Hay poderes que no necesitan ocupar el Estado, les basta con encontrar una rendija por la que colarse para colonizar sus sistemas. Esa rendija puede ser la necesidad de ordenar mejor la información, o de herramientas que permitan al propio Estado decidir qué merece prioridad y qué cuestiones pueden quedarse al final de la lista, esperando tiempos mejores. A ese tipo de poderes no les hace falta tomar el palacio, sólo necesitan hacerse con el control de la puerta, desde la que son capaces de trabajar con gran éxito para convertirse en imprescindibles.

En estos últimos días, uno de estos poderes, la megacompañía tecnológica estadounidense Palantir, ha presentado públicamente su carta de intenciones en forma de un manifiesto que no tiene desperdicio. Hay que agradecerle que no se haya dejado nada en el tintero en este primer programa político de una empresa tecnológica: la deuda moral de la élite de Silicon Valley con la defensa de la nación; la necesidad de mano dura (en forma de software) para que las sociedades democráticas prevalezcan; la mili obligatoria; la supremacía religiosa; el desprecio al pluralismo… Ahora ya no queda duda de por dónde van sus tiros y nadie podrá decirnos que no estábamos avisados.

No estamos hablando de una empresa más de Silicon Valley, sino de una compañía que lleva años creciendo allí donde el poder público se vuelve operativo: seguridad, defensa, sanidad, policía. Hace tiempo que su negocio no consiste sólo en vender software, sino en ofrecer a los gobiernos su propia fórmula para reunir datos, procesarlos y convertirlos en decisiones. Ya trabaja con la CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU y su responsable de tecnología tiene despacho propio en el Pentágono. Ha extendido sus tentáculos a casi todas las formas perversas de autoridad, como el ICE de Trump o el Ejército de Netanyahu. 

¿Y por qué traigo hoy a Palantir al Cuarto de máquinas? Porque su tecnología con inteligencia artificial ha puesto el ojo en Europa una vez que ha colonizado el corazón mismo del Estado estadounidense. La puerta de entrada ha sido el Reino Unido, donde ha firmado contratos con el Sistema Nacional de Salud británico, el Ministerio de Defensa, distintos ayuntamientos y cuerpos policiales menores. Y ahora negocia un contrato multimillonario con Scotland Yard que podría darle acceso a datos sensibles de víctimas de delitos en el Reino Unido. 

Palantir ha encontrado ya la rendija por la que colarse en Europa y aquí el problema no es la innovación, es quién entra en la cocina de las decisiones públicas más importantes, quién organiza la información con la que se toman las decisiones y cuál es su agenda. Porque ahora, manifiesto mediante, ya sabemos que la tiene. Londres está a un paso de externalizar una parte importante de sus decisiones estratégicas y de dejarlas en manos de una compañía fundada por el estratega político e inversor Peter Thiel, uno de los millonarios que financiaron la campaña de Trump.

Y Thiel, al igual que la empresa que ha fundado, tampoco esconde sus ideas conspiranoicas. A la vanguardia del conservadurismo estadounidense, se define como un cristiano ortodoxo y se sabe de él que vive preocupado por el anticristo y la llegada del Armagedón, que podría acelerarse por los límites impuestos a la tecnología, las agencias internacionales o el ecologismo. Lleva más de una década en el círculo cercano a Trump y es uno de los impulsores de la carrera de JD Vance. El epítome de la oligarquía tecnológica. Hizo su primera fortuna como cofundador de Paypal y desde ese momento ha sumado miles de millones de dólares a su cuenta invirtiendo en Facebook, SpaceX, OpenAI y otras compañías tecnológicas. En resumen, la mezcla perfecta de dinero, tecnología y buenas relaciones políticas. 

La incursión de la élite de Silicon Valley en el corazón del Estado británico no ha pasado inadvertida en las islas. Seguramente han ayudado los focos mediáticos sobre el manifiesto con las ambiciones reales de Palantir. Esta semana, más de 200.000 personas han pedido al Gobierno británico que rompa los acuerdos ya firmados. Algo más que lógico, si se tiene en cuenta que ahora sabemos el tipo de sociedad al que aspira el gigante tecnológico. Hay cesiones que no necesitan de una ley para convertirse en realidad, y parece que cada vez son más los ciudadanos que no están dispuestos a firmar ese contrato.

Cuando el magistrado jubilado Manuel García-Castellón puso punto y final a la investigación del caso Kitchen todavía quedaban algunos hilos de los que tirar. Ocurrió en el verano de 2021, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones. Tras tres años de pesquisas, el instructor decidió que hasta ahí llegaba el caso y circunscribió la trama parapolicial para hacerse con información comprometedora para el PP que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas alrededor del Ministerio del Interior. Ni se seguiría explorando la rama política ni se tratarían de resolver algunas de las grandes incógnitas que surgieron durante la instrucción. Cuestiones que han salido, aunque de pasada, durante el arranque de esta cuarta semana de juicio –tercera con testigos– en la Audiencia Nacional.

Si la última sesión de la vista oral estuvo marcada por la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el plato fuerte de la de este lunes era la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Su testimonio despertaba un gran interés por dos motivos. En primer lugar, por su posición clave en el Ejecutivo conservador: fue, durante casi ocho años, su número dos. En segundo lugar, por su papel en relación con los servicios de inteligencia. Durante todo este periodo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estuvo adscrito al Ministerio de Presidencia que ella encabezaba. Y la sombra de los espías ha planeado en todo momento sobre la Kitchen.

En enero de 2019, apenas dos meses después de que comenzaran las pesquisas, compareció ante el instructor el comisario Enrique García Castaño, durante años jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –la que realizó el grueso de seguimientos sobre la familia Bárcenas–. Y apuntó hacia otras fuerzas de seguridad. Así, dijo que Bárcenas había sido espiado "por otros servicios de información de otros cuerpos, presuntamente, Guardia Civil y CNI". Habló de "motoristas con cámaras" en el casco, así como de motocicletas con "matrículas y documentación falsa". A este ex alto mando policial, conocido como El Gordo, un problema de salud lo ha dejado fuera del banquillo de los acusados.

Una escena similar describió este lunes frente al tribunal, que lidera la magistrada Teresa Palacios, Guillermo Bárcenas, el hijo del extesorero de la formación conservadora. "Notamos, tanto mi madre como yo, que había motoristas que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco", señaló. Algo que, continuó, ha llegado a sentir también mientras circulaba él solo con su propio vehículo. "¿Conoce usted que Sergio [Ríos] hizo una maniobra evasiva y pudo sacar unas fotografías de las matrículas de esas motos que les seguían", lanzó posteriormente el abogado del exconductor del extesorero, topo clave en la Kitchen. "No, no lo conozco", respondió el hijo de Bárcenas.

Unos meses después de aquello, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel, protocolizó varios mensajes ante notario. Una serie de comunicaciones que mantuvo en el verano y otoño de 2013, año en el que se desarrolló buena parte de la Kitchen, con un número que él tenía guardado en su agenda con el nombre del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. "Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilia. Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado", escribía Martínez el 2 de agosto de aquel año. "Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado [sic]. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info”, le responden.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo y su entorno se referían a los agentes de los servicios secretos como "cecilios". Martínez, de hecho, hizo referencia a La Casa durante su declaración como investigado ante el juez: "El ministro me dice que me va a dar un contacto en el Centro Nacional de Inteligencia para que yo establezca una coordinación y que le diga a ese contacto que cualquier información que pudiesen tener la facilitase a la Policía porque entiendo que en ese momento la prioridad del Gobierno es conseguir toda la información sobre las cuentas y las actividades ilícitas del señor Bárcenas". Unas gestiones que, según él mismo ha declarado, las hizo directamente con el director del servicio secreto, Félix Sanz Roldán.

El ex secretario de Estado de Seguridad también apuntó, aunque de manera más sutil, hacia los servicios secretos en su escrito de defensa. En concreto, cuando solicitó que se elevase al Consejo de Ministros "exposición razonada" para, por un lado, la "desclasificación y remisión de las grabaciones realizadas en el exterior del chalé de la familia Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret, remitidos al Ministerio del Interior el 2 de agosto de 2013". Y, por otro, para el envío de "todos los autos dictados por el magistrado especial del artículo 342 bis LOPJ" –es decir, del magistrado del Tribunal Supremo que tutela las operaciones del CNI– relativos "a tales vigilancias o a cualquier vigilancia realizada sobre el Sr. Bárcenas o sobre su esposa Rosalía Iglesias o sobre los inmuebles de su propiedad".

Ni la defensa de Martínez ni la de Villarejo, quien lleva años presentándose como una víctima del servicio secreto, preguntaron este lunes a Sáenz de Santamaría sobre la posible participación de sus espías en la operación. Sí lo hizo, sin embargo, el letrado de Podemos: "¿Recuerda si el CNI tuvo algún tipo de participación en investigaciones al entorno de la familia Bárcenas de 2013 a 2015?". Una pregunta que hizo saltar al fiscal Anticorrupción, César de Rivas: "Señoría, es materia secreta". Pero, tras dejar claro que la cuestión se circunscribía en exclusiva a la Kitchen, la presidenta del tribunal dejó responder. Y Sáenz de Santamaría dijo desconocerlo. La próxima semana, será el exjefe de los espías, Sanz Roldán, quien comparezca en el juicio.

La declaración de la exvicepresidenta del Gobierno apenas duró un cuarto de hora. Y apenas aportó información. Bajo juramento, la exdirigente conservadora dijo, básicamente,  que se enteró de la Kitchen por la prensa, que ella nunca tuvo "ningún tipo de estrategia" relacionada con el caso Gürtel, que tampoco conocía la que podía tener Cospedal –con quien tenía una guerra abierta– y que lo que dijera Rajoy la pasada semana en sede judicial "bien dicho está". Es más, la exvicepresidenta ha venido a dibujar un escenario en el que parecía que nadie de Moncloa se interesaba por las informaciones que iban saliendo sobre el dinero oculto de su extesorero o sobre la trama de corrupción que terminó por sacar al PP del Gobierno.

E igual que se ha pasado de puntillas por los servicios secretos, lo mismo ha ocurrido con otro rocambolesco acontecimiento: la entrada a punta de revólver de tipo Bulldog de un hombre vestido de negro y con alzacuellos en casa de la familia del extesorero buscando documentación "que pudiera hundir al Gobierno". Los Bárcenas están convencidos de que alguien lo envió. Es más, defienden que no fue "casualidad" que fuera vestido de cura: "Rosalía [Iglesias] –mujer de Bárcenas– es una persona muy religiosa". A raíz del "secuestro" por parte del "sicario", ha explicado el hijo del exsenador, decidieron poner cámaras apuntando a la puerta del domicilio.

Durante la instrucción del caso Kitchen se puso el foco sobre el secuestro ejecutado por Enrique Olivares. Entre otras cosas, se descubrió que varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía habían estado visitándole en prisión. O que había recibido numerosos ingresos en su cuenta de peculio de la prisión pese a pertenecer a una "familia sin recursos". "Aparecen datos que permiten profundizar en la posible participación de Enrique Olivares en el asalto al domicilio de la familia Bárcenas bajo el directo control de los mandos policiales que desarrollaron la Operación Kitchen; o, incluso, bajo el control de otros servicios de seguridad del Estado", llegó a lanzar la Fiscalía Anticorrupción en uno de sus escritos.

Los investigadores no pudieron determinar el "origen concreto" del revólver utilizado en el asalto. Y no se le pudo tomar declaración en la causa al "no reunir las condiciones psíquicas y físicas" para ello. Con el auto de procesamiento, García-Castellón cerró la puerta a seguir tirando de ese hilo. "No se ha recabado ningún indicio que permita sostener con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto [...] estuviera directamente relacionada con la operación Kitchen", apuntó el instructor. Y completó: "Más importante aún es que ninguno de los investigados que ha declarado ha referido participación alguna en estos hechos, antes bien, todos ellos negaron tajantemente su participación en los mismos".

"En cuanto a que este hecho se hubiera cometido 'bajo el control de otros servicios de seguridad', la amplitud y generalidad de los términos en que se formula semejante afirmación impiden un pronunciamiento específico, dado que parece referirse a acontecimientos que ni son objeto de esta pieza ni parecen guardar vinculación alguna con la misma", zanjó el instructor. A comienzos de 2022, el falso cura falleció.

Rusia pretende transmitir la imagen de que Francia es antisemita e islamófoba. Para asegurarse de que la sociedad francesa se divida, el Kremlin ha decidido alimentar el odio entre las comunidades judía y musulmana, atacándolas sucesivamente a ambas.

Uno de los servicios de inteligencia franceses ha obtenido recientemente documentos internos del Kremlin en los que, según un resumen al que ha tenido acceso Mediapart, “la Administración presidencial [rusa] se esfuerza en aumentar las tensiones entre esas dos comunidades en el territorio nacional, instrumentalizando debates divisivos para sembrar la discordia en la sociedad francesa y debilitar la cohesión nacional”.

Según nuestra información, este mismo servicio de inteligencia francés ha descubierto, por ejemplo, que el deterioro de los lugares culturales y conmemorativos judíos en mayo de 2025 fue “aprobado directamente por la Administración presidencial rusa”.

En un informe confidencial entregado al Parlamento, los servicios de inteligencia franceses ya señalaban en primavera que “la guerra psicológica e informativa” librada por Rusia tenía como objetivo “dividir a la opinión pública exacerbando las tensiones entre la población”, en particular, según ellos, en relación con el “conflicto entre Israel y Hamás”.

En unas notas presentadas en un procedimiento judicial en 2024, reveladas por Mediapart, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) también señalaba que Francia era “un objetivo privilegiado del Kremlin” y que, para desestabilizar a los Estados “percibidos como adversarios”, los servicios secretos rusos identifican “vulnerabilidades existentes, como divisiones políticas o intercomunitarias”, que explotan “para desorientar las mentes”. Y el contraespionaje francés subraya que existen “constantes identificables” en los temas elegidos para sus operaciones de injerencia, “en su mayoría” cuestiones relacionadas con la inmigración, el islam, el antisemitismo, la hegemonía americana, las instituciones (Unión Europea, OTAN), etc.

Después del 7 de octubre, la voluntad rusa de apostar por la guerra genocida librada por Israel en Gaza se había manifestado mediante operaciones de desestabilización dirigidas únicamente a la comunidad judía.

Tres semanas después del ataque perpetrado por Hamás en Israel, se pintaron más de 250 estrellas de David en las fachadas de varios edificios de la región parisina. En mayo de 2024, dos semanas después de que los estudiantes de Ciencias Políticas mostraran manos rojas durante las manifestaciones a favor de Palestina (un símbolo que había suscitado polémica, ya que hacía referencia al asesinato de dos soldados israelíes en octubre de 2000, al comienzo de la segunda Intifada), se pintaron treinta y cinco manos rojas en el Memorial del Holocausto, en París, sobre las placas con los nombres de las personas que salvaron a judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Ahora se trata de atacar a dos comunidades religiosas para multiplicar las posibilidades de conflicto en Francia. Esta nueva estrategia de desestabilización tuvo su primera aplicación concreta entre los meses de mayo y septiembre de 2025.

Primero fueron “las pintadas verdes”. En la noche del 30 al 31 de mayo de 2025, varias sinagogas, un restaurante y (una vez más) el Memorial del Holocausto fueron vandalizados. Unos individuos vestidos con monos mancharon sus fachadas con pintura verde. En Antibes (Alpes Marítimos) fueron detenidos tres ciudadanos serbios cuando intentaban irse del país. Según la fiscalía de París, fueron identificados gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia y a las investigaciones sobre sus comunicaciones telefónicas.

Tres meses más tarde tuvo lugar la segunda fase de la operación. En la noche del 8 al 9 de septiembre de 2025, se depositaron cabezas de cerdo —en algunas de las cuales se había escrito “MACRON” con pintura azul— frente a nueve lugares de culto musulmán de la región parisina. Al día siguiente, la fiscalía de París denunció “una voluntad manifiesta de provocar disturbios en la nación”.

Las primeras investigaciones revelan que dos individuos compraron diez cabezas de cerdo a un ganadero de Normandía unas horas antes de pasar a la acción. Una vez cumplida su siniestra tarea, cruzaron la frontera franco-belga a bordo de un vehículo con matrícula de Serbia. Le Monde reveló después que las dos operaciones fueron dirigidas a distancia por una misma persona.

Según la información de Mediapart, este hombre es un serbio llamado Aleksandar Savic, conocido por los servicios de inteligencia por ser un agente a sueldo de Rusia. Savic encargó por adelantado en un correo electrónico escrito el 27 de agosto las cabezas de cerdo que iban a utilizar sus cómplices dos semanas más tarde.

La DGSI ya tenía a Aleksandar Savic en el punto de mira por haber transmitido, a través de mensajería encriptada (Telegram, Viber y Zangi), a los otros tres ciudadanos serbios detenidos en Antibes las direcciones de los lugares conmemorativos y culturales judíos de París que iban a ser ensuciados con pintura verde. Durante una operación de vigilancia, un servicio de inteligencia europeo también había visto a Aleksandar Savic en contacto con dos de los tres serbios unas semanas antes de que se cometieran esos hechos.

Según nuestra información, la implicación de Savic en esas dos operaciones de desestabilización dirigidas sucesivamente contra las comunidades judía y musulmana indica, son para la DGSI una prueba de que están dirigidas por Rusia. Sobre todo porque el papel desempeñado por el jefe de la célula, que no pisó Francia pero se encargó de la logística de la operación, es similar al del búlgaro Nikolay Ivanov, que acaba de ser condenado a cuatro años de cárcel por financiar los desplazamientos y el alojamiento en París de otros tres búlgaros que pintaron manos rojas en el Memorial del Holocausto.

Tres semanas después de las cabezas de cerdo en las mezquitas, el ministro del Interior serbio publicó un comunicado de prensa para anunciar la detención de once serbios sospechosos de haber participado en varias operaciones en Francia y Alemania con el objetivo de difundir “ideas que promueven e incitan al odio, la discriminación y la violencia basadas en las diferencias”, entre ellas la pintura verde y las cabezas de cerdo. La fiscalía de París, que hemos contactado, asegura que esas personas no han sido detenidas a petición de Francia.

Su líder, Aleksandar Savic, no está entre los detenidos y se encuentra “actualmente en fuga”. Según el ministerio del Interior serbio, que no precisa la nacionalidad del servicio en cuestión, Savic habría actuado “bajo las instrucciones de un servicio de inteligencia extranjero”.

Se desconoce el paradero actual de Savic. Lo que sí se sabe es que su homólogo de las manos rojas, Nikolay Ivanov, huyó de su país, Bulgaria, tras la degradación del Memorial del Holocausto para irse, como reveló Mediapart, a Moscú para luego refugiarse en Croacia, donde finalmente fue detenido.

En una nota de julio de 2024 incluida en un procedimiento judicial, la DGSI describe un esquema muy jerarquizado de operaciones de desestabilización llevadas a cabo por Rusia y su organización. “En primer lugar, hay un oficial de inteligencia ruso con base en Rusia. Este autor intelectual recurre, en segundo lugar, a un intermediario que suele estar basado en antiguos países satélites de la Unión Soviética o procedentes de la desintegración del bloque del Este”. A continuación, el intermediario se pone en contacto con “individuos rusoparlantes, a menudo en situación precaria”. Luego, el intermediario coordina, “a distancia y de forma desmaterializada”, la organización de esas campañas.

Para cada misión, se crea un canal de Telegram. Los agentes provocadores reciben allí instrucciones muy precisas sobre los objetivos a vandalizar. “Nos dicen en qué tienda comprar lo que necesitamos o incluso dónde aparcar”, cuenta uno de los hombres que colocó ataúdes bajo la Torre Eiffel. Una vez cumplida la misión, se borran los mensajes y la cuenta de Telegram.

“Esta organización compartimentada garantiza un cierto grado de seguridad en las operaciones y hace que sea especialmente complejo establecer el vínculo entre Rusia y los ejecutores”, lamenta la DGSI en una de sus notas.

Las “medidas activas” son herederas de una larga tradición soviética. Se trata de acciones llevadas a cabo, en un principio por el KGB, para desestabilizar los regímenes y las poblaciones de los países adversarios, de acuerdo con los intereses de la URSS de entonces, y de Rusia ahora.

Las primeras medidas activas conocidas se produjeron en la década de 1950 con una campaña de carteles antisemitas y esvásticas en la RFA y otros países de Europa. Un episodio apodado “la epidemia de las esvásticas”, cuyos verdaderos autores no fueron descubiertos hasta la década de 2000, gracias al análisis de las notas manuscritas redactadas por el desertor soviético Vasili Mitrojin, archivero hasta 1992 en la primera dirección general del KGB.

El análisis de estos archivos también reveló que el KGB difundió textos racistas, supuestamente elaborados por la Liga de Defensa Judía, en los que se pedía el linchamiento de ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos. Esas medidas activas también tomaron la forma de cartas enviadas en nombre del Ku Klux Klan a países de África y Asia antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984.

Traducción de Miguel López

La Casa Blanca despidió a tres funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés), oficina de asuntos militares y de exteriores de la Casa Blanca que se encuentra en el origen del caso llamado Signalgate, en el que miembros del Gabinete compartieron información sobre una ofensiva en Yemen en una app de mensajería, según informaron medios locales y recoge EFE.

Según detalló la cadena CNN, citando fuentes anónimas cercanas al asunto, los tres trabajadores despedidos son Brian Walsh, un director de inteligencia, Thomas Boodry, un director senior de asuntos legislativos, y David Feith, un director senior que supervisa tecnología y seguridad nacional.

El NSC es un órgano dependiente de la oficina presidencial estadounidense que cumple un rol de asesoramiento y se encarga de la coordinación estratégica de asuntos de política exterior y seguridad nacional, con el consejero de Seguridad Nacional al frente, un cargo para el que Donald Trump designó tras su victoria electoral al exmilitar y excongresista por Florida Mike Waltz.

En declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump reconoció que se ha despedido a "algunos" miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. "Siempre estamos prescindiendo de personas, personas que no nos gustan o que creemos que no pueden hacer el trabajo, o personas que puedan tener lealtades hacia alguien más", afirmó Trump, quien, sin embargo, no concretó cuántas personas fueron despedidas.

Los ceses llegan después del vergonzante caso Signalgate, cuya exposición pública es responsabilidad de Waltz, ya que fue él quien invitó, aparentemente por error, al editor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a una sala de chat que había creado su asesor adjunto, Alex Wong. En esa sala de chat, creada en la aplicación Signal, Goldberg pasó desapercibido durante cuatro días en los que miembros del Gabinete Trump compartieron información sensible sobre un ataque en Yemen.

Tal y como publicó Goldberg, en el chat el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acabó revelando información sensible, incluyendo objetivos, activos militares desplegados y, con dos horas de antelación, el cronograma del ataque sobre rebeldes hutíes en Yemen. Tras conocerse el episodio, el más embarazoso para el segundo Gobierno de Trump hasta la fecha, el propio Waltz asumió la responsabilidad por haber invitado a Goldberg, aunque el presidente aseguró que lo mantendría en su puesto.

De acuerdo con CNN y otros medios que hablan de los despidos, la decisión de llevar a cabo los tres ceses en el NSC se habría producido después de que Trump se reuniera con la activista de extrema derecha Laura Loomer.

Loomer, conocida por dar alas a la teoría de la conspiración sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 y por tener cierta influencia sobre el presidente estadounidense, habría instado al neoyorquino a deshacerse de varios miembros del NSC a raíz del Signalgate. Según apunta a su vez la CNN, el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional, Alex Wong, que fue el que creó el chat, podría también ser despedido, ya que la activista lo habría señalado directamente.

