswana para cazar elefantes en pleno fragor de la crisis que diezmó la economía española, salieron 65 millones de euros con destino a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, durante años amiga íntima del ahora rey emérito. El misterio rodea todavía los porqués, los cómo, los cuándo de todo lo ocurrido. Y sitúa en primerísimo plano la doble investigación abierta en Suiza –mucho más adelantada– y en España para confirmar si la adjudicación del AVE a la Meca en 2011 a empresas españolas implicó el pago de mordidas, de las que una parte habrían podido acabar en el bolsillo del rey.

Así, con un maremágnum de incógnitas flotando en la espesa niebla de la pandemia que paraliza el país, tampoco parece probable que el Congreso de los Diputados encuentre la salida del laberinto: los votos del PSOE, el PP y Vox ya vetaron hace una semana en la Mesa de la Cámara dos peticiones, una de ellas de Unidas Podemos y ERC, para que una comisión investigue el asunto. Este jueves, independentistas y nacionalistas (Esquerra Republicana, el PNV, EH Bildu, Junts, la CUP, el BNG y Compromís) han presentado una nueva solicitud.

Mientras permanece en la retina la imagen del actual jefe del Estado lanzando un llamamiento a la unidad para superar la descomunal crisis sanitaria y económica pero sin dedicar una sola palabra a lo sucedido con su predecesor, infoLibre detalla varias preguntas clave. Parte de ellas han sido remitidas por escrito a lo largo de la semana a la Casa del Rey. Y parte, al despacho de Javier Sánchez-Junco, elegido por Juan Carlos I para ejercer "su derecho a la defensa". Son las siguientes pero, de momento, para ninguna hay respuesta. 

1. ¿Por qué guardó silencio felipe vi si ya hace un año asumió como cierta la existencia de un fondo opaco?

De los seis puntos que contiene el comunicado oficial con que el domingo 15 de marzo de 2020 la Zarzuela puso definitivamente en el disparadero al rey emérito, el 5.1 contiene la primera gran incógnita de la serie. Su redacción literal es la que sigue: "Mediante carta de fecha 5 de marzo de 2019, dirigida a la Casa de S.M. el Rey por el despacho de abogados Kobre & Kim (UK), Su Majestad el Rey tuvo conocimiento –sin ninguna justificación documental– de su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum [constituida en Panamá], desde el momento en que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos".  Previamente, el comunicado se refiere a la otra fundación del caso, Zagatka, de Liechtenstein, en la que según distintas informaciones periodísticas también Felipe VI figura como beneficiario heredero. 

Aunque el texto recalca que la carta del bufete Kobre & Kim, que representa a Corinna, no incluía "ninguna justificación documental", es la propia Casa del Rey la que concede absoluto crédito a la participación del rey emérito en Lucum. Porque el comunicado reserva su tramo final a tres afirmaciones de Juan Carlos de Borbón. Y la primera de ellas señala que "de las dos fundaciones anteriormente citadas en ningún momento facilitó información a S.M el Rey". Dado que el nombre de Juan Carlos de Borbón no aparece en ninguno de los documentos oficiales depositados en el Registro de Panamá –figuran testaferros profesionales, entre ellos el suizo Arturo Fasana, muy conocido en España por su relación con la trama Gürtel– solo puede facilitar información de Lucum si él es su beneficiario real. 

A la vista de los entrecomillados de los párrafos anteriores y de las medidas adoptadas por el rey –la renuncia a la herencia y la retirada de la asignación presupuestaria adjudicada a su padre–, la pregunta no es si la Casa del Rey alberga hoy alguna duda sobre el vínculo de Juan Carlos I con Fundación Lucum sino otra muy distinta: la de por qué dejó transcurrir un año en silencio y solo se decidió a dar difusión oficial al asunto un día después de que el diario británico The Telegraphpublicase su condición de beneficiario heredero. La fecha del comunicado oficial coincidió con la entrada en vigor de la declaración de estado de alarma que mantiene noqueado al país. ¿Eligió la Zarzuela ese momento para efectuar lo que en comunicación se conoce como una voladura controlada, o lo que es lo mismo aquí, para difundir un asunto de extraordinaria gravedad en un momento en que otro de aún mayor calibre amortiguaría los efectos? No hay respuesta.

2. ¿Le ha explicado el rey emérito a su hijo cuál era el origen del dinero?

Que el rey guardase silencio durante un año abre camino a la segunda pregunta de la serie: ¿ha facilitado Juan Carlos de Borbón a su hijo explicaciones sobre el origen de los fondos opacos que hayan manejado Fundación Lucum y la otra fundación del caso, denominada Zagatka y localizada en Liechtenstein? Y si lo ha hecho, ¿cuándo ha sido?

Ese es uno de los interrogantes esenciales que continúan en espera de respuesta. Porque la existencia de la Fundación Lucum ha salido a la luz en las investigaciones abiertas por la Fiscalía de la ciudad suiza de Ginebra a raíz de los audios donde Corinna narraba que el rey había cobrado parte de las mordidas que un consorcio de empresas españolas pagó para hacerse en 2011 con la adjudicación del AVE a la Meca. Durante mucho tiempo y precisamente porque la "amiga entrañable" la señaló en aquellas cintas publicadas en julio de 2018, el nombre de Shahpari Zanganeh, viuda del traficante de armas Adnan Khashoggi, ha planeado como el de la intermediaria que manejó el cobro y reparto de aquellas comisiones. Hasta ahora había permanecido en silencio. Pero este jueves y mientras las caceroladas de protesta atestiguan el creciente malestar con la monarquía, Zanganeh ha salido a la palestra para negarlo todo. Ni siquiera, ha dicho, tuvo "nunca" relación con Juan Carlos de Borbón.

Pese a la relevancia de la cuestión, el comunicado de Zarzuela no detalla si el jefe del Estado pidió explicaciones a su padre. Lo que dice el texto es que Felipe VI le trasladó una copia de la misiva del bufete londinense a Juan Carlos I y que el 12 de abril de 2019 acudió a un notario –no revela cuál– ante el que dejó constancia de esto: que había "dirigido una carta a su padre". Y que lo había hecho "a fin de que si fuera cierta su designación o la de la princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum dejara sin efecto tal designación".

¿Conminó el rey a su progenitor en esa carta a desvelar de dónde habían salido los fondos que nutrían o habían nutrido la cuenta que Lucum abrió en el banco suizo Mirabaud y desde la que en 2012 se transfirieron supuestamente 65 millones a otra cuenta de Corinna zu Sayn Wittgenstein, esta localizada en otro paraíso fiscal, el de Bahamas? ¿Fue esa explicación la que, al mes de recibir aquella misiva de los abogados de Londres –Corinna asegura que a esa le siguieron más y avisa de que se conocerán–, le llevó a advertir al notario de que "no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad"? ¿Fue conocer el origen del dinero lo que le condujo también a manifestar ante el mismo notario "no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento" a participar en nada que pudiera "no estar en estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada"?

De momento, tampoco hay respuesta: ni de la Zarzuela, a la que este periódico envió la serie enumerada en el párrafo anterior, ni del bufete que representa a Juan Carlos de Borbón, al que solicitó información directamente sobre el origen de los fondos. No es posible por tanto resolver otras incógnitas estrechísimamente vinculadas como son las que vienen a continuación: ¿en qué hechos basa el rey su decisión de renunciar a la herencia que personalmente le pudiera corresponder así como a cualquier activo que pudiera no estar en consonancia "con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad", entrecomillado que figura en el punto 2 del comunicado? ¿Es por el origen de los fondos cuya pertenencia a Juan Carlos I confirma ahora la Casa del Rey? ¿Por su ocultación en cuentas abiertas en paraísos fiscales o en países como Suiza? ¿Porque esos bienes no hayan sido declarados a la Hacienda española? También esas cuestiones quedaron sin respuesta de Zarzuela.

3. ¿Cuáles son las "autoridades competentes" a las que el rey trasladó copia de la carta de los abogados de Corinna?

En esa última pregunta del párrafo anterior y que cuelga del tronco de las hipotéticas explicaciones que nadie sabe si se solicitaron ni si se dieron, reside la clave de otro interrogante: el comunicado oficial dice que ante la información contenida en la misiva de los abogados de Corinna, Felipe VI "adoptó preventivamente" varias decisiones. La primera de ellas, "trasladar copia de dicha carta a S.M el Rey don Juan Carlos, así como a las autoridades competentes".

Dado que los portavoces de Corinna aseguraron este miércoles que el rey emérito la llamó de inmediato, insistió en que se vieran y viajó para reunirse con ella en Londres el 16 de marzo , es decir, 11 días después de la fecha de la carta, parece claro que Juan Carlos I sí obtuvo copia de la misiva. Excepto, claro, que los abogados de la empresaria hayan incurrido en una mentira flagrante aunque nadie ha desmentido nada hasta ahora. Pero ningún dato permite saber quiénes fueron las "autoridades competentes" a las que la Casa del Rey les dio igualmente traslado. ¿La Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Hacienda o directamente la Agencia Tributaria? No se sabe.

