El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó un auto en el que mantiene la imputación contra el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra y otros cuatro exdirectivos de CatalunyaCaixa por unas operaciones inmobiliarias entre los años 2000 y 2007, proyectos en los que habrían existido "notables irregularidades", informa Europa Press.

Después de escuchar a toda la antigua cúpula de la entidad en sede judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 decidió seguir investigando a Narcís Serra, José María Loza, Lluis Gasol, Eduardo Aznar y Joan Valls. Del mismo modo, acordó el sobreseimiento de otros diez exdirectivos: Adolf Todó, Joan Güell, Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso Roca, Joan Echaniz y Josep Molins.

Según el auto del magistrado, entre los años 2000 y 2007 CatalunyaCaixa ejecutó "una intensa y creciente actividad inversora inmobiliaria que, a su vez, exigía y comprometía importantes volúmenes de facilidades crediticias, necesarias e imprescindibles para el desarrollo de los proyectos a acometer".

"En la mayoría de casos –añade–, el aval y fiabilidad que se otorgó a las proyecciones supuso cometer las inversiones sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados".

Sin valoraciones independientes

Y es que, según Moreno, "a pesar de la dimensión y el riesgo" de los proyectos, "las decisiones de inversión se sancionaban favorablemente sin mediar previas valoraciones independientes de los activos urbanísticos", mientras que la instrumentalización de las operaciones se realizó "frecuentemente sin la inclusión de cláusulas resolutorias que cubriesen los intereses de la entidad o, de incluirlas, éstas no fueron ejecutadas o fueron insuficientes".

A su juicio, parecen existir "notables irregularidades en la aprobación y desarrollo de los proyectos inmobiliarios denunciados, ya que no pueden entenderse suficientemente" la ausencia de garantías para recuperar el precio satisfecho en la adquisición de los terrenos en el supuesto de no conseguir la calificación urbanística idónea, los notorios conflictos de intereses, el pago de elevadas sumas por los terrenos según lo fijara el socio (sin tasaciones independientes), o la adquisición de terrenos que podían estar afectados por normas comunitarias y autonómicas, entre otros aspectos.

Aunque el juez recuerda que la Fiscalía Anticorrupción cree que pudieron convivir "posibles conflictos de interés" en 17 de 32 de los proyectos inmobiliarios denunciados, el magistrado centra sus sospechas en una decena de proyectos acometidos por dos de las sociedades creadas para la consecución de las operaciones inmobiliarias: Torca Procam Polska y Vertix Procam (Landomus).

Pero mientras Moreno mantiene la imputación contra Serra y otros cuatro exdirectivos, archiva de manera provisional la causa para otros diez investigados por no quedar debidamente justificada su participación en los hechos denunciados.

Archivo en los acuerdos de separación de socios

Por otro lado, el magistrado decidió archivar la causa respecto de todos los investigados en lo que se refiere a los acuerdos de separación de socios efectuados en los años 2008 y 2013 puesto que, tal y como sostiene la Fiscalía, "no puede afirmarse que los administradores actuaran con una clara voluntad de perjudicar a la entidad y beneficiar a terceros cuando tomaron las decisiones de separación de socios ni en ejecución de tales actos".

Además, a su juicio, no existen elementos suficientes para entender que los administradores de CatalunyaCaixa "actuaran con un ánimo de perjudicar a la sociedad, ni de que se obtuviera beneficio económico personal o ajeno como exige el tipo penal".

En cualquier caso, señala Moreno, los hechos estarían prescritos, al no ser apreciable la existencia de continuidad delictiva entre ellos, sin que "incluso se llegue a considerar suficientemente justificada la perpetración del delito en cada uno de los actos de separación de socios y proceda su sobreseimiento provisional para todos los investigados que formaron parte de los órganos de decisión a partir del año 2008 y aprobaron tales operaciones".

La reciente confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena a dos exdirectivos de Novacaixagalicia a devolver 10,4 millones de euros por sus prejubilaciones irregulares y el juicio que se inició esta semana en la Audiencia de Alicante contra el consejo de administración de la extinta Caja del Mediterráneo (CAM) por los 600.000 euros de dietas que admitió haber cobrado de forma ilegal el que fuera su presidente entre 2009 y 2011, Modesto Crespo, han devuelto a la actualidad los abultados cobros en conceptos diversos recibidos por directivos de entidades de ahorro arruinadas y rescatadas por el Estado.

infoLibre detalla a continuación quiénes son los banqueros que ganaron miles de euros antes de la bancarrota y qué procesos judiciales encaran en el futuro o han enfrentado en los últimos años: 

  Novacaixagalicia

El Tribunal Supremo confirmó el pasado abril que los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán Laza deberán pagar 10,43 millones de euros al FROB por el cobro de unas prejubilaciones millonarias que se adjudicaron "mediante engaño" en plena crisis bancaria. Pego Alonso deberá devolver 6,47 millones de euros y Gorriarán Laza, 3,96 millones. 

La sentencia corrobora cómo los exdirectivos de Novacaixagalicia maniobraron para multiplicar sus retribuciones mientras la entidad se hundía. En octubre de 2015, ambos habían sido condenados por estos hechos a dos años de prisión por la Audiencia Nacional. Además, Fernández Gayoso y Ricardo Pradas fueron considerados cooperadores necesarios de esos mismos delitos. Y todos entraron en prisión. De hecho, fueron los primeros banqueros en hacerlo. El Estado aportó a esta entidad una suma importante: 12.279 millones de euros, mientras que fue vendida por poco más de mil millones de euros.

  Caja del Mediterráneo (CAM)

El caso de la CAM, que se ha integró en diciembre de 2011 en el Banco Sabadell, es el más sangrante de las cajas de ahorros, pues es la que más dinero ha necesitado para ser reflotada: 26.301 millones de euros de los cuales el Estado aportó 4.443 millones a través del FROB y la banca 21.858 millones por medio del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. El proceso de rescate no ha terminado por lo que se desconoce la factura definitiva.

El pasado lunes, el que fuera presidente de la CAM entre 2009 y 2011, Modesto Crespo, se declaró culpable del cobro indebido de 600.000 euros como presidente de Tinser Cartera, sociedad que pertenecía a la caja alicantina. Lo hizo ante los jueces de la Audiencia Provincial de Alicante, encargados de esclarecer si él, López Abad y los 19 componentes del consejo de administración maniobraron para que Crespo se beneficiara de una retribución que, según el fiscal, vulnera los estatutos de la caja.

Por otro lado, resultan llamativas las cuantías que se fijaron otros de sus directivos por diferentes conceptos retributivos (prejubilaciones, rentas vitalicias, pagas de beneficios, aportaciones a planes de pensiones...) en los años 2010 y 2011, justo antes de su bancarrota. No obstante, la Audiencia Nacional no pudo probar irregularidad alguna en el cobro de estas retribuciones, que ascendieron a unos 47 millones de euros. Por ejemplo, el que fuera director general entre 2001 y 2010, Roberto López Abad, se embolsó 5,5 millones de euros brutos en junio de 2011 cuando ya había dejado ese puesto pero era consejero, apenas tres semanas antes de que el Banco de España interviniera la caja.

Peor suerte corrió la que fuera su predecesora en el cargo, María Dolores Amorós, que cuando tomó las riendas de la entidad en noviembre de 2010 se autofijó un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 369.467 euros. Tras ser despedida por el Banco de España apenas diez meses después por, entre otros motivos, falsear los balances de la extinta caja, reclamó una indemnización de diez millones de euros en concepto de lucro cesante que le fue denegada por sentencia judicial en marzo de 2012. La jueza también le negó el derecho a cobrar la citada pensión, cuya asignación consideró merecedora "del máximo reproche y sanción". 

  Caja Madrid

En enero de 2015, la Fiscalía Anticorrupción denunció ante la justicia presuntas irregularidades en las retribuciones recibidas por la cúpula de Caja Madrid entre 2008 y 2010. En concreto, por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos durante la época en la que el fallecido Miguel Blesa era presidente (1996-2010). El FROB, que llevó este tema a la Fiscalía, calculó el perjuicio provocado por estos sobresueldos en 14,8 millones.

Según el ministerio público, los miembros del comité de dirección de la entidad habrían percibido en esos años un total de 8,57 millones de euros de forma "irregular" mediante incrementos de sueldos fijos y variables anómalos, deducciones fiscales fraudulentas e indemnizaciones por despido. En enero del año pasado, la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel tanto para Blesa, que falleció seis meses después, como para el que fuera director general Ildefonso Sanchez Barcoj por haber subido los sueldos de los directivos un 16% a pesar de la recomendación de Comisión de Retribuciones de aumentarlos en un 4,5%. El caso está a la espera de juicio. 

​​​​​ Catalunya Caixa

También se encuentran pendientes de juicio el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y el que fuera director general Adolf Todó por los sobresueldos que cobraron en plena crisis, antes de la intervención del FROB. La Fiscalía, que los acusa de un delito continuado de administración desleal y que reclama para ellos cuatro años de prisión, mantiene que causaron "un perjuicio claro y directo" y que buscaron "únicamente el beneficio propio". Hay otros 39 acusados, en su mayoría miembros del consejo de administración, para los que el ministerio público pide una pena de tres años de privación de libertad por el mismo delito. Además, tras considerar el Supremo que tanto Todó como el exconsejero delegado Jaume Masana fueron despedidos de forma improcedente, fueron indemnizados con 600.000 euros cada uno. 

El predecesor de Todó, Josep Maria Loza, se marchó de la entidad en 2008 con una compensación de 10,7 millones de euros. Según el acta de 19 de febrero de ese año, esa partida, que se consideró "habitual en el mercado", se aprobó por unanimidad, informó El País. Loza insinuó en 2013 en una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya "la posibilidad" de devolver esa indemnización, aunque no ha trascendido si llegó a hacerlo. Además, el diario El Mundo publicó en 2015 que la Fiscalía estaba investigando si 5,2 de esos 10,7 millones de euros habían sido cobrados en fraude de ley. Catalunya Caixa, entidad que surgió tras la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, recibió un total de 13.221 millones de euros en ayudas públicas y fue comprada por el BBVA en 2014 por 1.165 millones.  

  Caja Segovia

Asimismo, se sentarán próximamente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Segovia tres exconsejeros y ocho exdirectivos de la desaparecida Caja de Ahorros de Segovia por la aprobación de prejubilaciones millonarias, que se estima que causaron un perjuicio de más de 24 millones de euros.

El pasado 3 de mayo, el que fuera director general de Caja Segovia durante once meses, hasta finales de 2011, Miguel Ángel Sánchez Plaza, reconoció en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León en la que se está analizando la gestión de las cajas de ahorros, que al abandonar la entidad percibió en compensación un total de 6,96 millones de euros en concepto de prejubilación y el resto en compromisos por pensiones, pero se quejó de que resultó perjudicado respecto de otros directivos que luego salieron y que no contaban con "requisitos tan gravosos". 

  Penedés Caixa

Los primeros banqueros condenados, pero que no entraron en la cárcel, fueron, en 2014, los integrantes de la cúpula de Caixa Penedès por un delito continuado de administración desleal. El magistrado José María Vázquez Honrubia impuso una pena de dos años de prisión al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas por autoconcederse 31,6 millones de euros en planes de pensiones y pólizas. Los procesados evitaron su ingreso en prisión porque devolvieron 28,6 millones de euros, y reconocieron su culpabilidad ante el tribunal. 

La entidad producto de la fusión entre Caixa Penedès, Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, que se denomina Banco Mare Nostrum (BMN), necesitó una ayuda pública en febrero de 2013 de 1.646 millones de euros para evitar la quiebra. Tras la venta de BMN a Bankia, confirmada el pasado enero, el Estado apenas ha recuperado un tercio de esa inversión. No obstante, según el FROB, de no haberse producido la fusión las pérdidas públicas podían haber sido mayores porque BMN tenía muy comprometida su viabilidad.

