El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha renunciado a investigar Air Europa, siguiendo el mandato de la Audiencia Provincial de Madrid, y ha optado por volver a pedir informes sobre los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa, según informa EFE.

En un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid levanta además la imputación al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y del exconsejero madrileño Juan José Güemes, siguiendo la instrucción dada por la Audiencia Provincial, que consideró que las imputaciones carecían de fundamento.

Peinado renuncia al informe pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre Air Europa, después de que la Audiencia Provincial revocase en un auto fechado el pasado 13 de mayo su decisión de recabar información de esta sociedad sobre las ayudas otorgadas a Air Europa Holding "al quedar fuera del objeto de investigación ya delimitado al inicio de la instrucción".

Sin embargo, el auto indica también que se mantiene la petición de un informe a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) "respecto de Globalia", grupo al que pertenece Air Europa, pero fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid indican que se debe a un error, pues el magistrado se remite a la petición de un informe que no es sobre Globalia, sino sobre Innova Next.

En concreto, el auto señala lo siguiente: "Se mantiene la solicitud de elaboración de informe pericial por la IGAE respecto de Globalia en los términos acordados en la resolución de 20 de junio de 2024, dejándose sin efecto la solicitud de información a la SEPI".

Esa providencia a la que alude Peinado no mencionaba a Globalia, sino que pedía información a la IGAE sobre varios contratos obtenidos por Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa, con empresas e instituciones públicas como el Consejo Superior de Deportes (CSD) o el Ayuntamiento de Madrid.

Y son esos los informes que el juez pide recabar de nuevo, los referentes a los contratos públicos obtenidos por Barrabés sin fondos europeos, según indican las mismas fuentes del TSJ.

Por otra parte, en una providencia dictada el 22 de mayo, Peinado ha pedido a la Universidad Complutense de Madrid el currículum de Blanca de Juan de Castro, la coordinadora del máster que dirigió Begoña Gómez, lo que se une a otras peticiones de información sobre su contratación.

Más Madrid quiere saber cuánto dinero público entró en las sociedades del grupo empresarial propiedad de los padres de la ahora candidata del PP a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Por ello, la diputada autonómica Mónica García ha pedido en la Asamblea "la relación de todos los contratos llevados a cabo entre la Administración de la Comunidad y la empresa MC Infortécnica desde el año 2004 al 2011".

infoLibre desveló que, sólo entre 2008 y 2011, el Gobierno que entonces presidía Esperanza Aguirre adjudicó contratos por al menos 907.000 euros a dos empresas del grupo empresarial propiedad en un 25% del matrimonio Díaz-Ayuso, denominadas MC Infortécnica SL y Hamilton Medical España SA". La primera de ellas lleva dos semanas bajo el foco público, ya que en marzo de 2011 recibió un préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid, que no devolvió y que estaba avalado solidariamente por los ocho socios del grupo (entre ellos, los padres de Ayuso). Avalmadrid es una sociedad semipública, en la que el Gobierno autonómico tiene en torno al 30% del capital.

Además, como desveló este periódico, la propia Isabel Díaz Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid cuando empezaban a acumular deudas para evitar que fuese embargado por los acreedores. Notarios y abogados consultados por infoLibre entienden que dicha donación podría constituir un delito de alzamiento de bienes. La dirigente del PP no ha respondido a ninguna de las preguntas que le planteó este diario sobre la donación bajo sospecha. Sí lo ha hecho sobre el préstamo de Avalmadrid, señalando que ella "ha estado totalmente al margen de la actividad empresarial de su familia”.

Las preguntas de la diputada Mónica García sobre los contratos con MC Infortécnica SL se suman a otras iniciativas ya planteadas por parlamentarios de Más Madrid: Íñigo Errejón solicitó la celebración de un pleno extraordinario sobre las actividades de Avalmadrid, incluido el préstamo a la empresa del matrimonio Díaz-Ayuso, mientras que Eduardo Gutiérrez solicitó la comparecencia en la Comisión de Economía del director general  de Avalmadrid, Pedro Embid, para que explique las operaciones con MC Infortécnica SL y de la directora general de Tributos de la Comunidad de Madrid, "para que valore la operación de cesión de bienes en el grupo familiar de Ayuso y su impacto en obligaciones fiscales", en referencia a la donación del piso aceptada por la dirigente del PP.

Dinero público

Los padres de Isabel Díaz Ayuso tenían el 25% de un grupo empresarial cuya matriz se denominaba Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, que controlaba a su vez la totalidad de las participaciones de ocho filiales. infoLibre rastreó las adjudicaciones públicas de la Comunidad de Madrid a esas ocho sociedades y encontró contratos con dos de ellas: MC Inforténica SL y Hamilton Medical España SA.

MC Infortécnica SL fue constituida el 28 de junio de 1991. Aunque existe alguna adjudicación de finales de los años noventa –por ejemplo, un suministro de aparatos médicos para el Hospital Universitario La Paz en 1999 por importe de 734.000 pesetas de la época (4.411 euros)–, lo cierto es que la contratación pública se disparó a partir de 2008. En junio de aquel año, Isabel Díaz Ayuso había entrado a trabajar en el Gabinete de la presidenta Esperanza Aguirre, donde permaneció hasta marzo de 2009. Después ocupó otros puestos en organismos del Gobierno de Aguirre y en las elecciones de mayo de 2011 fue elegida diputada autonómica del PP. 

Pues bien, entre diciembre de 2008 y junio de 2011, la Administracion madrileña concedió al menos 12 contratos a MC Infortécnica SL y Hamilton Medical España SA., por un importe de 907.000 euros.

El 2 de diciembre de 2008, ambas compañías recibieron por un procedimiento negociado sin publicidad dos adjudicaciones del Servicio Madrileño de Salud para el Hospital Clínico San Carlos con las que se embolsaron 147.000 euros. En concreto, Hamilton Medical España SA se hizo con un contrato de 59.000 euros para el “arrendamiento, con opción a compra, del suministro de un sistema de telemetría para el Instituto Cardiovascular” del centro hospitalario y MC Infortécnica SL con otro de 88.000 euros por el “arrendamiento, con opción a compra, del suministro de un sistema de monitorización de pacientes”.

En mayo de 2009, las dos sociedades consiguieron vía procedimiento negociado una licitación de la empresa pública Hospital del Sur para el suministro de material sanitario relacionado con la oxigenoterapia, con la que ingresaron 81.550,56 euros. Pocos meses después, en octubre, lograron otros dos contratos más: uno de 148.223,68 euros destinado al suministro de ecógrafos para los centros sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, y otro por 89.987 euros que tenía por objeto el “suministro, adquisición e instalación de diverso equipamiento electromédico consistente en respirador neonatal” para la empresa pública Hospital del Sur. Estas dos adjudicaciones se produjeron por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. En total, en 2009 recibieron 319.761,24 euros de dinero público.

En 2010, cuatro adjudicaciones del Gobierno madrileño le reportaron a ambas empresas 282.506,80 euros. En mayo se embolsaron 92.580 euros gracias a una adjudicación del Servicio Madrileño de Salud lograda por procedimiento negociado para la adquisición de un generador y gorros de fijación P/CPAP. En junio, MC Infortécnica firmó un contrato de 28.000 euros por el suministro de un respirador oscilatorio de alta frecuencia con humidificador para el Hospital Universitario 12 de Octubre, mientras que en noviembre Hamilton Medical España SA recibió 33.622,80 euros por el “servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y materiales de diversos equipos de la marca Hamilton”. Ambos fueron adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad. Por último, ya en diciembre, MC Infortécnica se embolsó 128.304 euros por el “suministro de monitores de cabecera de paciente” para los hospitales 12 de Octubre y San Carlos.

En 2011, el año del préstamo no devuelto a Avalmadrid, de la elección como diputada de Díaz Ayuso y de la donación sospechosa del piso en el centro de Madrid, MC Infortécnica consiguió tres contratos públicos de la Administración madrileña: uno de suministros de equipamiento electromédico –1.080 euros–, otro para el suministro de circuitos respiratorios y de ventilación destinados al Hospital Universitario 12 de Octubre –75.448,80 euros– y un tercero para el suministro de material fungible para respiradores en el Hospital Gregorio Marañón –81.210,60 euros–. En total, 157.739,40 euros en 2011. Al año siguiente, el grupo entró en quiebra.

En el periodo analizado, entre 2008 y 2011, estuvieron al frente de la Consejería de Sanidad Juan José Güemes (junio de 2007 a marzo de 2010) y Javier Fernández-Lasquetty (marzo de 2010 a enero de 2014). Güemes compatibilizó su cargo en el Gobierno regional con el de secretario de Comunicación del PP de Madrid, precisamente el departamento donde en 2005 comenzó su andadura política Isabel Díaz Ayuso, que es periodista de formación.

La "emergencia" de la gripe A

Junto a los 12 contratos públicos mencionados, hay otros dos que infoLibre localizó, pero que no se han incluido en el importe total de 907.000 euros por diferentes razones.

MC Infortécnica SL fue una de las siete compañías a las que la Consejería de Sanidad adjudicó, en septiembre de 2009 y por tramitación de emergencia, el suministro de “diversos artículos necesarios para la prevención y control de la pandemia” de la gripe A por un importe total de 3,32 millones de euros. Este diario no ha logrado saber qué parte de esa cantidad fue a parar a la sociedad de los padres de Ayuso. La misma sociedad figura como adjudicataria provisional en 2010 de una licitación por importe de 19.245 euros del Servicio Madrileño de Salud. En este caso, el contrato no se incluyó porque no se encontraron los datos de la adjudicación definitiva.

La diputada de Más Madrid Mónica García también se ha interesado por el contrato de la gripe A. En concreto, solicitó al Ejecutivo madrileño "copia completa del expediente estudiado por el Consejo de Gobierno, del 3 de Septiembre de 2009, tramitado por modalidad de emergencia, relativo a los artículos necesarios para la prevención y control de la pandemia de la gripe aviar causado por el nuevo virus gripal H1N1".

Algún día, cuando miremos hacia atrás para examinar este periodo que supone un cambio de época en lo político y en lo social, nos sorprenderemos de la ceguera y la banalidad que caracterizan la gestión política (y mediática) de esta compleja realidad. No debería costarnos ya cinco minutos de discusión la certeza de que una sospecha documentada de la comisión de un delito inhabilita a cualquiera para un cargo público. Pero no: ahí seguimos, a vueltas con la declaracionitis y la intoxicación permanente sobre 'las investiduras'.

El que fuera conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña entre diciembre de 2010 y enero de 2016, Boi Ruiz, acaba de sumarse a la lista de políticos que tras tener responsabilidades de gestión en la sanidad pública pasan a estar en nómina de empresas privadas del mismo sector. Este jueves, Ribera Salud, la compañía que inauguró en España el modelo de sanidad privatizada y que presume de ser la entidad líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias, anunció su nombramiento como nuevo miembro del consejo de administración. 