Aunque ni la Casa Blanca ni los medios han confirmado que exista una relación directa entre los despidos y la filtración, Axios, uno de los portales que ha confirmado la noticia, ha señalado que los ya exempleados del NSC habían sido etiquetados como anti-neocon (abreviatura en inglés de neoconservadores).

El miércoles 31 de julio, cuando la República Islámica de Irán hizo público el asesinato en Teherán del dirigente de Hamás Ismail Haniyeh, en un atentado atribuido a Israel, un diputado iraní declaró que el atentado era el resultado de la infiltración en el país de agentes a sueldo de Israel: “El régimen sionista puede, pagando dólares estadounidenses a ignorantes o vendidos, reclutarlos para obtener información o llevar a cabo operaciones terroristas”.

Puede que el diputado iraní tenga razón. Pero olvidó mencionar que en los últimos meses su país ha operado igual en Europa, pagando a sicarios por asesinatos. Con una diferencia: los objetivos forman parte de la sociedad civil. Los servicios iraníes han reanudado una práctica de asesinatos selectivos que “no se observaba en Europa desde hacía unos 20 años”, como señala un reciente informe de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), el principal servicio de inteligencia galo. Uno de ellos, el ataque en plena calle contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras.

Documentos confidenciales obtenidos por el medio Mediapart y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, en el marco de una investigación internacional que se basa también en entrevistas en diferentes servicios de inteligencia europeos e israelíes, revelan cómo los servicios de inteligencia iraníes han adaptado su modus operandi, recurriendo a delincuentes comunes para asesinar a israelíes, judíos y opositores al régimen de los ayatolás refugiados en Europa.

“Hay un aumento muy notable del uso de elementos criminales dentro del componente terrorista”, comenta Yoram Schweitzer, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Israel y responsable de un programa sobre terrorismo y guerra de baja intensidad. Al frente de esa ofensiva está Al-Quds, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica encargada de sus operaciones exteriores, y el Ministerio de Inteligencia iraní, antes conocido como Vevak. Ambos organismos utilizan mano de obra reclutada en las redes del narcotráfico.

A principios de año, Estados Unidos y Gran Bretaña impusieron sanciones a un narcotraficante iraní llamado Naji Sharifi-Zindeshti. Según las autoridades estadounidenses, Zindeshti y su clan gozan de la protección del Gobierno de Teherán –aunque allí el tráfico de drogas está castigado con la pena de muerte–. A cambio, el Ministerio de Inteligencia iraní le ha pedido que lleve a cabo asesinatos y secuestros de disidentes en “numerosos países de Oriente Próximo, Europa y Norteamérica”. Según el Tesoro de Estados Unidos, Zindeshti incluso tiene derecho a contar con un oficial de las filas del Vevak especializado.

Un antiguo oficial del Mossad, que accedió a ser entrevistado bajo condición de anonimato, afirma que hay “al menos cuatro o cinco grandes narcotraficantes europeos” afincados en Irán que dirigen desde allí sus actividades delictivas en el Viejo Continente. En el caso revelado ahora por EIC, Ümit Bülbül, un narcotraficante de la región de Lyon, dirigía la célula responsable de los asesinatos contra la comunidad judía desde Irán, donde se había refugiado bajo la protección de Al-Quds.

La utilización de un proxy –o intermediario– dificulta la detección de las operaciones clandestinas. Esta vieja práctica está muy en boga en los servicios secretos de los Estados totalitarios. A principios de enero, la DGSI publicó una “nota azul” –destinada al Elíseo y a otros ministerios gubernamentales– para señalar que los servicios de inteligencia rusos habían utilizado recientemente “métodos operativos alternativos movilizando redes de proxy”.

En otoño de 2023, unos moldavos colocaron cientos de estrellas de David azules en muros de la zona de París, activadas a distancia por un contratatado vinculado a los servicios rusos. En mayo, se pintaron manos rojas en el Muro de los Justos, en el Memorial de la Shoah de París. Esta vez los artistas eran búlgaros. En junio, pocos días después de que el Kremlin criticara duramente el envío de instructores militares franceses a Ucrania, tres moldavos fueron detenidos como sospechosos de realizar grafitis en los ataúdes de soldados franceses.

Dos servicios de inteligencia europeos han confirmado a EIC la utilización de mano de obra criminal por parte de los iraníes. No se trata de una estrategia nueva, sino que se ha intensificado en los últimos años. Los sucesos de Villepinte tienen la culpa.

En junio de 2018, el Vevak planeó un atentado en la ciudad de Seine-Saint-Denis, donde estaba prevista la reunión anual de los Muyahidines del Pueblo, enemigos históricos del régimen de los ayatolás. La operación fue dirigida por Assadollah Assadi, un agente del Vevak que trabajaba bajo cobertura diplomática en Austria. Al parecer, la bomba que se iba a utilizar se fabricó en Irán y se transportó en una valija diplomática. Pero nada salió según lo previsto y Assadi fue detenido con tres cómplices en Bélgica, donde la célula terrorista había establecido su base logística.

Condenado a 20 años de cárcel, el supuesto diplomático fue finalmente puesto en libertad y expulsado a Irán en el marco de un intercambio de prisioneros. Sus tres cómplices siguen cumpliendo condena en Bélgica. Unos meses más tarde, los servicios secretos daneses frustraron otro atentado preparado por un agente iraní con base en Noruega. Como consecuencia de estos fracasos, una rama del Vevak se incluyó a principios de 2019 en la lista europea de organizaciones terroristas.

Irán comenzó a utilizar entonces cada vez más a personas ajenas a sus servicios de inteligencia para llevar a cabo asesinatos. En marzo de 2023, las autoridades griegas anunciaron que habían frustrado un atentado con armas de fuego y una explosión de gas contra un centro de la comunidad judía de Atenas. Dos ciudadanos paquistaníes fueron detenidos, mientras que el cerebro del plan, otro paquistaní, se encontraba en Irán.

Según el Tesoro estadounidense, Zindeshti, enviado para saldar cuentas con narcotraficantes rivales –e incluso con el abogado de uno de ellos–, también ha sido utilizado para eliminar a opositores iraníes que se refugiaban en Turquía. A finales de 2021, un ciudadano ruso de origen azerí fue acusado por la justicia chipriota de terrorismo y conspiración para cometer asesinato. Supuestamente le pagaron 40.000 euros con un contrato para asesinar a empresarios israelíes.

“Se han desenmascarado varias infraestructuras terroristas, gestionadas por importantes organizaciones criminales que operan en toda Europa, cuyos dirigentes están directamente dirigidos por Irán para llevar a cabo atentados terroristas, en particular contra objetivos y bienes identificados con Israel”, aseguró el Mosad en un comunicado publicado el pasado 30 de mayo, en el que revelaba la existencia de una célula terrorista que operaba bajo el mando de Rawa Majid, apodado el Zorro kurdo y líder de la banda sueca Foxtrot. Buscado por varios cuerpos policiales, Majid, según el Mossad, había huido a Irán, donde fue detenido y luego reclutado por sus servicios secretos para planear atentados contra objetivos judíos o israelíes en Europa. En enero se descubrió una granada que no explotó en el solar de la embajada israelí en Estocolmo. Al parecer fue puesta allí por miembros de Foxtrot.

Además, la policía cree que la banda rival sueca Rumba está detrás de los disparos efectuados contra la misma embajada esta primavera. El servicio de seguridad sueco confirmó la información del Mossad en una rueda de prensa.

En diciembre de 2023, el Tribunal Regional de Düsseldorf condenó a un germano-iraní a dos años y nueve meses de prisión por lanzar un cóctel molotov contra una escuela de la ciudad alemana de Bochum en noviembre de 2022. El objetivo real, sin embargo, era la sinagoga cercana. En la sentencia, los jueces subrayaron que el autor había actuado “en interés de las autoridades estatales de la República Islámica de Irán”. El germano-iraní había sido reclutado por Ramin Yektaparast, antiguo líder de los Ángeles del Infierno de Mönchengladbach. Buscado por un asesinato especialmente brutal en el mundo de los moteros, Yektaparast huyó a Irán donde, según el incendiario que había contratado, llevaba una vida de lujo sin un trabajo fijo. Juzgado en ausencia por el Tribunal Federal alemán por otra serie de atentados antisemitas que él mismo había ordenado, Ramin Yektaparast decía que actuaba en nombre de Al-Quds. Murió en un tiroteo en Teherán a principios de 2024.

En Estados Unidos, la red del narcotraficante Zindeshti reclutó en 2021 a Damion Ryan y Adam Pearson, dos hells angels canadienses, para asesinar a opositores iraníes refugiados en Estados Unidos.

Dos años después, EEUU anunció que un georgiano y el presunto jefe de una banda azerí habían organizado el intento de asesinato de una periodista de la oposición iraní en su domicilio de Nueva York en julio de 2022. Los dos hombres habían reclutado a un asesino por 30.000 euros. Fue detenido cerca del domicilio de la periodista, portando un fusil de asalto AK-47. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó que el plan se había urdido en Irán.

La utilización de delincuentes comunes tiene la ventaja para Irán de que consigue mantener las apariencias en caso de fracaso. Además, le permite invocar lo que se conoce como “negación plausible”. Sobre todo cuando, como en el caso de la célula de Ümit Bülbül, recurrren a varios matones en diferentes niveles de la célula terrorista.

También es un modus operandi más difícil de detectar aguas arriba. Tanto más cuanto que Irán, que solía seleccionar objetivos conocidos que tocaran la fibra sensible de la opinión pública, considera un éxito cada atentado desde el 7 de octubre, el día del ataque de Hamás en Israel. “Irán quiere que los judíos e israelíes no se sientan seguros en ningún lugar del mundo”, explica a EIC un servicio de inteligencia europeo. 

El lunes 15 de abril de este año, Abdelkrim S., alias Krimo, subió en Marsella a un TGV, el tren alta velocidad francés, que le iba a llevar a Alemania. Su destino final era Múnich. El narcotraficante francés, encarcelado durante 10 años por su implicación en un doble asesinato en Marsella, no tiene ni idea de que todos sus movimientos están siendo grabados por agentes de los servicios de inteligencia alemanes. De que le observan cogiendo un taxi desde su hotel de Múnich el martes por la mañana hasta un barrio al este del río Isar. Allí, Abdelkrim resulta estar especialmente interesado en una calle donde viven algunos destacados residentes judíos que mantienen estrechos vínculos con Israel.

Krimo graba con detalle sus casas, y el acceso a ellas, con su smartphone. “Abdelkrim tenía constantemente su teléfono en la mano”, se lee en uno de los documentos de los servicios de inteligencia europeos e israelíes obtenidos por Mediapart y compartidos con la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre. Las fotos del informe muestran a Abdelkrim –barba negra, pelo rapado y una pequeña coleta negra– caminando por la calle con un teléfono móvil en la mano.

Dos semanas después, Abdelkrim S. y su esposa Sabrina son detenidos en Francia. Se les acusa de pertenecer a una organización terrorista.

Es más, los fiscales franceses creen que Abdelkrim, ayudado por su mujer, actuaba a las órdenes de Irán. Sospechan que ambos formaban parte de una célula terrorista de delincuentes comunes que preparaban asesinatos contra ciudadanos israelíes o miembros de la comunidad judía en Alemania y Francia. En un informe enviado a la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) francesa a principios de mayo, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), el principal servicio de inteligencia galo, explicaba que “la utilización de proxies [personas reclutadas por un servicio de inteligencia para llevar a cabo misiones que no desea ejecutar directamente] procedentes de la delincuencia organizada con fines operativos en suelo europeo es característica del terrorismo de Estado iraní”, con el objetivo de “golpear objetivos civiles y aumentar el sentimiento de inseguridad en el seno de la oposición y de la comunidad judía y/o israelí”.

Abdelkrim no llegó a atentar en Múnich, ni en Berlín, adonde también viajó, ni en París, donde los empleados de una empresa de seguridad israelí –que figuraba entre sus objetivos, según los documentos confidenciales a los que ha tenido acceso EIC– fueron alertados a tiempo.

Pero algunos de sus planes sí fueron ejecutados con éxito. Abdelkrim es sospechoso de estar detrás de cuatro ataques incendiarios contra empresas de propiedad israelí en el sur de Francia. El 28 de diciembre del año pasado, el incendio de una empresa de depuración de agua en Châteaurenard, tres días más tarde el de una empresa de lavado de camiones en Perpiñán, el 2 de enero un tercero en una empresa de regadíos en Toulouse y un día después otro más en una firma de software de Oytier-Saint-Oblas. No hubo víctimas en ninguno de los cuatro siniestros, pero los daños fueron cuantiosos.

Abdelkrim recibió órdenes de otro delincuente francés, Sedat K., actualmente en prisión preventiva. Ambos se conocieron en la cárcel de Bourg-en-Bresse, cerca de Lyon, donde habían coincidido en 2021. Krimo declaró a la fiscalía francesa que recibió 1.000 euros por las misiones de reconocimiento en Alemania. Según dijo, un amigo de Lyon que estaba con él en la cárcel le contó que había invertido en una empresa alemana y que le habían estafado: “Me pidió que fuera a hacer fotos y vídeos del lugar. No tenía que acercarme a la gente, nada. Sólo hacer fotos”. Las autoridades francesas sostienen que la célula terrorista iraní estaba dirigida por un narcotraficante de Lyon, Ümit Bülbül, que viaja con un pasaporte turco expedido bajo una identidad falsa. De origen kurdo, utilizaba tres números de teléfono iraníes y un número 06 holandés –un móvil–, según consta en los documentos analizados por EIC.

La revista alemana Focus publicó a finales de abril que las autoridades holandesas ya habían sido advertidas por el servicio secreto israelí Mossad sobre la amenaza de una célula iraní. Y fue ese artículo lo que llevó a las autoridades francesas a detener inmediatamente a Abdelkrim S., que era mencionado por Focus. Temían que huyera. Preguntado al respecto por NRC Handelsblad, también socio de EIC; el servicio de inteligencia holandés AIVD se limita a responer que no hace declaraciones sobre “el intercambio de inteligencia con otros servicios”. Tampoco ha querido comentar nada sobre el número 06 holandés supuestamente utilizado por Ümit Bülbül.

Sin embargo, la relación entre las redes criminales de los Países Bajos y el terrorismo iraní en Francia no es precisamente una novedad. Así lo demostró el atentado contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras en Madrid el pasado 9 de noviembre. Un motorista le disparó a quemarropa en la cara mientras caminaba por la calle de Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca. El político sobrevivió al ataque y, ya en la ambulancia, señaló a Irán como responsable. Precisamente con dinero de la oposición al régimen de los ayatolás, Vidal-Quadras cofundó Vox en 2013. Profesor de Física nuclear, ha impartido conferencias sobre la amenaza nuclear iraní y es miembro del lobby Amigos Europeos de Israel. Lleva décadas encabezando grupos de apoyo a los opositores iraníes.

“El 26 de octubre de 2022 el régimen iraní publicó una lista negra. Yo era el número uno, junto con varios diputados del Parlamento Europeo”, aseguró Vidal-Quadras en la primera rueda de prensa que dio tras el ataque, tres meses después. Su abogada, Carmen Ladrón de Guevara, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, asegura a infoLibre que la investigación policial sobre el atentado “avanza”. “Aún quedan detenciones por hacer y hay varias comisiones rogatorias [enviadas a otros países] pendientes”, explica. En manos del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el sumario se encuentra aún bajo secreto judicial.

En efecto, la investigación ha dado resultados con gran rapidez. Hasta el momento siete son los detenidos por el ataque a Vidal-Quadras, el último hace sólo tres días. Los primeros, apenas dos semanas después del disparo en la calle.

Y todos ellos han ido apuntalando la conexión del atentado con Teherán. La penúltima detención fue el pasado junio en Haarlem, cerca de Amsterdam. El refugiado y activista iraní Siamak Tahmasbi vivía allí entonces. Ante sus decenas de miles de seguidores en las redes sociales, Tahmasbi critica ferozmente al régimen iraní. Uno de sus últimos vídeos de Instagram muestra el cuerpo mutilado de un hombre, al parecer miembro de una minoría étnica, que, según los activistas, fue torturado hasta la muerte por la policía iraní. “Son unos bárbaros”, dice Tahmasbi del actual régimen en Teherán. Ahora se encuentra bajo protección policial, viajando de refugio en refugio.

Pero, por teléfono, se muestra dispuesto a explicar cómo apenas ha pegado ojo en las últimas semanas, temiendo un atentado contra su vida. “Sabía que iban a enviar a alguien. Ya habían detenido a mi primo en Irán. A través de él supe después que tenía que dejar mi activismo o me matarían. También me llegaron muchas amenazas a través de las redes sociales”, detalla Tahmasbi. No obstante, cree que la cobertura mediática de su caso, y de las amenazas de Irán en general, podrían aumentar su seguridad.

El jueves 2 de mayo alguien entró por primera vez en su piso de Haarlem. “A través de una cámara, vi en mi teléfono cómo un hombre saltaba al balcón y abría la puerta de mi piso. Yo no estaba en casa y llamé inmediatamente a la policía. Cuando llegó un helicóptero de la policía, el ladrón se marchó”, cuenta Tahmasbi.

“Después de eso, me quedé mirando las grabaciones del circuito cerrado de televisión todas las noches para ver si había alguien en la puerta. Cuando por fin aparecieron dos hombres el 6 de junio, pulsé inmediatamente el botón de alarma”, recuerda. En cuestión de minutos, la policía que se encontraba cerca de su residencia detuvo a dos hombres armados. Uno era un colombiano de 27 años. Según Tahmasbi, se trataba del mismo hombre que irrumpió en su casa el 2 de mayo. Un portavoz de la fiscalía no ha querido confirmarlo en interés de la investigación.

El otro detenido era Mehrez Ayari, un tunecino de 38 años a quien los agentes consideran el autor del disparo que a punto estuvo de costarle la vida a Alejo Vidal-Quadras. La policía francesa llevaba tiempo buscándolo por el asesinato, por encargo de la Mocro Maffia –la organización criminal integrada por marroquíes de segunda generación en los Países Bajos y Bélgica– de un narcotraficante de cannabis en agosto de 2022 en el departamento de Valle del Oise, cerca de París.

El hermano de Mehrez ha sido el último detenido hasta el momento, el pasado día 2. La policía francesa lo arrestó en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega emitida por España. Se considera que participó directamente en la “planificación y logística del atentado”.

Por el intento de asalto en Haarlem también fue detenida también Chahinez K, una mujer de 27 años de Bolduque, la capital de la provincia holandesa de Brabante. En realidad, Chahinez K. ya había sido arrestada en abril por su implicación en el atentado contra Vidal-Quadras en virtud de otra orden internacional emitida por las autoridades españolas.

NRC Handelsblad sólo ha encontrado una página de Facebook anónima de Chahinez K., con una bandera palestina y el texto Estoy con Palestina en la foto de perfil. Según las explicaciones que las autoridades españolas han dado a las holandesas para pedir su extradición, Chahinez K. tomó un vuelo al sur de España para reunirse con su exnovio Sami Bekal Bounouare, alias Pacho, unas semanas antes del ataque a Vidal-Quadras. También lo acompañó luego a Madrid, informa Efe.

Este español de origen marroquí, que vivió mucho tiempo en Rotterdam, es considerado el cerebro del atentado contra el político español. Según publicó El País, abandonó España el día antes del intento de asesinato de Vidal-Quadras, pero había cruzado mensajes con Naraya Gómez Mala, otro de los implicados, converso al islam chií y detenido en Lanjarón (Granada) en noviembre junto con su novia, Sasha B., una ciudadana británica. Tanto Mehrez Ayari como Sami Bekal Bounouare y Chahinez K. se reunieron en Lanjarón para preparar allí el atentado. La policía española sigue buscando a Sami Bekal, que pudo huir a Marruecos.

Ante el tribunal de Ámsterdam, Chahinez K., a la que se acusa de “financiar” el atentado, declaró a finales de junio que había sido utilizada por su expareja. “No pertenezco al grupo de personas que realizan actos tan inhumanos y horribles. Y esa parte económica [prestó 250 euros a su ex y 250 más salieron de su cuenta bancaria a la de otro de los cómplices], si hubiera sabido cuál era su finalidad, nunca lo habría hecho”, declaró ante el juez. Cuando concluya la investigación en los Países Bajos sobre el intento de asalto a Siamak Tahmasbi en Haarlem, Chahinez K. será entregada a España. El tribunal de Ámsterdam también ha aprobado la extradición del resto de los sospechosos del caso detenidos en los Países Bajos.

Pero los objetivos de la célula terrorista eran mucho más amplios. Como se desprende de los documentos a los que ha tenido acceso EIC, la DGSI francesa informó a la Fiscalía Nacional Antiterrorista en abril sobre una “amenaza de origen iraní que afecta a intereses israelíes”. En realidad, la contrainteligencia gala llevaba varios meses en el caso, tras ser alertada por el Mossad. A preguntas de EIC, el servicio de inteligencia israelí no ha querido confirmalo ni desmentirlo. Se limitó a responder que “existe un diálogo y una cooperación permanentes entre los servicios de inteligencia para eliminar amenazas”.

El pasado noviembre, Roy [nombre supuesto, el real no se revela para proteger su seguridad], antiguo asesor de una empresa de seguridad de Tel Aviv residente en Francia, fue advertido por las autoridades francesas de que una célula terrorista dirigida desde Irán planeaba atentar contra él. La DGSI explica en una nota que “en vista de la amenaza que pesa sobre su vida”, Roy ha sido “invitado en varias ocasiones a abandonar el territorio francés”, en noviembre y diciembre de 2023 y en abril de 2024. Su familia y él mismo han abandonado su domicilio en París y buscado alojamiento de alquiler en la capital francesa. Tres antiguos compañeros suyos de trabajo también estaban en el punto de mira de Teherán, según la DGSI.

El motivo del interés iraní en Roy no está claro: quizá porque trabajó durante 10 años para la embajada israelí en Francia, o porque se encargó de la seguridad de la línea aérea El Al en el aeropuerto de París, o por sus dos años de trabajo en la empresa privada de seguridad. Preguntado al respecto por Shomrim, socio israelí de EIC, el fundador y jefe de esa firma, además antiguo miembro del Shin Beth, el servicio de inteligencia interior de Israel, jura que no tenía “ni idea” de las amenazas que pesan sobre sus empleados. Y ningún funcionario francés le advirtió sobre ellas.

Los servicios de inteligencia franceses creen que, debido a “las medidas adoptadas para proteger a los objetivos” de este plan de asesinato, la célula terrorista pasó a otro tipo de acciones. A los cuatro incendios de empresas israelíes de finales de 2023. Cada uno de ellos se prendió en los días siguientes a las búsquedas de sus direcciones en internet que hizo Abdelkrim S. Pero el francoargelino no es más que un especialista en logística del crimen organizado. El jefe es Ümit Bübul. Los servicios de inteligencia europeos lo sitúan como el vínculo entre la delincuencia organizada y Al-Quds, la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica, al cargo de sus operaciones exteriores. EIC ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto com Bübul para preguntarle por estas acusaciones. Como persona de contacto entre el kurdo y el argelino los investigadores sitúan a Sedat K., el compañero de prisión de Abdelkrim y lugarteniente en las operaciones de tráfico de drogas de Bübul. Encarcelado en la prisión de Saint-Quentin-Fallavier, se le encontró un móvil entre cuyos contactos de Facebook Messenger apareció Ümit Bübul y Abdelkrim en los de Telegram. Pero no había mensajes entre ellos y Sedat K. no ha sido acusado.

