El Consello de Contas hizo públicos el jueves varios informes de fiscalización de la Xunta de Galicia, entre ellos uno específico sobre la atención primaria en el país, pero también los habituales informes anuales sobre las cuentas públicas, correspondientes en este caso al ejercicio 2024, en los que volvió a pedir más transparencia en la empresa con la que la Xunta pactó la llegada de Altri.

Ese 2024 una de las decisiones más significativas del Gobierno gallego fue el rescate de cuatro autovías con peaje en sombra planificadas por Feijóo en las que Contas había detectado que la Xunta estaba pagando más de lo que debía. Un rescate que supuso un desembolso inmediato para la Xunta de unos 300 millones de euros a cambio de ahorrar en futuros pagos comprometidos. Pese a esa reducción a instancias del Consello de Contas, el ente fiscalizador refleja que los compromisos de pagos futuros de la Xunta ascendían a finales de ese año a 19.916 millones de euros.

En esos compromisos futuros que tiene ya adquiridos la Xunta hasta 2073, gobierne quien gobierne, se incluyen los cerca de 12.000 millones de euros de deuda financiera de la administración general, a los que hay que añadir otros 4.500 millones de otro tipo de compromisos de la administración general y otros 3.500 millones de compromisos futuros de organismos autónomos (fundamentalmente el Sergas) y agencias públicas. Para contextualizar las cifras, el total de gasto no financiero en los presupuestos de la Xunta para este 2026 es de unos 14.000 millones de euros.

Los informes de Contas destacan cómo en la última década y media se fue reduciendo el número de entidades instrumentales de la Xunta, pero con un aumento del importe total de fondos públicos que gestionan, especialmente en las generalizadas agencias. Así, Contas señala que en 2024 las entidades instrumentales disponían "aproximadamente del 17% del presupuesto autonómico" y que "pese a la reducción considerable en el número de entidades desde 2011, el volumen de fondos del sector instrumental desde ese ejercicio y, en particular, las transferencias y subvenciones, crecieron por la generalización del modelo de agencia".

En 2024 esas entidades instrumentales gestionaron un total de 2.309 millones, cifra que aumentó por la transferencia de la Xunta a la Axencia de Infraestruturas de unos 300 millones para el rescate de las cuatro antedichas autovías de peaje en sombra: AG-11 Autovía do Barbanza, AG-41 Autovía do Salnés, AG-31 Autovía de Celanova y AG-56 Autovía Santiago-Brión. A cambio de esos 300 millones del rescate inmediato, la Xunta ahorrará unos 641 millones que se había comprometido a ir pagando en los próximos años por la construcción y mantenimiento de esas autovías. Por el contrario, ahora tendrá que ser la Xunta la que asuma el mantenimiento de esas infraestructuras con contratos ordinarios de conservación ordinaria.

Los informes de Contas divulgados el jueves también reiteran diversas deficiencias contables en toda la Xunta, especialmente en el Sergas, que sigue sin contar con un plan de contabilidad adecuado. En el ámbito sanitario, el ente fiscalizador insiste en criticar las reiteradas modificaciones y ampliaciones presupuestarias que se producen cada año por una incorrecta planificación de gastos que el Sergas ya debería dar por supuestos y estables. En general, toda la Xunta insiste en presentar como inversiones gastos que deberían ser corrientes. Igualmente, Contas vuelve a cuestionar la elevada temporalidad en el empleo público.

En el ámbito municipal, el ente fiscalizador señala que seis ayuntamientos no le rindieron cuentas del ejercicio 2024, entre ellos la ciudad de Ourense, además de Cambre, Culleredo, Narón, Verín y Rois. Contas también constata que en aquel ejercicio 81 entidades locales contaban con un presupuesto prorrogado de años anteriores, alguna desde hace muchos años, como Gondomar desde 2012 o Salvaterra de Miño desde 2017.

La historia parece haber pegado un súbito acelerón en virtud del cual parece que estuviéramos abandonando algunos de los rasgos más característicos del orden global que ha regido los destinos de la especie los últimos cuarenta años. Algunos hablan abiertamente de "desglobalización" y vuelta a un orden internacional westfaliano con la recuperación de la soberanía de los Estados y la merma del papel de las instituciones globales como el FMI, la OMC, etc.

Aquel tan característico doble proceso de pérdida de competencias estatales hacia arriba (la UE) y hacia abajo (las CCAA en el caso de España) parece estar deteniéndose; por un lado, ante la dificultad de las instituciones supraestatales de mantener un papel de relevancia con la vuelta a las políticas proteccionistas. Y por otro, ante la dificultad de las entidades subestatales con competencias de elevadas exigencias financieras como son las que corresponden en nuestro país a las CCAA en materias tan relevantes como la educación, la sanidad, la dependencia o el medioambiente. Acabamos de ver cómo varias CCAA debían enfrentarse este verano a la plaga de los incendios forestales con unas dotaciones de recursos presupuestarios según los responsables políticos de las mismas insuficientes para la magnitud del problema.

Es por ello que la financiación de los presupuestos autonómicos vía endeudamiento, si en algún momento ha podido tener alguna lógica, en este momento está llamada a reducirse, especialmente ante la previsión generalizada de encarecimiento de la deuda en los mercados, especialmente la de medio y largo plazo.  

Incluso Estados Unidos, que ha operado como asegurador universal durante décadas con una deuda sostenida por los inversores y los Estados de otros países, ahora cambia de guión a través de una política proteccionista orientada –otra cosa será el resultado real de tales políticas– a reducir su cuantiosos déficits y deuda.

Francia por su parte afronta una situación tan grave, derivada entre otros factores de lo elevado de su deuda pública, que aparece amenazado el régimen de la V República.

La deuda pública, pues, cabalga cual jinete del apocalipsis y los Estados se preparan para sortearla en las mejores condiciones posibles de forma que altere lo mínimo posible las perspectivas de mantenimiento del bienestar y atención a las rentas más desfavorecidas en sus sociedades.

La propuesta de quita del Gobierno de coalición corresponde a una concepción (federal) del Estado según la cual las CCAA se dedican a gestionar la competencias sustantivas mientras el Estado garantiza la financiación complementaria de la obtenida por los tributos de las CCAA.

Acudir al mercado de la deuda exige garantías difíciles de cumplir para los deudores pequeños como son las CCAA. No parece necesario explicitar razones por las que los Estados están en mejores condiciones de acudir al mercado que las administraciones subestatales: la hacienda estatal presenta más y mejores garantías para los inversores, por lo que los rendimientos exigidos pueden ser menores. Además, y como se ha demostrado con el NGEU, el Estado puede acudir a obtener una deuda mutualizada de la UE mucho más barata en proporción a sus superiores garantías.

Al día de hoy el Estado se financia en el mercado a un coste más bajo que las CCAA. Las letras del Tesoro se están financiando entre un 3,5% y un 3,9%. Los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han supuesto un notable ahorro en el pago de intereses a las CCAA beneficiarias. Aquellas que, como la Comunidad de Madrid, han rechazado acogerse a esta vía de financiación y han acudido directamente al mercado soportan un sobrecoste significativo en lo que al pago de intereses se refiere, disponiendo de menores recursos para financiar políticas sustantivas. CCAA como Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla la Mancha o Cataluña dedican más del 20% al pago de intereses de la deuda.

Aligerar el peso de la deuda, habida cuenta del adverso escenario más arriba descrito, parece una política sensata si se quiere aumentar y mejorar la calidad de los servicios públicos cuya prestación es competencia de las CCAA; reducir la carga de intereses facilitaría aumentar la prestación de servicios y las inversiones públicas (p.ej. ayudas a familias de rentas bajas, incremento de las dotaciones para dependencia, mejora de infraestructuras educativas, construcción de refugios climáticos,  planes de prevención de incendios, etc).

Una política de solidaridad como la postulada requeriría del establecimiento de algunas condiciones. Es evidente que la asunción por el Estado de una parte de las deudas autonómicas no puede ser compatible con las prácticas de desfiscalización de rentas altas que algunas practican; condicionar la quita al aumento de las dotaciones para servicios e inversiones públicas y para garantizar el incremento de la recaudación fiscal parece una razonable medida de justicia equitativa. Esta política solidaria en absoluto podría considerarse atentatoria de la autonomía política sino expresión de un acuerdo favorable a los ciudadanos de la CA afectada que verían así aumentar la cantidad y la calidad de los servicios públicos recibidos de su administración autonómica. Un acuerdo que podría servir de soporte para la definición de un nuevo modelo de financiación de las CCAA en el que estas implementan las políticas públicas de sus competencias y la prestación de servicios públicos y el Estado se ocupa de garantizar el acceso al endeudamiento minorando la carga onerosa que dificulta la primera función.

El fortalecimiento de las políticas públicas y la mejora de los servicios públicos ha demostrado ser una forma eficaz de acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, al fin una de las justificaciones centrales del Estado de las autonomías.

Porque es de esto de lo que se trata en última instancia, de garantizar el predominio de los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses de los acreedores.

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José Antonio Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.

“El PP tiene que retratarse y decirle a los ciudadanos qué va a hacer”. Esta expresión sale del corazón del Gobierno en el inicio del curso escolar, donde el PSOE y Sumar han puesto sobre la mesa dos grandes apuestas con una gran vertiente social: el proyecto de ley para la quita de deuda a las comunidades autónomas y la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media.

En el Ejecutivo defienden durante estas horas que son dos iniciativas legislativas que afectarán directamente y diariamente a los ciudadanos en su beneficio. En el Ministerio de Hacienda subrayan que la quita de deuda conlleva un ahorro de más de 6.000 millones de euros en concepto de intereses a las autonomías, que podrán invertir más en los pilares del Estado del Bienestar en los que tienen competencias: educación, sanidad, dependencia y servicios sociales.

Por el momento la dirección pilotada por Alberto Núñez Feijóo ha dado la orden a sus barones de que rechacen esta propuesta. Pero todavía el camino es largo, señalan en el Ejecutivo, donde subrayan que tiene que pasar primero por el Parlamento ese proyecto de ley y luego deberán firmarse convenios bilaterales entre la administración central y la autonómica para la condonación. Por lo tanto, no se descarta que luego las autonomías populares se sumen a esa vía frente al ‘no’ que pueda mantener Génova 13 durante la tramitación del texto en las Cortes Generales.

Frente a las críticas del Partido Popular, el Gobierno se centra durante estos días en explicar la iniciativa, pactada con Esquerra Republicana, pero con efectos para todas las autonomías (incluida Madrid, que en su día no se acogió al FLA y se financió exclusivamente a través de los bancos). Pero la principal batalla sobre esta cuestión no está en Cataluña, sino en Andalucía, que es la comunidad que puede beneficiarse más con una quita de 18.791 millones de euros (una cantidad mayor a la que en su día pidió el propio Juanma Moreno).

Ahora hay un pulso directo, con las elecciones andaluzas del año que viene de fondo, entre Moreno y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que será la candidata del PSOE andaluz. Los socialistas ya enfatizan que el presidente andaluz tendrá que explicar por qué no acepta esa condonación para una comunidad donde los servicios sociales no dejan de erosionarse por la gestión del Partido Popular y en la que la sanidad se va a convertir en uno de los grandes temas de cara a las urnas.

Los socialistas se afanan en argumentar que no se trata de una mera cuestión de números, sino que detrás del proyecto de ley hay una medida “histórica” con efectos sociales. Frente al debate sobre la financiación singular catalana, en esta ocasión el PSOE está cómodo en la defensa de la quita porque beneficia a todas las autonomías, como señalan desde el Ministerio de Hacienda. Asimismo, subrayan en el equipo de Montero que supone una “mejora de la situación financiera” de las autonomías porque hoy algunas comunidades no pueden acceder a los mercados, y esto hace que puedan volver a tener autonomía financiera y política.

En el Gobierno subrayan que “no hay agravio para las comunidades del PP”, a las que corresponden de quita 60.000 millones de los 83.252 millones de euros de deuda. “Siete de cada diez euros condonados benefician a las autonomías donde gobierna el Partido Popular”, explican fuentes gubernamentales. Por ejemplo, la región con mayor condonación por habitante es la Comunidad Valenciana (2.284 euros). Y Canarias, donde hay una coalición de CC y populares, aparece como el Gobierno con mayor porcentajes de deuda condonado (el 50%). Por eso, desde el Ejecutivo esperan que los presidentes conservadores “recapaciten”: “Son rehenes de la oposición destructiva de Génova que busca enfrentar a unos territorios con otros”.

“Nadie entiende qué está haciendo Feijóo con su empeño en negarse a que las comunidades tengan más recursos o en la reducción de la jornada. Los presidentes del Partido Popular saben que no van a poder explicar a los ciudadanos cómo dejar perder todos esos recursos económicos. Básicamente porque no tiene explicación. Feijóo solo sabe decir ‘Cataluña nos roba’, pero deja de lado que la comunidad más beneficiada por la quita de la deuda es Andalucía”, subrayan fuentes de Ferraz, que reflexionan: “Feijóo va a destruir todo si cree que con ello se acerca a ser presidente del Gobierno. Se pondrá del lado de Vox y hará de sucursal de Abascal todo el tiempo que sea necesario. Sólo tiene una obsesión: La Moncloa. Todo lo demás es accesorio, incluido el bienestar de las personas”.