Lo único confirmado es que, ni entonces ni en los 12 meses sucesivos, la Fiscalía Anticorrupción tuvo conocimiento de lo revelado por Corinna a través de sus abogados: en espera de los datos requeridos al fiscal ginebrino Yves Bertossa, la fiscalía que dirige Alejandro Luzón se enteró de lo sucedido hace un año el domingo por la tarde una vez vio la luz el comunicado de Zarzuela.

Pero, en marzo de 2019, Anticorrupción ya llevaba tres meses investigando oficialmente un supuesto delito de corrupción internacional por el supuesto pago de comisiones en el AVE del desierto. El rey emérito no podía hace un año ni puede ahora quedar inscrito en el ámbito de los involucrados en esas diligencias de Anticorrupción porque solo el Tribunal Supremo está facultado para investigarle. Pero la constatación de que la Jefatura del Estado y no un periódico o una televisión ya daban hace un año absoluto crédito a la carta de los abogados de Corinna, tanto como para que el rey difunda ahora su renuncia a la herencia de su padre, habría podido imprimir un giro drástico a los acontecimientos. La legislación vigente establece que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de hechos susceptibles de ser considerados delictivos tiene la obligación ineludible de comunicar su hallazgo a la justicia. ¿Qué pasó aquí? De momento, también el Gobierno se niega a responder

4. ¿Declaró Juan Carlos I esos fondos y tributó por ellos?

¿Y qué hechos podrían ser eventualmente delictivos dado lo que se conoce hasta el momento y estarían así sujetos a la obligación de ser comunicados a la justicia? Pues los expertos consultados por infoLibre, entre ellos la asociación de Técnicos de Hacienda Gestha, creen que la existencia de un fondo opaco en el paraíso fiscal de Panamá que habría llegado a disponer de al menos 100 millones de dólares presenta todos los visos de un delito fiscal. ¿Incluso si, aun siendo cierto, la fundación que los manejaba –Lucum– en una cuenta del banco suizo Mirabaud los hubiese comenzado a ocultar en 2008, cuando el padre de Felipe VI ostentaba el cargo de mayor rango institucional del Estado y gozaba por tanto de inviolabilidad absoluta? Incluso así, entienden todas las fuentes cuya opinión ha requerido este periódico. Fue en 2008 cuando, según Tribuna de Ginebra, llegaron a cuenta de Lucum 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí.

Entre las preguntas que el bufete que representa a Juan Carlos de Borbón no ha accedido a responder figuran varias relacionadas con un hipotético delito fiscal y otro de blanqueo, es decir, de afloramiento de dinero escondido: ¿ha tributado el rey emérito por esos fondos? ¿Ha movido desde 2014 dinero allí depositado y, en caso afirmativo, quiénes fueron los destinatarios? ¿En concepto de qué transfirió 65 millones de euros a Corinna zu Sayn-Wittgenstein si es que efectivamente dio tal paso? ¿Fue una donación, un "regalo" –esa es la versión de su antigua amiga–, una solicitud de custodia temporal? No ha habido respuesta.

Los expertos sondeados creen remota la posibilidad de que el dinero alojado en una cuenta suiza haya sido objeto de tributación ordinaria como si se tratase de una nómina. Y entienden que todo apunta a un delito fiscal. ¿Por qué? Porque Juan Carlos de Borbón abdicó en junio de 2014. Dos años antes, en octubre de 2012, una nueva ley había estipulado que nunca prescriben las ganancias patrimoniales no justificadas ni declaradas y localizadas en el extranjero. Y que no prescriben porque el dinero no declarado que se termine localizando en otros países pasará a formar parte de la "base liquidable general" del ejercicio "más antiguo entre los no prescritos". El más antiguo es en este caso 2015. Y, para entonces, Juan Carlos de Borbón ya no gozaba de inviolabilidad.

En aplicación de la ley citada, la 7/2012, una orden desarrolló en enero del siguiente año lo concerniente a cómo declarar las propiedades y fondos ubicados en el extranjero. Y lo hizo para crear el llamado "Modelo 720", el formulario donde deben consignarse las propiedades y activos localizados en terceros países. El Modelo 720 prevé sanciones muy elevadas para los evasores. En diciembre, Bruselas demandó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) porque considera excesiva la penalización que impone. Por ahora, el TJUE no se ha pronunciado.

Si bien algunos expertos consideran factible demostrar en muchos casos un delito de blanqueo incluso si hay supuestos testaferros por medio –es decir, si la entrega a Corinna de aquellos 65 millones no hubiese sido una donación perfectamente reglada sino un traspaso de activos para borrar la pista de su verdadero propietario– creen mucho más probable llegar al final en cuanto al delito fiscal. Y ello por la aplicación del ya mencionado Modelo 720. Ahora bien, la obligación de declarar bienes ubicados en el extranjero, sea cual sea su naturaleza, solo es aplicable para los contribuyentes que tributan en España.

5. ¿Tributa el rey emérito en España desde su abdicación?

La precisión hecha en la última línea del párrafo anterior tiene sentido, dice una de las fuentes consultadas, si tras su abdicación el rey emérito no pasó a ser residente fiscal en otro país. A priori, esa hipótesis parece casi descabellada. Pero cualquier ciudadano que viva fuera de España seis meses al año deja de tener aquí su residencia a efectos tributarios. Es decir –continúa la fuente–, si el padre de Felipe VI hubiese decidido pasar más de la mitad del año en otro país a partir de que abdicó como jefe del Estado en junio de 2014, el Modelo 720 le sería de imposible aplicación. El mismo experto asegura que la Casa del Rey le podría haber seguido abonando la asignación presupuestaria prevista. Ahora bien, con retenciones distintas a las establecidas para contribuyentes españoles: el 19% si el país donde reside más de la mitad del año pertenece a la UE o del 24% si se trata de otros territorios.

A la Zarzuela este periódico remitió la siguiente pregunta: ¿posee Juan Carlos de Borbón residencia fiscal en España? En caso negativo, ¿dónde la tiene fijada a día de hoy y desde cuándo? La Casa del Rey tampoco respondió a esa cuestión. Ni lo hizo el bufete Sánchez-Junco, al que infoLibre planteó esa misma doble pregunta.

Mientras comienza a abrirse paso el debate de si la solución a la crisis abierta en la institución por el escándalo de los fondos opacos sería el exilio, como sostiene el periodista José Antonio Zarzalejos, quien en febrero de 2013 y ya en medio de la tormenta del caso Urdangarinanticipó la abdicación que llegaría al año siguiente, las dudas sobre el delito fiscal asoman también por otro flanco: "Si se hubiera acogido a la amnistía fiscal de 2012 sería discutible", aseguró este jueves uno de los expertos a que ha acudido infoLibre. Esa pregunta no pudo, en consecuencia, ser planteada a la Casa Real ni al abogado de Juan Carlos I.

La Casa del Rey asegura en su comunicado que puso en manos de Juan Carlos I y de "las autoridades competentes" sendas copias de la misiva del bufete británico Kobre&Kim. ¿Pero cuáles son esas "autoridades competentes", máxime en caso de un relato trazado en un momento en que podía comprometer penalmente no al actual jefe del Estado –cuya inviolabilidad garantiza la Constitución y cuyo interlocutor es el Gobierno– sino al anterior monarca reinante? No se sabe.

El comunicado no aclara en ningún momento el origen de los fondos que a fecha de marzo de 2019 pudieran seguir depositados en la cuenta suiza de la fundación panameña Lucum, aquella para la que, sin su autorización previa ni su conocimiento –así lo asegura el comunicado oficial– el actual rey había sido nombrado beneficiario heredero de su padre. Esa fundación es una de las dos –la otra, Fundación Zagatka, se localiza en Liechtenstein, considerado paraíso fiscal por la UE hasta octubre de 2018– vinculadas a los 65 millones de euros (100 millones de dólares) que el rey emérito habría recibido como regalo de Arabia Saudí.

Ni la Casa del Rey ni el Ejecutivo central han accedido a responder ni a la pregunta sobre quiénes son las "autoridades competentes" receptoras de la carta del bufete. Tampoco a las restantes preguntas que por la mañana hizo llegar este periódico a sus respectivos departamentos de comunicación. Pero lo que infoLibre sí ha podido confirmar es que la Fiscalía especializada en delitos de corrupción no supo nada de aquella misiva hasta que el comunicado de la Casa del Rey vio la luz el domingo al anochecer. Es decir, un día después de que el diario británico The Telegraph desvelase la historia y cuando el país entero se encontraba en pleno shock ante el escenario abierto por el avance del Covid-19 y la paralización de lo que hasta hoy era vida normal. 

¿Y tributó aquel dinero en España?

Tampoco el despacho que ahora representa al rey emérito aceptó despejar distintas incógnitas. Entre ellas figura la eventual tributación de fondos y la comunicación a Hacienda sobre la cuenta suiza abierta en oficinas panameñas del banco Mirabaud. ¿Incluyó en el IRPF el rey emérito las rentas emanadas de aquel depósito del Mirabaud? ¿Presentó ante Hacienda el modelo 720, que informa de los bienes del contribuyente localizados en el extranjero? De momento, no se sabe. 

