La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal que agrupa a los editores de prensa diaria de papel en España —además de sus versiones digitales—, ha propuesto a los sindicatos congelar los salarios y ampliar la jornada laboral de las plantillas de 1.687,5 a 1.750 horas anuales. La oferta llega pocas semanas después de que el Gobierno español —con el aval de la Comisión Europea— pusiera sobre la mesa 70 millones de euros en ayudas públicas para financiar la digitalización de medios, una partida que el Ejecutivo enmarca dentro de su Plan de Acción Democrática.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta patronal como “una provocación y una falta de respeto”. Las tres organizaciones negocian la renovación del Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria, que rige las condiciones de trabajo de los medios integrados en AMI y que no tienen convenio propio.

La propuesta de AMI —que no respondió a las preguntas de infoLibre— incluye, según los sindicatos, la congelación de sueldos de periodistas, reporteros gráficos y personal técnico y administrativo. Desde 2019, ese mismo personal ya ha perdido un 9,5% de poder adquisitivo. La precariedad es tal que un redactor recién incorporado cobra 20.455 euros brutos anuales —repartidos en 15 pagas—, y solo alcanza los 23.464 euros al cabo de tres años de carrera.

En el mismo periodo, según datos del gabinete económico de CCOO, los consejos de administración de los grandes grupos integrados en AMI incrementaron sus retribuciones un 55%. Y los salarios de la alta dirección, que ya eran muy elevados, crecieron un 5,5%. ¿La justificación? “Retener el talento”, señalan con sorna los sindicatos.

El problema es que, además, llueve sobre mojado. Los periodistas que aplican este convenio llevan desde 2008 perdiendo entre un 25% y un 30% de poder adquisitivo, según los sindicatos. Y los suyos ya no eran entonces sueldos muy abultados.

Los datos financieros que aporta UGT refuerzan ese argumento. Según el sindicato, el Grupo Prisa cerró 2025 con ingresos de 904 millones de euros y un EBITDA de 163 millones, con un flujo de caja operativo que creció un 6% respecto al año anterior. Vocento, tras las pérdidas de 2024, volvió a beneficios en 2025 con 6,7 millones de euros de resultado neto sobre ingresos de 337,4 millones. Unidad Editorial elevó su EBITDA en el primer semestre del mismo ejercicio. “El discurso de crisis del sector que utiliza AMI para justificar la congelación salarial”, concluye UGT, “no se sostiene con los datos de cierre de 2025”.

“Lo que es inadmisible es que AMI no solo venga con una congelación salarial, sino que además proponga un incremento de jornada para evitar cotizar y pagar las horas extras”, denuncia Ana Martínez, secretaria general del Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deporte de FSC-CCOO. La dirigente sindical añade que las cuentas consolidadas de los grupos que forman parte de la patronal “no acreditan una asfixia que haga incompatible cualquier mejora laboral de las plantillas”.

Grandes grupos como Prisa —editor de El País—, Unidad Editorial —El Mundo—, Vocento —Abc— o el Grupo Godó —La Vanguardia— tienen convenios propios y no están sujetos a esta negociación. Son las cabeceras regionales, muchas de ellas integradas en grupos como Prensa Ibérica, las que aplican mayoritariamente el convenio estatal.

La propuesta de la patronal se ha producido apenas unas semanas después de que la Comisión Europea diese su visto bueno a que el Gobierno español destine 70 millones de euros a financiar la digitalización de estos editores de prensa.

Esta partida concentrará el grueso del Plan de Acción Democrática del Ejecutivo, el que iba a fortalecer a la prensa seria sobre los pseudomedios, y se canalizará en dos modalidades. La primera son bonos para herramientas digitales —sistemas de gestión editorial, almacenamiento en la nube, ciberseguridad—. La segunda son subvenciones directas para proyectos avanzados de digitalización.

Bruselas ampara su decisión en el Tratado de Funcionamiento de la UE, que autoriza a los Estados miembros a apoyar actividades económicas bajo determinadas condiciones de proporcionalidad. Y la Comisión considera que el sector —las principales cabeceras del país, las mismas que dominan el mercado— padece “una inversión insuficiente en tecnologías digitales”.

Para los sindicatos, la coincidencia no es anecdótica. Martínez recuerda que CCOO ya instó al Ministerio de Transformación Digital a incluir una “condicionalidad social” en la convocatoria, de modo que solo pudieran acogerse a las ayudas las empresas que garantizaran el empleo y mejoraran los derechos laborales. Pero no hicieron caso alguno.

“Las empresas mediáticas se han embolsado millones de euros en nombre de la transformación digital y se han limitado a lanzar ediciones digitales con redacciones más mermadas y el doble de trabajo para todo el personal”, asegura Martínez.

Los 70 millones europeos no son la única transferencia pública al sector. Según UGT, el Gobierno ha aprobado paquetes adicionales que suman más de 120 millones de euros en ayudas directas y préstamos para digitalización y ciberseguridad de los medios. El apoyo público al sector superaría así los 190 millones de euros en el conjunto de las distintas convocatorias.

El ministerio que distribuirá estas ayudas, y que dirige Óscar López, no respondió a las preguntas de infoLibre.

El calendario añade un elemento que ha desatado las suspicacias en sectores de la comunicación a los que no representa AMI. Las próximas elecciones generales, autonómicas y locales de 2027 convierten cualquier transferencia de fondos públicos a la prensa en un asunto políticamente sensible.

En cualquier caso, y al margen de las elecciones, fuentes del sector de medios digitales consultadas por infoLibre describen la operación como “un sinsentido absoluto” y advierten de que ese dinero va a permitir a los editores tradicionales actuar en el mercado digital “dopados”, con una ventaja financiera que los medios nativos digitales no van a tener.

“Este dinero lo van a utilizar para competir en lo digital, porque ya está demostrado que el papel va a la baja”, señalan estas fuentes, que recuerdan que los 70 millones se suman a otras ayudas que los grupos de comunicación han acumulado en los últimos años.

El trasfondo laboral del periodismo en España se entiende mejor en un contexto europeo. España figura entre los países con condiciones de trabajo “muy malas y precarias” para los periodistas, según el último informe de la Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo, que recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación.

Comparte esa categoría con Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía. Solo Dinamarca y Alemania ofrecen buenas condiciones. El informe concluye que las condiciones laborales “son deplorables en la mayor parte de la UE”, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes, pero mucho peores en el caso de España.

En este escenario, los sindicatos han fijado su posición. Si la directora general de AMI, Irene Lanzaco, no lleva a la próxima reunión una oferta que permita iniciar negociaciones reales, CCOO, UGT y FeSP prepararán un calendario de asambleas y movilizaciones.

UGT añade un dato de contexto europeo que complica la posición de la patronal. Según una encuesta de UNI Europa, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas y contratos públicos estén condicionados a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas mediante la negociación colectiva. El sindicato exige que la inversión de dinero público “se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos”, y rechaza que la incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial sirva de coartada para congelar retribuciones o ampliar jornadas.

El Ministerio de Trabajo presentó en febrero un informe realizado por expertos sobre la democracia en el ámbito laboral. En este documento de más de 400 páginas se analizaba la participación de los trabajadores en la gobernanza de las empresas, el papel de la inteligencia artificial (IA) y proponía una serie de herramientas para que, entre otras cosas, los sindicatos entrasen en la dirección de las compañías. Para CEOE y Cepyme se trata de una medida "intervencionista" y Yolanda Díaz, titular de Trabajo, señalaba este martes a las empresas por "no hablar" de los márgenes de beneficio que obtienen y que se concentran "en muy pocas manos y sin redistribuir la renta".

"La decisión de las organizaciones empresariales de no acudir a una mesa de diálogo social carece de precedentes y demuestra la renuncia de la patronal española a ejercer de interlocutor social", señalan fuentes del ministerio. "Es insólito que, sin conocer la propuesta, se nieguen a debatir sobre una cuestión habitual en la UE y que es, además, un mandato constitucional", remarcan.

Este es el enésimo encontronazo entre Trabajo y patronales, que tampoco han acercado posturas en temas como la reducción de jornada, la subida del salario mínimo, el fichaje digital o el estatuto del becario, por citar algunos ejemplos. En el caso de la gobernanza de las empresas, todo apunta a que seguirán la misma línea, pero ¿en qué se concreta esta nueva propuesta?

"Se trata de llevar a los órganos de decisión de todas las empresas a los representantes de los trabajadores. La fórmula que se está eligiendo es llevar esa representación a los consejos de administración, pero en Alemania, por ejemplo, eso se articula mediante los denominados consejos de vigilancia que deben tener todas las empresas de más de 50 trabajadores", explica Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis. "Es un órgano paritario en el que participan a partes iguales empresa y trabajadores. No participa en todas las decisiones, pero sí tiene atribuciones en las materias que afectan a las garantías de los trabajadores", puntualiza.

"La mayoría de los países europeos reconocen legalmente el derecho de las personas trabajadoras a estar representadas en los consejos de administración de las empresas y a participar en las decisiones estratégicas a nivel de gobierno corporativo, una práctica conocida como cogestión", recoge el informe de expertos encargado por Trabajo. "Aunque España dispone de un sistema dual de representación laboral mediante comités de empresa y sindicatos, la falta de un mandato legislativo que garantice la representación de quienes trabajan en el nivel estratégico en los consejos de administración de las empresas privadas supone una desventaja significativa", concluyen.

La idea del ministerio que dirige Yolanda Díaz es promover una reforma legislativa que obligue a implementar estos modelos de cogestión. Contempla medidas como que un tercio de los puestos del consejo de administración sea para los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados. Cuando se trate de compañías de mayor tamaño, ese porcentaje se elevará hasta la mitad.

Otra cuestión que contempla es crear planes para que los empleados tengan acceso a la propiedad de la compañía, poniendo a su disposición un mínimo del 2% de las acciones cuando las empresas superen los 25 trabajadores. También amplía los poderes de los comités de empresa para "configurar y dar su consentimiento a la IA".

"Hay fórmulas de participación más y menos intensas, pero de lo que se trata ahora es de implementar algún marco nacional. Hay ya 19 países de la Unión Europea que tienen sistemas regulados y somos de los pocos que aún no lo tienen", subraya el economista, quien además insiste en que "no se puede confundir representación con participación".

La propuesta, que tendría que validarse en el Congreso, se debatirá este jueves en una mesa convocada por Trabajo y en la que CEOE y Cepyme han declinado participar. "Supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada", protestaba la patronal en un comunicado. "Plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone, al mismo tiempo, un nuevo desprecio a la negociación colectiva", remataban ambas agrupaciones empresariales.

La base teórica de la propuesta es que si los trabajadores ganan importancia en los procesos de gestión, en el diseño de los objetivos de la empresa y en el reparto de beneficios, la eficiencia económica, la calidad del empleo y la productividad mejorarán. Así, el "mandato legislativo" que quiere articular Trabajo descansa sobre el artículo 129.2 de la Constitución: "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

Aunque para las patronales esta propuesta atenta, a su vez, contra el artículo 38 de la Constitución, “que preserva los principios de la libertad de empresa”, y contra el Estatuto de los Trabajadores, que "otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección", remarcan.

El análisis de los expertos de Trabajo señala que ya existen experiencias prácticas concretas donde se incluye representación sindical en los consejos de administración de las empresas. Aunque matiza que son "dispersas y poco conocidas", cita a Renfe, ADIF, Paradores Nacionales, Navantia, Hunosa, ENSA y el Grupo TRAGSA, todas ellas con participación pública. En cualquier caso, la representación nunca es tanta como para poder bloquear decisiones y solo está articulada a nivel de convenios o acuerdos entre sindicatos y empresas.