A preguntas de infoLibre, un portavoz de Ribera Salud señala que su fichaje no supone en ningún caso un quebrantamiento de la legislación vigente sobre conflicto de intereses porque han pasado más de dos años entre su cese como conseller de la Generalitat y su nombramiento como miembro del órgano de dirección de Ribera Salud, tal y como recoge la ley catalana sobre incompatibilidades. En cualquier caso, esa norma también permite a los ex altos cargos hacer ese tránsito sin tener que esperar dos años siempre que prueben que en el desempeño público no tuvieron ningún tipo de relación con expedientes relacionados con la actividad privada que pretenden emprender. 

El caso de Ruiz, además, es el ejemplo perfecto de puerta giratoria, el término de origen anglosajón que define la transición que hacen directivos de la Administración que, tras cesar de sus cargos, pasan o regresan a trabajar a empresas privadas. En 2010, cuando fue elegido por Artur Mas para formar parte del que definió como Govern de los mejores –por su importante componente tecnócrata–, Ruiz ocupaba la presidencia de la Unión Catalana de Hospitales, la gran patronal de la sanidad privada de esa comunidad. Es decir, venía del sector privado cuando recaló en la Administración. 

Ruiz entró en el Govern recomendando a los catalanes hacerse un seguro sanitario privado y advirtiendo de que el sistema, tal y como se conocía, era insostenible. Aunque no privatizó ningún hospital, las empresas privadas sí lograron durante su mandato más presencia que nunca en el sector público a través de externalizaciones de servicios y derivaciones masivas a centros de la red pública pero gestionados por empresas privadas, especialmente del holding IDCSalud (antes denominada Capio y ahora QuirónSalud). 

El citado portavoz de Ribera Salud asegura que la incorporación de Ruiz –y también la del exsecretario de Estado para la Salud del Reino Unido Alan Milburn– coincide con la consolidación del plan de expansión internacional de la compañía, que este 2017 supuso la compra de una participación de la empresa eslovaca de radiología y medicina nuclear Pro Diagnostic Group (PDG). Lo cierto es que en España la empresa se enfrenta al ocaso de una etapa de expansión lograda, principalmente, gracias a su buena sintonía política con los Gobiernos conservadores de la Comunitat Valenciana, donde centra gran parte de su actividad, y de Madrid.

La Generalitat Valenciana, ahora en manos del PSPV-PSOE y Compromís, dejó claro desde su llegada al poder a mediados de 2015 su voluntad de dar pasos para recuperar el sistema sanitario público. El próximo 31 de marzo expira la concesión del departamento de salud de La Ribera, donde está ubicado el hospital de Alzira (València), el primero que adoptó este sistema de titularidad pública y gestión privada y que dio nombre al modelo, y ha decidido que no la prorrogará. La compañía facturó 348,6 millones en 2015, provenientes casi en su totalidad de concesiones públicas, y declaró unos beneficios de 13 millones. 

Otros casos  

El de Boi Ruiz no es el único caso reciente de puerta giratoria en el sector sanitario. Esta misma semana la Cadena Ser desveló que el bufete de Manuel Lamela, el que fuera consejero de Sanidad madrileño entre 2003 y 2007, ha sido contratado para asesorar a Ambulancias Alerta, empresa a la que adjudicó un contrato para la prestación del transporte no urgente en el área atendida por los hospitales madrileños Gregorio Marañón y la Princesa. Al término del periodo contemplado, la consejería lo prorrogó aplicando además una corrección del precio al alza. En total, el contrato ascendió a 16,8 millones de euros.

Pero lo más relevante, si cabe, es que Ambulancias Alerta ha contratado al despacho de Lamela para que le asesore en los pleitos que mantiene con el actual Gobierno de Cristina Cifuentes. En concreto, la compañía de transporte sanitario pretende impugnar el contrato del servicio de transporte programado, que es el que utilizan enfermos que tienen citas concertadas y no pueden acudir por sus propios medios, y que el Ejecutivo regional adjudicó a cuatro empresas recientemente. 

Pero esta no es, ni mucho menos, la única vinculación de Lamela con la sanidad privada. En 2010, dos años después de abandonar la consejería creó la empresa Madrid Medical Destination, S. L., encaminada a "posicionar" a la Comunidad como potencia de turismo sanitario de primer nivel. Según informó El País, presentó su proyecto rodeado de dos altos cargos del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, entonces liderado por Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente de la patronal. Entre sus clientes estaban empresas como la antigua Capio o MD Anderson. Y tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones.

Además, ese mismo año Lamela entró a formar parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que lidera la gestión del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez, precisamente uno de los hospitales semipúblicos que él adjudicó en su etapa como consejero. Y, en 2013, el Ministerio de Sanidad encargó a la consultora BAPPH (Business Assessment Plans and Projects Healthcare SL), de la que Lamela era miembro, un contrato de asesoramiento para la puesta en marcha de "un nuevo modelo de gestión clínica" en los hospitales de Ceuta y Melilla, los dos únicos de gestión estatal. 

También fueron polémicos los vínculos con la sanidad privada de su sucesor en la Consejería de Sanidad madrileña, Juan José Güemes, que estuvo en el cargo hasta marzo de 2010. Acabó dejando el puesto de consejero que tenía en la empresa Unilabs después de que se desvelara en enero de 2013 que esa compañía había comprado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) a la que el Ejecutivo madrileño había adjudicado en 2009, precisamente cuando él era consejero, la realización de los análisis clínicos de seis hospitales de la red pública. Ahora Güemes trabaja en el IE Business School (antiguo Instituto de Empresa). 

El camino inverso al de Lamela y Güemes fue el que recorrió Antonio Burgueño, que fue director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid entre junio de 2008 y febrero de 2014. Médico de profesión, recaló en ese puesto directamente desde un cargo directivo en la aseguradora sanitaria Adeslas, donde había impulsado el modelo de sanidad privatizada a través del llamado modelo Alzira.

De hecho, su gran proyecto en el ámbito público fue impulsar la privatización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños, lo que suponía cambiar los cimientos del sistema sanitario madrileño tal y como se conocía hasta la fecha. Ese plan fracasó por la ofensiva que profesionales sanitarios, pacientes, sindicatos y partidos de la oposición mantuvieron durante quince meses en los tribunales, la calle y los centros de trabajo. Y acabó llevándose por delante al entonces consejero Javier Fernández Lasquetty y a otros altos cargos. Entre ellos, a él mismo. 

El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) pagó en 2006, 2007 y 2009 un total de 10,7 millones de euros a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones de la trama Púnica, según un informe realizado el 19 de mayo de 2014 por la Agencia Tributaria y que está incluido en el sumario que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

infoLibre ha comprobado que después de esa fecha, en junio de 2014, la Comunidad abonó otros 1,3 millones a la constructora que pertenece a David Marjaliza, el principal socio de Francisco Granados. En total, la empresa de Marjaliza habría percibido del Servicio Madrileño de Salud más de 12 millones de euros.

Se trata en concreto de la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones, cuya propiedad la Agencia Tributaria atribuye a David Marjaliza, el principal socio del exconsejero de Presidencia del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid Francisco Granados. Ambos permanecen en prisión desde el pasado 27 de octubre.

Dos centros de salud

La documentación incluida en el informe de la Agencia Tributaria del sumario de la operación Púnica explica que el Servicio Madrileño de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad madrileña, adjudicó en 2005 y 2006 dos centros de salud en las localidades madrileñas de Alcorcón y Aranjuez a Marjaliza por un total de 8,7 millones.

En concreto, se trata de de los centros de salud Los Castillos (Alcorcón) y Los Olivos (Aranjuez). Precisamente, en el caso de Los Olivos, el procedimiento empleado para la adjudicación fue de concurso abierto, aunque fue tramitado con carácter de urgencia.

Según la Agencia Tributaria, Obrum declaró ingresos de 4,1 millones en 2006; 6,2 millones en 2007 y de 337.274 euros en 2009. infoLibre ha podido constatar que la Comunidad de Madrid aprobó en el Consejo de Gobierno de 18 de junio de 2014 el pago de un sobrecoste de 1.336.601 de euros a Marjaliza por el Centro de Salud de Las Olivas, en Aranjuez.

Sentencia del TSJM

Según un comunicado oficial, el Gobierno de la Comunidad abonó esta suma a Obrum "en cumplimiento de la sentencia de 20 de marzo de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que estima parcialmente la reclamación interpuesta por la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones S.L. relativa al abono del proyecto de liquidación de las Obras de Construcción del Centro de Salud de Las Olivas".

El documento de Hacienda que está incluido en el sumario destaca también que esta constructora ingresó en 2009 otros 337.274 euros del Servicio Madrileño de Salud, aunque sin especificar en qué concepto.

Según la documentación subida al portal oficial de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno celebrado el 29 de diciembre de 2009 acordó un pago a favor de Obrum de una cifra similar, de 323.428 euros por las obras complementarias a la construcción del Centro de Salud Los Castillos de Alcorcón.

infoLibre se ha puesto con contacto con la Consejería de Sanidad, que en un escueto comunicado ha asegurado: "Los pagos se han realizado cumpliendo con las sentencias judiciales y todas las adjudicaciones y pagos se han realizado con conforme establece la ley".

800.000 euros por colegio concertado

Pero la Sanidad no fue el único negocio del que se lucraron los integrantes de la trama Púnica. Según adelantó el diario ABC, Granados percibía una mordida de entre 900.000 euros y 1,3 millones por cada colegio concertado adjudicado.

El rotativo madrileño aseguró que la empresa Aldefel, registrada en el municipio de Valdemoro, en el que había sido alcalde Granados, ha sido la promotora de 19 centros donde actuaba la trama. Además, era la encargada de pagar la comisión a Marjaliza con facturas falsas de consultoría.

Asimismo, la empresa adjudicataria de los dos centros de salud de Aranjuez y Alcorcón, Obrum Urbanismo y Construcciones, también formaba parte del negocio de Marjaliza y Granados con los colegios concertados. Mediante esta firma la trama se encargada de construir los centros educativos. Solo en Valdemoro hay cuatro colegios concertados promovidos por Aldefel.

La presidenta del PP de Madrid y candidata a la Alcaldía de Madrid vuelve a primera línea de la política –si es que alguna vez se fue– después de haber abandonado la presidencia de la Comunidad de Madrid en septiembre de 2012. En este tiempo, ha trabajado para una empresa de cazatalentos, Seeliger y Conde. Un asunto que ha hecho que algunos de sus rivales internos bromearan con su "buen ojo" para elegir a sus colaboradores más próximos. Pese a que Esperanza Aguirre presume de que ha nombrado a más de 400 cargos en su vida política "y sólo dos le han salido rana", en alusión a Francisco Granados (operación Púnica) y Alberto López Viejo (caso Gürtel), la realidad choca con este cálculo. Baste un ejemplo: los alcaldes detenidos y relevados por el PP de Madrid, en el marco de la Púnica fueron cuatro. Y la Gürtel no sólo se llevó a su exconsejero López Viejo. 

