Ni la bajada de los tipos de interés, ni las incertidumbres geopolíticas globales, ni las OPA hostiles, ni los cambios en las cúpulas, ni el impuesto extraordinario hacen mella en los resultados de la gran banca española. En los nueve primeros meses del año las seis mayores entidades financieras españolas han vuelto a romper récord de beneficios. Han ganado 23.656 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo de 2023.

Aunque la época del dinero caro, tras la invasión rusa de Ucrania, ha tocado a su fin con la inflación bajo control y el PIB europeo en riesgo de caída, los bancos españoles siguen presumiendo de resultados galácticos. E incluso de una rentabilidad mejorada. Compensan la desescalada de tipos aumentando su volumen de negocio –reforzando su operativa comercial: más hipotecas, más cuentas nómina–, y diversificándose geográficamente. El consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, aseguró en la presentación de resultados que su objetivo es convertir la entidad “en el banco principal” para sus clientes, y de ahí que, por ejemplo, haya prorrogado ya varias veces la promoción en la que ofrece el pago de 400 euros a cambio de domiciliar la nómina. Una guerra por las cuentas a cambio de un regalo en efectivo en la que están embarcados los mayores bancos del país.

Grisi, de hecho, anunció que el Santander seguirá batiendo récords de beneficios –“Lo mejor está por venir”, avanzó– en el futuro, pese a la moderación de los tipos de interés y la consiguiente rebaja de los márgenes bancarios.

El banco que preside Ana Patricia Botín ganó 9.309 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un 14% más que en el mismo periodo de 2023, superando las previsiones del mercado. Y aumentando el número de sus clientes hasta los 171 millones, cinco millones más. Precisamente a la mayor “actividad de clientes” y a la “buena gestión de los márgenes” atribuye el banco la subida del 8% del margen de intereses –la diferencia entre ingresos y costes financieros, que sirve para medir el negocio puramente bancario–.

Al mismo tiempo, ha mejorado su rentabilidad, alcanzando un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,2%.

Los números son tan positivos, destaca el banco en el informe sobre sus más recientes resultados, que ya en julio revisó al alza tres de sus objetivos para este año: el crecimiento de los ingresos, la ratio de eficiencia y el mencionado RoTE.

Sin embargo, aun con semejante bonanza, el Santander va a despedir a 1.425 trabajadores en su filial del Reino Unido, según alega, debido al “cambio del modelo operativo del grupo y de la simplificación y automatización de procesos” que está llevando a cabo. “Es posible que al final el recorte afecte a un número de empleos algo mayor. Dependerá de cómo evolucione el proceso”, advirtió Grisi.

Los cuantiosos beneficios y grandes expectativas tampoco impiden al Santander atacar el impuesto temporal a la banca que creó el Gobierno en 2022 y cuya extensión durante tres años más acaba de pactar el PSOE con PNV y Junts. Hace una semana, Ana Patricia Botín dijo durante un acto en Washington que el gravamen va “contra el crecimiento” y no facilita “un ambiente inversor y más atractivo y dinámico”, informa Efe.

No ha sido la única crítica. La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, arremetió contra el “mercadeo político” que, a su juicio, se está practicando en torno al polémico impuesto. Ortiz pidió una “discusión entre adultos” en temas fiscales y reiteró que el banco recurrirá el gravamen si considera que no cumple la normativa, pero sin amenazar con llevarse “nada a ningún sitio”, en alusión a Repsol, que advirtió de su intención de trasladar inversiones a otros países si se mantenía en vigor el impuesto a las energéticas.

Este mismo jueves, fue el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, quien cargó contra el gravamen: “Lo que me parece más grave es que consagra y exagera la discriminación entre entidades. Es un impuesto progresivo, algo en lo que creo en las personas físicas, pero en las jurídicas es un concepto que se me escapa. Se está gravando según el tamaño y nosotros somos la entidad financiera más grande en España; por tanto, seremos los que más paguemos”. Gortázar se lamentó de que al gravamen bien podría llamársele “tasa Caixabank”.

El impuesto a la banca, que originalmente era del 4,8% sobre los ingresos, pasará a ser progresivo desde un mínimo del 1% hasta un máximo del 6% en función de la base liquidable, que es el que corresponde a Caixabank. Pero también se permitirá una deducción del 25% en el impuesto de sociedades y una deducción extraordinaria en caso de que la rentabilidad de la entidad baje de un determinado umbral. Este año, Caixabank ha pagado 493 millones de euros en concepto de gravamen extraordinario. En total, según los cálculos de Efe, los seis grandes bancos nacionales han abonado un total de 1.500 millones de euros por el impuesto. Es decir, aún sin finalizar el ejercicio, esa cantidad equivale a sólo el 6,34% de sus beneficios. En 2023, el Santander pagó 224 millones por el impuesto –un 8,7% de sus beneficios–, el BBVA 225 millones y Caixabank, el que más, 373 millones de euros.

El BBVA ganó 7.622 millones entre enero y septiembre, más que nunca en ese periodo y un 28% más que en los nueve primeros meses de 2023. El banco lo atribuye, al igual que el Santander, al aumento del crédito y de los depósitos. El negocio en España creció un 37,6%. Y la rentabilidad sobre recursos propios, un 20,1%. Ni al BBVA ni al Sabadell les ha penalizado la OPA hostil que el primero lanzó sobre el segundo el pasado mayo y que está pendiente de autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Hemos cerrado, un trimestre más, una mejora de la rentabilidad y la solvencia, lo que apoya la creación de valor para los accionistas de forma recurrente y el proyecto en solitario de Banc Sabadell”, elogió el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, al presentar los beneficios del banco: 1.295 millones de euros, un 25,9% más que entre enero y septiembre de 2023. Unas cifras que son el resultado del alza del 26% en el crédito a empresas y de un 34% en el número de hipotecas. La rentabilidad también ha mejorado, casi dos puntos, hasta el 13,2%.

En Caixabank la presentación de resultados ha servido también para anunciar la renuncia voluntaria de José Ignacio Goirigolzarri como presidente ejecutivo de la entidad, y su sustitución por Tomás Muniesa. Caixabank cumple así con la recomendación del BCE, que presiona para que se separen las funciones ejecutivas y no ejecutivas en los órganos de poder de los bancos. Ya lo han hecho Bankinter y Unicaja, que cuentan con un consejero delegado y un presidente ejecutivo, pero aún mantienen todo el poder Ana Patricia Botín en el Banco Santander, Carlos Torres en el BBVA y Josep Olíu en el Banco Sabadell.

El cambio en la cúpula se produce mientras Caixabank se apunta unos beneficios de 4.248 millones de euros hasta septiembre, un 16,1% más, gracias a “una intensa actividad comercial, una morosidad contenida, solvencia y liquidez muy por encima de los requerimientos y una rentabilidad que ha alcanzado niveles razonables”, en palabras de Gonzalo Gortázar. Por ejemplo, las suscripciones netas de fondos de inversión, seguros y planes de pensiones han crecido nada menos que un 54,3%, y las hipotecas, un 55%.

Los beneficios de Bankinter han sido más modestos, 731 millones de euros, un 7% más que el año anterior, mientras su rentabilidad sobre recursos propios se eleva al 18%. La entidad atribuye los números a un “sólido crecimiento en todos los volúmenes del negocio con los clientes”.

El sexto mayor banco español, Unicaja, ganó 451 millones de euros hasta septiembre, un 58% más que en el mismo periodo de 2023. Gracias a la caída de los tipos de interés, las hipotecas repuntaron un 35%. Mientras que su RoTE ha mejorado dos puntos, hasta el 10%.

También podría añadirse a la lista de los grandes beneficios Abanca, heredera de las quebradas cajas de ahorro gallegas. Porque la entidad presidida por Juan Carlos Escotet ganó 988,1 millones de euros hasta septiembre –casi el doble que Unicaja y por encima de los de Bankinter–, nada menos que un 160% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra incluye la integración del banco portugués EuroBic. Aun sin contar esa operación, los beneficios de Abanca sumaron 638 millones de euros, un 48,8% por encima de los resultados de septiembre de 2023. Su rentabilidad roza el 17%. Como el resto de la banca, la entidad gallega gana gracias a un aumento del crédito a particulares del 12,1% y a empresas del 12,7%, así como al 22% en que han crecido los depósitos.

El goteo de quiebras bancarias en Estados Unidos, con las turbulencias bursátiles que está acarreando, y el miedo al contagio, mientras la incertidumbre no deja de sacudir los mercados en Europa, apenas han rozado a los bancos españoles en el comienzo del año. Animados por las subidas de tipos de interés que aún no han frenado la actividad económica, los grandes bancos españoles continúan hasta marzo la misma tónica optimista con la que acabaron 2022. Las seis mayores entidades han ganado 5.696 millones de euros y, si se les suman los beneficios de Abanca y Kutxabank, alcanzan los 5.911,9 millones. Casi un 13% más que en el primer trimestre de 2022.

Y, pese a que todos los bancos han destacado en la presentación de sus resultados las cuantías que han pagado a Hacienda por el nuevo impuesto, lo cierto es que el tributo apenas ha arrugado unas cifras de las que todos presumen. Los ocho mayores bancos han abonado un total de 1.206 millones de euros por el gravamen que se aprobó el pasado diciembre. La previsión del Gobierno era llegar a los 1.500 millones.

El impuesto temporal a la banca, diseñado como una prestación patrimonial, grava con un 4,8% los intereses y comisiones de las entidades que facturaran más de 800 millones en 2019, el año previo a la pandemia. Sólo de la actividad que desarrollen en España y sólo durante dos ejercicios, el actual y 2024. Es decir, los bancos no tributan por sus beneficios, sino por sus ingresos, lo que ha suscitado el rechazo del sector. El margen de intereses es la diferencia entre ingresos y costes financieros y sirve para medir el negocio puramente bancario. Las comisiones netas resultan de la diferencia entre las comisiones que cobra el banco y las que paga.

Ambas magnitudes gozan de una excelente salud en este comienzo del año: el margen de intereses de los ocho mayores bancos se ha disparado hasta los 20.603,3 millones, un aumento de casi el 43% respecto al primer trimestre de 2022, mientras que los ingresos por comisiones ascienden a 6.099 millones, un 4,5% más. En los casos de Bankinter y Kutxabank, además, los ingresos por intereses escalan un 63,2% y un 69,8%, respectivamente. Caixabank, Abanca y BBVA los han mejorado un 48,6%, un 47,4% y un 43,3%. El Santander es el banco cuyo negocio bancario ha crecido menos, y aun así lo ha elevado un 17,4%.

Los ingresos por comisiones no han tenido una mejora tan espectacular. Pero, aun así, el BBVA los ha aumentado un 15,8%, Abanca un 9,8% y el Santander un 8,2%. Sólo Sabadell –un 2,4%– y Kutxabank –un 0,9%– han tenido menos ingresos por comisiones este primer trimestre que en 2022.

En consecuencia, Caixabank y BBVA subrayan la “solidez” de sus resultados, “fruto del dinamismo comercial y de la fortaleza del balance de la entidad, pese al contexto de incertidumbre financiera”, según la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri. “Seguimos a la cabeza de la banca europea en eficiencia y rentabilidad, con el retorno sobre el patrimonio tangible más elevado de los últimos 10 años. Miramos al futuro con optimismo, gracias a nuestra solidez financiera, nuestro modelo de negocio y el foco estratégico en digitalización, innovación y sostenibilidad”, resaltó por su parte el consejero delegado de BBVA, Onur Genç cuando presentó los resultados. No es para menos: el beneficio de su banco hasta marzo –1.846 millones de euros– ha crecido un 39,4% respecto al mismo periodo de 2022. El de Caixabank –855 millones–, un 21,1%.

Las ganancias del Santander ascendieron a 2.571 millones de euros, gracias al “fuerte crecimiento de la actividad comercial”, asegura la entidad. Dice que su base de clientes ha aumentado en nueve millones, las hipotecas un 2%, los créditos al consumo un 9% y los depósitos un 6%. Sin embargo, el beneficio ha crecido sólo un 1,1% respecto a hace un año; sin el gravamen temporal, el crecimiento habría sido del 8%, según se encarga de señalar el banco de Ana Patricia Botín.

El Santander ha pagado 224 millones por el impuesto –un 8,7% de sus beneficios–. El BBVA, 225 millones y Caixabank, el que más, 373 millones de euros. Las entidades detallan cuánto habría crecido su beneficio si no hubieran tenido que abonar el nuevo tributo. En el caso del BBVA, en España ganó 541 millones en el primer trimestre, un 9,5% menos que el año pasado, dice, por culpa del impuesto. Al tiempo, reconoce que su negocio en el país se está beneficiando de las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) “y de la contención en el coste de los depósitos”, que en España las entidades financieras están remunerando muy por debajo de los bancos europeos. El BBVA, según dejó claro su consejero delegado, Onur Genç, no piensa en mejorar la retribución de los depósitos a sus clientes en el corto plazo, por el “exceso de liquidez” del sistema.