Una de las razones que da el Ministerio de Trabajo para impulsar esta reforma es que la legislación de otros países de la Unión Europea ya contempla este tipo de normas. "La legislación de la UE y de algunos países ofrece la oportunidad a los representantes de los trabajadores en España de ocupar puestos en los consejos de administración o consejos de vigilancia de multinacionales con sede fuera de España", explican en el informe. Y ponen como ejemplo al grupo alemán Volkswagen, que cuenta con un representante español de su filial SEAT en el consejo de administración. También nombra otros casos como el de las compañías francesas Alstom e Imerys, en las que, en virtud de una ley estatal, se implementan modelos de gobernanza donde un representante de los trabajadores, elegido a través del comité de empresa europeo, se incorpora al consejo de administración.

El texto elaborado por los expertos cuestiona el modelo de gobernanza empresarial que se da en España, señalando que ha adquirido "rasgos del modelo angloamericano, dando prioridad prácticamente absoluta a los intereses del accionariado sobre el resto de partes interesadas", resalta el estudio. Por otro lado, cuestiona el reparto de los beneficios: "España se sitúa entre los últimos de la UE en cuanto a medidas de fomento y apoyo a la participación de las personas trabajadoras en los beneficios de las empresas, independientemente de que participen o no en el capital de las mismas", concluyen.

Las cooperativas son el modelo que Trabajo considera más democrático, pero hay otras organizaciones que el estudio considera como referentes y que agrupa bajo la etiqueta de "economía social". En este ámbito habría un total de 43.071 empresas que dan trabajo a 565.402 personas. "Entre ellas, 22.033 son cooperativas, 11.902 son sociedades agrarias de transformación, 6286 son empresas propiedad de los trabajadores (sociedades laborales), 2182 son centros especiales de empleo, 308 son empresas de inserción, 223 son mutuas de previsión social y 137 son cofradías de pescadores", detallan en el análisis.

"Las cooperativas de trabajadores y las sociedades laborales, en las que los trabajadores ejercen un control democrático, son las dos formas de empresa que más se ajustan al espíritu del artículo 129.2", concluyen los analistas. Pero no es este el objetivo de la medida. "No se trata, desde luego, de convertir las empresas en cooperativas. Lo que se persigue es organizar un sistema de participación de los trabajadores y no solo de representación, como se entendía hasta ahora", concluye el economista.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras acuerdan subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros mensuales, con el rechazo patronal. En la tarde de este jueves el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, confirmaba en rueda de prensa que las remuneraciones mínimas avanzarían en 2026 un 3,1%.

Las patronales CEOE y Cepyme han rechazado la subida, como en las cinco ocasiones anteriores y han protestado por la forma en la que se ha llevado a cabo la negociación. En un comunicado publicado esta mañana, tachaba de “fórmulas trileras” las propuestas de Trabajo para llegar a un acuerdo y les reprochaba haberse “enterado por la prensa” de las condiciones. Entre estas propuestas lanzadas para tratar de atraerles al acuerdo, estaba una deducción de Hacienda en su impuesto de sociedades. En cuanto a la cotización de esta remuneración mínima, Trabajo y sindicatos llegaron a un acuerdo con Hacienda para que este nivel salarial quedase exento de IRPF.

En la comparecencia posterior, Rey ha reprochado a la patronal su postura: “Ha habido una voluntad absoluta de meter a la patronal en el acuerdo y hemos sido acusados de trilerismo”, protestó el Secretario de Estado. Desde el ámbito sindical, Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO apuntaba a una “falta de respeto” hacia el diálogo social. “Lo que está encima de la mesa es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras que menos ganan en este país”, concluyó.

Por su parte, Fernando Luján, de UGT, quiso empezar poniendo en valor el diálogo social y advertía que de no haberse acordado este jueves la subida, habría decaído la prórroga de la subida del SMI con la negativa del Congreso al decreto Ómnibus votado este miércoles. “No debíamos incrementar la incertidumbre de las personas perceptoras del SMI”, concluía Luján.

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una subida del 3,1 % del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, manteniendo esta referencia retributiva exenta de tributación, lo que supondría elevar el SMI de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas (37 euros más), según recoge EFE.

Patronal y sindicatos se han comprometido a estudiar la propuesta y a someterla a consulta de sus órganos de dirección, según ha explicado en rueda de prensa este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que ha calificado el diálogo de "sincero y constructivo".

El Ministerio de Trabajo también ha puesto sobre la mesa su intención de "explorar" con el Ministerio de Hacienda "la posibilidad de relajar las reglas de desindexación que tienen que ver con la afectación en los contratos públicos de los salarios".

CEOE y Cepyme llevan años reclamando al Gobierno la actualización de los contratos públicos conforme a las subidas del SMI para poder trasladar a la administración ese aumento de costes laborales que restan rentabilidad a las licitaciones.

Los sindicatos apoyan esta reivindicación, tal y como quedó reflejado en el V AENC, el último acuerdo para la negociación colectiva suscrito por las organizaciones empresariales y sindicales.

Para Pérez Rey "no tiene mucha lógica" que las empresas no puedan trasladar a los precios de licitación en los contratos públicos "algunas de las subidas laborales", aunque ha aclarado que este asunto está a expensas de lo que digan "los ministerios competentes", fundamentalmente Hacienda. En lo que sí hay consenso dentro del Gobierno -según Pérez Rey- es en mantener el salario mínimo libre de IRPF, un punto ya acordado con el Ministerio de Hacienda que desarrollará la parte técnica manteniendo previsiblemente "la dinámica de 2025", año para el que se estableció una deducción específica. 

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha valorado el compromiso de explorar una relajación de la ley de desindexación, aunque desconoce si tendrá que ver solo con las subidas del salario mínimo o si también aplicaría a las pactadas en convenio colectivo.

Luján ha dicho que van a hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo en el que debería estar la patronal y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes, ya que es "importante" trasladar "cierta tranquilidad económica y cierta certidumbre" tanto para las empresas como para los trabajadores en un momento en el que "Europa está siendo amenazada".

Preguntado por los plazos que ha dado el Gobierno, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, ha subrayado que el proceso de negociación debería ser "cuestión de días" para no dificultar el procedimiento de gestión que implica la actualización de los salarios y que afecta a más de un millón y medio de personas y miles de empresas.

Pacheco también se ha referido a la modificación necesaria de la Ley de desindexación, "sumamente relevante" para garantizar que los incrementos del salario mínimo lleguen al conjunto de trabajadores y acabar así con "una anomalía democrática" que afecta a los empleados de empresas que prestan servicios o actividades a las Administraciones Públicas.

Hoy en la SER en una crónica un periodista se felicitaba porque por lo menos esta noche “el ruido se desvanecería”: los despidos en Profand, en Alcampo, en Amazon, en Getronics, los ERES en Telefónica, en Arcelormittall, en Cruz Roja, la lista no es exhaustiva… ¿Es a ese ruido al que se refería? Esta noche, como las siguientes, continuarán los ataques de la patronal contra la clase trabajadora, las bombas continuarán cayendo en las regiones en guerra, la hambruna continuará en Gaza y en los países que la padecen ya desde hace tiempo. Ese ruido solo se desvanecerá esta noche en los medios de comunicación.

¿Quizás se refería al ruido provocado por Albiol en Badalona? Seguramente que los desalojados de Badalona estarán pensando en este instante qué receta de pavo utilizarán para complacer a sus invitados. Como los más de cuatro millones de personas que viven con 644 € al mes o los 12,5 millones de personas en el umbral de la pobreza.

En donde no habrá ruido, no siendo el que harán al abrir las botellas de champán, es en casa de los Botín, de los Ortega y de los accionistas que vieron sus dividendos dispararse.

Y ya no hablo con qué placer acogerán las trabajadoras y trabajadores los discursos de felicitación pronunciados aquí o allá, por los que están ocupando la palestra representando los intereses de la gran burguesía, seguro que sus discursos tendrán un impactante efecto sobre los explotados y explotadas, no solo en nuestro país sino en todos aquellos en donde el gran espectáculo navideño intenta mostrar que la felicidad chorrea por las calles de sus países respectivos.

En el siglo XXI, en donde nada es igual ni comparable al siglo XX, según algunos intelectuales, la clase obrera ya no existe, el marxismo es una herramienta anticuada, los partidos tienen que ser transversales (tiendas de ultramarinos en donde hay de todo), hasta incluso el socialismo del siglo XX tiene que cambiar de versión y pasar a la del XXI… todo sigue igual e incluso peor que en el siglo XX.

Aprovechemos estas fiestas para recargar las pilas y prometerles a la patronal y a sus vasallos un mal año 2026.

_______________

Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre.

El Ministerio de Trabajo se ha reunido este martes con sindicatos y patronal para valorar si hay margen de negociación para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, pero sin plantear una propuesta ni aclarar si el Gobierno mantendrá exenta de tributación esta retribución mínima, según fuentes sindicales.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a EFE que la reunión ha servido para trasladar a los agentes sociales el informe de la comisión de expertos, que recomendó una subida del 3,1% sin tributación y del 4,7% si paga IRPF.

Tras esta primera toma de contacto, el Gobierno hará próximamente una primera propuesta sobre el SMI para 2026 con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, ha añadido el ministerio.

"Esperábamos que el Gobierno trasladase su posición, pero nos ha manifestado que primero quería conocer los márgenes de negociación ante las propuestas hechas públicas por los sindicatos y la patronal", ha dicho tras la reunión el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, en referencia al 7,5% que piden los sindicatos y al 1,5% planteado por la patronal.

Pacheco ha explicado que los sindicatos están en condiciones de rebajar su propuesta siempre que se garantice que los perceptores del SMI cobrarán el 60% del salario medio neto.

Además ha reclamado que se modifique la regulación actual que permite a las empresas neutralizar la subida del salario mínimo a través de la compensación y absorción de los complementos salariales, un aspecto en el que reconoce que será difícil concitar el apoyo de CEOE y Cepyme.

El Ministerio de Trabajo ya ha puesto en consulta pública previa un real decreto para desarrollar por la vía reglamentaria, sin convalidación del Congreso, el artículo del Estatuto de los Trabajadores que regula el SMI, con lo que daría por completada la transposición a la legislación española de la directiva europea de salarios mínimos.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha explicado que los sindicatos también quieren que se incorpore a este real decreto el observatorio de márgenes empresariales como uno de los parámetros de subida del salario mínimo.

De esta forma habrá dos reales decretos que formarán parte de un eventual acuerdo, el que transpondrá la directiva de salarios mínimos y el que fijará la subida del SMI para 2026, que en este último caso es la vía habitual para una decisión que es potestativa del Gobierno y no requiere validación ni de los agentes sociales ni del Parlamento, solo consulta previa con patronal y sindicatos.

El debate sobre salario mínimo interprofesional (SMI) suele ser una bronca política revestida de porcentajes y cifras, pero en el fondo se trata de algo tan sencillo como cuánto más debe ganar al año un trabajador que cobra por la base para no ser pobre. El tema vuelve a la actualidad y lo hace, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, revestido de discrepancias políticas e informes de impacto. Esta semana la patronal se quejaba de la forma en que se calcula para avalar su propuesta, que Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, calificaba de “ridícula”.

Quienes en 2025 viven con esta nómina básica, cobraron 1.184 euros en 14 pagas, o lo que es lo mismo, 16.576 euros anuales. Pero como cada año, la pregunta sobre cuánto debe crecer esta prestación para situarse en el 60% del salario medio neto del país pone en lucha a los agentes sociales. La patronal dice que el SMI está “distorsionado” y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, considera que la mejor subida es “cero”, aunque lanzan una propuesta de 1,5% para el año que viene. Desde los sindicatos, que ya no ven demasiadas posibilidades de sentarse a la mesa con los empresarios, elevan la subida hasta el 7,5% y la comisión de expertos del Ministerio de Trabajo recomienda una horquilla entre un 3,1% y un 4,7%. Las cifras ya están sobre la mesa, y el debate, servido.