  Bancaja

También los directivos que llevaron a la bancarrota a la caja valenciana y su entidad filial, Banco de Valencia, intentaron blindar sus remuneraciones antes del hundimiento. En la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, BFA, que ya estaba en proceso de nacionalización, se recogía que Bancaja tenía asumidos con su exdirector Aurelio Izquierdo el compromiso de abonarle 13,9 millones de euros en pensiones y compromisos de prejubilacion. Él, sin embargo, asegura no haberlos cobrado y mantiene que sólo recibió 153.272,64 euros cuando fue despedido de la Fundación Bancaja en marzo de 2015. 

Asimismo, el que fuera consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel por la compra por parte de la entidad de una piscifactoría del exministro socialista Antonio Asunción, pactó una indemnización de 7,1 millones de euros que asegura no haber cobrado. Parra era el número dos de José Luis Olivas, que presidió entre 2004 y 2010 tanto Bancaja como su filial Banco de Valencia. De ahí pasó en diciembre de 2010 a ser vicepresidente de Bankia, de donde dimitió en noviembre de 2011, tras la intervención de Banco de Valencia, del que se supo después que tenía un agujero de 17.000 millones. Olivas no cobró indemnización, pero sí mantuvo los derechos de pensión adquiridos. También se embolsó 1,7 millones por los apenas diez meses que estuvo en Bankia. 

El expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra y los exdirectivos Adolf Todó y José María Loza han declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que el Banco de España estaba al tanto de todas las operaciones inmobiliarias que llevó a cabo la entidad, que acabaron provocando un agujero de 720 millones de euros, porque estaban consensuadas con él, informa Europa Press.

Según han informado fuentes presentes en la declaración, Serra, Todó y Loza, todos ellos imputados en la causa que investiga Moreno sobre las operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares que la caja realizó entre los años 2000 y 2013, han asegurado que el Banco de España era conocedor tanto en las operativas entre 2001 y 2007 como a partir de 2008, cuando cambió el modelo y se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.

La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de Serra, Loza, Todó y otros 12 exdirectivos de CatalunyaCaixa por un presunto delito continuado de administración desleal por haber llevado a cabo "una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" en España, Polonia y Portugal a través de una filial y principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia.

La denuncia por las "notables irregularidades" en la gestión de la caja se formalizó tras las irregularidades detectadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya que en la mayoría de los casos se acometieron las operaciones "confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados".

"Total falta de preparación"

Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés y la Fiscalía detectó una "total falta de preparación técnica" de la mayor parte de los miembros del consejo de administración para aprobar cualquier propuesta.

Sin embargo, tanto Serra como Todó y Loza han indicado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 que el proceso para aprobar las operaciones cumplió la normativa interna y que los socios eran fiables.

Para ellos, la prueba de esto es que llevaron a cabo unas "600 ó 700" operaciones inmobiliarias que sí salieron bien, según las fuentes consultadas. De hecho, han remarcado que nadie podía esperar el desplome posterior a 2008, ya que en aquel año todavía se hablaba de "brotes verdes".

Además, los tres exdirectivos se han quitado también la responsabilidad explicando que el agujero económico tuvo que ver con el poco valor por el que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) compró los activos inmobiliarios de la entidad.

Al salir de la Audiencia Nacional tras declarar algo más de una hora ante el magistrado, Narcís Serra, que fue vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa en los gobiernos de Felipe González, ha dicho a los medios de comunicación que se siente "tranquilo" después de dar su versión. "He entrado muy tranquilo y salgo aún más tranquilo. Esto acabará bien", ha afirmado.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigado el próximo 20 de febrero al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra por el agujero de 720 millones de eurosagujero en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007 por la entidad bancaria, informa Europa Press.

Ese mismo día, y una hora después, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también llama a comparecer como investigados a los ex directores generales de la caja catalana Adolf Todó y José María Loza.

Al día siguiente, 21 de febrero, están citados otros exdirectivos de la entidad: Lluis Gasull, Eduardo Aznar, Joan Valls y Joan Güel; el día 22, acudirán a la Audiencia Nacional Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso y Joan Echaniz; mientras que el día 23 comparecerán ante el juez Josep Molins, Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn.

Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pedía la imputación de los 15 investigados, la caja catalana realizó entre 2000 y 2007 "una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria", principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia.

El Ministerio Público denunciaba por "notables irregularidades" en la gestión de la caja a los ex altos cargos por un presunto delito continuado de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el texto constataba que en ese periodo la caja ejecutó las inversiones, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal.

"En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados", destacaba.

La Fiscalía asumió la denuncia presentada por el FROB, nacionalizado en 2011, el cual consideraba que esta actuación le provocó un perjuicio que ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y su posterior adjudicación a la SAREB.

La caja, a través de sus órganos de gobierno —consejo de administración o comisión ejecutiva—, acordó intervenir en estas promociones mediante sociedades participadas en las que se reservaban la mayoría del capital. Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés.

En la mayoría de los contratos no se establecieron cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos. Tampoco hicieron tasaciones por expertos independientes.

En cuanto a la actuación concreta de los exdirectivos, incluido el que fuera exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la Fiscalía detectó una "total falta de preparación técnica" de la mayor parte de los miembros del consejo de administración para aprobar cualquier propuesta.

Por ello, el Ministerio Público concluye que se daba una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran "quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho".

Con este criterio, añade la Fiscalía, el banco realizó inversiones en lugares como Cracovia, para la construcción de más de 2.000 viviendas, Valdemoro (Madrid), Molina de Segura (Murcia) o Chiclana (Cádiz).

El Grupo CaixaBank registró un beneficio atribuido de 1.488 millones de euros entre enero y septiembre de este año, lo que supone un incremento del 53,4% respecto a los primeros nueve meses de 2016 y el mejor resultado en su historia en este periodo, así como también su mayor beneficio trimestral, con 649 millones (un 48,7% más que en el trimestre anterior).

Según ha informado este martes la entidad presidida por Jordi Gual a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la evolución hasta septiembre viene marcada por la consolidación por integración global de los resultados del banco portugués BPI desde febrero, que ha contribuido a los resultados del grupo en 180 millones de euros -de los cuales 103 millones en el tercer trimestre-.

También ha contribuido la "intensa" actividad comercial, y es que los recursos de clientes del grupo se han incrementado en 46.119 millones (+15,2%) respecto al año pasado, hasta los 350.024 millones -34.773 millones procedentes de BPI-.

El juez decretó la apertura del juicio oral contra el expresidente de Caixa Catalunya y exministro socialista, Narcís Serra, y otros 40 acusados por los sueldos supuestamente desproporcionados de la entidad en los años de crisis económica, informa Europa Press.

En un auto de este lunes recogido por ña agencia, el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona exige que los 41 acusados, conjuntamente, paguen una fianza de 2.568.000 euros por el supuesto fraude al Fondo de Restauración Ordenaria Bancaria y de 7.000.000 a Caixa Catalunya, ambos por posibles responsabilidades civiles.

El juzgado también reclamó que, además, el que era director general de la entidad, Adolf Todó, abone otra fianza de 808.563 euros: "De no verificarlo, procédase al embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir las referidas cantidades", añade el auto.

La querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra el exvicepresidente del Gobierno socialista Narcís Serra y otros 14 exdirectivos de CatalunyaCaixa (después pasó a denominarse Catalunya Banc) especifica en qué proyectos enterró la caja catalana 720 millones de euros en inversiones en diferentes partes de España, pero también en Portugal y Polonia.

Catalunya Banc tuvo que ser rescatada con 12.052 millones de euros de dinero público. En el verano de 2015, esta entidad fue adjudicada al BBVA, que presentó una oferta de 1.187 millones, de los que unos 600 correspondían al desembolso directo de la entidad, 400 millones eran a cargo de los activos fiscales diferidos y el resto correspondía a unos seguros con Mapfre. De esta forma, la pérdida del Estado en esta entidad ha supera los 11.400 millones.

En el documento de la Fiscalía, que ha admitido a trámite el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y al que ha tenido acceso infoLibre, el Ministerio Público reclama la declaración como imputado de Serra y del resto de implicados.

Sin embargo, la querella incluye un atestado elaborado por los agentes de la Guardia Civil adscritos al caso, en el que se plasma la declaración de 9 de febrero de 2016 del propio exvicepresidente del Ejecutivo del Gobierno encabezado por Felipe González, que también fue ministro de Defensa.

Un cargo representativo

En su declaración, Serra aseguró que su cargo de presidente de la entidad financiera, en el que se mantuvo entre 2005 y 2010, era representativo y no ejecutivo. Sin embargo, reconoció que durante este periodo presidió la comisión ejecutiva, y que tanto en el consejo de administración como en la comisión ejecutiva tenía voto por ley.

El entonces presidente de CatalunyaCaixa aseguró que todas las operaciones, que ahora están bajo sospecha, partían de la propuesta del director general, cargo que ejerció José María Loza hasta que fue sustituido en febrero de 2008 por Adolf Todó.

Serra reconoció que el director general presentaba de forma verbal al consejo la información los proyectos, que se presentaban con un texto escueto, "en el que no se entraba en detalle de la operación" sino que describía la inversión que se aprobaba.

En su declaración ante la Guardia Civil, llama la atención que Serra especificó que no se pedía la información de los expedientes "porque parecía una desconfianza hacia los ejecutivos de la caja", que según su versión eran los responsables de "los buenos resultados" de la empresa inmobiliaria de CatalunyaCaixa, Procam, que no inclinaban "a ninguna visión crítica que hiciera dudar de lo que se presentaba".

El 90% de los beneficios

En este sentido, Serra resaltó que la división inmobiliaria de la caja que presidía, Procam, era en 2005 la responsable del 90% de los beneficios de la entidad, "lo que no hacía dudar de ellos".

Además, y como garantía del prestigio de los directivos, el entonces presidente de la caja aseguró que todos los proyectos propuestos por Procam venían informados por los técnicos de forma favorable, lo que justificaría, según su versión, que estas operaciones se aprobaban "siempre por asentimiento".

Sin embargo, Serra declaró a los agentes que su grado de conocimiento de los proyectos se limitaba a aspectos generales "y que difícilmente entraba en detalles de operaciones concretas, pero sí en la marcha de Procam y sus resultados periódicos".

Por este motivo, siempre según el testimonio de Serra, "no se informaba si los activos eran o no del socio inmobiliario, tampoco si existían o no pagos por intermediación, ni si existían o no garantías en función de la recalificación final de los terrenos que asegurasen la inversión".

6 millones de plusvalía

Pero la querella de la Fiscalía pone de manifiesto las importantes plusvalías de las que se aprovecharon los socios de la división inmobiliaria de Catalunya Caixa. Como por ejemplo el Grupo Prasa obtuvo una plusvalía de 6.064.347 euros "sin que se desarrollase ningún hito urbanístico que justificase el incremento", y todo en perjuicio de la entidad presidida por Narcís Serra.

El documento del Ministerio Público alerta también que al menos tres de los directivos implicados adquirieron viviendas a las promotoras presuntamente favorecidas. El principal ejemplo de esta forma de actuar fue la adquisición de una casa por 162.000 euros en 2006 por parte del director ejecutivo de Procam, Eduardo Aznar Berruezo, a la sociedad Construcciones Batlle Cervera SA, una firma que poco después se benefició de un bonus de 1,2 millones otorgados por Procam, encabezada por el propio Eduardo Aznar Berruezo. 

Por todas estas presuntas irregularidades, el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) presentó una denuncia, al entender que Serra y el resto de directivos causaron un perjuicio a la caja catalana de unos 720 millones en 15 operaciones inmobiliarias. El perjuicio se ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y el precio de su adjudicación a la Sareb, el denominado banco malo.