Con Ignacio González apartado también de la primera línea del partido y de la candidatura por el caso de su ático en Estepona, la presidenta de los conservadores madrileños tiene que reconstruir a su núcleo de fieles. O dar mayor visibilidad a miembros del partido que hasta la fecha habían tenido un papel más discreto, más alejado de la primera línea. Este mismo martes ya hizo algunos anuncios de la primera fase de su casting de cara a la campaña electoral para los comicios de mayo. Y aunque faltan muchos nombres, se puede establecer un patrón común a todos. Aguirre ha escogido a un grupo de fieles con, hasta la fecha, escasa proyección pública. Es decir, no muy conocidos por los madrileños. En circunstancias normales, con González activo, los nombramientos no habían despertado mayor expectación. Pero ahora Aguirre tiene que reconstruir su núcleo de poder y entre los elegidos pueden estar las personas que escriban una nueva etapa en el PP de Madrid, los que podrán enfrentarse a la dirección nacional del partido cuando, si Aguirre gana y se cumple el pacto con Génova, dé un paso atrás y ceda el testigo en la dirección regional.

¿Cuáles son los primeros nombramientos de esta nueva etapa de la presidenta a la espera de la lista al consistorio? Íñigo Henríquez de Luna, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, será el director de campaña del PP de Madrid. Es decir, coordinará tanto la campaña municipal como la autonómica. David Pérez, alcalde de Alcorcón, fue designado director del programa electoral e Inmaculada Sanz Otero, directora general de relaciones institucionales con la Asamblea de Madrid, será la encargada de la campaña de Aguirre. 

El defensor de las primarias

Si nos atenemos a estos anuncios, Henríquez de Luna gana puestos para convertirse en uno de los nuevos hombres fuertes de la presidenta. Ahora portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, el dirigente conservador tiene una amplia experiencia municipal. No en vano cuando se fue a la cámara regional tras las autonómicas de 2011, abandonaba una institución, el consistorio madrileño, al que había estado vinculado desde 1991. 

En el PP interpretan que, con su nombramiento, Aguirre premia su trabajo en los meses previos al XVI Congreso Nacional del PP celebrado en junio de 2008 en Valencia. Mariano Rajoy llegaba fuertemente debilitado a esta cita, entre otras cuestiones, por la campaña que para minar su liderazgo encabezó Aguirre auxiliada por Granados y González. Pero no sólo por ellos. Pese a que la 'lideresa' sólo llegó a mostrar su "simpatía" por la iniciativa, no son pocos en la formación conservadora los que creen que estuvo detrás de la campaña que emprendió Henríquez de Luna a favor de las primarias. "Un militante, un voto" reclamaba por entonces. 

Su propuesta no tuvo éxito en el Congreso, donde llegó vía enmienda, como tampoco la tuvo en el cónclave que se celebró en febrero de 2012 y que hace el número XVII en la historia del PP.

Contra Cobo y Gallardón

En el ayuntamiento, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, no se escondió. Es un aguirrista convencido y nunca lo disimuló. De hecho, fue uno de los ediles que solicitó el cese de Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid, como portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid una vez que fue suspendido de militancia por criticar a Esperanza Aguirre en la prensa en plena batalla por el control de Caja Madrid. 

Rajoy sabe bien quién es. El 2 de mayo de 2008, el por ahora presidente del Gobierno acudió a los actos con motivo de la festividad de la Comunidad de Madrid a la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. En pleno cóctel, Henríquez de Luna se acercó a presentarse, a decirle que él era el defensor de las primarias.

Dentro del PP de Madrid, su portavoz en la Asamblea es todo un símbolo. No en vano, es concejal presidente de la Junta Municipal del distrito de Salamanca, uno de los principales caladeros de votos del partido. En este distrito, tradicionalmente conservador, se concentran algunas de las fortunas más altas de la capital. Su madre es la marquesa de Villablanca, también muy vinculada al PP local.

Cuando Aguirre le nombra portavoz, en junio de 2011, estaba imputado en el marco del caso Guateque, relacionado con la concesión de licencias del Ayuntamiento. Fue desimputado días después. No fue, no obstante, la primera persona en la que pensó Aguirre para el puesto. De hecho, se lo ofreció primero a Francisco Granados, al que pensaba en dejar sin consejería. El ahora encarcelado dijo que no y empezó a cavar su tumba política. La presidenta, que por entonces ya estaba distanciada del hombre que lo fue casi todo en sus gobiernos, le mandó al Senado como puesto de consolación.

El antecesor de Henríquez de Luna

El coordinador de la campaña de Aguirre vino a cubrir en la Asamblea la portavocía que dejó vacante David Pérez, al que su jefa le mandó a Alcorcón como candidato. Y ganó, consiguiendo ser el segundo alcalde del PP en la historia en gobernar este ayuntamiento del sur de Madrid. Hasta entonces, los conservadores sólo habían gobernado este municipio del denominado "cinturón rojo" madrileño –así se llama a los pueblos tradicionalmente en manos de los socialistas– en el periodo 1999-2003. Su elección como candidato, no obstante, estuvo rodeada de polémica por no ser un vecino de la ciudad en el momento en el que fue designado como cabeza de lista. 

Este licenciado en Periodismo, es, además, presidente de la Federación Madrileña de Municipios. Al igual que su jefa, se define como liberal.

En su etapa al frente del Ayuntamiento de Alcorcón ha promovido juras de bandera civiles. Ha sido uno de los grandes perjudicados por la retirada del proyecto de Eurovegas, al estar planeado sobre el término municipal de Alcorcón.

Por su parte, Inmaculada Sanz de Otero, la jefa de la campaña de Aguirre, es desde 2008 jefa de gabinete de la presidenta en el partido. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Autónoma de Madrid.

Comunicación, interventores y apoderados

Estos nombramientos fueron completados con el de Isabel Gallego, directora general de medios de la Comunidad de Madrid, como directora de comunicación y publicidad, y Eva Durán, secretaria del área ejecutiva electoral, como directora de interventores y apoderados.

Cifuentes opta por un hombre fuerte de Rajoy

Por su parte, la candidata a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, optó este martes por Juan Carlos Vera como jefe de campaña. El diputado, considerado muy próximo a Rajoy, es en la actualidad coordinador adjunto del equipo nacional de campaña para las autonómicas y municipales de 2015. 

Vera es un experto en campaña desde 1979, cuando fue responsable jurídico de los equipos de Coalición Democrática. Esta no será la primera vez que está al frente de la del PP a la Comunidad de Madrid. Ya fue director de campaña de Aguirre en las elecciones de octubre de 2003, las posteriores al 'tamayazo'.

La opinión más extendida en el Partido Popular es que el consejero, un pata negra del partido que ingresó en 1983 en Alianza Popular, está en la cuerda floja. Y que esta crisis se lo llevará por delante. En la formación presidida por Mariano Rajoy no sólo han escocido sus declaraciones en las que culpaba a una víctima, la auxiliar contagiada, de su situación con expresiones tan hirientes como la que sostenía que muy mal no se encontraría cuando había ido a la peluquería mientras experimentaba los primeros síntomas. También causó gran revuelo su forma de enfrentarse a la pregunta de si pensaba renunciar al cargo por su gestión de la crisis. "Yo tendré que asumir la responsabilidad y si tengo que dimitir, dimitiría. No tengo ningún apego al cargo, soy médico y tengo la vida resuelta".

Ninguno de sus antecesores se ha visto en medio de una crisis de tal gravedad como la que se la ido de las manos a Rodríguez. Pero el puesto de consejero de Sanidad de Madrid lleva años en el foco, bien por el perfil del consejero o bien por las funciones que le eran encomendadas. A continuación se repasan los perfiles de los responsables de Sanidad que precedieron a Rodríguez, las principales situaciones a las que se enfrentaron y el contexto que rodeó a sus abandonos.

Manuel Lamela, el consejero del escándalo de las sedaciones (2003-2007)

En el PP de Madrid es el consejero que hizo frente al compromiso de Aguirre de reducir a 30 días la lista de espera. Y el que selló el compromiso de construir ocho nuevos hospitales. Pero si por algo es conocido es por el asunto de las supuestas sedaciones irregulares del Severo Ochoa de Leganés. El escándalo se remonta a 2005, cuando retiró al jefe de urgencias del citado centro, Luis Montes, tras recibir dos denuncias anónimas por "supuesta mala praxis en la administración de fármacos" a pacientes en estado terminal.

Mientras la Comunidad remitió las incidencias a Fiscalía, la oposición y asociaciones del sector reclamaron el cese de Lamela y el reingreso del médico a su puesto. Pero no se marchó. De hecho, en julio de 2007 saltó de Sanidad a Transportes. La resolución judicial definitiva del caso llegó cuando él ya no estaba en Sanidad. El 28 de enero de 2008 la Audiencia Provincial ratificó el sobreseimiento y el archivo del caso.

Está imputado, como su sucesor en el cargo, por delitos de cohecho y prevaricación. En el procedimiento se investiga la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.

Juan José Güemes, la cara de las privatizaciones (2007-2010)

Fue durante años el ojo derecho de Esperanza Aguirre. A él, que venía de la Consejería de Empleo y Mujer, "la jefa", como llaman los suyos a la presidenta del PP de Madrid, le encomendó en 2007 la de Sanidad. Durante años fue el político que a ojos del PP madrileño, mejor encarnaba las ideas políticas de Aguirre. No en vano, le escogió para reforzar el proceso de privatización de la sanidad madrileña, una tarea que compatibilizó con la de secretario de Comunicación regional. Por entonces, no había acto o inauguración a la que acudiese que no fuera recibida con protestas de trabajadores y sindicatos, protestas que intentaba sortear apelando a que el Gobierno madrileño estaba trabajando para mejorar la libertad de elección de los ciudadanos y criticando a los sindicatos de conjurarse para tapar los errores del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por entonces en la Moncloa.

La complicidad entre Aguirre y Güemes, casado con Andrea Fabra, la hija del polémico expresidente de la Diputación de Castellón, se fue apagando con el paso del tiempo. Y el 18 de marzo de 2010, Esperanza Aguirre presidió una rueda de prensa del Consejo de Gobierno en la que, con Güemes a su lado, anunció que éste abandonaba la política –que no la militancia del PP– por "motivos personales". El consejero ya tenía destino: el Centro Internacional de Gestión Emprendedora del Instituto de Empresa.

Frente a los motivos personales esgrimidos, hay en el partido quien cree que el exconsejero se marchó tras fracasar la operación de Aguirre para colocar al frente de Caja Madrid a Ignacio González. Un esquema en el que, según cuentan, él estaba destinado a ser vicepresidente de la Comunidad. Unida a esta tesis figura la que apunta a que en el entorno de la presidenta no le perdonaron ser el único miembro del PP de Madrid, además de Aguirre, que figuraba en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. En el Congreso de 2008 Rajoy hizo caso omiso a las recomendaciones de Aguirre, que pedía un puesto en la cúpula de partido para González y para Francisco Granados, por entonces secretario general del partido. Optó por el yerno de Fabra. "La cercanía a Rajoy es algo que no gusta mucho en el aguirrismo", aguirrismo" señala un dirigente regional.

