Las dos mociones de censura contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu, que habían presentado la Francia Insumisa (LFI) y la extrema derecha de Marine Le Pen, no lograron este jueves los votos necesarios en la Asamblea Nacional para hacerle caer, según recoge EFE.

La moción de LFI, respaldada también por la extrema derecha de Marine Le Pen, logró 271 votos, por debajo de los 289 que necesitaba para salir adelante, mientras que la depositada por la Agrupación Nacional de Le Pen cosechó 144 votos. 

LFI, los comunistas, los Verdes y la extrema derecha habían anunciado su apoyo a la moción de LFI, mientras que Los Republicanos y, sobre todo, el Partido Socialista optaron por la vía contraria, con algunas excepciones.

De esta forma, la Asamblea Nacional rechazó por un estrecho margen de solo dieciocho votos la moción de censura presentada por LFI contra el gobierno, gracias a la decisión del Partido Socialista de dar una oportunidad a Lecornu a cambio de su promesa de suspender la reforma de las pensiones hasta enero de 2028, tras las elecciones presidenciales previstas en la primavera de 2027.

Tras el revés a su moción de censura, la jefa de filas de LFI en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, anunció la presentación de una nueva moción de destitución contra el presidente francés, Emmanuel Macron. 

Panot llamó también a los activistas y votantes del Partido Socialista a "romper filas" con el liderazgo actual de Olivier Faure, quien arremetió, por su parte, contra la "hipocresía" de los que votaron a favor de la moción de censura de LFI. 

"Hay hipocresía en esta Asamblea", ya que los que apoyaron la moción de censura "saben que, si se aprobara, el gobierno implementaría su presupuesto mediante una ley especial, y que todo aquello contra lo que dicen luchar se impondría entonces al pueblo francés" sin dar oportunidad a modificar las cuentas del Estado para 2026 durante la negociación parlamentaria.

Por su lado , el presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, lamentó que la "mayoría negociadora ha conseguido hoy salvar sus posiciones en detrimento del interés nacional" y vaticinó, en un mensaje en redes sociales, que serán los franceses quienes "se preparan para sufrir la masacre social y fiscal de un presupuesto punitivo".

"Todos los que hoy se han negado a la censura serán responsables del sufrimiento futuro del país", dijo Bardella, cuyo partido perseguía, al igual que LFI, un adelanto electoral.

En la misma línea se expresó el líder del grupo Unión de Derechas por la República, Éric Ciotti, que va de la mano de la Agrupación Nacional en la moción de censura de los nacionalistas a Lecornu. "Francia merece algo mejor que un sistema que se derrumba", dijo.

El lunes 8 de septiembre de 2025 marcará un antes y un después en la política francesa contemporánea: el primer ministro François Bayrou perdió la moción de confianza en la Asamblea Nacional (364 votos en contra, 194 a favor) y presentó su dimisión, apenas nueve meses después de ser nombrado por Emmanuel Macron. Su gesto fue más un acto de arrogancia política que de firmeza y coherencia política. Bayrou se presentó como un salvador técnico, pero terminó siendo el chivo expiatorio perfecto de una crisis que es tanto personal como sistémica.

La caída de Bayrou no fue una sorpresa para nadie. Su ambicioso plan de austeridad antagonizó a diputados de derecha, izquierda y ultraderecha por igual. Para algunos, su estrategia de convocar una moción de confianza fue vista como un acto suicida, un intento de forzar el respaldo de la Asamblea Nacional ante un panorama presentado como un no way out, con una deuda pública del 113% y un déficit del 6% que sólo se podría solucionar a través de la imposición de recortes. Para otros, sin embargo, esta decisión ha sido leída como un intento para poner en marcha su candidatura a la presidencia de la República, algo que el veterano político de centro lleva persiguiendo décadas. Sea como fuere la respuesta de la cámara fue la de un rechazo rotundo.

Esta nueva crisis de gobierno no es un hecho aislado: es el cuarto gobierno que cae desde 2022, el quinto en lo que va de legislatura, y el tercero en menos de un año, reflejo de una inestabilidad estructural de régimen que cada día que pasa de acentúa de manera dramática. La centralidad y verticalidad perseguida por el modelo político impulsado por De Gaulle ha llegado, parece, a un punto crítico, donde los consensos mínimos son, a todas luces, casi imposibles de alcanzar.  De este modo, lo ocurrido no puede leerse como una simple derrota parlamentaria: es otro episodio de la descomposición de la V República. El régimen, construido sobre la ficción de mayorías sólidas y presidentes todopoderosos, se está resquebrajando frente a un Parlamento fracturado. Ya no hablamos de una excepción: en menos de tres años, cinco gobiernos han caído. La inestabilidad no es coyuntural, es estructural.

Macron se encuentra ahora en el ojo del huracán: obligado a nombrar un nuevo primer ministro, el cuarto de su mandato, en cuestión de días, en medio de una Asamblea reacia a construir mayorías coherentes y con la premura de tener que aprobar los presupuestos a primeros del mes de octubre o convocar unas elecciones que a todas luces ampliarían la ventaja de la derecha reaccionaria de Le Pen. Si bien el presidente ha descartado por ahora elecciones anticipadas, lo cierto es que la presión crece desde múltiples frentes. La ultraderecha de Marine Le Pen exige comicios, mientras que la izquierda impulsa una alternativa de gobierno. El riesgo de agotamiento institucional es cada vez más real e inminente.

El presidente Emmanuel Macron aparece cada vez más como un estratega agotado, encerrado en la lógica de la supervivencia. Nombrar a Bayrou fue un intento desesperado de estabilizar un barco que hace agua por todos lados. Hoy se encuentra ante una paradoja: o cede espacio político para construir un gobierno de consenso, o seguirá quemando primeros ministros como cerillas.

La negativa a convocar elecciones anticipadas refleja miedo, no visión. Macron teme que la ultraderecha de Marine Le Pen capitalice el caos, pero al mismo tiempo alimenta esa posibilidad al aferrarse a un poder vacío de legitimidad. La negativa a convocar elecciones anticipadas refleja miedo, no visión. Macron teme que la ultraderecha de Marine Le Pen capitalice el caos, pero al mismo tiempo alimenta esa posibilidad al aferrarse a un poder vacío de legitimidad.

El programa de Bayrou era tan impopular como predeciblemente inviable. Congelar pensiones, eliminar días festivos y recortar gasto social en un país ya crispado fue dinamita sobre un terreno en llamas. Más allá de las cifras de la deuda, lo que fracasó fue la falta de imaginación política donde se intentó imponer una ortodoxia neoliberal sin ningún colchón social ni diálogo real. La respuesta ciudadana ya está en marcha: el movimiento Bloquons tout se perfila como un catalizador del malestar social, y promete convertir el rechazo parlamentario en una presión de las calles.

La caída de Bayrou es, en realidad, un espejo incómodo para Francia, un sistema institucional incapaz de adaptarse, una clase política que rehúye el compromiso y un presidente que administra la crisis en lugar de resolverla. Llegados a este punto, la pregunta ya no es quién será el próximo primer ministro, sino cuánto tiempo podrá sobrevivir un régimen que multiplica gobiernos efímeros mientras el país se hunde en la deuda, la parálisis y la frustración social.

La caída de Bayrou no es el resultado de un error particular, sino la expresión de una enfermedad sistémica, Francia está atrapada en un círculo vicioso de gobiernos débiles, parálisis legislativa y fractura social.

Si Macron logra nombrar un nuevo primer ministro, será un mero parche sobre una democracia semidormida. La insistencia en políticas de ajuste y el recelo hacia la negociación política son síntomas de una gerencia autoritaria que ya no funciona. Como sugieren algunos analistas, solo un ejecutivo abierto al centro y a la izquierda, o un gran pacto nacional, podría ofrecer un respiro.

Pero la realidad es clara y nada indica que ese espíritu exista. Francia vuelve a valorar si su V República, sostenida por mecanismos diseñados para mayorías bipolares, puede sobrevivir a un presente mucho más plural, fragmentado y exigente. Lo que no puede seguir haciendo es disfrazar la parálisis de continuidad. Parece evidente que cada nuevo parche agrava el desgaste, y cada nuevo primer ministro sin poder real acerca a Francia al verdadero riesgo: que la democracia se vuelva irrelevante. Quizás ha llegado el momento de que Macron dé la cara de verdad. 

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Ruth Ferrero-Turrión es Doctora Internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

François Bayrou consiguió hace nueve meses un premio que buscaba desde hace medio siglo: el de la jefatura del Gobierno francés. Sin embargo, el "Himalaya de dificultades" que había anticipado a su llegada le resultó infranqueable y se vio hoy abocado a dejar el cargo de primer ministro con cotas récord de impopularidad, según informa EFE.

A sus 74 años -50 de ellos en la política- y después de tres fallidas candidaturas presidenciales, el centrista Bayrou terminó como su reciente antecesor Michel Barnier: 'guillotinado' por una Asamblea Nacional francesa más fragmentada y crispada que nunca.

El líder del partido Modem tuvo un final especialmente trágico. Contrariamente a Barnier, víctima de una moción de censura presentada por la oposición de izquierdas cuando llevaba en el cargo tan solo tres meses (septiembre-diciembre de 2024), Bayrou practicó una suerte de 'harakiri'.

Presionado por las manifestaciones anunciadas para septiembre y sin apoyos claros en el Parlamento, Bayrou propuso, el pasado 25 de agosto y ante la sorpresa general, someterse a una moción de confianza que sabía que tenía muchas probabilidades de perder.

¿La razón? Lograr un aval de los diputados para el plan de austeridad del presupuesto de 2026 (44.000 millones entre recortes y nuevos impuestos) para frenar el alto nivel de endeudamiento del Estado francés (114% del PIB) producido por los déficit crónicos de la segunda economía europea. "Francia es un país aplastado por la deuda", ha alertado hasta la saciedad Bayrou.

