El entorno más cercano de Isabel Díaz Ayuso tiene problemas con la justicia: empezando por su pareja y acabando en su número tres en el PP de Madrid. A esa lista se le ha sumado este viernes su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a Rodríguez —o MAR, como se le conoce en los entornos políticos y periodísticos— para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que estaban trabajando en un artículo sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, la citada pareja de la presidenta madrileña. Desde el entorno del jefe de gabinete de Ayuso señalan a infoLibre que no tienen "nada que decir" sobre esta imputación.

La jueza inicia una causa que hace casi un año rechazó abrir al considerar que los hechos denunciados tenían "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad de los periodistas, un criterio del que discrepó de lleno la Audiencia Provincial de Madrid, que señaló en un auto la pertinencia de "averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado". Además de MAR, un testigo y los dos periodistas perjudicados deberán declarar en esa misma jornada del 6 de mayo. En su providencia, además, la jueza se dirige a la Policía para que identifique a los agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que uno de ellos identificó a los periodistas.

MAR es el estratega clave de la presidenta madrileña, el mismo que difundió que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador —cuando era al revés— y que este fue retirado por "órdenes de arriba", lo que dio lugar al desmentido oficial de la Fiscalía General del Estado que acabó con su máximo responsable condenado. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Otra de las imputaciones afecta a la pareja de la presidenta madrileña y está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón. La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador. En septiembre del pasado año, el juzgado de instrucción número 19 de Madrid dio por finalizada su investigación y abrió juicio oral contra él y sus socios, aunque previsiblemente no se sentarán en el banquillo ante un juez de lo Penal hasta 2027. Tras la condena al fiscal general, ha pedido su absolución porque, según su abogado, "no está afrontando un procedimiento penal justo".

La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros, por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el mayo de 2025. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

La número tres de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, está imputada desde 2022 por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal en un juzgado de Navalcarnero. En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. La exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero.

Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. Durante la instrucción la jueza intentó tomar declaración como testigo al marido de Millán, pero fue imposible localizarle tras varios requerimientos. 

En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada. El Ministerio Público también consideraba que había que tomar declaración al marido, citado para declarar dentro de tres meses, en junio de 2026.

La mano derecha de Ayuso, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano —cuestionado internamente por la gestión del caso de acoso sexual en el PP de Móstoles—, figura de momento como testigo en una causa contra la alcaldesa del PP de Alcalá de Henares por la filtración de un documento policial. En enero de 2024, publicó en sus redes una fotografía de un parte de la policía local para relacionar un delito de agresión sexual con la llegada de migrantes procedentes de Canarias.

La principal hipótesis es que ese pantallazo se lo envió la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. La investigación se centra en Piquet y en cómo llegó a manos del secretario general del partido ese documento que, en teoría, debía ser secreto. Serrano tendrá que declarar en los juzgados de Alcalá de Henares el 15 de abril, aunque su declaración se ha aplazado ya en tres ocasiones.

Una jueza de Madrid ha citado a declarar el 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, como querellado en la causa abierta por revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía.

La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid ha adoptado esta decisión después de que la Audiencia de Madrid le ordenase admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas de El País afectados, según una providencia a la que ha tenido acceso EFE.

La magistrada cita a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", asistido de abogado, el próximo 6 de mayo a partir de las 9:00 horas, el mismo día que declararán varios testigos y los dos periodistas perjudicados.

En su providencia, además, la jueza se dirige a la Policía para que identifique a los agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Uno de ellos, según la denuncia, identificó a los periodistas.

Según la denuncia que ahora debe investigar la magistrada, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

Con las citaciones acordadas, la jueza inicia una causa que hace casi un año rechazó abrir al considerar que los hechos denunciados tenían "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad de los periodistas.

Un criterio del que discrepó de lleno la Audiencia Provincial de Madrid, órgano que examina los recursos contra las decisiones de la jueza y que hace unos días revocó ese archivo de la magistrada y le ordenó investigar los hechos.

"Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos", subrayó la sección quinta de la Audiencia en el auto donde estimaba los recursos del PSOE y de los periodistas.

El tribunal estableció que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos "existió infracción penal", y le instó a practicar las diligencias pertinentes "a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado".

La Audiencia Provincial de Madrid ha instado a una jueza a investigar si Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, pudo incurrir en presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas –sus nombres, apellidos y una foto– que habían sido identificados por un policía, según informa EFE.

La sección quinta de la Audiencia ha ordenado admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario El País afectados, y ha revocado el archivo decretado por la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid hace casi un año. "Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos", subrayan los magistrados en su auto, al que ha tenido acceso EFE este martes. 

El tribunal establece que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos "existió infracción penal", de forma que le insta a practicar las diligencias pertinentes "a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado".

Según la denuncia, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja. El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

La resolución de la Audiencia de Madrid, que estima los recursos de apelación interpuestos por el PSOE y los periodistas afectados contra el archivo inicial de la causa, subraya que la ley establece que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben "guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones".

"Por lo tanto, los datos de los periodistas que un agente de policía recibió en un primer momento tenían un indudable carácter reservado y por ello mismo, se debe investigar si en la divulgación de los mismos existió infracción penal", enfatiza.  

Al estudiar el caso, la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid rechazo abrir una investigación en contra del criterio de la Fiscalía, que sí consideraba que los hechos denunciados "podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos".

La magistrada vio "intrascendente penalmente" la identificación de estos dos periodistas con nombre y apellido, así como su foto, y consideró que tienen "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad o esfera privada de quien ejerce su trabajo, dado que no incorpora "referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales". 

Al analizar el delito de revelación de secretos, que debe ser cometido por autoridad o funcionario público sobre secretos conocidos por razón de su cargo, la jueza afirmó que la "simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales" no puede "estar comprendido en el concepto de 'secreto, dato o información reservada', pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal".

Las furias gallegas se instalaron en 2022 en la séptima planta de la sede del PP en la calle Génova. Mar Sánchez Sierra, Marta Varela y Luis de la Mata escoltaron a Alberto Núñez Feijóo hasta su despacho y desde entonces van y vienen de conjura en conjura. Las meigas de Feijóo hablan, llaman, gritan, presionan, susurran, juran, amenazan, comentan, cantan. Han convertido al pobre Elías Bendodo en un fantasma sefardí que deambula de esquina en esquina, de oprobio en oprobio, descansando su penar en las entrañas leales de esa Andalucía que tan injustamente abandonó, embriagado por los cantos de sirena del Madrid D.F. Hoy es escombro y ruina, mañana será sombra y ceniza.

Se ha desatado la guerra entre Génova y Sol. Gallegos y madrileños siempre han tenido un mal llevar desde que Aznar dejó el gobierno. La casa Romay Beccaría y la casa Aznar viven su particular juego de tronos que hoy cristaliza en las filtraciones que han hecho florecer un caso de abuso sexual y laboral en Móstoles. Fuego cruzado entre chivatas y cainitas. Cuando preguntan a Génova quién filtró el caso a los medios, desde la séptima planta las meigas gritan al unísono que fue Bendodo, ay. La fula va y corre de redacción en redacción y el nombre del sefardita va rulando por los hoteles del todo Madrid. Pobre Elías.

Mientras tanto, Feijóo acude a su propio funeral entrevistado por Manso y Lamet en las páginas dominicales de El Mundo. La comedia se explica sola, pero no está de más destacar que el presidente del PP ha dicho que no habrá acuerdos de gobierno en ninguna comunidad autónoma si él no está conforme. Se le olvida que a Pérez Llorca, en la Generalitat Valenciana, lo nombraron el PP de Alicante y Kiko Méndez Monasterio. Tras la entrevista de Guardiola en Okdiario, los suyos afirman que la presidenta sólo recibe fuego amigo desde Génova. A Mar Sánchez Sierra, que es mujer de mucho mando y arranque, no le gusta el color que está tomando la negociación: “Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa, que es lo que esperan los extremeños", ha dicho Fúnez.

Saetas envenenadas salen disparadas desde las almenas de Génova hacia Extremadura. Fuego graneado en las cercanías de Sol. La artillería pesada de Sol abre boquetes en la paz de Génova. Arcadi Espada desde su columna insinúa que Feijóo debe dimitir. Sangre y puñal. Alberto es mentiroso, zángano, fabulador. Su mano derecha mueve a la prensa por legiones. Anda sacando brillo a la navaja y un día de estos se la van a hacer comer, me dice un manda del PP. De momento, la meiga no hace prisioneros y muerde como loba herida y encantada porque sabe que el drama final de Feijóo está más cerca cada día. O se muere matando o no se muere.  

También sabe la meiga que el visir de Sol no se quedará quieto. Es espía del infierno. El que hizo a Aznar presidente de este país ha empeñado su alma para que Ayuso también lo sea. Va con todo. Casado y Álvaro García Ortíz se hunden a deshora en una oscura tumba sobre la que han quedado grabadas las pisadas de una cabra. El próximo será Feijóo y después vendrá Sánchez. En Madrid, querido y desocupado lector, quieren que  sea el primer presidente en pisar la trena y que Ayuso sea la primera mujer en decorar la Casa Blanca. En este mes de febrero no ha dejado de llover sin misericordia, quizá para que el agua no dejase rastro alguno de tanta sangre. En Madrid, esta semana se ha abierto la tierra, mientras el infierno arde, los diablos rugen y los santos oran para que pronto alguien exclame: “Ha muerto el perro”.

Entrar ahora mismo en algunas redes sociales, llamémoslas X, es como entrar en esos míticos bares de carreteras de las películas llenos de moteros neonazis buscando pelea con cualquiera que entre.

Una pena, ya que muchos hemos disfrutado de grandes momentos compartidos con millones de personas en una comunidad que fue una forma de vivir juntos la información, el humor, la cultura… en fin, la vida. Una vida que de repente pudimos ampliar a todo el planeta gracias a la generosidad global.

Ahora todo eso pasó.

Este mismo artículo acabará en esa red social, llamémosla X, y los insultos serán instantáneos. Yo no los veré, he dejado de alimentar al monstruo, pero no espero menos de una red asocial y con un algoritmo diseñado por y para el odio.

El acoso en redes es tal que ya ha llevado a activistas políticos, artistas o cómicos –un abrazo fuerte desde aquí a Héctor de Miguel y su equipo de Hora Veintipico– a tener que abandonar sus cuentas y/o su actividad ante el acoso y las amenazas organizadas a ellos mismos y sus allegados.

Y todo ello ante la pasividad del Ministerio de Interior de nuestro país.

Pero algo se mueve a nivel mundial ante esta impunidad.

España se ha unido a una ya extensa lista de países, sobre todo en Europa, que se han plantado y se están movilizando para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años por el acoso, el acceso indiscriminado a la pornografía o el impacto sobre su salud mental.

Algunas redes sociales se han convertido en una isla de Epstein virtual donde los depredadores sexuales campan a sus anchas buscando víctimas menores de edad.

Los mayores de 16 años tendremos que marcharnos o conformarnos con una inexistente política europea que no permita que unos cuantos multimillonarios vulneren todos nuestros derechos sin ninguna responsabilidad económica ni penal.

