La respuesta de las comunidades autónomas a la guerra de Irán avanza de manera desigual, con regiones que ya han movilizado recursos, mientras otras, como Andalucía, siguen sin aprobar medidas propias. En conjunto, las comunidades autónomas han puesto en marcha ayudas que van desde créditos al apoyo directo al campo o la pesca, descuentos en el combustible o alivio de cargas fiscales, por un total de 2.133 millones de euros. A esta cifra se suman los 5.000 millones de euros anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez la semana pasada en su plan anticrisis.

Entre los ejecutivos autonómicos destaca el País Vasco, con más de 1.000 millones de euros, seguido de Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 400 millones de euros cada una. Galicia ha anunciado un plan propio con 150 millones de euros de dotación.

En Navarra, el ejecutivo ha anunciado un plan de choque fiscal de 37 millones de euros. En Baleares, el Consell ha prometido 84 millones de euros, mientras que en Murcia el gobierno autonómico ha movilizado, por ahora, 10 millones de euros.

La Generalitat de Cataluña aprobó un paquete de 400 millones de euros en ayudas directas para proteger a familias, trabajadores y empresas. La Comunidad Valenciana también ha activado medidas con más de 300 millones en ayudas a la industria, junto a créditos y apoyo a autónomos y empresas.

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprobado un plan de 150 millones de euros con ayudas a empresas, transportistas y el sector primario. Baleares y Murcia han puesto en marcha medidas por valor de 84 y 10 millones de euros, respectivamente.

Frente a estas iniciativas, Andalucía se mantiene a la espera. La Junta ha puesto el acento en la coordinación con el Gobierno central, mientras el PSOE andaluz presiona al presidente autonómico, Juanma Moreno, para que implemente un plan propio.

Una situación similar se da en Castilla y León y Extremadura, con gobierno en funciones tras las elecciones. La Junta de Castilla y León ha anunciado que compensará las ayudas estatales, centrando su estrategia en rebajas impositivas. En Extremadura, la portavoz del ejecutivo, Elena Manzano, ha defendido que es el Estado quien debe liderar las medidas, calificando de “insuficientes” las adoptadas hasta ahora.

La ministra Elma Saiz, se ha referido a ambas Comunidades Autónomas lamentando la “parálisis” en algunas autonomías y criticando que “los cálculos electorales” estén primando sobre la adopción de medidas.

Aragón tampoco ha aprobado aún un plan, aunque ha avanzado algunas medidas de carácter fiscal. A esta lista se suman otras comunidades con gobiernos estables que tampoco han anunciado iniciativas, como La Rioja, Cantabria y Castilla-La Mancha.

En el caso de Canarias, se prevé un tratamiento específico, ya que el Gobierno de España financiará mediante mecanismos de compensación las medidas estatales que no tienen aplicación directa en el archipiélago.

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.

Este viernes el Ejecutivo ha dado a conocer el Plan de Respuesta Integral ante la guerra en Oriente Medio. Tras una semana de contactos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la respuesta a la crisis se articularía en dos reales decretos. El primero, centrado en temas de vivienda; y un segundo, más amplio, que busca una "reducción drástica de la fiscalidad energética" con bajadas de impuestos en los carburantes, la electricidad y el gas.

Los dos decretos, que se han aprobado en el Consejo de Ministros, entrarán en vigor cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —previsiblemente este sábado— y luego contarán con 30 días para su ratificación. El segundo, que incluye las medidas fiscales, pasará por el Congreso la semana próxima, ya que cuenta con los avales necesarios, según explican fuentes del Ejecutivo. En cuanto al primero, relativo a la vivienda, es más polémico y requerirá previsiblemente de más tiempo para negociarlo con los grupos parlamentarios. Cabe recordar que las medidas antidesahucio, prorrogadas desde 2020 —cuando se implantaron para responder a la crisis del covid y se mantuvieron por la guerra de Ucrania—, decayeron en febrero al no obtener respaldo en el Congreso por los votos negativos de PP, Vox y Junts.

La vivienda ha estado en el centro de la polémica durante toda la negociación. A lo largo de esta semana, el ala de Gobierno de Sumar insistía en ella, pero el Ministerio de Economía pedía tiempo para valorar el impacto de la crisis en este ámbito. Finalmente, este viernes, se ha incluido una propuesta para prorrogar por dos años todos los contratos de alquiler que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

El plan también prohibirá a las empresas que reciban ayudas públicas despedir a los trabajadores por razones económicas mientras dure esta crisis. Por otro lado, trata de imponer medidas para evitar que las rebajas se transformen en un aumento de los beneficios empresariales y no lleguen a la gente. Así, articula un control de los márgenes de las empresas que vigilará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El escudo social se complementa con un bono social eléctrico para familias vulnerables que será del 42,5% y se ampliaría al 57,5% para los casos severos. También propone reforzar el bono social térmico, prohibir el corte de suministros a los consumidores vulnerables y flexibilizar por ley los contratos de suministros de energía para empresas y autónomos.

En el ámbito laboral también se ha acordado acelerar la implementación de planes de movilidad sostenible. Así, las empresas deberán promocionar formas de movilidad colectiva para sus trabajadores, de forma que su factura en combustibles se reduzca. Esta era una regulación que se esperaba para el año próximo, pero que ahora se adelanta en el marco de la crisis por la guerra de Irán.

En la parte que toca a la energía, las bajadas impositivas son el centro de la propuesta. El Ejecutivo reducirá el IVA del gasóleo, gasolina y otros combustibles del 21% al 10%, lo que se traduce en un ahorro de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante o de 20 euros por depósito medio. También se reduce el impuesto especial a los hidrocarburos y se aplica una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.

El paquete contempla una bajada del IVA de la electricidad y el gas natural al 10% y también lo hace para otros productos como los pélets y la leña. El impuesto especial eléctrico, que se refleja en las facturas de los hogares, se reduce del 5% al 0,5%, y se suprime temporalmente el impuesto al valor de la producción de energía eléctrica, que pagan las empresas. Todo junto supone, según el Ejecutivo, una rebaja fiscal del 60%. Por otra parte, a la bombona de butano y propano también se le aplicará un tope de precio.

En este punto es donde la CNMC tendrá un papel importante, para controlar que las compañías no absorban las bonificaciones y terminen cobrando un precio superior a los consumidores. Según ha explicado Sánchez, se ampliará la supervisión y las sanciones a las empresas que lleven a cabo estas prácticas.

Por sectores, el Ministerio de Economía había insistido esta semana en la necesidad de respaldar a aquellos que tienen una mayor incidencia en la cesta de la compra, en aquellos que sufrirían un choque más severo con el precio de la energía disparado o los que no podían abastecerse de materias primas necesarias para su producción. Por eso el plan pone el foco en la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias electrointensivas.

Primero ofrecerá una ayuda extraordinaria y temporal de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional. Ayudas para la compra de fertilizantes y líneas de financiación pública. En este último caso, se han anunciado préstamos ICO/MAPA/SAECA, creados para ayudar a compensar las pérdidas de rentabilidad en el campo y la pesca.

Sobre la industria, se planean bonificaciones del 80% de los peajes eléctricos a las empresas electrointensivas, lo que les supondría un ahorro de 200 millones de euros en total.

Para completar el paquete de respuesta en lo que tiene que ver con el consumo energético, el decreto de ayudas incluye una deducción del IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y para la instalación de placas solares. También mantiene otra deducción del 15% en el IRPF por comprar vehículos eléctricos "enchufables" y de pila de combustible y la simplificación de los procedimientos administrativos para renovables.

Es cada vez más cara, escasa, supone la principal preocupación de los españoles y hasta pone un punto de sombra en el momento favorable que vive la macroeconomía. La vivienda está en el centro de la economía social y, a la hora de negociar el paquete de respuesta a los posibles efectos de la guerra de Irán, ha surgido como la principal polémica dentro del Ejecutivo. Sumar, ERC, Bildu y Podemos presionan para que el paquete anticrisis recoja medidas de apoyo a los alquileres, pero por el momento no parece que esta presión vaya a tener efecto. Desde la parte socialista, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicaba que las medidas del Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio están ajustadas al impacto económico que se está observando e insistía en que el escenario es distinto al que se vivió en 2022 con la invasión de Ucrania. Así, un eventual escudo en materia de vivienda quedaría condicionado al comportamiento de los precios.

“La principal medida que estamos pidiendo es la prórroga de todos los contratos de alquiler que vencen este año”, señalan fuentes de Sumar. De hecho, el propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, había declarado esta semana que la vivienda estaría entre los pilares del paquete. “En primer lugar, un nuevo escudo energético que proteja de manera reforzada a los consumidores más vulnerables. En segundo lugar, medidas de vivienda para poder proteger a las familias trabajadoras en España”, enumeró. Del lado de Economía insisten en la “flexibilidad” y en “hacer seguimiento continuo de este impacto para evaluar la eficacia de las medidas”, aunque no han concretado si a medio plazo se contemplan intervenciones específicas en el ámbito inmobiliario.

En el centro de la polémica están los alquileres, uno de los principales factores de gasto para las familias y que podría verse agravado en un eventual escenario de aumento de la inflación y subida de precios generalizada. “Las inquilinas ya necesitaban apoyo por parte de las instituciones antes de la guerra de Irán, pero la situación derivada del conflicto hace que esta intervención sea más urgente que nunca”, señalan fuentes de Sumar. Las medidas antidesahucio, prorrogadas desde 2020 —cuando se implantaron para responder a la crisis del covid y se mantuvieron por la guerra de Ucrania—, decayeron en febrero al no obtener respaldo en el Congreso por los votos negativos de PP, Vox y Junts. Pero en el escenario de una nueva crisis, Sumar, Podemos, ERC y Bildu ven una oportunidad para recuperar este escudo. La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, pedía intervenir el mercado, a la vez que Podemos criticaba la "inacción del Gobierno" y señalaba que "no se va a tomar ningún tipo de medida en materia de vivienda".

Para el Ministerio de Economía, las medidas que eventualmente se puedan tomar están condicionadas a la evolución de los precios. Por ahora, el golpe más acusado ha llegado al precio de los combustibles, pero en los organismos monetarios internacionales como la Reserva Federal estadounidense, coloquialmente conocida como la Fed, o el Banco Central Europeo (BCE) se observa la evolución de la inflación con cautela. Al igual que había hecho la Fed, el BCE decidió ayer mantener sin variación los tipos de interés en el 2%, pero aventuraba un repunte en los precios a corto y medio plazo.

"La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo debido al encarecimiento de los precios de la energía. Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto, como del modo en que los precios de la energía afecten a los precios de consumo y a la economía", apuntaba el BCE en su balance. Además, en esta nueva coyuntura, el organismo aumentó al 2,6% la subida de los precios para 2026, siete décimas más de inflación que en sus últimas previsiones. Pese a todo, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, lanzaba también un mensaje de calma: "Estamos bien situados para navegar en esta incertidumbre", señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Otra variable a considerar a la hora de ponderar el impacto de la guerra en los bolsillos son las hipotecas. Se espera un repunte del euríbor —índice de referencia para los préstamos hipotecarios mixtos o variables— para el mes de marzo que alcanza ya el 2,4% y ha hecho que los bancos ya se centren en ofertar modalidades de hipoteca fija al 3%.

Cuerpo ha insistido en que "con Ucrania se aprobaron siete paquetes de ayuda" y no ha descartado incluir medidas más adelante, aunque tampoco ha concretado en qué podrían consistir. En anteriores experiencias, además del escudo social, el Gobierno aprobó medidas que incluían la posibilidad de alargar los plazos de pago, periodos de carencia o protocolos de refinanciación de deuda en el caso de hipotecas.

Del lado de Sumar insisten en la urgencia de la medida más allá de la crisis internacional. "En un contexto de subidas de alquiler que van desde el 25% al 70% en algunos territorios, se suma un evidente encarecimiento del coste de vida derivado del aumento de los precios del petróleo, y la vivienda tiene un impacto extraordinario en estas economías familiares que ya van al límite", señalan a infoLibre fuentes del grupo.

Hasta ahora, las iniciativas para mantener el escudo social en materia de vivienda han naufragado al pasar por el Congreso y las mismas fuentes aseguran que las negociaciones en el seno de la coalición continúan en marcha. "Seguimos negociando e insistiendo en que son medidas necesarias para este escudo social, aunque el PSOE eche balones fuera".

Hay una indecencia especialmente cómoda: la que no necesita esconderse. No falsifica, no fuerza cerraduras; solo se ampara en el “es legal” y convierte una ayuda social en un cupón. Esa frase —legal— funciona como detergente moral: blanquea el gesto de quien, pudiendo pagar, decide cargar parte de su factura a un instrumento creado para que otros no vivan a oscuras.

Se ha sabido que el Gobierno prevé introducir un criterio de renta para limitar el acceso al bono social eléctrico de familias numerosas con rentas altas, dentro de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que se aprobará en los próximos días. 

La cifra explica el bochorno. Según la información publicada, hasta 337.000 familias numerosas podrían verse afectadas porque hasta ahora accedían al descuento por el mero hecho de acreditar esa condición, sin filtro económico; de un total de 454.382 familias numerosas que a finales de 2025 tuvieron acceso al bono social, esas 337.000 lo hacían sin que mediara criterio de renta. Y el descuento no es simbólico: hoy se habla de 42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos. 

Aquí hay dos vergüenzas. La primera es institucional. La puerta no la abrió un ciudadano “listo”; la dejó entornada el propio diseño normativo. El Real Decreto 897/2017 define al consumidor vulnerable y, entre las vías de acceso, incluye explícitamente “estar en posesión del título de familia numerosa” como requisito suficiente (letra b) del artículo 3.2). Si el sistema permite entrar sin mirar renta, no nos sorprendamos de que entre quien no debería. 

La segunda vergüenza es humana. Porque una cosa es poder solicitar algo y otra muy distinta es tener derecho moral a hacerlo. Hay personas que confunden lo público con un bufé de restaurante: “si está ahí, me lo llevo”. Esa mentalidad —la del “si cuela, cuela”— no es picardía simpática, es corrosión. Sobre todo, cuando se aplica a una ayuda concebida para la vulnerabilidad.

Y mientras discutimos el oportunismo, ocurre lo verdaderamente obsceno: quienes sí lo necesitan se quedan fuera. Un análisis de EsadeEcPol señala que en 2022 la tasa de cobertura del bono social fue del 24,5%: casi 8 de cada 10 hogares que podrían recibirlo no lo recibían. Y el patrón es aún más revelador: la cobertura subía al 45,5% en familias numerosas, pero era solo del 20% en la categoría de renta baja y de apenas 9,2% entre jubilados con pensión mínima. Esto no describe una ayuda bien dirigida; describe una ayuda capturable por quien tiene más capacidad de tramitar, insistir y entender el circuito. 

La propia noticia lo formula sin rodeos: el 60% de las familias numerosas con ingresos medios-altos se beneficiaban, y uno de cada tres hogares que disfruta de la ayuda tiene ingresos medios-altos; el principal freno para los más necesitados era la burocracia, mientras que a hogares con más ingresos y formación les resultaba más fácil pedirla. Si una política social llega mejor al que mejor navega la Administración, esa política se ha dado la vuelta: deja de ser red y se convierte en atajo. 

Por eso no necesitamos cacerías ni “listas” de nombres. Necesitamos cirugía y madurez cívica: cerrar el agujero, sí, pero también cambiar la lógica para que la ayuda no dependa del músculo administrativo del solicitante. Criterio de renta claro; acceso lo más automático posible cuando el Estado ya dispone de datos; y menos fricción para quien llega tarde, cansado y sin tiempo. 

Quizá quien se aprovecha no lea estas líneas. Da igual: este tipo de artículos no se escriben para convertir al oportunista; se escriben para que el resto dejemos de llamarlo “espabilado” y empecemos a llamarlo por su nombre. Porque una sociedad decente no pregunta primero “¿puedo?”, sino “¿lo necesito?”. 

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Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral.

Las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas, y Gelida (Barcelona) pueden solicitar desde este martes, y hasta el 4 de mayo, las ayudas aprobadas por el Gobierno, según recoge EFE. 

El Ministerio de Transportes ha señalado que las ayudas pretenden dar un respaldo económico inmediato a las personas afectadas y a sus familias, reducir la incertidumbre económica derivada de los accidentes y facilitar una tramitación ágil y accesible.

Están dirigidas a quienes viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario a bordo que resultaron heridos, así como a los familiares de los fallecidos. El procedimiento contempla una ayuda directa y no reembolsable en los casos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que cada estadounidense, a excepción de los que tengan las rentas más altas, recibirá un bono de "al menos 2.000 dólares" gracias a los aranceles, informa EFE.

"¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente estadounidense añadió que los planes de pensiones 401k "están en su nivel más alto", pronto se empezará a pagar la deuda gracias a lo ingresado por los gravámenes y hay "una inversión récord en EEUU, con plantas y fábricas surgiendo por todas partes".

"Se pagará un dividendo de al menos 2000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas con altos ingresos!) a todo el mundo", añadió el republicano.

Trump defendió su política comercial unos días después de que el Tribunal Supremo estadounidense se mostrase escéptico sobre la legalidad de los aranceles que ha impuesto a prácticamente todos los territorios del mundo.

El alto tribunal analizó si una ley de poderes económicos en emergencias internacionales es suficiente para que el presidente imponga estos gravámenes a otros países sin necesitar el respaldo del Congreso, como defiende la Administración estadounidense, o si necesita el respaldo del legislativo, a quien la Constitución le otorga la potestad, fuera de esta ley, de decidir sobre los impuestos.

"El presidente de EE.UU. tiene permiso (¡y la aprobación total del Congreso!) para detener todo el comercio con un país extranjero (¡lo cual es mucho más oneroso que un arancel!), y conceder licencias a un país extranjero, pero no tiene permiso para imponer un simple arancel a un país extranjero, ni siquiera por motivos de seguridad nacional. ¡Eso NO es lo que nuestros grandes fundadores tenían en mente! ¡Todo esto es ridículo!", denunció en otro mensaje.

El presidente insistió en que las empresas están llegando "en masa" al país gracias a los aranceles.

"¿No se le ha informado al Tribunal Supremo de EEUU? ¿Qué demonios está pasando?", preguntó.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en junio de este año a 2,5 millones de personas que componen 736.867 hogares vulnerables, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta prestación, que se concretó en 2020 como una medida para atajar el riesgo de pobreza y la exclusión social, aporta, de media, 522 euros mensuales a los hogares que la disfrutan. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que un 55% de potenciales beneficiarios se quedan fuera. En su actualización, el organismo que dirige Cristina Herrero concluyó que esa cifra asciende al 75% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Sobre esto, fuentes de Vivienda señalan que más de un 40% de estos potenciales beneficiarios tendrían otros ingresos, como la prestación por desempleo. “Esto puede derivar en una menor motivación para solicitar el IMV o en que consideren que no son elegibles”, concluyen.

El IMV trata de atajar, principalmente, las tasas de pobreza infantil, pero los datos apuntan a que el alcance de la prestación no es suficiente. De hecho, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa aceptó recientemente una denuncia, propuesta por varios colectivos sociales, que pone en cuestión la regulación por la que se orienta, debido a las dificultades que encuentran los ciudadanos para solicitarla.

En concreto, la ONG ATD Cuarto Mundo, que encabeza la denuncia, pedía corregir algunos puntos que, en su opinión, vulneran la Carta Social Europea. Entre ellos está la compatibilidad con las rentas autonómicas para evitar tener que devolver cobros indebidos —un problema que ha afectado a muchos beneficiarios— o rentas procedentes del trabajo. También expone la necesidad de corregir unas condiciones que excluyen a una parte de la población necesitada (por cuestiones de residencia o de edad) y la disparidad de criterios entre autonomías con respecto a otras prestaciones que vienen de las comunidades.

El informe presentado por AIReF, incluye por primera vez la forma en que esta prestación interactúa con el mercado laboral y señalan que el IMV disminuye la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales. Esta prestación es compatible con un contrato de trabajo y en enero de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, un mecanismo que no reduce el importe de la ayuda si los ingresos laborales son inferiores al 60% de la renta garantizada para la unidad de convivencia. Hasta entonces, la ayuda disminuía o desaparecía, aunque los beneficiarios no tuvieran ingresos suficientes para vivir. Sin embargo, para muchas familias esto termina siendo una madeja burocrática: “Prestaciones extinguidas por el nacimiento de un bebé en la familia, por traer a la casa familiar a la abuela, por emancipación de un hijo…”, denuncia la ONG Cuarto Mundo.

Sobre esta integración de las ayudas con el empleo, fuentes del ministerio señalan que “la evaluación del incentivo al empleo es temprana” y que “sería conveniente esperar a contar con más datos, a que el mecanismo esté más consolidado y sea más conocido por los beneficiarios”, concluyen. 

En relación con el proceso que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha abierto a España, el Gobierno tiene hasta el 14 de agosto para presentar sus alegaciones por escrito. Pero precisamente una de las medidas que han motivado la demanda tiene que ver con la compatibilidad de la prestación con un contrato laboral, aun en casos donde persista la situación de vulnerabilidad a pesar de tener un sueldo. La ONG también recalca que el proceso de concesión es largo, que las legislaciones autonómica y nacional se solapan o que la forma de corregir los pagos indebidos es inadecuada.

Otro de los puntos que toca la AIReF es crear un procedimiento automático para que el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) llegue a los hogares potenciales desde el momento del nacimiento de los menores, es decir, sin que tengan que pasar por el largo proceso de solicitud. En este punto, desde Seguridad Social señalan que las peticiones de ayuda siempre deben ser mediadas por una solicitud del interesado y que carecen de información para actuar de oficio.

Desde el Gobierno asumen parte de las críticas. “Compartimos el objetivo de seguir avanzando hacia un mayor automatismo que minimice los trámites que tienen que hacer los ciudadanos”, señalan desde Seguridad Social. Aunque mantienen que el alcance de la ayuda se ha ido ampliando. “Las tasas de cobertura suben del 36% hasta el 42% en el IMV y del 19% al 23% en el CAPI” y concluyen señalando que el tiempo de espera “se ha reducido en 45 días desde 2023”, si bien se mantiene en torno a los seis meses.

También la Autoridad Fiscal ha destacado algunos puntos positivos en el IMV. Por un lado, apuntó que aumenta en un 3% la posibilidad de tener un empleo indefinido y ayuda a que los ciudadanos acepten menos empleos precarios. Además, favorece los procesos de formación que repercuten después en la calidad del empleo que las personas pueden conseguir. Pese a esto, Herrero insistió en la necesidad de reformar esta prestación, un análisis en el que coincide con las organizaciones sociales.

El Gobierno ha abierto el plazo para solicitar las becas SERÉ para preparar las oposiciones a altos cargos de la Administración de Justicia, que contarán con una dotación anual de 12.000 euros, según ha anunciado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una entrevista con EFE.

Estas ayudas están destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos más altos de la Justicia (carreras Judicial y Fiscal, Cuerpo de Letrados de la Administración y Cuerpo de Abogados del Estado) y en la convocatoria de este año casi se duplica la dotación presupuestaria, hasta los 15,6 millones de euros, con los que se concederán 1.300 becas.

"Este ministerio está apostando de manera muy decidida por estas becas. Mientras yo sea ministro, mientras haya un ministro progresista, habrá becas para opositar a la carrera Judicial y Fiscal", ha subrayado Bolaños, que ha defendido la necesidad de blindar por ley estas ayudas. Así lo contempla el proyecto de ley de Reforma de la Carrera Judicial y Fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria, que establece el carácter estructural del programa y fija como cuantía mínima de la ayuda el salario mínimo interprofesional (SMI).

El objetivo es evitar que "cuando lleguen los gobiernos conservadores las supriman", como ocurrió durante el mandato de Mariano Rajoy, señala el titular de Justicia. En la convocatoria de este año están disponibles 930 becas para las carreras Judicial y Fiscal, 230 becas para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y 40 becas para el Cuerpo de Abogados del Estado.

Además, se incluyen 100 becas adicionales en modalidad mixta de ayuda económica y en especie. De esta manera, una parte de la cuantía se ofrece directamente a la persona que prepara y otra a la persona que oposita para su manutención. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde este lunes y hasta el 23 de junio y los interesados deberán presentar su solicitud a través de los medios electrónicos habilitados por el Ministerio de Justicia.

Bolaños ha detallado que la futura ley va a mejorar tanto la dotación, que se equipara al salario mínimo interprofesional, como la duración de las becas, que permitirán que cualquier persona, aunque su familia no tenga suficiente renta, pueda opositar. En los últimos años se ha ido incrementado la financiación y número de beneficiarios de estas ayudas, de manera que la inversión en 2025 casi duplica la de 2024 (pasa de 8 millones a 15,6 millones de euros) y multiplica por diez la de 2022, cuando la dotación fue de 1,6 millones de euros.

En 2024, un total de 983 personas obtuvieron una de estas becas, un 24 % más que en 2023. De ellas, 790 destinaron la ayuda a la preparación de las oposiciones para convertirse en jueces o fiscales, 162 lo hicieron para acceder al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y 31 lo invirtieron en preparase para el Cuerpo de Abogados del Estado. Andalucía encabezó el número de beneficiarios, con un 26 % de las mismas, seguida por la Comunidad Valenciana, con un 13 %. En cuanto a rangos de edad, el 90 % de los beneficiarios tenía entre 21 y 33 años, y de la totalidad de las ayudas otorgadas, 791 fueron concedidas a mujeres frente a 192 hombres.

La guerra comercial iniciada por Donald Trump empieza a dejar alguna certeza dentro del cruce de informaciones, plazos y rectificaciones que llegan a diario desde Washington. Europa pagará un arancel del 20% y, en España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló este martes que el 80% de las exportaciones nacionales hacia Estados Unidos se verán afectadas. El 20% restante, explican desde Economía, corresponde a los sectores que Trump ha dejado exentos por el momento, como el farmacéutico, el cobre, algunos productos de madera o minerales críticos. El impacto puede llegar a los 14.800 millones si se tiene en cuenta que el último dato de exportaciones, relativo a 2024, llegó a los 18.600 millones. El Gobierno prepara un plan de contingencia por un importe total de 14.100 millones, de los cuales, 7.720 empiezan a circular a partir de este martes.

Atendiendo a su volumen de negocio, entre las empresas con mayor exposición estarían energéticas como Repsol, Endesa o Gas Natural. También, en el grupo de las textiles aparece Inditex (con una facturación de 15.000 millones) o El Corte Inglés. Más abajo hay otras conocidas como Airbus (supera los 3.600 millones), Santander Technology (1.700 millones), El Pozo Alimentación (con una cifra de negocio de 1.662 millones) o varias cooperativas de aceite de oliva como Dcoop (con sede en Málaga, que factura 1.236 millones) o Cosur (con sede en Jaén y 876 millones), según una lista elaborada por la aseguradora pública Cesce.

El impacto en las empresas depende de muchos factores, pero este primer paquete de medidas irá destinado a atender problemas puntuales de liquidez por una posible caída en las ventas (líneas ICO) y también a mostrar posibilidades en otros mercados. David Echeverry, economista de la Universidad de Navarra, explica que el efecto de los aranceles depende “de la capacidad que tenga el productor de trasladar precios”. Por un lado, un productor más grande podría tener una mejor posición de negociación con su comprador y podría trasferir una mayor proporción del arancel, explica. Aunque matiza que productores o empresas más pequeñas también lo podrían tener más fácil a la hora de buscar un mercado alternativo, al mover un volumen menor de producto.

Otra de las medidas que ha anunciado este martes el Gobierno es la creación de un plan destinado a proteger a medio millar de compañías exportadoras españolas. “El foco estará en concentrar la actuación para ayudar a estas 500 empresas a salir adelante y proteger esas exportaciones y nuestro tejido productivo”, explicó Cuerpo en la rueda de prensa. Estas compañías representan tres cuartas partes del total de las exportaciones y el plan se articulará a través del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Este plan, puntualizó el ministro, sería “complementario” al resto de ayudas y podrá combinarse con otros mecanismos de rescate.

Muchas de las grandes empresas que recoge Cesce en su lista tienen su sede en Madrid o Barcelona, pero el tejido de medianas y pequeñas compañías hace que el efecto no se concentre solo en esas regiones. Así, las comunidades que mayor volumen exportador tienen con Estados Unidos son Cataluña (en 2024 exportó 4.351 millones), Andalucía (3.142 millones), Valencia (2.850 millones) y Madrid (2.149 millones). En Andalucía, cooperativas aceiteras como Atlantic Cooper, con una facturación de 2.300 millones, o Dcoop (con sede en Málaga, que factura 1.236 millones) empujan la actividad de esta comunidad. En Barcelona son SEAT (que factura 10.500 millones) o una filial de Volkswagen (3.200 millones) las más potentes. En Valencia, destaca por volumen Ford (con una cifra de 7.500 millones), pero completan su tejido exportador compañías de componentes eléctricos, calzado o cerámica.

Pero aunque los aranceles ya tengan una cifra (un 20%) casi todo lo demás es incertidumbre y nadie se aventura a proponer escenarios. En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros el titular de economía se encargó de remarcarlo en varias ocasiones y señaló que “aún no es posible ponderar el impacto” y que sería “prematuro” dado que no se sabe ni la duración que tendrán los aranceles ni los frutos que pueden dar las negociaciones con Europa. Sin embargo, la primera parte del paquete ya está en marcha y se ha activado una línea de avales ICO por importe de 5.000 millones de euros que se podría ampliar en caso de que las solicitudes lo requieran.

La otra pata del paquete de ayudas tiene que ver con una posible reconversión de las empresas, si así lo deciden, y con un impulso a la internacionalización. Es decir, sería un instrumento para ayudarlas en la búsqueda de mercados alternativos en caso de que las relaciones con Estados Unidos se volviesen aún más complicadas. Por lado, se activa una partida de 720 millones que se destinarían a internacionalización, y por otro, se inyectan 2.000 millones al seguro de crédito a la exportación, ofrecido por CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) y que protege a empresas e inversores españoles frente a los riesgos políticos y comerciales asociados a las inversiones en el extranjero.

Si bien aún no se puede ver el golpe arancelario en toda su magnitud, las previsiones, Cuerpo se ha referido a la actual coyuntura como “el mayor shock en materia comercial de los últimos cien años” y ha señalado que se “monitorizara el efecto sobre los diferentes sectores” para ir ajustando la respuesta.

La convocatoria general de becas al estudio del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el curso 2025-2026 ya se pueden solicitar desde este lunes 24 de marzo hasta el 14 de mayo, según informa EFE. Las ayudas, con un presupuesto de 2.544 millones de euros, están dirigidas a estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores (grado y máster), así como a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y otros estudios no universitarios.

Los estudiantes deberán cumplimentar una serie de datos provisionales, que podrán modificar más adelante, ya que deben solicitarla ahora aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, qué van a estudiar en el que viene o si van a continuar o no con su formación. En cuanto al importe de las ayudas, la cuantía asociada a la renta familiar se sitúa en 1.700 euros, mientras que la ayuda ligada al cambio de residencia durante el curso asciende a 2.700 euros (el pasado curso fue de 2.500) y la cantidad por excelencia académica podrá ir desde 50 a 125 euros.

El Ministerio explica que se ha incrementado la ayuda al cambio de residencia para que cerca de 101.000 alumnos, la mayor parte de zonas rurales, puedan desplazarse fuera de sus municipios y continuar con sus estudios gracias a esta ayuda. En esta convocatoria, los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores se equiparan a los universitarios, lo que beneficiará a unos 7.000 jóvenes, detalla Educación.

También aumentan un 25% las cuantías fijas para aquellos alumnos universitarios o de enseñanzas artísticas superiores que acrediten una discapacidad del 25% al 65%; medida que complementa a la que ya se aplica al alumnado con discapacidad igual o superior al 65%. En el caso de los alumnos de las zonas afectadas por la dana, no se tendrán en cuenta en el cómputo de los rendimientos patrimoniales las subvenciones estatales recibidas por este motivo.

En esta edición se flexibilizan los requisitos académicos a aquellas personas mayores de edad que acrediten la condición de víctimas de violencia sexual, para equipararlas a las personas menores de edad en igual situación y a las víctimas de violencia de género. La solicitud se podrá formalizar en el apartado de "Becas y Ayudas" de la web del Ministerio de Educación.

Solo ha pasado una semana desde que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo votó en contra del decreto ómnibus en el Congreso que incluía la revalorización de las pensiones de 12 millones de jubilados, la prórroga de las bonificaciones al transporte públicas y las algunas ayudas a los afectados por la dana o el volcán de La Palma, entre otras cuestiones. Y solo veinticuatro horas desde que el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, calificara de "humillación" el acuerdo del Gobierno con Junts y se mostrara "radicalmente en contra" de que Sánchez le diera "un palacete a un partido político para seguir manteniéndose en el poder".

El traspaso al PNV del "palacete", un edificio que fue la sede del Gobierno vasco en el exilio en París, fue el principal argumento del PP para votar en contra de aquel decreto, aunque según pasaron los días fueron añadieron más motivos recurriendo, incluso, a bulos al aludir a medidas que no estaban en el decreto como que el Gobierno "quería colar" la subida "del IVA de los alimentos" y e "incrementar la factura de la luz". Un argumento defendido por el propio Feijóo y el resto de los miembros de su dirección, pero también por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pese a que en ninguna de las 140 páginas del texto que el PP tumbó, con el apoyo de Vox y Junts, había mención a esos supuestos incrementos del IVA, que entraron en vigor el 1 de enero de 2025.

La sorpresa llegó este miércoles, cuando el PP anunció que votará a favor del nuevo decreto, pese a que ya no necesita los votos de los conservadores para salir adelante tras el acuerdo del Gobierno con el partido de Carles Puigdemont. No fue el líder del PP el encargado de anunciarlo ni tampoco Borja Sémper, pese a que hacía pocos minutos había dado declaraciones a los medios y previamente en una entrevista en la que dejó en el aire el sentido del voto, sino la cuenta oficial del partido. Según el partido de Feijóo, finalmente han decidido que apoyarán el texto "por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte". "No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos 'sí' a esta rectificación", señala el hilo difundido en X.

Aunque desde el PP aseguran que "ya han caído medidas" que el Gobierno "pretendía colar" en el texto anterior, tanto la devolución del palacete al PNV como las disposiciones antidesahucio, que supuestamente "dan alas a los okupas" en palabras de Feijóo, siguen vigentes en el nuevo decreto que se votará en el Congreso. El portavoz parlamentario del partido, Miguel Tellado, llegó a acusar a los nacionalistas vascos de ser el partido "aprovechategui" que se beneficia de la debilidad de Sánchez "para hacer caja" en beneficio no del País Vasco sino del propio PNV y el líder del PP lo tildó como un parrido "satélite más del PSOE".

En esa misma publicación la formación conservadora admite, de manera implícita, que estaba acusando la factura entre su propio electorado de votar en contra de la revalorización de las pensiones o de las ayudas del transporte después de que el Gobierno les situara como los culpables de que el decreto decayera. "Su objetivo siempre ha sido decir que el PP no apoya a los pensionistas, los usuarios del transporte público o los afectados por la dana de Valencia", señala el PP. Aunque desde la dirección del PP llevaban días defendiendo su estrategia e incluso afirmaban tener encuestas en las que sus votantes apoyaban su no al decreto, finalmente Feijóo ha dado un volantazo rectificando su postura inicial tras el debate interno generado también en el seno del partido.

Este viraje se explica también por la presión de fondo de los barones autonómicos del partido, que se inclinaban por el voto a favor o la abstención, ya que las comunidades presididas por la formación conservadora han tenido que asumir el coste de prorrogar las ayudas del transporte que también decayeron con la norma, evidenciando también la falta de un criterio único por parte de las autonomías PP. Mientras algunas regiones como Madrid anunciaban que iban a mantener el descuento del 60% hasta junio, otras como Andalucía recalcaban que solo mantendrían los descuentos que dependían de su administración.

Conscientes del malestar interno, en los últimos días Génova había tratado de llevar la iniciativa anunciando proposiciones de ley en el Congreso, recogida de firmas por internet e impulsando una moción en el Senado para exigir al Gobierno la subida de las pensiones, los bonos al transporte y las ayudas a los afectados por la dana que quedó completamente deslucida después de que el propio Sánchez anunciara los detalles del acuerdo con Junts. En ese debate la portavoz popular, Alicia García, volvió a insistir en su rechazo al Palacete del PNV y las medidas "a favor de la inquiokupación" para defender el voto en contra de su partido. Aunque el PP ganó la votación gracias a su mayoría absoluta, no se sintió precisamente como una victoria. El PNV se vengó este miércoles del PP con un tuit en su cuenta oficial en clave humorística tras asegurarse finalmente el palacete parisino.

El camino elegido por el líder del PP para cercar al Gobierno sigue la misma hoja de ruta desde que llegó a la presidencia del partido: priorizar la derrota parlamentaria del Gobierno frente a los intereses, incluso, de algunas de sus autonomías. A lo largo de la legislatura los pactos entre ambos partidos han sido la excepción y la formación de Feijoo no ha dado su visto bueno a normas clave como la reforma de la ley de extranjería o la ley del suelo, ambas beneficiosas para las autonomías del PP. Aunque el líder conservador presume de manera frecuente de que el PP es un partido "de Estado" —de hecho, sostiene que es el único que hay en nuestro país— ha desdeñado cualquier acercamiento con el Gobierno de Sánchez presionado, a su vez, por Vox.

Es lo que les ha vuelto a ocurrir ahora a las comunidades del PP ya que, a diferencia de lo que ocurría con el anterior decreto, el nuevo texto pactado con Junts no lleva los anticipos por la financiación autonómica. Estas entregas a cuenta son los recursos que el Estado reparte con antelación a las comunidades autónomas, una medida que tiene un impacto de casi 10.000 millones de euros, en función de las previsiones de recaudación de impuestos que se manejan para el año. Los autonomías más perjudicadas serían Cataluña (1.190 millones menos), Andalucía (1.820 millones) y Madrid (1.280 millones), seguidas de Comunitat Valenciana y Galicia, estando cuatro de las cinco gobernadas por el partido de Feijóo.

El presidente murciano, Fernando López Miras, se quejó este miércoles de que el nuevo decreto no incluya esas entregas y dijo que su región se ha quedado sin 655 millones de euros de adelanto. Unas entregas que "ya se introdujeron en un decreto que no se convalidó", en referencia a la votación de la semana pasada que el Congreso tumbó gracias a los votos del PP y "la Región de Murcia necesita esos 655 millones de euros que le corresponden", añadió. Junts acordó con el Gobierno mantener la mayoría de las medidas del escudo social pero dejar fuera las económicas que incluían ayudas a empresas electrointensivas, otras dirigidas a suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos y también las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente.

Por su parte Vox, avanzó por la tarde en X que votará en contra del nuevo decreto y criticó que el PP vaya a votar a favor. Solicitó además una próxima comparecencia en el Senado de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para explicar la devolución del Estado al PNV del "palacete" del Instituto Cervantes en París. "No a pagar con los impuestos de los españoles el alquiler de los okupas. No a regalar un palacete, patrimonio de todos los españoles, al PNV. No a vuestra estafa. No a apuntalar a Sánchez y a sus socios. Sí a los españoles. Sí a hacer oposición hasta echarlos a todos", ha escrito Vox como respuesta al PP.

Los nuevos avales públicos para los contratos de alquiler de una vivienda habitual y permanente para jóvenes y familias vulnerables garantizarán el pago de todas las mensualidades impagadas hasta que el propietario recupere la vivienda, los daños causados por el arrendatario y el coste de suministros, según informa EFE.

Para la obtención del aval, el inquilino deberá cumplir, como mínimo, uno de los siguientes requisitos: ser menor de 35 años o tratarse de una persona vulnerable de acuerdo con los criterios establecidos reglamentariamente, según consta en el decreto ómnibus aprobado por el Consejo de Ministros y que ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el aval garantizará el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas hasta que el dueño recupere la posesión de la vivienda, así como todos los daños causados en la finca por culpa del arrendatario, el coste de los suministros debidos que hayan sido asumidos por la propiedad, y aquellos otros daños y costes que reglamentariamente se establezcan.

Esta línea de avales, incorporada como novedad respecto al decreto inicial que no pudo ser aprobado en el Congreso de los Diputados al no contar con los apoyos suficientes, fue anunciada recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como parte de un paquete de doce medidas en materia de vivienda. Los avales se gestionarán por las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con financiación finalista por parte del Estado.

El otorgamiento del aval requerirá que la renta del alquiler no supere el índice estatal de referencia al alquiler; que se deposite la fianza legal obligatoria del contrato y sus actualizaciones y que se suscriba entre el propietario y el inquilino el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.

La solicitud para el cobro de las cantidades debidas y avaladas se podrá realizar en el plazo de seis meses desde que el propietario recupere la posesión de la vivienda, ya sea, mediante resolución judicial de lanzamiento, acuerdo judicial o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la posesión. Reglamentariamente, se podrán incorporar otros colectivos como beneficiarios potenciales de esta línea de avales.

Dicho reglamento será aprobado en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de esta norma y será de aplicación respecto a los contratos vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley. El Ejecutivo busca con ello facilitar el acceso al mercado de alquiler y mitigar las dificultades económicas derivadas del acceso a la vivienda.

Por otro lado, el BOE ha publicado este miércoles el cese de Eva María Cuesta Cano como directora de Gabinete de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Tras este acuerdo, a propuesta de la ministra, se le han agradecido los servicios prestados durante el tiempo que ha desempeñado esta responsabilidad.

Desde este jueves las ayudas al transporte público que ofrecía el Gobierno han dejado de estar operativas. Tras el voto en contra de PP y Junts al decreto ómnibus que recogía, entre otras medidas, una prórroga de seis meses en estas bonificaciones, la medida se quedó estancada y desde este jueves los billetes de tren, metro o autobús suben de precio. Sin embargo, la mayoría de las comunidades autónomas, independientemente de su color político, han empezado a maniobrar para tratar de aliviar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos.

A lo largo de la jornada, muchas regiones y ciudades han anunciado que tratarán de prorrogar, si no todo, una parte del porcentaje de las rebajas en el transporte público. El ir y venir de propuestas y plazos que se han ido anunciando hace difícil estimar los precios finales, ya que cambian en función de cada sitio.

Más allá de las medidas locales, Renfe subirá sus tarifas y por el momento, desaparecen los abonos gratuitos para viajar en Cercanías, Rodalies y Media distancia, también decae la reducción del 50% para los servicios de Avant (gratis entre Ourense-A Coruña, Madrid-Salamanca y Murcia-Alicante). Así, por ejemplo, un viajero que se desplace habitualmente entre Madrid y Salamanca pasará de pagar una fianza de 20 euros por un bono trimestral ilimitado, a más de 40 euros por un solo desplazamiento de ida y vuelta. En cuanto a los descuentos para autobuses estatales, compañías como Alsa, que también ofrecían bonos, ya no tienen disponible la opción de compra en su web, puesto que decaerán al igual que ocurre con Renfe. Por otro lado, quienes aún tengas operativos sus tíquets, podrán seguir viajando sin cambios hasta que estos caduquen.

Tanto sindicatos como asociaciones de consumidores, advierten que el fin de estos descuentos va a repercutir gravemente en los presupuestos de las familias. “Esto va a afectar de manera muy negativa a millones de personas trabajadoras y estudiantes, los colectivos que más usan el transporte público”, señalan desde Comisiones Obreras (CC OO). Por otro lado, desde UGT, hablan de un “deterioro de la sostenibilidad del sistema” y reiteran en la idea de que serán los trabajadores y los estudiantes quienes más sufran el impacto de estas subidas. Ambos sindicatos han convocado movilizaciones para pedir un nuevo paquete de medidas.

Por parte del Gobierno, el ministro de Transportes Óscar Puente, publicó en su cuenta de X el dinero que las comunidades dejarán de percibir tras decaer el decreto. Entre las que más recibían para bonificar el transporte están Madrid (254,4 millones), Cataluña (156,4 millones) y Andalucía (74,9 millones). El coste total del decreto que se ha rechazado, sumando las pensiones o las ayudas a la dana, se eleva hasta casi 10.000 millones, tal como se puede ver en la tabla.

“Con independencia de las cuestiones políticas, las ayudas al transporte son un respiro para el presupuesto de las familias y un alivio en temas como la contaminación”, explica a infoLibre Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios Financieros (Asufin). “El hecho de que comunidades de distinto signo estén diciendo que van a mantener las medidas significa que haber votado en contra es un error”, concluye Suárez.

Desde el Consejo de la Juventud señalan que es una “muy mala noticia” para los jóvenes, ya que son grandes usuarios de transporte público. Además, apuntan que aunque las comunidades promuevan medidas de forma unilateral, no es suficiente. “Aquí ocurre algo parecido al problema de la vivienda, es necesario que haya colaboración entre los diferentes niveles de la administración, porque al final la idea es garantizar la accesibilidad para todo el mundo”, señala Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud. “Si el alto precio de la vivienda nos hace tener que irnos cada vez más lejos del centro de las ciudades, ahora tendremos que pagar un extra más por los desplazamientos”, lamenta Muñoz. Por otro lado, desde Facua señalan que la caída del decreto “perjudicará a miles de familias en términos de asequibilidad” y califican la situación de “muy grave” si no se restauran las medidas. Una petición en la que coinciden también desde el Consejo de la Juventud y Asufin.

Por comunidades, el tiempo que se prolongan las bonificaciones y el porcentaje de los descuentos varían significativamente. Y, aunque no han trascendido demasiados detalles sobre los pasos a seguir, muchas regiones ya han dado pistas sobre lo que piensan hacer.

Algunas regiones como Madrid han anunciado que mantendrán el descuento del 60% hasta junio. “De momento, los usuarios del transporte público van a seguir pagando exactamente los mismos precios que hasta ahora”, declaró el consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. En cambio, en otras comunidades como Castilla la Mancha, han anunciado que los descuentos se retirarán ya que la comunidad no los puede asumir, pese a que a nivel local, Albacete, Cuenca y Ciudad Real sí seguirán con las ayudas y prevén mantener una rebaja del 50% en las tarifas municipales. 

Las ayudas para el transporte se financiaban desde 2022 con fondos del Ejecutivo central y de cada comunidad conjuntamente. Así, muchas de ellas han optado por cubrir solamente la parte que ya ponían antes. La forma más sencilla de conocer cuanto habrá que rascarse el bolsillo, pasa por ver las bonificaciones a nivel autonómico en nuestra comunidad y consultar las medidas municipales. También hay que estar atento a los plazos, ya que algunas zonas prevén mantener rebajas hasta el 31 de enero y otras lo extienden a febrero o más allá.

Por ejemplo, Andalucía, mantendrá solo los descuentos que dependían de las administraciones autonómicas, por lo que los precios subirán. En total, se mantendrá una bonificación del 20% sobre el precio normal. En la misma línea se ha movido Castilla y León, dónde se ha anunciado que habrá descuentos del 20% en los abonos para viajeros recurrentes de las líneas de autobús interurbanas, así como el 25% que financia en los títulos de alta velocidad ferroviaria de media distancia. También Murcia —mantendrá rebajas del 20% en multiviaje y transporte interurbano— y Cantabria —donde se queda el descuento del 20% en transporte público por carretera, pero no en los trenes de cercanías— van por esa vía.

Por otro lado, en Cataluña intentarán conservar los descuentos. Los mantendrán con el descuento actual hasta que el Ministerio de Trasportes publique la orden de anulación de las bonificaciones. Si eso ocurriese, mantendrían solo un 20% de las bonificaciones, el porcentaje que la comunidad se había comprometido a sostener.

En Asturias no habrá grandes cambios. A primera hora de la mañana, el Ejecutivo regional señaló que los usuarios con tarjeta de transporte seguirán abonando el mismo importe que hasta hora, un máximo de 30 euros mensuales. Se incluyen aquí tanto autobuses como trenes. En la misma línea va el Gobierno vasco, cuyas tres diputaciones han manifestado que tratarán de mantener los precios donde están, aunque no se sabe hasta cuándo. Lo mismo ocurre en Baleares, donde el conseller José Luis Mateo ha sostenido que continúan trabajando con la idea de mantener la gratuidad durante todo el 2025. Aragón, por su parte, mantendrá las ayudas tal como están de forma temporal y en Navarra, el gobierno ha anunciado que esperarán a la reacción del Gobierno central antes de tomar alguna decisión.

En cuanto a Galicia, por el momento se ha conocido que la Xunta mantendrá la bonificación del 50% al transporte interurbano en enero, y del 20% a partir de febrero, independientemente de lo que el Gobierno haga en ese periodo. Por su parte, La Rioja también ha puesto fecha, mantendrán los descuentos hasta el 31 de enero a la espera de una decisión definitiva que se anunciará en los próximos días. Valencia ha hecho lo propio, y ha decidido que mantendrá la prórroga hasta el 30 de junio aún sin la cofinanciación del Gobierno. Desde Extremadura, por su parte, han anunciado que estan estudiando como mantener los precios y la presidenta, María Guardiola, ha señalado que tratará de conservar las ayudas para 2025, garantizando una bonificación del 70%.

El Gobierno Central aún no se ha pronunciado sobre como procederán tras el rechazo del decreto por parte de PP y Junts y muchas comunidades están a la expectativa de las decisiones que se vayan a tomar. Entre las opciones que se pueden dar está que el Ejecutivo vuelva a aprobar otro real decreto ley o que se tramiten algunos de sus puntos de manera separada, aunque desde el Gobierno no se han pronunciado.

"A pesar de la refriega política que se vuelve muy dura por momentos, tenemos que hacer todos un esfuerzo en, por fin, lanzar un primer mensaje de unidad". Con estas palabras el presidente valenciano, Carlos Mazón, agradecía al Gobierno de Pedro Sánchez la concesión de 700 millones de euros del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para cubrir los gastos extraordinarios de la Generalitat para dar respuesta a los efectos de la dana. "Creo el pueblo valenciano no entendería otra cosa", remachaba.

Un mes después no queda nada de ese discurso. El Partido Popular ha convertido las ayudas comprometidas por el Ejecutivo central en un elemento más de confrontación con el objetivo de desgastar a Sánchez. Una estrategia en la que está participando la Generalitat, con Mazón a la cabeza, y también la dirección nacional del PP, hasta el punto de llegar a acusar al presidente del Gobierno de dar más ayudas a Gaza que a los valencianos y de no haber concedido ni una ayuda a sectores como la agricultura.

El Ejecutivo ha aprobado, hasta la fecha, tres paquetes de ayudas por un valor de 16.600 millones de euros que se dividen en: ayudas directas, beneficios fiscales, prestaciones, medidas de protección social, créditos y avales, transferencias directas e indemnizaciones. Para evitar demoras también el Gobierno también anunció que adelantaría de forma inmediata el pago del 50% de todas las ayudas a las personas que solicitaran un anticipo para el que solo se requiere la firma de una "declaración responsable" de la persona afectada, pero el número de peticiones es tan bajo que el Gobierno lo atribuye a la "desinformación intencionada" de Mazón y Feijóo.

En la sesión de control celebrada este jueves en las Corts el jefe del Consell ha aludido al alto el fuego ratificado entre Israel y Hamás para atacar al Gobierno de Sánchez. "Le doy la enhorabuena al pueblo de Gaza que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del Gobierno de Sánchez", ha señalado. Una crítica que también han replicado desde Nuevas Generaciones del PP en X bajo el título 'Gaza, municipio de la provincia de Valencia' y la cuenta oficial del partido.

Según los datos publicados por Moncloa y actualizados a fecha de 16 de enero en la web info DANA, el Gobierno ha comprometido 16.600 millones de euros, de los cuales se han abonado más de 1.400 millones tras recibir 356.272 solicitudes de ayudas, de las que 131.091 se han resuelto y 298.813 están en tramitación. En cuanto a las ayudas directas para paliar daños personales, daños materiales en vivienda y enseres, en establecimientos y comunidades de propietarios, gastos de corporaciones locales y por prestaciones de bienes o servicios, el Gobierno cifra en 53.116.475 euros el importe abonado.

El dirigente valenciano también ha afirmado este jueves que "más de la mitad de las ayudas del Gobierno son a devolver con intereses", un mantra que tanto él como otros miembros de la Generalitat y del Partido Popular llevan semanas repitiendo. Unos supuestos intereses que Mazón ha calificado de "inmorales": "Con las mal llamadas ayudas a través de préstamos ICO, le va a cobrar intereses a los valencianos afectados".

Diversos portavoces del Gobierno, entre ellos la ministra Pilar Alegría, lo han desmentido en varias ocasiones también al señalar que unos 10.000 "son ayudas directas que no se tienen que devolver" y que, en ningún caso, se cobrarán "intereses por los créditos”. Lo cierto es que la mayoría de las ayudas del Gobierno por la dana no son préstamos a devolver: de los tres paquetes anunciados hasta ahora, según han detallado desde el Gobierno, 5.000 millones son a través de avales del ICO, apenas un 30% del total.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también está participando en la campaña de desinformación iniciada por la Generalitat sobre las ayudas de la dana. En una entrevista el pasado martes en Onda Cero, el conservador afirmó que, según "la información que le trasladaron algunos alcaldes" de la zona afectada, "los créditos ICO no los pide la gente" e insistió, al igual que Mazón, en que es así porque "hay que devolverlos con intereses".

Sin embargo, según la información que el Gobierno va actualizando cada día sobre las ayudas, ya ha habido 3.588 solicitudes registradas para la línea de avales de ICO. Lo que hace la entidad financiera es dar una línea de crédito y exige como garantía la futura indemnización del Consorcio o las futuras ayudas. Entre los bancos que prestan el servicio entidades como CaixaBank o Sabadell anunciaron que, durante los tres primeros meses, el tipo de interés aplicado sería del 0%.

En la citada entrevista, el líder del PP también afirmó que "no hay un solo agricultor que haya cobrado la ayuda del Gobierno", una afirmación que el presentador, Carlos Alsina, le desmintió en directo, a lo que Feijóo respondió de nuevo sugiriendo que el Ejecutivo no estaba dando una información veraz. "La información oficial ya la conocemos, vaya usted a los ayuntamientos y pregunte cuántos agricultores han cobrado la ayuda", inquirió.

Tal y como asegura el Ejecutivo, a fecha de 16 de enero de 2025 se ha publicado un primer listado con 6.742 beneficiarios de esta ayuda directa para compensar pérdidas en explotaciones agrarias. Además, también señalan que el Ejecutivo está actuando en 96 puntos de caminos rurales y se han visitado 3.699 parcelas agrícolas y 160 comunidades de regantes.

El president de la Generalitat, apoyado por la plana mayor del PP nacional, también acusó a Sánchez de vincular la concesión de ayudas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Pido que no se haga política con lo que necesita Valencia ya. Las medidas económicas extraordinarias no pueden vincularse a presupuestos. Son extraordinarias y urgentes pero fuera del cálculo parlamentario de mayorías", señaló el pasado mes de noviembre el valenciano.

En realidad, el presidente del Gobierno no se refirió en ningún momento a los PGE en la comparecencia en la que anunció el primer paquete de medidas. Fue durante el turno de preguntas de la prensa cuando, cuestionado por la importancia de aprobar unas cuentas que permitan el margen suficiente para desplegar todas las ayudas necesarias, el presidente se reafirmó en la importancia de sacarlas adelante. Sin embargo, acabó aprobando los tres paquetes sin condicionarlos a un 'sí' a las cuentas públicas, que el Ejecutivo todavía no sabe si aprobará.

Miles de personas se han concentrado este miércoles en la Plaza Mayor de Burgos para protestar contra la eliminación de los convenios municipales con tres ONG de ayuda a migrantes, medida que supone una “ruptura social”, ha advertido la presidenta de Accem en Burgos, Gloria Aguilar, informa EFE.

En el comunicado leído durante la protesta, han atribuido la medida de Vox y PP en el Ayuntamiento de Burgos al “tacticismo político”. Podrían llegar a imponer su criterio “si no somos capaces de presentar resistencia suficiente ante esta deriva que daña nuestra convivencia y nuestra cohesión social”, han advertido.

Con una pancarta principal con el lema 'Burgos por la convivencia', los participantes en la concentración han coreado gritos de “Más convivencia y menos exclusión” y “Equipo de Gobierno, aún estás a tiempo”.

La eliminación de los convenios que el Ayuntamiento mantenía desde hace más de 25 años con Accem, Burgos Acoge y Atalaya, que recibían anualmente 119.000 euros en total, ha alcanzado también a Cáritas, que ha renunciado voluntariamente a los 19.000 euros de su convenio, que sí se mantenía en el borrador de presupuestos municipales para 2025.

La trabajadora social de Burgos Acoge Nuria Revilla ha tildado de “injustificada” la decisión del equipo de gobierno municipal, a la que se han referido en el comunicado como “carente de sentido”, porque la presencia de personas migrantes no está generando problemas, sino que "contribuye poderosamente a hacer una sociedad mejor, más diversa, rica, plural y cohesionada".

Los representantes de las ONG no han adelantado la posible convocatoria de nuevas movilizaciones y han insistido en su voluntad de diálogo para intentar revertir esta decisión del equipo de gobierno municipal que propuso Vox y aceptó el PP como condición para presentar un borrador de presupuestos conjunto con sus socios de gobierno.

Los destrozos provocados por la dana han afectado a multitud de personas que han visto cómo sus casas han quedado inhabilitadas, sin luz, agua, telefonía, ni servicios digitales, pero no sólo eso porque tampoco pueden disfrutar de algunos servicios contratados, como puede ser el gimnasio o una academia.

La pregunta es si se pueden cancelar los contratos suscritos por estos servicios. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha difundido una guía que les pueden dar algunas respuestas y orientar a los consumidores afectados por esta tragedia sobre cómo actuar.

Si los afectados no pueden hacer uso del bien o servicio (por ejemplo, por la inhabitabilidad temporal de su vivienda o por el desplazamiento temporal de su domicilio), y aún cuando el prestador del servicio pueda seguir cumpliendo su parte del contrato, podrán elegir entre la resolución del contrato, sin ningún tipo de penalización, o el aplazamiento de su ejecución. Todo ello, sin tener que abonar el servicio durante el periodo en que no pueda disfrutarse.

En cancelaciones definitivas se deberán restituir las cantidades abonadas por los servicios que no se hayan disfrutado en un plazo máximo de treinta días.

Para ejercer este derecho, los afectados deberán dirigir una solicitud a la empresa en el plazo máximo de seis meses e indicar las causas que la motivan. Así lo contempla el artículo 47 del real decreto de medidas urgentes de respuesta ante los daños por la dana.

Si una vivienda alquilada con contrato ha quedado inhabitable temporalmente, el inquilino debe comunicarlo al arrendador, y el inquilino puede elegir entre varios supuestos:

Así lo establece el artículo 26 de la ley arrendamientos urbanos de 1994.

Los residentes en las zonas afectadas pueden solicitar al banco con el que hayan suscrito un contrato de préstamo hipotecario o crédito al consumo una moratoria de hasta tres meses, independientemente de si están al corriente de pago o no, y para ello dirigirán una solicitud a la entidad financiera.

En el caso de contratos de crédito al consumo, la solicitud deberá ir acompañada de cualquier documento que pruebe la residencia en una de las zonas afectadas, como un certificado de empadronamiento o facturas de servicios básicos domiciliadas. Así lo establece el artículo 35 del real decreto ley.

Se suspende el plazo para ejercer el derecho de desistimiento hasta el 31 de enero de 2025. Se suspende para casos como viajes, conciertos, servicios digitales o la compra de enseres para la vivienda adquiridos antes a la dana, en el supuesto de que, a fecha 29 de octubre, todavía se pudiesen ejercer los mismos.

Así lo establece el artículo 46 del real decreto, pero además los afectados pueden solicitar otras ayudas para la rehabilitación de vivienda, el cobro de compensaciones por seguros o el acceso de avales para crédito.

Desde este jueves se podrán solicitar las ayudas directas para particulares afectados por la dana para reparar sus viviendas y reponer enseres domésticos de primera necesidad, mientras que las destinadas a autónomos y empresas se podrán pedir desde el 19 de noviembre.

Este jueves entra en vigor el primer paquete de ayudas de 10.600 millones de euros para los 78 municipios afectados, un importe que incluye ayudas directas a particulares y a empresas de carácter universal (sin umbral de renta) y que estarán exentas de tributación tanto en el IRPF como en el impuesto de sociedades.

Fuentes de la Presidencia del Gobierno han explicado a EFE que los solicitantes de las ayudas para particulares por daños en sus viviendas podrán tramitar su petición desde este jueves y durante dos meses, a través de la subdelegación del Gobierno en Valencia o en la sede electrónica del Ministerio del Interior. En este caso, tendrán que acreditar que son los propietarios de la vivienda presentando el recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) o algún otro documento acreditativo.

La ayuda por la destrucción total de la vivienda habitual será de 60.480 euros, mientras que será de 41.280 euros para los daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual y de 20.640 euros si no está afectada la estructura.

Por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual se recibirán 10.320 euros y por los daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios horizontal, 36.896 euros. Se podrán acreditar los daños mediante un informe pericial contratado y validado por el ayuntamiento.

Las ayudas directas para autónomos y empresas se podrán solicitar desde el 19 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024 a través de un formulario electrónico que se habilitará en la página web de la Agencia Tributaria. En este caso, bastará indicar la cuenta bancaria en la que deseen recibir el abono de la ayuda.

Estas ayudas son de 5.000 euros para los autónomos, en tanto que para las empresas dependen del volumen de operaciones del ejercicio 2023. De esta forma, se obtendrán 10.000 euros para un volumen de operaciones inferior a 1 millón de euros, 20.000 euros si ha estado entre 1 y 2 millones, 40.000 euros si ha estado entre 2 y 6 millones, 80.000 euros si ha sido de entre 6 y 10 millones de euros, y 150.000 euros si ha sido de más de 10 millones.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este jueves que el Gobierno valenciano prevé aprobar en su reunión del próximo martes un primer decreto de ayudas a los damnificados por la dana en la provincia de Valencia, con 250 millones de euros. Mazón ha precisado que se tratará de ayudas complementarias a las que ofrezcan otras Administraciones, como el Gobierno de España, y supondrán por ejemplo un mínimo de 6.000 euros por afectado en ayudas "directas, exprés, sin burocracia" para arreglar las casas o comprar muebles, según informa EFE.

Además, el presidente ha avanzado que se ha pedido ya que la Unión Europea active el fondo de solidaridad, y se va a solicitar una ayuda especial complementaria europea a ese fondo, mientras que desde la Diputación de Valencia se han anunciado 25 millones para arreglar carreteras y puentes.

El primer paquete de ayudas que la Generalitat está ultimando incluirá ayudas directas para poder comprar muebles o electrodomésticos y limpiar las casas, con un mínimo de 6.000 euros por persona y que, siguiendo el trámite que se aplicó en el incendio del edificio del barrio valenciano de Campanar, se ingresará en pocos días en las cuentas de los afectados.

Se trata además de ayudas que serán deducibles en el impuesto sobre la renta, mientras que desde el Instituto Valenciano de Finanzas se van a activar líneas de crédito al cero por ciento de interés para quienes se quieran acoger.

Un segundo bloque de ayudas tendrán carácter social, enfocadas a personas dependientes y con alta vulnerabilidad, para facilitar realojos o cambios de residencias, una tarjeta de transporte gratuito por un año, duplicados de documentación que se haya perdido, o asistencia psicológica a afectados y familiares.

En tercer lugar, la Generalitat trabaja ya en un plan de infraestructuras que incluirá ayudas directas a los municipios para obras de rehabilitación o remodelaciones, compatibles con las de otras Administraciones, que incluirán la elaboración exprés de los proyectos previos para estas ayudas.

Finalmente, Mazón ha explicado que la Generalitat ha pedido ya a la Unión Europea la activación del Fondo de solidaridad, si bien no se podrá tramitar aunque se tenga el cien por cien de los daños valorados, y además va a solicitar una línea especial de ayudas complementarias a este fondo.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha anunciado que van a consignar 25 millones de euros, de los que 13 irán a arreglar carreteras devastadas por la dana en la provincia y 12 para reparar puentes o construir nuevos, de forma que se pueda restablecer lo más pronto posible las comunicaciones entre pueblos.

Los 25 millones de la Diputación de Valencia se destinarán a cinco de las seis áreas que conforman la provincia, con ejemplos como una inversión en la zona de Villar Arzobispo 2,5 millones de euros, en Serra 1,5 millones, en Utiel-Requena 3 millones, en Buñol 4 y en Alzira 2 millones. 

En un contexto internacional de precios energéticos al alza, entre 2019 y 2023 el porcentaje de hogares que no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada, se triplicó, superando el 20%. Cruz Roja los ha cifrado en 2,86 millones. Y uno de cada 10 se retrasó en el pago de las facturas de suministros, lo que supuso un 40% más que en 2019. Ello, pese a la existencia del bono social eléctrico que en España se introdujo en 2009, aunque se fue aproximando al actual a partir de 2017. ¿Qué es? Se trata de un descuento en la factura dirigido a combatir la pobreza energética y para recibirlo hay que cumplir una serie de requisitos como no sobrepasar una potencia contratada, tener una renta inferior a los 8.106 euros -dato a 2022-, ser familia numerosa o un hogar formado por pensionistas con la cuantía mínima vigente, no percibir otros ingresos que superen los 500 euros, o ser perceptor del mínimo vital (IMV). Una vez concedido el bono, la rebaja puede oscilar entre un 25% y un 80%. La medida ha alcanzado a 1,6 millones de familias, número superior al 1,1 recogido por el Defensor del Pueblo relativo al cierre de 2021. 

Ahora en el informe ¿Llega el bono social eléctrico a quien lo necesita? Análisis de las tasas de cobertura y las características del hogar, elaborado por EsadeEcPol en colaboración con Oxfam Intermón, se han medido por primera vez las tasas de cobertura de esta ayuda, aplicando un análisis estadístico multifactorial a una pregunta incluida en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, junto a las características que definen el perfil socioeconómico de cada hogar. Han concluido que, pese a que el alcance del bono, con vigencia de dos años una vez asignado, ha crecido desde 2020, en 2022 fue del 24,5%, lo que significa que casi 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no lo recibió. Si bien, el porcentaje trepó hasta el 45,5% en el caso de las familias numerosas, mientras fue sólo del 20% para la categoría de renta baja y de apenas el 9,2% para jubilados con pensión mínima. 

De acuerdo a lo reflejado en el mencionado informe que firman Natalia Collado y Ángel Martínez, aunque dos de cada tres beneficiarios del bono eléctrico eran de renta baja, uno de cada tres no lo era. Es más, entre las familias numerosas de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono, y apenas el 40% las de bajo. Y hay otras brechas en la cobertura de la medida, puestas de manifiesto en el análisis diseccionado: si en 2022 llegaba al 20% de los hogares monomarentales, el porcentaje se eleva hasta el 32% en los que contaban con dos progenitores; las familias con todos los miembros nacidos en España logran el doble de las que tenían alguno nacido fuera, 27% frente al 13%; y la distancia entre quienes tienen vivienda en alquiler y los propietarios era de 19% y 27%, respectivamente.

A lo esbozado hay que sumar que, aunque el bono se extendió en todas las comunidades, "la relación entre la incidencia de la pobreza energética y la cobertura" de éste "no es siempre directa, lo que sugiere que otros factores pueden estar influyendo en la distribución" de una ayuda en la que no están "involucrados los gobiernos autonómicos". De ahí que atribuyan las diferencia a factores como "la composición de la población y el mercado laboral de las distintas autonomías". "Un menor porcentaje de población con estudios superiores, mayor población extranjera -se asevera en el documento- o una mayor especialización de la economía en el sector primario pueden estar influyendo en la cantidad de hogares elegibles que reciben el bono".

Revisados los datos en conjunto, ser familia numerosa tiene el mayor efecto positivo, al acrecentar la probabilidad de obtener el bono en un 27%. En comparación, estar en un hogar de renta baja únicamente la aumenta en un 4%. Y es por esta grieta además por donde se ha colado la polémica en torno a esta iniciativa. InfoLibre ha desvelado que Enrique Ossorio y Alfonso Serrano, dos figuras políticas vinculadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, perciben desde 2021 la ayuda para pagar el gas destinada a "paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables". Este año se les han adjudicado a ambos 214,57 euros correspondientes al bono social térmico del año 2023, a lo que hay que hilvanar un descuento mensual en la factura de la luz del 65% por el bono social eléctrico, por ser integrantes de una familia numerosa. Sí se ha desligado de esas bonificaciones la hoy ministra de Sanidad, Mónica García, cuyo marido disfrutó de ellas gracias igualmente a su condición de familia numerosa. La pareja está divorciada.

Ossorio cobra en 2024 un sueldo público superior a los 118.000 euros como presidente de la Asamblea madrileña, aunque su salario como vicepresidente de la Comunidad que fue hasta junio de 2023 era algo menor. Según él mismo reconoció en una declaración de actividades, bienes, rentas e información tributaria, atesora un patrimonio de más de 1,4 millones en fondos de inversión, bancos y planes de pensiones. Por su parte, Serrano, escudero de Ayuso en el PP de Madrid, donde ocupa el cargo de secretario general, ingresó más de 67.000 euros el pasado ejercicio. Del lado de Vox, su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, admitió en rueda de prensa contar con el bono eléctrico y el de agua “del Canal de Isabel II”, pero no así el térmico, que no sabía si no le habría llegado por ser "facha", ironizó. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió a cambiar la regulación e introducir criterios de renta en las familias numerosas, para que sólo las de bajos ingresos pudieran acceder a estas ayudas, pero la reforma sigue pendiente.

Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, admite a infoLibre que no es fácil de llevar a cabo. Sin entrar a valorar “ningún caso particular”, anota que “ahora el criterio de la familia numerosa y el de renta van por separado, si se cumple alguno de los dos u otros, recibes el bono” y desde el centro de estudios proponen “introducir un tope de renta bastante alto, que evite distorsiones, para que el dinero no vaya a aquellas familias que son de forma incontrovertible de renta muy alta, a las que el bono no les supone nada diferencial, y lo haga a otras que sí lo necesitan realmente”. Pero estimar ese tope de renta combinado con la categoría de familia numerosa “es muy difícil”, reitera. “Tendría que ser condicionado al tamaño y a la tipología del hogar”, dice y, en ningún caso, a su juicio, la modificación debería pasar por “trasladar el tope actual de renta y hacerlo general”.

Más allá de las familias numerosas, expertos en justicia energética han avisado de que habría que mejorar el diseño en el bono social eléctrico y térmico para ampliar su alcance y multiplicar su eficacia. Idea con carácter de convicción que comparten los autores del trabajo reseñado, en el que se plantean vías de mejora, dado que calculan que se podría pasar de los 1,6 millones de beneficiarios a cinco. En primer término, se aboga por “reducir en la medida de lo posible barreras de entrada”. Aluden a que muchos hogares desconocen que tienen derecho a la prestación e, incluso si son conscientes de ella, se han de enfrentar a un proceso complejo de solicitud. Preguntado al director adjunto de EsadeEcPol si se podría replicar algún modelo de otros países europeos, advierte de que las comparaciones “no viajan muy bien” en este asunto porque “los mercados energéticos de los estados de Europa tienen cosas similares, pero otras muy distintas”. “En España el bono se da a través de las comercializadoras a personas que están en tarifa regulada y en otros estados no”, ejemplifica.

Lo que sí considera “interesante” de experiencias internacionales de políticas de lucha contra la pobreza en general es la “mayor iniciativa por parte de las administraciones públicas, que son las que tienen los datos, Hacienda para renta, Seguridad Social para condiciones de pensión mínima…, en la búsqueda de beneficiarios potenciales”. En ese sentido, cree que en España “hace falta un mayor esfuerzo” de éstas no sólo en lo relativo al bono social, también a otras prestaciones como el IMV, que, “aunque ha mejorado bastante, no llega todavía a los objetivos”, como han denunciado otros expertos y entidades. Apuestan por “armonizar” las concesiones de ambas ayudas.

“La carga de ese esfuerzo debe estar en los hombros de las administraciones, el Estado y las comunidades, y no tanto en los de la ciudadanía, y menos en los de personas que están en peores condiciones de partida para tener acceso a la información y disponer del tiempo necesario para ejecutar todo lo que se le pide para poder tener las ayudas”, concluye Galindo. 

Junto a ese empuje al que instan a las administraciones y a la introducción del máximo de renta para las familias numerosas ya señalada, abogan por “el uso de políticas fiscales más efectivas y unificadas, como impuestos negativos sobre la renta” que permitan abordar a largo plazo “las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos”. Por último, entienden que “se han de focalizar” recursos en medidas como optimizar "el aislamiento de suelos, techos y paredes”, los cerramientos en las ventanas, o "sustituir las calderas de gas o petróleo por bombas de calor" y “cambiar los calentadores de agua y aires acondicionados por otros más eficientes". Para ello, resultará "primordial", avanzan, "reforzar a las administraciones" con una red de “agentes rehabilitadores” acreditados, como la existente en Alemania o Francia, que posibilite garantizar "los conocimientos técnicos necesarios" para realizar "la renovación de manera efectiva". En resumen, queda por hacer y se diría que los resultados dependerán de dar o no con distancias y alteraciones de criterios de reparto justos.