"Terrenos no urbanizables"

En términos generales, Anticorrupción destaca que la caja adquirió "terrenos no urbanizables" o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que conllevaba riesgo en la inversión. Y en la mayoría de los contratos de compra de los terrenos "no se establecían cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos".

Tampoco las tasaciones estuvieron libres de irregularidades, pues no las realizaron expertos independientes. Incluso los terrenos llegaron a ser comprados por sus socios a precios bajos "días antes de la venta a la sociedad participada" por Catalunya Caixa.

Estos son los 15 proyectos urbanísticos y el agujero que provocaron a la entidad presidida por Narcís Serra:

  1. PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CERBAT SL: 41,2 millones

El perjuicio económico en esta operación fue de 41,2 millones de euros. En concreto, esta firma abonó en 2006 al Ayuntamiento de Lleida 49,53 millones de euros, mientras que el 21 de diciembre de 2012 se traspasó al banco malo por 8,3 millones de euros.

  2. VERTIX PROCAM: 29,66 millones

El perjuicio según la auditora de las operaciones de Catalunya Caixa en las promociones de Vertix Procam se originó en las operaciones denominadas La Seda (16,11 millones), Paseo Morella-El Corte Inglés (6,38 millones) y en Palma de Mallorca-Son Güells (7,18 millones).

  3. ADENDIA PROCAM SL: 8,63 millones

El perjuicio causado a la entidad tras el traspaso a la Sareb de las promociones de la sociedad Adendia Procam fue de más de 7 millones en el Proyecto Vejer (Cádiz) y de 1,5 millones en Hacienda del Álamo (Murcia).

  4. ARMILAR PROCAM SL: 119,46 millones

El perjuicio que la caja tuvo en la Región de Murcia, y en concreto en la promoción de Armilar Procam en Hacienda del Álamo, de 108 millones de euros, fue sin duda el más abultado para Catalunya Caixa. También malogró otros 10,6 millones en la urbanización Cortijo de Acevedo (Málaga). 

  5. MILLENNIUM PROCAM, SL: 16,2 millones

Esta empresa de Castelldefels adquirió terrenos en Lorca (Murcia), Molina de Segura (Murcia), Valdemoro (Madrid), Chiclana (Cádiz) por 19,6 millones, que al final fueron valorados por la Sareb por 3,4 millones. 

  6. PRASA PROCAM SL: 58,7 millones

La caja de Narcís Serra utilizó la sociedad Prasa Procam para realizar inversiones en Portugal, Sevilla y Málaga. En el traspaso de participaciones de Prasa Procam a la matriz Procam, Catalunya Caixa obtuvo una pérdida contable de 3,9 millones que sumados a los 54,8 millones que había perdido el grupo previamente supone un perjuicio total de 58,7 millones de euros.

  7. ALCALÁ 120 PROMOCIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA SL: 49,3 millones

En el proyecto de Majuelo Norte (Valdemoro, Madrid) se pagaron 38,9 millones de euros y se traspasaron a la Sareb por un precio de 11,9 millones, por lo que el total de la pérdida fue de 26,9 millones. En Molina de Segura (Murcia) el perjuicio fue de 22,4 millones de euros, los que sumados a los 26,9 millones anteriores da un perjuicio total de 49,3 millones.

  8. BADALONA BUILDING WATERFRONT SL: 20,7 millones

Las pérdidas de la firma Espais Urbanístivos, socia de la caja en una promoción de Badalona (Barcelona), provocan que la finca se devalúe por los deterioros de existencias, por lo que la pérdida o desfase es de 20,7 millones (29 millones de préstamo menos 8,3 del valor de las fincas que constituían las garantías).

  9. PRONORTE UNO PROCAM SA: 20,93 millones

Según la auditora el perjuicio causado a Catalunya Caixa en dos proyectos en la Comunidad de Madrid fue de 20,93 millones, siendo de 16,44 millones en Ciempozuelos y de 4,49 en Moraleja de Enmedio.

  10. EUROLENDER SL: 33 millones

La caja perdió 33 millones de euros en su inversión de varias fincas en Camarma de Esteruelas (Madrid). Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de junio de 2013 calificó de forma definitiva los suelos pertenecientes a Eurolendert como suelos no urbanizables de especial protección, ya que incluye la práctica totalidad de las fincas de la sociedad como Zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves).

  11. SEIF-PROCAM SL: 107,8 millones

El total de coste de las fincas de Chiclana denominadas Carboneros (115,7 millones) y Pinar del Hierro (24 millones) supuso un desembolso de 139,7 millones. El total de los activos de SEIF según el precio de traslado a la Sareb fue de 31,9 millones, por lo que el perjuicio ocasionado a Catalunya Caixa en estas dos operaciones fue de 107,8 millones.

  12. AVENIS PROCAM SL: 44,67 millones

Los terrenos del proyecto Perales del Río (Madrid) fueron traspasados al banco malo por 9.722,15 euros y los terrenos del proyecto Molina de Segura (Murcia) por 7.813.366

euros, por lo que el perjuicio económico fue de 44.674.278 euros.

  13. PROMOCIONES MRA-PROCAM SA: 12,2 millones

MRA pagó por unas fincas en Alday-Maliaño (Cantabria) 16,6 millones, que acabaron traspasadas a la Sareb por 4,5 millones, por lo que el perjuicio ocasionado a la entidad fue de 12,2 millones. 

  14. ESPAIS CERDANYOLA SL: 34,7 millones

Según la auditora el valor de adquisición de las fincas en Cerdanyola por la socia de la caja en esta operación, Gescat Gestió del Sol, fue de 40,9 millones y la valoración de las mismas de 6,2 millones, por lo que el perjuicio fue de 34,7 millones. 

  15. JALE PROCAM SL: 6,54 millones

La sociedad Jale Procam SL se constituyó el 19 de mayo de 2005 con la finalidad de realizar negocios inmobiliarios en Andalucía, mediante la adquisición de suelos no urbanizables aunque con expectativas urbanísticas. A la fecha de transmisión de este suelo a Sareb, el día 21 de diciembre de 2012, continuaba siendo no urbanizable. Según la auditora BDO el perjuicio sufrido fue de 6.547.323 euros.

La Confederación Intersindical de Cajas (CIC), que ejerce de acusación particular en el caso de los sueldos desproporcionados de Catalunya Caixa, ha pedido diez años de prisión para el exdirector de Catalunya Caixa Adolf Todó y cuatro para el que era presidente Narcís Serra.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, atribuyen a Todó un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal, por lo que le piden más pena, y al exministro Narcís Serra y otros 40 consejeros les acusan solamente del delito administración desleal.

Consideran que dos acuerdos de los Consejos de Administración de Catalunya Caixa de 19 de enero de 2010 y de 13 de octubre de ese año en los que se aprobaron incrementos salariales del comité de dirección "perjudicaron enormemente a la entidad".

Afirman que con estas retribuciones la entidad contrajo obligaciones "que contribuyeron a la crisis financiera" que sufrió y que le llevó a la aplicación de un expediente de regulación de empleo en el que se destruyeron 1.630 puestos de trabajo y el cierre de 395 oficinas.

Concretamente, en el primer acuerdo se decidió que el salario de Todó pasara de 700.486,26 euros a 800.481 anuales, y que el del exdirector general adjunto Jaume Massana alcanzara casi los 600.000, y en el siguiente se les volvió a subir el sueldo hasta los 812.501 en el caso del primero y los 610.201 en el del segundo.

Además de los incrementos salariales, en los consejos de administración se aprobaron sendas pólizas de seguros sobre la pensión del equipo directivo, haciendo aportaciones entre 2008 y 2011 de cuatro millones en el caso de Todó y de un millón para Massana.

La acusación, en su escrito, recuerda que estas decisiones se tomaron cuando la entidad ya había solicitado "la inyección de dinero público" por parte del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob).

Consideran que los acusados usaron los fondos de la entidad "despilfarrándolos", y que eran fondos públicos que se usaron a su entender en beneficio de los consejeros y de altos directivos y en grave prejuicio de la misma.

"Situación dramática"

"La situación en que los gestores han dejado a Catalunya Caixa no puede ser más dramática", afirman, con la pérdida de empleos y el cierre de oficinas, llevando a la entidad a un quebranto económico cuantificable como consecuencia de la nefasta gestión de sus directivos.

Definitivamente, insisten, "los gestores no han sabido dirigir la entidad y la han llevado a la situación en la que está a sabiendas de que lo que hacían la abocaba al desastre".

Además de las penas de prisión, piden que Todó indemnice a la entidad con más de 800.000 euros y a éste y el resto de consejeros imputados una indemnización de 5,1 millones de forma solidaria por las aportaciones realizadas a las pólizas.

La decisión de la Audiencia Nacional de imputar a los antiguos responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la salida a bolsa de Bankia ha activado de inmediato la investigación de las responsabilidades políticas, paralizada, cuando no paralizada, tanto en el Congreso de los Diputados como en algunos parlamentos autonómicos.

El Pleno del Congreso debatirá el miércoles de la semana que viene la solicitud de Unidos Podemos y Compromís de crear una comisión de investigación sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorros, incluida Bankia. La petición se suma a las iniciativas en la misma dirección presentadas por Ciudadanos –inadmitida el pasado 31 de enero–, ERC, Compromís –el pasado martes– y el PSOE, que acaba de registrar la suya sobre la salida a bolsa de Bankia. Aunque todavía falta por decidir hasta dónde llegará la investigación –sólo Bankia o el rescate financiero al completo–, el PP ya ha anunciado que no se opone a crear la comisión y el resto de los grupos han expresado su pleno apoyo. El Congreso, por tanto, investigará lo ocurrido en las cajas de ahorro desde el estallido de la crisis financiera, su posterior nacionalización y las irregularidades y fraudes descubiertos.

Así se pone fin al bloqueo que han sufrido todas y cada una de las iniciativas que sobre el asunto se presentaron en el Congreso desde 2012. La que presentó Joan Baldoví, de Compromís, para crear una comisión no permanente sobre Bankia ni siquiera fue admitida. Las dos del PSOE para investigar el rescate financiero fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP. Otra de la Izquierda Plural –IU, ICV y CHA– junto a PNV y el Grupo Mixto fue bloqueada por el PP en la Junta de Portavoces y terminó caducando.

En diciembre de 2013 los socialistas volvieron a intentarlo. En la Diputación Permanente –se discutió en enero de 2014, periodo de vacaciones en el Congreso–, consiguieron el apoyo de IU y UPyD, pero ni el PNV ni CiU los secundaron. Entonces prefirieron esperar a que se dilucidaran primero las responsabilidades judiciales. Los populares, por su parte, rechazaron la comisión asegurando que las decisiones en Caja Madrid las habían tomado por unanimidad representantes de los partidos políticos que ahora exigían una investigación.

En octubre de 2014 Izquierda Plural registró una nueva iniciativa junto al Grupo Mixto para investigar los fraudes y casos de corrupción cometidos en las cajas de ahorro. Tampoco pasó de la Junta de Portavoces.

Ni en la Asamblea de Madrid ni en las Cortes manchegas

La fusión de cajas que dio lugar a Bankia, su rescate, las tarjetas black y la salida a bolsa llegaron también a la Asamblea de Madrid. UPyD pidió que se creara una comisión de investigación en mayo de 2012. Contó con el respaldo del PSOE e IU, pero el PP rechazó la solicitud con el argumento de que Bankia es una entidad financiera de ámbito estatal, no madrileño –como si lo era Caja Madrid, su precursora– y, por tanto, la Asamblea carecía de competencias para investigarla.