Kutxabank también puede hacer gala de beneficios, 110,7 millones de euros, nada menos que un 47,3% más que hace un año, el mayor aumento de los ocho grandes. Ha pagado 47 millones por el nuevo gravamen. Sin el impuesto, su resultado habría superado los 155 millones de euros; es decir, lo habría aumentado un 106,4%, más que duplicado de un año para otro. Abanca, que ha desembolsado 39 millones por el nuevo tributo, ganó este primer trimestre 105,2 millones de euros, un 29,6% por encima de sus resultados de 2022. Bankinter –184,7 millones–ha mejorado sus ganancias un 19,7%, tras pagar 77 millones a Hacienda. E incluso piensa en revisar al alza sus previsiones para todo 2023, porque espera que los ingresos por intereses crezcan un 25%, cinco puntos más de lo que planificaron en enero. Sólo el Banco Sabadell y Unicaja han tenido esta apertura de ejercicio menos beneficios que el año pasado. La entidad presidida por Josep Oliu ha sufrido un descenso del 4% en el resultado, hasta los 205 millones de euros. Su factura fiscal ha sido de 157 millones, por lo que, si no lo hubiera pagado, habría ganado 361 millones, un 69,4% más que en 2022.

La caída de Unicaja ha sido mucho mayor, un 43,2%, hasta los 34 millones de euros, después de pagar 63,8 millones de euros al fisco. Sin el impuesto, el beneficio habría crecido un 63%. La entidad viene de una fusión convulsa con el asturiano Liberbank y de una etapa de conflicto alrededor del expresidente de su fundación, Braulio Medel. En 2022 ejecutó un ERE para 1.513 trabajadores. El director financiero de Unicaja, Pablo González, anunció el mismo día de la presentación de resultados que la entidad estudia una reducción de costes que puede incluir un nuevo recorte de la plantilla. Pero el descenso del beneficio no será obstáculo para aumentar la remuneración de los accionistas, añadió González, a través de un programa de recompra de acciones. También mencionó nuevas inversiones en financiación al consumo o en banca privada.

En todo caso, los bancos ya abonaron a Hacienda –lo hicieron en febrero– el importe anual del impuesto, por lo que el resto del año el tributo no dañará sus cuentas, a la espera de cómo afecte en Europa la crisis financiera en ciernes en Estados Unidos. La liquidación definitiva será en septiembre. Todos han pagado antes de recurrir el impuesto ante los tribunales, sumándose a las acciones judiciales que iniciaron las dos patronales del sector, la AEB –bancos– y la CECA –antiguas cajas de ahorro–.

La sombra que aparece en el horizonte del año con los rescates del Silicon Valley Bank y el First Republican Bank en Estados Unidos y el Credit Suisse en Suiza asomó en España con una pérdida de depósitos que ascendió a 19.000 millones de euros para el Banco Santander, un 5% de los 394.700 millones con que contaba en diciembre. El banco le quita importancia, pues lo considera un fenómeno “estacional”. “El descenso en los depósitos siempre es cíclico y en este caso ha sido en Santander Corporate & Investment Banking, la unidad de negocio de inversión del grupo. No es muy relevante en cuanto al tamaño total de la cartera, y esperamos que vuelvan al final del año”, aseguró el consejero delegado, Héctor Grisi.

El mismo contagio sufrió el BBVA, con una salida de depósitos de 7.000 millones de euros en el primer trimestre. También lo atribuye la entidad a un componente estacional, y lo desecha como “algo marginal”. El banco, que descarta aumentar la remuneración de los depósitos a los clientes, sí que tiene previsto repartir un dividendo extraordinario este año o el próximo, utilizando para ello el exceso de capital de 4.000 millones procedente de la venta de su negocio en Estados Unidos.

La gran banca ganó 20.849 millones de euros en 2022, lo que significa que ha mejorado sus beneficios un 28,3% respecto al año precedente. Entonces, los cinco bancos del Íbex 35 –Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter– y Unicaja sumaron 16.240 millones de ganancias sin contar los impactos extraordinarios que les proporcionaron a Caixabank la fusión con Bankia –2.867 millones– y a Bankinter la salida a Bolsa de Línea Directa –895,7 millones–. La cifra del año en que estallaron la guerra en Ucrania y la crisis energética y de precios supera no sólo la de 2021, sino también la de 2019, antes de la pandemia, e incluso deja atrás los beneficios históricos de 2007, antes de que se rompiera la burbuja inmobiliaria.

De hecho, los dos gigantes del sector, Santander y BBVA, han batido sus propios récords: el banco de Ana Patricia Botín ganó 9.605 millones de euros en 2022, un 18% más que el ejercicio anterior y un 6% más que en 2007, su anterior plusmarca, mientras que el que dirige Carlos Torres Vila supera en un 38% los beneficios de 2021 y alcanza los 6.420 millones, por encima también de los 6.126 millones ganados en 2007.

Las demás entidades pueden presumir igualmente de resultados. Caixabank ha ganado un 29,7% más, hasta los 3.145 millones de euros, respecto a 2021 y sin contar la fusión con Bankia. Banco Sabadell aumentó sus beneficios un 62% y consigue 859 millones, un 9,8% más que en 2007. Bankinter mejora sus resultados un 28,1% con unas ganancias de 560,2 millones, un 54,7% más que en 2007. Finalmente, Unicaja ha disparado su beneficio un 88,9% respecto a 2021, tras ganar 260 millones de euros.

A pesar de las incertidumbres económicas del año, tras estallar la guerra en Ucrania y dispararse primero los precios de la energía y después todos los demás, los seis mayores bancos españoles han aumentado sus clientes –siete millones más el Santander, 11,2 millones el BBVA– y su cartera de créditos –un 13,3% el BBVA, un 14% el crédito al consumo del Sabadell, un 7% el crédito a empresas de Caixabank–, al tiempo que han reducido la morosidad –Caixabank hasta su mínimo histórico, el 2,7%–.

En consecuencia, han elevado todos sus márgenes. El margen de intereses, que es la diferencia entre ingresos y costes financieros y sirve para medir el negocio puramente bancario, sumó 71.082 millones de euros en 2022. De esa cifra, más de la mitad –el 54,3%– corresponde al Santander. Todos mejoraron ese parámetro el año pasado; los que más, el BBVA, con un 30,4% y Bankinter con un 20,5%.

Lo mismo ha ocurrido con las comisiones netas, la diferencia entre las comisiones que cobra el banco y las que paga. Han sumado 23.733 millones de euros, también por encima de las registradas en 2021 en todas las entidades.

Ambas magnitudes son las que grava el impuesto extraordinario a los bancos que el Gobierno empieza a cobrar este mismo sábado. El tributo deberán pagarlo las entidades financieras que facturaron más de 800 millones de euros en 2019 y gravará con un 4,8% los márgenes de intereses y las comisiones netas de los años 2022 y 2023. Pero sólo del negocio de los bancos en España. Las dos cifras anteriores incluyen también su negocio internacional.

Al mismo tiempo que anunciaban sus magníficos resultados, los bancos avanzaron cuánto les va a costar el nuevo impuesto. Entre 1.170 y 1.210 millones de euros para las seis mayores entidades. Por tanto, los beneficios de récord conseguidos el año pasado multiplican casi por 20 esa factura fiscal. Santander calcula que deberá pagar entre 220 y 230 millones de euros, Caixabank 400 millones, BBVA 225 millones, Sabadell 170 millones de euros, Bankinter entre 80 y 100 millones y Unicaja entre 75 y 85 millones. Pero no serán los únicos que tendrán que pagar. Abanca, que aumentó sus beneficios un 41% en 2022, hasta los 217 millones de euros –y su margen de intereses un 14,2%– calcula en unos 50 millones el coste del gravamen.

El banco que preside Juan Carlos Escotet es uno de los que ha anunciado ya que recurrirá en los tribunales el nuevo impuesto, lo mismo que ha hecho la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa. “Es un impuesto injusto, arbitrario, confiscatorio y que no tiene ninguna razón objetiva”, criticó en la presentación de resultados, tras anunciar que el banco había alcanzado en 2022 con un año de anticipación, los objetivos de beneficio previstos para 2023.

Estos excelentes resultados los está cosechando la banca cuando, según reconoce, aún no están notando del todo la subida de los tipos de interés. El BCE empezó a elevar el precio del dinero el pasado julio. La última subida, que se anunció el pasado jueves, lo ha puesto en el 3%. Y la presidenta del supervisor europeo ya ha adelantado que en marzo volverá a aumentar los tipos otro medio punto. Con el dinero más caro, los préstamos también cuestan más a los clientes y los márgenes bancarios crecen.

Pero, al mismo tiempo, los bancos españoles no están aumentado los tipos con que remuneran los depósitos, que dejaron de retribuir cuando los tipos se pusieron al 0% en 2016. Los responsables de las principales entidades financieras han dejado claro que no se va a desatar una guerra por captar clientes subiendo la remuneración de los depósitos. Lo descartaron el consejero delegado del BBVA, Onur Genç –dijo que el banco ya tenía mucha liquidez–, y el director financiero de Unicaja, Pablo González: “El regreso a la remuneración de los depósitos tomará algo de tiempo y será gradual”.

De hecho, según datos del BCE, los bancos españoles son los que menos están compensando a los ahorradores, junto con los portugueses. Ofrecen de media una rentabilidad de sólo el 0,41% en depósitos con vencimientos menores a un año, mientras que la media de la eurozona es del 1,12%. Los bancos alemanes retribuyen los depósitos con el 1,34% de media, los belgas, con el 1,50%, los italianos llegan al 1,78% y los franceses al 1,83%. Los más generosos son los holandeses, que pagan el 1,85%. 

2022 ha sido un año tan bueno que incluso ha permitido a la banca española recuperar la rentabilidad. El ROE, un indicador que mide la rentabilidad sobre el patrimonio, es del 14,1% en el caso del BBVA, del 11,98% en el de Bankinter o del 10,67% en el del Santander. La media de la UE se sitúa en el 7,8%, según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

También han mejorado sus ratios de solvencia, que se sitúan por debajo de la media europea. Bankinter dice que su ratio de capital CET fully loaded –el capital de máxima calidad– ha subido hasta el 12%, más de cuatro puntos porcentuales por encima del 7,7% que el BCE ha establecido para el banco de Dancausa para 2023. El de Unicaja es del 13%, el del BBVA del 12,6% y el del Santander, del 12,04%.

Con los beneficios en niveles históricos y pese a la incertidumbre económica y el impacto del nuevo impuesto que temen en sus cuentas, los bancos no han dudado en aumentar el reparto de dividendos. De hecho, BBVA ha anunciado que destinará más de 3.000 millones –casi la mitad de sus ganancias anuales– a retribuir a sus accionistas. Así que elevará hasta 43 céntimos el pago por acción, el más alto en 14 años, y ejecutará un plan de recompra de acciones –otra forma de retribución– por importe de 422 millones de euros. “Es posible que haya otros pagos extraordinarios a nuestros accionistas en el futuro”, anunció Onur Genç en la presentación de los resultados, “no nos gusta operar con exceso de capital”.

El Sabadell también aumentará la retribución a los accionistas, del 31,8% de los beneficios que repartió en 2021 al 50% en 2022. Un total de 430 millones, entre el plan de recompra de 204 millones y un dividendo de 0,04 euros por acción. El dividendo de Caixabank crece en 2022 un 58% respecto al año anterior y alcanza los 0,23 euros por título. En total, la entidad destinará a remunerar a los accionistas el 55% de sus beneficios.

El Santander, por su parte, no sólo va a dedicar el 40% de sus beneficios a pagar dividendos sino que, además, subirá los salarios de sus empleados un 4,5% este año. En un primer momento, y a diferencia de otros bancos, iba a aplicar el aumento sólo a los trabajadores que no cobran complementos voluntarios. El convenio del sector permite a las entidades compensar y absorber las subidas salariales a quienes perciban esos complementos. Pero los sindicatos habían pedido al Santander que aplicara la mejora a toda la plantilla, dada la crisis inflacionista. El banco anunció el jueves que lo hará “tras conocerse que la inflación sigue por encima del 5%”. Lo mismo han hecho BBVA, Sabadell y Bankinter.

Hasta en la Bolsa les ha ido bien a los bancos en 2022, después de años con las cotizaciones hundidas. Desde enero del año pasado, la cotización del Sabadell ha mejorado casi un 37% y un 21,4% la del BBVA. Caixabank ha subido un 20%, mientras que Bankinter y Santander se han quedado más cortos, con un 15% y un 7%, respectivamente.