Que el hipotético futuro penal de Juan Carlos I cobra ahora mayores opciones de convertirse en una realidad se desprende incluso del propio texto difundido por la Casa del Rey. Porque el monarca emérito anuncia en ese comunicado que ya ha designado abogado. Y que será este –el exfiscal anticorrupción Javier Sánchez-Junco– quien, "en el ejercicio del derecho a la defensa" canalice la divulgación de las informaciones que puedan afectarle.

¿Se refiere el padre del actual jefe del Estado al "derecho a la defensa" en la causa que desde el verano de 2018 investiga en Suiza la Fiscalía del cantón suizo de Ginebra y que es la que ha destapado la existencia de la fundación panameña Lucum, a la que se refiere la carta del bufete Kobre&Kim? ¿Se refiere, en cambio, a una posible causa susceptible de ser abierta en el Tribunal Supremo si, con los datos que la justicia helvética curse a España opta Anticorrupción por presentar una querella?

La Fiscalía se niega a revelar el contenido de las investigaciones sobre el AVE a la Meca que abrió en diciembre de 2018. Pero lo que las fuentes jurídicas consultadas sí corroboraron antes incluso de aquella fecha es que llamar a declarar como investigado a Juan Carlos de Borbón es perfectamente posible con la ley en la mano: nadie puede remover ni un papel de ningún posible delito cometido mientras ejercía la Jefatura del Estado pero sí puede rebuscar en el lote completo llegado el caso si lo que está en juego es, por ejemplo, un acto de blanqueo de capitales –afloramiento de fondos de origen ilegal– perpetrado después de su abdicación, en junio de 2014.

En espera de cómo evolucionen los acontecimientos, la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya ha instado a la Agencia Tributaria a ordenar el inicio de una investigación tributaria a Juan Carlos I por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Gestha reclama que se haga "con la misma determinación" que el Rey Felipe VI ha mostrado con su padre.

Días antes de que The Telegraph publicase la información que detonó la renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre, el diario suizo Tribuna de Ginebra había desvelado que en un banco local se localizaba una cuenta con 100 millones de dólares y abierta a nombre de una empresa panameña cuyo único beneficiario es Juan Carlos I. El diario informaba de cómo el dinero fue desembolsado en 2008 por el anterior rey de Arabia Saudí en lo que se considera un «regalo tan suntuoso y secreto» que la Fiscalía suiza está investigando por la sospecha de que pudo servir para blanquear dinero. Y se señala que en 2012, la suma que quedaba en la cuenta fue transferida a la ex amante de Juan Carlos, Corinna Zu-Sayn Wittgientein (ahora conocida como Corinna Larsen). ¿Queda algún dinero en esa cuenta o en alguna otra que pudiera estar conectada a la panameña Fundación Lucum o a la Zagatka de Liechtenstein? De momento, es otra incógnita.

Felipe de Borbón iniciará este martes a las 9.30 horas la ronda de consultas con los líderes políticos para proponer candidato a la investidura, y la cerrará con el presidente del Gobierno en funciones y aspirante socialista, Pedro Sánchez, este miércoles a las 18.15 horas, ha informado la Casa del Rey, según Europa Press.

El jefe del Estado ha concentrado todos los contactos en dos días, pese a que en esta ocasión son 18 los líderes políticos que acudirán al Palacio de la Zarzuela. El lunes 9 es festivo en la Comunidad de Madrid y el jueves Sánchez tiene que viajar a Bruselas para participar en un Consejo Europeo.

Este miércoles, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, llevó al rey el listado de las formaciones políticas, un listado en el que no figuran representantes de Esquerra (ERC), Bildu, BNG, ni de la CUP, ya que estas formaciones renuncian a reunirse con el Jefe del Estado.

Conforme a la agenda difundida por la Casa Real, el primero en acudir a ver al rey será el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, el martes 10 a las 9.30 horas. A las 10.15 irá el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que se estrena en el Palacio de la Zarzuela.

A las 11.00 horas está citado el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), representado por el diputado José María Mazón y a las 12.30 será el turno del diputado de Compromís, Joan Baldoví.

Ya por la tarde, a las 16.00 horas, Felipe VI recibirá al presidente de UPN, Javier Esparza; seguido del diputado de Nueva Canaria (socio electoral del PSOE), Pedro Quevedo (16.45 horas), y de la representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, 17.30 horas.

El último del martes, Errejón a las 19.00h

Las consultas del martes terminarán con las reuniones del rey con Yolanda Díaz, de En Común –el socio gallego de Unidas Podemos– a las 18.15 horas y, finalmente, a las 19.00 horas, con Íñigo Errejón (Más País), otro de los dirigentes que participan por primera vez en las consultas.

Los 10 restantes acudirán a Zarzuela el miércoles 11 de diciembre. La jornada empezará con el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, a las 9.30 horas. A las 10.15 se verá con Felipe de Borbón el diputado Aitor Esteban, del PNV, y a las 11.00 horas Jaume Asens, de En Comú, el socio catalán de Podemos.

La siguiente es la portavoz de Junts, Laura Borràs, que verá al jefe de Estado a las 11.45 horas. Después, a las 12.30 horas, irá la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que cerrará las reuniones de por la mañana.

Miércoles tarde: Iglesias, Abascal, Casado y Sánchez

Por la tarde, el rey ha citado a las 16.00 horas al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. El siguiente será el presidente de Vox, Santiago Abascal, a las 16.45 y después irá a Zarzuela el presidente del PP, Pablo Casado, a las 17.30.

La ronda finalizará a las 18.15 horas del miércoles con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien previsiblemente el rey encargará la formación de Gobierno.

Conforme al artículo 99.1 de la Constitución, "después de cada renovación del Congreso, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".

El archivo de la pieza del caso Villarejo abierta sobre las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgensteindonde esta asegura que Juan Carlos de Borbón la usó como testaferro y que cobró de las hipotéticas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas del AVE a La Meca se produjo este viernes sin que la propia Corinna haya sido llamada a declarar. El juez instructor Diego de Egea subraya una y otra vez a lo largo del auto por el que sobresee la investigación que lo único que podría incriminar al rey son las palabras de la empresaria, a cuyo relato grabado no concede crédito.

Qué diligencias se han practicado desde que a mediados de julio fue abierta la pieza es algo que no ha trascendido. También constituye una incógnita qué papel está desempeñando Hacienda, a la que alude el comunicado público de la Fiscalía Anticorrupción en uno de los puntos donde sostiene que los elementos a disposición de la justicia no permitían avanzar y que, en cualquier caso, los hechos se refieren a momentos en que Juan Carlos I gozaba de inviolabilidad.  "Todo ello –dice la Fiscalía en uno de los párrafos– sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo en sede administrativa la Agencia Tributaria".

Acordado el último día laborable previo a la apertura del año judicial que el lunes presidirá Felipe VI, el cerrojazo da oxígeno al monarca emérito pero no disuelve por completo el peligro de que acabe investigado. Porque la Fiscalía Anticorrupción ya ha confirmado que, ahora sin conexión alguna con el caso del controvertido excomisario José Manuel Villarejo, abrirá una investigación sobre lo que considera la parte más sólida del relato de la empresaria: aquella donde su antaño "amiga entrañable" sostiene que el rey emérito reclamó para sí parte de los 80 millones cuyo pago en concepto de mordidas atribuye al consorcio que en octubre de 2011 se hizo con la construcción del AVE saudí por 6.700 millones de euros.

Aunque las pesquisas se abren por presunta corrupción en las transacciones comerciales internacionales y ese delito, de existir, habría sido cometido en 2011 –es decir, cuando el rey permanecía en el ejercicio de su cargo y era por tanto inviolable–, la Fiscalía no descarta que la investigación pudiera alcanzarle si surgen indicios de un delito posterior: el de blanqueo destinado a aflorar el dinero de esas supuestas mordidas. 

Las fuentes consultadas por infoLibre invocan el principio de máxima cautela, sobre todo porque la investigación ni siquiera ha comenzado. Pero conceden que si hubo blanqueo después de que Juan Carlos de Borbón abdicase en junio de 2014, sería factible investigarle. En ese supuesto, el caso debería pasar de inmediato al Supremo, único tribunal con competencias para someter al rey emérito a una investigación de índole penal.

La otra gran incógnita ahora pendiente se refiere al papel de la Agencia Tributaria. La nota pública donde la Fiscalía Anticorrupción confirmaba este viernes que había pedido el archivo de la pieza. 

La Fiscalía no ha decidido aún si en esas diligencias llamará de manera inmediata a Corinna a prestar declaración ni si hará comparecer antes al fundador de OHL, el empresario Juan Miguel Villar Mir, ya imputado por partida doble en los casos Lezo y Púnica y señalado en las grabaciones como el canalizador de las comisiones. Pero, salvo en la hipótesis remota de que Arabia Saudí ya estuviese investigando el asunto -con lo cual España no sería competente–, la investigación irá adelante. ¿Hasta dónde? No se sabe. Juristas y políticos sondeados por infoLibre se muestran escépticos ante la posibilidad de que las diligencias terminen golpeando a Juan Carlos de Borbón.