En parecidos términos fundamentó el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, su negativa a crear un comisión sobre el rescate a Caja Castilla La Mancha (CCM), que costó 7.300 millones de euros. “Es al Banco de España al que le compete investigar”, aseguró en julio de 2010 en las Cortes manchegas. En este caso fue el PSOE el partido que se negaba a dirimir las responsabilidades políticas de la nefasta gestión de las cajas. Lo hizo “hasta ocho veces”, según repetía María Dolores de Cospedal, entonces en la oposición pero luego presidenta de la comunidad autónoma. Tras prometer una comisión durante la campaña electoral e incluso repetir su “compromiso” nada más llegar al poder, tampoco permitió, sin embargo, que las Cortes investigaran qué había pasado en CCM para terminar siendo intervenida por el Estado. En febrero de 2016, su expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó, fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por manipular las cuentas de la entidad financiera.

Galicia, Cataluña y Valencia sí investigaron

Por el contrario, el PP sí accedió a crear comisiones de investigación en otras comunidades autónomas. El Parlamento gallego abrió la suya en 2012 sobre la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que dio lugar a Novacaixagalicia, finalmente nacionalizada. Tras vendérsela al venezolano Banesco, que la ha convertido en Abanca, el Estado ha dado por perdidos en su rescate 8.532 millones de euros. La convocatoria anticipada de elecciones en octubre de 2012 cerró la actividad de la comisión en falso. Hasta el pasado mes de enero. El ingreso en prisión de la cúpula de Novacaixagalicia, con Julio Fernández Gayoso al frente, fue la espoleta que resucitó la comisión parlamentaria.

El PP ya ha anunciado que admitirá nueva documentación, pero no nuevas comparecencias, justo lo que le pide el resto de los partidos. El BNG ha solicitado que acuda a dar explicaciones el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entusiasta defensor de la fusión y de la venta a Banesco. También quiere que se investigue la indemnización de 18 millones de euros que se llevó el histórico exdirector de Caixa Galicia José Luis Méndez. Aunque fue denunciado al igual que el resto de los directivos de las cajas gallegas, se libró de la imputación al jubilarse justo antes de que se fusionaran.

Los populares gallegos, por su parte, quieren “cerrar” la comisión cuanto antes. “De una manera rápida, pero sin ansiedad, hay que hacer el informe que cierre esta cuestión”, ha declarado el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez. A su juicio, “no es bueno andar siempre revisando, la cuestión está suficientemente clara”. Como en otras cajas, también en este caso el Gobierno autonómico implicado responsabiliza al Banco de España de las libertades que la cúpula de Novacaixagalicia se tomaron con sus retribuciones.

Las Cortes valencianas abrieron igualmente una comisión para investigar las irregularidades en sus cajas. En octubre de 2011 aprobaron la petición de Esquerra Unida de poner bajo la lupa la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que el Estado inyectó 11.064 millones. El PP apoyó la iniciativa, no sin antes achacar la responsabilidad de lo ocurrido al Banco de España. “La CAM es lo peor de lo peor”, declaró Miguel Ángel Fernández Ordóñez en septiembre de 2011.

Un dictamen a la Fiscalía

El Parlamento catalán comenzó a investigar la gestión de las cajas de ahorro en 2013, después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suspendiera la primera subasta de CatalunyaCaixaCatalunyaCaixa, que quedó desierta. El Estado la recapitalizó con 12.676 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Casi un centenar de comparecencias, entre ellas las de los expresidentes de CatalunyaCaixa Narcís Serra y Adolf Todó. Ambos están siendo juzgados en la Audiencia de Barcelona por administración desleal: se subieron los sueldos cuando la situación financiera de la caja era crítica y habían despedido a 1.600 trabajadores.

En junio de 2014 el Parlament emitió su dictamen, que trasladó a la Fiscalía General del Estado y a la Agencia Catalana del Consumo –por la responsabilidad de las cajas catalanas en la venta de preferentes y subordinadas– para que incorporaran su documentación y comparecencias a los procesos judiciales abiertos sobre las entidades financieras bajo sospecha.

Finalmente, en Castilla y León Podemos acaba de pedir en las Cortes que se indague en la fusión de Caja España con Caja Duero y su posterior integración en Unicaja, la entidad malagueña.

El Tribunal de Cuentas ha cifrado este martes en 60.718 millones de euros el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria entre 2009 y 2015. Las aportaciones al capital y cuotas participativas de entidades suman el grueso de esta factura, al ascender a 46.021 millones, según ha informado Europa Press.

Esta estimación del coste para el erario público del proceso de reestructuración no se puede considerar "definitiva", ha advertido el Tribunal de Cuentas, que ha recordado que aún tienen que terminar los procesos de reestructuración.

El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), controla el 66% de Bankia y el 65% de BMN. "La venta de acciones de entidades en las que el FROB aún participaba al 31 de diciembre de 2015 puede provocar un incremento o una disminución el citado importe", ha explicado en un comunicado.

También ha recordado que la factura del rescate bancario dependerá de la evolución de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) y de otro tipos de garantías otorgadas en la venta de entidades, con un saldo vivo total de 17.211 millones a cierre de 2015.

El Tribunal de Cuentas ha subrayado que los saneamientos que han supuesto mayor coste público han sido el de Catalunya Caixa (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347 millones), Banco CAM (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones).

En un informe de fiscalización del proceso de saneamiento de la banca, el organismo ha calculado también que los recursos públicos comprometidos ascienden a 122.122 millones entre 2009 y 2015, si bien ha aclarado que no todas las medidas de disposición o compromiso de recursos públicos suponen un coste para el sector público.

El organismo fiscalizados apunta además que la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito inmersas en procesos de reestructuración o resolución por un importe de hasta 85.965 millones. El saldo vivo de la única emisión no autorizada asciende a 1.059 millones hasta la fecha.

El Tribunal de Cuentas ha recordado que el saldo vivo de las emisiones de deuda senior de la Sareb, que se sitúa en 43.476 millones a cierre de 2015, está avalado por el Estado.

El análisis de fiscalización del organismo persigue verificar que las actuaciones del FROB, los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) y el Banco de España, como supervisor del sistema bancario, entre 2009 y 2015 se adecúan a la normativa. Además, trata de comprobar los mismos aspectos sobre las medidas de seguimiento y control de la ejecución de los procesos de reestructuración.

"Deficiencias" en contratos

En su informe, el Tribunal de Cuentas apunta que, en líneas generales, la contratación del FROB se ha ajustado a la normativa, pero señala que en el proceso de fiscalización se han observado "insuficiencias o deficiencias" de tipo formas en la tramitación de los contratos.

Desde su punto de vista, este hecho ha impedido "que quedara acreditado el cumplimiento íntegro de los principios que rigen la contratación del FROB".

Así, destaca que el FROB "no definió un procedimiento para imputar los ingresos, los gastos y los costes" en los que se incurrió en cada proceso de resolución, algo que le habría permitido "el cumplimiento sin restricciones" de la ley.

Críticas al FROB

"Una interpretación menos restrictiva habría conducido al FROB a deducir y retener importes mayores de los efectivamente deducidos y retenidos en los casos de Caja Rural Comarcal Mota del Cuervo, Catalunya Caixa y NCG. Al margen de los casos anteriores, los gastos incurridos por el FROB en la transmisión del Banco Gallego y del Banco de Valencia no pudieron ser recuperados por el FROB al ser el precio de venta de ambas entidades de un euro", precisa.

También indica que el FROB contrató a expertos independientes para elaborar las due diligence y la valoración de CEISS y Liberbank antes de que estas entidades solicitaran formalmente apoyo financiero.

"Esta anticipación en la contratación de los estudios se aparta del criterio establecido en el Real Decreto Ley 2/2011 y provocó que los informes recibidos por el FROB, que costaron en conjunto 1,4 millones de euros, fueran innecesarios", explica.

El Tribunal de Cuentas también incluye entre las deficiencias la contratación de una línea de crédito de disposición inmediata de 3.000 millones de euros por un periodo de dos años para atender situaciones de urgencia. Sin embargo, nunca llegó a realizar ninguna disposición de fondos, lo que le supuso un coste de 33 millones durante los años de vigencia.

La Audiencia de Barcelona ha confirmado llevar a juicio al expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, al exdirector Adolf Todó y más de 30 exmiembros del consejo de administración de la entidad por los sueldos supuestamente desproporcionados, rechazando un total de 11 recursos de las defensas.

En el auto de la Sección 21, al que ha tenido acceso Europa Press, se rechazan los recursos interpuestos por las defensas para solicitar el sobreseimiento del caso, porque el auto en el que se cerraba la instrucción del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, del 16 de diciembre de 2014, "cumple sobradamente los requisitos generales de motivación" y contiene un extenso y detallado relato de los hechos.

Considera la Audiencia que de las diligencias de instrucción se desprenden indicios suficientes para atribuir a los recurrentes el delito de administración desleal, que se concretan en los acuerdos que en 2010 adoptaron los imputados "con aparente abuso de su cargo y en perjuicio de la entidad, aprobando incrementos de las retribuciones salariales que no eran acordes a la situación real de la entidad".

Así, considera que en aquel momento la situación financiera de la entidad era "especialmente delicada" ya que desde 2007 a 2009 se habían reducido considerablemente sus beneficios, y en el año 2010 se aprobó un expediente de regulación de empleo que afectó a 1.600 personas en total, además de que recibieron 1.250 millones de euros de ayuda del Fondo de reestructuración bancaria (Frob).

"En el anterior contexto económico, las retribuciones de los máximos directivos de la entidad: Adolf Todó, como director general; Jaume Masana, como director general adjunto, aumentaron considerablemente en perjuicio de los intereses de la entidad y en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y el Frob", prosigue la Audiencia.

En el auto del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ahora ratificado, en el que cerraba la instrucción, se consideró que todos los acusados actuaron "en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales". El juez acusó, por tanto, a Serra y a Todó, pero también a los miembros del consejo de administración que votaron a favor de los presuntos sobresueldos de los altos cargos mientras la entidad en 2010 recibía dinero público por su grave crisis financiera, al ver indicios de un delito de administración desleal.

El Banco Central Europeo (BCE) dejó en marzo los tipos de interés en el 0%. Dinero más barato que nunca, pues. O eso se podría pensar con los préstamos personales que ofrecen La Caixa, BMN y Globalcaja. Los tres al 0% TIN (Tipo de Interés Nominal). Pero muy lejos de ser gratuitos. Que el BCE preste dinero a los bancos al 0% no significa que las entidades lo regalen después a sus clientes. De hecho, el TAE (la Tasa Anual Equivalente, el precio real del préstamo, que añade al TIN los gastos y las comisiones) del Préstamo Estrella Exprés de La Caixa alcanza el 10,64%. El del Préstamo Ahora de BMN llega al 5,6%. Y el de Globalcaja –resultado de la fusión de las cajas rurales de Ciudad Real, Albacete y Cuenca–, un 6,74%.

Así, el TAE medio de los préstamos personales concedidos en España en marzo de este año, las últimas cifras que ofrece el Banco de España, asciende al 8,64%. Ha bajado desde un máximo del 10,99% en 2008, antes de la crisis, pero aún dista de haber tocado fondo, según los expertos consultados por infoLibre. Debería bajar más, no sólo porque a los bancos no les cuesta nada el dinero que toman prestado del BCE y éste, además, está forzándoles a aumentar el volumen de créditos –cobrándoles por guardarles el dinero en sus arcas–. También por el mismo efecto de la competencia entre las entidades, ahora volcadas en el segmento del préstamo personal y de la hipoteca a tipo fijo, en vista de que el euríbor anda hundido en tasas negativas.

Según la clasificación que elabora el portal kelisto.es, el préstamo con el menor TIN del mercado es el que ofrece Liberbank, con un 4,95%, que se convierte en un 5,95% TAE. Y el del Banco Caixa Geral, con un TIN del 5,5%, que aumenta hasta el 5,95% TAE porque cobra una comisión de apertura del 1%. Otras entidades, como Catalunya Caixa, incluso han subido del 6,95% al 7,45% el TIN de su préstamo personal –8,769% TAE–.