Las reacciones a este intento de regular este Salvaje Oeste en el que se han convertido muchas redes sociales no se han hecho esperar:

Elon Musk, el dueño de X, ha insultado directamente al presidente del Gobierno por atreverse a intentar controlar una red racista, sexista, fascista y todos los adjetivos negativos que os imaginéis acabados en “ista”.

Pavel Dúrov, el oligarca ruso dueño de Telegram –una aplicación donde la delincuencia campa a sus anchas– se ha permitido el lujo de mandar un mensaje a millones de españoles en sus propios móviles aprovechando que tiene sus datos para advertir, ojo a la ironía, que el presidente español va a poner en riesgo nuestra privacidad.

Una mezcla grotesca entre Gran Hermano y los Hermanos Marx:

Gran Hermano Marx.

Pero entiendo que es difícil desengancharse de repente del vicio de las redes sociales. De verdad que lo entiendo, he estado ahí.

Es muy difícil intentar salir de unas redes sociales con un logaritmo maquiavélico hecho para captar y mantener nuestra atención constantemente a costa de lo que sea. Y lo que sea somos nosotros.

Es complicadísimo renunciar a ver lo más chungo de la gente que nos rodea. Entiendo que es como cuando pasamos delante de un accidente de tráfico, es terrible pero no podemos parar de mirarlo.

Yo desde esta humilde columna de opinión propongo un paliativo, un placebo mucho menos dañino para la sociedad.

Aquí va mi propuesta:

Colocar en lugares públicos y sobre todo en los bares una serie de máquinas expendedoras de odio para ayudar a pasar el mono a quienes no puedan, o no quieran, vivir sin su dosis diaria de odio gratuito.

Insertas tu opinión sobre un tema, un chiste, compartes algo personal o simplemente pones una frase cualquiera sin ninguna connotación política y la máquina te responde con esos insultos salvajes que te dedicaban cuando tuiteabas en redes sociales.

Incluso podrías elegir la voz que te insultara para hacer la experiencia más auténtica y personalizada:

Si pidieras igualdad para las mujeres o justicia con un acoso sexual, una voz con los típicos gallos de adolescente INCEL podría llamarte “planchabragas” o “Charo”.

Si pidieras justicia para los 7.291 ancianos muertos sin asistencia médica agonizando entre dolores, alguien con la voz de Ayuso podría llamarte “frustrado” o decirte eso de “me gusta la fruta”.

La voz de Milei podría llamarte “zurdo de mierda” o la de Miguel Ángel Rodríguez lanzarte una frase ininteligible, con la lengua gorda, pero que acabaría con un “p’alante”.

Parafraseando al gran Lichis de La Cabra Mecánica, nos merecemos un mundo y unas redes sociales más amables, más humanas, menos fachas.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, ha estimado el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Socialista Madrileño en la Asamblea contra un acuerdo de la Mesa de la cámara que no admitió a trámite cinco preguntas formuladas por el propio PSOE.

La sentencia, en la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, recoge que la inadmisión de las preguntas no estaba suficientemente motivada. Establece que las cuestiones afectaban al ámbito de la comunidad autónoma y no estaban desvinculadas de la competencia o gestión del Consejo de Gobierno.

Por todo ello, la sentencia aclara que la inadmisión de las preguntas supone una limitación no justificada del derecho de la recurrente a formular preguntas al Consejo de Gobierno.

Las cuestiones presentadas por el Grupo Socialista preguntaban la valoración del gobierno autonómica del cumplimiento del código ético por parte de altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y, en concreto, del jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez.

La Mesa de la Asamblea las inadmitió con la base de que el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso no forma parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La vida, para bien o para mal, se abre camino. También en la periferia muda, también en aquellas comunidades convertidas en geografía experimental, laboratorio de sentimientos y de ideas, antes que palancas de cambio en las políticas del Madrid D.F. Muy al contrario, el devenir político de estos territorios depende, aparentemente, del epicentro del Estado. Conviene prestar atención, pues, a algunas de esas comunidades; conviene no perder la pista del laboratorio Murcia, del limbo cántabro o de esa nueva Zona Oscura que se abrió hace un año en la Comunidad Valenciana, tras el desastre de la Dana.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha hecho esta Navidad una llamada a la unión y a la estabilidad institucional. Una región dividida no avanza, dijo durante su discurso. Lo hizo desde el Hospital de Valdecilla. Su gobierno no ha conseguido aprobar los próximos presupuestos. El PRC, su único respaldo en la investidura, ha decidido no estar ahí. Curiosamente, a diferencia de otras comunidades gobernadas por el PP, este hecho no ha derivado en un anticipo electoral por parte de Sáenz de Buruaga, mujer cercana al entorno de José María Aznar. Sólo sucederá si PSOE, PRC y Vox bloquean el parlamento en lo que resta de legislatura. No es un dato menor. Cantabria nos habla de una estrategia política diferente a la marcada por Alberto Núñez Feijóo. La periferia muda se expresa inmune a las turbulencias y, sobre todo, a la ansiedad.

Hay periferias mudas y otras que van enmudeciendo, o sea, que se están políticamente vaciando en beneficio de un modelo centralista, consolidado a este lado del Ebro. El radar detecta la Zona Oscura en la Comunidad Valenciana. Solo Catalunya y el País Vasco condicionan políticas en el Estado. Son la excepción. No es el caso valenciano, donde el socialismo se ha desdibujado (Diana Morant no tira); y donde el PP, antaño fuerza hegemónica en Valencia, se ha traicionado a sí mismo asumiendo los postulados de Vox para sostener los presupuestos de la Generalitat Valenciana. A la espera de que Mónica Oltra dé el paso, parece que Santiago Abascal tiene la llave de la política valenciana y de otras cuatro comunidades autónomas más.

La caída de Pablo Casado comenzó en los comicios de Castilla y León de 2022 y la de Alberto Núñez Feijóo puede iniciarse con otros comicios allí. Todo dependerá del resultado. El momento antipolítico que confronta al Gobierno y al Poder Judicial forma parte de una estrategia dentro del PP nacional, pero es relevante señalar que esa estrategia sólo se reduce a contexto para el PP de Miguel Ángel Rodríguez: algunos quieren que Pedro Sánchez sea el primer presidente que entre en la cárcel y que Isabel Díaz Ayuso sea la primera presidenta en entrar en La Moncloa.

Suenan rondallas en Galicia y plegarias en la Puerta del Sol. España no te la terminas nunca. Su guerra cultural siempre te da un capítulo nuevo donde los héroes de la España plurinacional y los villanos de la España radial se disputan el relato. Sánchez Arévalo estrena esta semana su última película, Rondallas, que es síntesis de la diversidad y riqueza de la plurinacionalidad de este país y del esfuerzo colectivo, al estilo de las comedias de la Ealing renovadas por el paso del tiempo. El cine británico de los noventa nos trajo otras cintas que hablaban de comunidad, aspiraciones, resiliencia como Tocando al viento, y otras de rebeldía punk y resignación como Trainspotting.  Esta semana se bailan rondallas pero también se han escuchado oraciones contra la generación boomer, merced al último libro de la ensayista Analía Plaza. También se han declamado oraciones contra los juzgados de violencia de género, gracias a Soto Ivars. Finalmente, se han escuchado los villancicos del grupo Hakuna.  

Desde la Puerta del Sol, las plegarias de estas navidades han sonado a villancico por los jóvenes que viven peor que sus padres, a espiritual por los hombres que han sufrido una denuncia falsa, y a gospel por todos los cristianos. La Puerta del Sol acoge a los adventistas, a los presbiterianos, a los católicos y a todos aquellos que afianzan el factor autoritario. Guerra intergeneracional contra los pensionistas que se entregan a “la vida cañón”, guerra contra la ley del “sólo sí es sí” y música religiosa que realce el momento espiritual de una patria entregada a Dios. Todos estos cánticos son el reflejo del momento antipolítico que se vive en el país. El PP madrileño disputa el voto a Vox en las casas de apuestas, en los juzgados de violencia de género y, si hace falta, en la morada de Dios, donde rezan el culto multitud de latinoamericanos. Ayuso es una virgen atea y trata de parecer inmune a Vox.

Miguel Ángel Rodríguez ha vuelto a ocupar espacio en la actualidad política y judicial en los últimos meses por su comparecencia ante el Tribunal Supremo como testigo en el procedimiento que ha culminado con la inhabilitación del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En su declaración, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña reconoció haber difundido entre periodistas que la Fiscalía había retirado un pacto con la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por supuestas “órdenes de arriba”, una versión que atribuyó a una “deducción lógica” y para la que admitió no tener pruebas.

Ese episodio ha concentrado buena parte de la atención mediática reciente sobre el principal asesor de la presidenta madrileña. Sin embargo, en paralelo, la actualización de los datos del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid ha permitido ampliar un asunto menos mediático: la de sus gastos públicos en comidas y cenas de trabajo.

Con la publicación de los gastos correspondientes al tercer trimestre de 2025, el registro de gastos protocolarios y de representación de la Comunidad de Madrid permite reconstruir el gasto completo de Miguel Ángel Rodríguez durante cuatro años en comidas institucionales desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2025.

En ese periodo de cuatro años, Rodríguez ha cargado 53.122 euros en comidas y cenas de trabajo, siempre bajo el concepto de comidas institucionales. El registro incluye 360 entradas, lo que equivale a una media de 90 comidas al año. El gasto agregado se traduce en una media mensual de 1.106 euros, calculada sobre los 48 meses naturales que abarca la serie completa. El importe medio por comida o cena asciende a 147 euros, según el detalle de los tickets registrados.

El análisis por años muestra además diferencias relevantes en la intensidad del gasto. Los primeros datos de la serie, los últimos tres meses de 2021 arrojan una media mensual de de 858 euros. En 2022, el gasto medio sube hasta 1.083 euros al mes, mientras que en 2023 se situó en 951 euros mensuales. En 2024, la media volvió a superar el umbral de los 1.000 euros, con 1.126 euros al mes. En 2025, con datos aún incompletos (de enero a septiembre), la media mensual asciende ya a 1.401 euros, la cifra más alta de toda la serie. A falta del último trimestre, el gasto de este año apunta a convertirse en el más elevado del periodo. 

La Comunidad de Madrid publica de forma desagregada los gastos protocolarios de sus altos cargos, incluyendo fecha, concepto e importe. Sin embargo, como courre con la publicidad institucional, no todas las comunidades autónomas ofrecen este nivel de detalle, lo que impide establecer comparaciones homogéneas con otros gobiernos regionales.

Además de los gastos en comidas institucionales, el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid fija el sueldo de Miguel Ángel Rodríguez en 100.989 euros al año, según la información actualmente disponible. Esa cifra supone un aumento respecto a una versión anterior del mismo portal, archivada en julio, en la que su retribución anual era de 96.210 euros anuales. El salario del jefe de gabinete se sitúa así en niveles próximos al de la presidenta madrileña y por encima del sueldo del Presidente del Gobierno.

El nombre de Rodríguez ha cobrado especial protagonismo en los últimos meses por su papel en el origen del bulo sobre la supuesta retirada de un pacto entre la Fiscalía y la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Ante el Supremo, el jefe de gabinete reconoció haber difundido entre periodistas que la Fiscalía había recibido “órdenes de arriba” para frenar ese acuerdo, pese a disponer de mensajes que indicaban que las negociaciones seguían abiertas. Según explicó, esa afirmación no se basaba en ninguna fuente ni prueba concreta. Ese episodio derivó en un desmentido oficial de la Fiscalía y forma parte del contexto de la condena al fiscal general del Estado por la filtración de correos relacionados con el caso, un procedimiento en el que Rodríguez ha sido uno de los testigos clave.