“La CEOE podría participar si quisiera en el grupo de expertos que ha elaborado estos días el informe. Y pudiendo participar, han declinado, porque, por una cuestión política, no quieren dar legitimidad a las cosas que aquí se plantean”, apunta Luis Zarapuz, coordinador del Gabinete Económico de CCOO.

En dinero contante y sonante, este incremento no es nada impresionante para quienes lo perciben, pero el aumento agregado de los últimos años sí ha sido significativo, con un salto considerable en 2018, después de años de estancamiento, como se ve en el gráfico. De hecho, desde ese año los salarios más bajos han crecido un 61% y los incrementos han llegado ya a 2,4 millones de trabajadoras, ya que la mayoría son mujeres y solo un 34% hombres.

La nueva propuesta de la patronal, la más baja, implica 17 euros más al mes; la de los sindicatos, la más alta, 88 euros. En el medio, la de los expertos de Trabajo se mueve entre los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (si queda exento de tributación) y los 1.240 si se le aplica IRPF. Esto es, entre 37 y 56 euros mensuales más.

Pero ¿qué significan todas estas cuantías y por qué dice la patronal que el SMI está sobrestimado?

El argumento para oponerse a las subidas desde el ámbito de la empresa ha venido, por un lado, por las consecuencias negativas que estimaban para el empleo y de las que los expertos discrepan hasta el momento. Por otra, porque consideran que las estimaciones que hacen los organismos oficiales están “distorsionadas” y el SMI ya supone más del 60% del salario medio si, en vez de calcular sobre la Encuesta de Estructura Salarial (la que se ha empleado siempre), se mide sobre la Encuesta de Población Activa (EPA). Un giro técnico que supondría una novedad, ya que nunca se ha estimado sobre esta última el umbral del SMI, cuyo fin último es evitar que la brecha entre trabajadores pobres y ricos se abra en exceso y que avala la Carta Social Europea.

“Los datos de la EPA a la hora de medir los salarios no son tan buenos porque esta encuesta está destinada a medir el empleo y lo hace preguntando a los hogares, mientras que las encuestas de salarios se hacen con datos de las propias empresas”, resume Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis. “Otra cosa es que haya que incorporar datos de sectores menos representados a la cuenta, como el primario o los cuidados, pero no vale utilizar la EPA 'porque me conviene más'”, concluye.

Desde Comisiones Obreras también rechazan este giro técnico. “La CEOE tiene una posición de parte, como puede ser la de los sindicatos, y su objetivo en este caso es fijar la subida en lo mínimo posible porque las empresas valoran solo la parte de costes. Igual que nuestro objetivo es garantizar el máximo poder adquisitivo para los trabajadores”, señala Zarapuz.

Sobre las desviaciones en los cálculos, explica que utilizar la EPA como pide la patronal no sería adecuado, ya que maneja un volumen de datos inferior y además, no da salarios netos (lo que cobra el trabajador sin deducciones) sino brutos, y esto dificulta saber el dinero real le llega al trabajador. “Se utiliza la encuesta de estructura salarial, que es la que está ratificada por el ministerio de Economía y Hacienda porque es más fiable”, concluye.

La tributación del SMI provocó una gran polémica dentro del Gobierno en la anterior negociación. Enfrentó al Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz (Sumar) y al Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero a la cabeza (PSOE). Sumar pedía que se dejase libre de carga impositiva para que el dinero neto que llegaba a los trabajadores fuese el porcentaje total de la subida, mientras que desde Hacienda defendían que esta tributación afectaba poco a los trabajadores y que con las sucesivas subidas del SMI el umbral no podría seguir moviéndose infinitamente. En 2025 se solventó este desencuentro con una deducción en la renta, pero ahora el debate regresa.

“La propuesta del 7,5% del sindicato parece asumir que esa tributación se va a dar y que el SMI va a ser una renta declarable ante Hacienda”, apunta González. “Si el SMI se mete en la tributación sin una corrección, se produce una merma del salario neto y la referencia del 60% se pierde. Pero con este 7,5% una parte sería absorbida por la tributación y otra no, de forma que el trabajador sí vería en su cuenta esta subida”, concluye.

Con los porcentajes propuestos por cada actor social ya sobre la mesa, comenzarán las negociaciones, aunque por el momento no se ha aclarado qué va a pasar con la tributación. Aunque cabe destacar que cada vez se agrupan más trabajadores en esta franja, lo que aleja la posibilidad de que el umbral de tributación mínima siga caminando al paso del SMI.

“Las diferencias en euros nominales no son tan cuantiosas: lo que piden los sindicatos no es una barbaridad y lo que ofrece la CEOE es una cantidad muy reducida, inferior a la inflación e incluso a lo que están creciendo los salarios”, concluye González.

Cuatro personas han sido detenidas acusadas de desórdenes públicos y daños en los incidentes ocurridos durante las movilizaciones de los trabajadores del sector del metal en Cádiz, en los que una mujer viandante ha sufrido una profunda brecha en la cabeza. La Policía ha informado de que ha mantenido un amplio dispositivo de seguridad desde primeras horas de la madrugada para controlar a los manifestantes de la huelga del metal, según recoge EFE.

Sobre las 9:45 horas en la Avenida Marconi se produjeron las primeras cargas policiales, ya que numerosos manifestantes comenzaron a lanzar botellas y piedras contra la Policía además de prender fuego a numerosos contenedores, explica la Policía. Las cargas han continuado hasta la avenida Ana de Viya de la capital gaditana, donde una piedra lanzada por los manifestantes ha impactado en la cabeza de un viandante, que ha sufrido una profunda herida en la cabeza.

La manifestación ha partido de la carretera industrial de Cádiz y en su curso se ha topado, frente al hospital Puerta del Mar, con una protesta en defensa de la sanidad pública, y después en las inmediaciones del estadio de fútbol, con la protesta por el juicio al que se enfrentan este miércoles trabajadores de Airbus Puerto Real por las movilizaciones contra el cierre de esta factoría.

Después se ha dirigido a la sede de la patronal Femca, donde se están produciendo enfrentamientos con la Policía. Los accesos al polígono industrial Río San Pedro, en Puerto Real, permanecen cortados, mientras que la de los dos puentes de acceso a Cádiz están abiertos a las 9.50.

Las primeras horas de la huelga del metal en la provincia de Cádiz se están viviendo con la quema de barricadas en las carreteras, cortes de tráfico que han ocasionado importantes atascos en Puerto Real, y la interrupción de la circulación ferroviaria tanto de acceso como de salida a la bahía gaditana.

Los primeros fuegos han comenzado sobre las seis de la mañana cuando varios manifestantes han quemado ruedas y otros objetos en la CA-35 y en la CA-36, carreteras de salida de los dos puentes sobre la bahía de Cádiz, el José León de Carranza y el de la Constitución de 1812, en sentido hacia Puerto Real.

Decenas de coches que circulaban a esa hora se han quedado atrapados y eso ha motivado que ambas infraestructuras quedaran cortadas en sentido salida de la capital gaditana, lo que ha obligado a desviar el tráfico hacia San Fernando. Dentro de Cádiz están ardiendo barricadas en la carretera industrial que da acceso al astillero de Navantia, donde tampoco se puede circular por esta zona.

El gestor ferroviario Adif ha informado a las 07:50h de que está interrumpida la circulación con origen y destino Cádiz debido a un incendio próximo a la infraestructura y que esta incidencia afecta tanto a los trenes de cercanías como a los que circulan entre Cádiz y Sevilla.

Reducir la jornada laboral no es solo una propuesta laboral, es sobre todo una propuesta de cambio del modelo de relaciones laborales y sociales. 

El anacrónico e ineficaz arquetipo de precariedad y pobreza deliberados no solo ahoga a las trabajadoras y trabajadores, perjudica al sistema de pensiones o dificulta (imposibilita) la emancipación juvenil: es un modelo fallido social y económicamente. Debemos seguir caminando hacia unas nuevas relaciones laborales más justas y democráticas –como hacen la reforma laboral o la ley rider– y hacia la reorganización del tiempo, nuestro tiempo. 

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó la reducción de la jornada laboral y el control horario, un paso adelante que hace pocos años parecía impensable. Hoy estamos más cerca gracias al diálogo social, a los sindicatos de clase, al compromiso del Gobierno, al apoyo masivo y transversal ciudadano y a una idea muy clara: la riqueza que generamos las y los trabajadores debe llegar a todes, y no solo mejorando salarios, sino también ganando tiempo y reforzando la economía. 

El Ministerio de Trabajo ha actuado acorde a sus responsabilidades y compromisos: ha escuchado, ha negociado, ha llegado a acuerdos y ha tomado la iniciativa. Ahora empieza la siguiente etapa: la legislativa, el debate en el Congreso. Hay quienes quieren vetar este debate, y es fundamental que todos los grupos escuchen a la mayoría ciudadana. Este país quiere un modelo laboral más justo, más humano, más digno y más democrático; no solo es posible, la clase trabajadora nos lo hemos ganado y es necesario.

Reducir la jornada representa luchar por reorganizar la vida con el bienestar y el sentido común económico y productivo en el centro. Llevamos más de 40 años sin que se modifique el máximo legal de horas en términos universales, mientras la productividad por hora ha crecido más de un 50%. 

Y tengámoslo claro: la patronal no está en contra de reducir el tiempo de trabajo, ha firmado decenas de convenios con jornadas inferiores a las 37,5 horas. Hoy en España hay miles de trabajadores que ya tienen reconocido este derecho y no hay excusa alguna para no universalizar esta medida a sectores como las trabajadoras del hogar, del comercio, la hostelería o el transporte.

No es solo reducir horarios, es apostar por un nuevo contrato social en el que el aumento de la productividad llegue a todas las trabajadoras y trabajadores y no se quede en los bolsillos de unos pocos que, con frecuencia, no han tenido la voluntad de reinvertirlo en favor de sus propias empresas. 

Reducir la jornada laboral es una apuesta para vivir y trabajar mejor. La ciencia apunta claramente a que trabajar más horas no implica mayor productividad. El descanso, la conciliación y la motivación son motores de una economía más sana, eficiente y productiva. Y eso es exactamente lo que estamos proponiendo. 

Solo en Cataluña, más del 70% de la población activa realiza una jornada laboral de más de 37,5 horas. Reducir la jornada sería una mejora directa para más de dos millones de personas (más de 12 millones en el conjunto del Estado), podría crear 82.000 empleos directos, por no hablar de que el control horario aportaría transparencia y una reducción de las horas extra no pagadas, que hoy equivalen a 45.000 puestos de trabajo perdidos y miles de euros que no llegan a las nóminas.

Y funciona. Hemos visto como Francia redujo su jornada a 35 horas en el año 2000. ¿Y qué pasó? Su economía no solo no colapsó, sino que creció y hoy su productividad sigue por encima de la española. 

Ganar tiempo es ganar bienestar, nos hace más fuertes individual y colectivamente porque mejora la salud mental, amplía la creatividad de las y los trabajadores, mejora la salud medioambiental, refuerza el pequeño comercio y la productividad y tiene un corte claramente feminista.

Y sí, la patronal debería sumarse a este acuerdo. Deberían defender la modernización económica y no ser un lastre para el país y para el interés real del tejido económico y productivo. 

La reducción de la jornada será una realidad, y serían mucho más útiles, incluso a sus propios intereses, si dejaran de lado los politiqueos cortoplacistas y siguieran negociando una adaptación inevitable para una sociedad harta de su avaricia y que ya no acepta vivir para trabajar.