“Hay que tener en cuenta la situación económica del país: las cifras de paro son aún muy altas y el empleo que se crea incluye salarios bajos, por lo que el riesgo para los bancos es todavía muy elevado”, explica un analista de kelisto.es, “así que se cubren con tipos altos”.

Además, la banca está atenazada por unos márgenes que no despegan precisamente por culpa de esos bajos tipos de interés. Para combatir esa escasa rentabilidad intentan aumentar el volumen de crédito de concedido, pero hasta el momento no lo han conseguido en la medida suficiente, explica Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas frente a la Crisis. La banca ha concedido a las familias un total de 163.526 millones de euros en préstamos personales a fecha de abril, un 3% más que un año antes.

Comisiones y múltiples productos añadidos

Así que, en los préstamos personales, donde los bancos carecen de la garantía de un inmueble para protegerse como en los hipotecarios, los tipos son más elevados que en estos últimos. Y aprovechan las comisiones y el añadido de obligar a contratar otros productos financieros de la entidad para sacar el máximo partido a estas operaciones. Según kelisto.es, el 60% de los préstamos personales del mercado cobran comisiones de apertura. Calcula que su coste medio es del 1%. Pero La Caixa pide una comisión de apertura y estudio del 4,5% y la de Globalcaja alcanza el 4%.

En el caso de la oferta del Banco Caixa Geral, la comisión de apertura es del 1%, pero exige que el cliente domicilie una nómina, al menos dos recibos y contrate una tarjeta de crédito o débito. La de Liberbank también incluye una comisión de apertura del 1%, al tiempo que pide al cliente no sólo que domicilie una nómina y dos recibos, sino también que contrate una tarjeta de crédito y un seguro de vida. Además debe elegir entre un plan de pensiones, un seguro de protección de pagos y un seguro de coche. En resumen, le exige que adquiera todo un catálogo de productos financieros a cambio de un préstamo que no puede superar los 40.000 euros.

“Los bancos están muy enfocados hacia el buen cliente, el que ya tienen. Por eso hay préstamos preconcedidos y otros, por el otro contrario, que sigue siendo muy caros”, destaca la analista de kelisto.es. Por ejemplo, Uno-e, la banca online del BBVA, concede préstamos personales con un TIN del 6% –del 6,94% al 14,61% TAE, dependiendo de la cuantía solicitada– a clientes que tengan la nómina o tres recibos domiciliados desde hace al menos tres meses.

Las hipotecas bajarán un cuarto de punto más

En los préstamos hipotecarios, los tipos son mucho más bajos. Según el Banco de España, el TAE medio era en marzo del 2,29%, también en mínimos históricos tras desplomarse desde el 5,83% de 2008. Kutxabank ofrece una hipoteca con un interés del 0,90%, pero al tiempo exigen al cliente que contrate cinco productos añadidos: nóminas domiciliadas con un importe mínimo de 3.000 euros, un consumo en comercios con sus tarjetas por valor de 4.800 euros al año, una aportación a un plan de pensiones por otros 2.000 euros anuales, un seguro del hogar de 61.287 euros y un seguro de vida.

ING Direct, Banco Mediolanum, Santander y Liberbank también tienen préstamos hipotecarios con tipos del 0,99%. Eso sí, para protegerse del bajo euríbor, los bancos aplican un interés de salida, fijo, durante una media de 13,6 meses, explica kelisto.es, por un valor medio que calcula en el 1,75%; es decir, superior al que tendría si usara el tipo variable y que se traduce en unos 650 euros más.

Julio Rodríguez augura un año más de política monetaria expansiva del BCE y, por tanto, de bajísimos tipos de interés. Por eso cree que los tipos aplicados a los préstamos hipotecarios aún pueden recortarse más, hasta “un cuarto de punto”. Una mala situación, recalca, para el negocio bancario.

También el servicio de estudios del BBVA es uno de los mayores defensores de lo que llama “modernización del sistema de despido”. Su última propuesta defiende abaratarlo creando un contrato único con una indemnización que crecería según la antigüedad del trabajador, de forma que sólo llegaría a los 33 días por año quien acumulara un mínimo de ocho años en la empresa. Por su parte, el servicio de estudios de Caixabank rechaza en sus informes las “rigideces” del mercado laboral, como los elevados costes de despido, y considera “insuficiente” la “flexibilidad” de la legislación española sobre el trabajo.

Aunque la institución que con más entusiasmo ha reclamado una reforma laboral que, entre otras novedades, abaratara los despidos es el Banco de España. Tanto con su anterior gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como con el actual, Luis Linde. En 2009, el primero llegó a pedir la desaparición del despido indemnizado, y el año pasado el segundo se mostró a favor de “acercar” la cuantía de la compensación por despido de los contratos indefinidos a los temporales; es decir, de 33 a 12 días por año trabajado.

Sin embargo, cuando ha tenido que recortar sus plantillas, y lo ha hecho con profusión durante toda la crisis, la banca española se ha olvidado de sus reparos teóricos sobre el coste de despido. Desde el comienzo de la crisis financiera, en 2008, los bancos han despedido a 67.464 trabajadores, el 25% de su personal. Pero nunca ha aplicado los mínimos legales que le permite la reforma laboral, que tanto reclamó y cuya rebaja, ahora, incluso considera “insuficiente”.

Hasta 50 días en Banesto y Santander

Por el contrario, las indemnizaciones concedidas a los empleados de banca durante todos estos años han más que duplicado los 20 días por año trabajado del despido objetivo. El Banco Santander acaba de anunciar un recorte de 1.660 trabajadores, tanto en las sucursales como en los servicios centrales. En principio, ha puesto sobre la mesa indemnizaciones de 40 días por año trabajado. Pero los sindicatos han replicado que quieren los 50 días con que la entidad despidió a 3.000 trabajadores de Banesto cuando lo fusionó en 2013. Y, según fuentes sindicales, parece que está dispuesta a pagarlos. También ofreció prejubilaciones para mayores de 55 y 58 años con hasta el 80% del salario. Ahora  –aún no ha comenzado la negociación– propone el 70% para los mayores de 58 años.

Caixabank llegó a los 45 días por año trabajado y entre 36 y 42 mensualidades  –el tope legal para el despido improcedente es de 24 mensualidades– para los 867 trabajadores que se acogieron el año pasado a un plan voluntario de bajas. Fueron los mismos días que dio en 2013 a 2.600 empleados, pero multiplicados por 42 mensualidades.

En el caso de Barclays, que fue adquirido por la entidad catalana el año pasado, un total de 975 trabajadores se llevaron 38 días, pero sumados con una prima de entre 10.000 y 30.000 euros según la antigüedad y otros 1.000 euros más por año trabajado, supuso que la cuantía final de la indemnización podía alcanzar un máximo de 250.000 euros. 300.000 euros si se trataba de una prejubilación, con el 90% del salario.

Ambos ejemplos muestran el patrón por el que se han regido los despidos colectivos en la banca durante estos años: altas indemnizaciones y predilección por las bajas voluntarias y las prejubilaciones.

Salarios que doblan la media nacional

La generosidad de la banca, en cualquier caso, tiene que ver con diferentes factores. Primero, las plantillas cuentan de partida con salarios por encima de la media. Según la última Encuesta Anual del Coste Laboral, correspondiente a 2014 y elaborada por el INE, el salario bruto medio en el sector financiero es de 48.760,4 euros al año, más del doble que la media nacional, de sólo 22.605,8 euros. Las indemnizaciones de la banca alcanzan los 1.866,5 euros, el 2,8% del coste salarial total, casi seis veces más que la media nacional.

Además, los directivos de las entidades financieras cuentan con algunas de las remuneraciones más elevadas. Ana Patricia Botín se llevó el año pasado 9,8 millones de euros, un 10% más que en 2014. El ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano se jubiló en 2015 con sólo 54 años y una pensión de 45 millones de euros. La cobrará de forma vitalicia a razón de 1,79 millones de euros anuales. Muy lejos, de todos modos, de los 108 millones de pensión que cobró en 2002 el ex consejero delegado del Santander, Ángel Corcóstegui.

También hay que tener en cuenta que los beneficios del sector, pese a la crisis financiera, no han dejado de crecer desde 2012. En 2015, la banca española ganó 10.389 millones de euros, un 5,6% más que el ejercicio anterior. Suma así tres años consecutivos de beneficios.

Los ERE de Santander o de Caixabank, por ejemplo, se debieron a razones organizativas, o fusiones, también para afrontar la necesaria transformación digital. Hace una semana, el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, preparó el terreno para futuros recortes de plantilla al anunciar la eventualidad del cierre de 2.800 de sus 3.800 sucursales por la adaptación digital y la aparición de nuevos competidores ajenos al sector.

Alta afiliación sindical, huida de la conflictividad

Todo lo anterior, añadido a que el sector cuenta con unos buenos convenios colectivos y una larga y consolidada tradición sindical, se traduce en unas negociaciones que suelen terminar en acuerdo y con cifras consideradas de lujo. De ahí el elevado número de adhesiones voluntarias a los planes de recorte. “Hasta el 60% de las plantillas de la banca en España están afiliados a un sindicato”, destaca el responsable del sector financiero de CCOO, Juan José Giner.

Además, la edad media de las plantillas le ha permitido jugar la baza de las prejubilaciones. Al menos hasta ahora, cuando ya no alcanza los 45 años. Giner precisa, no obstante, que esta manera de rejuvenecer el personal tiene cada vez menos recorrido después de los sucesivos ERE que han ejecutado muchas entidades.

A su juicio, los bancos prefieren evitar la conflictividad cuando se trata de recortar plantilla. Sobre todo en un sector, explica, en el que los empleados “no son fácilmente remplazables”, porque “la profesionalidad, la formación y la estabilidad” son un activo primordial. Por eso alerta ante la pérdida constante de empleo que está sufriendo el sector. “España se encuentra entre los tres últimos países de la zona euro por número de empleados bancarios cada 10.000 habitantes”, lamenta. Una cosa son las oficinas, zanja, y otra los profesionales.

Las nacionalizadas, menos de 30 días

Pero dentro de la banca también hay clases. Y las entidades que sucumbieron a la crisis y la mala gestión, y fueron nacionalizadas o recibieron cuantiosas ayudas públicas, no han sido tan espléndidas con sus trabajadores. El ERE de Bankia fijó el límite que no debía sobrepasarse en estos casos. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri recibió 22.000 millones de euros del Estado y se deshizo de 4.500 trabajadores en el mayor ERE de la historia del sector. Los despedidos recibieron indemnizaciones de 30 días por año trabajado con un tope de 20 mensualidades y las prejubilaciones se firmaron con el 60% del salario bruto. En cualquier caso, 10 días por encima del mínimo legal.

También se ofreció 30 días, aunque con un tope de 30 mensualidades, a los 1.557 excedentes de Catalunya Caixa, que fue adquirida por BBVA el año pasado. Las prejubilaciones ascendían al 70% del sueldo. Catalunya Caixa había percibido 12.052 millones en ayudas públicas. Los 1.850 trabajadores incluidos en el ERE de Novacaixagalicia se llevaron indemnizaciones de 25 días, con un tope de 16 meses y una prima de 2.000 euros por cada trienio, 30 días con un límite de 22 mensualidades y una prima por trienio de 22.000 euros en el caso de las bajas voluntarias. Las prejubilaciones alcanzaban el 80% del salario. La entidad gallega ingresó 8.981 millones de euros de las arcas públicas. Aún no se sabe qué cantidad va a ofrecer Banco Ceiss  –fruto de la fusión de Caja España y Caja Duero–, a los 1.120 trabajadores que tiene pensado despedir, pero la entidad también recibió dinero del Estado: 1.129 millones.