Y no pasa nada. Ni una pequeña colleja de los firmantes, nada de nada. Al Supremo le debe parecer de perlas que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid acuse en falso al fiscal general de cometer un delito inventado. Acusar en falso es atribuir a otra persona la comisión de un hecho que de ser cierto constituye un delito, y es una cosa tan fea que está tipificada en el Código Penal. 

Es lo que se desprende tras la publicación de la sentencia el martes pasado en la que se argumenta la condena a Álvaro García Ortiz, y en la que se pasa de puntillas por el hecho de que todo el lío gordo que se ha montado tiene su origen en que Miguel Ángel Rodríguez (MÁR) injurió también al fiscal general del Estado. Una injuria consiste en desacreditar a alguien afectando así su reputación y su honor. Otro delito bien claro según el Código Penal. ¿No es esto lo que ha hecho MÁR al acusar al fiscal general de dar órdenes que no dio? 

Ah, no, qué va. Vamos a dejarlo en que ha soltado una trola, porque mentir sí que se puede, pero una cosa es un embuste y otra injuriar y acusar en falso. Dado que tanto el Supremo en su sentencia como la UCO en su declaración hicieron suyas las tesis de Rodríguez, es mejor dar por hecho que no pasa de ser una patraña inocua. Con lo que le gusta al Supremo conjeturar, especulemos con que no tenía intención de montarla, solo se trataba de echar un cable a la jefa. Claro que esa pueril falacia se ha llevado por delante la presunción de inocencia. 

“Lo más preocupante es que los magistrados han hecho tabla rasa de lo que el propio Supremo ha venido construyendo en los últimos 40 años, que es la presunción de inocencia. Lo que supone desandar el camino andado en el sistema de garantías. Uno de los párrafos más patéticos es el que dice que si el Fiscal no hubiera vaciado su móvil hubiera podido demostrar su inocencia. Lamentable, esto siempre ha sido al revés. Es la acusación quien tiene que demostrar la culpabilidad con pruebas. Estamos volviendo a tiempos oscuros, a una policía cada vez más escorada y a unos jueces serviles”, dice un magistrado veterano. Recuerda que cuando aprobó las oposiciones en los últimos tiempos del franquismo, sus compañeros recitaban entre carcajadas un axioma que al parecer iba más en serio que en broma: al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente la legislación vigente. 

Medio país se ha quedado con una imagen prevaricadora de la Justicia –gracias a la invención de una mentira– que no será fácil de cambiar. “Conociendo a los firmantes, Marchena, Berdugo y Palacios, no me sorprende, pero ha habido dos que me han dejado descorazonado. Antonio del Moral, que es del Opus Dei, pensaba que era un tío decente, que además va en contra de sus propias sentencias en las que insiste en la presunción de inocencia, y a Martínez Arrieta también le tenía por un juez competente pero se ve que tenía que devolver el favor a la derecha”, reflexiona un magistrado. 

La sentencia nos deja también al ‘entorno’ como sujeto del crimen, cuando concluye que el fiscal general o alguien de su entorno filtró el correo. Oye, ¿quién ha sido? Habrá sido el entorno. Como chiste tiene un pase pero como sentencia condenatoria es preocupante. No se ha querido investigar en ningún momento de la instrucción al ‘entorno’ porque habría quedado probado que había demasiada gente con acceso a esa información y hubiera perdido fuerza la única tesis que se manejaba desde el principio, que era la de la culpabilidad del fiscal general. Así que al Supremo no le queda otra alternativa razonable, después de declarar seis periodistas que García Ortiz no había sido el filtrador, que suponer que, si no ha sido él, habrá sido alguien de su entorno. Que la verdad no te arruine una bonita sentencia. 

Un caso que comenzó con la comisión de dos presuntos delitos, uno de fraude fiscal y otro de falsedad documental, por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha derivado en una condena de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por "revelación de datos reservados". Un fallo que se anunció este jueves, solo una semana después de que el juicio terminara, pero cuya sentencia todavía no está escrita. A falta de conocer los argumentos de los cinco magistrados conservadores que han considerado culpable a García Ortiz de esa "revelación" —sin investigar ninguna otra posible fuente—, y pese a que el magistrado de la Sala de Apelación, también conservador, advirtió de que no existía un solo indicio que apuntara al fiscal general, al igual que las dos magistradas progresistas, se ha acabando imponiendo el relato de González Amador.

Ayuso ha ganado la partida, aunque ella lo niegue. "Se ha pretendido vender que lo que aquí sucede es un choque de trenes, de iguales, donde debe haber ganadores y perdedores de relatos (...). Aquí no gana nadie, todos perdemos. Porque todo se rompe", dijo este viernes en una declaración institucional desde la Puerta del Sol. A tenor del fallo, los testimonios de periodistas que negaron que el fiscal general hubiera sido su fuente y desmontaron el informe de la Guardia Civil han dado igual. También el hecho de que el correo electrónico pasara por múltiples manos. Sin embargo, la que ha quedado sin castigo es la mentira de Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), el jefe de gabinete de Ayuso, que difundió que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador —cuando era al revés— y que este fue retirado por "órdenes de arriba", lo que dio lugar al desmentido oficial de la Fiscalía que ha acabado con su máximo responsable condenado.

Convertido en el gran estratega de Ayuso, MÁR es el responsable de la hoja de ruta trazada para intentar tapar las mentiras de la presidenta madrileña sobre los negocios y los delitos de su novio. En su declaración como testigo ante el Supremo volvió a difundir la teoría de la conspiración que, según él, se activó desde que se conoció que la pareja de la presidenta madrileña había sido denunciado por dos delitos fiscales el 12 de marzo de 2024. Rodríguez aseguró que instituciones como el Gobierno, Hacienda y Fiscalía formaron una suerte de conspiración contra su jefa con el objetivo de acabar políticamente con ella.

La operación política montada por el principal asesor de Ayuso ha culminado con un éxito incluso mayor del que pensaban sus promotores. Aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el fiscal general iba a ir "pa'lante", tal y como avanzó hace meses. Es el lema popularizado por la mano derecha de la presidenta madrileña y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre García Ortiz. Después de que la UCO apreciara una "participación preeminente del fiscal general del Estado" en la filtración, MÁR escribió tres publicaciones en X con apenas minutos de diferencia congratulándose de ello e incluso llegó a afirmar que el fiscal general acabaría en la cárcel.

La de presentarse como una víctima ha sido la estrategia de Ayuso desde que se conoció el fraude de 350.000 euros reconocido por el propio abogado de su pareja. Después de que se publicara la noticia, la presidenta madrileña afirmó que su pareja sufría “una inspección salvaje y sacada de quicio” y negó los delitos, afirmando que era Hacienda la que le debía dinero a él. Un mensaje que volvió a repetir este viernes al presentarse como la damnificada de una "campaña orquestada por Moncloa" con el objetivo de acabar con ella "por vías ilegítimas" a través de su pareja. Ayuso volvió a repetir que su pareja es un "ciudadano particular" que "nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid salvo el ánimo de acabar por vías ilegítimas con quien la preside". Pero lo cierto es que la presidenta madrileña y González Amador viven en un piso que él compró en 2022 tras el fraude fiscal. Y que González Amador figura en la agenda de MÁR como "Alberto Quirón" por sus negocios con la principal contratista sanitaria de la Comunidad que gobierna su pareja.

En la visión alternativa de la realidad que describió, no era su pareja quien había defraudado más de 300.000 euros a la Agencia Tributaria, sino que a González Amador –que había confesado ante la Inspección el fraude, había intentado subsanarlo ingresando el dinero y había reconocido que las facturas que presentó durante ese proceso eran falsas–, sus declaraciones tributarias le salían "a devolver". Mentiras difundidas y amplificadas también a través del ecosistema mediático de la derecha, al que la Comunidad de Madrid riega desde hace años con subvenciones y ayudas discrecionales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también dijo que el 20-N de 2025 "pasará a ser un día histórico para la democracia" porque "un ciudadano particular" obtuvo la "protección y la tutela" del Tribunal Supremo y anticipó movimientos por parte del presidente del Gobierno. "No sabemos qué escenario está preparando ahora Pedro Sánchez pero nos tememos algo desquiciado, es su modus operandi", señaló. Y añadió: "Es experto en apagar incendios con más gasolina. Para tenernos despistados, entretenidos", dijo. Una estrategia en la que ella, precisamente, es experta, como demuestra este caso.

La condena al fiscal general demuestra, a ojos de la izquierda, que la presidenta madrileña es "intocable". Y lo cierto es que la hemeroteca confirma que los pulsos que ha librado Ayuso en su carrera política se han saldado con derrotas de sus rivales, incluso dentro de su propio partido. Es lo que sucedió en febrero de 2022, cuando otro bulo puesto en circulación por MÁR acabó con la carrera política del entonces líder del PP, Pablo Casado, que fue quien había elegido a Ayuso para el cargo solo tres años antes. El asesor de Ayuso sabía que Génova disponía de informaciones comprometedoras sobre el hermano de la presidenta madrileña, por lo que Rodríguez filtró a algunos medios que Casado estaba liderando un supuesto espionaje a la baronesa del PP en Madrid.

Casado intentó resistir los primeros días y afirmó en los micrófonos de la Cope: “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas". Esa declaración provocó su defenestración por parte de los barones del PP, que comandados por Alberto Núñez Feijóo, retiraron su apoyo al entonces presidente. El líder del PP tuvo que dar un paso al lado mientras que Ayuso permaneció en su puesto y consiguió también hacerse con las riendas del PP madrileño, que entonces Casado le negaba.

La baronesa del PP es también responsable de la caída no solo de su exvicepresidente, Ignacio Aguado, sino del inicio del fin de Ciudadanos después de decidir disolver el Gobierno en 2021 con el argumento de que Cs y el PSOE preparaban una moción de censura para desalojarla del poder. La presidenta madrileña nunca le perdonó a Aguado que apoyara una comisión de investigación que afectaba a la familia de Ayuso en el caso Avalmadrid, destapado por infoLibre, y tampoco que se quejara públicamente del nombramiento de Miguel Ángel Rodríguez como jefe de gabinete de Ayuso, que volvió a la primera línea política en enero de 2020.

Ayuso también venció en las urnas a Pablo Iglesias, que dimitió como vicepresidente de España para intentar derrotar a la presidenta."Hemos fracasado. La participación masiva, lejos de conseguir lo que buscábamos, ha consolidado a la derecha trumpista y a la ultraderecha. Hemos constatado un incremento de la agresividad sin precedentes, una normalización de discursos fascistas en los medios de comunicación, amenazas de muerte, deshumanización... Tengo la conciencia absoluta de haberme convertido en un chivo expiatorio que moviliza los afectos más oscuros y más contrarios a la democracia", dijo en su discurso de despedida la noche electoral. La dirigente del PP también ha salido indemne de la investigación abierta por las muertes en las residencias durante la pandemia.