El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, admitió a trámite en junio de 2013 una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros Lamela y Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

La imputación también afecta a los representantes de la Fundación Jiménez Díaz, el grupo Ribera Salud, Capio Sanidad, Unilabs y Asisa. El pasado octubre estas imputaciones fueron confirmadas al desestimar el juez los recursos de los querellados.

Javier Fernández-Lasquetty, el hombre del varapalo judicial (2010-2014)

Entró en el gabinete de Gobierno de Aguirre en junio de 2007 con la cartera de Inmigración y Cooperación. Y en 2010, la expresidenta le encomendó la vacante que había dejado Juan José Güemes. Ha sido uno de los principales protagonistas políticos de la marea blanca contra la privatización sanitaria. 

En 2012 anunció un plan de sostenibilidad de la sanidad madrileña que, entre otras medidas, incluía la externalización de la gestión sanitaria de seis hospitales públicos y 27 centros de salud, la reconversión de los hospitales La Princesa y Carlos III y el cobro del euro por receta. El Carlos III es el hospital en el que están siendo tratados la enfermera contagiada de ébola y otros pacientes en observación.

El Tribunal Constitucional tumbó el euro por receta. También fue paralizada su intención de convertir La Princesa en un geriátrico. Pero el motivo de su dimisión hay que buscarlo en la paralización cautelar de la privatización de la sanidad pública madrileña. Ese día, 27 de enero de 2014, anunció su marcha. "Es mi responsabilidad. Yo soy el creador del proyecto", argumentó.

Javier Rodríguez, el médico que indignaba a sus compañeros (2014)

La gestión de la crisis del ébola –le ha tocado a él hacer frente al primer caso de contagio fuera de África– ha enfadado no sólo al sector sanitario y a la oposición.

En el PP no ocultan que la gestión de esta crisis no ha sido la mejor. Y apuntaban a Rodríguez como uno de los máximos culpables. Todo empezó el mismo lunes, cuando el consejero se escapó de la foto no compareciendo junto a Ana Mato en la rueda de prensa en la que se informó del contagio. En su lugar, rindió cuentas el director general de Atención Primaria, la persona que tiene en sus manos las competencias en materia de Salud Pública después de que la Comunidad de Madrid, en 2008, reestructurara el organigrama de la consejería.

El hecho de que no interviniese en la rueda de prensa irritó mucho al equipo de Mariano Rajoy, así como la evidente descoordinación que se ha mostrado entre Comunidad y Gobierno. "En casos como este, las administraciones deben coordinarse. No se pueden dar datos contradictorios sobre un mismo hecho", denuncian fuentes médicas.

Pero la gota que colmó el vaso han sido sus declaraciones dejando caer todo tipo de responsabilidad del contagio sobre la auxiliar contagiada. "Lo de que muy mal no debería estar cuando se fue a la peluquería después de ir al médico es de premio. Con la que está cayendo, con la separación de los ciudadanos de la política que muestran las encuestas...", reflexionaba un destacado dirigente del partido de Rajoy.

La existencia de una Dirección General de Salud Pública es una constante en las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas. En todas, menos en una: la Comunidad de Madrid, donde las competencias en asuntos como el control de la salud de la población y la coordinación de la respuesta a situaciones de crisis como la del virus del ébola está repartida en dos direcciones generales diferentes: la de Atención Primaria y la de Ordenación e Inspección.

La ausencia de una dirección general de este tipo en Madrid es uno de elementos que, a juicio de las fuentes médicas consultadas, puede haber pesado en los fallos de coordinación entre la consejería y el Ministerio de Sanidad que se pusieron de manifiesto el lunes, el mismo día que se confirmó que el primer contagio de ébola fuera de África se había producido en España. 

No siempre Madrid careció de un ente especializado en exclusiva en materia de salud pública. Lo tuvo hasta el año 2008 cuando el Gobierno de Esperanza Aguirre, con Juan José Güemes en la Consejería de Sanidad, decidió suprimirlo y derivar sus competencias a otras dos direcciones generales, la de Atención Primaria y la de Ordenación e Inspección. Esgrimiendo razones organizativas, el Ejecutivo autonómico aprobó tres decretos que reestructuraban la Consejería de Sanidad suprimiendo la citada dirección general y el Instituto de Salud Pública. Las funciones de este último, que se extinguió en base al decreto 22/2008, fueron reintegradas a Sanidad.

Una demanda sostenida en el tiempo

Desde 2008 a día de hoy, los partidos de oposición, los médicos y las asociaciones relacionadas con la sanidad han venido reclamando al Gobierno regional, ahora en manos de Ignacio González, que se replantee esta cuestión y recupere la estructura original. Creen que es esencial que los sistemas de prevención de enfermedades y el establecimiento de medidas para potenciar las garantías de protección de la salud sean gestionados desde un ente independiente a Atención Primaria, una especie de cajón de sastre en el que caben desde la promoción del interés ciudadano por la salud a la colaboración con el sector privado de servicios de salud.

Mientras, desde la Comunidad de Madrid mantienen que el hecho de que no exista un ente denominado de esa forma no implica que esas competencias queden abandonadas. Insisten que desapareció el organismo como tal pero que las funciones que venía realizando nunca han dejado de realizarse.

"Coherente" con la legislación nacional

La supresión de estos órganos ocupó una sesión en la Asamblea de Madrid dos años después de los decretos. Patricia Flores, por entonces directora general de Atención Primaria, respondió una pregunta al respecto formulada por Caridad García (Izquierda Unidad). "La atribución de estas funciones a la Dirección General de Atención Primaria, a pesar de ser pionera en España, es coherente con la filosofía con la que se configuró la atención primaria española tras su reforma operada por la Ley General de Sanidad de 1986. Esta ley establece que los equipos de atención primaria, además de prestar asistencia sanitaria tanto a nivel ambulatorio como domiciliario y de urgencia a la población adscrita, debe realizar actividades encaminadas a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad y contribuir a la educación sanitaria de la población. En esta misma línea, más de quince años después, profundiza la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, al señalar en su artículo 12 que la atención primaria comprenderá actividades de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad", fue una de las respuestas que quedaron registradas en el diario de sesiones del 5 de mayo.

No obstante, sólo Madrid interpretó de esta forma la Ley de General de Sanidad de 1986 y la Ley de Cohesión de 2003. La muestra de ello es que el resto de comunides autónomas tienen organismos independientes en materia de Salud Pública. 

En el caso de Cataluña, existe una Agencia de Salud Pública (ASPCAT). Hasta el año pasado fue un órgano interdepartamental con entidad jurídica propia, ahora ha vuelto a depender de Salut. Este cambio ya provocó las críticas de los expertos. La ASPCAT es el organismo encargado de coordinar las actuaciones e informar sobre la presencia de virus en la comunidad. Además de las alertas por posibles casos de ébola en Cataluña recientemente ha gestionado el brote de legionella de Sabadell del pasado septiembre.

Navarra, como en su día Madrid, también tiene su correspondiente dirección general y un instituto de Salud Pública. Y, en el caso de Andalucía, las competencias en materia de Salud Pública están dentro de un órgano superior a una dirección general, concretamente en la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública.

Esta peculiaridad de Madrid ya se daba en 2008, cuando el Gobierno de Aguirre suprimió la dirección general y la agencia. En el comunicado que emitieron los trabajadores de salud pública alertaban de que las comunidades que en su día pensaron suprimir estas direcciones generales habían dado marcha atrás. Y que los estados europeos más avanzados socialmente potenciaban este tipo de organismos.

Médicos, enfermeros, sindicatos y expertos del sector llevan desde el lunes, cuando se conoció que el primer contagio de ébola fuera de África se había producido en España, preguntándose qué pudo fallar en el proceso para que esta auxiliar de enfermería que trató a los dos sacerdotes infectados que viajaron a España contrajese el virus. Mientras transcurre la investigación oficial del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, los sectores citados ponen el foco en un conjunto de factores que, a su juicio, hay que tener en cuenta para analizar esta crisis en el contexto adecuado y depurar responsabilidades.

Uno de los episodios que más mencionan las fuentes consultadas y que, según sostienen, sería clave para la gestión de una situación tan delicada como la actual data del año 2008. En abril, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aprobaba una serie de decretos (22/2008, 23/2008, 24/2008) mediante los que se cambiaba el organigrama de este departamento y acababa con la Dirección General de Salud Pública y con el Instituto de Salud Pública. Por estas fechas, la presidencia de la Comunidad de Madrid era Esperanza Aguirre, hoy líder del PP de Madrid. El consejero del ramo era Juan José Güemes, hoy fuera de la política. Entre otros asuntos, estos departamentos tenían bajo su competencia actividades de vigilancia epidemiológica. "Aspectos todos ellos fundamentales para garantizar una protección integral al estado de salud de la población", recogía por entonces la página web del Gobierno regional en el apartado dedicado a "salud pública".

La medida, justificada en base a razones organizativas desde la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, fue recibida con malestar y preocupación en el seno de los trabajadores de la salud. Estos días vuelven a insistir en el error que supusieron estas supresiones. Los argumentos de hace seis años siguen valiendo para hoy según las fuentes consultadas. "Consideramos estos decretos un grave error por las negativas consecuencias que tendrán para la salud de la población de la Comunidad", denunciaron los trabajadores de salud pública de la Comunidad de Madrid en un comunicado. Al mismo tiempo, alertaban de que suponía "un paso atrás en la importante experiencia organizativa y profesional acumulada en las últimas tres décadas". Y mantenían que "el objetivo fundamental de la salud pública es el de proteger la salud de la población en su conjunto, anticipándose a la aparición de la enfermedad".

"Amenazas tan graves para la salud de la población madrileña como la crisis de las vacas locas, las dioxinas de la carne de los pollos belgas, la legionella o la epidemia de la meningitis, se resolvieron eficazmente gracias a una intervención coordinada y eficaz de la Dirección General de Salud Pública, organismo que tenía todas las competencias de salud pública integradas y centralizadas. Estos problemas de salud seguirían siendo una amenaza y crearían alarma social de no haberse resuelto en su momento de forma oportuna", alertaban los trabajadores sanitarios en el citado comunicado, fechado el 10 de abril de 2008.

La consejería: "No afecta"

Fuentes de la Consejería de Sanidad, ahora en manos de Javier Fernández, insisten en que se trató de una mera reestructuración organizativa y que esto no significa que la Comunidad haya dejado desatendida este área desde 2008. En este sentido precisan que es la Dirección General de Atención Primaria la que asumió principalmente las competencias de la dirección general suprimida en abril de 2008. Una parte menor depende de Ordenación e Inspección.

Efectivamente, así figura en el decreto 28/2008 en el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud en el que se enumeran las funciones en materia de salud pública que corresponden a Atención Primaria. Esto viene reforzado por el hecho de que fuese Antonio Alemany, director de Atención Primaria madrileño, la persona que compareció el lunes en la rueda de prensa convocada por el Ministerio de Sanidad para informar del contagio de la auxiliar de enfermería española.