Centenares de empleados de banca protestaban este viernes ante las oficinas centrales de Caixabank en Valencia mientras su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, anunciaba los 2.457 millones de euros que ha ganado la entidad entre enero y septiembre de este año. En Madrid, en A Coruña y en otras ciudades españoles se repitieron las manifestaciones de los trabajadores bancarios, que reclaman desde hace semanas subidas de salarios que les compensen del alza de la inflación. Hasta el momento, las dos patronales del sector, AEB y CECA, se muestran reticentes a igualar la escalada del IPC, que se sitúa en el 7,3% según ha publicado también este viernes el INE. Los sindicatos reprochan a los bancos los “beneficios récord” que han presentado a lo largo de esta semana y los “dividendos astronómicos” que van a repartir entre los accionistas, al tiempo que se niegan a evitar a los trabajadores la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo.

En efecto, los cinco grandes bancos españoles, Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter y Sabadell, han ganado hasta septiembre 15.754,1 millones de euros, un 31,59% más que en el mismo periodo de 2021. Todos ellos han mejorado sus ingresos, especialmente los procedentes del negocio bancario puro: cobrar por prestar dinero y remunerar los depósitos.

Mientras el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, se felicitaba este viernes por haber obtenido unos “muy buenos resultados y de gran calidad” en lo que va de año, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, presumió de que en la entidad van “muy sobrados” para afrontar periodos económicos más difíciles. Por su parte, Caixabank ha duplicado la concesión de hipotecas, aumentado el crédito al consumo un 23% y aún más la financiación a las empresas, un 47%. El Sabadell, que también ha crecido en créditos al consumo, un 18%, y en hipotecas, un 7%, asegura que ha alcanzado un “récord histórico” en la facturación con tarjetas –un 17%– y en los terminales de punto de venta en comercios –un 33%–.

Sin embargo, los bancos creen que esos resultados tan extraordinarios no justifican el impuesto temporal que prepara el Gobierno. “No me parece lógico, y mucho menos perpetuarlo en el tiempo”, ha criticado Gonzalo Gortázar, quien rechaza la prestación patrimonial porque grava los ingresos y no los beneficios. “Si tuviéramos una recesión mucho peor y hubiera entidades con caídas de resultados y pérdidas”, explicó, “tendrían que hacer frente al impuesto, aparte de otros efectos discriminatorios, porque hay entidades afectadas y otras no”. Para el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, el problema estriba en que los resultados “supuestamente extraordinarios” de los bancos no son “los que espera el mercado”. “Los resultados tienen que ser consonantes con el capital invertido y no parece que ahora que los resultados son mejores esté justificada una presión impositiva sobre un sector que no cumple con las exigencias de rentabilidad”, argumentó.

El impuesto a la banca gravará con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que ingresaran en 2019 más de 800 millones de euros por ambos conceptos. Es decir, además de a los cinco grandes bancos, probablemente afectaría a Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar.

El rechazo al impuesto y a compensar a sus trabajadores por la subida de la inflación no ha sido óbice para que los responsables de los principales bancos hayan expresado su voluntad de negociar con el Gobierno una fórmula de ayuda a las familias “vulnerables” que no puedan pagar sus hipotecas. “Estamos en el mismo barco”, aseguró el consejero delegado del Santander, José Antonio Alvárez, en referencia a un mecanismo para ampliar el plazo de las hipotecas que se encarezcan más de un 30% por la subida del euríbor y que quedará incluido en el Código de Buenas Prácticas del sector.

El caso es que también el BCE ha tomado medidas para recortar los beneficios extra que los bancos obtienen de aparcar en las reservas del supervisor europeo el exceso de liquidez que les han brindado las operaciones de refinanciación puestas en marcha con el covid y que aún no han devuelto. Gracias a las subidas de tipos, las entidades financieras reciben un interés del 1,5% por ese dinero, lo que les resulta preferible a devolverlo al BCE. Así que Christine Lagarde anunció este mismo jueves que modifica las condiciones de las operaciones de refinanciación, aplicándoles el mismo interés que paga a los bancos por el dinero depositado en el BCE, con el fin de desincentivar esa operativa.

El primer banco español, el Santander, ganó 7.316 millones entre enero y septiembre, un 25% más que el año anterior, por lo que bate de nuevo registros desconocidos desde antes de la crisis financiera. La cifra es el resultado del aumento de un 11,5% de sus ingresos, hasta los 38.594 millones de euros. Pero su margen de intereses, que sirve para medir el negocio puramente bancario, ha mejorado incluso más, un 15,4%, lo que se traduce en 28.460 millones. Los ingresos por comisiones también han crecido, un 7%. Y, pese a la fragilidad económica por la inflación y la incertidumbre, la morosidad se mantiene en el 3,08%.

Los beneficios del BBVA en los primeros nueve meses del año ascienden a 4.842 millones, por lo que han crecido un 46,2% respecto al año anterior, casi el doble que los del Santander. El margen de intereses del banco que preside Carlos Torres ha mejorado un 32,6%, por encima del 21,2% en que han aumentado los ingresos totales del negocio. La entidad atribuye ese buen comportamiento al crecimiento del crédito, un 15%. Por comisiones el BBVA ha ingresado en lo que va de año un 17,4% más que en 2021. La tasa de mora incluso ha bajado: del 3,7% al 3,5%. En la presentación de los resultados, Onur Genç avanzó que el banco utilizará sus excedentes de capital en “crear valor para los inversores” y si no encuentra vías para hacerlo, elevará la retribución a los accionistas. El pasado día 11 el BBVA les pagó un dividendo de 12 céntimos por acción, a cuenta de los resultados de este año, un 50% más que el repartido en 2021.

Caixabank ganó 2.457 millones de euros, un 21,51% más, hasta septiembre, sin incluir en la comparación el impacto de la fusión con Bankia el año pasado. De las cinco grandes, la entidad presidida por José Ignacio Goigolzarri es la que menos ha mejorado tanto su margen bruto, un 2,7%, mientras que su margen de intereses se reduce cuatro décimas respecto a 2021. Gracias a las comisiones ha ingresado un 2,1% más. Y mantiene una ratio de morosidad del 3%, en niveles mínimos desde 2008. Según destaca el propio banco, sólo el 4% de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como respuesta al covid-19, están clasificados como morosos. Además, tras la fusión de Bankia, Caixabank ha recortado sus gastos de personal en un 8,5%.

El Banco Sabadell casi ha duplicado este año sus beneficios respecto a los nueve primeros meses de 2021. Ha ganado 709 millones de euros, un 91,6% más. La cuenta es aún mayor si se le descuentan los resultados de su filial británica, el banco TSB: entonces pasa de 288 millones el ejercicio pasado a 616 millones el actual, un 114% más. En el caso de la entidad de Josep Oliu, el negocio bancario ha mejorado un 6,2% y los ingresos por comisiones, un 4,5%, mientras que en personal han reducido el gasto en un 26%, tras un recorte de plantilla que superó los 2.000 trabajadores. La ratio de morosidad del Sabadell se encuentra en el mismo nivel que el de sus competidores, un 3,4% y por debajo del 3,59% del año anterior.

De forma que el banco ha anunciado que aumentará hasta un mínimo del 40% el porcentaje de los beneficios que repartirá como dividendo entre sus accionistas. Éste será de 0,02 euros a cuenta de los resultados de este ejercicio y se pagará el próximo 30 de diciembre.

Finalmente, Bankinter se apuntó unos beneficios de 430,1 millones de euros hasta septiembre, un 22,2% más que el año pasado. El banco asegura que en los últimos tres meses han crecido todos sus indicadores de negocio. Su margen de intereses ha mejorado un 11,6%, mientras que los ingresos por comisiones suben un 2%. Bankinter tiene una de las ratios de morosidad más bajas, el 2,1%, que además se ha recortado 30 puntos básicos respecto a la de 2021, presume la entidad. María Dolores Dancausa considera que, a tenor de estos resultados, “no hay ninguna razón” para cambiar su política de reparto de dividendos: les dedica el 50% del beneficio.

Pese a estos resultados y coincidiendo con el anuncio del BCE de una nueva subida de tipos de interés y del IPC adelantado de octubre, los bancos llevan dos días cayendo en Bolsa. Le ocurrió al Sabadell el jueves, con un recorte del 2,3%, y lo sufrieron el viernes Caixabank, con un descenso del 7%, y BBVA, que comenzó la sesión perdiendo un 3,7%, pero remontó hasta el 0,73% al cierre.

Una pequeña empresa de reciclaje de residuos catalana ha interpuesto ante un juzgado ordinario de Madrid la primera demanda civil contra el Banco Popular al que le reclama 10.000 euros por la compra de un paquete de acciones en 2016 y cuyo valor quedó reducido a cero tras la quiebra de la entidad en junio de este año.

La demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide que se declare la nulidad de la operación realizada en una sucursal de la localidad catalana de Santa Perpetua de Mogoda por parte de esta pequeña compañía que acudió a la entidad financiera para solicitar un préstamo de 100.000 euros para la compra de un camión.

La demanda ha sido presentada por el abogado de Barcelona Felipe Izquierdo, el mismo que también presentó la querella contra el expresidente del Popular, Ángel Ron, ante la Audiencia Nacional, el pasado mes de junio.

Denuncia igualmente que tanto el comercial como el director de la oficina bancaria le propusieron suscribir acciones "con la falsa promesa" de que con la ampliación de capital puesta en marcha no solo percibiría beneficios a partir del ejercicio de 2017 sino que, además, el valor de la acción repuntaría notablemente en Bolsa.

No obstante, las acciones "jamás, ni por asomo" llegaron a cotizar ni un día al precio por el que se adquirieron, según el escrito en el que se acusa a la entidad que acabó adquiriendo el Santander por el precio simbólico de un eurocabó adquiriendo el Santander , de falsear la información contable suministrada en el folleto de ampliación de capital con el fin de "inducir a error a los inversores".

Reformulación de cuentas

La representación procesal de la empresa, que aclara que nunca antes había adquirido este producto financiero, explica que el folleto de la ampliación de capital estimó unas pérdidas para 2016 de 2.000 millones euros, si bien al cierre de ese ejercicio eran de 3.485 millones de euros, lo que supuso un "desfase" de 1.485 millones.

Además expone que el banco -que en abril comunicó a la CNMV que iba a corregir las cuentas de 2016 tras detectar desviaciones de los estados- en realidad lo que hizo fue reformular dichos estados financieros pese a que sus directivos utilizaron "eufemismos" para "evitar" que el entonces presidente Emilio Saracho tuviera que asumir futuras responsabilidades civiles o penales como consecuencia de la gestión de su antecesor en el cargo Ángel Ron.

Esta demanda se suma a las diversas denuncias y querellas interpuestas a comienzos de veranoquerellas interpuestas en la Audiencia Nacional por diversos despachos de abogados que representan a accionistas y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por "ocultar a los accionistas la verdadera situación financiera de la compañía".

Una crisis y una reforma fiscal después, las rentas que los españoles declararon a Hacienda en 2015 aumentaron sólo un 1,1% respecto a 2007, el último año de euforia económica. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria sobre el IRPF, correspondientes a 2015, las bases imponibles –el importe de todas las rentas obtenidas por el contribuyente, sobre el que se aplica el tipo de gravamen– ascendieron a 392.219,53 millones de euros. Sólo 4.360 millones más que en 2007, pese a que el número de declaraciones ha crecido desde entonces un 4,15%. El resultado es que los contribuyentes declararon unas bases imponibles de 22.132 euros de media, sólo un 0,08% más que ocho años atrás.

Esa base imponible es de dos tipos: la general y la del ahorro. La primera incluye los rendimientos salariales, las retribuciones en especie –también alquileres y derechos de propiedad intelectual o industrial–. La segunda se calcula a partir de los rendimientos de fondos de inversión, seguros de vida y depósitos. Desde 2007 la media de la base imponible general ha crecido un 5% –hasta los 19.972 euros–, pero la del ahorro se ha desplomado un 30% –se ha quedado en 2.159 euros–.

Claro que en el detalle del mapa de los contribuyentes, divididos en tramos, saltan  grandes diferencias. El número de quienes tienen rendimientos por encima de los 600.000 euros al año, los más ricos de la tabla, se ha reducido un 31,48% desde 2007 hasta 2015. Son 7.429 personas. Que declararon ese último año una base imponible media de 1,72 millones de euros, un 12,3% más que antes de la crisis. Se trata del único tramo de contribuyentes cuya base imponible total ha crecido desde 2007, a excepción de quienes declaran rentas entre 12.000 y 21.000 euros al año, y quienes declaran entre 21.000 y 30.000. Pero la mejora de los primeros es sólo del 3,1% y la de los segundos, del 0,6%.

La diferencia es incluso más abultada si la atención se fija en la base imponible general. Los rendimientos incluidos en este epígrafe han crecido un 61%: la media por contribuyente ha pasado de 495.919 euros a 799.286 euros en estos ocho años. Es la mayor subida de todos los tramos. Casi triplica la de quienes declaran rentas entre 150.000 y 600.000 euros anuales, y multiplica por 27 la mejora de quienes perciben entre 21.000 y 30.000 euros.

Por el contrario, las bases imponibles del ahorro de los más ricos han caído un 11%. La media que declararon en 2015 asciende a 927.535 euros. Es decir, ganan más gracias a los fondos de inversión, seguros y cuentas bancarias que por sus salarios y retribuciones por especie. Además, ese descenso del 11% resulta ser el menor de todos los tramos de contribuyentes, que llega a superar el 40% entre quienes poseen rentas de entre 30.000 y 150.000 euros al año. Sólo ha crecido la base imponible media del ahorro para el segmento de 6.000 a 12.000 euros, pero sus rendimientos son muy pequeños: en 2007 eran de sólo 693 euros y en 2015 se elevaron a 823, un 18,8% más.

En especie: 211.699 euros para los más ricos

También ha sido desigual el comportamiento que durante los años de crisis han tenido los salarios y las retribuciones en especie. El sueldo medio declarado ascendía en 2015 a 22.256 euros, un 2,9% más que en 2007. Sin embargo, la media de las retribuciones en especie –cheques de comida o guardería, coches o viviendas de la empresa, planes de pensiones– ha caído un 1,5%. El número de contribuyentes que declaran este tipo de gratificaciones se ha disparado un 32,57% durante la crisis, y el importe total de lo que declaran haber percibido, un 30,6%. Pero la media por contribuyente ha descendido porque han bajado las de quienes ingresan entre 6.000 y 150.000 euros, casi todos los tramos.

Por el contrario, las retribuciones en especie de los más ricos se han disparado: un 45,4% la media de quienes poseen rentas de entre 150.000 y 600.000 euros, y nada menos que un 186,9% la de quienes superan los 600.000 euros. Estos últimos declararon en 2015 retribuciones en especie por valor de 211.699 euros. También crecieron esos emolumentos para la parte inferior de la tabla, para quienes ingresan menos de 6.000 euros al año, así como el número de ellos que los cobran. La cifra de perceptores casi se ha triplicado, pero la media de sus retribuciones sólo ha aumentado un 2,8%. Sólo declaran una media de 643 euros por este concepto.

Durante la crisis no ha cambiado la estructura que sostiene el IRPF. El núcleo duro lo forman las rentas de entre 21.000 y 60.000 euros, que suponen el 60% de los contribuyentes. Éstos declaran unos rendimientos –excluidos los procedentes del ahorro– que representan el 74% de la base imponible general. Esa participación en declarantes e importes ha aumentado desde 2007 en tres y cuatro puntos, respectivamente.

En cuanto a las rentas procedentes de fondos de inversión, seguros y depósitos, quienes más rendimientos obtienen son los más ricos: pese a que quienes superan los 600.000 euros de renta anual representan sólo el 0,05% de los que declaran en esta partida, aportan el 23,5% de la base imponible del ahorro.

Una media de 5.434 euros por contribuyente

Una vez aplicados el tipo de gravamen y las deducciones posibles a esas bases antes descritas, la cuota resultante, lo que se paga a Hacienda, ascendió en 2015 a 67.045,52 millones de euros, un 2,5% más respecto a 2007. Pero la media liquidada por contribuyente, 5.434,15 euros, ha crecido porcentualmente casi cinco veces, un 12,1%.

Atendiendo a esas medias, las cuotas liquidadas por los contribuyentes de la parte baja de la estadística, los que perciben menos de 60.000 euros al año, han disminuido desde 2007 hasta 2015, mientras que las de los más ricos han subido. Quienes más han recortado su factura fiscal han sido las rentas de 12.000 a 21.000 euros –las inferiores están exentas del pago del IRPF–, un 7,1%. Pagaron 1.590 euros en 2015. Mientras que quienes más la han engordado son las superiores a 600.000 euros anuales, con una cuota de 534.614 euros, un 40% más que antes de la crisis.

El Banco Santander concretará en los próximos días una solución a los pequeños accionistas del Popular que eran clientes del banco, que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016 y que han perdido toda su inversión tras la resolución de la entidad decretada por la Junta Única de Resolución, según ha avanzado el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya.

"En cuanto a los accionistas del Banco Popular, el mecanismo de resolución contempla que las acciones se amorticen, lo que implica que pierden su valor. Esto es una decisión de las autoridades, previo a que Santander compre el banco", ha aclarado Cendoya en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press.

"No obstante -ha agregado- ya dijo Ana Botín (presidenta del Santander) que vamos a analizar bien todas las situaciones para ver qué soluciones se pueden tomar con los pequeños accionistas que son clientes del banco y que fueron a la ampliación de capital del Popular de hace un año. Creo que una vez que acabemos todo el proceso de análisis, en los próximos días podremos ser más concretos".

Cendoya, además, ha indicado que el Santander comenzará en los próximos días a explicar a los inversores las ventajas de acudir a la ampliación de capital de 7.000 millones de euros que ejecutará el Banco Santander en el plazo de un mes para absorber el Popular.

"Ahora empezamos con los viajes y con el road show para explicar las ventajas y levantar 7.000 millones de euros"road show, ha señalado el directivo del banco cántabro, que realizará provisiones adicionales en Popular por importe de 7.200 millones de euros para sanear su negocio inmobiliario.

Test de estrés​​​​​​​

Por otra parte, el también director de comunicación del Grupo Santander ha defendido que los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea (AEB) en julio de 2016, aprobados por toda la banca española, "solo miden la solvencia" de las entidades y no su liquidez.

Así, recuerda que la resolución del Popular estuvo provocada por la fuga de depósitos que causó una "falta de confianza total del mercado en el banco". "Los test de estrés miden circunstancias normales de gestión", ha explicado.

​​​​​​​Cendoya también ha manifestado que la decisión de las autoridades de vender el Popular al precio simbólico de un euro era la medida "más eficaz" para garantizar los intereses de los cuatro millones de clientes de la entidad y evitar "cualquier tipo de efecto contagio" en el sistema financiero español.

Sistema bancario español

En esta línea, ha puesto en valor que el rescate del Banco Popular se haya efectuado de forma privada y sin coste para el contribuyente, al considerar "una suerte" que en España existan entidades grandes y solventes como el BBVA y el Santander que puedan absorber bancos más pequeños en problemas.

"Esto no ocurre en Italia, donde un banco con dificultades no puede encontrar una solución como esta", ha incidido Cendoya, en referencia a la recapitalización cautelar que efectuará el Estado italiano en Banca Monte dei Paschi di Siena.

La Bolsa aplaudió este jueves la intervención del Banco Popular y su compra por el Santander, disparando un 5,24% la cotización de la entidad que preside Ana Patricia Botín. También Moody’s saludó la operación mejorando las calificaciones de la deuda senior del Popular, que ha subido cinco escalones impulsada por el plus de confianza que, a juicio de la agencia, supone el apoyo del Santander. “Tanto los clientes como los depositantes, los ahorradores y los trabajadores de Banco Popular tienen que estar hoy mucho más tranquilos que hace unas semanas, ahora que forma parte de un grupo muy sólido como es el Banco Santander”, celebró igualmente el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Sin embargo, la primera intervención del mecanismo europeo, que hace desaparecer al sexto banco de España, también plantea algunas incógnitas.

  Fuga de depósitos

Tanto la Junta Única de Resolución (JUR) como el Banco Central Europeo (BCE) atribuyeron al “significativo deterioro de la liquidez” del Popular la decisión de intervenir el que durante los años 90 fue considerado el banco más rentable del mundo. De hecho, la entidad había agotado todas sus líneas de liquidez el pasado martes. Los rumores sobre la fuga de depósitos no hacían más que alimentar la caída de sus acciones en bolsa. Entre los meses de abril de 2016 y 2017, el banco perdió 10.020 millones de euros de sus depositantes, un 11,2%. De ellos más de la mitad, 6.063 millones, salieron de sus cuentas desde enero, cuando ya había dejado Ángel Ron la presidencia y Emilio Saracho se preparaba para tomar las riendas, hasta el 31 de marzo. En el último mes, la huida de clientes fue aún mayor. Sólo en las dos últimas semanas, unos 18.000 millones adicionales. “No puede sorprender esa aceleración”, asegura el profesor de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, “la pérdida de confianza siempre produce rapidísimamente una oleada imparable [de fuga de depósitos]”.

“La salida de depósitos fue muy intensa y llega un momento en el que un banco, si no tiene liquidez, no puede abrir al día siguiente”, sancionó Luis de Guindos.

La intervención supone la pérdida del 100% de su inversión para los accionistas y poseedores de deuda subordinada e híbrida del banco, pero no afecta a los depositantes.

  Ladrillo tóxico

Fue el ladrillo tóxico el lastre que ha llevado a la desaparición del Banco Popular. La compra del Banco Pastor, la entidad con mayor exposición al riesgo inmobiliario en 2011, se tradujo en una cartera de créditos a promotores que sumaba 22.724 millones de euros, el 18% de su volumen total de préstamos. De ellos, el 32%, casi 7.400 millones, eran dudosos.

Seis años después, la cartera inmobiliaria del Popular era de 17.727 millones de euros, a fecha de 31 de marzo de 2017. Y su diligencia para deshacerse de estos activos problemáticos no ha sido mucha: el volumen es un 4,6% superior al que poseía un año antes. La mayor parte de ellos, un 38%, son suelos, mucho más difíciles de colocar, por un 33,7% de viviendas, según consta en el informe anual de cuentas de 2016.

Pues bien, ese lastre pasa ahora a las cuentas del Santander, que por sí solo cuenta con inmuebles por importe de 10.733 millones de euros, según su informe de cuentas de 2016. En total, el banco de Ana Patricia Botín tiene que digerir un total de 28.460 millones de euros en ladrillo tóxico. Más que ninguna otra entidad financiera española. El año pasado se deshizo de inmuebles por importe de 1.083 millones de euros.

En cualquier caso, está por ver aún cuál es el valor real de los activos inmobiliarios del Popular, una de las incertidumbres que han socavado la credibilidad de la entidad en los mercados. De momento, el Santander aumentará los niveles de cobertura de estos inmuebles subirán hasta el 69% desde el 38,5% que consignaba el Popular a 31 de marzo pasado.

  Oleada de demandas judiciales

Los 300.000 accionistas del banco que han perdido todo su dinero preparan ya las demandas para recuperar sus inversiones. Los despachos de abogados quieren extender al Popular las exitosas campañas que les han proporcionado la salida a Bolsa de Bankia, la estafa de las preferentes, las cláusulas suelo y los gastos de gestión de las hipotecas. En el punto de mira de unos y otros se sitúa no sólo el Santander como entidad adquiriente, sino también los organismos europeos, que forzaron la intervención y vendieron por un euro el banco.

Tampoco hay que descartar como objetivo al último gestor del Popular, Emilio Saracho, en la presidencia desde el pasado 20 de febrero, quien no ha sido capaz de lanzar la ampliación de capital que prometió ni de vender a un precio razonable la entidad. Mucho menos aún a la anterior cúpula del banco, con Ángel Ron al frente desde 2004. El pasado abril la entidad comunicó a la CNMV que una auditoría de PricewaterhousCoopers –otro posible demandado– había destapado un desfase de 633 millones de euros. Aunque entonces el banco aseguró que el agujero no le obligaba a reformular las cuentas –con unas pérdidas de 3.485 millones en 2016 y 137 millones más en el primer trimestre de este año–, el desajuste puede constituir la base de las demandas que presenten quienes acudieron a la ampliación de capital de 2.500 millones en mayo del año pasado. Como en el caso de la salida a bolsa de Bankia, el argumento estribaría en que las cuentas utilizadas para la ampliación no eran correctas.

Además, ya antes de la intervención europea, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) había instado a la CNMV a investigar una supuesta manipulación de la cotización bursátil del Popular, así como un posible conflicto de interés entre Emilio Saracho y JP Morgan, su anterior empleador y el banco que eligió para dirigir la venta –frustrada– de la entidad.

Otro frente judicial que se le abre al Santander es el de las cláusulas suelo, del que se había librado al no haberlas incluido en sus hipotecas. Pero ahora tendrá que hacer frente a las 65.000 reclamaciones por estas cláusulas recibidas por el Popular. Según el portal online reclamador.es, el importe puede alcanzar los 440 millones de euros. El Popular había provisionado 534 millones de euros para cubrir la devolución de estos importes.

  Despidos y cierre de sucursales

“La plantilla del Popular va a tener continuidad, cómo no”, aseguró este jueves el consejero delegado del Santander, José María Álvarez, “son magníficos profesionales, que siguen teniendo que atender a cuatro millones de clientes”. Pero, como cualquier otra absorción de entidades, la compra del Popular se traducirá “sin duda” en recortes de plantilla y cierre oficinas, según apuntan fuentes del Santander. Tras analizar las duplicidades, habrá excedentes de empleo, cuya resolución se negociará con los sindicatos, explican. UGT, CCOO y CGT se han apresurado a advertir al Santander ante posibles despidos y a pedirle que garantice el empleo.

El banco de Ana Patricia Botín cuenta con una plantilla de 23.017 empleados en España y el Popular, con 11.911. Ambas entidades ejecutaron en 2016 sendos expedientes de regulación de empleo (ERE), que se tradujeron en el recorte de 2.600 puestos de trabajo en el Popular y otros 2.500 en el Santander. Además, el cierre de sucursales ha sido continuo desde que estalló la crisis. Pese a que el banco de Botín integró las del Banesto en su red en 2012, posee ahora –2.911– menos oficinas que en 2008. El Popular sumaba 2.180 en 2012 y hoy sólo mantiene abiertas 1.686.

Los sindicatos acusan de la desaparición del Banco Popular a “la pasividad del Gobierno y de los reguladores financieros”, pero también reprochan a los gestores de la entidad tanto sus “decisiones erráticas” como las “indemnizaciones millonarias” de las anteriores cúpulas.

Según su contrato, Emilio Saracho debe percibir una prima de cuatro millones de euros sólo por haber sido fichado y otros 1,1 millones más por cada año de trabajo. Sólo ha durado cuatro meses en el cargo. El anterior presidente, Ángel Ron, se fue sin indemnización pero con una pensión de 24 millones de euros. Su consejero delegado, Francisco Gómez, fue indemnizado con 1,1 millones de euros, además de tener derecho a una pensión de 20,3 millones. Le sustituyó Pedro Larena, quien sólo permaneció siete meses en el cargo. Se le pagaron cinco millones de euros.

Banco Popular no reformulará las cuentas de 2016 pero incluirá las correcciones que sean oportunas de forma retroactiva en los estados financieros del primer semestre tras una auditoría interna de la cartera de crédito y de la ampliación de capital, según ha informado la entidad este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press. Las acciones del Popular iniciaban la sesión con una caída superior al 3% que, minutos más tarde, se pronunciaban hasta cerca del 5%, intercambiándose a un precio de 0,867 euros.

No obstante, el banco presidido por Emilio Saracho ha asegurado que las desviaciones detectadas en cuatro aspectos puntuales de sus cuentas "en ningún caso" representan un impacto "significativo" en las cuentas de 2016. En concreto, el auditor observa "insuficiencia" en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas, que afectarían a los resultados de 2016, y por ello, al patrimonio neto, por un importe de 123 millones de euros.

A ello se suma una "posible insuficiencia" de provisiones asociadas a créditos dudosos en los que la entidad se ha adjudicado la garantía vinculada a estos créditos que, estimada estadísticamente, ascendería, aproximadamente, a 160 millones de euros.

Asimismo, ha detectado la "posible obligación" de dar de baja alguna de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el saldo vivo neto de provisiones de las operaciones en las que se estima que pudiera darse esta situación de, aproximadamente, 145 millones de euros, lo que podría tener un impacto, aún no cuantificado, en las provisiones correspondientes a esas operaciones.

Además, existen, según la auditoría, determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del banco, sin efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto contable.

La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros.

"Estos son ajustes que no suponen ningún incumplimiento y, en ningún caso, representan un impacto significativo en las cuentas anuales de la entidad que justifiquen una reformulación, tal y como ha confirmado el auditor PwC y que proceden de los trabajos rutinarios del departamento de auditoría interna", ha señalado el banco.

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este lunes con una caída del 0,15%, lo que le ha llevado a situarse en los 10.447 enteros a las 9.01 horas, arrastrado por la caída de más de un 3% del Banco Popular tras informar de que no reformulará las cuentas de 2016, aunque incluirá correcciones tras una auditoría interna.

Junto con el banco presidido por Emilio Saracho se situaban también Sabadell (-0,46%), Endesa (-0,40%), Bankia (-0,37%), Aena (-0,37%) y Viscofan (-0,32%), mientras que en el lado contrario se situaban Acerinox (+1,44%), Grifols (+0,80%), Abertis (+0,66%), Gamesa (+0,65%) y ArcelorMittal (+0,55%).

Lo que dice Francisco González es aparentemente una obviedad: “Si los depósitos están al 0%, no hay negocio para los bancos”. Sostiene FG, entre otras cosas, que la “política monetaria expansiva” practicada por el Banco Central Europeo (BCE) para intentar superar la Gran Recesión ya no tiene más margen, una vez que los intereses de los bancos “son incluso negativos”, y que ha llegado el momento de “buscar otras opciones”. ¿Cuáles? FG plantea la combinación de dos: más “reformas estructurales” y (¡atención!) una mayor expansión fiscaluna mayor expansión fiscalque tiene que impulsar y protagonizar Alemania, el país con mayor margen para hacerlo.

Para entendernos, lo que propone FG es que Alemania eleve sensiblemente la inversión pública, y que hagan lo mismo las principales economías europeas, con el fin de impulsar la demanda, el consumo, la actividad empresarial, la necesidad de crédito y, por tanto, el negocio bancario. Es una lástima que FG no se haya dado cuenta mucho antes de que las políticas de austeridad nos llevaban a donde ahora estamos, incluidos los bancos pese a los rescates multimillonarios de las entidades financieras quebradas. Mientras los márgenes de la gran banca no se veían afectados, FG prefería aplaudir o incluso inspirar reformas laborales, devaluaciones salariales y recortes del gasto público, y observaba como pura demagogia irresponsable la argumentación de quienes advertían que la historia económica demuestra que esas medidas sólo sirven para multiplicar la desigualdad.

Es exactamente lo que ha ocurrido. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2015, conocida este mismo martes, refleja que siguen reduciéndose los ingresos medios de los hogares (26.092 euros anuales) y que uno de cada cinco españoles se encuentra en riesgo de pobreza según los indicadores oficiales de Eurostat. Una de las herencias innegables (y socialmente letales) que dejará el Gobierno de Rajoy se resume en un dato del INE: el 44,8% de los parados vive en el umbral de la pobreza, puesto que se ha ido reduciendo la cobertura del desempleo. Eso sí que con seguridad "no es una tarea sencilla".

La historia de FG

Es costumbre arraigada entre los máximos defensores del neoliberalismo económico y del capitalismo financiero recurrir al demonizado Estado (no para reducir la desigualdad sino para salvar o alimentar los negocios privados). Francisco González lo sabe bien. Hagamos memoria.

FG dirigía en los años ochenta una sociedad de valores, FG Inversiones Bursátiles, con la que dio un extraño pelotazo en 1996 al venderla a Merrill Lynch. El 5 de mayo de ese mismo año, José María Aznar tomó posesión como presidente del Gobierno, y el día 17 ya había hecho su primer gran nombramiento en el sector público: Francisco González, amigo de Rodrigo Rato, sería el nuevo (y último) presidente de Argentaria. Instantes después de convertirse en banquero público, FG anunció que su objetivo era la privatización total de Argentaria (de la que el Estado poseía aún un 26% de las acciones). En 1998 culmina ese proceso y, sólo un año después, se produce la fusión con el Banco Bilbao Vizcaya. Sorprendentemente, el pez chico (Argentaria) se come al grande (los pata negra de Neguri) y bajo la presión de los flamantes gobernantes liberales Aznar y Rato, el exbroker FG es nombrado presidente del resultante BBVA.

Hasta tal punto le ha ‘sonreído’ a FG la suerte profesional, que la mayor mancha de su currículum fue devorada por las llamas. La Fiscalía Anticorrupción abrió a principios de 2005 una investigación sobre la venta de FG Valores a Merrill Lynch a raíz de una denuncia formulada por la propia consultora multinacional ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por presuntas irregularidades contables. El 11 de febrero, la Fiscalía solicitó a la auditora Deloitte que le enviase todos los “soportes documentales” de una auditoría realizada por Arthur Andersen (que se había fusionado ya con Deloitte) al grupo FG Valores en 1994. La noche del día siguiente, 12 de febrero, ardió por completo el edificio Windsor, en Madrid, donde tenía su sede Deloitte. Los papeles que solicitaba Anticorrupción se perdieron en el incendio y la firma responsable informó de que no existía copia física ni informática.

Camino de cumplir 72 años, FG ha renovado contrato como presidente del BBVA hasta 2019. Más de veinte años de estabilidad en un empleo pagado en 2015 con 5,6 millones de euros entre sueldo fijo y variable.

Banco Santander registró un beneficio atribuido de 1.633 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone un descenso del 5% con respecto al mismo periodo de 2015, por el efecto del tipo de cambio, según ha informado este miércoles la entidad, según Europa Press.

En este sentido, el banco ha explicado que este descenso se debe a que todas las divisas de los países donde está presente el grupo, con excepción del dólar, se han depreciado frente al euro. Sin el impacto del tipo de cambio, el banco ha estimado que los resultados hubieran aumentado un 8%. La entidad ha puesto en valor estas ganancias en un año marcado por un contexto económico internacional "complejo", con tipos de interés históricamente bajos en monedas clave para el grupo, como el euro y la libra.

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha subrayado que los resultados superan lo previsto en el plan a tres años de la entidad y aportan confianza de cara a cumplir con los objetivos marcados, como elevar el dividendo por acción en efectivo un 10% y el dividendo total un 5%.

"La transformación comercial evoluciona favorablemente en todos nuestros mercados y aumenta la vinculación de clientes como resultado de las mejoras en calidad de servicio y satisfacción, lo que refleja nuestra cultura de hacer las cosas de una manera sencilla, personal y justa contribuyendo al progreso de nuestros clientes", ha subrayado.

El número de clientes digitales creció un 17%, hasta alcanzar 17,8 millones, con un aumento del 49% en los que utilizan de manera habitual aplicaciones móviles. En España, el Santander obtuvo un beneficio atribuido de 307 millones hasta marzo, un 10% menos, mientras que las ganancias en Reino Unido y Brasil se han mantenido estables.

El 61% del beneficio tiene su origen en Europa y el 39% en América. Por países, la mayor aportación corresponde a Reino Unido, con un 23%, seguido de Brasil (18%),Brasil España (15%), México (7%), Portugal y Chile (6% cada uno), Estados Unidos (4%), Argentina y Polonia (3% cada uno).

Santander Consumer Finance, que opera en más de una decena de países en Europa, especialmente en Alemania, España y Países Nórdicos, aporta ya el 13% del beneficio, tras ganar 251 millones, con un crecimiento del 14% en euros, 17% sin impacto cambiario.

El banco ha afirmado que sus resultados están muy condicionados por la evolución de las diferentes divisas con las que trabaja, que se fueron depreciando frente al euro a lo largo del año pasado. Por ello, ha facilitado las variaciones en euros y sin impacto de tipo de cambio.

Así, el conjunto de los ingresos creció un 4% (-6% en euros), apoyado en los ingresos comerciales típicos, el margen de intereses y las comisiones, que aumentaron un 6% y un 7%, respectivamente, mientras que los resultados por operaciones financieras, que por su vinculación a los mercados son más volátiles, cayeron un 24%.

Asimismo, los ingresos comerciales crecieron medio punto más que los costes si se mira la variación sin efecto de tipo de cambio. En euros cayeron un 5% y un 4%, respectivamente, lo que lleva a que el margen neto del banco se sitúe en 5.572 millones en el trimestre, un 3% más sin efecto de tipo de cambio, y -8% en euros.

El ratio de eficiencia se sitúa en el 48,1%, lo que supone una mejora de 1,7 puntos con respecto al último trimestre del año pasado. El banco se ha marcado el objetivo de llevar este ratio por debajo del 45% en 2018, para lo que ha puesto en marcha diferentes planes en las distintas unidades para que se pueda hacer compatible la necesaria inversión en la transformación comercial del grupo con los mayores costes que implican las exigencias regulatorias.

Cae la tasa de mora

Las dotaciones para insolvencias se sitaron en 2.408 millones, un 5% más que el mismo trimestre de 2015 (-6% en euros), en un contexto de caída de la tasa de mora, que se sitúa en el 4,33%, lo que supone 0,52 puntos porcentuales menos que hace un año, y un aumento de la cobertura de cinco puntos, hasta el 74%.

La tasa de mora bajó en el trimestre en seis países y en SCF y sube en Portugal, por la integración de Banif, Estados Unidos y Argentina. Banco Santander cerró el primer trimestre de 2016 con unos activos totales de 1.324.200 millones de euros, lo que supone un aumento del 3% sobre en el mismo periodo de 2015 (-3% en euros).

El volumen de créditos ascendía a 787.033 millones de euros, un 4% más que un año antes (-3% en euros). El conjunto de recursos de clientes se situó en 760.628 millones de euros, con un crecimiento del 4% (-2% en euros). Por lo que se refiere a los ratios de capital, el banco cerró el primer trimestre con unos recursos propios computables de 81.093 millones, frente a unos activos ponderados por riesgo de 571.959 millones de euros.

Santander cuenta con un ratio de capital CET1 del 12,36%, lo que supone 2,61 puntos porcentuales más del mínimo requerido al grupo por el Banco Central Europeo para 2016, que es el 9,75%. El ratio de capital CET1 fully loaded, el que asume las exigencias de capital que estarán vigentes el 1 de enero de 2019, se sitúa en el 10,27%, lo que supone 0,22 puntos más que a finales de 2015 y 0,60 más que un año antes. Dicho ratio está línea para alcanzar el objetivo del 11% en 2018.

El consejo de administración de Banco Santander ha manifestado su intención de repartir un dividendo de 0,21 euros con cargo a los resultados de 2016, lo que supondría un incremento del 5% en el dividendo por acción con respecto a 2015. De dicho importe, 16,5 céntimos de euro se abonarán en metálico, lo que supone un 10% más que el ejercicio anterior, y 4,5 céntimos de euro en el formato Dividendo Elección, que permite al accionista recibir efectivo o acciones.

Al percatarse del incremento en su cuenta bancaria, lejos de advertirlo al banco, sacó rápidamente el dinero en cajeros, e hizo transferencias a la cuenta de su mujer.

Pese a que ha sido requerido por la entidad para que devuelva el dinero, se ha negado a ello. Para cuando le fue bloqueada la cuenta, ya había dispuesto de más de veintiocho mil euros. Tras la denuncia, ha sido detenido y puesto a disposición judicial.

Los beneficios de la banca española aumentaron un 24% en 2014, hasta alcanzar los 11.577 millones de euros. Al tiempo, redujo su plantilla un 5,9%. Aunque el recorte laboral que ha acompañado a la crisis financiera ha sido mucho mayor: desde 2008 los bancos españoles han perdido 12.314 empleados, un 10,6% de su fuerza de trabajo, compuesta ahora por un total de 103.593 personas.

En el último año también han cerrado 1.064 sucursales, un 7,5%. Desde 2008, la cifra de oficinas desaparecidas más que se duplica: 2.369, el 16,8% de las que estaban abiertas antes de la crisis. Con los cajeros automáticos el recorte ha sido incluso superior. Sólo en el último año se han eliminado 5.663, el 23,7%.

En cualquier caso, la banca española aún está lejos de recuperar las cifras absolutas de beneficios con que cerró 2007, el año anterior a la caída de la Lehman Brothers –septiembre de 2008–. Según el anuario de la Asociación Española de Banca (AEB), ese ejercicio los bancos ganaron 20.018 millones de euros.

Pese al histórico recorte de plantilla –la banca tiene ahora los mismos trabajadores que en 1979–, los gastos de personal del conjunto de las entidades españolas –19.225 millones– han crecido en 2014 un 0,2%, pero hasta un 27,3% desde 2008. De hecho, los gastos de personal por empleado, 77.000 euros en 2014, han crecido en 6.000 euros desde 2008. La ratio de empleados por sucursalratio, además, apenas se ha movido durante la crisis y a pesar de la reducción de personal: siete personas en 2008, las mismas que en 2013, y una más en 2014.

Los depósitos crecen un 62,3% respecto a 2007

Respecto a sus actividades principales, los créditos concedidos a los clientes por la banca han crecido un 6% en el último año, hasta sumar 1,37 billones de euros. También han aumentado respecto a la precrisis, un 15,56% si se compara con las cifras de 2007. Otro tanto ha ocurrido con los depósitos. En 2014 ascendieron a 1,19 billones de euros, un 4,8% más que el ejercicio anterior. Respecto a 2007, el alza es del 62,3%.

Por lo que se refiere al margen de explotación, reflejo de la actividad puramente bancaria, alcanzó los 15.929 millones en 2014, un 28,5% más que el ejercicio anterior. No obstante, éste sigue siendo menor que el de 2007, cuando ascendió a 23.871 millones de euros. El margen de intereses, pese a los bajos tipos, creció un 9,3% en 2014, pero un 55% desde 2007. Y el margen bruto aumentó un 5,1% a 31 de diciembre de 2014, debido al alza de los ingresos por operaciones financieras. El incremento desde la precrisis lo cuadriplica.

El Instituto para las Obras de Religión (IOR)  –conocido como el Banco del Vaticano–, ha cerrado 2014 con un beneficio neto de 69,3 millones de euros, lo que supone un incremento de 66,4 millones respecto al beneficio neto de 2,86 millones registrados en 2013.

Así consta en el balance económico de la institución correspondiente al ejercicio 2014 y que ha sido publicado este lunes, que explica que el aumento de beneficios se debe a "la negociación de títulos y la disminución de los costes operativos de naturaleza extraordinaria".

Además, el IOR ha explicado que de esos 69,3 millones de euros de beneficio netos, destinará 55 millones de euros al presupuesto de la Santa Sede y los 14,3 millones de euros irán destinados a reserva de capital de la propia institución.

En el documento, se recuerda además que el Papa ha exigido al IOR que continúe "sirviendo con atención y prestando servicios financieros especializados para la Iglesia católica en todo el mundo y, al mismo tiempo, que le ayude en su misión como pastor universal".

Para ello, la gestión IOR había recibido instrucciones de finalizar un plan que defina el futuro del Instituto en consonancia con estas demandas, plan elaborado por la institución en 2014".

La Institución continúa cerrando cuentas sospechosas vinculadas a dinero del que se desconoce el origen. Según ha puesto de manifiesto el documento, el 31 de diciembre de 2014, la institución contaba con 15.181 clientes frente a los 17.419 de 2013, después de que desde mayo de 2013 se hayan cerrado 4.614 cuentas y se hayan abierto 1.066 nuevas cuentas.

A finales del 2014 aún quedaban por cerrar 274 cuentas, de las que 148 serán clausuradas antes de final de mayo de 2015, ha asegurado el IOR.

El IOR también dobló su resultado operativo en 2014, en comparación con los datos de 2013, ya que el balance del 31 de diciembre de 2014 fue de 104,52 millones de euros, respecto a los 55,173 millones registrados en 2013. 

CaixaBank empezará a aplicar desde este martes una comisión fija de dos euros a los no clientes que extraigan dinero de sus cajeros, independientemente de si pertenecen a la misma red de medios de pago (ServiRed) y de la cantidad a retirar.

El resto de grandes entidades españolas también están estudiando cobrar comisiones a los no clientes que utilicen sus cajeros, siendo CaixaBank ha sido la primera en dar el paso, han informado a Europa Press fuentes financieras.

La mayoría del resto de entidades ha informado esta semana a sus clientes de que a partir del martes 24 de marzo deberán pagar la comisión de CaixaBank si acuden a sus cajeros automáticos.

Hasta ahora, las entidades que compartían alianza en la red de cajeros –como ServiRed, 4B o Euro6000– ofrecían a sus clientes gratuidad en la retirada de efectivo de terminales de cualquiera de los bancos adheridos, y se abonaban entre ellas una tasa de intercambio de 0,65 euros por operación.

Sin embargo, las grandes entidades argumentan que este importe es insuficiente para cubrir los gastos de mantenimiento de su parque de cajeros automáticos.

CaixaBank dispone de más de 9.500 cajeros –la red más extensa de España–, mientras que Santander y BBVA disponen de unos 7.000 en cada caso, y Bankia alrededor de 5.500.

Desde 2011, las tarifas de las comisiones bancarias son libres y el Banco de España "no puede denegar el cobro de comisiones bancarias, ni limitar sus importes", según la normativa.

Así, las entidades pueden poner los importes que deseen salvo en determinadas operaciones bancarias en las que los importes están limitados por ley, como sucede con la cancelación o amortización anticipada de hipotecas a tipo variable, o de créditos al consumo.

La ley también recoge que las comisiones bancarias y los gastos deben responder a servicios efectivamente prestados o gastos habidos, y que, en todo caso, la entidad deberá informar personalmente y por anticipado del coste del servicio, lo que ya prevé CaixaBank para la nueva comisión al retirar efectivo en los cajeros.

La intervención del Banco Madrid, propiedad 100% de la Banca Privada de Andorra (BPA) acusada por EE UU de blanqueo de dinero y de contactos con el crimen organizado, ha abierto una brecha entre el Banco de España y el Ministerio de Economía. También Hacienda investiga en la filial española de BPA "indicios de blanqueo de dinero, no delitos fiscales" según puntualizan fuentes ministeriales, pero nadie sabe hasta dónde puede llegar el caso.

Lo que comenzó como una intervención "blanda", ha acabado con la dimisión de todos los consejeros de Banco Madrid y el nombramiento de tres administradores por el Banco de España, lo que deja sin efecto la designación de interventores que realizó el órgano regulador bancario para supervisar la gestion de la entidad.

Ante la posibilidad de que el caso se complique llega la hora de las preguntas. La fundamental es ¿quién tiene la responsabilidad de vigilar y prevenir actividades de blanqueo en Banco Madrid? Aunque en el antiguo consejo del banco intervenido había dos cargos que trabajaron en el Banco de España (José Pérez, ex director de supervisión y Soledad Núñez, consejera hasta 2011), fuentes de la entidad que preside Luis María Linde descartan cualquier posible sombra en la tarea de vigilancia y supervisión de Banco Madrid para asegurar su solvencia.

Dependiente de Economía

Más aún. Las fuentes conocedoras del caso precisan que el organismo encargado de prevenir el blanqueo de capitales es el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que depende de la secretaría de Estado de Economía. El Banco de España, añaden, cuenta con dos funcionarios en el SEPBLAC entre más de dos docenas. 

La explicación deja toda la responsabilidad en el tejado de la secretaria de Estado de Economía si la investigación acabara en escándalo. El Ministerio de Economía, por su parte, niega la existencia de diferencias con el supervisor bancario. "La colaboración en el combate y la prevención del blanqueo de capitales es plena" señaló un portavoz.

Sin embargo, en el ministerio que dirige Luis de de Guindos escuece que se ponga el acento en la dependencia del SEPBLAC del departamento. "Alguna responsabilidad tendrá el Banco de España cuando ha sido quien ha intervenido el banco" señalan fuentes ministeriales que reclaman anonimato.

Unidad de inteligencia financiera

La intervención del Banco Madrid ha llevado el foco sobre el SEPBLAC. El organismo depende de la Secretaría de Estado de Economía que dirige Íñigo Fernádez de Mesa y está adscrita al Banco de España. Es la unidad de inteligencia financiera española y desempeña las actuaciones necesarias para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero o de empresas o profesionales para blanquear capitales.

La última memoria del SEPBLAC, del año 2013, recoge que ese ejercicio “los asuntos abiertos por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo alcanzaron la cifra de 4.025", un 31,6% más que en el año anterior. El sector que más número de indicios de blanqueo aportó fue el bancario.

Según la memoria, las comunicaciones de operaciones sospechosas pasaron de 1.792 en 2012 a 2.234 en 2013, un 25% más. El incremento, puntializa el SEPLAC, no es de un año; se viene observando desde 2010 y en parte se debe a que los bancos han absorbido las comunicaciones que realizaban las cajas de ahorros desaparecidas.

Normalidad

Banco Madrid no precisó los efectos que la intervención del Banco de España ha tenido sobre los depósitos de sus clientes. Un portavoz de la entidad aseguró que el banco vive "una relativa normalidad". Sobre la dimisión del consejo, el portavoz la atribuyó a que el órgano de administración esperaba un respaldo más claro del Banco de España.

Mientras prosiguen las investigaciones, la versión oficial sobre el caso se mantiene como el primer día: Banco Madrid (6.000 millones en activos) no tiene problemas de solvencia. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró en los pasillos del Congreso, según Europa Press, que "se está encima del tema". Guindos puso énfasis en que el problema de esta entidad es "complemente diferente" a lo sucedido durante la crisis financiera. 

Las iniciativas parlamentarias encaminadas a poner coto a los principales atropellos cometidos sobre los consumidores por parte de entidades financieras o a limitar los privilegios de sus directivos –especialmente cuando han recibido ayudas públicas– tienen su principal dique de contención en el grupo parlamentario popular. Según datos recabados por infoLibre, de las nueve propuestas presentadas en este sentido por grupos de la oposición que se han llevado a votación en esta legislatura sólo dos han salido adelante. Y con modificaciones parciales. Eso significa que el PP ha tumbado más del 77% de las mociones encaminadas a cambiar la política de retribuciones de los directivos de entidades financieras, condicionar el reparto de dividendos en los bancos a los que se ha inyectado dinero público, limitar las comisiones abusivas o llevar a cabo iniciativas encaminadas a mejorar el acceso a la vivienda. 

De hecho, los citados previamente son los grandes bloques de textos presentados en esta línea que han llegado a examinarse. Pero por el registro de la Cámara Baja han pasado una veintena más en sentido similar que todavía están pendientes de su inclusión en el orden del día –tanto del Pleno como de la Comisión de Economía– para su debate. La decisión de incluirlas o no depende de las mesas, donde el PP tiene mayoría en virtud de su predominio en número de diputados. Además, cada grupo tiene un cupo de presentación de iniciativas en función de su representación, lo que provoca que grupos menos mayoritarios como la Izquierda Plural, UPyD o el Mixto (que cuentan con más propuestas en esta línea) tengan atascadas algunas de ellas. Además, hay que tener en cuenta que en ocasiones son los propios grupos los que dan prioridad a otras propuestas por motivos de actualidad. Eso explica que haya iniciativas que llevan esperando a ser examinadas incluso desde enero de 2012. 

infoLibre resume a continuación las principales iniciativas encaminadas a limitar privilegios de la banca que han sido rechazadas por los conservadores: 

01. restringir las retribuciones de los directivos

La última petición en este sentido se debatió este pasado miércoles 19 de noviembre en la Comisión de Economía del Congreso. El diputado de IU Alberto Garzón registró en agosto de 2012 una iniciativa por la que instaba al Gobierno a ejecutar un cambio en la política de retribuciones de los directivos y consejeros de entidades financieras. Aunque han pasado más de dos años desde su elaboración, el grupo sigue sosteniendo en la actualidad los mismos argumentos y por eso la rescató en la sesión de este miércoles. La Izquierda Plural pedía extender a los bancos que han sido avalados por la Administración –como el Sabadell con la CAM o BBVA con Caixa Terrasa– las limitaciones de las retribuciones que ya se aplican en las entidades nacionalizadas, así como prohibirles el reparto de dividendos.

Pero el PP rechazó la iniciativa con el argumento de que hacerlo restaría atractivo a estas entidades de cara a futuras ventas. "Así que, si queremos recuperar el capital que el Estado ha puesto en las entidades participadas, ¿las hacemos más atractivas impidiendo el reparto de dividendos? ¿Les parece coherente?", ironizó el diputado del PP José López Garrido, quien criticó que "los eslóganes" de La Izquierda Plural no "desmenuzan" los efectos que sus propuestas tendrían en caso de ser aplicadas. Así, el parlamentario conservador señaló que no tendría sentido impedir el reparto de dividendos o limitar las retribuciones de sus directivos porque estas entidades han jugado un papel importante en el saneamiento financiero. Además, López Garrido aseguró que de los más de 100.000 millones de euros que el Estado ha concedido en avales a las entidades financieras desde el inicio de la crisis, ya se ha devuelto más del 69% (unos 71.000 millones de euros). 

Tiempo antes, en mayo de 2013, los conservadores ya habían votado en contra de otra iniciativa, en este caso presentada por el diputado del PSOE Jesús Caldera, que pedía que se obligara a los ejecutivos de las entidades financieras intervenidas a devolver las retribuciones extraordinarias cobradas durante los últimos cinco años, así como una regulación más estricta de los bonus –en concreto eliminar los pluses garantizados independientemente de los resultados que consigan– y otros complementos extraordinarios que cobran los directivos de las grandes compañías. 

Todos los grupos votaron a favor menos el PP, que acusó al PSOE de "oportunismo político" y de querer "sacar rédito político" con esta propuesta. El parlamentario Ricardo Tarno apuntó que la Ley de reforma del Gobierno corporativo, incluida en el Plan Nacional de Reformas, ya incluía medidas a este respecto. Sin embargo, esa norma no recogió la citada obligación de devolver los pluses ni otros aspectos demandados por la oposición, como incrementar los instrumentos de control de los accionistas minoritarios o limitar las retribuciones variables respecto de las fijas. El PP consideró todas estas modificaciones "excesivamente intervencionistas".

El 12 de junio de 2012 la Cámara Baja sí aprobó una iniciativa de CiU para instar al Gobierno a revisar los blindajes de los directivos de entidades bancarias que requieran ayudas del FROB aunque dichas indemnizaciones ya hubieran sido devengadas. La propuesta inicial de los convergentes pedía la anulación o declaración de invalidez de estos blindajes, pero el PP puso como condición para su aprobación que se incluyera la frase "impedir la materialización" de dichos pagos en lugar de anularlos o declarlos no válidos. Por otro lado, el decreto de reforma financiera aprobado en el verano de 2012 sí fijaba en 500.000 euros anuales el tope de las retribuciones de los directivos de las entidades financieras nacionalizadas.

02. fomento del derecho a la vivienda  

El segundo gran bloque es el de las iniciativas encaminadas a garantizar la protección de los deudores hipotecarios o a favorecer el acceso a la vivienda para los sectores más desfavorecidos de la población. Pero en este punto también la oposición se ha encontrado con el rechazo frontal del grupo mayoritario. En marzo de 2012, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) sometió a debate y votación en el Pleno de la Cámara baja una moción derivada de una interpelación al ministro de Economía, Luis de Guindos, relativa a la aprobación de la dación en pago obligatoria como fórmula para que los ciudadanos puedan saldar sus deudas hipotecarias en lugar de confiar en las buenas intenciones de los bancos.

Además, la iniciativa incluía la propuesta de que el Gobierno presentara un Proyecto de Reforma de la Legislación Hipotecaria y Mercantil. Asimismo, los ecosocialistas pedían que el proceso de desahucio se haga de forma que estas familias puedan "en la medida de lo posible y en un periodo transitorio" seguir utilizando su vivienda, así como aumentar el límite de los ingresos inembargables y limitar los intereses de demora en caso de impago. 

El PP la rechazó al considerar que la dación en pago podría derivar en "un mayor riesgo de recuperación". Y se comprometió a "abordar de forma urgente medidas justas para tratar esta situación" pero huyendo de "planteamientos demagógicos y extremos que podrían llevar a afrontar problemas aún mayores" en el futuro. Finalmente, los conservadores aprobaron una ley que no preveía la dación en pago –como reclamaba también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca–, aunque sí flexibilizó los criterios de pago con quitas de entre el 35% y 20% de la deuda que quede pendiente tras perder la vivienda, así como el plazo para pagarlas.

En septiembre de 2012 el PP también rechazó una iniciativa de La Izquierda Plural –suavizada para contar con los votos a favor del PSOE– que instaba al Gobierno a promover acuerdos entre los bancos que reciben ayudas del FROB y las autonomías con el objetivo de que se destinara “el mayor número posible” de las viviendas adjudicadas a dichas entidades al alquiler social, especialmente para familias que habían perdido su vivienda como consecuencia de un desahucio. Esta misma proposición pedía revisar el tratamiento fiscal de la vivienda para incentivar la oferta en alquiler de las viviendas desocupadas.

A favor de su aprobación, además de IU-ICV-CHA y PSOE, votaron CiU, PNV, UPyD y los miembros del Grupo Mixto NaBai y Amaiur. El diputado del PP Teodoro García Egea acusó a IU de “llegar tarde” en su propuesta de crear un parque de vivienda pública con los pisos vacíos que tienen los bancos. Y aseguró que esta cuestión ya estaba abordada en un decreto sobre saneamiento de los activos inmobiliarios del sector financiero que el Ejecutivo había aprobado tres meses antes de que se votara esta propuesta, en mayo de 2012. Sin embargo, ese texto lo que realmente hacía era instar a los bancos a que dos valoradoras independientes tasaran toda su cartera inmobiliaria y a que aportaran a una sociedad para la gestión de activos los inmuebles procedentes de deudas relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria. En ningún caso preveía, por tanto, la creación de un parque público de alquiler. 

El diputado García Egea también justificó el voto en contra de su grupo a la petición de revisar el tratamiento fiscal de las viviendas bajo el argumento de que el PP “tiene inscrito en su ADN un profundo respeto por la libre empresa y la iniciativa privada”. “Creemos que la mejor política social (…) es crear empleo a través de una iniciativa privada fuerte, arropada por leyes que respeten y propicien esta libertad”, señaló. Y puso en valor la llamada ley de alquiler aprobada por el Gobierno en el verano de 2012, que, sin embargo, eliminó muchos de los derechos que garantizaban la protección de los inquilinos ante los caseros.

03. facilitar crédito a pymes y familias

Convergència i Unió (CiU) llevó de nuevo este miércoles a la Comisión de Economía del Congreso la preocupación por el taponamiento del crédito. A través de una proposición no de ley los convergentes pretendían instar al Gobierno a que obligue a las entidades financieras que han recibido fondos públicos a conceder una cierta cantidad de créditos a pymes y familias, en función de las cantidades recibidas y de los depósitos que mantienen. La propuesta inicial fue registrada por los nacionalistas catalanes en septiembre de 2012, pocos meses después de materializarse el rescate financiero europeo. Entonces se reclamaba ya un coeficiente crédito-depósito para "garantizar nuevos flujos crediticios al sistema financiero". Más de dos años después, CiU dice lamentar que la situación del sector bancario no se haya traducido en una mejor financiación para la economía real, lo que a su juicio sería "la mejor vía para minimizar los costes para el contribuyente" del rescate financiero. Por eso recuperó la iniciativa.

Sin embargo, para lograr el apoyo del PP, los convergentes accedieron a matizar un texto que finalmente recoge únicamente la exigencia al Banco de España para que envíe a la Cámara un informe trimestral que desvele el flujo de crédito a familias y a pymes de los préstamos que recibe el sector procedentes del Banco Central Europeo (BCE). El diputado de CiU Josep Sànchez Llibre afirma que esta medida va a servir para conocer qué parte de los recursos para facilitar la liquidez se han concedido a las entidades bancarias y qué parte de ellos se aplican a las familias y pymes.

Pero antes que esta había habido otras iniciativas más incisivas en cuanto a la petición de crédito para hogares y empresas. En marzo de 2012 IU sólo logró contar con el apoyo de Amaiur en su propuesta de acometer una reforma "profunda" del sistema financiero que tuviera como eje central la creación de un polo de banca pública a través de la nacionalización de las cajas de ahorros, de sus bancos participados y de los Sistemas Institucionales de Protección (figura jurídica para las fusiones de cajas). La propuesta –firmada por el diputado de IU Alberto Garzón– también recogía que se vincularan las ayudas públicas al flujo de crédito hacia empresas y familias que consigan las entidades. La diputada conservadora Irene Garrido señaló que su grupo rechazaba la iniciativa alegando que la nacionalización de las cajas provocaría "un vuelco radical del actual modelo de intervención pública en los mercados financieros". Sobre el incentivo del crédito en la economía real dijo que este asunto ya estaba recogido en el decreto de saneamiento del sector financiero aprobado en febrero de 2012.

Precisamente la diputada Garrido utilizó como argumento para rechazar la propuesta de La Izquierda Plural a favor de los estímulos al crédito para empresas y familias la existencia de un decreto que, a la luz de los datos oficiales, no ha dado los resultados esperados. Las estadísticas del Banco de España siguen reflejando cómo las entidades mantienen cerrado el grifo del crédito para sociedades y hogares. Según datos de este organismo, el dinero prestado desde la banca a las empresas bajó un 18% en septiembre con respecto al mismo mes de 2013, hasta los 25.600 millones.

El decreto de saneamiento del sector financiero –al que aludió Garrido– sólo recoge que las entidades que estén sometidas o participando en algún proceso de integración deben incluir un objetivo cuantificado de incremento de crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas durante tres ejercicios económicos. No le pareció suficiente esta norma al grupo de La Izquierda Plural, que en febrero de 2013 presentó una moción en la que pedía al Gobierno que se utilizara a los bancos rescatados para financiar el modelo productivo y permitir el acceso al crédito a sujetos "excluidos".

Para Alberto Garzón –así lo dijo durante la presentación de la moción– el sector de las pymes tiene en España dos problemas fundamentalmente: la falta de crédito y la falta de clientes. Cuestiones ante las que, dijo, el Gobierno "no ha hecho nada" más allá de aprobar una reforma laboral que supone apostar por un modelo basado en la "devaluación salarial interna para ganar competitividad" en lugar del I+D. 

04. limitar las comisiones abusivas

Uno de los aspectos que más irritan a los consumidores cuando se pone encima de la mesa el debate sobre la actividad bancaria son las comisiones que se cobran por las operaciones más comunes. Documentos oficiales ponen negro sobre blanco esta percepción. La última campaña de control de cláusulas abusivas en la contratación bancaria realizada por la Dirección General de Consumo –cuyos datos se presentaron a finales del pasado septiembre– sirvió para detectar la presencia de prácticas abusivas en siete de las ocho entidades bancarias (el 87,5%) con las que los consumidores contratan servicios financieros. Barclays, Santander, Unicaja y La Caixa, son los bancos con las comisiones más elevadas, según un informe de Facua. 

Pues bien, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentó en enero de 2012 una proposición no de ley en el Congreso con la que pretendía instar al Gobierno a impedir que mientras se mantenga la situación de crisis económica se produzcan aumentos de las comisiones que aplican las entidades financieras. En este sentido, planteaba que se regulara legalmente la disposición de una cuenta bancaria como servicio básico y con ello la exoneración del cobro de comisiones por mantenimiento o administración de cuentas corrientes o de ahorro. Si bancos y cajas persistían en esa práctica, la iniciativa proponía que se les obligara a devolver las cantidades ingresadas.

El diputado del PP Antonio Erias Rey justificó el 'no' del grupo parlamentario popular aduciendo que "como representante de un partido que defiende y cree en la libertad", no veían necesaria "más intervención en este ámbito". Y aunque admitió que "han subido las comisiones", que "hay una discriminación para los diferentes clientes" y que "determinada posición dentro de la entidad financiera hace que, a veces, se tenga un trato especial", también dijo que "resulta evidente que el sistema financiero para desarrollar su actividad requiere cobrar un precio por los servicios que presta". 

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid, María Dolores Fernández Alcalde, ordenó –en un auto dictado el pasado 14 de octubre y al que ha tenido acceso infoLibre– embargar a Bankia los 26.708,15 euros que debía haber devuelto a dos de los hijos de un matrimonio ya fallecido, según había dictaminado en una sentencia del pasado 6 de junio. El banco les había vendido preferentes sin informarles del riesgo del dinero invertido.

En este escrito, la jueza da a Bankia plazo hasta el próximo viernes 24 de octubre para que manifieste una relación de bienes y derechos suficientes "para cubrir la cuantía de la ejecución". Asimismo, acuerda el embargo de cualquier ingreso procedente de la Hacienda Pública, así como del dinero que tenga la entidad en el Banco Santander y el BBVA hasta llegar a la cantidad reclamada. Un portavoz autorizado del banco indicó a este periódico que este impago se debe a "un error operativo en la tramitación del pago" y aseguró que "de forma inmediata" procederán "gestionar" el importe en el juzgado.

El 27 de mayo de 2009 el matrimonio formado por Julián C., que entonces tenía 91 años y padecía ceguera, y María C., que según sus hijos no sabía leer ni escribir, invirtieron en participaciones preferentes los 48.000 euros que habían recibido de la amortización de unos bonos de Caja Madrid suscritos dos años antes. Él había trabajado en la construcción y como guardés y ella había sido ama de casa. Y esos euros eran los ahorros de toda su vida. La "confianza con la entidad de muchos años", según explicó uno de sus hijos que estaba en el momento de la firma y compareció como testigo, llevó a este matrimonio de ancianos a suscribir la orden de compra. 

Lo hicieron creyendo que recuperarían su dinero a los cinco años. De hecho, así lo dejó manuscrito Julián en la carpeta en la que guardaba toda la documentación. La jueza determinó que ni se estudió el perfil de ambos "para ofertarles un producto complejo" ni tampoco se les dio la información necesaria para comprender el riesgo de pérdida del capital invertido "no solo por la posible depreciación del valor en caso de venta, sino por las especiales características del mercado secundario en el que cotizan". 

Falta de información 

En la sentencia, Fernández Alcalde señaló que tampoco se había acreditado que el matrimonio tuviera antecedentes de haber contratado productos financieros especulativos o de riesgo, pues habían invertido previamente en dos plazos fijos. Y tampoco que por sus estudios o profesión se les pudiera "atribuir conocimiento añadido en productos financieros complejos ni funcionamiento de mercados secundarios superior al de la media de los ciudadanos". "Por lo tanto ni los padres de los demandantes tenían un perfil inversor adecuado para el producto ni conocimientos personales o antecedentes de inversión que justificaran que lo contrataran. No consta que entendieran ni que se les informara suficientemente de la naturaleza del producto que contrataban y en concreto de su carácter perpetuo que no garantizaba rescatar el capital invertido", señaló en la sentencia. 

En 2012, cuando ambos fallecieron, sus hijos María Teresa y Lucio heredaron cada uno 101 títulos de esas participaciones preferentes por un importe nominal total de 20.200 euros. Sin embargo, se dieron cuenta de que no podían recuperar el dinero. Acudieron entonces a la justicia para reclamar que se declarase nulo ese contrato alegando falta de información. Tras el juicio, que se celebró el 3 de febrero de 2014, la jueza anuló la orden de compra y condenó a Bankia a restituir 10.100 euros a cada uno de los hijos más la suma de los intereses. A esa cantidad sólo había que restarle el importe de los rendimientos recibidos por cada uno de los demandantes. En total, la cantidad a abonar –que Bankia todavía no ha pagado– es de 26.708,15 euros (20.544,73 de principal y 6.163,42 de intereses). 

Beneficio de 431 millones 

Bankia obtuvo en el primer semestre de 2014 un beneficio de 431 millones de euros, lo que implica una subida del 48% respecto a los resultados obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Estos beneficios se producen después de que la entidad financiera recibiera 22.424 millones del Estado para evitar la bancarrota.

La banca sigue refugiada en el negocio de la deuda y el crédito continúa taponado. Entre los 15 mayores bancos del país, un tercio mantiene una cartera de inversión en renta fija que supone más del 50% de lo que dedica a créditos para su clientela. El estudio lo ha realizado Carmelo Tajadura, subdirector del Instituto de Macroeconomía y Finanzas de la Universidad Camilo José Cela, con los estados financieros publicados por la confederación de cajas (Ceca) y la patronal bancaria AEB para el primer semestre. 

Según el estudio, Bankia (58%), Ibercaja (59%), Catalunya Bank (90%), Banesco (80%) y Unicaja (61%) son las entidades que más inversión dedican a la renta fija en relación al total del crédito.

Los dos grandes, BBVA y Santander, muestran una relación renta fija/ total de crédito más moderada. El BBVA dispone de 82.231 millones en renta fija, prácticamente la misma cantidad que el Santander (85.773 millones). En porcentaje en relación al crédito, la inversión en renta fija supone un 12% del total en el Santander y un 25% en el BBVA. El menor porcentaje lo muestra Kutxabank: 4..500 millones en renta fija frente a créditos a clientes por 46.119 millones, un 10%.

Hacer músculo

Tajadura atribuye los elevados porcentajes de inversión en deuda en buena parte de la banca a dos factores: la necesidad de "hacer músculo" tras las dificultades pasadas, caso de Bankia, y a la acumulación de bonos por el traspaso de activos al banco malo, Sareb.

La explicación coincide con el análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la banca de la zona euro.  El director del área financiera de la institución, Jaime Viñals, lo ha resumido así: “Las entidades son más seguras, pero no tienen músculo financiero suficiente para apoyar la reactivación”. Según el FMI, hasta el 70% de la banca europea está demasiado débil como para dar crédito. La consecuencia es que el suero del crédito no llega a una economía esclerotizada, al borde de la recesión.

No es un problema de liquidez, como demostró la subasta celebrada por el Banco Central Europeo (BCE) el 18 de septiembre para facilitar dinero barato a la banca.  Esa primera subasta de liquidez condicionada (TLTRO, Targeted longer-term refinancing operations) cerró con una modestísima demanda. Fueron 82.601 millones a bajo interés (0,15% a cuatro años) cuando los analistas esperaban entre 92.000 y 114.000 millones.

Miedo al riesgo

El crédito no fluye porque los comités de riesgos de los bancos se tientan la ropa antes de tomar decisiones en un contexto de incertidumbre y con la economía europea prácticamente estancada.

La cautela ha llevado a que la tímida recuperación del crédito, de la que el Banco de España ha dado cuenta con datos de una decena de entidades para el me sde julio, se haya paralizado. En agosto el nuevo crédito para hogares creció un 0,2% respecto al mismo mes de 2013 (12% en julio), mientras que el crédito a las pequeñas y medianas empresas, aunque creció un 5,5% en los 12 meses, también registró un fuerte parón y descendió abruptamente siete puntos.

La falta de crédito se mantiene a pesar de las inyecciones de capital público en las entidades y a pesar de la barra libre de dinero barato dispuesta por el Banco Central Europeo. Se han empleado muchos recursos para normalizar el funcionamiento de la economía, pero el dinero no llega allí donde se crea empleo: las pequeñas y medianas empresas.

Sobre cuánto dinero público ha costado mantener en pie un sistema bancario que todavía no cumple con su función, no hay acuerdo. La AEB sostiene que han sido 77.800 millones; el Tribunal de Cuentas, que examinó los números del FROB, eleva la cantidad a 107.000 millones y el Banco de España (septiembre de 2013) limitó esa cifra a 61.000 millones (incluidos los 41.000 millones del préstamo europeo).

La banca sigue enganchada al dinero barato. Buena parte de su negocio depende de los beneficios que obtiene con la inversión en deuda pública. La tarea primordial, conceder crédito a empresas y familias, sigue en un segundo plano y no arranca. Así lo indican los datos hechos públicos por el Banco de España referidos al pasado mes de mayo, mes en el que el nuevo crédito destinado a las empresas sumó 26.478 millones. En un año, el crédito al sector empresarial ha caído un 13%. Los créditos a las empresas suman en lo que va de año 234.449 millones. Sonniveles del año 2005.

Con la línea de negocio fundamental tocada, los bancos hacen caja aprovechando la abundancia de dinero barato. Lo toman del Banco Central Europeo (BCE) y lo invierten en deuda pública. El diferencial entre los tipos oficiales (0,15%) y la rentabilidad de los bonos (última cotización, al 2,55%) compensa la caída de actividad del negocio tradicional.

Las cuentas de la banca hechas públicas por la patronal bancaria AEB y por las cajas (CECA) muestran que las operaciones con deuda suponen casi el 20% de su margen bruto (la diferencia entre los ingresos y los costes financieros).En entidades como Liberbank o Banco de Sabadell, la deuda aporta más del 50%:; en otras también punteras como Banco Santander (37,4%) o BBVA (23,5%), el juego del llamado carry trade también es parte fundamental de los beneficios.

La vía más fácil

Con los bancos enganchados a la generación de beneficios por la vía más fácil, será complicado que se cumplan los deseos del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi de que el aumento de dinero barato en circulación sirva al fin para reanimar el crédito y la economía de la zona euro.

En la comparecencia en el Parlamento Europeo esta semana, Draghi aseguró que "La situación general es tal que estas operaciones de carry tradecarry trade van a ser mucho menos rentables". Lo cierto es que en el pasado lo fueron mucho. A finales de 2011 y principios de 2012, el BCE inundó el sistema bancario con dinero barato a tres años (un billón de euros) que acabó empantanado en lagos de deuda pública.

En un nuevo intento por animar el crédito, el BCE ha anunciado más dinero barato (hasta otro billón de euros) condicionado a que la banca conceda créditos y financie, en suma, a la economía real. Si el dinero barato que los bancos tomen prestado no lo dedican al crédito, tendrán que devolverlo. Pero las devoluciones deberán hacerlas allá por 2016, por lo que, al fin, la tentación de tomar prestado dinero barato, invertirlo en deuda, obtener beneficio no está conjurada.

Engrasar el crédito

El mecanismo previsto por el BCE para engrasar la rueda del crédito se denomina  programa TLTRO (targeted longer-term refinancing operations, es decir, operaciones de refinanciación a largo plazo). Ese programa llegará al sistema bancario por partes. En primer lugar, 400.000 millones en las dos subastas que se celebrarán en septiembre y diciembre.

Las siguientes rondas de liquidez tendrán más condiciones. Las entidades podrán solicitar préstamos por un total de hasta tres veces los créditos que hayan concedido al sector privado. Si no demuestran haber cumplido los objetivos fijados por el banco central para hacer fluir el crédito, deberán devolver la liquidez recibida en septiembre de 2016. Pero quizá, advierten los especialistas, les salga a cuenta.

El temor a que la liquidez anegue el sistema bancario sin dar los frutos deseados está detrás del análisis que ha hecho el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, guardían de la ortodoxia monetaria en el BCE. En un discurso pronunciado en la Bolsa de Madrid, Weidmann ha recomendado romper el nexo de unión entre el sector bancario y la deuda soberana.