La reducción de la jornada laboral no es una ocurrencia, es un paso hacia un horizonte necesario que dibuja una sociedad más justa y menos desigual. Por eso interpelamos a todas y todos. Ha llegado el momento de posicionarse con claridad: formar parte del avance social y productivo que el país y la clase trabajadora necesitan, o quedarse anclados en un modelo que cronifica la desigualdad, la precariedad y el agotamiento.

Frente a quienes defienden un futuro de más desigualdad, más horas de trabajo y menos derechos, nosotras defendemos el balance de nuestras políticas públicas en materia de trabajo. El bienestar no puede ser algo reservado a unos pocos, vivir mejor debe ser un objetivo colectivo. 

Reducir la jornada sin perder salario es posible, justo y necesario. Ahora, 37,5 horas; mañana, a por las 32 h.

_______________________________

Aina Vidal es diputada, portavoz adjunta de Sumar y portavoz de los Comuns en el Congreso de los Diputados.

La debilidad parlamentaria del ejecutivo sirve de palanca fuerza para que todos se mojen cuando un debate aterriza en el Congreso. A la reforma crucial de la reducción de jornada laboral le espera un intenso rifirrafe donde cada uno tendrá que decidir dónde se coloca y con qué argumentos entiende los derechos del trabajo en los tiempos modernos. La modernidad puede ser una trituradora desregulada y la política tiene la obligación de poner límites, fijar derechos. Yolanda Díaz ha ganado esa batalla y las 37,5 horas ya están aprobadas en consejo de ministros. Es decir, más allá del larguísimo trecho de tramitación que tiene por delante, la conversación ya es pública. Y aunque el texto llegue con la firma de Gobierno y sindicatos, queda tiempo para que se sumen las patronales, Junts e incluso el PP. 

Es una victoria formal del Gobierno de coalición que tiene la responsabilidad de colocar en la agenda pública las medidas progresistas de la legislatura. Y será una derrota de país si en su negociación no hay acuerdo. En las encuestas, las del PP incluidas, los trabajadores quieren mejores condiciones laborales. Liberar horas de trabajo, cobrar las horas extra, limitar los horarios en los que un jefe puede escribirte por WhatsApp (la llamada desconexión digital) o jornadas flexibles para conciliar son parte de la lista de cómo evolucionan las relaciones laborales. Que llegue a todos y no solo a los sueldos altos es lo que se consigue por ley. 

Como es habitual, en el debate aparecerán premisas falsas. No es cierto que cualquier ampliación de derechos implique destrucción de empleo. No ha ocurrido con la subida del SMI y no lo hará por una hora menos a la semana. La reducción de horas de trabajo se acabará imponiendo y toca adaptarse. Es el modelo al que vamos, cogió fuerza después de la pandemia, y es donde los jóvenes aprietan con fuerza. Cualquiera que contrate a las nuevas generaciones lo sabe. Una vez están garantizadas las mínimas condiciones de trabajo, los recién llegados exigen calidad de vida, hacer deporte, ir al psicólogo, tomarse una cerveza o ir al gimnasio. El ocio, la familia, los amigos, hacerse cargo al completo de uno mismo coloca la realización personal al mismo nivel que la profesional. Un logro del Estado de Bienestar que no puede llegar solo a los empleos mejor pagados. 

La reducción de la jornada también es cuestión de clases. Pretender dejarlo en los convenios colectivos descuelga a los trabajadores sin capacidad de presión. Los obreros de la construcción, la enfermería, la hostelería, trabajadores de la limpieza… y así hasta donde no llega la gran empresa. Porque si las pymes sufren con los cambios, son los trabajadores quienes pagan la factura. 

La aprobación aunque sea en primera vuelta es un triunfo político y un reto empresarial. A nadie se le escapa que las pequeñas empresas tienen que adaptarse a la organización de los costes laborales y piden sus ritmos. Las políticas de acompañamiento deben ir ahí, de abajo a arriba. Si cotizas en bolsa, puedes reducir una hora a los trabajadores. Si facturas en millones de euros, también. Si eres la Administración del Estado o una multinacional, más de lo mismo. Los cambios por arriba empujan desde abajo. Pasó con el SMI, no destruyó empleo y sí mejoró los sueldos. 

En lo político, con la reforma aprobada Yolanda Díaz se refuerza y retoma su sitio como líder del espacio en el papel que mejor hace, el de ministra de Trabajo. En un espacio desdibujado por la dificultad de marcar terreno, la reducción de jornada es su hit de la legislatura después de la reforma laboral, a pesar del milagro ‘Casero’. La vicepresidenta tiene dos opciones. O lo saca con Junts o con el PP. De momento, Jordi Turull apuesta por indexar el salario mínimo al nivel de vida para que el catalán sea superior. Una petición que implica la disposición a negociar. Que defienda los intereses del empresariado catalán es lógico, es su naturaleza. Que quiera imponerse sobre otros territorios es incompatible con la solidaridad a la que se debe el Estado autonómico y un ejecutivo progresista.

El PP vuelve a tener problemas para explicar su posición. Descartan el sí, por ahora, y apuestan por la abstención. Pero marcan su posición según lo que hagan los otros. El volantazo del ómnibus y las últimas encuestas deberían servir de lección a Feijóo. El electorado de derechas le pide que explique con más claridad dónde está en cada asunto. Feijóo lo hizo antes de Navidad mostrándose a favor de la reducción y la CEOE se revolvió. Si no se desdice de nuevo, no está escrito que acabe convenciendo a la patronal de una medida que beneficiará al PP cuando gobierne.

Quedan meses para ir construyendo este debate y su negociación. Para que Yolanda Díaz reivindique aquello de “gobernar no es resistir”. Veremos dónde se coloca cada uno, como en la reforma laboral, los que votaron “no” por cálculo político pagaron su precio.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que ha cerrado un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 50 euros, hasta los 1.184 euros mensuales brutos en 14 pagas, en 2025, informa EFE.

"El diálogo social funciona", ha destacado la vicepresidenta tras la reunión mantenida este miércoles con los agentes sociales. Díaz ha agradecido a la patronal CEOE las aportaciones realizadas en la negociación aunque finalmente no se haya logrado cerrar un acuerdo tripartito.

La subida de 50 euros mensuales, un 4,41%, es la propuesta que el Ministerio de Trabajo llevó a la mesa de negociación y corresponde a la propuesta más elevada de la horquilla del informe de los expertos.

La CEOE había planteado una subida del 3%, en línea con lo recogido en el acuerdo marco de negociación colectiva para este año, mientras que los sindicatos reclamaban una subida cercana al 6% y llegar a los 1.200 euros mensuales.

Junto a la subida, Trabajo ha pactado con los sindicatos comenzar a negociar en dos meses una serie de cambios normativos para evitar, entre otros puntos, que las subidas del SMI terminen siendo absorbidas en otros pluses o complementos. Para ello, se abrirá una nueva mesa de diálogo social para encajar estos cambios en la transposición de la directiva europea de salarios mínimos aún pendiente.

Los sindicatos quieren que la normativa recoja que el SMI debe alcanzar el 60% del salario medio, la obligación de actualizar los salarios de los convenios colectivos que puedan verse afectados por el SMI y adaptar las cuantías diarias y por hora si se produce la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025.

También, ha explicado Díaz, se ha pactado iniciar campañas específicas de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento en los sectores más afectados.

Díaz ha celebrado una "buena noticia" y ha señalado su intención de llevar la subida al Consejo de Ministros "con carácter inminente". Ha reiterado que la postura de Trabajo es que la nueva cantidad quede exenta de tributar pero que se trata de una competencia del Ministerio de Hacienda.

La secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha considerado una "buena noticia" el preacuerdo alcanzado, que se someterá a los órganos de dirección del sindicato el próximo martes.

"Nos habría gustado un acuerdo tripartito", ha dicho Vicente, al tiempo que ha señalado que la propuesta de la patronal "no garantizaba en ningún caso el 60% del salario medio", lo que era una "línea roja" para los sindicatos que ha impedido "acercar posturas".

"Nos ha parecido más importante alcanzar un acuerdo", ha defendido el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, que ha agradecido a la patronal que haya llevado propuestas a la mesa.

"Queremos trasladar seguridad y certidumbre", ha añadido Luján que ha valorado ese compromiso de Trabajo de empezar a negociar cambios normativos para el SMI.

Tanto CCOO como UGT han insistido en que el SMI debe quedar exento de tributar, un extremo que no han logrado dejar cerrado en el acuerdo, que ahora deberán ratificar los órganos de dirección de las organizaciones sindicales.

Pasemos al tema de esta carta. En aquellos duros años, los únicos que hacían huelga eran los trabajadores de las empresas privadas, construcción, metal, minería… El funcionariado nunca se sumó a huelga alguna (los funcionarios durante el oscuro periodo franquista eran adictos al régimen y fueron entrando parientes o adictos), con el tiempo empezaron los de carrera, que debían pasar unas pruebas escritas acordes a sus diversas funciones, ya era algo más ajustado a la normalidad, aunque designaciones a dedo siguieron funcionando, surgiendo una modalidad de los «sin carrera», –el personal laboral–. Ahí es donde los sindicatos han llegado a avergonzarme.

Primero por sus privilegios, aquí pluralizo sabiendo que no todos actúan igual, pero una mayoría lo hacen, son aquellos que tienen 40 horas sindicales al mes, qué casualidad, siempre son en viernes y lunes, o en vacaciones que también añaden las 40 horas mensuales, disfrutando de vacaciones ampliadas, «amén de los liberados» a esos ni se les conocen, o de pronto en un departamento (ocurre) una persona que nunca se distinguió e incluso criticó a los sindicatos de repente es un «liberad@» y ya no se l@ ve más. También lugares de la Administración concretos con distintos departamentos donde no superan 50 personas, llegan a tener 8 sindicalistas y hasta 3 liberados. Esto no ocurre en las grandes empresas, hay muchos liberados (que no llego a comprender) y sindicalistas no liberados estos se toman las 40 horas, con el descaro de usarlos viernes y lunes.

Una vez que utilicé las 40 horas fue para ayudar a proyectos escasos de horas por una punta extra, y utilicé horas sindicales para 2 cursos y por la tarde solo durante una semana. Pero lo que peor llevo es lo que ocurre en la actualidad en la Administración Pública, los sindicatos solo tiene ojos para el personal laboral, dándose casos realmente patéticos, porque los sindicalistas deben defender a todos los trabajadores, no solo frente a la Patronal, la Función Pública no es igual a la Privada, y es ahí donde los abusos son notorios y los perjudicados son los trabajadores del mismo departamento, en todos, tanto de carrera como personal laboral, abusando de bajas temporales como estrategia, no exagero con los ejemplos, hay personas que dos o tres veces a la semana van a tomarse la tensión, utilizando 2 horas a las que tienen supuesto derecho, en algunos casos con la particularidad de tener médico en otra planta, o utilizar las 4 horas para una cita médica dental particular, será para no gastar teléfono, porque puede ir por la tarde, estando a 30 metros de su casa, según manifestó.

No sé si MUFACE o cualquiera de las clínicas privadas es consciente o cobra por baja. También las bajas que en ciertas personas (siempre las mismas) coinciden en los periodos vacacionales de colegios en diciembre, Semana Santa, veraniegas o «puentes», bien para cuidar a los hijos/nietos o disfrutar con ellos. A lo que voy, los sindicatos deben de proteger a los trabajadores no solo de la patronal, también de los trabajadores caraduras y deshonestos, la Administración no tiene ojos, solo burocracia y si les llega una baja la apuntan y se acabó, no hay seguimiento, pero las bajas reiteradas sobrecargan a los trabajadores, y la mala reputación que da el funcionariado por estos elementos y sus hechos desprestigian de forma notoria al funcionariado ante la población en general. También están las bajas de larga duración, ahí el abuso es menor por ser menos numerosas, se sabe de personas trabajando en empresa propia, familiar o particular, no solo para ayudar, cobrando, por supuesto en negro, muchos de esos casos son fáciles de comprobar, bajas que de pronto le dan alta, y a los 15 días de nuevo baja, sufriendo el departamento al no poder sustituir y/o contratar a nadie y lo saben, volviendo a trabajar en lo particular, incluso algunas veces es fácil saber los lugares donde ejercen o frecuentan durante su baja, más fácil en poblaciones sin masificar, por supuesto, pero no imposible de saber.

_____________________

José Enrique Centén Martín es socio de infoLibre.

“Quizá alguno de los presente se pregunte qué hace el presidente del Partido Popular en este congreso". Así arrancó Alberto Núñez Feijóo su intervención en el 44º congreso de sindicato UGT, que se celebró el lunes en Barcelona, y en el que el conservador rompió con la tradición de los jefes de su partido al participar en el acto con un breve discurso en el que reivindicó su presencia amparándose en su pasado sindicalista y en el que subrayó su máximo respeto por "la responsabilidad de los agentes sociales": "Mi objetivo es defender el interés general", afirmó.

Lo cierto es que las primeras elecciones que ganó el gallego no fueron en el 2009 —año en el que se presentó por primera vez como candidato del PP a la Xunta— sino una década antes, cuando fue elegido como delegado de personal de los servicios centrales de la Xunta. Feijóo encabezó la candidatura de la Asociación de Funcionarios Interinos e Contratados Administrativos (Afica) con la promesa de convertir en fijos a todos los temporales. Un Feijóo que contrasta con el actual líder del PP que critica a los que "quieren ser funcionarios para vivir de lo público".

El Feijóo sindicalista convocó manifestaciones frente a la sede del Parlamento gallego, lideró huelgas e incluso llegó a asaltar el despacho de un alto cargo junto a su compañero Carlos Negreira, que se convirtió años más tarde en el alcalde de A Coruña por el PP. Durante esos años la Xunta estaba liderada por el socialista Fernando González Laxe en una coalición tripartita y en Moncloa mandaba Felipe González. El sindicato liderado por el líder del PP desapareció después de conseguir la plaza y, meses después, comenzó su carrera en política institucional de la mano de José Manuel Romay Beccaría, exministro de Sanidad con José María Aznar.

El gallego también se ha vanagloriado en varias ocasiones de que uno de sus mejores amigos es Regino Martín Barco, un sindicalista de la sección postal de Comisiones Obreras (CCOO), al que conoce desde su época como presidente de Correos, entre los años 2000 y 2003. Él fue uno de los arietes del líder del PP durante la campaña electoral del 23J para esparcir las dudas sobre un posible fraude electoral del Gobierno a través del voto por correo.

Feijóo sacó a relucir su pasado sindical frente a la plana mayor de UGT pero, curiosamente, no apareció en el vídeo biográfico de su candidatura a las elecciones generales del pasado año. El líder del PP se comprometió a defender los intereses de los trabajadores, sin "contribuir al enfrentamiento entre empleados y empleadores" y reclamó a los delegados sindicales presentes el apoyo a su ley de conciliación, ahora paralizada en el Congreso. "Los trabajadores necesitan ampliar a 20 semanas los permisos de paternidad y maternidad, necesitas escuelas infantiles en toda España y mayor flexibilidad laboral, tanto un banco de horas como una jornada flexible".

El conservador, sin embargo, evitó pronunciarse sobre la reducción de jornada, uno de los grandes asuntos que UGT abordó en el congreso y la principal apuesta del socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, en esta legislatura. Un silencio que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz —también presente en el auditorio— aprovechó para interpelar al líder del PP durante su intervención. "¿Vais a hacer lo mismo con la jornada laboral que con la reforma laboral?", inquirió Díaz, levantando la ovación del público. El secretario general de la UGT de Cataluña, Camil Ros, en la línea de Díaz, también se dirigió a Feijóo para reclamarle su apoyo. "Estaría bien, en el próximo medio año, un voto a favor o incluso una abstención a favor de la reducción de jornada, que no nos vendría mal", lanzó, generando de nuevo aplausos.

En el inicio de este curso político el conservador trató de escenificar un 'giro social' anunciando la citada ley de conciliación y abriendo la puerta a estudiar la jornada laboral de cuatro días a la semana pero no en las mismas condiciones planteadas por Sumar, sino ampliando el número de horas diarias para el cómputo semanal permanezca igual. Es decir, lo que planteó Feijóo fue trabajar "nueve o nueve horas y media" cada día y obtener, a cambio, una jornada extra a la semana. Una propuesta que anunció que trasladaría a patronal y sindicatos en una reunión.

Días más tarde, desde Génova contaron a algunos medios que Feijóo había intentado ejercer de mediador con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para acercarlo a la postura del PP ya que, hasta la fecha, la patronal ha rechazado cualquier propuesta que implique modificar la jornada laboral. El propio Garamendi, sin embargo, dejó claro que se seguía negando a apoyar esa reducción y que Feijóo no le decía "qué tenía que hacer" porque ellos son " independientes".

Tras el portazo de la patronal, los conservadores anunciaron que incluirían en su ley de conciliación medidas dedicadas a las empresas como la creación de un premio nacional para "promover la sensibilización" y "premiar las buenas prácticas empresariales y sociales" o beneficios a las empresas a la hora de conceder contratos públicos para las que apliquen medidas de conciliación que vayan más allá de lo que plantea la ley. Además, desde el entorno de Feijóo vincularon la aprobación de la ley con el 'sí' de la patronal.

Aunque Feijóo afirmó el lunes que su objetivo es "firmar acuerdos" con los agentes sociales —y bromeó sobre que no ha podido hacerlo porque la "mayoría" de los presentes no le votaron en las generales para ser presente del Gobierno— en esa misma campaña el líder del PP se mostró dispuesto a romper el acuerdo sobre la reforma laboral alcanzando por el Gobierno, la patronal y los sindicatos en el marco del diálogo social en diciembre de 2021. Así lo confirmó en junio del pasado año en una entrevista emitida por Onda Cero en la que aseguró que su intención es modificar la actual normativa laboral para mejorar "la competitividad" de las empresas. Sin embargo, no concretó qué cambios quería introducir en la normativa laboral para mejorar la competitividad en caso de haber llegado gobierno después del 23J.

Lo que sí ha defendido claramente el líder del PP es la mochila austríaca. Este modelo, ya defendido por los conservadores en otras ocasiones y también por Ciudadanos — particularmente su antiguo gurú económico, Luis Garicano, al que Feijóo fichó para su fundación— supone que los trabajadores van generando un fondo con parte de su sueldo bruto del que pueden disponer cuando se queden sin empleo o lo dejen. Se trata de una propuesta históricamente criticada por los sindicatos, al considerar que supone un abaratamiento del despido de la mayoría de empleados. Este sistema lleva en vigor en Austria desde hace 20 años, pero no ha trascendido que ningún otro país haya adoptado esta medida.

También en materia de empleo, el PP ha acusado en múltiples ocasiones al Gobierno de maquillar el dato de los parados. El jefe de la oposición describe un país líder en cifras negativas. “Una España de récords negativos", ha afirmado en varias ocasiones, al igual que el mantra de que los fondos europeos no se están ejecutando pese a que la Comisión Europea siempre ha remarcado que el dinero va ligado al cumplimiento de las reformas acordadas y en más de una ocasión ha felicitado a España por su celeridad.

Este viernes 11 de octubre tampoco ha habido alumbramiento. Pese a llevar más de nueve meses de negociaciones, el Gobierno, la patronal y los sindicatos no consiguen pactar la reducción de la jornada laboral. De hecho, los sindicatos ya dan por hecho que este año no se podrá aplicar el recorte hasta las 38,5 horas, como estaba previsto, y no será hasta 2026 cuando las plantillas puedan disfrutar de la poda del tiempo de trabajo hasta las 37,5.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha recordado tras la reunión de esta mañana que se trata de poner en marcha medidas que, no sólo “pretenden mejorar la vida” de 12 millones de personas, sino también optimizar la “calidad” del tejido empresarial y "estimular la creación de empleo". Por ello ha destacado que la patronal haya “aceptado valorar la propuesta” de plan de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas (pyme) en la implantación de la reducción y el registro de jornada que les han presentado esta mañana “de manera más precisa”; así como el “cambio de tono” que, dice, ha detectado en los representantes de las empresas.

El ámbito de aplicación de esa propuesta, bautizada como Plan Pyme 375, serán las empresas de hasta 10 personas trabajadoras, cuyo volumen de negocio o balance general no exceda de los dos millones de euros al año y que no cuentan ya con una jornada efectiva por debajo de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.

La propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo incluye ayudas a la contratación realizada con ocasión de la puesta en marcha de la reducción de jornada, el establecimiento de puntos de información y formación empresarial en la red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (Red COE), para facilitar la  adaptación empresarial a la nueva regulación en la materia; la elaboración de una guía informativa por sectores sobre la aplicación de las novedades sobre la jornada y el derecho a la desconexión; cursos formativos para microempresas y personas autónomas; y un programa específico y temporal de los Servicios Públicos de Empleo para la asistencia en la selección y la contratación de personas con ocasión de la poda temporal.

Respecto a las ayudas, el Gobierno ha planteado una bonificación en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes de hasta una cuantía mensual que está por determinar. Alcanzará a una sola contratación por empresa o autónomo o, alternativamente y como punto novedoso, a la conversión de un contrato a tiempo parcial en contrato a tiempo completo, siempre que se produzcan en los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la reducción legal de la jornada legal de trabajo. Y tendrá una duración de un año.

El ministerio calcula que se podrán beneficiarse de ésta hasta 1,2 millones de pymes y que habrá un 40% de potenciales destinatarios entre los trabajadores autónomos. Los sectores más afectados serán la hostelería y el comercio, donde se hallarían más de un tercio de las posibles agraciados con el incentivo, según consta en el documento que se ha puesto sobre la mesa este viernes. Hasta el 70% de las contrataciones podrían disfrutar de incrementos adicionales de bonificaciones, por cuestiones como la contratación de mujeres, jóvenes de hasta 30 años o mayores de 55. Y se prevé que se acojan a la medida más de 80.000 empresas y autónomos, que crearían empleos equivalentes a unos 65.000 contratos a jornada completa. La pelota vuelve a estar en el tejado de la patronal, a la que Pérez Rey ha agradecido hoy la “actitud constructiva”.

Del lado sindical ya dan por hecho que este año no se podrá aplicar el recorte de jornada hasta las 38,5 horas semanales como estaba previsto y avisan de que el diálogo no se puede alargar “sine die”. “En ningún caso vamos a permitir que esta cuestión se quede en vía muerta o en el dique seco. Nos la han vendido como la medida estrella de esta legislatura”, ha avisado Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción sindical y Empleo de CCOO.

“Llevamos más de nueve meses negociando la reducción de la jornada, intentando que las organizaciones patronales acepten lo que es la opinión mayoritaria de la ciudadanía española. Es tiempo más que suficiente”, ha defendido Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

Ambos han avanzado que sus organizaciones sindicales seguirán con el proceso de movilizaciones iniciado y el próximo 26 de octubre habrá protestas “en toda España”. Es más, Luján ha pedido a la ciudadanía que “se sume a las concentraciones y actos programados por UGT y CCOO ante las sedes de las patronales”.

No es la única demanda que han hecho. Vicente ha exigido “un compromiso de las organizaciones empresariales para que sean claros en sus propuestas”, con el finde poder llegar finalmente a un acuerdo a tres bandas. Y ambos representantes sindicales han apuntado a los partidos, que “van a tener que pronunciarse” en el Congreso sobre “si están de acuerdo con los ciudadanos que los votan o con quienes quieren seguir aumentado sus beneficios”, en palabras de Luján.

Hay una realidad: las bajas laborales no han dejado de aumentar desde la pandemia. Sólo el año pasado se concedieron en el conjunto del país más de 8,1 millones por enfermedades y accidentes no laborales, lo que supuso un 11,3% más que el ejercicio anterior. Representaron un impacto económico para las empresas de 25.326 millones, según lo recogido en el último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Del global, 13.081 millones respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 fueron el coste directo para las entidades empresariales. Los datos de la Seguridad Social también reflejan que las ausencias temporales al trabajo por contingencias comunes se han elevado.

En ese contexto, ha originado revuelo la propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de abordar una reforma de la incapacidad temporal (IT), para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. La ha vinculado a "la voluntariedad” y a “la garantía de la salud y la seguridad" y ha puesto como ejemplo los tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones, pero no en la otra. Con todo, sus palabras han provocado la reacción inmediata de los sindicatos e incluso de otra ministra, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha avisado de que “ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega".

Este viernes 4 de octubre, Saiz ha defendido en Onda Cero que la iniciativa no tiene detrás una motivación económica y que lo que se busca es “ampliar derechos". "La salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable", ha subrayado Saiz, para incidir luego en que cualquier cambio será con la voluntariedad del trabajador, analizando cada caso, y con supervisión médica. Sobre el rechazo de Díaz, la titular de Seguridad Social ha replicado que se trata de competencias de su ministerio, pero ha avanzado que procurará el consenso con todas las partes.

Fuentes del Ministerio sostienen además que el debate está aún en “fase muy inicial”, pero que había que ponerlo encima de la mesa, al ser un tema “recurrente” en las reuniones de su titular “con colectivos, trabajadores, empresarios y organizaciones de muchas clases”. Y quieren dejar claro que serán “las mesas de diálogo social” el lugar donde se dé.

¿Existen algunos supuestos en los que esa flexibilidad en la vuelta al trabajo pueda tener sentido? Fuentes del ámbito laboral apuntan que “una incorporación progresiva al puesto, acordada entre el paciente y su médico de familia, puede ser beneficiosa en el caso de algunas patologías de tipo mental, por ejemplo, que no tienen un tiempo de recuperación tasado, como sí puede suceder si alguien que se rompe una pierna”. “Puede ayudar incluso a la recuperación del paciente”, añaden, siempre que “el facultativo médico lo vea conveniente”, insisten.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha mantenido, asimismo, que las bajas flexibles, esto es, que permitan incorporarse al puesto de manera paulatina en determinadas circunstancias, es una medida que "bien implementada, y con el trabajador en el centro, puede ser beneficiosa". Aunque la ministra de ese área, Mónica García, ha proclamado que garantizarán que "la salud" sea "lo primero en cualquiera de las visiones que se pueda tener sobre este tema".

Y desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se han mostrado a favor de crear bajas médicas "flexibles" que permitan trabajar, aunque puntualizan que "habría que valorar" cada historia personal, ya que no a todas las personas les afectan por igual los tratamientos contra la enfermedad.

Fuentes de la órbita económica aseveran que los sindicatos han puesto ya la lupa en alguna ocasión en la conveniencia de que, a través de los convenios colectivos, se desarrollen “protocolos y guías" para "la mejora de la gestión de la reincorporación de las personas trabajadoras después de bajas de larga duración”, con el fin de evitar que sea un hecho traumático.

Pero las organizaciones sindicales ven riesgos en la propuesta lanzada por la ministra. A Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, de entrada, lo planteado le produce “verdadera incompatibilidad conceptual, si se concibe la incapacidad temporal como que una persona no está capacitada para ir a trabajar y por eso le dan una baja. No es cuestión de voluntad, es cuestión de salud y con la salud de las personas trabajadoras no se puede ser flexible. Y no deja de ser llamativo que alguien pueda tener incapacidad y capacidad laboral al mismo tiempo”, ironiza. A su juicio, el discurso de la “voluntariedad” es “peligroso” y supone quitar el foco “a lo importante: por qué hay tantas bajas y cuál es el tratamiento y el proceso de curación que proporcionan los servicios públicos de Salud". Considera que, "una vez se identifiquen las causas" de esa circunstancia, “se podrán eliminar parte de ellas con la prevención o mejorar el proceso de curación para que se acorten”. Pero "la situación de IT, que impide trabajar, es un derecho de la persona trabajadora para recuperar su salud", recalca.

Entiende que, "si de lo que se está hablando es de casos concretos como puede ser el de la baja de enfermos de cáncer o de bajas de larguísima duración", se puede "encontrar algún tránsito en las negociaciones entre empleadores, sindicatos y el propio Gobierno". "Pero -une- abrir algo sin delimitar, encierra un mensaje peligroso y el símil de la jubilación o del pluriempleo es muy desafortunado. ¿Quién en la vida real trabaja de albañil por la mañana y de teleoperador por la tarde, donde sí podría acudir, si tiene un problema de movilidad?", se pregunta. Para Luján, la ministra, "antes de lanzar una idea novedosa y curiosa, debería haberla llevado al diálogo social, para tener algo más de elaboración y de proposición. Igual, lo que está pensando para ahorrarse dinero, le sale mal”. El líder de su sindicato, Pepe Álvarez, ha sido más rotundo: "Cuando se salta el diálogo social vienen las ocurrencias", ha afirmado directamente en su perfil de X.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha afeado igualmente la forma de anunciar un cambio así, ha tildado el debate de "improvisado", y ha enmarcado el alza de las bajas y el gasto en IT en un mercado laboral más envejecido, a lo que hay que sumar el déficit de inversión sanitaria, que a menudo retrasa diagnósticos y tratamientos.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en cambio, ve "positivo" que Saiz quiera flexibilizar la reincorporación de un trabajador tras una baja laboral, ya que, en su opinión, a veces los médicos recomiendan la vuelta voluntaria de los empleados. Piensa que el planteamiento de Saiz es "bueno" y va en línea con el Acuerdo Nacional de Convenios y el pacto de pensiones firmado con el Gobierno, donde se incidía en la necesidad de trabajar en "las bajas y todo el efecto del absentismo". "Es algo que en ciertos espacios tiene sentido, partiendo de la base, primero de la voluntariedad, que la ministra ha dicho, y dos, de los casos donde se pueda hacer", ha expuesto durante su participación en unas jornadas en Intereconomía.

De su lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido que se dé "una oportunidad" al diálogo sobre para armar la reforma. La mejora de la "capacidad de atención de los profesionales sanitarios" y las "nuevas técnicas" hacen que "la situación de la persona trabajadora que pueda estar en situación de baja o de alta no sea tan dicotómica, de blanco o negro, sino que pueda haber estados intermedios en los que voluntariamente el trabajador quiera incorporarse progresivamente", ha manifestado.

"Sudar la camiseta y no salir de la mesa hasta que haya un acuerdo" porque el objetivo es "democratizar el tiempo". Son palabras del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien no quiere que la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025 sea la historia de un fracaso. Por ello, con el objetivo de atraer a la patronal al pacto, el ministerio ha planteado en la primera reunión pos estival a tres bandas sobre este asunto unas bonificaciones en las nuevas contrataciones que tengan que realizar las pequeñas y medianas empresas (pymes) de hasta 10 empleados como consecuencia de la poda en el tiempo de trabajo, para "impulsar" puestos "indefinidos".

El movimiento no es baladí. En un informe del pasado junio titulado Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme, la patronal de éstas, Cepyme, avisaba de que iban a ser el grupo empresarial más afectado por una poda con un "coste asociado que ascendería, según una estimación conservadora, a unos 42.400 millones" de euros. De esa cifra, 11.800 corresponderían a las horas "que se dejarían de trabajar, pero que se continuaría remunerando" y el resto, 30.600 millones, "al valor añadido bruto que dejaría de producirse por recortar el tiempo de trabajo".

Según ha avanzado Pérez Rey en La Sexta, en España hay 1.300.000 empresas con menos de una decena de empleados y dan trabajo a 3,5 millones de personas. El plan de acompañamiento centrado en ellas, que han bautizado como Pyme 375, incluirá medidas de asesoramiento y formativas. "Vamos a poner en manos de los empresarios formación especializada para ayudarles a completar ese tránsito hacia las 37,5 horas y que haya puntos de información para que puedan completar un registro horario eficaz en las pequeñas unidades productivas de nuestro país", ha aseverado el secretario de Estado.

Ha reconocido después que aún se deben fijar los criterios definitivos sobre la iniciativa novedosa y que el Gobierno podría incorporar a las compañías de mayor tamaño al catálogo de beneficiarios de las ayudas. En cualquier caso, con ésta ya se habría rematado "el perímetro" de una negociación con cuatro bloques: la reducción de jornada, congelada desde hace cuatro décadas, el registro horario, la desconexión digital y el plan para las pymes. "No tenemos previsto sumar nada más", ha mantenido, aunque no ha cerrado la puerta a que en cada uno de ellos, sindicatos y patronal puedan proponer mejoras. "Perímetro cerrado, pero negociación abierta y esperamos poder enviar cuanto antes la medida al Congreso", ha defendido, donde confían en recabar los apoyos de los grupos necesarios para que salga adelante. Sobre todo porque, a su entender, "la población de este país vive el exceso de trabajo como un verdadero drama".

En ese sentido, Pérez Rey ha subrayado que el ajuste de jornada cuenta con el "apoyo mayoritario" de la sociedad y es "una medida capital para avanzar en derechos" y para que la productividad no recaiga "en las espaldas de los trabajadores". "No es una reivindicación de Yolanda Díaz, es de las trabajadoras y los trabajadores", ha proclamado, para enmarcarla luego en el grupo de las medidas "de país, de Estado", que alcanzará a "las próximas generaciones".

El representante de Trabajo ha destacado el "muy buen clima" en el que ha transcurrido el encuentro de este lunes al que, a su juicio, la patronal ha acudido con "un espíritu más constructivo" que en ocasiones anteriores, más allá de que han reiterado que les gustaría que este tema se hubiera abordado en el ámbito de la negociación colectiva.

Fuentes de CEOE trasladan a infoLibre que "analizarán" la propuesta de Trabajo cuando la tengan "por escrito", aunque matizan que, "a priori, ahonda en el intervencionismo de las relaciones laborales y el desprecio de la negociación colectiva". A juicio de la patronal, "se pretende que el SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal- se convierta en asesor de las pymes para la reducción de jornada, cuando no es capaz de reinsertar siquiera al 3% de los desempleados del país en el mercado laboral, como si no hubiera ya despachos, consultoras y empresas cualificadas para ello".

Junto a lo expuesto, las fuentes consultadas califican lo ofertado de "un plan de ayuda" para la parte de menor tamaño del tejido empresarial "absolutamente impreciso" y que "en sí mismo implica el reconocimiento de que sus continuos anuncios están frenando la creación de empleo", concluyen.

La presión al Gobierno le llega también del ala de los sindicatos. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha instado a patronal y partidos, estos como "los receptores de la soberanía popular", a pronunciarse sobre una reducción del tiempo de trabajo que ya se ha impulsado en otros países de Europa y a "moverse" porque "el tiempo se está agotando". En ese punto, ha dejado claro que su organización sindical incrementará "la tensión" con un calendario de protestas que arrancará este mismo septiembre y previsiblemente presentarán este miércoles, dado que es algo que les parece "justo".

Una idea que comparte Carlos Gutiérrez, secretario de Formación y Estudios de CCOO, para quien es "preocupante" que la CEOE siga "en la misma posición que en julio". Ha aportado que serían alrededor de "13 millones de personas" las que se beneficiarían de una medida que, además, "puede dinamizar la creación de empleo".

Ambos sindicatos son conscientes de "la importancia del acuerdo tripartito", por eso seguirán dispuestos al diálogo, pero urgen a los representantes de los empresarios a "definir su posición" de una vez. Por ahora, han marcado en rojo en sus agendas la fecha de la siguiente reunión: el jueves, 19 de septiembre.

Empleo y datos positivos se anudan desde hace más de cuatro años en España, como remarcan desde el Gobierno. Pero aún quedan áreas de sombra mejorables. El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) descendió por sexto mes consecutivo el pasado julio en 10.830 personas con respecto a junio, hasta los 2.550.237, el mes con menos desempleo desde 2008, hace 16 años. El país ha encadenado 51 meses seguidos creando puestos de trabajo.

En comparación interanual, el paro acumula una caída de 127.637 personas (4,77% menos), hasta las 2.550.237 y se acerca a la barrera de los 2,5 millones de parados por sexto mes consecutivo, según información del Ministerio de Trabajo. El descenso se concentró en especial en el sector servicios, con 6.591 personas menos en las colas del paro, seguido del colectivo sin empleo anterior, con 2.924; la agricultura, con una bajada de 1.534 desempleados; y de la industria, con 289 menos. La única subida se dio en la construcción, con 508 personas más.

Además, el desempleo se rebajó en julio en 6.459 mujeres, su mínimo desde octubre de 2008; y entre los jóvenes menores de 25 años en 210, ámbito que suma 39 meses de bajada. El total marcó un nuevo mínimo histórico de 174.926 personas.

Si bien el número de afiliados a la Seguridad Social bajó en julio en 9.783, la ocupación se situó en una media de 21.383.106 personas, tras registrarse un retroceso del empleo en la agricultura, a la luz de los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La afiliación muestra que, en el Régimen General, se perdió empleo en la educación (122.551 afiliados menos, mientras el año anterior fueron 115.000), como suele ocurrir por la finalización de contratos o los despidos al acabar el curso escolar. Pero aumentó la ocupación en las actividades sanitarias y servicios sociales (49.133 afiliados más), el área que más trabajo generó, seguida por el comercio (44.443 más). En julio se expandió el empleo entre los hombres en 52.572 personas, hasta un global de 11,3 millones de afiliados, pero se recortó entre las mujeres, en 62.356, lo que colocó la cifra de afiliadas algo por encima de los 10 millones, un 47,01% del conjunto, que es el porcentaje más bajo desde agosto del pasado año.

El número de trabajadores autónomos se redujo en julio en 4.973 personas, hasta los 3,38 millones, arrastrado sobre todo por la educación. Y respecto a los contratos, cabe señalarse que ascendieron a 1.521.516 en julio, el 38,7%, algo más de 589.000, fueron indefinidos.

Sin apartar la lupa de la afiliación, de los en torno a 16 millones de ocupados ligados al Régimen General, el 75% son indefinidos permanentes, hay alrededor de un 14% que lo son a tiempo parcial y un 5% de fijos discontinuos. “Dentro de ese 19% -de los no indefinidos- no podemos esconder que ahí se evidencia cierta precariedad, no todo y en todos los casos, pero sí fundamentalmente porque la parcialidad suele ser involuntaria y está muy femenizada. Son sobre todo mujeres que no pudiendo encontrar un contrato a jornada completa, tienen que conformarse con uno a tiempo parcial, con menos horas y por tanto menos salario, con las repercusiones que tiene esto”, admite Carlos Gutiérrez, responsable de Estudios y Formación Sindical de CCOO. "Y el fijo discontinuo -hilvana-, es un contrato que pretende cubrir la estacionalidad de nuestro modelo o estructura productiva, con la mayor calidad posible y cierta estabilidad dentro de la temporalidad que supone".

A su juicio, las zonas periféricas de precariedad que todavía resisten en el mercado de trabajo español se explican en esencia “por el fraude y por la estacionalidad”, que se aprecia en sectores como el turismo, pero igualmente “en educación, por ejemplo. Se ve en los datos de julio, 126.000 afiliados menos, que esconden estacionalidad y fraude en la contratación”, remarca, para añadir: “Y eso no se arregla con una reforma laboral, sino con otro tipo de medidas de política económica y demás”.

Con todo, Gutiérrez subraya que desde 2019 “se han creado casi dos millones de empleo gracias a la reforma laboral. En términos generales, el mercado de trabajo está respondiendo bien en un entorno bastante complejo, aunque con deficiencias", por lo que entiende que "habría que provocar mejoras en el modelo productivo”. ¿De qué tipo? “Caminar hacia uno con menos estacionalidad y con sectores de mayor valor añadido. Además tenemos el reto ahora de cómo hacer descender el paro de forma más rápida, porque se empieza a observar en la EPA una cierta ralentización, y de llegar al pleno empleo en los próximos años, a medio plazo. Está al alcance de la mano, si se hace todo bien y se llevan a cabo políticas económicas de dinamización y transformación”, enumera. “Está ahí y para España sería muy importante y se vincula con que el paro sigue siendo uno de los grandes problemas que percibe la sociedad”, cierra.

Para Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, “aunque el comportamiento del mercado laboral español es completamente distinto desde la reforma laboral de 2021, los colectivos menos favorecidos, con más dificultad para encontrar un puesto de trabajo y con mayor precariedad, siguen siendo los mismos: mayores de 45 años, parados de larga duración, y las mujeres, que representan el 60,4% de las personas en desempleo”. De ahí que inste al Gobierno a “actuar urgentemente fortaleciendo las políticas activas del mercado de trabajo destinadas a favorecer la inserción laboral exitosa de ese colectivo”. Comparte con Gutiérrez la existencia de bolsas de fraude y defiende que “es el momento de proteger el contrato de trabajo dificultando, de acuerdo a lo que acaba de resolver el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), el despido arbitrario, ilegal e injusto o improcedente, mediante la introducción de una indemnización que sea disuasoria para el empleador incumplidor, que resarza a la víctima del daño causado y que recupere los salarios de tramitación”. “Proteger el contrato de trabajo también es impedir extinciones injustas”, remata.

Del lado de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ponen el foco, asimismo, en la “desaceleración” en la creación de empleo, para apuntar que en ella “pueden estar incidiendo factores como el aumento de los costes empresariales y la incertidumbre regulatoria", en un mes en el que "tradicionalmente" crece el empleo, "al coincidir con la temporada estival y el efecto tractor de las actividades vinculadas al turismo”. De hecho, la organización empresarial ha reclamado, vía nota de prensa, el fin de los "continuos anuncios" de cambios normativos por parte del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de poder frenar esa pérdida de ritmo. 

El objetivo era romper la inercia y sumar a la patronal al consenso. De ahí que desde el Ministerio de Trabajo se haya presentado este lunes una nueva propuesta para reformar la jornada ordinaria semanal a 38 horas y media este año y a 37,5 en 2025, en la reunión con CEO y Cepyme junto a los sindicatos. Con detalle, se han añadido dos aspectos a lo planteado hasta ahora: un cambio en el régimen sancionador y otro vinculado a la distribución irregular de la jornada.

En relación al primer elemento, se modificará de grave a muy grave la calificación de las sanciones para conductas relacionadas con el tiempo de trabajo que afecten a la salud laboral con el fin de que “sean disuasorias”. Según el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, “el problema de la jornada no es sólo ganar bienestar, es que las excesivas, las jornadas desproporcionadas, el trabajo de sol a sol, mata”, ha avisado, con lo que los sindicatos se han mostrado de acuerdo.

En relación a la segunda novedad, en el 34.2 del Estatuto de los Trabajadores se marca que “mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año”. Es decir, que un día se pueda trabajar 10 horas y otro seis, aunque la media sea de ocho. Cuando el convenio no haya fijado nada, o no haya pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada. Y lo que ha puesto encima de la mesa el Gobierno es que “ese 10% se haga sobre la jornada que establece ahora el convenio colectivo, que pueden ser las 1.824 que equivale a las 40 horas y no sobre las 1.712 que equivale a las 37,5 horas”, según apuntan fuentes de la negociación. 

A juicio de Rey, esto podría beneficiar, por ejemplo, a sectores con ciclos productivos inconstantes a lo largo del año, como la agricultura o algunas actividades relacionadas con la hostelería. Hay que tener en cuenta que los sectores de actividad más precarios y las comunidades en las que estos dominan concentran las jornadas pactadas más largas. "Esta mayor capacidad de distribución irregular durante el periodo que estimamos que vamos a aplicar la reducción de jornada, les permitirá una mayor adaptación”, ha sostenido el secretario de Estado, quien ha insistido en la voluntad de Trabajo en llegar a un acuerdo "con todas las partes que están sentadas en la mesa", incluyendo a la patronal.

De hecho, el número dos de Yolanda Díaz en el ministerio ha defendido que “la mesa ha avanzado” este lunes y las organizaciones empresariales han concretado sus propuestas, aunque no las han presentado por escrito como se les pidió. Estas pasan, básicamente, por medidas de flexibilidad que no sean puramente temporales, conseguir un mayor margen transitorio de adaptación para las 37,5 horas y por que la entrada en vigor de la jornada reducida “se relacione adecuadamente con los convenios” actuales. Rey, como los sindicatos UGT y CCOO se han emplazado a estudiar esas medidas de cara a la reunión que se celebrará la semana próxima, dado que negocian para alcanzar un pacto tripartito “con la mayor celeridad posible”, lo que “justificaría” tenerlas “presente”.

El secretario de Estado se ha mostrado, asimismo, dispuesto a valorar otras cuestiones como que las “microempresas” tienen menor capacidad de adaptación que los conglomerados de grandes dimensiones, o el caso de las entidades que tienen contratos con las administraciones, con condiciones blindadas; o las que están más alejadas de las 37,5 horas semanales. Ello no significa que se vaya a aceptar, por ejemplo, que se alargue “hasta el 2030” la aplicación del horario recortado o una “reducción de jornada fake”. Con todo, “hay márgenes de flexibilidad para seguir avanzando y que las empresas tengan capacidad de adaptación”, ha incidido Rey. Se prevé que en la siguiente cita, el ministerio pueda aportar una propuesta más con lo tratado este lunes. 

Por su parte, Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, ha querido apartar tinieblas de la negociación. “Hace 40 años se redujo la jornada laboral y se amplió el periodo vacacional de manera inmediata y no pasó nada, no vino el apocalipsis”, ha recordado. Entonces la modificación estaba recogida en el programa electoral del PSOE, como en la actualidad consta en el acuerdo de gobierno de los socialistas y Sumar, de ahí que crea que se tiene que cumplir porque “hay un compromiso no sólo con las organizaciones sindicales, también con la ciudadanía”. Luján ha dejado claro que las propuestas para flexibilizar la jornada laboral que se barajan “son muchísimo más de lo que se tuvo en 1883” y lo hecho entonces, que ha perdurado cuatro décadas, “no afectó a la productividad ni a las empresas ni a la economía”. Desde ese convencimiento, ha hecho “un llamamiento a la patronal a que renueve el compromiso con el diálogo social”. UGT se opondría a que se demorara “en exceso” la entrada en vigor de las 37,5 horas y aboga por “la igualdad real”, para lo que “se tiene que proteger a las personas que no tienen convenio colectivo”, ha manifestado su representante. 

Del lado de CCOO, Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical, ha recalcado que se trata de “una medida positiva para el conjunto de los trabajadores” por lo que debe implementarse “en el menor tiempo posible”. Es partidario de buscar el acuerdo tripartito “desde la concreción” para hacer frente a “algunos de los problemas que se han puesto en evidencia”. Es más, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha abierto a hablar sobre la entrada en vigor de la poda de jornada, si la medida se traslada a un proyecto de ley este verano: "Podemos tener márgenes para negociar los plazos, que no tenga por qué entrar en vigor en el mes de agosto", ha dicho.