Respecto al Instituto de Salud Pública, mantienen que, tan y como figura en el decreto 22/2008, se extinguió. Y que sus funciones pasaron a integrarse en la Consejería de Sanidad. "La Consejería de Sanidad, sus organismos, entidades o entes dependientes, se subrogarán en los derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales del personal del Instituto de Salud Pública en las condiciones que este ostente a la entrada en vigor del presente decreto", figura en la disposición adicional tercera.

No obstante, fuentes sanitarias sostienen que la supresión de esta dirección general y del citado instituto impiden que haya un perfil "de peso" al frente de salud pública, lo que lastra la toma de decisiones. "Ante asuntos de tal envergadura como epidemias es clave la existencia de un organismo público que unifique y asuma las competencias en salud pública", añaden.

Argumentos similares emplea Marciano Sánchez Bayle, secretario de organización de la junta directiva de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. En declaraciones a infoLibre, sostiene que esta decisión de Aguirre fue "un error". "Se hizo para ahorrar y dejó a la población de la Comunidad de Madrid desprotegida ante una situación de este tipo", subraya respecto a la supresión de ambos organismos.

¿Van a faltar recursos?

Los partidos políticos de la oposición en la Comunidad de Madrid fueron muy críticos con la iniciativa. Y por entonces, al igual que los trabajadores del sector, hicieron hincapié en que la región caminaba en sentido opuesto al resto de comunidades que sí disponían de esta dirección general y que, en el caso de haberla suprimido, la habían recuperado. "Si cada vez faltan más recursos y profesionales en atención primaria, que es el área del que va a depender promoción y prevención de la salud ¿van a faltar también recursos y profesionales para prevención y promoción de la salud?", se preguntaban PSOE e IU en una moción conjunta presentada en el Ayuntamiento de Madrid en el pleno del 13 de mayo de 2008.

En los últimos años, los partidos y asociaciones profesionales y de defensa de la sanidad pública han seguido reclamando que se recupere la estructura original de la consejería con la Dirección General de Salud Pública. "Se trata de un recurso absolutamente necesario para mantener la salud y para homogeneizar todas las acciones del Sistema Regional de Salud", insistía Caridad García(Izquierda Unida) en mayo de 2010. Esta dirigente política criticaba que desde el Gobierno de Aguirre se hubiese apuntado también a criterios económicos para la supresión de este organismo cuando se mantenían otros menos relevantes.

Reparto de responsabilidades

Según las fuentes consultadas no sólo la Comunidad de Madrid tiene que rendir cuentas sobre cuáles han sido sus actuaciones en este episodio y cómo ha coordinado el trabajo con los diferentes actores implicados. Sánchez Bayle apunta al Gobierno de Mariano Rajoy como vértice de esta pirámide de responsabilidades en cadena.

En este sentido, mantiene que, a tenor de cómo se han desencadenado los hechos fue "un error" el traslado de los sacerdotes españoles al Hospital Carlos III de Madrid. "Los dos murieron. No se consiguió salvar ninguna de las dos vidas. ¿Era el Gobierno –el proceso fue liderado por el Ministerio de Exteriores en colaboración con el de Sanidad– consciente de que no había ninguna posibilidad de curación?", se pregunta este médico que destaca que este proceso derivó en el traslado del virus a España, un país en el que no había un solo caso.

Ligado a esto, subraya que el tratamiento que se les iba a proporcionar no tenía garantías de eficacia y que debería haberse estudiado con más detenimiento el procedimiento de seguridad para evitar el contagio. Y se pregunta si los fondos invertidos para los traslados no hubiesen encontrado mejor destino en los focos de la enfermedad, "para mejorar la atención sanitaria". "Es en el foco donde hay que actuar", asegura.

Fuentes médicas achacan al departamento de Ana Mato la "descoordinación y la sensación de caos" que se vivió en las horas posteriores al anuncio del primer contagio de ébola fuera de África. Y apuntan a una batalla entre Sanidad y la Comunidad de Madrid a la hora de "asumir responsabilidades".

También ponen en el punto de mira la actuación de los gerentes de los hospitales, tanto del Carlos III, como del de Alcorcón. Sobre el primero, se preguntan por qué no se fue más escrupuloso a la hora de observar los protocolos de seguridad laboral a fin de evitar los contagios. Y recuerdan, llegados a este punto, que en este episodio habría sido necesaria la actuación de la dirección general suprimida pata hacer un "seguimiento" de todo el proceso. Desde la llegada de los sacerdotes hasta el control de los trabajadores que estuvieron en contacto con ellos.

Respecto al hospital de Alcorcón, las fuentes médicas consultadas se extrañan de que no se activara ningún protocolo especial cuando llegó una paciente con síntomas de ébola y que, además, había estado en contacto con enfermos de este virus. Lo mismo mantienen del traslado en ambulancia. "¿Por qué se trasladó como un enfermo convencional?"

A punto de cumplirse un año de que un juez aceptase la querella de la asociación de médicos AFEM por la privatización de hospitales madrileños iniciada en 2003, la Audiencia provincial ha desplegado una maniobra insólita para no verse obligada a resolver sobre el recurso que contra la admisión de esa misma querella plantearon los imputados, entre los que figuran los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como las empresas Capio –ahora rebautizada IDC Salud- y Ribera Salud.

En una providencia fechada el pasado día 12, la Sección Segunda de la Audiencia madrileña pide “a las partes” que “manifiesten si continúan manteniendo el recurso de apelación interpuesto en las presentes actuaciones o [si], por el contrario, desisten del mismo”.

Pero en la causa solo queda un recurso pendiente: el planteado justamente por aquellos a quienes el titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, citó a declarar como imputados al mismo tiempo que aceptaba la querella. Si los querellados –cuatro personas físicas, más las empresas Capio, Ribera Salud, Asisa y Unilabs- desisten del recurso, Sexmero tendrá vía libre para reemprender las investigaciones. Y, por supuesto, para tomarles declaración como imputados.

La Audiencia, que en febrero tumbó el primer recurso del caso –que impugnaba la simple apertura de diligencias-, justifica el contenido de su resolución con un argumento que ninguno de los juristas consultados alcanza a comprender: que el Gobierno de Madrid ha renunciado a desarrollar la segunda fase de la privatización sanitaria –que pretendía externalizar otros seis hospitales- y, en consecuencia, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) ha dado por concluido el contencioso impulsado también por AFEM. 

Privatizaciones aún no ejecutadas

Algunas fuentes deslizaron con cautela una hipótesis: que la Audiencia Provincial busca evitar un pronunciamiento sobre la admisión de la querella porque si finalmente tiene que resolver, será para desestimar el recurso de los querellados. De ser cierta esa teoría, la Audiencia estaría ofreciendo a los querellados la opción de declarar voluntariamente ante Sexmero antes que verse forzados a ello por mandato judicial.

La providencia no hace ninguna mención a que ese contencioso que dio por acabado el TSJM –proceso similar a una demanda civil pero en el que se impugnan decisiones de una administración pública- se refería a privatizaciones todavía no ejecutadas. En cambio, la querella –penal, es decir, con hipotéticos delitos en liza- alude a los hospitales públicos que ya funcionan bajo gestión privada. Ese es el caso de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles, ambos gestionados por Capio; y del de Torrejón de Ardoz, inicialmente adjudicado a Ribera Salud pero ahora bajo la batuta de Sanitas.

La querella se dirige contra cuatro antiguos altos cargos de la sanidad pública madrileña y contra las cuatro empresas que resultaron beneficiarias de la primera oleada privatizadora: Capio Sanidad –la nueva IDC Salud-, Ribera Salud, Asisa y Unilabs. Según AFEM, lo sucedido con ese proceso privatizador muestra indicios de ocho delitos: realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho , fraude y malversación de caudales públicos.

Entrega al juzgado

El mismo día en que el juez Sexmero aceptó la querella, no solo citó como imputados a los querellados sino que ordenó enviar una comisión rogatoria a Luxemburgo para recabar información sobre el fondo opaco que controla la antigua Capio y actual IDC. Sexmero recabó luego la información publicada sobre ese punto por infoLibre, que, tres meses antes de que Afem presentara su querella, había desvelado cómo los verdaderos propietarios de Capio se ocultan tras cinco sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Este diario entregó al juzgado toda la información mercantil internacional que, en julio de 2013, obraba en su poder. 

La querella abordaba también cómo dos exconsejeros madrileños de Sanidad que jugaron un papel clave en el proceso privatizador se habían incorporado, tras su cese como cargos públicos, a empresas beneficiarias de la “externalización”.

El primero de ellos es Manuel Lamela, que ganó fama como político por su persecución del equipo de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés –el caso del doctor Montes-, al que acusó en falso de matar a enfermos terminales con sedaciones irregulares. 

Tras el fiasco del Severo Ochoa, Lamela cesó como consejero de Sanidad y, entre junio de 2007 y el mismo mes de 2008, asumió la cartera madrileña de Transportes. Artífice del proceso privatizador iniciado en 2003, Lamela terminó por dejar la política institucional. Y se incorporó a Assignia Infraestructuras. Esa compañía participaba, al menos en junio de 2013, en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, “licitados y adjudicados durante la etapa en la que este era consejero de Sanidad”, dice la querella de AFEM “El propio Lamela –agrega la denuncia- inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja”.

Querella también contra Güemes

Ese hospital, en régimen de gestión mixto –los servicios médicos se gestionan desde el sector público– era uno de los seis que el Gobierno madrileño pretendía privatizar. Es, por tanto, uno de los afectados por el contencioso que el TSJM dio por liquidado una vez que el actual presidente de Madrid, Ignacio González, renunció a sus planes privatizadores.

El segundo exconsejero contra el que se dirige la querella de los médicos es Juan José Güemes. Consejero de Sanidad entre junio de 2007 y marzo de 2010, Güemes saltó de nuevo a la palestra a comienzos de 2013. Fue entonces cuando se supo que la empresa de la que entonces era consejero, Unilabs, había resultado beneficiada con la gestión de los análisis clínicos de la sanidad pública madrileña. Y había sido Güemes quien, como consejero, privatizó justamente ese servicio. La revelación periodística terminó con su dimisión como miembro del órgano de administración de Unilabs. 

Anunciada ayer lunes por Sacyr, la venta del 49% de la sociedad que explota los servicios no sanitarios dos hospitales públicos madrileños, el de Parla y el de Coslada, ha introducido en escena a un nuevo fondo internacional que agrupa a inversores desconocidos y cuya estructura accionarial arranca en Holanda: exactamente igual que la de Capio –ahora llamada IDC Salud–, la opaca compañía que desarrolla la gestión sanitaria de cuatro hospitales de la red pública madrileña y cuyos verdaderos propietarios se ocultan tras cinco sociedades de las Islas Caimán.