¿Puede ratificar Corinna, llegado el caso, el contenido de las grabaciones y añadir más datos sin incriminarse ella misma? Es una de las incógnitas pendientes. Cuando sus interlocutores le preguntan cómo habría llegado el dinero del AVE a La Meca al rey emérito, los audios muestran que Corinna contesta de forma afirmativa al escuchar de nuevo el nombre de "Villar Mir". Pero luego matiza: "A través de los saudíes". 

"De forma repentina –dice–, en 2012 pude ver en una anotación bancaria un importante volumen de dinero y le pregunté de dónde viene. Y él contestó de Arabia Saudí. Yo no sé quién lo mandó, pero sé que es Canonica [abogado suizo que trabajó con Arturo Fasana, gestor de los miembros de la trama Gürtel y titular de la enigmática cuenta buzón bautizada como Soleado] quien lo hizo. Otra vez Canonica".

El Código Penal castiga el delito de corrupción internacional  con hasta seis años de cárcel, con lo que prescribiría a los 10 años de su perpetración, es decir, en 2021 si los pagos se hubieran efectuado en 2011. Fuentes de la investigación consultadas por infoLibre sostienen que el relato de Corinna sobre esa comisión de 80 millones por el contrato saudí presenta al padre del actual jefe del Estado como un eventual cooperador necesario en el delito de corrupción en transacciones internacionales aunque la inviolabilidad actuaría aquí de escudo protector.

¿Un relato falso por despecho?

El auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea dicta el sobreseimiento de las diligencias sobre las grabaciones a Corinna se sustenta en un argumento distinto al aplicado en otros casos de corrupción como, por ejemplo, el que mantiene como investigados a los miembros de la familia de Jordi Pujol.

Ahí, la denuncia de la exnovia de Jordi Pujol hijo, Victoria Álvarez, operó como detonante de la investigación. Y su testimonio fue aceptado pese a que su relación con Pujol Ferrusola ya estaba rota.

Ahora, y aunque evitando lanzar una acusación directa, el juez De Egea viene a argumentar que el relato de hechos desplegado en 2015 contra Juan Carlos de Borbón por Corinna zu Sayn Wittgenstein ante el comisario Villarejo y el empresario Juan Villalonga carece de credibilidad porque podría ser fruto del despecho por la ruptura.

"La única base de los hechos que se imputan a D. Juan Carlos I –escribe el juez– es el relato de los mismos hecho por D. Corinna, naturalmente deducidos de la relación de amistad entre ambos". Pero –prosigue el auto más adelante– para que la declaración del testigo surta efecto como prueba de cargo debe ser creíble. O, dicho al revés, no debe estar contaminada por "un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad".

Fuentes de Anticorrupción aseguran que la pretendida falta de credibilidad por despecho no formaba parte de los argumentos con que el ministerio público pidió el archivo.

Lo que sostiene Anticorrupción es que los datos aportados en las grabaciones son "notoriamente insuficientes" para avanzar en la tramitación de la pieza: ni los concernientes a la supuesta ocultación de un terreno en Marrakech que habría sido puesto a nombre de Corinna, ni los que se refieren a las cuentas cuya tenencia se atribuye –lo hace Villarejo, no Corinna– al rey bajo "nombre falso".

A puerta cerrada y con la amenaza expresa de sanciones para los diputados de la comisión de gastos reservados que rompan el secreto. Así se producirá este miércoles a partir de las cinco de la tarde la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, para ofrecer al Congreso su versión sobre lo que Corinna zu Sayn Wittgenstein revela en las cintas del controvertido excomisario Villarejo.

Aunque los socialistas supeditan su posición sobre la comisión de investigación propugnada por Unidos Podemos al resultado de esta comparecencia, la gran incógnita –y la gran duda– es la de si el jefe del espionaje español aportará realmente datos de importancia sobre sus comunicaciones con la que durante años fue amiga íntima de Juan Carlos de Borbón. Y sobre todos las sombras que los archivos de audio difundidos por elespanol.com y por okdiario.com extienden sobre el mandato de Juan Carlos de Borbón y su posterior y actual etapa como rey emérito tras la abdicación de junio de 2014.

La cita de Sanz Roldán con el Congreso llega precedida de interrogantes como los siguientes: ¿desvelará si, como publicó elespanol.com, el padre de Felipe VI entregó a Corinna archivos clave del CNI para protegerla si él moría, archivos que supuestamente contienen información comprometedora sobre miles de personalidades públicas? ¿En qué términos se expresará sobre las amenazas que, según Corinna, él mismo profirió contra su vida y las de sus hijos durante un encuentro en Londres, al parecer celebrado en 2012? ¿Negará que quien fue jefe de Estado hasta su abdicación en 2014 cobró comisiones del AVE a la Meca, como sostiene la empresaria, o pasará de largo por ese episodio invocando una hipotética obligación de secreto? Y, sobre todo, ¿dará alguna explicación sobre la gravísima afirmación que la "amiga entrañable" lanza cuando sostiene que el restaurador de la dinastía borbónica la utilizó como testaferro para ocultar propiedades, escondió dinero en Suiza a través de uno de sus parientes, Álvaro de Orleans, utilizó los servicios del mismo gestor de fondos que manejó los fondos depositados por la trama Gürtel en una misteriosa cuenta del Credit Suisse, la cuenta Soleado, y se acogió, finalmente, a la amnistía fiscal de 2012?   

Todas las cuestiones enunciadas en el párrafo anterior colocan en el disparadero al anterior jefe del Estado. Pero, de manera paradójica, quienes se arriesgan a sufrir las consecuencias si las respuestas -si llega a haberlas- traspasan las puertas de la comisión de secretos oficiales no es Juan Carlos I sino los diputados que eventualmente puedan filtrarlas. El Reglamento de la Cámara prevé incluso la suspensión de sueldo para los diputados que vulneren el "deber de secreto". Los artículos 99 y 101 del Reglamento establecen que el parlamentario "podrá ser privado" de alguno o todos sus derechos"cuando quebrantare el deber de secreto establecido en el artículo 16". En este supuesto, la Mesa del Congreso, "en atención a la gravedad de la conducta o al daño causado por afectar a la seguridad del Estado" podrá directamente proponer al Pleno incluso que se le suspenda al sancionado en su condición de diputado.

"El sistema construyó una Línea Maginot para impedir la transparencia en lo que concierne a la Casa Real porque de la transparencia se pasaba al debate sobre la legitimidad de la restauración monárquica y de ahí al de la impunidad", diagnostica un diputado que no solo pide el anonimato para sí mismo sino que lo reclama para la formación política a la que pertenece. Como publicó este periódico, en las dos últimas décadas el Congreso ha vetado casi 200 preguntas sobre la Casa Real bajo la coartada de que la Constitución asigna al rey un estatuto de "inviolabilidad" que le hace irresponsable de sus actos a todos los efectos. También en lo penal. 

No obstante, los archivos sobre los que hoy disertará -si llega a hacerlo- ya están bajo investigación en la Audiencia Nacional. El mismo juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso contra el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre bajo graves acusaciones de corrupción, abrió hace una semana una pieza separada. La inviolabilidad -término que aquí opera como sinónimo exacto de inmunidad- que la Constitución garantiza al rey durante su mandato convierte en inviable cualquier acción relativa a hechos anteriores a junio de 2014. Es decir, previos a la abdicación.

Pero la gran duda estriba en si sería perseguible un hipotético delito de blanqueo de capitales posterior a ese momento: el que se habría perpetrado si son ciertas las afirmaciones de Corinna. En el supuesto de que la Audiencia Nacional encontrase indicios de delito y concluyera que es perseguible, debería entonces remitir el caso de manera automática al Tribunal Supremo, ante el que goza de aforamiento Juan Carlos de Borbón desde que abdicó.

La primera de las 183 iniciativas parlamentarias sobre la Casa Real que infoLibre ha podido contabilizar como vetadas se remonta al 17 de diciembre de 1997, en el primer Gobierno de Aznar, y a través de ella la entonces diputada de ERC Pilar Rahola requería la opinión del Gobierno sobre el yate que empresarios de Baleares planeaban entonces regalar al rey en sustitución del Fortuna. Antes de esa fecha el buscador del Congreso –que ni siquiera permite ver siempre los razonamientos manejados para el veto– no arrojaba el viernes más resultados. Pero fuentes de la Cámara aseguran que el argumento esgrimido de nuevo el 18 de julio para vetar la comparecencia de la ministra de Hacienda, el de la "inviolabilidad", ha operado desde el primer momento como un leitmotiv. [Puedes ver las iniciativas vetadas pinchando aquí. Para efectuar el cómputo se han restado cinco que aparecen repetidas y 13 que la base de datos del Congreso devuelve tras la búsqueda pero que son ajenas a esta materia].