Sus nueve meses en el cargo han dejado un gusto muy amargo en la opinión pública francesa. Según los últimos sondeos, ocho de cada diez franceses no aprobaban su gestión, un récord de impopularidad en algo más de tres décadas.

Su nominación ya había dado señales del espinoso camino que le esperaba. El centrista la logró torciendo el brazo del mismísimo presidente, Emmanuel Macron, quien había expresado su preferencia por designar al actual Ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como sucesor de Barnier. 

Tras varias semanas de complejas negociaciones, Bayrou logró componer un equipo ministerial, criticado por tender a la derecha cuando en la Asamblea el grupo más numeroso es el de la izquierda, aunque sin mayoría absoluta. 

Ante la falta de respaldo suficiente, el mandatario gobernó a golpe de decretos, como hizo para sacar adelante los Presupuestos de 2025 en febrero de ese año. Contrariamente a Barnier, Bayrou salvó la cabeza en las varias mociones de censura que enfrentó gracias a la abstención de los socialistas y la ultraderecha.

Una pequeña tregua que comenzó a resquebrajarse a medida que el talante negociador del que hacía gala se quedaba en agua de borrajas. Uno de los mejores ejemplos, fue el fracaso de la mesa negociadora entre sindicatos y patronal para un nuevo acuerdo sobre la edad mínima de jubilación -que había aumentado de los 62 a los 64 años en 2023 en medio del rechazo popular-.

Junto a la falta de resultados concretos, la imagen pública de Bayrou se degradaba. Ciertos despistes en directo atribuidos a su edad, como el sucedido durante la presentación de unas medidas para controlar la inmigración, se unieron a un escándalo de abusos sexuales en la escuela católica en la que había inscrito a sus hijos, la de Betharram.

El primer ministro fue acusado por la izquierda radical de encubrir el caso cuando era titular de Educación bajo un gobierno conservador (1993-1997). Bayrou ha negado en todo momento esas alegaciones.

También en el inicio de su breve mandato, fue muy criticado por haber usado un avión oficial Dassault Falcon 7X para un viaje de 50 minutos entre París y Pau, ciudad del sur de Francia de la que es aún alcalde, un desplazamiento que se produjo en el mismo momento que el archipiélago de Mayotte afrontaba un desastre humanitario por un ciclón.

Queda por ver cómo quedará ahora la sólida alianza entre Bayrou y Macron, que fue indispensable para que el actual presidente llegase al Elíseo en 2017.

En mayo de ese año, el jefe de Estado recompensó el respaldo de Bayrou nombrándolo 'número dos' del Ejecutivo y ministro de Justicia, pero un mes más tarde tuvo que dimitir por una acusación de financiación ilegal de su partido con fondos del Parlamento Europeo, de la que resultó absuelto en 2024 por falta de pruebas. Un caso que todavía colea porque la Fiscalía recurrió aquella sentencia. 

El hasta hoy primer ministro se va finalmente del palacio de Matignon sin haber emulado el carácter conciliador y el pragmatismo de su admirado rey Enrique IV de Francia, al que la leyenda atribuye la frase "París bien vale una misa" que puso fin a las guerras de religión entre católicos y hugonotes del siglo XVI.

Cuando la probable caída de François Bayrou como primer ministro se haga realidad este lunes, Francia dará un nuevo paso hacia una inestabilidad política que se inició hace 15 meses, cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, convocó legislativas anticipadas por los malos resultados de su partido en las europeas del 9 de junio de 2024.

En menos de año y medio, la segunda economía europea habrá visto el cese de dos primeros ministros por parte de la Asamblea Nacional francesa -Bayrou y Michel Barnier- y se enfrentará a una situación de ingobernabilidad inaudita desde que se instaurase la V República (1958).

¿La culpa? La fragmentación política que resultó de los comicios de julio de 2024, cuando ningún grupo político tuvo mayoría suficiente. Desde entonces, el impacto para Francia ha sido duro. Se estima que la crisis política reducirá el aumento del PIB en 2025 en 0,3 puntos, tras haberlo disminuido en 0,1 puntos en 2024.

Estos son los diez momentos claves para entender la crisis política francesa:

- 9 de junio de 2024. El partido ultraderechista de Marine Le Pen, Agrupación Nacional (RN, en francés), gana con claridad las europeas de 2024, con un 31 %, casi el doble que la lista macronista de Valérie Hayer. Minutos después de conocerse el resultado, Macron anuncia sorpresivamente la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de legislativas anticipadas.

- 30 de junio de 2024. El RN, que designó al delfín de Le Pen, Jordan Bardella, como candidato a primer ministro, logra el 33 % de votos en la primera vuelta, abriendo la puerta a una inédita mayoría absoluta ultranacionalista en Francia y anteviendo una compleja cohabitación con Macron.

- 7 de julio de 2024. Contra todo pronóstico, la coalición de izquierdas, el Nuevo Frente Popular (NFP), se convierte en la primera fuerza de la Asamblea Nacional, con 193 asientos de los 577, gracias al cordón sanitario de la segunda vuelta que incluyó a los macronistas y a los conservadores de los Republicanos (LR). El partido presidencial Renacimiento y sus aliados acaban segundos, con 166 diputados, y el RN y su aliado Éric Ciotti, terceros, con 142. Se trata de la Asamblea más fragmentada de la V República.

- 23 de julio de 2024. Macron decide postergar la elección de un nuevo gobierno hasta septiembre, alegando que Francia debe centrarse en organizar los Juegos Olímpicos (26 de julio - 11 de agosto). El gobierno de Gabriel Attal se queda en funciones y el presidente francés da entender que no nombrará a la candidata consensuada por el Nuevo Frente Popular, Lucie Castets.

- 5 de septiembre de 2024. El presidente francés escoge como primer ministro al conservador Michel Barnier (73 años), antiguo negociador jefe de la UE para el Brexit y excomisario europeo. Le Pen da su visto bueno implícito al nombramiento, afirmando que, a priori, no votaría por una moción de censura.

- 4 de diciembre de 2024. Tras solo tres meses en el cargo, Barnier cae en una moción de censura en la Asamblea Nacional después de aprobar, sin voto parlamentario, un proyecto de ley sobre la Seguridad Social. La ultraderecha y la izquierda votan por su cese al alegar que este plan implicaba serios recortes sociales.

- 13 de diciembre de 2024. Ante la imposibilidad constitucional de convocar legislativas hasta mediados de 2025, Macron se afana en buscar un nuevo primer ministro y elige a su aliado François Bayrou (de 73 años y del centrista Modem).

- 17 de febrero de 2025. Con el apoyo implícito de los socialistas y del partido de Marine Le Pen, el Gobierno de Bayrou saca adelante el Presupuesto de 2025.

- 15 de julio de 2025. Bayrou anuncia un plan de austeridad de 44.000 millones de euros para 2026, que prevé recortes sociales y la eliminación de dos días festivos. La meta es reducir la alta deuda pública (116 % del PIB en 2025) y el déficit (del 5,8 % en 2024 al 4,6 % en 2026).

- 25 de agosto de 2025. A pesar de no contar con los apoyos de la oposición para su plan de ajustes, Bayrou comunica que se presentará, voluntariamente, a una moción de confianza en la Asamblea el 8 de septiembre. La oposición en bloque dice que votará en contra lo que, si no hay un vuelco de última hora, significará su cese como primer ministro, tras solo nueve meses en el cargo. El 25 de agosto se registra una dura caída de la Bolsa de París y aumenta el riesgo soberano de Francia, reflejo de la inestabilidad política. El malestar social aumenta, con el anuncio de jornadas de protestas en septiembre, la primera el 10.

Tras la crisis política de 2024, cuando el presidente Emmanuel Macron convocó comicios legislativos anticipados, Francia vuelve al borde del abismo con el anuncio del primer ministro, François Bayrou, quien se someterá el 8 septiembre a un voto de confianza que podría hacer caer su propio Gobierno. Ha informado EFE.

Bayrou justificó su arriesgada maniobra para lograr el aval del Parlamento francés a su plan de austeridad que prevé en 2026 un ahorro de 44.000 millones de euros y, de paso, anticiparse a los efectos de la primera gran movilización social contra ese plan, prevista para el 10 de septiembre.

"Si tiene mayoría, el Gobierno sale confirmado. Si no la tiene, el Gobierno cae", resumió lacónicamente el primer ministro, quien en sus apenas nueve meses en el cargo ha registrado bajísimos índices de popularidad.

Ese escenario, probable teniendo en cuenta que los centristas y conservadores que respaldan al primer ministro carecen de mayoría absoluta, se ha ido consolidando puesto que la ultraderecha de Marine Le Pen y La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon han avanzado que votarán en la Asamblea Nacional contra la confianza de Bayrou.

Los mercados se han tomado en serio las posibles consecuencias de la votación. El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, acentuó su caída cayó en el último tramo de la jornada hasta perder el -1,59%.

La prima de riesgo francesa -el sobreprecio que paga el país para financiarse en los mercados a diez años en comparación con Alemania, que sirve de referente- repuntó 5,2 puntos básicos hasta 75,2 puntos.

Es decir, que Francia tiene que pagar un interés del 3,507% por su deuda a 10 años, frente al 3,368% de España, que tiene una prima de riesgo de 61,1 puntos.

En su comparecencia ante los medios rodeado de la primera plana de su Ejecutivo, Bayrou insistió en que hace falta una "clarificación" sobre la situación presupuestaria y la forma de corregirla y el lugar para hacerlo es "el Parlamento" y no "en los desórdenes en las calles", en alusión a la protesta social del 10 de septiembre.

Consciente de su falta de mayoría clara, el jefe de Gobierno intentó justificar esa moción de confianza que abre las puertas a una caída del Ejecutivo y a la inestabilidad que puede venir a continuación con el argumento de que sería más arriesgado no hacer nada.

Para Bayrou, "el riesgo" de una nueva crisis política -tras la vivida en 2024 con la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas tras el batazaco del macronismo en las europeas- "es la condición para que los franceses tomen consciencia" de la gravedad de la situación.

No obstante, se mostró disponible a recibir a "todos los grupos parlamentarios", pero advirtió que "no abandonará" el plan de ajuste propuesto en julio, que incluye una congelación de ciertas prestaciones, recortes en programas sociales y, tal vez la medida más controvertida, la supresión de dos días festivos.

El objetivo es iniciar un camino para reducir el déficit público, que se ha desbocado en los últimos ejercicios y alcanzó el 5,8% del producto interior bruto (PIB) en 2024.

Del 5,4% previsto para este 2025, el Gobierno confía en que con las medidas planteadas disminuya al 4,6% del PIB en 2026, en una senda que permitiría llegar a 2029 con un déficit del 2,8%, por debajo del 3%, que es el tope establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

Marine Le Pen, cuyo partido RN tiene el mayor número de escaños en la cámara baja, anunció en la red social 'X' que votarán contra la confianza del Ejecutivo, lo que, sobre el papel, coloca a Bayrou más cerca de la salida.

"Solo la disolución permitirá a los franceses decidir su propio destino, y ésa es la recuperación que propone Agrupación Nacional", dijo la tres veces candidata presidencial.

Por la izquierda, los contestatarios de la Francia Insumisa -el tercer partido en escaños- confirmaron, como era previsible, su "no" a la confianza propuesta por el jefe de Gobierno.

"François Bayrou nos ha dado la fecha de su caída", declaró la jefa de filas del LFI en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot.

Entre el resto de fuerzas progresistas, lo fundamental es saber qué hará el Partido Socialista (PS), que en un primer momento no se pronunció y mantuvo el suspense, mientras que sus socios ecologistas indicaron que votarán en contra del Ejecutivo.

El análisis independiente de las tablas del primer CIS post-Cerdán nos da una fotografía de los efectos electorales del terremoto que ha sacudido la arena política española en el último mes, a la espera de las réplicas posteriores. Hay que leer estos resultados como lo que son, una muestra en caliente del estado de ánimo de los españoles, realizada entre los días 1 y 7 de julio, y por tanto en plena vorágine informativa. Lo previsible es que en septiembre las cosas sean ya diferentes.

El Partido Popular ha alcanzado la primera posición en las encuestas con 7.600.000 votos, el 30,5% de los válidos y 133 escaños, cuatro menos de los que obtuvo en las últimas elecciones generales. A su derecha, con 4.600.000 votos, viene Vox, con el 18,5% y 67 escaños, lo que nos da una medida: la derecha tiene ya un colchón de seguridad amplio. Juntos se van a los 200 asientos y el PP no podrá gobernar en solitario, salvo que Vox le regale sus diputados.

Por detrás del PP viene el PSOE (24,6%) con 6.100.000 votos, que apenas rescata los 100 escaños, 21 menos de los logrados en julio de 2023, lo que sitúa en números las dimensiones del roto en la izquierda. Desglosamos estos resultados en el cuadro siguiente.

Los números no mienten. Su valoración se ha desplomado entre el conjunto de españoles, y lo más importante, entre sus propios votantes, del 6,8 de junio al 6,3 de julio (y aun así sigue por encima del tirón de Feijóo entre los suyos, que se queda en 6,2). Si la cara es el espejo del alma, la del presidente de Gobierno en la comparecencia en el Congreso del pasado miércoles 9 era un poema: afilada por la pérdida de peso, el agotamiento y el estrés.

Sin cuestión de confianza en el horizonte, que era una de las pocas salidas que le quedaban a Sánchez para restaurar la confianza de unos socios situados entre la espada y la pared, su comparecencia en el Congreso se convirtió, como era previsible, en un juicio sumarísimo de la derecha, pero no en el viacrucis que podía haber sido si el bloque de investidura se hubiera resquebrajado. Hubo reproches, claro. Sus explicaciones llegan tarde y algunas medidas de su plan anticorrupción sonaron poco creíbles tras siete años gobernando, pero ninguno de sus apoyos imprescindibles le dio la espalda, más allá de advertir de que las cosas podrían cambiar si hay financiación irregular del partido.

El presidente buscaba ganar tiempo y lo consiguió, a sabiendas de que su mejor aliado es la pausa estival y la precipitación del PP, que ya anda repartiéndose puestos en el Gobierno. Volvemos al escenario de “resistir es ganar”. Aunque sea a costa de agotar el depósito de paciencia de la ciudadanía. La mayoría de españoles da por finiquitada la legislatura a la espera de urnas, y sólo la aprobación de presupuestos en otoño podría imprimirle una vida extra. En el punto en el que estamos no puede descartarse nada: ni un desmoronamiento progresivo, como sucedió con Zapatero-Rubalcaba, ni una estabilización en frío si el frente judicial no abre nuevas fugas de agua.

El PSOE se desangra por la izquierda (medio millón de votos), por la derecha (600.000), hacia otros partidos y el voto en blanco (700.000) y hacia la abstención (700.000). Y aunque se ha especulado que el mayor daño lo está sufriendo entre las mujeres, la caída en voto declarado de junio a julio entre ellas (26%) es solo ligeramente superior a la que experimenta entre los hombres (24%), y el apoyo sigue superior entre las primeras que entre los segundos.

Hay pocos precedentes que inviten a pensar en un vuelco de una situación que puede definirse de límite, con algunos problemas que ya estaban presentes antes del escándalo de Koldo, Ábalos y Cerdán. La aritmética, si bien ajustada, venía señalando una mayoría de las derechas en torno a los 180 escaños prácticamente inalterada desde los primeros meses de legislatura. Hoy son 200.

En todo caso, sacar adelante los presupuestos primero, tras un año de parálisis de país, y allanar el camino para la unidad popular a las izquierdas del PSOE, segundo, siguen siendo requisitos imprescindibles para que se dé el mejor de los supuestos para la bancada progresista. Y ambos están hoy lejos de darse. Respecto a la unidad de las izquierdas, que hoy suman 17 escaños que fueron 31 en 2023, este CIS deja algunos aprendizajes. Sumar recupera algo de aire, si no en votos, sí en escaños (de los 10 de junio a los 12 actuales) y Podemos, que ha vuelto al relato de 2015 contra el bipartidismo, sigue sin romper la barrera del 5% y los 5 diputados. La formación morada apenas se beneficia de la fuga masiva de votantes del PSOE, que en principio podía suponer una ventana de oportunidad, lo que limita su recorrido y dibuja un escaso premio si es a costa de la demolición de todo el bloque. Respecto a los presupuestos, amnistía mediante, la pelota sigue estando en el tejado de Junts, y sin presupuestos lo que vendrá es mayor desafección y hartazgo a la izquierda.

El PP, sin hacer nada, o pese a hacerlo, está hoy muy cerca de La Moncloa, y si no confunde a sus electores con extraños malabarismos lo roza con la punta de los dedos. En solitario o acompañado, porque el bloque suma gracias a la efervescencia de Vox, que ha roto el cascarón y conquista el 18% de los votos. Palabras mayores.

Cabe preguntarse si el desplazamiento de 600.000 electores del PSOE de julio de 2023 hacia el PP es estructural, y hay dudas razonables porque lo que sucumbe, y lo vemos mes tras mes, es una cultura política que se expresa en una forma patrimonialista de entender lo público (tanto por parte del PSOE como del PP), y que tiene al personal asqueado, con unas tasas de desafección hacia la clase política récord. Que el primer problema de los españoles sea la clase política no es una novedad, pero que sumados gobierno, políticos, partidos y corrupción (37%) vayan camino de triplicar al drama de la vivienda (14%) y de cuatriplicar al paro y los problemas económicos (10%), da pistas de hasta qué punto estamos debilitando nuestra democracia.

Del congreso del Partido Popular hay que significar el portazo táctico, elevado a “compromiso”, de no gobernar con Vox, que pretende ser un punto de inflexión en la legislatura. Feijóo aspira a ocupar un espacio electoral propio que se dimensione a costa de electores del PSOE, aprovechando su desconcierto actual, y para ello ha impuesto un movimiento que será acertado o no en función de la credibilidad que imprima a su posición, hoy en duda.

El peor enemigo del PP es su querencia a autolesionarse. En la misma semana que el PP ha renegado de un pacto con Vox ha sembrado la duda sobre el voto por correo, ha abrazado las palabras de un Aznar que ve a Sánchez en la cárcel y se ha situado en las tesis duras en relación con la inmigración. Se puede estar en una posición o en otra, pero en los dos al mismo tiempo es difícil.

De un lado está la incoherencia que supone esta pretensión con la política de pactos de sus gobiernos autonómicos, y de otro, la falta de consistencia para llenar de contenido esa posición central, que no se ganará solo desde el reparto de sillones ni desde las alusiones a los prostíbulos del suegro de Sánchez, partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. El ataque personal puede ser un reflejo más del estado de nervios de quien ve a Vox cada vez más cerca.

Si la transferencia origen PSOE al PP se consolida (hoy está en el 6%) daría forma a un escenario de transformación hegemónico del PP por la falla sistémica de los socialistas, como ya sucediera a finales de 2010. Por el contrario, si tras el verano vuelve a valores por debajo del 5% el PP corre el riesgo de quedarse en tierra de nadie, sin los pretendidos votos del PSOE y enviando capazos a Vox, que hoy tienen más motivos que ayer para atacar al PP. Los populares no dudan en alimentar la desafección para beneficio propio, y con ello al monstruo que le viene devorando por la derecha. En la actualidad un 1.200.000 votantes del PP en 2023 optarían por Vox.

La fórmula enunciada en el congreso popular podría traducirse en parecerse a Vox (para ganar sus votos) sin pactar con Vox (para ganar los del PSOE), y si van por ahí el camino será pedregoso porque en el terreno de la impugnación frente al sistema la derecha extrema ejerce de macho alfa, como acabamos de comprobar una vez más con su nuevo envite al plantear abiertamente un proceso de expulsión masiva de inmigrantes, siguiendo los pasos de Trump en Estados Unidos. Feijóo tiene números ahora mismo para armar una posición diferencial real que no se quede en lo táctico, esa que prometía cuando aterrizó en la arena madrileña. Otra cosa es que vaya a hacerlo.

La publicación del informe UCO sobre los posibles actos constitutivos de delito de los dos últimos secretarios de organización del PSOE junto con el asesor de uno de ellos parece estar siendo la estocada final que puede poner punto a la ejecutoria del presidente Sánchez y, con él, al primer gobierno progresista de coalición desde la fundación del régimen constitucional. En el ecuador de una azarosa legislatura en la que, desde la sesión misma de investidura, se ha estado especulando con la viabilidad del Gobierno, la situación actual resulta ser mucho más difícil que todo lo hasta ahora acontecido, dada la proximidad de los imputados al propio Presidente del Gobierno y lo que revelan en cuanto al funcionamiento interno del principal partido que sostiene al Gobierno y, por ende, de las responsabilidades de alguno de los componentes de este, en particular el ministro del Interior. Todo ello haciendo parte de una escalada del conflicto entre el ejecutivo y el poder judicial que revelan los procesos de la esposa del presidente del gobierno, de su hermano y del fiscal general del Estado, sobre el fondo de un abierto enfrentamiento en torno a la constitucionalidad de la ley de amnistía y, en general, sobre el alcance y límites de las respectivas competencias de ambos poderes constitucionales. Esto debe ser recordado pues de otra manera se escondería un factor sin el cual no es posible entender el clima de enconamiento que registra la vida pública española. Desborda las pretensiones de este texto analizar a fondo las causas de este conflicto pero no puede dejar de quedar apuntado un hecho de enorme relevancia para su comprensión y eventual superación. Como se ha apuntado en alguna ocasión, la vigente Constitución contiene una evidente mixtura de inspiraciones que, más allá de la saludable diversidad, apunta a un riesgo potencial de conflicto irresoluble por vías democráticas. Me refiero a la convivencia entre instituciones de legitimidad expresamente popular y ciudadana como son el poder legislativo y el ejecutivo, con aparatos del Estado provenientes del régimen anterior que, tales cuales, fueron homologados con la Constitución sin trabajo de modificación esencial alguno. Es así que una concepción muy conservadora acerca del oficio de administrar justicia se ha visto reforzada por el mantenimiento de un vigoroso gremialismo que contempla toda labor reformadora del legislativo como una intromisión en el ámbito de su exclusiva competencia.

En este contexto, el desempeño de un gobierno con pretensiones reformadoras resulta extremadamente complicado, también es de justicia reconocerlo. Ni la más breve pausa desde su constitución le ha sido concedida por un Partido Popular al que su última estancia en el Gobierno parece haberle convencido de que tal ejercicio corresponde a alguna suerte de derechos patrimoniales de los que carece su oponente de izquierda que le habilitan a su ocupación permanente, en todo caso compartida con los aparatos del Estado profundo antes aludidos.

Tal vez este clima de enconamiento prolongado y la posibilidad de la salida anticipada del Gobierno ha llevado a algunos miembros de la dirección socialista a poner, por delante de los objetivos políticos y los referentes éticos de su partido, sus anhelos de enriquecimiento, por lo demás muy a tono con los valores nunca cuestionados de la hegemonía neoliberal. Ello junto a cierta bisoñez en los procedimientos administrativos y los cantos de sirena y los halagos de los agentes de las contratistas, muy avezados en tales labores, les puede haber llevado a minusvalorar los riesgos que conductas delictivas podían suponerles. La contemplación, en personas no formadas para ello, del movimiento de ingentes cantidades de dinero en las adjudicaciones de las grandes contrataciones públicas y –hay que reiterarlo– la labor corruptora de los agentes de las constructoras pueden haber turbado el temple, quizás no excesivamente vigoroso, de estos dirigentes socialistas. No han sido estos tiempos de hegemonía neoliberal muy propicios para el desarrollo y fortalecimiento de una ética rigurosa, máxime en un medio con una larga tradición de contubernio entre los procedimientos administrativos y los intereses privados de las grandes corporaciones que han considerado los presupuestos públicos para infraestructuras algo de su efectivo dominio desde los tiempos de la dictadura. [1]

Resulta evidente, en todo caso, que las organizaciones partidarias carecen de sistemas inmunológicos contra estos agentes contaminantes. Ello se ha acentuado con el proceso de estatalización de los partidos políticos, la inversión que han sufrido respecto del papel de "poderes sociales", que deben ser representados a instituciones integradas en el aparato del Estado desde cuya condición se relacionan con la ciudadanía.

Este proceso de estatalización, acentuado con el reflujo del 15M, ha tenido dos efectos de singular importancia para el desempeño de las funciones que les atribuye la Constitución. El primero ha sido la personalización de la política o, mejor, la sustitución de las comunidades de formación de la voluntad colectiva que debieran ser los partidos, en personalidades que compiten en la sociedad espectáculo por el favor de los electores, en contiendas similares a artistas o deportistas de elite.

El segundo, tan importante como el anterior, ha sido la primacía de la gobernabilidad por encima del proceso mismo de formación de la voluntad colectiva, que va más allá del gesto periódico de introducción de una papeleta en una urna. Esta primacía está en buena medida determinada por las exigencias derivadas de la acumulación de capital a las que se subordina cada vez más la actuación del Estado ("Estado nacional competitivo"). La política, con la conjunción de los dos efectos señalados, resulta ser idéntica con la acción del Estado y en ella solo le cabe a la ciudadanía(?) el asentimiento o el rechazo. La política, como esta actividad permanente de construcción de comunidad a través del diálogo y el contraste, desaparece subsumida por la acción estatal, estando determinada esta por las exigencias de acumulación de capital.

El resultado, en todo caso, ha sido la pérdida absoluta del control sobre la actividad de sus afiliados que más que deberse al partido, lo han sido a la voluntad de sus máximos dirigentes, en una interpretación de la gobernabilidad en la que la práctica política ha tenido escasa relación con las propuestas y programas formalmente aprobados por los órganos de dichos partidos. La política se ha convertido, así, en la gestión de las administraciones y los recursos públicos, como hemos visto poderosamente determinados por los objetivos y los intereses de las corporaciones del sector económico relacionado.

Es difícil no sospechar que el manejo de las cantidades relacionadas en el informe de la UCO, además de satisfacer el apetito individual de los presuntos delincuentes, no haya financiado en alguna medida los gastos del PSOE, como todos los partidos cada vez menos sostenidos por las aportaciones de sus militantes. Si así terminara probándose, el PSOE vendría a sumarse a la condición de corrupto con el otro partido del régimen y con la probada del anterior jefe de Estado. Creo que sería suficiente para que entre la ciudadanía se abriera paso una reflexión sobre la permanencia del régimen del 78 y la necesidad de imaginar y emprender un proceso de reconstrucción de la convivencia sobre bases distintas y adecuadas a los tiempos que vivimos. Hace diez años un proceso de reflexión ciudadana alimentó parcialmente el proyecto político que pretendía desarrollar la energía ciudadana del 15M. Fue un proceso que despertó un notable caudal de esperanza, como lo demostró el apoyo electoral a la fuerza que lo representaba con un escaso año de vida.

La incorporación al Gobierno de esta fuerza y de la que la sustituyó, sin hacer explícito el proyecto de reconstrucción constitucional, vino a suponer un grave acreencia que venía a sumarse a la que aportaba el PSOE, que, para decirlo en breve, consistía en volver al Gobierno y, con ello, reanimar el clima de lealtades interno y externo del PSOE fuertemente afectado desde el mandato de Rubalcaba. Esta ausencia de proyecto estratégico, justificado con "ocuparse de los problemas de la gente", ha tenido dos consecuencias que pesan en el momento presente. La primera ha sido que, habiendo desalojado al PP del gobierno con una moción de censura y el apoyo de una mayoría muy diversa, la labor del ejecutivo se ha visto acosada desde el principio por la acusación de ilegitimidad de origen obligándole a actuar a la defensiva.

La segunda, más importante aún, es que, en este clima de acoso de la oposición de derechas y carente de un proyecto político que revirtiera las condiciones de degradación de las instituciones democráticas, la base social de izquierda se ha ido retrayendo paulatinamente hasta el momento presente, en el que la calle está prácticamente tomada por las demostraciones de la derecha y la extrema derecha. Es sintomático que esta base social se haya tenido que referenciar con la defensa de la sanidad pública o, como ahora, con la denuncia del genocidio en Palestina, sin que haya habido un motivo general de movilización que unificara y diera vigor a sus diversos componentes.

No son las mejores condiciones estas para abordar tareas como las aludidas. Todas las izquierdas, no solo el PSOE, están cautivas del temor que les infunde la salida del Gobierno y se entiende. Pero si se apuesta en exclusiva a mantenerse hasta 2027 y no se aborda de raíz la causalidad de fondo que nos ha traído hasta aquí y que se ha intentado mencionar, la degradación de las condiciones irá en aumento, no solo por las revelaciones que pueden ver la luz en el caso Koldo/Cerdán /Ábalos, sino por el complejo contexto nacional e internacional que va a hacer aún más difícil la labor del Gobierno.

Acaso una cuestión de confianza, planteada como un proyecto de renovación del bloque de investidura y sobre bases de desarrollo estratégico como las mencionadas en este texto podrían suponer, al menos, la posibilidad de frenar la degradación y el ascenso de la reacción conservadora y fascista.

[1] La cultura de las puertas giratorias no es algo reciente, en el Ministerio de Obras Públicas (luego Fomento, Transportes, etc) existía una larga tradición según la cual los directores generales de carreteras venían de alguna empresa del sector, como los de Obras Hidráulicas de alguna de las grande empresas eléctricas concesionarias de las infraestructuras hidroeléctricas del Estado.

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José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.

Tan solo un año después de la crisis política que terminó con la dimisión de Antonio Costa en mitad de su mandato, Portugal podría volver a pasar por unas elecciones anticipadas. El Gobierno presentará este martes una moción de confianza y, de no ser superada por el Ejecutivo, estaría obligado a cesar, provocando unos comicios anticipados que tendrían lugar en mayo.

El motivo es el revuelo provocado por la empresa familiar del primer ministro, Luis Montenegro, que salió a la luz en las últimas semanas y con la que podría haber infringido la obligación de exclusividad, además de haber podido incurrir en un conflicto de intereses. La empresa Spinumviva fue creada en 2021 por Luis Montenegro, que entonces no ostentaba ningún cargo político, y su familia. Se dedica a actividades de consultoría para empresas, actividades de viticultura, mediación de seguros y compra y venta de inmuebles.

En junio de 2022, tras ser elegido presidente del Partido Social Demócrata (PSD), el tradicional centroderecha portugués, Montenegro vendió sus acciones en la empresa a su mujer y a sus dos hijos. Con esta operación, Montenegro pretendía evitar un posible conflicto de intereses y el incumplimiento de la ley de exclusividad. Sin embargo, según el Código Civil portugués la operación sería nula, una vez que Montenegro está casado en régimen de gananciales y, por lo tanto, las acciones de su mujer son también suyas.

Uno de los principales clientes de la empresa es Solverde, un grupo de hoteles y casinos que paga un fijo de 4.500 euros al mes y del que Montenegro fue abogado antes de ser elegido presidente del PSD. El semanario Expresso desveló también que todos los demás clientes de Spinumviva fueron conseguidos por Montengro. La sede de la empresa era la casa familiar del primer ministro y, su contacto, el móvil personal del mismo. Además, el escándalo estalla justo en el momento en el que el Gobierno acaba de aprobar una nueva ley del suelo que permite construir en terrenos rústicos.

En medio de la vorágine, salió a la luz la compra de dos pisos por la familia de Montenegro, por 715.000 euros, una operación hecha de una sola vez y de la que no hay registro de las cuentas acerca de dónde ha salido el dinero. La oposición exigió explicaciones, que han ido saliendo a cuentagotas y el cerco se ha ido estrechando sobre el patrimonio y los negocios del primer ministro. El Colegio de Abogados ha abierto un proceso para averiguar si ha habido irregularidades en Spinumviva y la Fiscalía General estudia una denuncia anónima contra Montenegro.

A nivel político, el partido de extrema derecha Chega presentó una moción de censura que fue rechazada en el Parlamento. Montenegro decidió hablar al país el sábado pasado, en un discurso institucional que tampoco convenció a la oposición y tras el cual el Partido Comunista anunció otra moción de censura, presentada este miércoles, y que tampoco prosperó en el Parlamento.

El principal partido de la oposición, el Partido Socialista, votó en contra de las dos mociones de censura, pero exigió al primer ministro que se explicara de manera amplia. Durante el debate, Pedro Nuno Santos, líder del PS, anunció una comisión de investigación para exigir “explicaciones cabales sobre el caso”. El socialista recordó que su gestión como ministro también fue objeto de una comisión de investigación en la que su patrimonio y el de su familia fue analizado a fondo. “Esas noticias no me causaron ningún problema, porque di explicaciones”, zanjó.

Pero, con Montenegro enrocado en el silencio, llegando a decir a la oposición frases como “Tengo más cosas que hacer que responder todos los días a vuestras preguntas”, el ambiente se tensó. Hasta Iniciativa Liberal, un partido más afín, le afeó el comportamiento: “Un primer ministro no puede recibir dinero de empresas mientras ocupe el cargo”, dijo su líder, Rui Rocha, que acusó a Montenegro de ser “el principal foco de inestabilidad”.

Así las cosas, Montenegro anunció una moción de confianza, para conseguir “una necesaria clarificación”, porque “no se puede jugar con el país”. “Si la oposición no asume la legitimidad política del Gobierno para gobernar, es mejor dos meses de suspensión de la estabilidad política que un año y medio de deterioro y parálisis”, dijo, acusando al PS de intoxicar el ambiente político.

En su respuesta, Pedro Nuno Santos le acusó de estar metido en “una huida hacia delante”, con el único propósito de “evitar la comisión de investigación y dar las explicaciones que se le están pidiendo”.

La moción de confianza, que se debatirá y votará el próximo martes, hará, con toda previsibilidad, caer al Gobierno, una vez que PS y Chega ya han anunciado que votarán en contra, como todos los partidos a la izquierda del PS.

Ante este escenario, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ya se ha pronunciado, anticipando unas elecciones para el mes de mayo, con las fechas del 11 o el 18 como las más probables. 

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido seguir analizando la proposición no de ley de Junts en la que pide a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza, y no tomará finalmente ninguna decisión sobre su admisión a trámite en su reunión de este jueves, han informado fuentes parlamentarias. De esta forma, la Mesa del Congreso sigue sin pronunciarse sobre la iniciativa de Junts, un asunto que tenía previsto abordar en diciembre y que dejó pendiente para su reunión de este jueves, según informa EFE.

Las citadas fuentes han señalado que no hay prisa para tomar una decisión al respecto, ya que no hay un plazo concreto para ello, y subrayan que Junts está de acuerdo con la decisión de la Mesa y que no hay ningún conflicto con esta formación. No obstante, la previsión es tomar una decisión de aquí a finales del mes de febrero, que es cuando Junts tiene cupo para que se debata una iniciativa suya en el pleno del Congreso.

La decisión de la Mesa del Congreso de seguir estudiando la iniciativa de Junts que se ha producido tras intensas negociaciones por parte del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar con el partido de Carles Puigdemont, contactos que se han apurado hasta los minutos previos al inicio de la reunión.

El Gobierno ha avisado en varias ocasiones de que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Ejecutivo, por lo que no puede partir de una petición de un grupo parlamentario.

Por su parte, Junts ha advertido en los últimos días de las consecuencias que tendría rechazar su proposición no de ley, en un momento en el que hay sobre la mesa varios asuntos a negociar, como los presupuestos generales del Estado de 2025.

De hecho, el secretario primero de la Mesa del Congreso, diputado del grupo parlamentario de Sumar y portavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, ha apoyado seguir estudiando la iniciativa de Junts para adaptarlo al reglamento del Congreso y "en aras de seguir hablando sobre cosas que son importantes en Cataluña y España".

Entre ellas, ha citado "el despliegue de la amnistía política", los presupuestos, los límites a los precios de los alquileres, el salario mínimo o la reducción de la jornada laboral.

El canciller alemán, Olaf Scholz, perdió este lunes la moción de confianza a la que se sometió ante el Parlamento alemán tras quedar su Gobierno en minoría, con lo que el país centroeuropeo celebrará elecciones generales anticipadas, que están previstas para el próximo 23 de febrero. Un total de 394 diputados de 717 que entregaron su voto le negaron la confianza, 116 se abstuvieron y 207 votaron a favor de su continuidad, anunció la presidenta de la Cámara Baja, Bärbel Bas.

Los diputados que reafirmaron su confianza en Scholz pertenecen al Partido Socialdemócrata (SPD) del canciller, pero también a al menos una diputada de la ultraderechista Alternativa para Alemania (Afd), que consideró que es peor que llegue al poder el líder de la oposición democristiana, Friedrich Merz, que encabeza los sondeos. Los Verdes, que cuentan con 117 diputados en el Hemiciclo, habían anunciado que se abstendrían para garantizar que el canciller perdiera la votación y pudiese disolverse el Parlamento.

Scholz recurrió al mecanismo del voto de confianza —que ha sido invocado ese lunes por sexta vez en la historia postbélica de Alemania— con la intención expresa de perderlo y así poder solicitar la disolución del Bundestag tras la ruptura de la coalición de Gobierno. Con la expulsión de los socios del Partido Liberal (FDP) a principios de noviembre, socialdemócratas y verdes ya no disponían de la mayoría necesaria para gobernar de forma efectiva.

En su discurso previo a la votación, el canciller planteó los comicios anticipados como un referendo sobre la política económica del Gobierno en un momento en el que se ahonda la recesión en Alemania y aumenta la incertidumbre a nivel global. Así, abogó por permitir un mayor endeudamiento estatal con el que financiar inversiones masivas en infraestructuras y en seguridad, para relanzar la economía y al mismo tiempo garantizar la protección del país ante la amenaza procedente de la invasión rusa de Ucrania. "Hay que activar la palanca, y hay que hacerlo ahora", afirmó, tras señalar que los ciudadanos deben decidir si se invierte en la economía "con fuerza y determinación o de forma mezquina y vacilante".

En su réplica, Merz acusó al canciller de no haber cumplido sus promesas sobre la modernización del Ejército a raíz de la guerra en Ucrania y de haber sumido al país en una crisis económica, cuya solución no puede pasar por hipotecar el futuro de las próximas generaciones con más deuda, según dijo.

Tras perder el voto, Scholz se dirigía al Palacio de Bellevue para entrevistarse con el presidente de la República Federal Alemana, Frank-Walter Steinmeier, para pedirle que disuelva el Parlamento. Éste dispone hasta el 6 de enero para tomar una decisión y está previsto que realice antes, aún siendo una mera formalidad, una ronda de contactos con los jefes de los partidos democráticos.

La Constitución prevé que entre la disolución del Parlamento y la fecha de los nuevos comicios medien como máximo dos meses, pero la fecha con que trabajan todas las fuerzas políticas, pactada por el Gobierno y la oposición, precisamente a petición de Steinmeier, es la del 23 de febrero. 

"El presidente Steinmeier ha recibido hoy al canciller después de que la mayoría de los diputados en el Bundestag no le otorgase su confianza. En consecuencia, el canciller ha pedido al presidente disolver el Bundestag", anunció la portavoz de la presidencia, Cerstin Gammelin, en redes sociales. "El presidente dispone ahora de 21 días de plazo para decidir si disuelve el Bundestag. Antes de tomar su decisión, se entrevistará con los presidentes de todos los grupos y fracciones representadas en el Bundestag", agregó.

Un "punto de inflexión". Así ha definido el líder de Junts, Carles Puigdemont, su petición para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza en el Congreso. El presidente del Gobierno es el único que puede decidir si presentarla, pero lo que busca Junts es forzar al resto de partidos a que se pronuncien. “Si el Congreso hace un debate sobre si el presidente tiene la confianza o no, es un punto de inflexión porque obliga a todo el mundo a posicionarse, y esperamos que el PSOE no se oponga a ello", ha señalado.

Para Puigdemont el socialista "no es de fiar" porque "los avances" con su partido han sido "escasos" y ha imperado la "descoordinación entre lo que se aborda en Suiza y la práctica del Gobierno": "Es muy preocupante", ha zanjado. De Junts depende la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del 2025 y, aunque el Gobierno se mostraba muy optimista en los últimos días en sacarlos adelante, por el momento Puigdemont ha dejado claro que está lejos de alcanzar un acuerdo. "No nos fiábamos de Pedro Sánchez y hoy continúa demostrando que no es de fiar. No ha conseguido vencer los recelos que teníamos sino que los ha incrementado", incidía.

"La comparecencia de Puigdemont llega un año después del acuerdo firmado entre PSOE y Junts en Bruselas para facilitar la investidura de Sánchez. Y el balance que ha realizado el dirigente independentista no ha sido bueno. "Al PSOE le hicimos un crédito y está en números rojos”, ha reprochado el expresident de la Generalitat, incidiendo en que la confianza entre el bloque que dio la mayoría parlamentaria al socialista "se ha roto". "Contó con nuestros votos para ser presidente, que dé la cara", ha solicitado el juntaire, si bien ha procurado no romper del todo los puentes y ha señalado que ese acuerdo "sigue siendo válido" para ellos.

El malestar de Puigdemont con el Gobierno se debe a varias cuestiones que él mismo ha señalado este lunes. Entre ellas, la "falta de implicación" del Ejecutivo central para la oficialidad del catalán en la Unión Europea, un requisito que Junts puso sobre la mesa para apoyar a Francina Armengol como presidenta del Congreso. Otra de ellas es la amnistía, que no se ha aplicado a algunos dirigentes condenados, como es su caso. "Una amnistía que es completa no es amnistía", afirmó, lamentando que "Sánchez no haya hecho "ni una comparecencia pública" para protestar por "la injerencia de la judicatura" como "sí hizo cuando afectó a su familia". También mencionó el traspaso "integral" de las competencias en inmigración, o la condonación de la deuda del FLA a la Generalitat.

El líder de Junts también rechazó la "narrativa de la normalidad" que, a su juicio, se promueve desde el Gobierno central y catalán y criticó que, mientras para su partido el acuerdo para la investidura era "el principio", el PSOE lo ha tratado como una herramienta para conseguir la investidura.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, exigió hace un año al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si no conseguía aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), debía someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento, informa Europa Press.

"Si el presidente no puede aprobar su principal ley lo que tiene que hacer, como obligación constitucional, es someterse a una cuestión de confianza", advirtió Sánchez el pasado mes de marzo a Rajoy en una rueda de prensa en Ferraz donde dio cuenta de lo acordado por la Ejecutiva Federal del PSOE.

Casi un año después, Sánchez, ahora en el Gobierno, ha visto cómo la oposición ha tumbado este miércoles su proyecto presupuestario, pero aún se desconoce si entre sus planes está adelantar las elecciones a esta primavera o esperar otoño, o si incluso pudiera estar barajando la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza, como él sugería meses atrás.

La cuestión de confianza es una herramienta regulada en el artículo 112 de la Constitución para medir el respaldo a un Gobierno, a cuyo presidente corresponde en exclusiva presentarla, previa deliberación del Consejo de Ministros, ya sea sobre un programa concreto o sobre una declaración de política general. Y para superarla necesita mayoría simple (más votos a favor que en contra), pues en caso contrario deberá presentar su dimisión.

Si se pierde, el rey busca un nuevo presidente

El Reglamento del Congreso detalla que ese escrito del Gobierno será trasladado a la Junta de Portavoces de la Cámara y se convocará una sesión plenaria para debatirla, siguiendo los protocolos de un Debate de Investidura. Finalizado el debate, se fijará hora para la votación, que no podrá ser antes de que pasen 24 horas.

Como en los Debates de Investidura, la votación será pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie y anunciado su voto en voz alta. La confianza que demanda el presidente del Gobierno se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de la Cámara, es decir, más síes que noes.

Si el Congreso niega la confianza al presidente del Gobierno, éste deberá presentar su dimisión ante el rey para que el Jefe del Estado ponga en marcha el procedimiento de designación de un nuevo presidente (consultas, investidura y votación).

Se han celebrado dos cuestiones de confianza

Desde la Constitución de 1978 dos han sido los presidentes del Gobierno que se han sometido a una cuestión de confianza. En septiembre de 1980 fue Adolfo Suárez, de UCD, quien reclamó apoyo a la Cámara para superar la crisis y desarrollar el estado autonómico recién aprobado en la Carta Magna. La superó con creces al sumar 180 síes (UCD, Minoría catalana y andalucistas, básicamente) frente a 164 noes y dos abstenciones.

Diez años después, en abril de 1990, el socialista Felipe González se sometió a la cuestión de confianza tras los problemas en el recuento de escaños en varias circunscripciones en las elecciones celebradas meses antes, en las que el PP impugnó en los tribunales los resultados de Murcia, Pontevedra y Melilla. Al final, el PSOE superó el trámite con sus 175 diputados más un representante de la Agrupación Independiente de Canarias (AIC), frente a 130 noes y 37 abstenciones.

Este martes, cuando los relojes de Westminster den las siete de la tarde, en el Parlamento Británico comenzará la votación del plan del Brexit pactado por la primera ministra, Theresa May, y la Unión Europea. A pesar de que la decisión de sus señorías alude a la cuestión más importante de la historia reciente del Reino Unido, existen enormes posibilidades de que el proyecto sea rechazado, ya que tanto la oposición en bloque como unos 100 diputados de su propio partido están abiertamente en contra.

"Territorio inexplorado", así describió May hace dos semanas el escenario donde entraría su país si no lograba sacar adelante su Tratado de Salida de la UE. A finales del año pasado, la premier ya tuvo que retrasar la votación del Brexit al no contar con los apoyos parlamentarios necesarios y esa situación parece no haber cambiado. La primera ministra ha insistido este lunes en que el acuerdo negociado por su Gobierno es "el único posible" y ha advertido de los riesgos de que haya una "parálisis" en el Parlamento, planteando incluso la posibilidad de que no haya Brexit el 29 de marzo de 2019. "Le pido a los diputados que tengan en cuenta las consecuencias de sus actos", ha avisado May durante la visita a una fábrica. "Nunca ha habido un referéndum en Reino Unido tras el cual no se haya acatado su resultado", ha dicho May, que teme que el no de los diputados derive en una "parálisis" de resultados inciertos. En este sentido, ha reconocido que ahora cree que un bloqueo de todo el proceso de divorcio es más probable que una salida sin acuerdo.

El punto que más detractores acopia y más recelos crea es el de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. El problema se encuentra en que ambos territorios están unidos pero uno es parte de Gran Bretaña y el otro de la UE. Si se produjese la salida de la Unión, debería haber algún tipo de frontera entre ambos países, algo que ninguna parte consiente. La UE propuso un mecanismo de salvaguarda que diese un tiempo para concretar las relaciones comerciales, pero muchos diputados rehúsan de él por miedo a que el Reino Unido se quede atrapado en las estructuras de Europa en contra de su voluntad y durante un tiempo indefinido.

La cabecera británica The Guardian, ha adelantado que, ante el previsible rechazo de los Comunes, Bruselas está sopesando otorgar una prórroga al Brexit hasta julio —las elecciones europeas son en mayo—. En la misma línea se ha expresado este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al afirmar que si no se aprueba la desconexión, pero hay "posibilidad de seguir buscándolo", puede que "se prorroguen los plazos", siempre que lo validen por unanimidad todos los países miembro.

Complot interno

Si la Cámara impugna el texto de May, la primera ministra deberá regresar tres días más tarde con uno alternativo —que volvería a debatirse y votarse—. Esto le daría al Parlamento la potestad de obrar sin el corsé que impone el Ejecutivo. Precisamente esta jugada es la que destapó el domingo el diario The Sunday Times. Según cuenta la información, varios exdiputados tories (del Partido Conservador) y backbenchers (que no tienen ningún cargo en el Gobierno y, por tanto, tienen más libertad para contradecir la línea oficial), pastoreados por el presidente de los Comunes, se están poniendo de acuerdo para alterar el orden del día de la sesión y que las enmiendas presentadas por la oposición y los detractores prevalezcan sobre las del Gobierno. Esto permitirá que la Cámara tome los mandos y provoque que el Ejecutivo de May no tenga "control sobre la Cámara de los Comunes y los asuntos parlamentarios, y la legislación necesaria para hacer progresar las políticas gubernamentales. El Gobierno perdería su capacidad de gobernar", apunta el periódico.

Tener el Parlamento en contra no es algo nuevo para la primera ministra. Dos días después del retraso de la votación,superó una moción de confianza, en parte gracias a sus socios de Gobierno, los integrantes del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP). No obstante, el apoyo del DUP no es completo ya que, aunque promete avalar a May en una hipotética moción de censura, se opone manifiestamente a amparar su proyecto del Brexit.

Otro revés para el Gobierno en Westminster sucedió el pasado martes. Entonces, la Cámara rechazó una ley con la que el Ejecutivo pretendía reservarse el poder de modificar el sistema impositivo sin la autorización del Parlamento, en caso de que éste vetase el Brexit pactado. Lo llamativo de la votación fue que 20 diputados conservadores no fueron fieles a la disciplina de su líder y se alinearon con la oposición para tumbar la iniciativa. Un movimiento que pudo revelar la línea de lo que pasará este martes en la misma escena.

Nuevas elecciones antes que otro referéndum

El principal partido de la oposición, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, ha empezado a realizar movimientos tácticos para regresar al poder. Antes de que acabase 2018, Corbyn anunció una moción de censura contra May por retrasar la votación. Más tarde, exigió convocar nuevas elecciones generales si el Parlamento dice no a la ruptura con Europa en los términos planteados. Finalmente, este domingo se presentó partidario de apoyar un hipotético aplazamiento del Brexit para que, dijo, hubiese más tiempo de negociación en el caso de que se diera lugar a elecciones generales.

Si, tal y como se espera, los Comunes censuran el plan de separación de May, se hacen posibles varios escenarios:

El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha acusado este lunes al PSOE de "podemizarse" al "agitar" la calle con las pensiones y ha recalcado que Pedro Sánchez debería seguir el ejemplo del SPD alemán en vez de intentar "romper" el Pacto de Toledo. También le ha recriminado que busque excusas para "dinamitar" las negociaciones para un acuerdo en educación, informa Europa Press.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Maroto ha cargado contra los socialistas por hacer "propuestas unilaterales" en materia de pensiones y "agitar la calle", algo que, a su juicio, es "romper el Pacto de Toledo". El debate, para el conservador, requiere rigor económico al plantearlo, porque es necesario financiar el sistema en el futuro, así como solidaridad intergeneracional y responsabilidad en las propuestas. Ninguno de estos ingredientes, ha dicho Maroto, aparecen en las propuestas socialistas, en las que el rigor está "desaparecido en combate".

De la misma manera, a afirmado que la "exigencia" del PSOE de destinar el 5% del PIB al sistema educativo como condición para continuar negociando en la subcomisión del Congreso de los Diputados para el Pacto Social y Político por la Educación es "una excusa para salirse" del mismo.

"La izquierda, además de tratar de buscar una excusa para dinamitar el pacto educativo que España necesita como el agua en este momento, también está pretendiendo dinamitar el Pacto de Toledo que da seguridad a las pensiones y los pensionistas. Y nosotros no lo vamos a consentir", ha advertido, para insistir en que Sánchez tiene delante de sí el "espejo" de los socialdemócratas alemanes que apuestan por ser "útiles".

El vicesecretario ha insistido en preguntar al PSOE si va a elegir ese modelo de la socialdemocracia alemana o se va a decantar por el de Podemos y "el cuanto peor, mejor". Y ha pedido negociación en el Pacto de Toledo con rigor y propuestas comprometidas a largo plazo, no "ocurrencias del día que se pueden cambiar".

Presupuestos con el PSOE

Maroto también ha criticado la "incongruencia" del PSOE por exigir unos presupuestos generales del Estado (PGE) pero anunciar su rechazo sin haberlos leído, e incluso plantear una moción de confianza si no se llegan a aprobar, como ha planteado este lunes el secretario general, Pedro Sánchez.

Así, ha insistido en animar a los socialistas a seguir otros ejemplos europeos de acuerdo entre izquierda y derecha e incluso le ha sugerido al líder de los socialistas que mantenga un discurso duro, "serio y respetable", sobre los presupuestos, pero preste cinco diputados elegidos por sorteo para que salgan adelante en el Congreso sin depender de otros partidos. "Porque el que más dice no, no tiene sentido que sea el que más exige que haya presupuestos", ha recalcado.

El dirigente conservador ha confiado en la aprobación de las cuentas al menos con los mismos socios que las apoyaron el año pasado, incluido el PNV. Todos ellos, ha dicho, tienen "razones suficientes" este ejercicio para aprobar los presupuestos como en el ejercicio pasado.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles el Presupuesto para 2017, después de finalizar el plazo previsto en la cuestión de confianza planteada por la alcaldesa, Ada Colau, sin que la oposición haya planteado una alternativa, informó el consistorio en un comunicado que recogió Europa Press.

El Presupuesto está cifrado en 2.736,2 millones de euros –con 2.580 de gasto no financiero–, e incrementa un 8% el volumen de inversión, que alcanza 429,1 millones, 141,6 millones de los cuales se destinarán a mejorar y construir equipamientos en los barrios, y 117 millones a mejoras en el espacio público para lograr una ciudad más sostenible.

El gasto corriente aumenta un 4% y llega a los 2.151,4 millones, un campo en el que el Gobierno municipal ha asegurado que "priorizará" la política de servicios sociales y promoción social –321 millones–, con un incremento de recursos del 10% respecto el 2016.

El desglose del gasto corriente por políticas muestra que se destinarán 153,5 millones a transporte público; 144 a Cultura; 121,8 a Educación; 119,4 millones a vivienda, y 71,5 a políticas de empleo y promoción económica de la ciudad.

Se invertirán 5,7 millones para construir seis nuevas guarderías en los distritos de Ciutat Vella, Eixample, Sant Andreu y Sant Martí, y 27,6 millones en la rehabilitación y puesta en marcha de los mercados de Vall d'Hebrón, Bon Pastor, Sant Andreu, Boqueria y Sant Antoni.

Además, se destinarán 3,4 millones a bibliotecas; 5,7 a casales de barrio; 2,9 a mejoras en la red de bus y en la reactivación de buses de barrio y 2,8 millones a la implantación de más carriles bici.

Otras actuaciones

El Ayuntamiento también invertirá 17 millones a desplegar el Plan de Barrios, que promueve la dinamización económica y la cohesión social de las zonas que registran mayores desigualdades sociales, y 12 millones para el Plan de Recursos Humanos municipal, que prevé incorporar más de 400 trabajadores.

En Salud, con un presupuesto de 22,3 millones, se implantarán 50 acciones para el primer Plan de Salud Mental de la ciudad, además de atender la salud comunitaria en los barrios e impulsar actuaciones de prevención de consumo de drogas y obesidad infantil.

El gasto corriente en políticas sociales (321 millones) contempla dotar de más recursos la lucha contra la pobreza energética, más rentas contra la pobreza infantil y más becas comedor para niños, así como dotar de más cobertura el servicio de atención domiciliaria y la teleasistencia.

El Presupuesto prevé un déficit cero, con un equilibrio entre ingresos y gastos; la deuda financiera se sitúa en el 33% sobre los ingresos corrientes; un ahorro bruto de 16% del Presupuesto –implica poder destinar a la inversión 429 millones–, y mantener la cifra de endeudamiento de 834 millones alcanzada en 2016.

Sin alternativa a Colau

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, defendió que son unos buenos Presupuestos para la ciudad, ya que son sociales, redistributivos y "sin recortes", algo importante especialmente después de la crisis económica, destacó en declaraciones a los medios.

Pisarello sostuvo que el hecho de que la oposición no haya articulado una alternativa al Gobierno de Ada Colau demuestra que "no existe una alternativa consistente", por lo que asegura que se abre una nueva etapa en el Ayuntamiento en la que habrán acabado los debates puramente partidistas.

"La oposición cambia de actitud, porque no hay alternativa y se han sumado a intereses de ciudad", como el Plan de Vivienda –con el apoyo de CiU– y el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) –de ERC–, recordó Pisarello, que ha pedido a los grupos llegar a acuerdos sobre cuestiones de ciudad aunque no compartan todo el modelo.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, superó este jueves la primera cuestión de confianza en la historia del Parlament desde la restauración de la democracia, según informó Europa Press. Puigdemont contó con 72 votos a favor (Junts Pel Sí y la CUP) y 63 en contra (Ciudadanos, PSC, SíQueEsPot y PP).

JxSí y la CUP restablecieron la estabilidad parlamentaria después de la promesa del presidente de un referéndum de independencia en septiembre de 2017, pero la CUP no dio su garantía de aprobar las cuentas que presente el Govern para el próximo año.

Puigdemont abrió el miércoles el pleno advirtiendo a la CUP de que anticipará las elecciones si no aprueba las cuentas: eso truncaría sus planes de referéndum, por lo que el pleno acabó con el proceso soberanista sujeto a la negociación presupuestaria de las próximas semanas.

Así, el presidente aceptó la principal demanda de la CUP para recuperar su apoyo: un referéndum cuente o no con el aval del Estado, aunque no obtuvo a cambio su principal demanda, un compromiso de la CUP de aprobarle las cuentas.

La diputada de la CUP Anna Gabriel aseguró que su partido negociará las cuentas que presente el vicepresidente, Oriol Junqueras, pero no puede garantizar un 'sí': "No rechazamos de entrada los Presupuestos, pero apoyar la cuestión de confianza no les da carta blanca para aprobar unos presupuestos en que no creemos".

Puigdemont replicó a la CUP que no quiere imponerles las cuentas, sino negociarlas, pero también advirtió de que, sin la estabilidad parlamentaria que dan unos Presupuestos aprobados, el proceso soberanista se pondría muy difícil: "Si llenamos la ruta de obstáculos, el referéndum es inviable".

Referéndum pactado

La intención de Puigdemont es que el referéndum sea pactado con el Estado, aunque él mismo admitió que lo ve difícil porque no ve a ningún líder estatal con el "coraje" para negociarlo, y aseguró que lo hará aunque reciba el rechazo frontal del Gobierno central.

El presidente evitó en todo momento utilizar la terminología Referéndum unilateral de independencia (RUI), para prescindir de las connotaciones negativas del término unilateral, pero dejó claro que lo hará: "O referéndum o referéndum", dijo en la sesión parlamentaria del miércoles.

Sin más apoyos

Aparte del 'sí' de la CUP, Puigdemont no encontró más apoyos en el resto de partidos de la oposición: SíQueEsPot avala el referéndum pactado, pero no comparte la parte de la hoja de ruta soberanista que se adentra en la unilateralidad, explicó el líder del grupo, Lluís Rabell.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, rechaza los planes de Puigdemont, aunque se abrió a pactar con los independentistas para desbloquear la investidura de un nuevo presidente del Gobierno central: "No pido que cambien los objetivos, sino que se planteen colaborar con el cambio político en España, que no condicionen la investidura a la obtención de un referéndum".

La líder de C's, Inés Arrimadas, ironizó: "Mas que un referéndum se podría llamar un neveréndum porque no va a ser solución a nada", y el coordinador del PP catalán, Xavier García Albiol, avisó de que el Estado no permitirá que "nadie" convoque un referéndum independentista.

Confianza sí, aplausos no

Tras el recuento de votos y de que la presidenta Carme Forcadell confirmara que Puigdemont tiene la confianza de la Cámara, el presidente recibió una ovación de JxSí, mientras que los diputados de la CUP no aplaudieron, ni los del resto de la oposición.

Puigdemont estrechó la mano a todos los líderes de los grupos antes de salir de la Cámara, adonde deberá volver el miércoles para el Debate de Política General, cuando de nuevo se pondrá a prueba el grado de confianza entre JxSí y la CUP.

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel aseguró este lunes que dará apoyo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la moción de confianza a la que se someterá el 28 de septiembre.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Gabriel dijo que a partir del 28 de septiembre se debe continuar la legislatura iniciada: "Es un sí a acabar de continuar la legislatura que iniciamos y a seguir trabajando".

"No hay motivos para convocar nuevas elecciones", aseveró Gabriel tras asegurar que los diez diputados de la CUP dirán sí a mantener la confianza en Puigdemont.

En materia de presupuestos, indicó que la CUP se reunirá esta semana con el departamento de Economía de la Generalitat para abordar las cuentas que, según dijo, no se trataron en la reunión que mantuvo el viernes con Puigdemont, sino sólo cómo se abordaría el debate en torno a las mismas.

La CUP quiere ver reflejadas en los presupuestos algunas propuestas básicas para la formación de "sentido común", como la voluntad de ruptura con el Estado español y partidas que acompañen la celebración del referéndum unilateral de independencia, además de acabar con los recortes.

"Queremos que los prespuestos reflejen este objetivo de legislatura", indicó Gabriel, que añadió que los miembros de su formación no conocen las cuentas y que confían en poder trabajarlas conjuntamente y no encontrarse con una propuesta cerrada.

Sobre si mantendrán nuevas reuniones con Puigdemont antes del 28 de septiembre, expresó su disposición: "Mantendremos las reuniones que hagan falta", concluyó.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que no habría aceptado el cargo si hubiera sabido que el acuerdo de estabilidad parlamentaria alcanzado con la CUP podía mutar.

En una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, señaló: "Si me hubieran advertido al inicio de que el acuerdo tenía que mutar, yo no me habría metido, así de claro. No creo ni que Artur Mas me lo hubiera propuesto".

Tras haber anunciado que se someterá a una cuestión de confianza después de agosto al no haber podido tramitar los Presupuestos, dijo que no solo interpelará a la CUP sino a todos los grupos del Parlament, para decidir si optan por "la regresión a un autonomismo tronado que no lleva a ningún sitio o se suman a un proyecto de innovación y progreso para Cataluña".

La situación en el PP y en el Gobierno a raíz de las últimas revelaciones de Luis Bárcenas, el hombre que manejó durante años la caja del partido, no tendrá un sesión exclusiva en el Congreso de los Diputados. En respuesta a la moción de censura con la que amenazó hace una semana el líder del PSOE, Mariano Rajoy dio un viraje a su estrategia, intentó esquivar a Alfredo Pérez Rubalcaba y anunció que irá a la Cámara a finales de este mes o a principios de agosto. Lo hace a petición propia, por lo que es él quien marca el menú de la comparecencia.

Tendrán que ser después el resto de los grupos los que valoren hasta qué punto ha rendido cuentas de las sombras de este escándalo de corrupción que afecta al PP y que le señala a él directamente. Por ello, los socialistas no han retirado del horizonte la posibilidad de recurrir a la moción de censura.

En un intento de trasladar la idea de que a él nadie le marca el paso y de que su comparecencia está desvinculada del amago de los socialistas, Mariano Rajoy quiso dejar claro este lunes que en esta cita pretende aclarar las dudas que "legítimamente puedan tener muchísimos ciudadanos", en clara alusión a Bárcenas. Pero puso mucho énfasis en que su intención es la de exponer “nuevos datos económicos”, hacer balance de la situación política y adelantar “lo que pretende hacer” el Ejecutivo en los próximos meses. Su pretensión de emplear su intervención en el Congreso para repasar sus actuaciones de los últimos meses implica que no se celebrará la rueda de prensa inicialmente prevista para hacer balance del curso político.

En la última semana, los responsables de la estrategia del Gobierno han barajado todo tipo de posibilidades para hacer frente al caso Bárcenas. Pusieron sobre la mesa desde la posibilidad de no comparecer, a la de aplazar el trámite a septiembre, pasando por la de colar una sesión de control al Gobierno en la Cámara. Definitivamente, la fórmula escogida –la de la solicitud de comparecencia a petición propia– fue la ganadora en tanto en cuanto permite a Rajoy tener el control. Una comparecencia que, según reconocen dirigentes conservadores, tiene el "truco" de no ser monográfica y de poner en bandeja a Rajoy vender sus reformas, los avances en algunos datos macroeconómicos y las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) de este jueves. El Gobierno se prepara para un dato "muy positivo", según fuentes de Moncloa.

Este escenario podría hacer, pues, que el caso Bárcenas pase a un segundo plano.

Las mismas fuentes recalcan que el presidente del Gobierno también podrá afear los escándalos que afectan a otros partidos. Es el caso, por ejemplo, de los ERE de Andalucía, asunto que salpica a los socialistas. No obstante, los dirigentes consultados coinciden en que la respuesta del presidente del Gobierno no llegará a la batería de acusaciones que el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, disparó contra todos los grupos de la oposición el pasado 11 de julio. En esta ocasión el Grupo Parlamentario Popular, haciendo uso de su mayoría absoluta, tiró por tierra todas las peticiones del resto de grupos para que Rajoy compareciera para responder sobre las novedades del caso Bárcenas.

Para comparecer a petición propia, el Gobierno tenía hasta las 20.00 horas de este lunes para registrar la demanda en el registro del Congreso de los Diputados. Como viene siendo habitual en Mariano Rajoy, el nombre del tesorero no figura en el escrito. Pero tampoco hay ninguna mención directa a la corrupción.

El texto, al que tuvo acceso Europa Press, es el siguiente:

«Tengo el honor de solicitar a V.E., en nombre del Gobierno y al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, la comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar sobre la situación económica y política de España [...]».para informar sobre la situación económica y política de España

El artículo 203 del reglamento de la Cámara establece que "después de la exposición oral del Gobierno –el tiempo es ilimitado– podrán intervenir los representantes de cada Grupo Parlamentario por diez minutos, fijando posiciones, formulando preguntas o haciendo observaciones, a las que contestará aquél sin ulterior votación". "En casos excepcionales –prosigue el artículo– la Presidencia podrá, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces, abrir un turno para que los Diputados puedan escuetamente formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. El Presidente, al efecto, fijará un número o tiempo máximo de intervenciones".

Contradicciones en el discurso

El proceso que ha llevado a que Rajoy decida definitivamente comparecer en el Congreso ha estado rodeado de cierta confusión, una confusión que tiene su origen en el Gobierno y en el partido que lo sostiene.

Cuando el PP vetó en el Congreso de los Diputados en la Diputación Permanente la comparecencia del presidente solicitada por el resto de grupos, el argumento principal esgrimido fue que no había motivos para que Rajoy acudiera al Parlamento puesto que no se habían producido "novedades" en el caso. En este momento, el diario El Mundo ya había publicado informaciones en las que Luis Bárcenas reconocía la autoría de la contabilidad B y ya había ingresado en prisión.

A principios de la semana pasada, fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular daban casi por descontado que Rajoy no comparecería. La situación cambió a mitad de semana, cuando fuentes del Gobierno reconocían que estaban estudiando fórmulas para esquivar la "mala imagen" que supone enfrentarse a una moción de censura. Pero la guinda la puso el viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando mantuvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la decisión sobre la comparecencia estaba en manos del Grupo Parlamentario Popular.

Este lunes ha quedado demostrado que la última palabra la tenía el presidente del Gobierno. Fuentes de Moncloa aseguraron que Rajoy tenía claro que iba a comparecer para hablar de este caso, de política y de economía. Pero que no quería hacerlo hasta que su extesorero volviese a declarar ante el juez Pablo Ruz.

La segunda de las contradicciones tiene que ver con el discurso. Tanto Rajoy como la vicepresidenta han asegurado en los últimos días que el presidente del Gobierno ya había rendido cuentas sobre el caso Bárcenas en el Congreso en varias ocasiones. La hemeroteca demuestra que no es así. Pero, para añadir aún más confusión al asunto, el líder del Ejecutivo señaló este lunes que los partidos ya han tenido ocasión de preguntarle y no lo han hecho.