Tras la operación, que ha reportado a la constructora Sacyr 90,2 millones de euros, su nuevo socio es ya el Lloyds Bank European Infrastructure Partners BV (LBEIP BV), una filial del conglomerado que encabeza el banco británico del que toma su nombre y focalizado en las infraestructuras.

Constituido como sociedad limitada (eso significan las siglas BV), el fondo holandés tiene como accionista único, según la nota oficial de Sacyr, a otra filial del Lloyds Bank, el Lloyds Bank European Infrastructure Partners LP, con sede en Reino Unido. Para Sacyr, la operación con Lloyds "se engloba dentro de la estrategia de Sacyr Concesiones de dar entrada en sus concesiones a un socio financiero que maximice la rentabilidad de sus activos y aporte capital para el desarrollo de nuevos proyectos (greenfield), sector en el que ostenta una posición de liderazgo mundial".

Pero los planes del fondo Lloyds para la sanidad madrileña van más allá: la Comisión Europea recibió el 20 de febrero otra solicitud de venta de acciones a LBEIP BV, esta planteada por OHL y FCC-Bankia, que, como Sacyr, explotan en régimen de concesión los servicios no sanitarios de otro hospital público de la comunidad, el de Arganda del Rey. Una información fechada en marzo de 2012 y divulgada por el Foro Institucional del Inversor detallaba que el mayor interés inversor en torno a Lloyds Bank European Infrastructure Partners Limited se había manifestado en "fondos de pensiones europeos". 

La venta de acciones de Hospitales Concesionados SL, la filial a través de la que Sacyr explotaba hasta ahora en solitario los hospitales de Parla y Coslada, no ha sido notificada a la CNMV pero sí a la Comisión Europea, que publicó el 5 de marzo su visto bueno a la operación. En lo que respecta al hospital de Arganda, la Comisión no se ha pronunciado todavía. En los dos casos hay un segundo nexo además de la presencia de Lloyds Bank European Infrastructre Partners BV: tanto OHL como Sacyr están siendo investigadas dentro de la pieza separada del caso Gürtelcaso Gürtel con la que el juez Pablo Ruz busca esclarecer si el PP aceptó donaciones ilegales de personas que luego se vieron beneficiadas con contratos públicos.

Tanto el hospital de Parla como el de Coslada y Arganda pertenecen a la primera hornada de la privatización de hospitales. En su caso, no fue la gestión sanitaria lo que pasó a manos privadas sino la de los servicios adicionales. Bajo el manto del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2011, el Ejecutivo regional adjudicó la construcción de varios hospitales a distintas empresas a cambio de concederles la explotación de distintos servicios por hasta 30 años.

El segundo paso privatizador ya afectó a la gestión sanitaria. Empresas como Capio y Ribera Salud asumieron la dirección de otros hospitales. Pero fue el tercer episodio de lo que parecía un proceso imparable el que dio al traste con los planes del PP madrileño: tras un año largo de protesta sostenidas capitaneadas por la asociación de médicos AFEM en contra de la privatización de seis nuevos hospitales y una vez que el Tribunal Superior de Madrid confirmó la suspensión del proceso, el Gobierno regional anunció que renunciaba al plan. 

La renuncia fue anunciada el 27 de enero. El 7 de febrero la Comisión Europea ya recibió la "notificación conjunta de un proyecto de concentración" para el hospital cuyos servicios gestiona Sacyr. Y dos semanas más tarde, llegó la comunicación del consorcio que lidera OHL.

La batalla que en las últimas semanas se ha vivido en el PP nacional a la hora de influir en la designación del líder del partido en Andalucía, un trofeo con el que se han hecho el candidato Juan Manuel Moreno y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se vive también a pequeña escala en las direcciones regionales del partido. Se trata de mantener el control.

En el PP, y en todo partido político, tener controlados a los territorios es fundamental para lograr apoyos ante un eventual relevo en la cúpula nacional de la organización. En las direcciones regionales es clave por el mismo motivo, pero a nivel autonómico. Francisco Granados, que este viernes solicitará su baja como senador y como diputado en la Asamblea de Madrid, sabe mucho de esto.

Hubo un día en el que la líder del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, tuvo que decantarse por un candidato para sucederla, por un heredero. Y el elegido fue Ignacio González. Este proceso cristalizó entre el verano y el otoño de 2011. Primero apartó a Granados del Gobierno de la Comunidad de Madrid; después, del partido. Y en septiembre de 2012 dejó la Presidencia en manos de González argumentando motivos personales.

Granados se va sin pelear por mantenerse en política después de que El MundoEl Mundo publicase que, al menos hasta finales del pasado año, mantuvo una cuenta en Suiza, pero con fuertes críticas a quienes, a su entender, le pusieron todas las zancadillas posibles como para dejarle políticamente aniquilado. A saber: Aguirre y su delfín.

El hombre que lo fue casi todo en los gobiernos de Aguirre llevaba casi tres años calentando banquillo –“apretando un botón en el Senado”, según definió él mismo en una entrevista reciente–, esperando una oportunidad para volver a la primera línea política. Alejado de Madrid, su objetivo era la política nacional. Pero nunca estuvo lo suficientemente rehabilitado como para que Mariano Rajoy y su entorno le viesen con buenos ojos. Acudía a tertulias en nombre del partido, intentaba no moverse del argumentario en los temas de actualidad e incluso se ausentó de la votación en la Asamblea de Madrid en la que se debatía plantar cara al Gobierno central por su oposición al euro por receta. Nunca fue suficiente.

Hubo un tiempo, en los meses previos al XVI Congreso Nacional del PP, en el que el ahora presidente del Gobierno no mandaba tanto en el PP, de hecho su liderazgo era puesto en duda día sí y día también. En esta estrategia Aguirre tuvo un papel clave auxiliada por Granados y González, que servían de altavoz de sus críticas. El presidente no lo olvida.

Quizá por todos estos antecedentes, y también por lo tibio de su defensa, nadie, ni de la dirección nacional ni de la de regional, ha salido estos días a dar la cara por él.

El perdedor del 'casting'

Cuentan en el PP de Madrid que Aguirre, cuando se presentó a las autonómicas de mayo de 2011, no tenía nada claro si iba a apostar por Granados o por González. Pero que la campaña de las generales de noviembre fue clave para este casting.

Granados, como secretario general, acaparó un protagonismo que no gustó ni a su jefa ni a González. “La gente le conocía por las tertulias de televisión, los militantes le esperaban al término de los mítines, le pedían fotos, autógrafos, esto no gustaba nada a González que no era recibido igual y que, en público, llega menos a la gente”, cuenta un dirigente del partido.

Algo similar sostuvo este jueves Granados en 13TV: "No tuve una pérdida de confianza; ella optó por la persona de su máxima confianza de toda la vida. Yo en ese momento fui un estorbo porque el apoyo de la militancia del PP en Madrid lo tengo yo".

Paralelamente, por aquellas fechas, en el entorno de Aguirre se empezó a extender la idea de que Granados estaba aprovechando su posición en la campaña para acercarse a la dirección nacional del partido. Se decía que convocaba actos en Madrid sin avisar previamente a Aguirre, que trabajada codo a codo con Ana Mato y con Esteban González Pons, por entonces vicesecretarios de Organización y Comunicación, respectivamente. Uno de estos actos de campaña nacional tuvo lugar en Valdemoro, el pueblo madrileño del que fue alcalde y cuya formación local preside desde 1989. Esto, unido a que a la presidenta le llegó el rumor de que Granados la criticaba en privado, le acabó de hundir. 

El 23 de noviembre, sin anuncio previo en el orden del día, Granados fue destituido como secretario general del partido. Era el único cargo de poder que le quedaba en el partido de Aguirre. En junio había perdido las consejerías de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. En este momento se le ofreció la portavocía de la Asamblea. Dijo que no. Aguirre tomó nota pero tardó meses en deshacerse de él. Si en algún momento Granados estuvo más cerca de Rajoy que de Aguirre, la presidenta del PP de Madrid hizo una demostración de que en la regional quien manda es ella.

Las fuentes consultadas subrayan que la batalla nunca terminó ahí. Y que ha seguido coleando. Los aguirristas atribuyen al entorno de Granados algunas informaciones polémicas relacionadas con González, como las del ático de Estepona. Y en el entorno de Granados creen que la filtración sobre su cuenta en Suiza tiene también algo de "guerra sucia".

Quienes conocen a Granados creen que el hecho de que haya decidido tirar la toalla no implica que vaya a permanecer callado. Ahora, libre de las ataduras del escaño, cuentan, tendrá más libertad para opinar sobre su pasado en la Comunidad y en el partido. Pero desde la barrera. Las mismas fuentes aseguran que en el último año ha recibido varias ofertas para volver a la banca de inversión y que pretende dar el salto a la empresa privada.

Para calentar motores, este jueves concedió varias entrevistas en las que no ocultó su distanciamiento con Esperanza Aguirre. Sobre González, prefirió, de momento callar: "Si digo lo que pienso aquí, no me volvéis a invitar a este plató. Yo siempre digo que el mejor candidato es el que gana las elecciones", sentenció en 13TV.

El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, ha presentado una iniciativa en el Congreso en la que reclama que el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, imputado por presunto delito de cohecho y prevaricación por la gestión de las privatizaciones de los hospitales públicos de la región, con el extambién consejero Juan José Güemes, no se ponga al frente de la gestión de los hospitales de Ceuta y Melilla, como así desea el Ministerio de Sanidad.

Por esa razón, el PSOE ha registrado una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que exige que se blinde la sanidad pública en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, rechazando modificaciones en la gestión sanitaria que supongan su externalización o privatización.

Precisamente, la Sanidad está transferida a las comunidades autónomas aunque en el caso de Ceuta y Melilla la gestión depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), encargado de las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial.

En declaraciones a Europa Press Olmos explica que la prestación de servicios sanitarios públicos es un elemento esencial para el bienestar social y la cohesión territorial. En España, según agrega, la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS), con la Ley General de Sanidad de 1986, supuso un hito histórico para la construcción del Estado del bienestar al que aspira el conjunto de la ciudadanía.

A su juicio, la aprobación del decreto de abril de 2012 (el 16/2012), por el que se puso en marcha el copago sanitario, ha supuesto un "paso atrás" y un "cambio unilateral" del sistema sanitario, propiciado por el Gobierno del Partido Popular. "Un cambio que ha supuesto el final del carácter universal de la cobertura sanitaria y la introducción de un conjunto de recortes de derechos en sanidad que comienza a evidenciar un perjuicio claro para los colectivos de pacientes con más necesidades", agrega el parlamentario.

Petición de comparecencia de Ana Mato

Según defiende, el SNS está descentralizado para asegurar el mayor y mejor desarrollo de las actividades en beneficio de las necesidades reales de los ciudadanos en su territorio, una descentralización que, en su opinión, ha sido "fundamental" para los éxitos conseguidos en la sanidad hasta 2011. Por ello recalca que la prestación de unos servicios sanitarios de calidad a los ciudadanos ayuda a conseguir un sentimiento de pertenencia que en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla es aún "más importante". "Recientes informaciones apuntan sobre la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad estaría valorando un eventual cambio en la gestión de los servicios sanitarios de Ceuta y Melilla", valora Olmos.

