Los Gobiernos de España y Euskadi van a abrir comisiones de trabajo para tratar de desbloquear
el traspaso de las 37 competencias pendientes y previstas en el Estatuto de Gernika, entre ellas los centros penitenciarios y la gestión de la Seguridad Social, y para tratar además de eliminar los recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional y que fueron pormovidos por Mariano Rajoy.
Ambas partes están de acuerdo en la necesidad de estudiar la posibilidad un cambio en la política penitenciaria que haga posible
el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. Pero aunque el lehendakari Iñigo Urkullu aseguró que este asunto se va a examinar también en una comisión de trabajo bilateral, el presidente del Gobienro, Pedro Sanchez, precisó un día después que el acercamiento de los presos no será objeto de negociación en ningún órgano con el Ejecutivo de Euskadi.
Eso sí, dejó claro que su
disposición a revisar la política de dispersión que durante años ha mantenido a los presos de ETA separados entre sí y lejos del País Vasco. “La democracia derrotó a eTA y en consecuencia la política penitenciaria tiene que ser revisada. Tenemos que aproximarnos de otra manera a una realidad que es compeltmanete distinta”.
“Lo que le pido al conjunto de fuerzas políticas”, añadió en rueda de prensa desde Berlín, “es
que esto no sea un elemento de división, que pongamos las luces largas. Que hay que normalizar más aún la convivencia en el País Vasco”.
Ambos ejecutivos evitaron poner un plazo a los trabajos de las comisiones creadas, aunque sí acordaron convocar la comisión mixta de transferencias en los próximos días para hacer posibles dos traspasos ya acordados que estaban pendientes y que afectan a dos líneas de ferrocarril.
El lehendakari, Iñigo Urkullu,
constató el cambio que ha supuesto la llevada a la Presidencia de Pedro Sánchez y que ejemplificó en el hecho de que nunca había sido recibido en la Moncloa por su antecesor, Mariano Rajoy, durante todo su segundo mandato en Euskadi, ni nunca había conseguido poner en práctica un grupo de trabajo permanente para resolver los asuntos pendientes. En rueda prensa, el presidente vasco evidenció su coincidencia con el jefe del Ejecutivo español en política europea, (migraciones y presupuestos) y en la necesidad de respetar todas las “cautelas” posibles a la hora de abordar un cambio en la política penitenciaria que haga posible acercamiento de los presos de ETA.
“Hemos abierto la puerta al
diálogo permanente”, subrayó Urkullu. “Nos hemos escuchado y comprometido a tener una relación de confianza”.
El lehendakari también ha planteado a Sánchez la necesidad de reflexionar sobre una reforma del modelo de Estado que
asuma la plurinacionalidad y que reconozca los "hechos diferenciales que demandan un tratamiento propio y singular". "No hemos hablado de ruptura, sino de convivencia", ha subrayó.
Urkullu quiere explorar una convención constitucional que defienda un "constitucionalismo útil al servicio de
resolver los problemas y no enconarlos" y que “permita interpretar el espíritu originario del pacto que supuso la Constitución”.
Respecto a Convivencia y Derechos Humanos, ha transmitido "la necesidad de
un nuevo enfoque para la política penitenciaria en este nuevo tiempo tras la disolución definitiva de ETA", dentro de la legalidad, y ha destacado que es precisa "una reorientación legal de la política penitenciaria y el acercamiento de personas presas".
"Se trata de abordar una nueva política que
supere las medidas de excepcionalidad y, como establece la legislación penitenciaria y la propia Constitución, evite el desarraigo social de las personas penadas y facilite su reinserción", ha indicado.
El lehendakari
aseguró entender "las razones de cautela" de Sánchez y le trasladó las iniciativas que desarrolla el Gobierno Vasco en el ámbito de memoria, reconocimiento y reparación a las víctimas. "Creo que es momento de avanzar en la convivencia normalizada. Hemos acordado mantener una relación directa en materia de convivencia", explicó.
No habíamos quedado en que la “ caja única de la Seguridad Social “ no podía dividirse para poder gestionar las pensiones de “ todos los españoles “ ? Y que lo contrario crearía más desigualdades y algunas autonomías no las podrían mantener ? Estamos hablando de eso? De crear Más desiguales entre españoles dependiendo del lugar de España en el que vivan? Ya hay desigualdades entre ciudadanos españoles que a mi me parecen poco aceptables. Zonas ricas y zonas pobres. La educación , la santidad, las pensiones , los servicios públicos en general deberían der iguales en cualquier punto de España. Aunque en unos lugares cuesten más que en otros. Eso implica ser español. De lo contrario podemos comenzar a gestionar los reinos de taifas.
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