En el Gobierno están muy pendientes de las próximas votaciones en el Congreso en el primer pleno tras el inicio del curso político en septiembre. El miércoles los diputados tendrán que decidir sobre las enmiendas a la totalidad al proyecto de reducción de jornada laboral, la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante esta legislatura. 

La gran incógnita está en qué hará Junts, con quien sigue negociando el Gobierno. Pero el foco lo ponen en Trabajo en el Partido Popular, que todavía no ha revelado cuál será su voto (aunque ha presentado una enmienda a la totalidad). Fuentes del departamento que dirige Díaz critican que el Partido Popular ha sido el único grupo parlamentario que se ha negado a sentarse con el Ejecutivo para debatir sobre la medida previamente. Y eso que desde el Ministerio se ha llamado en varias ocasiones al grupo parlamentario poniendo todas las facilidades sobre el lugar y la hora del encuentro.

En estos momentos Díaz no tiene los votos asegurados para sacar adelante el proyecto de ley. No obstante, en Trabajo reiteran que volverán a presentar la medida en el Congreso si es tumbada por los grupos. Por ejemplo, el PP ha cambiado de posición en ocasiones como sucedió con la revalorización de las pensiones y la creación de la Agencia Pública de Salud. “Tienen que retratarse y decir a los ciudadanos qué van a hacer”, señalan en el entorno de la vicepresidenta, donde comentan que esta medida beneficia también a cientos de miles de votantes del Partido Popular. Asimismo, dicen que ya toca que Núñez Feijóo diga, si vota en contra, que está a favor de que trabajen más sus votantes como pide la CEOE. Con un aviso desde el ministerio: el control de horarios se va aplicar sí o sí, aunque no salga la ley, porque pueden implementarlo a través de un reglamento.

La prohibición expresa del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que los barones de su formación se acojan a la quita de la deuda que el Consejo de Ministros aprobó este martes, contrasta con las continuas reclamaciones de estos mismos dirigentes —incluido el propio Feijóo— al Ejecutivo central para disponer de más fondos con los que, teóricamente, mejorar los servicios de la ciudadanía, especialmente en lo que se refiere a sanidad, educación y servicios sociales. Una contradicción que el Gobierno prevé explotar teniendo en cuenta las enormes deudas que acumulan varias de estas autonomías y las declaraciones pasadas de algunos barones del PP en las que abrían la puerta a acogerse a la condonación de deuda una vez se conociese su cuantía.

En este caso concreto, los presidentes de Andalucía, Comunitat Valenciana y Murcia llevan años clamando por un cambio de modelo de financiación autonómica que implique contar con más ingresos para hacer frente a sus obligaciones a pesar de defender —y practicar— reducciones fiscales que les han privado de recursos que ellos mismos consideran imprescindibles. Y ahora que tienen la oportunidad no solo de reducir significativamente y de un plumazo parte de su deuda, sino de deshacerse de los enormes intereses que pagan cada año por ella —que podrían destinar a mejorar los servicios públicos— no lo quieren y tratan de justificar su negativa.

"Andalucía no tiene ningún problema de deuda, quien tiene un problema de deuda, en este caso, es Cataluña. Al final esto es tan sencillo como salvar a [Pedro] Sánchez y para salvar a Sánchez nos meten a todos en un lío y utilizando recursos y el aparato del propio Estado", fueron las palabras del presidente andaluz, Juanma Moreno, este martes pese a que Andalucía sería la autonomía más beneficiada con esta medida, con 18.791 millones de euros condonados. La titular de Hacienda de la comunidad, Carolina España, lo calificaba directamente de "trampa": "Es cambiarla del bolsillo del padre al de la madre", argumentaba.

En esa misma línea se pronunció también el presidente valenciano, Carlos Mazón, este miércoles al calificar la medida como un "chantaje" que no piensa aceptar, que en su caso supondría una quita de 11.210 millones de euros, lo que representa el 19,3 % del total de la deuda valenciana y el 24,3 % de la deuda atribuible a la infrafinanciación, según los cálculos del Ministerio de Hacienda. Por su parte, su consejera de Hacienda, Ruth Merino, aseguraba que "no beneficia en nada a los valencianos, ya que no permite aumentar el gasto en servicios fundamentales ni el regreso de la Generalitat a los mercados".

El murciano Fernando López Miras ha llegado a afirmar que distribución de la condonación de la deuda también perjudica a la Región al ser la novena en el reparto —aunque, paradójicamente, no se quiere acoger al mismo—: "El problema de la Región no es la deuda, sino la infrafinanciación", señaló este miércoles, ya que "mientras no se cambie el sistema de financiación caducado desde 2014, vamos a seguir siendo los españoles que menos recibamos para mantener nuestros hospitales o los colegios", argumentó. El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, la calificó de "parche".

Otra de las que se ha mostrado más beligerante con esta quita es la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, y ha minimizado el potencial ahorro en intereses para la región. "''Perdonar' y asumir las deudas de los independentistas es tan, tan positivo para la economía española, que este Gobierno de caraduras sólo ha tardado siete años en plantearlo", criticaba la madrileña. Su consejero de Presidencia y portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, cargaba contra los "dos nuevo peajes" del Gobierno.

Lo cierto es que, a pesar de las declaraciones de los dirigentes del PP, el proyecto del Gobierno –siempre y cuando todas las comunidades beneficiarias se acogiesen al sistema– liberaría a las comunidades de tener que devolver 83.252 millones de euros de deuda, lo que sí les permitiría un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros que ya no tendrán que destinarse al pago de intereses y podrían ir a otras partidas presupuestarias autonómicas como las de sanidad, educación o dependencia. Supondrá, según los cálculos de Hacienda, que el Estado asuma casi el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas. El Gobierno cuenta con que todas acabarán desmarcándose de Feijóo cuando llegue el momento.

La queja de estas comunidades contrasta con el presupuesto que destinan en materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales. En la primera materia, según los Presupuestos iniciales de sanidad —que el ministerio actualiza para 2025 con nota metodológica sobre CCAA con cuentas prorrogadas— y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), las comunidades con menor inversión per cápita son Cataluña (1.515,99 euros), Murcia (1.511,18 euros) y Madrid (1.482,25 euros). En promedio, el gasto sanitario per cápita ha aumentado un 1,04%, lo que equivale a 72,34 euros adicionales por persona. Sin embargo, la organización denuncia que España sigue estando por debajo de la media europea en gasto sanitario.

Por lo que respecta a la educación, según los datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación en la última edición disponible, la de 2020, refleja que en el ejercicio de 2017 Madrid estaba a la cola en gasto público por alumno en centros públicos. En concreto, el estudio situaba la inversión por estudiante en los 4.727 euros, mil euros por debajo de la media nacional –5.779 euros. En la parte baja de la tabla, por delante de la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y por debajo de la media nacional, se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunitat Valenciana, con un desembolso que va desde los 5.077 euros de la primera a los 5.609 euros de la última de ellas.

En lo que respecta a los servicios sociales, Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid suspenden por su cobertura intrascendente. Así lo reveló el Índice DEC 2024, que pone de manifiesto las grandes diferencias entre comunidades autónomas y que refleja, por ejemplo, que el gasto por habitante en servicios sociales en Extremadura es de 713,7 euros, un 76% más que en Madrid, con 405,3 €; que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973) es seis veces superior a Navarra (494), o que el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores (sobre mayores de 75 años) es tres veces superior en Castilla y León (11,8%) que en Murcia (3,8%).

El Consejo de Ministros dio este martes un paso más en la estrategia del Gobierno para legitimar la condonación de deuda a Cataluña haciéndola extensible al resto de las comunidades del régimen común (el País Vasco y Navarra tienen su propio modelo de financiación), aprobando el anteproyecto de ley que pretende regularla.

Sin embargo, la decisión de Alberto Núñez Feijóo de llevar su oposición a esta norma al extremo de prohibir a sus barones la posibilidad de acogerse a la quita, a pesar de las enormes dificultades que atraviesan las finanzas de varios de ellos, ha brindado a Pedro Sánchez una oportunidad de oro para poner a prueba la autoridad del líder del PP dentro de su propia organización.

Los presidentes de Andalucía, Comunitat Valenciana y Murcia llevan años clamando por más ingresos con los que hacer frente a sus obligaciones a pesar de defender —y practicar— reducciones fiscales que les han privado de recursos que ellos mismos consideran imprescindibles. Y ahora que tienen la oportunidad no solo de reducir significativamente y de un plumazo parte de su deuda, sino de deshacerse de los enormes intereses que pagan cada año por ella y mejorar su credibilidad financiera en los mercados, Feijóo les ha prohibido acogerse al procedimiento.

De momento, ninguno de ellos se ha salido de la foto y se mantienen firmes, aunque varios han especulado en el pasado con acogerse a la condonación de deuda una vez se conociese su cuantía.

El Gobierno cuenta con que todas acabarán desmarcándose de Feijóo. “¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda?”, se preguntó este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “¿Qué familia española en su sano juicio, si se le plantea una condonación de parte de su hipoteca, va a decir que no?”. “Esta es la pregunta que hay que hacerle a las comunidades del Partido Popular que han dicho que no están de acuerdo y que van a votar en contra cuando la quita llegue al Congreso”, concluyó.

Lo cierto es que los barones del PP tienen todavía margen para mantenerse del lado de Feijóo y no acogerse a la condonación. A la ley reguladora le queda todavía un largo trámite por delante. No saldrá del Consejo de Ministros rumbo a la Cámara Baja hasta finales de año, como muy pronto. Y después tendrá que hacer frente a una tramitación de meses que ni siquiera está asegurada: Sumar ya ha anunciado que presentará enmiendas y uno de sus socios, Compromís, ya ha dicho que está en contra del modelo.

Lo que es seguro es que la norma no estará lista a tiempo para las elecciones en Castilla y León (marzo) ni, casi con toda seguridad, para las andaluzas de junio, lo que no impedirá que vaya a ser un ingrediente importante del debate electoral entre candidatos. Como mínimo, habrá tiempo para decidir hasta 2027.

De momento, las comunidades del PP están rechazando la quita con un abanico de argumentos que van desde decir que penalizará a los territorios que menos deben hasta insinuar, contra toda evidencia, que solo servirá para mutualizar las deudas de Cataluña. Galicia ha anunciado ya que estudiará si recurrir judicialmente la condonación, a pesar de que está todavía lejos de llegar al Boletín Oficial del Estado.

La mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, llegó a afirmar que “es una irresponsabilidad política sin precedentes que beneficia a aquellos que peor han gestionado y pretende mancomunar la deuda que han provocado los independentistas catalanes”, obviando que las más beneficiadas serán precisamente comunidades con presidentes del PP. De hecho, de los 83.252 millones de deuda que el Estado se ofrece a asumir, casi 60.000 corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Es decir, siete de cada diez euros.

“¿Dónde está el agravio?”, se preguntó la ministra Montero. “¿Dónde está el perjuicio que esta medida supone para otras comunidades que está denunciando el señor Feijóo y que repiten a coro los presidentes autonómicos a sabiendas de que esto beneficia a sus territorios?”. “Ya les digo yo”, añadió, “que por mucho que digan de cara a la galería, al final todos terminan firmando, porque saben que esto es bueno para el conjunto del territorio”.

En su formato actual, el proyecto del Gobierno –siempre y cuando todas las comunidades beneficiarias se acogiesen al sistema– liberaría a las comunidades de tener que devolver 83.252 millones de euros de deuda, lo que permitiría un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros que ya no tendrán que destinarse al pago de intereses y podrían ir a otras partidas presupuestarias autonómicas como las de sanidad, educación o dependencia. Supondrá, según los cálculos de Hacienda, que el Estado asuma casi el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas.

El modelo de reparto se conoce desde hace tiempo y se basa, sobre todo, en el criterio de población ajustada, un indicador que corrige la población real de cada comunidad según factores como edad, dispersión geográfica, superficie o insularidad, para repartir los recursos de manera más equitativa en función de sus necesidades de gasto. Pero tiene en cuenta otros factores: todas las comunidades deben beneficiarse de una reducción mínima de su deuda del 19% y compensar a las que tuvieron durante el periodo 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.

En términos absolutos, las que más recibirán son Andalucía y Cataluña, con quitas de 18.791 y 17.104 millones, respectivamente. Pero en términos per cápita, la quita más cuantiosa será para la Comunitat Valenciana, con 2.284 euros por habitante ajustado. El mayor porcentaje de deuda perdonado será para Canarias con un 50% del total. Pero para beneficiarse de esa reducción deben aceptar la propuesta del Gobierno; de otro modo perderán la oportunidad.