A partir de estas informaciones, señala que muchos colectivos sociales y sanitarios de ambas ciudades autónomas han expresado su preocupación ante la eventual privatización de la gestión sanitaria en los servicios públicos de sus hospitales y centros de salud. Dada la importancia de los servicios sanitarios como elemento de garantía de protección de la salud de los ciudadanos, así como elemento de cohesión y pertenencia a un proyecto social común, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley para blindar la sanidad pública en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, insiste el diputado.

Precisamente, el PSOE presentó a finales de noviembre en la Cámara baja la petición de comparecencia de la ministra del ramo, Ana Mato, para que explicase por qué ha contratado al exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, para cambiar la gestión los hospitales de Ceuta y Melilla.

El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, admitió a mediados de junio una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en el proceso de privatización de seis hospitales. Además de imputar a los querellados, el juez decidió investigar quién se esconde detrás de Capio, el gigante de la sanidad privatizada en Madrid.

La ampliación de querella del PSM se centra en la rebaja de las garantías solicitadas a las empresas beneficiadas por la privatización. En principio, el Gobierno de Ignacio González pidió a las adjudicatarias que ofreciesen garantías por el importe de 5% del importe del contrato (233 millones en total ya que la adjudicación se eleva a 4.679 millones por un periodo de diez años). Pero cuando sólo faltaban cuatro días para la finalización del plazo de presentación de ofertas, la Consejería de Sanidad publicó una "corrección de errores" mediante la cual se indicaba que la garantía debía ser del 5% del contrato del primer año (28 millones de euros). La resolución fue firmada por Patricia Flores.

"Esta disminución injustificada del importe de la garantía definitiva exigida es arbitraria y contraria a los intereses generales, por cuanto se dejaría sin contenido el objeto de la garantía definitiva que no es otro que garantizar el cobro de los posibles daños derivados de la mala ejecución del contrato", se lee en el escrito del PSM.

La querella del PSM asegura que la rebaja de las garantías, además de ser ilegal por incumplir el art. 95.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, "pone a la Administración en clara situación de riesgo ante un caso de insolvencia empresarial o de imposición de penalidades por incumplimiento contractual".

Además de la vía penal, el PSM también recurrió la rebaja de garantías por la vía contencioso-administrativa y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió el pasado miércoles paralizar cautelarmente el proceso de privatización de los seis hospitales públicos. La Comunidad intentó casi no darse por aludida.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anunció alegaciones "de inmediato", se mostró "seguro" de que el TSJM fallará al final a favor del Gobierno autonómico y defendió la "legalidad" de todo el proceso.

"No sé dónde está la cuestión". Es la respuesta del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ante el hecho de que la empresa para la que trabaja como asesor y miembro del Consejo de Administración el exconsejero Manuel Lamela se haya hecho con la adjudicación de los servicios de limpieza del Hospital de Getafe.

Ya en la tarde de este miércoles, la Consejería de Sanidad también ha salido en defensa de Lamela en un comunicado: "La Consejería de Sanidad quiere subrayar que este contrato lleva externalizado desde 1991, cuando inició su actividad el hospital y cuando gobernaba el PSOE". En el texto difundido, la Consejería ha asegurado que Lamela "no ha realizado ninguna gestión ni con el hospital ni con la Comunidad de Madrid", y que el único criterio para la adjudicación fue "el precio".

Tal y como recoge la Cadena SER, no es la primera ocasión desde la incorporación de Lamela en la que su empresa, el grupo Assignia, o su filial Acister de Servicios, se hacen con contratos de la sanidad privatizada. Assignia ha conseguido contratos en el centro de especialidades y las urgencias de los Ángeles, en el centro de día Calle Galicia y en el Hospital de la Princesa.

Aunque quizá el caso más llamativo sea el del Hospital del Tajo: un centro que el propio Lamela adjudicó e inauguró, y en el que su empresa se ha hecho con los servicios privatizados. El del Tajo es, además, uno de los seis centros que la Comunidad de Madrid quiere privatizar por completo en los próximos meses.

La gestión de lo privatizado

El de Lamela no es el único caso de exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid que participan en empresas privadas del sector después de abandonar su cargo. En el mes de abril, el también exconsejero Juan José Güemes se vio forzado a abandonar su puesto en el Consejo de Administración en Unilabs, una empresa dedicada a la realización de análisis clínicos 

"Creo haber obrado no solo respetando estrictamente la legalidad vigente sino también desde el punto de vista ético y como dicen algunos, estético", indicó entonces Güemes. Güemes que fue quien privatizó la realización de análisis en los seis hospitales en los que la empresa a la que se incorporó tras abandonar la Consejería consiguió encargarse de ese mismo servicio tras adquirir la adjudicataria original del concurso.

Actualmente, tanto Manuel Lamala como Juan José Güemes están imputados por la presunta comisión de ocho delitos en los primeros procesos de externalización, impulsados por Esperanza Aguirre tras llegar al poder en 2003. Este martes, Aguirre salió en defensa de sus dos exconsejeros, y afirmó que se explicarían "de maravilla" ante el juez y que "lo raro es un servicio público llevado por funcionarios".

Son numerosas las ocasiones en las que Izquierda Unida, y singularmente Cayo Lara, ha reclamado al Gobierno del PP que no "intervenga" en las causas judiciales abiertas, sobre todo en aquellas de gran incidencia social. Lo ha reclamado el coordinador en el caso Bárcenas, en el caso Urdangarin... Y este lunes también con el caso de la privatización sanitaria en Madrid. El líder de IU exigió que no haya "injerencias" en este asunto, que el Ejecutivo "no intervenga" para frenar el proceso utilizando a la Fiscalía.

El viernes pasado se conoció que el juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, admitía a trámite la querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) e imputaba a nueve personas por haber lanzado el proceso de privatización sanitaria en la Comunidad a partir de 2003, fecha de la llegada al poder de Esperanza Aguirre. Entre los imputados, dos ex consejeros de Sanidad de Aguirre, Manuel Lamela y Juan José Güemes. Además, el magistrado en su auto cursaba una comisión rogatoria para saber quién está detrás del líder de la gestión externalizada de la sanidad madrileña, Capio (hoy IDC Salud).

"Pido que no haya injerencia por parte del Gobierno", proclamó Lara, recordando a continuación los casos en los que, a su juicio, ha interferido el Ejecutivo, haciendo que la Fiscalía "actúe de parte y contra los jueces que quieren clarificar presuntos hechos delictivos": casos Fabra, Nóos, Gürtel... "Que no intervenga a través de la Fiscalía, que no tome partido por los presuntos delincuentes. Sería el mejor servicio a la Justicia y a la democracia. Me parece que ya es escandaloso lo que hace el Gobierno del PP para trampear el funcionamiento de la Justicia". 

Lara, sin embargo, también envió un recado al PSOE. Y en concreto a Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ayer domingo reiteró desde Albacete que su partido desprivatizará todo lo que el PP haya privatizado cuando llegue al poder. "No tiene ninguna credibilidad lo que diga, porque ayer [en febrero, en el debate del estado de la nación] pidió la dimisión de Mariano Rajoy con la boca pequeña y hoy viene con un pacto de Estado". El coordinador federal afeó a los socialistas que se "negaran" a derogar la ley 15/1997, la norma aprobada por el Gobierno de José María Aznar que abrió la vía de la privatización de centros sanitarios, y que incluso fue en su momento apoyada por el PSOE. 

Ello llevó a Lara a condenar una vez más el "pacto del sidecar", el suscrito por conservadores y socialistas antes del Consejo de Europeo de esta semana. "Se presentan como dos partidos de Estado, en lugar de como dos partidos más preocupados por el estado de sus respectivos partidos, especialmente cada día que salen encuestas que delatan pérdida de confianza de los ciudadanos en Rajoy y Rubalcaba, de manera sistemática y constante". En el debate de mañana en el Congreso, donde se discutirá la proposición no de ley sobre Europa de PSOE y PP, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) defenderá su alternativa, que pivota sobre la vuelta atrás de la reforma del artículo 135 de la Constitución que las dos grandes fuerzas aprobaron en 2011. 

"No va a haber" encuentro con el PSOE

Ayer Rubalcaba hizo en Albacete alusión a la "cantinela" de que PSOE y PP son una y la misma cosa. "No seamos pardillos, esto nos hace más daño al PSOE, pero hay que demostrar que no somos iguales con reuniones como estas, poniendo ideas encima de la mesa y diciendo con orgullo que no somos iguales, somos socialistas", proclamó el jefe socialista. Lara le contestó en la rueda de prensa de hoy: "Valen los hechos, no las palabras". Fue entonces cuando le recordó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del que Rubalcaba era miembro, mantuvo las sicav, aprobó la reforma de las pensiones y otra laboral y comenzó con la "política de recortes y de austeridad" y de "rebaja de los impuestos a las grandes fortunas". "No es extraño que cada vez tenga menos credibilidad en su electorado y en la sociedad española. Rubalcaba tiene un problema muy serio". 

IU quiere seguir marcando distancias. El coordinador confirmó que no ha vuelto a haber "contacto" con el PSOE para que este le explicase su plan de reactivación económica. Así que no se producirá la reunión. "No la va a haber. No estamos en la dinámica del pacto del bipartidismo. Yo creo que quienes está arrastrando a Rubalcaba y al PSOE es el PP con este famoso pacto. No estamos en eso. Vamos a seguir pactando con las fuerzas sociales y sindicales del país". 

Se estrenó infoLibre el pasado 7 de marzo con una investigación sobre los dueños de Capio, el grupo empresarial más beneficiado con la privatización sanitaria. La opacidad con la que funciona sólo había permitido hasta entonces conocer que el entramado de sociedades propietarias de Capio perdía su rastro en Luxemburgo. Sin embargo, aquellas pesquisas desvelaron que los verdaderos accionistas, personas físicas y jurídicas, protegían su identidad a través de sociedades ubicadas en las islas Caimán. Pese a reconocer que el 75% de sus ingresos procede del dinero público, la empresa considera su composición accionarial como "información reservada". Después de la investigación de infoLibre, el Grupo Capio Sanidad ha pasado a denominarse IDC Salud, por exigencias de la multinacional sueca originalmente propietaria del emporio.