Pese a su volumen, las indemnizaciones de los bancos no son las más elevadas que constan en los registros. En plena crisis, empresas como General Electric o Yahoo pagaron 60 días por año a sus trabajadores. Levi's lo hizo en los tiempos de euforia económica, en 2004. El año pasado Coca-Cola despidió a 60 directivos con indemnizaciones de al menos 100 días por año trabajado, según informó en su día El Economista. Mientras, pleiteaba en los tribunales con los sindicatos por el ERE con el que se deshizo de 1.156 empleados a razón de 33 días  –aumentados a 45 por la Audiencia Nacional–. La embotelladora española del refresco de cola tuvo unos beneficios de 311 millones ese año, un 47% más que en 2014.

Esta semana se supo que Bankia ya había devuelto 358 millones a accionistas que acudieron a su salida a Bolsa. La entidad financiera se comprometió a devolver el dinero a los inversores el pasado mes de febrero, en una decisión calificada como "histórica" por la asociación de consumidores Adicae, que durante el último mes ha mantenido una serie de reuniones con Bankia para alcanzar un acuerdo que permitiese la "devolución masiva" del dinero de los pequeños accionistas.

Aunque de momento las diferencias entre ambas han impedido la firma de un acuerdo formal, Adicae ha reiterado a los consumidores su recomendación de acceder a la devolución ofertada por Bankia, mientras que, paralelamente, no renuncia a las acciones legales que ya ha emprendido: una querella por la vía penal para exigir la depuración de responsabilidades, una demanda colectiva presentada el jueves, y otra que atañe a los afectados por las preferentes.

Los pasos de Bankia hacia un acuerdo con los consumidores vienen motivados por dos sentencias del Tribunal Supremo en febrero de este año. Las resoluciones del Supremo desestimaban los recursos interpuestos por la entidad ante dos sentencias de las Audiencias Provinciales de Valencia y Oviedo que obligaban a la devolución de su dinero a dos pequeños accionistas. Al ratificar estas sentencias, el Supremo avaló las miles de reclamaciones presentadas por los compradores de acciones durante la salida a bolsa de la entidad. Un antes y un después para la banca y para los afectados.

Fuentes de Bankia han destacado en conversación con infoLibre que, hasta entonces, fue imposible "coger el dinero y por imagen devolvérselo a unos y a otros" porque aseguran no tener "libertad de disponer del dinero" para hacerlo, ya que éste pertenece a "los contribuyentes". "Nos cuidamos mucho de hacer las cosas como corresponden", subrayan desde Bankia. La entidad apunta que durante los procesos civiles "muchos expertos que declararon como testigos aseguraron que el proceso de salida a bolsa de Bankia fue correcto", de forma que sólo desde el pronunciamiento del Supremo, que "ha dicho lo contrario", Bankia puede disponer de "un título jurídico" que les habilita "para devolver el dinero a estas personas". 

El principal inconveniente de la oferta de Bankia es que se aplica a título individual, es decir, la devolución no podrá producirse de forma "masiva", sino que cada consumidor, uno por uno, deberá reclamar sus ahorros a Bankia mediante la presentación de una solicitud. Para Adicae, esto responde a "la ley de divide y vencerás" que busca evitar "dar la misma respuesta a un problema común", tal y como sostiene el secretario general de la organización, Fernando Herrero. De este modo, continúan fuentes de la asociación de consumidores, "habrá muchos afectados que ni se enterarán" de la posibilidad de recuperar sus ahorros. Los últimos datos de Bankia apuntan a un total de 125.415 solicitudes, de las que 76.443 ya han sido resueltas. Pero el número de afectados asciende a aproximadamente 370.000, según Adicae, quien se pregunta qué pasará con los accionistas restantes.

Pese a las desventajas, la asociación de consumidores recomienda a sus usuarios solicitar la devolución de sus ahorros –más el 1% de intereses anual propuesto por Bankia–, porque la entienden como "un hecho histórico, ejemplar", en palabras de su presidente, Manuel Pardos, quien insiste en que "firmen y acepten".

Aunque actualmente la devolución está dirigida únicamente a quienes invirtieron durante la salida a Bolsa en el año 2011, Adicae interpuso el pasado jueves una demanda colectiva para solicitar que todos los pequeños accionistas, incluidos los que compraron acciones en el mercado secundario hasta mayo de 2012 –fecha de la reformulación de las cuentas de Bankia– puedan acceder a la devolución de sus inversiones.

El paso dado por Bankia es, pese a los matices, una victoria de los consumidores que, aunque histórica, guarda en la recámara precedentes similares. Estas son algunas de las principales causas perdidas de la banca:

Citibank resarce a los accionistas de Lehman Brothers

Citibank era una de las entidades que comercializó productos estructurados que Lehman Brothers –compañía estadounidente de servicios financieros cuya quiebra en 2008 desató la crisis mundial– tenía como garante en España y en otros países de Europa. 

En el año 2010 se fraguó un acuerdo entre Citibank y los consumidores, pacto que "luego se extendió a toda Europa", según relata Manuel Pardos en declaraciones a este periódico. En total, 42,9 millones de clientes españoles recibieron el 55% de lo invertido, una quita que ellos mismos asumieron al aceptar la propuesta de la entidad. "Las protestas en Bélgica y en otros países del Este", continúa Pardos, fueron clave para conseguir la devolución. "Nosotros nos comunicábamos con los afectados de otros países", continúa, "entonces a Citibank aquello le dio miedo y lo resolvió".

Consumo gana la batalla a Caixa Catalunya

Las personas que adquirieron participaciones preferentes en Cataluña consiguieron, en el año 2012, que una de las principales entidades que las colocó, Caixa Catalunya, comenzara a devolver la totalidad del valor de los títulos.

La banca catalana se vio obligada a ello después de que la Agencia Catalana de Consumo (ACC) intermediara entre la entidad y sus clientes, y llegara a un acuerdo para realizar las devoluciones a aquellas reclamaciones que resultaran favorables. La ACC cerró a finales de mayo del 2015 el proceso de arbitraje con 40.966 resoluciones favorables por un importe total de 294.581.077 euros.

Abanca devuelve a los preferentistas sus ahorros

La caja gallega anunció en 2014 la devolución del dinero a los antiguos preferentistas de la entidad, incluso a aquellos que hubieran sido rechazados por el arbitraje, y al margen de si habían presentado o no demanda. Abanca decidió entonces contactar con los consumidores rechazados en el arbitraje con el objetivo de firmar un acuerdo para devolverles su inversión, menos los intereses que cobraron durante la vida del producto, más lo que habrían ganado con un depósito. 

Un año después de que así lo anunciase el vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, los preferentistas reclamaron que la entidad les debía aún 123 millones de euros. Las cuentas anuales del 2014 indicaban la existencia de "procesos judiciales en curso que afectan a un volumen nominal de participaciones preferentes o deuda subordinada por importe de 122.815.000 euros". En las cuentas, Abanca afirmaba haber alcanzado acuerdos con 20.200 preferentistas, lo que supone un total de 33.443 afectados que en 2015 aún no habían recuperado su dinero.

Éstos son sólo los de mayor volumen que se han presentado nada más comenzar el nuevo año. La mayoría de las empresas afectadas pertenecen al sector industrial. La banca, además, continuará achicando sus plantillas, pese al brutal recorte sufrido desde 2012:

ALTADIS

La tabacalera Altadis ha anunciado un ERE para 471 empleados, el 46% de su plantilla en España. Además de reducir el número de sus empleados en las áreas de Finanzas, Ventas y Producción, cerrará en junio la factoría de La Rioja, la última fábrica de cigarrillos que le quedaba en el país. De ahí salían las cajetillas de Fortuna, Ducados o Nobel. Propiedad de la británica Imperial Tobacco, la antigua Tabacalera Española ha sufrido una caída en las ventas del 45% en los últimos cinco años. La culpa, asegura la empresa, es de “la presión regulatoria sobre el tabaco y el considerable aumento del comercio ilícito”, el contrabando, que Altadis cifra en el 10,6% de las ventas legales.

Por el contrario, tanto CCOO como CSI-F rechazan el cierre de la fábrica, que ven como un intento de “deslocalización” a países con menores costes. Además, destacan que Imperial Tobacco tiene beneficios y “cuenta con otras fábricas en Europa con sobreproducción y exceso de horas”. Desde 2009, explican, Altadis ha cerrado las fábricas de Alicante, Cádiz y Palazuelo (Cáceres) y sustituido personal con antigüedad por eventuales y contrataciones externas.

El plan de la empresa, que deberá negociar con los sindicatos, incluye 180 prejubilaciones y 291 bajas incentivadas o recolocaciones.

ERCROS

La química Ercros va a despedir a entre 150 y 200 trabajadores de sus fábricas de Flix y Vila-Seca (Tarragona), empujada por el cierre de otra factoría, la de Covestro –una filial de la alemana Bayer–, que produce MDI, una materia prima del poliuretano. Covestro era hasta ahora el principal comprador del cloro y la sosa cáustica que fabrica Ercros en sus factorías de Tarragona. Además, la Unión Europea prohibirá usar celdas de mercurio en la producción de cloro y sosa cáustica a partir del 11 de diciembre de 2017, por lo que Ercros deberá reconvertir sus procedimientos de fabricación.

Despedir a esos casi 200 trabajadores le costará a la empresa 10 millones de euros. En 2017 cerrará la fábrica de Flix, que cuenta con 119 empleados.

ABENGOA

La caída del gigante Abengoa saltó a las portadas de los periódicos el pasado noviembre, pero no será hasta el próximo lunes cuando se haga público el alcance de la restructuración a la que está abocado el líder mundial de las renovables. El Confidencial, no obstante, cifra en 1.700 el número de despidos que se acometerán en España, de una plantilla total de 6.700 trabajadores. Desde que el grupo vasco Gestamp renunció a comprar Abengoa, la empresa sevillana se ha deshecho de 500 empleados, entre temporales y contratados por obra y servicio. En todo el mundo, Abengoa posee 24.000 trabajadores, de los que están amenazados de despido unos 10.000.

La empresa atribuye sus problemas a la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno, que ha recortado los ingresos de sus plantas termosolares en un 33%. La compañía que salga del plan de viabilidad anunciado para el próximo lunes será un 50% más pequeña, tras efectuar desinversiones por importe de 1.500 millones de euros.

ELCOGAS

La agonía de Elcogas ha sido más lenta. En junio de 2014 la empresa anunció el cierre de la planta termoeléctrica de Puertollano (Ciudad Real). Y este miércoles ha decidido que su desconexión definitiva de la red eléctrica se producirá el próximo día 31. Se quedarán sin trabajo a 144 trabajadores, que se sumarán a los 100 de las empresas auxiliares de la central que ya han perdido sus empleos.

La movilización de los trabajadores durante el último año y medio no ha impedido el cierre. Tampoco el plan de viabilidad que la empresa presentó al Ministerio de Industria en diciembre. La central de Puertollano quemaba hasta ahora carbón nacional para producir energía eléctrica. La propuesta de Elcogas consistía en combinar carbón con biomasa –orujo de aceituna–. Pero Industria rechaza otorgarle un “régimen retributivo específico”, como el que tienen las energías renovables y la empresa ha presentado a los sindicatos un ERE de extinción. El principal accionista de Elcogas es Endesa, con el 41% del capital, seguida de Électricité de France (EDF), con el 31%, e Iberdrola con el 12%.

ARCELOR MITTAL

Arcelor Mittal va a cerrar también una factoría, la Acería Compacta de Bizkaia (ACB) de Sestao, en Vizcaya. Se trata de una “parada temporal indefinida” a partir de febrero que afectará a 335 trabajadores, a partir de ahora suspendidos de empleo y sueldo. La compañía ha advertido de que la planta vasca está “abocada a un cierre definitivo” si la Unión Europea no toma medidas “rápidamente en defensa del acero comunitario. “No sabemos si vamos a volver a abrirla”, avanzan. Desde 2009 el gigante siderúrgico aplica un ERE temporal en sus fábricas en España, que se renueva cada año. Las masivas y baratas importaciones de acero procedentes de China están hundiendo el mercado, alega el grupo anglo-indio.