Del criterio de población ajustada sale una condonación de 60.232 millones, a los que hay que sumar otros 11.514 millones al aplicar el mínimo del 19%. 10.590 millones más se calculan de elevar la asignación por habitante ajustado a las autonomías que entre 2010 y 2022 recibieron menos que la media, y a las que se les dará lo mismo por habitante ajustado que a la Comunitat Valenciana (2.284 euros).

A esta cifra hay que añadir un ajuste adicional: las comunidades que hayan usado sus competencias para aumentar la recaudación del IRPF tendrán derecho a una condonación extra del 10%, si subieron el impuesto por encima de la media, y de un 5% para el resto. En total, 917 millones más. En la práctica, un castigo a las comunidades que, como es el caso de las gobernadas por el PP, redujeron impuestos.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que la mayor parte de la condonación de la deuda autonómica aprobada por el Ejecutivo -siete de cada diez euros- beneficia a territorios gobernados por el PP y no hay "ningún agravio" entre regiones, según recoge EFE. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que permitirá la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas que lo soliciten y cuyo reparto se basa en criterios de población ajustada, con la garantía de una quita mínima del 19 % para todas las regiones.

En la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha pedido una reflexión a los populares para que se sumen a este proceso, ya que son las comunidades las que tienen que decidir voluntariamente si aceptan la quita. "Si el señor Feijóo no es capaz de hacerlo por ser rehén de las políticas ultras que tiene su partido, al menos que los presidentes autonómicos pongan por delante el interés de la ciudadanía y sean coherentes con lo que interesa a sus territorios y no con los mandatos que vienen de Génova que no benefician a nadie", ha dicho la vicepresidenta.

Tras lamentar que el líder del PP trate "como siempre" de "inventar relatos" como el de que esta condonación no es beneficiosa para todos y supone agravios, Montero ha reiterado su deseo de que los populares recapaciten. Y ha augurado en cualquier caso que aunque ahora, "de cara a la galería", critiquen la medida, "al final todos acabarán firmando".

Después, en el turno de preguntas, ha criticado que el secretario general de los populares, Miguel Tellado, haya reconocido que la medida beneficia aunque después anuncie el voto en contra al anteproyecto de ley, y se ha preguntado cómo el principal partido de la oposición dice que no apoya algo bueno para los ciudadanos "por puro interés partidista".

En su exposición del anteproyecto, María Jesús Montero ha recordado que la mayoría de la deuda que se va a condonar será para comunidades del PP o en las que este partido gobierna con otros y ha recordado que entre las regiones más beneficiadas están Andalucía, Comunitat Valenciana y Canarias.

Así, ha explicado que la comunidad que más deuda condonaría en términos absolutos sería Andalucía, 18.791 millones; la comunidad con mayor condonación por habitante -2.284 euros por persona- sería Comunitat Valenciana; y la comunidad con mayor porcentaje de deuda condonada, el 50% de la que tiene, sería Canarias.

Ha insistido además en que la medida puede beneficiar a las comunidades que, como Madrid, no se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómica y prefirieron financiarse en los mercados. Y al mismo tiempo, ha asegurado, permitirá volver a los mercados a comunidades que en este momento no podían acudir a ellos.

Ese sería, ha apuntado, el caso de Comunitat Valenciana. Por eso ha dicho que "no hay ningún motivo" para que una comunidad como la valenciana, que no puede salir a los mercados, "siga atrapada en esta situación porque (el presidente valenciano) el señor Mazón vaya al dictado de lo que dice el señor Feijóo".

María Jesús Montero ha insistido en que la condonación de deuda acordada con ERC para Cataluña se ha generalizado al conjunto de las comunidades con la medida aprobada hoy y por eso ha acabado siendo una medida "buena para todos". "No perjudica a nadie, todo lo contrario", ha reiterado.

Pedro Sánchez quiere demostrar que tiene la iniciativa. El lunes por la mañana lo hizo presentando las grandes líneas del pacto de Estado para la emergencia climática —que anunció en plena ola de incendios— y este martes dará continuidad a esta estrategia en un Consejo de Ministros en el que está previsto aprobar las quitas de deuda que, si ellas quieren, beneficiarán a todas las comunidades autónomas del régimen común. En medio de esas dos citas, una entrevista en horario de máxima audiencia en RTVE —emitida a través de todos sus canales y de sus emisoras de radio—, en la que sostuvo con rotundidad que no existe corrupción en el PSOE, acusó a determinados jueces de hacer política y desligó el futuro de su Gobierno de cualquier decisión judicial que pueda producirse en el futuro.

Interrogado por la periodista Pepa Bueno, exdirectora de El País y nueva presentadora de la segunda edición del Telediario en La 1 de TVE, volvió a asegurar que no supo nada de las supuestas actividades ilegales de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. “No tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción. Tengo que decirle a la ciudadanía que este Gobierno, y yo como secretario general del Partido Socialista, no he tolerado en ningún momento ningún caso de corrupción. Ninguno”.

El presidente volvió a asegurar que da por cerrada su responsabilidad destituyendo y poniendo distancia con los investigados, pese a que no existe todavía sentencia judicial alguna, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a diferencia de lo que hacía el PP, y poniendo en marcha propuestas de regeneración democrática y de mejora de los controles para evitar esos casos de corrupción.

Por primera vez, sostuvo con contundencia que “por supuesto que no hay corrupción en el PSOE. No hay financiación irregular del Partido Socialista, no la hay. Soy absolutamente incompatible con cualquier forma de corrupción”, subrayó.

¿Por qué no dimitió? “Mi responsabilidad no es abandonar el barco. Es tomar decisiones, por duras que sean, desde el plano político, desde el plano de la organización, y por supuesto ofrecer al país una agenda de mejora de la calidad democrática, que es lo que está haciendo este Gobierno”, explicó.

Sánchez defendió que el fiscal general no dimita, pese a haber sido procesado, con el argumento de que “es inocente. Creo en su inocencia”. Y cuando Bueno le recordó que son los jueces los que deciden eso, añadió: “Por supuesto, pero en todo caso me podrá dar a mí el beneficio de confiar en una persona como Álvaro Ortiz, el fiscal general del Estado”.

“Siempre voy a estar con aquellos fiscales y jueces que luchan contra la corrupción, que persigan al delincuente”, prosiguió el presidente. “Pero no en un caso que a mí me parece que falta consistencia en cuanto a la carga probatoria para abrir un juicio oral”.

En relación con su hermano y su esposa, sometidos también a sendas imputaciones judiciales, acudió al mismo argumento. “Por supuesto que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre. Porque es la verdad”.

Aun pensando que “la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley”, añadió: “Con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Estos son casos palmarios de que eso no es así. De que hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos”, se quejó.

“Hay jueces haciendo política y hay políticos que tratan de hacer justicia”, sentenció en una nueva respuesta. “Sin duda alguna. Afortunadamente, es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia y al Poder Judicial”.

En todo caso, insistió en asegurar que “la corrupción sistemática acabó con la moción de censura en el año 2018. He pedido perdón, estoy dispuesto a aprender, a reconocer también mis errores, pero lo que no voy a hacer es aceptar lecciones de organizaciones políticas (en referencia al PP) que no asumen esa responsabilidad, que tienen más de 30 causas abiertas y que tienen a más de 100 personas siendo investigadas por casos de corrupción muy graves”.

“¿Su Gobierno, la continuidad de su Ejecutivo, depende más de los tribunales en este momento que de su acción de Gobierno?”, le preguntó la periodista. “De la acción de Gobierno. Sin duda alguna”, respondió Sánchez, desvinculando el futuro de su Ejecutivo de cualquier decisión judicial.

Preguntado acerca de lo que no funcionó durante los incendios, Sánchez recordó que ya sabemos “lo que no funciona. No funciona la deslealtad institucional, la precariedad de los trabajadores de las comunidades autónomas que están combatiendo contra el fuego, los recortes, ni la privatización ni el debilitamiento de las políticas públicas”. Hay recursos, defendió, y evidencias científicas. “Lo que falta es voluntad política por parte de determinadas administraciones territoriales para trabajar todos a una”, precisó, culpando a las comunidades autónomas del PP.

Sánchez pidió unidad para sacar adelante su propuesta de un pacto de Estado para la emergencia climática, pero al mismo tiempo calificó de “enorme error” ver a dirigentes políticos, a través de instituciones y partidos políticos —de nuevo en alusión directa al PP—, “no hacer ni una mínima referencia a la emergencia climática”.

Defendió también la quita de deuda que aprobará este martes el Consejo de Ministros, no solo en cumplimiento de sus compromisos con Esquerra, sino porque dará “margen fiscal a las comunidades autónomas para que hagan políticas sociales, porque dejarán de pagar intereses de la deuda y, por tanto, podrán destinarlo a educación, a becas, a sanidad, a dependencia, a servicios sociales, a políticas de vivienda”.

Es una decisión asumible, recalcó, gracias a la buena gestión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se va a llevar a cabo al mismo tiempo que se reducen la deuda del Estado y el déficit público.

El presidente reafirmó también que su Gobierno presentará un proyecto de presupuestos al Congreso por primera vez en lo que va de legislatura. Y esta vez reveló que no anticipará elecciones si no consigue sacarlos adelante como él mismo exigió en 2017 a Mariano Rajoy.

“Voy a presentar los presupuestos, pero también le digo una cosa. Y quiero ser muy claro con los grupos parlamentarios. Los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. El fin es crecer, crear empleo, como lo está haciendo la economía española. Reducir la desigualdad y hacer la agenda de transformaciones económicas. Poder vehicular y gestionar los fondos europeos, que acaban el 31 de diciembre del año 2026”. Y no tiene intención de renunciar a este fin si no logra sacar adelante “el instrumento” que, según él, es la ley de presupuestos.

“Vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales” y, si no logra que salgan adelante, seguirá gobernando con los presupuestos que tiene. “Tengo unos presupuestos que me permiten cumplir con los dos principales objetivos que antes le he dicho: hacer frente a mi agenda social, a la agenda social del Gobierno de coalición progresista, y también el poder vehicular todos los fondos europeos que tenemos de aquí al año 2026”.

Convocar elecciones, aseguró, supondría “meter al país en una parálisis: dos meses de campaña, más luego el debate de investidura. Y mientras tanto, perdiendo la gran oportunidad de transformar nuestro país con esos fondos europeos”.

“Voy a ofrecer ese acuerdo de unos nuevos Presupuestos Generales”, pero si no salen, concluyó, “tenemos todas las herramientas para poder cumplir con nuestros objetivos”.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas marcó un nuevo récord en 1.667.443 millones de euros a cierre de marzo, equivalentes al 103,5% del PIB, lo que supone 1,7 puntos más respecto al cierre de 2024 (101,8%) pero 2,8 puntos menos en comparación con el mismo periodo de 2024 (106,3%).

La ratio de deuda está 20,7 puntos porcentuales por debajo del máximo registrado en marzo de 2021 (124,2 % del PIB), según destaca el Banco de España en una nota de prensa recogida por EFE.

De acuerdo con los datos actualizados este lunes, la administración central acumula el grueso de la deuda pública con 1.518.333 millones, 20.600 millones más respecto al cierre de 2024.

Las comunidades autónomas aumentaron su endeudamiento en 1.989 millones, hasta un total de 338.040 millones, y las corporaciones locales incrementaron el suyo en 334 millones, hasta 22.897 millones. Las administraciones de la Seguridad Social elevaron su deuda en un millón, hasta un total de 126.174 millones.

La suma de todas las administraciones da una cifra superior al endeudamiento público total, porque hay 373.687 millones contabilizados por partida doble, dado que la administración central es la principal acreedora de las autonomías.

Los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP han abandonado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debate la propuesta del Gobierno de condonar más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, a la que se oponen por considerarla una "trampa", informa EFE.

En declaraciones a los medios tras abandonar la reunión, los consejeros del PP, entre ellos los de Madrid, Rocío Albert; Andalucía, Carolina España; y Galicia, Miguel Corgos, han exigido al Gobierno que se hable de reformar el sistema de financiación autonómica y no solo de condonar la deuda.

Además, han reprochado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que haya traído a la reunión un orden del día impuesto por los independentistas catalanes, mientras las 12 comunidades del PP y Ceuta y Melilla llevan años pidiendo un nuevo sistema de financiación.

En las declaraciones previas a la reunión, ninguno de ellos había adelantado la intención de plantar a la ministra, aunque sí habían hablado de "teatrillo" y "engaño".

Varios consejeros, entre ellos el de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, han explicado que a lo largo de la mañana se había debatido entre los responsables de Hacienda del PP la posibilidad de levantarse de la mesa.

Ha sido en el momento en que se abordaba el punto 5 del orden del día, relativo al impuesto a la banca y previo al destinado a la condonación de la deuda, cuando ha intervenido Miguel Corgos, crítico tanto con la forma como con el fondo, cuando se han levantado todos, aproximadamente tras una hora de reunión.