Lo que sabemos: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz por “revelación de datos reservados” a una “inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por el tiempo de dos años”, a una multa de 7.200 euros y a pagar una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Ayuso y defraudador confeso a través de su abogado, por “daños morales” (ver aquí). Tendrá el fiscal general que pagar incluso las costas de la defensa de González Amador, un señor que tiene pendiente ser juzgado por dos delitos fiscales, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. 

Sabemos que la designada como ponente de la sentencia de este disparatado juicio acorde con una surrealista instrucción realizada por Ángel Hurtado –el juez que no vio el menor indicio de que M.Rajoy fuera Mariano Rajoy en el caso Gürtel– es relevada en la redacción de la sentencia porque ella, Susana Polo, considera que García Ortiz es inocente, lo mismo que opina la magistrada Ana Ferrer. Ambas presentarán un voto particular discrepante que promete sonrojar la argumentación jurídica de los otros cinco magistrados. Y será el presidente de la sala, Andrés Martínez Arrieta, quien se convierta en nuevo ponente.

Sabemos también que la pareja de Ayuso, presunto delincuente que proclama que el fiscal general le ha “destrozado la vida”, anda celebrando con Miguel Ángel Rodríguez, alias MÁR, jefe de gabinete de la presidenta madrileña a quien todos pagamos un sueldo para –como él mismo ha confesado– dedicarse a lanzar bulos capaces de destrozar la vida (y la hacienda personal) de todo un fiscal general. Brindarán por su éxito procesal, que además le puede servir para provocar la nulidad de su presunto (y palmario) fraude fiscal, producto de comisiones millonarias con las mascarillas durante el covid y gracias a sus chanchullos con el grupo sanitario Quirón, principal beneficiario del grifo de recursos públicos que Ayuso abre a su antojo hacia el negocio privado (ver aquí). Hoy, la pareja podrá seguir durmiendo a pierna suelta en un ático de lujo en Chamberí pagado –siempre presuntamente– con dinero ocultado al fisco y por tanto robado (de nuevo presuntamente) a la caja común de todas y todos los madrileños.

De igual modo sabemos que durante las seis jornadas del juicio oral ha quedado claro, hasta para el más tonto de los legos, que no ha aparecido una sola prueba de que el fiscal general filtrara el tan manoseado correo del abogado del novio de Ayuso en el que este confesaba dos delitos fiscales y mostraba su disposición a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para evitar la cárcel. Al contrario: hemos escuchado los testimonios de al menos cuatro periodistas de otros tantos medios que manifestaron haber conocido ese correo horas o días antes de que le llegara al fiscal general. Incluso tres han afirmado expresamente que no fue García Ortiz quien se lo filtró. Lo han hecho como testigos obligados a decir verdad o a asumir las consecuencias (no como un Mazón cualquiera que se permite mentir una y mil veces ante cualquier instancia).

Lo que no sabemos aún exactamente es por qué estos cinco magistrados (nombres y apellidos: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela) de una Sala que lleva ya unos cuantos años inspirada mayoritariamente por ese cerebro incomparable de la ciencia jurídica llamado Manuel Marchena (aquel que el PP esperaba nombrar presidente del Supremo y del Poder Judicial para controlar precisamente la Sala Penal “desde detrás” –ver aquí–) deciden ejecutar al fiscal general y anunciarlo precisamente el 20-N (¡qué enorme sensibilidad democrática!). Ya no está claro que la percha de la condena sea la filtración de ese correo. Porque el lenguaje no es inocente, ni en la política, ni en el periodismo ni mucho menos en la justicia. El fallo ya no cita la “revelación de secretos” sino que habla de “revelación de datos reservados”. No puede ser gratuito. No se han atrevido a decretar prisión, así que se inclinan por arropar una condena de inhabilitación y multa.

Cabe deducir que vuelve a otorgarse un peso “delictivo” a aquella nota informativa que salió de la Fiscalía General y cuyo contenido ha sido asumido desde el minuto uno por García Ortiz, puesto que tenía el sentido único de desmentir el bulo lanzado desde la propia presidencia de la Comunidad de Madrid, que –no dejemos que nos despisten– intentó colarnos la especie de que todo era al revés de como era: “Es Hacienda quien debe 600.000 euros” a este “particular” (ver aquí).

El propio Estatuto de la Fiscalía (artículo 4.5) exige que se facilite a la opinión pública la información de acontecimientos de interés general de su ámbito, con transparencia y veracidad. Esa nota informativa fue el motivo por el que el Tribunal Superior de Madrid elevó el asunto al Supremo, y resulta que fue esta Sala Segunda –y en concreto el propio Manuel Marchena, entre otros– quien dictó el auto que rechazaba la existencia de indicios delictivos en la misma (“se desprende que, aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos”) y, eso sí, ordenó investigar directamente al fiscal general por presunta revelación de secretos. No a cualquiera de las decenas o incluso centenares de fiscales, abogados del Estado o funcionarios de distintas instancias que tuvieron acceso al maldito correo, sino al fiscal general en persona.

Manuel Marchena ha demostrado sobradamente una capacidad creativa en su interpretación del derecho que debería dar para unas cuantas tesis doctorales. Del mismo modo que después de presidir el tribunal que condenó por sedición a los independentistas del procés –algunos con penas más altas que las que tuvieron los protagonistas del 23-F– tuvo la ocurrencia de interpretar el delito de malversación de forma que pudiera bloquear la aplicación de la ley de amnistía decidida por el Parlamento, no podemos descartar que la nota informativa pase de considerarse irrelevante y lícita a convertirse en la base de la ejecución del fiscal general. Que el mismo magistrado que puso en marcha el proceso contra García Ortiz haya formado parte (esencial) del tribunal juzgador sin que nadie haya movido una ceja (ni siquiera el propio acusado, por temor a que además se le tachara de incurrir en una falta de respeto a la Sala), es un enigma que algún día debería aclarar –si es que puede y se atreve a hablar alguna vez ante los medios– la presidenta del Poder Judicial y del Supremo, Isabel Perelló, digna de otras labores menos entregadas a una falsa equidistancia.

Y lo que sí sabemos, con casi absoluta seguridad, es que se engañan Feijóo, Ayuso, MÁR, González Amador o el propio Marchena si se consideran triunfadores por haber liquidado al fiscal general. Algún día este proceso se estudiará como un atropello constante a la presunción de inocencia, pero también como el pisoteo del “derecho a una información veraz” establecido en la Constitución, artículo 20.1.D. Pierde el (ya escaso) crédito de la justicia, pierde el prestigio del más alto tribunal penal de nuestra democracia… perdemos todos. Si Feijóo cree que “García Ortiz ha sido un peón del Ejecutivo…”, habrá quien con todos los sólidos indicios acumulados pueda dudar si hay magistrados del Supremo que responden al antidemocrático llamamiento a “quien pueda hacer, que haga” soberbiamente repetido por Aznar. Desde el Supremo se ha dado un golpe (y no blando) en la mesa: no podemos nombrar al fiscal general, pero sí cesarlo. Y un aviso a navegantes: si se puede ejecutar a todo un fiscal general, ¿qué creen que puede pasar con el hermano o la pareja del presidente del Gobierno? Por algo el propio Aznar, y Feijóo, y Tellado… vienen anunciando el destino de Sánchez hacia el banquillo o más allá.

Llevamos mucho tiempo advirtiendo desde este mismo Buzón que lo que está ocurriendo en algunos sectores (decisivos) de la cúpula judicial es lo más grave en términos democráticos que hemos vivido desde la crisis de 2017. Precisamente a raíz de la crisis constitucional provocada por el independentismo unilateralista catalán, hay estamentos decididos a “salvar España”, como sea, el que pueda hacer que haga. Un falso patriotismo que inclina la balanza de la justicia hacia un solo lado, el que satisface a quienes vienen exigiendo la dimisión del Gobierno legítimo y la “inmediata” (desde 2018) convocatoria de elecciones generales. 

Leeremos atentamente la sentencia, y también los votos particulares, que forman parte del acervo jurídico y que a veces sirven para desnudar al completo intereses ajenos a la estricta aplicación de la ley. 

P.D. Una vez más se demuestra que uno es excesivamente ingenuo en la confianza hacia los principales actores del sistema democrático. Pensé (sin ninguna certeza, es verdad) que esta vez era imposible condenar a un presunto inocente sin pruebas sólidas y con testimonios contrarios a la acusación, y que asistiríamos a una absolución con recursos creativos que señalaran ese “borrado” del dispositivo móvil realizado por el fiscal general. Una decisión que regalara titulares de “inocente pero culpable” (ver aquí). No ha sido así. Sin pudor y sin complejos. Así que uno se atreve a proclamar honestamente: “culpable… pero inocente”.

Uno de los hechos que han quedado acreditados en el juicio contra el fiscal general es que Alberto González Amador participó personalmente en la información de El Mundo que relató por primera vez –de forma descontextualizada– la existencia de negociaciones entre el novio de Ayuso y la Fiscalía para confesar sus delitos a cambio de una reducción de pena que no implicara su ingreso en prisión. Ese dato, confirmado en instrucción y a lo largo del juicio tanto por las declaraciones del propio Amador, como por la de la mano derecha de Ayuso y principal muñidor mediático, Miguel Ángel Rodríguez, ha jugado muy en contra en la última jornada del juicio. Tanto la teniente fiscal del Tribunal Supremo como uno de los abogados del Estado que defiende a Álvaro García Ortiz han destacado ese hecho en sus alegatos finales a favor de la absolución del jefe del Ministerio Público.

En la última jornada del juicio, ambas instituciones, Ministerio Fiscal y Servicio Jurídico del Estado, han recordado en sus intervenciones que, tras las seis jornadas de juicio y varios meses de instrucción en el Supremo, sigue sin constar en el procedimiento una sola prueba de que el fiscal general del Estado filtrara el correo en el que, el 2 de febrero de 2024, su abogado, Carlos Neira, reconocía que "ciertamente" había cometido dos delitos fiscales. "No hay ninguna prueba de que el fiscal general filtrara el correo; no hay ningún indicio de que llegase a los periodistas porque así lo ordenara", ha asegurado en su informe el abogado del Estado José Ignacio Ocio. Previamente, la número dos de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde, había afirmado sobre el informe de la UCO en el que las acusaciones basan en gran parte su tesis de que García Ortiz fue el filtrador que: "De ese informe no se desprende una sola prueba".

Durante sus intervenciones, ambos han prestado especial atención a la información de El Mundo titulada La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso, la que reveló por primera vez –en "exclusiva", como relató su autor, Esteban Urreiztieta– la existencia de unas negociaciones de conformidad de Amador con la Fiscalía que implicaban, necesariamente, la confesión de los delitos. En su elaboración participó el propio González Amador como fuente, según relató él mismo en su declaración en la segunda jornada del juicio. El novio de Ayuso admitió que se había entrevistado con Urreiztieta por indicación de MÁR la mañana del 13 de marzo. En la noticia se dieron también por vez primera pasajes textuales de uno de los correos intercambiados por el abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira, con el fiscal del caso, Julián Salto en el que se negociaba el pacto.

Amador también reconoció en su declaración que autorizó a MÁR a distribuir ese correo publicado inicialmente por El Mundo a las 21:29 del 13 de marzo de 2024 en dos chats de WhatsApp con 50 periodistas cada uno con los que se comunica. También lo reconoció la mano derecha de Ayuso. El principal asesor de la presidenta lo usó para ampliar la información incorrecta que había dado el diario –no era la Fiscalía la que ofrecía ningún pacto, sino que, como en todas las conformidades, había sido el investigado el que confesaba sus delitos a cambio de una rebaja de pena– y darle una nueva dimensión convirtiéndola en un infundio disparatado: que la Fiscalía no solo había propuesto un pacto para que Amador confesara, sino que lo había retirado y lo había hecho "por órdenes de arriba". En realidad había sido Amador el que ofreció un pacto al que el Ministerio Público y sus abogados estuvieron abiertos a sellar hasta varios meses después de que iniciara el caso que ha terminado con el fiscal general en el banquillo. Nadie "de arriba" dio nunca ninguna orden de retirar nada, como confirmó el nuevo fiscal del caso, David Lucas, en su declaración, en la que confirmó que cuatro meses después, las negociaciones continuaban.

La teniente fiscal ha recordado que la noticia de El Mundo contiene "párrafos enteros" de la propuesta de conformidad que el abogado de Amador remitió al anterior representante del Ministerio Público en su caso, Julián Salto. También corrige errores que se deslizaron en la denuncia que, tras su publicación en eldiario.es el 12 de marzo de 2024, el gabinete de prensa de la Fiscalía distribuyó a todo periodista que se la pidió. Mientras que en este documento hubo una confusión y se hacía referencia a negocios "en Costa Rica", en la información de Urreiztieta, que entrevistó para su elaboración a Amador, se daba el dato era correcto, que esos negocios fueron en realidad en "Costa de Marfil". Amador, además, según ha alegado la número dos de la Fiscalía, mantuvo al corriente de todos los datos relevantes de la inspección tributaria que le habían abierto a MÁR, tal y como el mismo declaró ante el plenario.

González Amador y MÁR, según ha dicho la fiscal Sánchez Conde, "tenían una relación muy fluida e intercambiaban información sobre el caso". La teniente fiscal ha recordado, además, que incluso durante su declaración, el novio de Ayuso difundió "una sombra de sospecha sobre todos los que hemos seguido este proceso" y que mantiene que existe "una persecución política de los fiscales y de los funcionarios de Hacienda contra él". "Durante el proceso ha llegado a acusar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de hacer llegar el correo a políticos de la Comunidad de Madrid", ha dicho en referencia a la oposición del PSOE en la Asamblea de Madrid. La noticia de El Mundo, ha recordado la teniente fiscal, "fue elaborada después de que Amador se reuniera con Urreiztieta".

El correo que este último reprodujo en su artículo –en el que colaboraron MÁR y González Amador, según ha quedado acreditado– fue el enviado por el fiscal Salto al abogado de este último, Carlos Neira, el 12 de marzo de 2024. En él, Salto le adjuntaba la denuncia que había redactado y presentado contra su cliente para asegurar "su derecho de defensa" y le recordaba que su interposición "no será obstáculo" para que llegaran a un acuerdo "si usted y su cliente lo estiman necesario".

"La gestión de ese correo es la única filtración acreditada en la causa", ha manifestado el abogado del Estado José Ignacio Ocio en su alegato final. "Pero ninguna acusación ha hecho la más mínima referencia a él". "Neira se lo envió a su cliente y este [Amador], inmediatamente se lo mandó a MÁR y eso no se mencionó en la querella contra el fiscal general", añadió. "¿Los demás correos que reenviaba Neira a su cliente también se enviaban después a MÁR?", se ha preguntado retóricamente. "¿Es razonable pensar que también tenía el correo del 2 de febrero de la misma forma que tenía el del 12 de marzo?". La mano derecha de Ayuso reconoció en su declaración que solo horas antes de difundir su bulo de que la fiscalía había ofrecido un pacto y lo había retirado por órdenes de arriba, supo por parte de Amador que la Fiscalía seguía totalmente dispuesta a alcanzar un acuerdo, tal y como previamente le había comunicado Neira y a este último, el fiscal Salto.

"Alberto González Amador ocultó en su querella que en la mañana del 13 de marzo se reunió con el periodista que publicó el correo del 12 de marzo, el único que consta que se filtrase", ha insistido más adelante Ocio. Lo hizo "ocho horas antes de que se publicara ese artículo con las negociaciones de conformidad y los entrecomillados de ese coreo". Al mismo tiempo "se omitió que MÁR estaba al corriente de las negociaciones de conformidad y que Amador le había enviado el correo que el fiscal Julián Salto había mandado a su abogado". "Gracias a que se tomó declaración a MÁR pudimos saber que había sido autorizado por Amador para mover el correo en dos chats de 50 periodistas desde la noche del 13 de marzo", ha proseguido. "¿Cuántas cosas más ignoramos por la mala fe del querellante que omite datos relevantes en la querella?".

"Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, este pierde su carácter de reservado", ha añadido. "Si habló de ello con Urreiztieta, aunque se lo contara de acuerdo con sus intereses, el secreto pierde su carácter". "Hay que plantearse si hablar con un periodista horas antes y pasarle un correo a un asesor político son actos propios de la tutela de derechos que pretende ahora", ha continuado. "No es posible revelar unas conversaciones de conformidad y, a renglón seguido, pretender que sigan siendo reservadas".

La información falsa de El Mundo en la que participó González Amador con la intermediación de MÁR fue la que obligó a la Fiscalía a reaccionar, al entender que se estaba transmitiendo la idea de que el Ministerio Público ofrecía un pacto a un ciudadano inocente para que confesara unos delitos y luego utilizar esa confesión contra la presidenta madrileña. El artículo apareció en un contexto plagado de declaraciones de Ayuso que interpretaban el caso como una conspiración de todos los poderes del Estado contra ella y su pareja. Desmentir esa falsa conspiración a través de una nota de prensa es lo que ha llevado a García Ortiz a ser, sucesivamente, imputado, procesado y acusado. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha concluido el juicio con el "visto para sentencia". Ahora solo queda esperar a que los magistrados notifiquen su sentencia.

Hemos escuchado en las testificales a M.A. Rodríguez aseverar que sus afirmaciones emanan de su capacidad de “deducir, colegir, suponer…” o de tener “el pelo blanco”: episodios que aparecen de forma repentina tienen una intensidad notable y luego desaparecen, a menudo con intervalos de normalidad entre ellos, impregnados de paroxismo. Esa es la sólida columna que a criterio de los juzgadores ha elevado este procedimiento hasta el Tribunal Supremo. 

Consistencia indubitable tenían y tienen las declaraciones en sede judicial de los periodistas cuyas afirmaciones, basadas en evidencias materiales, fueron inadmitidas por el juez Hurtado, impulsor de la causa. Dice un proverbio hindú: "la verdad es como un tigre, que, cuando te alcance, te dejara en los huesos". Tantos no pueden coincidir en una misma opinión, a menos que esa sea la verdad de los hechos, que ha sido apartada en pro de intenciones poco claras.

Y nos queda finalmente la investigación prospectiva: esa en la que no tienes sospecha de delito, pero decides investigar a alguien para ver si encuentras algo, porque le quieres hacer daño. 

Hay principios que no son negociables. La carga de la prueba es el escudo protector del ciudadano. Permitir que la 'prueba diabólica' se abra camino bajo el disfraz de la 'deducción' o la 'suposición' es una erosión inaceptable del Estado de Derecho. El deber ser que aprendí en las aulas exige que reaccionemos: la justicia debe exigirse con pruebas objetivas, no con intenciones o suposiciones. Lamento de verdad no haber estado a la altura, como estudiante de la ciencia jurídica, de aquel excelente profesorado que tuve. Perdón y gracias porque al menos pude aprender la esencia del “deber ser”.

_____________________

Juan Manuel Arévalo Badia es socio de infoLibre.

Ha sido al inicio de su esperada declaración como acusado cuando ha anunciado que iba a acogerse a su derecho a no responder a la acusación particular de Alberto González Amador ni a las populares. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido permiso a la Sala para explicar por qué y, cuando se lo han dado, ha señalado que considera que el novio de Isabel Díaz Ayuso había tenido "una actuación desleal con el tribunal", porque no busca "la verdad", fue el primero en revelar correos de la causa al principal asesor de su pareja, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), y participó en la información periodística en que se publicaron esos correos.

Esa exposición inicial ha sido larga y detallada. El jefe del Ministerio Público ha manifestado previamente su "absoluto respeto a los perjudicados en el proceso penal". Sin embargo, según ha relatado, en la causa que se ha dirigido contra él, "durante la tramitación y especialmente al inicio", se han producido una serie de circunstancias que demostrarían "la actuación desleal con el tribunal" de los abogados de González Amador.

La primera de esas circunstancias, según García Ortiz, se produjo al comienzo del caso, cuando González Amador, a través de sus abogados –Gabriel Rodríguez-Ramos es uno; el otro es Carlos Neira, el autor del correo de cuya filtración se le acusa– formularon querella contra él. En ese escrito inicial, según ha recordado el fiscal general, "se omite un dato fundamental". Y ese dato es que, aquel 2 de febrero de 2024 en que Neira trasladó la confesión de su cliente al fiscal para tratar de evitar la cárcel, también remitió su propuesta a la Abogacía del Estado (que defiende a la Agencia Tributaria). "El correo del 2 de febrero se mandó a otra persona ajena a esta institución", ha explicado.

La omisión deliberada de ese dato, que solo se conoció durante la cuestionada instrucción del magistrado Ángel Hurtado, ha provocado, según ha afirmado García Ortiz, "que la investigación se dirigiera de manera unívoca contra la Fiscalía española". Como ha acreditado la Abogacía del Estado en defensa del fiscal general durante el juicio, además de los fiscales que recabaron ese correo y los abogados del Estado que pudieran manejarlo, Neira lo envió a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos a la que tienen acceso 11 fiscales más y cuatro funcionarios.

Pese a que fue la defensa del novio de Ayuso quien envió su confesión a la Abogacía del Estado, sus abogados no solo no recogieron ese hecho en la querella contra el fiscal general, sino que, cuando la noticia llegó al instructor del Supremo –de mano de la defensa de García Ortiz– no pidieron ni una sola diligencia a Hurtado para comprobar si la fuga de información se habría podido producir a través de esa institución. La Abogacía del Estado depende directamente del Gobierno y forma parte del organigrama del Ministerio de Justicia.

García Ortiz también ha recordado cómo, tanto durante la instrucción como en el propio juicio, el novio de Ayuso ha reconocido que fue él quién entregó a MAR el correo del 12 de marzo que envió el fiscal del caso Amador, Julián Salto, a su abogado, Carlos Neira. No solo se lo dio, sino que le permitió que le diera "un uso político", como ha recordado el fiscal general. Esa entrega a la mano derecha de Ayuso, no solo "revela el correo de un fiscal" sino que su utilización torticera por el asesor fue esencial para generar el bulo de que el Ministerio Público había orquestado una operación contra él.

El fiscal general se ha referido también a un tercer dato que se ha conocido durante el proceso. Que González Amador, por indicación de MAR, aceptó personalmente participar como fuente en la elaboración de la información de El Mundo que aseguraba que había sido la Fiscalía quien le había ofrecido el pacto, cuando en realidad era al revés, lo reclamó Carlos Neira en un correo en el que aseguró que "ciertamente" se habían cometido dos delitos fiscales. Esa falsedad fue lo que obligó a la Fiscalía a recabar a toda prisa la documentación del caso para redactar un desmentido oficial que se envió al día siguiente.

"No hay una lealtad procesal en la búsqueda de la verdad", ha recordado el fiscal general, que ha mostrado un nuevo indicio: que en la petición de responsabilidad civil –la indemnización por daños derivada del delito que debe valorar el tribunal–, González Amador ha renunciado a reclamar la responsabilidad subsidiaria del Estado, lo que le garantizaría asegurársela en caso de que García Ortiz fuera condenado, al ser un cargo público. Ese hecho demostraría que el novio de Ayuso no busca lo que la mayoría de las víctimas, un resarcimiento.

Tras ello, el fiscal general ha respondido a dos preguntas de su número dos, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y a las de su defensa, ejercida en este trámite por el abogado del Estado José Ignacio Ocio. García Ortiz ha desgranado día a día cómo a partir del 12 de marzo de 2024, tras la publicación de la denuncia contra el novio de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó en adoptar una estrategia de intoxicación en la que acusaba a fiscales, inspectores de Hacienda e incluso jueces de orquestar una persecución contra su pareja.

Cuando fuentes institucionales del Gobierno madrileño como MAR y la propia Ayuso comenzaron a difundir desinformación, tanto él como la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, acordaron que había que redactar una nota para desmentir esas informaciones que cuestionaban la honorabilidad de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pero también de la Fiscalía de Delitos Económicos "y, en general, de la Fiscalía española". De la falsa propuesta de pacto del Ministerio Público que difundió inicialmente El Mundo, se pasó a decir que la propuesta se había retirado (lo que no se hizo nunca) y que se había hecho "por órdenes de arriba" (nadie dio ninguna instrucción). Así lo reflejaron otros medios afines a Ayuso.

Esa fue la razón de que García Ortiz se pusiera, junto con Rodríguez y el fiscal del caso, Julián Salto, a recabar todos los correos intercambiados con la defensa de González Amador. Mientras lo hacía, no habló con Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que informó por primera vez correctamente del caso e incluyó pasajes textuales de la confesión del novio de Ayuso. En su listado de llamadas consta una procedente del redactor de cuatro minutos, pero pese a los intentos de las acusaciones de explotarlo, lo que pasó fue que saltó el buzón de voz.

Sobre el cambio de su móvil, señaló que lo hace cada año y que no devuelve el terminal anterior porque ha comprobado que se guardan en una caja sin ningún tipo de seguridad. Y sobre el borrado de sus dispositivos recordó que "es preceptivo; otra cosa es que no lo hagamos". Sus WhatsApp permanecen en la aplicación como máximo un mes. Sobre el borrado que la UCO le acusa de haber hecho el 16 de octubre de 2024, nada más abrirse causa contra él en el Supremo, ha afirmado con rotundidad: "Estoy seguro de que en ese momento, ni en el mes anterior, ni el anterior, ni el anterior estaban en mi teléfono los WhatsApp que son objeto de esta causa".

Las acusaciones también han usado contra él que utilizara su correo personal de Gmail y no el corporativo, como si lo hiciera para ocultar información. "La usé porque es mi cuenta de Gmail y dispongo de mi cuenta de Gmail como quiero", ha dicho. "Pensar que uso una aplicación en lugar de otra para esconder algo es presuponer que quiero esconder. Pero yo no tengo ni idea de lo que me van a mandar. Pido que lo envíen al medio al que tengo el acceso más sencillo, nada más".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado responder a las acusaciones personadas en su juicio, incluida la que ejerce el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a quien le ha reprochado tener una actuación "desleal" no con él, sino con el tribunal. Además, se ha ratificado en su inocencia, sosteniendo que en ningún momento filtró nada, para acabar con un alegato final en el que ha afirmado que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende".

En la penúltima jornada de su juicio por presunta revelación de secretos, pasadas las 16:10 horas, García Ortiz se ha quitado la toga con la que ha seguido la vista oral desde estrados al lado de sus abogados y se ha sentado en la mesa frente al tribunal para tomar la palabra este miércoles en el Supremo.

A preguntas del presidente del tribunal, ha explicado su decisión de no contestar a ninguna de las siete acusaciones personadas, que le piden entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación por presunta revelación de secretos. La razón es que considera que, principalmente por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no ha habido "lealtad procesal en la búsqueda de la verdad" por varios motivos.

El fiscal general, que se ha ratificado en la declaración en la que negó haber filtrado ninguna información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha explicado que en su querella, el empresario Alberto González Amador omitió "un dato fundamental": el correo en el que su abogado propuso un pacto al fiscal que le investigaba también se envió a otra institución. Se refiere a que el letrado también se lo mandó a un abogado del Estado y que sin esta información la investigación se dirigió directamente hacia la Fiscalía.

Pero además ha recordado que la pareja de la presidenta madrileña envió un correo del fiscal que le investigaba al jefe de gabinete de la Comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, para que hiciese "un uso político del mismo". Ese correo salió más tarde reproducido en un medio de comunicación.

Tanto eso como que después habló con el autor de la noticia de El Mundo que atribuyó la iniciativa del pacto a la Fiscalía y no al abogado se han descubierto por la investigación, no porque lo manifestase la pareja de Ayuso, ha subrayado el fiscal general.

Y tampoco ha visto lealtad procesal en la petición del abogado de González Amador de la responsabilidad civil que le reclama, casi como una "pena anticipada", renunciando a la responsabilidad subsidiaria del Estado porque, en su opinión, eso significa que "no le interesa" asegurar su resarcimiento, sino simplemente dirigirse contra él, "contra Álvaro García Ortiz".

Sobre Rodríguez, el fiscal ha tildado de "insidia" y "calumnia" los mensajes que el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid publicó y envió "contra la Fiscalía española" y "contra los superiores" del caso de la pareja de la presidenta madrileña.

García Ortiz ha relatado cómo a las 20.50 del 13 de marzo, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, le llamó - "la primera ve que me llama desde que soy fiscal general, y más al teléfono personal y a esas horas"- para manifestarle "una inquietud importante" que le había llegado por su director de comunicación.

Y es "que el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid está distribuyendo whatsapps en el que dice que la Fiscalía ha ofrecido un pacto a la pareja de la presidenta, que ese pacto ha sido retirado 'por ordenes de arriba', y añade, 'todo turbio'".

Al respecto, García Ortiz ha dicho que Lastra, con esta llamada, "le está dando credibilidad a que este bulo es importante y por eso me llama", sobre todo porque "la fuente es muy importante, es el jefe de gabinete de la presidenta, es una fuente oficial y relevante"; por tanto, "si está diciendo esto, tenemos que estar alerta".

Minutos más tarde es cuando El Mundo publicó que la Fiscalía ofrece un pacto de conformidad a González Amador, una noticia que después rebatió la Sexta diciendo que había sido al contrario.

Fue entonces, ha continuado, cuando se enteró de que el jefe de gabinete de Ayuso estaba "mandando a dos chats, donde hay 100 periodistas, una transcripción del correo del fiscal del 12 de marzo -que publicó El Mundo- y una coletilla" con el mismo mensaje de las "órdenes de arriba", que había estado enviando ya horas antes, un mensaje que más tarde hizo público en un tuit. "Eso nos alerta más todavía", ha explicado el fiscal general, quien aún estaba recopilando los correos para saber lo ocurrido.

García Ortiz no ha dudado en tildar esta actuación de "insidia y "calumnia contra los fiscales de la Fiscalía española". "Nadie ha retirado u ordenado nada, no hay órdenes de ningún tipo para que así se haga. Es una calumnia contra los superiores del caso".

En cuanto a Lastra, García Ortiz, ha afirmado que no le informó de la oferta de conformidad que hizo el abogado de Alberto González Amador y ha dejado claro que debió hacerlo "directa e inmediatamente".

El fiscal dice que conoció la denuncia el 7 de marzo de 2024, el día después de que el periodista de eldiario.es Jose Precedo llamase a la directora de Comunicación de la Fiscalía interesándose por una investigación relacionada con la empresa Maxwell Cremona que tenía que ver con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cuando tuvo conocimiento, advirtió al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y con eso dio por iniciado el procedimiento de dación de cuentas, regulado en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que deben ser comunicados al fiscal general los asuntos trascendentes o importantes.

En su relato cronológico de los hechos acaecidos hasta que en la tarde del día 12 y la mañana del día 13 salieron a la luz los correos electrónicos de la negociación entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, ha explicado que no fue informado en ningún momento de que ese fiscal había comunicado a su superior, Almudena Lastra, la oferta de pacto que había realizado el letrado. "Desde luego tendrían que haberme informado directa e inmediatamente", ha recalcado García Ortiz.

Sobre el borrado de su móvil, ha negado que tratase de ocultar nada, algo que hace de forma habitual y que es "preceptivo" dado el volumen de información sobre terceros que alberga y que, de serle sustraída, pondría "en peligro" a personas de este país.

"No hay ningún ánimo de ocultación", ha dejado claro el fiscal general sobre uno de los aspectos que fueron tomados por el juez que le investigó como indicios en su contra: el borrado de su móvil y el cierre de su cuenta de correo electrónico. En este sentido, ha vuelto a recordar que todas las guías en materia de protección de datos aconsejan una "máxima": eliminar los datos personales que no son objeto de tratamiento.

"Por eso tengo borrados automáticos. Tengo borrados de 24 horas, evidentemente con muchos chat, pero sistemáticamente repito, sistemáticamente, yo no hago o no permito que permanezca más de un mes en mi Whatsapp la información que pueda tener información profesional o relaciones profesionales, no lo permito", ha asegurado.

Porque, ha continuado, los datos que almacena en su terminal no son suyos, sino de terceras personas y abarcan multitud de procesos judiciales, secretos o no. Él solo los custodia y utiliza.

García Ortiz ha subrayado por ello que ni en el mes anterior al 16 de octubre de 2024 -fecha en la que la UCO detectó el borrado de su móvil-, "ni el anterior, ni el anterior" existían ya los mensajes que "se supone que son objeto de esa causa", que se remite a marzo de ese año.

"Eso que dicen que yo tengo y debería haber enseñado para exculparme", ha subrayado el fiscal, que ha recalcado que él proporcionó todas sus contraseñas a los agentes que registraron su despacho.

Un registro "particularmente grave y doloroso" para la Fiscalía en la que -ha continuado- entregó también las contraseñas de su cuenta de correo privado en la que recibió los correos que se cruzó el abogado de la pareja de Díaz Ayuso con el fiscal que le investigaba en busca de un pacto.

Esa cuenta también la cerró, ha explicado el fiscal general, pero lo hizo en diciembre -dos meses después de que la UCO entrase en su despacho, ha recalcado-, debido a los mensajes "amenazantes y feos, muy feos" que empezó a recibir cuando se filtró uno de los informes de la Guardia Civil sin anonimizar.

Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que difundió  a periodistas que un fiscal había recibido "órdenes de arriba" para retirar un pacto con el abogado de la pareja de la presidenta madrileña porque fue una "deducción lógica" suya pese a que el empresario le transmitió que seguía en pie, informa EFE.