Los documentos consultados por EIC también revelan que Abdelkrim no tiene precisamente el perfil de un asesino a sueldo. En la comisaría de Nimes, cuando fue detenido, sufrió un ataque de ansiedad y fue trasladado al hospital. “Soy claustrofóbico y tengo ataques de pánico cuando estoy encerrado. Los tengo desde que estuve en la cárcel”, explicó.

“¿Hezbolá? Eso es una enfermedad, ¿no?”, respondió a los policías cuando le preguntaron por la milicia chií libanesa. ¿Los ataques con drones de Irán contra Israel? “No sabía nada de eso. ¿Salió en la tele?”. También dijo que, cuando la policía le notificó los delitos de los que se le acusaba, se echó “a temblar”: “Me llaman ‘terrorista’. Es un gran problema. Es una palabra que da miedo”. Y, ante una pregunta inofensiva, el hombre acusado de planear asesinatos se preocupa: “No se lo dirá a mi mujer, ¿verdad?”.

En una sala contigua, su mujer, Sabrina, se entera por los investigadores de que el padre de sus hijos aprovechó un viaje a Berlín en febrero, supuestamente por San Valentín, para visitar el lugar de trabajo de una figura influyente de la comunidad judía. La embarazada enrojece de ira. “Si trajo a su familia para hacer esto, es repugnante. Fue un regalo envenenado. Me manipuló, sabía exactamente lo que hacía. Y yo le seguí la corriente como una idiota...”. Al mismo tiempo, le cuesta imaginar que su marido esté implicado en estos planes terroristas. “Abdelkrim nunca ha apoyado a Palestina, no le importa”.

Mediapart ha preguntado a una de las abogadas de Abdelkrim, Margaux van der Have, por las acusaciones contra su defendido. “Mi cliente se encuentra en un caso cuya gravedad va descubriendo a medida que se le presentan los elementos de la investigación”. “La falta de identificación y/o detención de los autores intelectuales o asesinos de la célula terrorista descrita por la Fiscalía Nacional Antiterrorista obliga a mi cliente a ponerse un traje demasiado grande para su papel y los objetivos criminales presuntamente establecidos”, insiste su abogada.

Por su parte, Camilla Quendolo y Melody Blanc, abogadas de Sabrina, señalan que su cliente “ha negado constante y firmemente haber participado en modo alguno en los actos que se le imputan, ni tener conocimiento de ellos”. La mujer “es desconocida para las autoridades policiales y judiciales, y no ha sido radicalizada”, subrayan.

El uso de delincuentes comunes para atacar objetivos en Europa no es una práctica iraní reciente. “Hasta los años 90, eran comandos de la Guardia Revolucionaria los que atentaban contra opositores al régimen, pero desde el asesinato de cuatro disidentes kurdos en el restaurante Mikonos en Berlín, en 1992, utilizan sicarios contratados”, asegura a infoLibre Alejo Vidal-Quadras. Cuatro años después, el Tribunal Supremo alemán ordenó la captura de Alí Fallahian, ministro encargado de los servicios secretos de Irán, por su presunta implicación en el ataque. La justicia alemana, por tanto, apuntaba directamente al Gobierno de Teherán.

Desde entonces, se han sucedido los encargos iraníes al crimen organizado europeo. En diciembre de 2015, Mohamed Reza Kolahi Samadi fue asesinado en la localidad holandesa de Almere. Más tarde se supo que había sido condenado a muerte en Irán por un atentado perpetrado en Teherán en 1981 en el que murieron decenas de altos cargos del Partido de la República Islámica. El jefe de la Mocro Maffia Naoual F. fue condenado a 23 años de prisión en 2022 por el asesinato.

Cuando otro opositor al régimen iraní fue asesinado en La Haya en 2017, los servicios de inteligencia holandeses tardaron dos años en identificar a Irán como responsable. El servicio de inteligencia dijo entonces que tenía “fuertes indicios” de que Irán estaba detrás de esos crímenes. El entonces jefe de la AIVD y actual primer ministro, Dick Schoof, fue más categórico. En 2019 hablaba sin ambages de “la implicación de Irán en los asesinatos”.

El pasado diciembre, un tribunal alemán dictaminó que Irán estaba detrás de un plan para atacar una sinagoga en Alemania. La orden procedía supuestamente de Ramin Yektaparast, un criminal germano-iraní, miembro de los Ángeles del Infierno de Mönchengladbach, que se había refugiado en Teherán tras ser acusado de un brutal asesinato en una pugna entre bandas. En Irán, según Der Spiegel, llevó una vida de lujo hasta su muerte esta pasada primavera. Posaba en internet delante de un Mercedes clase G y presumía de músculos en la piscina, con un tatuaje de un mapa de Irán en el pecho y otro de una esvástica en el brazo. A cambio de tanta hospitalidad, Yektaparast, organizó un ataque con cócteles molotov contra una escuela de Bochum, en el land de Renania del Norte-Westfalia, en noviembre de 2022. El objetivo, en realidad, parece que era la sinagoga de al lado. Esa misma noche alguien disparó contra la casa de un rabino en Essen, a sólo 16 kilómetros de Bochum.

En Suecia, los servicios de inteligencia locales acusaron a Irán el pasado mes de mayo de utilizar redes criminales locales para atentar contra objetivos judíos e israelíes. En enero alguien había lanzado una granada de mano contra la Embajada israelí en Estocolmo. En mayo también hubo disparos cerca de la legacion diplomática.

Según los expertos, Irán ha intensificado estas tácticas tras la condena en 2021 del diplomático iraní Assadollah Assadi en Amberes (Bélgica). Assadi trabajaba en la Embajada iraní en Viena. En 2018, fue sorprendido entregando una bolsa de explosivos a una pareja belga de origen iraní en un Pizza Hut de Luxemburgo. El objetivo era una reunión de decenas de miles de partidarios de la oposición iraní en París en 2018. Assadi fue condenado a 20 años de prisión, pero en 2023 fue canjeado por el trabajador de una ONG belga Olivier Vandecasteele, que había sido detenido en Irán en 2022 por un supuesto delito de espionaje que le valió una condena de 40 años de prisión y 74 latigazos.

“Las acusaciones de que Irán está implicado en orquestar o apoyar cualquier ataque en los Países Bajos o en cualquier otro lugar de Europa son totalmente infundadas y absurdas”, ha contestado la Embajada de Irán en Países Bajos a preguntas de NRC Handelsblad. Según destacan, las afirmaciones que se hacen contra Irán “no son más que parte de una campaña deliberada de desinformación destinada a socavar las relaciones entre Irán y las naciones europeas”.

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Ilustración: ©Photo montage Justine Vernier/Mediapart

El 16 de enero, día en que Aike Beishekeyeva cumplía 23 años, la joven periodista kirguís pensaba comprar una tarta para compartirla con sus colegas. Pero no hubo celebración. En lugar de eso, aquella mañana temprano, Beishekeyeva fue detenida en su domicilio familiar bajo la sospecha de “incitar a disturbios masivos”. Lleva semanas a la espera de juicio en el Centro de Detención 1, un lúgubre laberinto de edificios de poca altura en el centro de Biskek, la capital de la república centroasiática de Kirguistán, un país montañoso en plena Ruta de la Seda que se independizó de la antigua URSS en 1991.

Nazgul Matanayeva recuerda el aspecto de su hija en una vista judicial: valiente, pero cansada. “Aguanta bien, pero se le nota en los ojos”, lamenta. “Como madre, me doy cuenta. ... No duerme lo suficiente”. Matanayeva está muerta de preocupación. “He perdido peso. No he podido dormir en dos semanas. Si no me distraigo, me vienen todo tipo de malos pensamientos”, confiesa su progenitora: “Veintitrés años: para mí, sigue siendo pequeña. Para una madre, siempre será pequeña”.

Puede que Beishekeyeva sea joven, pero el trabajo que hacía era muy serio. Pese a que apenas llevaba unos meses de carrera, ya había sido contratada por Temirov Live, un equipo de periodistas cuyas investigaciones en vídeo –a veces interpretadas como poemas tradicionales kirguís– han destapado múltiples casos de corrupción de altos funcionarios del país centroasiático. El consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, ha colaborado con Temirov Live en varias de ellas.

“Yo le decía que era un trabajo peligroso”, recuerda Matanayeva, “pero ella siempre me tranquilizaba: ‘Mamá, no te preocupes, hay periodistas así en todo el mundo”.

En Kirguistán, sin embargo, puede que pronto no quede ninguno. Junto con Aike, otros 10 periodistas y experiodistas de Temirov Live fueron detenidos aquel día de enero. A ellos también se les acusa de incitar a los disturbios en virtud de una ley que se utiliza cada vez con más frecuencia para perseguir a los disidentes. Si son declarados culpables, se enfrentan a años de cárcel.

Los 11 redactores han negado las acusaciones. “Mírala. Todavía es una niña”, cuenta Nazgul Matanayeva que dijo a los agentes cuando fueron a detener a su hija. “¿Cómo puede reunir a la gente para una manifestación? ¿O es tan rica que puede pagar a alguien [para que proteste]?”.

Pero la campaña contra este equipo de periodistas es sólo el último síntoma del creciente malestar democrático que atraviesa Kirguistán.

El país fue en su día, con mucho, la más libre de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. Aunque era conocido por sus frecuentes revoluciones, tres desde su independencia en 1991, también celebraba elecciones reales, contaba con un animado panorama mediático y con una vigorosa sociedad civil que incluía desde grupos feministas hasta activistas por los derechos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, en los últimos años, bajo un presidente que combina la retórica populista con métodos de control al estilo ruso, la soga se ha tensado. Numerosos medios de comunicación independientes han sido presionados o cerrados. En la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, Kirguistán ha perdido 50 puestos en un año, pasando del nivel de Japón al de Sudán del Sur.

Las detenciones de la plantilla de Temirov Live, según los observadores internacionales, forman parte de una campaña dirigida contra el fundador del medio, Bolot Temirov, uno de los más críticos con el Gobierno kirguís. “Las autoridades simplemente quieren llevar a cabo una estrategia de tierra quemada, quemando todo lo que rodea a Temirov, para que no tenga equipo”, advierte Leila Nazgul Seiitbek, activista kirguís de derechos humanos que trabaja desde el exilio en Viena. “Lo único que quieren las autoridades ahora mismo, más que nada, es que todo el mundo se calle y no haga nada”, continúa Seiitbek. “Y la pregunta es si la gente está dispuesta a hacerlo”.

Temirov y su equipo no han rehuido informar sobre los dos hombres más poderosos de Kirguistán: el presidente, Sadyr Japarov, y el jefe de seguridad, Kamchybek Tashiev. Entre los vídeos más vistos de Temirov Live, se encuentran los que sacaron a la luz los tratos entre la familia Tashiev y la petrolera estatal y desvelaron –junto con OCCRP– los vínculos entre el hijo del presidente y una conocida familia acusada de contrabando y blanqueo de dinero.

Una persona que no está dispuesta a callarse es el propio Temirov. Este periodista de 44 años ya ha pagado caro sus trabajos de investigación. En los últimos años ha sufrido palizas, ha sido objeto de escuchas de los servicios secretos, se le ha privado de la nacionalidad y se le deportó a Rusia. Su esposa, que trabajaba como directora de Temirov Live, se encuentra entre los periodistas detenidos en enero. Temirov, que ahora trabaja desde un lugar no revelado de Europa, mantiene un vigoroso canal de vídeos y mensajes en las redes sociales en los que denuncia a las autoridades y exige que liberen a sus colegas.

Las autoridades kirguises ya han intentado llegar a Temirov a través de sus periodistas. En una investigación publicada en 2022, OCCRP reveló cómo agentes del servicio secreto de Kirguistán, el GKNB, tendieron una trampa a una joven que trabajaba para Temirov, amenazándola con difundir vídeos comprometedores a menos que facilitara información sobre su jefe y su trabajo.

Ahora todos los periodistas encarcelados han sido interrogados sobre el paradero de Temirov, según explica él mismo. Y a su mujer le advirtieron de que su hijo de 11 años iba a ser internado en un orfanato si no cooperaba con los investigadores.

Funcionarios del gabinete del presidente, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el GKNB no respondieron a las preguntas que OCCRP le envió sobre Temirov y sus redactores. Pero en los dos meses transcurridos desde las detenciones, algunos altos cargos han hecho declaraciones públicas que son reveladoras.

En un programa de entrevistas de Radio Azattyk, el vicepresidente del Consejo de Ministros de Kirguistán, Edil Baisalov, enmarcó el caso en una cuestión de disciplina y reeducación. “Estos jóvenes, por supuesto que no son enemigos, por supuesto que han cometido un error. Ni el presidente, ni ningún organismo estatal ni los tribunales quieren que se pudran en la cárcel”, declaró Baisalov. “Es una cuestión de educación. Un deber paternal, fraternal: la educación”, continuó. “En algunos casos, alguien –el cabeza de familia, el dueño de una casa– tiene que llamar al orden”.

A pregunas de OCCRP, Baisalov volvió a insistir en que “nadie entre las autoridades considera a estas personas enemigos del pueblo”. La sociedad kirguís está experimentando una transformación, según dice, con una economía en crecimiento y una nueva voluntad de reconsiderar viejas prioridades. "Hablo de la educación porque necesitamos reorientar a la juventud, construir el país y animar a la gente, distraerla de acciones vacías, decir que esto ya no está de moda ni es digno”, sostiene.

El presidente, Sadyr Japarov, ha expresado su propia opinión en una entrevista concedida al periódico Vecherny Bishkek, en la que sostiene que hay que imponer límites a la libertad de expresión para preservar la seguridad. “En los tiempos turbulentos e inquietos que corren, la libertad de expresión está estrechamente ligada a la responsabilidad”, declaró. “Países que se podrían considerar los más desarrollados democráticamente ya están imponiendo restricciones a quienes utilizan la libertad de expresión para alcanzar objetivos políticos y desestabilizar la sociedad. En este sentido, tenemos que tomar medidas preventivas”.

“En el caso actual”, añadió el presidente, refiriéndose a las detenciones de Temirov Live, “el equipo legal del Ministerio de Justicia estableció que los mensajes de vídeo de [la esposa de Temirov] Makhabat Tazhibek Kyzy incluyen llamamientos a disturbios masivos”. En el vídeo al que se refiere, publicado en YouTube en diciembre, Tahibek denuncia con energía la corrupción y a unas autoridades que llevan “30 años sentadas en sus sillas”. No contiene ningún llamamiento a la sublevación ni a la violencia. “Dice en este vídeo que todos los golpes y revoluciones son inútiles, porque un clan sólo sustituirá a otro”, afirma Temirov. “Es difícil describirlo como un llamamiento a la revolución”.

Según varias personas conocedoras del caso, el vídeo de Makhabat es la única prueba que las autoridades han presentado como justificación de las 11 detenciones, aunque seis de los arrestados ya no trabajan en Temirov Live. Algunos llevan años sin trabajar allí. “Ninguno de los otros tiene relación con este vídeo”, aclara Temirov. “Ni siquiera el operador de cámara”.

El canal de YouTube en el que apareció el vídeo, llamado Ait Ait Dese, es uno de los proyectos más singulares de Temirov. Se trata de un canal hermano de la cuenta principal de Temirov Live y publica vídeos íntegramente en kirguís, una forma, dice Temirov, de llegar al mayor público posible: “Nuestro objetivo era estar más cerca de la gente, convertirnos en la voz del pueblo y hablar con ellos en un solo idioma”. Además de reportajes periodísticos más tradicionales, Ait Ait Dese ofrece actuaciones rimadas de poetas tradicionales, llamados akyns, que llaman a la acción contra los problemas sociales, denuncian la corrupción o incluso presentan los resultados de las investigaciones de Temirov Live.

En un vídeo para el canal, un akyn llamado Bolot Nazarov relata en forma poética una investigación sobre sociedades offshore maltesas supuestamente vinculadas a familiares del presidente del Consejo de Ministros de Kirguistán, Akylbek Japarov. En otra actuación, denuncia el doble poder que ejercen en el país el presidente Japarov y el jefe de los servicios secretos, Kamchybek Tashiev.

La técnica es poderosa, resalta Seiitbek, la activista de derechos humanos exiliada en Viena. “Los akyns son tradicionalmente esas voces que siempre hablaban de los problemas que tenía el pueblo kirguís. Y también formaba parte de la tradición que los gobernantes nunca persiguieran a los akyns. Ése es su trabajo, denunciar agravios, burlarse de los políticos”. “Mucha gente no ve cosas en YouTube si no son tradicionalmente kirguís”, apunta. “Pero la gente sí va a conciertos para escuchar akyns, porque eso les llega al corazón. Es algo que entienden, algo con lo que han crecido”.

Con las detenciones de enero, el trabajo de Ait Ait Dese ha quedado en suspenso. Uno de los artistas estrella de los canales, el rapero y poeta Azamat Ishenbekov, se encuentra entre los detenidos. Según cuenta Temirov, Ishenbekov dejó la escuela para trabajar como emigrante en Rusia mientras ganaba seguidores con sus actuaciones en Tik-Tok. Cuando uno de los colegas de Temirov se dio cuenta de su popularidad, le invitó a colaborar. “Aunque conduciendo taxis en Moscú ganaba mucho más, eligió convertirse en miembro de nuestro equipo”, escribió Temirov en un post de Facebook donde pedía la libertad de Ishenbekov.

La detención de un artista callejero que ha aparecido en vídeos de hip hop y cantado canciones pop subraya la diversidad de orígenes de los 11 encarcelados. Entre ellos está Aktilek Kaparov, que pasó de asistir a los cursos de Temirov sobre verificación de datos a trabajar para Temirov Live y abrir su propio medio de comunicación, y Saipidin Sultanaliev, un educador que llegó al periodismo de forma tardía y a quien Temirov llama “el entrevistador de Dios”. Finalmente está Aike Beishekeyeva, la más joven de todos, detenida en el apartamento de sus padres el día de su vigésimo tercer cumpleaños.

Su madre dice que era una niña estudiosa que prefería pasar el tiempo leyendo libros y aprendiendo idiomas por internet antes que salir con los amigos. “Yo quería apuntarla a cursos, pero a ella le daba pena, [decía] '¿Para qué os vais a gastar el dinero en cursos? Dejadme estudiar en casa”, cuenta Nazgul Matanayeva. Para ampliar sus horizontes profesionales, Beishekeyeva hizo prácticas en Japón, un país que, según su madre, admiraba por su cultura, y estudió periodismo en una universidad de Polonia.

Pero a Nazgul Matanayeva le sorprendió que su hija se dedicara a la profesión y se uniera al equipo de Temirov Live. Su padre, músico profesional, estaba totalmente en contra de una carrera que consideraba demasiado peligrosa. Peleó con su hija, y con su mujer, que la apoyaba más. Pocos meses después, la policía estaba a las puertas de la casa familiar. Terriblemente angustiada, Matanayeva se ha encerrado en sí misma desde la detención de su hija. “Si alguien dice algo al respecto, me pongo a llorar. Así que intento no ver a nadie”, dice.

Mientras que en Kirguistán algunos guardan silencio por pena, otros lo hacen por miedo. Un analista afincado en el país declinó ser entrevistado para este reportaje alegando motivos de seguridad personal. Los activistas consultados describen un temor asfixiante que se extiende por la sociedad civil kirguís y que puede sentirse incluso desde lejos.

“La gente tiene mucho miedo”, corrobora Seiitbek, la activista de derechos humanos residente en Viena. “Incluso nuestros colegas, cosa que nunca había visto antes. Hubo situaciones en las que tenían miedo de traerse libros [de vuelta a Kirguistán] de sus viajes al extranjero. Eso nunca había ocurrido antes”. La sensación de que cualquiera puede ser el próximo objetivo sólo se ve reforzada por el carácter absurdo que a veces acompaña a los recientes casos de represión en Kirguistán. Por ejemplo, cuando el galardonado medio kirguís Kloop, miembro de OCCRP, fue cerrado por orden judicial el mes pasado, los fiscales utilizaron el testimonio de unos psiquiatras para demostrar que el medio “afectaba a la salud mental de la gente” al “perturbarla” con información negativa.

O como la explicación que dio el presidente Japarov cuando se le preguntó por qué el caso de mayor repercusión del país contra un grupo de disidentes se estaba llevando en secreto. En una reunión nacional de líderes sociales, se le mencionó a los opositores a un intercambio de tierras con el vecino Uzbekistán, que terminaron en la cárcel, y respondió que sus actividades habían sido financiadas por el embajador de un país extranjero no identificado. “Si lo hacemos público, empezarán a odiar a este país”, dijo. “Y entonces podría haber un malentendido, nuestra relación podría verse perturbada. Por eso es un caso cerrado”.

¿Cómo ha llegado Kirguistán a esta situación? Al fin y al cabo, antes se conocía al país como la “isla de la democracia” de Asia Central, y los observadores solían destacar sus repetidas revoluciones contra gobiernos impopulares.

Asel Doolotkeldieva, experta en Kirguistán e investigadora en la Universidad George Washington de EEUU, está de acuerdo en que las aspiraciones democráticas de la población kirguís son grandes. Pero, según explicó en un reciente episodio del podcast Talk Eastern Europe, un público movilizado no es suficiente. “No se pueden esperar transformaciones tan profundas de la sociedad sólo a costa de una sociedad civil dinámica”, advirtió. “No hay instituciones que lleven a cabo la democratización... Hacen falta partidos políticos, hacen falta ideologías, de izquierdas, de derechas; hacen falta conflictos políticos adecuados para formular esas ideologías. Sin eso, no puedes esperar cambios sostenibles”.

De hecho, fue un levantamiento popular el que puso en el poder a los actuales dirigentes de Kirguistán. En octubre de 2020, los ciudadanos kirguises se echaron a la calle indignados por los resultados de unas elecciones supuestamente amañadas y por la gestión de la pandemia de covid por parte del Gobierno.

En medio del caos, Sadyr Japarov, exdiputado y agitador populista que cumplía condena por el secuestro de un funcionario local, fue liberado por una multitud de partidarios. Japarov se las arregló para acceder al poder, primero como presidente interino y varios meses después como vencedor en las elecciones presidenciales.

Una de las decisiones más importantes de Japarov fue nombrar a su aliado, Kamychbek Tashiev, para dirigir el GKNB. Ambos hombres han recurrido con frecuencia a la retórica nacionalista, denunciando enérgicamente los valores y la influencia extranjeros y afirmando representar a los ciudadanos kirguises de a pie. En la práctica, a medida que ha crecido la influencia de los servicios secretos, han construido un “tándem” que gobierna el país, según denuncian expertos locales.

“Desde 2020, se ha destinado mucho dinero del presupuesto a reforzar las fuerzas especiales de seguridad”, revela la politóloga Doolotkeldieva. “En estos tres años, se han inaugurado unos 50 nuevos edificios en el interior del país, que son básicamente edificios de las fuerzas especiales de seguridad. Lo que significa que no se trata sólo de la capital, sino de un enorme esfuerzo por controlar también el resto del país”.

Con una oposición política poco organizada y sin un poder judicial genuinamente independiente, el Gobierno de Japarov también ha impulsado una serie de leyes –de desinformación, medios de comunicación, el tercer sector y los “agentes extranjeros”– para reforzar su control. Gran parte de esta legislación recuerda a las leyes utilizadas contra los disidentes en Rusia, y los observadores afirman que no es casualidad. “Los servicios de seguridad rusos llevan años instalados en el edificio del GKNB. Y es un grupo numeroso, no se trata de una o dos personas”, sostiene Seiitbek.