El propio Corgos ha explicado a la salida de la reunión que los consejeros del PP han decidido retirarse cuando en el Consejo "se ha empezado a tratar temas que son impropios" de este órgano y ya fueron aprobados por las Cortes, como ha sido la norma que graba los rendimientos bancarios, mientras no se abordan, ha recriminado, temas urgentes como la reforma de la financiación autonómica.

La consejera andaluza ha recordado que cuando Montero era consejera de Hacienda en Andalucía decía que "la condonación o la reestructuración no podía sustituir el debate" de la financiación autonómica, al ser una cuestión complementaria, por lo que ha recriminado que ahora como ministra evite e incluso "haya quitado el punto del orden del día" de la reforma para incluir "exclusivamente las dos cuestiones que tenía pactadas y cerradas" con los independentistas.

"Lo que necesitamos no es un modelo de condonación, lo que necesitamos es un nuevo sistema de financiación autonómica", ha dicho en el mismo sentido la consejera madrileña de Hacienda, Rocío Albert, que ha añadido: "No vamos a ser cómplices, no vamos a blanquear el acuerdo".

Albert ha explicado que las comunidades del PP, "por lealtad y por responsabilidad", sí han asistido al debate de otros puntos del orden del día como ha sido el referente al déficit de 2023, pero han abandonado la sala cuando se ha abordado el tema de la deuda a partir de un modelo "pactado y cerrado única y exclusivamente con los independentistas" y no con el conjunto de autonomías.

La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública de la Comunitat Valenciana, Ruth Merino, ha pedido, tras el plantón a Montero, que se aborde la reforma del sistema de financiación, porque “la deuda no es lo principal, además de que los acuerdos que nos han traído hoy venían ya pactados con los independentistas”.

“Blanquear aquí los acuerdos de Sánchez con los independentistas no tiene ni pies ni cabeza, es una cuestión de dignidad. Pero además es que las propuestas que nos han traído no benefician a la Comunitat Valenciana, no nos permiten salir a los mercados, y esos supuestos ahorros que se supone que nos llegarían no los podríamos gastar en Sanidad, Educación o en la reconstrucción tras la dana”, ha añadido.

La responsable extremeña, por su lado, se ha referido al impuesto a la banca quejándose que ”nos lo trae cuando ya se ha aprobado en una ley”, con lo cual ya se priva al CPFF de participar, además de que la tasa “va a dar más de 300 millones a Cataluña y 30 a Extremadura.

El conseller balear, Antoni Costa, en la misma línea, se ha quejado de que el Gobierno ha traído "lentejas, por así decir", además de que ha recordado que la condonación de la deuda todavía tiene por delante "un camino farragoso" y, tal vez, ni siquiera llegue a ser aprobada en el Parlamento.

Las comunidades del PP han registrado un escrito para la ministra de Hacienda en el que rechazan de forma "unánime" la condonación, que tildan de decisión "arbitraria y discriminatoria", y reclaman, entre otras cuestiones hasta que se aborde la reforma de financiación autonómica, la actualización de las entregas a cuenta, que se blinde el respeto a la autonomía fiscal de cada territorio y que se mantenga el mecanismo del extra-FLA porque permite una liquidez adicional para hacer frente al déficit.

Además, piden al Gobierno "volver al respeto y la lealtad institucional" entre las administraciones y paralizar "cualquier avance hacia la independencia fiscal" que reclama Cataluña.

La financiación autonómica y la deuda de las comunidades autónomas está en el centro del debate desde que el Gobierno anunció que pondría en marcha la condonación de deuda que pactó con Esquerra Republicana al comienzo de la legislatura. El importe de la medida, a la que se podrán acoger todas las comunidades autónomas, asciende a 83.252 millones de euros, un 25% del total agregado. Si sale adelante en el Congreso, algunas comunidades, como Canarias, verán condonado hasta el 45% de su deuda y otras como Valencia, la que menos porcentaje de deuda verá perdonada en la primera fase, se quedarán en un 11,5%.

La maquinaria de acuerdos parlamentarios para que se apruebe parece que seguirá en marcha hasta el último momento, ya que Junts no ha aclarado si votará a favor, aunque ERC sí que lo hará. Con la negativa del partido de Puigdemont, que pretende un perdón de la deuda restringido a Cataluña y no a todas las comunidades, el Gobierno necesitaría el apoyo del Partido Popular (PP) y se replica la situación que hace meses hizo decaer el denominado decreto ómnibus. Los populares vuelven a estar en la tesitura de dar una negativa a una medida que beneficiaría a las comunidades en las que gobiernan.

Ante la propuesta, Alberto Núñez Feijóo ha reiterado este martes su rechazo a la condonación de la deuda, pero no aclaró si las comunidades gobernadas por el PP aceptarán la oferta de Hacienda en caso de que la medida se ratifique en el Congreso. Los populares justifican la negativa alegando que es una medida que premiará a las comunidades que peor han gestionado su deuda y que se ha diseñado pensando en Cataluña. “La deuda no se condona, se trasvasa de un lugar a otro. La deuda que tenían como madrileños la tendrán también como españoles. La deuda que un catalán tiene como catalán por la falta de gestión eficiente de la Generalitat, ahora la va a tener como español”, ha detallado. Por su parte, desde el Ejecutivo, Pilar Alegría señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el PP estaba poniendo “excusas peregrinas” y que la negativa significaba “votar en contra de los intereses de sus comunidades y de los intereses de sus ciudadanos”.

El dilema de los barones populares es si acogerse como representantes autonómicos a una medida a la que se han opuesto como partido. Por ejemplo, entre Andalucía, Valencia y Madrid, las comunidades del PP que más se beneficiarían de la condonación, suman una quita de más de 38.500 millones en deuda. Para poder acogerse, tendrían que realizar la petición formal de manera individual dentro de unos meses, cuando se apruebe en el Congreso y se concreten los detalles de la tramitación.

Ninguna de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ha aclarado si renunciará a acogerse a la condonación en caso de que saliese adelante. Aunque algunos representantes autonómicos han dejado algunas pistas. El presidente Andaluz, Juanma Moreno Bonilla, no rechazó abiertamente la fórmula, aunque sí puso el acento en que habría que conocer “la letra pequeña”. Desde Valencia, una de las regiones con más deuda, la consejera de Hacienda, Ruth Merino, señaló que votarían que no, aunque no quiso aclarar si de salir adelante la propuesta, pedirían una quita para su comunidad. Desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso también se mostraba en contra de “asumir la deuda en lugar de quienes la han provocado en Cataluña”. En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, seguía la misma línea argumental acusando al gobierno de “socializar” la deuda.

El diseño del proceso tendrá tres fases de aplicación. En el primero se calcula el grado de endeudamiento de cada comunidad en las crisis financieras. En concreto, se comparan los periodos 2010-2013 (relativo a la crisis financiera y donde el gasto de las regiones creció en 109.582 millones) con 2020-2023 (aquí la crisis provocada por el coronavirus y la inflación posterior apuraron de nuevo las cuentas de las comunidades hasta una deuda de 29.272 millones). En la segunda crisis el pasivo avanzó menos que en la primera, algo que la ministra de Hacienda atribuyó al diferente abordaje que habían hecho, con respecto a las políticas de Mariano Rajoy en la primera crisis. Así, con la diferencia entre las dos cifras, se obtienen los 80.310 millones de sobrendeudamiento que calcula el Gobierno.

Una vez establecido esto, cada comunidad recibirá un porcentaje de ayuda en función de sus datos de población ajustada, teniendo en cuenta, por ejemplo, factores como las edades medias o la distribución geográfica. En una segunda fase, y con el fin de asegurar de que ninguna región quede por debajo de un 19% de condonación, Hacienda introduce correcciones para elevar la aportación a aquellas que se quedaban por debajo de esta cifra. Además, se establece una compensación adicional para las áreas territoriales que hayan mantenido al alza el IRPF entre 2010 y 2022, con el fin de “reconocer el esfuerzo fiscal”, señalan en el documento oficial.

Así, las comunidades que más dinero se llevan en este reparto serían Andalucía (18.791 millones), Cataluña (17.104 millones), Valencia (11.210 millones), Madrid (8.644) y Castilla la Mancha (4.927 millones). La deuda de las comunidades puede ser con entidades privadas o con el Fondo de Liquidez Autonómico, una línea de crédito creada por el Gobierno en 2012 y que da soporte a las regiones que no puedan o no quieran acudir a los mercados. En cualquier caso, el mecanismo cubrirá la deuda tanto si es con entidades privadas como si es con el fondo de liquidez. “Se trata de un esfuerzo sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, tengan o no deuda con el Estado”, puntualizó María Jesús Montero.

En los datos sobre deuda autonómica que elabora el Banco de España, las comunidades con mayores déficits a septiembre de 2024 eran Cataluña, Valencia, Andalucía o Madrid. Aunque las que más porcentaje de deuda sobre su producto interior bruto sufren son Valencia (40,8%), Murcia (30,3%), Cataluña (30,1%) y Castilla la Mancha (29,2%). Entre las que menos tienen están Navarra, Canarias y País Vasco, que rondan el 11%.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el total de deuda de las comunidades autónomas se incrementó hasta los 333.000 millones de euros en septiembre de 2024, un 2,4% más que un año anterior y equivalente al 21,3% del PIB. Las cifras son enormes y la gestión siempre ha planteado desafíos. Según un informe del think tank Funcas, uno de ellos es la gran diferencia de endeudamiento entre unas regiones y otras. Una brecha que va desde los 88.000 millones de Cataluña, hasta los 1.600 de La Rioja, la menos endeudada. Otro punto, son los problemas de acceso al crédito privado de comunidades muy endeudadas —que no tienen más remedio que financiarse con sobrecostes— y el alto importe de los intereses que dificulta la reducción efectiva de las deudas.

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se redujo al 101,8% del PIB al cierre de 2024, lo que supone 3,3 puntos menos respecto al cierre de 2023, de acuerdo con los datos avanzados este lunes por el Banco de España y recogidos por EFE. No obstante, en términos absolutos, el importe de la deuda ha crecido en 46.143 millones de euros en 2024, hasta un total de 1.621.515 millones de euros, máximo para un cierre de año, aunque por debajo del récord mensual alcanzado el pasado septiembre en 1.636.116 millones.

La mejora de la ratio de deuda pública tiene mucho que ver con la revisión al alza del PIB de los últimos cinco años, tanto en tasa de crecimiento como en volumen, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato mejora en 0,7 puntos la previsión del Gobierno, que calculaba que la deuda pública terminaría el año en el 102,5 % del PIB, según incluyó en el plan fiscal estructural 2025-2028 remitido a Bruselas en octubre.

El cierre de 2024 sitúa a España en una posición cómoda para cumplir con el objetivo comprometido para 2025, fijado en el 101,4 % del PIB.Y el Ministerio de Economía atribuye la mejoría no solo al mayor crecimiento económico, sino también al compromiso con la responsabilidad fiscal, y destaca que España ha reducido el nivel de deuda sobre el PIB en 22,4 puntos desde el pico alcanzado en la pandemia de covid en 2020.

"Esta importante y sostenida reducción está siendo compatible con la adopción y mantenimiento de medidas para hacer frente a las diferentes necesidades de familias y empresas en los últimos años, y especialmente para la reconstrucción y el relanzamiento de la zona afectada por la dana", añade el Ministerio en un comunicado a los medios.

La administración central asume el grueso de la deuda con 1.473.817 millones, 58.846 millones más que al cierre de 2023. Las comunidades autónomas, por su parte, sumaron un endeudamiento de 11.182 millones, hasta 336.424 millones, mientras que las administraciones de la Seguridad Social añadieron 10.000 millones a su deuda, hasta los 126.173 millones. Las corporaciones locales, por el contrario, disminuyeron su deuda en 352 millones, hasta 22.958 millones.

La deuda de las diferentes administraciones suman más de la deuda pública total, puesto que hasta 374.626 millones se contabilizan por partida doble, fundamentalmente porque el Estado central es el acreedor de la deuda de las autonomías.

Después de ganar las últimas elecciones autonómicas el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunció la bonificación al 100% del Impuesto de Patrimonio, unos 100 millones al año que pagaban poco más de 20.000 personas. "Andaluces, bienvenidos al paraíso", saltó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, comunidad que, junto a la propia Andalucía, es la de menor gasto educativo y sanitario per cápita. Algo rezagado, el presidente murciano, Fernando López Miras, avanzó que también iba a quitar Patrimonio en 2023. Se trata de la misma estrategia del presidente valenciano, Carlos Mazón, que avanzó precisamente unas semanas antes de la dana que su comunidad se iba a beneficiar de la "mayor reforma fiscal de España". Y de la línea que ha seguido el sustituto de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aplicando recortes de impuestos sin evaluar las consecuencias.