La responsabilidad del Gobierno

La invocación constante al artículo de la Constitución que declara la figura del jefe del Estado (el 56.3) como "inviolable" y "no sujeta a responsabilidad" ha eclipsado la existencia de otro precepto (el 64) que literalmente sitúa la carga de la responsabilidad de sus actos sobre los hombros del Gobierno. Es decir, sobre el poder ejecutivo, sujeto por definición a control parlamentario. "Todos los Gobiernos han abusado del principio de inmunidad para no atender preguntas sobre asuntos en los que hay indicios de que la conducta seguida ha sido... poco virtuosa", condensa un reputado jurista que, pese a su tono de prudencia, reclama mantenerse en el más estricto anonimato. 

El abuso o utilización espuria del artículo 56.3 al que se refiere la fuente concierne al plano político y al control parlamentario, no al aspecto penal de la cuestión, ahora en primer plano por las cintas del excomisario Villarejo y las revelaciones que en ellas hace la "amiga entrañable" del rey emérito. Por ejemplo, en diciembre de 2011 ERC registró una pregunta cuyo enunciado era el siguiente: "Tipo de donaciones, y en razón de qué criterios, un obsequio a cualquier miembro de la Familia Real pasa a formar parte del Patrimonio Nacional o de su patrimonio particular". Siguiendo la pauta, la Mesa del Congreso la vetó en enero de 2012. Y lo hizo pese a que, como recalca el jurista que pide el anonimato, "el eje gravitaba sobre el Gobierno y no sobre el rey", dado que la inclusión de un bien en el Patrimonio Nacional se supone un acto reglado y sujeto a criterios objetivos cuya aplicación ha de ser, como mínimo, refrendada por el Ejecutivo.

"El problema -desliza otro conocido experto- es que la oposición formula a veces mal las preguntas, porque si en vez de centrarse en lo que hace el rey pusiera siempre el énfasis en qué hace el Gobierno en relación a la Casa Real, sería mucho más difícil explicar el veto". Otro ejemplo: "En lugar de preguntar qué opina el Ejecutivo de los controles sobre lo que los Borbones importan o exportan en valija diplomática lo acertado sería preguntar qué medidas adopta el Gobierno para garantizar que la valija diplomática cumple las normas establecidas". 

Quien defiende una posición muy similar, y aquí con nombre y apellidos, es el letrado Francisco Soler. Soler conoce bien el terreno porque fue quien, en septiembre de 2007, bajo el Gobierno de Zapatero, redactó el recurso de amparo del entonces diputado verde Francisco Garrido, encuadrado en el grupo socialista, acudió al Tribunal Constitucional (TC).

Garrido quería saber si la familia real tenía algún tipo de contrato o convenio con la clínica Ruber Internacional. Y, en contra del criterio mayoritario del PSOE "y de alguna gente de Los Verdes", cuenta por teléfono, registró una pregunta que la Mesa del Congreso tumbó. El órgano rector de la Cámara pulverizó su iniciativa utilizando lo que técnicos de IU, una de las dos formaciones –la otra es ERC– que más iniciativas de este tipo ha presentado, definían el jueves como "la plantilla de la inviolabilidad", la misma que el Gabinete de Rajoy utilizó esta primavera en su inesperado sprint final hacia la moción de censura para devolver al cajón la última batería de preguntas formulada por el diputado Miguel Ángel Bustamante, un habitual de este capítulo al igual que el republicano Joan Tardà. Esa plantilla de inviolabilidad se articula en torno al siguiente texto: "No procede su admisión a trámite por tratarse de materias a las que son de aplicación los artículos 56.3 y 65 de la Constitución española y no sometidas por tanto al control parlamentario de la Cámara".

Abuso de la inviolabilidad

Quien fue su abogado en aquel recurso se cuenta entre quienes inciden en la tesis del abuso de la inviolabilidad para hurtar al Congreso su derecho al control parlamentario. Abuso, viene a decir Soler, y olvido intencionado de que es la propia Carta Magna la que, tras señalar que la persona del rey se configura como "inviolable y no está sujeta a responsabilidad", agrega un elemento sustancial a ese mismo artículo 56.3: "Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo". Lo que dice el artículo 64 son dos cosas: la primera, "que los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes". Y la segunda y crucial, esta: "De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden". Y no hace falta explicar, viene a concluir Soler, que el Gobierno está sujeto a control parlamentario las 24 horas del día. De cada día. Esa fue una de las líneas centrales del recurso de amparo. Pero ni siquiera este fue tampoco admitido a trámite. "El Constitucional -relata Soler- tardó dos o tres años en contestar y cuando lo hizo despachó la inadmisión con una providencia de una línea cuya literalidad no recuerdo pero que no contenía la menor explicación".

En un artículo publicado días atrás en su blog bajo el título El control parlamentario de los actos del rey, el letrado abunda en la importancia de que esos actos cuentan necesariamente con el refrendo del Gobierno. Y que, en consecuencia, el hecho de que el Gobierno se ampare en el principio de inviolabilidad carece de sentido. Soler escribe lo siguiente: "Si a pesar del momento grave en el que se encuentra la monarquía en España, no se admite al menos dicho control [el parlamentario], los defensores de esta forma de encarnación de la Jefatura del Estado habrán perdido otra oportunidad para afianzar la institución que defienden. Y en ese caso, más que nunca, creo que la monarquía en España habrá promovido —sin quererlo— el inicio de su fin".

Por ejemplo, en diciembre de 2011, ERC registró una pregunta cuyo enunciado era el siguiente: "Tipo de donaciones, y en razón de qué criterios, un obsequio a cualquier miembro de la Familia Real pasa a formar parte del Patrimonio Nacional o de su patrimonio particular". Siguiendo la pauta, la Mesa del Congreso la vetó. Y lo hizo pese a que, como recalca ese jurista, "el eje se situaba en el Gobierno y no en el rey", dado que la inclusión de un bien en el Patrimonio Nacional se supone un acto reglado y sujeto a criterios objetivos cuya aplicación ha de ser, como mínimo, refrendada por el Ejecutivo.

Impunidad durante el mandato

Ahora bien, si la inviolabilidad genera importantes dudas en lo que al control parlamentario se refiere, en el plano penal todos los consultados salvo uno coinciden en que, por reducción al absurdo si se quiere, la inviolabilidad equivale a impunidad: hiciera lo que hiciera, incluso cometer el peor delito, el jefe del Estado estaría a salvo de la ley siempre que lo cometiera durante su mandato. Ese es el diagnóstico de una inmensa mayoría de juristas. "Eso es así en todos los países, trátese de una monarquía o de una república –asegura uno de los consultados– pero la diferencia entre un rey y el presidente de una república estriba en que la monarquía es una anomalía y no hay manera de que aquí drene políticamente comportamientos de su titular que puedan no encajar en los estándares de virtud pública". O que revistan directamente indicios de delito, agrega, "que es a lo que apuntan las revelaciones de Corinna". El tabú político e informativo que desde la restauración democrática ha cubierto a la Zarzuela como un manto protector contribuye a acentuar ese carácter "anómalo", opina la fuente. "Y en eso tienen gran parte de responsabilidad los medios de comunicación".

"En una república –conviene con cierta gravedad el interlocutor de este diario–, el presidente que tiene cosas que ocultar sabe que se la juega en las urnas y hace llegado el caso lo que ocurrió en Alemania, que dimite. Aquí, el rey abdicó y se quiso plantear esa abdicación como una asunción de responsabilidades por lo que otros habían hecho, es decir, Urdangarin, y se quiso que esa abdicación funcionase como un parteaguas, pero si ahora empezamos a saber que todo es mucho peor, ¿qué le queda a Felipe VI para convencer al país de que realmente hubo un parteaguas? ¿Pedirle al rey emérito que se exilie?". En febrero de 2012, el entonces presidente de la república germana, Christian Wulff, dimitió cercado por una larga serie de escándalos de corrupción cuando la Fiscalía de Hannover anunció que pediría al Bundestag -el Congreso alemán- que le levantase la inmunidad. En 2014, Wulff fue absuelto del delito de soborno.

¿Sería factible encajar en la legislación española una norma que permitiese levantar la inviolabilidad al rey? El jurista que pide reserva de identidad entiende que sí. Pero la considera una hipótesis más que remota, por no decir imposible. 

El catedrático de Derecho Penal Joan Carles Carbonell, desde 2005 vocal permanente de la Comisión General de Codificación –la encargada de asesorar al Ministerio de Justicia–, examina el asunto con una luz por completo distinta. En un artículo publicado por este periódico, ¿Inviolabilidad absoluta del rey?, Carbonell escribe así: "Acostumbra a entenderse esta inviolabilidad como un residuo del principio monárquico en virtud del cual el Jefe del Estado está por encima de los poderes del mismo. El poder judicial no podría entrar a enjuiciar los actos del Rey, puesto que éste está por encima de todos los poderes del Estado". 

"A mi juicio –prosigue el autor–, resulta necesaria una reinterpretación de la inviolabilidad del Jefe del Estado, ajustándola a los parámetros constitucionales. Y que el artículo 56.3 se refiera a los refrendos de los actos del Rey deja claro que éstos son los que derivan de su función como jefe del Estado. De ahí que, en mi opinión, sea necesario entender que la inviolabilidad de la persona del Rey tan sólo se extiende a aquellos actos cuya naturaleza requiera el refrendo del Presidente del Gobierno o de los Ministros, en su caso".