Fue el 13 de marzo de 2024. Un día antes, después de que elDiario.es publicase la denuncia de la Fiscalía por fraude a Hacienda a Alberto González Amador, este le envió un pantallazo de un correo que el fiscal había enviado a su abogado y que indicaba que no había obstáculo para poder llegar a un acuerdo.

Ese acuerdo se lo había propuesto el abogado al fiscal un mes antes, el 2 de febrero, en un correo cuya presunta filtración centra estos días en el Tribunal Supremo el juicio al fiscal general del Estado.

Rodríguez ha dicho que no envió ese correo a los periodistas porque él no lo tenía. Sí que remitió a los informadores el del 12 de marzo del fiscal, y en un mensaje atribuyó a la Fiscalía la voluntad del pacto y apuntó a que recibió "órdenes de arriba" para retirarlo. "Todo sucio", dijo.

En su declaración, el jefe de gabinete ha explicado al tribunal que él no intervino en los acontecimientos hasta que La Sexta publicó la noticia en la que desmentía una anterior de El Mundo que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, cuando era al revés.

La teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde le ha preguntado en varias ocasiones por qué aludió a esas "órdenes de arriba" cuando, según el correo que difundió, el acuerdo seguía en pie y nada había cambiado. "Es una deducción lógica", ha reiterado Rodríguez, debido a que el Ministerio Fiscal es un "órgano jerárquico".

"Si todavía no se ha llegado al acuerdo que propone la Fiscalía, alguien lo habrá parado, ¿o se les ha olvidado que quieren un acuerdo?", ha preguntado Rodríguez, sin reparar en que fue el abogado quien propuso ese acuerdo.

La abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, le ha mostrado una conversación que mantuvo antes de las 20.00 del 13 de marzo con un periodista de El País -la publicación de la noticia de El Mundo fue a las 21.29- , en la que Rodríguez decía que "primero, el fiscal le ofreció negociar; después, al fiscal le prohibieron negociar con él. Es todo turbio y feo".

Es más, Rodríguez ha asegurado que venía contando esa teoría "desde hacia días, antes de la filtración de los documentos", pero que él no dio a conocer el email. Eso sí, no ha precisado a cuántos periodistas envió mensajes con esa tesis: "No lo sé".

Ha dicho que sostuvo esa teoría, pese a que en el correo que le envió la pareja de Ayuso el día 12 había un mensaje de su abogado que decía: "Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima".

"No estoy en esas negociaciones", ha indicado, por lo que ante esa respuesta la abogada del estado ha insistido en que de dónde saca que al fiscal le prohibieron negociar. "De las conversaciones que tengo con periodistas y de los hechos que estaban pasando", sin dar más detalles.

"¿De dónde saca la conclusión?", ha preguntado la fiscal. "Porque no se ha concluido. Llego a la conclusión lógica de que lo han parado por arriba", ha contestado Rodríguez, que ha añadido después mirando a García Ortiz: "A las pruebas me remito. No estamos aquí por mí, estamos aquí por la filtración del fiscal".

La defensa ha leído un mensaje suyo de Twitter del día 13 en el que asegura que "la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba" y le ha preguntado por pruebas. "No tengo ninguna fuente, es que soy periodista, no soy un notario", ha señalado, restando importancia a esa información porque "un mensaje de Twitter no es una imputación grave".

Después, en un duro interrogatorio, la Abogacía del Estado ha preguntado a Rodríguez por qué sabía desde meses antes que el empresario estaba teniendo una inspección de Hacienda, si en su condición de González Amador o de novio de la presidenta madrileña. "Es indisoluble una cosa o la otra", ha respondido, aunque ha matizado que Díaz Ayuso "nunca" le ha comentado nada.

En marzo de 2024, elDiario.es desvelaba que la Fiscalía Provincial de Madrid había denunciado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por supuestamente haber defraudado a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021.

Según un informe de la Agencia Tributaria, el presunto fraude se habría cometido a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

Miguel Ángel Rodríguez aseguró el 13 de marzo de 2024 a varios medios que la Fiscalía habría ofrecido un pacto al abogado de González Amador, pero que se habría retirado por "órdenes de arriba". Sin embargo, en su declaración como testigo ante el Supremo a principios de este año, MAR reconoció haberse inventado esta información.

El fiscal que inicialmente llevó el caso del novio de Ayuso, Julián Salto, aseguró este lunes ante el Supremo que tras estas informaciones ha sido sometido "a una campaña de desinformación que se ha extendido durante 20 meses".

Salto también destacó que la defensa de González Amador, Carlos Neira, había filtrado las conversaciones de ambos a su cliente y a MAR.

Uno de los objetivos del proceso penal por revelación de secretos que se sigue contra el fiscal general del Estado en el Supremo es la supuesta vulneración del derecho de defensa de Alberto González Amador que provocó la filtración de un correo con su confesión de dos delitos fiscales. A tenor de lo declarado esta mañana por el fiscal que sustituyó a Julián Salto en el caso del novio de Ayuso, Diego Lucas, ese derecho de defensa no sufrió ningún daño. Sus abogados siguieron intentando alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los hechos y que su cliente no entrara en prisión. Las negociaciones, que llegaron a términos concretos, se frustraron después de que la Audiencia de Madrid avalara la apertura de una nueva pieza separada en el caso para investigar una supuesta comisión fraudulenta de González Amador a un directivo de Quirón.

El fiscal Lucas explicó que se hizo cargo del caso en abril de 2024, después de que González Amador se querellara contra su compañero Salto, el representante inicial del Ministerio Público obligándolo a abstenerse en el caso. El novio de Ayuso lo acusaba de revelar su estrategia de defensa a través de la nota de prensa que envió la Fiscalía para desmentir el bulo que estaba transmitiendo el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a los medios. El proceso contra Salto, iniciado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es el que ha terminado con el fiscal general del Estado sentado en el banquillo.

Pese a que el caso contra la Fiscalía y la posterior implicación del fiscal general del Estado ya estaba en marcha, la defensa de González Amador, ejercida por los abogados Gabriel Rodríguez Ramos (el que actúa en el juicio que se sigue estos días en el Supremo) y Carlos Neira (el autor de la primera confesión del novio de Ayuso), siguió buscando un pacto con la Fiscalía. La primera vez que se lo plantearon fue el 20 de mayo de 2024, fecha en la que la pareja de Ayuso tenía previsto declarar ante el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid. "Cuando le pregunté a Rodríguez Ramos si seguían queriendo alcanzar una conformidad [el pacto para evitar la cárcel], recuerdo que se sorprendió", ha explicado Lucas. "Le dije que no teníamos problemas en alcanzarla", añadió.

Desde entonces, el fiscal Lucas entabló contactos con Neira a través del correo electrónico. "Tuvimos una relación cordial en todo el procedimiento", relató el fiscal. "Neira me hizo llegar una propuesta de unas hipotéticas conclusiones [escrito de acusación pactado para evitar la cárcel], un borrador de escrito de acusación y luego le envié otro escrito de calificación, este ya hecho por mí", añadió. "La propuesta era cuatro meses de prisión por cada uno de los delitos fiscales y una multa del 40% de la cuota defraudada". Las condiciones pactadas suponían que González Amador no habría entrado en prisión y habría pagado una multa menor que la inicialmente prevista.

La intención de los abogados del novio de Ayuso durante esas fechas era que Amador declarara cuanto antes para alcanzar rápidamente el acuerdo. Rodríguez Ramos, además, transmitió a Lucas las prisas por alcanzarlo. Pero los sucesivos intentos de que Amador declarara se frustraron porque las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid pidieron nuevas diligencias. "La acusación popular entendió que no era oportuno", ha explicado Lucas. "Se volvió a intentar el 24 de junio, pero tampoco se cerró [el pacto] porque la pareja de la presidenta tampoco llegó a declarar". Para anunciar un acuerdo de conformidad entre acusado y fiscal es necesario que, al menos, la instrucción del caso eche a andar, pero el primer trámite, la declaración de González Amador, no se había producido todavía.

Según ha afirmado Lucas, en ningún momento ha recibido a lo largo del procedimiento contra Amador que se sigue en Plaza de Castilla ninguna instrucción para que no alcanzara el acuerdo. Los contactos siguieron hasta el 20 de julio de 2024, cuatro meses después del desmentido del infundio difundido por Miguel Ángel Rodríguez. Desde entonces, los abogados intentaron retrasar al máximo la declaración de su cliente a la espera de que la Audiencia Provincial resolviera el recurso presentado contra la pieza separada en la que, además de los delitos fiscales y de falsedad documental de la pieza principal, se investigan los de corrupción en los negocios y administración desleal.

"Mentir no es ilegal". Así ha defendido la dirección del Partido Popular las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ante el Tribunal Supremo el pasado mes de enero. En esa cita, a la que acudió en calidad de testigo, defendió el bulo que propagó al asegurar que la Fiscalía le había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, cuando en realidad fue al revés.

El colaborador de Ayuso difundió en dos chats con un centenar de periodistas y en sus redes sociales el bulo de que el Ministerio Público había ofrecido un pacto al novio de su jefa para que reconociera dos delitos fiscales, pero que había retirado la oferta "por órdenes de arriba". Una afirmación que ahora se ha transformado en una "deducción" y no en hechos probados, según confesó él mismo ante el juez Ángel Hurtado. La grabación se hizo pública el pasado viernes y desde entonces ni él ni Ayuso han dado explicaciones.

MAR, como así se le conoce en la esfera política y mediática, es el responsable de la hoja de ruta trazada para intentar tapar las mentiras de la presidenta madrileña sobre su novio, actualmente procesado por dos delitos fiscales e imputado por otro de corrupción en los negocios. Desde que comenzó el caso ha impulsado una teoría de la conspiración según la cual las acusaciones contra González Amador son una operación diseñada desde La Moncloa con el concurso de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía con el único objetivo de destruir la carrera política de la presidenta de Madrid.

Una teoría apoyada también por el PP de Alberto Núñez Feijóo, que además de defender en privado que MAR puede recurrir a falsedades —pese a que prácticamente cada día critican al presidente del Gobierno por, según ellos, estar "instalado en la mentira"—, lo ha presentado en público como un mero "testigo. "Hasta donde yo sé, uno se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 3 de noviembre —en referencia al fiscal general del Estado— y el otro es solo un testigo, así que cada uno saque sus propias conclusiones", fueron las palabras de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra.

Primero desde La Moncloa, donde ocupó el cargo de secretario de Estado de Comunicación del presidente Aznar, y desde hace seis años desde la sede de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez domina a la perfección la comunicación política y ha logrado a lo largo de su trayectoria que la atención se centre en lo que él quiere utilizando para ello mensajes sencillos y efectistas, habitualmente plagados de falsedades.

"Le he nombrado porque para mis mensajes y mi agenda es quien va a hacer mejor papel", argumentó Ayuso cuando hizo público su fichaje, en enero de 2020. Para algunos miembros del equipo de Feijóo, MAR es una presencia incómoda; no solo por su protagonismo —en el que compite con la propia Ayuso—, también por su influencia sobre el ecosistema mediático de la derecha, al que la Comunidad de Madrid riega desde hace años con subvenciones y ayudas discrecionales, como documentó recientemente infoLibre. Su poder en la capital es mayor que el de Feijóo. Y él lo sabe.

Por ese motivo, desde la llegada del gallego a la presidencia del PP hace ya más de de tres años, Génova ha evitado criticar nada que tuviera que ver con Ayuso o su entorno, ante el temor de que se les volviera en contra, como ocurrió con su antecesor, Pablo Casado, víctima de una defenestración orquestada por la presidenta madrileña y MAR. Consciente de su debilidad en las encuestas y sin una victoria que le respalde detrás, Feijóo o bien ha justificado a la presidenta madrileña o ha callado cuando no estaba de acuerdo con ella.

Ni siquiera con la cuestión del aborto la ha interpelado de manera directa, pese a la carta que publicó la pasada semana en la que anunció que todas las comunidades del PP van a cumplir con el registro de objetores de conciencia, pese a las reticencias de la dirigente madrileña. "Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", aseguró pocas horas después de las palabras de Ayuso en la Asamblea.

Sin embargo, en una entrevista este lunes en Antena 3, el líder del PP defendió que Ayuso "no se declara en rebelión para nada", ya que en su comunidad la interrupción voluntaria del embarazo "se realiza en los hospitales madrileños de acuerdo con el criterio de los facultativos, todos los días, todas las semanas y todos los meses". Así, añadió que la citada carta iba dirigida a Pedro Sánchez y anunció que sustituirá el registro actual de sanitarios objetores para crear uno de médicos abortistas si llega a la Moncloa.

Por lo que respecta a MAR, ninguno de sus desmanes ha contado con una desautorización expresa por parte de la dirección nacional del PP, ni siquiera cuando acusó a periodistas de elDiario.es y de El País de haber intentado asaltar la vivienda de Ayuso ocultos con pasamontañas o cuando amenazó directamente con hacer todo lo estuviera en su mano para cerrar el medio dirigido por Ignacio Escolar tras destapar el caso de González Amador, del que se ha erigido máximo defensor.

No lo hizo, por supuesto, su jefa de filas. Pero tampoco Feijóo, cuya mano derecha, Miguel Tellado, se escudó en que las amenazas se transmitieron a través de un canal privado. La gravedad de sus palabras les dieron igual: "Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den", escribió. Unas palabras por las que nunca ha pedido disculpas.

Lo cierto es que el historial del jefe de gabinete de Ayuso está sembrado de ejemplos poco edificantes en lo que respecta a su relación con la prensa. De listas negras de periodistas elaboradas desde la Junta de Gobierno de Castilla y León a amenazas verbales a profesionales concretos, pasando por operaciones para desacreditar a diferentes personas y represalias en los medios públicos cuando pasaban a depender del Partido Popular. Una estrategia que Génova avala con hechos y omisiones.

Al mismo tiempo que se pierde cualquier idea espiritual, que no quiere decir religiosa, pero a veces está ligada, nos encontramos con un país dividido con un peligro que ya conocemos, y basado en un materialismo político que nos puede llevar a un desastre muy conocido por los que peinamos canas o ya ni eso. Y es que el odio que destila la actual y única derecha, que es la misma hoy que ganó aquella batalla cruenta, en las manos de personajes de muy poca categoría, llámense Aznar, Ayuso, Abascal, Feijóo, Aguirre, MAR y otros muchos que vemos a diario subidos a un trono para disparar odio exclusivamente sin aportar ni una sola idea que pueda ayudar a mejorar un mundo excesivamente peligroso, todo ello nos puede llevar a un enfrentamiento que ellos no miden, porque su único objeto hoy es eliminar al que gobierna para colocarse así a ¿gobernar? No lo parece.

Pero el último hecho de la Flotilla de Gaza ha dado frases de Ayuso que alguien debería corregir, porque ella es una persona sin preparación que solo desea llegar a liquidar a Sánchez, que la lleva muchas traineras en categoría política y humana, pero que en la capital triunfa sin que muchos podamos entenderlo. Y esas frases de insulto a quienes están temiendo hasta por sus vidas por defender tantos asesinatos de civiles y niños producen temor a que ese odio que destila esta señora se nutra de gentes ignorantes que no conocen aún nuestra historia trágica con muchos muertos en cunetas que se tratan de ocultar por una ley de memoria que temen solo por perder algún voto de los seguros de un ejército civil reforzado por medios y jueces de todos conocidos. Por cierto, a los que no se puede criticar excepto si les molestan a ellos. Todo muy democrático… Y a todo ello se añade un Trump dispuesto a confirmar su fascismo cargándose una de las democracias más antiguas del globo. Lo que confirma la ruta de conmoción política que se oculta encima de nuestras cabezas. Y ese odio que expresan las críticas de Ayuso alberga además el desprecio a esos seres humanos que incluye a niños muriendo solo por el hecho de que en su espacio alguien quiere construir un resort de lujo además de lo que encierra políticamente, posiblemente acompañado para ese fin bajo el uso de Hamas como culpable máximo.

Y estos párrafos se pueden unir al primero porque hubo un tiempo en que se hablaba de un Dios que podía castigarnos algún día. Hoy ya no existe porque los que nos pueden castigar están cercanos dentro de algún fondo buitre o en una institución sionista que con su dinero se erige en el nuevo dios, esta vez en minúsculas, que les premiara en el futuro si obedecen a sus designios meramente económicos. Y, por cierto, esos sionistas supongo que tienen su propia religión judía, pero parece que tampoco la escuchan. No soy un ingenuo y sé que nadie liga las creencias religiosas con la política o las guerras, pero simplemente acabo con un pensamiento, duda o consulta:

¿Piensa alguien que su odio los llevará a la victoria política, o solo buscan renovar el fascismo? Porque ese fascismo es la mayor derrota de la dignidad humana al quedar sometido a un poder basado en la fuerza. 

____________________

Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.

El miedo hace que algunos entierren la cabeza y que otros, necesariamente, la asomen. Miguel Ángel Rodríguez ha tardado un mes en asomar la suya. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha atacado desde Twitter al ministro Oscar López. Lo ha hecho también contra la ministra Pilar Alegría. Saber aparecer y desaparecer forma parte del arte de la distracción. MAR lo hace después del “colocón” ecuatoriano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el mitin de Noboa de la semana pasada. Ella también sabe aparecer y desaparecer pero los dioses no le han brindado el don de la oportunidad. 

MAR ha visto en el asedio al exministro José Luis Ábalos un flanco descubierto por el PSOE donde poder atacar y hacer daño. Ábalos es una buena cortina de humo para Díaz Ayuso. Ciertamente, en estos momentos, el diputado valenciano es un hombre que infunde un terror erótico a los sueños de la república, devorado por la luz de neón que trata de mantener encendida la fachosfera a costa de lo que sea, incluso a costa de la vida del propio Ábalos, quien está siendo un feroz superviviente político capaz de habitar en regiones extremas, humedecido por los acres recuerdos que conserva de su experiencia en el Gobierno. 

El socialista viaja en estos momentos a través de ese espacio gris pavimentado con autos, diligencias, querellas e informes de la UCO que no definen una dirección, no prueban nada en relación al exministro, pero sí trenzan una fama oscura alrededor de su silueta tejida por conjeturas que sólo conducen a la destrucción del individuo. Ábalos ya elevó a finales de febrero un recurso de apelación al magistrado instructor donde acusaba a la UCO de realizar las filtraciones sobre su vida. Afirmaba entonces que era "la inquina y la venganza" lo que las había motivado. Conviene recordar que Ábalos ya advirtió en 2020 al ministro del Interior, Grande-Marlaska, de la existencia de "una policía patriótica" que trascendía Catalunya y Podemos. «Es una policía patriótica en la Guardia Civil» —me dijo—. «Marlaska ha perdido al menos cuatro años. Lo advertí en 2020 durante la pandemia. Les alerté de lo que se estaba cocinando y me desoyeron. No me hicieron caso». Si el gobierno de Mariano Rajoy había iniciado una operación contra independentistas y podemitas, investigada estas semanas por una comisión del Congreso, por qué no iba a ser el PSOE de Sánchez también objeto de un golpe blando. La semilla de la desconfianza de Marlaska germinó en su ministerio con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y la posterior dimisión de otros mandos.

Cinco años después, el exministro, imputado por cohecho, tráfico de influencias, malversación y organización criminal, ha solicitado este mes al magistrado instructor de la sala segunda del Tribunal Supremo que acuda a declarar el ministro Fernando Grande Marlaska. En los informes de la UCO se explica que el ministerio del Interior adquirió una importante cantidad de mascarillas a Soluciones de Gestión, la mercantil de Víctor de Aldama. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE también ha reclamado que declare como testigo el Secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez Ruiz, así como Belén Villar Sánchez, directora de organización e inspección del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, promocionada en tiempos del ministro Rafael Catalá, el mismo que advirtió a Isabel Díaz Ayuso que su hermano acabaría siendo investigado. 

El último informe de la UCO, hasta la fecha, sólo nos habla del chalaneo que se traían Víctor de Aldama y Koldo García con Javier Hidalgo. La investigación de la UCO no aporta nada sobre las actividades de Ábalos, convertido en Germán Areta, detective de sí mismo, obstinado en que declaren todos, a golpe de denuncia ante el juzgado. En los próximos días habrá que prestar atención a la auditoría que elaboró el ministerio de Transportes en 2023. Conviene volver a ella. Todavía se tiene que aclarar la imparcialidad de ese informe que provocó muchas destituciones. Conviene también despejar si existe un sesgo político o partidista por parte de quienes lo redactaron y firmaron. Apunten el nombre de Belen Villar y el de Belén Roel de Lara. Sobre este aspecto, es muy posible que haya cambios sustanciales en la interpretación que se ha hecho hasta hoy de esa contratación de mascarillas durante la pandemia. 

La fama, al menos, esta modalidad, se alimenta del escándalo y de una histeria política canalizada a través de medias verdades, noticias falsas y mentiras, puestas en circulación en una sociedad del espectáculo alimentada con litigios grotescos, traiciones desmesuradas, pandemonio y muchos cigarrillos. La fama de unos puede ser una buena cortina de humo para otros. Que se lo pregunten al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que se lo pregunten a Pedro Sánchez.

Y detrás de esa cortina de humo se encuentra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. González Amador habló el pasado jueves por primera vez ante la jueza instructora María Inmaculada Iglesias desde que se abrió la investigación, en marzo del año pasado. En su declaración de más de dos horas respondió a preguntas de sus abogados, de la jueza y del fiscal. El empresario fue citado para declarar por un presunto soborno de 500.000 euros a un ejecutivo del grupo sanitario Quirón, pero el interrogatorio abarcó también otros negocios, como la compra del ático. Y es que la jueza no rechazó que se preguntara por este asunto, lo que no deja de ser llamativo (podía haberlo hecho), pues deja abierta la posibilidad a que se amplíe la investigación y, sobre todo, los investigados. 

El diablo está en los detalles. De esa pregunta se puede inferir, en primer lugar, la posibilidad de que acudan a declarar los antiguos propietarios de ese ático. También se puede prever la comparecencia de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al menos, como testigo. Conviene estar atentos. El miedo hace que unos entierren la cabeza bajo tierra y que otros, necesariamente, la asomen.