El PP enmarca este embate, similar a la que lanzó contra el Impuesto de Sucesiones, en una ofensiva más amplia que incluye rebajas del IRPF, también con las rentas altas como beneficiarias, aunque en este caso no únicas. Todas estas medidas se presentan dentro una lógica, según la cual "donde mejor está el dinero es en el bolsillo", sea cual sea la renta. Sin embargo, según el último informe de la Auto­ri­dad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), solo las rebajas del IRPF supondrán una pérdida en la recaudación de casi 2.200 millones entre el 2023 y el 2029, a las que se le sumarían otros 2.175 millones si se incluyen las rebajas de todos los impuestos de competencia autonómicas como los citados de Sucesiones y Donaciones, y de Patrimonio.

La Comunidad de Madrid es la que lidera el listado de merma de los ingresos ya que solo la reducción del tramo autonómico del impuesto sobre la renta supera los 1.000 millones. Le siguen la Comunitat Valenciana, que renuncia a ingresar 282 millones, y Andalucía, con 255 millones. El IRPF es el impuesto que más recauda y donde más impactan las rebajas de las comunidades, que tienen competencia normativa sobre la mitad de la carga fiscal. Aunque la filosofía de las autonomías del PP es seguir bajando impuestos, a continuación recriminan al Gobierno central la situación de infrafinanciación que sufren sus territorios y exigen más dinero al Ministerio de Hacienda.

El Partido Popular ha optado desde hace casi tres décadas por convertir a la Comunidad de Madrid en el epicentro del llamado dumping fiscal, la práctica por la que un territorio ofrece beneficios mediante bonificaciones o deducciones de impuestos a personas y a empresas. Destacan las modificaciones introducidas en los tributos estatales cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a lo que hay que añadir que han renunciado a tener tributación propia. El propio Gobierno madrileño cifra en casi 11.000 millones lo dejado de ingresar entre 2004 y 2023, sólo por las sucesivas podas al IRPF. Desde que Ayuso está al frente de la comunidad, ha aprobado treinta bajadas de impuestos, la última anunciada esta semana con la denominada ley Mbappé como medida estrella, y en su comparecencia de fin de año anunció otras nueve rebajas más, que cifró en 170 millones.

En el caso de Andalucía, la pasada legislatura el tramo más beneficiado por la rebaja del Ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla fue el de ingresos más altos, por encima de 120.000 euros. El Parlamento andaluz aprobó el pasado jueves 19 de diciembre, sólo con los votos del PP y el rechazo en bloque de toda la oposición, unos Presupuestos para 2025 que consolidan las siete rebajas fiscales implementadas por el Gobierno conservador desde su llegada al poder, en 2019, y que suponen la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya recaudación ha caído más de un 10% con su repercusión para las arcas públicas, y las deducciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).

Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, Mazón presumió de sus rebajas fiscales durante el debate sobre el estado de la comunidad celebrado en septiembre, en el que también anunció una rebaja al 50% del impuesto de actos jurídicos documentados para grandes proyectos empresariales. Una reforma fiscal que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señaló en un reciente informe que supondría una merma en la recaudación de unos 495 millones de euros. De esta cantidad, la Airef calculaba que la rebaja del IRPF supondría una pérdida de 270 millones de euros, la de Sucesiones y Donaciones de 212, y de otros impuestos 25 millones.

En Galicia los sucesivos gobiernos del PP en la Xunta han insistido en aplicar recortes de impuestos sin evaluar los efectos de hacerlo. Así lo reitera el Consello de Contas, equivalente al Tribunal de Cuentas, desde hace años y también se repite en el informe sobre la gestión económica y financiera del Gobierno gallego –la contabilidad general– que, en el año de la dimisión de Feijóo, situó las rebajas de impuestos en el 0,55% del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia. Mientras, "las medidas normativas adoptadas al alza", las subidas impositivas, fueron equivalentes al 0,34% del PIB.

En Murcia, el Ejecutivo de Fernando López Miras también se ha sumado a los recortes tributarios, cuyo impacto situaron desde el propio gobierno en más de 400 millones de euros, sobre todo por la bonificación en Sucesiones y Donaciones, a la que se suma la rebaja de ITP y AJD, la reducción del IRPF y nuevas deducciones. Un caso similar, aunque en menor medida, al de Marga Prohens en Balears, que ha prácticamente suprimido el impuesto de Sucesiones y Donaciones, eliminado el ITP para determinados supuestos, introducido nuevas deducciones en el IRPF y reducido el tramo autonómico un 0,5% hasta los 30.000 euros.

Las autonomías del PP compatibilizan estas rebajas fiscales con sus continuas peticiones al Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómico, con quejas continuas sobre la cantidad que reciben por parte del Estado. Se trata de un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía, que denuncian desde hace años su infrafinanciación, al igual que Murcia. Entre las dos primeras calculan que están perdiendo cada año 1.700 millones de euros y creen que es insostenible que esta situación se prolongue indefinidamente, aunque después sus políticas fiscales vayan en otra dirección.

La dificultad del nuevo modelo es conciliar tres grandes posiciones entre comunidades. La que defienden Mazón, Moreno y López Miras es una reforma que "nivele las diferencias del sistema" porque entienden que están por debajo en proporción a su población y reclaman un fondo transitorio que corrija estas diferencias hasta que haya un nuevo sistema de financiación autonómica. Los actuales criterios de reparto, fijados en 2009, ya no satisfacen a casi nadie y lo que está encima de la mesa desde hace años es un complicado debate acerca de cuáles deben ser tomados en cuenta y en qué medida

Pero hay muchos intereses en juego y lo que defienden estas tres autonomías no es lo mismo que quieren Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (PP), La Rioja (PP), Castilla y León (PP), Extremadura (PP), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PP) que, en líneas generales, abogan por que el nuevo modelo ponga el énfasis en el reto demográfico, el envejecimiento, la despoblación y la dispersión. Y que las reformas se centren en el coste efectivo de los servicios y en las necesidades reales de gasto. Este grupo quiere mantener lo sustancial del actual modelo. El mapa se completa con Illes Balears (PP), Cataluña (PSC) y Madrid (PP). Las tres quieren que se tenga en cuenta el principio de ordinalidad: que los ajustes de nivelación no les hagan perder posiciones en el ranking de comunidades y se limiten a achicar la horquilla entre la comunidad más beneficiada y la menos.

En la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 13 de diciembre en Santander, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que este mes de enero se celebrará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para "impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades autónomas del régimen común". Una cuestión que también genera tiranteces entre las autonomías del PP, ya que mientras algunas como la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia están dispuestas a aceptar la condonación si es para todos, otras como Madrid se niegan.

La unidad de acción del PP en materia de financiación autonómica ha durado apenas unos días. El pasado viernes el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, reunió a sus dirigentes autonómicos para escenificar una suerte de "cumbre" que acabó con un mensaje: la prohibición de que alcanzar pactos bilaterales sobre el modelo de financiación con La Moncloa y el compromiso de "tratar estos asuntos únicamente en los foros multilaterales diseñados para ello". Una declaración que se saldó en un acto sin preguntas de la prensa, para evitar exhibir las discrepancias entre las propias filas del PP que ahora han aflorado, y después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteara una ronda de contactos a nivel individual con los distintos presidentes autonómicos.

Sin embargo el mismo viernes ya afloraron las contradicciones dentro del PP en el momento en el que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, realizó un llamamiento a rechazar la invitación institucional de Sánchez, mientras que el resto de dirigentes mostraron su disposición a acudir a la cita. Ahora, dos de los barones con las comunidades más infrafinanciadas por los criterios del reparto, el valenciano Carlos Mazón y el andaluz Juanma Moreno, se han mostrado partidarios de reunirse y debatir con Sánchez sobre financiación e incluso sobre la quita de la deuda en el caso del presidente de la Comunitat Valenciana.

Mazón aseguró el martes en un desayuno informativo que él tiene "claro" que su deber es asistir a la cita y que está "deseando" esa llamada para acudir a Moncloa a reivindicar "medidas excepcionales y monográficas" para la autonomía que preside. "Pedimos medidas singulares, medidas excepcionales, para estar con los demás. Llámale singularidad, llámale medidas especiales, compensación, nivelarnos a los demás", explicó. El presidente de la Generalitat reivindicó una reforma "completa y entera" del modelo de financiación y, hasta que eso suceda, aseguró que su prioridad es conseguir recursos extra a través de un fondo de nivelación que elevó a 1.700 millones de euros. "Ahí estaría el mínimo", afirmó.

En ese mismo foro el presidente valenciano reconoció que "algún presidente autonómico" de su partido "no lo ve" como él, en alusión a Ayuso. "Pero yo lo tengo claro", aseguró. "Si te llama el que te debe 3.000 millones de dependencia, tú vas y se lo recuerdas. Si además te debe 25 recortes del trasvase, el caudal ecológico de l'Albufera o ayudas a la cerámica, pues vas y se lo echas en cara. Estoy deseando ir y claro que hablaré de las medidas excepcionales y monográficas que necesitamos", reafirmó. Este miércoles, tras la polvareda que han levantado esas declaraciones, Mazón aseguró que en el PP "no hay ni una sola grieta respecto al diagnóstico de la situación de la financiación autonómica" pero volvió a insistir en que reivindicará lo que necesitan los valencianos "en cualquier lugar".

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, apeló a la "vía andaluza" que se traduce, según el dirigente conservador, en una apuesta por el diálogo "con todo el mundo". "Por supuesto que me reuniré con mi presidente si me llama", aseguró en referencia a Sánchez. "Hablaré con Pedro Sánchez, con criterio y rigor, sobre el problema que tenemos a las comunidades con la financiación y en particular en Andalucía", señaló en declaraciones a Onda Cero. "Aunque sea a discutir, pero tengo la obligación de sentarme con él para decirle exactamente cuál es la posición que tiene Andalucía para debatirla, argumentarla y, en definitiva, dialogar", completó, insistiendo en el mensaje de que acudirá a la reunión con el socialista.

Lo cierto es que, pese a la unidad que trata de exhibir Génova, los dirigentes autonómicos de la formación discrepan en varias cuestiones sobre la financiación autonómica. En particular, en torno a la quita de la deuda —las menos endeudadas se niegan con vehemencia a aceptarla, pero las que más deben saben que acogerse a la oferta de Hacienda puede facilitarles mucho la vida en los próximos años— y en general acerca del peso que deben tener los criterios de reparto en función de la población real o de factores de corrección como el envejecimiento demográfico, la dispersión o la despoblación, entre otros. Algunas, como Andalucía, adquieren hacer valer sus problemas de déficit hídrico. Otras, como Aragón, la orografía exigente de una parte de su territorio.

Génova lleva tiempo tratando de acercar posturas en torno a una propuesta que reconozca singularidades sin perjudicar la solidaridad, compatible con diferentes criterios de reparto y que incluya un fondo transitorio mientras se negocia el nuevo modelo, tal y como reclaman con insistencia Andalucía y la Comunitat Valenciana. Una postura concreta y común no parece probable. El propio Feijóo ha admitido su incapacidad para fijar una posición compartida por el PP en todas las comunidades y lo ha justificado bajo el argumento de que el PP "no es una secta" ni él "un caudillo". No obstante este miércoles, antes de dar comienzo a la sesión de control, negó cualquier discrepancia sobre las negociaciones bilaterales de los presidentes autonómicos del PP: "Este es un partido de Estado y no tiene grietas, lo que tiene son responsabilidades territoriales", justificó.

Desde que Feijóo se hizo con las riendas del partido no se ha movido ni un ápice de su posición sobre la financiación. Su tesis es que debe ser la Comisión de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en la que se sientan las 15 comunidades del régimen común, la que resuelva con éxito el complicado sudoku que supone renovar las reglas de reparto de un dinero del que dependen servicios tan importantes como la educación, la sanidad o la dependencia. La estrategia del Gobierno sigue siendo que, antes de negociar en la CPFF, que PP y PSOE unifiquen criterios con sus respectivos barones y negocien entre sí cómo debe ser el nuevo modelo. De hacerlo así, el PP debería acordar una posición común y compartida por parte de Madrid, Andalucía, la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Galicia, Aragón, Cantabria y La Rioja.

Una tarea compleja para los conservadores, a tenor de que cada autonomía tiene sus propios intereses. El reajuste del modelo enfrenta los intereses de Andalucía, Madrid y la Comunitat Valenciana con los de Galicia y Castilla y León, por lo que el PP no quiere entrar en ese debate, más allá de clamar en contra del concierto catalán, porque no tiene una posición común. Lo que no va a hacer el líder conservador, según apuntan fuentes de su entorno, es establecer qué es lo que va a defender cada uno de ellos en materia de financiación autonómica. Y no lo hará porque sabe que las posiciones de unos y de otros territorios son irreconciliables.

El Gobierno central es consciente de estas discrepancias y va a tratar de que afloren como lleva semanas haciendo la ministra de Hacienda. "Ustedes, en territorios donde gobiernan, defienden la ordinalidad, argumentó la número dos del PSOE recientemente en el Senado. "Pero ahora la critican para impulsar una estrategia que consiste en demonizar todo aquello que tiene relación con Cataluña", prosiguió. "Ustedes defienden la ordinalidad en otras partes del territorio", insistió. "Y cuando usted quiera se lo documento, le digo cuáles son las que quieren y pelean por la ordinalidad", añadió, aludiendo a las alegaciones que las diferentes comunidades han ido trasladando a la propuesta de nuevo modelo que Hacienda planteó en diciembre de 2021.

Aunque el PP alimenta el discurso de que Pedro Sánchez no ha hecho otra cosa que aumentar los privilegios de los independentistas, su razonamiento choca frontalmente con la que defienden dos de las baronesas del partido: Ayuso y Marga Prohens, presidentas, respectivamente, de Illes Balears y Madrid. Sus dos comunidades, junto a Cataluña, son precisamente las únicas que aportan al sistema en términos de recursos más de lo que reciben. Las doce restantes, en diferentes grados, son perceptoras netas de fondos.

Pese a todas estas contradicciones el portavoz del PP, Borja Sémper, garantizó el pasado lunes desde Génova que no habrá "fisuras" de sus comunidades autónomas ni con la financiación autonómica ni con la condonación de la deuda. El vicesecretario del PP insistió en que tienen que negociarse de forma "multilateral". Así, afirmó que los presidentes del PP no se van a dejar "enredar" por el Gobierno central.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en 10.401 millones de euros en marzo respecto al mes anterior (+0,65%), hasta alcanzar los 1.613.063 millones de euros, nuevo máximo histórico, según los datos publicados este viernes por el Banco de España, según ha recogido Europa Press.

Este nuevo ascenso supone que el endeudamiento de las administraciones públicas vuelve a superar por segunda vez consecutiva la barrera de los 1,6 billones de euros, por encima del récord alcanzado en enero de 1,583 billones de euros. De hecho, la deuda ha subido en cada uno de los tres primeros meses de 2024.

En el último año, la deuda pública ha crecido un 5,1%, con 77.600 millones de euros más, como consecuencia de los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia, por la guerra en Ucrania y la subida de precios.

En este avance mensual, el Banco de España no ofrece datos sobre el peso de la deuda sobre el PIB -medido en porcentaje trimestralmente-, pero los últimos datos que se dieron a conocer apuntan a que en el cierre de 2023 se moderó la ratio al 107,7%.

Las estimaciones del Ejecutivo apuntan a que la senda descendente de la deuda pública continuará los próximos años, ya que prevé que baje del 106,3% en 2024 al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026.

La subida mensual de la deuda en marzo se debe al aumento del endeudamiento del Estado, de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos, que han registrado un leve ascenso, mientras que la Seguridad Social se ha mantenido en la misma cifra.

En concreto, en marzo la deuda del Estado se situó en 1.457.751 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,1% y 15.875 millones de euros más en un mes, mientras que en los últimos doce meses se ha elevado en un 6,9%.

Por su parte, las comunidades autónomas han elevado su deuda frente al mes de febrero hasta los 328.740 millones de euros, 859 millones de euros más (+0,26%), mientras que en tasa interanual experimenta un repunte del 2%.

De su lado, el endeudamiento de la Seguridad Social se ha mantenido en marzo prácticamente en el mismo nivel, con 116.170 millones de euros, un millón menos frente a febrero. El incremento interanual es del 9,4%.

El Banco de España explica que el incremento del endeudamiento de la Seguridad Social en el último año se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General del organismo para financiar su desequilibrio presupuestario.

Por último, los ayuntamientos han registrado una deuda en marzo de 23.177 millones de euros, 0,34% más que el mes anterior, mientras que en el último año ha subido un 0,5%.

La posible investidura de Pedro Sánchez ha abierto un nuevo escenario financiero para las comunidades. Y es que el pacto con Esquerra ha supuesto instalar un sistema por el que los gobiernos regionales podrán condonar deuda contraída a raíz de las crisis económica que azotó España durante una década gracias al Estado. Pero a la vez se ha convertido en un frente político del PP con la izquierda, a pesar de que sus autonomías pueden ser las principales beneficiadas. 

El pacto entre Esquerra y el PSOE incluye un nuevo sistema, aplicable para todas las comunidades autónomas de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra), para que el Estado pueda asumir parte de la deuda autonómica originada por “el impacto negativo del ciclo económico”. Para eso, “se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario”.

“Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el FLA pueda seguir operando como sistema de último recurso en el caso de situaciones críticas de mercado”, indica el texto firmado el jueves por el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras.

Es decir, como explican fuentes de la negociación, se ha creado un sistema para condonar deuda autonómica al entender que las comunidades tuvieron que recurrir a ella durante la crisis de hace una década por la falta de apoyo del Gobierno central, no como pasó durante la época del covid (cuando el Ejecutivo sí transfirió millones de euros a las autonomías para que no tuvieran que afrontar la difícil situación a base de endeudamiento).

Este mecanismo operará de dos maneras: asumiendo el Gobierno central deuda autonómica comprada por el Estado o a través de transferencias (dando dinero a las autonomías) para pagar la deuda comprada por terceros (por ejemplo, por parte de bancos). 

¿Y qué deuda va a ser condonada en cada comunidad autónoma? Según fuentes de la negociación se aplicará la misma fórmula con criterios objetivos para cada autonomía para determinar el monto, pero todavía no especifican qué corresponde a cada región. Están calculando, añaden, esos datos en estos momentos y no se tratará de una negociación bilateral entre Hacienda y cada gobierno autonómico.

Por el momento sólo se conoce el monto que se condona a la Generalitat de Catalunya. El texto firmado por el PSOE y Esquerra detalla que esta operación supondrá la asunción un 20% de la deuda viva en el momento de la ejecución del acuerdo contratada por la comunidad con la Administración General del Estado: supone unos 15.000 millones de euros, con un ahorro de 1.300 millones en concepto de intereses.

De esta manera, se busca que las autonomías puedan volver a financiarse en los mercados. En plena crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy creó el conocido como Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para comprar la deuda de los Gobierno regionales, ya que actores terceros no pujaban por ella o pedían intereses elevadísimos.

Esa fórmula creada por los populares era voluntaria para las autonomías y se adhirieron a ella las comunidades de Aragón, Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, La Rioja y la Comunitat Valenciana.

Cataluña es precisamente la comunidad, según los datos del Banco de España, que más debe al FLA, con 73.110 millones de euros, por delante de la Comunidad Valenciana (48.344 millones de euros) y Andalucía (25.409 millones de euros). Detrás aparecen: Castilla-La Mancha (11.363 millones de euros), Murcia (10.286 millones de euros), Aragón (5.053 millones de euros), Balears (4.916 millones de euros), Cantabria (3.090 millones de euros) y Galicia (2.759 millones de euros).

Cierran la lista por cantidad total: Extremadura (2.494 millones de euros), Castilla y León (1.966 millones de euros), Canarias (1.294 millones de euros), Asturias (858 millones de euros) y La Rioja (805 millones de euros). 

Madrid no se adhirió al sistema del FLA y se financia exclusivamente en el mercado sin depender de la compra por parte del Estado, pero es la tercera autonomía de España con más deuda pública. Sumando todas las vías para lograrla (FLA, otros mecanismos del Estado y con terceros), el Banco de España registra como las autonomías de España más endeudadas a Cataluña (85.456 millones de euros), Comunitat Valenciana (55.439 millones), Madrid (37.495 millones) y Andalucía (36.744 millones). En el primer trimestre de este año acumularon dos tercios de toda la deuda de los gobiernos regionales. Si se toma en cuenta las comunidades donde se arrastra una deuda más alta comparada con su PIB, aparecen en primera posición la Comunitat Valenciana (44,4%), Castilla-La Mancha (33,4%), Cataluña (33,4%) y Murcia (32,2%).

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, hizo este viernes un cálculo de lo que puede suponer la condonación de la deuda a las autonomías: 46.300 millones de euros. A pesar de que se tiene que conocer el texto legal por el que se articulará, considera que se trata de un “mero ajuste interno entre administraciones”, por lo que no se verán “afectados los compromisos de endeudamiento público de España con la Unión Europea”. 

Los técnicos de Hacienda analizaron que esta asunción de deuda puede llevar a una mejora de los compromisos de déficit por parte de las autonomías y que el Estado puede verse afectado “mínimamente” si tiene que financiarse para realizar trasferencias para cancelar deuda. Y recuerda que el mecanismo acordado por el PSOE y ERC sí permite que se beneficien aquellas comunidades que no se adhirieron al FLA (caso de Madrid) porque se contempla la transferencia para pagar a terceros.

A pesar de que el PSOE asegura que el trato es el mismo para todas las comunidades que lo requieran y que hará pública la fórmula para esta modificación legal, el PP ha convertido esta condonación en campo de batalla contra Pedro Sánchez, al que acusa de desigualdad. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “vergonzantes” las negociaciones y estuvo en contacto con los barones autonómicos para coordinar una respuesta “política e institucional”.

Andalucía, la comunidad con más población dominada por el PP, se ha lanzado contra este acuerdo, reclamando más financiación: en concreto pide 17.800 millones de euros y un fondo de 15.000 millones de euros por lo que “ha perdido” con el actual sistema de financiación autonómica. La Comunitat Valenciana, la segunda más endeudada de España, no ha negado esta condonación, pero asegura que seguirá luchando sin “extorsionar” frente a una Cataluña que no está infrafinanciada, a su juicio. Desde el PSOE valenciano sí se ha calculado cómo puede repercutir en esa autonomía: 10.000 millones de euros. El expresident Ximo Puig indicó incluso que esta será la autonomía más beneficiada: con un ahorro de 1.800 euros por valenciano.

La quita de deuda de las comunidades autónomas para tratar de que vuelvan con normalidad a los mercados financieros no es precisamente algo ajeno al Partido Popular, ya que en su programa electoral para las elecciones del 23 de julio se apostaba por una “eliminación ordenada del FLA”. Y el propio Cristóbal Montoro, creador del fondo como ministro de Hacienda, reconoció en 2018, poco antes de la moción de censura, que estaba dispuesto a una quita de deuda a las autonomías, que tenía que ver con una financiación “insuficiente”.

El argumentario de Alberto Núñez Feijóo en contra de un acuerdo de investidura que reelija presidente a Pedro Sánchez y que incluya a Junts y a Esquerra no bebe exclusivamente de las medidas de gracia que el Gobierno y el Congreso puedan aprobar para cerrar las heridas judiciales y administrativas que dejó el procés y que afectan a casi un millar y medio de personas, la mayoría de las cuales se limitaron a facilitar que el 1 de octubre se pudiese votar. Tampoco se limita a especular con la posibilidad de un referéndum de autodeterminación que nunca ha estado entre los asuntos que el PSOE esté dispuesto a acordar. 

Una gran parte de su discurso tiene como principal referencia la necesidad de defender “la igualdad entre todos los españoles” o, lo que es lo mismo de acuerdo con la interpretación que el PP da a estas palabras, que una comunidad como Cataluña no obtenga privilegios, sobre todo económicos. a cambio de que los partidos independentistas apoyen la investidura de Pedro Sánchez. 

Es un razonamiento que Feijóo extiende a cualquier acuerdo que incluya inversiones o beneficios en la financiación autonómica, algo que combate con especial énfasis diciendo que Junts y a ERC lo que quieren es “pasar por caja” antes de dar su voto favorable al candidato del PSOE.

Las reservas de Feijóo a la hora de suscribir acuerdos con formaciones nacionalistas a cambio de concesiones contrastan con las que firmó José María Aznar en 1996 con Convergència i Unió (CiU) —el antecedente de Junts— a cambio de su investidura. Entonces, transfirió las competencias de tráfico de la Guardia Civil a los Mossos d’Esquadra en Cataluña (algo que el líder actual del PP ha prometido negar a Navarra), eliminó la figura del gobernador civil y el servicio militar obligatorio y duplicó la cesión del IRPF a las Comunidades Autónomas, que pasó del 15% al 30%.

Aunque, en realidad, no hace falta remontarse tanto para observar las contradicciones del que fuera presidente de la Xunta. Para garantizarse su propia investidura, que acabó perdiendo el pasado 27 de noviembre, Feijóo autorizó el pasado mes de agosto la firma de un acuerdo con la formación nacionalista Coalición Canaria (CC) que no puede estar más alejado de su promesa de “igualdad entre todos los españoles” que el líder del PP predica a cada día en sus intervenciones públicas. Una propuesta que, en síntesis, considera sospechosa de desigual cualquier acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y una comunidad autónoma, especialmente si incluye comprometer fondos públicos.

Lo que el PP pactó con CC a cambio del apoyo de su única diputada en el Congreso es exactamente eso: un compromiso para, mediante negociaciones bilaterales, hacer posible que Canarias asuma nuevas competencias. Y para que la nueva financiación autonómica, cuando se apruebe, recoja las demandas de los nacionalistas canarios, entre las que el documento cita “el peso que debe tener la insularidad o los parámetros de pobreza”, así como “la valoración del sobrecoste sanitario vinculado a la insularidad y la lejanía”.

No existe, o no se ha hecho pública, una cifra concreta del dinero público que Feijóo prometió a Coalición Canaria a cambio de apoyo a su investidura de la única diputada de esta formación en el Congreso. Pero con seguridad se trata de una suma muy elevada, porque el candidato fallido garantizó recursos del Estado para “obras hidráulicas, carreteras, vivienda, infraestructuras turísticas y educativas”, así como para costear la atención a la dependencia en Canarias y su sanidad, así como “un sistema de compensación, con partidas anuales específicas en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada en Canarias hasta alcanzar un nivel de precios equivalente al Estado”.

Los compromisos que el PP adquirió con CC a cambio de su voto no se quedaron ahí. Feijóo autorizó ceder competencias que el Estado que no comparte con otras comunidades autónomas, como que el nombramiento de los máximos responsables de los puertos francos de las islas o de los directores de los medios públicos estatales en el archipiélago, TVE y RNE, deban ser acordados previamente con los nacionalistas canarios.

Y algo mucho más significativo: aceptó conceder al Gobierno de Canarias presencia, “con representación propia, en las negociaciones que el Estado mantenga con el Reino de Marruecos en las materias que afectan a la Comunidad Autónoma”, sobre todo en tres asuntos que Coalición Canaria considera “fundamentales”: “delimitación de los espacios marítimos, control de movimientos migratorios y explotación de recursos naturales”.

En su afán por desautorizar de manera preventiva cualquier acuerdo que pueda estar negociando el PSOE con Junts y Esquerra, se ha opuesto también a cualquier condonación de la deuda catalana.

Junts ha cifrado en 450.000 millones de euros la “deuda histórica del Estado con Cataluña”, repartida del siguiente modo: 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones “en los últimos treinta años de infrafinanciación”. Y ha pedido expresamente la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Feijóo se opone frontalmente a cualquier clase de condonación o de quita de la deuda pública. Siempre ha dicho que supondría premiar a los malos gobernantes y castigar a quienes lo hicieron bien. El Estado, proclamó este mismo lunes en un acto en Madrid junto a la presidenta de Balears, Margalida Prohens, no debe hacerse cargo “de las deudas contraídas por algunos malos gestores”.

Este planteamiento, sin embargo, choca frontalmente con el del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El barón valenciano del PP evita hablar de “quita” o de “condonación”. Él prefiere reclamar una “compensación”, pero está hablando de lo mismo: que el Estado se haga cargo de lo que su comunidad tuvo que pagar durante años porque no tenía una financiación adecuada. 

Feijóo culpa de la deuda valenciana al PSPV y a sus socios de Botànic y en la campaña reconoció que “la Comunitat es la que más preocupa desde el punto de vista financiero”. Pero ahora no quiere hablar de quita, compensación o condonación, porque tendría que aceptar también la de Cataluña.

Mazón ha repetido en numerosas ocasiones que la deuda autonómica asciende a 55.000 millones y eso es “algo inasumible”. Él mismo pidió en agosto esa “compensación” en el nuevo modelo de financiación “por estos años tan lamentables”. Lo considera “irrenunciable e indiscutible”.

Si aplicamos a la gestión de Alberto Núñez Feijóo la lógica que él utiliza para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de haber dejado a cada español “un pufo” de 6.000 euros en deuda pública, no saldría bien parado. Durante sus años al frente de las Xunta de Galicia (2009-2022) la deuda pública de la comunidad gallega pasó de los 4.859 millones en que la dejó el Gobierno PSOE-BNG presidido por Emilio Pérez Touriño, a los 11.715 millones con los que cerró su gestión al final de 2021. Un incremento de 6.856 millones (+141%) que, siguiendo el razonamiento del líder del PP, suponen 2.547 euros de deuda por cada ciudadano gallego.

Lo que dice Feijóo exactamente es que el actual Gobierno, que inició su mandato en enero de 2020, ha endeudado el país en 300.000 millones. La consecuencia, enfatiza siempre que puede, es que “cada español tiene un pufo de 6.000 euros en deuda”.

La última vez que lo dijo fue en una entrevista publicada este fin de semana por el diario El Mundo, pero es un dato que cuela desde hace meses en todas sus intervenciones públicas, desvinculándolo de la pandemia y de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra.

Lo cierto es que el incremento de la deuda no es un “pufo”, un término que significa “estafa” o “timo” y sugiere malversación de dinero público, sino el resultado contable de haber gastado más de lo que se ingresa. Algo que durante la pandemia hicieron prácticamente todas las economías europeas, al menos las más afectadas por el virus, para hacer frente a la emergencia sanitaria y tratar de minimizar sus consecuencias sobre el tejido económico de cada país.

En el caso de España, la deuda era antes de la pandemia de un 98,3% sobre el PIB, la cifra más baja desde que en 2014 Mariano Rajoy la elevó al 105,1%. Y se disparó hasta el 120% en 2020 por culpa del confinamiento y el parón económico causados por la covid-19. Ese porcentaje, sin embargo, ya ha comenzado a descender. 2021 cerró en un 118,4% y la previsión del Gobierno es que siga bajando paulatinamente a 115,2% en 2022, y 112,4% en 2023, 110,9% en 2024 y 109,7% en 2025. Un objetivo difícil de conseguir si las turbulencias económicas asociadas con la guerra no desaprecen.

En todo caso, el impacto de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania ha sido enorme para la mayoría de las economías avanzadas, especialmente las de aquellos países que ya tenían unas cuentas públicas agotadas tras la crisis financiera de 2008. A la cabeza del endeudamiento están Grecia (193%), Italia (150%), Portugal (127%) y, en cuarto lugar, España. Le siguen de cerca Francia (112%) y Bélgica (108%). 

Las cuentas de Feijóo salen de que en mayo de 2018 la deuda era de 1,165 billones y ahora superó los 1,45. Un aumento del 24% que representa unos 285.000 millones, pero que no es enteramente achacable al Gobierno —que por lo demás empezó su andadura en enero de 2020—, porque una gran parte la generan las comunidades autónomas y la seguridad social.

Es verdad que la que más ha crecido es la de la administración general del Estado, pero en gran parte porque ha sido quien ha asumido la mayor parte del gasto al que obligó la emergencia sanitaria. Por poner un ejemplo: en 2020, en lo peor de la pandemia, el Gobierno concedió a las autonomías un crédito a fondo perdido por valor de 16.000 millones de euros que engrosó su propio déficit y otorgó a las comunidades autónomas liquidez para hacer frente a la emergencia sanitaria, económica y social sin tocar sus propios recursos. Es decir: el dinero para las comunidades, la deuda para la administración central. 

Cuando habla de un “pufo”, lo que Feijóo no dice es que ese incremento de la deuda está directamente relacionado con las medidas puestas en marcha para luchar contra la pandemia y sus consecuencias económicas, incluidos los ERTE que salvaron decenas de miles de empleos y las ayudas a los sectores más perjudicados, así como con la acusada caida de ingresos provocada por el parón económico al que obligó el virus.

Un despliegue de recursos públicos autorizado por Bruselas, que suspendió los límites de endeudamiento y déficit en toda la Unión. “El impacto económico de la pandemia podría haber sido aún mayor sin la respuesta de la política económica”, según el Banco de España. 

“Entre el abanico de medidas desplegadas a escala nacional destacan, por su relevancia, las ventajas ofrecidas para la tramitación de ERTE por parte de las empresas y los ceses temporales de actividad en el caso de los trabajadores autónomos, así como las diferentes líneas de avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que se crearon para favorecer la concesión de crédito a las empresas. Estas medidas, junto con las tomadas en el ámbito de la política monetaria y de la regulación financiera, han servido para mitigar el impacto de la pandemia sobre las rentas y la liquidez de los hogares y de las empresas a corto plazo. En consecuencia, el efecto macroeconómico de la crisis habría sido significativamente más adverso que el que se ha venido observando desde marzo de 2020 si no se hubieran activado este conjunto de medidas de política económica”.

Siempre que habla, Feijóo relaciona el incremento de la deuda con un supuesto derroche por parte del Gobierno que él identifica con la existencia de 22 ministerios —ya explicamos aquí que la diferencia entre 22 y 11 ministros es, en términos de gasto público, prácticamente irrelevante— y con el uso de medios de transporte al servicio del ejecutivo, como la flota de aviones, helicópteros y coches a disposición del presidente, que es la misma que ya usaban Rajoy, Zapatero o Aznar.

Lo cierto es que la deuda no nace de ahí sino del “deterioro muy significativo” que sufrieron las cuentas públicas en 2020. El Banco de España es muy preciso al respecto: “En particular, el déficit de las Administraciones Públicas se elevó hasta el 11% del PIB, 8,1 puntos porcentuales más que en 2019, y la ratio de deuda pública sobre el PIB cerró el ejercicio en el 120%, 24,5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado a finales de 2019”.

Si se excluye la contribución del agujero provocado por la Sareb, que el Banco de España cifra en 0,9 puntos porcentuales, “el incremento del déficit público” en 2020 “respondió, sobre todo, al fuerte crecimiento de los gastos, que se elevaron un 10,1%, si bien los ingresos también se deterioraron sensiblemente y retrocedieron un 5%”. 

Por su parte, “el aumento de la ratio de deuda pública fue consecuencia tanto de las mayores necesidades de financiación de las Administraciones Públicas en 2020 como del fuerte descenso del PIB nominal. Además, la reclasificación de la Sareb supuso la reconsideración de su deuda (por valor de un 3 % del PIB) como deuda pública”. Y la deuda de la Sareb, la sociedad que se hizo cargo de los activos malos que pertenecían a las cuatro entidades bancarias que el Estado tuvo que nacionalizar con el dinero de todos los contribuyentes, es una herencia de la gestión de la crisis financiera de Rajoy. Un dinero que nunca se ha recuperado.

En todo caso, subraya el Banco de España, de no ser por ese endeudamiento destinado a “mantener las rentas de empresas y de familias desde el inicio de la pandemia” y que ahora Feijóo tanto critica, “el deterioro de las cuentas públicas habría sido superior y más persistente”.

En torno al 85% del aumento del gasto público que se registró en 2020 (excluido el efecto de la reclasificación de la deuda de la Sareb) está relacionado con la pandemia. “En particular, este gasto se materializó en forma de mayores prestaciones sociales a trabajadores y a autónomos, subvenciones de cotizaciones sociales a las empresas y mayores gastos sociosanitarios por parte de las Administraciones Públicas”. 

Por partidas presupuestarias, según los cálculos del Banco de España, “casi la mitad del incremento observado en el gasto público se debió a las prestaciones sociales, entre las que destacan las concedidas por desempleo y cese de actividad de autónomos, que pasaron de representar el 1,5% del PIB en 2019 a suponer el 3,7% en 2020”.

La caída de los ingresos, a su vez, “se debió principalmente a los impuestos indirectos, cuya recaudación se contrajo un 11,8%, en línea con el comportamiento de la actividad. En cambio, destacó la resistencia que mostró la recaudación a través de impuestos directos, que únicamente se redujo un 3%, y de cotizaciones sociales, que incluso se incrementó un 0,8%”. Pero no fue por azar: “El comportamiento de estas partidas se vio favorecido por el efecto positivo que tuvieron algunas de las medidas desplegadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia sobre las bases que determinan estos ingresos, en especial el aumento de las prestaciones sociales y la asunción por parte de las Administraciones Públicas del pago de las cotizaciones sociales de los trabajadores en ERTE y de los autónomos en cese de actividad”.

El contexto es crucial para entender por qué aumentó la deuda pública. Feijóo no habla de ello, pero el Banco de España sí: El ”deterioro de la actividad no tuvo precedentes en la historia reciente de la economía española. Desde un punto de vista histórico, la crisis” destacó “por la intensidad con que la actividad económica se contrajo en un breve período de tiempo”. Y pone un ejemplo fácil de entender: el deterioro que sufrió el PIB español desde el comienzo de la pandemia fue “prácticamente el mismo que el que experimentó, en términos acumulados, durante algo más de cinco años, entre el segundo trimestre de 2008 y el tercero de 2013”.

Las palabras del líder del PP provocaron la indignación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en un apunte en Twitter acusó a Feijóo de querer engañar a los ciudadanos con la situación de la deuda pública española.

“El señor Feijóo es un insolvente o actúa de mala fe. Sigue queriendo engañar a los ciudadanos como siempre hace el PP cuando gobierna y cuando no. El último Gobierno de Rajoy incrementó la deuda pública de España en un 46%. Son datos oficiales que Feijóo debería conocer. Con el Gobierno de Pedro Sánchez, España salió del procedimiento de déficit excesivo antes de la pandemia. Llevamos cuatro trimestres consecutivos rebajando la deuda pública y el año pasado cerramos con la mayor reducción del déficit de la historia”.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 1,163 billones de euros en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento de 3.149 millones de euros (+0,27%) respecto al primer trimestre y un repunte del 2,5% en el último año, con lo que se sitúa en el 98,1% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

A pesar del incremento de la deuda pública en términos absolutos, el endeudamiento de las administraciones en comparación con el PIB ha bajado en el segundo trimestre desde el 98,7% que marcó en los tres primeros meses del año hasta el 98,1% actual, aunque se encuentra por encima del objetivo del 97% para el conjunto de 2018. Hace un año, la deuda pública se situaba en el 99,4% de la riqueza nacional.

Por administraciones, la deuda se incrementó tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social. En concreto, la deuda de la Administración Central repuntó en el segundo trimestre hasta los 1,032 billones, 5.321 millones de euros más y un repunte del 0,51% respecto al trimestre anterior, mientras que en tasa interanual creció un 3,8%.

Las comunidades autónomas, por su parte, elevaron su deuda hasta los 293.246 millones entre abril y junio, un 1,2% más que el trimestre anterior (3.568 millones más) y un 2,5% superior al dato del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, los ayuntamientos elevaron su endeudamiento en 420 millones de euros, hasta los 29.413 millones, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al trimestre previo, pero representa una caída del 9,3% respecto al nivel de hace un año.

La Seguridad Social fue la administración pública que más incrementó su deuda en el segundo trimestre, con un aumento de 7.525 millones, hasta los 34.888 millones de euros, lo que representa un incremento del 27,5% en relación al primer trimestre. En tasa interanual, la deuda se ha duplicado respecto al segundo trimestre del 2017, cuando se situaba en 17.173 millones.

Entre el año 2007 y el segundo trimestre de 2017, la deuda de la Seguridad Social se ha mantenido más o menos estable con importes ligeramente por encima de los 17.000 millones de euros. En cambio, en el tercer trimestre del pasado año ya se elevó hasta los 23.187 millones y en el cuarto trimestre repuntó hasta los 27.393 millones, el mismo importe con el que cerró el primer trimestre de este año. Ahora, con el dato del segundo trimestre, ha crecido hasta casi los 35.000 millones de euros.

Las comunidades siguen elevando su deuda

Dentro de las comunidades autónomas, Cataluña (78.459 millones de euros), Comunidad Valenciana (46.322 millones), Andalucía (34.329 millones) y Madrid (34.009 millones) siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos en el segundo trimestre. De las cuatro más endeudadas, todas elevaron su deuda respecto al primer trimestre.

En porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 41,8%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 36,1%, y Cataluña con el 34,5%. En cambio, País Vasco (14,6%), la Comunidad de Madrid (15,2% del PIB) y Canarias (15,6%) son las que menor deuda tienen respecto al PIB.

Madrid y Barcelona siguen reduciendo su deuda

En cuanto a los ayuntamientos, entre los que cuentan con más de 300.000 habitantes, Madrid, con una deuda de 3.274 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, cifra que contrasta con el endeudamiento del ayuntamiento de Barcelona, situado en 801 millones en el segundo trimestre. Ambas corporaciones locales han reducido su endeudamiento respecto al trimestre anterior, 97 millones en el caso de la capital y 12 millones en el caso de la ciudad condal.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en 7.144 millones de euros en junio, hasta 1,162 billones de euros, un 0,6% más que en mayo y un nuevo máximo histórico, y representa en torno al 98,8% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

Con este repunte en el sexto mes del año, la deuda pública continúa alcista después de haberse incrementado en 4.935 millones de euros en mayo y marca nuevo máximo histórico, superando el registrado el pasado mes de marzo (1,160 billones de euros).

En términos interanuales, la deuda de las administraciones públicas creció en 27.808 millones de euros, un 2,45% más que en junio de 2017.

Tras el avance de junio, la ratio de deuda sobre el PIB se situó en el entorno del 98,8%, por encima del objetivo marcado para este año del 96,8% del PIB.

Por administraciones, gran parte del repunte de la deuda pública en junio se debe al aumento de la deuda del Estado, que avanzó en 10.006 millones de euros, hasta superar los 1,019 billones de euros, lo que supone un incremento mensual del 1% y un alza interanual del 4,4%.

Al mismo tiempo, la deuda de las comunidades autónomas aumentó también en junio en 1.058 millones, un 0,36% más respecto al mes anterior y un 2,3% más frente a junio de 2017, hasta situarse en 292.372 millones de euros.

Por su parte, el endeudamiento de las corporaciones locales subió en 485 millones, hasta los 29.349 millones, un 1,7% más respecto a mayo pero un 9,5% inferior a hace un año.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social aumentó en 7.501 millones de euros respecto a mayo, hasta los 34.888 millones, lo que supone un avance mensual del 27,4% y un repunte interanual del 7,6%, puesto que en junio de 2017 era de 32.429 millones de euros.

No hay dinero suficiente para todos. Ni mimbres en el Congreso suficientes para hacer frente al desafío de negociar y pactar un nuevo modelo de financiación autonómica que sustituya al de 2009, aprobado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Por no hablar de las dificultades que entraña poner de acuerdo a 15 comunidades autónomas convencidas de no estar recibiendo lo que se merecen —todas menos País Vasco y Navarra, que gozan de su propio sistema—. Por si esto no fuese suficientemente complicado, en 14 de ellas se celebrarán elecciones antes de un año. Y sus presidentes necesitan reivindicarse ante sus electores.

Así las cosas, no es de extrañar que una de las primeras decisiones del presidente Pedro Sánchez haya sido apartar de sí ese cáliz. No perderá tempo tratando de definir, negociar y pactar un nuevo sistema en esta legislatura, lo que significa una demora de dos años, de acuerdo con el calendario que él mismo anunció hace unos días en una entrevista en TVE.

Eso sí, explicó, el Gobierno no tiene intención de permanecer de brazos cruzados. En los próximos meses, mientras empieza a sentar las bases del nuevo modelo, se propone atender las necesidades más perentorias de las Comunidades Autónomas infrafinanciadas y prestar oídos a todo lo que tiene que ver con el Estado del bienestar: sanidad, educación, servicios sociales y dependencia.

El anuncio del aplazamiento de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica ha sido recibido con sorpresa y malestar en todas las comunidades, incluidas las que tienen presidente socialista. Para aplacar esas críticas, y después de escuchar a las prioridades de todos los presidentes, el Gobierno planea repartir unos 5.000 millones de euros ya presupuestados —que espera aumentar a 7.000—.

Este dinero es claramente insuficiente para atender las demandas de las comunidades. El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, recordaba hace pocos días que son unos 16.000 los millones que hacen falta para atender las peticiones de todas las comunidades.

Sólo Andalucía pide 4.000, la cuarta parte de ese cálculo. La presidenta Susana Díaz, también del PSOE, tiene la vista puesta en las elecciones —serán en marzo, como muy tarde— y había hecho de esta demanda el eje del tramo final de su legislatura, hasta el punto de haber impulsado un pacto que incluye al PP y a Podemos, pero no a su socio, Ciudadanos con el fin de reclamar esos 4.000 millones al Gobierno de Rajoy.

La apuesta de Díaz, en entredicho

Y justo cuando se las prometía más felices, con la llegada del PSOE a La Moncloa y el nombramiento de una andaluza como ministra de Hacienda —María Jesús Montero, que hasta hace poco se sentaba con ella en los consejos de gobierno de la Junta—, su gran apuesta se viene abajo.

Mientras busca el modo de sacar adelante en las Cortes el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda, imprescindibles para empezar a pensar en unos presupuestos para 2019 que recojan las políticas que quiere impulsar, Sánchez ha empezado a recibir en la Moncloa, por rigurosos orden pode antigüedad estatutaria, a los presidentes autonómicos. Quiere oír, en persona, sus demandas. Uno a uno. Y después, decidir.

El primero, sin embargo, no acudió a la entrevista con peticiones económicas. No las necesita. El Gobierno de Iñigo Urkullu es, con el de Navarra, el único que dispone de financiación propia. Así que su agenda es de otra naturaleza: traspasos pendientes —entre ellos la gestión de la Seguridad Social, prevista en en su Estatuto— y, sobre todo, el acercamiento de los presos de ETA, ahora que la desaparición de la banda ha dejado sin sentido una medida que sólo penaliza a las familias.

¿Qué piden las demás comunidades, además de la actualización de la financiación autonómica que Sánchez ha aplazado? Todas reclaman suficiencia financiera, esto es, capacidad para prestar los servicios para los que tienen competencias, en especial los más costosos, como la sanidad, la educación o la dependencia, que ahogan sus economías desde que Mariano Rajoy puso en marcha drásticas recortes sociales.

Los criterios de reparto del dinero, fijados en 2009, ya no satisfacen a nadie y lo que está ahora mismo encima de la mesa es un complicado debate acerca de cuáles deben ser tomados en cuenta y en qué medida. Algunos, buena parte de las comunidades del norte, quieren poner el acento en aspectos demográficos, como la despoblación, el envejecimiento o la involución demográfica —la población de Galicia, por poner un ejemplo, ya está al nivel de los años cincuenta—. Otros, los que más dinero tienen, ponen el acento en el criterio de ordinalidad: que al final, después del trasvase de dinero de comunidades más prósperas a las que no lo son, que en la práctica las segundas no acaben recibiendo más dinero que las primeras. Algunas, como Extremadura, reclaman con énfasis que el reparto tenga en cuenta el paro estructural, uno de los principales males de esta región.

Sánchez, según fuentes consultadas por infoLibre, dispone de 7.000 millones —poco más de la mitad de lo que se necesita— para contentar a todos. Un reparto muy complicado, especialmente por las suspicacias que previsiblemente levantará la parte que toque a Cataluña, a quien el presidente quiere atraer e la normalidad institucional con una mejora sustancial de su financiación.

La agenda catalana

El presidente no atenderá las demandas que presumiblemente le planteará en la entrevista fijada para el lunes 9 de julio el president catalán, Quim Torra, en relación con el derecho a decidir o la liberación de los presos del procés. Pero sí está dispuesto a escuchar otras demandas y explorar la posibilidad de acuerdos sobre la base de las peticiones de Carles Puigdemont trasladó a Mariano Rajoy en abril de 2016. Entre ellas se cuentan medidas sobre políticas sociales —especialmente la financiación de la sanidad y de la dependencia— , política fiscal y financiera y un amplio capítulo sobre incumplimientos del Estado con Cataluña, invasión de competencias autonómicas e interferencias en la acción del Govern.

Son varias, además, las comunidades que en los últimos han planteado la necesidad que el Gobierno apruebe una quita de deuda para compensar lo que, aseguran, han dejado de recibir durante los años de aplicación del modelo de financiación vigente. A pesar del rechazo reciente de algunos barones socialistas, la lista de quienes, en un momento o en otro, han reivindicado esta medida, es poco sospechosa e incluye a Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Canarias y Balears, además de a Cataluña. Más de una volverá a poner esta opción encima de la mesa en su entrevista con Sánchez.

A lo que hay que aludir el capítulo de grandes obras públicas: varias comunidades sitúan en primer plano, además, infraestructuras largamente demandas que suponen cuantiosas inversiones, Como la conexión ferroviaria de Extremadura, una prioridad de su presidente, el socialista Guillermo Fernández Vara, o la conclusión de las obras de la alta velocidad que Galicia espera para finales de 2019, por citar sólo dos ejemplos.

A esta complicada partida, Balears añade un ingrediente diferencial: Francina Armengol, su presidente, quiere cerrar cuanto antes un acuerdo sobre el nuevo Régimen Especial para las islas (REB) que mejore la propuesta que había planteado el exministro Cristóbal Montoro. El REB quiere ser un instrumento similar al que ya tiene Canarias para compensar las desventajas que derivan de su insularidad.

Muchos de los presidentes autonómicos que pasarán por el Palacio de la Moncloa en las próximas semanas pedirán también una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que tienen lugar las negociaciones multilaterales sobre financiación. Todos los del PP, con seguridad, pero seguramente también algunos del PSOE. Aunque nada indica que Sánchez vaya a modificar su posición.

Más allá de las reivindicaciones económicas, cada territorio hará ver a Sánchez sus prioridades. Asturias ha visto con preocupación la militancia del nuevo Gobierno contra el carbón y exige aclaraciones o soluciones en materia energética. El Principado y otras comunidades como Castilla y León quieren alternativas a la reforma de la política agraria común, que previsiblemente reducirá gravemente en los próximos años el dinero que reciben sus agricultores. Castilla-La Mancha quiere cancelar el proyecto de puesta en marcha del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) pero exige que el dinero previsto para esta instalación se quede en la región para financiar otros proyectos y reclama también  la cancelación del trasvase Tajo-Segura —justo lo contrario de lo que pedirán la Comunitat Valenciana o la Región de Murcia—.

El cálculo es sencillo: faltan 9.000 millones, así que muchos saldrán de Moncloa insatisfechos.