REPSOL

Otra gran compañía, Repsol, anunció el pasado octubre un recorte de plantilla de 1.500 trabajadores en todo el mundo, de los que 750 serán españoles. El desplome de los precios del petróleo está detrás de la medida. La reducción se ejecutará a lo largo de tres años. Pero, en principio, no será “traumática”, sino mediante prejubilaciones, bajas incentivadas y recolocaciones. Claro que en octubre el precio del barril de petróleo estaba en 48 dólares y ahora ha caído a 30, el nivel de 2004. Los más pesimistas auguran que este año puede hundirse aún más, hasta los 16 dólares.

RENFE

También serán voluntarias las salidas de Renfe, que este año se desprenderá de 750 trabajadores, el 5,2% de su plantilla. Para quienes estén próximos a la edad de jubilación, la indemnización será de cuatro a seis mensualidades, para el resto de los empleados, 24 meses de salario.

CATALUNYA CAIXA

Hasta después del verano ha retrasado Catalunya Caixa el grueso del ERE que pactó con los sindicatos el pasado mes de octubre tras haber sido absorbida por el BBVA. Este miércoles ha cerrado ya 10 sucursales en Cataluña –serán 150 al final del proceso–. El ERE afecta a 1.557 trabajadores, de los que 1.063 se adhirieron al plan de bajas voluntarias. Habrá 225 despidos225 despidos, que recibirán indemnizaciones de 30 días por año trabajado. Hasta ahora sólo han salido del banco unos 100 trabajadores, la mayoría con bajas voluntarias, 13 han sido despedidos y otros 11 han sido trasladados a oficinas del BBVA.

El sector financiero español no ha terminado aún de reducir plantillas. Pese a que durante la crisis ha sufrido un recorte brutal que le ha dejado sin 70.000 empleados, los sindicatos temen un nuevo tijeretazo que se llevará por delante otros 30.000 puestos de trabajo. Será el resultado de un nuevo proceso de concentraciones y fusiones de entidades, acuciadas por los escasos márgenes y las nuevas exigencias de capital de Basilea III.

ADDENDIA

La semipública Indra, que también atraviesa momentos críticos, va a despedir a 132 empleados de su filial Addendia, el 38% de la plantilla que posee en su centro de trabajo de Sevilla. Propiedad de Cajasol, pasó luego a manos de Caixabank cuando ésta absorbió Banca Cívica y en 2012 la entidad catalana se la vendió a Indra. La empresa que preside Fernando Abril-Martorell esgrime las pérdidas registradas desde 2013 para presentar el ERE, pero los sindicatos le reprochan que haya declinado presentarse a dos concursos de la Junta de Andalucía –su principal cliente– y otro más de Caixabank.

TRAGSA

Tragsa es 100% pública y su ERE ha concluido 10 días antes de la fecha inicialmente prevista con 555 despidos. Son el 41,5% de los 1.336 programados en el despido colectivo que presentó la empresa en 2013 y se mantuvo en suspenso hasta que el pasado diciembre el Tribunal Supremo ratificó su legalidad. Los despidos comenzaron en Nochevieja y los sindicatos reclaman el regreso de los trabajadores afectados: denuncian que la empresa está contratando a empleados temporales para sustituir a los que acaba de echar. Recuerdan que en 2015 Tragsa tendrá 3,5 millones de euros de beneficio y la cartera de pedidos para este año mejora sustancialmente la del ejercicio pasado.

TRW

La alemana TRW fabrica sistemas de dirección para vehículos y es proveedora de la factoría de Volkswagen en Landaben (Navarra). Acaba de presentar un ERE para despedir a 250 de sus 620 trabajadores. Pero puede ser peor: la empresa sólo garantiza el empleo para el resto de la plantilla de su factoría navarra hasta 2018.

Según el sindicato ELA, TRW ha recibido subvenciones públicas por importe de 11,5 millones de euros en los últimos 20 años. La empresa revela unas pérdidas de 18 millones de euros.

ADVEO

Finalmente, Adveo, la antigua Unipapel, despedirá a 120 empleados antes del verano en sus centros de Madrid, Albacete y Canarias. Es el 35% de su plantilla en España. Filial de Adveo Group International, cotiza en Bolsa y ya ha anunciado que suprimirá el pago de un divideno de 3,6 millones de euros debido a las pérdidas del negocio.

El expediente de regulación de empleo de CatalunyaCaixa comportará finalmente 225 despidos forzosos tras finalizar el plazo para optar a vacantes disponibles en BBVA con 269 adhesiones de 400 posibles, han informado a Europa Press fuentes sindicales.

Así, han quedado sin cubrir 131 plazas por España –sí se han cubierto las 150 plazas disponibles en Cataluña–, que supondrán que las personas que no las han aceptado sean despedidas, además de los 94 despidos forzosos ya previstos tras la primera fase de adhesiones voluntarias.

La oferta de vacantes disponibles en BBVA para empleados de CatalunyaCaixa se ha realizado en dos vueltas, la última finalizada ahora, y este viernes la entidad ha explicado a los representantes sindicales las cifras definitivas del ERE.

Cierre de unas 150 oficinas

Las salidas de personal se irán realizando de forma escalonada hasta finales de 2016 conforme vayan cerrando las oficinas de CatalunyaCaixa que BBVA ha decidido clausurar para eliminar duplicidades, unas 150 en toda Cataluña, lo que iniciará a partir del 24 de noviembre.

El ERE de CatalunyaCaixa afecta a 1.557 trabajadores, de los que 1.063 se han adherido a las bajas voluntarias en diferentes modalidades: 608 prejubilaciones, 49 extinciones voluntarias para mayores de 50 años, 167 excedencias remuneradas con el 25% del salario y compromiso de reingreso en cinco años en la entidad, y 239 extinciones incentivadas con primas por antigüedad y treinta días por año con mínimo de 50.000 euros.

Los 225 despedidos forzosamente percibirán como indemnización 30 días por año trabajado con un máximo de treinta mensualidades.

BBVA ha planteado este miércoles un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 2.000 empleados de CatalunyaCaixa –650 de servicios centrales–, así como el cierre de 400 oficinas entre este año y 2017, según han informado fuentes sindicales.

Esas cifras suponen un considerable aumento respecto de las anunciadas por el consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, en la presentación de resultados el pasado 29 de abril. Entonces, el banco anticipó que la entidad cerraría 285 oficinas hasta 2017 de la red de Cataluña, lo que suponía un 20%, el mismo porcentaje en que preveía ajustar la plantilla en la comunidad autónoma, lo que equivale a unas 1.755 personas, tras la integración de CatalunyaCaixa.

El Sindicat d'Estalvi de Catalunya (SEC) ha expresado su "indignación" ante la "importante y excesiva reducción" planteada por la entidad, "sobre todo si se plantea sólo para CatalunyaCaixa". 

La noticia se la han dado los representantes de Recursos Humanos de BBVA a los representantes sindicales y del departamento de personal de CatalunyaCaixa, en la primera reunión laboral formal entre ambas entidades después de que el banco haya convertido en filial a la antigua caja catalana.

El ajuste está previsto únicamente para CatalunyaCaixa, y no para el conjunto de red y personal de la antigua caja y BBVA en Cataluña como se había anunciado en un principio, han lamentado los sindicatos. A su juicio, el banco ha mostrado su voluntad de que el ERE sea acordado e incluya la posibilidad de prejubilaciones, bajas incentivadas, excedencias y traslados a otras sociedades del grupo, aunque no ha concretado cifras, que los representantes de la plantilla prevén conocer en la próxima reunión la semana que viene, informa Europa Press.

Además, BBVA prevé realizar una homogeneización de las condiciones laborales de CatalunyaCaixa con el banco de origen vasco, también pendiente de pormenorizar. Este miércoles ha sido el inicio de la fase informal de negociaciones, que durará aproximadamente un mes, tras la que se iniciará el periodo formal, de otro mes. EL SEC ya ha anunciado que ese acuerdo de homogeneización estará "supeditado a la forma en que se haga la reestructuración".

BBVA y CatalunyaCaixa suman una red en Cataluña de 1.367 oficinas (639 de BBVA y 728 de CX) y 8.777 empleados (4.391 en BBVA y 4.386 en CX), según datos de la entidad financiera.

El Grupo BFA-Bankia mantendría su solvencia por encima del 10% en 2016 incluso en un escenario de situación muy adversa de la economía, según los resultados de las pruebas del BCE  y ha destacado la entidad en un comunicado.

En concreto, Bankia, que partía de una ratio de capital (CET1) del 10,7% al cierre de 2013, tendría un 10,3% al acabar 2016 si se cumplieran las hipótesis de estrés de la economía que ha tenido en cuenta este ejercicio. Ese 10,3% supone un exceso de capital de 4.763 millones de euros sobre el mínimo exigido para superar esta prueba, que era del 5,5%.

Así que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se ha mostrado "muy satisfecho" con los resultados de las pruebas, porque muestran que la suya es una entidad bien capitalizada y muy solvente. "Son el producto, en definitiva, del esfuerzo de los dos últimos años y medio, que se ha traducido en unos muy buenos resultados", ha subrayado.

También ha sacado Kutxabank, cuyo presidente, Mario Fernández, ha subrayado que sus clientes tienen el dinero "en la entidad de crédito más solvente del sistema financiero español".

Según ha informado la entidad financiera, en la hipótesis más severa (escenario adverso) planteada por dicho examen, el grupo financiero vasco ha alcanzado un excedente de capital de 2.278 millones de euros y una ratio de capital Common Equity Tier I del 11,8%, la "mejor" del sistema, "duplicando de forma holgada" la exigencia mínima fijada en el 5,5%.

La gestión "prudente" de Fainé

Por su parte, el presidente de Caixabank, Isidro Fainé atribuyó a su "gestión prudente" los resultados de los exámenes del BCE. La entidad catalana ha obtenido un superávit de capital de 6.777 millones de euros en el escenario adverso, con una ratio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) del 9,3%.

Respecto al ejercicio de análisis de la calidad de los activos (AQR), se ha revisado en detalle la calidad de los activos de las carteras seleccionadas por el organismo supervisor (las compuestas por pymes, empresa, gran empresa, corporativa, promotores e inmuebles), representando conjuntamente un importe de más de 52.000 millones de los activos ponderados por riesgo del Grupo La Caixa, lo que supera holgadamente el 50%.

Dicha revisión ha concluido con la práctica ausencia de necesidades adicionales de provisiones y ha evidenciado la holgada situación de cobertura y la prudente política de identificación y dotación de los activos deteriorados de la entidad.

Liberbank y Cajamar, satisfechos

Liberbank, en principio la única entidad española que ha suspendido uno de los exámenes, ha aclarado que las provisiones individuales de 56 millones de euros identificadas en el análisis del BCE ya se encuentran dotadas a la fecha actual. Y ha cifrado en 583 millones de euros su exceso de capital, si se tienen en cuenta las medidas adoptadas para reforzar su solvencia durante este año, tras el ejercicio de revisión de la calidad de activos (AQR) que destapó un déficit de 32 millones a 31 de diciembre de 2013.

Según resalta, sus resultados le permitirán aumentar la financiación a pymes y a particulares, así como anticipar la amortización de las obligaciones contingentemente convertibles suscritas por el FROB y pagar dividendos a los accionistas en los próximos ejercicios "siempre que sea posible" desde el punto de vista regulatorio, y tras las autorizaciones y mayorías legales requeridas.

El presidente de Cajamar, Luis Rodríguez, ha afirmado que los resultados del examen "avalan la solvencia y la gestión prudente" que el banco ha realizado durante la crisis, años en los que "ha crecido y diversificado su actividad con la incorporación de 26 cajas rurales a su modelo de desarrollo y consolidación del cooperativismo de crédito en España.