Entonces, ¿está o no está el rey por encima de los poderes del Estado, desde el legislativo al judicial? "Eso –respondió el jueves Carbonell– no lo dice la Constitución en ningún sitio ni creo que se pueda sostener. El Parlamento es soberano y otra cosa es que los partidos sigan manteniendo un pacto muy discutible y muy poco democrático porque en todo caso estaría hecho a espaldas de todo el mundo".

La resistencia de los dos principales partidos, PP y PSOE, a impulsar o apoyar cualquier investigación que tome como base las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre Juan Carlos de Borbón ha topado con la pauta seguida por ambas formaciones en los últimos cuatro años.

A lo largo del cuatrienio y bajo la batuta del PP, la Agencia Tributaria (AEAT) abrió al menos seis investigaciones de oficio con el sustento inicial de informaciones de prensa cuyo valor remarcó en distintas ocasiones el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ese, haber arrancado con noticias como detonante inicial, fue el nexo común de inspecciones de Hacienda en casos como el de los papeles de Panamá o el de la presencia accionarial del efímero fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix en una empresa opaca radicada en ese mismo paraíso fiscal. Los socialistas no solo auspiciaron una política de inspecciones que evitase cualquier atisbo de doble rasero en función de la relevancia social o las simpatías políticas de los contribuyentes sometidos a escrutinio sino que exigieron a Hacienda que informase puntualmente al Congreso del resultado de sus pesquisas.

Ahora, las posiciones han cambiado. "Son grabaciones antiguas y, por lo tanto, ni las consideramos", dijo el viernes la ministra portavoz, Isabel Celáa, en relación al relato desplegado por la que fue "amiga entrañable" del ahora rey emérito en una de las cintas del excomisario Villarejo.

El candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, ha llegado aún más lejos al expresar su “absoluto respaldo” a la Casa del Rey ante la posibilidad no de una investigación tributaria o de la Fiscalía sino de que el Congreso investigue las presuntas ilegalidades que la lobbista alemana atribuye al padre de Felipe VI. "Yo siempre defenderé al Rey de España", proclamó el aspirante.

¿Resultan compatibles las palabras de la ministra Celáa con que la Agencia Tributaria abra una investigación basada en las informaciones publicadas por elespanol.com y okdiario.com sobre lo que, según Corinna Sayn Wittgenstein, hizo Juan Carlos I? Es decir, abrir cuentas opacas en Suiza, usarla a ella misma de testaferro, cobrar comisiones del AVE a la Meca y finalmente acogerse a la amnistía fiscal.

Un portavoz de la Agencia Tributaria respondió este lunes casi de forma idéntica a como la titular de Hacienda, María Jesús Montero, lo hizo el viernes: "De acuerdo con el artículo 95 de la Ley General Tributaria, la Agencia Tributaria no puede ofrecer información sobre sus actuaciones en relación con casos o contribuyentes concretos", fue su respuesta.

El mismo portavoz explicó la mecánica de las inspecciones: "Para el análisis de los riesgos tributarios, la Agencia Tributaria recibe y procesa información de múltiples fuentes. Muchas son a partir de modelos oficiales de suministro de información, incluyendo los internacionales y otras son singulares. Naturalmente, las informaciones periodísticas aparecidas sobre datos relevantes, ya sean estos individuales o afectando a un colectivo de contribuyentes, son también objeto de atención y análisis en la AEAT y, en los casos en que ponen de manifiesto riesgos de incumplimiento fiscal, dan lugar a la correspondiente reacción en términos de verificación de los hechos y, en su caso, actuaciones de control tributario".

La AEAT sostiene que "todas las actuaciones de comprobación e investigación se inician de oficio". Salvo que medie "una petición del obligado tributario cuando está siendo objeto de actuaciones de carácter parcial, en cuyo caso podrá solicitar a la Administración Tributaria que las mismas tengan carácter general respecto al tributo, y en su caso periodos afectados".

"Por tanto –apostilla la fuente– todas las investigaciones y comprobaciones las realiza la AEAT de oficio, incluyendo aquellas que toman como referencia o apoyo una denuncia tributaria, una información periodística o cualquier otra fuente de información externa, no siendo posible distinguir de todas ellas las que tienen su origen o se apoyan en informaciones periodísticas.

¿Y la Fiscalía, actuará de oficio? El jueves, un portavoz autorizado ya señaló a este periódico que a día de hoy se sigue analizando la ingente documentación -buena parte de ella, sonora- incautada tras su detención al excomisario Villarejo, embarcado en una guerra sin cuartel con el CNI o viceversa, según las afinidades e intereses de cada fuente. "Los tiempos de la Fiscalía no son los de Villarejo", avisó ese día el interlocutor pulsado por este periódico. En la Fiscalía existe la convicción de que las cintas divulgadas forman parte de una operación de chantaje a gran escala urdida por el policía jubilado, en prisión preventiva desde noviembre bajo la acusación de blanqueo y soborno.

¿Pero puede el ministerio público hacer oídos sordos a las palabras de Corinna, que en ningún momento ha desmentido la autenticidad de la grabación, incluso si a quien grabó esa conversación no solo no le guiaba el ánimo de favorecer la lucha contra la corrupción sino, muy al contrario, solo pretendía blindarse en un intento por salir indemne de una investigación que afectara a sus propios y presuntos delitos? Esa sigue siendo la gran pregunta. A diferencia de lo que sucedía cuando ostentaba la Jefatura del Estado, Juan Carlos de Borbón ya no es inviolable. Sus actuaciones son susceptibles de investigación judicial pero solo por el Tribunal Supremo.

Jose María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, ofrece una respuesta válida para el debate sobre la inspección tributaria pero extrapolable a unas eventuales diligencias de investigación de la Fiscalía o, llegado el caso, a una ampliación de la materia integrada en las diligencias judiciales de la llamada Operación Tándem, cuyo investigado principal es Villarejo. "Entendemos que tomar la decisión política, que es lo único necesario para abrir una inspección, no es tan fácil. Y que no es lo mismo investigar a un oponente político que al que fue Jefe del Estado pero esa es la cuestión: si estamos hablando de que se actúa con imparcialidad o si hay un sesgo político. Es el momento clave para que el nuevo Gobierno demuestre que no existen los escudos fiscales".

La simple mención a los "escudos fiscales" evoca el caso Nóos, el papel de la infanta Cristina –exculpada por sentencia judicial firme– y en cómo todo aquello condujo a la abdicación del monarca. El mismo que ahora se sitúa bajo el foco.

De las pensiones a eurodiputados a los 'papeles del paraíso'

Bien por esa "decisión política" a que alude Mollinedo, bien porque la Agencia Tributaria procesa datos de múltiples fuentes, como aduce su portavoz, lo cierto es que en cuatro años han sido seis las inspecciones surgidas de informaciones periodísticas.

Siguiendo un estricto orden cronológico y aunque no siempre trascendió el resultado de las inspecciones, la Agencia Tributaria las abrió de oficio tras las informaciones publicadas sobre los siguientes casos: las pensiones pagadas por el Parlamento Europeo a antiguos eurodiputados a través de una sicav de Luxemburgo y por las que no todos los beneficiarios tributaban en España, asunto que fue destapado por infolibre en junio de 2014; los ingresos obtenidos de Venezuela por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, inspección anunciada en enero de 2015 por Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda; la utilización de sociedades opacas destapada por elconfidencial.com y La Sexta en los llamados papeles de Panamá, pesquisas que se conocieron en abril de 2016; el –presunto– fraude fiscal de Cristiano Ronaldo y el entrenador Mourinho que, con la participación internacional de diversos medios medios –entre ellos el francés Mediapart, socio editorial de este periódico– y El Mundo, sacó a la luz en diciembre de ese año el denominado Football Leaks; la presencia del fiscal jefe Anticorrupción que menos tiempo ha desempeñado el cargo, Manuel Moix, en una compañía familiar radicada en el paraíso fiscal de Panamá, revelada por infoLibre en mayo de 2017; y los papeles del paraíso, que como los de Panamá permitieron difundir la lista de españoles vinculados a diversos territorios offshore.

La existencia de esa última investigación tributaria saltó a los titulares el 15 de noviembre de 2017 a través de un despacho de la agencia EFE. Ese mismo día, Cristóbal Montoro aprovechó su comparecencia como titular de Hacienda en el Congreso para lanzar la siguiente proclama: "El Gobierno valora el papel de denuncia que ejerce la prensa en este campo y que tanto contribuye a la erradicación del fraude fiscal a través de ocultación de actividades de patrimonios en paraísos fiscales. Desde el momento en que se facilita esa información y se publica, la Agencia Tributaria interviene de oficio y va realizando esas investigaciones".

Desde el PSOE le dio la réplica el ahora secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. Y sus palabras fueron las que se reproducen a continuación: "En este Parlamento se tendría que crear una comisión para analizar todo lo que ha pasado con el fraude fiscal y también con los paraísos fiscales". Puedes leer todo lo que dijeron Montoro y Saura pinchando en este enlace al Diario de Sesiones del 15 de noviembre de 2017.