La querella criminal

El 29 de mayo, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) presentó una querella criminal en la que acusa a Capio /IDC Salud, entre otras empresas, así como a dos exconsejeros de Sanidad de la comunidad de Madrid, Manuel Lamela y Juan José Güemes, de ocho delitos, entre ellos falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. Todos relacionados con presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de lo que los Gobiernos de Esperanza Aguirre y su delfín y sucesor, Ignacio González, denominan "externalización sanitaria", eufemismo bajo el que se concedieron las primeras licencias para la explotación público-privada de hospitales en la comunidad madrileña. Este viernes, el juez Marcelino Sexmero, titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, ha admitido a trámite la querella de la AFEM. Llama a declarar como imputados, entre otros responsables, a los dos exconsejeros citados. Pero, además, ordena diligencias detalladas para intentar romper la opacidad de ese proceso de privatización. Por ejemplo, solicita al Registro Mercantil de Madrid la certificación de los domicilios de accionistas y socios de Capio, y dirige una Comisión Rogatoria Internacional para conocer la identidad de accionistas, socios, administradores y apoderados que se ocultan bajo las siglas de los fondos supuestamente propietarios de la compañía. 

La decisión judicial pondrá además a examen los datos de facturación de los hospitales privatizados por Aguirre y los de las empresas gestoras, con el fin de aclarar si ese proceso ha supuesto un ahorro o un atraco a las arcas públicas. La llamada "externalización" ha permitido también el uso de esa "puerta giratoria" que facilita salidas profesionales muy bien retribuidas a los mismos políticos que desde su cargo público toman decisiones que benefician a empresas que posteriormente los contratan.

Gasolina a la hoguera

La reacción de la Comunidad de Madrid consiste en echar gasolina a la hoguera. Su actual consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, considera la querella "una maniobra política del PSOE y de su sindicato AFEM". Lleva tiempo lanzando infundios sobre una asociación profesional formada por médicos especialistas que han escotado para pagar tanto a abogados que preparasen esta querella como para ayudar al personal más perjudicado por las huelgas convocadas en defensa de la sanidad pública. Entre esos facultativos hay bastantes que se proclaman votantes del PP, espantados ahora con el desmantelamiento del sistema sanitario. Para Lasquetty, la investigación judicial es un "mero trámite".

La displicencia de Lasquetty responde a esa sensación de absoluta impunidad que ha caracterizado una forma de gobernar y un empeño en deteriorar la gestión pública para alentar negocios privados. El tiempo dirá si el juez se limita a ejecutar "un trámite" o si consigue poner luz sobre la sospechosa oscuridad de la privatización. Es la obligación de los tribunales, como debería ser la de cualquier medio que practique un periodismo independiente. Resulta llamativa la resistencia a citar en las informaciones sobre este asunto a empresas de la sanidad y a sus propietarios.

Los impulsores de la "externalización" venían confiando en que la marea blanca iría difuminándose con el tiempo, por cansancio y por resignación. Este domingo vuelve a las calles, quizás con la esperanza de que algún juez podría demostrar lo que las pancartas vienen denunciando.

Una nueva Marea Blanca, convocada por la Asociación PATU SALUD (Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud), ha regresado este domingo a las calles de distintas ciudades españolas.

En la capital, varios miles de personas han salido a las calles bajo el lema Sí se puede. También se han lanzado papeletas de la consulta popular por la Sanidad con la casilla del sí marcada.

La movilización tiene la intención de “demostrar” que los ciudadanos de España se posicionan contra el desmantelamiento del aparato de sanidad pública. Además, pretende probar el profundo rechazo de la sociedad a las medidas privatizadoras de los gobiernos regionales y a sus políticas de acoso.

Participantes

Varias ciudades, entre las que se encuentran Madrid, Cuenca, Albacete, Murcia, La Rioja, Zaragoza y Gran Canaria, participan en la jornada de protesta. Todas han organizado sus recorridos y actividades de forma individual.En Madrid, PATU SALUD ha convocado una manifestación con recorrido Puerta del Sol-Puerta de Alcalá con el lema Por un millón de razones. No a la privatización de la sanidad pública. La asociación considera que muchos gobiernos autonómicos quieren transformar el sistema sanitario en “un modelo que considera clientes a los usuarios y que mercantiliza las prestaciones sanitarias, trasvasando una parte importante de nuestros impuestos a empresas privadas con ánimo de lucro”.

Derecho a la salud

La intención de PATU SALUD era que cada comunidad participante llevara a cabo su propia acción, manifestación, concentración, encierro o acto de visibilización. Para ello se dio libertad absoluta para que cada comunidad y ciudad pudiera amoldarse a su propia realidad. A pesar de ello, “el fin es común para todos”, afirma la asociación: “Dejarle claro a nuestros gobernantes que exigimos que se mantenga un sistema de gestión pública de nuestra sanidad, que se mantengan y aseguren los estándares de calidad necesarios para que se garantice el derecho a la salud de todos los ciudadanos y por supuesto que la sanidad sea universal y gratuita".

Son múltiples los motivos y razones, de ahí el lema de la jornada, Por un millón de razones, que hace referencia a los satisfactorios resultados obtenidos en la consulta popular en defensa de la sanidad pública que se celebró en Madrid el pasado mes de mayo.

Querella contra los impulsores de la privatización

Esta movilización tiene lugar después de que el Juzgado número 4 de Primera Instancia de Madrid admitiera la querella criminal contra la cúpula de la sanidad madrileña que en 2003 inició un proceso de privatización de los hospitales de la Comunidad. La querella fue presentada por Jorge Deleito García, en representación de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, por "los delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malverasción de caudades públicos", explica la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud.

Los imputados son Manuel Lamela y Juan José Güemes, exconsejeros de Sanidad de Esperanza Aguirre; así como el director general de Hospitales, Antonio Burgueño, y empresas como Capio y Ribera Salud. 

Además, el titular del Juzgado número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, cursa una comisión rogatoria para tirar del hilo de la compleja red societaria de Capio, cuyos dueños se ocultan en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, como desveló infoLibre.

Toda la información al minuto se podrá seguir a través de Twitter con el hashtag #YoVoy23J. 

Lo que quiere el magistrado titular del Juzgado número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, es tirar de un hilo, saber quién está detrás del gigante de la sanidad privatizada en Madrid, Capio (ahora IDCSalud). Porque HC Investments BV controla el 100% de Capio Sanidad Holding SL, la cabecera en España del grupo, de la que cuelgan 12 sociedades. A su vez, HC Investments BV está controlada al 100% por una empresa radicada en Luxemburgo, HC Investments Sàrl. Y si se sigue hacia arriba, se encuentran otras dos compañías instrumentales luxemburguesas. El último cabo de la compleja estructura internacional de Capio se encuentra en las Islas Caimán, conocido paraíso fiscal, tal y como desveló infoLibre el pasado 7 de marzo. Capio nunca ha explicado por qué un grupo empresarial dedicado a un negocio como la gestión privada de la sanidad pública necesita ocultarse en una red de sociedades en su mayoría limitadas que remite, en última instancia, al archipiélago caribeño. 

Se da la circunstancia de que la sede de HC Investments BV está en Holanda, no en Luxemburgo. La que está en Luxemburgo es la citada HC Investments Sàrl, que controla al 100% la primera. Las fuentes consultadas por este diario restan relevancia a este aspecto porque el juez puede emitir un auto de aclaración en los próximos días en el que precise o modifique la redacción de ese punto, el envío de la comisión rogatoria internacional. 

Complementariamente, Sexmero también se dirige al Registro Mercantil de Madrid "para que aporte certificación de los domicios sociales y de los accionistas o socios de las compañías" Capio Sanidad SL, Desarrollos Empresariales Piera SL y Poitiers Develops SL. También reclama a los gerentes de 14 hospitales madrileños –públicos y privados– los datos de la facturación intercentros (las consultas u operaciones de pacientes adscritos a unos centros que sin embargo son derivados a otros). Una cifra clave que la Comunidad jamás ha desgranado y que es capital para conocer por qué, como dice la Consejería, es más barata la gestión externalizada que la pública. 

La resolución judicial supone en fin la investigación, por ocho delitos, de la actuación de Lamela y Güemes, la viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Patricia Flores –antes directora general de Atención Primaria–; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño, y los representantes de la Fundación Jiménez Díaz, Grupo Ribera Salud, Capio Sanidad, Unilabs y Asisa. Nueve imputados en total.

El instructor, Sexmero, fue portavoz de la moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y hace poco más de un mes decidió archivar la causa contra los activistas que promovieron el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con el argumento de que la concentración ante el domicilio de un político "entra en el ámbito de la libertad de expresión". 

PSM: "El Gobierno quiere jugar al 'monopoly' con la sanidad"

El PSM, cuya personación como acción popular admite el juez Sexmero en su auto, celebró que la Justicia decida tirar del hilo de la tupida red societaria que envuelve Capio, una de las grandes beneficiadas de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, de quien recibe el 60% de sus ingresos. "El magistrado ha hecho un trabajo muy profesional, riguroso y sólido", aseguró en declaraciones a este periódico José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea regional. 

Tomás Gómez, el líder del PSM, pidió la paralización inmediata del proceso de externalización de seis hospitales ya en marcha impulsado por el Ejecutivo de Ignacio González: "La decisión judicial confirma las sospechas que ya teníamos de que el proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad madrileña está rodeado de mucho oscurantismo y de muchas irregularidades. Lo que debería hacer un Gobierno sensato es paralizar el proceso. El Gobierno ha querido jugar al monopoly con la sanidad de todos los madrileños y están viéndose las consecuencias". Sexmero rechaza en su auto la medida cautelar de suspensión de todo el proceso privatizador. 

El secretario general subrayó que la conocida este viernes es la primera de una "batería de medidas judiciales" que ha iniciado su partido "de la mano de los ciudadanos" –recursos contencioso administrativos, ante el Tribunal Constitucional– y que seguirán. De hecho, recordó, el miércoles llevará a Bruselas una denuncia ante la Comisión Europea. Asimismo, insistió en que si llega al Gobierno revertirá todas las concesiones, demanda completamente en línea con lo que plantea la dirección federal del PSOE. 

IU y UPyD no han podido impugnar ante el TC la privatización, pero sí han solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente el recurso.

"Maniobra del PSOE y de su sindicato AFEM"

Como Gómez, Rubén Bejarano, portavoz de Sanidad de IU en la Asamblea, reclamó a González que paralice de forma urgente todo el proceso de privatización de los seis hospitales madrileños. La admisión a trámite de la querella de AFEM confirma que la estrategia desplegada por la Comunidad es un "escándalo" que supone un cambio en el modelo de sanidad, que dejará de ser "pública, universal y gratuita", y que rechazan tanto los tres grupos de oposición de la Cámara como profesionales sanitarios, instituciones y ciudadanos. La externalización "sólo va a beneficiar a empresas privadas mientras que los profesionales trabajarán en peores condiciones", remachó en un comunicado. 

La Comunidad de Madrid reaccionó como si nada pasara. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, rebajó el auto de Sexmero a un mero "trámite". Defendió que la licitación se hizo "con arreglo absolutamente a los principios de la ley". "Es una maniobra política más del PSOE y de su sindicato AFEM, que no tiene mayor significado", señaló, displicente. Lo que va a hacer el juez es "examinar las acusaciones que hace el PSOE y su sindicato afín", y "en modo alguno se refiere a ningún tipo de decisión por parte del juez ni nada parecido".