“Kirguistán está bajo una influencia rusa muy fuerte, más fuerte de lo que nadie hubiera imaginado. Esto se debe a que las autoridades son débiles por sí mismas. Tienen que confiar en alguien para mantener su poder a salvo y mantenerse ellos en el poder. Así que tradicionalmente ven a Putin como el garante de su seguridad. Y cuando tienes a Putin como tu señor protector, obviamente no hay mucho que puedas hacer en lo que a desarrollo de la democracia se refiere”.

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Con información de Eldiyar Arykbaev (OCCRP) y Vyacheslav Abramov (OCCRP/Vlast.kz)

Stanis Bujakera, el periodista más leído de la República Democrática del Congo, lleva más de dos meses en la cárcel, acusado de elaborar un informe confidencial de inteligencia y distribuirlo primero a través de Telegram y luego en WhatsApp. La fiscalía congoleña asegura que lo ha identificado como el remitente original del documento mediante el análisis de los metadatos y de una dirección IP. La investigación llevada a cabo por Actualite.cd, el principal medio de comunicación independiente del país africano, y otros socios del consorcio Congo Hold-Up, incluido infoLibre, en colaboración con la revista francesa Jeune Afrique demuestra que esa afirmación es falsa.

Serge Bashonga, fiscal adjunto del tribunal del distrito de Kinshasa-Gombe, le llama “diablo”. Stanislas Bujakera, corresponsal de la revista francesa Jeune Afrique y de la agencia de prensa Reuters, y residente en Estados Unidos desde hace un tiempo, es también cofundador y director adjunto de Actualité.cd, que fue el socio congoleño en la investigación Congo Hold-Up, que sobre la corrupción en el país llevaron a cabo el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), al que pertenece infoLibre, y la Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África (PPLAAF).

Su arresto y encarcelamiento durante más de dos meses han provocado una ola de indignación en el país y en el continente africano sin precedentes desde la llegada al poder de Félix Tshisekedi, hijo del histórico opositor que prometió romper con las prácticas represivas del pasado.

La fiscalía congoleña acusa a Stanis Bujakera de haber fabricado un documento falso del departamento de seguridad interna de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR), un servicio directamente bajo el control de la Presidencia, y de haberlo proporcionado no sólo a su medio de comunicación Jeune Afrique, sino también de haberlo compartido en un grupo de Whatsapp tras su publicación. Ese informe, de dos páginas, describe cómo la inteligencia militar presuntamente asesinó en la noche del 12 al 13 de julio de 2023 a Chérubin Okende, exministro que se había pasado a la oposición y portavoz del partido de Moïse Katumbi, exgobernador de Katanga y rival del presidente Félix Tshisekedi, que se presentaba a la reelección. Esta versión del asesinato es desmentida por las autoridades del Congo. El fiscal adjunto, Serge Bashonga, es también el juez instructor de este caso.

No era la primera vez que Jeune Afrique publicaba artículos basados en filtraciones de documentos de este departamento, ni era el único medio de comunicación que había difundido el contenido de este informe. Y Stanis Bujakera no firmó el artículo publicado el pasado 31 de agosto. El 7 de septiembre se emitió una orden de búsqueda y captura, y el periodistas fue declarado “prófugo”. El departamento de seguridad interna de la ANR fue la única institución que recibió una copia de ese documento. Al día siguiente, Bujakera fue detenido en el aeropuerto de Kinshasa, cuando se dirigía a Lubumbashi, capital de la rica provincia minera de Haut-Katanga, para hacer un reportaje. Desde entonces, permanece recluido en la cárcel central de Makala, una de las más hacinadas de África, junto con otra docena de detenidos, mezcla de presos políticos y comunes.

Actualité.cd, Jeune Afrique y los medios de comunicación asociados a Congo Hold-up como Mediapart, Le Soir e infoLibre, han tenido acceso al expediente de la acusación, que se basa sobre todo en el informe técnico de un comisario de policía congoleño, Jean-Romain Kalemba, quien afirma haber establecido mediante un “análisis digital de los metadatos de la imagen” que Stanis Bujakera había recibido este documento “de origen telegráfico” desde una cuenta cuyo avatar es un misterioso @mg, sin precisar la fecha, y que fue el primero en difundirlo en un grupo de Whatsapp el 3 de septiembre, más de tres días después de la publicación del artículo de Jeune Afrique. La operación se realizó a través de la dirección IP 192.162.12.04.

Como prueba de esta trazabilidad, el “experto” de la fiscalía facilitó una lista de avatares y números de teléfono, entre ellos el número congoleño de Stanis Bujakera. Bujakera ha sido acusado de falsificación de un sello estatal, falsificación y uso de falsificaciones, difusión de rumores falsos y transmisión de mensajes falsos y contrarios a la ley. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.

A preguntas de Actualite.cd, Telegram se incomoda. “Telegram se diseñó específicamente para proteger a las personas que protestan o se expresan bajo regímenes autoritarios”, explica su portavoz Remi Vaughn. La plataforma de mensajería niega que sea posible identificar direcciones IP a partir de mensajes o documentos compartidos en esta plataforma. “Cuando los usuarios utilizan la opción Enviar una foto o un vídeo, Telegram borra todos los metadatos”, insiste. También asegura que “Telegram no está en contacto con la República Democrática del Congo”.

Meta, propietaria de Whatsapp, es menos vehemente. Sin embargo, uno de sus portavoces afirma que “no es posible rastrear al remitente original de un mensaje en WhatsApp” y proporciona una serie de enlaces en su sitio web que describen tanto su oposición de principio a la rastreabilidad, considerada contraria a los derechos humanos, como el carácter limitado de su colaboración con las fuerzas del orden. En particular, afirma que “WhatsApp no puede entregar ni entrega el contenido de los mensajes de sus usuarios en respuesta a solicitudes gubernamentales”.

En la vista celebrada el 14 de septiembre pasado para decidir si el periodista quedaba en libertad bajo fianza, el fiscal adjunto hizo de “las investigaciones digitales llevadas a cabo” el principal argumento para mantenerlo en prisión preventiva. “Resultó que el número 0823337460 había sido identificado a través del protocolo de internet, por su dirección IP 192.162.12.04, como el primer distribuidor de este reportaje inventado”, declaró en tono enérgico Serge Bashonga, fiscal adjunto, que consiguió el apoyo del juez.

Incluso los abogados defensores de Stanis Bujakera, quedaron impresionados por esta jerga pseudotecnológica. “Antes de este caso, ya tenía algunas nociones sobre cuestiones de trazabilidad, pero los elementos técnicos presentados por la acusación formaban parte de un desafío que había que superar. El fiscal apostó por que a los abogados les daría pereza intentar entenderlo y que lo tomaríamos como una prueba innegociable”, explica Jean-Marie Kabengela. “La fiscalía se vio en una situación difícil porque le atacamos por este motivo, y pensó que podría condenarle rápidamente”, añade.

Los defensores de Stanis Bujakera solicitaron en repetidas ocasiones un segundo dictamen de un experto independiente y cualificado. El tribunal dijo que lo haría durante la vista del 17 de noviembre, pero al final nombró a un “experto acreditado” desconocido, tanto que su nombre ni siquiera aparece en un motor de búsqueda como Google. La existencia del supuesto experto debería ser objeto de debate en la próxima vista, prevista para el 1 de diciembre.

Para el experto estadounidense Gary Miller, investigador en seguridad móvil de la Universidad de Toronto –Citizen Lab, el mismo que destapó el espionaje de Pegasus en Europa–, las pruebas contenidas en las declaraciones del fiscal “no eran creíbles” desde el principio: “No había pruebas de que esta dirección IP fuera utilizada por el teléfono de Stanis”. Gary Miller es el fundador de Mobile Intelligence Alliance, una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a investigar la seguridad en las redes de móviles. También fue responsable de seguridad de redes móviles y es considerado un experto en espionaje en este tipo de comunicaciones.

Utilizando dos herramientas mundialmente conocidas en este campo, Shodan y Risk HQ, acabó descartando que la dirección estuviera vinculada a Stanis Bujakera y la atribuyó en su lugar a un “servidor web situado en España”. “La ubicación de la dirección, el dispositivo que la utiliza y las aplicaciones que se ejecutan en él descartan esta posibilidad”, insiste. El experto de Citizen Lab concluye: “La base técnica del argumento del fiscal parece fabricada".

Los periodistas de Congo Hold-Up preguntaron entonces a las dos empresas citadas por el experto como vinculadas al servidor web que habían utilizado la dirección IP facilitada por el fiscal y su experto. La primera es una empresa española llamada SPCnet, proveedora de servicios de internet con oficinas en Vitoria y adquirida el año pasado por otra firma vasca, Bullhost, especializada en ciberseguridad. Un portavoz asegura que esa dirección IP “corresponde efectivamente a SPCnet”, aunque invita a verificar si hay algún error en los dígitos, y confirma la versión del perito de Citizen Lab. Dice que ese servidor es sólo de uso interno. “Sobre esta IP corre un servidor web con un aplicativo que SPCnet utiliza y explota exclusivamente para uso interno; es decir, no es utilizado por ningún tercero, proveedor o cliente”, explicó en una respuesta el pasado 2 de noviembre. Incluso afirma que “no es posible que se haya enrutado ningún tráfico particular a través de esta IP”.

La otra empresa es la francesa Centreon. Gary Miller había comprobado que una entidad con ese nombre utilizaba el servidor. Centreon desarrolla “software para detectar fallos informáticos (servidores, equipos de red, aplicaciones, etcétera)”, que “en ningún caso está diseñado para gestionar, transmitir o compartir archivos”, asegura.

Tan sorprendido como la empresa española de que se le relacione con el caso de un periodista encarcelado en la República Democrática del Congo, un portavoz de Centreon explica que no utiliza “el servidor correspondiente a la dirección IP en cuestión que parece estar, como usted señala, atribuida a SPCNet, una empresa con la que Centreon no tiene ningún vínculo directo o indirecto, presente o pasado”. La firma alavesa niega igualmente tener relación alguna con Centreon. “Una persona cuya identidad no tenemos forma de conocer ha instalado efectivamente el software de código abierto llamado Centreon en el servidor que usted menciona (una información que descubrimos al leer su primer mensaje)”, admite, “al igual que otros 250.000 usuarios en miles de servidores de todo el mundo”.

En la misma vista, el fiscal adjunto citó, sin añadirla al expediente, una conversación entre Stanis Bujakera y uno de sus colegas de Jeune Afrique en París, Romain Gras, durante la cual el periodista congoleño “hablaba riéndose con emojis de una fuente parisina, en respuesta a las preguntas de algunos funcionarios de la inteligencia militar que querían conocer la fuente de la publicación de Jeune Afrique”. “Durante las audiencias, antes de que comenzara el juicio, el fiscal preguntó a nuestro cliente sobre la fuente de este documento. Para nosotros, ése es el motivo oculto de su detención, el resto no es más que una forma de aumentar la presión sobre Stanis”, explica Yana Ndikulu, abogada de la asociación de medios de comunicación online de la República Democrática del Congo (MILRDC), una de las primeras abogadas en intervenir en el caso. “El fiscal incluso lo dijo en la vista y acusó a Stanis y a Jeune Afrique de intentar ganar millones con la publicación del informe vinculado al asunto Okende”, añade.

Sin embargo, en este mensaje, al que tuvieron acceso los medios de Congo Hold-Up, Stanis Bujakera se había limitado a decir a sus interlocutores que “consultaran con París”, ya que él no había “gestionado este caso”.

Su colega de Actualité.cd, Patient Ligodi, director general de Next Corp, la empresa propietaria del sitio web de noticias, se sorprendió al ver que el funcionario de la policía judicial señalaba en un informe que el documento se había compartido en “un grupo de Actualité.cd” y que a continuación el fiscal sustituto mencionaba un grupo llamado Actualité.cd. “Este documento nunca se compartió en ninguno de los grupos de la redacción”, replica, precisando además que no existe tal grupo.

Patient Ligodi se sorprende aún más al ver que la lista de números presentados por la fiscalía como aquéllos a los que Stanis Bujakera supuestamente distribuyó el documento incriminatorio no incluye el número del miembro de la redacción identificado por la policía, Kash Thembo. “Kash es el dibujante de Actualité.cd. ¿Por qué Stanis lo habría compartido con él y no con los periodistas de la redacción?”.

En este caso, todo parece haberse hecho en el orden equivocado. La orden de búsqueda del 7 de septiembre, víspera de la detención, es el primer documento del expediente. La petición de peritos se redactó el sábado 9 y se envió el lunes 11. Ese mismo día, la policía judicial ya se había referido a un “análisis técnico y/o tecnológico” que identificaba a Stanis Bujakera como el “primer distribuidor de este documento falso”, y el fiscal dictó una orden de detención provisional sin esperar a los informes de los expertos policiales. También pidió al tribunal que mantuviera detenido al periodista durante 15 días, con fines de investigación, y no tomó ninguna otra medida. Finalmente redactó una moción para fijar una vista el 26 de septiembre.

El 29 de septiembre, en la cadena RTBF, el director de comunicación de la presidencia de Congo, Erik Nyindu, declaró que la investigación estaba “concluida” y el proceso judicial “en curso”.

En una conferencia de prensa celebrada el 13 de octubre, los abogados de Stanis Bujakera afirmaron que aún no se les había informado oficialmente de nada. Al día siguiente, en respuesta a la campaña lanzada por Amnistía Internacional en la que se pedía al presidente Tshisekedi y a otros dirigentes congoleños que pusieran en libertad incondicional a Stanis Bujakera, Tina Salama, portavoz del presidente Tshisekedi, contestó en X –antes Twitter– que Stanis Bujakera no estaba “detenido por Félix Tshisekedi” y que el caso había sido “remitido [...] a un juicio público”, al tiempo que instaba a respetar la separación de poderes.

Siete meses antes, en marzo de 2023, Gilbert Kabanda, entonces ministro de Defensa, había presentado una denuncia contra Stanis Bujakera por haber informado de su intervención en el Consejo de Ministros, pese a que había utilizado las palabras recogidas en el acta enviada por el periodista del gabinete de prensa del Gobierno. El Ejecutivo congoleño tardó varios días en anunciar que retiraba la denuncia.

“Lo cierto es que hay muchas especulaciones sobre Stanis como opositor o enemigo del régimen. Por lo que a nosotros respecta, es un periodista profesional. Intentan hacer creer que se trata de un proceso con base jurídica, cuando no hay nada en el sumario que justifique su inculpación y su detención”, explica Arnaud Froger, responsable de Investigación de Reporteros sin Fronteras (RSF). “El objetivo desde el principio estaba claro: acceder a sus teléfonos móviles y saber quién hablaba con él, y esto va mucho más allá del asunto del informe publicado”, advierte, subrayando la gravedad de esta violación del secreto de las fuentes.

El propio Arnaud Froger permaneció en Kinshasa durante una semana para investigar las condiciones del encarcelamiento del periodista congoleño. “Es muy fácil comprobar que no fue el primero en recibir ese informe: se difundió en los medios diplomáticos mucho antes”, añade el responsable de RSF. “En cuanto al origen de el informe en sí, para nosotros no hay duda de que se trata de un documento de la ANR transmitido por la ANR, aunque no podamos juzgar la veracidad de su contenido”, concluye.

Curiosamente, la única persona que ha limpiado el nombre de Stanis Bujakera es el propio presidente Tshisekedi. Durante una rueda de prensa el 19 de septiembre, en paralelo a la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas, lo comparó con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, “al que persiguieron como a una bestia vil [...] porque había filtrado cables diplomáticos confidenciales”, y con Ariane Lavrilleux, periodista francesa que pasó día y medio bajo custodia policial en Francia por revelar el contenido de documentos confidenciales sobre la implicación de Francia en la represión política en Egipto. También dijo que le tenía “mucho cariño” a Bujakera, que le había seguido durante su campaña en 2018. Después, ha asegurado al diario Le Soir que “la verdad” pasaba “por su detención”.

Eran las 15.22 horas del 7 de junio de 2021 cuando un taxi recogió a Olivier Bohbot a la salida de su cita. El número dos del grupo francés Nexa, especializado en equipos de espionaje y vigilancia, ha dado como dirección al taxista el bulevar Mortier, en el distrito 20 de París. Justo enfrente de la sede de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE).

Que el prestigioso servicio de inteligencia exterior francés reciba a uno de sus proveedores, fabricante de tecnologías sensibles, es perfectamente normal. Pero que siga haciendo negocios con Nexa es, cuanto menos, sorprendente.

Desde 2011, la empresa, antes conocida como Amesys, es objeto de una investigación judicial por haber vendido a Libia, bajo el dictador Gadafi, un sistema de vigilancia por internet que permitía espiar y seguir a los opositores al régimen. En 2017 se abrió una segunda investigación por los mismos motivos, relativa a la venta del mismo sistema a Egipto, pocos meses después del golpe de Estado del mariscal al-Sisi.

El 15 de junio de 2021, una semana después de su reunión en la sede de la DGSE, Olivier Bohbot y otros ejecutivos de Nexa fueron detenidos por gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio. Al mismo tiempo, un juez de instrucción dictó varios autos de procesamiento por complicidad en torturas. Los directivos de Nexa niegan los cargos que se les imputan.

Éste es uno de los aspectos más sorprendentes del asunto: a pesar de las fuertes sospechas de violaciones de los derechos humanos, la DGSE, y en general el Estado francés, ha mantenido su apoyo a Nexa, que entre 2014 y 2021 se benefició de al menos 11 millones de euros en contratos con varios servicios de inteligencia y con los ministerios del Interior, Justicia y Defensa. Éstas son las conclusiones de la investigación Predator Files, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios EIC, a la que pertenece infoLibre, que en esta ocasión ha trabajado con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Domani (Italia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU), así como con el apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional.

Nexa, que entonces se llamaba Amesys, estaba en contacto “todo el tiempo” con el servicio de inteligencia de entonces, “porque Amesys es uno de los principales proveedores de la DGSE”, declaró el antiguo presidente de la empresa, Philippe Vannier.

A partir de 2006, a petición del dictador libio Muamar Gadafi y con el beneplácito del presidente Nicolas Sarkozy, Amesys desarrolló el software Eagle, el primer sistema capaz de vigilar internet a escala de todo un país. Según las informaciones a las que ha tenido acceso EIC, la DGSE seguía muy de cerca esta proeza tecnológica y el contrato libio.

Varios testigos declaran que fue la DGSE, a través de su propio director técnico, Bernard Barbier, quien pidió a Qosmos, otra empresa francesa, que colaborara con Amesys para proporcionarle una sonda de interceptación del tráfico de internet, necesaria para que Eagle funcionara correctamente.

Un agente de la DGSE declaró al juez instructor que, cuando estalló una disputa comercial entre Amesys y Qosmos, su departamento le pidió, “extraoficialmente”, que llevara a cabo una “mediación” para reconciliar a las dos empresas.

La DGSE se negó a responder a las preguntas de Mediapart. Stéphane Salies y Olivier Bohbot, directores y accionistas mayoritarios de Nexa, aseguraron que era “normal” en su actividad comercial “tener contactos con las autoridades”, pero declinaron hacer más comentarios.

Estas buenas relaciones vienen de lejos. En un folleto comercial, los dos directores de Nexa se describían a sí mismos como poseedores de “más de 20 años de experiencia en la venta de soluciones [...] a la DGSE”. Varios empleados confirmaron a la policía que el director general del grupo, Stéphane Salies, tenía estrechos vínculos con el servicio, así como con Bernard Barbier, director técnico de la DGSE de 2006 a 2013. Contactado por Mediapart, éste no ha contestado a sus preguntas.

Dos antiguos empleados de Amesys declararon a la policía que Eagle estaba equipado con una puerta trasera que permitía a Amesys acceder al software sin que su cliente libio lo supiera. Como reveló Intelligence Online, uno de los dirigentes del grupo, Renaud Roques, fue aún más lejos y explicó ante el juez de instrucción que esa puerta trasera había sido “diseñada por la DGSE”, para que los servicios secretos pudieran “conectarse de forma discreta e indetectable al sistema libio” y “acceder a la lista de objetivos” del espionaje.

Con la esperanza de que se confirmara su versión, Renaud Roques exigió, y consiguió, que tres ingenieros de la DGSE en funciones en aquel momento fueran entrevistados de forma anónima por el juez. Pero éstos se negaron a comentar la existencia de esta posible “puerta trasera”, ya que el tema está “clasificado como secreto de defensa”. Sin embargo, uno de los agentes secretos alabó el diálogo “constante y de calidad” con Amesys sobre Libia: “La empresa respondía a nuestras preguntas y nos mantenía al corriente de la evolución del contrato”.

Mediapart ha podido identificar a los antiguos funcionarios de la DGSE que fueron entrevistados anónimamente por el juez. Dos de ellos pasaron a trabajar para la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI), encargada de proteger a los organismos públicos y a las empresas contra los ciberataques. A partir de la década de 2010, ocuparon allí puestos de alto rango.

Un documento incautado durante el registro confirma el papel desempeñado por estos dos agentes de la DGSE en el contrato libio. El documento es un registro manuscrito de una reunión que mantuvieron con ejecutivos de Amesys en el “MinDef” el 15 de enero de 2007. Según el documento, hablaron del “producto Eagle”, así como de las instrucciones de seguridad destinadas a evitar filtraciones: “Limitar al mínimo el número de personas en el bucle", “tener cuidado con las fuentes y el acceso a las fuentes”.

A partir de marzo de 2011, tras la intervención militar occidental que condujo al derrocamiento y muerte de Gadafi, cundió el pánico. Nicolas Deckmyn, un joven ingeniero de Amesys en aquella época, relató cómo fue “convocado” urgentemente por la DGSE para que facilitara las coordenadas de los lugares donde estaba instalado el sistema Eagle. “Creo que era para intervenir, para bombardear los tres emplazamientos”, dijo a los gendarmes. Para no dejar rastro de la ayuda de Francia al dictador libio.

Uno de los edificios fue completamente arrasado y los otros dos fueron limpiados, sin que se sepa por quién. En agosto de 2011, cuando dos periodistas de The Wall Street Journal visitaron uno de los centros y revelaron la existencia del sistema Eagle, encontraron documentos en papel, pero los servidores informáticos habían desaparecido.

Tras el escándalo y la apertura de una primera investigación judicial sobre el contrato libio, Stéphane Salies, uno de los altos ejecutivos de Amesys, compró la tecnología Eagle, la rebautizó como Cerebro y la alojó en una nueva empresa llamada Nexa, que se hizo cargo de la mayoría de sus empleados. El objetivo: hacer olvidar el nombre de Amesys. Al mismo tiempo, creó en Dubái una empresa hermana, y discreta, llamada Advanced Middle East Systems (AMES), que tiene la enorme ventaja de poder exportar sin solicitar licencias en Francia.

Durante su detención policial, Stéphane Salies declaró que “las autoridades francesas y los servicios franceses habían sido informados [de la creación de AMES] y no habían planteado ninguna objeción. “Me refiero principalmente a la DGSE”, precisó. “¿Tenía la DGSE alguna petición?”, preguntó el gendarme. “Sí, pero no puedo revelarlas, porque es clasificado”.

Se desconoce si la DGSE aprobó extraoficialmente el hecho de que Nexa pudiera exportar desde Dubái, eludiendo a las autoridades francesas. Sin embargo, un documento encontrado durante los registros policiales muestra que el Ministerio de Economía, encargado de expedir las licencias de exportación, fue informado de la creación de AMES y no se opuso.

Interrogada como testigo, Rachida H., responsable administrativa de Nexa, declaró que, tras el asunto libio, “resultó difícil restablecer la confianza con los servicios de inteligencia”. La investigación judicial ha demostrado, por el contrario, que las relaciones se caldearon con rapidez. Un documento interno de 2014 indica que Nexa tenía entonces un contrato por valor de “10 millones de euros al año” para suministrar a la DGSE IMSI catchers, los dispositivos que interceptan las comunicaciones móviles en un radio de unos cientos de metros. Sin embargo, el contrato parece haberse interrumpido, ya que EIC no ha encontrado ningún pago por este importe.

En diciembre de 2020, Renaud Roques se mostró preocupado en un grupo de discusión interno: “Hola, ¿alguno de vosotros tiene acceso a la cuenta de Nexa [en Société Générale] para ver si hemos recibido una transferencia de 200k de la DGSE? Me gustaría estar seguro antes de seguir [...] más tarde hoy. El número dos de Nexa, Olivier Bohbot, le remitió a otro empleado para que comprobara si efectivamente se habían pagado los 200.000 euros. Por lo que ha podido averiguar EIC, la investigación judicial no ha determinado qué se pagó a cambio de esta elevada suma.

Los agentes secretos franceses también ayudaron a Nexa a exportar: un documento de 2014 enumera campañas de ventas en India, Mali, Mauritania y Senegal, realizadas con el “apoyo de los servicios franceses”. Y cuando la DGSE pareció dar una “opinión” negativa sobre la venta del sistema de interceptación masiva de internet Cerebro a los servicios secretos paquistaníes, Renaud Roques, número tres de Nexa, escribió en su cuaderno que tenía que “indagar para encontrar la razón”. Este cuaderno de notas manuscritas, fechado en 2015 y 2016, menciona también una reunión con un agente de la DGSE cuyo seudónimo era Clovis, para recomendarle un sistema de radio fabricado por el grupo alemán Plath, accionista al 30% de Nexa.

Casualmente, Nexa tuvo que tratar de nuevo con uno de los antiguos agentes de la DGSE que había supervisado el contrato con la Libia de Gadafi cuando ya estaba en la ANSSI. Esta agencia es la encargada de expedir las autorizaciones a las empresas para importar y vender material de vigilancia en territorio francés. Los gendarmes encontraron una lista de 29 productos de Nexa que habían recibido autorización de la ANSSI en aquella época. Además del software Cerebro, se trataba de un potente sistema israelí de infección telefónica, otro de interceptación en la nube, un tercero de interceptación de “flujo de satélites” y varios tipos de IMSI catchers.

En un breve informe, los gendarmes consideran que Nexa ha minimizado las capacidades reales de sus productos en las solicitudes de licencia enviadas a varios organismos de control: “La descripción es diferente de lo que aparece en los contratos y folletos de venta”. Citan como ejemplo una solicitud de autorización enviada a la ANSSI en 2017 sobre una sonda, conectada a Cerebro, que captura el tráfico de internet. “En ningún momento se menciona la capacidad máxima y las funciones ilimitadas de esta tecnología”, escriben.

El alto funcionario de la ANSSI que validó y firmó la autorización estaba, sin embargo, muy familiarizado con las capacidades del producto desplegado en Libia: fue uno de los tres ingenieros de la DGSE que estuvieron en contacto con la empresa sobre este asunto y que finalmente fueron oídos por los tribunales.

EIC se ha puesto en contacto con este ingeniero, quien respondió que no podía comentar nada que caiga bajo la protección de los secretos de la defensa nacional. Sin embargo, señaló que la ANSSI no era responsable de las licencias de exportación y que siempre especificaba las “limitaciones” aplicables a las ventas en Francia: “Las soluciones de interceptación como las que usted menciona están limitadas sistemáticamente a los ‘servicios autorizados”, es decir, a los servicios secretos.

Pero la DGSE no es la única agencia gubernamental que utiliza los servicios de Nexa. Un documento interno de 2014 indica que la compañía francesa tenía entonces otros tres contratos sensibles, cuya naturaleza no se especifica: uno “pequeño” con el Ministerio del Interior, uno “mediano” con la Dirección de Inteligencia Militar (DRM) y otro por valor de dos millones de euros con la Dirección General de Armamento (DGA).

Además, la agenda de Renaud Roques incluye una reunión con el comisario responsable de la dirección técnica de la DGSI –la inteligencia interior–, una visita del ministro del Interior a los locales de Nexa y una presentación de producto a una delegación del GIGN, el grupo de intervención de élite de la gendarmería.

La luna de miel con los servicios de inteligencia continuó mucho después de los primeros problemas legales de la empresa. En junio de 2021, cuando Nexa fue registrada, nueve de sus empleados aún seguían autorizados por el Ministerio de defensa a acceder a información clasificada como “confidencial de defensa” hasta 2025 o 2027, entre ellos Renaud Roques y el director general Stéphane Salies.

Incluso en sus documentos internos Nexa cultiva el secreto sobre sus contratos, designados con códigos, la mayoría de los cuales se refieren a dulces. Los contratos franceses se llaman Cachou –una marca de caramelos–, Paris-Brest –un pastel– o Calisson –un dulce tradicional– [los españoles llevan la etiqueta Turrón].

Entre los contratos firmados con el Estado francés entre 2014 y 2020, hay uno de 2016 por importe de 180.000 euros a cambio de un descodificador y un programa informático para el Groupement Interministériel de Contrôle (GIC), el organismo que gestiona las escuchas y vigilancias “administrativas” realizadas por los servicios secretos al margen de procedimientos judiciales.

En 2018, Nexa firmó un contrato de 219.000 euros con la Dirección de Inteligencia Militar, y otro de dos millones en 2020, bautizado como MilleFeuille –Milhojas–, con el Ministerio de Defensa, para sistemas de interceptación de comunicaciones móviles de tipo IMSI catcher. Uno de los componentes del proyecto, el “estudio mochila”, tenía como claro objetivo diseñar un dispositivo discreto que cupiera en una mochila.

En otros casos, no especifica la naturaleza del contrato, como el proyecto Papillon con el Ministerio de Justicia, por valor de 2,8 millones de euros.

A través de su filial Elektron –vendida en diciembre de 2021­, Nexa también fue muy activa en el ámbito de las escuchas telefónicas, a pesar del lanzamiento de un sistema único, PNIJ, que se confió a Thales a partir de 2017. Sin embargo, debido a problemas técnicos, varios departamentos interregionales de investigación criminal siguen utilizando el sistema de Nexa. En junio de 2021, el dueño de la empresa se felicitó por teléfono por un reciente pago de 500.000 euros recibido del ministerio por este concepto.

En julio de 2018, Nexa obtuvo un nuevo contrato con el Ministerio del Interior, denominado Pimousse –otra marca de caramelos–, por un sistema que se utiliza para complementar las escuchas telefónicas tradicionales: permite capturar, no sólo mensajes de voz y de texto, sino también datos de internet y geolocalización, según explicó un ingeniero de Nexa a los gendarmes.

Nexa también ha vendido un módulo de software llamado Jasmine, que puede identificar con quién habla una persona y la fecha de los intercambios –pero no su contenido–, incluso cuando el objetivo utiliza aplicaciones cifradas como Signal, WhatsApp o Telegram. “Este módulo [...] se utiliza para la interceptación judicial en Francia”, declaró a la policía el jefe de Nexa.

Un documento fechado en enero de 2021, en el que se enumeran las campañas de ventas en curso, muestra que Francia era un mercado prioritario: Nexa estaba en la carrera para intentar conseguir 18 contratos diferentes con ministerios o servicios de inteligencia, por un valor total de 10 millones de euros. Los principales incluían la ampliación del proyecto MilleFeuille con el Ministerio de Defensa por más de tres millones de euros y un sistema de escucha de teléfonos móviles con la DGSE por 400.000 euros.

Contactados por Mediapart para preguntarles por estos contratos, la DGSE y el Ministerio de Defensa se han negado a responder. El Ministerio del Interior tampoco ha contestado. El Ministerio de Justicia ha confirmado que utiliza Elektron para las escuchas telefónicas. Sin embargo, afirma que “nunca ha adjudicado un contrato a Nexa y nunca ha tenido ningún vínculo con esta empresa”.

Mientras suministraba a ministerios y a los servicios de inteligencia franceses, Nexa seguía exportando sus sistemas de vigilancia altamente intrusivos, incluido software de pirateo telefónico, a regímenes autoritarios. Como en los buenos tiempos del coronel Gadafi. Interrogado al respecto por el juez de instrucción, uno de los antiguos agentes de la DGSE confesó finalmente: “Estamos ante el problema habitual de la venta de armas, y sabemos muy bien que todo esto no puede ser siempre angelical”. En efecto.

Vaya por delante: soy un escéptico en materia de Inteligencia Artificial. Y lo soy fundamentalmente porque, al igual que ha ocurrido con otras revoluciones tecnológicas en el pasado, no tenemos ni idea del impacto que la IA tendrá en el futuro en nuestras sociedades, mercados de trabajo, sistemas políticos o educativos. Los seres humanos somos bastante malos prediciendo el futuro; y somos todavía peores a la hora de predecir un futuro marcado por la irrupción de una revolución tecnológica de la envergadura de la IA. Desconfíe, por favor, de todos aquellos gurús que aseguran grandes mejoras sociales derivadas de la IA, al igual que de aquellos otros que pronostican el final del mundo a manos de robots tipo Terminator. La verdad es otra: simplemente, nadie sabe, ni siquiera aproximadamente, por dónde van a ir los tiros en esta materia en el corto, medio, y no digamos ya en el largo plazo. Nos movemos por tanto en un contexto de profunda incertidumbre.

En la pintura renacentista hay una imagen que representa a la perfección la idea de prudencia: se trata del cuadro de Tiziano Alegoría de la Prudencia, en el que se representa a un hombre con tres cabezas: una que mira a la izquierda, otra que mira a la derecha y otra que mira directamente a los ojos del espectador. Es decir, la prudencia “mira” al presente con los ojos de lo que ha ocurrido en el pasado y también con los ojos puestos en el futuro. La prudencia invita a situar estas tres dimensiones temporales en equilibrio, por tanto. Cicerón nos decía que “la prudencia es el arte de buscar las cosas y de saber qué debe evitarse”, mientras que Juvenal nos advertía: “las personas no tienen verdadero poder protector, salvo la prudencia”.

Invoquemos por tanto a la prudencia como primer principio rector en materia de regulación de IA. Ello debe ser así porque con Inteligencia Artificial, en particular, con IA generativa, se puede hoy en día reproducir la voz y la imagen de las personas con un grado de precisión que prácticamente pasa desapercibida al ojo humano. Con IA generativa ya se han realizado vídeos muy realistas en los que Zelensky anuncia la rendición de Ucrania en la guerra de Rusia contra aquel país, el primer ministro de Israel aparece en una conversación con un colega al que le revela un plan destinado a producir una serie de asesinatos políticos en Teherán, y un general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América quema un ejemplar del Corán. Imagínense ustedes si a través de Inteligencia Artificial generativa se produjera un vídeo en el que Pedro Sánchez pacta un referéndum sobre la independencia de Cataluña con Puigdemont, u otro en el que Núñez Feijóo acordara un plan secreto con Santiago Abascal para dar un golpe de Estado en España.

La primera víctima de nuestra democracia a manos de la Inteligencia Artificial ha sido, por tanto, en términos de debate público. Las fake news y las deep fakes pueblan hoy nuestro universo discursivo generando un ruido que hace que los pilares fundamentales de una conversación política sana se estén resquebrajando. Es absolutamente fundamental actuar contra esta info-pandemia, y hacerlo hoy antes que mañana puede ser lo que nos indicaría la prudencia. En el momento actual, los países más importantes de nuestro entorno, junto con la Unión Europea, están planteándose la adopción de marcos regulatorios que gestionen de manera adecuada esta cuestión. Pero existe muchísimo miedo, puesto que dar un paso en falso en este terreno puede echar al traste el desarrollo de un mercado que es multi-billonario. Hay países, como por ejemplo la India, que han anunciado (aunque posteriormente parece que han rectificado esta posición) que no regularán en absoluto la IA. Sinceramente, creo que ello es un profundo error. No se trata de comparar pandemias con pandemias, pero bajo mi punto de vista, el desafío que genera la IA es muchísimo mayor, y más inminente, que el propio cambio climático.

Un debate público empobrecido tiene una consecuencia directa, de tipo negativo, en uno de los “bienes comunes” con los que se construyen nuestras democracias: me refiero a la confianza institucional. La confianza institucional en nuestras sociedades está bajo mínimos. Hay, por supuesto, diferencias entre países y sistemas políticos, pero en general se lleva advirtiendo ya desde hace algún tiempo que este recurso, la argamasa con la que se pega la democracia, como han señalado algunos autores, se está agotando a marchas forzadas. El empobrecimiento de nuestra conversación política repercutirá negativamente, como decía antes, sobre la confianza en nuestras instituciones políticas. Los marcos regulatorios que se implementen tienen que poner en marcha sistemas que permitan re-generar confianza institucional en nuestros sistemas políticos. Igual que existen GANS (Generative Adversarial Networks, por sus siglas en inglés) for Bad (para hacer el mal) también se pueden idear GANS for Good, es decir, sistemas de Inteligencia Artificial generativa para hacer el bien. Pongámonos manos a la obra de forma inmediata.

Los desafíos son por tanto muchos. Y los sistemas de IA, sobre todo de tipo generativo, avanzan a una velocidad exponencial. Seamos prudentes, y no tengamos miedo incluso a la hora de prohibir, al menos por el momento: por ejemplo, tras muchas décadas insistiéndose en ello, ahora los países más avanzados cuentan con regulaciones que prohíben la realización de determinados experimentos científicos con animales. No creo que por ello la ciencia haya sufrido un coste inasumible, un retraso insoportable en su desarrollo. Antes al contrario: la ciencia es mejor hoy en día con estos marcos regulatorios. Y creo sinceramente que la Humanidad también.

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Antonio Estella  es “Lead Researcher” del proyecto SOLARIS, financiado con el programa Horizon Europe, dedicado a analizar los riesgos de la IA generativa en nuestras democracias, en la Universidad Carlos III de Madrid.

Los diputados holandeses no tardaron en ponerse de acuerdo: si querían investigar la influencia de las mezquitas, tenían que invitar a Lorenzo Vidino. Prestigioso experto italo-estadounidense en radicalismo islámico, ha escrito libros, informado a parlamentos, asesorado a gobiernos. Así que parecía una elección lógica que la comisión de la Cámara de Representantes de los Países Bajos que investigaba la financiación de las mezquitas extranjeras en 2019 escuchara a Lorenzo Vidino a puerta cerrada. Se convirtió en una “conversación muy interesante”, recuerda uno de sus miembros, que desea permanecer en el anonimato porque fue una comparecencia confidencial. “Pintó un cuadro detallado de las ramificaciones holandesas de los Hermanos Musulmanes”, explica. Según Vidino, el movimiento islamista es “divisivo” en los Países Bajos. El experto nombró varias mezquitas holandesas supuestamente bajo la influencia de la Hermandad Musulmana, e incluso conocía el importe exacto de las donaciones recibidas de Catar.

Pero los miembros de la comisión se olvidaron de formular una pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de financiación del propio Vidino? Porque el académico que denunciaba la influencia extranjera en Países Bajos forma parte él mismo de una operación de influencia extranjera. Así se desprende de la investigación AbuDhabiSecrets, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. También han formado parte de la investigación los medios suizos Heidi News y RSI Television, así como Domani (Italia) y Daraj Media (Líbano).

Como han publicado los medios de EIC, los Emiratos Árabes Unidos pagaron a la empresa de inteligencia suiza Alp Services por una campaña de relaciones públicas contra los Hermanos Musulmanes. Este movimiento, temido por los Emiratos, cuenta con el apoyo de su rival regional Catar.

Como parte de esas campañas, Alp Services utilizó al científico Lorenzo Vidino (1977, Milán). A cambio de una comisión, el experto pasaba a los detectives información sensible sobre supuestos Hermanos Musulmanes, que la agencia utilizaba para sus operaciones de influencia en nombre de los Emiratos. Los individuos señalados por Alp fueron atacados modificando sus páginas de Wikipedia, influyendo en los resultados de las búsquedas en Google y consiguiendo que los periodistas escribieran artículos negativos sobre ellos, a veces previo pago.

Lorenzo Vidino, director del programa sobre extremismo de la Universidad George Washington (EEUU), lleva años siguiendo las operaciones de los Hermanos Musulmanes en Occidente. Sobre ellos ha escrito docenas de publicaciones académicas y tres libros. Desde Estados Unidos hasta Austria asesora a gobiernos sobre el movimiento. En España, desde 2020 forma parte del consejo científico del Real Instituto Elcano, un prestigioso think tank cuyo patronato preside el rey y del que son miembros ministros, exministros y expresidentes de Gobierno. Vidino suele asistir a mesas redondas y foros del instituto sobre terrorismo islámico.

El último, en octubre de 2022, sirvió para presentar un estudio que firma con otro investigador y titula La Hermandad Musulmana en España, activismo comunitario, política y terrorismo. En el documento, sus autores se preguntan si los Hermanos Musulmanes suponen una amenaza para España. Tras repetir que la mayor parte de sus actividades en Europa son legales y “se enmarcan en el disfrute de sus derechos constitucionales en lo que a defender y trabajar por un orden islámico se refiere”, advierten: “Si bien los Hermanos pueden erigirse en bomberos ocasionales a corto plazo, luchando contra las llamas de la radicalización en casos específicos, no es menos cierto que pueden resultar pirómanos a largo plazo. No se debe pasar por alto que los Hermanos difunden un mensaje que, aunque no es directamente violento, puede conducir a la violencia”. También aseguran que los servicios de inteligencia de los diferentes países europeos –y citan al CNI– coinciden en “el impacto social negativo” de las actividades de la Hermandad.

Además, según los documentos a los que ha tenido acceso EIC, Lorenzo Vidino también recibió los informes que elaboraron Castor & Polux y la propia Alp sobre la red de los Hermanos Musulmanes de España, que incluía a más de 160 personas, a menudo sin ninguna vinculación con ese movimiento.

Fuera de España, Vidino es consultado regularmente por The New York Times, la CNN y la BBC. En los Países Bajos, NRC –que forma parte de EIC–, el programa de televisión Nieuwsuur, y los periódicos de Volkskrant y Het Parool le han ofrecido sus cámaras y páginas. En Het Parool señaló el apoyo de Catar a organizaciones y mezquitas en Europa: “Se trata de cientos de millones de euros al año. Los destinatarios están siempre en la red de la Hermandad”.

En 2019 su discurso ante la comisión de la Cámara de Representantes holandesa fue muy similar. Tras la conversación con Vidino, los parlamentarios deciden dar a los Hermanos Musulmanes un papel destacado en la parte pública de una investigación en 2020. Jacob van der Blom es citado para un interrogatorio público en la sala de investigación de la Cámara de Representantes. Dirige la mezquita De Middenweg en Rotterdam, que según Vidino recibió más de seis toneladas de ayuda de un fondo de los Hermanos Musulmanes. La entrevista con la comisión de la Cámara termina en un feroz interrogatorio. “¿Ha prestado juramento a la Hermandad Musulmana internacional?”, quieren saber los miembros de la comisión. Con una negativa, no se dan por satisfechos. “¿Lo declara bajo juramento? ¿Lo sabe con certeza?”, pregunta un diputado.

De dónde saca la comisión la pregunta sobre el “juramento” queda claro cuando presenta su informe final. En él se asegura que los hermanos musulmanes “prestan un juramento secreto”, pero luego lo ocultan. Fuente: “Lorenzo Vidino”. El informe lo cita como experto un total de 20 veces.

Cuando Vidino compareció en la Cámara Baja holandesa, ya cobraba de la agencia suiza Alp Services. Poco después de que los detectives incorporaran en 2017 a Emiratos como cliente, a principios de 2018 se produjo un primer intento de fichar a Vidino. En un correo electrónico fechado el 3 de enero, un empleado de Alp le escribe que está investigando sobre la “nueva generación” de líderes de los Hermanos Musulmanes en Europa. “¿Estás quizás disponible para una reunión en Europa o Washington?”, le pregunta. El mismo día, Vidino acepta. “Es un buen momento. Estaré en Ginebra la semana que viene”.

Una semana más tarde, se presenta en el hotel Beau Rivage de Ginebra. El director de Alp, Mario Brero, le invita a una cena de más de 1.000 euros. Brero prepara la conversación en una nota a la que ha tenido acceso EIC. “¿Quiénes somos, por qué investigamos a los Hermanos Musulmanes?” es el primer punto que Brero quiere compartir con el experto. A continuación, le cuenta a Vidino que un bufete de abogados londinense ha contratado a Alp para que investigue a los Hermanos Musulmanes. Que Alp trabaje realmente para los Emiratos no se menciona en el documento que enumera los puntos de discusión. El memorando termina preguntando si Vidino estaría dispuesto a trabajar para Alp como consultor. “Confidencial, por supuesto”.

Doce días después, Vidino firma un contrato con Alp en el que se compromete a transmitirle “rumores” y “pistas” interesantes sobre los Hermanos Musulmanes. También identificará a posibles miembros de la hermandad. Los detectives suizos esperan recibir una “lista de presuntos miembros de organizaciones de primera línea en países europeos”. Vidino proporcionará esa información como “consultor” por una tarifa de 3.000 euros en el plazo de una semana.

La cooperación se amplió con el tiempo. En la primavera de 2020, según los documentos a los que ha tenido acceso EIC, el investigador ya ha recibido al menos 10.000 euros de la agencia de detectives.

A cambio, Vidino da consejos a Alp sobre una amplia variedad de temas. Un acta de una reunión de 2018 en Milán describe cómo va la colaboración. El primer punto del acta es un “pago” por sus investigaciones sobre los Hermanos Musulmanes en Turquía y EEUU: 4.000 euros. Después, según el informe, Vidino ha proporcionado documentos confidenciales de la organización benéfica Qatar Charity. En ellos se muestra qué organizaciones de la Hermandad Musulmana han solicitado subvenciones del fondo. Vidino le dice a Alp a quién específicamente deben apuntar sus dardos. Por ejemplo, menciona a una “persona con dinero” que se encarga de los asuntos financieros de Qatar Charity. También habla de una disputa que supuestamente estalló en el seno de los Hermanos Musulmanes daneses.

Entre reunión y reunión con Alp, el científico también está disponible por teléfono como consultor. Por ejemplo, en octubre de 2018, le preguntan vía Whatsapp quién es el hermano musulmán más influyente en los Países Bajos. Vidino identifica al presidente de una mezquita marroquí-holandesa que, según él, es quien “mueve los hilos” dentro de los Hermanos Musulmanes holandeses.

Preguntado al respecto por EIC, Lorenzo Vidino confirma haber trabajado para Alp Services, pero niega que supiera que la empresa había sido contratada por los Emiratos. De hecho, asegura que Alp le mintió y le dijo que el cliente era un bufete de abogados con sede en Londres. El experto también responde que no puede recordar con exactitud el dinero que Alp le pagó.

Los nombres de supuestos hermanos musulmanes que le pasó a Alp, Vidino los considera “trabajo académico”. Hace la comparación con un académico que pasó nombres de supuestos neonazis a un gobierno. Dice que eso estaba justificado, y “puesto que los Hermanos Musulmanes no son muy diferentes en términos de ideología”, lo mismo se le aplica a él, que dice estar “muy orgulloso” de su trabajo para Alp.

Lorenzo Vidino lleva desde los años 90 estudiando a la Hermandad. Por aquel entonces, Vidino estudiaba en Milán, cerca de una mezquita salafista. “La gente con la que jugaba al fútbol visitaba la mezquita y, de repente, se iba a Bosnia a luchar. Eso me interesó”, declaró a un periódico austriaco el año pasado.

Según él, los que financiaban la mezquita eran hermanos musulmanes. “Hombres de negocios bien vestidos que poseían sus propios bancos y daban la mano a los políticos”. Esa es la marca de la duplicidad de los hermanos: “En un momento se dan la mano con políticos occidentales y hablan de integración, y al siguiente aparecen predicadores en sus mezquitas promoviendo el asesinato de judíos y homosexuales”.

Vidino siguió estudiando y haciendo carrera en universidades americanas publicando sobre la Hermandad. La profesora y experta en terrorismo Beatrice de Graaf, que disfruta de una beca en la Universidad de Washington, conoce bien ese mundo. “En Estados Unidos ha surgido un amplio campo híbrido en el que los investigadores tienen una pierna en la ciencia y la otra como asesores de gobiernos, grupos de reflexión o empresas. Algunos ocultan su material de investigación a sus propios colegas, o no comunican nada sobre sus clientes o financiadores. Esto conduce a una cultura en la que algunos investigadores están más preocupados por adquirir y proteger cuotas de mercado que por dar nombres matizados”, advierte.

Tras conocer el caso, De Graaf ha renunciado inmediatamente a su puesto en la Universidad George Washington . “Con mi nombre le doy legitimidad a una organización que ya no puedo apoyar por el rol de Vidino”, dice. “La brecha con los estándares éticos”, lamenta, “es demasiado grande allí”.

Así que el trabajo de Vidino no está exento de polémica. El italo-estadounidense describe a los Hermanos Musulmanes como un peligro latente y pide a los países europeos que no se relacionen con organizaciones que él considera parte de la amplia red del movimiento. Aunque hablen el lenguaje de la tolerancia y la inclusión, Vidino las considera “islamistas durmientes”, que mientras tanto sirven a la agenda de la Hermandad.

De modo que va más lejos que otros investigadores. “¿Una agenda secreta? Nunca la he visto”, replica, por ejemplo, el islamólogo holandés Joas Wagemakers, que distingue entre la Hermandad en Oriente Próximo y las asociaciones y mezquitas inspiradas en ella en Europa. “Esas organizaciones europeas están separadas de los Hermanos Musulmanes. Hay que juzgarlas por lo que realmente hacen: participar en el activismo y luchar contra la discriminación musulmana. ¿Qué tiene eso de problemático?”.

Las publicaciones de Vidino han podido tener importantes consecuencias. En noviembre de 2020 se registraron en Austria los domicilios de 70 sospechosos de terrorismo, en la que fue la mayor redada de la historia reciente del país, la Operación Luxor. El entonces ministro del Interior y hoy canciller austriaco, Karl Nehammer, habla de “golpe decisivo contra los Hermanos Musulmanes” y contra el “caldo de cultivo del extremismo”.

La investigación judicial comenzó con un informe de Vidino, que fue asesor de la ministra de Asuntos Familiares e Integración, Susanne Raab, había dibujado para las autoridades austriacas una supuesta red de la Hermandad. Pero, casi tres años después, poco queda de aquello: los tribunales consideraron que no había sospechas suficientes para abrir esa investigación.

Además, los informes que Vidino prepara para Alp parecen sesgados. Por ejemplo, un empleado de Alp le encarga una investigación sobre los Hermanos Musulmanes alemanes a principios de 2020. El informe se centrará en sus “vínculos con el terrorismo, la corrupción, el blanqueo de dinero y otros delitos”. La respuesta de Vidino: “Tiene sentido. Puedo preparar algo para finales de febrero”.

En opinión del experto, el hecho de que la agencia le ordenara centrar su investigación específicamente en los vínculos entre los Hermanos Musulmanes y el terrorismo no significa que su trabajo fuera tendencioso. A su juicio, hay muchos ejemplos de Hermanos Musulmanes que han participado en actos terroristas. “¿Cómo demonios puede ser ‘tendencioso’ escribir un informe sobre eso?”.

¿De dónde saca Vidino la información? A medida que se acerca la fecha límite para entregar su informe sobre Alemania, en febrero de 2020, informa a uno de los detectives suizos de que pasará unos días en Berlín el mes siguiente como “invitado de las autoridades”. Según le explica Vidino, hablará con los alemanes “exactamente de nuestro tema”. Su informe será “más jugoso” después de la visita a Berlín, escribe. De vuelta de Alemania, informa a Alp de que los servicios de seguridad alemanes intensificarán sus investigaciones sobre la hermandad en los próximos meses. También proporciona decenas de nombres de presuntos simpatizantes alemanes de los Hermanos Musulmanes. El detective le pregunta si tiene más información sobre alguno de estos nombres. No, responde Vidino: “Muchos de los nombres de la lista proceden directamente de reuniones con la inteligencia alemana”.

Pero Vidino niega haber filtrado información de la inteligencia alemana. La reunión con el servicio secreto supuestamente nunca tuvo lugar. En marzo de 2020, cuando la reunión debía celebrarse, comenzó el confinamiento por el coronavirus, lo que le dejó atrapado en su casa de Milán.

“¿Quién demonios habría convocado una reunión en Alemania cuando todo estaba cerrado?”, pregunta. ¿Cómo explica sus propios mensajes, en los que habla de sus citas con el servicio de inteligencia? “Ni idea, no recuerdo conversaciones de hace cinco años”, es toda su respuesta.

Además, dice que no conoce a la empleada de Alp con la que se comunicó al respecto, a pesar de que EIC ha tenido acceso a fotografías en las que se le ve sentado junto a esta mujer durante una reunión con Alp. Vidino no ha querido responder al ser preguntado por esas imágenes.

Tampoco los servicios de inteligencia alemanes han contestado.

¿Pasó Vidino a Alp también información, por ejemplo, de agencias de seguridad holandesas? Según indican fuentes internas, también mantenía relaciones cordiales con el órgano que coordina las actividades antiterroristas en los Países Bajos, NCTV, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. Un portavoz confirma que funcionarios del NCTV han mantenido conversaciones con Vidino. “Por lo que sabe el NCTV, no se compartió información confidencial en el proceso”, resume.

La campaña mediática de Alp Services también utilizó a Vidino para un montaje destinado a comprometer a Islamic Relief, la principal organización de ayuda islámica en Occidente. En 2019 los detectives suizos desarrollaron una estrategia en 2019 para ponerla en la lista negra por su “vínculos con los Hermanos Musulmanes”. En Facebook, los investigadores de Alp descubren declaraciones antisemitas de figuras destacadas de Islamic Relief. Uno de ellos llamó a los judíos “nietos de monos y cerdos” en Facebook. El personal de Alp transmite sus hallazgos a Vidino. Y éste se entusiasma de inmediato. “Con las fuentes adecuadas, esto es oro y se me ocurren algunos periodistas mainstream a los que les encantaría”, responde. Si la prensa mainstream lo recoge, puede tener “consecuencias tangibles”, predice Vidino.

Ese medio mainstream resulta ser nada menos que el británico The Times. El director de Alp, Mario Brero, informa del montaje a su interlocutor en el servicio de inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos. “Hemos remitido nuestros hallazgos al experto académico Lorenzo Vidino y a The Times para garantizar su total confidencialidad”.

El 24 de julio de 2020, el artículo sobre Islamic Relief aparece en la portada del diario británico. En él, Vidino aparece como experto, calificando las declaraciones del dirigente musulmán --que él mismo había facilitado-- de “altamente perturbadoras”. La noticia originó una tormenta mediática tras la cual varios países, entre ellos Países Bajos, retiraron en el último momento una subvención millonaria a Islamic Relief.

Vidino reconoce haber pasado al diario británico The Times capturas de pantalla incriminatorias de Facebook sobre la organización de ayuda Islamic Relief, sin mencionar que las obtuvo de Alp. “Por qué iba a hacerlo (...) Que vengan de mí mismo, de Alp, del Gran Pitufo o de Gargamel, no importa”, zanjó airado.

Los miembros de la comisión parlamentaria que investiga la influencia extranjera en las mezquitas recuerdan ahora con incomodidad el papel de Vidino en la mininvestigación. “Desgraciadamente, no lo sabíamos en aquel momento”, dice el diputado del partido liberal D66 Rutger Schonis. De haberlo sabido, dicen la mayoría de los miembros de la comisión, Vidino no habría sido invitado. “Porque eso podría significar que su historia era parcial”, dice el diputado del conservador SGP Chris Stoffer. “En aquel momento, no preguntamos a los expertos que consultamos por sus relaciones financieras. En cambio, nos fijamos en las relaciones financieras de las mezquitas”.

La exdirectora del CNI, Paz Esteban, ha asegurado hoy que "el pasado es el pasado" al ser preguntada por cómo se sentía tras el cese de su cargo. En su opinión, lo importante ahora es la nueva directora del CNI. Así lo ha afirmado durante el acto de toma de posesión de la nueva directora, al que ha asistido y ha estado acompañada del director y el subdirector del Centro Criptológico Nacional, según informa Europa Press.

En este acto, la ministra de Defensa, Margarita Robles ha tratado cariñosamente a la ya exdirectora del CNI al afirmar: "Paz, querida Paz". Durante su discurso, la titular del Ministerio ha dejado clara la apuesta "continuista" que ha realizado, afirmando que las tomas de posesión que hoy se producían son un acto de "continuidad". "Nada va a cambiar, pero va a cambiar mucho porque vamos a seguir trabajando e impulsando" los proyectos que estaban llevando a cabo, ha precisado Robles.

Hasta en tres ocasiones ha destacado esta continuidad que se ha traducido en el nombramiento de la secretaria de Estado, Esperanza Casteleiro Llamazares como nueva directora del CNI; el nombramiento de la subsecretaria de Estado, Amparo Valcarce en la nueva secretaria de Estado y en el de la directora de Personal, Adoración Mateos, como subsecretaria del Ministerio de Defensa.

Todas ellas han tomado hoy posesión en un acto en el Ministerio de Defensa ante la mirada de la ya exdirectora del CNI, el director y el subdirector del Centro Criptológico Nacional, que la acompañaban, además de numerosos cargos del Ministerio y de las Fuerzas Armadas, muchos de los cuales han saludado con complicidad y cariño a Paz Esteban.

Margarita Robles, durante su intervención, no solo ha destacado la vocación de servicio a España de Casteleiro, Valcarcel y Mateos, sino que también ha querido dar las gracias al director y subdirector del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI.

En cuanto a las recién nombradas, la ministra ha asegurado que no era necesario hablar de ellas porque todas se han dedicado a pensar en España y en las Fuerzas Armadas con "humildad, discreción, prudencia, entrega y responsabilidad". "Están mas que reconocidas por su trabajo", ha precisado.

En este sentido, ha querido rendir homenaje a los 120.000 hombres y mujeres de las FAS, al personal civil del Ministerio y a los 3.000 hombres y mujeres del CNI.

En su opinión, estos son los verdaderos protagonistas del acto de hoy porque trabajan por los demás sin que se conozca su "nombre y apellidos", mientras que el resto, entre los que se ha incluido, son servidores públicos.

También ha querido destacar el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 4 años en el Ministerio de Defensa en innovación y tecnología para hacer que las FAS estén cada vez más preparadas. En este punto, ha señalado también el esfuerzo por la industria de defensa española, con el que se va a seguir.

También ha recordado los próximos retos, el de la cumbre de la OTAN en Madrid y la presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023 y también ha mencionado al Rey, del que ha dicho que en el Ministerio le respetan y quieren.

En este marco de convivencia, ha dicho, van a seguir trabajando, sabiendo que los enemigos "son muchos" y también las "vulnerabilidades". Pero ha advertido de que quien quiera atacar a España se va a encontrar al CNI y la inteligencia de las FAS, como un "baluarte" que sigue trabajando por la Constitución y por España.

Ya ha concluido asegurando: "igual que se que Ucrania va a ganar la guerra porque tiene la razón y la justicia desde esta casas vamos a ganar todas las batallas necesarias por los españoles, la seguridad y la democracia".

La nueva directora del Centro, Esperanza Casteleiro, que ha departido un momento con los periodistas tras su toma de posesión, ha reiterado la continuidad en su trabajo y con los equipos, también con el director y subdirector del Centro Criptológico Nacional. "Por qué habría que cambiarlos", ha exclamado al ser preguntada si la continuidad en la labor les incluía.

Y ante la afirmación de que su nombramiento trae tranquilidad a la situación actual, ha añadido que si es así, seguirán trabajando como siempre.

Previamente y en su discurso de toma de posesión ha apostado por dar una nueva orientación tecnológica que de seguridad a las comunicaciones. Pero también ha destacando los nuevos programas de desarrollo tecnológico que han puesto en marcha contribuyendo con ello, ha dicho, "al desarrollo de la industria de defensa".

Además, ha agradecido el nombramiento a Robles y a Paz Esteban por su esfuerzo y dedicación: "compañera de tantos años", ha exclamado. En cuanto a Robles, ha asegurado que el tiempo que ha trabajado con ella la ha demostrado que es "la mejor de las maestras" con la que "tanto" ha aprendido y compartido.

Y, en cuanto a su nuevo destino, ha asegurado que llegaba con "humildad" porque se sabe el eslabón de una cadena, y con tranquilidad porque sabe donde va, conoce a las personas y vuelve al lugar donde ha desarrollado su carrera.

Casteleiro ha recordado también las amenazas a la paz y seguridad que afronta España y el resto de aliados, algo que, en su opinión, exige a los servicios de inteligencia nueva cooperación y alta capacitación tecnológica. "Espero tener la sabiduría y el acierto necesarios para no decepcionar la confianza que hoy se deposita en mi", ha concluido.

La nueva secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, tras felicitar a Casteleiro y Mateos por haber desempeñado de manera "brillante" su cargos, se ha referido a Robles para mostrar su "lealtad" y señalar que bajo su "superior dirección" van a construir "bases sólidas que faciliten los altos intereses de la conciliación nacional y el mantenimiento de la paz".

Ha destacado también el éxito de la política de Estado que han estado llevando a cabo con los proyectos estratégicos orientados a conseguir la transformación tecnológica y ha apostado, para alcanzar esos objetivos, por "continuar incrementando el presupuesto del ministerio de Defensa".

En este sentido, ha precisado que el "recurso financiero es capital para el desarrollo exitoso de los proyectos industriales" con los que dotarán a España y a las Fuerzas Armadas con el más moderno equipamiento. Según Valcarce, la industria de Defensa es palanca principal del modelo productivo.

Ha recordado que son momentos difíciles y afronta el reto con "toda humildad" del que sabe que "necesita apoyarse en un extraordinario equipo" y con su determinación para "cumplir la misión con eficiencia, diálogo, consenso y respeto a los principios constitucionales".

Finalmente, la nueva subsecretaria del Ministerio, Adoración Mateo, ha agradecido a todos los colaboradores que la han acompañado durante 12 años en su cargo anterior en la Dirección General de Personal, dejando claro también que sus primeras directrices son de continuidad.

Asume así las líneas estratégicas que han venido desarrollando y con la apuesta firme por potenciar al máximo el talento y la vocación de servicio del personal, con unas Fuerzas Armadas modernas y tecnológicamente avanzadas y con la mejora de las condiciones del personal y el desarrollo profesional adaptados al siglo XXI.

La oficina del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha salido así por primera vez al paso de las informaciones publicadas por The New Tork TimesThe New Tork Times y que dan cuenta de contactos de colaboradores de Puigdemont, entre ellos Josep Lluis Alay, con funcionarios y exagentes de Inteligencia rusos. "No tenemos constancia de esos contactos, no sabemos hasta qué punto son fidedignas esas publicaciones", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a los medios recogidas por la agencia de noticias oficial Sputnik.

También ha querido negar "categóricamente" una posible implicación de Moscú "en los sucesos de Cataluña". "No es más que una mentira o insinuación", ha sentenciado el principal portavoz de Putin.

¿Cuál es la relación entre una empresa israelí de “seguridad informática”, es decir, una empresa de ciberespionaje como NSO Group, y el Estado de Israel?

A decir de los contratos de transferencia de programas informáticos entre los Estados árabes firmantes de los recientes acuerdos de “normalización diplomática” –Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos– y su nuevo socio israelí, queda claro que la tecnología israelí de alta seguridad es ahora uno de los instrumentos privilegiados de la diplomacia de “apertura” del Estado hebreo.

Lo mismo que los contratos con México, Indonesia, Bangladesh, la administración china de Hong Kong y Vietnam.

Junto con las exportaciones de armas y los conocimientos militares, el suministro de sistemas de vigilancia informática, que implica la formación de personal especializado, se ha convertido en uno de los principales recursos de Israel.

La lista de transacciones que se han hecho públicas, y otras formalizadas forma más discreta, indica que el carácter democrático, autoritario o incluso dictatorial del régimen asociado importa poco. Lo único que importa es la solvencia financiera y la estabilidad, al menos a medio plazo, del socio.

Pero los vínculos entre el complejo militar-industrial y el Ejército israelí, es decir, el Estado, no se limitan a dicho suministro de productos o servicios estratégicos de exportación. Ya existen mucho antes de esta contribución a la diplomacia económica de la “start-up nation” (nación emergente), como les gusta definir a los dirigentes israelíes a su país en la actualidad. Y como les gustaría que se considerara en el extranjero.

Esto recuerda la participación en el último Tour de Francia de un equipo ciclista profesional cuyos maillots con los colores de la bandera israelí, azul y blanco, llevan este lema.

Detrás de esta imagen pacífica, dinámica y halagadora, muchas unidades de la Dirección de Inteligencia Militar mantienen, en la práctica, desde hace años, estrechas relaciones con empresas privadas del sector de la alta tecnología informática o de la ciberseguridad.

Es el caso de la Unidad 8200, con varios miles de soldados y oficiales, especializada en inteligencia electrónica y descifrado de códigos; de la Unidad 9900, encargada de analizar las imágenes aéreas proporcionadas por satélites, aviones de reconocimiento o drones de observación; de la Unidad 504, que procesa la información de los países árabes vecinos; o de la Unidad 81, nacida con el Estado de Israel para proporcionar armas de alta tecnología, sistemas de comunicación seguros e indetectables, o herramientas informáticas a los soldados de las fuerzas especiales Sayeret Matkal, que dependen directamente del Estado Mayor.

Con los años, estas unidades se han convertido incluso en una verdadera red de detección, selección y formación avanzada de expertos en nuevas tecnologías. En otras palabras, una reserva de cerebros y habilidades en la que las start-up vienen a hacer negocio.

Los soldados seleccionados para llevar a cabo allí sus 30 meses de servicio militar, complementado o no con la formación de oficiales, saben que cuando se marchan tienen muchas posibilidades de ser reclutados por empresas que les ofrecerán, desde sus primeros meses de actividad, salarios entre cuatro y diez veces superiores al salario medio israelí.

Tanto es así que ahora existen redes de formación postescolar en Israel que preparan a los futuros reclutas más afortunados para su ingreso en estas unidades de inteligencia. Es como si fueran una de las mejores formas de acceder a una carrera y a un estatus social envidiable.

Para algunos militares y responsables de contrainteligencia, estos estrechos vínculos entre las unidades de ciberinteligencia y las empresas privadas del mismo sector son cuestionables. En su opinión, constituyen incluso un riesgo, si no una formidable falla de seguridad.

Temen que las unidades que desempeñan un papel clave en la defensa y la seguridad del país puedan, a la larga, estar formadas por soldados más motivados por el atractivo de los beneficios y la perspectiva de un trabajo lucrativo en una de las prometedoras star-up que por un compromiso patriótico con la defensa de su país.

Esto aumenta la posibilidad de que los poseedores de información secreta vital para la seguridad del país se vean expuestos a importantes ofertas económicas o a una presión personal insoportable.

Según confía un alto responsable de defensa al diario Haaretz: “En estos momentos, el mayor peligro para las organizaciones de seguridad relacionadas con la tecnología procede del interior de estas organizaciones, de un empleado descontento o de alguien con malas intenciones”.

“Otro problema grave es el sistema de selección de estas unidades tecnológicas”, observa un segundo experto. “Las cualificaciones requeridas para estas unidades suelen corresponder a personalidades complejas, originales y caprichosas, que no encajan bien en el rígido sistema de seguridad en el que deben encajar estos valiosos reclutas”.

Y, según un abogado familiarizado con estos asuntos, “los límites difusos entre las unidades tecnológicas del Ejército y la industria civil pueden llevar a los jóvenes reclutas a creer –equivocadamente– que pueden utilizar para fines civiles medios que fueron diseñados para el Ejército”.

A pesar de estos riesgos, para un friki israelí ahora es una trayectoria banal –y envidiable– unirse a una de estas unidades durante su servicio militar antes de ofrecer sus servicios o de ser fichado por una de las muchas start-ups de cibertecnología que se multiplican en el país.

Los más emprendedores o creativos aprovechan incluso los conocimientos, la experiencia y los contactos adquiridos con el uniforme para crear su propia empresa cibernética tras el servicio militar o de su alistamiento como oficiales, antes de venderla cuando han encontrado un nicho rentable o un servicio innovador, con un beneficio considerable, a un gigante del sector, casi siempre estadounidense.

Después, algunos hacen fortuna en otro negocio o en la política. Como, por ejemplo, el actual primer ministro Naftali Bennett, un antiguo oficial de las fuerzas especiales que se enriqueció vendiendo su empresa de ciberseguridad bancaria y se convirtió en ministro, luego en rival y finalmente en sucesor de Netanyahu.

La enigmática muerte del soldado T.

¿Qué reglas de las relaciones complejas, y en gran parte secretas, entre la ciberinteligencia militar y la ciberindustria civil infringió el soldado T., hallado muerto en su celda de la nueva prisión militar de Neve Tsedek la noche del 16 al 17 de mayo?

Hasta que el Gobierno israelí no levante la censura absoluta sobre este caso, será difícil, si no imposible, responder a esta pregunta. Las autoridades militares no han revelado nada, ni siquiera su identidad, ni su rango, ni su unidad, ni los motivos de su detención y encarcelamiento.

Lo único que se sabe es que “T.”, presentado por sus amigos e incluso por algunos de sus jefes en el Ejército como un “genio” de la informática, se enroló en marzo de 2016 en una unidad de inteligencia electrónica que podría ser la unidad 8200. También se sabe que había participado antes, a los 16 años, en un programa de formación para jóvenes emprendedores de alta tecnología y que obtuvo un título en informática.

Uno de sus excompañeros de la empresa en la que trabajaba antes de incorporarse al Ejército lo describe como “una de las personas más inteligentes y con más talento que ha conocido”. Otro afirma que “podía hacer en unas horas cosas que a cualquier persona le llevarían semanas” y añadió que “su manera de pensar era tan rápida que los ordenadores a su lado parecían lentos”.

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Aviv Kochavi, que fue entre 2010 y 2014 el jefe de los servicios de inteligencia militar, lo describe como un “excelente elemento”. Pero señala que “T.” cometió “delitos de extrema gravedad. Lo hizo deliberadamente, con pleno conocimiento de causa. Puso en peligro un gran secreto que pudimos preservar en el último momento”.

También se sabe que fue detenido en septiembre de 2020 por “el daño que podía causar en el ámbito de la seguridad nacional” y que fue puesto en prisión preventiva bajo X pero que “no fue acusado de espionaje o traición, ni estuvo en contacto con agentes extranjeros ni actuó en nombre de agentes extranjeros”. Según el general Kochavi, “T.” actuó “de forma independiente, movido por razones personales, sin motivos ideológicos, nacionalistas o financieros”.

Inicialmente, fue encarcelado con su verdadero apellido en la prisión militar nº 4, y luego se le trasladó a la nueva prisión de Neveh Tsedek, donde compartió celda con otros dos presos. Según el Ejército, le visitó su familia con la condición de no revelar a sus visitantes los motivos de su detención.

El 16 de mayo, según las autoridades militares, que pudieron seguir sus movimientos a través de una cámara, pidió a sus padres que le enviaran ropa y objetos personales. Al parecer, por la noche dijo a sus compañeros que no se encontraba bien y que estaba vomitando. Entonces, supuestamente, perdió el conocimiento.

Alertada por los que eran sus compañeros de celda, la administración lo trasladó por la noche al hospital de Netanya, donde se certificó su muerte. Varias horas después, cuando llegó al hospital, su familia fue informada de que su cuerpo había sido trasladado al instituto médicoforense de Tel Aviv para que se le practicara la autopsia. Oficialmente, el cuerpo no presentaba signos de violencia ni de suicidio por ahorcamiento. Todavía no se conocen los resultados del análisis toxicológico.

Últimos misterios: las autoridades militares se negaron a indicar cuándo y por qué razones “T.” habría pedido abandonar el Ejército durante su detención, lo que explicaría por qué fue enterrado en un cementerio civil; también se negaron a comunicar a la familia o a sus representantes el contenido de las grabaciones de vídeo tomadas por la cámara de vigilancia antes del anuncio de la muerte de “T.”. La familia sigue sin conocer la relación entre la unidad en la que sirvió “T.” y la empresa civil para la que también trabajaba simultáneamente.

“Si se trata de NSO –lo que no es seguro– no es de extrañar: esta empresa, creada en 2010 por antiguos miembros de la unidad 8200, se ha convertido en un Estado dentro del Estado”, explica un abogado. Sus intereses y los del Ejército israelí –y, por tanto, del Estado de Israel– pueden converger en muchos casos”.

Lo confirma la reciente decisión que tomó el Gobierno israelí a favor del exmagistrado mexicano Tomás Zorón de Lucio; sospechoso en su país de estar implicado en el secuestro y asesinato de 43 estudiantes en 2014, huyó y encontró refugio en Israel, donde el Gobierno acaba de anunciar que no será extraditado. Hace una decena de años, hizo comprar para sus servicios, por 32 millones de dólares, el software de ciberespionaje Pegasus, producido por NSO.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El nombre del grupo ya es una declaración: el colectivo de activistas de la transparencia se llama Distributed Denial of Secrets (Denegación de Secretos Distribuidos, DDoS por sus siglas en inglés), un término que alude a los ataques en internet que paralizan sitios web y ordenadores con peticiones masivas de conexión a un servidor. DDoS se ha fijado como objetivo hacer pública la mayor cantidad posible de información confidencial. El grupo se reúne en torno a dos extraordinarios activistas norteamericanos. Emma Best y Lorax Horne están comprometidos con la libertad de datos y de orientación sexual: “Sé gay, haz leakactivismo [activismo de filtración]” es su lema.

Ambos tienen 34 años y, explican, no se asocian con un género binario. Eso significa que no se sienten masculinos ni femeninos.

Best y Horne saben cómo desvelar secretos que otros querrían guardar para sí mismos. Best dice que trabajaba para las agencias de inteligencia de EEUU, parece intrépido (o intrépida) y desafiante. Con una transparencia radical, ellos y el equipo de DDoS quieren conseguir lo que durante décadas los políticos han intentado y con éxito más bien moderado: drenar los paraísos fiscales en todo el mundo. Hace cuatro meses, le entregaron a la revista alemana Der Spiegel un gran volumen de información del registro mercantil del paraíso fiscal de Bahamas. DDoS actúa como intermediario, los activistas no quieren revelar la fuente original de los documentos.

La revista, en cooperación con la red EIC (European Investigave Collaborations) –a la que pertence infoLibre– y la Escuela de Periodismo Henri Nannen de Hamburgo, ha investigado alrededor de un millón de documentos. Los resultados obtenidos permiten explicar por qué Bahamas se opone una y otra vez a la presión internacional a favor de la transparencia. Y también queda claro que esos esfuerzos ya no son suficientes para proteger a clientes con empresas que sólo poseen un buzón postal en las islas.

Al mismo tiempo, el caso muestra lo difícil que puede resultar tratar con este tipo de filtraciones masivas. DDoS quiere subir toda la información a internet, que sea por tanto accesible a todos y en todo el mundo. Pero los documentos también aluden a personas que pueden no haber hecho nada ilegal, que también pagaron sus impuestos sin ocultar nada. Porque no está prohibido tener una empresa en las Bahamas o una sociedad que se reduzca a una mera dirección postal. El Radar de Evasores Fiscales es el primer proyecto que desarrollan conjuntamente EIC y DDoS.

La preocupación de los activistas de DDoS es el entramado global. Lorax Horne se está sometiendo a terapia hormonal. Al otro lado del teléfono se escucha una voz suave que responde con calma y elocuencia. “Actualmente vivimos en una sociedad muy enferma, y no me refiero sólo al coronavirus”, dice Horne, aludiendo a “la desigualdad económica y al suicidio planetario, simultáneos al cambio climático provocado por el hombre”.

La evasión fiscal es uno de los principales problemas del mundo, una causa de desigualdad, protesta Horne, y las autoridades de Bahamas han ayudado durante décadas al máximo de sus capacidades tanto a culpables como a inocentes. La llave de entrada al mundo corporativo deberían ser los registros mercantiles de acceso público de los paraísos fiscales; en cambio, se han convertido en una burla. Los promotores de las empresas pantalla no aparecen en el sitio web oficial, sólo los nombres de las sociedades y sus números de registro. E incluso quienes las conocen apenas pueden obtener información con los sistemas habituales sobre las personas que están detrás de ellas. Es lo que revelan las informaciones proporcionadas por DDoS.

El Caribe ofrece a particulares y empresas un paquete “todo incluido” para su dinero. No hay que pagar impuesto de sociedades ni cotizaciones por los salarios, ni impuestos sobre las plusvalías del capital, activos o herencias. Todo es legal, siempre y cuando el interesado lo declare antes en la agencia tributaria de su país. En el Índice de Atractivo Fiscal que elabora la Universidad de Munich LMU, Bahamas se sitúa en el tercer puesto de la clasificación mundial. Miles de empresas se han establecido aquí sobre el papel.

Activistas de la libertad de información

Ésta no es la primera vez que los activistas publican una filtración. Desde 2018 el grupo ya ha subido a internet más de cuatro terabytes de documentos confidenciales. Algunos de los miembros de DDoS tienen experiencia periodística, algunos son expertos en tecnologías de la información, otros se describen a sí mismos como hackers en el sitio web de DDoS. El grupo niega que sus miembros pirateen a personas o instituciones para acceder a los datos.

Emma Best pertenece al grupo de fundadores. En Twitter publica mensajes que destilan sarcasmo. Durante años Best ha luchado por hacer públicos informes del Gobierno de EEUU que estaban bloqueados. Desde 2016, ha presentado más de 5.600 solicitudes a las autoridades estadounidenses amparándose en la Ley de Libertad de Información, incluyendo numerosas peticiones a sus servicios de inteligencia y al FBI. Emma Best documenta públicamente todo el material, así como sus batallas con las autoridades cuando se niegan a facilitarle la información. “Obtener y publicar documentos del Gobierno significa que, con cinco años de esfuerzo, puedes cambiar 50 de historia”, explica.

Best dice que hace unos años trabajó para subcontratistas de la agencia de contrainteligencia de los Estados Unidos. “Me fui después de encontrarme con obstrucciones burocráticas y desprecio por la seguridad de las fuentes por parte de una organización internacional relacionada con un asunto en el que yo estaba trabajando”, explica. No quiere revelar los detalles de su trabajo de inteligencia: “Mi antiguo trabajo fue hace varias vidas y no me he mantenido en contacto con mis antiguos colegas”.

Entonces Emma Best se metió en un pequeño círculo de personas que trabajaban para Wikileaks. La plataforma de denuncia de Julian Assange había copado titulares con sus numerosas revelaciones. Pero Best se peleó con Assange en 2016 y hoy lo acusa de mentir sobre la fuente de las filtraciones en la sede del Partido Demócrata estadounidense, entre otras cosas. “Yo persigo hechos y datos, no agendas”, dice. Assange está pendiente de extradición a los Estados Unidos, donde se enfrenta a una pena de cárcel de 175 años por traición. Best es consciente de que ellos también podrían ser acusados por sus publicaciones en internet. Cuando se les pregunta si tienen miedo de ser acusados por sus filtraciones, Best responde: “Soy consciente de que podría suceder, pero no tengo miedo. Si me acusan, lucharé, pero no me arrepentiré”.

En la lista de paraísos fiscales que blanquean dinero

En los últimos años, las medidas políticas y las sanciones han obligado a Bahamas a cambiar sus leyes y aumentar la transparencia fiscal. Pero el país es un buen ejemplo del juego del ratón y el gato que los territorios de ultramar suelen emplear con los reguladores de la OCDE. En 2000, la organización incluyó al Estado caribeño en una lista de países que ayudan a la evasión fiscal. Bahamas respondió con cambios legislativos. Sin embargo, la OCDE volvió a criticar a Bahamas en 2009 y 2014, y al año siguiente la Unión Europea también clasificó al Estado caribeño en su lista de 30 paraísos fiscales no cooperativos.

Actualmente sigue habiendo indicios de que Bahamas no se toma demasiado en serio la transparencia prometida. Fuentes de los reguladores internacionales han asegurado a Der Spiegel que las islas están una vez más en el punto de mira. A principios de mayo, la Comisión Europea puso al estado en una lista de otros 11 países donde el riesgo de que se lleve a cabo blanqueo de dinero es elevado.

“La evasión de impuestos es una preocupación social urgente, ya que roba a todas las personas de nuestro entorno”, subraya Lorax Horne. La organización benéfica Oxfam calcula que la pobreza mundial podría eliminarse dos veces si todos los impuestos se pagaran de acuerdo con la ley.

“Puede haber razones comerciales legítimas para crear una sociedad offshore, pero no hay ninguna razón legítima para permanecer en el anonimato”, indica Lakshmi Kumar, del centro de estudios estadounidense Global Financial Integrity (GFI). Kumar cita un estudio del Banco Mundial que examinó casos de corrupción a lo largo de tres décadas. En el 70% de ellos era significativo el papel desempeñado por empresas fantasma.

Desde 2014 la OCDE confía en el intercambio automático de información entre los Estados para garantizar una mayor transparencia en el sistema. La jefa del Secretariado del Foro Global de la OCDE, Zayda Manatta, es optimista y cree que funcionará: “Lo veo como un gran lago, y el agua está bajando. Cuanto más baje el nivel del agua, más peces grandes aparecerán”.

Una nueva directiva del Consejo Europeo, que entrará en vigor el 1 de julio [y España acaba de transponer a su ordenamiento], se dirige principalmente a los profesionales que crean empresas pantalla para sus clientes. A partir de entonces, asesores fiscales, contables y abogados deberán informar a las autoridades de los modelos de planificación fiscal agresiva con que se encuentren en su trabajo. Si no se adhieren a las normas de transparencia, los Estados les impondrán sanciones. Tommaso Faccio, que hace campaña por una reforma de la fiscalidad internacional de las empresas en la organización ICRIT (Independent Commission for Reform of International Corporate Taxation) , se muestra escéptico: “Me preocupa que la directiva de la UE no sea un instrumento contundente. No está suficientemente claro quién controlará a los intermediarios y cómo serán sancionados”.

Las tácticas de guerrilla digital, como las que persigue DDoS, funcionan más rápidofuncionan más rápido. Por eso los activistas hacen enemigos poderosos. “Mi vida se ha convertido en un campo de minas legal a fin de mitigar los riesgos para DDoSecrets y nuestra fuente”, tuiteó un día Emma Best. Cuando se les pregunta a Best y Horne sobre el riesgo que corren de ser sometidos a costosos juicios o de sufrir actos personales de venganza, reaccionan desafiantes: “Si caemos, caemos. Quienes están en el poder son los que están asustados, porque tienen mucho más que perder que el público”.

Durante su audiencia del martes 8 de octubre ante la Comisión de Derecho de la Asamblea Nacional, el ministro del Interior, Christophe Castaner, en el curso de una pregunta sobre la masacre en la prefectura de Policía de París, afirmó que “cualesquiera que fueran las tensiones –en particular con el Reino Unido después del Brexit– la cooperación en la lucha contra el terrorismo [era] ejemplar”.

Los espías británicos se sienten como en casa en París. Sus cuatro servicios secretos tienen representación en la capital francesa. El MI5, el MI6 (o Secret Intelligence Service, inteligencia exterior), pero también el GCHQ (siglas de Government Communications Headquarters) y el menos conocido SO15 (Counter Terrorism Command & National Coordinator of Terrorism Investigations, la división responsable de las investigaciones penales antiterroristas dentro de la Metropolitan Police de Londres).

Y todas ellas se entrevistan con los franceses de la DGSI, de la DGSE, regularmente, muy regularmente. En una nota dirigida al Elíseo, la DGSI elogia la “excelente calidad” de la cooperación bilateral y elogia las “fructíferas relaciones” establecidas entre los distintos departamentos. Aliados desde hace muchos años, se miraban con recelo, puesto que sus socios europeos sospechan que el MI5 y el MI6 comparten mucho más con los primos americanos del FBI y la CIA. Sobre todo porque están vinculados por una alianza que engloba, desde la Segunda Guerra Mundial, a los diferentes servicios secretos técnicos anglosajones (americanos, australianos, británicos, canadienses y neozelandeses) bajo el nombre de Five Eyes. Una alianza que, como hemos podido saber por los documentos revelados por Edward Snowden, les llevó a espiar a varios miembros de la Unión Europea.

Pero los atentados del 13 de noviembre de 2015 llevaron a los vecinos británicos y franceses a trabajar juntos. Los miembros del comando dirigido por Abdelhamid Abaaoud se prepararon en Siria, entraron en Europa a través de Grecia, utilizaron Bélgica como base logística y llegaron el día antes de su crimen a la región de París. Como se pondrá de manifiesto en el informe de la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional sobre los atentados, “los terroristas ya no están vinculados a ninguna lógica nacional, ni en su perfil ni en su reclutamiento, ni en la forma en que operan ni en el diseño de sus atentados”.

El yihadista inglés más famoso, apodado por los medios de comunicación Jihadi John, el verdugo que decapitaba a los rehenes occidentales del califato en sus vídeos, planeaba al mismo tiempo atacar el país de su infancia. En una de sus notas, la DGSE incluye también a Abdelhamid Abaaoud, de Bélgica, y a Jihadi John, del Reino Unido, como “directores operativos” responsables de la formación y el seguimiento de los futuros terroristas una vez que estén sobre el terreno. El último fue asesinado en un ataque con drones en Raqqa la víspera del 13 de noviembre.

Y luego está Mohamed Abrini, uno de los encargados de la logística de los atentados de París que renunciará en el último momento a inmolarse en el aeropuerto de Zavantem en Bruselas. De vuelta de Siria, este belga se fue a Gran Bretaña en el verano de 2015 para ir de compras a Londres, donde fue fotografiado en el estadio de fútbol del Manchester United. La unidad antiterrorista de la Policía de West Midlands se interesó por este viaje turístico, que realiza tres meses antes de la masacre de París.

Necesariamente, el Reino Unido se convirtió entonces en un “socio importante” de los franceses. La información proporcionada por los servicios británicos facilita la identificación y el seguimiento de algunos de los autores de los atentados del 13 de noviembre. Los espías de Su Majestad son expertos en el procesamiento de fuentes humanas. Consiguieron infiltrarse en el Estado Islámico.

Y esta nueva colaboración resiste incluso a los peores inconvenientes. El 17 de junio de 2016, los servicios secretos británicos anunciaron un ataque inminente contra un bar frecuentado por la comunidad lesbiana del Marais. La inteligencia es precisa y creíble, el torneo de fútbol europeo lleva una semana en marcha y un yihadista estadounidense acaba de cometer una masacre en un club gay de Orlando cinco días antes.

“Sed astutos en la explotación de la información”, suplican los británicos. Su fuente en Siria ya está en el punto de mira de Amniyat, el servicio secreto yihadista. En París, los agentes de policía fueron enviados a esconderse en las inmediaciones del bar en cuestión. No acudió ningún terrorista; al tiempo, los servicios ingleses indican, molestos, que su fuente ha dejado definitivamente de emitir...

A pesar de ello, analistas de la DGIS y del JTAC (Joint Terrorism Assessment Center, estructura interministerial británica de análisis de la amenaza terrorista) siguen reuniéndose para intercambiar puntos de vista sobre sus respectivas visiones del futuro del califato, su oficina de operaciones exteriores que planifica atentados en Europa y la propaganda yihadista. Los intercambios entre servicios van más allá de la zona sirio-iraquí y abarcan varios continentes. Ellos discuten juntos las diversas organizaciones terroristas en Asia y África.

El MI5 elabora estudios sobre la evaluación del modus operandi del terrorismo. El MI6 señala a todos aquellos que aspiran a atacar a Francia o a sus intereses. En septiembre de 2015, la DGSE emitió un mensaje de CONFIDENCIAL DEFENSA: “Los servicios de inteligencia apuntan a la planificación en Francia de operaciones con base en Gran Bretaña” para llevar a cabo ataques similares a los de Charlie-Hebdo e Hyper Cacher.

En 2017, Gran Bretaña fue a su vez blanco de una serie de ataques: El 22 de marzo, un coche arrollaba hasta la muerte a cinco personas en el puente de Westminster; el 22 de mayo, una explosión en el complejo del Arena Manchester mató a 22 espectadores en un concierto de Ariana Grande; el 3 de junio, tres hombres atropellaron a peatones en el puente de Londres matando a ocho personas, entre ellas tres franceses; el 25 de agosto, un oficial de policía era atacado con una espada cerca del Palacio de Buckingham; el 15 de diciembre, un artefacto explosivo improvisado no mató, pero hirió a 44 personas en un tren que se encontraba en la estación de Parsons Green del metro de Londres.

Dos de estos cinco ataques fueron llevados a cabo por personas conocidas por los servicios británicos, pero que ya no estaban siendo vigiladas. Sin embargo, se estima que en el Reino Unido hay unos 20.000 simpatizantes yihadistas conocidos. Esto requiere resultados en la detección y evaluación de amenazas residuales o reemergentes.

Ahora les toca a los servicios franceses, que han mejorado su conocimiento de las redes yihadistas como consecuencia de los atentados que se han producido o que se han visto frustrados en Francia, ayudar a identificar a los cómplices de los autores de los atentados ingleses e intercambiar datos con la esperanza de prevenir futuros atentados.

Esta cooperación va más allá del marco de la yihad. Los británicos y los franceses intercambiaron puntos de vista sobre lo que los servicios denominaron la ultra-izquierda, sobre el fenómeno de la No Border, sobre el “Nuevo IRA”, pero también sobre estos militantes de extrema izquierda kurda que lucha contra el Estado islámico en Siria. Y especialmente sobre el resurgimiento de una guerra fría, que no se califica como tal. Un caballo de batalla antiguo de los británicos, pero aún más significativo desde que el 4 de marzo de 2018, Sergueï Skripal, agente doble del GRU (servicio de inteligencia militar ruso), al que traicionó por los británicos, era envenenado con su hija, en Salisbury, pequeña ciudad tranquila del sur de Inglaterra.

En estos temas, la cooperación se lleva a cabo a través de diversos organismos adscritos a la Unión Europea. Aquí es donde reside el problema. Mientras que la contrainteligencia francesa pretendía mostrarse reconfortante durante la reunión de principios de año con su homólogo británico, en realidad teme que el Brexit pueda tener un impacto en las relaciones entre las instituciones europeas y los distintos servicios secretos.

“La capacidad de nuestra inteligencia, única en Europa, ya ha salvado innumerables vidas. Después del Brexit, el Reino Unido pretende ser un buen amigo y vecino a todos los niveles, y esto significa defender la seguridad de todos nuestros ciudadanos [....]. Un acuerdo punitivo contra Londres sería un acto calamitoso por parte de la Unión Europea que se perjudicaría a sí misma”, amenazó Theresa May, cuando aún era primera ministra británica.

Oficialmente, la Unión Europea afirma, en una nota que se puede leer en su web, que “el Brexit no cambiará la cooperación [en la lucha contra el terrorismo] entre los 27 Estados miembros”, pero, sin embargo, se ha cuidado de detallar lo que supondría un Brexit sin acuerdo.

El Reino Unido estaría entonces “desconectado de todas las redes, sistemas de información y bases de datos de la UE”, dejaría de participar en las agencias europeas y no se beneficiaría de los procedimientos de cooperación judicial, como la orden de detención europea, que sustituyó a los largos procedimientos de extradición.

En un estudio publicado el año pasado, Séverine Wernert, miembro del gabinete del comisario Julian King encargado de la unión de seguridad, pone en perspectiva el caso de Salah Abdeslam entregado en menos de dos meses por Bélgica a Francia, donde, antes de la creación de esta orden de detención europea, el Reino Unido había tardado más de diez años en aceptar la extradición a Francia de Rachid Ramda, uno de los autores del atentado del RER Saint-Michel en 1995.

Séverine Wernert también ha destacado la importancia del sistema de información de Schengen para los Estados miembros. Este último utilizado durante los controles en las fronteras exteriores para comprobar si un Estado miembro ha declarado que la persona controlada es buscada o peligrosa. Desde los atentados de 2015, se ha convertido en “uno de los mayores archivos policiales del mundo”, con 75 millones de datos en 2016, más de 4.000 millones de visitas en dos años. Todas estas son herramientas útiles para el Reino Unido, que, por ejemplo, ha consultado el sistema de información de Schengen 539.000 veces sólo en 2017 y ha obtenido, a través de la orden de detención europea, la extradición de 800 sospechosos de otros países de la UE desde 2010.

Sin embargo, en caso de Brexit sin acuerdo, “será un tercer país y será tratado como tal”, advierte la nota de la Unión Europea. “El Reino Unido ha propuesto un tratado de seguridad que, después del Brexit, proporcionaría el marco jurídico necesario para permitir la difusión de información, pero también, posiblemente, la persecución de las órdenes de detención europeas”, dice Sir David Bruce Omand, exdirector del GCHQ. Si bien es tranquilizador, no oculta que la ausencia de un acuerdo perturbaría el necesario intercambio de información. En particular, en el seguimiento de los sospechosos que cruzan las fronteras y en la coordinación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley de varios países.

En su caso, ya se habrían previsto soluciones de “contrabando” entre los servicios de inteligencia. Según nuestras informaciones, se habrían dado garantías de que los aliados más cercanos, incluida Francia, buscarían en el valioso Sistema de Información de Schengen o en la base de datos de Europol a petición de los británicos en caso de que se les denegara el acceso.

Y luego quedará informar a los dos órganos principales de la cooperación multilateral. El Club de Berna es un foro para compartir información entre los servicios de los 28 Estados de la Unión Europea, Noruega y Suiza. Es una institución basada en el intercambio voluntario de secretos, experiencias y puntos de vista. Sin formar parte de las instituciones de la Unión Europea, el Club de Berna proporciona análisis de la amenaza terrorista a través del IntCen (el centro de análisis de inteligencia de la UE, que sirve como punto de entrada para la información clasificada transmitida por los servicios de los Estados miembros).

El Reino Unido también seguirá siendo miembro del Grupo Antiterrorista (GAT), un foro para el "intercambio operativo" en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. En el marco del GAT, el MI5 participa en un pequeño grupo que reúne a los servicios de inteligencia nacionales de los diez países europeos más afectados por el fenómeno de las redes sirio-iraquíes. Entre ellos se encuentran el CNI español, la DGSI francesa, la BfV alemana, la VSSE belga, la AIVD neerlandesa, la BVT austriaca, la Säpo sueca, la PET danesa y la PST noruega.

Cualquiera que sea la rama del GAT de que se trate, los servicios británicos parecen ser los mayores proveedores de análisis diversos y variados, lo que, según la DGSI, les garantiza “una visibilidad y una importancia innegables en la comunidad de inteligencia europea”. Lord Omand también insistió en que "a través del Club de Berna y del GAT, el Reino Unido siempre querrá compartir las conclusiones estratégicas a las que ha llegado sobre los principales problemas, para intercambiar puntos de vista sobre el nivel de amenaza que suponen las distintas organizaciones terroristas. No hay razón para que esto se detenga”.

En Francia, la delegación parlamentaria de inteligencia es más pesimista en su último informe: “Que Reino Unido ratifique o no el acuerdo de salida de la Unión Europea, y avancemos a un Brexit blando o duro, el futuro estatuto de un tercer país tendrá consecuencias importantes en cuanto a las modalidades de participación británica en las herramientas y órganos del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia”. 

Contrariamente a las preocupaciones francesas y expresadas por algunos servicios de inteligencia, el antiguo señor de los espías intentó disipar los temores. Puro pragmatismo. “Cuando se trabaja en cuestiones de seguridad, hay un interés común muy fuerte entre las naciones. Nadie tiene interés en detenerlo, ni aunque sea por un momento”. ___________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Las actas de la banda terrorista ETA sacan a la luz que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reveló al mediador con la banda terrorista que Francia tenía previsto dar un golpe importante a ETA tras la detención de Ramón Sagarzazu a finales de mayo de 2005. Este mediador, según la documentación incautada en Francia, se citaba con el entonces jefe del Ejecutivo, quien además le pidió que la relación entre la "Organización" y él solo se produjera por esa vía, pero que se hiciera "con total discreción", informa Europa Press.

Según la documentación que obra en poder de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso Europa Press, las actas no dicen el nombre de ese mediador. Pero su existencia la pone de manifiesto el facilitador que se ocupó de organizar las reuniones entre los enviados del Gobierno y los representantes de ETA.

El el ‘Acta de LAU’ se lee textualmente: “Gorburu le dice al mediador que le han dicho fuentes policiales francesas que después de la detención de Alain tenían preparado un golpe operativo importante contra la Organización. Desde entonces, no saben nada. Estaban preocupados ante una posible detención de EraOrdez, pues temen que podría acarrear la ruptura de las negociaciones”.

En las actas, este último aparece con el nombre clave "LAU", pero no aparece identificado y además, no se trata de una sola persona. En el atestado de la Policía francesa se explica que es el "encargdo" de conducir las discusiones entre ETA y el Gobierno y el "designado como interlocutor legítimo de cada una de las partes en caso de desacuerdo" y que su procedencia parte de la organización "Nobel". De hecho, el rol que desempeña "LAU" está definido en las citadas actas de la banda en ocho puntos que van desde facilitar el proceso y convocar las reuniones a establecer las relaciones con las autoridades para garantizar la seguridad de los lugares de encuentro y de las delegaciones.

Zapatero pidió al mediador aplazar reuniones por las elecciones vascas 

Pues bien, "LAU" expuso una de las reuniones que mantuvo con ETA, a la que asistió como representante Alain Alain–Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, considerado el jefe del aparato internacional de ETA–, el 16 de mayo de 2005, que ya había encontrado un intermediario directo "para acceder a Gorburu", el nombre en clave que se dio a Zapatero en la negociación. "LAU", que en aquel encuentro estaba compuesto por dos personas, no especificó quién era ese mediador, pero expuso que ya se había citado 4 veces con el presidente del Gobierno y que el jefe del Ejecutivo había pedido que, en adelante, toda la relación entre la Organización y él se produjera "solo por esta vía" y que se desarrollara con "total discreción". En aquel encuentro del mes de mayo de 2005 entre la banda y el facilitador también se informó de que Zapatero había aceptado su propuesta para la reunión así como todo el procedimiento. Pero que debido a las elecciones –las vascas, que se celebraron en abril de 2005–, le había solicitado un "cambio de fechas".

Otro de los encuentros que recogen las actas es uno celebrado en julio de 2005 entre la banda terrorista y el facilitador "LAU" y el mediador. Este último les traslada que solo hay cuatro personas que saben de la representación de ETA, que son el presidente, el propio mediador, los enviados del Gobierno y otra persona más, y les traslada una conversación mantenida con Zapatero. Así, expone que el entonces presidente del Gobierno le había revelado que "fuentes policiales francesas" le trasladaron que "después de la detención de Alain tenían preparado un golpe operativo importante contra la Organización". Alain es el nombre que utilizaba Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, quien fue detenido a finales de mayo de 2005 y hasta ese momento había participado de los encuentros para facilitar la negociación del Gobierno con ETA como quedó de manifiesto en las actas de la banda. En su "cantada", Sagarzazu aseguró que los policías le dijeron: "Bien, tendrá pronto una reunión con Zapatero, ¿no?". A lo que él les respondió: "Y ustedes tienen como misión joderlo todo, ¿no?".

El mediador trasladó también a los representantes de ETA en la reunión de julio de 2005 la preocupación que tenían ante una posible detención de los enviados de la banda terrorista en la negociación, ya que temían que pudiera acarrear la ruptura de las negociaciones. En aquel encuentro, el facilitador pidió al mediador que se veía con Zapatero que no metieran prisa a los representantes del Gobierno "por el bien de las conversaciones" y a éste le pareció bien la propuesta y se comprometió a trasladárselo al presidente del Gobierno.

Acta de la reunión LAU

Zapatero pidió seguir al mediador tras el atentado del Estadio de la Peineta 

Además, el mediador trasladó a los representantes de la banda el gran miedo que tenía a que se produjera cualquier filtración y cualquier atentado de la organización, ya que eso supondría un "gran golpe para Gorburu" porque todo "podría irse al traste". Las actas recogen también el enfado del mediador, que estaba "enloquecido" por la "ación de Madrid". Pero señalan que el presidente del Gobierno le había dicho que "estuviera tranquilo" y que siguieran con las conversaciones.

El atentado más reciente de ETA antes de esa reunión de julio de 2005, fue el que se produjo a finales de junio cuando la banda hizo explotar un coche bomba en el aparcamiento del Estadio de la Peineta, actual campo del Atlético de Madrid, en el madrileño barrio de San Blas, en el que no se produjeron víctimas mortales.

El Servicio Secreto estadounidense, encargado de la seguridad del presidente estadounidense y sus allegados, ha interceptado en las últimas horas dos paquetes sospechosos que iban remitidos al expresidente Barack Obama y a la antigua secretaria de Estado Hillary Clinton antes de que estos llegaran a su destinatario, según informa Europa Press.

Los medios de comunicación estadounidenses, que citan fuentes de seguridad, han revelado que los paquetes que contenían material explosivo -al parecer, todos, menos el enviado a Cuomo- contenían artefactos explosivos de fabricación casera.

A última hora del martes, el Servicio Secreto recuperó un paquete dirigido a Clinton y enviado a su residencia en Nueva York. "Estamos bien gracias a los hombres y las mujeres del Servicio Secreto", ha dicho Hillary Clinton. "Son tiempos difíciles", ha añadido. Bill Clinton ha apreciado que el Servicio Secreto trabaje "incansablemente para mantener nuestro país y nuestras comunidades a salvo. Estaré eternamente agradecido por sus esfuerzos". A primera hora de este miércoles ha sido recuperado un segundo paquete dirigido a Obama en Washington.

"Los paquetes fueron identificados inmediatamente durante los procedimientos de supervisión rutinarios del correo como potenciales artefactos explosivos y fueron tratados adecuadamente como tales", ha explicado el Servicio Secreto en su comunicado, en el que ha aclarado que ninguno de los dos llegó a su destino final. "El Servicio Secreto ha iniciado una investigación criminal de gran alcance que implicará todos los recursos federales, estatales y locales disponibles para determinar la fuente de los paquetes e identificar a los responsables", ha añadido el cuerpo de seguridad.

Otro explosivo llegó a la casa de George Soros

Una fuente de seguridad consultada por la cadena CBS ha indicado que el paquete remitido a la antigua primera dama era similar al artefacto casero enviado a la casa del multimillonario George Soros y que fue descubierto el lunes. Según esta fuente, el paquete remitido a Clinton fue enviado a través del Servicio Postal estadounidense. La Policía halló el lunes un dispositivo explosivo en el buzón de la vivienda del multimillonario financiero estadounidense George Soros, un objetivo favorito de los activistas de la derecha de Estados Unidos y Europa del este, según ha informado el diario estadounidense The New York Times. Soros no se encontraba en su vivienda en ese momento.

Las autoridades llegaron a la vivienda en Katonah, Nueva York, después de recibir una llamada alertando de un paquete sospechoso alrededor de las 15.45 (hora local). "Un empleado de la vivienda abrió el paquete y aseguró que parecía ser un dispositivo explosivo", anunció la Policía, según ha recogido el diario. El empleado trasladó el paquete a una zona boscosa y llamó a la Policía. Los técnicos del equipo de antiexplosivos detonaron el dispositivo, según ha confirmado la Policía.

El Servicio Secreto negó por otra parte que se haya interceptado un paquete sospechoso dirigido a la Casa Blanca, como informó la cadena de televisión CNN. "Los informes de prensa sobre un tercer paquete interceptado que iba dirigido a la Casa Blanca son incorrectos", indicó el Servicio Secreto en su cuenta oficial de Twitter. La policía localizó este lunes un explosivo en la casa que el multimillonario y filántropo estadounidense George Soros tiene en Bedford (Nueva York), informaron medios locales. Los agentes llegaron a la residencia de Soros, que es objeto habitual de críticas por parte de la extrema derecha, después de recibir una llamada en la que se indicaba que habían encontrado un paquete sospechoso en un buzón, explicó la cadena CNN.

Evacúan la CNN por un paquete sospechoso

La sede de Time Warner en Nueva York ha tenido que ser evacuada por la presencia de un artefacto sospechoso. La Policía ha pedido a los neoyorquinos que eviten la zona de Columbus Circle, donde se encuentra el edificio, que alberga a CNN, y ha recomendado a quienes ya se encuentren allí que busquen "refugio". La CNN ha precisado posteriormente, citando fuentes municipales y de los cuerpos de seguridad, que el paquete estaba dirigido a John Brennan, el director de la CIA con Obama, que es un invitado asiduo de la cadena de televisión y suele mostrarse muy crítico con el actual presidente, Donald Trump.

El presidente de CNN, Jeff Zucker, ha comunicado que las instalaciones de Time Warner seguirán precintadas hasta que las autoridades determinen qué es el polvo blanco y concluyan que el lugar es seguro. "Entretanto, el personal seguirá trabajando desde hoteles y restaurantes cercanos, así como otros lugares", ha declarado. El comisario de Policía James P. O'Neill, el alcalde y el gobernador de Nueva York, Bill de Blasio y Andrew Cuomo, respectivamente, han informado en rueda de prensa de que el paquete contenía un artefacto explosivo y un sobre con un polvo blanco.

Más reacciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que el envío masivo de paquetes sospechosos a políticos demócratas, es un acto de "violencia política" y ha apelado a la unidad para combatirlo. "Se ha desplegado todo el peso de nuestro Gobierno (...) No escatimaremos esfuerzos (...) La seguridad del pueblo estadounidense es mi prioridad absoluta", ha afirmado. "En estos momentos tenemos que unirnos, tenemos que unirnos y enviar un mensaje claro y fuerte, un mensaje inequívoco de que los actos o las amenazas de violencia política de cualquier tipo no tienen cabida en Estados Unidos", ha dicho en un acto sobre drogas desde la Casa Blanca.

El gobernador de Nueva York, Cuomo, ha contado en la rueda de prensa que un paquete explosivo ha llegado a su oficina este miércoles y ha admitido que no le sorprendería que "se hubieran enviado más".

La portavoz de la senadora demócrata Kamala Harris ha anunciado en Twitter que su oficina de California ha tenido que ser evacuada tras encontrar varios paquetes sospechosos alrededor del edificio. "No estaban dirigidos a la senadora ni a nuestra oficina", ha dicho Lily Adams.

También ha tenido que ser evacuada la oficina de la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz en Florida tras el hallazgo de un paquete sospechoso en el correo esta mañana. La CNN ha indicado que el paquete estaba destinado a Eric Holder, fiscal general con Obama.

El senador Bernard Sanders ha afirmado que "estos actos intimidatorios son despreciables y quien quiera que sea responsable de ellos rendirá cuentas".

El director de la CIA y candidato a secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió a principios de abril con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante una visita secreta al país, según han informado este martes al diario local The Washington Post varias fuentes cercanas al asunto.

La reunión a la que Pompeo ha acudido como enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, ha servido para allanar el camino de cara a la cumbre prevista para mayo o junio entre Kim y el magnate neoyorquino.

La misión clandestina, que no había salido a la luz con anterioridad, ha tenido lugar poco después de que Pompeo fuera nominado por el presidente como secretario de Estado del país.

"Soy optimista respecto a la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos cree las condiciones apropiadas para que el presidente y el líder norcoreano puedan tener una conversación que lleve a la solución diplomática que todos esperamos", aseveró Pompeo la semana pasada ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Trump, por su parte, ha aludido este martes desde su residencia en Mar-a-Lago a la reunión entre Kim y Pompeo cuando ha indicado que Estados Unidos y Corea del Norte mantienen conversaciones directas a niveles "extremadamente altos".

Por otra parte, ha reconocido que es posible que los esfuerzos para preparar la reunión no sean suficientes. "Puede que las cosas no salgan bien y no celebremos una reunión y tengamos que mantener la posición dura que hemos tomado", ha señalado.

Una semana después de la visita de Pompeo a Corea del Norte, las autoridades estadounidenses confirmaron que Kim estaba dispuesto a negociar una posible desnuclearización de la península, según varios funcionarios de la Administración.

Esto suponía que las partes habían abierto un nuevo canal de comunicación de cara a la cumbre entre los dos líderes. Trump, que había destacado estas comunicaciones, se ha reunido este martes con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en Mar-a-Lago.

Asimismo, Trump ha dado el visto bueno a la cumbre entre las dos Coreas prevista para este mes, en la que Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae In, esperan abordar el fin formal y definitivo de la guerra entre los dos países.

Mariano Rajoy mantiene prácticamente inactivo el grueso de las comisiones delegadas del Gobierno, los órganos que tienen como misión examinar asuntos de carácter general relacionados con varios ministerios, bien antes de trasladarlos al Consejo de Ministros, o bien sobre cuestiones que no deben pasar por dichas reuniones.

Según datos facilitados a infoLibre por el Ejecutivo a través de varias consultas al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, desde el 1 de junio de 2013, fecha en la que Rajoy redefinió la estructura de estos órganos del Gobierno, y hasta el pasado mes de diciembre, sólo dos de las seis comisiones delegadas han mantenido más de una decena de reuniones.

El listado lo encabezan la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (103) y el Consejo de Seguridad Nacional (15), seguidas ya a enorme distancia por órganos que de media no se reúnen ni una vez al año: la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia (4), la Comisión Delegada para Política Científica y Tecnológica (2), la Comisión Delegada para Política de Igualdad (1) y la Comisión Delegada para Asuntos Culturales (1).

Uno de los casos que más llaman la atención, a raíz de los datos facilitados por el propio Ejecutivo, tiene que ver con la de Política de Igualdad. La última vez que se reunió fue en junio de 2013.

La máxima responsable del grueso de estos órganos de colaboración interministerial es la vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría preside todas las comisiones delegadas del Gobierno, excepto la de Asuntos Económicos y la de Seguridad Nacional, que las preside Mariano Rajoy. 

A continuación, infoLibre repasa con detalle las reuniones celebradas desde el verano de 2013 y los principales acuerdos adoptados.

  Comisión Delegada para Asuntos Económicos

Con más de 100 reuniones desde 2013 hasta el día de hoy, es la que concentra más actividad. En total, esos 103 encuentros de los que informa la Oficina Económica del Presidente han dado lugar a 304 acuerdos. Como norma general, se suele convocar los jueves como paso previo a las reuniones del Consejo de Ministros de los viernes.

De todos los años, el más activo fue 2014, cuando se celebraron 27 reuniones. Le siguen 2015 (24), 2017 (23), 2013 (18) y 2016 (11).

El pasado año, la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos fue clave como cocina de las medidas que después aprobaría el Consejo de Ministros para dar respuesta a la crisis con Cataluña.

Así, el 21 de julio se aprobó un "acuerdo" por el que se adoptaban "nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las leyes". Mediante esta iniciativa, el Ejecutivo requería a la intervención de la Generalitat la remisión semanal de los gastos.

Meses después, en septiembre, Hacienda se hizo con el control de las cuentas de la Generalitat por medio de otro acuerdo de esta comisión delegada. Lleva fecha del 15 de septiembre y tenía como fin adoptar medidas "en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales" en Cataluña.

Desde 2013, en ausencia de Rajoy, esta comisión es presidida por Santamaría. Este gesto del presidente del Gobierno fue interpretado en el Ejecutivo y en el Partido Popular como un intento de frenar en seco los movimientos tendentes a presionar para la creación de una vicepresidencia económica, un cargo que Rajoy rechazó crear cuando configuró el Gobierno tras las generales de noviembre de 2011. 

  Comisión Delegada para la Seguridad Nacional

Desde la constitución del Consejo de Seguridad Nacional –que equivale a la comisión delegada– el 11 de julio de 2013, se han celebrado 15 reuniones (14 de carácter ordinario y una extraordinaria).

El reparto es el siguiente: 2013 (3), 2014 (4), 2015 (5), 2016 (1) y 2017 (2). Estos números implican que no se ha cumplido la periodicidad establecida por ley: una reunión cada dos meses. Según el real decreto por el que se establecen las comisiones delegadas del Gobierno, debería reunirse "como mínimo con carácter bimestral o cuantas veces lo considere necesario, así como cuando las circunstancias que afecten a la Seguridad Nacional lo requieran". Como punto de partida, pues, el número de reuniones mínimo debería haber sido de seis por año.

2017 ha sido un año marcado por episodios muy relevantes en el ámbito de la seguridad nacional: desde los trágicos atentados yihadistas de agosto en Barcelona y Cambrils a la crisis entre el Estado y Cataluña a raíz de la consulta soberanista del 1-O, pero sólo se convocaron dos reuniones. La primera de ellas tuvo lugar el 20 de enero y no se celebró la segunda y última hasta el pasado 1 de diciembre. Esta actitud contrasta con lo ocurrido en noviembre de 2015, tras los atentados de París, cuando Rajoy llegó a convocar dos reuniones del Consejo de Seguridad consecutivas: los días 14 –de carácter extraordinario– y 20 de aquel mes.

En los meses previos a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, sectores gubernamentales especulaban con la posibilidad de que Rajoy optase por recurrir a la vía de la Ley de Seguridad Nacional, una normativa que faculta al Gobierno para declarar "la situación de interés para la seguridad nacional" y que otorga un papel clave al Consejo de Seguridad Nacional en materia de coordinación.

Los últimos acuerdos de este órgano del Gobierno estuvieron encaminados a aprobar el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2016 (enero de 2017) y dar luz verde a la propuesta de Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 (diciembre de 2017). En la última reunión del año se aprobaron, además, varios acuerdos para la regulación de consejos y comités especializados relacionados con asuntos que van desde la ciberseguridad a la inmigración.

Respecto a 2016, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno precisa que en el periodo de tiempo con el Gobierno en funciones, comprendido entre el 21 de diciembre de 2015 y el 4 de noviembre de 2016, "el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional como órgano colegiado del Gobierno ha observado escrupulosamente las restricciones legales de tal situación, lo que ha supuesto una disminución en el número de reuniones".

  Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia

Esta comisión se reunió una vez en 2013 (adoptó 4 acuerdos), una en 2014 (5), una en 2015 (6), ninguna en 2016 y una el pasado año (2). 

Este órgano tiene como misión proponer al presidente del Gobierno los objetivos anuales del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y velar por la coordinación del CNI, de los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los órganos de la Administración civil y militar. 

Sobre el contenido de los acuerdos llevados a cabo, el Ministerio de la Presidencia deniega la información demandada al entender que desvelar cualquier dato al respecto "supondría un grave perjuicio para la seguridad nacional dada la especial sensibilidad" de los datos requeridos.

Además, añaden que con esa información "cualquier servicio extranjero, grupo o persona puede detectar cuáles son las fortalezas o debilidades de la seguridad nacional poniendo con ello gravemente en peligro, en última instancia, la propia seguridad y los intereses nacionales".

  Comisión Delegada para Política Científica y Tecnológica

Son dos las ocasiones en las que se ha reunido esta comisión en el periodo reseñado. Así lo aseguran desde la Secretaría General Técnica de Economía, Industria y Competitividad. Todas en el año 2017.

En la primera de ellas, que tuvo lugar el 18 de mayo, se dio luz verde a dos acuerdos. Uno, la autorización para la adscripción de personal al ministerio. Y otro, sobre la hoja de ruta para el desarrollo del Espacio Europeo de Investigación 2016-2020.

  Comisión Delegada para Política de Igualdad

De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno, esta comisión delegada no se ha reunido en los últimos cuatro años y medio. Lo hizo por última vez el 6 de junio de 2013 y desde entonces no hay noticia de más encuentros.

Según la información a la que ha accedido infoLibre, el orden del día estuvo integrado por los siguientes puntos: medidas para la promoción de la igualdad en el ámbito laboral; medidas e instrumentos para reforzar la integración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las políticas del Gobierno; medidas para la erradicación de la violencia de género sobre la mujer; creación de un grupo técnico interministerial para la preparación de las futuras reuniones de esta comisión delegada y toma en consideración del III Informe de Seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual.

  Comisión Delegada para Asuntos Culturales

Como en el caso anterior, sólo se ha producido una reunión desde junio de 2013 a día de hoy. Pero la diferencia es que es reciente en el tiempo.

Desde el Ministerio de Educación y Cultura señalan que esta cita tuvo lugar el 14 de diciembre de 2017 y que su objeto fue "informar" del proyecto "El Español-Lengua Global".

"En ella no estaba prevista la adopción de acuerdos", señalan desde el departamento de Íñigo Méndez de Vigo.

Diez días después, el presidente del Gobierno presentó en el Museo Reina Sofía el proyecto "El español, lengua global". "Un eje fundamental de la acción del Estado destinado a impulsar el valor y el empleo del español, con el objetivo de convertirlo en una herramienta estratégica de creación de oportunidades para la comunidad hispanohablante", informaban desde el Ejecutivo.