Preguntado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sobre si teme que rebajar la jornada pueda afectar negativamente a la productividad, ha afirmado que "si se hace bien, puede suponer una mejora". Ha manifestado que habrá que hacer un esfuerzo por el que las empresas liberen horas no productivas para ser capaces de incrementar o de abrir espacio para actividades como la relación con los clientes, con los proveedores o también para tener hueco para disminuir la jornada laboral, según ha recogido Ep.

"Esta combinación de mayor productividad y mayor espacio para los trabajadores es una combinación perfectamente plausible y, de hecho, vemos la evidencia empírica que se está dando. Tenemos que avanzar, tenemos que ayudar y acompañar a las empresas en este proceso y en ello yo creo que estamos", ha argumentado, para martillear sobre que hacerlo es posible porque las partes no están "tan lejos" como pudiera parecer.

El turismo, que acusó el zarandeo global del covid más que otros sectores, se ha recuperado con vigor para seguir demostrando con números que es un motor incuestionable de la economía española. Representa alrededor del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) y sigue encadenando récords. En 2023, el país recibió más de 84 millones de turistas internacionales. Pero, en paralelo, se suceden polvaredas levantadas a golpe de propuestas como la lanzada por el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, de cobrar por visitar la Plaza de España de la ciudad; o de manifestaciones multitudinarias contra la masificación como las promovidas en Canarias, Baleares o Málaga, en Andalucía. Incluso desde Exceltur, la alianza turística compuesta por más de 30 empresas y cinco patronales del área, reconocen ya que "el turismo de masas y excesos" es un problema que "conlleva un malestar para los ciudadanos".

En ese dibujo de situación, hay territorios que han movido ficha y otros que no. Ocurre algo similar a lo que está pasando en el ámbito de la vivienda. En comunidades como Cataluña o Baleares se ha optado por la aplicación de tasas turísticas y en Euskadi, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha planteado que es "el momento" de abordar el establecimiento de un impuesto a las estancias turísticas "en colaboración" de todas las instituciones y del sector, porque "el que viene a disfrutar de Euskadi tiene que contribuir a mantener Euskadi", según recogió Ep.

Algunos municipios también han tomado la iniciativa. Lo han hecho ciudades como Barcelona, donde el ayuntamiento ha aprobado recientemente subir de los 3,25 euros hasta los 4 la tasa turística para todas las modalidades de alojamiento; Tarragona, Ibiza, Girona, Menorca o Palma. Y Santiago de Compostela quiere sumarse, con un gravamen que oscilaría entre 1 y 2,5 euros por noche, con la que el Gobierno local prevé recaudar tres millones al año. En un documento armado gracias a un convenio con la Universidad de Santiago (USC) consta que la ciudad soporta una presión turística de 9,4 visitantes por habitante, lo que la sitúa en una situación de “sobreturistificación”. Pero Galicia carece de esta normativa y los expertos en derecho que han elaborado el informe consideran que fórmulas como la aplicada en Venecia, cobrar 5 euros a los turistas por visitarla dentro de un horario, con independencia de si pernoctan allí o no; no tendrían cabida en el ordenamiento jurídico español. Para el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la USC César García, la figura tributaria correspondiente sería la de “impuesto propio de la comunidad, cedido a los ayuntamientos”, dado que las administraciones locales no pueden crear tributos. Así podrían adherirse los consistorios que lo consideraran y solicitasen ser declarados como municipios de alto impacto turístico o alto impacto turístico estacional. Falta por conocer la postura de la Xunta, la Administración que debería dar luz verde a la propuesta.

¿Ese sería un camino a replicar en otras partes de España o convendría crear un impuesto estatal, por ejemplo? El catedrático de Economía de la Empresa en la Universitat de les Illes Balears, Aleix Calveras, no apuesta por un gravamen estatal “porque todos los territorios no tienen las mismas necesidades”. “Debería ser a nivel de comunidad, con implicaciones municipales”, comparte. Defiende que no se debe medir la masificación “sólo por el número de turistas”, ya que esto no permite comparaciones “entre destinos con diferentes geografías ni muestra la evolución temporal dentro del mismo” punto. A su juicio, sería mejor recurrir a conceptos como la densidad o la intensidad turística, sin olvidar que, aunque puede analizarse con datos, también es un fenómeno psicológico.

Calveras cree que la saturación turística puede ser nociva a distintos niveles: “Para los residentes, quienes soportan problemas como los atascos en las carreteras, de acceso a la vivienda, etc. De ahí las recientes manifestaciones; y para la experiencia turística en sí. De hecho, la masificación puede dañar a la misma industria, ya que empeora la experiencia de los visitantes, especialmente para los turistas con mayor capacidad de gasto, quienes podrían decidir evitar destinos saturados”, condensa. Se muestra a favor de las tasas, sobre todo teniendo en cuenta que, en materia tributaria, “el IVA de hoteles, restauración, y transporte aéreo doméstico es solamente del 10%, frente al general del 21%, y el combustible de los aviones no está sujeto a impuestos”.

Con todo, avisa de que para que tuvieran impacto en la demanda y sirvieran para descongestionar “tendría que ser una tasa significativa, no pequeña”. Y hay margen, dado que ninguna de las cargas aprobadas en el mapa nacional alcanza “la tarifa máxima de 14,95 euros por persona y noche en estancia en un palacio impuesta en París o a las cifras de Ámsterdam”. “Sorprendentemente, algunas de las críticas a los impuestos turísticos vienen de su posible efecto elitista al dificultar el acceso al destino a determinados segmentos de turistas", asevera, para completar: "Sin embargo, los problemas de desigualdad deben de atacarse mediante políticas de redistribución de rentas, no manteniendo los precios turísticos bajos generando congestión y sus problemas", dice, consciente de que no todas las reacciones a este tema son suaves como un ala.

Sondeado en concreto sobre por qué piensa que la patronal suele posicionarse en contra de esas medidas, anota que “es porque no quieren que se les ponga un impuesto, pero no porque no funcionen. Se oponen probablemente de una forma miope, en contra de sus propios intereses a largo plazo”. De lo que sí advierte el profesor es de que los gravámenes podrían provocar que surja “una oferta ilegal”, como en la esfera de la vivienda. Para impedirlo, “habría que implementar sistemas de inspección turística efectivos” o contemplar cargas impositivas “de difícil evasión” en zonas como los puertos o los aeropuertos.

Por su parte, Alberto Ibáñez, portavoz de Turismo de Sumar se coloca igualmente del lado de que "exista un impuesto turístico de diseño o normativización autonómica, pero de aplicación municipal, que se destine a la desaturación de servicios públicos, así como a la protección medioambiental y la descarbonización del sector”. “Pero es importante también -enlaza-, y más ahora que está habiendo manifestaciones masivas en Andalucía, Baleares, Canarias o en breve en Alicante -la plataforma ciudadana de reciente creación 'Alicante, ¿dónde vas?' ha convocado una protesta el próximo 13 de julio-; dejar claro que la masificación turística no se resuelve sólo poniendo tasas turísticas, tiene que haber otras medidas que desincentiven ese turismo que está colapsando las ciudades”.

Para Ibáñez “es demagógico decir que una tasa turística es clasista, porque nadie deja de viajar por pagar 2 euros la noche, pero sí que pensamos que el debate tiene que ser más amplio. No es una cuestión de impuestos y nada más, tiene que haber otras medidas regulatorias”. Es más, Sumar ha planteado que se restrinja “la llegada de cruceros a las ciudades que están colapsadísimas”. “Es competencia autonómica, pero pensamos que ha llegado el momento de poner límites”, confirma.

Insiste en que “el diseño del impuesto tiene que ser autonómico”, para añadir: “Y ha de ser progresivo, porque no puede pagar lo mismo la persona que va a un camping que la que se queda en un hotel de cinco estrellas; y estar dirigido en fondos finalistas para la protección del medio ambiente o el fortalecimiento de los servicios públicos que se ven mermados por la saturación turística”. En relación a esto último, apostilla: “No es lo mismo una ciudad ultra saturada, que un pueblo del interior, donde no cierre la panadería gracias a que van turistas. La dimensión municipalista de este impuesto es fundamental y las medidas fiscales han de ir acompañadas de medidas restrictivas en zonas del país que ya tienen una saturación insoportable y las hacen inhabitables”, cierra.

Desde Exceltur suelen señalar que crear nuevas tasas turísticas sería un “error” porque no reducen la afluencia de turistas. Si bien, en el Manifiesto Por un turismo con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo que han difundido recientemente se apunta a la idea de consensuar “con gobiernos autonómicos y locales donde inevitablemente se apliquen tasas turísticas”, el que “los ingresos de éstas reviertan exclusivamente”, o en “la mejora de la calidad de vida del residente”, o en acciones que optimicen “la experiencia final de aquellos turistas de mayor valor añadido para cada uno de los destinos”.

“Claramente decepcionante”. Así ha definido el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, la actitud de la patronal respecto a la reducción de la jornada laboral, después de que en la reunión de este lunes que abre julio se haya producido un descuelgue anunciado. CEOE y Cepyme no han aportado la propuesta por escrito que el ministerio que encabeza Yolanda Díaz les había exigido, por lo que Pérez Rey ha dejado claro que el Gobierno avanzará en la poda de las 40 horas semanales de tiempo de trabajo a las 37,5 horas para 2025 “de la mano de las organizaciones sindicales”, UGT y CCOO, para “concluir definitivamente un texto” que cuanto antes “pueda ser remitido a las Cortes Generales”. Aún han de “pulir elementos de corte técnico”, a petición de los sindicatos.

Con todo, el secretario de Estado ha invitado a los representantes empresariales a la mesa del próximo lunes, no si antes reprocharles su “burla democrática” y al diálogo social, al negar ahora “el objetivo” en sí del proceso negociador, la merma de la jornada hasta las 37,5 horas, después de casi seis meses de encuentros. Ha advertido a la patronal de que el Ejecutivo no le va a “decir a los ciudadanos que lo que ganan por un sitio lo pierden por otro”, en un país donde las horas extra “son una lacra” y “la mayoría de las veces no se pagan”, además de ser a menudo imprevisibles e irregulares. “No caben medidas que constituyan una estafa, que reduzcan las jornada sin reducirla. Esto es una negociación seria”, ha espetado el “número dos" de Díaz.

A su juicio, CEOE y Cepyme deberían replantearse su “no a todo” o su imposición de “medidas maximalistas inasumibles”. En ese sentido, en relación a la productividad, una de las cuestiones introducidas por la patronal en las reuniones sobre este asunto, Pérez Rey ha anotado un dato: ha habido un crecimiento de ésta “de un 54% desde la última reducción de jornada”. De ahí que, a su entender, recortar “dos horas y media semanales en cómputo anual”, no es “el apocalipsis”. “La competitividad no puede estar basada en jornadas agotadoras” y en que los trabajadores “renuncien a su vida personal”, ha aseverado. Ha garantizado que el Gobierno de coalición trabaja para que las 37,5 horas las puedan disfrutar camareros, cajeras, camareras de pisos, personas que trabajan en agencias de viajes... "No es una medida elitista", ha señalado, sino "transversal y horizontal". "Algunos trabajadores ya lo han conseguido, pero 12 millones aún no", ha cifrado.

Para Pérez Rey, la posición de la CEOE está lastrada "por la ideología", cuando deberían "centrarse en hacer un favor a las empresas a las que representa y poner propuestas concretas encima de la mesa", ha añadido. En opinión de Trabajo, se trata de una iniciativa "de sentido común", que además "se hará de forma flexible y progresiva hasta 2025".

En definitiva, armarán un texto definitivo con o sin la patronal, dado que se trata de un asunto recogido en el acuerdo de gobierno suscrito por el PSOE y por Sumar, y confían, como los sindicatos, en que logre el apoyo mayoritario de la Cámara.