El Grupo Cooperativo Cajamar está integrado por cajas rurales y por el Banco de Crédito Cooperativo, que actúa como entidad cabecera desde el pasado 1 de julio. Cuenta con activos por importe de 40.769 millones de euros, 1.317 oficinas, 6.578 empleados y 1,3 millones de socios y cuatro millones de clientes.

"La calificación otorgada refuerza la confianza y seguridad de nuestros socios y clientes, y contribuirá a impulsar nuestras líneas de financiación a pymes y familias", asegura Luis Rodríguez.

También la patronal bancaria ha saludado los buenos resultados de las entidades españolas. "Los bancos españoles de esta asociación han pasado con éxito este ejercicio y cuentan, por tanto, con una base de capital suficientemente sólida para contribuir tanto a la estabilidad financiera europea como al crecimiento de la economía española y la creación de empleo", promete. "Ningún banco de nuestra asociación ha necesitado, a diferencia de gran parte de sus competidores, ayudas públicas para alcanzar este resultado", no ha dudado tampoco en recordar la AEB.

El Sabadell y el BBVA hablan de "fortaleza"

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que los resultados de las pruebas de estrés sitúan a la entidad "entre las más sólidas de Europa tras la severa crisis y en el histórico momento en el que va a entrar en vigor la Unión Bancaria". En un comunicado asegura que los resultados "ratifican la fortaleza del Banco Sabadell en términos de solvencia, y evidencian el acierto en la gestión de la entidad del balance y el capital".

"Ha sido un riguroso ejercicio de transparencia que transmite asimismo confianza a accionistas, clientes y empleados", remarca Oliu.

Para el presidente del BBVA, Francisco González, las pruebas del BCE "avalan la fortaleza" de su entidad. "Nosotros, desde luego, vamos a seguir contribuyendo a la recuperación económica de España y también el crecimiento del resto de las economías en las que operamos", subraya.

Abanca e Ibercaja

La gallega Abanca considera que el análisis de la calidad de los activos y su reducido impacto del 0,07% sobre la ratio de capital la sitúa como "una de las entidades con la cartera de crédito mejor clasificada y provisionada".

La entidad presenta un limitado deterioro de la cartera crediticia que se produciría en el escenario adverso, y una capacidad de generar resultados en esas condiciones adversas, destaca en un comunicado.

En parecidos términos se ha expresado también Ibercaja. 

Para el grupo que preside Amado Franco, "los resultados alcanzados evidencian la calidad de la cartera crediticia, la fortaleza de su posición de capital, y la transparencia y fiabilidad de la información".

La entidad recuerda que sus buenos resultados se obtienen tras haber hecho frente a la integración de Caja3, una entidad en proceso de reestructuración, y sin traspasar a la Sociedad de Gestión de Activos Procedente de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el banco malo, crédito o activos inmobiliarios distintos a los que transfirió la entidad absorbida.

También la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, se ha congratulado de los resultados de su entidad en los exámenes del BCE. A su juicio, confirman el perfil de "bajo riesgo" del Santander, "que se caracteriza por una política conservadora en provisiones", así como en la "diversificación geográfica y un modelo de negocio de banca comercial con foco en el cliente".

Según los test de estrés, el banco que mayor colchón de capital tendría en el escenario más adverso en términos absolutos sería Banco Santander, con 19.442 millones de euros.

El Banco Central Europeo (BCE) ha determinado que la banca española está bien capitalizada y no requiere medidas adicionales para reforzar su solvencia. De las 15 entidades que se han sometido al examen, sólo Liberbank ha aflorado un déficit de capital de 32 millones en la prueba de revisión de activos, necesidad que ya ha cubierto "sobradamente", según el Banco de España. Por el contrario, las mejoras notas en los tres exámenes las han obtenido, además de Kutxabank y Bankinter, las tres entidades que fueron nacionalizadas: Bankia, Catalunya Caixa y NCG Banco (Abanca). Su rescate costó 57.000 millones de euros.

De este modo, la entidad que preside Manuel Menéndez, que ha superado los test de estrés en los escenarios base y estresado, no tendrá que acometer ningún plan de recapitalización gracias a las medidas realizadas durante este ejercicio por importe de 640 millones.  Aunque sí deberá presentar uno al BCE en un plazo de dos semanas por una cuestión formal. 

El examen del que se eregirá en supervisor único a partir de noviembre no ha destapado ningún déficit de capital en el resto de las entidades: BBVA, Sabadell, BFA-Bankia, Popular, Banco Santander, Banco Mare Nostrum (BMN), Bankinter, Ibercaja, Caixabank, Caja Rurales Unidas (Grupo Cajamar), Catalunya Banc, Kutxabank, Unicaja y NCG Banco (Abanca)BFA-BankiaCatalunya Banc.

Así pues, la banca española, en líneas generales, ha salido airosa de la revisión de calidad de activos (AQR en sus siglas en inglés), y de las pruebas de resistencia, tanto en el escenario base como en el adverso, informa Europa Press.

España ha sido el segundo país, junto a Italia, con mayor número de entidades examinadas, sólo por detrás de los 24 bancos alemanes y por delante de los 11 franceses. 

"Estos resultados hacen pensar que, si bien el sector bancario español se enfrenta a retos importantes en el corto y medio plazo, incluyendo la convergencia a un nuevo marco regulatorio y supervisor y un entorno económico complejo que puede afectar a su rentabilidad, las entidades de crédito de nuestro país afrontan el futuro en buenas condiciones, con unos balances saneados y una posición de solvencia adecuada", destaca el Banco de España.

A juicio del organismo que dirige Luis Linde, el sistema bancario español ha sido el que menos ajustes ha tenido que realizar como resultado de la evaluación de activos, cuyo impacto ha sido muy limitado, asegura, en comparación con la banca europea.

Muy por encima de la ratio exigida

Tras el test de estrés realizado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el banco español que conservaría una mayor ratio de capital en el escenario adverso es Kutxabank, con un 11,8%, porcentaje muy superior al 5,5% exigido. Tras la entidad vasca, se situarían Bankinter, con un 11%, BFA-Bankia, con un 10,3%; Caixabank, con un 9,3%, y NGC Banco (Abanca), con un 9,1%.

Por el contrario, las ratios de capital más bajos a fecha de 31 de diciembre de 2016 los registrarían Liberbank –resultado de la fusión de Grupo Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria–, con un 5,6%; Banco Popular, con un 7,6%, e Ibercaja, con un 7,8%.

En el caso del escenario base de los test de estrés, todas las ratios de capital CET1 de la banca española superarían el objetivo mínimo del 8%, siendo BFA-Bankia, con un 14,3%, la entidad que mejor nota registraría. A continuación, se colocarían NCG Banco (Abanca), con un 13,9%, y Kutxabank, con un 13,1%.

Las ratios de capital más bajos a fecha de 31 de diciembre de 2016 en el escenario más probable establecido por el BCE serían los de Liberbank, con un 9,4%; Banco Sabadell, con un 10,2%, y Cajas Rurales Unidas (Grupo Caja Mar), con un 10,2%.

En la revisión de la calidad de los activos del BCE, a fecha de 31 de diciembre de 2013, Catalunya Bank contaba con una ratio de capital del 12,2%, el más elevado seguido de Kutxabank (12%) y Bankinter (11,7%). Por el contrario, los niveles más bajos fueron los de Liberbank, con un 7,8%; BMN, con un 9%, y Cajas Rurales Unidas (Grupo Caja Mar), con un 9,9%.

25 suspendidos con un déficit de capital de 25.000 millones

Son 25 los bancos europeos que han suspendido el examen a la banca, con un déficit de capital de 25.000 millones de euros a finales de 2013. Una docena de los 25 bancos ya han cubierto 15.000 millones de déficit durante los primeros meses de 2014. 

Los 13 restantes disponen ahora de dos semanas para enviar su plan de recapitalización al BCE. Se trata de los griegos Eurobank, National Bank of Greece y Hellenic Bank; los italianos Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano y Banca Popolare di Vicenza y Banca Carige, los eslovenos Nova Ljubljanska banka y Nova Kreditna Banka Maribor; el portugués Banco Comercial Portugués; el austriaco Österreichischer Volksbanken; el irlandés Permanent Tsb y el belga Dexia.

Las entidades examinadas debían alcanzar una ratio mínima de capital de máxima calidad del 8% de sus activos en el escenario base de los test de estrés, mientras que en el escenario adverso debían mantenerse en al menos un 5,5%.

Los bancos que todavía requieren capital adicional deben enviar ahora al Banco Central Europeo (BCE) planes con las medidas que piensan adoptar para recapitalizarse en un plazo de dos semanas. A continuación, dispondrán de entre seis y nueve meses para cubrir sus déficit de capital.

La factura deberá ser pagada en primer lugar con soluciones privadas y recursos internos, vía los accionistas y los acreedores junior, como preferentistas o titulares de deuda subordinada. Sólo si esto no resulta suficiente, las entidades podrán solicitar ayudas públicas, que en primer lugar serán nacionales. Si algún Estado miembro no cuenta con recursos suficientes, podrá pedir un rescate bancario a la UE similar al español.

Supervisor único el 4 de noviembre

El objetivo de los test de estrés es identificar los problemas que todavía quedan en el sistema financiero europeo justo antes de que el BCE se convierta en el supervisor único de la eurozona, algo que sucederá el 4 de noviembre. Con ello se pretende completar la reestructuración bancaria y recuperar la credibilidad ante los mercados para reactivar el crédito a la economía real.

Las dos anteriores rondas de test de estrés, llevadas a cabo por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) fracasaron a la hora de detectar los problemas del sistema bancario europeo. La primera ronda, en 2010, no identificó la crisis de las entidades de IrlandaIrlanda, que dos meses después tuvo que pedir el rescate. En la segunda, en 2011, no se detectaron las dificultades de las cajas españolas ni de la banca chipriota.

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) se ha hecho en una subasta con Catalunya Banc por 1.130 millones, lo que implica que el Estado español, que aportó más de 12.600 millones para reflotarla, perderá unos 11.500 millones.

Banco Santander, Caixabank y BBVA presentaron al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sus ofertas vinculantes para hacerse con Catalunya Banc. Y según Europa Press, en el sector se consideraba que Santander partía como la favorita, aunque al final ha sido el BBVA de Francisco González el que ha presentado una mejor oferta.

Garantías

El plazo para presentar las ofertas concluyó el pasado viernes. Para cerrar la subasta de Catalunya Banc y no tener que aplazarla como ya ocurrió en dos ocasiones, el FROB ha tenido que ofrecer garantías al comprador por un riesgo máximo de 1.000 millones.

Estas garantías, similares a las aplicadas en otros procesos, se destinarían a cubrir posibles sentencias derivadas de la venta de productos híbridos -participaciones preferentes y deuda subordinada-, cláusulas suelo y swaps y de una eventual ruptura del acuerdo en bancaseguros con Mapfre.

El organismo liderado por Antonio Carrascosa, que está citado a declarar como testigo este miércoles en la Audiencia Nacional por el caso Bankia, consideraba que la antigua caja catalana había ganado "atractivo" tras la venta de un paquete de hipotecas al fondo buitre norteamericano Blackstone; en esta operación el FROB aportó 572 millones de euros.

El Estado ha destinado en total cerca de 12.600 millones al saneamiento de Catalunya BancCatalunya Banc para cubrir un "agujero sin parangón" en el sistema financiero español, tal y como lo definió el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Audiencia Nacional

Hace unos meses, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió admitir a trámite la querella presentada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) contra Catalunya Banc por los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida por la venta de participaciones preferentes y otros productos "tóxicos". Además de las preferentes, Adicae había denunciado la comercialización de "swaps, cláusulas suelo de las hipotecas y deuda subordinada".

Además, el titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ha imputado al expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, al exdirector general Adolf Todó y a otros 52 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010 por "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia".