Que Carlos Hugo Preciado, vocal díscolo de la cuota progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesto por Sumar, se convierta en magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es algo, por ahora, incierto. Pero su candidatura a la Corte de Estrasburgo –la más alta instancia en derechos humanos en el ordenamiento jurídico español, por encima incluso del Tribunal Constitucional– en caso de prosperar, pondría en peligro el precario equilibrio entre progresistas y conservadores para entregar el poder interno del órgano de gobierno de los jueces a los consejeros propuestos por el PP. Su hipotética salida la cubriría el magistrado almeriense David Villagrá Álvarez, delegado en esa provincia de la mayoritaria y derechista Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Para convertirse en magistrado, Preciado debe primero superar con éxito varios filtros. El primero, el de la comisión de selección española, integrada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera; la vocal conservadora del CGPJ Gema Espinosa, y la catedrática de Derecho Internacional Público Paz Andrés. Ese órgano seleccionará la terna de candidatos que, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, se enviará al Consejo de Europa. El segundo filtro se produce en la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional que debe seleccionar al magistrado español para los próximos nueve años por mayoría absoluta.

En el incierto caso de que el vocal propuesto por Sumar superara todo ese proceso, la consecuencia para el CGPJ sería la alteración de su juego de mayorías, que pasaría de un empate a diez vocales entre conservadores y progresistas a una mayoría de derechas de once miembros frente a los nueve propuestos por la izquierda y la presidenta, Isabel Perelló, con etiqueta progresista pero casi siempre alineada con los conservadores. Así lo establece el acuerdo del Pleno del Senado del 24 de julio de 2024 que, además de elegir a Preciado como uno de los seis vocales judiciales correspondientes a esa Cámara, seleccionó como primer suplente a David Villagrá Álvarez, actual presidente del Tribunal de Instancia de Almería, de la conservadora APM. La lista la completan como segundo suplente el progresista Ignacio Martín Verona, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la también conservadora Isabel Serrano Frías (APM).

La última renovación del Consejo vino acompañada de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) relativa, precisamente, a la elección de los suplentes. En lugar de establecer, como hasta entonces, una lista de tres nombres en el orden elegido por el Congreso o el Senado para cada uno de los seis vocales judiciales y cuatro seleccionados entre juristas de reconocido prestigio que tocan a cada Cámara, se estableció que cada uno de los consejeros titulares tuviera su propio sustituto para el caso de que dejara el cargo anticipadamente. Esta nueva regulación, sin embargo, no es de aplicación al actual CGPJ, cuya renovación se hizo con el sistema anterior.

La salida de Preciado es solo una hipótesis de futuro, pero en el sector progresista hay otro vocal judicial que sí tendrá que ser sustituido dentro de dos años. Se trata del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Arozamena que, en agosto de 2028, alcanzará la edad de jubilación (72 años) y, al formar parte de la cuota de consejeros procedentes de la carrera, tendrá que dejar el Consejo. A diferencia de lo que ocurriría con Preciado, en este caso, la sustituta será, al igual que el vocal saliente, de sensibilidad progresista. Arozamena fue elegido por acuerdo del Pleno del Congreso el 23 de julio de 2024. En ese mismo acuerdo, como primera suplente aparece Adoración Jiménez Hidalgo, titular de la plaza 3 de lo Social del Tribunal de Instancia de Terrassa (Barcelona), miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y de JJpD.

"Ya están aquí los nuevos tribunales de instancia. El crimen se ha perpetrado", resume un artículo del último número de la revista de la asociación judicial conservadora-moderada Francisco de Vitoria, la segunda en número de miembros. Esos nuevos órganos generan "serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología", denunció la mayoritaria y de derechas Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ante la Comisión Europea en febrero. "Hemos pedido la dimisión de Félix Bolaños (...) por haber implementado una forma de organizar los juzgados que creemos que va a perjudicar el modo de trabajo y el servicio que prestamos", sostuvo en una entrevista el expresidente de Foro Judicial Independiente (la asociación que asegura que no es conservadora en contra de la percepción del resto de la carrera), Fernando Portillo, en noviembre.

Nadie dijo que fuera a ser fácil la implantación de los nuevos tribunales de instancia, creados por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en enero de 2025. La única de las grandes reformas judiciales puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez que ha visto la luz, supone dar la vuelta como un calcetín a la estructura que el sistema judicial español tiene desde el siglo XIX. Transformar 3.800 juzgados unipersonales que funcionaban como reinos de taifas con su propia oficina judicial cada uno de ellos en 431 tribunales divididos en diferentes secciones según órdenes jurisdiccionales –civil, penal, contencioso-administrativo y social– y especialidades –instrucción, familia, violencia sobre la mujer...– con una oficina judicial común formada por los mismos funcionarios que antes se repartían en la de cada juzgado. Un cambio radical que cambiará las dinámicas de trabajo y que tardará años en completarse hasta que los inmuebles, los sistemas informáticos y la nueva organización esté completamente engrasada.

Además, la reforma no solo implica al Ministerio de Justicia –el autor de la iniciativa y el que tiene que dotar de medios a las comunidades que administra–, también al CGPJ, que debe poner en marcha los reglamentos de funcionamiento y a las comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Catalunya, Cantabria, Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia, Euskadi, La Rioja y Navarra), que deben proporcionar el personal y los medios a los órganos judiciales de sus respectivos territorios.

Se trata de un galimatías competencial que permite, además, maniobras y zancadillas políticas según el partido o la sensibilidad dominante que gobierne en cada una de las instituciones implicadas. Solo cuatro meses después de la entrada en vigor de la reforma, los consejeros de Justicia de Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja (todas ellas gobernadas por el PP) escenificaron un plantón a Bolaños (PSOE) en la primera reunión de coordinación, en abril de 2025.

Pero los tribunales de instancia no es algo que Bolaños o sus predecesores socialistas se hayan inventado. Todas las asociaciones judiciales, sin excepción, se los reclamaron al Gobierno (del PP) en 2013. En un comunicado conjunto de hace 13 años, las tres asociaciones conservadoras (Foro Judicial Independiente sostiene que no lo es) y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia –que, pese a apreciar disfunciones puntuales, es la única que valora los nuevos órganos– reclamaron en bloque esos tribunales y otras medidas contenidas en la ley de eficiencia que ahora tanto critican.

En ese comunicado no solo hablaban de los "tribunales de instancia colegiados", sino también de algo que ahora algunos les sonaría revolucionario, como "romper el vínculo entre juez y juzgado" y reformar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la oficina judicial para crear una única en estos nuevos órganos. También abogaban por métodos alternativos de resolución de conflictos recogidos en la norma –lo que el actual Ejecutivo denomina MASC– como la mediación, para reducir el número de asuntos en manos de los jueces.

La ley que finalmente se ha podido aprobar es, además, el cuarto proyecto que se tramita. Tanto el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, como los de Mariano Rajoy (en 2014) trataron de sacar adelante leyes similares a la de eficiencia. La última iniciativa fallida fue elaborada por el segundo Ejecutivo de Sánchez (2022), pero fue directamente al cajón al convocarse las elecciones de 2023 sin que hubiera sido aprobada. Tanto los anteproyectos del exministro socialista Francisco Caamaño, como el de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fueron valorados positivamente por los informes del Consejo General del Poder Judicial.

Y lo mismo ocurrió con el que dio lugar a la ley actualmente vigente. "Se racionaliza el modelo judicial al introducir la colegialidad en todos los escalones de la jurisdicción, se facilita un uso eficiente de los medios personales y materiales (...), se promueve la homogeneidad de criterios y prácticas con el consiguiente beneficio para la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley, se favorece una sinergia positiva con el modelo de oficina judicial y se gana en flexibilidad organizativa", recogía el informe preceptivo aprobado por el anterior Consejo de mayoría conservadora, que, pese a esa buena valoración general, advirtió de algunos aspectos de la norma que, a su juicio, debían ser reconsiderados.

Trece años después, sin embargo, las tres asociaciones conservadoras (Foro insiste en que no lo es) están en pie de guerra contra la nueva organización que ellas mismas, (junto a JJpD), reclamaron, y que fue defendida reiteradamente por el CGPJ. Representantes de todas ellas, los presidentes de la mayoría de los tribunales superiores de justicia y también algunos vocales del Consejo dibujan una situación de caos en la que apuntan al Gobierno pero en la que muchas de las quejas, como las relativas al personal de las oficinas judiciales o los medios informáticos, no solo tienen que ver con el Ministerio, sino también con las comunidades implicadas. Y con el propio órgano de gobierno de los jueces, que 15 meses después de la entrada en vigor de la ley, no ha reformado aún los reglamentos que desarrollan la norma, entre ellos el de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

Esa visión catastrofista, sin embargo, no se corresponde con los datos objetivos que manejan el Consejo y el Gobierno. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces del pasado jueves tomó conocimiento de un informe con las disfunciones recogidas entre los distintos tribunales que, sin embargo no han provocado "suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales". El departamento que dirige Bolaños reconoce algunos problemas concretos fruto del "cambio sustancial en el modo de organizar el trabajo", pero mediante varios indicadores –el número total de notificaciones o registros como el de penados, el de órdenes de protección, el de medidas cautelares, el de delincuentes sexuales o el de menores– ha comprobado que la actividad judicial es similar a la de los meses anteriores a la implantación de los nuevos tribunales.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma de Mallorca estaba en seguimiento por la Inspección judicial por sus reiterados retrasos desde 2019. Dos años después se nombró un juez sustituto para que asumiera la mitad del trabajo. Ese sustituto demostró un rendimiento muy superior al de su titular, el portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decano de la capital balear, Alejandro González Mariscal de Gante que, pese al desastroso estado de su órgano judicial, encontraba tiempo para viajar al Parlamento Europeo y, de la mano del PP, acusar al Gobierno de socavar el Estado de derecho en España y atacar la independencia judicial. Mientras, en Palma, resolvía solo los procesos más simples para simular una carga de trabajo ficticia mientras los complejos se acumulaban. 96 estaban inconclusos, de los cuales, 10 están pendientes de sentencia desde 2018 y 2019.

Pese a esa situación, los cuatro vocales del sector conservador de la comisión disciplinaria –dos de los cuáles, José María Páez y José Carlos Orga, pertenecen también a la APM– lo liberaron de la suspensión de funciones por un mes que solicitaba el Promotor de la Acción Disciplinaria por una falta muy grave de desatención y decidieron dejarlo en una infracción leve e imponerle una multa de 500 euros. Los tres consejeros progresistas –José María Fernández Seijo, Ricardo Bodas y Lucía Avilés– sin embargo, consideran en su voto particular discrepante que la suspensión debía ser superior a la que reclamaba el instructor –tres meses– debido a que la conducta de González Mariscal de Gante era voluntaria y porque fue advertido por el Consejo en varias ocasiones sin que prestara a su órgano judicial mayor dedicación. Entre 2021 y 2024, la pendencia de sus casos aumentó un 40,3%.

El voto particular de los progresistas describe una inactividad y una escasez de rendimiento alarmante. En él, recuerdan que el año pasado, el Supremo avaló una sanción de seis meses de suspensión a otro magistrado con 52 sentencias pendientes, frente a las 96 de González Mariscal de Gante. "En algunos casos estamos hablando de una pendencia cercana a los tres años", dice el escrito del los vocales a propuesta del PSOE y Sumar. "La tardanza en resolver por más de dos años, que incluso en alguna anualidad no alcanza el mínimo exigible, evidencia la responsabilidad disciplinaria cuya depuración se propone", sostienen. No es que el portavoz de la APM tardara en redactar la sentencia, es que, en los procedimientos de mayor complejidad, ni siguiera dictaba la conclusión del caso, dejándolo en el cajón por meses e incluso años. La Inspección del Consejo, que monitoriza su juzgado desde hace siete años, le avisó de que no podía hacerlo así. Pero dio igual.

La actitud pasiva del expedientado se produjo también cuando se asignó para su juzgado un juez sustituto que asumió la mitad del trabajo. Desde ese momento, los asuntos a abordar por González Mariscal de Gante se situaban por debajo del indicador de entrada de nuevas causas, pero la resolución de asuntos pendientes no avanzaba. "Resulta difícil explicar a los ciudadanos afectados por las dilaciones [...] que un magistrado titular que asume el 50% de la carga de trabajo de su juzgado y, por tanto, no alcanza el mínimo de entrada [de asuntos] previsto, demore sus pronunciamientos más de dos años", sostienen los consejeros en su voto.

"Nada justifica que los procedimientos ordinarios", los más complejos, "de manera habitual, sistemática y reiterativa resulten postergados ya no meses, sino años", aseguran los consejeros progresistas, "mientras que al mismo tiempo se da salida a numerosos procedimientos abreviados con determinado objeto, de indudable menor dificultad (por regla general)". De esa manera obtenía unas cifras de rendimiento "que aparentan cierta laborosidad, pero que silencia las muy graves dilaciones que sufren aquellas causas que no son sentenciadas por la sola voluntad del titular". Es decir, que el portavoz de la APM obtenía sus datos de rendimiento "de forma irregular" recurriendo a "una conducta intencionada de tergiversación".

Por esa razón, los vocales consideran que "determinar la dedicación real del magistrado resulta complicado, pues su conducta [...] ha alterado los mecanismos de medición". "En cualquier caso, a efectos meramente dialécticos, llama la atención cómo su rendimiento se sitúa muy por debajo del juez sustituto con el que comparte funciones jurisdiccionales en el mismo órgano, vistos los porcentajes de rendimientos de uno y otro, así como de la comparativa de resoluciones dictadas por cada uno de ellos". Es decir, que su compañero, que no pertenece a la carrera judicial y trabaja en condiciones mucho más precarias y provisionales, saca adelante muchos más asuntos que él, el titular.

La mayoría conservadora, coincide básicamente en el análisis de los hechos de los progresistas, avalados también por la Inspección del Consejo y propio Promotor de la Acción Disciplinaria. Sin embargo rebajan la conducta del portavoz de la APM de muy grave a leve porque, según dicen, no aprecian que los procesos complejos que postergaba "tuvieran mayor trascendencia para el funcionamiento de la Administración de Justicia", que los más simples en los que concentraba su actividad. Además, aseguran que se desconoce "la incidencia en la demora de los asuntos que ya estuviera tramitando" o si los resueltos por el juez sustituto, más que los del portavoz de la APM, eran de similar complejidad técnica a los que llevaba el expedientado.

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial envió ayer dos mensajes, de manos del sector conservador, a la judicatura. El primero, que insultar o faltar el respeto a cargos públicos en redes sociales, seminarios o actos académicos está, a todos los efectos, permitido, tal y como se deduce del archivo de los expedientes contra el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara (que llamó "Barbigoña" a la esposa del presidente del Gobierno en X) o el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que se refirió a la exministra de Igualdad Irene Montero como "cajera de supermercado".

El segundo de los mensajes lanzados por los vocales a propuesta del PP es aún más grave: desatender tu juzgado tiene unas consecuencias mínimas. Así lo estimaron al dejar una petición suspensión de hasta tres meses en una multa mínima de 500 euros al portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Alejandro González Mariscal de Gante. Dos de los cuatro consejeros que lo apoyaron pertenecen a esa misma asociación, la mayoritaria entre los jueces.

Las sanciones contra Ruiz de Lara y Velasco habían sido cuestionadas a lo largo del proceso por el Promotor de la Acción Disciplinaria, el cargo del Consejo que se encarga de instruir estos expedientes sancionadores, al que, sin embargo, la comisión permanente obligó a abrir expediente a ambos en contra de su voluntad. Además, ambos casos contaban con la petición de archivo del fiscal, que consideraba que ninguno de los dos había hecho esos comentarios denigrantes invocando su condición de juez, el mismo argumento que sirvió al Consejo para exonerar a Ruiz de Lara hace dos años tras llamar a Pedro Sánchez "psicópata".

Pero en el caso de Alejandro González Mariscal de Gante, presidente del Tribunal de Instancia de Palma de Mallorca (lo que hasta hace unos meses era juez decano) y portavoz de la APM, tanto el promotor como el fiscal apreciaban una falta muy grave que afecta directamente al desempeño del propio trabajo del magistrado: "La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales", una conducta para la que el promotor pedía un mes de suspensión y el fiscal tres.

La caótica situación de su juzgado, conocida por el Consejo desde 2019, puso al órgano en la lupa de la inspección judicial, que inició un seguimiento. En marzo de 2021, González Mariscal de Gante tenía 118 sentencias pendientes, de las cuales, 43, con un retraso de más de seis meses. En julio de ese mismo año y hasta enero de 2025, se le puso un juez de refuerzo para que asumiera la mitad de su carga de trabajo, pero desde entonces hasta 2024, los asuntos pendientes se incrementaron un 40%. "No se sigue orden alguno en el dictado de sentencias y se dictan preferentemente las correspondientes a vistas recién celebradas", advirtió la inspección en 2024. Mientras sus cifras de resolución entraban en barrena, el magistrado sancionado seguía con su actividad asociativa.

Como en el caso de Velasco y Ruiz de Lara, los cuatro vocales conservadores de la disciplinaria han hecho valer su mayoría frente a los tres progresistas (que han anunciado voto particular) y han rebajado la categoría de la infracción de González Mariscal de Gante de muy grave a leve. La "desatención injustificada y reiterada" al frente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Palma que apreciaban el promotor y el fiscal se ha quedado en una simple "desatención a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias realizasen el CGPJ, el presidente del TS, de la AN y de los TSJ o Salas de Gobierno". Las faltas leves se sancionan con una mera advertencia o multa de hasta 500 euros. Este último es el importe que finalmente y con el voto en contra de los tres consejeros progresistas, han impuesto los vocales a propuesta del PP.

Entre los cuatro votos decisivos para dejar en nada una conducta calificada inicialmente como muy grave y castigada con la tercera sanción de mayor intensidad de todo el régimen disciplinario de jueces y magistrados, se encuentran los de dos compañeros de asociación de González Mariscal de Gante. Se trata de José Carlos Orga Larrés y José María Páez, ambos propuestos para el Consejo por la APM, a los que se han sumado el expresidente del consejo consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, y la fiscal Pilar Jiménez Bados, también conservadores. El conflicto de intereses por la militancia común de Orga, Páez y el sancionado González Mariscal de Gante en la APM no ha impedido a los dos primeros participar en la decisión y rebajar el castigo pese a las dudas sobre su imparcialidad.

Fuentes del Consejo aseguran, eso sí, que los siete miembros de la comisión disciplinaria han coincidido en que la situación en la que está el juzgado dirigido por el sancionado era "realmente penosa" y que "no había justificación" para ello. Las razones concretas que han llevado a los cuatro vocales a propuesta del PP a rebajar la categoría de la infracción y la sanción hasta dejarla en una simple multa se conocerán cuando estos redacten el texto de la resolución. Los progresistas José María Fernández Seijo (presidente de la comisión), Ricardo Bodas y Lucía Avilés han anunciado un voto particular discrepante por considerar –como el promotor y el fiscal– que los hechos constituían, en realidad, una infracción muy grave. Esos tres consejeros a propuesta del PSOE también han anunciado votos contrarios al archivo de los casos de Ruiz de Lara y Eloy Velasco.

La total y reiterada desatención que tanto el Promotor de la Acción Disciplinaria como el fiscal encontraban en el juzgado de Alejandro González Mariscal de Gante, contrasta con su frenética actividad en la dirección de su asociación. Además de sus continuas apariciones en medios, propias de su cargo, el magistrado balear es uno de los más destacados miembros del colectivo judicial conservador en su campaña contra el Gobierno de Pedro Sánchez y las reformas judiciales que ha emprendido en las instituciones europeas. En abril y julio del año pasado participó en sendos actos en el Parlamento Europeo de la mano del PP en los que acusó al Ejecutivo de socavar el Estado de derecho en España y debilitar la separación de poderes y la independencia judicial a través de sus iniciativas judiciales. Por entonces, hacía años que el Consejo venía advirtiendo al juez de su preocupación por el caos en su órgano judicial.

Fue una huelga ilegal, sin servicios mínimos ni control de una autoridad laboral o judicial. También sin la sustracción de la parte proporcional del sueldo correspondiente que afecta a cualquier trabajador. Ahora, además, el Consejo General del Poder Judicial –el órgano que rechazó la convocatoria de la protesta de las asociaciones judiciales de derechas por considerar que jueces y magistrados no gozan de ese derecho laboral– ha decidido que sea impune. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha rechazado este martes sancionar a los titulares de los juzgados de lo Social números 38 y 40 de Madrid, que suspendieron sendos juicios el 1 y el 3 de julio para sumarse a la movilización irregular. Lo hicieron pese a que ambos procesos, dos despidos, eran "urgentes y preferentes", según la ley, y debieron haberse celebrado en un plazo máximo de 90 días. Los magistrados convocaron las vistas con un año y medio de retraso, pero, cuando al fin llegó la fecha, se declararon en huelga y lo aplazaron.

La letrada de los trabajadores afectados presentó entonces la correspondiente queja disciplinaria ante el CGPJ. Además de denunciar el abandono del servicio sin causa justificada (el Consejo tuvo la huelga por no convocada al no estar regulada), en su escrito recordaba que los juicios laborales por despido son considerados por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social –la que regula este tipo de procesos– "urgentes y preferentes". Sus artículos 116 y 119 establecen que la sentencia debe de estar redactada y notificada como máximo a los 90 días de la fecha en que el empleado presentó la demanda contra su empresa. Pasado ese plazo, los salarios de tramitación –el sueldo del trabajador mientras se decide sobre la pertinencia de su despido– no los paga el empresario en caso de que el despido se declare improcedente, sino el Estado, es decir, todos los contribuyentes.

Además de las "dilaciones indebidas" y el correspondiente dispendio de fondos públicos, el escrito recuerda que los jueces y magistrados carecen de derecho de huelga. Y cita el acuerdo aprobado por unanimidad en el CGPJ en el Pleno extraordinario que celebró el pasado 26 de junio tras recibir una comunicación de la convocatoria de los colectivos conservadores Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente en la que reclamaban al Consejo que fijara los correspondientes servicios mínimos. Dicho acuerdo aseguraba textualmente que "el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ de competencia para ello, fijar servicios mínimos". En esa reunión, durante el debate, parte del sector progresista señaló que si un miembro de la carrera se sumaba a la huelga y al hacerlo afectaba a derechos de los ciudadanos podría incurrir en una falta disciplinaria.

En los casos de la queja presentada, la abogada perjudicada por la protesta del juez tuvo que reclamar insistentemente al juzgado que la letrada de la administración de justicia (lo que anteriormente se conocía como secretaria judicial, quien dirige todo el trabajo administrativo de cada órgano judicial) certificara en un escrito que el único motivo por el que se suspendieron ambos juicios fue la participación de los titulares de ambos juzgados en la huelga ilegal. En la denuncia, la letrada señala que al carecer la protesta de ningún amparo normativo, debía iniciarse un proceso disciplinario contra ambos para abrirles expediente sancionador por abandono del puesto de trabajo. Es decir, que la ausencia de ambos titulares de sus órganos judiciales no estaba justificada al carecer estos del derecho de huelga que pretendían ejercer.

El Promotor de la Acción Disciplinaria (el cargo que dirige todas las investigaciones internas de los jueces), Ricardo Conde, abrió la correspondiente diligencia informativa, pero el pasado martes propuso a la Comisión Permanente del Consejo su archivo. Para el promotor, la suspensión de un juicio es una decisión jurisdiccional (tomada en la tramitación de un proceso concreto) por lo que el órgano de gobierno de los jueces no puede entrar a valorarla sino que, en su opinión, la abogada tendría que impugnarla a través de los recursos establecidos. Pese a que el CGPJ declaró ilegal y sin sustento normativo el derecho de huelga de los jueces, el promotor sostiene, según fuentes de ese órgano, que las suspensiones de vistas responden "a iniciativas adoptadas por cada juez en el ejercicio de sus derechos". Para Conde, la ausencia de regulación de este tipo de protestas en la magistratura impide sancionar disciplinariamente a los que las secundan.

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reconocen el derecho de huelga a los miembros de la carrera judicial. La LOPJ sí lo regula para los letrados de la administración de justicia y los funcionarios judiciales, cuyos regímenes disciplinarios, recogidos en esa misma norma, castigan como falta muy grave para ambos cuerpos el incumplimiento de los servicios mínimos. El vocal progresista Ricardo Bodas, exmagistrado de la Sala de lo Social del Supremo y expresidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional, explicó en el Pleno extraordinario sobre la huelga celebrado en el Consejo el 26 de junio, que la ausencia de una falta disciplinaria sobre incumplimiento de servicios mínimos en el caso de los jueces se debe, precisamente, a que los jueces no pueden hacer huelga. Sin embargo, el promotor interpreta la falta de regulación al contrario y sostiene que ni la norma fundamental ni la LOPJ prohíben que los jueces y magistrados participen en ese tipo de movilizaciones, una conducta que tampoco está tipificada como infracción disciplinaria.

Por último, Conde defiende que, para poder imputar a ambos jueces la infracción de abandono del servicio, es necesario que esa ausencia sea injustificada, según ha establecido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Sin embargo, el promotor considera que dejar el juzgado para ejercer un teórico derecho que nadie ha reconocido a los jueces –ni siquiera el órgano constitucional en el que desempeña sus funciones, el CGPJ– no es una acto arbitrario sino que se debe a la decisión del magistrado de ejercer el "derecho" de huelga, un "derecho", sostiene, amparado en la convocatoria de las asociaciones judiciales conservadoras, informan fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Por todas esas razones, el promotor propuso el archivo de la investigación que la comisión permanente, finalmente, aprobó este martes. Ahora, la letrada denunciante podrá interponer un recurso para que sea el Pleno el que tenga la última palabra sobre el caso.

La coalición de partidos liderada por los socialistas que gobierna España desde 2018 está causando un grave daño a la democracia que afecta a principios básicos como la separación de poderes y la independencia judicial. Pero este mantra, que repiten desde hace años las tres asociaciones judiciales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente– tiene, según esos colectivos, una suerte de solución mágica: cambiar el sistema de elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial que proceden de la judicatura para que sean elegidos directamente por sus compañeros. Sin que el Parlamento, en el que están representados todos los ciudadanos, legitime democráticamente su designación, como hace ahora. Se trata de una propuesta a la que la izquierda judicial y política se opone. Porque considera que supondría una cesión perpetua a la derecha del órgano, que además dejaría de guiarse por intereses generales para centrarse en los más corporativos.

Este debate eterno, que se inició con la elaboración de la Constitución hace casi 40 años, tuvo su último hito el pasado febrero. El CGPJ aprobó por unanimidad un informe con dos propuestas opuestas para elegir a estos vocales de extracción judicial. La de los progresistas propugnaba que fueran las Cortes –como hasta ahora– las que los eligieran de entre una nómina de candidatos elegida por la judicatura. Los conservadores, sin embargo, defendieron que fueran los propios jueces los que los seleccionaran. El informe era un mandato recogido en la ley que acompañó a la última renovación del órgano, en junio de 2024, que obligaba al órgano de gobierno de los jueces a elaborarlo con el objetivo de que pudiera "ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea". Es decir, que fuera la UE la que examinara si esa propuesta se acomodaba a "los mejores estándares europeos".

Tras semanas de negociación, los vocales a propuesta del PSOE y Sumar y los promocionados por el PP no se pusieron de acuerdo. Para sacar adelante un solo informe con dos propuestas opuestas, los conservadores exigieron a los progresistas que aceptaran que las dos iniciativas no solo fueran analizadas por la Comisión Europea como establecía la ley aprobada con el pacto de renovación. También por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho –más conocida como Comisión de Venecia– el organismo consultivo y de supervisión del Consejo de Europa. Esa Comisión, como el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), también dependiente de esa misma organización internacional, son los que más recurrentemente han recomendado al Gobierno la propuesta que defienden los conservadores: la elección por sus compañeros de los 12 vocales jueces. La condición impuesta por la derecha del Poder Judicial también afecta al Gobierno, que tendrá que defender ante la delegación de esa Comisión su apuesta por la elección parlamentaria, la prevista en la ley con algunas variaciones desde 1985.

La delegación permanecerá en Madrid este lunes y el martes y está formada por la exministra de Justicia y expresidenta del Tribunal Constitucional italiano Marta Cartabia, la jurista y profesora universitaria suiza Regina Kiener y el magistrado del Tribunal Constitucional francés François Séners. Además de con los vocales, los miembros del organismo internacional mantendrán un encuentro con representantes de las cuatro asociaciones judiciales, tres de las cuales –APM, Francisco de Vitoria y Foro– reclaman que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales judiciales. Representantes de esas tres asociaciones han llegado a comparar la situación de la independencia judicial en España a la de Polonia bajo los populistas del PiS o la Hungría de Víktor Orbán, y han reclamado a la Comisión Europea la apertura de un expediente sancionador contra España como el que se inició contra esos dos países del este de Europa. Esos expedientes pueden llegar a cortar el flujo millonario de fondos europeos, como ha ocurrido ya con Budapest. Solo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, se aleja de esa visión catastrofista, y reclama que se mantenga un sistema como el actual con algunas mejoras.

Tras las asociaciones, la Comisión de Venecia tiene previsto reunirse con lo que el programa de la visita denomina "representantes de la sociedad civil". Los conservadores del Consejo han incluido entre estos al catedrático de Derecho Constitucional y exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón. Aragón, propuesto para el tribunal de garantías por el PSOE, votó sin embargo con los conservadores en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña presentado por el PP. La sentencia, de 2010, supuso el punto de partida del proceso independentista que culminó con el referéndum de 2017 y la fugaz declaración de independencia. Los vocales a propuesta del PP también han seleccionado como experto al notario Segismundo Álvarez, patrono de la fundación de tinte conservador Hay Derecho. El sector progresista ha propuesto al exministro de Justicia con Felipe González, ex presidente del Consejo de Estado y catedrático de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo. También a la politóloga, exconsejera de Justicia de la Generalitat de Catalunya en el último Gobierno de Pere Aragonès (ERC) y exdirigente de Podemos Gemma Ubasart.

Junto a todos ellos, la Comisión de Venecia ha propuesto también para este bloque a uno de los jueces conservadores que más activismo contra el Gobierno ha practicado en los últimos años. Se trata de Jesús Manuel Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Ese colectivo, cuyo presidente es el exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner, fue la que se dedicó a repartir entre los jueces y magistrados un manual para presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la ley de amnistía. Villegas también se ha mostrado muy activo durante la última huelga ilegal de jueces y fiscales convocada el pasado 1 de julio en contra de las reformas judiciales anunciadas por el Gobierno. En su discurso, muy catastrofista, el Estado de derecho en España se encuentra en perpetuo peligro, algo que ni la UE ni el propio Consejo de Europa han detectado en ninguno de sus informes. De esa plataforma también forma parte el juez Manuel Ruiz de Lara, investigado reiteradamente en el Consejo por sus insultos al presidente del Gobierno –psicópata sin límites éticos, lo llamó–, varios ministros, el fiscal general o el presidente del Constitucional.

La visita incluye también un encuentro con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuyo departamento defiende la elección parlamentaria de los vocales procedentes de la magistratura. El encuentro se producirá en un momento de extraordinaria conflictividad del Gobierno con la derecha judicial. Los 10 vocales del Consejo a propuesta del PP, en clara alineación con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la mayoritaria y conservadora APM, reclamaron el pasado 4 de julio a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, que el fiscal general del Estado no fuera invitado al acto de apertura del año judicial que presidió el rey. También le pidieron que Bolaños no se sentara en el estrado presidencial. El motivo fue una entrevista del presidente del Gobierno en la que aseguró que "una minoría de jueces hacen política" y con ello causan "un daño enorme a la democracia".

Que la judicatura es un estamento mayoritariamente de derechas, no es ningún secreto. Basta comprobar cuáles son las asociaciones más representativas en la carrera (las conservadoras) o los resultados de las elecciones a Salas de Gobierno de los principales tribunales, en las que votan todos los jueces. Pero lo ocurrido este jueves, a escasas horas de que el rey declare solemnemente abierto el año judicial 2025-2026, sobrepasa todos los límites y abre un escenario inédito. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, los 10 vocales del Poder Judicial propuestos por ese partido y las principales asociaciones judiciales y fiscales conservadoras, las mayoritarias en ambas carreras, se han coordinado para dar un golpe institucional sin precedentes. Piden al unísono que se incumpla la Ley Orgánica del Poder Judicial y atacan derechos fundamentales como la presunción de inocencia del fiscal general del Estado y la libertad de expresión del presidente del Gobierno entre acusaciones de instrumentalización del Tribunal Supremo para ponerlo al servicio de sus intereses políticos.

La maniobra se inició el miércoles con el anuncio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que no asistiría a apertura del año judicial por primera vez desde que accedió a ese cargo. Para evitar que su ausencia pudiera interpretarse como un feo al rey, la justificó con supuestos problemas de agenda; porque le coincide, dice, con un compromiso previo: un mitin de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pero este jueves, el líder de la oposición se ha quitado la careta y ha reclamado públicamente al fiscal general del Estado que se ausente de acto. "Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga", ha escrito Feijóo en X. "Someter al rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no aliviaré con mi presencia", ha añadido.

Al rechazo del líder del PP a la presencia del jefe de la Fiscalía en el acto solemne se han sumado a lo largo de la mañana los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por ese partido como un solo hombre. Los consejeros conservadores han enviado una carta a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, en la que le piden que "traslade al fiscal general del Estado la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias" y lo piden, según dicen, "en defensa del prestigio de la justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece". "La consecuencia", sostienen los representantes de la derecha judicial, "es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado". Ese grupo de vocales también reclama a Perelló que impida que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se siente junto al monarca, como cada año.

En total sincronía con el PP y con los vocales propuestos por ese partido se han manifestado las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), mayoritarias en ambas carreras. A ellas se ha sumado la también de derechas pero muy minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es acusación popular en la causa abierta contra el fiscal general en el Tribunal Supremo por revelación de secretos, un delito del que el instructor del caso, no ha conseguido reunir una sola prueba. Los tres colectivos han emitido un comunicado conjunto en el que repiten el mismo mantra. Consideran que la presencia de García Ortiz en el acto, constituye, en su opinión, "un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales".

Lo que el PP, los vocales conservadores y las asociaciones de derechas piden al fiscal general y a la presidenta del Tribunal Supremo es que cometan una ilegalidad. Que actúen contra el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que es el que regula la ceremonia que se celebra este viernes. "Al inicio del año judicial se elebrará una acto solemne en el Tribunal Supremo", comienza ese precepto. Después explica el papel de la presidenta del CGPJ y del TS, que "presentará en dicho acto la memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de justicia". Por último, detalla el rol del fiscal general: leer "la memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia". Desde su nombramiento, García Ortiz solo ha faltado una vez, en 2022, porque estaba convaleciente de covid. Ahora, la derecha política y judicial protesta porque tenga que cumplir con un deber legal inherente a su cargo. La presencia del ministro de Justicia, por su parte, se justifica por la figura del refrendo, recogida en artículo 64.1 de la Constitución.

La petición, además, ataca directamente el derecho fundamental a la presunción de inocencia del fiscal general, una garantía cuya eficacia depende directamente del Poder Judicial ejercido por jueces y magistrados que son, precisamente, los principales obligados a respetarlo y a quiénes se dirige el acto solemne de este viernes con el Rey. García Ortiz está procesado por la Sala de lo Penal del Supremo, sí, pero ni se ha celebrado juicio alguno contra él, ni mucho menos se ha producido una condena que desvirtúe su inocencia. La insólita instrucción dirigida por el magistrado Ángel Hurtado contra el máximo responsable de un órgano constitucional no ha logrado acreditar el delito de revelación de secretos que se le atribuye. La Sala de Apelación del Supremo, la encargada de revisar las resoluciones del instructor, ha confirmado el procesamiento por mayoría, pero uno de sus tres magistrados, Andrés Palomo, sostuvo en un voto particular el pasado 29 de julio que "no se puede atribuir de manera mínimamente justificada" a García Ortiz el delito por el que se investiga y apuntó a la parcialidad de las pesquisas de su compañero Hurtado al vetar o despreciar las pruebas que pudieran beneficiar al investigado.

En este golpe institucional sincronizado, además de las referencias al fiscal general, el PP y la derecha judicial han cargado contra otro derecho fundamental, el de la libertad de expresión, del presidente del Gobierno por algunas de sus manifestaciones en la entrevista que concedió a RTVE el pasado lunes. Pedro Sánchez defendió la inocencia de García Ortiz, pero además, aseguró que "aún confiando en la justicia y aún pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales hacen bien su trabajo, cumplen con la ley; hay jueces que no". Después añadió: "Que hay jueces haciendo política y que hay políticos tratando de hacer justicia, sin duda alguna los hay, afortunadamente es la minoría, pero la hay; y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia". Sánchez se refería, en concreto, a la imputación de varios delitos a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, dos procesos que siguen adelante pese a haber sido muy cuestionados y contar con el rechazo frontal de la Fiscalía.

El PP hiperbolizó esas palabras y, en el comunicado en el que explicaba por qué Feijóo no iría a la apertura solemne del curso, acusó a Sánchez de afirmar que "los jueces persiguen a los ciudadanos por sus ideas políticas y no por la comisión de delitos". De manera sincronizada, los vocales a propuesta del PP han asegurado en la carta a Perelló, que Sánchez vertió "acusaciones genéricas contra jueces y magistrados (...) que reiteró en la prensa internacional, poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función", en unas declaraciones que los consejeros conservadores consideran "no solo injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de derecho". Esa es la razón por la que han pedido que se relegue al ministro Bolaños a un segundo plano en la apertura solemne.

María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria y conservadora APM, aseguró en diversos medios que las palabras del jefe del Ejecutivo "demuestran poco respeto al Estado de derecho, al Poder Judicial y a la separación de poderes". Del Barco, jueza decana de Madrid, participó junto a Feijóo y Miguel Tellado el pasado febrero en un acto del PP en el Congreso en el que se cargó contra la Fiscalía y contra el Tribunal Constitucional y en el que pidió abiertamente a la Unión Europea que abra un procedimiento sancionador contra España —que implicaría multas millonarias y pondría en peligro fondos europeos— por vulnerar la separación de poderes. El código ético de los jueces y los tratados internacionales sobre ética judicial firmados por España prohíben a los jueces participar en actos políticos para salvaguardar su apariencia de imparcialidad.

Este movimiento coordinado ha contado con el rechazo de la izquierda judicial. Nueve de los 10 vocales del Poder Judicial a propuesta del PSOE y Sumar apelaron a la "tranquilidad y la normalidad institucional" y llamaron a desterrar "cualquier forma de polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne". Tras recordar que es la LOPJ la que impone la presencia del fiscal general en el acto, recordaron que la confianza en el Estado de derecho "se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad", es decir cumpliendo el deber que establece esa ley, "y el de presunción de inocencia", que asiste al jefe de la Fiscalía mientras no sea condenado. Sobre la presencia del ministro de Justicia en la mesa presidencial, los vocales subrayan que es "notario mayor del reino" y destacan que se trata de "una costumbre institucional consolidada".

El progresismo minoritario de la judicatura también se ha desmarcado de las críticas de la derecha por la entrevista de Sánchez. "Quizá no le corresponda hacer estas manifestaciones, pero es indudable la instrumentalización partidista de ciertos procedimientos judiciales, frente a las que los tribunales deben actuar con máximo rigor", afirmó el portavoz de la asociación de izquierdas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achutegui.

La negativa a aplicar la ley de amnistía por el Tribunal Supremo y las manifestaciones reiteradas y públicas de destacados magistrados con ataques e insultos a miembros del Gobierno o representantes políticos —como las de Eloy Velasco o Manuel Ruiz de Lara— que quedan sistemáticamente impunes, las comparaciones de algunos colectivos de la independencia judicial en España con la de Hungría o Polonia, o la huelga judicial y fiscal del pasado julio contra las reformas del Ejecutivo (una protesta ilegal, incontrolada, sin servicios mínimos y sin la correspondiente merma salarial) fueron los hitos anteriores de activismo judicial en el conflicto abierto que mantiene la magistratura conservadora con Pedro Sánchez. La revuelta coordinada de este jueves y el plante sincronizado al Rey supone un salto cualitativo al franquear -en plena unidad de acto con el principal partido de la oposición y para hacer valer sus intereses- una de las líneas rojas de la derecha: su lealtad a la Corona.

Es dudoso que hasta se le pueda llamar "huelga", porque sus órganos estatutarios, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, no reconocen ese derecho al no estar previsto en la Constitución ni en la ley. Tampoco hay datos fiables sobre el seguimiento real del paro judicial, porque ni las Salas de Gobierno de los diferentes tribunales ni las fiscalías superiores o provinciales los han recopilado. Y sin datos exactos no se puede restar de cada nómina la parte proporcional del salario de las jornadas no trabajadas, como a cualquier trabajador o funcionario que se moviliza. Los servicios mínimos han sido decretados por los propios "huelguistas" –jueces y fiscales– que son los que, en teoría, deben controlar que efectivamente se cumplen en una suerte de autorregulación y autocontrol y con la suerte de que serán sus compañeros, algunos de ellos también movilizados, los que finalmente decidan. "Es como si en una huelga en la minería, por ejemplo, fueran los propios mineros los que controlaran la huelga y decidieran sobre servicios mínimos y sanciones", afirma un fiscal que no ha secundado la protesta.

Para las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras, los tres días de huelga supuestamente convocados esta semana –sus autoridades laborales (el CGPJ y la Fiscalía General) tuvieron el preaviso por no presentado al no contar la protesta con sustento legal– constituyen "un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática". Una movilización secundada, dicen, "por una media del 70% de jueces y fiscales".

En realidad, ese porcentaje no tiene ninguna fiabilidad, porque el único medio para medirlo en esta huelga autorregulada por cinco asociaciones judiciales y fiscales de derechas era el envío de un correo electrónico a dos buzones facilitados por el propio comité organizador. Para conocer el seguimiento real, el Ministerio de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños ha pedido datos al CGPJ, pero el órgano de gobierno de los jueces le ha respondido que las salas de gobierno de los diferentes tribunales (Supremo, Audiencia Nacional y tribunales superiores de justicia autonómicos) no les han facilitado ningún dato. Así que no hay cifras oficiales de seguimiento.

Durante la movilización, Bolaños ha dado su propio porcentaje, que ha dejado en el 31%, pero desde el ministerio advierten de que ese dato tampoco es fiable y solo se refiere a las vistas que, durante los tres días a los que hacía referencia la convocatoria, se han tenido que suspender. Las vistas no son las únicas actuaciones que forman parte del trabajo de un juez. También están la redacción de resoluciones, las deliberaciones, comparecencias, firma de documentos... Múltiples trámites sobre los que tampoco hay datos. La fuente del Ejecutivo para recabar esta incidencia solo aproximada de los paros han sido los secretarios de gobierno, es decir, los letrados de la administración de justicia de más alto rango en cada tribunal o territorio, que dependen directamente del Ministerio de Justicia.

Durante la última protesta de este tipo, celebrada en 2018 por razones estrictamente relacionadas con sus condiciones laborales –la de esta semana, por el contrario, exigía al Ejecutivo la retirada de dos proyectos de ley, uno de los cuales ya está en el Parlamento–, Justicia pactó con las asociaciones convocantes entonces un sistema de contabilización preciso. En el caso de los jueces, fueron las Salas de Gobierno y las respectivas fiscalías las encargadas de recibir las comunicaciones de los jueces y fiscales que se declaraban en huelga. Esas salas facilitaron los datos al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que, a su vez, fueron las instituciones encargadas de enviarlos al Gobierno para que restara la cantidad correspondiente de la nómina. En esta ocasión, en las directrices del autodenominado "comité de huelga" se recordaba expresamente que ninguno de los llamados a secundarla tenían la obligación de comunicarlo a ningún superior. Solo, si lo deseaban, enviar un correo a los buzones habilitados para ello.

Sin una contabilidad fiable del seguimiento, las posibilidades del ministerio de restarles la parte proporcional de sus ingresos correspondiente a los paros son cercanas a cero. Al no pactar con el Gobierno una vía para hacerlo, las asociaciones conservadoras convocantes –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– han perdido la oportunidad de que, mediante la correspondiente merma en sus nóminas, el supuesto "derecho de huelga" que invocan hubiera logrado un reconocimiento tácito por parte del Ejecutivo. Que en cada comunicado los huelguistas señalen que la protesta se hace "asumiendo la correspondiente detracción de haberes" no significa que se pueda hacer si no hay forma de identificar fehacientemente a cada participante con nombre, apellidos, número de la seguridad social, DNI, destino, horas concretas no trabajadas... Sí se hizo en la anterior convocatoria, la de 2018, pero un huelguista recurrió su merma salarial en la Audiencia Nacional, lo que obligó al ministerio a devolver el dinero a todos.

Ni la ley que recoge el estatuto de los jueces –la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)–, ni la de los fiscales –el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)– hacen una referencia a que estos profesionales, que ejercen un poder del Estado, tengan derecho de huelga. Esa es la razón por la que el CGPJ decidió tenerla por no convocada, porque "carece (...) de soporte normativo". La ley del estatuto de los jueces, sin embargo, sí recoge expresamente y regula el derecho de huelga, tanto de los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) como de los funcionarios judiciales. En el régimen disciplinario de ambos colectivos, recogido también en la LOPJ, se sanciona como falta disciplinaria el incumplimiento de los servicios mínimos, algo que no aparece en los artículos que regulan la disciplina de los jueces.

En el marco planteado por las asociaciones de derechas huelguistas debería ser el CGPJ la institución que fijara los servicios mínimos, ya que es la que se encarga de ascensos, nombramientos, permisos y demás regulaciones laborales. Pero al no reconocerles el derecho, también se ha negado a fijar esos servicios esenciales para la comunidad. Ha sido el autodenominado "comité de huelga" el que los ha establecido recurriendo a la autorregulación. En una huelga tradicional de trabajadores o funcionarios que sí tienen el derecho reconocido son los jueces los que, a la postre, tienen la última palabra sobre las sanciones que se puedan imponer a los empleados que incumplen esos servicios. En el caso de huelga de jueces y fiscales, ¿serían los propios compañeros los encargados de vigilar que dichos mínimos se satisfacen?

Pero, además, como recuerdan fuentes próximas a Justicia, las asociaciones establecieron un repertorio de servicios mínimos relacionados con las diligencias más urgentes, pero no dijeron qué personal concreto tendría que cumplirlos. "Es una situación absolutamente anómala y de total inseguridad jurídica, porque se podría llegar a la conclusión de que, si cada uno de los huelguistas atendiera los servicios esenciales que en teoría le corresponden, podrían estar en huelga y de servicios mínimos a la vez", afirman.

Las incógnitas en este campo son incluso inquietantes. Con la plantilla a pleno rendimiento, a veces se producen errores, como la huída de delincuentes cuya prisión provisional no se ha renovado o la reincidencia de criminales condenados pero no encarcelados. "¿Qué hubiera ocurrido si algo así se produjera porque el juez dice que está ejerciendo un derecho de huelga que en realidad no tiene?", se pregunta un magistrado contrario a la movilización.

La movilización judicial exigía al Gobierno la retirada inmediata de dos de sus iniciativas en tramitación: la reforma del sistema de acceso a ambas carreras y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que trata de blindar su autonomía del Gobierno ante la próxima asunción de la instrucción de las causas penales.El Ministerio de Presidencia y Justicia niega que ninguno de esos proyectos se vaya a paralizar porque supondría admitir, a través de una protesta irregular, una injerencia en el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, desde el ministerio se muestran "totalmente abiertos" al diálogo para corregir los errores que los textos puedan tener o incluir las mejoras que sugieran los colectivos profesionales.

Los huelguistas, por su parte, han pisado el freno. Pese a no haber conseguido ninguno de sus objetivos, han llamado a la calma a los miembros de ambos cuerpos por las vacaciones de verano, que "dificultan enormemente la obtención de datos de seguimiento representativos y homogéneos, provocando distorsiones que desvirtúan la percepción pública e institucional del respaldo real a la movilización". "Prolongar de forma inmediata la huelga (...) no solo podría carecer de impacto institucional, sino que podría generar una falsa imagen de desmovilización", dice el autodenominado "comité de huelga". La estrategia es mantener "un seguimiento riguroso y continuo de la tramitación parlamentaria". "Si la situación persiste sin cambios sustanciales", advierten, "retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga".

El encuentro se produce en un bar cercano a la plaza de la Villa de París de Madrid, donde se encuentra la sede del Tribunal Supremo. Acaba de producirse la manifestación convocada por las asociaciones judiciales y fiscales de derechas contra dos de las reformas judiciales del Ejecutivo del pasado sábado. Las caras de satisfacción entre los miembros de este jovencísimo comité de huelga organizado en WhatsApp son evidentes. Consideran que el día es "histórico", porque han logrado entre sus compañeros una "reacción" ante "las injerencias del Poder Ejecutivo" y por haber mostrado a los ciudadanos "que está en riesgo el Estado de derecho y la separación de poderes". "Tenemos que ser implacables con el poder político que nos trata de controlar y no permitirlo, porque si cedemos terreno, ese terreno no lo recuperaremos jamás". El supuesto peligro sistémico de retroceso democrático. La justicia amenazada del título del libro del magistrado del Supremo Manuel Marchena. El discurso apocalíptico de la derecha judicial.

Delante de ellos, como entrevistador, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia, Jesús Villegas. Villegas es, además de juez, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que preside el catedrático Francisco Sosa Wagner, exeurodiputado de UPyD y exmiembro de Ciudadanos. Se trata del grupo que poco antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, se dedicó a enviar a través del correo corporativo que el Poder Judicial a todos los jueces y magistrados un manual para cuestionar la norma ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De esa asociación también formó parte el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, actualmente investigado por el CGPJ por reincidir en los insultos contra el presidente del Gobierno —al que llamó "psicópata sin límites éticos"— o por ensalzar a la exdirigente y exdiputada de Vox Macarena Olona.

La complicidad entre Villegas y los cuatro entrevistados es evidente. Frente a él está Max Power, el creador del grupo de WhatsApp que dio lugar a la revuelta judicial contra el Gobierno. Detrás de ese pseudónimo está Rafael Ruiz de la Cuesta, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que, como él mismo cuenta, se sacó la oposición hace apenas cuatro años. Explica que el pasado mayo, cuando el Gobierno anunció la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, decidió abrir el chat —en realidad tuvo que abrir dos por la gran afluencia— y que, rápidamente, los jueces y fiscales se sumaron espontáneamente hasta llegar a los 1.900 miembros actuales. Planteaban, desde el primer momento, una huelga contra los proyectos del Ejecutivo. El tamaño de la reivindicación espontánea creció tanto que sorprendió a las asociaciones de derechas y las obligó a ponerse al frente de una protesta que ellas no habían impulsado.

Junto a Max, con chaqueta y corbata, se encuentra Javier, fiscal en Sant Feliú de Llobregat, también en Barcelona. Sostiene que "la independencia judicial, el Estado de derecho y la separación de poderes" están en peligro por las reformas del Ejecutivo. "Cuando los derechos de todos se ven amenazados", sostiene, "tenemos que dar un paso adelante". Javier asegura que vienen "tiempos muy duros para la justicia en los que se va a tratar de ahogarla todo lo posible". John, otro compañero fiscal y también miembro del comité de huelga, sostiene que lo que le preocupa es "la apariencia de imparcialidad" y que los ciudadanos crean que cuando se acerquen a los juzgados tendrán "un trato igualitario y justo". "Somos personas con autoridad jurídica, pero también moral", añade. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado han avisado de que la huelga no tiene sustento legal y se han negado a fijar servicios mínimos.

A lo largo de la conversación, el magistrado Villegas, que después de la ley de amnistía ha encontrado un nuevo motivo para oponerse a las iniciativas del Gobierno, desgrana las consignas de la protesta. Dice ante el asentimiento de los demás que la protesta no tiene "ningún color ideológico", que, en realidad, "es un movimiento espontáneo de las bases" que no está "a favor ni en contra de ningún partido político". "Un poco de preocupación sí que tenemos porque queremos que esto no se instrumentalice para ninguna finalidad política", dice el dirigente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. "A nosotros simplemente nos interesa que la justicia en España sea independiente", añade. Este mismo lunes, el juez ha publicado un artículo en el que sostiene que la reciente sentencia del Constitucional avalando la ley de amnistía responde a un pacto entre el Gobierno y los separatistas en el que estos últimos tienen agarrados "con fuerza" los testículos del Ejecutivo.

Villegas defiende en su videoentrevista, publicada en el perfil de X de la Unión de Fiscales y Jueces (el nombre que se ha puesto el movimiento iniciado en el chat) la importancia de la oposición, cuya reforma, a su juicio, va a convertir el sistema en "un coladero". En realidad, el único cambio que introduce la reforma del Gobierno, que ya se está tramitando en el Congreso, es la introducción de un ejercicio práctico en el examen, algo que ya existía hace unos años. También obliga a que un cuarto de las plazas que se oferten cada año vaya destinado a juristas de reconocido prestigio mediante el llamado "cuarto turno", que existe desde 1985. Por último, establece un único proceso de regularización para los jueces y fiscales sustitutos por orden de la Comisión Europea.

Ante la decisión del CGPJ y la Fiscalía de considerar ilegal la huelga y no establecer los servicios mínimos, han sido las propias asociaciones judiciales convocantes —Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— las que los han autorregulado (algo que los jueces impiden sistemáticamente a cualquier asamblea de trabajadores, comités de empresa y sindicatos). Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, debido a la falta de regulación, cualquier ciudadano que se vea perjudicado por los tres días de paro convocados podrá presentar su queja porque el derecho de huelga para jueces y fiscales que invoca la movilización, no existe.

El comunicado de las asociaciones previo a la huelga advierte: "Frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos, queremos recordar que el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional". Sin embargo, las asociaciones repiten una y otra vez que la comunicación de los que quieran secundar la protesta es solo voluntaria y que no tienen que comunicarla ni a decanos, ni a presidentes de sala ni a fiscales jefes ni a fiscalías superiores. Tras la última huelga, en 2018, el Ministerio de Justicia restó a cada huelguista de su nómina el tiempo no trabajado, pero, tras el recurso de uno de ellos, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidió que el Gobierno no era competente para hacerlo y le obligó a devolverles el dinero. La huelga les salió gratis.

Por muchos párrafos de solidaridad con los huelguistas que contenga la resolución sacada adelante este jueves por el Pleno del Poder Judicial con el apoyo de todo el sector conservador y de su presidenta, Isabel Perelló, el mensaje del Consejo a los jueces a sus asociaciones de derechas es inequívoco: la huelga que han organizado es ilegal y el órgano de gobierno de los jueces, por lo tanto, la tiene por no convocada y no piensa decretar servicios mínimos, porque no le corresponde. Ocho de los 11 vocales que han apoyado ese acuerdo pertenecen a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el mayor colectivo de los cinco convocantes a la movilización y cuyos militantes la han aprobado con un 70% de votos a favor, según la propia asociación. Se trata de una clara desautorización de los consejeros de ese grupo a la mayoría de los jueces asociados a su colectivo corporativo de referencia.

Con su decisión de este jueves de no reconocer el derecho a la huelga judicial y fiscal, los ocho vocales de la APM se desmarcan, no solo del apoyo a la protesta de su asociación, sino también del lenguaje catastrofista y del discurso de regresión democrática que sus dirigentes utilizan cada vez que pueden y que trata de equiparar la España de Pedro Sánchez a la Hungría de Viktor Orbán sin ningún eco en Europa. La manifestación a la que ha llamado esa asociación junto al resto de las convocantes —FdV, FJI, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— para este últimosábado, se organiza bajo el lema Sin Estado de derecho no hay democracia. Y la convocatoria de huelga para los días 1, 2, y 3 de julio tiene como objetivo “la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de derecho”, según el manifiesto que llama a defender “una justicia independiente, imparcial y plenamente sujeta a los principios constitucionales y democráticos”, como si no lo estuviera.

En sus comunicados anteriores enviados a los medios, los colectivos convocantes no dejan de recurrir a un alarmismo extremo. Las reformas judiciales del Gobierno constituyen “un serio retroceso en el Estado de derecho” y propician “un acceso arbitrario a la judicatura”, “someter instancias claves a criterios partidistas” y fomentar “el control ideológico de los jueces”. Todo ello pone en entredicho algo tan importante para la democracia como “la independencia judicial”, según las asociaciones de derechas, lo que constituye una “deriva” que “compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal y como exige el respeto a los estándares constitucionales”.

La desautorización de los vocales de la APM a la dirección de su asociación y al resto de huelguistas no solo se manifiesta en el hecho de que no apoyen los paros al considerarlos ilegales. También se deduce de la posición que esos consejeros han mantenido respecto a los dos proyectos de ley —el de la reforma del sistema de acceso y el del Estatuto de la Fiscalía— que su asociación, fuera del órgano, exige retirar mediante la huelga. Los ocho vocales de la APM, junto con los otros dos conservadores, los 10 progresistas y la presidenta Isabel Perelló, han informado ya ambas iniciativas del Ejecutivo avalando el grueso de las dos reformas. Esos riesgos sistémicos y fundacionales, que aprecia la APM (y el resto de convocantes) y que afectan a la democracia en sus pilares y principios más básicos no los encuentran por ninguna parte sus ocho vocales. Si consideraran que la independencia judicial o la separación de poderes estuvieran realmente en riesgo, habrían reflejado sus dudas sobre el encaje en la Constitución de ambos textos. No lo han hecho.

Los convocantes rechazan que su movilización se califique de “huelga política” contra el Gobierno y, en el comunicado de convocatoria, aseguran que no se dirige contra el Poder Ejecutivo ni contra el Legislativo. Pero la realidad es que lo que reclaman las asociaciones judiciales y fiscales de derechas es que el Gobierno retire de manera inmediata dos de sus principales iniciativas judiciales: la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, que ya está en plena tramitación en las Cortes, y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para blindar su autonomía frente al Ejecutivo y desgajar el mandato del fiscal general de la duración del gabinete que lo nombró. Que los convocantes exijan que el Gobierno se inhiba de su función constitucional de iniciativa legislativa y que el Parlamento suspenda su tramitación es lo que este jueves llevó a los vocales progresistas del CGPJ a considerar que los paros convocados por los jueces afectan a la separación de poderes al tratar de interferir en las labores del Ejecutivo y el Legislativo.

Los ocho vocales de la APM (los otros dos consejeros conservadores no son jueces y por lo tanto no pueden ser miembros de esa asociación) han conseguido que en el reparto entre sensibilidades del Consejo de las vacantes de los principales cargos judiciales de libre designación —magistrados y presidentes de Sala del Supremo; presidente y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, y presidentes y presidentes de Sala de los tribunales superiores de justicia— todas las que les ha correspondido cubrir, sin excepción, hayan sido para militantes de ese colectivo. La APM en el Consejo funciona a la perfección —"como una agencia de colocación", bromean algunos jueces— para copar con sus cuadros, al menos, la mitad de los puestos discrecionales que el órgano de gobierno de los jueces debe cubrir. Frente a los nombramientos monocolor propuestos por los conservadores, los progresistas no solo promueven a miembros de Juezas y Jueces para la Democracia, también a los de las otras dos asociaciones de derechas (Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) y jueces no asociados.

La reforma de acceso a la judicatura y a la fiscalía que ha aprobado el Gobierno ha abierto fisuras entre los jueces, su órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial) y gran parte de su tejido asociativo. Un grupo de WhatsApp, cuyos administradores llaman a la huelga judicial por esa y otras modificaciones legales en marcha, ha conseguido congregar a un millar de jueces y magistrados, aproximadamente un 20% de los 5.500 registrados en España.

La resistencia a las medidas del Ejecutivo contrasta con la posición del CGPJ, que el pasado 19 de marzo avaló por unanimidad de progresistas y conservadores –y solo con algunas objeciones técnicas– un informe sobre la futura norma. El movimiento también choca con las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. Los colectivos conservadores y mayoritarios de ambos cuerpos criticaron la norma sugiriendo que, con ella, se abría la puerta al control ideológico de los aspirantes, pero, hasta el momento, rechazan cualquier tipo de acción reivindicativa. Por ahora, solo la muy corporativa Foro Judicial Independiente les ha mostrado apoyo.

Una de las voces cantantes en el chat, según fuentes asociativas, se hace llamar Max Power. Detrás de ese pseudónimo, según esas mismas fuentes se encuentra un joven juez de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) incorporado al cuerpo en 2022. Muchos de los organizadores del grupo de WhatsApp –denominado "Proyecto de estabilización"– son, como Max Power, integrantes de la carrera que se sacaron la oposición en los últimos años, según fuentes judiciales. El grupo creó al inicio un comité formado por siete integrantes (seis jueces y un fiscal) con el objetivo de redactar un manifiesto. Después el comité se amplió hasta nueve miembros. Entre ellos, al menos tres forman parte de asociaciones, aunque, según han manifestado en el chat, actúan al margen de sus colectivos.

Fuentes judiciales explican que muchos de los que forman parte del grupo expresan "un malestar difuso" sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno, aunque otra parte solo ha entrado "para enterarse de qué se cuece entre los compañeros", dicen. Los administradores han difundido entre sus miembros una encuesta de WhatsApp (una de las utilidades que ofrece la aplicación) para decidir entre todos los participantes las reivindicaciones concretas.

Las opciones eran centrarse únicamente en la reforma del sistema de acceso a la carrera; el acceso y la otra gran reforma ya aprobada en las Cortes, la ley de eficiencia (que agrupa los juzgados unipersonales en tribunales de instancia), o sumar a todo ello otras reivindicaciones sobre carga de trabajo y salario. La opción que hasta el momento ha logrado más votos a través de los teléfonos es la primera (ver imagen). Los administradores aseguran que han hecho llegar sus peticiones a las asociaciones para sondear si se suman. Hasta el momento, sus reclamaciones solo han obtenido eco en Foro Judicial Independiente, la cuarta en número de afiliados en la judicatura.

La reforma del acceso a la judicatura y la fiscalía, tras su aprobación por el Gobierno, ha comenzado su tramitación en el Congreso. El proyecto reforma la tradicional oposición libre incluyendo una nueva prueba escrita de carácter práctico –para comprobar la habilidad argumentativa de cada aspirante– que se suma a la prueba memorística oral. También potencia el llamado "cuarto turno", que permite el acceso directo a la categoría de magistrado a juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional tras una prueba consistente en la elaboración de un dictamen jurídico y la posterior baremación de sus méritos. Al menos un cuarto de las plazas de cada convocatoria anual deberá cubrirse mediante este sistema. Los que consigan así el puesto obtendrán, a diferencia de los opositores, una antigüedad automática en la carrera de cinco años. La nueva ley también prevé también un sistema de regularización y estabilización de los jueces sustitutos (más de 900 en toda España), muchos de los cuales trabajan en condiciones muy precarias tras años enlazando contratos temporales.

Los miembros del grupo más activos, muchos todavía con el recuerdo de la oposición muy presente, están en contra de la introducción de criterios prácticos y no solo memorísticos en las pruebas, así como del reclutamiento regular de juristas para la carrera y que a estos se les reconozcan cinco años de servicio, y la regularización y asimilación de los compañeros sustitutos que cubren sus permisos, bajas y excedencias ejercitando sus mismas funciones. Consideran que esas novedades solo buscan el control político e ideológico de los nuevos jueces y fiscales.

Sus posiciones coinciden con las expresadas por las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– cuando el Gobierno dio a conocer la reforma. "Afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", sostuvieron estos colectivos de los que se desmarcaron las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, también criticó la reforma al asegurar que el sistema actual ya es "democrático" y que "garantiza" que cualquier persona "de cualquier procedencia, origen social e ideología pueda competir en igualdad de condiciones".

La reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía para rebajar su contenido memorístico, democratizarlo y mitigar su sesgo de clase es una reivindicación de décadas entre expertos universitarios, magistrados e incluso del CGPJ, que creó un grupo de trabajo para abordarla sin llegar a ningún resultado. La futura norma dará rango de ley a las becas para opositar y las duplicará hasta el salario mínimo, además de crear un centro público de preparación en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, lo que facilitará el acceso de candidatos con ingresos reducidos. El "cuarto turno" para juristas de reconocido prestigio existe desde 1985 y la reforma solo obliga a incluir esas plazas en cada convocatoria. La sospecha de que la regularización de jueces sustitutos pueda servir al Gobierno para escoger personas ideológicamente afines no tiene fundamento ya que son las salas de gobierno de los diferentes tribunales (muy escoradas a la derecha judicial) las que los seleccionan, y son nombrados por el CGPJ sin la más mínima intervención del Ejecutivo.

El CGPJ aprobó por unanimidad su informe sobre el proyecto de reforma el pasado marzo avalando en gran parte las medidas. El texto consensuado entre progresistas y conservadores avalaba en general su contenido aunque planteaba objeciones respecto del abono de cinco años de antigüedad a los que accedieran por el "cuarto turno" a la condición de magistrados, una medida que consideraban "discriminatoria" respecto a los que hubieran llegado a esa categoría desde la de juez. También cuestionaba la regularización de los jueces sustitutos al considerar que no acabará con los contratos temporales en la carrera. Otra de las quejas relacionadas con el nuevo sistema de acceso, el traslado forzoso al ascender a la categoría de magistrado que, según las asociaciones afectaba a la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces, ya ha sido eliminada por el Ejecutivo del texto inicial.

La justicia amenazada es el título del último libro publicado por el polémico expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena. También es el alarmista resumen que la derecha política y judicial hace de la mayor revolución judicial en décadas, emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Conscientes de su precariedad de apoyos en el Parlamento, las asociaciones judiciales y fiscales más conservadoras cargan con fuerza contra todas y cada una de las iniciativas que presenta el Ejecutivo, como si fueran un paso más hacia la autocracia de países como la Hungría de Viktor Orbán. Un intento sostenido de acabar con la separación de poderes, la independencia judicial y, en definitiva, el Estado de derecho.

Si los cambios, pese a la oposición conservadora, salen adelante, serán históricos, porque supondrán una transformación de gran calado: la entrega de la investigación de los delitos al fiscal, como en el resto de Europa; el consecuente refuerzo de la autonomía del Ministerio Público, la conversión de los centenarios juzgados unipersonales en tribunales... También el sistema de acceso a la judicatura, que se democratizará con la generalización de las becas y la introducción de criterios prácticos en la oposición. Esta última, precisamente, es la que más crítica ha suscitado entre la derecha judicial.

El proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal busca mitigar el sesgo de clase que, desde hace siglos, el sistema de acceso a ambos cuerpos ha generado. Históricamente, convertirse en juez o fiscal ha supuesto un encierro de una media de cinco años sin generar ingresos –algo que solo las clases más favorecidas podían permitirse–, el aislamiento de la sociedad y pasar un examen en el que solo se evaluaba la capacidad de memorizar temas. A diferencia de otros países europeos como Francia o Alemania, ni las habilidades prácticas o la capacidad argumentativa, ni los idiomas, ni los conocimientos de otras disciplinas son valorados en una prueba de acceso que, según la inmensa mayoría de los expertos, está completamente obsoleta y facilita corruptelas como el cobro en B de los jueces y fiscales que compatibilizan su trabajo con el de preparadores.

Los cambios que pretende introducir el Ejecutivo son mínimos y, en ningún caso, suponen darle la vuelta al sistema. El importe de las becas para opositores con menos recursos (ya existentes) se duplica hasta el salario mínimo. También se amplían las funciones del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dependiente del Ministerio de Justicia, para que se convierta en un centro público de preparación para las personas con menos recursos. Además, se introduce entre las pruebas un examen escrito para comprobar las habilidades prácticas de cada aspirante y no solo las memorísticas.

El proyecto establece que un cuarto de las plazas de cada convocatoria sean cubiertas por el llamado "cuarto turno", es decir, por juristas de reconocida competencia con más de 10 años de experiencia mediante una prueba escrita y una baremación de méritos, sistema que se extiende también a los fiscales. Por último, contempla la asimilación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes (más de 900 actualmente) mediante esta última puerta de entrada.

Frente a la opinión del Consejo General del Poder Judicial, que avaló por unanimidad (con solo algunas observaciones) el texto, las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– consideran que la reforma supone un retroceso democrático. "Afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", sostuvieron en un comunicado conjunto el pasado 15 de mayo.

En una visión hiperbólica, esos colectivos consideran que la introducción de la prueba práctica en la oposición "supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de jueces y fiscales". El "cuarto turno" (que ya existe) "posibilita un acceso discrecional arbitrario". Y lo mismo con la regularización de los jueces sustitutos, que no acredita "los conocimientos jurídicos necesarios" para ser juez o fiscal, pese a que algunos lleven lustros ejerciendo esas funciones. El nuevo centro público de formación de opositores es poco menos que un sistema de "control ideológico" de aspirantes, según las asociaciones.

Desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la permanencia del Gobierno que lo nombró, limitar la discrecionalidad del máximo responsable de la Fiscalía y dar plena trasparencia a sus comunicaciones con el Ejecutivo, que sean los representantes del Ministerio Público y no los jueces los que instruyan los delitos, y reforzar la autonomía interna de los fiscales respecto de sus superiores jerárquicos no solo son reivindicaciones históricas del cuerpo, sino también recomendaciones y exigencias del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa y de los sucesivos informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea. Sin embargo, después de que el Consejo de Ministros aprobara la semana pasada esas medidas, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del Gobierno, en palabras de las dos asociaciones conservadoras más representativas –la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–, son, en realidad, una involución democrática.

Así lo ha sostenido la mayoritaria AF en un escrito enviado al fiscal general en el que le anunciaba que no acudiría a la reunión convocada este lunes para debatir la reforma, considera que se ha elaborado "al margen de la carrera" y que el texto refuerza el poder del máximo responsable de la Fiscalía "sin introducir verdaderos contrapesos internos", algo que no se corresponde con el articulado aprobado. Lo que en realidad quiere transmitir este colectivo conservador es que el Gobierno de Sánchez no tiene legitimidad para dar la instrucción a los fiscales porque "ha generado una crisis reputacional de la institución sin precedentes"; es decir, que está a favor de la medida pero no de que la apruebe el actual Ejecutivo.

Desde la APIF, su presidente emérito, Salvador Viada, consideró la desvinculación del mandato del fiscal general y del Gobierno "una medida en principio buena, incluso recomendada desde Europa". "Lo que pasa es que estamos en una coyuntura en la que el fiscal general del Estado está absolutamente vinculado con el Gobierno", como si esa coyuntura no se hubiera dado igualmente con Ejecutivos del PP. "Encima, vamos a atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal (...), todo orientado a mantener el control de la Fiscalía por parte del Gobierno". "Que no me expliquen que esto tiene que ve con dar más imparcialidad a la Fiscalía, esto tiene la finalidad de apretarla más", concluyó. APIF es el colectivo que ejerce la acción popular contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la causa por supuesta revelación de secretos que se le ha abierto en el Tribunal Supremo.

La reforma de la acción popular, una institución recogida en la Constitución que solo existe en España y que permite a cualquier ciudadano o colectivo personarse como acusación en un proceso penal, ha sido objeto de reformas finalmente fallidas tanto por Gobiernos del PSOE como del PP. Su limitación está recogida en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que dará la instrucción al Ministerio Fiscal, pero el Grupo Socialista en el Congreso registró el pasado 10 de enero una proposición de ley para tratar de acelerarla. La proposición impide que la acción popular la ejerzan los partidos y las asociaciones ligadas a estos, y limita su actuación a la fase de juicio oral para evitar que la figura pueda servir para filtrar información de los procesos a los miembros.

El PP, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, obvió los intentos de su partido de abordar una reforma similar en 2013, mientras era presidente Mariano Rajoy, y no dudó en calificar la modificación de "recorte del Estado de derecho" cuya única finalidad es "amordazar a los jueces". La iniciativa, apoyada por el Gobierno, fue mal acogida también por las asociaciones judiciales conservadoras que, como el PP, recordaron que dos casos impulsados por la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias afectan al entorno de Pedro Sánchez: el que instruye el juez Peinado en Madrid contra su esposa y el que se sigue en Badajoz contra su hermano. A las críticas a la proposición socialista también se sumaron las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.

La oposición de la derecha, esta vez solo la derecha política, también se ha dado con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, publicada en el BOE el pasado enero y que entró en vigor el 3 de abril. Gobierno y comunidades autónomas deben colaborar para poner en marcha la norma que convierte los juzgados unipersonales en tribunales de instancia para unificar criterios y equilibrar la carga de trabajo. Sin embargo, los gobiernos autónomos del PP con competencias en Justicia –Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja– decidieron dejar plantado al ministro Félix Bolaños el pasado 4 de abril en la reunión de coordinación con el Ejecutivo central, porque, dijeron, en el encuentro no estaba previsto hablar de los fondos necesarios para la puesta en marcha de esa norma. Son las comunidades competentes las que deben de dotar de medios y personal a los nuevos tribunales.

La representación equilibrada entre hombres y mujeres en la cúpula judicial es un imperativo que impone la ley de paridad. La entrada en esa cúpula de representantes de todas las asociaciones y de jueces no asociados -no solo de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)- es una reclamación histórica de toda la judicatura que exige también la presencia del segundo colectivo más representado (el también conservador pero más moderado Francisco de Vitoria) y del cuarto (de derechas y muy corporativo Foro Judicial Independiente). Pero de las dos tandas masivas de nombramientos sacadas adelante por el Consejo General del Poder Judicial en lo que va de año se deduce que solo los vocales de la izquierda del órgano de gobierno de los jueces se sienten vinculados con ambos mandatos.

La última de esas tandas, sacada adelante en el Pleno de este miércoles, muestra que los vocales a propuesta del PP solo han colocado en las plazas que les han correspondido -12 en total- a candidatos de la APM. Esa asociación, muy crítica con el Gobierno, se ha llevado una presidencia de sala del Supremo (la de lo Civil), la presidencia de la Audiencia Nacional y la de dos de sus salas (Contencioso y Social), dos presidencias de tribunales superiores de justicia (Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana), tres presidencias de sala de esos tribunales autonómicos y tres presidencias de audiencias provinciales (Burgos, Gipuzkoa y Álava). De los 12 nombramientos apoyados por los conservadores, además, solo cuatro correspondieron a mujeres, lo que no cumple el reparto equitativo entre sexos del 60%-40%, aunque solo es exigible legalmente respecto a la totalidad de las designaciones en cada tribunal.

Esa representación equilibrada sí ha sido respetada por los vocales progresistas. De los 12 aspirantes defendidos por ese sector que han accedido a las vacantes, siete son magistradas. Su nómina de nuevos cargos, además, refleja mayor pluralismo asociativo. Seis son miembros de JJpD: una presidencia de sala del Supremo (la de lo Social), la de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una presidencia de tribunal superior de justicia (Cataluña), una presidencia de sala de este tipo de tribunal y dos presidencias de audiencias provinciales (Girona y Murcia). Los consejeros a propuesta del PSOE y Sumar han ascendido además a cuatro magistrados no asociados (el 42% de la carrera no lo está): el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una presidenta de TSJ (Castilla y León) y dos presidentes de sala de TSJ. Incluso han dado la presidencia de la Audiencia de Huesca a una candidata de la conservadora Foro Judicial Independiente.

Los vocales progresistas subrayan que ambos criterios (el de representar a todas las asociaciones y el de paridad) solo se reflejan en sus propuestas. Pero también admiten que, en muchos casos, recurrir a no asociados y a colectivos que no sean el que tradicionalmente han tenido como referencia, JJpD, se debe también a la carencia de candidatos de la asociación progresista a las plazas vacantes. Un destacado magistrado de esta asociación lo explica: "Tenemos que animar a nuestros asociados a que se presenten a las convocatorias porque en la inmensa mayoría de ellas siempre hay un candidato de la APM". Un magistrado progresista de la Audiencia Nacional afirma que la creciente derechización de la carrera desincentiva a los jueces de izquierdas, que, a final de 2024 vieron cómo los colectivos de derechas se hicieron con la práctica totalidad de los puestos electivos de las Salas de Gobierno del Supremo, la AN y los 17 TSJ en unas elecciones a las que estaban llamados todos los miembros de la carrera.

Fuentes del sector progresista destacan que, tras los nombramientos de este miércoles, la APM se apresuró a hacer valer su influencia en el Consejo entre sus asociados y en redes sociales tras conseguir colocar a 12 de sus miembros en los diferentes puestos de mando en liza. "La impresión que genera el modo en que nombran los vocales a propuesta del PP es que, para ascender como juez en España, son necesarias dos cosas: sacarse la oposición y apuntarse a la APM", ironiza un vocal a propuesta del PSOE. "La APM ha terminado funcionando como una agencia de colocación", señala un dirigente de JJpD. En la anterior tanda de nombramientos -21 plazas de magistrado del Supremo- la derecha judicial también designó únicamente a afiliados de la asociación conservadora y mayoritaria.

En varios de los puestos cubiertos este miércoles, como en los abordados el pasado enero por el Consejo solo se han presentado candidatos conservadores. Ignacio Sancho, de la APM, era el único aspirante a presidir la Sala de lo Civil del Supremo. Para dirigir la Audiencia Nacional solo se presentaron postulantes de derechas, entre ellos varios antiguos cargos de gobiernos del PP. "Con la ola de conservadurismo actual, nos cuesta mucho encontrar entre nuestros asociados a gente que quiera presentarse", explican desde JJpD, la asociación en la que tradicionalmente ha pescado el sector progresista. "La gente no quiere mandar sus candidaturas porque piensan que pueden quedar muy señalados", añaden. "En esas condiciones lo que intentamos es buscar buenos aspirantes, que crean en la responsabilidad de su trabajo y que tengan un claro sentido de servicio público, y no nos importa que sean de otras asociaciones o no asociados".

Lo mismo piensan los vocales progresistas del CGPJ, que son conscientes de que van a tener que designar a muchos candidatos más bien conservadores a lo largo del actual mandato. "Lo que tenemos que hacer es fijarnos en los currículos y en los programas de actuación y ver cuáles son los mejores para cada vacante concreta", explica uno de los consejeros de esa sensibilidad. Desde que tomó posesión el nuevo Consejo -en el que el sector conservador y el progresista cuentan con 10 vocales cada uno- se han aprobado 51 nombramientos discrecionales que exigen consenso entre ambas sensibilidades al requerir una mayoría de tres quintos (13 votos). 26 han sido para candidatos de la APM, 13 para JJpD, cuatro para Francisco de Vitoria, uno para Foro Judicial Independiente y siete para magistrados no asociados.

La jueza decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la mayoritaria y conservadora, y con ocho vocales en el Consejo General del Poder Judicial–, María Jesús del Barco, participó el pasado lunes en un acto organizado por el grupo parlamentario del PP en el Congreso bajo el título Contra la impunidad. El primero en hablar en ese encuentro, según el programa distribuido por el principal partido de la oposición, fue su líder, Alberto Núñez Feijóo, y lo cerró su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. Del Barco participó en una mesa en la que cargó contra la reforma de la acción popular presentada por el grupo parlamentario socialista y llegó a afirmar que la Unión Europea no sanciona a España por vulnerar las normas del Estado de derecho por su condición de miembro estratégico para Bruselas. La comisión de ética judicial del CGPJ desaconsejó a jueces y magistrados participar en actos políticos, “aun en su condición de ciudadanos” por afectar a su “apariencia de independencia, integridad e imparcialidad”.

La comisión de ética del Poder Judicial está formada por seis miembros de la carrera judicial (dos magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados y un juez) elegidos por sufragio universal entre los 5.500 jueces en activo que hay en España. Esos seis integrantes eligen, a su vez a “una persona de reconocido prestigio y acreditada trayectoria académica en el mundo de la Ética, la Filosofía del Derecho o la Filosofía Moral”. Debido a su sistema de elección, su composición es permanentemente de sensibilidad conservadora. Su función es resolver las dudas éticas de los jueces y magistrados y, excepcionalmente, elaborar informes sobre asuntos y cuestiones relacionadas con el Código Ético de jueces y magistrados. Sus decisiones no son vinculantes ni pueden conllevar en ningún caso una actuación disciplinaria en caso de que se contradigan por los miembros de la carrera judicial. Recientemente, el Gobierno ha planteado su reforma para aumentar su pluralismo mediante la introducción de catedráticos que sean elegidos por el Congreso y el Senado.

En uno de sus dictámenes, aprobado en septiembre de 2023, la comisión de ética judicial desaconsejó a los jueces acudir a “mítines políticos” porque constituyen “un acto de propaganda y marketing que los partidos utilizan para difundir sus mensajes, captar partidarios y organizar estrategias de campaña electoral”. La asistencia a estos actos, según los miembros de la comisión, “identifica a los asistentes con la militancia o simpatía hacia sus postulados”. “La presencia de un juez o magistrado, aún en su condición de ciudadano, en un mitin, como acto de partido político, implica un riesgo evidente de que pueda ser identificado como tal” añadía el documento, y lleva “a la identificación del juez o magistrado con los postulados de un determinado partido político, lo que es contrario al principio de neutralidad política” que contiene el Código de Ética Judicial. La presencia de un juez en un acto de este tipo, prosigue el dictamen, “contribuye a la percepción pública de que la justicia está politizada, generando en los ciudadanos desconfianza en la justicia y en el funcionamiento de los órganos judiciales".

El objetivo del acto, según relataron Feijóo y Tellado, fue "denunciar la tropelía”, refiriéndose a la reforma de la acción popular que defiende el PSOE –a la que llamó “la ley Begoña”–, que trata de limitar la capacidad de acusar de asociaciones ultras como Manos Limpias o Hazte Oír, entre otras, presentando querellas infundadas que luego son utilizadas políticamente por los partidos. Algunos de estos colectivos son los que están detrás del caso que se instruye en el juzgado de Instrucción 41 de Madrid contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o contra su hermano en un juzgado de Badajoz. La iniciativa propone vetar la posibilidad de actuar a los partidos y establece un elenco de delitos en el que pueden hacerlo los colectivos que demuestren que tienen un interés directamente relacionado con la causa. La reforma, de salir adelante, impedirá, además, a la acusación popular participar en la instrucción para evitar las filtraciones de los documentos del caso.

Del Barco contribuyó a los fines declarados de Feijóo y Tellado durante su participación en una mesa denominada La voz de la Justicia. Desde ella manifestó que “no existe ninguna necesidad ni urgencia, ahora, por regular la acusación popular”. “La disposición transitoria única nos dice dónde está la urgencia”, dijo refiriéndose a al precepto de la iniciativa que establece que la reforma, una vez aprobada, será de aplicación a todos los procedimientos en curso (lo que incluye a los casos que afectan a familiares de Pedro Sánchez). También criticó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno y que dará la instrucción de las causas penales al fiscal. “¿Alguien tiene alguna duda de cuáles son los asuntos que se van a instruir en este país y los que no se van a instruir?”, afirmó poniendo en duda la independencia del Ministerio Público e ignorando que todos los actos de los fiscales, tras la reforma, serán recurribles ante un juez. “Esto va a tener consecuencias en la vida política porque se puede utilizar como un instrumento político y todos lo sabemos”, señaló.

También puso en duda uno de los argumentos de los socialistas para defender la reforma de la acción popular, que es necesaria para evitar filtraciones. “¿De verdad creemos que solo la acusación popular filtra? ¿Nunca filtra el fiscal? Se me ocurre, ¿eh?, por poner un ejemplo…”, dijo en referencia a la causa abierta por el Supremo contra Álvaro García Ortiz, lo que generó risas entre los asistentes. “No se pueden hacer leyes a medida de nadie; ni para beneficiar ni para perjudicar”, añadió sugiriendo que esta se hará para beneficiar al Gobierno. “Las leyes no pueden tener nombres y apellidos porque entonces no buscan el interés general, si no, no somos una democracia, somos una cosa muy fea y yo me niego a ir en chándal por la calle”, zanjó.

El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohibe a los jueces "dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". También concurrir, "en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial".

En su intervención, Del Barco también expresó su deseo de que España sea sancionada por la UE por vulnerar la independencia judicial y el Estado de derecho. Lamentó que Bruselas no haya intervenido aquí como sí hizo en Polonia cuando su Gobierno trató de diseñar una judicatura a su medida y rechazó la preeminencia del derecho europeo y de las decisiones Tribunal de Justicia (TJUE) en su territorio (lo es en todo el territorio europeo) sancionando a los jueces que recurrieran a ese órgano. Nunca, ningún organismo europeo o supranacional ha cuestionado la independencia de los jueces españoles que, en cualquier caso, pueden presentar una cuestión prejudicial ante el tribunal de Luxemburgo si aprecian cualquier vulneración del ordenamiento comunitario (y la independencia y el Estado de derecho forman parte de él).

Sin embargo, la jueza decana y presidenta de la APM dijo en el acto en el Congreso: “A veces siento no ser Polonia y que esto provocara la intervención de Europa”. A su juicio, Bruselas no lo ha hecho porque España es un miembro estratégico de la UE, lo que evita “una intervención en defensa de nuestro Estado de derecho”. La flagrante vulneración de la independencia judicial, el Estado de derecho y el ordenamiento jurídico europeo por parte de Polonia le ocasionó una multa diaria de un millón de euros en 2021 y puso en riesgo los miles de millones de fondos europeos para la recuperación tras la pandemia aprobados por la UE para ese país.

El Consejo General del Poder Judicial aprobaba el pasado miércoles por unanimidad el informe que le impuso la ley que acompañó a su renovación del pasado junio y ha enviado al Gobierno y a las Cortes dos propuestas para la futura elección de 12 de sus miembros, los que proceden de la carrera judicial. El mandato de elaborarlo, impuesto por el PP durante la negociación para la designación de los actuales miembros del órgano y aceptado por el PSOE, elevó a rango de ley la sospecha de que España no cumple en su organización judicial con los "estándares europeos". Pero, ¿cómo llegó ese mensaje a Bruselas? En el origen de todo está la negativa del PP a renovar el órgano, que lo mantuvo bloqueado durante más de cinco años. Pero las asociaciones judiciales conservadoras, las más representativas en la magistratura, encontraron otro culpable: el Gobierno. Incluso pidieron a la Comisión que iniciara un procedimiento sancionador contra España por vulnerar el Estado de derecho y la separación de poderes.

17 de noviembre de 2018. El senador del PP Ignacio Cosidó manda un whatsapp a todo su grupo parlamentario en el que dice que, con la renovación del Consejo ya pactada por el PSOE, el PP controlará el Tribunal Supremo "desde atrás" gracias al nombramiento del entonces presidente de su Sala Penal, Manuel Marchena, como presidente del gobierno de los jueces. A los pocos días, esos mensajes aparecen en la prensa y el acuerdo entre ambas formaciones salta por los aires. El PP, entonces dirigido por Pablo Casado, cierra unilateralmente la puerta a cualquier nuevo pacto hasta que el Gobierno no cambie el sistema de elección para que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales del órgano procedentes de la carrera. El Gobierno del PSOE clama sin éxito por la renovación y en los años siguientes saca adelante varias reformas para forzar al PP a volver a la mesa. Sin éxito.

El bloqueo del PP provocó un descrédito sin precedentes de los jueces y de su órgano de gobierno entre los ciudadanos. En un país que ha juzgado con éxito por sonadas causas de corrupción a dirigentes de los dos principales partidos (una de esas sentencias, la del caso Gürtel, llegó a provocar la caída de un Gobierno), a miembros de la familia real y a responsables de los bancos más importantes, la percepción de la independencia de los tribunales se desploma 10 puntos entre 2020 y 2023, según el Informe del Estado de Derecho de la Unión Europea de 2024. En 2020, el 44% de los ciudadanos y el 42% de las empresas consideraba que la independencia de sus jueces era "buena" o "muy buena". Solo tres años después, con el Consejo todavía por renovar, ese índice se quedó en el 34%.

Con la llegada de Alberto Núñez Feijoo a la presidencia, el PP sigue instalado en el no a la renovación. Tras el fracaso de los llamamientos del PSOE a retomar las negociaciones, el Gobierno plantea varias fórmulas para obligar al principal partido de la oposición a volver a la mesa. El 31 de marzo de 2021 saca adelante en las Cortes una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide al Consejo, cuando esté prorrogado, efectuar los nombramientos a los principales cargos judiciales del Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. La norma -que establece para el CGPJ limitaciones similares a las que establece la Ley del Gobierno para los Ejecutivos en funciones- provoca en tres años un centenar de vacantes en la cúpula judicial.

La Comisión culpa a "la falta de renovación del Consejo", provocada por el PP, de "lastrar la labor del Tribunal Supremo" y "del sistema judicial en su conjunto" y muestra, año tras año, su preocupación por la situación de bloqueo. Pero el partido de Feijoo sigue sin dar su brazo a torcer. Sin embargo, todas asociaciones conservadoras —la mayoritaria APM, la más moderada Francisco de Vitoria y el muy corporativo Foro Judicial Independiente, las más presentes en la carrera— señalan a otro culpable. Precisamente a quien sí quiere llegar a un acuerdo de renovación del órgano, cuyo bloqueo está en el origen de todo: el Gobierno de Pedro Sánchez.

El 6 de abril de 2021 los tres colectivos —que representan a 2.500 jueces, la mitad de la carrera— mandan una carta a la entonces vicepresidenta de la Comisión, Věra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders. En ella se dice que el Gobierno ha provocado "una situación de riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España". También se le acusa de "ir horadando paulatinamente la independencia judicial", algo que ningún organismo europeo, ni las instituciones de gobierno ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), han apreciado jamás (pero sí los representantes de más del 50% de los jueces españoles). El motivo es la reforma que impide al CGPJ nombrar mientras esté en funciones, pero también que, desde 1985, exista un sistema de renovación parlamentaria el órgano. Quieren que los jueces nombren a 12 de los 20 vocales del órgano sin intervención de las Cortes, como el PP.

Pero lo más grave de todo es que piden a la Comisión que inicie un procedimiento de sanción contra España que, según los tratados, podría afectar a las ayudas que recibe de la UE e incluso privar al país de voto en en su más alta institución, el Consejo. Que actúe como hizo con Polonia, a la que llegó castigar con una multa de un millón de euros al día y a la que amenazó con cortar los fondos de miles de millones a la recuperación tras la pandemia por actos que sí vulneraban la independencia judicial: la creación de un tribunal para purgar a jueces incómodos para el Gobierno y el rechazo a aceptar la primacía del derecho europeo sobre el nacional, así como las resoluciones del TJUE. La Comisión que sí vio en riesgo para el Estado de derecho en la actuación del Gobierno de Varsovia, no apreció ningún peligro en la de España. Eso sí, la carta provocó grandes titulares alarmistas en la prensa de derechas.

"Como salvo el primer CGPJ (que duró de 1980 a 1985), todos los posteriores no fueron nombrados mediante elección directa entre los compañeros jueces, debe ser que durante tantísimos años no hemos tenido en España un Estado de derecho ni los jueces han sido independientes ¡Qué barbaridad!", ironizaba el presidente de la Sala de lo Militar del Supremo, Jacobo Barja de Quiroga, sobre la carta de las asociaciones en su libro La justicia y la política. "¿Quiere internacionalizarse una cuestión y para ello no importa denigrar el sistema y con él todo el Poder Judicial (no ha hay independencia) y el sistema de Estado en España (no hay Estado de derecho)?", se preguntaba irónicamente. "En realidad, lo que se internacionaliza es la demagogia y el ridículo", añadió. Todos los indicadores internacionales reflejan que España es una de las democracias más avanzadas del mundo, como refleja el Democracy Index de The Economist, que en 2023 la volvió a calificar como "democracia plena" y la colocó en el puesto 24 a nivel global.

A los representantes de esos 2.500 jueces que pedían sanciones para España (en medio de las ayudas millonarias europeas tras la pandemia), se había sumado meses antes el propio Consejo que estuvo más de cinco años prorrogado con su composición mayoritariamente conservadora. En el debate que dio lugar a una resolución del 21 de enero de 2021 contra su tramitación en el Congreso por el procedimiento de urgencia de la ley que impedía nombrar al órgano en funciones, varios vocales de ese sector reiteraron que la reforma vulneraba la independencia y el Estado de derecho. También que España, como Polonia, debía ser sancionada por la UE, algo que cinco vocales progresistas que votaron en contra calificaron como algo "lamentable y exagerado" y "una deslealtad a España", recordando que el comportamiento del Gobierno polaco no podía ser comparable al español.

El resultado de todo el debate fue la disposición legal que el PP puso como condición para renovar el Consejo el pasado junio, cinco años después de los whatsapp de Cosidó. En ella se ordenaba a los nuevos vocales aprobar por mayoría cualificada de tres quintos un informe "con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los consejos de la magistratura análogos al Consejo español". También se les reclamaba que hicieran una propuesta al respecto que pudiera "ser evaluada positivamente por el Informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea", en la que se planteara un sistema de renovación del órgano "acorde con los mejores estándares europeos".

Ese mandato legal se cumplió con la aprobación por unanimidad del informe este miércoles en el Pleno del Consejo. Como anexo, dos propuestas: la del sector conservador, que defiende que los jueces elijan directamente a los 12 vocales judiciales sin intervención de las Cortes, y la de los progresistas, que pide que la elección, como desde 1985, siga siendo parlamentaria. Esta última —la de los progresistas—es la que el Ejecutivo tendrá en cuenta, tal y como se ha apresurado a adelantar el ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños. Ahora serán las Cámaras las que tendrán que sacar adelante una nueva reforma en la que, previsiblemente, se incluirá una fórmula para evitar un nuevo bloqueo como el del PP. Porque fue la negativa a renovar el CGPJ de ese partido durante cinco años -y no presuntas violaciones del Estado de derecho jamás advertidas por la UE- lo que hundió la imagen de un servicio público como la Justicia en la sociedad española.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha llegado a un acuerdo. Habrá un solo informe para el Gobierno y las Cortes en el que se analizarán los sistemas de elección de vocales de los órganos similares al español así como los mejores estándares europeos. Pero a él se añadirán dos propuestas de modificación del sistema de renovación: una parlamentaria, defendida por los 10 vocales progresistas, y otra por elección directa de jueces y magistrados sin intervención de las Cámaras, la de los conservadores. Tras el difícil acuerdo -que muestra que, en realidad, no lo hay- ambas sensibilidades del órgano de gobierno de los jueces coinciden en un punto. La participación de los jueces y magistrados en el sistema de elección de los vocales debe pasar necesariamente por un proceso electoral en el seno de la magistratura. Para los consejeros a propuesta del PP, esa elección debe servir para elegir directamente a 12 de sus miembros, los de extracción judicial. Para los designados por el PSOE y Sumar, para elaborar una nómina de 42 candidatos de los que diputados y senadores tendrán que seleccionar a esos 12 integrantes.

El planteamiento de unas elecciones judiciales -sea para candidatos o directamente para vocales- ya constituye en sí misma una novedad que aporta transparencia y participación al proceso. Si el Gobierno y el Parlamento se inclinan por el sistema de elección parlamentaria de los 12 vocales, los ciudadanos podrán comprobar, mediante el acceso a los resultados de los comicios, cómo y a quién votan los jueces y magistrados. Si el Gobierno y las Cortes inspiran su reforma en el sistema propuesto por el sector progresista -el que, dada la actual composición del Ejecutivo y el Parlamento, tiene, a priori, más posibilidades de prosperar- los resultados electorales podrán ser luego comparados con el uso que hagan los grupos políticos de su última palabra sobre las 12 designaciones, conociendo el concreto grado de apoyo de cada vocal entre sus compañeros.

La propuesta de los vocales progresistas, además, garantiza la presencia en el Consejo de todas las asociaciones judiciales, una reclamación histórica en la carrera. Desde su creación, los partidos han primado tradicionalmente a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (el PP) y la progresista y minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia (el PSOE). El segundo colectivo más importante en número de afiliados, la también conservadora pero más moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, ha quedado sistemáticamente relegada (salvo en un solo mandato en el que contó con un vocal). Lo mismo con el cuarto, el conservador y muy corporativo Foro Judicial Independiente. Con el sistema que proponen los vocales a propuesta del PSOE y Sumar, diputados y senadores "deberán mantener el equilibrio entre las diferentes asociaciones, evitando exclusiones y sobrerrepresentaciones, y las candidaturas de personas no asociadas", lo que implica que la pluralidad de la carrera debe quedar reflejada en el Consejo.

Respecto a los sistemas electorales concretos, los conservadores (partidarios de la elección directa de los 12 vocales) proponen una sola circunscripción nacional y un sistema de listas abiertas. En cada papeleta, según la propuesta de la derecha judicial, constarán todos los candidatos con sus categorías (juez, magistrado o magistrado del Tribunal Supremo) y las asociaciones a las que, en su caso, pertenezcan. Los electores podrán seleccionar con su voto a ocho compañeros. Los progresistas (que defienden que se siga con la renovación parlamentaria) también plantean un solo colegio para todo el Estado pero dan dos posibles modalidades de elección: o listas abiertas (de las que se seleccionen entre seis y ocho nombres) o una papeleta dividida por categorías en la que se pueda elegir a un magistrado del Supremo, cuatro magistrados y dos jueces.

El modelo conservador de elección directa de los vocales prevé que tras la votación se elabore una lista con los doce consejeros electos que tendrá que contener necesariamente tres magistrados del Supremo, tres magistrados con más de 25 años de antigüedad y seis jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. En cada una de esas categorías deberá aplicarse el criterio de paridad. Las elecciones que proponen los progresistas darán como resultado una nómina de 42 candidatos en la que deberán constar los seis magistrados del Supremo, 24 magistrados y 12 jueces más votados, que deberá elevarse al Congreso y al Senado. Además de seleccionar nombres de todas las asociaciones y no asociados, las Cámaras deberán garantizar la paridad y la pluralidad territorial para elegir a los 12 vocales judiciales.

El Consejo General del Poder Judicial afronta este miércoles uno de los principales encargos con los que llegó la renovación el pasado junio. La presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha convocado un pleno extraordinario y monográfico sobre la propuesta de reforma de la elección de vocales que el Consejo debe entregar el jueves al Gobierno y a las Cortes. Conservadores y progresistas llegan divididos a la reunión de la que, según fuentes del Consejo, saldrá previsiblemente un solo informe técnico que contenga las propuestas de ambos sectores. La de los conservadores defiende que sean los jueces los que elijan directamente a los 12 vocales procedentes de la carrera (a los otros ocho los elige el Parlamento por mandato constitucional) mediante un sistema de listas abiertas en una única circunscripción electoral nacional. Los progresistas, que sigan siendo las Cámaras las que elijan a esos consejeros de un catálogo más o menos amplio de candidatos seleccionados previamente por los jueces para que el órgano constitucional siga siendo reflejo del pluralismo político de la sociedad. Ahora será el Ejecutivo o el Parlamento los que tendrán que elaborar una iniciativa de reforma que no estará sujeta a la posición de los vocales.

La presidenta, Isabel Perelló, ya se pronunció el pasado diciembre en la Sala de Gobierno del Supremo a favor de la elección corporativa de al menos ocho consejeros. Pero su voto, alineado con el sector conservador, solo sumaría uno más al de los 10 miembros de ese grupo. El acuerdo exige el voto de 13 de los 21 miembros del órgano (mayoría de tres quintos), según la ley orgánica que acompañó la última renovación. El debate es el mismo que en 1985, cuando, a propuesta del entonces diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés, se introdujo la modificación legal que extendió la elección parlamentaria a los 20 vocales para evitar el control total del órgano por la derecha judicial, como ocurrió en su primera composición (1980-1985), en la que fueron los jueces los que eligieron a 12 vocales y todos procedieron de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Alianza Popular, a través de José María Ruiz Gallardón (padre del exministro de Justicia y expresidente y alcalde de Madrid) defendía entonces que no se reformara el sistema, pero el PSOE, con su mayoría absoluta de entonces, apoyó la propuesta del diputado vasco. Desde entonces, ni los socialistas ni los populares han querido volver al sistema anterior.

La disposición adicional que estableció el pasado agosto la obligación de que los nuevos vocales hagan su propuesta de reforma impone varios contenidos al informe. En primer lugar, que examine los sistemas europeos de elección de los consejos de la magistratura análogos al español. La propuesta debe, además, garantizar "la independencia" de los vocales y contar "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine". Por último, el sistema que se proponga debe poder ser evaluado positivamente por el Informe del Estado de Derecho de la Unión Europea y establecer un CGPJ "acorde con los mejores estándares europeos". Pero ninguno de los dos sectores coincide en la interpretación de esos criterios pactados por el Gobierno y el PP con la renovación acordada el pasado junio tras cinco años de bloqueo. Desde la creación del grupo de trabajo que debía abordar el informe —formado por los progresistas Bernardo Fernández y Argelia Queralt; y los conservadores José Carlos Orga e Isabel Revuelta— estos son los puntos sobre los que se han centrado las discrepancias.

Uno de los motivos que esgrime el sector conservador para defender que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales judiciales sin intervención del Parlamento es que es así como se hace en los países europeos que cuentan con un consejo similar al español, formado por vocales procedentes de la judicatura y otros miembros seleccionados entre juristas de reconocido prestigio; son los jueces los que eligen a los consejeros de extracción judicial. Así ocurre en Italia, Francia, Bélgica y Portugal.

El Consiglio della Magistratura italiano es el único, junto a España, en el que los vocales extraídos de la carrera son mayoría (20 de 33 en Italia, 12 de 20 en España). Pero la elección corporativa de 20 miembros solo ha provocado problemas en sus 65 años de historia. El sistema de elección ha sido modificado hasta en cinco ocasiones desde su instauración en 1958 para tratar de frenar el poder de las asociaciones judiciales, que ha generado enormes críticas de clientelismo, amiguismo y sospechas de corrupción en los nombramientos y en las investigaciones y sanciones contra jueces.

Los progresistas recuerdan que, en otros países de nuestro entorno, como Alemania o Austria, es directamente el ministerio de justicia, es decir, el Gobierno, el que ejerce las funciones que el Consejo tiene en España, nombra los principales cargos judiciales y ejerce la potestad disciplinaria contra los que cometen infracciones. Se trata, además, de un sistema que cuenta con un fuerte respaldo popular como garante de la independencia del cuerpo, aunque sea otro poder, el Ejecutivo, el que garantice esa independencia. Es decir, no existe un modelo único europeo de elección del Poder Judicial.

Para los consejeros de la izquierda judicial, la polémica sobre la elección judicial o parlamentaria de los vocales procedentes de la carrera parte de un error de percepción, que el Consejo es una suerte de órgano de autogobierno de los jueces. Los vocales progresistas mantienen que es un órgano constitucional de carácter político y administrativo en el que debe estar representado el pluralismo, no solo de la magistratura, también de la ciudadanía, para asegurar que se proyecta en el cuerpo.

El sistema de elección de los 12 vocales judiciales que proponga el actual CGPJ debe, según la disposición adicional, garantizar su independencia. Para los conservadores, esos vocales solo pueden ser realmente independientes si son los propios jueces y no el Parlamento quienes los eligen. Esa es, arguyen, la única manera de evitar la politización del órgano. Los representantes de las tres asociaciones judiciales de derechas que defienden la elección judicial consideran despectivamente que, desde 1985, el Consejo se ha convertido en un organismo "partitocrático" e incluso hablan de los vocales como "comisarios políticos".

Los progresistas, sin embargo, consideran que ese argumento es equívoco. "Si la elección parlamentaria lastra supuestamente la independencia de los vocales, ¿por qué solo quiere abolirse respecto de los vocales procedentes de la carrera y no de los juristas? ¿Es que estos no tienen que ser también independientes?", se pregunta una fuente del sector progresista. "Existe una confusión entre el Consejo, que es un órgano político y no juzga, y el Poder Judicial representado por los jueces y magistrados independientes que sí lo hacen. Ningún organismo internacional ni europeo ha puesto en duda la independencia de nuestros jueces".

"Detrás de la elección corporativa está la idea de que el Poder Judicial es una corporación de jueces y magistrados, pero no es así. Se trata de un poder público que, como el Legislativo y el Ejecutivo, debe ser gestionado y controlado de manera democrática por la sociedad", explica otro vocal de ese sector. "El Consejo no es un colegio profesional sino un órgano constitucional que gestiona un poder del Estado, el judicial, y la justicia, según la Constitución, emana del pueblo, no de los intereses que puedan tener las asociaciones judiciales, en los que el ciudadano tiene poco o nada que decir".

En un foro sobre la cuestión celebrado el pasado 27 de enero en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el que participaron las cuatro asociaciones judiciales y expertos constitucionalistas, varios de estos últimos culparon de la percepción de politización del órgano al bloqueo de su renovación, un arma a la que ha recurrido el PP en dos ocasiones, la última vez con el anterior Consejo, que se prorrogó durante más de cinco años. El otro gran partido español, el PSOE, siempre ha facilitado el nombramiento de nuevos vocales.

El mandato de que la propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales cuente con "la participación directa de jueces y magistrados" ha sido fuente de discrepancias entre conservadores y progresistas desde que se iniciaron los trabajos de redacción del informe. Mientras que los conservadores consideran que participación directa equivale a elección, los progresistas entienden el término en su significado textual y consideran que es la propuesta (o propuestas) que finalmente se haga la que establezca sus términos, ya que la disposición adicional dice literalmente la participación directa "que se determine".

En realidad, desde 2001, el sistema de elección de los 12 vocales judiciales ha contado con esa participación directa en los diferentes sistemas de elección, aunque el Parlamento siempre ha tenido la última palabra. Ese año, el pacto de Estado por la Justicia, firmado por PSOE y PP estableció que las asociaciones, a través de la votación de sus miembros, y los jueces no asociados, mediante la obtención de avales entre sus compañeros, elaboraran una lista de 36 candidatos para que las Cámaras eligieran a los 12 consejeros. En 2013, fue el PP quien decidió ampliar la nómina de candidatos al aceptar candidaturas de cualquier juez siempre que estuviera avalado por una asociación o un grupo de colegas. Este es el sistema con el que se ha elegido al Consejo actual.

Es el documento al que los 10 vocales a propuesta del PP y tres de las cuatro asociaciones judiciales (todas, salvo la progresista y minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia) se agarran con más fuerza para plantear que los vocales de extracción judicial sean elegidos directamente por sus compañeros. Con el Consejo bloqueado por el PP, en 2023, el informe del Estado de Derecho de la UE recomendaba a España "dar inicio a un proceso para adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados teniendo en cuenta las normas europeas relativas a los consejos del poder judicial". Acto seguido hacía referencia al informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) de diciembre de 2022, que recomendó que "cuando exista una composición mixta del consejo del poder judicial", es decir, cuando lo formen miembros procedentes de la judicatura y externos a ella, como es el caso de España, los vocales judiciales "deben ser elegidos por sus pares (...) y las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo no deben participar en ninguna fase del proceso de selección".

El sector progresista, sin embargo, explica que esos dos informes no son vinculantes y solo contienen recomendaciones. Que, en realidad, no existe ningún tratado, directiva o reglamento europeo que imponga que los vocales jueces deban ser elegidos directamente por sus compañeros. Además, el máximo órgano judicial europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), nunca ha establecido en sus sentencias que los consejos europeos tengan que tener una determinada forma de elección de sus miembros, tampoco del español. Ni siquiera ha ordenado que los Estados miembros tengan que tener órganos similares al español —varios socios no lo tienen, como Alemania o Austria—. Lo que sí ha decretado es que el sistema que cada miembro elija garantice la independencia judicial —algo que ninguno de estos organismos europeos ha puesto en duda en España— a través de un procedimiento cierto y previo a cada proceso judicial en curso y que, en ningún caso, una reforma pueda menoscabarla.

Fuentes de ese mismo sector recuerdan que las recomendaciones de la UE y del Consejo de Europa se producen en un contexto concreto: los ataques a la independencia judicial perpetrados por los gobiernos de los ultraderechistas Victor Orban y Mateusz Morawiecki en Hungría y Polonia, que provocaron el inicio de procedimientos sancionadores por la Comisión, algo que jamás ha ocurrido en España. "No existe ningún argumento jurídico en el derecho europeo que respalde que el hecho de que los jueces elijan a los vocales procedentes de la carrera vaya a producir mejoras en la independencia de nuestros jueces y magistrados", aseguran desde el sector progresista del Consejo.

Diez vocales conservadores, 10 progresistas y una presidenta, Isabel Perelló, que en teoría forma parte de este último grupo, aunque su nombre lo pusieron sobre la mesa los vocales a propuesta del PP. Esa composición tan pareja se ha reflejado en las propuestas de las dos sensibilidades en el nombramiento de 21 magistrados del Tribunal Supremo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial este miércoles. Pero la derecha y la izquierda judicial buscan candidatos de perfil diferente. Nueve de los 10 nuevos miembros del alto tribunal seleccionados por los primeros son integrantes de su colectivo profesional de referencia, la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los progresistas han propuesto a 11 magistrados, pero solo cinco pertenecen a la única asociación de izquierdas (Juezas y Jueces para la Democracia). El resto son jueces no asociados (tres) y un candidato de la también conservadora pero más moderada Francisco de Vitoria (FdV).

Cuando los nuevos 20 vocales y su presidenta accedieron a sus cargos, se propusieron potenciar al máximo la valoración de los perfiles de los distintos candidatos a las más de 120 plazas vacantes en toda la judicatura que el bloqueo generado por el PP provocó. Los consejeros se conjuraron para buscar "la excelencia" de los aspirantes y reducir al máximo la discrecionalidad ideológica o asociativa con el objetivo de nombrar a los más válidos, recuerdan fuentes del CGPJ. Pero en su primera gran tanda de designaciones del Supremo, todos los nuevos magistrados propuestos por la derecha judicial (salvo uno, que es letrado de las Cortes) pertenecen a la APM, su asociación de referencia. Los procedentes de otras asociaciones y del colectivo de jueces no asociados han sido apadrinados por los vocales de la izquierda.

La APM sale especialmente potenciada en la sala más importante, la de lo Contencioso-Administrativo (también denominada Sala Tercera), que resuelve todos los recursos contra las decisiones del Gobierno y demás administraciones públicas, y que también tiene la última palabra sobre los nombramientos y demás actos del Consejo. Los conservadores han conseguido colocar en ella a seis miembros de la asociación mayoritaria y conservadora: Manuel Fernández-Lomana, Concepción García Vicario, Sandra González de Lara, Francisco José Sospedra, Miguel de los Santos Gandarillas y Francisco Javier Pueyo. La izquierdista JJpD, sin embargo, queda mucho menos representada en esa sala clave con solo tres nuevos miembros: Alicia Millán, Consuelo Uris y José Luis Quesada.

Los vocales progresistas también han propuesto al vitorino Juan Pedro Quintana, expresidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y a tres no asociados valorados especialmente por su currículo: José Luis Gil Ibáñez y Berta Santillán y Juan Manuel San Cristóbal. Junto a todos ellos, los conservadores han apostado por el letrado en Cortes Manuel Delgado-Iribarren, avalado por la vocal de ese mismo cuerpo funcionarial Isabel Revuelta y considerado cercano al magistrado del Constitucional Enrique Arnaldo; y los progresistas a la abogada del Estado ante el Supremo María Pilar Cáncer Minchot.

En la Sala de lo Social (la Cuarta), la representación de APM y JJpD ha resultado mucho más pareja. La primera contará con dos nuevos magistrados, el exvocal a propuesta del PP Juan Martínez Moya y Ana María Orellana Cano; y otros dos de la progresista, el exconsejero a propuesta del PSOE Félix Azón y la magistrada Isabel Olmo Parés. Los otros dos nuevos integrantes de la sala, también propuestos por el sector progresista, son no asociados: el exmagistrado de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional Rafael López Parada y el exdirector del gabinete técnico del alto tribunal Juan Manuel San Cristóbal, exvitorino y apadrinado por la presidenta del CGPJ Isabel Perelló.

El papel de Perelló, además de en el caso de San Cristóbal, también ha sido especialmente relevante en el de Manuel Almenar, seleccionado para formar parte de la Sala de lo Civil (la Primera). El magistrado de la Audiencia de Pontevedra, exvocal conservador y exvicepresidente de la APM formó el tándem que, junto a la actual ministra de Defensa Margarita Robles, dominó de facto el CGPJ en su mandato de 2008-2013. También formó parte de ese Consejo Félix Azón, progresista también propuesto por la presidenta. Todos ellos tuvieron un papel clave en el ascenso de Perelló y del líder del sector conservador José Antonio Montero al Supremo en 2009.

Fuentes del Consejo apuntan a la fuerte derechización de la carrera y a la escasez de candidatos progresistas como claves para la baja representación de JJpD. Desde el sector progresista recuerdan que, a determinadas plazas, como la presidencia de la Audiencia Nacional, todavía por cubrir, solo se han presentado candidatos conservadores por lo que auguran que serán más aspirantes de esta sensibilidad los que saldrán elegidos en las próximas convocatorias. "En esas condiciones tendremos que apostar por los de mayor calidad técnica y que tengan una fuerte conciencia de la Justicia como servicio público", apunta uno de sus miembros.

En el apoyo de magistrados y magistradas del Supremo por sexo también hay diferencias entre el sector conservador y el progresista. De los 10 nombramientos al alto tribunal apoyados por los primeros solo tres fueron para mujeres. Las nuevas magistradas del alto tribunal propuestas por los progresistas son cinco, de las 11 plazas que les han correspondido en esta tanda de designaciones.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial son una suerte de "comisarios políticos" de los partidos, según el portavoz de la asociación conservadora Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo. El sistema de elección parlamentaria de los vocales es "partitocrático", lo que "afecta a la independencia" de los jueces y magistrados, en palabras de Sergio Oliva, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (FdV). El Consejo es un órgano constitucional "enfermo" y "sin credibilidad", por su "dependencia del poder político", según María Pilar Astray, dirigente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Esos han sido algunos de los argumentos esgrimidos por las tres asociaciones judiciales conservadoras en una jornada de debate organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre el sistema elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esos tres colectivos defienden una reforma en la que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales de la institución procedentes de la magistratura (los otros ocho deben ser elegidos por el Parlamento por mandato constitucional). A esa posición, la mayoritaria en la carrera judicial, solo se opone la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

Frente a ellos, dos exministros de Justicia, un exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho Constitucional han coincidido, en su mayoría, en la necesidad de evitar un modelo de Consejo que solo refleje los intereses corporativos de los jueces y defienden que su órgano de gobierno refleje el pluralismo de la sociedad española y no solo el de sus colectivos profesionales. Los expertos, que han participado en el encuentro denominado El sistema de elección de los vocales del CGPJ han afirmado que, con el sistema actual, la independencia judicial en España está garantizada, aunque han reclamado mecanismos legales para evitar bloqueos en la renovación, como el provocado por el PP.

La jornada se ha organizado con motivo del mandato que las Cámaras impusieron al CGPJ de redactar un informe con una propuesta de reforma del sistema de renovación de los 12 vocales de procedencia judicial "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine" que sea acorde "con los mejores estándares europeos". Progresistas y conservadores no se ponen de acuerdo. Mientras que los primeros mantienen que la elección debe ser parlamentaria, como hasta ahora, los conservadores exigen que sea la carrera la que los seleccione sin ninguna intervención de las Cortes. El informe debe ser enviado al Gobierno y a las Cámaras el próximo 6 de febrero. Con toda probabilidad, el documento que se elabore recogerá sendas propuestas de ambos grupos ante la falta de consenso.

Ante las reclamaciones de las tres asociaciones conservadoras, varios expertos recordaron ayer que las recomendaciones de la Comisión de Venecia o el Greco (organismos del Consejo de Europa) de que una parte de los vocales sean elegidos por sus pares no son obligaciones. En primer lugar, porque no todos los países del entorno europeo cuentan con un órgano similar al español -algunos, como Alemania, no tienen-. Pero también porque no hay una norma concreta del derecho europeo que imponga ese sistema de elección a los Estados miembros ni tampoco sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tanto esas recomendaciones como las del informe del Estado de derecho de la Comisión Europea tienen su origen en las crisis judiciales de Polonia y Hungría, en las que sus gobiernos pusieron en riesgo la independencia judicial, algo que, según los expertos, en España siempre ha estado garantizado.

Entre los participantes se encontraba el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo y candidato inicial del sector conservador a la presidencia del Consejo, Pablo Lucas, que se ha declarado partidario de la elección parlamentaria, en contra del criterio mayoritario de la carrera judicial. También el exmagistrado del TEDH y del TC, Luis López Guerra, que aseguró que el derecho europeo deja "una amplia libertad de actuación en el sistema de elección de vocales" a los Estados miembros y no únicamente el corporativo. "Si solo se permitiera la elección de los vocales judiciales por sus pares, muchos países quedarían fuera del estándar europeo", ha afirmado.

La abogada del Estado jefa ante el TJUE, Andrea Gavela, ha explicado que la intervención de la Comisión Europea en el último proceso de renovación "no se debió tanto al sistema de elección de los vocales como al bloqueo" de más de cinco años al que el PP sometió al órgano de gobierno de los jueces. Y recordó que en el último informe sobre España, de julio de 2024, se constataron "avances significativos" en las recomendaciones.

El que más ha insistido en la necesidad de que el futuro sistema de renovación garantice el pluralismo político en el CGPJ ha sido el exministro y catedrático de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo. El profesor ha identificado la calidad de la justicia con "el pluralismo de los órganos judiciales" y ha asegurado que debe ser el Consejo el que lo garantice. "La elección de los vocales por los jueces no lo hace", ha concluido. La catedrática de Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha María Luz Martínez Alarcón, ha defendido que la elección parlamentaria "es la que mejor se corresponde con la naturaleza del Consejo como órgano constitucional", aunque propuso medidas para evitar el bloqueo, como la elección por sorteo en caso de que los partidos no se pongan de acuerdo.

Solo una de las constitucionalistas invitadas se ha mostrado favorable al sistema corporativo de elección de los 12 vocales. Se trata de la catedrática de la Universitat de València, Rosario Serra, que, además, ha propuesto que el órgano se renueve por partes -como el Constitucional, que lo hace por tercios- para evitar la prórroga del mandato. Su colega de la Universidad Complutense, Javier García Roca, ha recordado que hay muchos más jueces en las asociaciones conservadoras que en la progresista JJpD. También ha recomendado mecanismos que obliguen a la renovación en plazo, como la insaculación si los grupos políticos no actúan, impedir el reparto de las vocalías por lotes entre asociaciones judiciales y evitar que el Consejo se convierta en un ascensor de sus miembros hacia el Tribunal Supremo o el Constituicional.

A dos semanas largas de que se cumpla el plazo legal para presentar al Gobierno y al Parlamento un informe sobre la renovación de los 12 vocales de procedencia judicial del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha constatado este miércoles la fractura total entre conservadores y progresistas. Los primeros sostienen que deben ser los jueces y magistrados los que los elijan directamente sin participación alguna de las Cortes. Los segundos, que sea el Legislativo el que tenga la última palabra aunque se abren a varias fórmulas para que sea la carrera la que seleccione previamente a los candidatos y ofrecen mejoras. Ante la falta de acuerdo, los vocales asumen que redactarán un solo documento, como impone la ley que acompañó la renovación del pasado junio, pero en él se contendrán dos propuestas diametralmente opuestas. Lo que está en juego es garantizar que la institución siga contando con voces de izquierda y no caiga en el control perpetuo de la derecha judicial.

El acuerdo alcanzado en el Pleno de este miércoles solo establece la futura convocatoria de otro Pleno extraordinario en el que los 20 vocales y su presidenta debatirán las diferentes propuestas. Pero durante, la reunión de este miércoles, se han constatado las diferencias irreconciliables entre las dos sensibilidades del Consejo. PP y PSOE pactaron el pasado junio un empate a 10 vocales entre los propuestos por ambos partidos, pero el informe final necesitará un apoyo de tres quintos, es decir, 13 votos. La presidenta, Isabel Perelló (de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia pero propuesta por el sector conservador) se manifestó el pasado 11 de diciembre en la Sala de Gobierno del Supremo a favor de que sea el cuerpo el que elija directamente a al menos ocho de los 12 vocales de procedencia judicial. Pero para que salga adelante su tesis y la de los vocales a propuesta del PP se necesitarían dos votos más del sector progresista, para el que la elección parlamentaria es innegociable.

El mandato legal al Consejo exige que el sistema que proponga el informe –que debe ser entregado el 6 de febrero– cuente "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine". Los vocales progresistas están abiertos a negociar esa forma de participación para que sea la carrera la que designe a los candidatos entre los que elija el Parlamento. Una de las fórmulas sería que la lista de aspirantes fueran seleccionados mediante un proceso electoral. Establecer esos comicios previos supone un avance importante respecto a la intervención de la judicatura. Con el sistema actual, cualquier juez o magistrado puede presentarse a vocal si cuenta con el aval de una de las asociaciones judiciales o con el del 25 compañeros. Los conservadores exigen, sin embargo, que los 12 más votados en esas hipotéticas elecciones accedan directamente a las vocalías sin intervención del Congreso y el Senado.

Este último sistema supondría de hecho entregar a la derecha judicial el control permanente del Consejo sea cual sea la composición de las Cámaras y el partido del Gobierno. Lo demuestra el hecho de que en las últimas elecciones a salas de gobierno, en las que tenían derecho a voto los 5.500 jueces y magistrados en activo, 116 de las 118 plazas en juego fueron para las asociaciones conservadoras (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente). Solo dos de los puestos en liza fueron ocupados por magistrados de JJpD. Una traslación a unas hipotéticas elecciones al Consejo daría sistemáticamente una mayoría aplastante a estas asociaciones. Los ocho vocales restantes, cuyo nombramiento atribuye la Constitución a las Cámaras con total discrecionalidad, se repartirían entre los dos principales grupos a razón de tres para cada uno o una relación de cuatro a dos. La derecha judicial se garantizaría así, casi con total seguridad, los 13 votos necesarios para nombrar a los principales cargos judiciales en el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores autonómicos así como para designar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden.

Que sean los jueces los que elijan mediante elecciones a los candidatos a vocal, como estarían dispuestos a negociar los vocales progresistas, sería ya un gran logro para la derecha judicial. El creciente conservadurismo del cuerpo mostrado en los resultados del último proceso para las salas de gobierno podría dar lugar –dependiendo del sistema electoral que se elija– a que la lista de aspirantes que se entregue a las Cámaras refleje de manera muy mayoritaria el peso de esa ideología en la judicatura, dificultando la selección final por el Legislativo de candidatos procedentes de la izquierda judicial. El tamaño de esa lista también sería determinante para lograr que el CGPJ tenga una composición equilibrada y conforme con el pluralismo político representado en el Parlamento.

Fue el PP el que, en 2013, facilitó que cualquier juez o magistrado pueda presentar su candidatura a vocal siempre que contara con los avales necesarios o con el apoyo de una de las asociaciones. Ese sistema, puesto en marcha con Mariano Rajoy en la Moncloa y Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia, daba a los principales partidos –PSOE y PP– un inmenso margen de discrecionalidad a la hora de proponer a sus vocales. A la última renovación, lograda cinco años y medio después de que se pusiera en marcha por el bloqueo del partido de Alberto Núñez Feijoo, optaron 50 jueces y magistrados para las 12 plazas de procedencia judicial. Esa modificación de 2013 acabó con un sistema mucho más restringido establecido en 2001 por un pacto entre el PP y el PSOE. En él, el Consejo debía entregar a las Cámaras una lista de 36 candidatos procedentes de las asociaciones y de los jueces no asociados según su representatividad. Ahora, sin embargo, el PP defiende que esos 12 vocales sean elegidos directamente por la judicatura.

Otro de los aspectos que los progresistas están dispuestos a explorar es que se establezcan mecanismos para que las Cortes tengan que elegir a vocales de todas las asociaciones. Tradicionalmente, el PP ha extraído sus vocales de la conservadora y mayoritaria APM, mientras que el PSOE ha hecho lo propio en la progresista JJpD. La más moderada Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, y la conservadora y corporativa Foro Judicial Independiente (la cuarta) no cuentan actualmente con ningún vocal, lo que entre los miembros de la carrera es percibido como una disfunción que los vocales a propuesta del PSOE estarían dispuestos a corregir.