A cinco meses de que se cumpla el 40 aniversario del referéndum de la Constitución española, las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein han resquebrajado el tabú sobre la fortuna del hoy rey emérito y su origen. Pero solo eso. Las acusaciones contenidas en las grabaciones ahora difundidas por elespanol.com y okdiario.com horadan el muro de silencio pero tampoco permiten aventurar a cuánto asciende el verdadero patrimonio personal de Juan Carlos I ni en qué forma lo amasó. El misterio persiste. De las finanzas de Juan Carlos de Borbón apenas se sabe a ciencia cierta lo que percibe con cargo a los Presupuestos del Estado y previa asignación discrecional de su hijo, el rey Felipe VI: 191.124 euros en 2017.

En septiembre de 2012, el prestigioso rotativo The New York Times ofreció, aun con cautelas, una cifra orientativa sobre el volumen del patrimonio regio: 2.000 millones de dólares.  Dos años más tarde -mayo de 2014, un mes antes de la abdicación- la revista Forbes publicó en cambio que el rey ni siquiera estaría en la lista anual de los más ricos de España pese a que la nota de corte se situaba en solo 300 millones de euros.

Entre esas dos noticias quedó emparedado uno de los episodios que de manera más elocuente retratan el tabú financiero del monarca emérito. Todo empezó el 31 marzo de 2013, cuando el diario El Mundo destapó que la pretendida pobreza de Juan de Borbón era lo que hoy se denominaría una fake news.  Con documentos a la vista, el rotativo publicó que el padre del rey había dejado a su muerte (1 de abril de 1993) una fortuna de 1.100 millones de pesetas que incluía 728 millones en tres cuentas en Suiza. Su hijo Juan Carlos, principal beneficiario del testamento, heredó 375 millones de esas cuentas.

Casi cuatro meses después, la Zarzuela dio por cerradas el 4 de julio de 2013 las "pesquisas" abiertas tras la publicación de la noticia para averiguar qué había pasado con el dinero de Suiza. Pero lo hizo sin aclarar las grandes incógnitas. Según la Casa del Rey, Juan Carlos de Borbón había destinado su parte de la herencia a enjugar deudas de su padre. Y no era posible documentar si el legado se había sometido a tributación en España.

Una "convicción" sin pruebas

En un encuentro informativo al que, al igual que otros digitales, no fue invitado infoLibre, sus portavoces oficiales dijeron tener entonces la "convicción" de que el albacea del conde de Barcelona había satisfecho los impuestos correspondientes antes de repartir la herencia. Pero simultáneamente afirmaron que la búsqueda se había saldado sin un solo papel que avalase esa convicción. Incluso de haberse solicitado documentos a Hacienda, el fisco no los habría entregado a nadie salvo al rey. Quienes en aquel momento actuaban de portavoz ante los medios de comunicación no explicaron por qué entonces no los había reclamado el propio monarca.

El principal mensaje oficial de aquel día fue este: las operaciones en Suiza "quedaron a cero" en 1995, es decir, dos años después de la muerte de su titular. Y el monarca ya "no tiene cuentas en el extranjero". 

Pero ahora, las grabaciones a Corinna efectuadas por el controvertido excomisario José Manuel Villarejo, preso preventivo bajo la acusación de soborno y blanqueo, han devuelto al primer plano el gran misterio de la fortuna de quien durante 39 años se sentó en la cúpula del Estado. Esas grabaciones ponen también de relieve los ángulos ciegos de la versión ofrecida por Zarzuela en julio de 2013. 

Porque esas cintas dejan oír cómo la mujer que llegó a ser oficialmente definida como “amiga entrañable” de Juan Carlos de Borbón asegura que este puso propiedades a su nombre para ocultar su verdadera titularidad. Y que cobró comisión por el contrato del AVE a la Meca. Y, sobre todo, que tiene cuentas en Suiza, para cuya apertura se valió de uno de sus parientes, Álvaro de Orleans Borbón, que niega tajante esa acusación, así como de las estructuras creadas por un abogado con despacho en Ginebra. Ese abogado es Dante Canonica, que previamente había pertenecido al equipo de Arturo Fasana, el gestor de fondos opacos de la trama Gürtel y titular de la misteriosa cuenta Soleado, abierta en el Credit Suisse de Ginebra.

¿Tendrá consecuencias la difusión de las cintas de Villarejo, de cuya filtración niega el excomisario ser su autor? Desde el punto de vista jurídico, nada impide que la justicia investigue al rey emérito si entiende que las palabras de Corinna encierran indicios de fraude fiscal y/o blanqueo. Juan Carlos de Borbón goza ahora de aforamiento ante el Tribunal Supremo pero, a diferencia de lo que ocurría mientras desempeñaba la Jefatura del Estado, ya no está exento de responsabilidad penal. 

Pero mientras Unidos Podemos reta al Congreso a investigar si Juan Carlos I usó su cargo para hacerse “multimillonario”, el Gobierno despacha de momento el asunto asegurando que se trata de grabaciones “antiguas” que ni siquiera tiene en cuenta. "Ni las consideramos", fueron las palabras literales con que este viernes zanjó el asunto la ministra portavoz, Isabel Celáa. ¿Por qué? Porque "no afectan" a Felipe VI.

Esa es una de las preguntas cruciales que sobrevuelan la escena política y jurídica tras las revelaciones de la que fue "amiga entrañable" del padre de Felipe VI, máxime después del comunicado emitido por ella misma y en el que lamenta que se la utilice en "la guerra entre Villarejo y el Estado español", pero sin desmentir la autenticidad de las grabaciones. Una portavoz de la empresaria ha asegurado al rotativo británico The Times que Corinna "no fue consciente" de que Villarejo –ahora preso preventivo desde noviembre bajo la acusación de cohecho y blanqueo– estaba grabando la conversación, al parecer mantenida en 2015. "Corinna no participó en absoluto en esto", añadió su portavoz.

Los juristas consultados por infoLibre no albergan dudas sobre el interrogante que se plantea. Y ofrecen una respuesta que cabría resumir así: si Juan Carlos I abrió realmente cuentas opacas mientras era jefe del Estado nadie podría perseguirle por ello porque su figura estaba entonces exenta de toda responsabilidad. Pero haber movido o seguir moviendo un solo céntimo de ese hipotético dinero tras su abdicación le costaría en cambio verse ante la justicia porque en el momento en que renunció a la Corona perdió la inviolabilidad que le garantizaba la Constitución. Mover un céntimo o realizar alguna operación mercantil con cualquier bien cuya adquisición hubiera dependido de ese dinero.

¿Va a actuar la Fiscalía? De momento, Anticorrupción "está analizando" la abundantísima documentación incautada a Villarejo tras su arresto. Pero los portavoces del Ministerio Público se niegan a aventurar cuál será su decisión una vez examinado ese material, presumiblemente acumulado durante años a modo de arsenal. "Los tiempos de la Fiscalía no son los de Villarejo", sentencia una fuente autorizada a la vez que recuerda que el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra el expolicía "es secreto". De momento, dos organizaciones políticas –IU y Podemos– han reaccionado con extrema dureza pero circunscribiendo sus actuaciones al plano estrictamente parlamentario. Nadie ha hecho siquiera amago de interponer una querella aunque los antecedentes vividos en casos similares llevan a expertos en la lucha contra la corrupción a augurar que "alguien terminará por presentarla".

De la inmunidad al aforamiento ante el Supremo

A diferencia de los delitos cuya consumación empieza y termina en el mismo momento en que se cometen –por ejemplo, un homicidio– los expertos subrayan que el blanqueo de capitales se sigue perpetrando mientras dure la afloración del dinero negro que pretende reintegrarse a los cauces económicos legales. Y lo que relata la aristócrata alemana –coinciden los juristas– encajaría de ser cierto con ese delito. Una de las fuentes pulsadas por este periódico y que, como las restantes, pidió mantenerse en el anonimato, lo explica de esta forma: "En este caso, la inmunidad la tendría en lo que se refiere al delito fiscal si es que lo cometió al ocultar dinero durante su reinado pero con que moviera un solo céntimo de ese dinero tras su abdicación estaría incurriendo en un delito de blanqueo que sería perseguible por el Tribunal Supremo".

La mención expresa al Tribunal Supremo resulta obligada por cuanto, tras su renuncia a la corona, Juan Carlos I pasó de ser inviolable –es decir, inimputable– a aforado ante el alto tribunal. La ley con que el Gobierno del PP cerró a efectos legales la crisis abierta por la abdicación dibuja la nueva situación en el siguiente pasaje: "Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional, por lo que, al no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que debe aplicársele en relación con las actuaciones procesales que le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Esa reforma introdujo en la citada Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) un nuevo artículo, el 55 bis, que dice esto: "Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte".

Los Técnicos de Hacienda piden que se investigue si hubo delito fiscal

Así las cosas, la ley faculta al Tribunal Supremo a actuar contra el rey emérito llegado el caso. ¿Solo por blanqueo? Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) entienden que no. Gestha pidió este jueves a la Agencia Tributaria (AEAT) que inicie una investigación y demostrar así que no existen "escudos fiscales" para proteger a la familia real. Según el sindicato de técnicos, el Rey emérito podría ser investigado por fraude fiscal y blanqueo si se acredita la veracidad de las cintas grabadas a la "amiga" de Don Juan Carlos.

Los técnicos abogan por iniciar las investigaciones tributarias, ya que consideran que hay indicios suficientes para llevarlas adelante, pues las acusaciones vertidas en las cintas publicadas "tienen la entidad suficiente como para que la AEAT les preste la máxima atención y las verifique".

Así lo aseguran en un comunicado en el que recuerdan que Juan Carlos de Borbón estaba obligado a declarar todos sus bienes en el extranjero en el modelo 720 desde el año 2013. Y todo ello, explican, a la vista de las revelaciones de que supuestamente el monarca emérito, a través de su abogado en Suiza, Dante Canonica, creaba "estructuras" opacas, concedía préstamos y propiedades a Corinna que luego le reclamaba y ponía cuentas de bancos suizos a nombre de su primo Álvaro de Orleans y Borbón, residente en el paraíso fiscal de Mónaco.

Gestha recuerda que, si se acredita que el monarca emérito es el verdadero titular del terreno de Marrakech mencionado por Corinna así como de las cuentas en Suiza a que se refiere igualmente en la conversación grabada  y no las ha declarado en el modelo 720, el valor de dichos bienes es "imprescriptible" y tributará en el IRPF de 2014, último año no prescrito a esta fecha, como una ganancia patrimonial no justificada al tipo marginal del 51,5% al tener su residencia en Madrid.

Los técnicos de Hacienda remarcan también que, en este supuesto, el monarca emérito podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves, e incluso si el valor de los bienes en el extranjero no declarados supera los 233.010 euros, podría estar incurso en un posible delito de fraude fiscal en el IRPF de 2014, si la declaración del modelo 720 no fue correcta y completa.

También creen que podría haber un posible delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza paga a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones.

Asimismo, los técnicos de Hacienda entienden que deberían investigarse las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por su posible colaboración en los supuestos delitos, como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones del rey emérito.

Por último, Gestha señala la conveniencia de que el resto de los miembros de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero en un ejemplo de transparencia que zanjara cualquier especulación o implicación en este caso.

La Casa del Rey y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) declinaron este miércoles pronunciarse sobre las grabaciones en que Corinna zu Sayn-Wittgenstein asegura que Juan Carlos I la usó como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero y que se valió también de su primo Álvaro de Orleans Borbón para esconder dinero en una cuenta suiza. A preguntas de infoLibre, portavoces oficiales de ambas instituciones se negaron a ofrecer su versión. "Tampoco existió pronunciamiento oficial sobre todas esas cuestiones en episodios anteriores", indicaron en Casa del Rey.

La aristócrata alemana, que cita de forma expresa a un abogado suizo que trabajó para el gestor de fondos de la trama GürtelGürtel y titular de Soleado, la cuenta más misteriosa de todas las investigadas en ese caso, lanza una segunda acusación, esta ya difundida hace un año por el propio autor de la grabación ahora desvelada, el excomisario José Manuel Villarejo, preso preventivo por cohecho y blanqueo. Y esa segunda acusación es la de que el recién ratificado director del CNI, Félix Sanz, amenazó la vida de la que fue amiga íntima de Juan Carlos I y la de sus hijos. 

Juan Carlos I –se oye decir a la aristócrata– puso propiedades a su nombre no porque la quisiera sino porque tiene su residencia oficial en el paraíso fiscal de Mónaco, donde el concepto declaración de patrimonio ni siquiera existe. Pero ella –remarca en la conversación– siempre se negó a participar en esa estratagema porque aceptar como propios bienes ajenos para reintroducirlos luego en el cauce legal sería "blanqueo". Es decir, un delito por el que podría ser penalmente perseguida. Tras su abdicación en 2014, Juan Carlos I mantuvo intacta su condición de persona inimputable por hechos que se hubieran producido durante su reinado. "Están haciéndome la guerra porque yo no quiero cometer un delito", sostiene Corinna en otro momento de la charla, cuya fecha exacta se desconoce.

Difundidas por elespanol.com y okdiario.com y supuestamente idénticas a las que forman parte del inmenso lote –ocho terabytes– de escuchas a personalidades de la vida española que fueron captadas de manera subrepticia por Villarejo y que ahora obran en poder de la Audiencia Nacional, las grabaciones ya han llegado al Congreso.

Apenas horas después de que los dos medios citados publicasen los archivos de audio en los que Corinna atribuye en la práctica un delito al rey emérito, Izquierda Unida anunció que su coordinador general, Alberto Garzón, prepara una batería de iniciativas sobre el asunto. IU quiere que se convoque la Diputación Permanente del Congreso para que apruebe, por un lado, la convocatoria de la comisión de secretos oficiales y la comparecencia del director del CNI y, por otro, la de gastos reservados para que allí sea la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ofrezca explicaciones.

Desde Ciudadanos, su portavoz de Economía en el Congreso, Toni Roldán, consideró que es la Justicia la que tiene que dar "una respuesta". "La Justicia española ha demostrado que todos somos iguales ante la ley y en este caso tendrá que hacer lo mismo", agregó Roldán.

La "anomalía" de ser inimputable

El pronunciamiento de mayor dureza partió del secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral.  Las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, dijo Mayoral, evidencian la "histórica" relación de los Borbones con la corrupción.  El diputado considera que las grabaciones de Villarejo ponen encima de la mesa la "anomalía democrática" que, a su juicio, supone la existencia de una institución "que no está sometida ni a escrutinio popular ni la tutela de los tribunales". Es esa circunstancia –subrayó– la que crea "espacios de impunidad" que provocan que las "cloacas del Estado" hagan emerger asuntos que "se sabían" desde "hace tiempo". "No es la primera vez que se habla de cuentas en Suiza de los Borbones", apostilló.

Con sus palabras, Mayoral ponía el acento en dos puntos capitales. El primero, que Villarejo está trasladando desde prisión el mensaje de que posee munición suficiente para amenazar a los poderes del Estado por su encarcelamiento bajo la acusación de cohecho y blanqueo. Y el segundo, que nunca se ha esclarecido lo que en la escena española continúa siendo un interrogante tabú: el de cuál es la fortuna verdadera del rey emérito, de qué fuentes proviene y si realmente su patrimonio ha transitado o lo sigue haciendo por circuitos cuya opacidad convertirían automáticamente en sospechoso de delito a cualquier ciudadano que los utilizase.

En su conversación con Villarejo, interlocutor de Corinna en la conversación grabada, la aristócrata pone un ejemplo de cómo funcionaba el sistema. El diario elespanol.com transcribe así ese pasaje: "Es él [Alvaro de Orleans-Borbón, primo segundo del rey emérito] el que paga los vuelos hasta Los Ángeles y otros vuelos privados. Salen de Torrejón para no controlar (sic). De la zona militar. Pero es una compañía inglesa. Se llama Air Partners y salen con los aviones alquilados. Es Álvaro el que está pagando". "Entonces ahora están tratando que yo pase estas cosas a Álvaro a través de Dante [Canónica, abogado suizo]". La princesa se refiere de ese modo a las propiedades que el padre de Felipe VI puso presuntamente a su nombre y quiso recuperar tras su ruptura. 

La cuenta Soleado y los nombres tachados

Según elespanol.com, Álvaro de Orleans-Borbón ha negado de forma rotunda que alguna vez actuase como testaferro de Juan Carlos I. Orleans –afirma el citado digital– es que desde sus cuentas se han sufragado en contadas ocasiones gastos de viajes u otros detalles al rey emérito.  "Han sido atenciones por mi parte, igual que él las ha tenido conmigo", aduce.

OKdiario recalca que las palabras de Corinna confirman lo publicado en 2013 por el autor de la información, Manuel Cerdán, sobre los pagos de los viajes en jets privados de Don Juan Carlos y Corinna con cargo a Soleado, una cuenta buzón controlada en Suiza por Arturo Fasana, gestor de fondos de los principales integrantes de la trama Gürtel pero no solo de ellos. Desde Soleado, añade el referido portal de noticias, Fasana transfería a la compañía aeronáutica Air Partners unos 300.000 euros anuales.

Abierta en el Credit Suisse de Ginebra, la cuenta Soleado constituye en sí misma un ángulo ciego del caso Gürtel tras diez años de investigación judicial. El pasado 17 de abril, durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP, el empresario José Ramón Blanco Balín deslizó una enigmática afirmación al respecto. Considerado el cerebro financiero que asesoraba a Francisco Correa y los suyos, Blanco Balín se cuenta entre los condenados tras el juicio de la pieza troncal del caso. Y lo que dijo fue esto:  que la cuenta Soleado fue "revisada totalmente por las autoridades españolas en todos sus movimientos (...) Otra cosa es que las autoridades correspondientes hayan tachado operaciones que no corresponden a gente involucrada en la operación [Gürtel]".

Quien le interrogaba, el diputado de Bildu Oskar Matute, reaccionó así: "Eso es contabilidad creativa, lo de tachar cosas". Y Blanco Balín puso entonces el colofón: "Pregúnteles usted a las fiscales".